Según un informe, no hay trata en la industria del sexo en Nueva Zelanda, pero el abuso de las inmigrantes está muy extendido

 

Por THOMAS MANCH 

17 de abril de 2018

https://www.stuff.co.nz/national/crime/103129627/no-trafficking-in-nz-sex-industry-but-migrant-abuse-is-widespread-report-finds

 

Un informe internacional no ha encontrado evidencia de trata en la industria sexual de Nueva Zelanda, pero sí evidencia de explotación de inmigrantes (Foto de archivo)
KELLY HODEL / STUFF

 

 

Nueva Zelanda debe legalizar el trabajo sexual de las inmigrantes para prevenir la trata de personas, dicen los defensores de la industria del sexo.

Un informe internacional no ha encontrado pruebas contundentes de trata de personas en nuestra industria del sexo, pero se informa ampliamente sobre el abuso contra las trabajadoras sexuales inmigrantes ilegales.

Las trabajadoras inmigrantes describen ser violadas, abusados ​​racialmente, sobrecargadas de trabajo y chantajeadas por los clientes. También tienen miedo de recurrir a las autoridades por temor a la deportación.

La coordinadora del Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, Catherine Healy, estuvo de acuerdo en que la ley actual permitía la trata en la industria sexual de Nueva Zelanda, y dice que las inmigrantes podrían estar protegidas por la ley de prostitución para evitar la trata y la explotación.
CAMERON BURNELL / STUFF

 

La Ley de Reforma de la Prostitución de 2003 prohíbe a cualquier titular de un visado temporal en este país realizar servicios sexuales.

El informe, publicado por la Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres (GAATW), con sede en Tailandia, dice que la política actual aquí crea condiciones que conducen a la trata, en lugar de proteger contra ella.

El ministro de Inmigración Iain Lees-Galloway apoya la legislación que prohíbe a las inmigrantes el trabajo sexual.
DAVID UNWIN / STUFF

 

Amy, una trabajadora sexual inmigrante de China que fue entrevistada para el informe, describió a las trabajadoras sexuales como alentadas a venir a Nueva Zelanda para ganar grandes sumas de dinero.

Los clientes perciben a las trabajadoras sexuales asiáticas como sumisas en comparación con las trabajadoras locales, a menudo saltándose los límites y volviéndose abusivos, dijo Amy.

“Te agarrarán y dirán, ‘Voy a hacer esto’ y tú puedes decir ‘no’ pero no te escucharán”.

Se dijo que las trabajadoras habían recibido múltiples amenazas de informar a Inmigración de Nueva Zelanda, con el fin de extorsionarlas para recibir de ellas servicios gratuitos o denegados.

El capítulo de Nueva Zelanda del informe, escrito por la criminóloga Lynzi Armstrong de la Universidad de Victoria, en conjunción con el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (NZPC), se presentará en Wellington el martes.

“Todas las participantes fueron inequívocas al decir que no habían observado ni escuchado ningún caso de personas forzadas a venir a Nueva Zelanda para dedicarse al trabajo sexual”, dijo Armstrong en el informe.

“Esto fue consistente con los datos existentes, lo que demuestra que a pesar de las intensas investigaciones de Inmigración de Nueva Zelanda, hasta la fecha no se han identificado casos de trata de personas en la industria del sexo”.

La cofundadora de NZPC, Catherine Healy, dijo que no había una explicación clara para la falta de trata, en su definición estricta, en la industria del sexo de Nueva Zelanda.

“Se ha buscado seriamente. Encontrarás a mucha gente que dice que hay trata, pero cuando les preguntas sobre algún caso que hayan conocido, no pueden decir nada”.

Pero los casos de explotación justificaron la petición de derogar la prohibición de que las inmigrantes realicen trabajo sexual, dijo.

El viernes, dos trabajadoras sexuales inmigrantes se pusieron en contacto con Healy porque necesitaban ayuda para salir de una situación con aspectos relacionados con la trata de personas.

NZPC tuvo que asegurarles a las mujeres que era poco probable que la policía notificara a los funcionarios de inmigración. Los oficiales luego ayudaron a resolver el problema.

Se necesitó un “cortafuegos” entre la policía e Inmigración de Nueva Zelanda para formalizar dicha protección, dijo.

Tanto Inmigración de Nueva Zelanda como la policía han sido contactados para que comenten acerca de acciones de aplicación de la ley.

El Comisionado de Igualdad de Oportunidades de Empleo, Dr. Jackie Blue, dijo que la ley de Nueva Zelanda podría haber sido “líder mundial” en su momento, pero que ahora requería una enmienda para incluir a las inmigrantes.

El ministro de Inmigración, Iain Lees-Galloway, dijo en un comunicado que la ley actual cumplía con las obligaciones de Nueva Zelanda en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

“Apoyo esa postura porque me preocupa que cualquier medida para derogar [la prohibición contra las trabajadoras sexuales inmigrantes] pueda fomentar la trata sexual. Pero estoy abierto a cualquier nueva evidencia que pueda presentarse sobre este tema”.

Lees-Galloway había buscado el consejo de funcionarios para realizar una revisión de la explotación de inmigrantes.

“Aunque a menudo es muy difícil detectar estos delitos, sabemos que está ocurriendo”.

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Posicionamiento de AMMAR frente a la criminalización del trabajo sexual


Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (ammar)

 

19 de abril de 2018

 

 

 

Las Trabajadoras Sexuales hemos denunciado en innumerables oportunidades la vulneración de derechos que sufrimos por la confusión que existe entre trata y trabajo sexual. La modificación de la ley de trata en el 2012 (Ley 26.842) eliminó la posibilidad de que se pueda prestar consentimiento para dedicarse a esta actividad y anuló las voces de las Trabajadoras Sexuales. A partir de ese momento se reforzó el estigma que pesa sobre nosotrxs y en el ámbito del Poder Judicial se difundió una interpretación polarizada que impide el ejercicio del trabajo sexual. En este ámbito nuestros testimonios no son validados; bajo este esquema sólo se escucha a quien se identifica como víctima de explotación sexual mientras que aquellas mujeres que no encajan en ese perfil son consideradas automáticamente como victimarias.

La ley de trata de 2012 también amplió el ámbito de las conductas criminalizables generando que se penalice inclusive la más mínima organización para el desarrollo del trabajo sexual y habilitó que se juzgue por ejemplo, a quien suscriba el alquiler del espacio y lo ponga a disposición de otras trabajadoras para afrontar colectivamente los gastos, a quien publicite por medio de páginas web o de volantes en la vía pública, o a quien figure en la boleta de algún servicio. Quien asuma las responsabilidades propias de la organización para la prestación de servicios se expone a ser condenada por explotación sexual.

Todas las leyes que se han sancionado para gobernar la prostitución a lo largo del tiempo han buscado impedir cualquier acción que implique que las trabajadoras sexuales podamos organizarnos. Los estudios, investigaciones e informes de Ammar y de Organismos internacionales como Amnistía Internacional y la CIDH han dado sobrada cuenta de los efectos concretos de estas políticas sobre la vida de las Trabajadoras Sexuales. En Argentina, las políticas anti-trata han producido las cifras más altas de criminalización de mujeres en relación a cualquier otro delito, procesándolas y acusándolas de explotación por ser parte de la organización del trabajo sexual.

Además de la sanción en el Código Penal se han promovido normas sancionatorias que impiden la publicidad de la oferta de servicios sexuales o cualquier conducta que pueda ser considerada promoción o facilitación de la actividad. La amplitud de estos verbos da lugar a la persecución de un sinfín de conductas que forman parte de la vida cotidiana de las trabajadoras sexuales.

El Poder Judicial machista, clasista y patriarcal reduce el amplio espectro de realidades en un esquema de víctimas vs. victimarias en el desarrollo del trabajo sexual, un criterio que ha sido amplificado por los medios de comunicación que irresponsablemente reproducen testimonios de jueces y fiscales sin tener en cuenta las voces de las trabajadoras sexuales. Todo esto implica no comprender la clandestinidad y la estigmatización por la que estamos atravesadas quienes intentamos organizarnos para trabajar; ignorando con estos métodos la clara advertencia que nos hizo bell hooks “la sororidad es una relación de poder”.

La ley de trata impide a las trabajadoras sexuales la posibilidad de trabajar de manera colectiva y organizada porque todos los lugares donde podemos ejercer de esta forma están criminalizados. De esta forma solo nos dejan una opción: trabajar solas y en el espacio público inventando formas de resistencia individuales frente a la violencia policial habilitada por Códigos Contravencionales sancionados durante la última dictadura militar y que penalizan la oferta de servicios sexuales en la vía pública con condenas de hasta 30 días en 18 provincias del país.

Ayer y hoy los medios de comunicación difundieron una noticia en la que afirman que una dirigente de AMMAR está condenada por trata cuando en realidad no existe una condena firme hacia nuestra compañera. Como en otros casos de lamentable actualidad, el principio de inocencia deja de tener vigencia. Ella está siendo procesada por organizarse con otras trabajadoras sexuales y porque era quien administraba el dinero para el pago del alquiler y los servicios de la casa donde ejercían.

El nombre de nuestra compañera está figurando en distintos titulares como victimaria cuando es una mujer pobre trabajadora sexual de 45 años, madre de cinco hijos, que migró de Jujuy a Mar del Plata para buscar otras oportunidades y que alquilaba un lugar para ejercer el trabajo sexual. Las trabajadoras sexuales sabemos por experiencia que el derecho penal es la mejor herramienta para abolir cualquier forma de trabajo sexual y que termina criminalizando a mujeres de sectores populares que frente a otras opciones encuentran en esta actividad mejores ingresos y mayor cuota de autonomía que en los otros trabajos disponibles para ellas. El derecho penal no busca protegerlas, sino empujarlas a un marco de marginalidad y clandestinidad.

Desde nuestra militancia seguiremos exigiendo el reconocimiento de nuestro trabajo, la modificación de la ley de trata que equipara trata y trabajo sexual, el acceso a derechos laborales y la legalización de las formas de organización del trabajo, la derogación de los Códigos Contravencionales que criminalizan la oferta de servicios sexuales en la vía pública y el respeto a las decisiones que tomamos sobre nuestros propios cuerpos.

#TrabajoSexualEsTrabajo

 

La Prisión Militante. Las cárceles franquistas de mujeres de Barcelona y Madrid (1939-1945)

 

El continuo trasiego de prostitutas callejeras en las prisiones constituye otro buen ejemplo de persistencia de prácticas punitivas de largo arraigo, apenas alteradas por los discursos oficiales y las legislaciones “humanizadoras”. Los ingresos de esta clase en las cárceles de Madrid y Barcelona en los años cuarenta dieron así continuidad a una pauta establecida más de un siglo atrás, con las tradicionales políticas reglamentaristas contra la prostitución. Y es que las quincenarias constituían un clásico sujeto de redención, buenas conocedoras tanto de las prisiones como de las instituciones correctoras. De ellas también se ocuparía el Nuevo Estado franquista, convirtiéndolas en visitantes asiduas de las cárceles o creando incluso prisiones especiales para ellas, gestionadas por órdenes como las oblatas o las adoratrices.

 

Por Fernando Hernández Holgado

 

Resumen

 

Tesis doctoral dirigida por la profesora Gloria Nielfa Cristóbal y leída en la Universidad Complutense de Madrid, mayo de 2011. 872 páginas con índices y anejos (3), más un cuarto anejo compuesto por 43 fotografías.

 

https://journals.openedition.org/ccec/3749#article-3749

 

 

Mirar por el ojo de una cerradura para contemplar el vasto panorama de la represión carcelaria femenina de los seis primeros años de posguerra: la frase podría resumir el objetivo de esta tesis. Sólo que, en aras de ganar algo de perspectiva, el ojo de la cerradura es doble: dos de las principales prisiones femeninas de posguerra, las de las capitales más pobladas, ocupadas por las tropas vencedoras de la guerra el mismo año de 1939, tan sólo con un par de meses de diferencia: Ventas, como principal prisión madrileña, y les Corts, en la capital barcelonesa.

En cuanto a la acotación cronológica, limitada al periodo 1939-1945, sigue de cerca el proceso de creación y “solución” de lo que el propio régimen denominó el “problema penitenciario”: un rapidísimo y desproporcionado crecimiento de la población reclusa en el lapso de un par de años, seguido de un decrecimiento pautado por los diversos decretos de concesión de libertad condicional. Esta tendencia a la baja culminó simbólicamente en octubre de 1945 con el decreto que concedió el indulto a los encartados por delitos de rebelión militar cometidos con anterioridad al primero de abril de 1939. El año de 1945, relacionado con el desenlace de la guerra mundial —trasfondo de esperanza para la reclusión política— vino a señalar el final del tiempo de los grandes hacinamientos.

Cifras 

Al contrario que en el caso de la prisión barcelonesa de Les Corts, de la que gracias a la documentación penitenciaria sabemos alcanzó su mayor cota de hacinamiento en agosto de 1939 con más de mil ochocientas mujeres y unos cuarenta niños, por desgracia seguimos sin tener una constancia documental de la cifra de ingresos de Ventas a lo largo de 1939. Sólo los testimonios orales y algunas fuentes documentales residuales nos hablan de una oleada masiva de detenciones y encarcelamientos. Una oleada en la que, según Trinidad Gallego, se “deshacían familias enteras” y en la que menudeaba la confusión de ámbitos y esferas –política y moral, pública y privada- en el proceso de incriminación política, donde hasta la conducta sexual podía ser objeto de información e investigación.

Para finales de 1940, sin embargo, contamos con el auxilio de la importante fuente de los padrones municipales, que señala cerca de seiscientas presas en la prisión habilitada de Claudio Coello y más de mil setecientas en Ventas. Esta fuente, si bien nos obliga a corregir ciertas exageraciones en los testimonios, nos sugiere al mismo tiempo que la población reclusa de Ventas del llamado Año de la Victoria debió de ser enorme, sobre todo si tenemos en cuenta que hacia finales de 1940 se habían producido ya numerosas expediciones a otros penales. Para Barcelona, por cierto, el padrón de aquel mismo año nos ha arrojado la cifra de novecientas cincuenta reclusas, bastante lejana de las cerca de dos mil quinientas de la capital madrileña, sumando las de las tres prisiones existentes por aquel entonces: Ventas, Claudio Coello y la maternal de San Isidro.

Este último dato, junto con el mayor número de fusiladas de Madrid, setenta y una presas de Ventas y Claudio Coello en 1939-1940, frente a las once de Les Corts para el mismo periodo, nos ha puesto sobre la pista de un diferencial represivo entre las dos capitales. Esta diferencia se explica y adquiere coherencia en el marco de las cifras totales de ejecuciones en ambas provincias, tanto para hombres como para mujeres, y que en el caso madrileño fue llamativamente mayor –con cerca de tres mi ejecutados para el periodo 1939-1945- que en Barcelona, con más de mil setecientos para un periodo mayor.

La fotografía fija 

6La metáfora de la fotografía fija, de la imagen paralizada en el tiempo, ilustra bien la realidad anterior del encarcelamiento femenino en España, a tener en cuenta en un trabajo cono el que nos ocupa. Estamos hablando de una práctica o rutina punitiva asentada durante siglos, marcada por el riguroso encierro intramuros, la disciplina del trabajo de costura —“el propio de su sexo”— enfrentado al ocio como “fuente de todo pecado” y la omnipresencia de los agentes religiosos —monjas y capellanes— en su tarea correctora-moralizadora.

Este modelo de encierro femenino, asentado en las diversas reglamentaciones hasta la llegada de las reformas republicanas, permanecería ajeno al discurso modernizador de lo penal que en la práctica quedaría reducido a la realidad penitenciaria masculina disfrazada de universal. Nunca hubo prisiones modelo para las presas, que continuaron habitando vetustos e insalubres caserones por lo menos hasta la época de la Segunda República y la guerra. Las Hijas de la Caridad de la orden vicenciana, de origen francés, las popularmente denominadas Paúlas, pasaron a formar parte indisociable de las cárceles de mujeres en el imaginario colectivo hasta comienzos de la década de los treinta del siglo XX. Estamos hablando de más de medio siglo de labor continuada que retomaría el bando sublevado ya en plena guerra civil.

Este encierro femenino de características más o menos punitivas o “correctoras” desbordaba además las cárceles femeninas para abarcar toda una compleja gama de instituciones asilares gestionadas por órdenes religiosas, desde Casas de Caridad y hospicios de recogidas hasta asilos y colegios para “jóvenes descarriadas”. Adoratrices, Oblatas, Micaelas, Hijas de la Caridad o del Buen Pastor terminaron dibujando un confuso paisaje que solía fundir en su seno las actividades de moralización y beneficencia. El continuo trasiego de prostitutas callejeras en las prisiones constituye otro buen ejemplo de persistencia de prácticas punitivas de largo arraigo, apenas alteradas por los discursos oficiales y las legislaciones “humanizadoras”. Los ingresos de esta clase en las cárceles de Madrid y Barcelona en los años cuarenta dieron así continuidad a una pauta establecida más de un siglo atrás, con las tradicionales políticas reglamentaristas contra la prostitución. Y es que las quincenarias (1) constituían un clásico sujeto de redención, buenas conocedoras tanto de las prisiones como de las instituciones correctoras. De ellas también se ocuparía el Nuevo Estado franquista, convirtiéndolas en visitantes asiduas de las cárceles o creando incluso prisiones especiales para ellas, gestionadas por órdenes como las oblatas o las adoratrices.

La fotografía se mueve 

He mantenido en mi trabajo que la fotografía fija de la experiencia penitenciaria femenina se movió brevemente con las reformas republicanas, sobre todo las promovidas por Victoria Kent, la primera directora general de Prisiones de la historia de España. Sus mejores ejemplos fueron la sustitución de las Hijas de la Caridad en las cárceles femeninas por el primer cuerpo de funcionarias civiles especializadas, la Sección Femenina Auxiliar del Cuerpo de Prisiones, y el proyecto de creación de la prisión “moderna” de Ventas, en Madrid, que sería inaugurada en 1933. Los proyectos de una prisión modelo femenina para Barcelona se verían constantemente frustrados hasta la guerra, en consonancia con el punto muerto en que cayeron las competencias de Prisiones del Estatut d’Autonomia de 1932 pendientes de traspaso tras los sucesos de octubre de 1934.

Al final no serían efectivamente las reformas del periodo de paz, sino la revolución del 19 de julio de 1936 la que acabaría drásticamente con la desprestigiada Presó Vella de Barcelona. A partir de entonces, quien tomaría el testigo de la recomposición de la administración penitenciaria en Cataluña serían las autoridades autonómicas, asumiendo las competencias que les habían correspondido y algunas más. La instalación del nuevo correccional de dones en el antiguo asilo de monjas de Les Corts, con una vocación de prisión modélica y humanitaria, así como las recurrentes contrataciones de nuevo personal femenino por la Generalitat, vinieron así a dar continuidad en pleno periodo bélico a las reformas republicanas de 1931.

Monjas de Franco

Sabido es que el “problema penitenciario” tuvo su reflejo, para el Nuevo Estado franquista, en la necesidad de multiplicar tanto las cárceles como el personal adecuado para dirigirlas y gestionarlas. Para ello, los propagandistas católicos instalados en el Servicio Nacional de Prisiones, encabezados por el coronel Máximo Cuervo, recurrieron a significados elementos del antiguo aparato penitenciario de la monarquía, forjando así una continuidad burocrática esencial.

Pero al margen del personal civil, el Nuevo Estado contó desde un primer momento con la eficaz colaboración del estamento religioso en la organización del mundo penitenciario, y eso fue todavía más cierto y evidente en el caso de las cárceles de mujeres. Ya durante el periodo de guerra las monjas retomaron así nuevamente su papel secular, sólo que esa vez ya no se trató de las treinta y cuatro Hijas de la Caridad expulsadas por Victoria Kent en el año 1932. Fueron decenas las órdenes religiosas femeninas que tras el hiato republicano volvieron a las prisiones de mujeres de la mano de los sublevados.

Algo, sin embargo, había cambiado irremediablemente durante aquellos pocos aunque decisivos años de guerra. La politización de estas órdenes, alimentada por el recuerdo constante de la “Cruzada” y del sufrimiento padecido durante “la dominación roja”, era más que evidente, pero es que las usuarias de las cárceles también habían cambiado de manera radical. Aparte de las inevitables quincenarias, el perfil dominante de la presa durante la guerra y la primera posguerra fue el de la roja como encarnación concreta de la AntiEspaña. La tradicional dialéctica entre correctoras y corregidas vio reforzados sus términos de oposición con el aporte de la variable político-ideológica. De esta manera, los agentes religiosos de los distintos proyectos de corrección-moralización femenina que se habían ensayado en España durante décadas, desde las paúlas de las antiguas galeras hasta las micaelas de asilos y reformatorios, vinieron a perpetuarse dentro del organigrama penal-punitivo del Nuevo Estado, bajo el discurso redentorista. La fotografía fija secular del mundo prisional femenino ganaba así tanto en vista panorámica como en riqueza de detalles.

Redención femenina 

Uno de los propósitos de este trabajo ha sido demostrar, en el doble programa exterminista-redentorista del bando vencedor, y por lo que se refiere a la vasta actividad de la llamada Obra de Redención de Penas por el Trabajo, la existencia de una redención propiamente femenina. Más allá de su utilización como herramienta de propaganda y de sometimiento de presas y presos -al convertirse en el camino obligado y controlado hacia la libertad condicional- el presunto “derecho” a la redención de pena acusó un evidente sesgo de género que se manifestó en múltiples aspectos. No fue una casualidad que las primeras reglamentaciones de 1938 contemplaran el trabajo de las reclusas en “talleres de labores y trabajos adecuados a su sexo” en establecimientos que, ya por aquel entonces, se estaban encomendando a congregaciones religiosas. Concretamente, los creados en 1941 en Madrid y Barcelona para la fabricación de ropa para hijos de reclusos constituyeron un perfecto escaparate del modelo de domesticidad femenina perseguido: las propias presas cosiendo ropa para sus hijos y los de sus compañeras. Al mismo objetivo sirvieron otras iniciativas como la escuela del hogar patrocinada por la sección femenina de Falange en Ventas, en colaboración con las congregaciones religiosas.

El lugar aparentemente secundario de la presa política en el discurso de redención de penas por el trabajo no debe hacernos olvidar que, al margen de la tardía creación y desigual extensión de los talleres de costura en los diferentes centros, la inmensa mayoría de las reclusas redimió pena instruyéndose y trabajando como paso obligado para su libertad. La documentación interna conservada nos habla de mujeres trabajando en destinos, “cargos” y todo tipo de servicios auxiliares y eventuales. En cuanto a los talleres de costura oficiales, su utilidad no quedaba ni mucho menos agotada con su función propagandística: constituían operaciones de explotación laboral de no poca importancia económica para la propia infraestructura del sistema penitenciario. Finalmente, y tropezamos aquí con la limitación de las fuentes escritas y documentales, la realidad laboral de las reclusas no se agotó en el trabajo oficial de redención de penas. Mayor importancia para su supervivencia personal y la de sus familias tuvo el trabajo de costura privado que realizaron masivamente por su cuenta y que, lógicamente, no les reportó reducción alguna de condena.

La cultura 

Para terminar, me gustaría caracterizar brevemente esa comunidad cultural e identitaria femenina que he denominado “la prisión militante”, manifestada en ambas cárceles. En la configuración de esta identidad colectiva pesó de manera especial su relación especular y excluyente con el heterogéneo grupo carcelario de las presas “no políticas”, las “comunes”. Y es que la conciencia de la diferencia entre ambas devenía fundamental: la confusión debía ser evitada a toda costa, lo cual no siempre resultaba fácil, dada la mezcolanza de criterios políticos y morales en la represión femenina durante el franquismo. Al margen de los contactos o colaboraciones ocasionales entre comunes y políticas, los términos de diferenciación se extremaron en el caso de las prostitutas callejeras o clandestinas, al abarcar todos los aspectos de la vida, desde la higiene del cuerpo hasta los códigos de conducta, pasando por la misma sexualidad.

El conflicto europeo, con la esperanza puesta en la victoria aliada, fue el paisaje de fondo de la génesis y desarrollo de esta prisión militante. El proceso temporal fue sincopado: tras un crecimiento sin precedentes de encarcelaciones, el decrecimiento progresivo terminaría colocando a las presas políticas en minoría frente a las comunes. Tras el final de la guerra mundial seguirían otras luchas, otros relatos, pero la prisión militante como comunidad cultural había forjado y atesorado el recuerdo de los peores hacinamientos, de la más cruel represión y de toda una épica resistente formada por relatos de fugas, de huelgas de hambre, de actos de resistencia y actividades de autoformación, de iniciativas de solidaridad.

Fue en esta época cuando la primera generación de las presas del franquismo configuró toda una cultura, esencialmente femenina. No tanto una cultura política sino una suerte de prisoner culture, tal como la definió Clemmer, entre cuyas formas de transmisión representaron un papel esencial los relatos y las canciones, la narración oral como recurso de socialización por excelencia. Las historias y las canciones de las luchas y de las anécdotas siempre edificantes se aliaron con la rememoración veraz de los sucesos, de las fechas y de los nombres con un sentido claro de denuncia, de compromiso con una lucha política. Ese caudal de oralidad ha sido precisamente una de las fuentes principales, imprescindibles de estudio.

El constante trasvase de reclusas de unas a otras cárceles hizo posible que las presas políticas de las dos principales capitales españolas, al margen de sus diferencias partidarias, se sintieran miembros de una misma comunidad y protagonistas de un mismo relato. Fue en este marco cultural donde confluyeron, algunas veces en conflicto, las distintas tradiciones o culturas políticas partidarias que, hacia 1946 o 1947, quedaron prácticamente reducidas a una: la comunista. Para entonces, tanto Ventas como Les Corts habían perdido peso específico en el imaginario de esa comunidad cada vez más reducida, en favor de otras prisiones centrales. Pero al margen de los respectivos destinos de los edificios físicos de las cárceles de Madrid y Barcelona, buena parte de las mujeres depositarias de esa memoria colectiva de la prisión militante forjada fundamentalmente durante el periodo 1939-1945 continuaron encerradas, cumpliendo sentencias por delitos de posguerra. Algunas permanecerían en prisión hasta 1960, como Manolita del Arco, o serían nuevamente encarceladas, como Isabel Vicente en Les Corts o Trinidad Gallego en Ventas. Fueron principalmente estas mujeres las que durante los años que les restaron de vida, los que quedaban del franquismo y la Transición, sintiéndose todavía parte de aquella gran familia de cárcel, continuaron relatando sus historias, desgranando su relato con un sentido pedagógico y de denuncia.

 

Referencia electrónica:

Fernando Hernández Holgado, « La Prisión Militante », Cahiers de civilisation espagnole contemporaine [En ligne], 8 | 2012, mis en ligne le 27 février 2012, consulté le 18 avril 2018. URL : http://journals.openedition.org/ccec/3749 ; DOI : 10.4000/ccec.3749


1.- quincenario, a 2s. DERECHO Preso que está cumpliendo una quincena.

Balance de dos años de penalización de clientes en Francia

 

 

¿Qué piensan las trabajadoras sexuales de la ley de prostitución? 

Encuesta sobre el impacto de la ley de 13 de abril de 2016 contra el “sistema prostituyente”

 

12 de abril de 2018

 

 

AUTORES
Hélène Le Bail, encargada de investigación Sciences Po-CERI, CNRS.
Calogero Giametta, investigador para el proyecto europeo ERC “Sexual Humanitarianism: Migration,
Sex Workand Trafficking”. Kingston University et Aix Marseille Université.

 

http://www.sexworkeurope.org/news/news-region/medecins-du-monde-publish-two-years-evaluation-report-law-penalising-clients-france

 

El objetivo principal de este estudio es evaluar el impacto de la ley n ° 2016-444 (aprobada por el parlamento de Francia el 13 deAbril de 2016 con el objetivo de reforzar la lucha contra el sistema de prostitución y apoyar a las prostitutas) en las condiciones de vida y de trabajo de las trabajadoras sexuales. Este es un estudio cualitativo centrado en los puntos de vista de las trabajadoras sexuales que están siendo directamente afectadas por la ley. Para los fines de este análisis, se realizaron entrevistas con 70 trabajadoras sexuales (se consultó a otras 38 trabajadoras sexuales a través de grupos focales y talleres). Se realizaron otras 24 entrevistas y grupos focales con grupos de trabajadoras sexuales u otras organizaciones que trabajan con trabajadoras sexuales en toda Francia. Dos investigadores (en ciencias políticas y sociología) supervisaron el estudio y analizaron los resultados en estrecha colaboración con 11 organizaciones activistas. Junto a este estudio cualitativo, también se realizó una encuesta cuantitativa entre enero y febrero de 2018 en la que participaron 583 trabajadoras sexuales, los resultados de cuya encuesta fueron integrados en este informe.

En Francia, antes de la penalización de los clientes de las trabajadoras sexuales en 2016, las trabajadoras sexuales fueron blanco directo de la penalización por captación pública, penalización que había sido reforzada por la Ley de Seguridad Nacional (LSI) de 2003. La legislación aprobada en 2016, inspirada en el marco legal sueco, buscaba el fin de la prostitución penalizando a los clientes en lugar de a las trabajadoras sexuales. Sin embargo, a pesar del objetivo declarado de la ley de proteger a las trabajadoras sexuales, la mayoría de las trabajadoras sexuales que entrevistamos revelan que la penalización de los clientes ha sido en la práctica más perjudicial para ellas mismas que las leyes anteriores contra la captación. La gran mayoría de las entrevistadas informaron de que tienen mucho menos control sobre sus condiciones de trabajo, ya que el número de clientes ha disminuido desde que entró en vigencia la nueva ley. Las consecuencias se notaron incluso antes de la aplicación de la nueva ley, debido a la mediatización de este asunto durante los debates parlamentarios. Por estas razones, las entrevistadas se oponían casi unánimemente a la penalización de los clientes.

Este estudio reveló una clara discrepancia entre la política nacional de “protección” de las trabajadoras sexualesy las políticas locales que continúan enfocándose en la represión de las trabajadoras sexuales. A nivel local, con el objetivo de mantener el orden público, las ordenanzas municipales y los controles de identidad rutinarios dirigidos a las trabajadoras sexuales significan que todavía son más frecuentemente penalizadas que sus clientes. Aunque algunas entrevistadas indicaron que tienen buenas relaciones con la policía, la mayoría de las veces la policía no es vista como una fuente de protección. Las trabajadoras sexuales a menudo nos contaban acerca de episodios de intimidación por parte de la policía, que incluían presiones para denunciar clientes y, si no estaban documentadas, amenazas de deportación si no obedecían.

Aunque la mayoría de las trabajadoras sexuales han continuado su actividad desde la promulgación de la nueva ley, sus condiciones de trabajo se han deteriorado severamente. En contraste con las afirmaciones de que la nueva ley, al disminuir la demanda (clientes), también disminuiría la oferta (trabajadoras sexuales) entrevistas realizadas con las organizaciones muestran que no ha disminuido el número de trabajadoras sexuales. La ley ha tenido un efecto perjudicial en las condiciones de seguridad y de salud y en la vida en general de las trabajadoras sexuales. La ley ha tenido un impacto negativo en su autonomía como trabajadoras, en los riesgos que pueden estar dispuestas a aceptar, y en el estigma social y las dificultades financieras. Casi todas las trabajadoras sexuales y todas las organizaciones entrevistadas han notado un cambio en la relación de poder entre las trabajadoras sexuales y sus clientes, ya que los clientes se sienten con más derecho a imponer sus condiciones (es decir,prácticas sexuales desprotegidas, precios reducidos, falta de voluntad de pago, etc.), viéndose a sí mismos como los que asumen el riesgo con respecto a la ley. Ha llevado a un empobrecimiento creciente, especialmente entre las personas que ya viven en condiciones precarias, es decir, las inmigrantes indocumentadas que trabajan en la calle. El 62.9% de las encuestadas en nuestra encuesta cuantitativa dijo que su calidad de vida general se ha deteriorado desde abril de 2016 y el 78.2% dijo que sus ganancias han disminuido. En general, la ley ha impulsado a las trabajadoras sexuales a operar en condiciones de mayor riesgo, con implicaciones peligrosas para su salud. Muchas entrevistas destacaron una disminución preocupante en el uso del condón y un aumento en las dificultades para continuar el tratamiento para las personas VIH positivas. El estrés creado por el empeoramiento de las condiciones de trabajo causa diversos problemas de salud psicosomáticos por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, depresión y pensamientos suicidas. Los resultados de la encuesta cualitativa también revelan que han aumentado los casos de violencia de todo tipo: insultos en la calle, violencia física, violencia sexual, hurto y robo a mano armada en el lugar de trabajo. Empobrecimiento, aumento de los riesgos para la salud y mayor exposición a la violencia forman un círculo vicioso.

Además de la penalización de los clientes, la ley de 2016 también incluyó la creación de un “programa de salida” que proporcionaría a las trabajadoras sexuales elegibles acceso a ayuda financiera, un permiso de residencia temporal de seis meses (que se puede renovar un máximo de tres veces) y el apoyo de una organización acreditada para acceder a vivienda y empleo. A pesar de que el apoyo brindado por el programa de salida está globalmente en línea con las necesidades de las trabajadoras sexuales que desean cambiar de actividad, las organizaciones y las trabajadoras sexuales son sumamente críticas con respecto a la implementación del programa de salida. El criterio para acceder al programa de salida y las limitaciones del soporte proporcionado (por ejemplo, dificultad de acceso a la vivienda, obstáculos para solicitar un permiso de residencia, ayuda financiera insuficiente) disuaden a la mayoría de las personas de hacer la solicitud y, en particular, a aquellas que están más necesitadas de apoyo. La crítica al programa de salida también se deriva de las tergiversaciones de la industria del sexo que produce. Dado que el apoyo se otorga solo a las personas que aceptan dejar de hacer el trabajo sexual, esto puede ser visto como una violación básica de su dignidad humana y una condición irreal, por razones financieras, para la mayoría de las trabajadoras sexuales. Además, las trabajadoras sexuales están obligadas a renunciar a una actividad que no es en sí misma ilegal. Este es un problema tanto legal como ético que comparten los trabajadores sociales que apoyan a las trabajadoras sexuales a lo largo de los procedimientos administrativos mientras solicitan un programa de salida.

La creación de comités que se supone que supervisan la implementación del programa de salida en cada región administrativa ha sido muy lenta desde abril de 2016. Estos comités, presididos por prefectos locales e incluyendo representantes de los servicios del gobierno local, deben validar cada solicitud al programa de salida. Dos años después de la promulgación de la ley, estos comités todavía no existen en muchas áreas. Las organizaciones que deseen apoyar a las solicitantes al programa de salida deben primero solicitar la certificación antes de que puedan presentar las solicitudes. Tanto las trabajadoras sexuales como las organizaciones entrevistadas expresaron un gran escepticismo con respecto a la utilidad de estos comités, que poseen un conocimiento y comprensión del trabajo sexual limitado, y con respecto a la efectividad de los programas de salida, ya que temen ser sometidas a formas intensificadas de control social. Las trabajadoras sexuales también expresaron temores sobre el uso de los datos personales recopilados por las autoridades públicas sobre ellas y el riesgo de una mayor estigmatización de la mayoría de las trabajadoras sexuales que no desean postularse para el programa de salida.

Dos años después de la nueva legislación, el aspecto represivo de la ley, la penalización de clientes, ha tenido el mayor impacto en la vida de las trabajadoras sexuales, reforzando su marginación, aumentando la violencia y el estigma, y ​​exponiéndolas a mayores riesgos para su salud. Mientras que la parte de la ley destinada a proteger a las trabajadoras sexuales y ayudarlas a cambiar de actividad no es efectiva, afecta a un número muy limitado de personas y corre el riesgo de reforzar el estigma para la mayoría de las trabajadoras sexuales que no desean o no pueden cambiar su actividad .

París, abril de 2018

 

1 – La terminología utilizada para definir a las personas que participan en el trabajo sexual / la prostitución está sujeta a mucho debate. En este informe elegimos emplear el término “trabajadora sexual”. Este término se refiere a todas las personas que participan en intercambios económico-sexuales ya sean esas transacciones económicas explícitas (beneficios sexuales por dinero) o implícitas (servicios sexuales a cambio de protección, vivienda, productos psicoactivos,asistencia a la migración …), e independientemente de sus condiciones de trabajo.

 

 

DESDE LA APROBACIÓN DE LA LEY DEL 13 DE ABRIL DE 2016… 

88% de las trabajadoras sexuales se han opuesto a la penalización de clientes

63% de las trabajadoras sexuales han experimentado un deterioro de sus condiciones de vida.

—La ley empuja a las trabajadoras sexuales a ejercer en los lugares más aislados o a través de internet y las obliga a trabajar más tiempo para mantener su nivel de vida.

—Las trabajadoras sexuales deben enfrentarse a más situaciones de estrés con un impacto negativo sobre su salud física y psicológica.

78% de las trabajadoras sexuales se han tenido que enfrentar a una reducción de sus ingresos.

— La ley genera un empobrecimiento de las personas, sobre todo de las que están ya en una situación de precariedad, en particular las mujeres inmigrantes que trabajan en la calle.

—La disminución del número de clientes y la mayor competencia entre las trabajadoras sexuales a llevado a una reducción de las tarifas.

42% de las trabajadoras sexuales están más expuestas a las violencias desde la aprobación de la ley.

—Para permanecer ocultas, la negociación con el cliente se efectúa de manera más sucinta, reduciéndose la capacidad de selección.

—Las trabajadoras sexuales se ven obligadas a aceptar clientes que no habrían aceptado antes, arriesgándose a mayor exposición a las violencias.

38% de las trabajadoras sexuales encuentran más dificultades para imponer el uso del preservativo.

—La disminución del número de clientes ha aumentado el poder de estos a la hora de nogociar prácticas sexuales de riesgo.

—La disminución del tiempo de negociación dificulta la capacidad de las trabajadoras sexuales de imponer sus condiciones a los clientes.

70% de las trabajadoras sexuales constatan que sus relaciones con la policía no han mejorado o han empeorado.

—Detenciones municipales y operaciones de controles de identidad hacen que las trabajadoras sexuales sigan siendo penalizadas o detenidas con más frecuencia que los clientes.

—La desconfianza hacia la policía dificulta el acdeso a los derechos, sobre todo para las personas víctimas de violencia.

39% tan solo de las trabajadoras sexuales conocen la existencia del recorrido de salida de la prostitución, y entre ellas, sólo el 26% tienen intención de presentar la solicitud.

—Si una mayoría de personas experimentan el deseo de cambiar de actividad, el dispositivo de “recorrido de salida” no responde a las necesidades de la mayor parte de las personas.

—La condicionalidad del acceso al recorrido de salida impide acceder al mismo a muchas personas.

—La puesta en marcha del recorrido de salida y los criterios de selección son muy variables según los departamentos, creando una desigualdad territorial.

 

(Porcentajes de las 583 personas que han participado en la encuesta cuantitativa.)

 

 

 

Las trabajadoras sexuales temen la violencia mientras Estados Unidos toma medidas contra los anuncios en línea: “Morirán chicas”

 

La nueva legislación y el cierre de anuncios personales en Craigslist y Backpage.com llevan a las trabajadoras a las calles

Las trabajadoras sexuales dicen que ya están sufriendo las consecuencias de una legislación que supuestamente combate la trata sexual en línea. Fotografía: Justin Tallis / AFP / Getty Images

 

Por Sam Levin en San Francisco

 @SamTLevin

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Martes, 10 de abril de 2018

https://www.theguardian.com/us-news/2018/apr/10/sex-workers-fear-violence-as-us-cracks-down-on-online-ads-girls-will-die

 

Las amigas de Phoenix Calida se están preparando para la muerte. Algunas envían fotos de tatuajes para facilitar la identificación de sus cuerpos. Otras están dando instrucciones para sus elogios funerarios.

Calida, de 35 años, es una trabajadora sexual con sede en Chicago que ha dependido de sitios web que alojan anuncios clasificados, tales como Craigslist y Backpage.com, para conocer y seleccionar clientes. Pero la reciente ofensiva del gobierno de los EE. UU. contra esas plataformas ha eliminado abruptamente la principal fuente de ingresos de las trabajadoras, obligando a algunas a salir a las calles o confiar en proxenetas abusivos, lo que aumenta enormemente el riesgo de violencia.

“Las chicas están volviendo a las calles y van a morir en las calles, y a nadie le importa”, dijo Calida, madre de dos hijos, que dijo que solía hacer trabajos callejeros y teme que tendrá que volver a empezar otra vez para llegar a fin de mes. “Todas están aterrorizadas”.

El Congreso aprobó recientemente una legislación con apoyo bipartidista que pretende combatir la trata sexual en línea al hacer que los sitios web sean penalmente responsables del contenido de los usuarios. Pero algunos dicen que la Ley de Trata Sexual en Línea (Fosta) y la Ley para Detener la Trata Sexual (Sesta) tendrán el efecto opuesto. Los críticos argumentan que la legislación censura ampliamente el discurso en línea, quita los ingresos a las personas que participan en el trabajo sexual consensuado, y ayuda a los tratantes a salir impunes de sus crímenes al empujar a la industria a la clandestinidad.

Emily Benavides, una portavoz del senador Rob Portman, patrocinador de Sesta, defendió el proyecto de ley en un correo electrónico, diciendo que había sido “cuidadosamente elaborado” y “le da a las fuerzas del orden estatales las herramientas que necesitan para perseguir a los delincuentes que tratan con mujeres y niñas en línea”. : “Este proyecto de ley fue ampliamente apoyado en una base bipartidista, y estamos orgullosos de que se convierta en la ley de la tierra”.

Se espera que Donald Trump firme la ley esta semana, pero las trabajadoras sexuales de todo el país le dijeron a The Guardian que ya estaban sufriendo las consecuencias. Craigslist cerró su sección de avisos personales, y las autoridades federales se incautaron de Backpage.com, publicando una acusación esta semana acusando a sus fundadores de lavado de dinero y “facilitar la prostitución”. La lista de cargos no incluyó la trata.

“Es devastador”, dijo una trabajadora sexual que se hace llamar Jala Dixon. “Me acaban de quitar todo”.

Dixon, que vive en Georgia, dijo que eligió hacer trabajo sexual para ayudar a ahorrar dinero para la escuela y que ahora estaba pensando en ir a la calle. “Esto realmente no está haciendo nada más que crearnos inseguridad y ponernos en riesgo”.

Los grupos de derechos de las trabajadoras sexuales han argumentado durante mucho tiempo que las iniciativas dirigidas a la trata de niños terminan perjudicando a las trabajadoras más marginadas al criminalizar ampliamente la industria. Eso incluye personas queer y transgénero, personas sin hogar y otras personas que han sido excluidas del empleo tradicional. Los defensores de Backpage y Craigslist dicen que esos sitios les dieron a las trabajadoras control sobre sus trabajos y permitieron que las personas detectaran y denunciaran a los tratantes.

Cuando Calida trabajó en la calle a sus 20 años, dijo, tuvo que hacer frente a abusos por parte de los clientes y la policía. Algunos hombres demandaban sexo sin condones, cruzaban los límites, se negaban a pagar o le hacían daño físico, dijo Calida, quien pidió ser citada con el nombre que usa para escribir y hacer activismo en línea. Dijo que los transeúntes le habían arrojado basura.

“Realmente, realmente, realmente no quiero tener que hacer esto”, dijo, explicando que en sitios como Craigslist y Backpage las trabajadoras podían negociar los términos por adelantado, solicitar que los clientes proporcionaran referencias, realizar controles cruzados en las direcciones de correo electrónico de los clientes, y comunicarse con otras trabajadoras sexuales sobre personas peligrosas o violentas a evitar.

Kristen DiAngelo, directora ejecutiva del Sex Workers Outreach Project de Sacramento, dijo que su teléfono no había parado de sonar desde el cierre de Backpage: “El miedo es astronómico”.

Una mujer le dijo que se vio obligada a volver con un cliente abusivo debido a la pérdida de ingresos, dijo. Otras han recurrido a asumir “gerentes” que tienen influencia sobre las mujeres y sus ingresos y podrían explotarlas, agregó. “Muy fácilmente, puedes perder el control de tu propia vida”.

“Este proyecto de ley está creando un auténtico mercado para los proxenetas”, dijo Calida, y agregó: “La gente no sabe si podrá pagar el alquiler … cómo va a pagar la comida”.

DiAngelo dijo que también temía que la represión se extendiera a organizaciones como la suya que se centran en iniciativas de reducción de daños, como la distribución de condones. ¿Podrían los fiscales acusarla de facilitar la prostitución?

“Acaban de haber dejado sin empleo a cantidades masivas de personas marginadas”, agregó. “Están eliminando recursos que salvan vidas”.

Kit, que está en sus últimos veintes y trabaja como escort, dijo que elige hacer trabajo sexual porque le ha proporcionado un ingreso sostenible. Según la ley, sin embargo, podría ser tratada como una víctima de trata de personas, aunque dijo que no estaba siendo coaccionada: “El trabajo sexual es lo que me da la capacidad de ganar un salario digno y hacer las cosas bien conmigo misma … Es lo que funciona para mí “.

Jackie Monroe, una mujer de California de 25 años, dijo que anteriormente había sido víctima de trata de personas y que se la obligó a hacer trabajo sexual. Pero Monroe, quien pidió usar su apodo para proteger la privacidad de sus hijos, dijo que no creía que cerrar los sitios web y detener a personas por prostitución ayudaría a víctimas como ella.

“Me duele el corazón”, dijo, pensando en las mujeres que sabe que ahora trabajarán en la calle. Señaló que las fuerzas del orden nunca la ayudaron cuando era una víctima, sino que la acusaron de prostitución y de merodear. “¿Cómo nos va a proteger esto? ¿Cómo nos va a salvar esto?

Seguridad, Dignidad, Igualdad: recomendaciones para la Reforma de la Ley de Trabajo Sexual en Canadá

 

Preparado por:

Alianza Canadiense para la Reforma de la Ley de Trabajo Sexual 

Marzo de 2017

© Marzo de 2017

http://www.sexworklawreform.com

contact@sexworklawreform.com

http://sexworklawreform.com/recommendations/

 

Nota de los autores:

Es con gran orgullo y un sentido de logro que presentamos nuestras recomendaciones clave para la reforma de la ley de trabajo sexual federal y provincial / territorial. Estas recomendaciones son el resultado de nuestra consulta nacional con trabajadoras sexuales en cada uno de nuestros grupos miembros en 15 ciudades en todo Canadá, incluida la opinión de abogados expertos y consultores de relaciones gubernamentales. Si bien las leyes que regulan el trabajo sexual son actualmente —y lo seguirán siendo en el futuro— diferentes entre las provincias y los territorios, estas recomendaciones se basan en principios generales y pueden aplicarse y contextualizarse en todas las provincias y territorios. Las recomendaciones se basan en derechos consagrados en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades y en los principios de universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación que sustentan el derecho internacional de los derechos humanos, y están basadas ​​en evidencia académica y comunitaria que representa la experiencia diversa de las trabajadoras sexuales que conforman nuestros grupos miembros de la Alianza Canadiense para la Reforma de la Ley de Trabajo Sexual.

Sinceramente,

 

Action Santé Travesties et Transsexuel(le)s du Québec (ASTTeQ) (Montreal)

Angel’s Angels (Hamilton)

BC Coalition for Experiential Communities (BCCEC) (Vancouver)

Butterfly (Toronto)

Canadian HIV/AIDS Legal Network

Émissaire (Longueuil, QC)

FIRST (Vancouver)

Maggie’s: The Toronto Sex Workers Action Project (Toronto)

Migrant Sex Workers Project (MSWP) (Toronto)

PEERS (Victoria)

Projet Lune (Quebec)

Prostitutes Involved Empowered Cogent Edmonton (PIECE) (Edmonton)

Providing Alternatives, Counselling and Education (PACE) Society (Vancouver)

Rézo, projet travailleurs du sexe (Montreal)

Safe Harbour Outreach Project (S.H.O.P.) (Saint John’s)

Sex Professionals Of Canada (SPOC)

Sex Workers Advisory Network of Sudbury (SWANS) (Sudbury)

Shift (Calgary)

Stella, l’amie de Maimie (Montreal)

Stop the Arrests! (Sault Ste. Marie)

Strut! (Toronto)

Supporting Women’s Alternatives Network (SWAN) (Vancouver)

West Coast Cooperative of Sex Industry Professionals (Vancouver)

Sex Workers of Winnipeg Action Coalition (Winnipeg)

 

Introducción

La investigación académica y comunitaria durante los últimos treinta años ha demostrado los efectos negativos de la aplicación del derecho penal en la salud y la seguridad de las trabajadoras sexuales. Esta investigación identifica la penalización de las trabajadoras sexuales, sus clientes y terceros1 como un contribuyente clave a la violencia experimentada por las trabajadoras sexuales, entre otras repercusiones, incluidos el estigma y la discriminación.2 Varias organizaciones de derechos humanos, organismos de la ONU y tribunales han refrendado esta investigación y concluyeron que la penalización de la industria del sexo favorece la explotación y otros abusos contra los derechos humanos, organizaciones que incluyen a Amnistía Internacional3, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 4 Human Rights Watch, 5 el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA (ONUSIDA), 6 la Organización Mundial de la Salud ( OMS) con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ONUSIDA y la Red Mundial de Proyectos de Trabajo Sexual, 7 la Comisión Global sobre VIH y la Ley, 8 la Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres, 9 el Centro de Salud y Equidad de Género (CAMBIO ), 10 el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Salud, 11 y el Tribunal Supremo de Canadá en el caso “Canadá (Fiscal General) v. Bedford (Bedford)” .12

Sin embargo, a pesar de este extenso cuerpo de investigación y el creciente consenso entre los organismos de derechos humanos sobre los daños asociados con la penalización de la industria del sexo, en 2014 se promulgó la Ley de Protección de las Comunidades y de Personas Explotadas (PCEPA). Además de mantener la penalización de las trabajadoras sexuales bajo s. 213 del Código Penal, el PCEPA penaliza la compra de servicios sexuales por primera vez en Canadá, y mantiene la penalización de terceros y trabajadoras sexuales callejeras, replicando así los daños de las leyes anteriores que el Tribunal Supremo de Canadá encontró que violaban el derecho de las trabajadoras sexuales, reconocido por la Carta, a la seguridad de las personas.13 En particular, las mujeres y jóvenes indígenas, las personas inmigrantes (especialmente las mujeres racializadas) y las personas trans (especialmente las mujeres trans) se enfrentan a violencia, estigma y exceso de vigilancia policial bajo el PCEPA. Los depredadores son conscientes de que, en un régimen penalizado, las trabajadoras sexuales evitan activamente a la policía por temor a ser detectadas, detenidas y, en el caso de las mujeres inmigrantes, deportadas.

La conceptualización que hace el PCEPA del trabajo sexual como violencia contra las mujeres es tan dañina para las trabajadoras sexuales como sus disposiciones específicas. El PCEPA define el trabajo sexual como una forma de explotación inherente y enmarca a todas las trabajadoras sexuales como víctimas automáticas y a todos los clientes y terceros como delincuentes violentos. Esta premisa moral e ideológica no solo es falsa sino peligrosa, ya que trivializa la violencia real cuando ocurre. Cuando el trabajo sexual se ve como una forma de violencia, se espera y aprueba el abuso de las trabajadoras sexuales. Además, el mensaje de que hay algo inherentemente malo en el trabajo sexual estigmatiza a quienes venden o comercian con el sexo y conduce a la discriminación social.

 

Consecuencias de las leyes de trabajo sexual sobre las trabajadoras sexuales

Las trabajadoras sexuales de todo el país informaron que las nuevas leyes han:

  • Desplazado y aislado a las trabajadoras sexuales, que temen y evitan el contacto con la policía y otras fuerzas del orden;
  • Aumentado la violencia dirigida contra las trabajadoras sexuales;
  • Interferido con los mecanismos de seguridad que las trabajadoras sexuales usan para mantenerse seguras en el trabajo;
  • Animado a menos responsabilidad por parte de terceros para garantizar buenas condiciones de trabajo;
  • Aumentado los perfiles policiales y la vigilancia de las trabajadoras sexuales racializadas, en particular las trabajadoras sexuales inmigrantes o indígenas.
  • Alentado el uso indebido y el exceso de aplicación de las leyes contra la trata de personas en todo Canadá, lo que ha dado como resultado el establecimiento de perfiles, la detención y la deportación de trabajadoras sexuales migrantes;
  • Reforzado el tratamiento antagónico por parte de la policía; y
  • Aumentado el estigma y la discriminación contra las trabajadoras sexuales y sus clientes.

Todas las trabajadoras sexuales y las personas que venden o comercian con el sexo, ya sea que se identifiquen como trabajadoras sexuales o no, tienen derecho a los derechos humanos, incluidos el derecho al trabajo, a la privacidad, a la igualdad y a la no discriminación; a la vida, a la libertad y seguridad de la persona; a la salud; a condiciones de trabajo justas, favorables, seguras y saludables; a la libertad de expresión; a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación; a verse libres de incautaciones y registros irracionales; a verse libres de detenciones y encarcelamientos arbitrarios; y a verse libres de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estas recomendaciones se basan en la necesidad desesperada de defender los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y poner fin a la violencia y la explotación selectiva contra las trabajadoras sexuales y las personas que venden o intercambian servicios sexuales.

Estas recomendaciones proponen un modelo legislativo para el trabajo sexual que promueva la salud y la seguridad de las trabajadoras sexuales y de las personas que venden o intercambian servicios sexuales. 

Buscamos la derogación de las leyes penales existentes específicas para el trabajo sexual, que penalizan las actividades asociadas con el trabajo sexual, y recomendamos la aplicación de otras leyes existentes que protegen contra la coerción y la explotación. También desarrollamos las legislaciones y reglamentaciones provinciales / territoriales que, en ausencia de tales leyes penales específicas para el trabajo sexual, protegerían y harían respetar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, incluidos sus derechos laborales.

Juntos y en todas las jurisdicciones, los legisladores pueden garantizar un enfoque integral para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas que trabajan en la industria del sexo.

 

Despenalización: tres pasos hacia la realización de los derechos y la seguridad de las trabajadoras sexuales

La despenalización es un primer paso necesario para la realización de los derechos y la seguridad de las trabajadoras sexuales, ya que elimina los peligros causados ​​por trabajar en un contexto criminalizado.

Pero la despenalización en sí misma no es suficiente para hacer realidad los derechos y la seguridad de las trabajadoras sexuales, que es algo que requiere una reforma integral de la ley. Esto significa no solo derogar las leyes penales federales específicas para el trabajo sexual, sino también examinar el uso de leyes penales de aplicación general y el uso de leyes provinciales / territoriales, incluidas las normas de empleo, salud y seguridad ocupacional y protección de los jóvenes.

 

Paso 1: Eliminar las disposiciones penales específicas para el trabajo sexual.

La eliminación de las disposiciones penales específicas para el trabajo sexual es un primer paso urgente y efectivo para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Esto incluye la derogación de todos los delitos relacionados con la oferta, prestación u obtención de servicios sexuales a cambio de una remuneración y con la mercantilización de la actividad sexual (es decir, Código Penal ss. 213 (1), 213 (1.1) y 213 (2); s. 286.1 ( 1) – 286.1 (5); ss. 286.2 (1) – s. 286.2 (6); s. 286.3 (1) y 286.3 (2); s. 286.4 y s. 286.5 (1) – 286.5 (2)) .

Las siguientes actividades están actualmente penalizadas y causan los daños que se han descrito. Estas leyes deben ser derogadas:

  1. 213 Detener o impedir el tráfico y la comunicación para proporcionar servicios sexuales
  • Estas leyes causan daño a las personas que ejercen el trabajo sexual al imponer condiciones peligrosas y evitar que las personas que ejercen el trabajo sexual tomen medidas para protegerse.
  • Fue por esta razón que el Tribunal Supremo de Canadá (SCC) revocó s. 213 (1) (c) en el caso Bedford.
  • Las secciones restantes en s. 213 producen los mismos daños identificados en el caso Bedford.
  • Estas leyes prohíben que las trabajadoras sexuales se comuniquen para establecer y aceptar los términos de intercambio.
  • Prohíbe que las trabajadoras sexuales se tomen el tiempo para evaluar posibles clientes, evaluación que puede reducir el riesgo.
  • Desplaza a las trabajadoras sexuales de las áreas familiares y los servicios de apoyo a las áreas más aisladas, lo que aumenta la vulnerabilidad a la violencia.
  • Se basa en una posición ideológica y moral que considera que ver a las trabajadoras sexuales en espacios públicos causa daño social, aumenta el estigma social y socava la igualdad de las mujeres. Envía el mensaje de que las personas, especialmente las mujeres, que venden o comercian con el sexo son miembros menos valiosos de la sociedad que no merecen trabajar y vivir con seguridad y dignidad. 
  1. 286.1 (1) y (2) Obtención de servicios sexuales a cambio de una remuneración
  • Esta disposición hace que sea ilegal comprar servicios sexuales o incluso comunicarse con ese fin. Prohibir la compra de servicios sexuales y las comunicaciones para tal fin conduce a consecuencias similares a los señalados en s. 213.
  • Los clientes y las trabajadoras sexuales son desplazados y aislados porque los clientes intentan evitar ser detectados por las fuerzas de orden público.
  • Estas leyes dificultan que las trabajadoras sexuales examinen a los clientes y negocien los términos por adelantado por teléfono o internet, porque los clientes usan números bloqueados o se niegan a comunicar información explícita sobre ellos por temor a ser detenidos y enjuiciados.
  • Estas leyes también dificultan que las trabajadoras sexuales examinen a los clientes y negocien los términos antes de ingresar al espacio confinado del automóvil de un cliente, porque los clientes se apresuran o evitan la negociación por temor a la detección y la detención por la policía.
  • Los clientes y las trabajadoras sexuales evitan discutir los parámetros de un servicio como el precio y los servicios solicitados por temor a la vigilancia, el atrapamiento y la detención, lo que puede dar lugar a malentendidos e incluso a violencia.
  • Esta sanción también interfiere con el proceso de consentimiento, que es un requisito legal y ético para cualquier compromiso sexual, comercial o de otro tipo.
  • Las trabajadoras sexuales tienen menos capacidad para establecerse o trabajar en espacios interiores seguros porque sus áreas de trabajo son fácilmente vigiladas y sometidas a redadas, o los clientes son hostigados y disuadidos.
  • Esta disposición no hace distinción entre clientes y perpetradores de violencia. Supone que todos los clientes están cometiendo actos de violencia contra las mujeres en todo momento. Esta premisa moral e ideológica no solo es falsa, sino también dañina, ya que trivializa la violencia real cuando ocurre. El consentimiento para vender o intercambiar sexo no significa consentir la violencia.
  • Este encuadre de todo el trabajo sexual como violencia contra las mujeres también hace que todas los trabajadoras sexuales cisgénero y transgénero sean invisibles.
  • Penalizar la compra envía un mensaje de que hay algo intrínsecamente malo en el trabajo sexual; este estigma tiene un impacto duradero sobre las trabajadoras sexuales y su capacidad para acceder a los servicios.
  • Penalizar la compra de servicios sexuales aísla a todas las personas que venden o intercambian sexo por bienes o dinero y las aparta de la vista de la gente y de la policía, de la comunidad y del apoyo del gobierno. Fomenta el antagonismo con la policía y estigmatiza a las comunidades.

S. 286.2: Beneficio material por servicios sexuales

  • Esta disposición penaliza a cualquier persona que reciba un beneficio financiero u otro material importante de la compra de los servicios sexuales de otra persona.
  • Es similar al anterior s. 212 (1) (j) ley de “vivir de los recursos disponibles” que el SCC revocó por violar el derecho a la seguridad de las personas que ejercen el trabajo sexual.
  • La provisión de beneficios materiales impide que las trabajadoras sexuales establezcan relaciones laborales de apoyo e informadas con terceros que brindan servicios beneficiosos tales como seguridad, mercadotecnia, espacios de trabajo y apoyos administrativos.
  • La ley ofrece un pequeño número de excepciones, pero estas son en gran parte codificaciones de jurisprudencia que existían en el momento de la decisión del SCC.
  • Significativamente, esta disposición penaliza explícitamente los beneficios materiales en el contexto de una “empresa comercial”, lo que prohíbe todas las relaciones que las trabajadoras sexuales requieren para trabajar en lugares de trabajo establecidos y organizados (como agencias de acompañantes y salones de masajes) con infraestructura de seguridad de apoyo. Sin acceso a tales “empresas comerciales”, las trabajadoras sexuales con menos recursos a menudo no pueden trabajar en el interior.

S. 286.3: Procuración

  • Esta disposición reproduce los daños de s. 212 (1) (j) “viviendo con los recursos disponibles” que fue derribado en Bedford.
  • Perpetúa el aislamiento social y aumenta el riesgo de violencia y explotación de las trabajadoras del sexo, que enfrentan menos opciones para lugares de trabajo seguros y menos oportunidades de elegir entre las personas para quienes trabajan.
  • Esta disposición tipifica conductas no relacionadas con la explotación que pueden proporcionar a las trabajadoras sexuales condiciones de trabajo más seguras, que incluyen conductores, recepcionistas, guardaespaldas u otro tipo de seguridad.
  • Impide que las trabajadoras sexuales establezcan relaciones laborales útiles e informadas con terceros que ocupan puestos gerenciales o que pueden presentar trabajadoras sexuales a clientes potenciales.
  • Las trabajadoras sexuales que también son terceros son tipificadas bajo esta ley cuando realizan tareas administrativas, tales como organizar un espacio de trabajo en un hotel u otro lugar, encontrar clientes y reservar clientes.
  • Debido a que esta disposición establece que la aplicación de la ley trata a todos los terceros como explotadores, aísla a las personas que ejercen el trabajo sexual y a terceros y crea las condiciones para la explotación.

S. 286.4: Publicidad

  • Esta disposición hace que la publicidad sea más difícil para las trabajadoras sexuales, lo cual es muy importante para comunicar abiertamente los términos de sus servicios.
  • Es casi imposible para las trabajadoras sexuales anunciar sus propios servicios sin tener que recurrir a un tercero o empresa que ayude: la publicidad del sitio web y de los periódicos está alojada y es propiedad de terceros que están penalizados por esta disposición.
  • Esta prohibición crea barreras significativas para trabajar en el interior, lo que se demostró en Bedford como más seguro que trabajar en la calle.
  • Las trabajadoras sexuales que no tienen los medios para trabajar de manera independiente ya no pueden hacer que alguien publicite sus servicios y también se les impide comunicarse con los clientes de forma remota (ya que las s. 286.1 y 286.2 impiden que los clientes proporcionen información) antes de reunirse con ellas, lo que facilita malentendidos y violencia.
  • Esta disposición evita que las personas que ejercen el trabajo sexual recopilen la información necesaria de los clientes.
  • Esta disposición hace ilegales a las “salas ” virtuales para las trabajadoras sexuales y a las organizaciones de apoyo que comparten información, ya que la información sobre las condiciones de trabajo se comparte de esta manera.

S. 286.5: Beneficio material y publicidad

  • Esta disposición afirma proporcionar inmunidad a las trabajadoras sexuales para publicitar sus propios servicios sexuales, a pesar de que hacerlo todavía es un delito.
  • La creencia de que eximir a las trabajadoras sexuales de las sanciones penales es suficiente para proteger a las trabajadoras sexuales de la violencia y la explotación es simplista e ingenua.
  • Las trabajadoras sexuales no pueden emplear medidas de seguridad cuando ellas, sus clientes o terceros, están evitando la detección por parte de la policía.
  • ,Esta evasión no se limita al miedo a la detención, sino que se extiende a evitar la presencia regular de la policía en sus vidas en un contexto de penalización.
  • Alienta el aislamiento de las trabajadoras sexuales de las personas con las que decidirían trabajar y a unas de otras.
  • Las trabajadoras sexuales no pueden vender sexo con seguridad ni intercambiar sus servicios en un contexto donde la compra de servicios sexuales está penalizada.

Tomadas en conjunto, estas leyes alimentan el estigma y la discriminación contra las trabajadoras sexuales, los clientes y los terceros en la industria del sexo, lo que contribuye aún más a la marginación de las trabajadoras sexuales y al aislamiento social. También aumentan el antagonismo entre la policía y las trabajadoras sexuales, motivándolas a evitar la policía a toda costa, incluso cuando son víctimas de la violencia.

Con la eliminación de las disposiciones penales que regulan la prostitución —una legislación que no distingue entre explotación y trabajo sexual— surge la posibilidad real de identificar la explotación en el lugar de trabajo y en la vida de las personas que venden o comercian con el sexo. Cuando las relaciones entre clientes, profesionales del sexo y terceros dejan de ser penalizadas, también existe la posibilidad de negociar y mejorar las condiciones de trabajo.

 

Paso 2: Usar las leyes penales existentes de aplicación general para luchar contra la violencia y la explotación en la industria del sexo.

La violencia y la explotación en la industria del sexo pueden combatirse más eficazmente mediante prohibiciones penales generales sobre actividades abusivas que mediante la leyes específicas estigmatizantes para el trabajo sexual que alejan a las trabajadoras sexuales de la asistencia y causan los daños descritos anteriormente.

Disposiciones existentes o alternativas para abordar la coacción, el abuso y la violencia contra las personas, incluso contra las trabajadoras sexuales:

Sección 265-268 – Asalto

Sección 269 – Daño corporal

Sección 271-273 – Asalto sexual

Sección 322 – Robo

Sección 343 – Robo (robo con violencia o amenaza de violencia)

Sección 279 – Secuestro y confinamiento forzado

Sección 346 (1) – Extorsión

Sección 423 (1) – Intimidación

Sección 264 – Acoso criminal

Sección 264.1 – Intento de amenazas de muerte o daño físico

Sección 279.01 (1) – Trata de personas

Sección 279.02 (1) – Beneficio material de la trata de personas

Sección 279.03 (1) – Retención o destrucción de documentos (en el contexto de la trata de personas)

Estas leyes son herramientas apropiadas para combatir la coerción, el abuso y la violencia porque se dirigen a conductas que son expresa y objetivamente abusivas y que el público canadiense acepta como tales. Esto contrasta fuertemente con las leyes específicas de trabajo sexual que combaten actividades que solo se supone son dañinas para aquellos que tienen una posición ideológica o moral particular.

 

Paso 3: Aplicar un marco laboral que involucre la legislación provincial / territorial, incluida la ley de salud y seguridad en el trabajo y las normas de empleo, para luchar contra la explotación en la industria del sexo.

En un contexto legal que penaliza a los empleadores y a las empresas sexuales comerciales, la relación empleador-trabajador es de facto ilegal y las trabajadoras en el comercio sexual se ven privadas de protección laboral y de salud y de seguridad laboral. En la práctica, cuando las trabajadoras sexuales temen presentar una reclamación contra un empleador por temor a ser detenidas, investigadas, deportadas o a perder sus ingresos, no pueden acceder a los recursos legales disponibles para otros grupos de trabajadores y son vulnerables a la explotación laboral y a condiciones de trabajo inseguras. En ausencia de leyes penales específicas para el trabajo sexual, las trabajadoras sexuales tendrían derecho a los beneficios garantizados por la legislación sobre estándares de empleo, tales como descansos, un salario mínimo y la posibilidad de interponer recursos por prácticas desleales de los empleadores. Las trabajadoras sexuales y sus empleadores también se regirían por leyes provinciales / territoriales de salud y seguridad ocupacional, que requieren medidas en el lugar de trabajo para reducir el riesgo de peligros —incluida la violencia— en el trabajo.

 

Una nota de precaución sobre el exceso vigilancia policial y registros de ciertas comunidades de personas que venden y comercian con sexo …

Algunos miembros de nuestras comunidades tienen exceso de vigilancia policial y son registradas en exceso, particularmente comunidades asiáticas, comunidades indígenas y comunidades juveniles. Por lo tanto, queremos destacar que las disposiciones específicas alternativas al trabajo no sexual en el Código Penal y en las leyes provinciales / territoriales se aplican con dos advertencias importantes:

  1. Luchar contra la trata de personas: la fusión del trabajo sexual, la trata de personas y la explotación conduce a un abuso excesivo de las iniciativas actuales contra la trata de personas que colocan a las trabajadoras sexuales en mayor riesgo de aislamiento, marginación y violencia. Tal como están escritas, las disposiciones de trata en el Código Penal, que no son específicas del trabajo sexual, podrían usarse tanto para combatir la explotación en el comercio sexual como para combatirla en otros ámbitos. Sin embargo, la manera amplia en que se utilizan actualmente, como una estrategia general de aplicación de la ley para enfocarse en el trabajo sexual, viola los derechos humanos de las personas que venden y comercian con sexo en Canadá. Los terceros que trabajan con trabajadoras sexuales pueden ser identificados erróneamente como “tratantes” en lugar de compañeros de trabajo, empleadores o empleados, particularmente cuando trabajan con trabajadoras sexuales inmigrantes. Esto sucede en tal medida que, si bien hacemos referencia a las disposiciones sobre el trata de personas en todas nuestras recomendaciones, advertimos contra su uso indebido y su aplicación excesiva.
  1. Con referencia a los jóvenes: siempre se debe tener en cuenta el interés superior de los jóvenes al revisar las leyes que combaten la explotación de los jóvenes. Se deben tomar medidas efectivas para promover el mejor interés de los jóvenes y abordar las situaciones de explotación. Sin embargo, penalizar a los clientes y terceros de jóvenes que venden o comercian con el sexo causa los mismos daños a los jóvenes que a los trabajadores sexuales mayores de 18 años. De hecho, como ocurre con los adultos, esta penalización sirve para facilitar la explotación al conducir tanto a jóvenes como a aquellos involucrados con ellos lejos de la policía, los servicios sociales y otros mecanismos de ayuda. En lugar de leyes específicas para el trabajo sexual perjudiciales y estigmatizantes, se pueden aplicar las leyes existentes de edad de consentimiento. Esto significa que los mismos parámetros legales que actualmente definen el consentimiento para el sexo no remunerado se aplicarían a todos, independientemente de la motivación de una persona para participar en la actividad sexual. Al mismo tiempo, se deben tomar medidas para proporcionar a los jóvenes viviendas y servicios de apoyo que reconozcan sus derechos y su bienestar. Reconocemos que esta recomendación es compleja y requiere debate. Sin embargo, seríamos negligentes en nuestro objetivo de promover los derechos y la seguridad de todas las personas que venden o comercian con sexo en Canadá si excluyéramos a los jóvenes.

La despenalización es un primer paso necesario para abordar los derechos y la seguridad de las personas que venden o comercian con el sexo, en particular aquellas que tienen exceso de vigilancia policial y déficit de protección. Sin embargo, la despenalización no es suficiente por sí misma. Un plan integral para la reforma legal del trabajo sexual está impulsado por una visión más amplia y medidas concretas para abordar la discriminación y la desigualdad en todas sus formas: pobreza, vivienda inadecuada, atención médica inadecuada, falta de acceso a transporte seguro, acceso inadecuado a asistencia legal, exceso de penalización y exceso de encarcelamiento, y problemas continuos con los sistemas de protección de los jóvenes. Es imperativo que las trabajadoras sexuales de diversas comunidades y orígenes participemos de manera significativa en todas las conversaciones y en la planificación de las leyes que nos afectan.

Para obtener una lista completa y los detalles de nuestras recomendaciones, consulte nuestro informe completo que incluye recomendaciones en relación con el Código Penal, las Regulaciones de Inmigración y Protección de Refugiados y la Ley de Seguro de Empleo, salud y seguridad ocupacional provincial / territorial, estándares de empleo, salud pública, y la legislación de protección de la juventud, así como las recomendaciones generales para la reforma de la ley.

 

Notas finales

1 Los terceros son las personas que trabajan, brindan servicios o se relacionan con trabajadoras sexuales, incluidos conductores, personal de seguridad, personas que llevan sus libros de reservas, webmasters, dueños de negocios y recepcionistas de agencias de viajes (por ejemplo, agencias de acompañantes) o establecimientos de llamadas (por ejemplo, burdeles y salones de masajes). ) A los terceros en la industria del sexo a menudo se los llama “proxenetas”; sin embargo, esto no refleja con precisión el rango de relaciones que las trabajadoras sexuales tienen con terceros: aquellos para quienes trabajan, con quienes trabajan o a los que arriendan. Las trabajadoras sexuales a menudo actúan como terceros para otras trabajadoras sexuales.

Ver también, Red global de proyectos de trabajo sexual. Criminalización de terceros y su impacto en los derechos humanos de los trabajadores sexuales. 2016. http://www.nswp.org/resource/criminalisation-third-parties-and-its-impact-sex-workers-human-rights

2 Benoit, C., Atchison, C., Casey, L., Jansson, M., McCarthy, B., Phillips, R., Reimer, B., Reist, D. y Shaver, F. (2014). Documento de trabajo para Construir sobre la evidencia: un simposio internacional sobre la industria del sexo en Canadá; Lowman, J. y Dillon, P. (1998). La vida en las calles es peligrosa. Líder de Surrey; Red Legal canadiense contra el VIH / SIDA 2005 “Sexo, trabajo, derechos: reforma de las leyes penales canadienses sobre la prostitución”. Canadá; Jeffrey, L.A. y G. MacDonald. “Es el dinero, cariño: la economía del trabajo sexual en las provincias marítimas”. La revisión canadiense de sociología y antropología; Vol. 43, Número 3, 2006. 313-328; Lewis, J. & Shaver, F. 2006. “Seguridad, seguridad y el bienestar de los trabajadores del sexo: un informe presentado a la Cámara de los Comunes Subcomité de las leyes de solicitud (SSLR).”; Lowman, J. 2000. “La violencia y el estado de proscrito de la prostitución (callejera) en Canadá”. Violence Against Women, vol. 6, No. 9, pp987-1011; Pivot Legal Society. Junio ​​de 2006. “Más allá de la despenalización: trabajo sexual, derechos humanos y un nuevo marco para la reforma legal”.

3 Política de Amnistía Internacional sobre las obligaciones del Estado de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual. Mayo de 2016. https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/4062/2016/en/

4 John Godwin. 2012. El trabajo sexual y la ley en Asia y el Pacífico: leyes, VIH y derechos humanos en el contexto del trabajo sexual. Bangkok: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. http://www.undp.org/content/dam/undp/library/hivaids/English/HIV-2012-SexWorkAndLaw.pdf

5 Observador de derechos humanos. 2014. “La ley de prostitución de Canadá es un paso en la dirección incorrecta”. https://www.hrw.org/news/2014/06/18/canadas-prostitution-bill-step-wrong-direction

6 ONUSIDA, Nota de orientación de ONUSIDA sobre el VIH y el trabajo sexual, 2012. http://www.unaids.org/en/resources/documents/2012/20120402_UNAIDS-guidance-note-HIV-sex -work

7 Organización Mundial de la Salud, UNFPA, ONUSIDA, Red mundial de proyectos de trabajo sexual. Diciembre de 2012. Prevención y tratamiento del VIH y otras infecciones de transmisión sexual para trabajadores sexuales en países de bajos y medianos ingresos: recomendaciones para un enfoque de salud pública. http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/WHO%20prevention%20treatment%20HIV%20STI%20sex%20workers_0.pdf

8 Comisión Global sobre el VIH y la Ley (Grupo de VIH / SIDA del PNUD). Julio de 2012. VIH y la ley: riesgos, derechos y salud. http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/hiv-and-the-law–risks–rights—health.html

9 Alianza global contra el tráfico de mujeres (GAATW). 2016. Respuesta a la consulta de ONU Mujeres sobre el trabajo sexual. http://www.gaatw.org/events-and-news/68-gaatw-news/857-response-to-un-women-s-consultation-on-sex-work

10 CHANGE, Organización de Derechos de la Mujer aplaude la recomendación de Amnistía Internacional para despenalizar el trabajo sexual, 11 de agosto de 2015. http://www.genderhealth.org/media_and_publications/press_releases/P10/

11 Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Anand Grover, Informe sobre la 14ª sesión, Asamblea General de las Naciones Unidas, tema 3 del programa, UN Doc. A / HRC / 14/20, 27 de abril de 2010. http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.20.pdf

12 Canadá (Fiscal General) v. Bedford, 2013 SCC 72, [2013] 3 S.C.R. 1101 https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/13389/index.do

13 Ibídem.

Después de FOSTA: muchos de los sistemas e institutos que se supone que nos protegen a las trabajadoras sexuales han sido enviados a erradicarnos

 

 

 

7 de abril de 2018

 

http://coyoteri.org/wp/after-fosta-many-of-the-systems-and-institutes-the-are-supposed-to-protect-us-are-sent-to-erase-u/

 

“Que el que esté libre de pecado entre vosotros sea el primero en tirarle una piedra”.

 

“El Congreso está tratando de acabar con las trabajadoras sexuales y desconectarlas de sus servicios comunitarios y de apoyo vital”.

 

por Bella Robinson, directora ejecutiva de Coyote RI (Call off Your Old Tired Ethics)

 

6 de abril de 2018

 

FOSTA (Fight Online Sex Trafficking Act) es una guerra contra las mujeres pobres. Este crimen de odio está siendo patrocinado por el Congreso con el dinero del contribuyente. El Congreso acaba de mostrar su verdadera cara y aprobar Fosta muestra que no se preocupa por las trabajadoras sexuales y mucho menos las víctimas de la trata sexual.

Es importante que las personas involucradas en la industria del sexo sepan cómo conectarse a la COMUNIDAD. Aquí hay una lista de algunas de las mejores organizaciones de EE.UU. que se esforzarán para ayudar a las personas involucradas en la industria del sexo que estén en crisis.

SWOP USA tiene una línea de apoyo. Soy una de las voluntarias que ayudan a responder la línea de ayuda. Desde que FOSTA (Ley de Lucha contra la Trata Sexual) fue aprobada, la línea de soporte recibe más llamadas que nunca. SWOP USA SUPPORT LINE 877-776-2004

Quiero que nuestra comunidad sea consciente de que los cierres de nuestro ESPACIO DE LIBRE EXPRESIÓN en línea afectarán primero a las trabajadoras sexuales más marginadas y pobres. Muchas de ellas viven en hoteles y no podrán tener ingresos dentro de uno o dos días. Muchas de estas mujeres tienen hijos o son jóvenes LGBT que no pueden acceder a un refugio u otros servicios del Estado. Las trabajadoras indocumentadas que ya están siendo cazadas por nuestro gobierno no podrán alquilar una vivienda ni pagar alimentos.

FOSTA abrirá un nuevo caldo de cultivo para los depredadores y aquellos que buscan explotarnos. Muchos de ellos llevarán insignias de policía y otros tratarán de hacerse pasar por clientes. La violencia y la explotación implosionarán. Miles y miles de trabajadoras sexuales y sus familias quedarán sin hogar, y las trabajadoras no tendrán otra opción que trabajar en las calles.

La violencia doméstica y las violaciones aumentarán. Los niños perderán a sus madres y serán separarados de sus hermanos, y serán arrojados al descompuesto sistema DCYF que abrirá un hogar de acogida aún más grande como antesala de la cárcel. La enfermedad aumentará, más mujeres pobres quedarán embarazadas debido a la guerra del gobierno contra los derechos reproductivos de las mujeres.

Mientras tanto, no oirás que el CONGRESO mencione la desigualdad económica o la falta de viviendas asequibles en todas las ciudades de Estados Unidos. O la falta de empleos que paguen un salario digno; porque el salario mínimo ya no cubre el costo de la vivienda, incluso en los barrios más pobres. Tampoco mencionarán que la mayoría de las ciudades no han aceptado las solicitudes de vivienda en décadas y mientras nos han cobrado impuestos a muerte, casi se han deshecho de todos los servicios públicos, alegando que son ¿programas de subsidio?. El Tío Sam es el mayor proxeneta de todos, y quiere controlar los cuerpos de las mujeres.

La estafa de la lucha contra la trata ha cerrado el círculo. El Congreso ha cometido un crimen de odio contra las trabajadoras sexuales. Quieren que las trabajadoras sexuales mueran. No hay viviendas para gente pobre, hay muy pocos proveedores de salud mental que sean competentes para atender a las personas involucradas en la industria del sexo. Nuestra investigación basada en la comunidad muestra que los proveedores de servicios traumatizaron a las personas en la industria del sexo y trataron de avergonzar a la gente a muerte.

Entonces, es mejor que comencemos a prepararnos para el daño colateral que ha surgido después de FOSTA.

En este momento, me gustaría recordar al público que Coyote RI no le enseña a nadie a hacer el trabajo sexual. No facilitamos ni promovemos el trabajo de nadie, ni pedimos donaciones a trabajadoras sexuales. Simplemente estamos abogando por la salud y la seguridad de las personas involucradas en la industria del sexo y proporcionamos a nuestra comunidad todo el apoyo que podemos.

Muchas organizaciones de defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales realizarán concentraciones en todo el país en el Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, también conocido como el Día Internacional de las Putas, el 2 de junio de 2018.

Las organizaciones de justicia social de Coyote RI y Rhode Islands organizarán una Concentración por la Reforma de la Justicia Penal el 2 de junio de 2018 (detalles sobre el evento próximamente).

Ha aparecido este sitio web ofreciendo una recompensa de $ 25.000 a cada una de las primeras 10 trabajadoras sexuales que presenten pruebas de que un congresista que votó a favor de SESTA es / fue cliente suyo. Estoy luchando por la #whorenation con la esperanza de que puedan desenmascarar a suficientes legisladores para obligar a estos hipócritas a renunciar a su escaño. Drenemos la ciénaga y exijamos que sus sustitutos comiencen a gastar nuestros impuestos en servicios públicos.

 

HOJA DE RECOMENDACIONES

Si deseáis acceder a algunos de estos sitios, deberéis usar un navegador VPN (red muy privada) como TOR. Intentaremos actualizar esta lista con la mayor frecuencia posible.

Nueva actualización de la lista 7 de abril, 2018 PM EST

Actualizada del 4 de abril de 2018-04-08

https://www.eroticmonkey.com/

https://www.locanto.com/Personals/P/

http://www.usasexguide.info/

https://www.theeroticreview.com/   Only allows access from a VPN

https://www.bestgfe.com/     Only allows you to click agree and access from a US browser

http://sipsap.com/

https://www.slixa.com/

https://preferred411.com/

https://liveescortreviews.com/

http://www.eros.com/

http://www.bigdoggie.net/

http://onebackpage.com/

http://backpage.ly/

openadultdirectory.com/

https://adultsearch.com/

https://www.69butterfly.com/

http://www.escorts2.com/en/usa

https://www.escortdirectory.com

http://www.escorts2.com/en/usa

https://usa.global-free-classified-ads.com/

seekingarrangement.com

https://usa.topescortbabes.com/

rubratings.com

https://liveescortreviews.com

https://40up.com.toronto.listcrawler.com/brief/1

https://liverubreviews.com

http://tosluts.com/forums/

https://www.adultlook.com

http://www.shoppok.com/

https://adultfriendfinder.com

duttslist.com

https://cityxguide.com

rubratings.com

http://mozart2.rssing.com/

https://www.escortwiz.com

http://www.bestxxxpic.com/

OnlyFans.com now requires a completed W9 form for users to receive payout

Down

 

Backpage.com

Craigslist.org

indyfiles.com/

https://www.eccie.net/

http://www.escortcafe.com

https://myproviderguide.com

http://www.sexyescortads.com/

http://www.theeroticsection.com/

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La presidenta del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, entrevistada en CanalSur

 

2 de abril de 2018

 

En el siguiente enlace:

 

http://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1266701

 

Y ésta es la transcripción: 

 

VBV: Buenas noches

Presidenta: Buenas noches

VBV: Yo le voy a llamar Julia, por ponerte un nombre, porque sé que no quieres que te reconozcan

P: Exacto

VBV: Porque la sociedad es muy injusta

P: Más injusta todavía: yo hace más de una década que dejé de ejercer la prostitución y todavía me sigo escondiendo. Y lo único que estoy haciendo ahora mismo es defendiendo los derechos de mis compañeras para que no se encuentren en las mismas situaciones en las cuales yo ejercí la prostitución.

VBV: Vamos a poner a los expectarores un poquito en situación: ¿cómo llega una persona a ejercer la prostitución? ¿Por qué?

P: Por necesidad; y hay diferentes necesidades: tenemos compañeras que están ejerciendo la prostitución para pagarse un máster, para estar mejor formadas para la carrera que están estudiando, y tenemos compañeras que están ejerciendo la prostitución por necesidades básicas.

VBV: Hay datos —y lo hemos estado hablando a lo largo de la noche, que es muy difícil hablar de datos porque no hay fuentes fiables— hay un dato que yo quiero que me confirmes: nosotros hemos leído que el 80% de las mujeres que ejercen la prostitución son irregulares, eso quiere decir pues que no tienen papeles o que son de fuera: tú que las conoces porque aunque hayas dejado de ejercerla sigues teniendo contacto con ellas, estás defendiendo sus derechos: en la calle, ¿hay mucho extranjero o hay extranjeros y españoles?

P: En la calle, en los pisos, en los clubs, en todos los sitios hay más compañeras inmigrantes que compañeras españolas, pero cada vez hay más mujeres españolas que están ejerciendo la prostitución, en particular desde que empezó la crisis. Muchas mujeres que han dejado de cobrar todas las ayudas que tienen, el paro y todas las ayudas que tenían y se han visto abocadas a ejercer la prostitución porque ya no han tenido más ayudas.

VBV: ¿A veces es la única solución que les queda a ciertas personas?

P: A lo mejor es la única solución, en ese momento es la única solución que encuentran. Tampoco el gobierno, los gobiernos, el mundo en general, no están por terminar con la pobreza; entonces, siempre que exista la pobreza siempre va a haber mujeres abocadas a ejercer la prostitución y en condiciones más deplorables. El problema que tenemos nosotras es que parece que se está regularizando todo lo que está alrededor de la prostitución menos las prostitutas. De hecho, se busca darle la vuelta; por ejemplo, en los clubs, los propietarios son empresarios, no son proxenetas, porque nosotras lo que pagamos allí es un hospedaje; entonces, somos huéspedes de ese hotel, pero esos hoteles no tienen licencia de club ni tampoco tienen licencia de hoteles, entonces, no se puede permitir el hospedaje en esos espacios. Así nos lo reconoce el Ayuntamiento de Sevilla porque le hemos presentado un listado para que nos dijeran las licencias que tenían todos los clubs.

VBV: Las prostitutas, ¿queréis legalizar vuestra situación?¿Queréis regularizar la prostitución?

P: Nosotras queremos derechos, queremos protección para las víctimas de trata, mejor protección, no la desprotección que tienen ahora las compañeras víctimas de trata. Nosotras queremos planes de reinserción y de formación para las compañeras que quieren dejar de ejercer la prostitución y queremos derechos laborales para las personas que quieren seguir ejerciendo la prostitución. No queremos: medidas asistenciales como son, por ejemplo, el Convenio de Salud de la Junta de Andalucía o los protocolos de actuación del Ayuntamiento de Sevilla, por poner un ejemplo.

VBV: ¿Tú has conseguido salir?¿Se puede?

P: Sí. Yo he conseguido salir porque yo he decidido salir en su momento; y salir, podemos salir todas, lo que pasa es que unas tendrán más problemas y otras tendrán menos problemas pero el problema es encontrar otra vida después de ejercer la prostitución.

VBV: La sociedad ¿pone muchas trabas?

P: Por supuesto. Y además esto está hecho para que desde su punto de vista, lo que se está mostrando a la sociedad, es para eso. El Ayuntamiento de Sevilla, por ejemplo, está persiguiendo a las compañeras de la calle desde el 2009 y ahora, en el plan nuevo que están ejecutando, que ha empezado a partir de enero, van a perseguir a las compañeras de pisos, mientras que los 1.500 clubs que hay en España, la licencia se las han dado a ellos.

VBV: Ahora vamos a explicar a los expectadores que en una ordenanza del Ayuntamiento se prohibía, bueno, se multaba al cliente de la prostitución. Eso ha llevado a que las prostitutas que trabajaban en la calle… ¿qué ha pasado con ellas?

P: Que nos desplacemos. Vamos a ver: este plan es pionero en España y está siendo felicitado en muchos lugares de España por el buen resultado que ha tenido, y el buen resultado que ha tenido ha sido que se han gastado un montón de dinero en campañas publicitarias en las cuales se pone “no tienes excusa para irte de prostitutas”, enfocadas a los clientes, y a las prostitutas lo que han hecho ha sido desplazarnos a sitios donde seamos perseguidas. Porque esto es un engaño: no estamos en contra del cliente, estamos en contra de la prostitución que nos molesta.

VBV: La prostitución no desaparece.

P: La prostitución de la calle, que les molesta a los turistas, la prostitución de los pisos que le molesta a mi moral y las encerramos en clubs donde no les molestamos a nadie y generamos mucho Producto Interior Bruto y del cual se beneficia nuestro gobierno, para quien sigue disfrazando esto con trata con prostitución, pero ellos se están beneficiando.

Que nos den derechos, que nos den protección, que es vergonzoso la atención que tenemos en los datos que dan. Las redadas que nos hacen, las redadas son más por el tema de extranjería que por el tema de trata, que ahora están viniendo muchas redadas por temas de empleo, del Ministerio de Empleo, que no lo entendemos, si saben que nosotras no podemos estar dadas de alta ni nada, no tenemos derecho, no sabemos tampoco por lo que van. Esto por la parte que ejecutan sus tareas. Y luego tenemos, pues, los policías que enseñan la chapa para hacer su servicio gratis sin pagar, el que cobra los sobres para no hacer redadas, y las hemerotecas están ahí, las mil noticias que habrá visto donde hay policías implicados y los que utilizan el amor romántico, como todo el machismo, todo el sistema patriarcal, igual, a nosotras nos utilizan igual.

VBV: Siempre hablamos de mujeres y yo, antes de que te vayas te quería hacer la pregunta: ¿se ve igual la prostitución en el hombre que en la mujer?

P: Los compañeros que ejercen la prostitución lo tienen peor que nosotras, porque ellos no existen ni para la Administración. Más todavía, hay veces que se hace un curso de formación, por ejemplo, para compañeras transexuales, y a las compañeras transexuales que todavía no tienen cambiado el nombre en el DNI con su nombre de mujer no les permiten hacer el curso porque no se puede registrar el nombre en esos documentos. Será que la Junta de Andalucía y este gobierno no tienen bastantes informáticos como para cambiar ese detalle.

VBV: No siempre se puede hablar con vosotras. Yo te doy las gracias porque sé que no es fácil, porque sé que os cuesta…

P: Una cosita.

VBV. Dime.

P:   Estamos hartas de que nos digan que somos víctimas de violencia de género, porque si somos víctimas de violencia de género, nuestros clientes son nuestros maltratadores y los que están dando las licencias de los clubes, ¿quiénes son? Dejemos ya de tanta sinvergonzonería, que luego no nos consideran víctimas de violencia de género, que luego nuestras compañeras asesinadas por sus parejas no son consideradas víctimas de violencia de género, porque tan sólo se les considera chulos o proxenetas. Nosotras no podemos tener pareja, parece ser.

Ya está bien de decirnos si nos gustaría esto para nuestra hijas. Esto no va a terminar porque nosotras queramos esto para nuestras hijas o no. Esto va a terminar con las hijas de muchas mujeres viniendo aquí, de muchas madres, y lo que queremos es que estén en mejores condiciones que las que hemos vivido nosotras.

Que no se utilice para recibir subvenciones, que no se utilice como programa electoral y que no se utilice para ganar una pelea feminista. Porque este es un movimiento que hace mucho tiempo que ha empezado y estamos empezando una lucha que ya la hemos ganado el 8 de marzo, cuando se ha conseguido, y eso sin participar todavía los colectivos de prostitutas, cuando se ha conseguido que la abolición no se lleve en el manifiesto

VBV: Pues gracias. Gracias porque son palabras muy sentidas, muy reales, y nosotros tenemos que seguir con el programa, con muchos más temas.  

 

Colectivo de Prostitutas de Sevilla

Twitter: @ProstitutasSev

e-mail: Colectivo.prosev@gmail.com

La despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda, explicada por el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda

 

Despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda

 

Escrito por el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda

 

http://www.sexworklaw.co.nz/pdfs/Decriminalisation_of_Sex_Work_in_New_Zealand.pdf

 

¿Que es despenalización en el contexto de Nueva Zelanda?

Antes de 2003, la mayoría de las actividades relacionadas con la prostitución eran faltas y/o delitos: mantenimiento de prostíbulos, vivir de las ganancias de la prostitución ajena, procurar y solicitar con fines de prostitución en un lugar público.

Las trabajadoras sexuales, no sus clientes, podían ser procesadas, y la policía a veces utilizaba la posesión de literatura de sexo seguro y de condones como pruebas para lograr una condena. Las trabajadoras sexuales condenadas llevaban el estigma de esa condena y esto obstaculizaba obtener un trabajo alternativo.

La Ley de Reforma de la Prostitución (LRP) despenalizó el trabajo sexual en 2003. Cambió la ley de un enfoque punitivo que perjudicaba a las trabajadoras sexuales y las hacía vulnerables a la coacción, a un enfoque basado en los derechos que promovía el bienestar, la salud y la seguridad de las trabajadoras sexuales, a la vez que las permitía ser protegidas de la explotación.

Facilitar el trabajo sexual a personas menores de 18 años sigue siendo ilegal, pero las jóvenes mismas no son susceptibles de procesamiento.

Las trabajadoras sexuales no están obligadas a registrarse ante ninguna autoridad. Los controles de salud sexual no son obligatorios, están organizados por la trabajadora sexual individual y, por lo tanto, son confidenciales.

El énfasis se basa en la promoción del sexo seguro y es obligatorio para los operadores de burdeles mostrar información de sexo seguro en estos lugares de trabajo.

La LRP les permite a las trabajadoras sexuales trabajar para ellas mismas o con otras trabajadoras sexuales. Pueden ser administradas por operadores de burdeles, y contratar conductores, recepcionistas y seguridad. Estas relaciones se rigen por las leyes de contratos, empleo y laborales.

Los operadores de prostíbulos que dirigen a una o más trabajadoras sexuales deben tener un certificado emitido y guardado confidencialmente por un juzgado. Este les permite contratar a trabajadoras sexuales, y vivir de las ganancias generadas por los servicios sexuales comerciales que brindan.

Las trabajadoras sexuales y los operadores de burdeles tienen permiso para publicitar a sus trabajadoras, promover su local, tener su propia identidad y establecer precios, pero no para publicitar servicios sexuales comerciales explícitos, excepto en foros para adultos. Sin embargo, pueden promocionar el nombre de su empresa y sus descripciones personales en la mayoría de los diarios.

Las personas que ejercen el trabajo sexual pueden trabajar por su cuenta, con otras trabajadoras sexuales en grupos o pueden trabajar dentro de grandes burdeles administrados por operadores. Pueden operar desde un negocio basado en una vivienda, bajo las reglas de ocupación de viviendas, o contactar con los clientes a través del trabajo sexual en la calle en lugares públicos.

La despenalización significa que la industria del sexo de Nueva Zelanda está controlada por el mismo marco legislativo que es común a todas las demás industrias. Existen leyes ocupacionales, de seguridad y de salud, y laborales, y ahora directrices diseñadas específicamente teniendo en mente a trabajadoras sexuales, operadores de burdeles y clientes.

Las personas nuevas en el trabajo sexual ya no son vulnerables a ser engañadas por eufemismos promovidos por terceros, incluidos los términos comúnmente utilizados en un entorno penalizado, tales como masajista o escort.

Pueden buscar información y hablar francamente sobre la naturaleza real del trabajo sexual, compartir consejos y estrategias para mantener la seguridad, y luego decidir si eso es para ellas o no. Las nuevas trabajadoras sexuales pueden obtener apoyo y ganar confianza, reduciendo su vulnerabilidad a la manipulación y mejorando sus oportunidades de tener una mayor seguridad y salud laboral en el contexto del trabajo sexual.

Si bien la despenalización del trabajo sexual no reduce, en sí misma, la violencia social generalizada, existe una fuerte evidencia de que las trabajadoras sexuales se sienten más capaces de rechazar clientes no deseados y tener un mayor acceso a la justicia.

Las trabajadoras sexuales se sienten más capacitadas para contactar con la policía, ya sea para evitar que se cometa violencia contra ellas o para denunciarla. Debido a que el pago por servicios sexuales no va en contra de la ley, los clientes también pueden alertar a las autoridades sobre situaciones que parecen ser ilegales.

Las relaciones con la policía se centran en proteger a las trabajadoras sexuales de la explotación. Las trabajadoras sexuales se sienten más capaces de buscar ayuda. La policía ya no tiene el papel de aplicar a las trabajadoras sexuales leyes contra el trabajo sexual. La policía también valora el cambio en la dinámica de la relación. Ya no está encargada de recopilar los nombres de las trabajadoras sexuales y registrarlas en una base de datos y puede trabajar con las trabajadoras sexuales para resolver crímenes tales como la violencia.

La Ley de Reforma de la Prostitución de 2003 reconoce que las trabajadoras sexuales deberían tener el derecho a elegir dónde trabajan y las condiciones en las que trabajan   y a tener el control sobre los servicios sexuales comerciales que proveen.

Debido a que el trabajo sexual no es ilegal, las personas que ejercen el trabajo sexual pueden dedicar más tiempo a evaluar situaciones, y discutir francamente con los clientes los servicios que están dispuestas a prestar, y las tarifas. Es importante que las trabajadoras sexuales puedan evitar daños potenciales al reducir el riesgo de malentendidos y otros peligros.

En línea con otras leyes penales, la Ley de Reforma de la Prostitución de 2003 permite a las trabajadoras sexuales retirar el consentimiento para proporcionar servicios sexuales en cualquier momento, con sanciones para cualquiera que induzca u obligue a alguien a proporcionar servicios sexuales comerciales.

Desde que cambió la ley, las trabajadoras sexuales que trabajan solas, en prostíbulos, desde casa o en la calle, informan sentirse más capaces de rechazar clientes indeseados.

Las trabajadoras sexuales se sienten más respaldadas por la ley para negociar condiciones más seguras —incluida la negociación de sexo seguro— sin tener que temer que su próximo cliente sea un policía camuflado que busque atraparlas. La ausencia de temor a la policía y a la detención inminente ha reducido la presión sobre las trabajadoras sexuales.

La ley otorga a las autoridades territoriales, tales como los ayuntamientos, poderes para regular la señalización y los lugares donde los burdeles pueden operar. Algunos ayuntamientos han introducido estatutos relacionados con la ubicación de burdeles, mientras que otros han dependido de los planes distritales existentes que rigen las operaciones comerciales generales.

Las tensiones relacionadas con la ubicación de los burdeles generalmente se deben a objeciones morales. Donde ocurren otras disputas, por ejemplo, sobre calles compartidas o ascensores en edificios de apartamentos, estos han sido generalmente resueltos por las corporaciones. En otras disputas, los tribunales han decidido a favor ya de los ayuntamientos ya de los burdeles. De cualquier manera, la Ley de Reforma de la Prostitución no determina la ubicación de los prostíbulos o de las prostitutas de la calle.

Tras la despenalización, el número de trabajadoras sexuales de la calle siguió siendo casi el mismo, aunque algunas trabajadoras se mudaron a pisos ya que ya no tuvieron que evitar los esquemas de registro policial para poder anunciarse. No todas las trabajadoras sexuales tienen los recursos necesarios para trabajar en el interior, ya sea porque carecen de un jefe dispuesto a contratarlas o de los medios para mantener su propio lugar de trabajo. El trabajo sexual basado en la calle no se ha extendido más allá de las áreas que tradicionalmente ocupaba.

La cantidad de jóvenes que trabajan no ha aumentado

Actualmente, los ayuntamientos no tienen el poder de determinar dónde puede tener lugar el trabajo sexual basado en la calle y trabajan con las organizaciones de trabajadoras sexuales para resolver conflictos con el vecindario. Pero es posible que en el futuro los ayuntamientos obtengan poderes para especificar áreas donde a las trabajadoras sexuales se les prohíba hacer trabajo sexual callejero. Existe un acuerdo oficial de que el trabajo sexual basado en la calle debe permanecer despenalizado.

La mayoría de las trabajadoras sexuales se ven a sí mismas como contratistas independientes. Se refieren a su lugar de trabajo, y a buenos y malos gerentes de burdeles. No hay evidencia significativa de crimen organizado, y el Servicio de Inmigración de Nueva Zelanda informa que no hay evidencia de trata.

La despenalización ha creado altas expectativas de seguridad en el lugar de trabajo y una cultura de denunciantes. Los clientes, las trabajadoras sexuales y los operadores de burdeles tienen más capacidad para informar de los problemas a los funcionarios sin temor a una reacción legal. La explotación puede combatirse y en 2014 una trabajadora sexual presentó con éxito un caso de acoso sexual contra un operador de burdel y recibió una indemnización de 21.500 USD. También se condenó al operador de burdel a recibir capacitación en relación con sus obligaciones en virtud de la Ley de Derechos Humanos de 1993.

Los oficiales médicos de salud tienen poderes para inspeccionar los burdeles y responder a las quejas. La policía puede obtener órdenes para registrar burdeles si hay motivos para creer que puede haber personas menores de 18 años teniendo relaciones sexuales, o si el operador no tiene un Certificado de operador vigente. El Tribunal de Distrito puede rechazar solicitudes de certificados si un operador ha sido condenado por un delito en virtud de la Ley de Delitos de 1961, penado con dos o más años de prisión; la Ley de Armas de 1983 con pena de prisión; o la Ley de abuso de drogas de 1975.

La despenalización busca proteger, no perseguir judicialmente, a las jóvenes menores de 18 años involucradas en el trabajo sexual.

Proporciona a las trabajadoras jóvenes acceso a los programas sociales para ampliar sus opciones más allá de la industria del sexo, y para que las agencias adopten un enfoque práctico de cara al sexo seguro y a la minimización de daños. También hay asistencia para acceder a apoyo financiero, alojamiento de emergencia y de largo plazo, y tratamiento adecuado para la dependencia de drogas y alcohol.

La despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda ha empoderado a las trabajadoras sexuales para combatir la explotación. Ha creado un entorno que salvaguarda su derecho a la seguridad y la salud en el trabajo. Las trabajadoras sexuales ahora tienen voz en todos los foros de Nueva Zelanda.

 

DESPENALIZACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL EN NUEVA ZELANDA

 

El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda fue instrumental en abogar por el cambio de ley, y hablan sobre los socios, los políticos y el proceso político con el que se comprometieron para crear una reforma legal líder mundial con la aprobación de la Ley de Reforma de la Prostitución de 2003.

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Como historiadora del sexo, esto es lo que quiero que sepas sobre la compra y venta de sexo

 

Las trabajadoras sexuales y sus simpatizantes se manifiestan en Londres para pedir condiciones más seguras. (JUSTIN TALLIS / AFP / Getty Images)

 

Por Kate Lister

28 de marzo de 2018

https://inews.co.uk/inews-lifestyle/women/as-a-sex-historian-this-is-what-i-want-you-to-know-about-the-buying-and-selling- del sexo /

 

La líder fundadora del Partido de la Igualdad de las Mujeres (Women’s Equality Party), Sophie Walker, publicó un artículo en su blog diciendo que ‘es hora de acabar con la prostitución’ penalizando a los clientes (el llamado ‘Modelo Nórdico’).

Walker celebra el primer aniversario de la Ley contra los compradores de sexo de Irlanda, la ley que penaliza la compra de servicios sexuales, pero no la venta.

Pero cuando en realidad les preguntas a las trabajadoras sexuales y a los grupos de derechos de trabajadoras sexuales qué sienten acerca del modelo nórdico, es difícil entender qué es lo que Walker piensa que vale la pena celebrar. En el año transcurrido desde que Irlanda introdujo el modelo nórdico, ha habido un aumento del 54% en delitos contra las trabajadoras sexuales reportados a National Ugly Mugs Ireland, y los crímenes violentos han aumentado en un 77%. La Sex Workers Alliance Ireland (SWAI) se opuso enérgicamente a la introducción de esta ley y advirtió con razón que conduciría a un aumento de la violencia contra las trabajadoras sexuales.

Walker afirma que le parece “extraordinario que la compra del cuerpo de una mujer para tener sexo sea legal en el Reino Unido”. A mí lo que me parece extraordinario es que alguien piense que un sistema que da como resultado un aumento del 77% en crímenes violentos contra las mismas personas que dice proteger sea digno de celebración. 

El modelo que penaliza a las trabajadoras sexuales

El modelo nórdico no funciona porque, al penalizar al cliente, penaliza a su vez a la trabajadora sexual. ¿Te parecería a ti justo que la fuente de tus ingresos fuera repentinamente penalizada? La investigación de los países que han adoptado el modelo nórdico muestra una y otra vez que la legislación de “fin de la demanda” solo coloca a las trabajadoras sexuales en un riesgo significativamente mayor de sufrir daño. Penalizar a los clientes puede reducir la demanda de aquellos que no desean cometer un delito, pero no disuade a quienes desean lastimar a las trabajadoras sexuales.

Una vez que se ha reducido la demanda, la competencia por clientes menos deseables aumenta entre las trabajadoras sexuales, lo que lleva a un aumento de conductas riesgosas y peligrosas, como las relaciones sexuales sin protección, el trabajo en aislamiento o en áreas desiertas. A medida que los clientes se mostraron menos dispuestos a acercarse directamente a las trabajadoras sexuales, Suecia y Noruega vieron un aumento espectacular en el uso de terceros negociadores (proxenetas y madams).

Como el artículo de Walker deja meridianamente claro, el Modelo Nórdico es simplemente una etapa en el camino hacia la abolición. Es parte de una narrativa más amplia que se niega a ver a la trabajadora sexual como algo más que una víctima que necesita ser rescatada. A pesar del excelente trabajo realizado por los grupos de derechos de las trabajadoras sexuales, este “complejo salvador del trabajo sexual” sigue dominando y dando forma a las narrativas modernas que rodean a las trabajadoras sexuales. Al construir a la trabajadora sexual como víctima, ésta es sutilmente desempoderada, despojada de su propia autonomía y tácitamente presentada como un ser inferior. Mientras permite que el espacio salvador valide su propia agenda moral, refuerza la jerarquía social y estigmatiza a las “rescatadas”.

El estigma mata

Uno de los mantras del movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales es “el estigma mata”, y el modelo nórdico directamente estigmatiza a las trabajadoras sexuales moralizando que vender y comprar servicios sexuales es malo. En Suecia, este estigma es visto como un efecto bienvenido del modelo nórdico ya que puede ayudar a disuadir a los clientes potenciales, a pesar de que el estigma expone a las trabajadoras sexuales a riesgos significativamente mayores de violencia (como se vio en Irlanda en el último año).

En 2000, John Lowman identificó un “discurso de desechabilidad” en los informes de los medios sobre trabajadoras sexuales, mediante el análisis de las descripciones en los medios de los esfuerzos para abolir el trabajo sexual por parte de los políticos, la policía y los residentes locales. Lowman relacionó esto con un fuerte aumento de los asesinatos de trabajadoras sexuales callejeras en Columbia Británica después de 1980. Argumenta que “parece que el discurso sobre la prostitución de principios de los 80 estaba dominado por demandas para deshacerse de las prostitutas de las calles, creando un medio social en el que la violencia contra las prostitutas podría florecer.”

Así es como funciona el estigma. Una vez que la trabajadora sexual es estigmatizada como desechable, se forma un mensaje, se le da forma y se le despliega en debates sobre la abolición, y este discurso influye posteriormente en cómo se trata a las trabajadoras sexuales. Y no son tratados bien bajo el modelo nórdico.

Ninguna prohibición ha funcionado

Las trabajadoras sexuales en los países del “fin de la demanda” informan de un aumento en los niveles de acoso policial y dificultades para acceder a los servicios de apoyo y en Oslo la policía amenaza de hecho con enjuiciar a los caseros si no desalojan a las trabajadoras sexuales de sus instalaciones.

Soy una historiadora del trabajo sexual y puedo decirte categóricamente que ningún intento de abolir ni la venta ni la compra de sexo en toda la historia humana ha sido efectiva. Ni uno. Entonces, ¿qué es lo que realmente funciona? La despenalización del trabajo sexual funciona. Eliminar el estigma en torno al trabajo sexual y hacer desaparecer la amenaza de enjuiciamiento crea un espacio para el diálogo entre las personas que ejercen el trabajo sexual, el público y las fuerzas del orden. La despenalización brinda a aquellas que están en la industria del sexo la dignidad y el respeto que merecen. Reconoce que el trabajo sexual es una opción para muchas personas, y crea oportunidades para acercarse y apoyar a aquellas que sufren abuso y / o coacción.

En 2003, Nueva Zelanda despenalizó el trabajo sexual para apoyar a las trabajadoras sexuales, no al Estado, en el control de su trabajo. Según una investigación llevada a cabo por la Universidad de Otago, más del 60% de las trabajadoras sexuales de Nueva Zelanda reportaron sentirse facultadas para negarse a ver a ciertos clientes, y el 95% dijeron que sentían que tenían derechos después de la despenalización. En 2014, una trabajadora sexual de Nueva Zelanda llevó a un operador de prostíbulos al Tribunal de Derechos Humanos, después de haber sido acosada sexualmente, y ganó su caso.

El enfoque gestionado aplicado en Leeds

En 2014, se introdujo un “enfoque gestionado” en el área de Holbeck en Leeds, lo que significaba que dentro de un área no residencial designada, entre las 8 p.m. y las 6 a.m., no habría enjuiciamientos policiales por solicitar o vender sexo. Cuando hay violencia, las trabajadoras sexuales lo denuncian directamente al oficial de enlace de la policía, así como las preocupaciones que tengan con respecto a clientes de los que sospechan que sean una amenaza para los niños, para otras mujeres y para ellas mismas.

Con trabajadoras sexuales callejeras libres para trabajar y hablar con la policía sin temor a ser enjuiciadas, ha habido un aumento del 50% en los crímenes reportados (National Ugly Mugs, 2017). Desde la introducción del “enfoque gestionado”, ha habido cuatro condenas por agresión violenta. En tres de estos casos, los criminales fueron declarados culpables de crímenes graves y violentos y recibieron largas penas de prisión. No ha habido tales procesamientos en Irlanda bajo el modelo nórdico.

El argumento de Walker está firmemente basado en supuestos heteronormativos de que las trabajadoras sexuales son mujeres heterosexuales, y sus clientes son hombres heterosexuales. No hay espacio para considerar las voces LGBT o transgénero dentro de este debate. No se reconoce que los hombres vendan y las mujeres compren servicios sexuales, y ciertamente lo hacen.

¿Por qué no estamos escuchando a las trabajadoras sexuales?

¿Por qué no estamos escuchando a las trabajadoras sexuales? Todas las organizaciones de derechos de las trabajadoras sexuales luchan contra el modelo nórdico y buscan la despenalización total, porque mantiene a las personas a salvo. En una encuesta de más de 200 trabajadoras sexuales, investigadores de la Universidad de Northumbria encontraron que el 96.2% de las encuestadas no pensaba que las personas deberían ser penalizadas por comprar sexo.

El modelo nórdico y sus seguidores presentan tácitamente a las trabajadoras sexuales como víctimas degeneradas y desechables que necesitan ser rescatadas. La evidencia demuestra que penalizar a los clientes causa un daño significativo a las personas que trabajan en la industria del sexo. Un principio central del feminismo es la autonomía corporal, la agencia sexual, el derecho a decir sí y el derecho a decir no, y a que esto se respete. ¿Cómo puedes considerarte una feminista si insistes en negar esos mismos derechos a tus hermanas trabajadoras sexuales?