Georgina Orellano: “Luchamos porque nuestro trabajo sea reconocido y para no estar expuestas al atropello de la policía”

 

La secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina conversó con Diagonales en el marco del 34º Encuentro Nacional de Mujeres que se desarrolla en La Plata

 

Por Redacción

12 de octubre de 2019

https://diagonales.com/contenido/georgina-orellano-luchamos-porque-nuestro-trabajo-sea-reconocido-y-para-no-estar-expuestas-al-atropello-de-la-polica/17127

 

 

En la ciudad de La Plata se desarrolla el 34º Encuentro Nacional de Mujeres. En este marco, Diagonales conversó con la secretaria de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, Georgina Orellano, quien contó las luchas que vienen llevando adelante en los últimos años y sus balances al llegar a este encuentro.

“La incorporación de las trabajadoras sexuales al encuentro es una realidad”, celebró Georgina quien además evaluó cuáles son los principales debates que darán y sus expectativas de cara al futuro.

Autodefinida como peronista, reflejó optimismo de cara a un eventual gobierno de Alberto Fernández, para poder dar debates en la agenda pública que hasta ahora no han podido ser dados.

¿Cuáles son las expectativas de este Encuentro Nacional de Mujeres? 

-Bueno, la verdad que estamos con todas las compañeras con mucha ansiedad. Siempre que llega el encuentro para nosotros es un punto de reencuentro entre todas las trabajadoras meretrices que estamos luchando por el reconocimiento de nuestros derechos en distintos lugares del país. Y el encuentro lo que nos permite es conocer más compañeras, otras realidades. Es un encuentro federal que nos permite reencontrarnos.

¿Cómo ves este encuentro con talleres que tienen que ver con el trabajo sexual?

-Y nosotras creemos que dentro de estos espacios es un debate superado. Ya hemos transitado en tener que solicitarle a las comisiones organizadoras en Rosario en el 2016 la apertura de un taller que estuvo en la grilla de los encuentros del 2003 y luego desapareció de la misma, modificándose también hasta la identidad del qué hacer mismo con la denominación de ‘mujeres en situación de prostitución’, que es uno de los talleres que perdura hasta el momento. Creemos que para nosotras está saldada.

“La incorporación de trabajadoras sexuales en el encuentro es una realidad”.

Sabemos que la incorporación de las trabajadoras en el encuentro es una realidad, lo que sí me parece que no está saldado es las posiciones que hay dentro del movimiento feminista de mujeres, lesbianas, travestis y trans con respecto a nuestro trabajo y que justamente los encuentros nos brindan esos espacios para seguir debatiendo, para seguir sensibilizando y para seguir construyendo por lo menos una agenda propia nuestra que vaya a combatir la violencia institucional y por el reconocimiento de nuestros derechos.

En referencia a la violencia institucional, cuáles son las luchas que dan en el día a día por lo que sufren las trabajadoras sexuales. 

-AMMAR, es una organización que ya va a tener 25 años que tenemos y luchamos porque nuestro trabajo sea reconocido y parte de nuestro trabajo es justamente un marco legal para salir de la clandestinidad y no para estar expuestas constantemente al atropello por parte de la policía. Desde coimas policiales que debemos pagar, vulneraciones a nuestros derechos, hostigamientos, atropello policial, detenciones arbitrarias y políticas totalmente arbitrarias que son pensadas para combatir la trata de personas o para combatir el narcotráfico, pero que nos tiene a nosotras como un objeto constante de persecución.

“Luchamos porque nuestro trabajo sea reconocido y para no estar expuestas constantemente al atropello por parte de la policía”.

En La Plata, sin ir más lejos, se da lo que  no se da en ningún otro punto del país, el armado de biombos que hace la comisaría de la zona para requisar a las compañeras en el espacio público y toda la violencia que eso genera. No solamente en la requisa, en el maltrato sino también hacia la violencia psicológica y después el estigma con los vecinos y vecinas del barrio.

En cuanto a los derechos laborales que se están buscando para el trabajo sexual, comentános cómo se viene trabajando desde Ammar en esa línea.

-Nosotras venimos trabajando desde Ammar en distintas instancias proyectos que buscan reconocer el trabajo sexual. El último que presentamos fue en la provincia de Neuquén, en el año 2014. Luego se siguieron desplegando a nivel nacional, provincial y municipal, un montón de políticas que generaron mayor criminalización a nuestro trabajo, políticas conocidas como ‘antitrata’ que buscan luchar contra la trata de personas, pero que equiparan a nuestro trabajo con un delito.

“El próximo año seguro nos encontremos presentando un proyecto con un modelo de despenalización del trabajo sexual”.

Por eso estamos intentando generar un consenso entre todas las compañeras y los compañeros que integramos la organización justamente para presentar otro proyecto de ley más de avanzada, pensando cuál es la realidad nuestra en este contexto de país y cuáles son las políticas que restringen el uso de los espacios para organizarnos y poder trabajar de manera tranquila. El próximo año seguro nos encontremos presentando un proyecto con un modelo de despenalización del trabajo sexual.

En referencia al contexto, me imagino que la crisis económica también genera problemas además de la política represiva. 

-Sí, totalmente. Hay muchísima más precarización laboral. La crisis económica lo que generó es que muchísimas compañeras que habían dejado de ejercer el trabajo, que habían incursionado en otro tipo de actividad laboral,   siempre marcada dentro de lo que es la economía popular, tuvieron que volver porque no podían pagar sus alquileres, porque no podían seguir sosteniendo el negocio de ropa  que se habían puesto o el kiosco o el negocio del barrio.

“La crisis económica generó que muchísimas compañeras que habían dejado de ejercer el trabajo sexual tuvieron que volver porque no podían pagar sus alquileres”.

Compañeras que  fueron alcanzadas por el tarifazo de la luz y el gas que vuelven nuevamente a ejercer el trabajo sexual y lo que eso genera también. Mucha más presencia de trabajadoras sexuales en la zona de trabajo. Eso genera mucha más violencia con respecto a la policía. Después se empieza nuevamente a retroceder con la mala convivencia que se tiene con los vecinos y las vecinas, cuando ven mucha más presencia de compañeras en los barrios. Y también nos preocupa que hay  compañeras de 50 y 60 años que siguen ejerciendo el trabajo sexual porque no han hecho ningún aporte jubilatorio porque nuestro trabajo  no está reconocido y lejos de percibir algún ingreso económico, tienen que dedicar hasta 16 horas por día para poder trabajar y  poder seguir subsistiendo.

En lo que respecta al encuentro, se les habilitaron 21 aulas para el taller de trabajadoras sexuales y estrategias para el reconocimiento del trabajo  sexual. ¿Cómo evalúan ese logro en esta lucha de tantos años?

-Cuando desde la comisión organizadora nos dijeron que había 21 aulas y que la cantidad de aulas que se habían dispuesto para nuestros talleres dependía sobre todo de la cantidad de inscripciones de compañeras que se inscribieron al encuentro y que se asignaron la participación a talleres nuestros del trabajo sexual. Eso nos da a todas nosotras el reflejo que va a ser el encuentro más convocante de todos  los encuentros nacionales y nosotras nunca hemos tenido tanta cantidad de talleres. Creo que el máximo que  hemos tenido fueron diez, en la ciudad de Rosario en 2016, la primera vez que habilitaron los talleres. Esto refleja el interés que despierta conocer la realidad nuestra y conocer también nuestra lucha.

También se empieza a hablar en las universidades del trabajo sexual y en territorios que quizá siempre se ha hablado de manera hostil de las trabajadoras sexuales, ¿cómo vas viendo ese avance en el mundo de la academia?

-Nosotros cada vez que desde algún centro de estudiantes, desde alguna carrera nos convocan para hablar sobre algún tema del trabajo sexual, con perspectiva de género, trabajo sexual en la ESI, trabajo sexual y el rol de los medios, trabajo sexual y el derecho penal, por supuesto que lo celebramos porque durante muchos años nosotras en esos ámbitos académicos hemos sido más objetos de estudio que sujetos políticos.

“En el ámbito académico siempre hemos sido más objetos de estudio que sujetos políticos”.

Nos han estudiado, se ha investigado sobre nosotras pero muchas veces invisibilizando las voces nuestras y eso ha generado que se haya construido un discurso victimizante, que  por mucho  tiempo fue hegemónico no solo en la academia sino en muchísimos actores sociales. También sabemos que hay una resistencia. A nosotros nos costó mucho, hace tres semanas estuvimos en la facultad de derecho de La Plata y nos costó un montón poder desarrollar una actividad que teníamos con el programa de Antropología que nos habían convocado porque también hubo una resistencia, hubo cartas al decano, también hubo cartas a la directora de la carrera que nos habían convocado, diciendo que no podían darnos voz a personas que nos autopercibimos como trabajadoras sexuales porque Argentina adhirió a un protocolo abolicionista del año 1949 donde no reconoce nuestra actividad como trabajo, entonces querían censurar nuestras voces.

Yendo a lo personal y tus vivencias, ¿cuándo fue que se despertó en vos la idea de comenzar a luchar por estos derechos?

-No fue de manera espontánea. Fue un proceso y la verdad que el proceso que se fue dando dentro de la organización  fue cuando teníamos problemas con la policía por nuestro trabajo sexual. Cuando comenzamos a tener problemas con la policía eso nos impulsó a acercarnos a AMMAR y como nos dieron una respuesta rápida y efectiva, eso nos despertó confianza e interés en decir que se interesan por los derechos nuestros y no como históricamente nos han hecho querer creer que a nadie le interesa lo que nos pase.

“Cuando comenzamos a tener problemas con la policía eso nos impulsó a acercarnos a AMMAR”.

Entonces como forma de agradecimiento fuimos varias compañeras comenzando a participar de distintas actividades y eso fue como generándome mayor conciencia social de que ese es el lugar en el que cualquier trabajador o trabajadora tiene que estar. El mejor lugar de cualquier trabajadora para luchar por sus derechos es el sindicato. Me enamoré de la herramienta sindical, comencé a derribar un montón de prejuicios que tenía con la idea de la sindicalización, entendiendo que muchos de esos prejuicios vienen de lo que nos venden los medios  de comunicación hegemónicos.

“El mejor lugar de cualquier trabajadora para luchar por sus derechos es el sindicato”.

Te definís como peronista, ¿cómo ves el futuro en torno a las luchas de ustedes? 

-El optimismo siempre está porque nosotras veníamos de las que pensábamos que todavía mucha gente iba a seguir votando al gobierno de Cambiemos, cuando vimos la diferencia tan alta es una ilusión, porque por lo menos vamos a tener un gobierno de acá a cuatro años en adelante que con un montón de dificultades, obstáculos y desafíos, nos va a permitir plantear nuestro tema y no como ahora con este gobierno que hubo un total retroceso en cuanto a la violencia institucional. Somos optimistas de que va a existir la posibilidad, después lo otro depende de muchas cosas como por ejemplo la situación del país. Nosotras ahora planteamos la idea del trabajo sexual con mucha más fuerza, ya no es como con el gobierno de Cristina que se nos prohibió el rubro 59, se modificó la ley de trata, hoy hay mayor conciencia en la sociedad con nuestro trabajo y un lugar ganado en el feminismo.

¿Y han podido establecer algún vínculo con alguien del futuro gobierno nacional o provincial?

-Hay muchas organizaciones feministas que pertenecen al Frente de Todos y Todas que han tenido en los últimos años muchísima vinculación con nosotras.

 

72 organizaciones LGBTQ firman una carta de apoyo a la despenalización del trabajo sexual en Washington D.C.

 

La carta, firmada por 72 organizaciones nacionales y locales, expone los argumentos a favor de la despenalización.

 

Por John Riley @JohnAndresRiley

2 de octubre de 2019

LGBTQ advocates deliver letter to D.C. councilmembers calling for sex work decriminalization

 

Activistas que abogan por la despenalización del trabajo sexual en D.C. presentan una carta, firmada por 72 organizaciones, en la que exponen su posición a la concejal de D.C. Elissa Silverman, I-At-Large (izquierda). – Foto: Sex Worker Advocates Coalition.

 

Una coalición de activistas y defensores LGBTQ ha dejado copias de una carta dirigida a los miembros del Consejo de D.C., firmada por 72 organizaciones diferentes, abogando por un proyecto de ley que despenalizaría el trabajo sexual en el Distrito de Columbia.

La coalición acudió a las oficinas de los concejales esta mañana para entregar la carta, que expone los argumentos de los partidarios por los que el proyecto de ley —presentado conjuntamente por los miembros del Consejo David Grosso (I-At-Large), Anita Bonds (D-At-Large), Robert White (D-At-Large) y Brianne Nadeau (D-Ward 1)— debe ser aprobado.

“Como organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queers y aliados, sabemos que la despenalización del trabajo sexual en DC es fundamental para la salud y el bienestar de la comunidad LGBTQ, incluyendo una mejora de la salud pública y una disminución de la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales marginadas, particularmente mujeres transgénero de color “, dice la carta.

El proyecto de ley, tal como está redactado actualmente, despenalizaría el trabajo sexual consensuado para los mayores de 18 años y crearía un grupo de trabajo para supervisar la implementación y los efectos de la despenalización y proponer enmiendas a los estatutos relacionados con las sanciones por trabajo sexual.

El grupo de trabajo de 15 miembros estaría compuesto por el Departamento de Policía Metropolitana, agencias de salud pública, defensores de derechos humanos, ex trabajadoras sexuales y trabajadoras sexuales activistas. El grupo de trabajo tendría la tarea de emitir un informe que contenga sus hallazgos y recomendaciones dentro de los dos años posteriores a su formación, y se disolvería dentro de los tres años.

“Al actualizar una ley de DC que no tiene un propósito válido y está llamativamente fuera de sintonía con la investigación y el conocimiento actuales, incluida la mejor forma de combatir la transmisión del VIH, el proyecto de ley mejoraría la seguridad, la salud pública y la capacidad de las fuerzas del orden para combatir tanto crímenes violentos como delitos contra la propiedad ”, escribió la coalición en su carta.

Los cuatro argumentos clave a favor del proyecto de ley son que la despenalización del trabajo sexual

1) permitirá a las trabajadoras sexuales —particularmente a las personas transgénero que de otro modo no podrían obtener trabajo debido a la discriminación— una forma de ganar dinero para sobrevivir;

2) hará disminuir la incidencia de violencia y acoso que enfrentan las trabajadoras sexuales a manos de clientes, de delincuentes que roban a las trabajadoras sexuales, o incluso de la policía;

3) disminuirá las tasas de VIH al permitir a las personas transgénero más tiempo y espacio para negociar el uso del condón;

y 4) permitirá que las trabajadoras sexuales accedan a recursos, beneficios gubernamentales y oportunidades de empleo que de otra forma se les negarían si tienen una condena penal por prostitución.

“Penalizar un medio de supervivencia convierte a esas trabajadoras en una población blanco de victimización y violencia”, señala la coalición en su carta. “La vigilancia del comercio sexual puede convertir las prácticas de reducción de daños (como llevar condones) en evidencia de una actividad criminal. Esto a menudo obliga a las trabajadoras sexuales a elegir entre salud y evitar la detención.

“Además, cuando las personas dedicadas al trabajo sexual deben buscar áreas más apartadas o áreas con presencia policial reducida, aumentan las amenazas a su seguridad física y disminuye la capacidad de evaluar a los clientes”, continúa la carta. “… Debido a que las trabajadoras sexuales temen ser detenidas, tienen más probabilidades de apresurar la decisión de aceptar un cliente y menos probabilidades de negociar el uso del condón”.

Los activistas también citan estadísticas de una encuesta de DC Trans Coalition que encontró que el 78% de las trabajadoras sexuales temen la violencia, el acoso, la detención o la humillación a manos de la policía, y aproximadamente el 20% informa que los agentes de policía se han acercado a ellas y les han pedido sexo para evitar la detención.

“Las mujeres transgénero de color en D.C. con frecuencia son tratadas como trabajadoras sexuales, ya sea que participen en el comercio o no, lo que a menudo conduce al acoso, la confiscación de condones y la detención”, agregan. “Esta sospecha crónica y a menudo injusta conduce a la desconfianza general hacia la policía por parte de muchas personas LGBTQ. Esta desconfianza podría reducirse significativamente mediante la despenalización del trabajo sexual “.

Una defensora de la despenalización del trabajo sexual habla con el concejal de DC Jack Evans. – Foto: Sex Worker Advocates Coalition.

La carta se adelanta a una audiencia programada para el 17 de octubre ante el Comité de Justicia y Seguridad Pública del Consejo de D.C., en la que los miembros del Consejo escucharán el testimonio de las partes interesadas de la comunidad a favor y en contra del proyecto de ley.

Algunos de los firmantes de la carta incluyen: American Civil Liberties Union; Asian and Pacific Islander Queers United for Action; Black & Pink; la sección de D.C. de Black Youth Project 100; Brother, Help Thyself; Casa Ruby; the Center for Black Equity; Collective Action for Safe Spaces; el DC Anti-Violence Project, GLAA; HIPS; Human Rights Campaign; LULAC Lambda; el National LGBTQ Task Force Action Fund; No Justice No Pride; Sex Workers Outreach Project; SMYAL; The DC Center for the LGBT Community; Transgender Law Center; Us Helping Us, People Into Living; la Wanda Alston Foundation; Whitman-Walker Health; y la Woohull Freedom Foundation.

Los socios de la coalición que están presionando para la despenalización esperan reunir personas que testifiquen ante el Consejo el 17 de octubre y, después de la audiencia, organicen a los partidarios para presionar a los miembros del consejo de DC para que aprueben el proyecto de ley y al alcalde Muriel Bowser para que lo firme y lo convierta en ley.

“Nuestro objetivo final es abordar las necesidades de las personas LGBTQ en la ciudad, y parte de eso implica despenalizar el trabajo sexual en la ciudad. Queremos asegurarnos de que las personas LGBTQ de bajos ingresos satisfagan sus necesidades básicas de vivienda, empleo, educación ”, dice Tyrone Hanley, asesora principal de políticas del Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas, que apoya el proyecto de ley de despenalización. “Sabemos que esto no es lo único que se necesita para garantizar que las personas LGBTQ puedan tener una vida vibrante aquí, pero sabemos que este es un elemento necesario para alcanzar esa meta”.

Hanley señala que, particularmente con proyectos de ley similares presentados en sesiones anteriores del Consejo, ha habido conceptos erróneos de que una abrumadora mayoría de los residentes de DC se oponen con vehemencia a la despenalización y al trabajo sexual en general. Pero dice que los esfuerzos de organización en el terreno de los miembros de la campaña DECRIMNOW han revelado que hay más apoyo en la comunidad en general: es solo que no necesariamente se presentan durante las reuniones del Consejo para dar a conocer sus puntos de vista.

Foto: Sex Worker Advocates Coalition.

Con ese fin, los grupos involucrados en la campaña DECRIMNOW, una creación de la Sex Worker Advocates Coalition, han estado tratando de educar a los residentes de DC sobre la importancia de la despenalización, y han recogido varios cientos de firmas en una petición en apoyo del proyecto de ley.

La organización de justicia social No Justice No Pride ha estado organizando previamente a personas para enviar cartas al Consejo exigiendo una audiencia, y ahora que se ha programado una, ha estado organizando una campaña de redacción de cartas para los residentes en los Barrios 2, 3 y 7 para pedir a los miembros del Consejo, Jack Evans, Mary Cheh y Vincent Gray —todos los cuales forman parte del Comité Judicial y no han manifestado su apoyo a la iniciativa— que apoyen el proyecto de ley de despenalización.

“SWAC ha sido muy intencional al acercarse a un grupo diverso de comunidades para tener conversaciones con todos sobre este tema”, dice Hanley. “No es solo un problema LGBTQ, aunque tiene implicaciones muy específicas para la comunidad LGBTQ. La coalición, bajo el liderazgo del capítulo DC de BYP 100 y HIPS, ha estado liderando un esfuerzo para articular conversaciones en los Barrios 7 y 8. Lo que hemos encontrado a través de esas conversaciones individuales es que en realidad hay mucho apoyo a este proyecto de ley.”

Faith, una de los presidentes coorganizadores del capítulo DC de BYP 100, dice que los miembros de la coalición han estado entablando conversaciones individuales para tratar de cambiar la comprensión de las personas sobre cuáles serían las implicaciones de la despenalización.

“Creo que especialmente las personas negras que han tenido experiencia con el sistema de justicia, o tienen una familia que ha tenido experiencia con el sistema, lo saben, y es fácil para ellos entender que cuando detienen a personas, no mejoran sus condiciones materiales de ninguna manera “, dice. “así que, mientras decimos: ‘queremos que el Consejo se centre en el empleo, la educación, la vivienda’, cuando detienes a alguien, lo estás marginando”.

Faith dice que la coalición ha estado celebrando reuniones en persona y virtuales para educar a las personas sobre la iniciativa de despenalización, y realizará un evento virtual en la noche del 14 de octubre para capacitar a las personas que deseen testificar en la audiencia del Comité Judicial sobre la mejor manera para expresarse. Ella agrega que la coalición se duplicará en sus esfuerzos para presionar al Consejo para que tome medidas después de la audiencia.

“Realmente queremos mantener el impulso después de la audiencia, para que se vote en el Comité Judicial, y luego se lleve al Comité Plenario”, dice Faith. “Por lo tanto, necesitamos que las personas escriban a sus miembros del consejo, les llamen y les recuerden que la gente está observando y que queremos que se vote en breve”.

Firma la declaración de solidaridad con los derechos de las trabajadoras sexuales de Canadá

 

https://secure.actioncanadashr.org/solidarity-sex-workers-rights

 

Las trabajadoras sexuales —personas que intercambian servicios sexuales por dinero o bienes— son penalizadas, desproporcionadamente vigiladas, sometidas a exceso de control policial y despojadas de sus derechos fundamentales. Las trabajadoras sexuales que viven discriminaciones entrecruzadas debido a la pobreza, su presencia visible en los espacios públicos, su posición racial y social, y su identidad de género son desproporcionadamente atacadas por la policía y la violencia institucional, legal y social. Gran parte de este trato es el resultado de la estigmatización del trabajo sexual en sí y de la falta de reconocimiento de la autonomía que las trabajadoras sexuales ejercen en su vida diaria.

Varias organizaciones de derechos humanos, organismos y tribunales de la ONU han concluido que la penalización de la industria del sexo crea condiciones para la explotación y viola los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. En 2014, un proceso legal histórico (Fiscal General v Bedford) dictaminó que las leyes en Canadá que abordaban el trabajo sexual violaban el derecho constitucional a la seguridad de las trabajadoras sexuales y todas esas leyes fueron anuladas. Sin embargo, a pesar de esto, la Ley de Protección de Comunidades y Personas Explotadas (PCEPA) se promulgó en 2014. La PCEPA define todo trabajo sexual como explotación y enmarca a todas las trabajadoras sexuales como víctimas y a todos los clientes y terceros como delincuentes. Un objetivo principal de esa legislación es erradicar la prostitución. Las nuevas leyes incluyen disposiciones que penalizan directamente a las trabajadoras sexuales, así como disposiciones que penalizan prácticamente todos los elementos de la industria del sexo.

Desde la entrada en vigencia de PCEPA, las trabajadoras sexuales han reportado un mayor antagonismo con las fuerzas del orden público, violencia selectiva y miedo a denunciar, actuación policial no deseada y no solicitada sobre las trabajadoras sexuales indígenas, negras, trans, migrantes y usuarias de drogas, y detenciones y deportaciones de trabajadoras sexuales asiáticas y migrantes. La policía hace un uso indebido y excesivo de las leyes de trata de personas para atacar a las trabajadoras sexuales y a sus clientes, creando condiciones cada vez más inseguras y marginalizadas para las trabajadoras sexuales.

Proteger y respetar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales requiere una respuesta integral. La despenalización, la eliminación de las leyes penales y específicas de inmigración sobre el trabajo sexual, es un primer y necesario paso. Un plan holístico para la reforma de la ley de trabajo sexual incluye medidas concretas para abordar la discriminación y la desigualdad en todas sus formas: pobreza, vivienda inadecuada, atención médica inadecuada, falta de acceso a transporte seguro, acceso inadecuado a asistencia legal, sobrepenalización y sobrencarcelamiento, y problemas continuos con sistemas de protección juvenil. Esto incluye además el acceso a protecciones básicas de seguridad laboral y ocupacional.

 

DECLARACIÓN DE SOLIDARIDAD

 

Nos oponemos a las leyes federales, provinciales y municipales que regulan desproporcionadamente y penalizan la autonomía corporal, la sexualidad y los derechos de salud sexual y reproductiva.

Reclamamos del gobierno de Canadá la despenalización total del trabajo sexual como un primer paso para proteger y respetar los derechos humanos de todas las trabajadoras sexuales; esto comienza con la eliminación de las leyes penales y de inmigración que penalizan el trabajo sexual.

 Reclamamos que se reconozca el trabajo sexual como un trabajo significativo y valioso que brinda oportunidades económicas para las personas que venden y comercian sexo.

 Reclamamos el acceso igualitario y no discriminatorio a la salud, la educación, el empleo, la vivienda y las oportunidades y derechos económicos.

 Afirmamos que las trabajadoras sexuales no son criminales que deban ser estigmatizadas, sino miembros de una clase trabajadora a menudo explotada y poco protegida.

 Nos solidarizamos con las trabajadoras sexuales que exigen derechos, el reconocimiento de la autonomía y de la capacidad de toma de decisiones de las trabajadoras sexuales y condiciones de trabajo seguras.

 Nosotras, las organizaciones abajo firmantes, nos comprometemos a promover los derechos de las trabajadoras sexuales y a crear espacios para que las trabajadoras sexuales tomen el liderazgo y estén en el centro de los debates sobre la reforma de la ley de trabajo sexual.

 


National 
Abortion Rights Coalition of Canada
Action Canada for Sexual Health and Rights
Alberta Society for the Promotion of Sexual Health
Amnesty International Canada
Barbra Schlifer Commemorative Clinic
Canadian AIDS Society
Canadian Association of People who Use Drugs (CAPUD)
Canadian Association of Social Workers
Canadian HIV/AIDS Legal Network
Canadian Treatment Action Council
Families of Sisters in Spirit
FIRST Decriminalize Sex Work
i2i Peer Support
Interagency Coalition on AIDS and Development
International Human Rights Program, University of Toronto Faculty of Law
Marie Stopes International
Migrant Workers Alliance for Change
Radical Access Mapping Project
Sex Professionals of Canada (SPOC)
The Naked Truth
Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights

Alberta
HIV Community Link
Prostitutes Involved Empowered Cogent Edmonton (PIECE)
Shift, HIV Community Link

British Columbia
Afro-Canadian Positive Network of BC
Anti-Violence Project
BC Coalition of Experiential Communities
Coalition Against Trans Antagonism
Downtown Eastside Women’s Centre
Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society (SWUAV)
HUSTLE at Health Initiative for Men
Law Students for Decriminalization and Harm Reduction
Organize BC
Pacific AIDS Network Society
PEERS
Pivot Legal Society
Pride
Providing Alternatives, Counselling and Education (PACE) Society
Saige Community Food Bank
SFSS Women’s Centre
SOLID Outreach Society
Supporting Women’s Alternatives Network (SWAN)
UVic Gender Empowerment Centre
Victoria Sexual Assault Centre
WAVAW Rape Crisis Center
West Coast Cooperative of Sex Industry Professionals (WCCSIP)
WISH Drop-In Centre Society
YouthCO HIV & Hep C Society

Manitoba
Manitoba Harm Reduction Network
Sex Workers of Winnipeg Action Coalition

Newfoundland and Labrador
Bay St. George Status of Women Council
Corner Brook Status of Women Council
Planned Parenthood Newfoundland and Labrador Sexual Health Centre
Safe Harbour Outreach Project (S.H.O.P.)
St. John’s Status of Women’s Council/Women’s Centre
St. John’s Womxn in Music

Nova Scotia
Sexual Health Centre Lunenburg County
South House
Stepping Stone Association
The South House Sexual and Gender Resource Centre

Ontario
AIDS Committee of Ottawa
AIDS Committee of Windsor
Alliance for South Asian AIDS Prevention
Angel’s Angels
Barton Village Business Improvement Area
Butterfly Asian and Migrant Sex Workers Network
Chinese & Southeast Asian Legal Clinic
Chinese Canadian National Council Toronto Chapter
CUPE Local 3906
CUPE4600
DUAL-Drug User Advocacy League/OICH
Gender Studies & Feminist Research Program, McMaster University
Guelph Resource Centre for Gender Empowerment and Diversity
Hamilton Anvil
Hamilton Burlesque Society
HIV & AIDS Legal Clinic Ontario
Industrial Workers of the World – Hamilton GMB
LGBT YouthLine
Maggie’s Indigenous Sex Workers Drum Group
Maggie’s Toronto Sex Workers Action Project
Marit Collective
Migrant Sex Workers Project
No One Is Illegal-Toronto
Parkdale Community Legal Services
Planned Parenthood Toronto
POWER (Prostitutes of Ottawa-Gatineau Work, Educate and Resist)
Pride Hamilton
Safer Gigs Hamilton
SafeSpace
Sex Workers Advisory Network of Sudbury (SWANS)
Sex Workers’ Action Network of Waterloo Region
Sex Workers’ Action Program of Hamilton
SHORE Centre
Showing Up for Racial Justice Toronto (SURJ TO)
Street Health
TransParent Hamilton-Niagara
Willow’s Drop-In – Ottawa-Vanier
Women & HIV / AIDS Initiative
Women and Gender Equity Network
Women’s and Gender Equity Centre at University Toronto-Mississauga
Work Safe Twerk Safe
Workers’ Action Centre
YWCA Kitchener-Waterloo

Québec
Action Santé Travesties et Transexuel(le)s du Québec (ASTTeQ)
Agir
AlterHéros
CACTUS Montreal
Centre for Gender Advocacy
Clinique Droits Devant
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA)
Coalition LGBTQ youth groups
Conseil québécois LGBT
Dopamine
École de travail social UQAM
Émissaire
Fédération des femmes du Québec
GIAP
Les Hébergements de l’Envol
L’R des centres de femmes du Québec
Native Women’s Shelter
PACT de rue
Plein Milieu
Project 10
Projet d’intervention auprès des mineur.e.s prostitué.e.s (PIaMP)
Projet Lune<
RÉZO
Sidalys
Solidarity Across Borders- Montreal
Spectre de rue Inc.
Stella, l’amie de Maimie
The Open Door / La Porte Ouverte Montréal
TOMS Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le VIH/sida

Saskatchewan
Saskatoon Sexual Health

 

El proxeneta millonario que multaba a las mujeres por enfermar

 

Caso Carioca

Investigadores de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil concluyen el primer análisis económico de locales de prostitución en España y sus supuestas vías de blanqueo

 

SILVIA R. PONTEVEDRA

Lugo 29 de septiembre de 2019

https://elpais.com/sociedad/2019/09/29/actualidad/1569709273_587721.html

José Manuel García Adán, durante un juicio en 2012 en Pontevedra. CARLOS PUGA

 

Las de José Manuel García Adán no eran las cuentas de la lechera. Según el juzgado, este proxeneta que la Operación Carioca sacó de las tinieblas tenía, como tantos otros, sus negocios clandestinos atados y bien atados con su ley del “terror”. Y no corría el riesgo de que se le rompiera el cántaro contra el suelo, porque supuestamente el recipiente estaba blindado por representantes de todos los cuerpos policiales que recibían a cambio compensaciones en metálico y en especie. Así fue hasta que, en 2009, a la trama que urdió Adán en Lugo “le cayómedio Código Penal encima, sin defensa posible”, como declaraba entonces a este periódico el abogado de uno de los principales imputados. Y ahora que la instrucción ha llegado a su fin, de los varios cientos de mujeres que testificaron, algunas han logrado rehacer sus vidas o siguen intentándolo (atrapadas en cursos de formación o contratos basura) al margen de los burdeles. Otras, con 10 años más pero aún jóvenes, como exigen los clientes, siguen atrapadas en la prostitución en España.

En una de las 50 piezas en que acabó dividida la causa, investigadores de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil a las órdenes de la juez Pilar de Lara han llevado a cabo el primer análisis económico de un negocio de proxenetismo en el país. El estudio hace aflorar el dinero negro que a diario fluye, por miles de euros, en un burdel de una ciudad pequeña frecuentado por empresarios que pagan el sexo al contado para no dejar huella en sus tarjetas de crédito. También destapa las supuestas artimañas del dueño para mantener sometidas a las víctimas de trata mientras pagan sus deudas, a las que impone multas por estar enfermas o por la duración de sus reglas. Todas estas ganancias de la actividad ilegal se metamorfosean presuntamente en ladrillo y automóviles de “alta gama”, la inmensa mayoría de segunda mano, para su blanqueo.

Los investigadores concluyen que, principalmente en los años de los que disponen de datos (2006, 2008 y 2009), la red tejida por José Manuel García Adán a través de los clubes que regentaba, Queen’s y La Colina, obtuvo ganancias de más de 3,6 millones de euros. Esta cantidad es solo un grano de arena de ese 0,35% del PIB que el INE estima que la prostitución acapara en España, el tercer país del mundo en consumo, con más de 1.600 prostíbulos (según cálculos de la Policía Nacional), ofreciendo decenas de miles de mujeres a diario.

Adán es trasladado a los juzgados de Lugo tras su detención. PEDRO AGRELO

La organización liderada por Adán, actualmente en prisión por delitos de violencia machista contra su exesposa, obtenía un “pingüe beneficio” aprovechándose de las “especiales circunstancias de precariedad” de un “elevadísimo número de mujeres extranjeras”, afirma la magistrada en el auto de transformación de las diligencias de blanqueo en procedimiento abreviado para su juicio. Más de medio centenar de víctimas, según De Lara, componían la carta de degustación que los clubes de Adán -registrados en la Agencia Tributaria como “bares categoría especial” y “otros cafés y bares”- ofrecían habitualmente a sus clientes, en un horario laboral de entre 12 y 14 horas por jornada.

Con este auto sobre el negocio redondo de los burdeles de Adán, la magistrada deja prácticamente cerrada una década de trabajo en el caso Carioca ahora que acaba de ser apartada de su plaza en Lugo por el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces acordó castigarla el pasado jueves por supuestos “retrasos injustificados” en la instrucción de sus macrocausas contra la corrupción en Galicia (Carioca, Pokémon, Garañón, Pulpo o Cóndor).

Anotación de los pagos realizados por una mujer para saldar su deuda con Adán.

La juez recuerda que las víctimas de la red eran jóvenes “enormemente vulnerables”, en su mayoría latinoamericanas y sobre todo brasileñas, muchas con familia a su cargo en América, que se prostituían en “condiciones sumamente gravosas” inducidas con “distintos mecanismos coactivos”. Entre estos métodos que las encadenaban, el sumario recoge las presuntas amenazas de Adán, incluso de muerte; la constante presencia deagentes uniformados tomando copas y en las camas; su situación irregular en el país; y las deudas contraídas con el jefe. Estos compromisos se debían a préstamos que le pedían; a las multas que les imponía si enfermaban, se portaban “mal”, llegaban tarde o faltaban a su puesto; y sobre todo a lo adeudado por el viaje a España (de 3.000 a 4.000 euros), que tenían que pagar trabajando.

Testaferros y amigos policías

Con sucesivos testaferros, a través de una inmobiliaria supuestamente creada como sociedad interpuesta y también utilizando el nombre de su esposa para no figurar, Adán alquiló los inmuebles donde estableció los negocios de sus burdeles. El más importante, el Queen’s, junto al polígono industrial de Lugo, celebró su fiesta de inauguración el 2 de septiembre de 2002, ya entonces con presencia de amigos policías. Las obras de reforma de una casa que en tiempos había sido una quesería las llevó a cabo un constructor que, tal y como declaró, no llegó a recibir más que una pequeña parte del coste y, según sospecha De Lara, siguió cobrándose en “servicios” lo adeudado.

José Manuel Pulleiro, encargado al frente del burdel La Colina, tras su detención. PEDRO AGRELO

Los locales de Adán, recuerda la instructora, eran “frecuentados por empresarios y personas de elevado poder adquisitivo que incluso captaban a mujeres para organizar las llamadasfiestas blancas, de cocaína y sexo, en alguna sociedad deportiva de la ciudad, en cuya cafetería acababan trabajando como camareras sin contrato ni alta en la Seguridad Social”. Adán y sus encargados controlaban el rendimiento de cada joven mediante estadillos tamaño A3 donde ellas figuraban con sus nombres “artísticos”.

Según la investigación, la organización se quedaba con 10 euros por cada uno de los tres primeros “pases” (media hora de sexo en la habitación, cuya tarifa era de 43 euros) más 12 euros que les cobraba diariamente en concepto de alojamiento incluso a las que no dormían en los prostíbulos. Además, les restaba los “abonos”, una cantidad variable que él mismo decidía por la deuda del tráfico de mujeres; junto a las posibles multas y una tasa especial por salidas con clientes fuera del local (60 euros).

Estadillos con los que se controlaba la actividad sexual de las mujeres y sus ganancias en los clubes de Adán.

En los estadillos también aparecían las ventas de otros conceptos como “sábanas” desechables, “lubricante” o “preservativos”, pero no los ingresos obtenidos a través de otro delito por el que está imputado Adán, la venta de droga en los burdeles. La noche en que estalló la Operación Carioca, en los clubes había más de 12.000 euros y en el domicilio del jefe, 29.500. Esto es todo lo que pudo hallar en billetes la Guardia Civil, además de otros 79.950 euros que el líder guardaba en una caja de seguridad del BBVA, un dinero que se deposita sin necesidad de dejar constancia de la cifra. Según Aduanas, “mientras, en parte, la actividad de alterne y hostelería [es decir, las copas] estaría declarada a la Agencia Tributaria, la de prostitución no lo estaría”. Supuestamente, apunta la juez, solo los “pagos de clientes con Visa” que no eran especialmente celosos de su “anonimato”.

Todo este flujo de dinero Adán no lo ingresaba en sus cuentas bancarias, donde solo aparecían reflejados los pagos de los clientes que usaban tarjeta. Era, explica el auto, un río continuo de capital “no declarado fiscalmente” por un proxeneta que, según testigos del caso, decía ganar “unos 6.000 euros a la semana”. Lo suficiente para “llevar un elevado nivel de vida” y comprar nuevas propiedades en metálico sin necesidad de retirar efectivo de sus cuentas bancarias. Antes de su detención a finales de 2009, Adán planeaba ampliar su empresa: estaba negociando la adquisición de otro burdel cerca de Portugal, esta vez especializado en “mujeres rumanas y de Europa del Este”.

Un “régimen de auténtica esclavitud”

“Las mujeres trabajaban en régimen de auténtica esclavitud” después de llegar a España a través de aeropuertos como el de Barajas, donde supuestamente había un policía nacional compinchado. La mafia contaba con la participación de varios empleados de dos agencias de turismo de Goiana (Brasil) que se encargaban “de la revisión de la calidad de la mercancía“, describe la juez en referencia a las mujeres. “Allí supervisaban sus características físicas”, continúa en el último auto “como requisito previo para autorizar el viaje. Y les daban indicaciones para cruzar los controles fronterizos” como “turistas”. Uno de los contactos que gestionaban los viajes desde Brasil llegó a recibir 89.682 euros en 84 envíos de la red lucense.

El volumen de negocio reconocido por la firma que al final acabó creando el cerebro de la Carioca, Adán Sloga, SLU, distaba mucho de la realidad. A efectos de tributación por IVA e impuesto de sociedades, en 2008 declaró 128.807 euros y en 2009, 239.055. Pero la cantidad de ganancias en negro que los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera han podido acreditar que atesoró el temido proxeneta son más de 3,6 millones. La cifra es el resultado de la suma de sus inversiones en ladrillo y automóviles a lo largo de los años, del dinero incautado y del balance de “notas manuscritas en hojas, pedazos de papel, recibos o tiques” y las libretas contables con las que se controlaba a las mujeres, que no están completas ni son de todos los años. La titular del juzgado de Instrucción 1 de Lugo sospecha que la verdadera cantidad es muy superior.

Entre marzo y mayo de 2007, sin otros ingresos conocidos que los que le reportaba la prostitución y sin sacar nada del banco, Adán adquirió tres inmuebles por más de 200.000 euros y en marzo de 2009, otro piso, un trastero y una plaza de garaje. También compró 11 vehículos, y la juez señala que supuestamente prestó dinero contante y sonante a su fiel encargado, José Manuel Pulleiro, para comprar la vivienda, un Audi y un BMW. Oficialmente, según recoge el auto judicial, este empleado tenía una nómina de 799,55 euros.

 

LAS MUJERES APENAS SALÍAN DE LOS CLUBES “POR TEMOR A SER EXPULSADAS DE ESPAÑA”

“En caso de que las mujeres tuvieran el periodo menstrual, además de avisar, solo podían descansar de uno a tres días, en función de la decisión caprichosa del dueño o el encargado, e independientemente de la duración de sus menstruaciones, ya que en otro caso, tenían que abonar 43 euros aunque no trabajaran”, según describe la juez Pilar de Lara las leyes del burdel. En algunos casos, “eran obligadas a demostrar que tenían la regla” y si no acudían trabajar “también eran multadas”, sin “derecho a descansar”.

Las sanciones eran de “20, 30 y hasta 60 euros”, lo cual “condicionaba la voluntad de las mujeres a la hora de prostituirse”, a pesar de “estar enfermas o exhaustas”. Además, sigue la juez en el último auto, las chicas apenas salían “por temor a ser detenidas y expulsadas de España”, por lo que “el club disponía de servicio de venta de ropa y lavandería” y “algunos colaboradores de Adán también les vendían joyas”.

La Operación Carioca constituye la mayor investigación judicial contra las mafias de proxenetismo en España: en su conjunto suma 274 tomos y 36 solo de transcripciones de pinchazos telefónicos. Las personas que llegan imputadas al final de la instrucción, después de que la fiscalía exculpase a un buen número y prescribiesen los hechos para otros investigados, lo están por 25 tipos de delitos.

Entre los hechos que investiga la Carioca están el tráfico de personas con fines de explotación sexual, asociación ilícita, delitos contra los derechos de los trabajadores, narcotráfico, tenencia ilícita de armas, delitos de aborto no consentido, amenazas, extorsión, agresión y abuso sexual y lesiones. También otros referidos a los funcionarios como cohecho, tráfico de influencias, solicitud de favores sexuales por empleado público, prevaricación, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad documental y negociación prohibida. Un tercer grupo lo ocupan los delitos contra la hacienda pública y el blanqueo.

Cabinas para el sexo en Berlín: la última idea para luchar contra la prostitución callejera

El responsable del distrito de Mitte planea acabar con las escenas de mujeres ligeras de ropa o los problemas para los vecinos como preservativos usados o jeringuillas.

 

Una prostituta camina por Oranienburgen Strasse, en Berlín.

 

Salvador Martínez  @SMMEnBerlin

6 de septiembre de 2019-09-06

https://www.elespanol.com/mundo/europa/20190906/cabinas-sexo-berlin-ultima-luchar-prostitucion-callejera/426957870_0.html

 

Puede que sea la zona de Alemania donde en peores condiciones se ejerce la prostitución. Al menos tiene esa fama. En la céntricaKurfürtenstraße, prácticamente a cualquier hora del día, hay prostitutas ofreciendo sus servicios. “¿Tienes ganas?”, suelen decirle a los viandantes que consideran clientes en potencia.

Las escenas de mujeres ligeras de ropa paseando por la calle, la clientela y la basura que deja esta activad – incluidos preservativos usados y jeringuillas que consumen in situ las adictas que se prostituyenen este punto de la ciudad –, sumado al mucho ruido que se genera en este ambiente, tiene hartos a los vecinos. Especialmente a los nuevos.

Esta zona de Berlín, como muchas otras de la capital, ha cambiado radicalmente en los últimos años. Han aflorado muchos edificios de obra nueva, con flamantes y caros apartamentos inaccesibles para los vecinos que solían ocupar este barrio del distrito céntrico distrito de Mitte. En la Kurfürtenstraße se enfrentan cara a cara gentrificación y prostitución.

Las mujeres que se prostituyen aquí son, en su mayoría, extranjeras. Las autoridades tienen asumido que vienen del este y del sureste europeo. También que abundan las que sufren adicciones a drogas, las que se prostituyen porque están en una situación socio-económica de urgencia y las vinculadas a organizaciones criminales.

No hay solución definitiva a una problemática tan compleja, consecuencia seguramente indeseada de que en Alemania la prostitución es legal desde 2002. Pero el alcalde del distrito de Mitte, el ecologista Stephan von Dassel, ha hecho público – no sin crear polémica – su interés en valorar la idea de crear cabinas para que las prostitutas puedan ofrecer sus servicios en ellas.

Von Dessel se muestra así decidido a actuar y a considerar nuevas ideas. No en vano, el alcalde se ha manifestado estos días muy empático con los vecinos de una Kurfürtenstraße que hoy día se muestra “indigna, ruidosa y sucia”, según los propios términos que ha empleado Von Dessel en los medios de comunicación alemanes.

Un botón de alarma

Dos tipos de cabinas parecen estar sobre la mesa. En unas habría que acceder en coche. El cliente, para aparcar, tendría que situarse con el vehículo dejando una pared casi pegada a su puerta de conductor. La puerta de la prostituta y copiloto quedaría libre para ser abierta en caso de que la situación dentro del coche degenerara y pasara a ser peligrosa para la trabajadora del sexo. En la cabina también habría un botón de alarma, situado cerca de la puerta del copiloto del coche.

La instalación de este tipo de cabinas que sirve de ejemplo al responsable político berlinés está a las afueras de Colonia. “El pajar” es el nombre que le han dado los habitantes de la metrópolis cultural del oeste germano. Von Dessel lo considera un modelo, aunque en otras ciudades, como Dortmund, una iniciativa similar fracasó en 2011.

La otra idea consiste en instalar las “cabinas del sexo” en una zona cercana a donde hoy se ejerce la prostitución en la calle, bajo las vías del metro que tiene cerca la Kurfürtenstraße. No lejos de allí la línea U2 de metro tiene un trayecto elevado sobre la superficie de la ciudad. También se ha apuntado el espacioso y el antiguo aeropuerto de Tempelhof que desde hace años ha sido reconvertido en parque público.

Ideas criticadas por las trabajadoras sexuales

“Yo veo esas ideas como completamente absurdas”, dice a EL ESPAÑOL Stephanie Klee, trabajadora sexual y responsable de la Asociación Federal de Servicios Sexuales (BSD, por sus siglas alemanas). Se refiere, especialmente a la idea de instalar las cabinas bajo las vías del metro.

“La idea, en la práctica, significa que las mujeres siguen trabajando en la Kurfürtenstraße, los clientes paran con sus coches, cliente y prostituta se deciden, ambos viajan en coche hasta encontrar un aparcamiento, lo que en la zona es muy complicado, y luego van andando hasta la cabina.¿Cómo quieren hacer algo así?” señala Klee, dando cuenta de lo poco práctico de estas “consideraciones” que contemplan tanto Von Dassel como la socialdemócrata, Angelika Schöttler, alcaldesa del distrito Tempelhof-Schöneberg.

Por otro lado, según Klee, “construir las cabinas en el antiguo aeropuerto de Tempelhof también es totalmente irrealista, todos los vecinos se opondrían”. Para ella, el problema radica en que “los políticos están bajo presión por los vecinos del barrio” en Mitte. “Es una cosa histórica en ese barrio. Los vecinos, recurrentemente, se dirigen a los políticos, con cartas, actos públicos e incluso manifestaciones. Las autoridades se ven obligadas a reaccionar, y las organizaciones de prostitutas también. Al final, todo suele calmarse”, sostiene Klee.

Pero de un tiempo a esta parte la gentrificación y el encarecimiento del precio del suelo han complicado mucho las condiciones de trabajo de las prostitutas en la Kurfürtenstraße, donde no es raro ver prostitutas teniendo sexo con clientes en plena calle.

“Las mujeres ya no tienen lugares cercanos a los que ir donde hacer su trabajo. Tienen que irse desde allí a otros lugares de la ciudad, ya sea un parque cercano como el Tiergarten, o ir a un garaje subterráneo, lo que también es algo complicado”, comenta la responsable de la BSD. Alude al céntrico y conocido parque del centro de la capital alemana, situado a proximidad de la monumental Puerta de Brandeburgo o del edificio del Reichstag, la sede del Bundestag.

Solución a este problema, según conviene en afirmar Klee, no lo ha habido nunca. Ha sido un tira y afloja constante entre prostitución y vecinos que coge de por medio a los responsables políticos de turno. Éstos parecenpulsar la opinión pública aireando “consideraciones” como las de las “cabinas del sexo”. No está claro que vayan a ser finalmente instaladas. A Von Dessel tampoco le funcionó hace dos años manifestarse a favor de prohibir la prostitución en la zona de la Kurfürtenstraße. La medida no contó con el apoyo ni de su propio partido.

Una instalación como un estadio de fútbol para la prostitución

Estos días, la responsable de Igualdad del Gobierno de la ciudad-estado que es Berlín, la socialdemócrata Barbara König, ha recordado que “en Berlín la instalación de zonas de prohibición no está planeada ni tiene sentido”. La capital alemana, junto a Rostock (noreste germano), es la única del país de la canciller Angela Merkel en la que no existe este tipo de zonas. En Colonia, el equivalente a la Kurfürtenstraße fue en su día declarado zona prohibida para la prostitución, en beneficio de la creación de “El pajar”.

Pero éste, según Klee, sólo ha resuelto a medias la situación de las trabajadores del sexo. “Esta instalación es tan grande como un campo de fútbol, hay otro edificio al lado, donde a veces sí y a veces no van la policía y las autoridades sanitarias”, dice Klee, que conoce bien la situación en Colonia. “También hay instalaciones para que las mujeres se puedan lavar. El problema es que es muy difícil ir allí y no hay nada infraestructura, ni siquiera para comprar agua o un snack y, como no hay controles, ni se lavan los baños. El sitio está totalmente sucio”, abunda.

El resultado es que “hay prostitutas, especialmente las drogodependientes, volviendo a las zonas de la ciudad en las que trabajaban antes”, asegura Klee. “Y son perseguidas por la policía, por lo que no tienen unas condiciones de trabajo razonables”, subraya antes de evocar por qué las “cabinas del sexo” en Berlín podrían acabar no teniendo ningún efecto. “La Kurfürtenstraße es, por tradición, un lugar donde se prostituyen drogodependientes”, dice la responsable de la BSD.

Klee entiende que lo ideal sería concienciar a los vecinos e invitarlos a hablar con las prostitutas y, llegado el caso, “pedirles por favor que no griten”. Otra opción sería avanzar en la profesionalización de las prostitutas que trabajan en la zona. “Sí, que alguien que vaya allí y les explique que no está bien tener sexo en plena calle, o que no está bien tirar los preservativos en cualquier sitio”, recomienda Klee. Sus ideas aún tienen que inspirar las “consideraciones” de los alcaldes de Mitte y Tempelhof-Schöneberg.

 

Por qué debe ser despenalizado el trabajo sexual

 

Preguntas y respuestas

 

7 de agosto de 2019

https://www.hrw.org/news/2019/08/07/why-sex-work-should-be-decriminalized

 

Human Rights Watch ha llevado a cabo investigaciones sobre el trabajo sexual en todo el mundo, incluídos Camboya, China, Tanzania, Estados Unidos y, más recientemente, Sudáfrica. La investigación, que incluye amplias consultas con trabajadoras sexuales y organizaciones que trabajan en el tema, ha dado forma a la política de Human Rights Watch sobre el trabajo sexual: Human Rights Watch apoya la despenalización total del trabajo sexual consensuado entre adultos.

 

¿Por qué la penalización del trabajo sexual es una cuestión de derechos humanos?

Penalizar el sexo adulto, voluntario y consensuado —incluido el intercambio comercial de servicios sexuales— es incompatible con el derecho humano a la autonomía personal y la privacidad. En resumen, un gobierno no debería decirles a los adultos que dan su consentimiento con quiénes pueden tener relaciones sexuales y en qué términos.

La penalización expone a las trabajadoras sexuales al abuso y la explotación por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tales como los agentes de policía. Human Rights Watch ha documentado que, en entornos criminalizados, los agentes de policía hostigan a las trabajadoras sexuales, obtienen sobornos mediante extorsión y abusan física y verbalmente de las trabajadoras sexuales, o incluso las violan.

Human Rights Watch ha encontrado constantemente en investigaciones en varios países que la penalización hace que las trabajadoras sexuales sean más vulnerables a la violencia, incluida la violación, el asalto y el asesinato, por parte de atacantes que ven a las trabajadoras sexuales como objetivos fáciles porque están estigmatizadas y es poco probable que reciban ayuda de la policía. La penalización también puede obligar a las trabajadoras sexuales a trabajar en lugares inseguros para evitar a la policía.

La penalización socava constantemente la capacidad de las trabajadoras sexuales para buscar justicia por los delitos cometidos contra ellas. Las trabajadoras sexuales en Sudáfrica, por ejemplo, dijeron que no denunciaron robos a mano armada ni violaciones a la policía. Dijeron que tienen miedo de ser detenidas porque su trabajo es ilegal y que su experiencia con la policía es ser hostigadas o fichadas y detenidas, o que se rían de ellas o no las tomen en serio. Incluso cuando denuncian delitos, las trabajadoras sexuales pueden no estar dispuestas a testificar en el juzgado contra sus agresores y violadores por temor a sufrir sanciones o nuevos abusos debido a su trabajo y estatus.

ONUSIDA, expertos en salud pública, organizaciones de trabajadoras sexuales y otras organizaciones de derechos humanos han encontrado que la penalización del trabajo sexual también tiene un efecto negativo en el derecho a la salud de las trabajadoras sexuales. Por ejemplo, Human Rights Watch encontró en un informe de 2012, “Sex Workers at Risk: Condoms as Evidence of Prostitution in Four US Cities,” que la policía y los fiscales utilizaron la posesión de condones de una trabajadora sexual como evidencia para respaldar los cargos de prostitución. La práctica dejó a las trabajadoras sexuales reacias a llevar condones por temor a ser detenidas, forzándolas a tener relaciones sexuales sin protección y poniéndolas en mayor riesgo de contraer el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

La penalización también tiene un efecto negativo en otros derechos humanos. En los países que prohíben el trabajo sexual, es menos probable que las trabajadoras sexuales puedan organizarse como trabajadoras, defender sus derechos o trabajar juntas para apoyarse y protegerse entre ellas.

 

¿Cómo ayuda la despenalización del trabajo sexual a proteger a las trabajadoras sexuales?

La despenalización del trabajo sexual maximiza la protección legal de las trabajadoras sexuales y su capacidad para ejercer otros derechos clave, incluida la justicia y la atención médica. El reconocimiento legal de las trabajadoras sexuales y su ocupación maximiza su protección, dignidad e igualdad. Este es un paso importante para desestigmatizar el trabajo sexual.

 

¿Despenalizar el trabajo sexual fomenta otras violaciones de derechos humanos como la trata de personas y la explotación sexual de niños?

El trabajo sexual es el intercambio consensuado de sexo entre adultos. La trata de personas y la explotación sexual de niños son cuestiones separadas. Ambos son graves abusos y crímenes contra los derechos humanos y siempre deben investigarse y procesarse.

Las leyes que distinguen claramente entre el trabajo sexual y los delitos como la trata de personas y la explotación sexual de niños ayudan a proteger tanto a las trabajadoras sexuales como a las víctimas de delitos. Las trabajadoras sexuales pueden estar en condiciones de tener información importante sobre delitos como la trata de personas y la explotación sexual de niños, pero a menos que el trabajo que ellas mismas realizan no sea tratado como criminal, es poco probable que se sientan seguras al transmitir esta información a la policía.

 

¿Qué deben hacer los gobiernos?

Los gobiernos deberían despenalizar completamente el trabajo sexual y garantizar que las trabajadoras sexuales no sufran discriminación en la ley o en la práctica. También deben fortalecer los servicios para las trabajadoras sexuales y garantizar que tengan condiciones de trabajo seguras y acceso a prestaciones públicas y redes de seguridad social.

Además, cualquier regulación y control sobre las trabajadoras sexuales y sus actividades deben ser no discriminatorias y cumplir con las leyes internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, las restricciones que impidan que las personas involucradas en el trabajo sexual se organicen colectivamente o trabajen en un ambiente seguro, no son restricciones legítimas.

 

¿Por qué Human Rights Watch apoya la despenalización total en lugar del “modelo nórdico”?

El “modelo nórdico”, introducido por primera vez en Suecia, hace que comprar sexo sea ilegal, pero no procesa a la vendedora, la trabajadora sexual. Los defensores del modelo nórdico ven la “prostitución” como inherentemente perjudicial y forzada; apuntan a terminar con el trabajo sexual matando la demanda de sexo transaccional. El desacuerdo entre organizaciones que buscan la despenalización total del trabajo sexual y grupos que apoyan el modelo nórdico ha sido un tema polémico dentro de la comunidad de derechos de las mujeres en muchos países y en todo el mundo.

Human Rights Watch apoya la despenalización total en lugar del modelo nórdico porque la investigación muestra que la despenalización total es un enfoque más efectivo para proteger los derechos de las trabajadoras sexuales. Las mismas trabajadoras sexuales también suelen desear la despenalización total.

El modelo nórdico atrae a algunos políticos como un compromiso que les permite condenar a los compradores de sexo, pero no a las personas que ven como forzadas a vender sexo. Pero el modelo nórdico en realidad tiene un impacto devastador en las personas que venden sexo para ganarse la vida. Debido a que su objetivo es terminar con el trabajo sexual, a las trabajadoras sexuales les resulta más difícil encontrar lugares seguros para trabajar, sindicalizarse, trabajar juntas y apoyarse y protegerse mutuamente, abogar por sus derechos o incluso abrir una cuenta bancaria para sus negocios. Estigmatiza y margina a las trabajadoras sexuales y las deja vulnerables a la violencia y el abuso por parte de la policía, ya que su trabajo y sus clientes siguen siendo criminalizados.

 

¿No es el trabajo sexual una forma de violencia sexual?

No. Cuando una persona adulta toma la decisión por su libre voluntad de intercambiar sexo por dinero, eso no es violencia sexual.

Cuando una trabajadora sexual es víctima de un delito, incluida la violencia sexual, la policía debe investigar de inmediato y remitir a los sospechosos para su enjuiciamiento. Cuando una persona intercambia sexo por dinero como resultado de la coerción —por ejemplo por un proxeneta— o experimenta violencia de un proxeneta o un cliente, o es víctima de trata, estos son delitos graves. La policía debe puntualmente investigar y remitir el caso para su enjuiciamiento.

Las trabajadoras sexuales a menudo están expuestas a altos niveles de violencia y otros abusos o daños, pero esto generalmente se debe a que trabajan en un entorno criminalizado. Las investigaciones de Human Rights Watch y otros indican que la despenalización puede ayudar a reducir la delincuencia, incluida la violencia sexual, contra las trabajadoras sexuales.

 

Además de despenalizar el trabajo sexual, ¿qué otras políticas apoya Human Rights Watch con respecto a los derechos de las trabajadoras sexuales?

Las personas dedicadas al trabajo sexual voluntario pueden provenir de entornos de pobreza o marginación y enfrentan discriminación y desigualdad, incluso en su acceso al mercado laboral. Con esto en mente, Human Rights Watch apoya medidas para mejorar la situación de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, incluida la investigación y el acceso a la educación, el apoyo financiero, la capacitación y colocación laboral, los servicios sociales y la información. Human Rights Watch también alienta los esfuerzos para abordar la discriminación basada en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la raza, el origen étnico o el estado migratorio que afecta a las trabajadoras sexuales.

 

Trabajo de investigación de Human Rights Watch que documenta el abuso contra las trabajadoras sexuales:

—Por qué hemos presentado una demanda contra una ley federal de EE. UU. contra las trabajadores sexuales, junio de 2018

Why We’ve Filed a Lawsuit Against a US Federal Law Targeting Sex Workers, June 2018

—Grecia: la policía abusa de las personas marginadas: va a por las personas sin hogar, usuarios de drogas y trabajadoras sexuales en Atenas, marzo de 2015

Greece: Police Abusing Marginalized People: Target the Homeless, Drug Users, Sex Workers in Athens, March 2015

—”Tengo miedo de ser mujer”: abusos contra los derechos humanos de las personas transgénero en Malasia, septiembre de 2014

“I’m Scared to Be a Woman”: Human Rights Abuses Against Transgender People in Malaysia, September 2014

—En la senda del daño: Respuesta estatal a las trabajadoras sexuales, usuarios de drogas y VIH en Nueva Orleans, diciembre de 2013

In Harm’s Way: State Response to Sex Workers, Drug Users and HIV in New Orleans,December 2013

—“Barrido”: abusos contra las trabajadoras sexuales en China, mayo de 2013

“Swept Away”: Abuses Against Sex Workers in China, May 2013

—“Tratadnos como seres humanos”: discriminación contra las trabajadoras sexuales, las minorías sexuales y de género y las personas que usan drogas en Tanzania, junio de 2013

“Treat Us Like Human Beings”: Discrimination against Sex Workers, Sexual and Gender Minorities, and People Who Use Drugs in Tanzania, June 2013

—Fuera de las calles: detención arbitraria y otros abusos contra trabajadoras sexuales en Camboya, julio de 2010

Off the Streets: Arbitrary Detention and Other Abuses against Sex Workers in Cambodia,July 2010

—Trabajadoras sexuales en riesgo: los condones como evidencia de prostitución en cuatro ciudades de EE. UU., Julio de 2012

Sex Workers at Risk: Condoms as Evidence of Prostitution in Four US Cities, July 2012

Elvira Madrid: “La acupuntura y los chiles rellenos son mis antídotos contra las injusticias”

 

La presidenta de Brigada Callejera, asociación que ayuda a trabajadoras sexuales, se define como una guerrera que no puede quedarse cruzada de brazos ante los atropellos contra las mujeres en un mundo que es cada vez más inhumano.

 

“No tengo hijos porque vi cómo los utilizan para controlar a las mujeres”. (Especial)

 

PAOLA BETANCOURT

Ciudad de México / 27.08.2019

 

Puede leerse la ENTREVISTA en el siguiente enlace:

https://www.milenio.com/politica/comunidad/elvira-madrid-acupuntura-chiles-rellenos-antidotos-injusticias

 

“Enviarlas de vuelta”: trabajadoras sexuales migrantes deportadas de Europa

 

Las políticas contra la trata de personas afirman que apoyan a las mujeres vulnerables; sin embargo, su implementación conduce al encarcelamiento y deportación de trabajadoras sexuales migrantes en Europa.

 

Por Boglárka Fedorkó

19 de agosto de 2019

https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/send-them-back-migrant-sex-workers-deported-from-europe/?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_term=globalsexwork&utm_content=c45fe4ff -4c51-a6ec-dc7b3140c2d0

 

La policía escolta a personas que van a ser subidas a un avión para ser deportadas en Alemania.
Michael Kappeler / DPA / PA Imágenes. Todos los derechos reservados.

 

 

En junio de 2019, dos trabajadoras sexuales, una de las cuales estaba embarazada, fueron encarceladas durante nueve meses en Irlanda. Las dos mujeres rumanas vendían servicios sexuales en un piso que compartían por seguridad cuando la policía lo allanó. Vender sexo es legal en Irlanda, que ha implementado el llamado modelo sueco de regulación del trabajo sexual. Pero debido a que había dos juntas, la policía pudo acusar a ambas de mantener un burdel, lo cual no es legal.

Este es solo un ejemplo de los riesgos complicados que enfrentan hoy en Europa las trabajadoras sexuales. Esos riesgos no desaparecen bajo el modelo sueco —un marco legal promovido como una forma perfecta de que los estados protejan a las trabajadoras sexuales mientras castigan a sus clientes— como se acaba de demostrar. Independientemente del modelo utilizado, las trabajadoras sexuales, especialmente las trabajadoras sexuales migrantes indocumentadas, siguen estando en alto riesgo de penalización en Europa y, en consecuencia, de encarcelamiento y deportación.

La vigilancia, la elaboración de perfiles y la vigilancia discriminatoria por parte de las autoridades afectan a muchas comunidades de trabajadoras sexuales en Europa. Las trabajadoras sexuales que son migrantes, personas sin hogar, no conformes con el género o personas de color entran en contacto con la policía con más frecuencia que la media. Como resultado, también enfrentan niveles desproporcionados de detención y prisión.

Acoso constante

En países donde la venta de sexo es un delito administrativo o penal, la policía ataca rutinariamente tanto a las trabajadoras sexuales de la calle como a sus clientes. Las trabajadoras sexuales que solicitan en zonas críticas o zonas de ligue son particularmente vulnerables al acoso policial. La evidencia de Serbia muestra un patrón de detención arbitrario por actividades tan leves como merodear en lugares donde las trabajadoras sexuales generalmente solicitan clientes, ofrecer servicios a los transeúntes o incluso poseer condones. . Las leyes no relacionadas con el trabajo sexual, como las regulaciones de tráfico o los delitos de moralidad y orden público, también se usan rutinariamente contra las trabajadoras sexuales en lugares donde vender sexo en sí no es ilegal.

Las trabajadoras sexuales no solo son acosadas en sus lugares de trabajo. El perfil racial y de género las hace vulnerables independientemente de dónde se encuentren o qué estén haciendo. Las mujeres romaníes en los Balcanes, por ejemplo, denuncian el acoso constante de la policía en su vida cotidiana, mientras que las trabajadoras sexuales chinas en París informan que a menudo tienen miedo de abandonar sus hogares y lugares de trabajo. Temen que la policía las acose por su situación migratoria.

En Suecia, la mera suposición de que una persona migrante no se mantendrá por “medios honestos” es motivo suficiente para denegarle la entrada.

Ser perseguidas por la policía es parte de la realidad cotidiana de las trabajadoras sexuales, incluso en países con el modelo sueco. De acuerdo con la evaluación de 2018 de la ley de penalización de clientes en Francia, las ordenanzas municipales que restringen el trabajo sexual a nivel local y los controles regulares de identificación dirigidos a quienes venden sexo hacen que las trabajadoras sexuales sigan siendo penalizadas con mayor frecuencia que sus clientes. Las trabajadoras sexuales a menudo denuncian intimidación por parte de la policía, incluida la presión para que denuncien a los clientes. Si son indocumentadas, con frecuencia son amenazadas con deportación si no obedecen.

Lucha contra la trata: una excusa para las redadas y la vigilancia

Los funcionarios del gobierno con frecuencia justifican este tipo de intervención policial como parte de la lucha contra la trata. En la práctica, sin embargo, está claro que el objetivo principal es vigilar, asaltar y deportar a las trabajadoras sexuales migrantes. En algunos países, las personas sospechosas de ser potenciales trabajadoras sexuales son detenidas y devueltas en la frontera. En Suecia, la mera suposición de que una persona migrante no se mantendrá por “medios honestos” es motivo suficiente para denegarle la entrada. Como las normas suecas declaran abiertamente que las víctimas de trata no deben reintegrarse a la sociedad en Suecia, sino más bien en su país de origen, incluso las personas clasificadas como víctimas de este delito son devueltas a sus países. Estas no son políticas de cuidados. Son políticas de identificación, obstrucción y eliminación.

Sin embargo, no es así como se presentan. Las feministas abolicionistas han abogado por un modelo que utiliza principalmente la justicia penal para “proteger” a las mujeres de la prostitución. El modelo sueco tiene sus raíces en estas campañas. Pero para las trabajadoras sexuales, la policía desempeña un papel represivo más que protector. Es esta discrepancia entre las realidades vividas de las trabajadoras sexuales (migrantes) y una esperanza de clase media blanca en la policía como la salvadora de las mujeres lo que nos ha llevado a políticas contra la trata que exacerban las vulnerabilidades de las trabajadoras sexuales en lugar de apoyarlas. .

La evidencia es clara sobre el impacto de abordar el trabajo sexual como un asunto de justicia penal. Según una nueva investigación, las trabajadoras sexuales que operan en un contexto de vigilancia represiva tienen una probabilidad tres veces mayor de experimentar violencia sexual o física que aquellas a las que se les permite realizar su trabajo. Por lo tanto, las trabajadoras sexuales exigen que los legisladores y las feministas abolicionistas reconsideren su forma de ver la intervención policial con gafas rosadas y, en cambio, escuchen a quienes tienen que hacer frente a las consecuencias de estas políticas todos los días.

 

Reconocimiento

Este artículo ha sido desarrollado por el Comité Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en Europa (ICRSE) como parte de su proyecto ‘RnR- Rights not Rescue’, con el objetivo de capacitar a las trabajadoras sexuales migrantes para abordar la explotación y la trata en la industria del sexo. El programa, financiado por la Fundación OAK, reúne a trabajadoras sexuales y aliados de organizaciones de derechos de las trabajadoras sexuales en 10 países europeos para el intercambio, la defensa nacional y europea y la generación de conocimiento. Para más detalles sobre el proyecto, visite el sitio web de ICRSE: http://www.sexworkeurope.org

Detenido por violar a una joven que ejerce la prostitución en un club de alterne logroñés

 

La víctima fue agredida en la cabeza, tronco y extremidades, lo que le provocó, entre otras lesiones, la rotura de la mandíbula.

 

Publicado el 16 de Agosto de 2019

EL INDEPENDIENTEredaccion@elindependiente.com

https://www.elindependiente.com/sociedad/2019/08/16/detenido-violar-joven-ejerce-prostitucion-club-alterne-logrones/

Y en Europa Press:

https://m.europapress.es/la-rioja/noticia-detenido-agredir-sexualmente-lesionar-joven-ejerce-prostitucion-club-alterne-logrono-20190816113708.html

 

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de una agresión sexual, y lesiones, a una joven que ejerce la prostitución en un club de alterne de Logroño. En el momento de la detención, el autor, un hombre de 51 años, presentaba erosiones compatibles con el ataque ejercido sobre la víctima.

Tal y como ha informado la Policía Nacional, el 3 agosto, el presunto agresor acudió a un club de Logroño, “con intención de demandar los servicios de una prostituta”.

“Tras acordar con la víctima un servicio sexual previo pago pactado, y ante la negativa de ésta a determinadas prácticas sexuales, la agredió sexualmente y, posteriormente, le dio una brutal paliza”. La agresión, en cabeza, tronco y extremidades, le provocó, entre otras lesiones, la rotura de la mandíbula. El presunto autor abandonó el lugar como si no hubiera pasado nada

Según relató la víctima en dependencias policiales, el denunciado la obligó, mediante el uso de la fuerza, a mantener relaciones sexuales no deseadas, a pesar de que ésta le manifestó su negativa a un servicio sexual concreto demandado por éste. La mujer intentó, sin éxito, zafarse del agresor, que le sometió en contra de su voluntad a tales prácticas e, inmediatamente después, la tendió en la cama y la propinó una brutal paliza en todo el cuerpo, a base de puñetazos, en rostro y cuerpo, tal y como publica Europa Press.

Por fin, consiguió encerrarse en el baño de la habitación completamente ensangrentada. Tras los hechos, y una vez que el agresor había abandonado el local, “la víctima relató lo acontecido al responsable del local, quien le aconsejó denunciar los hechos, si bien su estado de aturdimiento se lo impidió en un primer momento”, siguiendo esta misma fuente.

Así, “no fue hasta transcurridas más de 48 horas, cuando la joven se encontraba deambulando por la vía pública, todavía aturdida por los traumatismos sufridos por la agresión, cuando solicitó ayuda a una patrulla policial, narrando parte de lo ocurrido y activándose seguidamente los protocolos establecidos por Policía Nacional ante delitos de naturaleza sexual”.

La Unidad de Familia y Mujer de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja se hizo cargo inmediatamente, una vez activado el protocolo policial, iniciando la investigación de los hechos y la práctica de las diligencias policiales que se fueron llevando a cabo desde ese momento.

La víctima, en su declaración ante los investigadores, aportó de su agresor solamente su descripción física pues se trataba de un desconocido con el que nunca antes había mantenido relaciones de ningún tipo.

Los investigadores de la UFAM aportaron a las unidades policiales de la Brigada de Seguridad Ciudadana en servicio las 24 horas y sobre todo a las de noche, la descripción física de esta persona al objeto de que establecieran un dispositivo de identificación y localización del autor de los hechos.

Se centraron en las zonas donde se encuentran este tipo de establecimientos, presumiendo que el autor de los hechos podría personarse de nuevo en alguno de ellos, hasta que varias dotaciones localizaron a una persona que se correspondía con la descripción.

Una vez identificada, aportaron los datos a los investigadores, los cuales realizaron las diligencias oportunas de las que, como resultado, esta persona resultó reconocida por la víctima así como por los trabajadores del local donde sucedieron los hechos, siendo inmediatamente detenido, el 8 de agosto, y puesto a disposición judicial.

En el momento de la detención, el autor presentaba erosiones en sus nudillos, propias del ataque desproporcionado y violento ejercido sobre la víctima. El hombre de nacionalidad española y de 51 años de edad, carece de antecedentes policiales y es residente en La Rioja.

 

En Panamá, MILD: Mujeres Independientes Luchando por sus Derechos

 

 

9 de agosto de 2019

https://www.nswp.org/featured/mild-mujeres-independientes-luchando-por-sus-derechos?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_term=globalsexwork&utm_content=56ccdb30-65c6-4de9-b55b-455112f61543

 

 

Cuéntanos sobre tu organización.  

Soy Juana R. Torres (Dulce Ana), presidenta y fundadora de Mujeres Independientes Luchando por sus Derechos. También soy conocida como Dulce Ana y soy de nacionalidad hondureña y vivo en Panamá. He ejercido el trabajo sexual desde muy joven. Empecé en bares por contrato y lo hice ahí por mucho tiempo, sin embargo, decidí independizarme y salir a trabajar a la calle para ser independiente y no tener que pagar comisiones por el contrato. A partir de ahí pude visibilizar y experimentar en carne propia la violencia que simplemente por ser trabajadora sexual vivimos; en indistintas ocasiones nuestros derechos son violentados en nuestros hogares, en la vía pública y en sitios de trabajo públicos.

En Panamá el trabajo sexual no es penalizado, pero tampoco es reconocido como un trabajo. Sin embargo, siempre estamos luchando para que nuestro trabajo sea reconocido igual que cualquier otro empleo a nivel nacional.

En uno de mis días de trabajo observé que algunas compañeras no tenían acceso a la salud. La policía nos reprimía por estar trabajando en la calle. Desde luego, si alguna de nosotras no tenía documentos era arrestada con el fin de extorsionarnos, quitándonos todo nuestro dinero o muchas veces nos pedían el carnet de salud. Si no los teníamos, éramos llevadas a la cárcel, cobrándonos de multa un dólar al día. Nuestra desigualdad lograba que solo quienes tenían para pagar su multa podían salir y las demás pues teníamos que esperar el tiempo de arresto. Todo esto me llamó la atención.

Siempre me ha gustado la defensa de los derechos humanos. Siempre quise y anhelaba defender los derechos humanos de quienes necesitaban un servicio de acompañamiento, entonces tuve la idea de formar un grupo de compañeras. Les pregunté por qué ellas no tenían un carnet de salud. Me contestaron que ellas querían asistir a un centro de salud, pero que tenían muchos problemas para poder tener acceso a este. A partir de esto nos fuimos organizando en grupos entre pares, para en conjunto acudir por nuestro carnet de salud, el cual en algunas ocasiones es requisito laboral. Debido a esto, tomamos la iniciativa de organizarnos como grupo de personas trabajadoras sexuales y desde entonces continuamos en pie de lucha con nuestras compañeras.

A partir de ahí me invitaban a participar en temas de salud e información sobre diferentes temas; eran mis primeros talleres de formación y prevención en enfermedades de transmisión sexual. El grupo estaba creciendo y nos acercamos al Doctor Quintero para solicitar que nos sensibilizara en algunos temas de suma importancia en el trabajo sexual, entre ellos la prevención del VIH y otras ITS. Así participamos en cursos de educadoras pares y replicamos nuestros conocimientos con nuestras compañeras en los lugares de trabajo. A partir de esta necesidad decidimos conformar la Asociación MILD: Mujeres Independientes, Luchando por sus Derechos, la cual se formó en el mayo del 2015, con el objetivo de luchar para que la comunidad, clientes y autoridades respeten nuestros derechos como ciudadanas panameñas.

Yo, Dulce Ana, estoy dispuesta a seguir adelante ya sea en contra de la corriente para seguir avanzando por una mejor calidad de vida. La mayoría de los miembros de MILD no tenemos posibilidades de estudios, debido a escasos recursos económicos y la falta de oportunidades. Muchas de nosotras no tenemos en donde descansar, mucho menos un lugar propio. La pasamos afuera buscando como ejercer nuestros servicios para lograr un ingreso económico, bien sea durante el día o la noche. Es por eso que muchas de nosotras no tenemos las mismas oportunidades.

MILD se ha dado la tarea de continuar apoyando a otras compañeras, hablándoles sobre temas como violencia intrafamiliar, violencia doméstica, también temas de autoestima, discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Ahora somos conocidas como organización y a la vez me ha formado como una figura pública, ya que por primera vez hay alguien que lucha por los derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales. He viajado a otros países en Latinoamérica participando en talleres y foros para continuar aprendiendo acerca de nuestros derechos humanos y compartiendo nuestras experiencias.

Actualmente MILD forma parte de la NSWP y de la Plataforma Latinoamericana de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual (PLAPERTS), en donde nuestra voz es escuchada y participamos en conjunto como movimiento latinoamericano para lograr mejorar nuestras condiciones en el trabajo sexual. Estar organizadas a nivel nacional, regional y mundial es una excelente herramienta para lograr estos cambios y trabajar siempre en conjunto para vivir libres de estigma y discriminación. Actualmente estamos implementando la herramienta SWIT, misma que se desarrolla en varios países a nivel regional y mundial.

¿Qué tipo de servicios ofrece tu organización?

Una de nuestras principales actividades la realizamos entre pares en nuestros lugares de trabajo. Consiste en sensibilizar y apoyar a las compañeras para que accedan a los beneficios de las clínicas amigables, ya que la mayoría de las clínicas de salud no cuentan con los servicios adecuados para la atención integral de nuestra salud, el acceso a pruebas de detección de VIH y otras ITS libres de estigma y discriminación, y el acceso a medicamentos.

Como organización llevamos a cabo pláticas de sensibilización con servidores públicos, policías y autoridades con el objetivo de disminuir la violencia que vivimos en los operativos que se realizan en nuestros lugares de trabajo. Gracias a esta sensibilización hemos logrado que las compañeras acudan a denunciar la violencia que vivimos.

MILD trabaja en conjunto con otras organizaciones aliadas que nos apoyan con donaciones de métodos anticonceptivos, preservativos, lubricantes etc. y para incrementar los conocimientos en materia de prevención del VIH y otras ITS con el uso correcto y consistente del condón en el trabajo sexual y en sus relaciones personales.

Uno de nuestros objetivos principales como MILD es tener un refugio para las compañeras de la tercera edad y compañeras que no tengan donde vivir. Un lugar de atención entre pares en donde MILD pueda dar asesoría en los temas más importantes para el correcto desarrollo de nuestra personalidad y del ejercicio del trabajo sexual y los derechos sexuales y reproductivos. Un lugar donde pues podamos seguir adelante con nuestros sueños de ser mejores en un futuro para lograr algunas metas que se nos presenten.

¿Tu organización hace trabajo político o campañas? ¿De qué tipo? 

Desde el inicio de MILD el objetivo ha sido mejorar las condiciones en las que se desempeña el trabajo sexual en Panamá. Para esto es necesario trabajar en la incidencia política. He implementado pláticas y foros con instituciones y autoridades para sensibilizarles acerca de nuestros derechos y el derecho a ejercer el trabajo sexual como un trabajo, haciendo énfasis en la importancia del acceso a la salud y a métodos de prevención gratuitos, así como la atención a nuestra salud integral libre de estigma y discriminación. Esto ha tenido buenos resultados, sin embargo aún tenemos un gran vacío con la policía que continúa violentándonos, discriminándonos y estigmatizándonos, prohibiéndonos el libre tránsito por algunas calles de Panamá.

Como grupo hemos participado en foros con universidades y grupos de apoyo en donde la población ha podido escuchar nuestras problemáticas desde nuestra propia voz. Esta ha sido una excelente oportunidad para visibilizarnos y sensibilizar a la comunidad sobre nuestra decisión de ejercer el trabajo sexual y los derechos que se nos vulneran debido al estigma y discriminación.

Todas las campañas que realizamos son muy importantes y cada una de ellas es enriquecedora. Siempre logramos identificar problemáticas actuales; acompañamos a nuestras pares en la denuncia, y fortalecemos sus conocimientos. Estas campañas son exitosas y las llevamos a cabo al menos dos veces por semana en los lugares de trabajo. Es importante mencionar que también incluimos a dueños de los bares, personal de seguridad, taxistas y comunidad que nos frecuenta, con el objetivo de sensibilizarlos para tener lugares de trabajo sexual seguros, libres de estigma y discriminación.

¿Cómo incluyen significativamente a las trabajadoras sexuales en la organización?

La capacitación constante entre pares ha sido la clave para lograr que las integrantes de MILD sean educadoras pares con conocimientos de prevención y atención de nuestra salud integral, así como la prevención de la violencia y como levantar denuncias ante violaciones de derechos humanos, tanto en nuestros lugares de trabajo como en nuestra vida diaria. De esta forma siendo educadoras pares, acudimos a nuestros lugares de trabajo para que nuestras compañeras conozcan del tema. Somos también promotoras de salud poniendo al alcance condones y lubricantes en paquetes accesibles acompañados de información tanto del uso del condón como de los lugares de atención a su salud gratuitos a los que pueden acudir. Invitamos a nuestras compañeras a integrarse a la organización y a formarse como educadoras pares para la prevención de violencia y atención a la salud en el trabajo sexual.

Muchas mujeres que nos dedicamos al trabajo sexual no  tenemos la  misma oportunidad de asistir a algún evento o taller por falta de capacitación en los temas a tratar en estos foros y eventos. Hemos identificado este vacío y constantemente estamos capacitando a nuestras compañeras para que sepan cómo poder incidir en estos foros y lograr que nuestra voz sea escuchada. Sin embargo, la falta de recursos económicos para contar con un espacio adecuado para la organización en donde podamos brindar los servicios a nuestras pares es un gran obstáculo en el cual tenemos que trabajar para lograrlo.

Cuéntanos sobre un gran desafío en el que hayas trabajado recientemente, por ejemplo, una campaña o un gran evento.

Asistí a un foro de derechos humanos en diciembre 2018 en Panamá en el cual expuse el tema de violencia hablando desde mi propia experiencia. El interés de las personas que asistieron fue notable y logré sensibilizarlos sobre el tema de trabajo sexual y la violencia que vivimos como mujeres que lo ejercemos. Esta ha sido una de mis mejores participaciones y motivaciones, ya que además logré incrementar mis conocimientos en temas que indirectamente se relacionan con el trabajo sexual.

¿A qué retos se enfrenta tu organización?

Nuestro principal reto es obtener la personería jurídica. No es fácil. Requiere de dinero, y procedimientos que por el momento son una barrera para lograrlo. Sin embargo no deja de ser una prioridad para nosotras ya que contar con personería jurídica nos brinda la oportunidad de poder acceder a proyectos y financiamientos nacionales para el fortalecimiento organizacional y de nuestras compañeras. Poder acceder a programas y financiamientos contribuiría a mejorar nuestras condiciones como organización y como personas que ejercemos el trabajo sexual.

La personería nos permitiría crecer como organización nacional con derechos de igualdad, con puntos focales en cada provincia o barriada y así lograr una mejor inclusión a nivel nacional,  siendo nosotras mismas parte de la solución y no del problema. En ocasiones me he reunido con personas del gobierno para dialogar sobre esta iniciativa ya que también quisiéramos una infraestructura equipada para poder brindar atención integral a nuestras compañeras que acuden a la organización para recibir atención, información o métodos de prevención.

Un otro reto es lograr sensibilizar a las autoridades para disminuir la violencia policial de la cual somos víctimas y lograr el reconocimiento de nuestro trabajo, garantizando las condiciones laborales a las cuales tenemos derechos.

¿Tiene la organización un mensaje para el movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales? ¿Y las personas fuera del movimiento?

Las personas que ejercemos el trabajo sexual somos objeto de derechos al igual que cualquier ciudadano. El estar organizadas en grupos, formar organizaciones y a la vez integrar redes o movimientos con nuestras pares es sin duda la mejor herramienta para lograr el empoderamiento de nuevas líderes en el movimiento. Nuestra voz debe de ser escuchada en todos los lugares en donde se involucre el tema de trabajo sexual, y debemos participar en los lugares de toma de decisiones y elaboraciones de leyes, mandatos o reglamentos que puedan poner en vulnerabilidad nuestro entorno.

La unión y la fortaleza se adquieren a través del trabajo en conjunto. MILD continuará luchando para que nuestros derechos sean respetados, y nuestro trabajo sea reconocido a nivel nacional, y para que podamos trabajar y vivir libres de violencia, estigma y discriminación. El trabajo sexual es un trabajo al cual tenemos derecho como opción laboral, dejando de ser víctimas para ser responsables. Trabajar en conjunto es una estrategia efectiva que permite nuestro pleno desarrollo como personas exitosas.