Comparecencia de Hetaira en la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género

 

Colectivo Hetaira·Martes, 9 de mayo de 2017

 

Madrid, 08/05/2017

 

Gracias al Grupo Confederal de Unidos Podemos, En comú Podem En Marea por la invitación a comparecer en esta Subcomisión. Comparezco en nombre de Hetaira -colectivo que trabaja desde hace ya 22 años en defensa de los derechos de las prostitutas en nuestro país- y que forma parte del Movimiento Feminista de Madrid, de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), de la Red Internacional Europea TAMPEP, del Comité Internacional por los Derechos de Trabajador@s Sexuales en Europa (ICRSE), de la Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA), de la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, de la Plataforma Estatal por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo, de la Plataforma CEDAW Sombra España y de la Plataforma No Somos Delito, entre otras.

 

La creación de esta subcomisión es un paso más para tratar de hacer frente a la violencia machista y esperamos que las recomendaciones que finalmente se hagan llegar al Gobierno sirvan para mejorar la asistencia a las víctimas de violencia de género y evitar más muertes y agresiones machistas. No obstante, no vale con que el Gobierno tome nota de las recomendaciones que de esta subcomisión salgan, sino que éste deberá hacer un esfuerzo para garantizar que algunas medidas se pondrán en marcha dentro un marco legislativo adecuado y que lógicamente contarán con un presupuesto económico. No parece que vaya a ser así a la vista de los Presupuestos Generales del Estado aprobados. Lo lamentamos profundamente. Lamentamos sobre todo que se pierda energía y tiempo en “debatir”, pero no en “poner en práctica” y “en hacer”. Porque también habremos hecho perder recursos a la sociedad española.

 

La ley contra la violencia de 2014 adolecía de algunos problemas. Así se lo hicimos saber en su momento las asociaciones feministas al Gobierno socialista. A pesar de ello, la ley supuso un gran avance y hubo consenso sobre la necesidad de un cambio cultural y de mentalidad. Sin embargo, se abandonaron las propuestas a largo plazo, aquellas basadas en la prevención en la educación o en la formación de profesionales en los diferentes sectores implicados. Lo que quedó en pie, finalmente, fue la parte penal.

 

Tampoco puede servir el Pacto de Estado para pasar a denominarle a cualquier situación discriminatoria contra las mujeres como “violencia machista. Por ejemplo cuando oímos expresiones del tipo: “Cobrar menos por un trabajo de igual valor es violencia”. Creemos que hemos de ser rigurosas, porque si metemos todas las situaciones discriminatorias en un mismo saco estaremos haciéndoles un flaco favor a las “víctimas reales de violencia de género”.

 

El “impulso masculino de dominio” no es el único factor desencadenante de la violencia sexista. Tenemos que seguir poniendo en cuestión, además, las estructuras familiares (núcleo de privacidad que amortigua o genera todo tipo de tensiones); el papel de la educación religiosa y sus mensajes sobre el amor; la falta de educación afectivo-sexual de menores y adolescentes que ayuden a resolver los conflictos futuros, etc.

 

Apostar exclusivamente por la filosofía del castigo sobre el autor concreto de una agresión concreta significa no repensar las sociedades en las que vivimos, no querer ver las responsabilidades de los Gobiernos y de las políticas públicas puestas en marcha por éstos para tratar de evitarlas.

 

La imagen exclusiva de “víctimas” tampoco ayuda a la lucha colectiva por los derechos de las mujeres pues no tiene en consideración nuestra capacidad de resistencia, de hacernos un hueco, de generar autoestima y empuje solidario entre nosotras.

 

Incluso en los casos de violencia de género o de víctimas de trata es importante reforzar la autonomía y la capacidad de decisión de las implicadas. Los movimientos feministas siempre cuestionaron el tutelaje y la falsa protección basada en considerar a las mujeres como “eternas niñas” necesitadas de protección por un Papá/Estado.

 

El conocimiento y el trabajo con mujeres concretas y diversas nos ha enseñado como éstas pueden dar la vuelta, y de hecho se la dan, a las situaciones de subordinación con las que pueden encontrarse. Y como escribía Gayle S. Rubin: “Los márgenes y los bajos fondos pueden ser un lugar de rebeldía”.

 

Contar con los relatos de las víctimas de violencia de género nos sigue pareciendo una de las mejores fórmulas para encontrar estrategias y posibles soluciones. Conocer de primera mano sus necesidades (que pueden ser distintas dependiendo de cada mujer, de cada caso) debería ser una prioridad.

 

Nuestra comparecencia está centrada en materia de trata y prostitución.

 

Trata de personas

 

¿Tiene algún sentido incorporar medidas concretas contra la trata en una ley de violencia de género o en un Pacto de Estado? ¿Se trata de una buena herramienta o, por el contrario, tendríamos que enmarcarla en otro contexto para proteger a las víctimas de trata y luchar contra el delito? Desde Hetaira creemos que tendríamos que separarlo por responsabilidad política y por ser más eficaces a la hora de prevenir y atajar tanto la violencia de género como la trata.

 

La trata de mujeres es una manifestación de la violencia de género. Y figura -gracias a las presiones de muchas ONG’s- como delito en el Código Penal español desde hace unos años. Además puede conllevar otros delitos también tipificados ya en nuestra legislación

 

La trata de personas se da en muchos sectores económicos, no sólo en prostitución. Nos la encontramos en la industria textil, en la agricultura, en la mendicidad, en matrimonios forzosos, en el servicio doméstico. Y son víctimas de trata tanto menores como personas adultas (mujeres y hombres cis, mujeres y hombres trans). La CEDAW pide explícitamente que se tipifiquen todas las manifestaciones de trata (y no sólo aquellas que se dan dentro de la industria del sexo).

 

Una ley integral de lucha contra la trata (que viene reclamándose desde 2012) tendría que garantizar la protección y la recuperación integral de las víctimas y debería abordar la lucha contra la trata desde una perspectiva de derechos humanos. Nos faltan datos, siempre nos falta conocer cuántas personas se encuentran en situación de protección, cuántas personas están viviendo en lugares seguros, cuántas personas han accedido a permisos de trabajo y residencia, cuántas personas consiguieron la condición de asilo por ser víctima de trata (se cuentan con los dedos de una mano, con un poco de suerte, de las dos) cuántas personas han sido indemnizadas por el sufrimiento causado (sabemos que ninguna).

 

La persecución del delito se está haciendo, pero no se está trabajando con el mismo ímpetu en la protección de las víctimas y en poner en primer plano los derechos humanos. Contamos con ejemplos dolorosos, como las expulsiones de posibles víctimas de trata de los CIE’s; víctimas que no han recibido protección sino que han sido contempladas como migrantes sin papeles.

 

Correr el riesgo de saturar los juzgados de violencia de género con casos tan complejos como el de la trata no nos parece una buena idea.

 

Otro problema con el que nos encontraríamos es que el delito de trata, por lo general, traspasa fronteras. Por tanto la persecución del delito fuera de nuestras fronteras exige investigar en otros países y colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de esos países.

 

Nuestras recomendaciones/propuestas al Gobierno en este punto son las siguientes (exponemos sucintamente algunas cuestiones):

 

. identificación de las víctimas de trata con garantías, no siendo consideradas migrantes sin papeles.

 

. el plan contra la trata debe extenderse a todas las situaciones y dejar de denominarse “de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”;

 

. que la colaboración con las autoridades policiales no sea una condición indispensable para poder recibir protección. Es inaudita la existencia de la “contraprestación” en el delito de trata.

 

. indemnizaciones económicas para las víctimas

 

. contar con la opinión y el trabajo de las ONG especializadas.

 

. seguir gastando ingentes cantidades de dinero institucional para explicar que la trata es un delito (algo que toda la sociedad entiende), nos parece un despropósito cuando aún faltan recursos habitacionales para las víctimas, un ingreso mínimo que les permita sobrevivir en un ambiente relajado, etc, etc… Prioricemos los recursos, acojamos a las víctimas, persigamos el delito y transmitamos todo esto a la sociedad. Es la mejor manera de mostrar la realidad y que se comprenda. No podemos delegar el problema de la trata en la “conciencia ciudadana”.

 

. derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza) que, como bien saben (porque se aprobó en el Parlamento) multa indiscriminadamente a quienes ejercen la prostitución en espacios públicos y a sus clientes. Y en ocasiones, a víctimas de trata.

 

. por último, exigimos recursos públicos, dependientes de las instituciones.

 

La prostitución es un trabajo

 

En la prostitución hay machismo. También hay machismo en la política. Pero Vds. eso ya lo saben, es a lo que se dedican y conocen perfectamente quién se sienta en cada escaño, ¿verdad? Las prostitutas soportan el machismo como lo soportan Vds., las políticas, o las periodistas o las profesoras universitarias o las cajeras de los supermercados. Y se hace lo que se puede, colectiva e individualmente. Vivimos en sociedades machistas. Es lo que tenemos en común.

 

El Gobierno español, en los dos últimos años, ha reducido la deuda gracias al aumento del PIB, un aumento que ha venido por contabilizar la entrada de dinero de la prostitución. ¿No les parece impresentable que no se reconozca legalmente la legitimidad del trabajo sexual, que no se reconozcan los derechos de estas personas y que por el contrario se contabilice el “supuesto” dinero que mueve? A nosotras sí.

 

El grupo de expertos en materia de trata de la Unión Europea, GRETA, insiste en que la prostitución no equivale automáticamente a trata. Esta distinción es imprescindible tanto para abordar la trata en toda su complejidad como para encontrar soluciones a la hora de acabar con la discriminación que sufren las prostitutas.

 

La prostitución por decisión propia no es violencia, es el trabajo, la actividad económica para muchas personas que reorganizan sus vidas en función del intercambio de servicios sexuales por dinero. Este intercambio se produce entre gente adulta y con mutuo consentimiento.

 

¿Tiene algún sentido seguir repitiendo que “la prostitución es violencia de género”, al tiempo que mantenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por ley mordaza, que multa a quienes ejercen la prostitución en los espacios públicos, el sector más débil?

 

¿tiene sentido mientras seguimos manteniendo discriminadas a las personas que la ejercen: discriminadas a la hora de poder alquilar una vivienda o pedir un crédito, trabajadoras sin derechos laborales, sin derecho al paro, soportando situaciones laborales que contravienen todas las legislaciones posibles, sin derecho a una pensión de jubilación…?

 

¿qué pensamos hacer con las mayores que dejaron su vida en la calle?

 

¿la propuesta de incorporar la prostitución a una ley contra la violencia de género supondría la inmediata supresión de las multas por la ley mordaza?

 

¿supondría que las prostitutas pasarían a ser víctimas de violencia de género? ¿con qué beneficios? ¿tendrían asegurado las prostitutas su nivel económico de ser así?

 

Pero, como bien podrán imaginar, no estamos en absoluto de acuerdo con la incorporación de la “prostitución” en un futuro Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La prostitución decidida no es violencia de género, sino una actividad económica para muchas mujeres que llevan tiempo reclamando derechos laborales para acabar con las malas condiciones en que se ejerce y con el estigma que pesa sobre ellas por dedicarse al trabajo sexual.

 

Amnistía Internacional está pidiendo la despenalización del trabajo sexual a nivel mundial. Sus últimos informes publicados, hace justo ahora un año, recoge a través de sendas investigaciones las violaciones de derechos humanos que sufren las trabajadoras y los trabajadores sexuales en Noruega, Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea. Les recomiendo que lean, al menos el informe sobre Noruega y la persecución que están sufriendo quienes ejercen. Entre otras muchas cosas, sufren “desalojos inmediatos” de sus viviendas y de sus espacios de trabajo.

 

Las trabajadoras del sexo, como la mayoría de nosotras, buscan la manera de vivir lo mejor posible dentro de las opciones que la vida les ofrece. Y, por supuesto, deciden. En esta medida, la oferta de servicios sexuales es un trabajo para ellas, trabajo que debe ser reconocido legalmente, acabando con la hipocresía que hoy existe al respecto y articular los derechos sociales y laborales que se desprenden de ello. Los mismos derechos sociales y laborales de los que ya disfrutan sus señorías (permisos de maternidad, vacaciones pagadas, protección frente al desempleo, días libres, etc…).

 

Seguir negando esto y mantener a las prostitutas en la situación de discriminación actual contribuye, entre otras cosas, a que sigan siendo explotadas laboralmente, perseguidas y acosadas por la Policía y sufriendo abusos y agresiones de cualquiera que se lo proponga.

 

El proceso de estigmatización que sufren las trabajadoras sexuales hace que por el hecho de ejercer la prostitución se las considere una categoría particular de personas: “traumatizadas”, “trastornadas”, “víctimas extremas de las circunstancias” y lo que es peor sin capacidad de decisión sobre sus propias vidas.

 

El aumento de la presencia de migrantes trabajadoras sexuales ha sido la excusa perfecta para el desarrollo de políticas represivas en materia de prostitución y su aceptación por parte de las instituciones políticas. El hecho de que generalmente lleguen de manera irregular, sin papeles, así como el que se dediquen al ejercicio de la prostitución en un país donde no está reconocida como “actividad económica” favorece todo tipo de abusos sobre las inmigrantes que cuentan con menores recursos económicos. Esta situación ha servido de pretexto para definir la prostitución como violencia de género, no teniendo en cuenta las condiciones que favorecen que algunas prostitutas sufran diferentes formas de violencia sino considerando que es la prostitución en sí y, por lo tanto, los hombres con su demanda lo que hace que estos abusos sean posibles.

 

Discriminación es también la invisibilidad que soportan las prostitutas autoafirmadas y organizadas desde hace décadas a nivel mundial. Este sector de mujeres autoafirmadas, profesionalizadas y que se reivindican a sí mismas con orgullo, es el que se quiere ocultar cuando se habla de la prostitución desde una óptica victimista y sobreprotectora, asimilándola toda a violencia de género, al indefinido concepto de “esclavitud sexual” o a la trata. Palabras con fuertes resonancias emocionales pero que sirven de poco para entender las diferentes situaciones que se dan en el ejercicio de la prostitución. Sirven para hacer demagogia pero no para empoderar a las trabajadoras del sexo, a las que se niega su capacidad de decisión, su libertad y su autonomía para hacer con su cuerpo lo que quieran.

 

Para Hetaira lo importante sigue siendo estar cerca de quienes ejercen por decisión propia y entender y apoyar sus estrategias de supervivencia.

 

Hay partidos políticos que abogan por la erradicación de la prostitución. Pero ¿en qué se han concretado sus políticas públicas allá donde han gobernado (en ayuntamientos y comunidades autónomas)?

 

. En sus programas jamás vemos un plan de acción que contemple medidas sociales que puedan beneficiar a las prostitutas que voluntariamente desearan abandonar la prostitución, por los motivos que sea, muchas veces por no soportar el estigma social. Tan sólo se han puesto en marcha, en ocasiones, tímidos talleres y cursos a los que han podido acceder una cantidad ridícula de mujeres y que no les ha permitido abandonar la prostitución. Cursos de formación limitados, en muchas ocasiones, a trabajos precarizados y con una contraprestación económica insuficiente, que impide que dejen la calle.

 

. poniendo en marcha normativas cívicas ciudadanas (que multan a clientes, lo que significa castigar a las mujeres dejándoles sin fuente de ingresos); o normativas que multan a ambos o aplicando la ley mordaza;

 

. gastando cantidades ingentes de dinero público en campañas que “criminalizan a los clientes” y, por ende, a quienes ejercen;

 

 

. escribiendo guías con recomendaciones dirigidas a los medios de comunicación que hasta niegan a las mujeres la posibilidad de autodefinirse como trabajadoras del sexo.

 

. a hacer ruido ante el Consejo de Estado sobre la prohibición de publicidad de los anuncios de prostitución en los medios de comunicación. Intento baldío en el siglo XXI y con Internet al alcance de toda la población.

 

Poca cosa, poco serio, ¿no les parece? Y lo peor, ninguna de estas políticas públicas han tenido nunca en cuenta a sus protagonistas, las trabajadoras del sexo.

 

Cualquier plan contra la violencia hacia las mujeres, pero que suponga más “violencia institucional” contra algunas de ellas, en este caso las prostitutas, será un fracaso, un fracaso del Parlamento y un fracaso del feminismo y jamás contará con nuestro apoyo.

 

Si afirmamos tan contundentemente que la prostitución es violencia de género ¿qué deberíamos exigir para las “supuestas víctimas”, las prostitutas? ¿resarcirles económicamente por el sufrimiento causado?

 

Comparar trata (donde la voluntad de la víctima es nula) con prostitución por decisión propia es un ejercicio de cinismo. Comparar el sufrimiento de la trata frente a la decisión de quienes deciden ejercer la prostitución es pura demagogia.

 

La prostitución no es violencia de género, sin embargo, las prostitutas, en ocasiones (y además de sufrir violencia institucional) sufren y pueden sufrir agresiones por el hecho de ser mujeres. Y en este caso sí reclamamos medidas de protección para ellas.

 

Sólo por recordar, hace años nos vimos obligadas a denunciar que los servicios de atención a las víctimas de violencia de género dependientes del Ayuntamiento de Madrid no estaban atendiendo a mujeres que ejercían la prostitución y que querían denunciar a su compañero afectivo o sentimental, porque se consideraba que se trataba de su “proxeneta”. El estigma de nuevo en marcha. El estigma que considera que una puta no puede tener vida privada, ni una familia ni mucho menos un compañero afectivo.

 

Las políticas públicas nunca contemplaron una sola campaña de sensibilización de no estigmatización a las prostitutas. Exigimos acabar con la estigmatización que pesa sobre ellas (no son delincuentes, no son basura, no se “venden” a nadie), porque esta estigmatización llevará a que más de un indeseable -apoyándose en las propias políticas públicas discriminatorias- decida agredir a alguna de ellas o incluso asesinarla.

 

En la medida en que entendemos la prostitución como trabajo, con características especiales (el estigma entre otros), nuestras recomendaciones al Gobierno pasan por:

 

. normalización del trabajo sexual y derechos laborales y sociales para las prostitutas (de este modo, no ocurriría lo que ocurre a día de hoy día, que los empresarios de clubes de alterne imponen prácticas sexuales y/o clientes, entre otras cosas).

 

. que las migrantes puedan conseguir sus permisos de trabajo y residencia por ser trabajadoras del sexo.

 

. regular las relaciones laborales cuando median terceros. Para ello es fundamental que se derogue la última modificación que se hizo del artículo 188 bis del Código Penal que considera delito “lucrarse explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma”. Este añadido, (“aún con el consentimiento de la misma”) impide los tratos comerciales de las prostitutas en mejores condiciones y enmascara las relaciones que se están dando dentro de los clubes. ¿Por qué no evitar la explotación laboral que sabemos suceden en los clubes? ¿por qué no evitar maratonianas jornadas de trabajo? ¿por qué no normalizar la prostitución como trabajo para garantizar salarios dignos? ¿por qué no prevenir los riesgos laborales? ¿por qué no la existencia de convenios colectivos que regulen la situación?

 

. además de que la ley tenga en cuenta los aspectos básicos como licencias, localización de locales, etc… debería tener también en cuenta los horarios especiales los descansos semanales, separar el lugar del trabajo del lugar donde se vive (algo impensable en cualquier otro tipo de trabajo).

 

. priorizar los locales autogestionados y cooperativas de trabajadoras sexuales.

 

. no conceder licencias a truts o personas individuales que cuenten con antecedentes penales, especialmente por violencia de género o por trata.

 

. la negociación de espacios públicos, a través de políticas persuasivas y no criminalizadoras, de manera que quienes captan a su clientela en la calle puedan trabajar minimizando todo tipo de riesgos (también la de las posibles agresiones de algunos clientes).

 

. respeto al trabajo sexual. Celebración del 2 de Junio, Día Internacional de las Prostitutas.

 

. dípticos y reparto de materiales en lugares de ejercicio de prostitución contra las agresiones machistas, que las prostitutas sepan que tienen a los Ayuntamientos, a las Comunidades Autónomas y a los Gobiernos de su parte (y no en su contra).

 

. retirada inmediata de la ley mordaza, es imposible depositar tu confianza en quien te persigue y te multa día sí, día también.

 

. celebración del 17D, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Trabajadoras del Sexo.

 

. que se contabilicen las agresiones a las y los profesionales del sexo.

 

. es importante que se avance en el respeto al trabajo sexual y dejar de gastar dinero en discursos estériles. Nuestros adolescentes no necesitan que se les diga que no han de ser “consumidores de prostitución”, lo que necesitan es aprender que el RESPETO es el único camino posible para relacionarse en un encuentro sexual, sea pagado o no y siempre que exista previo consentimiento.

 

En 2016, desde Hetaira contabilizamos, a través de los medios de comunicación, al menos cinco asesinatos de trabajadoras del sexo cometidos en nuestro país. Tres de las víctimas eran mujeres trans. Ninguno de estos delitos puede quedar impune. Ningún asesinato puede ser justificado, tampoco el de las prostitutas. Sus muertes merecen ser igualmente lloradas y reclamadas por los movimientos de mujeres.

 

Muchas gracias por su atención.

 

LA TRATA DE SERES HUMANOS

 

Intervención ante la Asamblea de Madrid

 

Cristina Garaizabal

Colectivo Hetaira

Mayo 2013

 

http://www.colectivohetaira.org/web/images/docs/asamblea%20de%20madrid%202013.pdf

 

Buenas tarde señoras y señores parlamentarios:

En primer lugar quiero agradecerles, desde Hetaira (Colectivo en Defensa de los Derechos de las Prostitutas), la invitación a esta Comisión. Una Comisión que nos llena de esperanza pues creemos que las Comunidades Autónomas tienen una gran labor por delante en la protección de las víctimas de Trata así como en la persecución de este delito.

Mi intención es valorar cómo se ha llevado la lucha contra la trata en estosúltimos años desde que se implementó el Plan Integral aprobado en diciembre de 2008, viendo los retos que se nos plantean en la actualidad.

La trata de seres humanos es una grave violación de los derechos humanos, una lacra en sociedades democráticas como la nuestra y un vestigio horrible de los tiempos en que la esclavitud era tolerada. Además, la trata de mujeres y niñas con el fin de obligarlas a prostituirse es una forma extrema de violencia de género.

El Convenio aprobado por la UE en 2005 es el que ha inspirado las políticas públicas en nuestro país. Además este Convenio tiene un gran valor porque pone los derechos humanos de las víctimas en primer plano. Eso implica, como ya se señaló en el año 2002 por parte del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que debe cuidarse que las medidas concretas contra la trata no conculquen los derechos humanos, especialmente de las víctimas. Y esto, en las leyes de nuestro país y sobre todo en su aplicación práctica no siempre se tiene en cuenta.

 

El Plan Integral Contra la trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual

En nuestro país, para combatir la Trata y proteger a las víctimas, contábamos desde diciembre de 2008 con El Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, así como con una serie de reformas legislativas que el Plan contemplaba y que ya han sido desarrolladas (art. 59 bis de la LOEX y art. 177 bis del Código Penal). Y un primer problema es que este Plan duraba hasta finales de 2012 y, de momento, no sabemos si se está elaborando otro Plan o una Ley integral que cubra el hueco legislativo que en la actualidad existe.

El Plan era un instrumento necesario ya que contemplaba una serie de medidas sociales, policiales y legislativas positivas para la protección y defensa de las víctimas de trata, así como para la persecución de este delito. Entre ellas las más importantes son: la coordinación internacional de los estamentos judiciales y policiales; el decomiso de los bienes de las organizaciones mafiosas y la creación de un fondo que luego pudiera servir de ayuda a las propias víctimas; el aumento de los díasde reflexión para que éstas decidan si denuncian ante la policía (aunque, como se ha demostrado, no está claro el procedimiento para ofrecerlo y sigue siendo un tiempo excesivamente corto para las dos fases de restablecimiento y .reflexión); las medidas de información a las víctimas, de servicios de atención, de asistencia jurídica y de protección integral (aunque, en principio solo fueran para las que han denunciado); las medidas legislativas y procedimentales que tratan de perfeccionar los mecanismos legales para la atención inmediata de las víctimas, entre ellas la de que éstas puedan testificar antes del juicio y, por lo tanto, no tengan que encontrarse en la situación violenta de estar presentes en él ante los mafiosos; la tipificación concreta del delito de trata en el C.P. o la posibilidad de que las víctimas de trata que son inmigrantes y se hallan en situación irregular en nuestro país sean protegidas y se paralice su expulsión…

No obstante, el Plan presentaba una serie de deficiencias y unilateralidades que han socavado su eficacia. En ello ha influido, por un lado, la presencia muy visible de un alto porcentaje de mujeres inmigrantes que ejercen la prostitución y que frecuentemente es considerado homogéneamente víctima de los tratantes, permaneciendo invisibles otros sectores en los que también se trata con personas, porejemplo, el campo o los talleres de confección clandestinos.

Junto al Plan hay que tener en cuenta, también, las conclusiones de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio de la prostitución de abril de 2007. Conclusiones en las que se planteaba que no tenía sentido diferenciar la prostitución coaccionada y la prostitución voluntaria, ya que la prostitución voluntaria era muy minoritaria o prácticamente inexistente. Estos prejuicios, basados fundamentalmente en la idea de que la prostitución es algo deleznable que no puede ser ejercida por voluntad propia y no en datos objetivos (las propias conclusiones reconocen que no existen estudios fiables que demuestren esta afirmación) han estado muy presentes en la lucha contra la trata de manera que a pesar de que en 2010 un estudio de Naciones Unidas concluía que “1 de cada 7 prostitutas son víctimas de trata en Europa”, esto no se ha tenido presente y se han realizado redadas y acosado a las trabajadoras del sexo inmigrantes aunque no existieran indicios previos de que hubiera trata.

Esta permanente asimilación de la prostitución con la trata de seres humanos lleva a que las medidas de concienciación sobre la existencia de trata hayan quedado totalmente desdibujada en la lucha contra la prostitución.

Así, por ejemplo, se hizo de la prohibición de anuncios de prostitución un elemento importante en la lucha contra la trata pero esto ha sido completamente ineficaz porque hay que ser serios ¿Cuándo se ha visto que una actividad ilegal se publicite? ¿Realmente se piensa que la mayoría de las que se anuncian son víctimas de Trata? Nuestra experiencia nos dice que no es así y los datos que se dan de las redadas policiales así lo corroboran: la mayoría de personas detenidas en las supuestas redadas contra la trata, acaban siendo acusadas de “explotación sexual”. Un concepto, por otra parte, más que discutible si nos atenemos a lo que plantea GAATW (Alianza Global contra la Trata de Mujeres) “No existe una definición internacional del término”explotación sexual”, con lo que cada país puede definir y abordar ésta como considere apropiado, teniendo así un gran margen de actuación”. Por su parte la OIT cuando se elaboró el Protocolo de Palermo ya recomendó eliminar este término o El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de NNUU que en junio de 1999 también recomendó suprimir el término “explotación sexual” para “evitar las dificultades de implementación inherentemente asociadas a los términos vagos, imprecisos y emotivos como “explotación sexual” cuando estos son utilizados refiriéndose a los adultos”.

Pero siguiendo con el Plan contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, otro de los problemas que se planteaba era que estaba dirigido a combatir, de manera exclusiva, la trata con fines de explotación sexual. Esto implica dejar desasistidas a las víctimas de trata que son explotadas en régimen de servidumbre en otros sectores laborales como la agricultura, el servicio doméstico, la construcción, la mendicidad, los matrimonios forzosos, etc.

Ahora bien, el problema mayor del Plan es que no está elaborado teniendo una perspectiva completa de defensa de los derechos humanos. Aunque en la declaración de intenciones así se plantea, las medidas propuestas no están del todo en consonancia con esta declaración inicial y no colocan a las personas objeto de trata en el centro de atención ni se valoran las estrategias a seguir en función del efecto que pueden tener sobre ellas.

Por el contrario, la política de este país ha sido la de poner el acento en el papel que las víctimas de trata pueden cumplir como testigos y, en general, no han sido consideradas como personas que han sufrido un grave atentado a sus derechos más fundamentales, y que, por lo tanto, deben ser protegidas y merecen una reparación por parte del Estado.

Los Convenios internacionales1, establecen que «una víctima en un delito es una víctima de delito siempre, independientemente de que colabore o no con la policía». En contra de estas recomendaciones el Gobierno español ha optado por anteponer la persecución de las redes criminales a la defensa total de las víctimas, planteando la denuncia y la colaboración con la policía como condición para poder acceder a las medidas de asistencia y protección que el Plan contempla.

En correspondencia con ello, la identificación de las víctimas se deja en manos de las Fuerzas de Seguridad, dependiendo la participación de las ONG’s del requerimiento de la policía. 2

Desde nuestro punto de vista, la defensa de las víctimas, tal y como contemplan los art. 10 y 12 del Convenio Europeo, implicaría protección y derechos, independientemente de su colaboración con la justicia; implicaría mecanismos eficaces de detección de las víctimas a través de agentes sociales y no solo de la policía o la judicatura; implicaría permisos de residencia y de trabajo para las víctimas, y derecho de asilo sin todas las trabas que hoy existen para ello; y, especialmente, potenciar la autonomía y la capacidad de decisión de las víctimas. De hecho, algunas recomendaciones internacionales instan a contemplar el principio de proporcionalidad en las medidas, es decir, tener en cuenta que las medidas restrictivas y represivas en la lucha contra la trata no redunden en contra de los derechos, de la autonomía y de la libertad de las personas que son objeto de trata. Creo que la vía por la que se está yendo en nuestro país deja muchos interrogantes en relación con esto que acabo de decir.

No poner los derechos de las víctimas en primer plano implica, como ha denunciado GAATW (Alianza Global Contra la Trata de Mujeres), que en ocasiones las medidas antitrata provoquen una serie de “daños colaterales”, así llamados porque estas medidas se acaban volviendo contra las personas que pretenden proteger, en este caso, las mujeres que ejercen la prostitución bajo coacción y en una condiciones parecidas a la esclavitud.

En la actualidad, después de casi 5 años desde la aprobación del Plan, los daños colaterales sobre las víctimas de trata son patentes, así como las insuficiencias de la actuación institucional. Las medidas sociales y judiciales encaminadas a una mayor protección de las víctimas casi no han sido implementadas. Lo más visible ha sido el aumento de las redadas en clubes de alterne para la detención y desarticulación de redes relacionadas con la prostitución. En algunos de los clubes que han sido cerrados, es discutible que sus trabajadoras fueran víctimas de trata, como se ha podido ver en el caso del macro club de Castelldefels (Catalunya) o en la operación Afrodita en Madrid en julio de 2010. Operación cuyo resultados fueron: 315 mujeres “liberadas” (según las instituciones y la prensa) o sin lugares donde poder trabajar (según las trabajadoras del sexo); 34 mujeres en situación administrativa irregular a quienes se ha aplicado la ley de extranjería; 1 mujer denunció encontrarse en situación de trata (no sabemos si finalmente se la protegió o no) y una decena de personas, detenidas por proxenetismo tras la redada y que se encuentran desde mediados de septiembre de ese año en libertad con cargos.

En ambos casos, las trabajadoras del sexo implicadas salieron públicamente afirmando que su trabajo en esos lugares era voluntario y que no se daban coacciones por parte de los empresarios. Pero incluso en los casos en los que realmente se han desarticulado redes de trata existen enormes dudas sobre el destino que han sufrido las presuntas víctimas y si realmente han sido protegidas por el estado como deberíahaberse hecho3. Por las noticias de la prensa, más bien parece que muchas de las mujeres detenidas en las redadas han sido detenidas por estancia ilegal, enviadas a los CIES y posteriormente retornadas a su país, sin que esté claro su voluntariedad para ello.

Es decir, que no sólo no se protege a las víctimas de trata sino que, en la mayoría de ocasiones, éstas son tratadas como delincuentes.

La lucha contra la trata, en nuestro país, se ha instrumentalizado para combatir la inmigración, especialmente de mujeres, y para intentar acabar con la prostitución en general y especialmente aquella más visible, la que capta su clientela en la calle. Al calor de las ideas y los planteamientos institucionales sobre la trata se han desarrollado normativas municipales en la mayoría de ciudades de nuestro país, que persiguen la prostitución que capta la clientela en la calle, bien penalizando a clientes y prostitutas bien penalizando sólo a los primeros. Estas Normativas incrementan, revalorizan y favorecen el mercado clandestino del sexo, en detrimento de las trabajadoras que ven así cómo aumenta su vulnerabilidad. Así lo reconoce un informe del Parlamento Europeo del año 2000 que considera que “el régimen de prohibición directa e indirecta de la prostitución vigente en la mayoría de Estados miembros crea un mercado clandestino monopolizado por la delincuencia organizada que expone a las personas implicadas, sobre todo a los inmigrantes, a la violencia y la marginación”4

 

Propuestas

Para Hetaira es fundamental diferenciar entre prostitución coaccionada (Trata) y prostitución voluntaria para poder defender y garantizar de manera realista y consecuente los derechos de unas y otras. El no reconocimiento legal de la prostitución voluntaria implica, como decía antes, abonar el terreno para que los traficantes de mujeres con fines de prostitución forzada campen a sus anchas en el magma de la alegalidad del conjunto de la prostitución. En este sentido creemos que el Gobiernoautonómico debería instar al Gobierno Central a elaborar una Ley integral de lucha contra la trata de seres humanos:.

  • Que contemple todo tipo de trata, independientemente del sexo de las víctimas y del sector laboral al que va encaminada.
  • Que diferencie la trata de la prostitución voluntaria y de la explotación sexual, un concepto tan opaco que da pie a todo tipo de interpretaciones..
  • Que ponga los derechos de las víctimas en el centro de la actuación

Así mismo, desde el Gobierno autonómico debería de contemplarse el desarrollo de todos los recursos sociales que se preveían en el Plan vigente hasta el año pasado y que no han sido desarrollados. Contemplando que para acceder a ellos no sea necesaria la denuncia previa, como han hecho otros gobiernos autonómicos con la Violencia de Género.

En relación a la detección e identificación de víctimas se debería contemplar que las ONG’s fueran el instrumento imprescindible para la detección y la identificación de víctimas, en colaboración con la policía, pues tal y como demuestran diversos informes que valoran la implementación de las políticas anti-trata en nuestro país, queda mucho por avanzar en la consideración, información sobre sus derechos y tratamiento a las posibles víctimas de trata5.

También consideramos fundamental la transparencia en la información sobre la situación en la que se encuentran las víctimas de trata identificadas para saber cuántas se han acogido al periodo de reflexión y si éste ha sido concedido. Tan sólo en el II Informe del Plan Integral de Lucha contra la Trata, a pie de página, se recoge que, en el año 2010, a “523 mujeres víctimas potenciales en situación irregular se les ofreció el Período de Restablecimiento y Reflexión, únicamente 43 aceptaron su tramitación”. En esta información se echan de menos datos sobre a cuántas víctimas de las 43 que solicitaron dicho período les fue concedido. En 2011, según datos facilitados por laSecretaría de Estado de Seguridad, se ofrecieron 763 periodos de restablecimiento y reflexión, de los que 680 fueron denegados o rechazados por las víctimas y 98 concedidos. Como se puede ver la información de 2011 es más explícita sobre el nº de permisos concedidos pero no está claro de los 680 cuantos fueron denegados y cuantos rechazados. En general, es costoso acceder a la información sobre este particular ya que según hemos podido saber a través de entrevistarnos con la UCRIF y con la Delegada para la Violencia de Género en Madrid, los datos no están disponibles ni tan siquiera para ellos.

Otro aspecto que nos suscita enormes dudas es cómo se ha informado a las mujeres de sus derechos. Los procesos de identificación son largos y complejos y la información debe darse en un ambiente de comodidad y seguridad para las víctimas. Las comisarías o los juzgados o los CIES son los sitios menos apropiados para ello, dada la comprensible desconfianza que tienen estas mujeres.

Para que las víctimas de trata puedan ejercer realmente sus derechos es necesario un buen proceso de identificación y para ello es fundamental la formación de los profesionales que pueden entrar en contacto con posibles víctimas: Fuerzas de Seguridad, profesionales de la medicina, abogacía, trabajo social… así como la coordinación real y efectiva de todos los agentes sociales que intervienen con las víctimas: ONG’s, Fuerzas de Seguridad, jueces, Fiscalía, servicios de asistencia, etc..siendo esta la única manera de garantizar la eficacia de las medidas de protección.

Por último quisiera mencionar el aspecto económico, necesario para quecualquier Plan se pueda llevar a cabo. En el Plan integral que ha vencido se contemplaba el decomiso de los bienes de las mafias y la creación, con este dinero, de un Fondo destinado a la protección de las víctimas. También sabemos que la política del Gobierno central anterior fue la de potenciar, a través de subvenciones, la creación de los servicios sociales necesarios para la atención a estas mujeres, en lugar de crearlos directamente. Teniendo en consideración estos dos factores nos preocupa especialmente por un lado que no se haya creado este Fondo y por otro la falta de transparencia en la concesión de las subvenciones. En relación a esto último consideramos que no están claros los criterios por los cuales se conceden subvenciones a organizaciones que nunca han trabajado ni con mujeres víctimas de trata ni en contextos, como el de la prostitución, donde puede ser más probable la existencia de indicios de trata. Esta falta de transparencia nos parece especialmente preocupante. Mucho nos tememos que una buena parte del dinero que supuestamente está destinado a la prevención, atención y protección de las víctimas está siendo malgastado con fines ideológicos, concediéndoselo a organizaciones que solo hacen “incidencia política” como dicen. En esta línea, buena parte del dinero de las subvenciones no repercute directa y positivamente en aquellas mujeres que lo que necesitan no son proclamas ideológicas sino una atención desprejuiciada, profesional, basada en la escucha y el respeto y que tenga como finalidad su empoderamiento y no su revictimización.

Sabemos que la prostitución es un tema muy controvertido. Pero la trata es una grave vulneración de los derechos humanos de las personas. Y no podemos dar la espalda a todas aquellas mujeres, niñas, niños y hombres que son víctimas de trata con fines diferentes a la prostitución y que según recoge el Informe del Departamento de Estado del Gobierno de EEUU de 2010  “Algunos estudios recientes demuestran que la mayor parte de la trata de personas en el mundo se realiza con fines de trabajos forzados. La OIT calcula que por cada víctima de trata sometida a la prostitución forzada, hay nueve personas que son forzadas a trabajar”.

Y en relación a la que tiene por fines la prostitución forzada es necesario implementar políticas públicas que defiendan de manera eficaz a las mujeres que están en una situación más vulnerable. Y para que esto sea posible es necesario garantizar los derechos de todas las trabajadoras del sexo, diferenciando quienes están en situación de trata de quiénes están explotadas laboralmente aunque hayan decidido trabajar en ello. Para estas segundas, asimilar su situación a la de las víctimas de trata o considerarlas víctimas de un delito tan vago y poco concreto como el de “explotación sexual”, no es la solución. Se necesitan leyes laborales que les reconozcan sus derechos y reduzcan las posibilidades de ser explotadas por los dueños de clubes. La actual situación de confusión entre trata, prostitución voluntaria, explotación sexual y explotación laboral deja desprotegidas a todas las mujeres que ejercen la prostitución, aumenta la vulnerabilidad de éstas y dificulta enormemente la identificación de las víctimas de trata. Son necesarias leyes que ayuden a este sector de mujeres luchar contra las terribles injusticias que hoy siguen sufriendo.

Muchas gracias por su atención

 


1 El artículo 12.6 del propio Convenio europeo y la Declaración de Naciones Unidas de 1985 sobre principios fundamentales de justicia para las víctimas de delito y abusos de poder

2 Aunque en la Reforma de la Ley de Extranjería se incluyó en el último momento la propuesta de la Red española contra la Trata, de que se podrá detener la expulsión y conceder permisos excepcionales de residencia y trabajo también atendiendo a “la situación personal de la víctima” esta consideración en la práctica no está siendo contemplada en las actuaciones concretas ni de las Fuerzas de Seguridad ni de la Fiscalía. Plantear la protección en función del proceso judicial implica una presión muy fuerte para las personas víctimas de trata, muchas de las cuales no pueden afrontar ese proceso porque es el momento de mayor riesgo.

3 Así, Europa Press (2 de febrero de 2010) informaba que en la desarticulación de una red de prostitutas brasileñas en Andalucía “según fuentes de la Subdelegación del Gobierno se habían detenido a ocho mujeres por estancia ilegal en España, que se encuentran en estos momentos en el CIE de Málaga”. O El País (29/7/2010) ante la operación de Madrid recogía que según fuentes del Mº de Interior “a estas personas se les ha incoado el procedimiento administrativo para expulsarlas de España. En los casos más graves, en los que ya tenían el decreto judicial aprobado y estaban pendientes de que se les asignase un vuelo, han ingresado en el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Aluche hasta que abandonen el país.”

4 Informe del Parlamento Europeo. Mayo 2000

5 Informe sobre trata de personas 2011. España elaborado por el Gobierno de EEUU

El tiempo de los reformatorios de mujeres ha pasado: no es lo mismo trata que prostitución

“El arma principal para combatir la trata es concienciar a los clientes”

¿Quién habla de penalizarlos?

 

Apoyando a las víctimas de trata  “Los hombres [que pagan por estos servicios] consideran que no se van a encontrar con esas situaciones, ya que están acostumbrados a que las mujeres solo les sonrían y no les cuenten nada”, destaca el estudio. “Por eso, los datos nos ayudan a acercarnos a estos clientes. Porque el arma principal para combatir la trata es concienciarlos a ellos”.

Eso dice Carmen Meneses, una de las investigadoras que ha participado en el informe titulado Apoyando a las Víctimas de Trata, según el artículo que publica El País.1
“‘El cliente es el primero que puede dar la alerta, por eso su papel es muy importante, ha advertido Meneses“, según la noticia difundida por la agencia EFE. 2
¡Qué distinta es esta apreciación del papel del cliente en la lucha contra la trata de esta otra!:

Deslegitimización social y pública, cárcel y multas. Esta es la respuesta que el Grupo Municipal de Ganemos Palencia exige para todos aquellos palentinos que utilicen los servicios de prostitutas.” 3
Ganemos Palencia (formación de la que está ausente Podemos) está dirigida por Izquierda Unida y expresa la política abolicionista de la prostitución compartida por muchos partidos y ONGs en España.

Entonces, ¿quién está defendiendo los derechos de las víctimas de trata? Porque esas dos propuestas —la del equipo académico de la Universidad de Comillas y la de los abolicionistas— son contradictorias. Y lo que es más llamativo, gran número de las ONGs que han respondido al cuestionario de la Universidad de Comillas como agentes en primera línea en la lucha contra la trata son abolicionistas y comparten el objetivo de Izquierda Unida: la abolición de la prostitución mediante la aplicación en España del “modelo sueco”, es decir, la penalización de los clientes.

El informe, que se puede descargar aquí: http://bit.ly/1TWpNFI, ha sido elaborado por investigadores de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE para la Delegación del Gobierno para Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y estas son las referencias que hace de los clientes:

“En definitiva, hay un sector importante de los hombres que pagan servicios sexuales que colaborarían y ayudarían a las mujeres que ejercen la prostitución coactivamente o son víctimas de trata. En unos casos porque desconocen la realidad de muchas mujeres que ejercen la prostitución y al saberla las ayudarían. Por ello, merecería la pena realizar una campaña de sensibilización contra la trata adaptada a las circunstancias de los clientes de prostitución, para que sea lo más eficaz posible.” (Pág 151)

“Es necesario diseñar y plantear una campaña de información y sensibilización contra la trata. En las encuestas y entrevistas realizadas para el estudio se observa que los hombres que residen en España han oído hablar de la trata pero desconocen el delito, y solo perciben un único tipo de prostitución: la voluntaria. Las campañas deberían ir dirigidas a tres tipos de colectivos masculinos de forma diferenciada, para que los mensajes tengan los contenidos oportunos y sean más eficaces:

· En primer lugar a hombres de población general, que ha oído hablar de la trata por los medios de comunicación social de forma superficial.

· En segundo lugar, a los jóvenes a partir de 17 años, que es cuando suelen comenzar a hacer uso de servicios sexuales de pago dado que se considera un rito de masculinidad. Estos jóvenes se están socializando en la mercantilización de las relaciones sexuales y afectivas.

· En tercer lugar, a los clientes de prostitución ofreciéndoles información precisa sobre diferentes aspectos (trata, salud, necesidad de protección en las prácticas sexuales…).

A los tres grupos se debe ofrecer información neutra, rigurosa y precisa para que si tienen la oportunidad de ayudar a alguna víctima de trata sepan cómo hacerlo.”
(Pág. 189)

Es evidente que el informe está desautorizando implícitamente la penalización de los clientes como forma de combatir la trata, y ello es coherente con los estudios que demuestran cómo la penalización de los clientes en Suecia ha supuesto una dificultad añadida en la lucha contra la trata.

Como dicen las investigadoras Susanne Dodillet y Petra Östergren en su trabajo sobre la Ley de Prostitución sueca 4 :

“Por lo que se refiere a los clientes, parece que ahora son menos proclives a colaborar como testigos en los casos en los que son procesados proxenetas que explotan el trabajo sexual de otros, ya que ahora se sienten ellos mismos culpables de un delito”.

Y otra práctica que se ha introducido subrepticiamente en España bajo la forma de ordenanzas municipales, al margen de la legislación estatal, como es la penalización de prostitutas en la calle (y a veces de sus clientes) merece esta consideración en el estudio, en el apartado de “necesidades de las víctimas”:

”Existen ciudades en donde se llega a sancionar el ejercicio de la prostitución en la calle. Las consecuencias para ellas son terribles, especialmente para aquellas que son tratadas, dado que la multa se une a la deuda que tienen con sus tratantes, y teniendo que incrementar sus ingresos en la prostitución a costa de opciones no deseadas o perjudiciales para su salud”

Es evidente entonces que las medidas que proponen los “abolicionistas” de la prostitución son medidas que dificultan la lucha contra la trata, dañan los intereses de las víctimas y solo favorecen los intereses de los tratantes.

¿Cómo es posible que organizaciones que se declaran enemigas de la trata de personas y que han colaborado incluso en la elaboración de este estudio, propongan medidas tan contraproducentes para los objetivos que dicen perseguir?

La explicación se encuentra en el mismo informe:

“Dos modelos teóricos coexisten en las ONGs que trabajan en contextos de trata y explotación sexual:

1. La que sustenta sus entidades, impregnada por la filosofía identitaria que marca sus valores, creencias y modo de acción; y

2. la que se relaciona y centra en la atención a las mujeres víctimas de trata”

Esa “filosofía identitaria que marca sus valores, creencias y modo de acción” es, en el caso de algunas de estas organizaciones, una agenda moral, religiosa o ideológica que supone la condena de la prostitución como un mal en sí misma y la estigmatización de las mujeres que la ejercen como mujeres afectas de algún tipo de disminución mental que hace que sean incapaces de tomar decisiones libremente y deban, por tanto, ser tuteladas como lo son los menores de edad o los incapacitados por decisión judicial.

Esta doble agenda, la de lucha contra la trata (que implica recibir “fondos públicos para mantener los servicios que prestan, bien a través de subvenciones para el desarrollo de programas propios, bien a través de alguna de las formas previstas en el ordenamiento jurídico para la gestión de los servicios públicos” (pág. 12)) y la de lucha contra la prostitución (en aplicación de sus creencias particulares) supone una contradicción, como hemos visto en los párrafos precedentes, que se manifiesta con toda crudeza cuando leemos en el informe:

“En general casi todos los servicios que plantean una ayuda a las víctimas conllevan el abandono de la prostitución, entre otras razones porque resulta más difícil ofrecerles protección si están ejerciendo la prostitución ya que pueden ser localizadas con mayor facilidad. Este es un problema que han planteado informantes de distintas provincias.

“Pues hay un problema económico. Es decir, una chica que está gastando 3.000€, que esté ganando 3.000€, que tenga una…sobre todo en el caso de las sudamericanas, que tengan unas cargas familiares en su país de origen, si van a un Centro de Protección, va a ganar cero. Sobre todo que ahí suele haber bastante control. (Policía)

Y en ese sentido, cuando las chicas ponen una denuncia sí, pero no quieren dejar de ejercer la prostitución porque tienen que mandar dinero a su país…Este es el caso, que nos pasa con chicas, principalmente, nigerianas. Y las ONG no las cogen si siguen ejerciendo. Con lo cual…eso lo tienen clarísimo y es una norma del centro. (Policía)” Pág 118

Lo que “tienen clarísimo y es una norma del centro” esas organizaciones es que su objetivo fundamental es erradicar la prostitución y no proteger a las víctimas de trata, y por tanto no dudan en usar los medios que el Estado ha puesto a su disposición con este último fin para extorsionar a las mujeres que quieren practicar libremente su trabajo –libres ya de explotadores– para subvenir a sus necesidades y a las de sus familias. “O bajo nuestra protección y sin prostitución, o con prostitución y bajo la ‘protección’ de los tratantes”, parece ser su lema.

Mientras no quede claro que no es lo mismo vender servicios sexuales —desde el derecho a decidir que tenemos todas las mujeres— que ser víctimas de extorsión y explotación por un tercero, no se podrá combatir de forma eficaz la trata. Porque solo defendiendo los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales, combatiendo con todos los medios el “estigma de puta”, se conseguirá que ellas mismas alcancen su emancipación.

Hay que desconfiar profundamente del enfoque paternalista que desposee a las víctimas de su característica humana más esencial, de su capacidad de decidir, para utilizarlas al servicio de agendas morales y religiosas que nada tienen que ver con la defensa de los derechos humanos y sí mucho con su conculcación.

El tiempo de los reformatorios de mujeres ha pasado.

 

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1.- http://politica.elpais.com/politica/2016/02/19/actualidad/1455886808_324206.html

2.- http://www.elmundo.es/sociedad/2016/02/19/56c6f6fc46163f91788b45e5.html

3.- http://www.diariopalentino.es/noticia/Z327BED5B-9A6E-05E9-0FF29E60A6187E83/20160217/ganemos/pide/carcel/multas/palentinos/recurran/prostitucion

4.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2016/02/17/la-ley-de-compra-de-sexo-sueca-exito-proclamado-y-resultados-documentados/


ANEXO

Subvenciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para proyectos de atención a víctimas de trata con fines de explotación sexual (2016)

16804500_1265252303568464_5884401159823695708_o

http://www.violenciagenero.msssi.gob.es/otrasFormas/trata/subvenciones/pdf/EntidadesSubvencionadas2016.pdf

La lucha contra la trata de seres humanos y la prostitución: historias de víctimas por partida doble

 

http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/humanos-prostitucion-historias-victimas-partida_6_190790933.html

“La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía comienza a trabajar la prostitución como línea de intervención  específica en el año 2001. Desde entonces, decidimos estar con las trabajadoras sexuales, para acompañarlas y serles útiles, llevando a cabo programas que van desde la atención socio-sanitaria, hasta la investigación, divulgación, sensibilización y denuncia social bajo la perspectiva de los Derechos Humanos”.

“Las experiencias vividas junto a estas mujeres son las que nos hacen reflexionar y expresar nuestro punto de vista allá donde vayamos. Este artículo de opinión tiene su origen en una de tantas experiencias vividas junto a ellas”.

Talía Ardana Lamas, miembro del área de Prostitución de APDHA

29/10/2013 

 

Procedente del África Subsahariana, de Nigeria, llegó a España con 21 años. Ejercía la prostitución y desarrollaba su trabajo en la calle, expuesta a los ojos de una sociedad que sólo es capaz de verla a través de sus miedos, sus prejuicios y sus intereses. Nos contaba que no fue fácil llegar a España, tampoco aguantar aquí. “Es un trabajo duro, además la policía me acosa constantemente, y tengo miedo todo el tiempo: miedo a las multas por la ordenanza, miedo a la policía, miedo a que me expulsen del país…”.

Pero aquel día estaba contenta, “después de todo, ya casi cumplo tres años en España y podré empezar a pedir mis papeles”. Esto nos lo decía un poco antes de su expulsión, cuando aún le recomendábamos paciencia, “ten paciencia que los trámites llevan su tiempo”… Pero no se los dieron. De poco le valió su armadura de paciencia y esfuerzo cuando la policía fue a buscarla allí donde solía (ex)ponerse a trabajar. De poco valió la paciencia cuando la maquinaria se puso en marcha y se vio en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en cuestión de horas.

Tampoco allí hubo tiempo, dos semanas privada de libertad y, otra vez, el camino de vuelta a África. Su historia puede ser la historia de muchas de las personas que cada año en este país son ingresadas en un CIE y luego expulsadas, pero no por ello debemos pasarla por alto. Existe, además, algo que  duele especialmente, y es que, por ser mujer, inmigrante y trabajadora sexual, “tenía todas las papeletas”. Un interesante informe aborda, no como hipótesis de trabajo sino como conclusión, la sobrerrepresentación de mujeres que ejercen la prostitución en los CIE. Cada historia personal es única e intransferible, pero ser extranjera, indocumentada y ejercer la prostitución en este país supone indefectiblemente el conllevar una serie de obstáculos que muchas otras comparten

La interacción entre el Protocolo de Identificiación de Víctimas de Trata y la Ley de Extranjería

A la protagonista de esta historia la policía la conocía sobradamente. Llevaban un tiempo acercándose a ella bajo la sospecha de que podría ser víctima de trata, pero ella nunca denunció ni les dio información sobre posibles redes. Ni siquiera una vez en el CIE firmó el documento para entrar en el protocolo de protección para víctimas de trata (no sabemos si se lo ofrecieron). ¿Por qué? Eso ya nunca lo sabremos, quizás por miedo a la policía, o a las consecuencias que le podría traer, quizás porque no se consideraba víctima, quizás porque no lo era…

Lo que aún no entendemos es cómo la policía puede detener y expulsar a quién en un principio pretendía proteger. Nos preocupa la interacción entre el Protocolo de Identificación de Víctimas de Trata y la Ley de Extranjería. El hecho de que se incoe un expediente de expulsión a toda mujer que, una vez detenida, no exprese ser víctima de trata ni se acoja al artículo 59bis de la LO 4/2000, incrementa la sensación de miedo y la consecuente distancia entre estas mujeres y nuestras instituciones.

La trata de seres humanos es uno de las más graves violaciones a los derechos humanos de entre las que asistimos en la actualidad, para ello, todos los recursos y esfuerzos que se lleven a cabo para la detección de las víctimas,  la recuperación de su libertad y autonomía, así como para la lucha y detención de las personas responsables de estos delitos, son fundamentales y necesarios. En este sentido, valoramos muy positivamente los avances que el Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, aprobado en Diciembre del 2008, ha supuesto en nuestro país.

Sin embargo, y por la misma importancia que estas actuaciones tienen en el cumplimiento y defensa de los derechos de las personas, no podemos dejar de denunciar incumplimientos o actos abusivos que en el marco de estas actuaciones se están produciendo.

La identificación de las víctimas de trata o explotación sexual  no puede basarse en el acoso indiscriminado a las trabajadoras sexuales ni en los controles de identidad y posterior detención de aquellas que no tienen su situación administrativa regularizada. Esto es algo que atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres y desde luego,  no es una forma razonable de ganarse la confianza de las posibles víctimas.

Por otro lado, identificar el ejercicio de la prostitución con explotación sexual supone la invasión absoluta del derecho de las trabajadoras sexuales a la autodeterminación y puede ser un obstáculo para prevenir y perseguir el tráfico. No podemos considerar el trabajo sexual de la misma forma que consideramos el tráfico de personas o la explotación sexual, las cuales son abusos de derechos y crímenes.

Los derechos de las trabajadoras sexuales

Entendemos que, en muchos casos, el trabajo sexual no es siempre una elección y reconocemos que a veces tiene una estrecha relación con la pobreza, vulneración y discriminación y puede conducir a la violencia contra las mujeres. Pero las trabajadoras sexuales no son sólo y siempre víctimas pasivas, con frecuencia eligen dentro de los márgenes de opción de que disponen. Sin embargo, el aumento de las restricciones en las políticas migratorias de nuestro país, unido a la estigmatización del trabajo sexual y el no reconocimiento de la prostitución como actividad laboral (lo que impide el acceso a la regularización), aumenta sobremanera la vulnerabilidad que sufren las trabajadoras sexuales.

Por ello, llamamos la atención sobre la importancia del reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales como medio para dar seguridad en y a través del lugar de trabajo, y prevenir toda forma de explotación, violencia y coacción. Es más, las trabajadoras sexuales son sujeto de derecho, como el resto de mujeres y hombres, y como tal deberían ser reconocidas.

No queremos leyes que tiendan una mano para rescatar a estas personas y que con la otra las empujen si no las aceptan. No nos confundamos: la que ayuda es una ley que sea capaz de dotar de derechos reales a las personas, que haga posible el desarrollo de seres libres y autónomos, no una ley que rescate victimas para obligarlas a “tomar el buen camino”.

Nuestra protagonista se armó de paciencia, pero no con esa paciencia callada e indolente, sino la paciencia de quien no desespera mientras camina, una paciencia fuerte y deseosa que tiene el poder de soportar los contratiempos y dificultades para obtener lo que se propone. De ella, de su paciencia, intentamos aprender para seguir trabajando por hacer de ésta una sociedad más justa y más libre. No desvaneceremos en el intento, igual que sabemos que ella tampoco lo hará.