Diversos colectivos de trabajadoras sexuales del Estado español envían una carta dirigida a la Relatora sobre Derecho a la Salud de la ONU, Tlaleng Mofokeng

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), Las Putas Libertarias del Raval (Barcelona) y la Sección Sindical de Trabajadoras Sexuales de la IAC instan a suprimir el Artículo 187 bis del Código Penal del APLO-LS, y a diseñar políticas que garanticen nuestros derechos humanos y laborales como trabajadoras sexuales y como mujeres.

 

11 de febrero de 2021

 

La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la Salud Tlaleng Mofokeng

 

Comunicado

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), Las Putas Libertarias del Raval (Barcelona) y la Sección Sindical de Trabajadoras Sexuales de la IAC hemos enviado este miércoles una misiva a la relatora Tlaleng Mofokeng haciendo referencia al Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (APLO-LS), elaborado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. Este anteproyecto, conocido popularmente como “Ley del Sólo sí es sí”,  se encuentra actualmente en trámite previo a su presentación al Congreso de los Diputados.

Como colectivos de trabajadoras sexuales reconocemos en la carta algunos aciertos del anteproyecto de ley como el incorporar disposiciones relativas al consentimiento explícito en relación a la libertad sexual, así como eliminar las diferencias entre los delitos de agresión y abuso sexual, y establecer la creación de diversos servicios especializados de atención para las víctimas de violencia sexual. Sin embargo subrayamos que después del periodo de aportes por parte de organizaciones de la sociedad, el texto ha sido modificado por el Ministerio de Igualdad en diversos aspectos, incluyendo diversas disposiciones que pueden llevar a la criminalización de las trabajadoras sexuales, con impactos graves en su derecho a la salud, vivienda y a la no discriminación, cuestiones que nos preocupan directamente si llegara a ser el texto final de la ley.

Por ello rogamos su intervención a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la Salud Tlaleng Mofokeng  —así como la de expertos/as independientes de otros mandatos que Ud. considere pertinentes—, para que inste a España no solo a suprimir el Artículo 187 bis del Código Penal del APLO-LS, sino también a diseñar políticas que garanticen nuestros derechos humanos y laborales como trabajadoras sexuales y como mujeres, políticas que han de ser diseñadas conjuntamente con los colectivos a quienes afectan, mientras hasta hoy el Ministerio de Igualdad nos ha ignorado a pesar de haberles solicitado un encuentro en el cual poder socializar nuestras demandas, reivindicaciones y propuestas.

Depositamos nuestra confianza en la relatora de la ONU quien es reconocida por algunos de sus artículos sobre trabajo sexual en el que se ha mostrado su punto de vista pro derechos. «No creo que sea correcto o justo que las personas que intercambian servicios sexuales por dinero sean penalizadas y no lo creo por lo que hago» escribió en este texto en un medio mainstream.

 

Carta a la relatora Tlaleng Mofokeng

Ms.Tlaleng Mofokeng – Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la Salud

Apreciada Sra. Mofokeng,

Desde el Colectivo de Putas de Sevilla (CPS), Las Putas Libertarias del Raval (Barcelona) y la Sección Sindical de Trabajadoras Sexuales de la IAC, nos dirigimos a Ud. en referencia al Ante Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (APLO-LS), elaborado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, en actual trámite previo a su presentación al Congreso de los Diputados. Consideramos que algunas disposiciones del referido APLO-LS amenazan los derechos de las trabajadoras sexuales, muchas de ellas mujeres transgénero y migrantes, en diversos aspectos.

El APLO-LS, también conocido popularmente como la “Ley del Sólo sí es sí”, ha tenido como objetivo incorporar disposiciones relativas al consentimiento explícito en relación a la libertad sexual, así como eliminar las diferencias entre los delitos de agresión y abuso sexual, y establecer la creación de diversos servicios especializados de atención para las víctimas de violencia sexual. Tales disposiciones nos parecen avances importantes para los derechos de las mujeres en España.

Sin embargo, luego de un período de «participación» en que las organizaciones de la sociedad civil hicieron aportaciones al APLO-LS, el texto del anteproyecto fue modificado por el Ministerio de Igualdad en diversos aspectos, incluyendo diversas disposiciones que pueden llevar a la criminalización de las trabajadoras sexuales, con impactos graves en su derecho a la salud, vivienda y a la no discriminación. Lamentablemente, estos cambios se introdujeron después del período de “participación” y las trabajadoras sexuales ya no pudimos hacer observaciones ni recomendaciones a este nuevo texto.

El APLO-LS (en su versión reformada) considera como violencias sexuales “los actos de naturaleza sexual no consentidos o que condicionan el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado”, donde se incluye “la explotación de la prostitución ajena”, y establece que “se entenderá que hay explotación cuando exista aprovechamiento de una relación de dependencia o subordinación”. Esta definición de explotación permite excluir el consentimiento de las mujeres trabajadoras sexuales cada vez que exista una relación de dependencia o subordinación.

Pero aún más preocupante para las trabajadoras sexuales es la criminalización de la «tercería locativa» en el Código Penal. En su página 66, el Anteproyecto propone introducir un nuevo artículo 187 bis del Código Penal que literalmente establece:

El que, con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, a favorecer la explotación sexual de la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años, y multa de seis a dieciocho meses sin perjuicio de la clausura prevista en el artículo 194 de este código. La pena se impondrá en su mitad superior cuando la prostitución se ejerza a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso de los descritos en el apartado 1 del artículo 187”.

La «tercería locativa» —es decir, el alquiler de inmuebles o establecimientos para el ejercicio de la prostitución— existió en el pasado en el CP español (Código Penal franquista de 1973) cuando la prostitución se consideraba una actividad inmoral, y se despenalizó con la aprobación del llamado «Código Penal de la democracia» en el año 1995. Es decir, el art. 187 bis en la propuesta del APLO-LS, lejos de ser una propuesta novedosa, es una vuelta al pasado y una regresión de derechos para las trabajadoras sexuales.

Nos preocupan enormemente las consecuencias que puede suponer esta propuesta, ya que lo que se entiende por “favorecer la explotación sexual de la prostitución de otra persona” es altamente impreciso y, más aún, cuando se establece que el consentimiento de la persona que ejerce la prostitución es irrelevante. De acuerdo al APLO-LS “se entenderá que hay explotación cuando exista aprovechamiento de una relación de dependencia o subordinación”. Esto es particularmente preocupante cuando se trata de trabajadoras sexuales que, en muchos casos, están en situaciones de gran precariedad y dependencia, como por ejemplo, las trabajadoras migrantes indocumentadas.

En efecto, la aplicación de esta norma puede hacer que todas las personas implicadas con algún tipo de responsabilidad en el uso de un inmueble para el ejercicio de la prostitución por terceras personas podrían llegar ser imputadas por este delito,1 al igual que cualquier articulación entre mujeres para el uso de un espacio laboral compartido, pudiendo llegar a investigarse cada contrato de alquiler como un presunto delito por «favorecer la explotación sexual de otra persona». Esto contribuye a reforzar la estigmatización de las trabajadoras sexuales, así como la precarización, estigmatización y violencia contra las trabajadoras sexuales, todo lo cual impacta directamente en nuestro derecho al nivel más alto posible de salud física y mental.

Como ha ocurrido en otros países, como Argentina, “el estigma y la discriminación a los que se enfrentan las trabajadoras y los trabajadores sexuales cuando se procuran servicios de atención a la salud, en parte debido a las prohibiciones de carácter penal relativas al trabajo sexual, así́ como un estigma social y autoimpuesto más amplio, repercuten directamente sobre su acceso a servicios de atención de la salud, y por consiguiente violan sus derechos a al nivel más alto posible de salud física y mental y a la igualdad y la no discriminación”.2

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha confirmado que la penalización de las actividades sexuales consentidas entre personas adultas viola la obligación de los Estados a respetar el derecho a la salud sexual y reproductiva al constituir un obstáculo legal que impide el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.3

Si bien en este caso no se penaliza directamente el trabajo sexual en la ley, su ejercicio queda expuesto a los riesgos de una eventual criminalización secundaria, esto es, la que se da a través de la acción punitiva de la policía y agentes estatales, por iniciativa propia o a iniciativa de personas que puedan denunciar a las trabajadoras sexuales y a quienes les alquilan viviendas. En este sentido, las disposiciones del APLO-LS también podría poner en riesgo nuestro derecho a la vivienda, ya que exponen a las trabajadoras sexuales a un nivel alto de indefensión ante los posibles hostigamientos vecinales y/o de arrendadores, además de todas las implicaciones que todo esto puede llegar a tener en sus viviendas y los posibles desahucios que puedan sufrir, reforzando así, exponencialmente, la estigmatización y la clandestinidad de las trabajadoras sexuales, como ha ocurrido también en Noruega4 y en Argentina.5

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha confirmado que el derecho a la salud incluye «el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias», así como «el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud».6

Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha recomendado (Recomendación General No. 35) la derogación de todas las leyes que discriminan a las mujeres, incluyendo las leyes que criminalizan a las mujeres en la prostitución.7 En el mismo sentido se ha manifestado el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica en 2016.8 Asimismo, el Comité CEDAW ha recomendado (Recomendación general No 24) que debe prestarse especial atención al derecho a la salud de las mujeres que pertenecen a grupos vulnerables, lo que incluye a “las mujeres que trabajan en la prostitución”.9

El Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Anand Grover, sobre el derecho a la salud de los trabajadores migratorios, ha señalado que:

Los Estados tienen la responsabilidad de respetar, proteger y hacer posible el disfrute del derecho a la salud de los trabajadores migratorios de la industria del sexo, independientemente de que hayan sido o no víctimas de la trata de personas. Los trabajadores migratorios de la industria del sexo son un sector de la población muy estigmatizados, puesto que el sexo o el trabajo relacionado con el sexo pueden estar tipificados como delitos en muchos países. Los peligros de salud ocupacional a que hacen frente los profesionales del sexo incluyen un riesgo desproporcionado de contraer el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual y de ser víctimas de actos de violencia y, a menudo, de violación. La criminalización perpetúa la discriminación, el estigma y la violencia contra los trabajadores de la industria del sexo y constituye un obstáculo para el acceso a los servicios sanitarios, lo que perjudica su estado de salud. Sumada a la xenofobia, la criminalización puede legitimar el acoso, la intimidación y la violencia contra los trabajadores migratorios de la industria del sexo, especialmente por parte de las fuerzas del orden, sin proporcionar un mecanismo de protección o reparación.10

Por ello, dicho informe señala que “para garantizar el acceso no discriminatorio a la atención de la salud tanto en la legislación como en la práctica, los Estados deben despenalizar el trabajo sexual consensuado realizado por adultos, así como promulgar y aplicar leyes que amplíen los derechos laborales, la salud y la seguridad en el trabajo y el acceso a una atención sanitaria asequible, centrándose en los trabajadores migratorios de la industria del sexo que se encuentran en situación irregular”.11 También diversas agencias de Naciones Unidas han reiterado la importancia de la derogación de las leyes que criminalizan a los y las trabajadoras sexuales.12

Lamentamos esta deriva punitivista por parte del actual Gobierno de España, en medio de una iniciativa que debiera tener en el centro el reforzar el consentimiento y la autonomía de todas las mujeres. Por el contrario, las políticas criminalizadoras que afectan directa o indirectamente al colectivo de personas que ejercemos el trabajo sexual vulneran nuestros derechos y nos exponen a mayores peligros de abusos, explotación y clandestinidad en todos los ámbitos de su vida, poniendo en riesgo, entre otros, nuestra salud física y mental y nuestro derecho a la vivienda.

Por todo lo anterior, rogamos su intervención —así como la de expertos/as independientes de otros mandatos que Ud. considere pertinentes—, para que inste a España no solo a suprimir este Artículo 187 bis del Código Penal del APLO-LS sino también a diseñar políticas que garanticen nuestros derechos humanos y laborales como trabajadoras sexuales y como mujeres, políticas que han de ser diseñadas conjuntamente con los colectivos a quienes afectan, mientras hasta hoy el Ministerio de Igualdad nos ha ignorado a pesar de haberles solicitado un encuentro en el cual poder socializar nuestras demandas, reivindicaciones y propuestas.

Cordialmente,

María José Barrera Márquez – Colectivo de Putas de Sevilla CPS.

Janet Mérida – Putas Libertarias del Raval (Barcelona).

Paula Ezkerra – Putas Indignadas (Barcelona) / Sección sindical de trabajadoras sexuales de la IAC.

Carta Relatora (PDF)

Notas

1 Debe ser tenido en cuenta que muchas trabajadoras sexuales alquilan y comparten pisos (apartamentos) conjuntamente para trabajar, solicitan plazas en casas de citas, subalquilan habitaciones entre compañeras o utilizan su domicilio habitual como lugar de trabajo. También muchas trabajadoras sexuales, a partir de cierta edad y ante la falta de acceso a jubilación, debido a la falta de derechos laborales, optan por regentar o dirigir locales donde trabajan otras mujeres.

2 Amnistía Internacional (2016) «Lo Que Hago No Es Un Delito» El Coste Humano de Penalizar el Trabajo Sexual en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Disponible en: https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR1340422016SPANISH.PDF

3 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 22, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12), doc. ONU E/C.12/GC/22, 2016, párr. 57.

4 “En virtud de la legislación noruega, las trabajadoras y los trabajadores sexuales corren riesgo de desalojo forzoso, pues sus caseros pueden ser procesados por alquilarles la casa si venden servicios sexuales en ella.

Amnistía Internacional escuchó el testimonio de varias personas dedicadas al trabajo sexual en Noruega que habían denunciado violencia a la policía y habían sido desalojadas de sus hogares o expulsadas por haber hablado con la policía.

Una persona que representaba a una organización noruega de defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales explicó: «Si los caseros no proceden al desalojo, la policía interpone una querella criminal contra ellos […] La policía anima a los caseros a tomarse la justicia por su mano y aplicarla ellos mismos.” (Amnistía Internacional: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/05/amnesty-international-publishes-policy-and-research on-protection-of-sex-workers-rights/).

5 “En Buenos Aires, aunque desarrollen su actividad en domicilios particulares, las trabajadoras y los trabajadores sexuales suelen sufrir largas y violentas inspecciones y allanamientos de la policía, así como extorsiones y chantajes.

Las personas que se dedican al trabajo sexual en Buenos Aires informaron también de problemas para acceder a los servicios de salud, entre ellos una enorme estigmatización y discriminación. «Realmente no teníamos acceso a los servicios de atención a la salud, porque siempre que íbamos a un hospital los médicos se burlaban o nos atendían en último lugar», dijo a Amnistía Internacional una persona trans que se había dedicado al trabajo sexual.

Amnistía Internacional comprobó que estos obstáculos habían hecho que algunas personas que realizaban trabajo sexual prescindieran por completo de estos servicios”.(Amnistía Internacional: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/05/amnesty-international-publishes-policy-and-research on-protection-of-sex-workers-rights/).

6 Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general No 14, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12), doc. ONU E/C.12/2000/4, párr. 8, 2000

7 CEDAW, Recomendación General No. 35 (2017) párrafo 31 a).

8 Report of the Working Group on discrimination against women (A/HRC/32/44), 2016, para. 76.

9 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general No 24 (La mujer y la salud), doc. ONU A/54/38/Rev.1 (capítulo I), párrafo 6 (1999).

10 Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Anand Grover (A/HRC/23/41), 2013, para. 58

11 Ibidem. para. 60.

12 Joint United Nations Statement on Ending Discrimination in Health Care Settings, July 2017 h ttps://www.ohchr.org/Documents/Issues/ESCR/InterAgencyStatementDiscriminationHealthCare.pdf

 

Trabajadoras sexuales cubanas: atrapadas entre la pandemia y el ‘ordenamiento monetario’

Acosadas por la Policía, algunas han recurrido a grupos de WhatsApp para continuar llevando el sustento a sus familias.

 

Por Jorge Enrique Rodríguez

La Habana, 7 de febrero de 2021

https://diariodecuba.com/cuba/1612717283_28641.html

 

La expansión del Covid-19 en la Isla truncó la sobrevivencia de Aliuska, una joven habanera de 26 años de edad que ejerce como trabajadora sexual entre Centro Habana y el Vedado. Tanto el temor al contagio como las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno para intentar contener la pandemia, limitaron su actividad y la posibilidad de llevar el sustento a su familia.

“2020 fue un año bien difícil para todas las mujeres que trabajamos ofreciendo servicios sexuales. Fueron muchas las limitaciones: negocios que tuvieron que parar tras el cierre de las fronteras, gente que se quedó desempleada por las cuarentenas, y que quienes recibían remesas se vieron obligados a prescindir de muchas cosas, porque la escasez de todo disparó los precios de la vida misma”, dijo Aliuska, soltera, con una hija de seis años de edad y a cargo de su madre, una anciana con limitaciones físico-motoras.

Al panorama descrito por Aliuska se sumó el recrudecimiento del hostigamiento de la Policía a las trabajadoras sexuales, ahora bajo amparo de un nuevo delito: “propagación de epidemia”.

“Intenté hacer parte de mi trabajo en las cercanías de mi barrio, pero el jefe de sector me acosó de tal manera que me vi obligada a desistir. Las amenazas de quitarme a mi hija y de mandarme a prisión por propagación de epidemias y peligrosidad surtieron efecto. Prácticamente he estado viviendo de la caridad pública, de mis amigas en el extranjero, o arriesgándome uno o dos días a la semana a hacer la calle, y no siempre he podido ‘hacer la cruz'”.

Con las nuevas tarifas de los servicios públicos y el astronómico aumento de los precios de alimentos y medicamentos tras la instauración del “ordenamiento” monetario y cambiario en el país, la supervivencia de Aliuska se tornó caótica: solo el costo de los medicamentos prescritos a su madre supera los 400 pesos mensuales, y la dirección municipal de Trabajo y Seguridad Social de su territorio “todavía está estudiando otorgarle la chequera”.

Otras mujeres, como Sandra, tienen el convencimiento de que ofrecer servicios sexuales es un trabajo y no les avergüenza. Para esta joven de 27 años, madre soltera de dos menores de cinco y ocho años de edad, ser una mujer independiente y sostener a su familia no va en la misma ecuación de tener un salario estatal.

Lo que avergüenza es la mentalidad de las personas en este país y la hipocresía del Gobierno y de la Policía, que nos acosa como si estuviésemos cometiendo un delito. Ninguna mujer que ofrece servicios sexuales necesita ayuda psicológica, sino que necesita trabajar como cualquier persona. Pero trabajar por un salario digno y no explotador”, dijo Sandra.

“Durante la pandemia, todas nos hemos visto entre la espada y la pared porque aumentó la persecución policial contra nosotras. Mientras se permitía abrir playas, bares y restaurantes, a nosotras nos impedían siquiera salir a la calle”, añadió Sandra, quien trabajó en un laboratorio farmacéutico por un salario que apenas le alcanzaba para el uniforme escolar de sus hijas.

“Decidí ofrecer mis servicios porque, al menos para mí, robar o estafar no es una opción. No recibo remesas y jamás he puesto un pie en Seguridad Social para mendigar una chequera. Ser una madre soltera en este país es casi un delito, es casi como llevar un cartel que dice ‘jódete'”, cuestionó Sandra, quien ha logrado mantener su actividad durante la pandemia gracias a un grupo de WhatsApp para servicios sexuales.

“Tenemos dos casas de dos amigas, porque en nuestros barrios es imposible por la persecución del jefe de sector”, explicó Sandra.

No son pocos los testimonios de trabajadoras sexuales que, a cambio de no ser procesadas por “estado peligroso” ‒delito por el cual son encausadas judicialmente‒ han sido prácticamente obligadas a recibir atención psicológica.

Las trabajadoras sexuales en Cuba no están reconocidas ni protegidas, sino que son estigmatizadas socialmente y por el Gobierno. Desde hace décadas, a aquellas que ofrecen sus servicios a extranjeros se les denomina “jineteras”, un término peyorativo que muchas suelen cargar de por vida.

El Código Penal vigente no castiga explícitamente la prostitución, pero el Artículo 73 considera “estado peligroso” que un el sujeto incurra en alguno de los índices de “peligrosidad” siguientes: “la embriaguez habitual y la dipsomanía, la narcomanía, y la conducta antisocial”.

En su apartado 2 señala que se considera en estado peligroso por conducta antisocial “al que quebranta habitualmente las reglas de convivencia social mediante actos de violencia, o por otros actos provocadores, viola derechos de los demás o por su comportamiento en general daña las reglas de convivencia o perturba el orden de la comunidad o vive, como un parásito social, del trabajo ajeno o explota o practica vicios socialmente reprobables”. El Artículo 73 suele ser aplicado a las trabajadoras sexuales.

La pandemia también hizo mella en la vida de Viviana, una joven de 30 años de edad que ofrecía sus servicios a extranjeros en la red de hoteles ubicados en el territorio de Playa. Tras el cierre de la frontera, tuvo que hacer malabares para mantener a sus dos hijos menores y a sus padres, de edad avanzada y con graves problemas de salud.

Trabajar para el Estado es como mentirse a sí misma. Nunca me llegó el círculo infantil para mis hijos, como le pasa a más de la mitad de las mujeres en Cuba. Las madres solteras que quieren ser independientes económicamente tienen que recurrir a los círculos privados. Y para tener una atención médica decente, también tienes que pagar”, dijo Viviana, quien no responsabiliza a nadie de su decisión de convertirse en trabajadora sexual.

“Fue mi decisión personal, pero tampoco permito que nadie, incluyendo al Gobierno, me juzgue por no querer seguir girando en un círculo de pobreza y necesidades”, añadió.

“Hablamos de un país donde ni siquiera se garantiza la producción de condones. Sigo ejerciendo mi actividad a través de WhatsApp, pero dirigida a clientes bien selectos que puedan pagar los precios actuales”, explicó Sandra, a quien el ordenamiento monetario no logra convencerla de abandonar.

“Sales a la calle y todo lo que escuchas son quejas contra el dichoso ordenamiento, que ni quintuplicando los salarios le arreglará la vida a quienes trabajan para el Estado. Por ese camino, bien, mal o regular, muchas madres solteras terminarán ejerciendo como trabajadoras sexuales antes que estar ocho horas sudando para nada”, opinó.

 

Los partidos abertzales se desmarcan de la lucha conjunta contra la prostitución en Navarra

EH Bildu y Geroa Bai se han mostrado muy críticos con instar el Gobierno central a aprobar una ley contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y contra la prostitución.

 

NAVARRA.COM

4 de febrero de 2021

https://navarra.elespanol.com/articulo/politica/prostitucion-politica-navarra-debate-criticas/20210204134819354673.html

 

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una moción en la que insta al Gobierno de España a “aprobar una ley integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y contra la prostitución“.

Este punto de la moción, presentada por el PSN, ha recabado el apoyo de Navarra Suma, Podemos e I-E, mientras que Geroa Bai y EH Bildu han votado en contra.

(…)

Desde Geroa Bai, Jabi Arakama ha compartido algunos de los puntos de la resolución, pero ha cuestionado otros como lo referente a la aprobación de ordenanzas municipales de carácter abolicionista. Ha considerado que “existe un enfoque diferente” entre los grupos sobre el tema de la prostitución y ha señalado que hay quienes “prefieren salvarlas sin preguntarlas antes”. “En Geroa Bai ponemos en el centro a las propias prostitutas, a todas ellas, con sus divergencias, contradicciones, pero ellas son el centro, el sujeto político principal, no ignoramos la parte de su voz que no nos gusta”, ha apuntado.

En representación de EH Bildu, Patricia Perales ha remarcado que en esta sociedad “hay diferentes y profundos debates sobre la prostitución y hay que considerar todos ellos”. En su opinión, la moción del PSN muestra “un enfoque parcial” y ha afirmado que “hay otras opiniones que habría que considerarlas” para no sea un debate “estéril”. Además, ha pedido “autocrítica” a Medina porque los socialistas están gobernando y “lo que está haciendo el Ejecutivo es escaso”.

(…)

Fuego cruzado: brujas y feministas

 

Por José Antonio Younis Hernández

2 de febrero de 2021

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:yPsy4imXvnEJ:https://www.laprovincia.es/opinion/2021/02/02/fuego-cruzado-brujas-feministas-33601214.html&hl=es&gl=es&strip=1&vwsrc=0

 

Como en la novela de Miyuki Miyabe, Fuego cruzado, llega un punto en que se le hace difícil a la protagonista “decidir sobre la vida y la muerte de los inocentes que caen víctimas del fuego cruzado”. El fuego cruzado suele alcanzar a los inocentes que, como en el actual conflicto dentro del feminismo, se ha perdido la sororidad entre las abolicionistas que mantienen que no se pueden llamar feministas a las que defienden a las prostitutas, esto es, a la Asociación Draga Espacio Feminista-LGTBIQ. En la anterior afirmación, he de resaltar que las abolicionistas acusan a las de la postura contraria de apoyar a la prostitución, lo cual es falso, pues lo que hacen es defender los derechos de las prostitutas y de que puedan exponer y defender sus puntos de vista. En el informativo de la Televisión Canaria se acusa de trata de mujeres al movimiento por los derechos de las prostitutas y que, por eso, una de sus dirigentes está en la cárcel. Por otra parte, cualquiera que se moleste en indagar estos supuestos hechos emitidos por dicho informativo encontrará que son falsas las acusaciones hacia el Proyecto Taguri. Feminismos Críticos, incidencia política y participación ciudadana.

A lo mejor todo esto es un debate interminable. De lo que únicamente estoy seguro, haciendo mía la frase de Evelyn Beatrice Hall, aunque se atribuye erróneamente a Voltaire (ella era su biógrafa), es que “estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”. Ya ocurrió en la universidad, cuando se intentó un debate sobre el mismo tema. Miembros de nuestra supuesta catedral del saber prohibió tal debate, pues hay misas que solo pueden oficiar los sacerdotes o sacerdotisas consagradas por una corriente de ideas del feminismo, pero no por la otra. Por lo que veo, hay partes que no defienden que la otra parte tenga derecho a decir lo que piensa porque contradice la pureza de los principios del feminismo, el cual, como en todo movimiento de ideas, olvida a veces que su pureza reside en el debate y la argumentación, no en la metafísica de principios cuasi religiosos.

Es penoso el infantilismo de la universidad. Aunque, si he de ser justo, del infantilismo de una parte de la universidad. El feminismo no es una moneda de una sola cara. El campo de lucha no es entre facciones del feminismo, al menos no lo debería ser por lo que hacen o deciden hacer con sus cuerpos, sino por lo que son (por su identidad de género: mujeres), formateadas por lo que la encrucijada de la historia y de la cultura ha hecho a las relaciones de género y que todavía nos favorece más a nosotros que a ellas. Porque resulta elocuente que se defienda la autonomía y la libertad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos (o sus vidas en general), excepto si es para ganarse la vida con él, porque entonces no serían libres, sino que obedecerían al deseo masculino o a los mandatos del patriarcado. Entiendo que la moral patriarcal es sublimar el deseo femenino al deseo masculino, lo comprendo y por ello me apunto a que ambos deseos se liberen de la superposición de catecismos aplicados sin considerar las situaciones de vida de cada persona. Mientras pensemos que existen unos principios abstractos y autónomos de su producción humana en el proceso de la historia, no solo caeremos en el idealismo, sino en llegar incluso a oprimir a aquellos individuos que se aparten del mainstream o corriente mayoritaria para vivir en el mundo que les ha tocado, a la vez que buscan cambiarlo.

Estamos históricamente en un sistema que estigmatiza a los que no son blancos o blancas, lo que se entiende como el privilegio de ser blanco; y, de hecho, las feministas de la periferia no blanca acusan al feminismo mainstream que dejó de lado a las mujeres racializadas y a la vinculación directa entre raza, género y clase social. Es una constante queja al feminismo por parte de aquellas otras feministas que no utilizan sus mismas categorías de interpretación. En mi opinión, sucede otro tanto en el terreno del debate entre feministas (y entre feministas y no feministas) sobre la prostitución. Al igual que las mujeres racializadas se sienten excluidas, no ya por el poder blanco y masculino, sino por el poder representado en ese feminismo abolicionista que las excluye porque su discurso no encaja con el discurso de la corriente hegemónica.

La inclusión de las prostitutas como categoría humana que también es víctima del sistema opresivo del género, víctima por su pertenencia de clase y de raza, así como por la orientación sexual, son categorías amplias de la abogacía social practicada por la Asociación Draga Espacio Feminista-LGTBIQ, dando voz a todas las personas, ya que entienden que el feminismo no es censura. Y no debe ser censura porque, ciertamente, el feminismo será con las trabajadoras sexuales o no será, pero también será con las mujeres racializadas y la clase social o no será. Y, la clase social, significa que la pobreza y la explotación deben resolverse y no solamente lamentarnos moralmente, pues las necesidades de realización personal y social de las mujeres explotadas deben ir paralelas a la satisfacción de sus necesidades materiales de vida.

Y en el campo de la identidad, como hombre, entiendo que se trata de apoyar a las mujeres en su lucha por su condición histórica de mujeres en una sociedad patriarcal, no por practicar en sí sexo a cambio de dinero u otro beneficio. Es fácil caer en una caza de brujas y deshumanización de estas mujeres, tratándolas como si fueran unas perdidas que después de criminalizarlas se las infantiliza por no saber lo que les conviene. Se piensa que hay una gran ideología que desvirtúa sus melladas voluntades, que la razón instrumental de la industria del sexo se frota las manos con sus cuerpos, lo cual es cierto, pero no es toda la verdad escoger esta afirmación como un argumento totalizante de la cuestión y que cierra cualquier propósito de matización. Por desgracia, en esta intersección hay feministas con sus divergencias, así como conservadores de derechas y de izquierdas, y que, entre todos, buscan salvarlas cuando ellas únicamente quieren normalizarse. Están en un fuego cruzado de argumentos bienintencionados, donde cada vez hay más parecido con la persecución de las brujas en la Edad Media. ¿Eran las brujas un problema social o más bien el problema social eran las mujeres y había que decir que eran brujas? Y, qué quieren que les diga, me parece que hay un cierto paralogismo entre lo que sucedió a las mujeres y el poder patriarcal en aquella época que las consideraba brujas (había brujos, pero el 85% eran brujas)

Después de ser construidas como problema social por los delatores y la Santa Inquisición, en el mundo medieval se quemaba a las consideradas brujas. Durante siglos perseguirían a todo aquel que se apartara del ideal de vida propuesto por la iglesia. La superstición y el miedo, la sugestión y la histeria colectiva hicieron el resto. Pero también el hecho de que el delator podía quedarse con los bienes del delatado una vez quemado en la hoguera. ¿Por qué el 85% de los perseguidos y quemados eran mujeres entre el siglo XIV y XVII? Tal vez piensen que es una exageración por mi parte, pero la gran beligerancia contra el discurso del feminismo inclusivo de la Asociación Draga Espacio Feminista-LGTBIQ, acusándolas de practicar un feminismo ajeno a la religión de ese otro feminismo, hacen que el debate me recuerde que ese mismo feminismo, al parecer dominante y de buena conciencia de aquel momento histórico, no contestó ni peleó por Dolores Vázquez, la bruja bollera.

Todavía hoy llamamos peyorativamente brujas a aquellas mujeres que nos dicen algunas verdades a la cara o nos quitan la máscara. El caso Wanninkhof es un caso de error jurídico grave que sucedió cuando, en un ambiente de histeria popular creado por los medios de comunicación y en un juicio plagado de irregularidades por parte de las autoridades judiciales y policiales, Dolores Vázquez Mosquera fue declarada culpable por un jurado popular de la muerte de Rocío Wanninkhof, quien había sido asesinada en octubre de 1999 cerca de Mijas, provincia de Málaga. Unos años después el caso dio un vuelco al resolverse otro asesinato posterior, el de la joven Sonia Carabantes. El asesino de las dos fue Tony Alexander King. Dolores Vázquez, además de mujer era lesbiana. Una bruja, vamos.

No cabe duda de que hay un discurso que esencializa todo lo femenino. Si se abrieran prostíbulos de hombres para que las mujeres fueran a buscar un poco de consuelo, se seguiría tratando de putas a las mujeres que pagaran por sexo, mientras que los hombres serían simplemente unos gigolós. Se prohíbe a la mujer que cobra por sexo y se censura por puta viciosa si paga a un hombre por sexo (como de hecho existe y más de lo que se está diciendo, por mucho que se oculte) Se le prohíbe vender sexo y comprar sexo, pero seguirá siendo igual de puta. Es la mujer atrapada en su propia esencia impuesta. En realidad, ese esencialismo las deshumaniza, cuando, en mis recuerdos de infancia, las tengo muy humanizadas debido a que varios de mis amigos del barrio donde vivía en 1967 tenían abuelas o madres prostitutas. Yo nunca vi putas, solo veía mujeres. Yo, qué quieren que les diga, me gustaría escuchar a mujeres.

 

NUEVO estudio canadiense en cinco ciudades muestra los daños de las leyes de “acabar con la demanda”, con el acoso policial vinculado a un aumento de cinco veces en la incapacidad para llamar al 911

 

Centre for Gender & Sexual Health Equity

26 de enero de 2021

NEW five-city Canadian study shows harms of “end demand” laws with police harassment linked to five times increase in inability to call 911

 

La legislación canadiense de “acabar con la demanda” que penaliza la compra de sexo y a los terceros impide que las trabajadoras sexuales busquen ayuda policial cuando están en peligro, según un nuevo estudio del Center for Gender & Sexual Health Equity (CGSHE ) en la Universidad de Columbia Británica y la Universidad de Ottawa.

El estudio, publicado en la revista Social Sciences, revisada por pares, se basa en datos de un proyecto de investigación comunitario con trabajadoras sexuales en cinco ciudades de Canadá. Destaca los graves daños a las trabajadoras sexuales, incluidos los daños desproporcionados a las trabajadoras sexuales indígenas, causados ​​por un enfoque de “acabar con la demanda” de la industria del sexo. En 2014, el gobierno canadiense implementó una legislación de “acabar con la demanda” que penaliza a los clientes, a los terceros (por ejemplo, gerentes, trabajadoras sexuales que trabajan juntas con gastos compartidos y en un “rol comercial”) y trabajadoras sexuales al aire libre en circunstancias limitadas. “El marco de penalización del enfoque de ‘acabar con la demanda’ reproduce muchos de los mismos daños que amenazan la vida de las trabajadoras sexuales que las leyes penales anteriores. Vemos esto más explícitamente con las experiencias reportadas por las trabajadoras sexuales indígenas de la calle. Nuestra investigación muestra que las leyes deben cambiarse urgentemente”, dijo la Dra. Anna-Louise Crago, PhD, primera autora, líder del proyecto CGSHE y becaria postdoctoral Banting en la Universidad de Ottawa.

De manera alarmante, el estudio encontró que casi un tercio (31%) de las trabajadoras sexuales informan que no pueden llamar al 911 por temor a que la policía las detecte a ellas mismas, a sus compañeras de trabajo o a sus gerentes. Las trabajadoras sexuales indígenas tienen el doble de probabilidades de informar que no pueden llamar al 911. “La legislación de ‘acabar con la demanda’ obliga a las trabajadoras sexuales a elegir entre renunciar al acceso a la protección policial en una emergencia de seguridad y ponerse a ellas mismas, a sus compañeras de trabajo o a sus gerentes en situaciones peligro”, explicó la Dra. Crago. “Este marco de penalización se justificó como necesario para proteger a las más marginados de la industria del sexo y para ayudar a las trabajadoras sexuales a denunciar la violencia contra ellas. Pero nuestros datos demuestran que la legislación claramente no ha logrado lo que decía que eran sus objetivos “.

Las experiencias de acoso policial reciente se asociaron directamente con cinco veces la probabilidad de que las trabajadoras sexuales informaran que no podían llamar al 911 en una emergencia de seguridad. “La policía y los defensores de la legislación de acabar con la demanda defienden como necesarias o “protectoras” tácticas tales como seguir a las trabajadoras sexuales, pedirles la identificación o retenerlas sin detención”. Pero los datos muestran cómo el acoso policial a las trabajadoras sexuales amenaza el acceso a la protección policial en una emergencia de seguridad”, dijo la Dra. Crago. “Este es un hallazgo con implicaciones más amplias con relación a los ataques policiales contra las comunidades negras e indígenas con prácticas como la identificación y las paradas en la calle”.

El estudio también ofrece los primeros datos conocidos en Canadá sobre quién está ayudando a las trabajadoras sexuales a escapar de situaciones de violencia y confinamiento. La fuente de asistencia mencionada con mayor frecuencia fueron otras trabajadoras sexuales (40,5%), seguidas de amigos, familiares o parejas (29,7%) y clientes (24,3%). La policía fue una de las fuentes de asistencia menos mencionada, con un 5,4%. “Las personas involucradas en la industria del sexo juegan un papel importante en ayudar a otras trabajadoras sexuales a escapar de situaciones violentas o peligrosas”, dijo la Dra. Chris Bruckert, PhD, coautora y profesora de la Universidad de Ottawa. “Pero, bajo las leyes actuales de ‘acabar con la demanda’, otras trabajadoras sexuales, personal de seguridad, clientes y gerentes corren el riesgo de ser penalizados si llaman al 911. Además, las situaciones en las que las trabajadoras sexuales reciben más asistencia son aquellas que el sistema actual disuade al hacerlas ilegales “.

Se requieren con urgencia reformas legislativas y políticas, dijo la autora principal, la Dra. Kate Shannon, PhD, Profesora de Medicina Social y Directora Ejecutiva de CGSHE en UBC. “Esta investigación destaca la necesidad urgente de reconocer los daños del marco de penalización del enfoque de “acabar con la demanda” sobre las trabajadoras sexuales y la necesidad inmediata de reformar la ley y la actuación de la policía”. La Dra. Shannon dijo que los hallazgos exigen recomendaciones políticas urgentes, incluida la despenalización total del trabajo sexual y el fin inmediato de los ataques de la policía contra las trabajadoras sexuales y la práctica policial de exigirles la identificación y pararlas en la calle vinculada a la discriminación racial y social.

 

Haga clic aquí para ver los hallazgos clave y las recomendaciones de políticas urgentes.

Haga clic aquí para leer el artículo de la revista revisada por pares.

Los datos del estudio se extraen de un estudio comunitario en CGSHE en la Universidad de Columbia Británica y la Universidad de Ottawa de 200 trabajadoras sexuales entrevistadas en Toronto, ON, Ottawa, ON, Montreal, QC, Surrey, BC y Sudbury, ON. Las participantes en la investigación fueron entrevistadas entre julio de 2017 y enero de 2018.

CONTACTO CON LOS MEDIOS:

Dra. Kate Milberry | Responsable de comunicaciones CGSHE en UBC

236.818.7763 | comms@cghse.ubc.ca

Acerca del Centro de Equidad de Género y Salud Sexual en UBC: El Centro de Equidad de Género y Salud Sexual es un centro académico de UBC y SFU ubicado en Providence Health. La misión de CGSHE es proporcionar liderazgo en equidad de género y salud sexual para todos en BC, Canadá y a nivel mundial, a través de una investigación rigurosa comprometida con la comunidad que cumpla con los más altos estándares científicos y éticos, el desarrollo de políticas basadas en evidencia y el fomento de la implementación de innovaciones, prácticas clínicas y comunitarias centradas en el paciente y orientadas a la equidad a través de pautas y educación. CGSHE se encuentra en los territorios tradicionales de las naciones xʷməθkwəy̓ əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) y Səlílwətaɬ (Tsleil-Waututh). 

Acerca del Departamento de Criminología de la Universidad de Ottawa: El Departamento de Criminología de la Universidad de Ottawa es un entorno bilingüe vibrante que se centra en la criminología crítica y la participación social en primer plano. Las áreas estratégicas de investigación de la Universidad de Ottawa incluyen “derechos humanos, diversidad y justicia social” y “gobernanza, estudios internacionales y políticas públicas”.

Vanessa Campos: Fiscalía de París pide juicio por caso de trans peruana asesinada en 2018

Las 15.000 esclavas holandesas de las Hermanas del Buen Pastor

Una investigación destapa una red de explotación de mujeres en Países Bajos similar a la que funcionó en países como Irlanda. Las víctimas piden compensaciones y reconocimiento

 

Por Isabel Ferrer

La Haya, 12 de junio de 2018

https://elpais.com/elpais/2018/06/11/planeta_futuro/1528708348_796358.html

 

Una ‘lavandería de las Magdalenas’ irlandesa sin identificar: imagen tomada alrededor de 1900.
Imane Rachidi (EFE)

 

“Mi tutora, la señorita Van de Biggelaar, me llevó en tren hasta Almelo [en el este de Holanda]. En Tilburgo, al menos tenía un nombre que coser en la etiqueta de mi ropa, pero al llegar a Almelo me convertí en un número más”, cuenta Jo Keepers, de 76 años. Hija de un padre alcohólico y maltratador, ella es una de las miles de víctimas holandesas de los trabajos forzados no remunerados de la orden católica Hermanas del Buen Pastor.

Al menos 15.000 niñas y mujeres, en su mayoría prostitutas, madres solteras o discapacitadas, trabajaron en condiciones de esclavitud entre 1860 y 1973 en las lavanderías y talleres de costura de esta congregación en Holanda, según una investigación de años realizada por el medio holandés NRC.

Las monjas, establecidas en los llamados “refugios del amor” en las ciudades de Almelo, Tilburgo, Zoeterwoude y Gelderland, vivían de tareas de la costura comercial. Todas las esclavas que tenían a su disposición elaboraron durante décadas todo tipo de indumentarias. Desde ropa de bebé hasta prendas para los militares, pasando por chalecos de fuerza para instituciones psiquiátricas o camisas especiales para compañías determinadas.

Esta orden religiosa ya se vio implicada en un escándalo semejante en Irlanda, donde participaban en la gestión de las llamadas “lavanderías de las Magdalenas”. Allí, unas 10.000 mujeres jóvenes, muchas de ellas madres solteras, fueron detenidas y forzadas a trabajar en las lavanderías que comenzaron a operar en la década de 1920 e incluso seguían vigentes hasta 1996, según un informe del Gobierno de Dublín.


Irlanda: Las órdenes religiosas de las “lavanderías” encabezan la coalición contra el trabajo sexual


A los trabajos de lavandería se sumaba el bordado. Según el Archivo holandés de la Vida Conventual, que guarda también objetos, en El Buen Pastor se bordaba para la Casa Real. “Se presume que para la entonces princesa Juliana (abuela del actual rey Guillermo)”. Parte del lavado y almidonado de manteles del Palacio het Loo, residencia oficial de Juliana, también se hizo en los conventos de la orden.

En el caso holandés, las monjas proveían con sus productos a las fábricas textiles, empresas de moda, hoteles, hospitales, particulares, la Iglesia y el propio Gobierno. La investigación de NRC incluye testimonios de varias víctimas y eleva su cifra a al menos 15.000 personas. Contactadas por Efe, algunas de estas personas explican que por su estado de salud y edad prefieren no rememorar aquella época de nuevo hasta el día que tengan que dar testimonio ante un tribunal.

Una de ellas es Margot Verhagen, de 85 años. Su padre murió en la Segunda Guerra Mundial y su madre falleció en 1950, cuando ella tenía 17 años y seis hermanos. Verhagen se quedó con una de sus tías, pero pocos días después, dos policías y una mujer de protección de menores la trasladaron a la institución del Buen Pastor en Velp, donde las hermanas la pusieron a trabajar desde las seis de la mañana hasta las 10 de la noche, recuerda.

Verhagen, nacida en La Haya, asegura en el medio holandés que no solo fue sometida a los trabajos forzados en las lavanderías —”una cultura normal de esa época”, apostilla— sino que dice haber sido violada por el rector de la institución. El episodio, según ella, quedó impune porque las esclavas no tenían voz, ni voto, ni derecho a quejarse.

Se les consideraba niñas y mujeres “perdidas” cuando quedaban embarazadas fuera del matrimonio, huérfanas, abandonadas, maltratadas, discapacitadas o condenadas por un delito menor. En esos casos, su ingreso en la Hermandad era considerada “la única solución”, refiere Verhagen. Nunca recibieron un salario por esas labores, aunque una vez al año las monjas les entregaban un billete de cartón, una especie de moneda ficticia con la que podían comprar dulces o comida en los puestos del mercado de la Hermandad.


El trabajo de las jóvenes servía para surtir a hoteles, particulares, la Iglesia y el propio Gobierno


Jo Keepers también intentó escapar varias veces del centro de Almelo, pero siempre acababa detenida por la policía y castigada luego por las monjas, hasta que finalmente lo logró el 20 de marzo de 1960, fecha que marca en el calendario como el día de su liberación. Hasta la década de 1970, las niñas, generalmente en contra de su voluntad, fueron colocadas en las instituciones por el Gobierno (como en el caso irlandés), las asociaciones de tutela, protección infantil o los propios padres.

Algunas víctimas recurrieron la semana pasada a los juzgados para exigirle al propio Ejecutivo que reconozca el daño causado por esta Hermandad y les pague los salarios pendientes porque consideran que el Estado es en parte responsable de la falta de humanidad en la que fueron obligadas a trabajar.

Las denuncias efectuadas ahora son formales, pero las críticas contra las prácticas de las Hermanas del Buen Pastor ha aparecido en Holanda en libros y documentales a lo largo del tiempo. El goteo con declaraciones de las afectadas se remonta a 1930, cuando dos de las antiguas esclavas contaron su doloroso pasado. Una decena se animaron luego a hacerlo en diarios, semanarios y libros, pero no hubo reacción oficial por considerarse “propaganda anticatólica”. La Real Biblioteca Nacional guarda todos estos documentos, que constituyen una de las principales fuentes de información histórica de lo ocurrido, Sin embargo, como las autoridades se inhibieron, la situación se prolongó hasta los años setenta. Las monjas se apartaron entonces de los centros que dirigían. Las últimas, ya ancianas, viven en residencias, pero la congregación vendió en el país sus inmuebles y posesiones por millones de euros. Uno de los edificios de su propiedad tenía 14 hectáreas, y en 2004, cerraron un trato con una inmobiliaria dispuesta a construir al menos 83 apartamentos.

Este caso judicial está apoyado por la plataforma holandesa de niños víctimas de abusos religiosos (VPKK, en sus siglas en neerlandés), que también exige al Gobierno que realice una investigación independiente sobre aquella explotación y determine el papel que tuve el Ejecutivo durante esa etapa. En una carta publicada el año pasado, las Hermanas se disculparon ante sus víctimas pero se niegan a pagar las indemnizaciones porque consideran que todo ha prescrito y señalan que han pasado “muchos años”.

El trabajo en los talleres de lavanderías y de costura, un modelo de ingreso que enriqueció a la congregación religiosa, era considerado por las autoridades como un ‘trabajo de terapia’ y penitencia. El jardín del edificio de la Hermandad estaba cercado con alambre para evitar que las chicas escapasen de manos de las religiosas.

El Buen Pastor, llegó a tener cuatro residencias en Holanda y aparece asimismo entre las 800 denuncias estudiadas desde 2016 por la comisión que investiga la violencia en centros de menores. Los casos incluyen abusos, físicos, psíquicos y sexuales desde 1945, y cuatro víctimas de los trabajos forzosos impuestos por las monjas han remitido sus biografías. Como los afectados pueden acudir a la comisión hasta enero de 2019, la orden religiosa ha asegurado que “está dispuesta a ponerse en contacto con los investigadores”. Micha de Winter, catedrático de Pedagogía, dirige ese equipo de expertos y ha reconocido ya el carácter “estructural del abuso”. “Si nos dan su permiso, aprovecharemos sus historias para investigar a fondo la época y lo ocurrido. Si una vez puesta la denuncia precisan ayuda, pueden acudir a la asociación que presta ayuda a víctimas de abusos en el país”, añade.

La VPKK, que apoya a las cinco denunciantes, está compuesta por un grupo de cinco juristas, expertas en ética y pedagogía que dan voz “a las mujeres sometidas también por otras mujeres, además de sacerdotes o capellanes, en internados, congregaciones y otras instancias religiosas”. A través de su cuenta de Facebook anima a las víctimas a ponerse en contacto, “porque algo así puede pasarle a cualquier chica y es preciso contar la verdad de unos hechos bochornosos”. Se ocupan a su vez de los afectados varones porque, según explican “lo peor es que nadie te crea o reconozca lo ocurrido”.

 

Lavar los pecados

Se estima que al menos 10.000 mujeres y jóvenes fueron internadas en instituciones gestionadas por la hermandad del Buen Pastor en Irlanda entre 1922 y 1996. Las religiosas las obligaban a trabajar en condiciones muy duras y sin retribución en lavanderías para que metafóricamente lavaran sus pecados, al mismo tiempo que la congregación religiosa traía beneficios económicos.

Las llamadas Magdalenas eran mujeres consideradas indeseables por la sociedad, como prostitutas y madres solteras, o jóvenes recluidas de manera preventiva, para protegerlas de los peligros (por ejemplo, huérfanas).

Ante el rechazo de la sociedad y el estigma asociado a haber trabajado en las lavanderías, muchas Magdalenas optaban por permanecer durante toda la vida en las instituciones.

Corea del Sur: la pandemia precariza aún más a las trabajadoras sexuales

A diferencia de otros países del sudeste asiático, la prostitución es ilegal en Corea del Sur. Tiene lugar en bares o salones de masaje, que cerraron debido a las restricciones impuestas para frenar la pandemia de COVID-19 precarizando aún más la vida de las trabajadoras sexuales.

 

Texto por: RFI

13 de enero de 2021

https://www.rfi.fr/es/asia-pacifico/20210113-corea-del-sur-la-pandemia-precariza-a%C3%BAn-m%C3%A1s-a-las-trabajadoras-sexuales

 

Trabajadoras sexuales coreanas en una manifestación en Seúl el 22 de septiembre de 2011 para protestar por la represión de las autoridades contra la prostitución. AFP – JUNG YEON-JE

 

Con nuestro corresponsal en Seúl, Nicolas Rocca.

 

“Tan pronto como alcancé la mayoría de edad, me convertí en una trabajadora sexual”, dice Yo Lim, de 26 años. Esta estudiante de comercio, lucha por los derechos de quienes trabajan en este mercado lucrativo: 13 mil millones de dólares generados anualmente. Sin embargo, no son las trabajadoras sexuales quienes cosechan los beneficios, especialmente durante este período turbulento. “La mayoría de los lugares que ofrecían servicios sexuales tuvieron que cerrar en junio-julio. Somos la única industria que ha sido completamente cerrada sin ningún apoyo del gobierno”. Si bien las restricciones sanitarias han ido acompañadas de planes de apoyo del estado para los empresarios, los propietarios de restaurantes, y  los taxistas, entre otros, las trabajadoras sexuales siguen siendo dejadas de lado.

En Corea del Sur, si bien se sabe que algunos barrios son lugares conocidos para ejercer la prostitución, una gran proporción de mujeres trabajan en bares, salones de masaje y clubes de striptease. Era el caso de Yo Lim antes de la pandemia. “En el bar, no tenía sexo con los clientes, era más que nada bailar para ellos. Además, estábamos un poco protegidas. Pero ahora estoy obligada a tener sexo”. Las cientos de miles de trabajadoras sexuales se encuentran en una situación muy precaria. Otras chicas han dejado la actividad, obligándolas a pedir préstamos, en general a la mafia, con tasas de interés extremadamente altas.

Si algunos lugares permanecen abiertos, son los que menos respeto tienen por las mujeres, según Yo Lim. “Algunas mujeres inmigrantes, de China o de otros países del sudeste asiático, trabajan en condiciones aún más precarias. Hay bares donde las mujeres no tienen otra opción que tener sexo”. Con el impresionante sistema de seguimiento de pacientes implementando por el gobierno de Corea del Sur es difícil mantener abierto los comercios. En caso de contaminación, las autoridades rastrean las rutas del paciente y los lugares visitados para encontrar casos de contacto. Y los lugares donde ejercían las trabajadoras sexuales no quieren atraer la atención de las autoridades.

Yo Lim continúa trabajando pero de manera independiente eligiendo clientes que ya conoce. Una práctica más rentable, pero también más peligrosa dado que Yo Lim debe ceder a los deseos del cliente. Su anterior trabajo le pagaba 373 euros al día, suficiente para financiar sus estudios y su apartamento donde vive con su hermana y su marido. Pero ante la pérdida de sus ingresos, se tuvo que adaptar. “Elijo mis citas de acuerdo a las prácticas sexuales solicitadas, la cara del cliente y el precio”, explica Yo Lim. “Obtengo un millón de won (750 euros) por toda la noche, incluyendo cena”. El riesgo para la salud también es importante. “¿Cómo podemos protegernos del coronavirus? “, dice Yo Lim.

Hasta 2004, la prostitución era, de hecho, tolerada, pero la ley contra el comercio sexual puso fin a esta situación. Según un informe de la ONU publicado en 2012, entre 2004 y 2009, 28.000 trabajadoras sexuales fueron arrestadas, junto con 160.000 clientes. Si bien la aplicación de la ley ha aumentado la represión, esta sigue siendo limitada.

La criminalización del trabajo sexual es un tema central para Yo Lim, para quien “la despenalización nos permitiría tener un trabajo reconocido y cambiar la forma en que la sociedad surcoreana nos considera”.

La pandemia de la COVID-19 ha complicado la situación y la preocupación de estas mujeres es palpable. “Me gustaría volver a mi trabajo, la situación me crea mucha ansiedad. Apenas un cliente deja de responderme, me pregunto cómo podré conseguir algo de dinero”. Otro interrogante es cómo serán las condiciones de trabajo una vez que la crisis sanitaria haya terminado. Muchas lugares han cerrado sus puertas para siempre. “Una vez que todo vuelva a abrir, ¿qué tipo de trabajo me veré obligada a tomar? ¿En qué bar? ¿Qué se me pedirá que haga?” se pregunta Yo Lim.

 

 

El puritanismo sexual y sus distintas manifestaciones

 

El imperio de Des

25 de noviembre de 2018

https://elimperiodedes.wordpress.com/2018/11/25/el-puritanismo-sexual-y-sus-distintas-manifestaciones/

 

El puritanismo era originalmente un movimiento religioso surgido durante el siglo XVII en Inglaterra, con el fin de “purificar” la iglesia anglicana de las prácticas católicas que había heredado. Inspirado en el calvinismo, los puritanos creían en el trabajo físico como la única manera digna de crear riqueza, la vida austera y la abstención de todos los vicios que corrompían el cuerpo y alma. Después de un breve periodo en poder después de la guerra civil inglesa (1642-1646), la mayoría de los puritanos fueron apartados de la iglesia anglicana después de la Restauración en 1660, aunque continuaron ejerciendo influencia entre la plebe hasta bien entrado en el siglo XIX. La filosofía puritana jugó un papel fundamental en el invento del capitalismo y la idiosincracia de los pioneros estadounidenses.

A partir del siglo XX, la palabra “puritano” llegó a convertirse en adjetivo, refiriéndose al exceso de moralidad sexual, como la censura al desnudo, el repudio hacia el deseo carnal y la abstención sexual hasta el matrimonio. En España, el puritanismo está comúnmente asociado a la iglesia católica, que durante siglos había ejercido un control rígido sobre la moralidad privada de los ciudadanos. Desde el punto de vista histórica, es algo irónico considerando que los puritanos originales eran radicalmente anti-católicos.

A día de hoy, la sociedad occidental está cada vez más liberal y tolerante acerca de la moralidad sexual, aunque en el siglo XXI siguen habiendo colectivos que intentan criminalizar el coqueteo, condenar las prácticas sexuales no convencionales, legislar las actividades sexuales consentidas, separar los sexos o censurar el arte o literatura, y los proponentes no solo proceden de los grupos religiosos (sea católico, protestante o musulmán), sino de cualquier ideología o movimiento que lleva su doctrina al extremo. En este artículo voy a hablar de las distintas manifestaciones de puritanismo en la sociedad contemporánea.

El puritanismo conservador

Al menos en España y Europa, la mayor fuerza que defiende una moralidad sexual más rígida sigue siendo los conservadores, que incluyen a algunas ramas de la iglesia católica como Opus Dei, la iglesia evangelista, musulmanes practicantes y defensores de valores tradicionales. Muchos aún creen que el único propósito del sexo es procrearse, que el deseo carnal es pecado, y para no despertar este vicio humano, las mujeres deben taparse o los sexos deben mantenerse separados. Por supuesto, también van en contra de la homosexualidad, el aborto o la educación sexual en los colegios.

Con el cambio de valores entre las nuevas generaciones, los conservadores son cada vez menos en cuestión de números, pero muchos ocupan puestos claves en la política y el mundo empresarial, y proponen leyes para defender su ideología bajo el disfraz de otras justificaciones. El típico ejemplo es recurrir al rendimiento escolar para justificar la separación de sexos en la educación, o a la libertad de elección para no dar educación sexual.

El puritanismo marxista

En principio, el comunismo, como todas fuerzas de izquierda, iba en contra de la moralidad sexual de la burguesía, pero después de la revolución bolchevique en 1917, hubo un periodo de liberación sexual, durante que los rusos se volvieron tan promiscuos que nacieron muchos niños sin padre y se multiplicaron las denuncias por agresión sexual. Así que el partido comunista decidió imponer una nueva moralidad sexual, basada en la ideología igualitaria que hombres y mujeres sean camaradas de la revolución, que deben tratarse con amor fraternal de hermanos. El sexo solo se deben practicar con fines reproductivos para criar una nueva generación de trabajadores. Cualquier coqueteo o intento de marcar diferencias sexuales, como maquillarse, pintarse los labios, poner faldas cortas o ajustarse los pantalones, es repudiado como una práctica burgués y contrarrevolucionario.

Esta moralidad, que se inventó en la época estalinista, fue copiada a mayor o menor grado por todos los régimenes comunistas, como la China de Mao, el Cuba de Castro y la Cambodia de Pol Pot, donde hombres y mujeres fueron obligados a vestirse con el mismo uniforme de trabajador marcando mínimas diferencias. Por supuesto, la homosexualidad no solo fue repudiada, sino criminalizada.

El libro 1984 de George Orwell hace un buen resumen de este puritanismo de corte comunista.

El puritanismo feminista

Como el puritanismo conservador tiende a reprimir la sexualidad femenina, muchas feministas, como Victoria WoodhullEmma Goldman, lucharon a favor de levantar los tabúes sexuales y por la libertad de las mujeres a vivir su sexualidad en pleno, reivindicando hasta el amor libre. Sin embargo, a partir de los años 70, surgieron corrientes de feminismo que retratan a la sexualidad masculina como violenta por naturaleza y una amenaza para las mujeres, y que bajo la sociedad patriarcal, muchas mujeres hayan sido “lavado de cerebro” desde pequeña para desear complacer la sexualidad del hombre. Esas feministas, como las estadounidenses Andrea Dworkin, Susan Griffin o la española Ana de Miguel, tienden a oponer radicalmente la pornografía, la prostitución autónoma,  el BDSM consentido, o cualquier representación erótica del cuerpo femenino, incluso cuando lo ejercen de forma voluntaria. Algunas más radicales llegan a insinuar que maquillarse, depilarse, ponerse ropa sexy o cualquier gesto de coqueteo sean sinónimos a la sumisión al patriarcado, y que la separación de sexos sea la medida ideal para proteger las mujeres de la violencia sexual.

A día de hoy, aún se libran una batalla entre feministas liberales, que defienden la libertad de las mujeres de vivir su sexualidad del modo que quiera por lo tanto que sale de su propia voluntad, y feministas radicales, que tratan de definir un canon correcto de comportamiento sexual para ser buena feminista.

El puritanismo “género neutral”

En total, el colectivo LGBTIQ es el menos puritano de todo, porque casi todas las corrientes de puritanismo les persiguen. Sin embargo, durante los últimos años, cuando se ha abierto un debate público en países anglosajones sobre la identidad de género y el sexo biológico, una cierta corriente de puritanismo ha surgido entre algunos activistas más agresivos.

Como todas las sociedades humanas clasifican los individuos por el género binario de hombre/mujer, las personas no-binarias a menudo tienen dificultades de integrarse. Por eso, algunos activistas trans proponen crear una sociedad “género-neutral“, alegando que categorías como “hombre”, “mujer”, “heterosexual”, “homosexual” sean construcciones abstractas que carezcan de significado real, y la “feminidad” y “masculinidad” sean conceptos arcaicos que deben ser eliminados. Puede sonar utópico, pero para realmente llevase a cabo la construcción de una sociedad así, la única manera sería a través de la imposición de un nueva forma de puritanismo.

Al fin y al cabo, los humanos somos seres sexuales. La mayoría de los individuos se sienten atraídos solamente (o predominante) a uno de los sexos, por las características de ese sexo. La masculinidad y feminidad no son nada más que maneras de marcar las características de un sexo u otro, a través del peinado, vestimenta, comportamientos o actitudes. Una cosa es construir una sociedad donde el género no sea motivo de sufrir violencia o discriminación, o una sociedad inclusiva a géneros no-binarios, otra cosa es construir una sociedad donde el género se elimina de la expresión individual, porque eso implica convertir los humanos en seres asexuados, que va totalmente en contra de nuestra naturaleza biológica.

El puritanismo políticamente correcto

Englobando a todo, está el puritanismo políticamente correcto.

Desde que todos estamos en redes sociales, cualquier comentario, opinión, imagen o video puede ofender las sensibilidades de algún colectivo. Para evitar linchamientos, muchos autores, artistas, creadores de contenido autocensura sus obras para no incluir contenido que puede ser tomados como ofensa. Como consecuencia, muchos libros, revistas, canciones y obras de arte que dejaron de escandalizar en los años 90 ahora han vuelto ha levantar polémicas.

Como bien dicho la dibujante de comic María Llovet en una entrevista: “Hay mojigatería por todos lados disfrazados de progresismo”.

 

Violencias hacia las personas que ejercen la prostitución en la Región de Murcia

Publicación: 10.12.2020

 

Puede descargarse el artículo completo, en formato PDF, en el siguiente enlace:

https://www.upo.es/revistas/index.php/relies/article/view/5062/4709

 

Resumen

Este estudio se centra en visibilizar las violencias perpetradas hacia las personas que ejercen la prostitución en la Región de Murcia (España), poniendo en relieve a los diferentes colectivos que las protagonizan. La hipótesis de partida es que la salud, las condiciones laborales y las relaciones interpersonales de los y las trabajadoras del sexo están determinadas por la articulación de una cadena de violencias ejercidas por diferentes agentes sociales. La metodología está basada en una serie de entrevistas semidirigidas en las que se han tenido en cuenta dos perspectivas: la de nueve personas que ejercen la prostitución y la de siete expertos/as en investigación e intervención directa con trabajadoras/es del sexo. En el análisis de resultados el contenido se organizó atendiendo a los diferentes grupos que se identificaron como responsables de los actos violentos: profesionales sanitarios/as, trabajadores/as de los servicios sociales, políticos/as, cuerpos de seguridad estatal, entidades del tercer sector, secciones feministas, empresariado de la industria del sexo, clientela, investigadores/as vinculados a la academia, medios de comunicación, familiares, parejas, exparejas, amistades y otros/as responsables.

 

1          Introducción

Cuando se habla de prostitución y de violencias se tiende a pensar en las agresiones ejercidas por los clientes y por el empresariado de la industria del sexo. Incluso, habitualmente se piensa en las mafias relacionadas con la trata, ya que no es infrecuente que se equipare la prostitución con la trata de personas con fines de prostitución forzada2. Es incuestionable la importancia de denunciar los abusos cometidos por la clientela y por los/las responsables de los pisos de contactos y de los clubes, pero el trabajo sexual está sometido a otro tipo de violencias que son menos visibles. El interés de esta investigación reside en que permite describir este tipo de violencias y sus efectos, a la vez que sitúa el foco en la identificación de los diferentes colectivos por los que están protagonizadas. La hipótesis de partida es que la salud (física y psicológica), las condiciones laborales y las relaciones sociales de las personas que deciden ejercer la prostitución (en adelante PDEP) están determinadas por la articulación de una cadena de violencias practicadas por diferentes actores y actrices sociales.

En cuanto a la situación de la prostitución en la Región de Murcia (España), a pesar su disminución en la vía pública, (debido a la proliferación de clubes de alterne y de pisos de contactos) siguen existiendo zonas de prostitución de calle bastante populares, tanto a las afueras de los pueblos como en la ciudad de Murcia. Un ejemplo relevante es el céntrico Barrio del Carmen, en el que se está aplicando la «Ordenanza para luchar contra la prostitución en el municipio de Murcia», la cual tiene por objeto:

“Luchar contra la prostitución, preservando los espacios públicos como lugares de convivencia, civismo e igualdad, evitando actividades de explotación sexual que difunden una imagen del ser humano, muy especialmente de la mujer, como mero objeto sexual y que perturban la convivencia social.” (BORM nº 234, 2013:2).

A pesar de que en dicha ordenanza se afirma que uno de los principales propósitos es el fomento y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, lo cierto es que mayoritariamente se multa a mujeres migrantes con pocos recursos que captan a su clientela en la vía pública, empeorando así su situación de vulnerabilidad. A partir de dos estudios realizados por el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS, 2014, 2018)3 se ha evidenciado que la aplicación de medidas punitivas anti-prostitución, como la ordenanza o la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana (conocida como ley mordaza), han contribuido al agravamiento de la discriminación y la precarización que ya sufrían las PDEP, tal y como podemos observar en la figura 1

Hay que mencionar, además, la dificultad de proporcionar información precisa sobre el conjunto de las personas que se dedican a una actividad tan estigmatizada y criminalizada como la prostitución, la cual se caracteriza por una gran movilidad de las PDEP y por pertenecer a la economía sumergida (CATS, 2017a). No obstante, a pesar de que no se disponen de datos fiables sobre las personas que ejercen en la Región de Murcia, se pueden tomar a modo de orientación los datos recabados por entidades como el CATS. Entre las personas trabajadoras del sexo atendidas por esta ONG en el año 2017 (1.857 usuarias/os en total), la mayoría procedían de Rumanía (468), seguidas por mujeres de nacionalidad colombiana (241) y marroquí (216). Por otro lado, en los resultados de una investigación-acción participativa desarrollada por la socióloga Sara Oñate (2009) en la Región de Murcia, se mostró un alto grado de autogestión por parte de las personas trabajadoras del sexo. Igualmente, en el presente estudio las PDEP que participaron afirmaron no sentirse obligadas/os por nadie a trabajar, aunque consideraban que era una decisión que estaba condicionada por estructuras socioeconómicas.

 

2          Consideraciones Metodológicas

(…)

3          Marco Teórico: Violencias ejercidas hacia las personas que trabajan en la prostitución.

(…)

 

4          Resultados

4.1     El estigma asociado a la prostitución: la mayor violencia y de la que todas/os somos responsables

La psicóloga Cristina Garaizabal (2007) afirma que lo que mayoritariamente genera las malas vivencias, la angustia o la baja autoestima, no son tanto las prácticas sexuales que se desarrollan en el trabajo sexual, sino la falta de derechos laborales y la devaluación social. Los resultados de esta investigación son coincidentes, ya que prácticamente la totalidad de las personas entrevistadas señalaron que lo que más perjudicaba a las PDEP era tener que llevar una doble vida a raíz del estigma. En cuanto a lo que supone, podemos hablar de un intenso temor ante la idea de que pueda trascender la vida oculta en la vida pública, por lo que las personas que ejercen la prostitución en secreto se ven sometidas a un continuo estado de alerta.

“Lo que más pesa de alguna manera como una violencia es el estigma social. Es lo que transmiten como mayor problema, más allá de la lucha económica vinculada al proyecto migratorio (…). En el estigma social todos somos responsables, porque es una construcción social que forma parte de las diferentes mentalidades que componen esa sociedad. Entonces, en el estigma social todos y todas podemos hacer algo: o incrementarlo o reducirlo” (Educadora social, PR.3)

Uno de los casos de miedo al rechazo y de ocultación del ejercicio de la prostitución es el de TS.9. Esta mujer española de veintisiete años comenzó a ejercer la prostitución cuando se mudó a Barcelona (España) en el 2017. Al cambiar de ciudad se sentía sola, y como le había supuesto mucho esfuerzo hacer amistades no quería perderlas. Por ende, tuvo que ocultar su trabajo tanto en la nueva ciudad de residencia, como ante su familia y las amistades que se encontraban en Murcia.

“Viendo cómo habían reaccionado de mal cuando les conté que me prostituía, tanto mi gente cercana como mis compañeras de piso, pues me daba miedo que las pocas amistades que había hecho me rechazaran, y con lo que me ha costado… pues me callé” (Trabajadora sexual española, TS.9)

Otro testimonio muy relevante respecto a las múltiples consecuencias que conlleva el estigma nos lo compartió TS.6, una mujer peruana de treinta y cinco años con dos hijas a cargo. Esta trabajadora del sexo, a pesar de que tiene muy presentes los beneficios que le proporciona ejercer la prostitución (mayores ingresos, facilidad en la conciliación, disfrute de diversidad de experiencias sexuales, etc.), considera que ha tenido que pagar un alto precio a nivel emocional debido al repudio asociado a su trabajo.

“¡A mí me parece el mejor trabajo del planeta! Por lo menos pa´mí. A lo mejor porque yo puedo elegir (…). Tía, yo no puedo explicar lo bondadosa, lo generosa, lo noble… la experiencia que yo he tenido en la prostitución me ha empoderado sexual y económicamente, porque es muy muy rentable” (Trabajadora sexual peruana, TS.6)

“Es un miedo perpetuo. El tener que estar ocultándoselo a mi familia es terrible. Yo sinceramente pienso que esa es la peor parte de la prostitución. La doble vida es lo peor. No sé… esa es la peor parte, la de no salir del closet [llora y le cuesta hablar] (…). En la prostitución el precio es tu libertad emocional. El precio aquí es tener una doble vida si no vas a salir del armario. Y si sales del armario el precio es aprender a vivir con el estigma. Todo tiene un precio finalmente” (Trabajadora sexual peruana, TS.6)

4.2     Miedos y mentiras durante las visitas a los servicios sociales y a los centros de salud

Algunas de las PDEP participantes evitaban acudir a los servicios sociales porque anticipaban posibles conductas discriminatorias de los/as trabajadoras/es sociales por motivos relacionados con su trabajo, como la retirada de la custodia de sus hijos/as. Ahora bien, cuando decidían asistir a los servicios sociales o a los servicios de la sanidad pública la mayoría ocultaba que se dedicaba a la prostitución, con la finalidad de protegerse de juicios y/o episodios de maltrato como el sufrido por TS.4:

“Una vez tuve una muy mala experiencia con un digestivo, porque yo he tenido siempre problemas del estómago, entonces yo le conté al médico de que yo ejercía la prostitución y me dijo: “ya ves los problemas que usted se acarrea por andar en esas sinvergonzonerías”. Entonces yo me cabreé y le dije: “¿pero usted que tiene que opinar de mi vida personal?”. Después, me levanté de la silla y me fui” (Trabajador sexual ecuatoriano, TS.4)

Situaciones como la vivida por TS.4 ocasionan importantes perjuicios, en vista de que para ciertas problemáticas relacionadas con la salud sería oportuno que las PDEP pudieran hablar con naturalidad de su ocupación. Es, por ejemplo, el caso de las revisiones ginecológicas y andrológicas. Por otro lado, aunque algunos/as entrevistadas/os afirmaron acudir a doctores/as privados/as o a la consulta ginecológica del CATS no podemos conformarnos con este hecho, debido a que no todas las PDEP pueden permitirse pagar la sanidad privada o asistir a la consulta ginecológica del CATS por motivos relacionados con la movilidad laboral.

Con respecto a la salud psicológica, varias de las personas entrevistadas declararon que los/as profesionales sanitarios/as habían relacionado sus problemas de salud mental con el trabajo sexual, por lo que la solución principal que aportaban pasaba por abandonar la prostitución. Es decir, en primera instancia se producía una problematización del trabajo sexual, y los/as profesionales de la psiquiatría y/o la psicología no indagaban en el conjunto de causas que pudieran estar afectando al bienestar psicológico de la persona.

“Sobre todo, me he sentido violentada por profesionales de la salud mental. Hicieron una lectura del tema [trabajar en prostitución] como si me estuviera autodestruyendo, lo psicopatologizaron mucho. Pues cosas de mi vida que no tenían que ver con la prostitución enseguida las relacionaron con prostitución. Con lo cual tampoco estaban yendo a la diana correcta. A raíz de haber sido prostituta psicopatologizaron mucho mi sexualidad, porque consideraban que no era lo suficientemente íntima, monógama, emocional, etcétera. Que no estaba lo suficientemente sujeta a la heteronormatividad y al proyecto de tener una relación de pareja estable con alguien.” (Trabajadora sexual española, TS.1)

4.3     Elaboración e implementación de leyes: todo por las prostitutas, pero sin las prostitutas

La combinación de política abolicionista en materia de trabajo sexual y política migratoria restrictiva limita, en gran medida, la posibilidad de que las PDEP, en especial las migrantes, puedan acceder a derechos civiles y laborales (Oso, 2008). Por otra parte, es reseñable cómo en España los poderes políticos están desoyendo la voz de las trabajadoras del sexo e impidiendo que participen como interlocutoras válidas en la elaboración de las legislaciones que les atañen (Arella et al. 2007). En este sentido, dos de las PDEP entrevistadas resaltaron cómo habían sido ignoradas cuando habían intentado iniciar diálogos con representantes políticos, concretamente se refirieron a miembros del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) a nivel regional y estatal.

“Incluso en estas elecciones [elecciones generales de España del 28 de abril de 2019] por más que se insistió en que nos invitaran a los debates, el gobierno se declaró abolicionista, pero sin nunca consultar a las trabajadoras sexuales. Está claro que no estamos dentro de la agenda, ni del feminismo, ni de la política” (Trabajadora sexual mexicana, TS.3)

Por otro lado, los/as profesionales del tercer sector manifestaron que por lo que se sienten más violentadas las mujeres que captan a la clientela en la calle es por la ordenanza para luchar contra la prostitución del municipio de Murcia y por la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. Aunque mediante la ordenanza se aduce perseguir la igualdad, se está produciendo un aumento de las desigualdades entre las trabajadoras del sexo que ejercen en la vía pública y el resto de la población.

“Ellas se encuentran en una situación de una continua ansiedad y de tener miedo a salir de su casa (…). A las mujeres les causa mucha desazón, porque ellas temen que esa multa les vaya a perjudicar a la hora de sacar sus papeles de residencia que están en trámite, que los tienen que renovar o que se van a iniciar. Eso las victimiza mucho más, por lo que no se aplica la perspectiva de género de la ordenanza.” (Abogada, PR.6)

4.4     Garantes de la seguridad: multas y persecuciones a la hora de comprar el pan

Los/as profesionales del CATS destacaron que durante los primeros meses de la ordenanza antiprostitución las mujeres que captan a su clientela en el Barrio del Carmen se vieron muy acosadas, ya que son vecinas de la zona conocidas por la policía. A raíz de la ordenanza, los/as agentes comenzaron a poner multas a estas trabajadoras cuando salían a comprar, a recoger a sus hijos/as del colegio o cuando estaban paseando. Además, la policía comenzó a realizar sus labores de paisano, con lo que se les vulnera mucho más, porque ya ni siquiera pueden identificar quién es policía y quién no, lo que hace que todavía tengan más miedo. Asimismo, algunas mujeres no pueden pagar las multas, lo cual hace más difícil su ya delicada situación socioeconómica. Es importante destacar que en el Barrio del Carmen las trabajadoras del sexo no se ocupan en la vía pública, sino que captan a la clientela en la calle y prestan sus servicios en pisos.

“Lo resultante de la ordenanza para luchar contra la prostitución es una angustia vital total, o sea, las repercusiones son bestiales. Y eso es de lo que no se da cuenta la gente, el cómo puede afectar a una persona el hecho de tener miedo a bajar a comprar el pan (…). La policía local multa muchísimas veces sin seguir el texto de la ordenanza. O sea, ya tienen nombre y apellidos de las mujeres. O sea, son cuarenta y pico mujeres que se sabe quiénes son y en cuanto bajan de la casa pues las multan, porque saben que son trabajadoras del sexo, cuando ni siquiera están captando un cliente.” (Coordinador, PR1)

Por otro lado, a lo largo de las entrevistas se compartieron testimonios que relataban abusos sexuales por parte de miembros de la policía que se aprovechaban de su posición de poder, sobre todo ante trabajadoras/es del sexo migrantes en situación administrativa irregular.

“A veces, los policías venían de paisano a la barra y toqueteaban a las chicas, sobre todo a las nuevas. Ellas, como tenían miedo de que las deportaran, se dejaban tocar.” (Trabajadora sexual brasileña, TS.8)

“Cuando llegué a España y empecé a prostituirme había un patrullero que se pasaba por la zona dónde yo captaba la clientela. En esa época yo no tenía los papeles y los policías me decían que si no me iba con ellos y se la chupaba me iban a llevar al calabozo (…). Tuve que irme con ellos varias veces en el coche y hacerles lo que me pidieran.” (Trabajador sexual ecuatoriano, TS.4)

4.5     Entidades del tercer sector: del empoderamiento al paternalismo

Las personas entrevistadas afirmaron que el juicio por ser trabajadora sexual existe desde el momento en que lo primero que te ofrecen algunas ONG es una alternativa laboral, antes siquiera de escuchar las demandas de la persona a la que están atendiendo. A lo largo del trabajo de campo se pudo constatar que el principal inconveniente de los recursos ofrecidos por algunas entidades es su carácter discriminatorio, ya que tratan a las personas que ejercen la prostitución como ignorantes, vulnerables e indisciplinadas. Como resultado, la movilidad laboral de las PDEP se dificulta por la idea transmitida de que hay que reeducarlas en habilidades básicas antes de que puedan desempeñar otras tareas diferentes a la prostitución (Juliano, 2002). Por tanto, unos recursos de orientación laboral inapropiados, unidos al rechazo social y a la escasez de empleo, provocan que la inclusión de las PDEP en el mercado laboral reglado de la Región de Murcia se convierta en un objetivo realmente complejo. Así, por ejemplo, una de las trabajadoras sexuales entrevistadas (TS.1) se mostró disgustada tras acudir a Cáritas y preguntar por proyectos dirigidos a trabajadoras sexuales. El motivo fue que le mostraron un programa en el que se les enseñaba a las PDEP a actividades tan elementales como el lavado de la ropa. A pesar de que existen personas que necesitan de este tipo de recursos, resulta inapropiado que se oferten al colectivo de trabajadoras sexuales de forma genérica.

“Fui a Cáritas, y la monja que me atendió me estuvo explicando un montón de programas que tenían y, entre ellos, había un programa para prostitutas en el que les enseñaban a lavar la ropa, a planchar, a cuidar de sus hijos y de vez en cuando las llevaban de excursión al museo. Y yo le dije: “bueno, es que el hecho de que sean prostitutas no significa que no sepan hacer todas esas cosas.” (Trabajadora sexual española, TS.1)

Además, trabajadoras del sexo politizadas sienten que incluso desde las ONG pro-derechos muestran reticencias a la hora de que se autoorganicen, debido a que temen que las PDEP logren un empoderamiento tan sublime que ya no las necesiten, lo que podría desembocar en el cierre de estas entidades y en la pérdida de los empleos vinculados.

“Lo que yo siento, todavía, por parte de las asociaciones pro-derechos es que hay un tutelaje. Todavía no hay espacio para que nosotras tomemos nuestras propias decisiones o nos organicemos, y que las propias organizaciones nos apoyen al 100% sin cuestionar lo que estamos haciendo.” (Trabajadora sexual mexicana, TS.3)

“Las ONG chupan del bote y eso sí me violenta mucho (…). A mí me parece muy fuerte que la gente de las asociaciones tenga 14 pagas al año y yo no llegue a fin de mes.” (Trabajadora sexual mexicana, TS.3).

4.6     “Toda mujer tiene derecho a decidir, mientras no decida ser prostituta”. Feminismos y negación de la capacidad de agencia

Dentro de los feminismos la prostitución se entiende de diversos modos, dando lugar a que unos sectores batallen junto a las trabajadoras del sexo por la conquista de sus derechos, mientras que otros defienden una postura abolicionista/prohibicionista de la prostitución violentando, en ocasiones, al colectivo de mujeres al que afirman proteger. Durante las entrevistas, algunas de las trabajadoras del sexo participantes expresaron que sienten que desde el feminismo más institucionalizado solo hablan de los efectos del patriarcado y el capitalismo en su profesión, como si en las demás no estuviera presente.

“Estar trabajando, como yo, 25 horas a la semana en un restaurante por 500 euros no es ser una esclava del patriarcado ni del capitalismo, ¿verdad?” (Trabajadora sexual española, TS.9)

Por otra parte, en debates y conferencias sobre prostitución se ha producido la negación de los discursos de activistas pro-derechos, debido a que no encajan en el molde del discurso demonizador de la industria del sexo propio del feminismo abolicionista. Asimismo, entidades pro-derechos como el CATS han sido tildadas de proxenetas, mientras que las trabajadoras del sexo politizadas han sido tachadas de malas mujeres al no aceptar el estatus de víctima. El resultado es que muchas PDEP sientan un profundo malestar a la hora de participar en eventos relacionados con los feminismos, como le ocurrió a TS.6 cuando participó en la manifestación del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo del año 2019.

“Cuando yo fui a la manifestación del 8M fui asustadísima, fui con una máscara porque me di cuenta de que la necesitaba (…). Además, yo me sentía muy violentada porque yo no sabía qué personas y qué sector del 8M era el que me apoyaba (…). Hay un colectivo de mujeres, además inmenso, que tiene unos mensajes de odio que lo único que hacen es asustarte de verdad. Yo tenía un montón de miedo en el 8M.” (Trabajadora sexual peruana, TS.6)

4.7     El empresariado de la industria del sexo: el summum de la vulneración de derechos

En el análisis de los datos extraídos se ha mostrado cómo en los clubes de la Región de Murcia se vulneran múltiples derechos laborales: las jornadas de trabajo suelen ser de más de 12 horas; no disponen de vacaciones ni de días libres; el porcentaje de la ganancia en la venta de las copas es cada vez más bajo; los/as empresarios/as dan de alta a las trabajadoras como camareras, pero ellas tienen que pagarse la seguridad social, etc. Por otro lado, las PDEP afirman que el mayor abuso que se comete en los pisos de contactos es que se llevan porcentajes muy altos de su trabajo: al menos del 50%. Además, los empresarios/as de la industria del sexo, en ocasiones, intentan imponer prácticas sexuales y formas de trabajar con las que las PDEP no están de acuerdo.

“Ha habido sitios en los que me han echado del trabajo por no complacer al cliente 100% como los jefes querían que lo hiciera. Me dejaron dinero sin pagar e intentaban imponerme prácticas como sexo sin condón o sexo anal, pero mis apetencias van primero.” (Trabajadora sexual brasileña, TS.8).

4.8     La clientela: dar poco y pedir mucho

Durante el trabajo de campo todas las PDEP se quejaron de que algunos de sus clientes no respetan su trabajo, e intentan regatearles las tarifas para disfrutar de extensos servicios (con todo tipo de prácticas) por muy poco dinero. Por otro lado, tampoco se sienten respetadas cuando clientes con los que acuerdan un servicio no acuden a la cita y no llaman para cancelarla (situación que se torna muy habitual). En este sentido, una de las trabajadoras entrevistadas, aunque piensa que la prostitución es un buen trabajo para ella porque le permite conciliar con su faceta de madre y esposa, en varias ocasiones destacó la falta de consideración de los clientes.

“Igual que todo trabajo, tiene unos costes y unos beneficios, y ellos se piensan que solo tenemos beneficios. No lo paran a pensar y, a veces, solo te ven como un objeto al que follar.” (Trabajadora sexual española, TS.2).

Asimismo, existe un sector minoritario de clientes que abusa sexualmente de las PDEP o intenta chantajearlas para recibir servicios gratis. Cómo comentan desde el CATS, estos comportamientos violentos pueden afectar gravemente en a la salud física y psicológica.

“Hay un sector de clientes que no trata bien a las trabajadoras sexuales y hay algunas a las que le afecta en su propia autoestima. Hablando de violencias y de clientes… estaba pensando en los clientes que se rompen el preservativo. Que por cierto salió hace poco una sentencia en la que, efectivamente, se considera abuso sexual el romper un preservativo o quitarlo cuando se ha acordado una práctica sexual con preservativo (…). Las chicas me cuentan que les pasa, aunque no frecuentemente.” (Ginecóloga, PR.2).

Otra violencia que mencionaron algunas de las personas entrevistadas se refiere a los clientes que acuden a solicitar los servicios de las trabajadoras del sexo con falta de higiene, ya que piensan que por el hecho de pagar todo está permitido.

“Como van a pagar vienen todo mugrosos después de estar todo el día trabajando. Como van a pagar su mierda de 15 o 20 euros vienen todo cochinos a que les chupes la polla.” (Trabajadora sexual ecuatoriana, TS.5).

4.9     Profesionales de los medios de comunicación y de la academia: a la caza del morbo

Los medios de comunicación y las investigaciones académicas, en algunos casos, avivan el estigma asociado a la prostitución, ya que suelen mostrar a PDEP que presentan características como el consumo de drogas, enfermedades de transmisión sexual, problemas de salud mental o conductas delictivas. Durante los encuentros, las PDEP y los profesionales del CATS aludieron a la importancia que los medios de comunicación tienen en la construcción de las imágenes sesgadas sobre las PDEP. Destacan que existe la necesidad de desactivar la carga estigmatizadora que se da en el tratamiento sensacionalista del trabajo sexual, porque se tiende a mostrar una imagen de las/os prostitutas/os asociada con la delincuencia, la drogadicción y la desviación. Asimismo, las PDEP entrevistadas se sienten ignoradas en el desarrollo de investigaciones y debates que tienen que ver con su trabajo.

“Que escuchen a las mujeres trabajadoras. Que nos escuchen. Solo pedimos eso. Que si quieren hacer algún estudio que nadie hable por nosotras. No necesitamos que nadie hable por nosotras. Si hacen algún estudio que nos tomen en cuenta.” (Trabajadora sexual ecuatoriana, TS.5).

4.10          Otros/as responsables, otras violencias

“Yo procuro que lo que hago con una mano no se entere la otra mano. Me da mucha vergüenza y mucho respeto porque tengo familia (…). Si se entera mi familia me quitan hasta el apellido.” (Trabajadora sexual española, TS.7).

En el caso de TS.7, en principio, no podríamos hablar de violencia intrafamiliar que se haya materializado, pero sí de una anticipación al rechazo, lo que desemboca en una profunda autovigilancia y estrés. Esta trabajadora vivía ejercer la prostitución con gran angustia, y destacaba que para ella era una actividad temporal que solo realizaba cuando se encontraba en fuertes apuros económicos. También, se dan situaciones de ocultamiento a parejas y exparejas, sobre todo si hay hijos/as por medio. Y es que el hecho de ejercer la prostitución en manos de padres maltratadores puede utilizarse como chantaje y como una amenaza para la retirada de custodia.

“A partir de que mi exmarido empezó a sospechar que era prostituta fue un acoso constante y a perpetuidad. Tía, no he pasado mayor ansiedad en mi vida, al verle la cara y pensar que iba a agredirme.” (Trabajadora sexual peruana, TS.6).

Habría que mencionar, además, testimonios de PDEP que debido a su trabajo han tenido problemas de convivencia con compañeras/os de piso y con vecinos/os. Personas con los/as que mantenían una buena relación hasta que salió a la luz que se dedicaban a la prostitución.

“Una vez estuve en un piso de alquiler en el que me pusieron hasta cámaras de vigilancia en el pasillo para ver si entraban clientes a mi casa. Tuve enfrentamientos muy grandes con mis vecinos y con mi casero porque estaban vulnerando mi privacidad (…). Yo no entendía tanto revuelo, porque yo sobre todo trabajaba en la calle y a mi piso solo entraban unos pocos clientes de confianza.” (Trabajadora sexual ecuatoriana, TS.5). Como hemos podido comprobar a lo largo de estos diez sub apartados la violencia hacia las PDEP está caracterizada por su complejidad, tanto a nivel de la naturaleza de las agresiones (físicas, psicológicas, sexuales…), como de las/os agentes sociales responsables (cuerpos de seguridad estatal, trabajadoras/es sociales, periodistas…), lo que inserta a las PDEP en un clima de inseguridad ya que, por el hecho de ejercer la prostitución, en ocasiones, no se sienten respaldadas ni por sus redes sociales más íntimas.

 

5          Conclusiones

En el presente estudio el objetivo fundamental ha consistido en visibilizar a los colectivos que ejercen violencias hacia las PDEP, con el fin de situar el foco en las personas estigmatizadoras y responsables de las agresiones, y no tanto en el colectivo estigmatizado: las personas que trabajan en la prostitución. Para ello, se ha abordado desde la violencia física y sexual a la relacionada con la vulneración de derechos humanos, pasando por la vinculada al despojo de la capacidad de agencia mediante la victimización de las PDEP. Como se mencionó con anterioridad, la hipótesis de partida es que las condiciones laborales, la salud y las relaciones interpersonales de las PDEP están determinadas por la articulación de una cadena de violencias ejercidas por diferentes agentes sociales. Dicha hipótesis se ha confirmado, ya que las múltiples violencias abordadas a lo largo del texto no resultan inocuas. El resultado es la exclusión, una forma de violencia estructural que se deriva de las circunstancias del sistema; se trata de un recorrido social a través del cual las personas pierden progresivamente los vínculos que les unen con la sociedad. En este proceso existen factores desencadenantes que se acumulan, y combinan desventajas en los diferentes ámbitos de la vida de las PDEP (Tezanos, 1999).

Por otra parte, la principal violencia que perjudica a las PDEP y que supone el caldo de cultivo de gran parte de las restantes formas de violencia es el estigma de puta4. El rechazo social fruto del estigma se materializa en que algunos/as miembros de los cuerpos de seguridad del estado comentan abusos de poder; en que referentes feministas difamen y silencien a las PDEP; en que las ONG sientan que pueden llevar las riendas de la vida de las PDEP, a las que consideran víctimas carentes de autodeterminación; o en que la academia y los medios de comunicación busquen acumular audiencias y logros a partir del sensacionalismo con el que abordan las vidas y las realidades de las personas que ejercen la prostitución. Para sintetizar los resultados fruto del análisis de las entrevistas podemos observar la tabla 5: una herramienta analítica que identifica el estigma como eje vertebrador de las violencias, así como a los actores y a las actrices que las protagonizan.

En cuanto a las limitaciones de este estudio, destacaría que la accesibilidad al colectivo de trabajadoras/es del sexo que ejercen o han ejercido en la Región de Murcia ha sido compleja debido a la movilidad del colectivo y a la clandestinidad en la que muchas/os ejercen su trabajo. Por ende, la muestra de personas entrevistadas no es representativa y los resultados obtenidos no pretenden ser generalizables. No obstante, se considera que esta aproximación a las violencias que sufren las PDEP puede servir como punto de partida para realizar investigaciones más profundas en el territorio murciano, y para desarrollar estrategias en dos sentidos: en primer lugar, para prevenir las violencias mediante la realización de intervenciones con los actores y actrices que las ejercen y, en segundo lugar, para el diseño de programas destinados a apoyar a las PDEP que lo necesiten en el afrontamiento de estas agresiones.