Decreto regulador de los burdeles de Cataluña (217/2002, de 1 de agosto)

https://www.ecestaticos.com/file/c0249758b957dcf3cc01626241402a43/1389971213.pdf

 

DECRETO

217/2002, de 1 de agosto, por el que se regulan los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución.

El Gobierno, ante el aumento de la práctica de la prostitución y especialmente del ejercicio de esta actividad por parte de personas que pueden encontrarse en la esfera de la exclusión social, creó el mes de septiembre de 2001 una Comisión con el objetivo de elaborar las propuestas necesarias con el fin de aportar un mayor grado de transparencia y control a la mencionada situación y, asimismo, estudiar, programar y coordinar las medidas necesarias para regular el ejercicio de la prostitución, desincentivar esta actividad y velar por el respeto de los derechos fundamentales de las personas que la ejercen.

El mes de noviembre de 2001 se presentó un estudio sobre el estado de la prostitución femenina en Cataluña. Este estudio, encargado por el Instituto Catalán de la Mujer, tenía el objetivo de caracterizar la situación en el país, identificar las principales necesidades del colectivo de mujeres que trabajan en la prostitución y poner de manifiesto las principales tendencias que, en materia de política y regulación, han llevado a cabo otros países de la Unión Europea.

Paralelamente, el Departamento de Interior, elaboró un estudio donde se analiza el entorno y los efectos de los delitos relacionados con la prostitución.

De la información obtenida y del análisis efectuado, la Comisión de Gobierno para Asuntos Sociales e Institucionales, integrada por los departamentos de Gobernación y Relaciones Institucionales, Interior, Sanidad y Seguridad Social, Bienestar Social y Justicia propuso al Gobierno, y éste la aprobó, la adopción del Acuerdo de 19 de febrero de 2002, por el que se establecen una serie de medidas sociales en relación con la prostitución.

La falta de una norma específica para los locales de pública concurrencia donde tienen lugar actividades de carácter sexual es un hecho que hace falta resolver urgentemente, atendiendo a la grave problemática que generan estas actividades no prohibidas, pero sobre las que existe un vacío legal, con las consecuencias que esto comporta, tanto en relación con la actividad en sí, que se realiza dentro de estos locales, a las condiciones y controles higiénico-sanitarios, así como en lo que concierne al orden público en su entorno exterior, que hace necesaria su regulación.

El Gobierno, consciente de que la normativa que quiere elaborarse no es suficiente para resolver la problemática expuesta, tomó el Acuerdo, aprobado en la sesión de 16 de abril de 2002, de presentar en el Parlamento de Cataluña una propuesta de resolución por la que se acuerda solicitar al Gobierno del Estado que adopte tres proyectos de ley: uno de modificación del Código penal, otro para regular la prostitución y, un tercero, para modificar determinadas normas procesales.

De acuerdo con las competencias exclusivas que la Generalidad tiene en materia de espectáculos concretadas por la Ley del Parlamento de Cataluña 10/1990, de 15 de junio, sobre policía del espectáculo, las actividades recreativas y los establecimientos públicos, donde se determina la función de la policía con respecto a los espectáculos y los establecimientos de pública concurrencia, la citada Ley tiene el objetivo de preservar el orden público, de garantizar la seguridad y la higiene de los locales, de evitar molestias a terceros, de defender los derechos y la seguridad de la ciudadanía y de proteger a las personas menores de edad.

En cumplimiento del Decreto 200/1991, de 1 de octubre, de creación del Consejo Asesor de Espectáculos y Actividades Recreativas, organismo de carácter consultivo y de asesoramiento, que tiene como una de sus funciones informar sobre los reglamentos de desarrollo de la Ley 10/1990, de 15 de junio, en la sesión de 21 de marzo de 2002, el Pleno de la Comisión fue informado sobre la presente norma reglamentaria.

Finalmente, en el proceso de elaboración de la mencionada norma, la Comisión de Gobierno Local de Cataluña, en sesión de 27 de junio de 2002, emitió informe sobre el Proyecto de decreto.

Por todo ello, y de acuerdo con las previsiones de la ya citada Ley 10/1990, de 15 de junio, de conformidad con el citado Acuerdo del Gobierno de fecha 19 de febrero de 2002, y lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña, de acuerdo con el Dictamen de la Comisión Jurídica Asesora a propuesta del consejero de Interior y previa deliberación del Gobierno,

Decreto:

artículo 1

Objeto

Este Decreto tiene por objeto establecer los requisitos y las condiciones que deben reunir los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución, así como los reservados anexos donde se desarrolla la prestación de servicios de naturaleza sexual, y establecer las limitaciones y las prohibiciones inherentes a este tipo de establecimientos.

artículo 2

Concepto

A efectos de este Decreto, se considera prestación de servicios de naturaleza sexual, la actividad ejercida de manera libre e independiente por el prestador o la prestadora del servicio con otras personas, a cambio de una contraprestación económica, y bajo su propia responsabilidad , sin que haya ningún vínculo de subordinación en lo que respecta a la elección de la actividad, llevada a cabo en reservados anexos a las dependencias principales de determinados locales de pública concurrencia.

artículo 3

Ámbito de aplicación

3.1 Están sometidos a este Decreto, a los efectos previstos en el artículo 1, los locales de pública concurrencia que se describen a continuación, cuando dispongan de reservados anexos a la dependencia principal donde se presten servicios de naturaleza sexual:

  1. a) Local que dispone de servicio de bar, con ambientación musical por medios mecánicos, sin pista de baile o espacio asimilable.
  2. b) Local que ofrece actuaciones y espectáculos eróticos, disponiendo de escenario, con pista de baile o sin ella, de camerino para los artistas actuantes, de sillas y mesas para el público espectador y de servicio de bar.

3.2 Los locales a que se refiere el apartado 1 quedan sometidos a la Ley 10/1990, de 15 de junio, sobre policía del espectáculo, las actividades recreativas y los establecimientos públicos, y demás normativa de desarrollo.

artículo 4

exclusión

No están sometidos a este Decreto los domicilios y viviendas particulares donde se prestan servicios de naturaleza sexual y que no tienen la consideración de locales de pública concurrencia.

artículo 5

Limitación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3, la prestación de servicios de naturaleza sexual, únicamente se puede realizar en los lugares habilitados específicamente para este fin, en los reservados anexos al local.

En la dependencia principal del local, sólo se podrá concertar la prestación de servicios, pero en ningún caso su realización.

artículo 6

Requisitos de los reservados anexos

6.1 Los reservados anexos al local deben tener, como mínimo, habitación, baño, ducha, bidé, ventilación, aislamiento acústico, mobiliario, y deben cumplir con las condiciones higiénico-sanitarias, todo ello de acuerdo con lo establecido en la normativa específica en cada materia.

6.2 Los ayuntamientos, mediante sus ordenanzas, establecerán los requisitos y condiciones de los reservados anexos al local, en cuanto a su superficie, ventilación, calefacción, iluminación, aislamiento acústico, instalaciones, el mobiliario indispensable para ejercer la actividad, las condiciones higiénico-sanitarias y demás cuestiones objeto de su competencia.

artículo 7

Condiciones de ubicación

7.1 El acceso a los locales de pública concurrencia sometidos a este Decreto debe efectuarse directamente por la vía pública. El acceso a sus reservados anexos se efectuará desde el interior del local principal.

7.2 No se podrá autorizar su ubicación en la proximidad de centros docentes o de otros tipo de locales de ocio o que por la naturaleza de su actividad supongan la afluencia de menores de edad.

7.3 Se determinarán unas distancias mínimas entre la ubicación de este tipo de locales.

7.4 Los ayuntamientos, por razón de su competencia, mediante sus ordenanzas o normativa urbanística aplicable, establecerán las condiciones de emplazamiento de este tipo de locales.

artículo 8

Prohibiciones

8.1 Queda prohibido prestar servicios de naturaleza sexual en los locales o establecimientos de pública concurrencia que no se encuentran definidos en el artículo 3.

8.2 Queda prohibido el acceso de las personas menores de edad en todos los locales donde se ejerce la prostitución.

8.3 Se deben respetar el resto de prohibiciones establecidas en la normativa vigente sobre la protección de la infancia y la adolescencia.

artículo 9

Publicidad de la prohibición de acceso

Es obligatorio hacer pública la prohibición de acceso de los menores a los locales objeto de este Decreto, de acuerdo con los siguientes requisitos:

  1. a) Se debe fijar un rótulo indicativo de la citada prohibición en sus accesos visible desde el exterior y, en su caso, en las taquillas de venta de localidades.
  2. b) Este rótulo tendrá un formato mínimo de 25 cm de ancho por 15 cm de altura y las letras de la inscripción serán de caja alta, como mínimo de 48 puntos.

artículo 10

Control de acceso

El control de la prohibición de acceso de los menores a los citados locales la ejercerá la persona titular o las personas designadas por ésta que efectúen el control de acceso del público al local y podrán exigir la presentación del documento nacional de identidad u otro documento justificativo de la personalidad, para que acrediten su edad.

artículo 11

Servicios de vigilancia

11.1 Los locales sometidos a este Decreto, como mínimo, deben disponer de un o una vigilante de seguridad, durante todo su horario de funcionamiento. A partir de 50 personas de aforo deben disponer de un o una vigilante más y, en adelante, uno o una más por cada fracción de 50 personas.

11.2 Las funciones de los y las vigilantes de seguridad son las que establecen la Ley 23/1992, de 30 de julio, de seguridad privada, y el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad privada.

11.3 Los ayuntamientos, en relación con los servicios de vigilancia, pueden dictar reglamentos que tienen carácter de complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.4 de la Ley 10/1990, de 15 de junio, sobre policía del espectáculo , las actividades recreativas y los establecimientos públicos.

artículo 12

Servicios sanitarios

12.1 Las personas titulares de los locales de pública concurrencia sometidos a este Decreto deben garantizar que las personas que presten servicios de naturaleza sexual estén sujetos a las medidas de control sanitario de tipo preventivo y asistencial contenidas en los programas de atención dirigidos a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual.

12.2 En los locales sometidos a lo dispuesto en este Decreto se deberá garantizar a todas las personas usuarias el acceso a preservativos, debidamente homologados y con fecha de caducidad vigente, que se podrán entregar personalmente o bien mediante máquinas expendedoras.

12.3 En el interior de los locales deberá fijar, en un lugar perfectamente visible para las personas usuarias, un rótulo advirtiendo que el uso de preservativo es la medida más eficaz para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, incluido el sida.

artículo 13

Horarios

13.1 El horario de apertura de los locales regulados en el artículo 3 será a partir de las 17 horas.

13.2 El horario de cierre, por los locales a que se refiere el artículo 3 será hasta las 4 horas. Este horario se puede prolongar por un período de una hora la noche de los viernes, sábados y vísperas de festivos.

artículo 14

Seguro

Los ayuntamientos deben condicionar el otorgamiento de la licencia a que la persona titular del local de pública concurrencia, sometido a este Decreto, tenga concertado un contrato de seguros que cubra el riesgo de la responsabilidad civil.

artículo 15

Otorgamiento de licencias

Los locales donde se presten servicios de naturaleza sexual deben disponer de licencia municipal específica para realizar este tipo de actividad, sin perjuicio de la necesidad de obtener otras autorizaciones o licencias previstas en la normativa vigente.

Para la concesión de la licencia específica para realizar la actividad es necesario que el local acredite el cumplimiento de lo dispuesto en este Decreto, la normativa en materia de espectáculos, así como el resto de requisitos establecidos en las ordenanzas municipales correspondientes.

artículo 16

Inspecciones

La inspección y vigilancia de los locales regulados por este Decreto corresponde a la policía de la Generalidad-mozos de escuadra, de acuerdo con el Decreto 226/1991, de 14 de octubre, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Generalidad en materia de espectáculos y el Servicio de Inspección de espectáculos. Corresponde, asimismo, a los cuerpos de policía local correspondientes y al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad, sin perjuicio de las funciones asignadas a los técnicos y técnicas competentes por razón de la materia.

artículo 17

Régimen sancionador

El incumplimiento de lo establecido en este Decreto será sancionado de acuerdo con lo previsto en la Ley 10/1990, de 15 de junio, sobre policía del espectáculo, las actividades recreativas y los establecimientos públicos, y lo que disponga la normativa municipal sobre esta materia.

Disposiciones transitorias

primera

En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este Decreto los ayuntamientos deben aprobar las ordenanzas municipales a que se refiere el Decreto.

No obstante, los departamentos de Interior y de Gobernación y Relaciones Institucionales elaborarán y aprobarán, en el citado plazo de seis meses, una ordenanza tipo que será de aplicación a los ayuntamientos que no hayan aprobado la correspondiente ordenanza municipal de adaptación a este Decreto, sin perjuicio de que puedan aprobarse posteriormente su propia ordenanza municipal.

segunda

En el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de la ordenanza municipal correspondiente o de la ordenanza tipo, las personas titulares de los locales donde se ejerce la prostitución deben solicitar al ayuntamiento la adaptación de las licencias del local a lo establecido en el presente Decreto en relación a la actividad que se desarrolla.

La adaptación de los locales de espectáculos públicos y actividades recreativas existentes con anterioridad a la vigencia de este Decreto se debe realizar, por parte de las personas titulares de las licencias, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ordenanza municipal correspondiente o de la ordenanza tipo, cuando sea necesaria la modificación de las instalaciones o elementos de construcción, y en el plazo de seis meses a contar desde la misma fecha, si no es necesaria esta modificación. Una vez realizada dicha adaptación, los interesados ​​deberán comunicarlo al ayuntamiento correspondiente.

tercera

En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ordenanza municipal correspondiente o de la ordenanza tipo, los ayuntamientos deben revisar las licencias concedidas con anterioridad para adaptarlas a lo establecido en el presente Decreto , así como la correspondiente normativa municipal, tanto en cuanto a la denominación de la actividad como a las características y condiciones del local. Los ayuntamientos deben comunicar a las correspondientes delegaciones territoriales del Gobierno de la Generalidad las resoluciones relativas a estas licencias.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Las cuestiones de carácter higiénico-sanitario, laboral, social y otros que puedan tener relación con la actividad de prestación de servicios de carácter sexual, se regularán por las administraciones competentes por razón de la materia.

DISPOSICIÓN FINAL

Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

Barcelona, ​​1 de agosto de 2002

JORDI PUJOL Presidente de la Generalidad

XAVIER POMÉS Y ABELLA Consejero de Interior

(02203105)

 

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El mayor proxeneta es el Tío Sam

 

Volante para la Marcha de Mujeres 2018 en EE.UU.

https://docs.google.com/document/d/1ZulQmuLYrczBFYJTaxDsW_3fe86MzFMaKl7cTFGVCSA/edit

 

El mayor proxeneta es el Tío Sam

Las verdaderas víctimas de la trata sexual son las trabajadoras sexuales que han soportado la violencia patrocinada por el Estado.

El Tío Sam parece pensar que algunas personas merecen vivir en la pobreza extrema, y ​​sin embargo las trabajadoras del sexo saben que el trabajo sexual pone la comida sobre la mesa y las sacará de la pobreza.

Las trabajadoras sexuales están siendo castigadas porque se niegan a conformarse y permitir que el Tío Sam las chulee a cambio de un salario más bajo y peores condiciones de trabajo. Mientras tanto, el Tío Sam sigue aumentando el precio que la trabajadora sexual tiene que pagar en cuanto a castigo legal, encarcelamiento, humillación pública, discriminación y violencia.

El Tío Sam permite que las fuerzas del orden usen el fraude y la coerción para detener a las trabajadoras sexuales. Este sistema de redada y rescate permite a los agentes de policía hacerse pasar fraudulentamente como clientes para participar en actos sexuales con mujeres, luego detenerlas por prostitución y embargar sus ingresos.

Estos abusos contra los derechos humanos están patrocinados por el Tío Sam, quien financia esta alianza entre la comunidad vigilante de feministas carcelarias, los grupos de rescate y las fuerzas del orden para crear grupos de trabajo antitrata que infligen más daño y castigo a las trabajadoras sexuales y las aíslan aún más de sus comunidades locales. Este sistema estatal carcelario también elimina el derecho de las trabajadoras sexuales a asociarse y desbarata sus esfuerzos para organizarse e implementar iniciativas de reducción de daños. Crea más barreras para que las trabajadoras sexuales accedan a los servicios y les quita el acceso al sistema de justicia si se convierten en víctimas de la violencia o la explotación.

No hay malas mujeres, solo malas leyes

Para obtener más información sobre los derechos de las trabajadoras sexuales y los proyectos en curso, vea

Swopbehindbars.org    swopusa.org   coyoteri.org

Policeprostitutionandpolitics.com    ratethatrescue.org

 

POR LAS PROSTITUTAS, CONTRA LA PROSTITUCIÓN

 

Primer comunicado del English Collective of Prostitutes (marzo de1990)

http://prostitutescollective.net/wp-content/uploads/2012/09/For-Prostitutes-Against-Prostitution.pdf

 

 

 

A FAVOR DE LAS PROSTITUTAS Y CONTRA LA PROSTITUCIÓN

CRUZANDO LAS LÍNEAS DIVISORIAS ENTRE LAS TRABAJADORAS SEXUALES Y LAS DEMÁS MUJERES

 

Mujeres: las más pobres de la clase obrera

El cálculo hecho en 1980 por las Naciones Unidas de que las mujeres hacen 2/3 del trabajo mundial a cambio del 5% de los ingresos y el 1% de los activos, explica la verdad básica sobre la prostitución, tanto en el Tercer Mundo como en los países industrializados. Las mujeres —que trabajan al menos el doble que los hombres— obtienen muchos menos ingresos; por lo tanto, las mujeres somos las vendedoras y los hombres son los compradores. Estimamos que el 70% de las mujeres prostitutas en Gran Bretaña son madres, en su mayoría madres solteras, que ejercen para mantenerse a sí mismas y a sus familias. Las discusiones, recomendaciones y políticas sobre la prostitución que pasan por alto la economía al dejar de lado la pobreza de las mujeres, esconden la verdad más grande sobre la vida de las mujeres. Socavan los fundamentos de la lucha contra la injusticia de las leyes de prostitución y la base para que las mujeres prostitutas y las no prostitutas trabajen juntas contra el sexismo que condena a la mayoría de las mujeres del mundo a la pobreza y / o a una jornada laboral de 24 horas.

Las Naciones Unidas confirman la experiencia de nuestra red internacional de que las mujeres están pagando el precio más alto por la crisis económica mundial de los últimos 10 años.

“Las Chlomenl adaptan su comportamiento a los cambios económicos en un intento de amortiguar el impacto de esos cambios en sus familias aumentando la cantidad de tiempo que trabajan en el hogar o en el mercado laboral.

Este comportamiento bien puede ser el efecto más significativo de la crisis, lo que implica que las mujeres hacen que el ajuste sea socialmente posible mediante el aumento de su propia actividad económica, trabajando más duro, mediante la auto abnegación “.(1)

En Gran Bretaña, el gobierno ha congelado el Child Benefit, el único reconocimiento universal de que cada madre es una madre trabajadora cuyo trabajo de cuidado de niños es una contribución crucial a la sociedad. A menudo es el único dinero que las mujeres pueden llamar suyo. También se han recortado los subsidios a la vivienda y otros beneficios, y el gobierno ha introducido el programa de trabajo obligatorio a cambio de prestaciones, lo que lo hace más difícil, especialmente para los jóvenes, reclamar prestaciones de asistencia social. Estas políticas económicas han resultado en un aumento de personas sin hogar y de prostitución. En nuestra encuesta de 101 prostitutas que trabajaban en diferentes áreas de Londres, tanto en la calle como en los locales, la necesidad económica era la razón fundamental dada por la prostitución en más de las tres cuartas partes de las mujeres. Además, otras 22 mujeres dijeron que habían “derivado hacia ella”: lo cual, si no tienes perspectivas económicas serias, como es el caso para la mayoría de las mujeres de la clase trabajadora, también es probable que sea un motivo económico. (2)

El Poll tax recientemente introducido, que se supone que todos los adultos deben pagar independientemente de los ingresos, y al que se han opuesto el 73% de las personas en Gran Bretaña, es probable que aumente aún más la prostitución, en la medida en que mujeres no asalariadas y gente joven se vean obligadas a ganar dinero para pagar el impuesto y cualquier multa que resulte de la falta de pago.

Quiénes somos

El Colectivo Inglés de Prostitutas (ECP, English Collective of Prostitutes) es una organización autónoma dentro de la Campaña Internacional “Salarios para el Trabajo Doméstico”. Junto con el US PROStitutes Collective y el grupo Wages for Housework en Trinidad que trabaja con mujeres prostitutas, formamos International Prostitutes Collective, una red de mujeres de diferentes razas, nacionalidades, edades y antecedentes que trabajan en diferentes niveles de la industria del sexo.

Estamos haciendo campaña por la abolición de las leyes de prostitución que castigan a las mujeres por negarse a la pobreza y / o la dependencia financiera de los hombres, y por los derechos humanos, legales, económicos y civiles de las mujeres prostitutas. También estamos haciendo campaña por que el dinero, la vivienda y otros recursos estén disponibles por igual tanto para las mujeres que ejerzan como para las que quieran dejar de ejercer; por casas seguras para niños y jóvenes fugados donde pueden ser anónimos para protegerlos de ser recogidos por la policía y enviados de vuelta a su casa, a menudo para sufrir más violencia; y por mayores beneficios, subsidios y salarios para que ninguna mujer sea vea forzada a tener relaciones sexuales con nadie por la pobreza, la dependencia financiera y / o la falta de alternativas económicas.

Nos oponemos a la “legalización” como una forma de control policial / gubernamental que institucionaliza a las mujeres en la prostitución. Evidencia de Alemania Occidental y Nevada (EE. UU.) ha demostrado que la legalización aumenta los intermediarios: los proxenetas legalmente reconocidos obtienen su parte del salario de las mujeres; aumentan la carga de trabajo de las mujeres; y segrega a las mujeres de sus familias y comunidades. La mayoría de las mujeres preferirían trabajar ilegalmente antes que estar registradas en un ordenador de la policía para toda su vida y tener que llevar encima sus libretas de salud. Las mujeres, no los hombres y no el Estado, debemos controlar nuestros cuerpos y nuestro dinero.

La línea divisoria legal 

Aunque la prostitución per se no es ilegal en Gran Bretaña, es casi imposible que una mujer trabaje como prostituta sin violar la ley. Es ilegal que una “prostituta común” merodee o solicite en lugar público. Una mujer es etiquetada como “prostituta común” por dos policías antes de comparecer en el tribunal: culpable antes de que se demuestre su inocencia. Las mujeres que comparten el lugar de trabajo con incluso sólo una mujer más pueden ser detenidas por gestión de burdel. Cualquiera que se asocie con una prostituta se convierte en culpable por asociación: esposos y novios pueden ser acusados ​​de proxenetismo, la novias de merodear, gestionar un burdel o controlar a una prostituta.

Las jóvenes trabajadoras a menudo son acusadas de ser “madres no aptas” debido a su ocupación. Muchas mujeres pierden la custodia de sus hijos por servicios sociales prejuiciosos. Una madre soltera de nuestra red describió cómo la policía se llevó a su hija de diez años, que anteriormente no sabía nada de la ocupación de su madre:

“Rompieron la puerta de entrada y rompieron la cerradura. Había alrededor de diez policías en total, tres de los cuales eran mujeres. Mi hija lloraba y gritaba que la rescatara. Se negaron a dejar que la consolara. No me permitieron ningún contacto con ella durante cuatro días. Realmente creía que nunca volvería a verla, y me estaba volviendo loca de preocupación y dolor. . . No podrían haberme lastimado más si hubieran cogido un cuchillo y lo hubieran retorcido en mi corazón. Todo lo que hice fue mejorar nuestro estilo de vida y escapar de la trampa de la “pobreza”. . . Se debe hacer algo para cambiar las leyes que facilitan a la policía invadir nuestra privacidad en nuestros propios hogares y arrebatarnos a nuestros hijos. Es meramente un ‘secuestro legalizado’ “. (3)

Las leyes de prostitución dividen a las mujeres entre quienes somos consideradas “buenas y respetables” y quienes somos consideradas “malas y viciosas” por negarnos a la pobreza al trabajar en la industria del sexo. El dinero, a los ojos de la clase dirigente, hace que las buenas, es decir, las pobres, sean malas. Hace poco protestamos contra la forma en que una mujer asesinada fue sometida a juicio por los medios de comunicación, lo que implicó que sus padres se angustiaran más al descubrir que su hija trabajaba como prostituta que al saber que había sido asesinada. Tal devaluación de la vida de las mujeres prostitutas no es inusual. En 1981, hicimos un piquete en el Tribunal Supremo durante el juicio contra el Destripador de Yorkshire, un asesino en serie que mató a 13 mujeres y atacó a muchas otras. Como en el caso de los asesinatos de Green River en Canadá y Seattle, y los asesinatos de Los Angeles South Side, la policía usó las leyes de prostitución como una excusa para no hacer nada, etiquetando a las mujeres asesinadas como prostitutas, que en todo caso eran negras y / o demasiado pobres para tener importancia. La policía de Yorkshire tomó los asesinatos en serio después de que una mujer “respetable” relativamente de mejor posición fuera asesinada. Muchas más mujeres murieron como resultado, prostitutas y no prostitutas por igual.

En noviembre de 1982, con el apoyo de Mujeres Negras por Salarios para el Trabajo Doméstico y Mujeres contra las Violaciones, el ECP ocupó la Iglesia Holy Cross en el barrio rojo de King’s Cross, Londres, durante 12 días, para protestar por la ilegalidad policial y el racismo contra las mujeres prostitutas. La Ocupación de la iglesia fue el primer asilo en sagrado moderno en Gran Bretaña. La policía estaba deteniendo a mujeres que no estaban trabajando, yendo particularmente a por mujeres negras y mujeres que usaban nuestro servicio legal, Legal Action for Women, para defenderse en el juzgado, mientras rehusaban arrestar a los proxenetas y violadores que denunciábamos. La policía acusó de prostituta a una mujer blanca no prostituta con discapacidad que denunció violación y detuvo a su novio negro por proxenetismo. Más tarde fue declarado inocente, pero el violador nunca fue encontrado.

La Ocupación recibió un amplio apoyo de los residentes locales y de muchas organizaciones, en particular grupos de mujeres negras y de homosexuales. Logró colocar a las mujeres prostitutas en la agenda política como nunca antes, e inspiró a mujeres prostitutas en otros países, comenzando con Canadá. En julio de 1984, las mujeres prostitutas y sus aliados ocuparon la catedral Christ Church de Vancouver para protestar contra la violencia policial y el interdicto provisional que declaraba a las prostitutas una molestia pública. El ECP también ha trabajado con la Alianza de Mujeres en Apoyo a las Prostitutas (WASP), en Halifax.

A favor de las prostitutas y contra la prostitución

El movimiento de mujeres se divide en el tema de las mujeres que trabajan como prostitutas. Cuando comenzamos en 1975 tomamos nuestro nombre del Colectivo de Prostitutas que organizó la huelga nacional de prostitutas de 1975 en Francia, uno de los eventos más dramáticos del movimiento de mujeres a nivel internacional (4). Exigimos que la lucha de las mujeres prostitutas por los mismos derechos humanos, legales y económicos que las demás mujeres sea reconocida como parte del movimiento de mujeres por la independencia financiera y el control de nuestros propios cuerpos, y como parte del movimiento de la clase trabajadora por más dinero y menos trabajo. Conectar la situación de las mujeres prostitutas de esta manera era entonces algo completamente nuevo. Todavía es algo controvertido. La mayoría del Movimiento de Liberación de la Mujer era hostil a la prostitución de mujeres sobre la base de que el intercambio de sexo por dinero era singularmente degradante. Dijeron que alentaba la violación induciendo a los hombres a creer que todas las mujeres están disponibles, olvidando convenientemente que los hombres ya pensaban eso. La industria del sexo no es la única industria que está dominada por hombres y que degrada a las mujeres, pero es una industria basada en el sexo, lo que tiende a soltar muchas cadenas represivas en muchas psiques. En segundo lugar, en esta industria las trabajadoras son ilegales y pueden defender menos públicamente los derechos tanto a sus trabajos como contra sus empleadores. Argumentamos que el que algunas mujeres cobren por lo que se espera que hagan todas las mujeres de forma gratuita es una fuente de poder para que todas las mujeres rechacen cualquier trabajo sexual gratuito cuando deseen rechazarlo.

En 1975, la Campaña Salarios para el Trabajo Doméstico fue la única organización de mujeres que salió en apoyo de las mujeres prostitutas.

“Todo trabajo es prostitución, ya sea que trabajemos por dinero o alojamiento y comida. Todas las mujeres son prostitutas. Ya sea que nos follemos mucho dinero, seamos camareras,empaquetemosr galletas, escribamos cartas, conduzcamos camiones, tengamos hijos, enseñemos en las escuelas o trabajemos en las minas de carbón, todas las mujeres nos vemos obligadas a vender nuestros cuerpos y nuestras mentes. Nuestras vidas enteras nos son robadas por el trabajo. 

. . todas las mujeres se benefician de los intentos exitosos de las prostitutas de recibir efectivo por el trabajo sexual, porque el efectivo deja en claro que las mujeres estamos trabajando cuando estamos jodiendo, vistiéndonos, siendo amables, poniéndonos maquillaje, cada vez que nos relacionamos con los hombres. . . La prostituta, lesbiana o “heterosexual”, rechaza el trabajo emocional y sexual ilimitado (y lavar la ropa) que normalmente acompaña las relaciones con los hombres, a favor de una demanda en efectivo “. (5)

Trabajar en la industria del sexo también ha hecho posible que muchas mujeres obtengan la independencia financiera que necesitan para permitirse vidas de lesbianas: tener relaciones sexuales con hombres en el trabajo a fin de negarse a tener sexo con hombres en sus vidas privadas. Las discotecas y clubes han sido lugares de reunión donde las prostitutas lesbianas se encuentran con otras mujeres lesbianas, pero las mujeres prostitutas rara vez son reconocidas como parte del movimiento lésbico. Tampoco se tiene en cuenta su experiencia en la mayoría de las teorías feministas, lesbianas o no.

Poder para las mujeres versus poder para el Estado

Mientras que los proscritos sexuales socializan entre ellos, el gobierno usa la ambivalencia feminista hacia las mujeres prostitutas para fortalecer los poderes de la policía contra todos. Las campañas contra la pornografía y la legislación restrictiva son dos ejemplos de cómo el feminismo se alimentó del clima represivo económico y sexual de los años ochenta.

Las feministas anti-porno se han concentrado en atacar las actitudes, no las relaciones de poder, culpando de ser violencia contra las mujeres las imágenes de desnudos mientras se ignora la violenta realidad económica que esas imágenes reflejan. Estas feministas le dicen a otras mujeres lo que los hombres siempre nos han dicho: que ignoremos nuestra experiencia real y nos sometamos a sus prioridades. No es el dinero, no es la vivienda, ni siquiera son unas leyes no sexistas, no racistas y no violentas, sino acabar con la pornografía lo que se convierte en la clave del bienestar de toda mujer. Esta obsesión con las “imágenes sucias” ha ocultado el impacto total del ataque del gobierno a los bolsillos de las mujeres de la clase trabajadora: menos independencia económica y, por lo tanto, más violaciones y otros tipos de violencia contra mujeres y niñas. (6)

No es accidental que la pornografía esté prohibida en el apartheid de Sudáfrica. A diferencia de la legislación que considera que la violación en el matrimonio es un crimen, lo que significa más poder en manos de las mujeres, la censura de la pornografía significa más poder en las manos de los gobiernos y de la policía para decidir cómo disfrazar las mentiras y ocultar la verdad, es decir, controlar a qué tipo de información tenemos acceso, sobre el sexo y sobre todo lo demás. (Y, a pesar de sus inconvenientes, la pornografía es a menudo el único material sexualmente explícito disponible para mujeres que desean explorar sus propias necesidades sexuales). Junto con Wages Due Lesbians, hemos trabajado para mostrar que la represión económica y la represión sexual son dos caras de la misma moneda, dividiendo a las mujeres entre sí y a las mujeres de los hombres. Las cazas de brujas anti-porno y anti-lesbianas / homosexuales son parte integral de la estrategia económica del gobierno de realizar recortes en prestaciones, salarios y servicios.

“Para tener éxito, esta estrategia debe ir acompañada de un ataque a nuestros derechos a la autodeterminación y a [el sexo y otros] • en nosotros mismos y entre nosotros: en otras palabras, un ataque a nuestro poder para organizarnos con todo tipo de personas contra la explotación y la represión. Monetarismo —el gobierno controlado por las fuerzas del mercado necesita moralismo—, el gobierno por parte de las fuerzas policiales, en el dormitorio, en el aula y en la calle”: (7)

En 1985, el gobierno de Thatcher introdujo una legislación contra el merodeo (hombres que solicitan a mujeres con fines sexuales) en nombre de la igualdad de las mujeres prostitutas al detener a sus clientes y de la seguridad de otras mujeres al hacer ilegal que los hombres las aborden. Ha igualado a las mujeres por abajo quitando algunos de los derechos que los hombres tenían y por los que las mujeres estaban luchando: en lugar de que las mujeres prostitutas sean detenidas por acercarse a los hombres, los hombres lo son ahora por acercarse a ellas. La legislación restrictiva es similar a la Enmienda C-49 de Canadá (1985) que criminaliza cualquier cosa que la policía decida que es “comunicar para favorecer la prostitución”. Es parte de la iniciativa del gobierno de “limpiar” las zonas urbanas centrales de uno de los efectos más visibles de sus políticas económicas: el aumento de la prostitución; para reprimir la actividad callejera en general; y para defender los valores de las propiedades a expensas de los derechos civiles.

La legislación restrictiva ha fomentado los prejuicios y la hostilidad contra las mujeres prostitutas, y ha extendido a los hombres algunos de los prejuicios que las leyes de prostitución infligen a las mujeres. De la misma manera que la evidencia policial por sí sola es suficiente para condenar a las mujeres prostitutas por merodear y solicitar, es también suficiente para condenar a los hombres acusados ​​de merodear. Una fuerza policial cuya ilegalidad, racismo, sexismo y corrupción se han convertido en noticias cotidianas, ha recibido poderes adicionales para detener a cualquiera que elija. La experiencia nos dice que es más probable que la policía use sus nuevos poderes contra los negros y otros hombres de la clase trabajadora a los que pueden querer culpar por motivos totalmente inconexos. Los residentes de los barrios rojos en nombre de cuyas propiedades se aprobó la legislación contra el merodeo y la solicitación nunca tuvieron que justificar sus acusaciones.

En 1984, iniciamos la Campaña Contra la Legislación del Merodeo (CAKCL): una coalición de organizaciones antiviolación, organizaciones negras y organizaciones de derechos civiles, grupos de prevención del SIDA y drogas, abogados, oficiales de libertad condicional y activistas del Partido Laborista. Nuestra oposición ha demostrado que la legislación contra el merodeo aumenta la vulnerabilidad de las prostitutas y otras mujeres frente a la violencia al forzar a las trabajadoras a permanecer en lugares más escondidos y dedicar la policía más tiempo y recursos a atrapar mujeres prostitutas y rastrear merodeadores que a atrapar violadores y otros hombres violentos. Mientras que la policía ha formado escuadrones especiales y detenido a miles de mujeres y cientos de clientes (¡las mujeres son siempre las primeras en ser detenidas!) en un esfuerzo combinado para “limpiar” los barrios rojos, no han actuado en coordinación contra los asesinos y violadores de mujeres.

El gobierno cuenta ahora con la ambivalencia feminista sobre las trabajadoras de la industria del sexo para introducir el etiquetado electrónico, con la esperanza de que no habrá oposición al etiquetado si “solo” se aplica a las mujeres prostitutas y los merodeadores. Una vez introducido, se puede usar contra cualquier persona, expandiendo en lugar de reducir la población carcelaria al interior de nuestros propios hogares. 

El virus de la represión

La “propagación del SIDA” también ha sido utilizada por los políticos y los medios para fomentar la caza de brujas y profundizar la división entre mujeres retratadas como casadas, monógamas, fieles, limpias y principalmente blancas, frente a mujeres retratadas como solteras, promiscuas, contaminadas / contagiosas y principalmente negras y / o del tercer mundo. La presunción de que las mujeres prostitutas están propagando el virus del VIH no se basa en la evidencia, sino en suposiciones de que las mujeres que tienen relaciones sexuales con (potencialmente) muchas parejas sexuales inevitablemente contraen y transmiten enfermedades; que las mujeres que han “elegido” esta forma de vida son singularmente degradadas e inmorales; y esa “degradación de la mente” inevitablemente trae “degradación del cuerpo”. El estado ilegal de las mujeres prostitutas ha hecho más difícil que las chicas trabajadoras hablen públicamente. en su propia defensa y más fácil que sean despedidas antes que las personas más “respetables”.

La investigación en los países occidentales contradice las afirmaciones de que las prostitutas son “de alto riesgo”. Pero informes aislados y a menudo no confirmados de chicas trabajadoras que dan positivo en el examen de VIH, han sido sensacionalizados para avivar los prejuicios y la hostilidad. La propaganda sobre el llamado origen africano del SIDA y las estadísticas sobre las altas tasas de VIH / SIDA en África, cifras cuya exactitud y confiabilidad están en duda, se utilizan para avivar el racismo contra las personas negras, inmigrantes y prostitutas de todo el mundo.

Dondequiera que los condones y las clínicas sean asequibles y accesibles, las mujeres prostitutas tradicionalmente los han usado y, por lo tanto, pueden correr menos riesgos que otras mujeres. Y a pesar de que los clientes generalmente no desean usar condones, la mayoría de las propuestas para realizar pruebas de detección se han dirigido a las mujeres trabajadoras, no a los clientes. Este doble estándar se extiende a la situación ridícula de las mujeres detenidas y condenadas por prostitución por llevar condones en sus bolsos de mano.

Nuestra organización hermana en San Francisco, US PROStItutes Collective, encabezó la oposición a la legislación que proponía pruebas obligatorias de SIDA para prostitutas y clientes convictos; una sentencia de prisión por delito grave de hasta tres años para cualquier persona condenada por prostitución después de que haya dado positivo al VIH; y la inscripción en un programa de abandono de drogas y / o de empleo. El Proyecto de Ley de Bronzan de 1988 y una legislación similar golpearían más duramente a las mujeres, particularmente mujeres negras. Al menos el 70% de las personas detenidas por prostitución son mujeres, y aunque la mayoría de las mujeres prostitutas en los Estados Unidos son blancas, la policía racista y las sentencias hacen que la mayoría de las mujeres enviadas a prisión por prostitución sean negras. (8)

A medida que las pruebas obligatorias se generalizan, el ECP, Mujeres negras por el trabajo doméstico y WinVisible: mujeres con discapacidades visibles e invisibles (nuestros puntos de referencia en anti-racismo y en racismo anti-discapacidad), nos hemos centrado en exponer las políticas de SIDA de divide y vencerás, un paso crucial hacia la comprensión y la lucha contra el SIDA.

“La información más reciente de EE. UU. muestra que el SIDA, como el cáncer, es una enfermedad de la pobreza, y que las personas negras y otras clases trabajadoras están muriendo de ambas enfermedades en cantidades desproporcionadas. (70% de los casos de SIDA en mujeres ocurrieron entre negras e hispanas … y 90% de bebés nacidos con SIDA son negros o hispanos. (9) 1 Pero en lugar de detener las prácticas militares e industriales que atacan a nuestro sistema inmune —desnutrición, falta de vivienda, sobremedicación, pesticidas, radiación y otros contaminantes, y exceso de trabajo (también conocido como estrés)— gobiernos de todo el mundo están introduciendo pruebas obligatorias de VIH, controles de inmigración más estrictos, detención, deportación, y otras medidas represivas; y engordan los bolsillos de la industria farmacéutica con costosos subsidios de investigación en medicamentos “milagrosos” y vacunas cuyos efectos secundarios pueden ser al menos tan peligrosos como la enfermedad que supuestamente deben curar “. (10) 

La prostituta y la esposa

Sin embargo, a pesar de las divisiones dentro del movimiento de mujeres, cada vez más mujeres se dan cuenta de que sus vidas y su seguridad están ligadas a la vida y la seguridad de sus hermanas ilegales. En diciembre de 1989, el ECP y Mujeres contra la Violación (WAR) apoyaron a una mujer cuyo ex marido, Victor Powell, estaba siendo sentenciado por la violación de una mujer prostituta. Celebramos una vigilia fuera del tribunal para resaltar la vulnerabilidad que las mujeres prostitutas y las esposas comparten a manos de la ley, la policía y los tribunales. El violador tenía condenas previas por violar a otras dos mujeres prostitutas. En este caso, la mujer fue retenida, violada y agredida en su casa. Al beber mucho, finalmente se durmió y la mujer logró llamar a la policía.

  • ¡Tardaron 45 minutos en llegar!

La Encuesta de seguridad de las mujeres de 1985 de WAR, Ask Any Woman (11), descubrió que más de una cuarta parte de las mujeres que habían trabajado como prostitutas habían sido violadas o agredidas sexualmente. Las leyes de prostitución, que criminalizan a las mujeres, son una señal para los hombres de que la violencia contra las mujeres prostitutas será tratada con mayor indulgencia que la violencia contra otras mujeres y que la policía y los tribunales la consideran “parte del trabajo”. Estas leyes también se usan contra otras mujeres. Un policía que fue condenado recientemente por violar a una joven madre soltera negra mientras estaba de servicio, la había amenazado con detenerla por solicitación si se atrevía a denunciar la violación. (12)

Del mismo modo, la violación en el matrimonio, ahora tratada como un crimen en Escocia y en otros países, se considera en el resto del Reino Unido como un derecho del marido. Ask Any Woman encontró que las mujeres tienen más que temer del “violador que paga el alquiler”: una de cada siete esposas había sido violada por sus maridos. (13) La mayoría de las mujeres dieron razones financieras para no separarse. Que la violación en el matrimonio no sea un crimen afecta a si la policía trata con seriedad todas las violencias y violaciones domésticas.

Powell repetidamente rompió las órdenes de alejamiento de su esposa. Ella y sus hijos corrieron peligro debido a las demoras judiciales y a que la policía se negara a actuar antes de recibir una notificación oficial, generalmente dos días después de la orden judicial. Contradiciendo los estereotipos de que las esposas y las prostitutas son enemigas irrevocables, la ex mujer de Powell, que sufrió años de violencia en sus manos, y la prostituta a la que violó, se conocieron en el juicio y se hicieron amigas. Las dos ven el veredicto de culpabilidad y la cadena perpetua aprobada por la violación como una protección. Es una victoria para todas las mujeres cuando la violación de mujeres prostitutas es reconocida como violación. 

Por el reconocimiento del trabajo de las mujeres y la abolición de las leyes de prostitución

También es una victoria para todas las mujeres cuando el trabajo de las prostitutas se reconoce como trabajo. Por esta razón, el ECP ayudó a organizar TIME OFF FOR WOMEN – acciones internacionales de mujeres de base para presionar por la implementación de la decisión de la ONU de 1985 (Párrafo 120 de Estrategias prospectivas para el avance de la mujer hasta el año 2000) de que todo el trabajo de las mujeres, asalariado y no asalariado, en el hogar, en el campo y en la comunidad, deben contabilizarse en el producto interior bruto de cada país. TIME OFF se lleva a cabo cada año durante la semana del 24. Octubre: el aniversario de la huelga general de mujeres de Islandia. Está coordinado por la Campaña Internacional de Salarios para el Hogar. Como organización de prostitutas, queremos asegurarnos de que el trabajo de las prostitutas, que ha sido esencial para la supervivencia de millones de familias, comunidades enteras e incluso países, se haga visible y se reconozca como la contribución económica a la sociedad que realmente es. Las mujeres prostitutas proporcionan parte del bienestar que el Estado no proporciona.

Pero las portavoces oficiales del feminismo se han preocupado más por su propia igualdad con los hombres en la cima o al menos cerca de ella que por romper las divisiones entre las mujeres. Su fijación en su acceso a los mejores empleos en lugar de en la falta de acceso de la mayoría de las mujeres a la riqueza divide aún más a las mujeres, poniendo a algunas mujeres a cargo de explotarnos al resto. En su presentación a la Comisión de la ONU sobre el Estatus de la Mujer (Viena, 1 de marzo de 1990), Housewives in Dialogue, la ONG que dirige el Centro de Mujeres King’s Cross donde se basa ECP, explicó las implicaciones de contabilizar el trabajo no remunerado de las mujeres en el PIB para unir a las mujeres,

. . el tema de contabilizar el trabajo no remunerado de las mujeres es un gran unificador de personas y ununificador de temas. Desde el punto de vista de la enorme carga de trabajo no remunerado de las mujeres, los temas de igualdad, desarrollo y paz son inseparables y, a pesar de las innegables diferencias en el acceso a la riqueza de todo tipo y en el tiempo de trabajo y la carga de trabajo, las mujeres en los países industrializados y del Tercer Mundo están fundamentalmente en el mismo barco: sin salario en su primer empleo, con bajo salario en su segundo empleo y con exceso de trabajo tanto dentro como fuera del hogar. 

. Dado que una parte importante de la riqueza que podría reducir su trabajo está dedicada a lo militar, está claro que el exceso de trabajo de las mujeres está conectado con los recursos que anualmente se dedican a los presupuestos militares, de este a oeste y de norte a sur “.

Contabilizar el trabajo de las mujeres prostitutas revela el trabajo sexual y el trabajo emocional que todas las mujeres están obligadas a hacer: en el hogar, en el trabajo, en la calle: para satisfacer las necesidades y egos sexuales de los hombres con sonrisas, palabras y actos comprensivos y alentadores. Contabilizar el trabajo de todas las mujeres, incluido el trabajo sexual, es una estrategia para cruzar la línea divisoria que separa a las trabajadoras sexuales de las otras mujeres. Una estrategia que fortalece el objetivo de todas las mujeres de conseguir una compensación —en forma de salarios, servicios y otros recursos— por la pobreza y el exceso de trabajo a los que hemos sido forzadas la mayoría de nosotras. Una estrategia que no se puede comprar con carreras para unas pocas mujeres.

A diferencia de las personas que aceptan la prostitución como un mal necesario o una terapia necesaria, nosotras nos estamos organizando para poner fin a la prostitución. Cuando las mujeres seamos capaces de reclamar la devolución de la riqueza que ayudamos a producir, las condiciones económicas que han obligado a millones de mujeres, niños y jóvenes de todo el mundo a vender sus mentes, cuerpos, tiempo y habilidades para sobrevivir o mejorar su nivel de vida dejarán de existir. A medida que las mujeres consigamos los medios financieros necesarios para rechazar el trabajo sexual, la prostitución dejará de ser aceptada o necesaria.

Contabilizarr el trabajo de las mujeres ya está transformando lo que muchos consideraban una utopía en una realidad. Mientras los gobiernos discuten sobre si contabilizar (y cómo hacerlo) el trabajo de las mujeres, y sobre si pueden evitar pagarlo una vez que sea contabilizado y que las mujeres sepamos a cuánto asciende, las mujeres nos estamos uniendo para redefinir lo que nosotras entendemos como trabajo: un primer paso para negarse a hacerlo y, por lo tanto, un primer paso hacia la abolición de la prostitución no solo en la industria del sexo, sino en todas las industrias.

El reconocimiento del trabajo que realizan las mujeres prostitutas es inseparable de la abolición de las leyes de prostitución que criminalizan a las mujeres por negarse a la pobreza y / o a depender económicamente de los hombres. Las leyes ocultan, falsean y devalúan el trabajo sexual y a las trabajadoras sexuales, ocultando así la cantidad de trabajo sexual que todas las mujeres están haciendo. Sin embargo, al igual que cualquier otro trabajador, las mujeres prostitutas están en la mejor posición para decidir cuándo deben defender su derecho a su trabajo para defenderse a sí mismas. Al luchar y conseguir mejores condiciones legales y laborales, las trabajadoras del sexo rechazan el trabajo de ilegalidad, estigmatización y otras formas de violencia y discriminación, y redefinen qué y cuánto trabajo aceptarán o rechazarán.

A menudo escuchamos sobre proyectos para “rehabilitar” a mujeres que trabajan a través de la capacitación u otras tareas. Por bien intencionados que sean estos proyectos, a menudo no apoyan las demandas de las mujeres prostitutas contra las leyes, y se mantienen al margen de la violencia policial y los prejuicios sociales contra las mujeres trabajadoras.

Sin embargo, la abolición de las leyes es una prioridad para millones de mujeres en todo el mundo. Todas las mujeres deben poder controlar sus propios cuerpos y su propio dinero, y negarse a ser institucionalizadas mediante antecedentes penales, zonificación, ordenadores de la policía y / o controles de salud obligatorios. Sólo entonces las trabajadoras de la industria del sexo y las demás mujeres compartirán los mismos derechos humanos, legales, económicos y civiles a la protección contra la violencia y la extorsión de todo tipo. 

 

Nina Lopez-Tones

Punto de referencia para el Colectivo Inglés de Prostitutas y coordinadora de Legal Action for Women, un servicio legal de base para todas las mujeres con sede en el Centro de Mujeres King’s Cross, Londres.

Marzo de 1990

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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(1) Encuesta mundial de 1989 sobre el papel de la mujer en el desarrollo, Oficina de las Naciones Unidas en Viena, Centro de Desarrollo Social y Asuntos Humanitarios, Nueva York, 1989, p.21.

(2) Divididas caemos, Nina Lopez-Jones, que se publicará en 1991.

(3) “Secuestro legalizado”, Network – News from the English Collective of Prostitutes, No. 1 July 1983, p.3.

(4) Para una historia de la huelga, lea Prostitutas – Nuestra Vida, Ed. Claude Jaget, con una presentación del ECP, Falling Wall Press, Bristol 1980.

(5) “Por las prostitutas y contra la prostitución”, Power of Women Collective, 1975.

(6) Este tema se amplía en Anti-porn es la teoría, la represión es la práctica, Nina Lopez-Jones, noviembre de 1989.

(7) Fuera de la cláusula en el centro de trabajo – Una visión de las mujeres lesbianas de lo que la cláusula 28 pretende, pretende y promueve, y lo que pretendemos promover en su contra, Wages Due Lesbians, Centro de mesa 7, Centro de mujeres de King’s Cross, Londres 1988, p .36.

(8) Algunos de los puntos de vista, organización y demandas del PCE están registrados en Prostitute Women and AIDS: Resistir el virus de la represión, English Collective of Prostitutes, con una introducción del US FROStitutes Collective, marzo de 1988.

(9) Hora, 27 de abril de 1987.

(10) Carta a The Independent, inédita, Wilmette Brown y Nina Lopez-Jones, 7 de septiembre de 1989.

(11) Pregunte a cualquier mujer: Una investigación de Londres sobre violación y agresión sexual, Ruth E. Hall, Falling Wall Press, Bristol 1985, p.45.

(12) PC Anderson fue declarado culpable de violación y condenado a siete años de prisión el 12 de octubre de 1989. La mujer a la que violó no tiene antecedentes de prostitución.

(: 3) rbid, p.89.

 

MANIFESTE DES PROSTITUÉES DE SEVILLE

 

 

La prostitution n’est pas un crime. Nous, les prostituées, nous ne sommes pas des criminelles.

Aucune loi en Espagne n’interdit la vente de services sexuels entre des personnes adultes. La Loi Gag et les ordonnances municipales de Séville ne pénalisent pas la prostitution, puisqu’elles ne peuvent pas le faire. Pourtant, les deux règlements violent le principe de légalité, ainsi que les droits fondamentaux contenus dans la Constitution espagnole et le Statut d’Autonomie d’Andalousie, en privant les travailleuses du sexe des droits fondamentaux tels que le droit de circuler librement. Ils restreindent aussi, au travers de la répression, l’utilisation de l’espace public. Il n’y a pas de différence légale entre les prostituées, leurs clients et le reste des piétons; pour en faire la distinction, on n’utilise que des critères arbitraires de la police nationale et municipale, qui sont devenus une sorte de police morale.

Nous, les prostituées, nous sommes des femmes dignes.

La legitimité de la Constitution est basée sur la reconnaissance que “la dignité de la personne humaine, les droits inviolables qui lui sont inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d’autrui sont la base de l’ordre politique et de la paix sociale “.

Et la Cour Constitutionnelle définit la dignité comme «une valeur spirituelle et morale inhérente à la personne, qui se manifeste singulièrement dans l’autodétermination consciente et responsable de sa propre vie et qui s’accompagne de la prétention du respect d’autrui».

Nous, les prostituées, nous sommes des femmes dignes parce que nous déterminons nos vies de manière consciente et responsable et que nous cherchons le respect de la société dans son ensemble. Ceux qui essaient de nous faire devenir des mineures ayant besoin de tutelle s’attaquent directement à notre dignité; ils essaient de nous priver de notre capacité de décision; ils essaient, en somme, d’enlever notre liberté.

Nous, les prostituées, nous réclamons tous nos droits sexuels en tant que femmes.

Nous, les prostituées, nous ne considérons pas que le travail sexuel soit indigne ou que les relations sexuelles consenties entre des adultes hors mariage soient un fléau qui doive être éradiqué. C’est notre conviction, pour laquelle nous exigeons le même respect que nous avons envers ceux qui pensent le contraire. Nous revendiquons notre droit de vivre et de faire de notre sexe et notre sexualité ce que nous en décidons, sans interférence morale.

Nous, les prostituées, nous sommes des travailleuses du sexe.

Le travail du sexe, c’est un travail. En Espagne, la prostitution n’est pas interdite; pourtant, les droits des prostituées sont refusés. Dans cette situation, nous, les travailleuses du sexe, nous sommes assujeties à une situation de travail sans aucun droit. Cependant, l’hypocrisie de cette société ajoute le résultat de notre travail au Produit Intérieur Brut tout en nous refusant le droit du travail pour «défendre notre dignité».

La prostitution, ce n’est pas de la traite ou de la violence de genre.

Il n’est pas possible de faire des comparaisons entre les victimes d’un crime tel que la traite des êtres humains et des femmes qui pratiquent la prostitution librement et de leur propre choix. Cela ne fait que simplifier une réalité beaucoup plus complexe. Cela contribue aussi à l’ignorance sur cette réalité, ainsi qu’à la discrimination, la nuissance et la violation des droits des personnes qui pratiquent la prostitution.

La criminalisation de la prostitution perpétrée, au délà du Parlement espagnol, par le conseil municipal de Séville (entre autres) et par le gouvernement précédent du Parti Populaire avec sa Loi Gag, ne sert qu’à accroître la marginalisation et la faiblesse sociale des prostituées, nous laissant presque absoluement sans défense contre les mafias de la traite des êtres humains et menacent de nous faire devenir ce que les abolitionnistes veulent que nous devenions: des victimes ayant besoin de sauveurs.

Il est absurde de dire que la pénalisation est pour les clients et pas pour les prostituées. Aussi absurde de dire que dans une entreprise c’est l’achat qui est pénalisé, mais pas la vente. Celles qui sont finalement pénalisées, c’est nous, les prostituées, qui voyons ainsi notre survie économique mise en danger. C’est là la vraie violence contre les femmes que nous, les prostituées, nous subissons: la violence abolitionniste..

Nous, les prostituées, nous ne demandons pas de l’aide pour sortir de la prostitution: nous demandons l’abolition de la pauvreté.

Aucune femme n’est née pour être pauvre. La pauvreté est dégradante et coercitive. Une société qui accepte la pauvreté ou qui croit que la pauvreté est inévitable ne respecte pas les femmes. La pauvreté est une forme de violence, une violence qui touche de manière disproportionnée les personnes marginalisées. La pauvreté ne peut être considérée comme un choix qui garantit de la sécurité.

En conséquence, nous, les prostituées de Séville:

Nous demandons:

  • L’abrogation immédiate de la Loi Gag et des ordonnances anti-prostitution du conseil municipal de Séville.
  • La reconnaissance par l’Etat que le travail du sexe est un travail et l’application immédiate du Statut des Travailleurs et d’autres normes qui garantissent les droits des travailleuses.
  • La fin de la campagne de haine contre les prostituées du conseil municipal de Séville et l’affectation immédiate des fonds destinées à cette campagne à la lutte contre la pauvreté feminine à Séville

Nous, les prostituées, nous avons commencé à nous manifester publiquement et nous ne garderons plus le silence!

Vous ne nous embarrasserez plus jamais avec vos campagnes infâmes!

Collectif des prostituées de Séville

MANIFESTO OF THE PROSTITUTES OF SEVILLA

 

 

 

Prostitution is not a crime. Prostitutes are not criminals.

No law prohibits in Spain the sale of sexual services between adults.

The Gag Law and the municipal ordinances of Seville do not sanction prostitution, which they can not do. Both regulations violate the principle of legality, as well as basic rights contained in the Spanish Constitution and the Statute of Autonomy of Andalusia, by depriving sex workers of fundamental rights such as the right to free movement and restricting the use of space. public through repression. There is no legal difference between prostitutes, their clients and the rest of the pedestrians; only the arbitrary criteria of national and municipal police turned into a kind of moral police.

Prostitutes are worthy women.

The Constitution legitimizes itself by recognizing that “the dignity of the human person, the inviolable rights that are inherent to it, the free development of the personality, respect for the law and the rights of others are the foundation of the political order and of social peace “.

And the Constitutional Court defines dignity as “a spiritual and moral value inherent in the person, which manifests itself singularly in the conscious and responsible self-determination of one’s own life and which carries with it the claim to respect by others”.

Prostitutes are worthy women because we self-consciously and responsibly determine our own lives and seek respect from society as a whole. Those who try us to become underage girls in need of guardianship are directly attacking our dignity, they are trying to deprive us of our decision-making capacity, they are trying, in short, to take away our freedom.

Prostitutes claim all of our sexual rights as women.

Prostitutes do not consider sex work to be unworthy nor consensual sexual relations between adults outside of marriage as a blight that must be eradicated. That is our conviction, for which we demand the same respect that we have towards those who think otherwise. We claim our right to live and do with our sex and sexuality what we decide, without moral interference.

Prostitutes are sex workers.

Sex work is work. In Spain, prostitution is not prohibited; they only deny us the rights to prostitutes. Under this situation, we sex workers are subjected to a work situation lacking any right. However, the hypocrisy of this society adds the result of our work to the Gross Domestic Product while denying us labor rights to “defend our dignity”.

Prostitution is not trafficking or gender violence

It is not possible to equal the victims of a crime such as trafficking in persons with women who practice prostitution freely and by their own decision. Doing this only simplifies a reality that is much more complex, contribute to ignorance of this reality and discriminate and harm people who practice prostitution by violating their rights.

The criminalization of prostitution carried out outside the Parliament by the City of Seville (among others) and by the previous government of the Popular Party with its Gag Law, only serves to increase the marginalization and social weakness of prostitutes, leaving us almost absolutely defenseless against the mafias of human trafficking and threatening to become what the abolitionists want us to become: victims in need of saviors.

It is absurd to say that clients are penalized and not prostitutes. It is absurd to say that in a business the purchase is penalized, but not the sale. Those who are ultimately penalized are the prostitutes, which we see endanger our economic survival. That is the real violence against women that prostitutes suffer: abolitionist violence.

Prostitutes do not ask for help to get out of prostitution: we demand the abolition of poverty.

No woman is born to be poor. Poverty is degrading and coercive. A society that accepts poverty or believes that poverty is inevitable does not respect women. Poverty is a form of violence, a violence that disproportionately affects the marginalized. Poverty can not be considered a safe place.

Consequently, the prostitutes of Seville:

We demand:

  • Immediate repeal of the Gag Law and anti-prostitution ordinances of the City of Seville
  • Recognition by the State of the labor nature of sex work and immediate application of the Statute of Workers and other standards that guarantee the rights of women workers.
  • The end of the hate campaign against the prostitutes of the City of Seville and immediate allocation of the funds allocated to that campaign to the fight against poverty among women in the city of Seville.

 

Prostitutes have begun to speak and we will not be silent!

 

You will no longer be ashamed of yours infamous campaigns!

 

Collective of Prostitutes of Seville

‘El trabajo sexual no es trata sexual’: una idea cuyo tiempo no ha llegado

 

Por Laura Agustin

 

19/09/2014.

 

https://www.lauraagustin.com/sex-work-is-not-sex-trafficking-an-idea-whose-time-has-not-come

 

 

Los que luchan contra la prostitución tienen la costumbre de usar absurdas simplificaciones para hacer que su cruzada sea clara y fácil de entender. La campaña funciona mejor cuando los argumentos son en blanco y negro y los eslóganes son pegadizos, obviamente, así que comprendo por qué algunos defensores de los derechos las trabajadoras sexuales ahora usan un eslogan que también reduce la complejidad a dos estados opuestos: el trabajo sexual no es trata sexual (a veces el adjetivo “sexual” de “trata” se omite). El propósito es aclarar la volición de las trabajadoras sexuales que demandan derechos laborales, pero para aquéllos que luchan contra el encuadre de la migración indocumentada y el contrabando de personas como ‘crimen organizado’, con los dos únicos papeles posibles de perpetrador y víctima, el concepto es moralmente un desastre.

 

Trabajo sexual no es trata sexual surgió (primero) de la negativa común de los abolicionistas a reconocer que alguien pueda vender sexo voluntariamente y (segundo) porque desde el principio comenzaron a alterar cualquier distinción entre prostitución y trata. Afirmaciones como ninguna mujer elegiría prostituirse y los gritos de infelices ex víctimas de que sus experiencias son ciertas para todas condujeron naturalmente a la insistente oposición a admitir que muchas optan por vender sexo, algunas amando sus trabajos y otros simplemente prefiriéndolo a sus otras opciones. Decir Trabajo sexual no es trata sexual es cosificar la actual narrativa de la trata, aceptando que se refiere a algo real y malo contra lo que se debe luchar. El eslogan intenta hacer que la identidad de una trabajadora sexual sea clara al distinguirla de una identidad de víctima de trata de personas: la libre contra la que no es libre. Decir que algunas de nosotras estamos dispuestas a vender sexo atrae la atención hacia aquéllas que no están dispuestas: un mecanismo de distanciamiento característico de las políticas de identidad. Afirmar que no necesito tu ayuda o compasión significa que aceptas que otras personas sí lo necesitan: aquellas que realmente son víctimas de trata.

 

Esto es aceptar las leyes represivas, la infantilización de las mujeres, el colonialismo, la política antiinmigratoria y toda una gama de ofertas de la Industria del Rescate: sólo que todo eso no es para las verdaderas trabajadoras sexuales. Dice vosotros ganáis a los activistas anti trata, incluso sin intención de hacerlo. Arroja debajo del autobús a todas las inmigrantes, documentadas o no; a las que no les gusta mucho vender sexo y no se llaman a sí mismas trabajadoras sexuales, pero sin embargo no quieren ser salvadas o deportadas. Convierte en las otras a las muchas que tienen un control limitado sobre sus vidas, sienten la presión de ganar dinero de la forma que sea o quieren huir del infierno y escapar a cualquier otro sitio y hacen lo que haga falta para llegar allí. Esto incluye a los adolescentes que abandonan hogares que odian y terminan en la calle o evitan la calle intercambiando sexo por un lugar donde vivir.

 

Se ha negado toda la gama de complejidad y diversidad que en la actualidad se incluye en el término víctima de trata. Años de intentos de llevar la justicia y los matices a un mal marco penal son ignorados. La miríada de formas diferentes de sentirse forzado, obligado o coaccionado a dejar el hogar o tener relaciones sexuales por dinero o dar algo del propio dinero a otra persona han desaparecido. Y sí, entiendo que la victimización de la industria de rescate hace que la gente se sienta ansiosa por ofrecer algo que pueda captar el público en general. Pero el eslogan trabajo sexual no es trata sexual solo contribuye al reduccionismo impulsado por activistas anti prostitución y anti trata.

 

Es deplorable Evítalo.

 

–Laura Agustín, the Naked Anthropologist

Violencia contra las trabajadoras sexuales: la persecución policial

por La Primera Piedra

7 diciembre, 2017

 

http://www.laprimerapiedra.com.ar/2017/12/violencia-contra-las-trabajadoras-sexuales/

 

La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina publicó un informe en el que detalla las situaciones de violencia institucional que sufrieron las trabajadoras sexuales durante el 2016. Las cifras muestra la vulneración de los derechos que se hace presente ante el vacío normativo. Detenciones arbitrarias para engrosar estadísticas policiales, persecuciones y hostigamiento permanente son algunos de los resultados del relevamiento. (Foto: Ammar)

 

En Argentina, el trabajo sexual no es ilegal, pero la falta de normas que regulen su ejercicio conlleva una vulneración de derechos constante y al recrudecimiento de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Para mostrar esta situación, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), publicó el Informe Nacional de la situación de Derechos Humanos de las mujeres trabajadoras sexuales en Argentina, en el marco de un estudio de la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe en 13 países de América Latina y el Caribe.

 

A lo largo de tres meses, Ammar realizó una encuesta voluntaria y anónima que se centró en la violencia institucional que sufrieron las trabajadoras durante 2016. Los datos fueron relevados por integrantes de la organización, que visitaron departamentos privados, bares, boliches y calles, principalmente en los barrios porteños de Once, Constitución y Flores, donde entrevistaron a 363 trabajadoras sexuales. Los resultados muestran un hostigamiento constante, especialmente para las que ejercen en modalidad calle y para las migrantes y trans.

 

El informe detalla que un 80% de las trabajadoras encuestadas sufrieron detenciones arbitrarias, que no se tradujeron en una causa judicial posterior, sino que fueron realizadas para obstaculizar el trabajo y archivar actas en la comisaría, engrosando las estadísticas policiales. Respecto a esto, Georgina Orellano detalló a Cosecha Roja, “Los datos del Ministerio Público Fiscal indican que la mayor cantidad de actas que labran son el en barrio de Constitución: eso tiene que ver con que cada vez que la Policía necesita hacer número (aumentar las estadísticas) siempre recaen sobre los sectores más vulnerables, las compañeras trans, migrantes, trabajadoras sexuales cis, los trapitos, vendedores ambulantes y manteros”.

Durante estos procedimientos, un 35% fueron requisadas, a pesar de que el único motivo de la demora fue estar paradas en una esquina. Casi un 50% de estas detenciones se produjeron por “averiguación de antecedentes” y duraron entre 12 y 48 hs. En este sentido el informe explica que “los códigos contravencionales sirven de herramienta a las fuerzas de seguridad para realizar acciones de demoras extendidas, con pérdidas de horas de trabajo”.

 

Además, un 60% de las trabajadoras sexuales fueron amenazadas verbalmente al ser interrogadas,73% fueron tratadas con un lenguaje inapropiado, con el que se hizo referencia a su condición laboral o de género a modo de estigma, y un 70% fueron tratadas despectivamente, utilizando el término “putas” de forma discriminatoria . A más de la mitad se les exigieron sobornos para evitar el traslado a la comisaría o el labrado de un acta contravencional. La violencia se acentúa cuando se trata de trabajadoras sexuales migrantes, que representan un 41% de las encuestadas y denuncian persecución, acoso y agresiones xenófobas y racistas por parte de la policía.

 

Frente a esta situación, que evidencia el recrudecimiento de la violencia institucional durante el último año, Ammar presentará en 2018 un nuevo anteproyecto de ley que busca garantizar el reconocimiento de derechos laborales para las trabajadoras sexuales en todo el país, de forma que se regule y proteja su ejercicio. A su vez, la organización exige la derogación de los códigos contravencionales que continúan siendo utilizados como herramientas para criminalizar y perseguir, y la modificación de la Ley de Trata, con la que se condena el trabajo sexual autónomo y no contempla el consentimiento.

 

Reducir la trata de personas a través de la despenalización del trabajo sexual

 

AMA Journal of Ethics. January 2017, Volume 19, Number 1: 122-126.

 

Erin Albright, JD y Kate D’Adamo, MA

 

http: //journalofethics.ama-assn.org/2017/01/sect2-1701.html

 

Resumen

Para reducir la trata de personas, los trabajadores de la salud deberían apoyar la despenalización total de la prostitución. Al igual que la trata en otros tipos de trabajo, la prevención de la trata en el comercio sexual requiere abordar las diferentes formas de marginación que crean comunidades vulnerables. Al eliminar las leyes punitivas que impiden denunciar la explotación y el abuso, la despenalización permite a las trabajadoras sexuales trabajar de forma más segura, reduciendo así la marginación y la vulnerabilidad. La despenalización también puede ayudar a desestigmatizar el trabajo sexual y ayudar a resistir la marginación política, social y cultural de las trabajadoras sexuales.

 

 

Introducción

 

En agosto de 2016, Amnistía Internacional, manteniendo y reafirmando su enérgica condena de la trata de personas, publicó una orientación política modelo que llama a los países a despenalizar el comercio sexual para proteger mejor la salud y los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual [1]. Como explica Amnistía en la orientación política, la despenalización es el cambio de “delitos comunes que penalizan la mayoría o todos los aspectos del trabajo sexual”, incluidas las leyes que se dirigen a terceros no coercitivos que compran o facilitan el trabajo sexual, a “leyes y políticas que brindan protección a las trabajadoras sexuales de los actos de explotación y abuso “[2]. La política ha sido respaldada por la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, la Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres (GAATW), Human Rights Watch, Lambda Legal, la Unión Americana de Libertades Civiles, Freedom Network USA y muchas otras organizaciones que se enfocan en poblaciones vulnerables, incluidas las víctimas de la trata de personas [3, 4]. Lo que es más importante, es una política abrumadoramente respaldada por las personas que comercian con sexo: la comunidad afectada por estas leyes y políticas [5].

 

En contraste, las organizaciones que ven la despenalización como algo que da permiso e impunidad a los posibles explotadores han criticado esta orientación política, a pesar de la insistencia expresada en ésta en que se mantengan o establezcan leyes contra la trata y las agresiones físicas y sexuales [1]. Sin embargo, estas críticas no logran entablar una conversación matizada sobre el trabajo sexual en lo que respecta a la explotación, la pobreza, la discriminación, los derechos de las trabajadoras y la trata de personas [6]. Más importante aún, la investigación muestra lo contrario: la penalización crea condiciones de impunidad y aumenta las vulnerabilidades de las trabajadoras sexuales a la violencia y la explotación, incluida la trata.

 

Razones para oponerse a la penalización del trabajo sexual

 

El trabajo sexual y la trata sexual no son sinónimos. La participación en el comercio sexual se produce en un espectro constantemente cambiante de elección, circunstancia y coacción. Las víctimas de trata se encuentran en el otro extremo de este espectro, implicadas en el trabajo sexual por la fuerza o la coacción. Si bien es difícil cuantificar el número de personas víctimas de trata en el comercio sexual, sí sabemos, como veremos más adelante, que la penalización del trabajo sexual aumenta la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales a la violencia, la explotación y la trata [7]. De esta forma, aquí, discutimos cuatro razones por las cuales los profesionales de la salud deberían oponerse a la penalización del trabajo sexual.

 

Aumento de la violencia. En primer lugar, la penalización aumenta las oportunidades de violencia que, de facto, no se pueden denunciar [7]; es decir, debido a que el trabajo que realizan se considera una actividad delictiva, las personas que ejercen el trabajo sexual son blancos fáciles de abuso y explotación, incluido la trata. El temor a la detención y otras consecuencias significa que aquellas personas que participan en el trabajo sexual tienen menos probabilidades de denunciar casos de violencia o explotación, lo que resulta en un “clima de impunidad que fomenta que la policía, el sector de la salud y grupos no estatales abusen de los derechos de las trabajadoras sexuales”[8]. Esto es cierto incluso para los llamados marcos de “penalización parcial”, como los que penalizan sólo a los compradores de sexo. Si bien dicha estrategia parece basarse, a primera vista, en el bienestar de las personas que ejercen el trabajo sexual, su puesta en práctica a menudo significa la vigilancia de las áreas donde las trabajadoras sexuales realizan su trabajo. Esto obliga a trabajar en condiciones y lugares más aislados, lo que aumenta la vulnerabilidad física. Interrumpe las estrategias y negociaciones de seguridad críticas, incluidas las técnicas de reducción de daños, como el uso de preservativos, y las redes de pares [7]. Según un estudio publicado en The Lancet, la penalización parcial “crea daños similares a los de la penalización total al impedir la capacidad de las trabajadoras sexuales de proteger su salud y su seguridad, y creando una relación antagónica con la policía que da lugar a un clima de impunidad” [8].

 

Erosión de confianza. En segundo lugar, la penalización socava la confianza en los sistemas de apoyo, incluida la atención de la salud. El temor a ser juzagas moralmente, la discriminación, la menor calidad del servicio y las consecuencias legales impiden que muchas divulguen que están involucradas en el trabajo sexual, independientemente de si se han implicado a través de la elección, las circunstancias o la coacción [9]. Un estudio de 783 trabajadoras sexuales informó que el 70 por ciento nunca había revelado la naturaleza de su trabajo a un profesional de la salud [10]. En una evaluación de necesidades de trabajadoras sexuales que buscan clientes en espacios públicos, a menudo referidas como trabajadoras sexuales callejeras, una mujer explicó: “Fui violada y tenía miedo de ser enjuiciada por el hospital y que llamaran a la policía”. [9]. Interrumpir la relación entre un profesional de la salud y una trabajadora sexual puede significar que no se tengan en cuenta las señales de alarma importantes de la explotación, la violencia y la trata.

 

Aumento de la vulnerabilidad. En tercer lugar, la implicación en el sistema de justicia penal crea consecuencias duraderas, en términos de la evolución de la salud de una persona y la vulnerabilidad a la trata y otras formas de explotación. La incapacidad de ocultar una detención y condena por prostitución hace que la obtención de empleo formal, vivienda, prestaciones sociales y apoyo comunitario sea significativamente más difícil. Las multas y los costos asociados con una detención agravan la pobreza, lo que aumenta significativamente la vulnerabilidad de una persona a la trata y otras formas de explotación.

 

Estigma. Finalmente, la penalización refuerza el estigma, que perpetúa la marginación de las trabajadoras sexuales. Las investigaciones respaldan el hecho de que las trabajadoras sexuales son algunas de las personas más marginadas del mundo, sometidas a violaciones generalizadas de los derechos humanos que incluyen homicidio, violencia física y sexual, encarcelamiento, acoso por parte de las fuerzas del orden y discriminación en el acceso a la atención médica y otras fuentes de apoyo [1] Social, cultural, política y económicamente, las trabajadoras sexuales son estigmatizadas, ignoradas y silenciadas activamente incluso en espacios activistas que debaten sobre las mismas políticas que influyen en sus vidas [11]. Con demasiada frecuencia, se habla de las personas que ejercen el trabajo sexual en lugar de darles una plataforma para hablar por sí mismas, y el resultado es la falta de reconocimiento y cumplimiento de sus derechos humanos básicos.

 

Conclusión

 

La despenalización puede motivar un mayor reconocimiento de los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y es por tanto un mecanismo de importancia crítica para disminuir la trata. Cuando mejoramos la salud y los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual, también lo hacemos para aquellas que son víctimas de trata sexual. De hecho, los “Principios y directrices recomendados sobre derechos humanos y trata” de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que “las violaciones de los derechos humanos son a la vez causa y consecuencia de la trata de personas” y, por lo tanto, es “esencial colocar la protección de todos los derechos humanos en el centro de todas las medidas adoptadas para prevenir y poner fin a la trata “[12]. Al despenalizar el trabajo sexual, las trabajadoras sexuales que sufren violencia pueden buscar ayuda de las fuerzas de orden público, los trabajadores de la salud o incluso amigos, con menos temor a las consecuencias para ellas mismas o para otros. Pueden unirse a redes de pares y emplear técnicas de reducción de daños que les ayuden a mantenerse más seguras, de modo que ya no tengan que arrostrar las consecuencias de una ficha penal simplemente por tratar de sobrevivir.

 

 

Referencias

  1. Amnesty International. Sex workers at risk: a research summary on human rights abuses against sex workers. http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/briefing_-_sex_workers_rights_-_embargoed_-_final.pdf. Published May 2016. Accessed September 5, 2016.
  2. Amnesty International, 20.
  3. Women’s rights organization applauds new Amnesty International Policy to protect sex workers’ rights [news release]. Washington, DC: Center for Health and Gender Equity; May 26, 2016. Accessed October 19, 2016.
  4. Koster K. Does Amnesty International’s sex work resolution support “gender Apartheid”? Huffington Post. November 3, 2015. http://www.huffingtonpost.com/katherine-koster/amnesty-sex-work-resolution_b_8447106.html. Accessed October 19, 2016.
  5. Due to the myriad systems that marginalize women, including gender discrimination in the formal workplace and a higher scrutiny for policing under prostitution and loitering laws, women, both cis and transgender, are disproportionately engaged in the sex trade and may experience higher rates of exploitation. See, for example, Bobashev GV, Zule WA, Osilla KC, Kline TL, Wechsberg WM. Transactional sex among men and women in the South at high risk for HIV and other STIs. J Urban Health. 2009;86(suppl 1):32-47.
  6. Critics may also incorrectly use the terms decriminalization and legalization interchangeably, despite important differences in meaning. Legalization involves imposing state control over sex work through regulation, often in ways that perpetuate marginalization of vulnerable people.
  7. World Health Organization. Implementing Comprehensive HIV/STI Programmes with Sex Workers: Practical Approaches from Collaborative Interventions. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2013:24.
    http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/90000/1/9789241506182_
    eng.pdf?ua=1. Accessed September 12, 2016.
  8. Decker R, Crago AL, Chu SK, et al. Human rights violations against sex workers: burden and effect on HIV. Lancet. 2015;385(9963):192.
  9. Neal N, Schrader T, Hyndman, et al. Street based sex workers needs assessment: Toronto, Barrie and Oshwa. Street Health. February 2014:15. http://www.streethealth.ca/downloads/sex-workers-needs-assessment.pdf. Accessed August 25, 2016.
  10. Cohan D, Lutnick A, Davidson P, et al. Sex worker health: San Francisco style. Sex Transm Infect. 2006;82(5):418-422.
  11. Sukthankar A. Sex work, HIV and the law. Paper presented at: 3rd Annual Meeting of the Technical Advisory Group of the Global Commission on HIV and the Law; July 7-9, 2011; Geneva, Switzerland. http://hivlawcommission.org/index.php/report-working-papers?task=document.viewdoc&id=99. Accessed November 11, 2016.
  12. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf. Published 2002:3. Accessed November 18, 2016

 

Erin Albright, JD, es la directora regional de programas en Give Way to Freedom, en Boston. Sus ocho años de experiencia en el campo contra la trata incluyen trabajos para la Unidad de Trata de Personas del Departamento de Policía de Boston, gestión de una red de proveedores de servicios en Nueva Inglaterra, participación y liderazgo para Freedom Network USA y asesoramiento y liderazgo para grupos de trabajo en Nueva Inglaterra y en todo el país. Se especializa en el desarrollo de la capacidad de organización y la colaboración de servicios a través de la capacitación y la consulta con proveedores de servicios, fuerzas del orden público, grupos de trabajo y legisladores.

Kate D’Adamo, MA, es una defensora de políticas nacionales en el Proyecto de Trabajadoras Sexuales en la ciudad de Nueva York, donde trabaja en políticas y apoyo social a nivel estatal, federal e interregional sobre cuestiones que afectan a quienes participan en el comercio sexual, incluida la trata de personas y el VIH. Antes de unirse al Proyecto de Trabajadoras Sexuales, Kate fue una organizadora principal del Proyecto de Extensión de Trabajadoras Sexuales en Nueva York y Sex Workers Action New York, dos organizaciones dirigidas por mandantes que apoyan a quienes comercian con sexo en el área de la ciudad de Nueva York. También ha trabajado en temas como la trata de personas, los derechos laborales, la solidaridad internacional y la migración en la Comisión Internacional de Derechos Laborales, Global Workers Justice Alliance, Open Society Foundation y Freedom Network USA.

Reconocimientos

Los autores desean agradecer a Meg Muñoz, fundadora y directora ejecutiva de Abeni, por su aporte, sabiduría y liderazgo general sobre este tema.

Así se criminaliza el Trabajo Sexual callejero en Argentina

 

Multas y arresto de hasta 30 días por la vigencia de Códigos Contravencionales que datan de la última dictadura militar. ¡Basta!

 

#AbajoLosCódigos#LaCalleEsDeTodxs

 

Buenos Aires: Sentencia reconoce el Trabajo Sexual Autónomo como lícito

 

http://www.ammar.org.ar/Sentencia-reconoce-el-Trabajo.html

 

En el marco de una causa iniciada por AMMAR con el fin de proteger a los/as trabajadores/as sexuales de la Provincia de Buenos Aires del constante hostigamiento sufrido por las fuerzas de seguridad mediante la aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, un fallo avaló la licitud del trabajo sexual autónomo declarando la inconstitucionalidad del articulo 68 del Código de faltas de la Provincia de Buenos Aires.

 

20 de diciembre de 2012 – Desde la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina queremos compartir con la sociedad toda la alegría que nos genera dentro de un cuestionado poder judicial, jueces comprometidos que nos permiten volver a soñar con una Argentina para todos y todas, al haberse declarado inconstitucional el artículo 68 del código de faltas de la provincia de Buenos Aires, norma abiertamente inconstitucional creada para imponer la moralina del gobierno de facto imperante al momento de su sanción.

 

En un esperado fallo, el Tribunal Oral Criminal 5, en la causa 1910, de acción de amparo promovida por AMMAR, resolvió: “ 1) Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta…, en favor de los/las trabajadoras sexuales de la provincia de Buenos Aires. 2) Declarar la inconstitucionalidad del artículo 68 del decreto ley 8031/73,por los fundamentos y citas legales expuestas en los considerados precedentes. 3) Exhortar al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires que se arbitren los medios para la correcta aplicación del artículo 15 de la ley 13482 en lo referente a los/las trabajadores/as sexuales de la provincia de Buenos Aires, de tal forma que la misma no se torne un acto discriminatorio por parte del personal policial en contra de dicho colectivo de personas”.

 

Este fallo además de brindar seguridad jurídica a quienes ejercen en las calles de la Ciudad de La Plata el trabajo sexual, brindó conceptos de importante valor en tiempos en que so pretextos de luchar contra la trata de personas se pretende imponer preconceptos morales de cierta parte de la población avasallando los derechos de las mujeres y hombres que ejercen esta actividad, afectando no solo a ellos sino a sus familias, al tratarse en la mayoría de los casos de jefes y jefas de hogar.

 

A lo largo de la resolución que compartimos los/as jueces/as del Tribunal, avalaron la medida intentada por nuestra organización al decir: “en la medida que “por cuestiones morales” se afecten derechos reconocidos constitucionalmente, son los jueces los garantes de hacer efectivos los mismos, sin perjuicio de los debates que pudieren fomentarse al respecto en los ámbitos políticos. El sistema jurídico en un estado democrático de derecho, debe preferir la solución que asegure el máximo respeto por el pluralismo en la elección de opciones y modos de vida.

 

Ya en relación al artículo impugnado por AMMAR, pero en clara alusión al carácter lícito del trabajo sexual autónomo, los magistrados afirmaron en referencia a nuestro trabajo “práctica que, conviene dejar sentado también puede ser ejecutada de forma tal que no perturbe a terceros con ruidos o desórdenes en la circulación, o como en otros países, en lugares cerrados con el control estricto del estado desde lo legal hasta lo sanitario. … Recordando una vez más que la prostitución NO ES DELITO. …Queda claro que la tranquilidad pública no es protegida por la norma, solamente se castiga a quien honestamente ejerce la prostitución. La prohibición contenida en el articulo 68 del decreto ley, se dirige a sancionar acciones privadas …. La moral pública no puede ser el patrón con el que se miden estas acciones, las que no pueden ser objeto de regulación por el derecho…” para más adelante afirmar que …la oferta de sexo por si misma carece de entidad suficiente para configurar el daño a terceros que se debería exigir para prohibirla legítimamente sin afectar el principio de reserva ni de legalidad…”.

 

A modo de síntesis y haciendo expresa referencia a los derechos que puede vulnerar una norma que pretenda como el artículo 68 del código contravencional afectar nuestro derecho a ejercer el trabajo sexual dejo asentado que “En síntesis la inconstitucionalidad del artículo 68 deviene de la circunstancia de que los bienes jurídicos enunciados no son lo que se procura efectivamente garantizar, o su garantía, dicho de otra forma implica la violación de derechos fundamentales y constitucionales, entre los cuales se encuentra:…principio de legalidad, artículo 18 de la Constitución Nacional…principio de reserva, artículo 19 C.N…afectaría el derecho a la libertad, dignidad, por cuanto restringiría la posibilidad de elección y de acción de la persona humana… avasallaría el derecho a la igualdad y a la no discriminación…”

 

Hoy es un día de júbilo para quienes ejercemos el trabajo sexual, porque pudimos encontrar en este fallo una luz de esperanza en nuestra lucha por llevar adelante nuestra actividad con la dignidad que todo trabajador/a merecemos.