EL ESTADO PROXENETA: El control sanitario del VIH e ITS entre trabajadoras sexuales entre la indecencia y la legalidad en la 4ª transformación

 

Por Elvira Madrid Romero, Jaime Montejo y Rosa Icela Madrid

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C.

Tapachula, Chiapas y Ciudad de México, 12 de noviembre a 2 de diciembre de 2018.

 

http://brigadaac.mayfirst.org/EL-ESTADO-PROXENETA

 

 

(Material de discusión)

 

 

La columna de Marta Lamas del 10 de noviembre de 2018 en la revista Proceso, “Una sociedad decente”, retoma los planteamientos de Avishai Margalit sobre una “sociedad correcta”, “aquélla que se atiene a la ley y el debido proceso” y una “sociedad decente”, que no humilla a las personas. También refiere que una sociedad puede ser justa pero insensible con quienes están fuera de ella, y ejemplifica con los migrantes. Menciona cómo haberlos rociado con un desinfectante (en Huixtla, Chiapas) en el marco de la caravana éxodo centroamericano, es humillante y denota desprecio.

Trataremos de utilizar algunos planteamientos de dicha columna periodística y aplicarlos al control sanitario recaudatorio de las trabajadoras sexuales en México.

La falta de certeza y seguridad jurídica del trabajo sexual, convierte a quienes lo ejercen en “contribuyentes sin derechos”, cuando no en “siervos o esclavas” de instituciones públicas municipales como la Tesorería de cada ayuntamiento constitucional, que recauda ingresos sobre el cuerpo de las mujeres, sin ningún tipo de miramiento ético. Ingresos que muchas veces ni siquiera benefician a las trabajadoras sexuales que los generaron, sino a los recaudadores y a la obra social que estos implementan en otros sectores mejor atendidos por la autoridad.

Una obra pública realizada con ingresos retenidos a las trabajadoras sexuales, a través del control sanitario o de las multas que se les aplica, no es otra cosa que lavar dinero producto del abuso impuesto a estas prestadoras de servicios y mostrarlo como bien habido.

Esta característica recaudatoria que descansa sobre la espalda y los genitales de las trabajadoras sexuales, es lo que ha provocado que algunos grupos feministas abolicionistas y pro derechos, coincidamos al hablar de un Estado con vocación proxeneta.

Hay un déficit de decencia hacia las trabajadoras sexuales, a quienes la Tesorería a nombre de cada presidente o presidenta municipal, cobra altos tributos, no sólo los marcados por la ley, reglamento o acuerdo de cabildo; sino también por la costumbre, que ve a las trabajadoras sexuales como las cajas chicas de administradores o administradoras de turno a cargo de “la política fiscal” de los municipios.

Es el caso del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que en la pasada administración de Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor de 2015 a 2018, gracias a la denuncia y movilización de trabajadoras sexuales y de la intervención de la regidora feminista Paulina Conde y la Brigada Callejera, hicieron posible que el costo de la tarjeta de control sanitario y de la entrada a la zona de tolerancia que pagan los clientes, bajaran; entre otras mejoras como el cambio del médico encargado del control sanitario, señalado por abusos sexuales y malos manejos económicos, el cambio de administradores, la instalación de un equipo de gimnasio, la implementación de varias de jornadas de salud, la aplicación de pruebas rápidas de VIH y sífilis y entrega de condones totalmente gratuitos por parte de la Brigada Callejera, frente al cobro de condones y pruebas rápidas del sector salud por parte de servidores públicos del municipio.

El control sanitario del VIH/Sida e infecciones de transmisión sexual (ITS) como la sífilis, además de discriminatorio e ineficaz, es humillante porque parte de la idea que señala a las trabajadoras sexuales como focos de la infección y no sus clientes quienes no son sometidos a dicha regulación, han señalado no pocas trabajadoras sexuales a la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, en sus 29 años de activismo a favor de los derechos de este sector de mujeres.

El costo económico que deben cubrir las trabajadoras sexuales para pagar las tarjetas o controles sanitarios, el alto costo de las pruebas de VIH y sífilis, así como Papanicolaou, que son servicios gratuitos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) del Seguro Popular; convierten a los ayuntamientos en verdaderos padrotes que sólo buscan recaudar recursos para la hacienda municipal, sin tomar en cuenta que las trabajadoras sexuales integran uno de los grupos más marginados y susceptibles a todo tipo de violencia, como la violencia económica perpetrada por el Estado mexicano, a través del control sanitario recaudatorio o no, que es una de sus instituciones más patriarcales y discriminadoras de este sector de mujeres.

Las altas multas por ejercer el trabajo sexual donde lo prohíben reglamentos de policía y buen gobierno o instrumentos jurídicos similares, el alto costo de los documentos del control sanitario, la venta de condones gratuitos del sector salud, el cobro de pruebas rápidas de VIH y sífilis del sector salud también gratuitas, el pago de cuotas a inspectores de salud de los ayuntamientos o de las jurisdicciones sanitarias estatales “para evitarles ir a realizar dicho trámite obligatorio”, la extorsión por parte de personas que se sienten dueñas de la calle y les cobran derecho de piso, ante el silencio y la falta de justicia por parte de instituciones como la Fiscalía General de Justicia del estado de Chiapas, donde personal de dicha dependencia se ha negado a perseguir dicho delito en Tapachula por tratarse de trabajadoras sexuales, mujeres trans trabajadoras sexuales o trabajadoras sexuales migrantes.

Dichas prácticas no son más que abusos económicos, equiparables a conductas mencionadas en la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas”, que tipifica como delito la explotación de la prostitución ajena.

A diversos servidores públicos puede parecerles “justo y eficiente” el control sanitario y los costos que se imponen a las trabajadoras sexuales, meseras y bailarinas, (muchas veces al margen de la ley, como parece estar ocurriendo en este momento en Huixtla, Chiapas, donde se conquistó en Cabildo, la gratuidad en la administración anterior -2015 a 2018-, gracias al apoyo de mujeres regidoras de tres partidos políticos). Sin embargo, esa práctica recaudatoria, va en contra de cualquier ética que busque “atender problemas de salud pública como el VIH/Sida e ITS”, y al mismo tiempo, reducir la violencia hacia las mujeres para que puedan ejercer sus derechos sin paternalismo alguno.

Dicha práctica mercantil deshumanizante, que descansa sobre el cuerpo de las mujeres trabajadoras sexuales, sólo toma en cuenta un prejuicio económico que se constituye en un acto de violencia institucional: que las mujeres dedicadas al comercio sexual ganan muy bien, que su actividad es muy fácil y por ello, lo que se les cobre estará siempre bien justificado.

Según dicho prejuicio, las trabajadoras sexuales ganan lo suficiente para pagar lo que las autoridades, generalmente masculinas y en todo caso al servicio de una masculinidad que tiene el control de instituciones públicas, les indiquen, esto es, lo que se tenga que pagar para poder seguir ganándose la vida; aunque dichos pagos no se apeguen a la ley, sino al capricho o necesidad económica de los nuevos administradores, hombres o mujeres, que ven a las trabajadoras sexuales con ojos de agiotista y de cliente sexual que algunas veces siente que no debería pagar “tanto” por un servicio y a la inversa, desde el municipio se ve que, “como ganan tanto, se les puede cobrar lo que sea”.

La referencia a los agiotistas, es por los cobros abusivos, apegados a derecho o no, que hacen ver a las autoridades municipales como prestamistas del derecho a trabajar en el sexo, mismo que se cobran con intereses muy altos, que afectan la economía familiar de las trabajadoras sexuales, humilladas y explotadas por este tipo de política pública.

—Explotación sexual institucionalizada:

¿Hasta cuándo continuará la explotación sexual institucionalizada en las estructuras burocráticas de los diferentes ayuntamientos y en las legislaciones estatales que van a dar inicio a la “Cuarta Transformación en México”, o que sólo van a ser oposición en este sexenio?

Uno de los costos simbólicos que trae consigo el control sanitario recaudatorio, es cobrarle a las trabajadoras sexuales con altos réditos, el haber pasado por alto a “la moral y las buenas costumbres”, o el ser consideradas un foco de infección, al contrario de lo que las estadísticas señalan en México, donde son las amas de la casa, el grupo de mujeres más afectadas por el VIH/Sida y no las trabajadoras sexuales.

Ojalá los secretarios de salud municipal y estatal y directores de salud y subdirectores de riesgo sanitario, los cabildos municipales, las asesoras en materia de declaratorias de violencia de género y los diferentes congresos estatales, inicien las nuevas administraciones nacidas en 2018, haciendo un poco de justicia a las trabajadoras sexuales. Ojalá se decidan por reconocer a las trabajadoras sexuales como trabajadoras no asalariadas y ojalá dejen de recaudar ingresos cobrando cuotas inmorales, producto de la prostitución ajena.

Decía Marta Lamas en su columna “Una sociedad decente”, “(q)ue si México no es una sociedad justa con sus habitantes, menos lo es con quienes no forman parte” como los migrantes y parecería ser que las trabajadoras sexuales tampoco son consideradas personas con derechos, por dedicarse a dicha actividad, condenada al estigma que señala que “esas mujeres ganan mucho dinero con facilidad”, y por ello hay que cobrarles sus faltas a la moral y a la salud pública. Ahora si se hablamos de trabajadoras sexuales migrantes, la exclusión abre un abismo inmenso que impide el ejercicio de muchos derechos civiles como el acceso a la salud.

Situación, nada más alejada de la realidad en un país como México, donde la prevalencia de VIH/Sida es más alta entre elementos de corporaciones policíacas que entre trabajadoras sexuales, como lo indicó la doctora Andrea González Rodríguez, directora del programa de VIH/Sida de la Ciudad de México el 5 de noviembre del año en curso, cuando se presentó el libro “Putas, activistas y periodistas” en el auditorio de la Clínica especializada Condesa.

¿Por qué las nuevas autoridades no le apuestan a un trato decente hacia las trabajadoras sexuales, que no esté instrumentado por el dinero?

¿Por qué no dejar de explotar a las trabajadoras sexuales, con el pretexto de salvaguardar la salud pública?

¿Por qué no dejar de cosificar a las trabajadoras sexuales como contribuyentes sin derechos?

—El Estado proxeneta:

El concepto del Estado proxeneta o lenón, desde una visión pro derechos de las trabajadoras sexuales que la Brigada Callejera ha planteado desde 1995.

Brigada Callejera ha reflexionado sobre algunas características que le dan forma al Estado, institución patriarcal, en su especificidad proxeneta, esto es, que saca provecho de las trabajadoras sexuales, a través de la humillación y la recaudación fiscal de ingresos; sin tomar en cuenta las necesidades económicas de este grupo de mujeres.

El Estado proxeneta, es una institución patriarcal que realiza una mediación entre las trabajadoras sexuales y sus clientes en nombre de la salud pública, sin ninguna evidencia de la eficacia del control sanitario impositivo. Institución pública donde se decide cómo “proteger” la salud pública del VIH e infecciones de transmisión sexual (ITS), imponiendo el control sanitario recaudatorio, que exprime ingresos a las trabajadoras sexuales que lesionan su economía familiar y que por lo general no aplica esos recursos recaudados para beneficio de quienes hicieron ese aporte, forzadas por normas jurídicas injustas, que cosifican a las trabajadoras sexuales, al utilizarlas como parte visible de un mecanismo de resolución de un problema de salud y moral pública.

Los mecanismos que implementa el Estado proxeneta para controlar y vigilar el ejercicio de la sexualidad de las trabajadoras sexuales, son arbitrarios y humillantes, no están basados en evidencia alguna sino en juicios de valor unilaterales y al final, muestran el desprecio hacia las trabajadoras sexuales y en general hacia todas las mujeres, al establecer que ellas son un foco de infección y las causantes de la propagación del VIH e ITS.

Las medidas que establecen los sistemas de control sanitario, son arbitrarias, aunque adornadas de diferentes conceptos salubristas atrasados, que nos remiten al Código Higienista que el emperador Maximiliano de Habsburgo exportó desde Francia en el año 1865 para proteger a las tropas invasoras de la sífilis, en ese entonces una “enfermedad venérea” incurable y que incluía un registro deshonroso de “mujeres públicas”.

Los ingresos recaudados por el Estado proxeneta le permiten vivir de los ingresos de las trabajadoras sexuales, a un grupo notable de burócratas y también de recursos aportados por mujeres sometidas a prostitución forzada o explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, quienes son las primeras que aparentan estar dispuestas a realizar cualquier tipo de aporte económico, cuya “actitud aprendida”, agrada a servidoras/as públicas/os de ocasión.

El Estado proxeneta, tiene una vocación clientelar que busca favorecer, sin otra justificación que la defensa de sus propios intereses, a determinadas personas, grupos o sectores, para lograr su apoyo. Por ello recluta voluntades entre trabajadoras sexuales y organizaciones que centran su atención en ellas para mantenerlas dividirlas y poder imponerles sus determinaciones.

Dicho reclutamiento clientelar, implementado por las diferentes instituciones públicas que confluyen en el control sanitario, incluye medidas como bajar el costo de dicho sistema e incluso decretar su gratuidad para mantener una vigilancia permanente sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres que ofrecen servicios sexuales para poder mantener una tutela gubernamental sobre ellas.

En todo caso, el clientelismo se fortalece con mentiras y descalificaciones de quienes se oponen a este tipo de sistema de control del comercio sexual.

El Estado proxeneta mantiene su carácter tributario unilateral al no reconocer derechos de las contribuyentes, incluso al fijar altos costos del control sanitario y altas multas por ejercer el comercio sexual en lugares no autorizados, así como establecer en los códigos civiles y familiares, la perdida de la patria potestad de los hijos de 12 años de mujeres que ejercen la prostitución, dejándolas a merced de padrotes que las amenazan con denunciarlas ante el DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia) para que les quiten la patria potestad, coadyuvando así dicha institución encargada de la protección de niñas, niños a adolescentes, con la trata de personas y la explotación sexual.

El Estado proxeneta protege la salud del cliente de las trabajadoras sexuales y no la salud de quienes trabajan en el sexo; utilizando la salud como pretexto para invadir el primer y último territorio de las trabajadoras sexuales, esto es, su propio cuerpo y así expropiadas de su propia intimidad para someterlo a control policíaco y extorsión.

En ese sentido, el control sanitario se erige como un mecanismo de humillación y desprecio, de señalamiento y negación de derechos sexuales y laborales, apostándole a la muerte social de este sector.

—Diferencia con el abolicionismo de la prostitución:

¿Dónde está la diferencia de estos planteamientos, con respecto a posturas abolicionistas que dan pie a la militarización e invasión de los cuerpos de las trabajadoras sexuales para obligarlas a abandonar el comercio sexual?

Pensar que las trabajadoras sexuales no lo son y sólo constituyen “mujeres en situación de prostitución” que deben ser liberadas del control sanitario y ser vinculadas “al mercado laboral” (no sexual), después de ser rescatadas de las calles y burdeles donde no es posible establecer derechos laborales como prestadoras de servicios, las deja a merced de tratantes y proxenetas y en la práctica coadyuva con la explotación económica de dicho sector de mujeres.

El concepto “mujeres en situación de prostitución”, define a un grupo humano a partir de una sola circunstancia de su vida, cancelando otras dimensiones vitales como el aspecto laboral que se encuentra implícito en el intercambio de sexo por dinero, en sus vertientes asalariada o no asalariada.

“Mujeres en situación de prostitución”, niega otros abordajes posibles sobre el comercio sexual, como el de la certeza y seguridad jurídica de quienes se dedican a dicha actividad para ganarse la vida. No permite abordar relaciones laborales explotadoras comunes a otras actividades reconocidas por el derecho laboral internacional. Así mismo, dicha categoría de análisis centra su atención en liberar a las mujeres de la relación social que les esclaviza y deja intactas las relaciones obrero patronales, reconocidas o no legalmente de quienes tienen un patrón en la industria sexual y reconocen que su fuerza de trabajo es libre de contratarse donde puedan hacerlo.

Es así como algunos grupos abolicionistas de la prostitución que atacan la organización de las trabajadoras sexuales e impugnan sus conquistas laborales, se constituyen en el verdadero lobby proxeneta y en uno de los pilares fundamentales del lenocinio, al cual se deben para poder mantener vivas sus iniciativas.

La industria del rescate abolicionista se retroalimenta de la industria sexual y sólo puede vivir gracias al comercio sexual.

Hace casi doce años, la Brigada Callejera difundió un ensayo titulado “Los siete pilares del lenocinio” en el libro “El color de la sangre. Propuesta sectorial de la Red Mexicana de Trabajo Sexual para el programa nacional de lucha de la otra campaña”, donde nos queda claro que la lucha es por la abolición de todo tipo de trabajo como medida para garantizar la erradicación de la propiedad privada y de todas aquéllas relaciones fundamentadas en dicha institución, base y fundamento del capitalismo.

Por otro lado, sabedoras de la contradicción que trae consigo el uso de la palabra “lenocinio”, que criminaliza el derecho a trabajar en el sexo libremente, al considerar delitos conductas como facilitar condiciones para el ejercicio de la prostitución, administrar un burdel o sacar provecho económico de la prostitución ajena; el énfasis lo hacemos en “sacar provecho económico”, como el que cualquier otro empresario obtiene de sus trabajadores en todos y cada uno de los sectores industriales al extraerles lo que Marx llamó plusvalía y por ello remarcamos que es necesario hilar resistencias feministas, antisistémicas y anticapitalistas para destruir al capital en toda la extensión de la palabra y que un grupo privilegiado de la población, deje de explotar a toda la clase trabajadora.

Por ello en algún momento dimos prioridad a la conformación de cooperativas integradas por trabajadoras sexuales para que dejara de extraerse beneficio económico al servicio de algún empresario en particular y no de quienes generan la riqueza, que son quienes ponen sus cuerpos para ganarse la vida, como cualquier otro trabajador o trabajadora.

Aclaramos que en este análisis nos hermanamos con reflexiones abolicionistas, sólo que nuestra organización aplaude que las trabajadoras sexuales conquisten sus derechos laborales, formen sindicatos, emplacen a huelga general y pongan en jaque al Estado proxeneta y entonces cuando todo el pueblo organizado vele por el bienestar común, abolir al Estado, la propiedad privada y matrimonio monogámico heterosexual, que dieron origen a la prostitución y estamos seguras que cuando ocurra prevalecerán intercambios sexuales públicos y privados, con modalidades diferentes a las actuales, sin servidumbre marital ni explotación sexual comercial.

También indicamos que no nos asquea el trabajo sexual. Sin embargo, hay personas a quienes les causa náusea y lástima que haya mujeres que se dediquen a labores de enfermería y limpien heces fecales. Sabemos de hombres y mujeres que recogen desechos y basura (pepenadores), y que otras personas se asquean de dicha actividad. Manipular carne de reses, asquea a no pocas personas. Reprimir marchas, nos asquea en general a muchas activistas.

Plantear que cuando una mujer se ve forzada a dedicarse al comercio sexual, estamos hablando de prostitución forzada y que por eso hay que rescatarles de dicha práctica patriarcal, aunque las protagonistas no estén de acuerdo por el influjo de la “falsa conciencia”; implicaría plantear el rescate de toda la clase trabajadora, cuyos integrantes, hombres y mujeres, “rentan sus cuerpos y mentes” por necesidad y no por amor al arte y los grupos abolicionistas no lo hacen.

Muchas mujeres se dedican al trabajo doméstico por necesidad, o al trabajo agrícola, a la maquila, a los cuidados de otras personas, a labores de limpieza en diferentes empresas, a la recolección de basura o hasta a la mendicidad y las feministas abolicionistas y grupos confesionales no van en su rescate. Otras mujeres se casan o se unen a hombres por necesidad y para tener un sustento y muchas son sometidas a servidumbre marital y los grupos abolicionistas que atacan a las trabajadoras sexuales, no van por la abolición de la institución social del matrimonio.

Si bien es cierto que el trabajo sexual implica diferentes riesgos sobre la salud y la vida como toda actividad laboral, es más peligroso trabajar en la construcción según indica la Organización Internacional del Trabajo al expresar que “(a)l menos 108,000 trabajadores (de la construcción) mueren en el lugar de trabajo cada año, una cifra que representa alrededor del 30 por ciento de todas las lesiones mortales en el (mundo del) trabajo” y no por ello grupos feministas dejan de promover la capacitación de muchas mujeres en oficios no tradicionales para las mujeres como el de albañilería.

En México es más peligroso dedicarse al periodismo, ser defensor o defensora de derechos humanos o postularse a cargos de elección popular en lugares donde diferentes grupos del crimen organizado se disputan el control de la plaza. Con respecto al VIH/Sida, donde monjas abolicionistas han señalado irresponsablemente que la prostitución enferma de Sida a las “mujeres en situación de prostitución”, en México, hay una prevalencia más alta entre amas de casa y policías, que obligaría a incautos a plantear la abolición de dichas instituciones por dicha razón.

— Los siete pilares del lenocinio o del Estado proxeneta, son los siguientes:

EL PRIMER PILAR DEL ESTADO PROXENETA, erigido como patrón (ante la falta de una legislación laboral en este sector económico) por encima de los dueños de los establecimientos mercantiles donde se oferta y demanda sexo comercial; es la imposición de representantes que controlen los intercambios del comercio sexual, como último eslabón del Estado proxeneta entre trabajadoras y clientes y otros integrantes de la cadena productiva, sin embargo, dicha obligación, no otorga derechos laborales. Las representantes juegan el mismo papel que en su momento tuvieron las madronas encargadas de mantener el orden entre las trabajadoras sexuales, impedir abusos por parte de la clientela y negociar la gobernabilidad de la calle con las autoridades respectivas. El encarcelamiento de dichas representantes, está dejando dichas vacantes libres para ser ocupadas por policías de rango y ministeriales que se han aliado al crimen organizado para fortalecer sus finanzas personales y corporativos.

EL SEGUNDO PILAR DEL ESTADO PROXENETA, es la obligatoriedad de realizarse pruebas de detección de VIH e ITS que cada nueva administración pública desea imponer donde no está contemplada, colocarle un costo donde es gratuito o aumentar su valor. Por lo general dicho control sanitario, es recaudatorio y afecta la economía de las trabajadoras sexuales. Sin embargo, dicha obligación, no otorga derechos laborales. Una de sus modalidades es la imposición de contar con una historia clínica en los servicios de salud municipales, con independencia de la condición de salud o enfermedad que esté presente.

EL TERCER PILAR DEL ESTADO PROXENETA, es la obligación de las trabajadoras de tramitar una tarjeta de control sanitario, carnet o código, donde se acredite que están libres de VIH e ITS o portar un documento que certifique a quien lo porte que está libre de ITS o está atendiendo su salud, cuyo costo suele ser excesivamente alto. Sin embargo, dicha obligación, no otorga derechos laborales. Cabe indicar que la credencial de trabajo no asalariado y su licencia respectiva expedida por la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, rompe con el control del trabajo sexual que han tenido dependencias de salud y cuerpos policiacos, abriendo la posibilidad real con la Sentencia 112/2013 del Poder Judicial de la Federación (PJF) de que las trabajadoras sexuales formen sindicatos para que defiendan sus intereses de clases, enfrenten abusos y combatan la trata de personas y la explotación sexual en mejores condiciones.

EL CUARTO PILAR DEL ESTADO PROXENETA, es el empadronamiento de las trabajadoras sexuales, bajo diferentes sistemas de control sanitario del trabajo sexual, que las señala como vectores de diferentes enfermedades como la tuberculosis, el VIH/Sida e ITS. Es una práctica discriminatoria que expone a las trabajadoras al linchamiento público y que se acompaña de otros estigmas asociados a las trabajadoras sexuales, como son el considerarlas propensas a delinquir, a ser malas madres y mujeres fatales, robamaridos, que atentan contra la unidad de muchas familias. Sin embargo, dicha obligación, no otorga derechos laborales. En ese sentido, hay que hacer la diferencia entre el manejo de listados de trabajadoras no asalariadas por parte de las autoridades laborales con respecto a los padrones sanitarios, que se instituyen como prácticas estigmatizantes que humillan a quienes allí se encuentran mencionadas.

EL QUINTO PILAR DEL ESTADO PROXENETA, es la imposición de puntos y zonas de tolerancia como únicas unidades organizativas del comercio sexual autorizadas, para que se contenga el VIH/Sida e ITS y no se altere la moral y las buenas costumbres de una comunidad o ciudad, donde dicho sea de paso se explota a las mujeres trabajadoras sexuales como a las obreras en las maquilas, como a las trabajadoras del hogar en cada cedula familiar, como a enfermeras, como a personal de intendencia en un hospital, entre otros ejemplos. Sin embargo, dicha obligación, no otorga derechos laborales. De esta manera, se garantiza el monopolio del comercio sexual en pocas manos y la impunidad de los abusos que se cometan en dichos establecimientos mercantiles. Con las legislaciones anti-trata, se clausuran dichos lugares de trabajo despojándose de diferentes fuentes laborales a las trabajadoras sexuales, sometiéndolas a desplazamiento forzado y dejándoles como única opción trabajar en manos del crimen organizado que está refundado la prostitución forzada y explotación sexual adolescente, a lo largo y ancho de toda la república.

EL SEXTO PILAR DEL ESTADO PROXENETA, es obligar a las trabajadoras sexuales a participar en programas sociales para intentar reinsertarlas a otras opciones laborales. Hoy, estos programas de rehabilitación se presentan de manera diferente, como una opción frente a las clausuras de los establecimientos donde se laboraba, que bajo el pretexto del combate a la trata de personas, han cerrado sus puertas y dejado en manos del crimen organizado a muchas trabajadoras sexuales. Sin embargo, no son iniciativas donde se obtengan ingresos dignos para mantener a una familia y tampoco están a la disposición de la mayoría de mujeres que las procuradurías han dicho que han rescatado. Así mismo, dicha obligación, no otorga derechos laborales.

EL SÉPTIMO PILAR DEL ESTADO PROXENETA, es la legislación actual que sustenta las facultades de dicha institución colonial de invadir, colonizar y desechar cuerpos de trabajadoras sexuales para imponer el terror y así poder explotar, reprimir, despojar y despreciar a un grupo importante de trabajadoras sexuales. Están leyes estatales y reglamentos municipales de salud que establecen la obligatoriedad del control sanitario del VIH e ITS. Los códigos civiles y familiares que facultan al DIF para despojar a las trabajadoras sexuales de la patria potestad de sus hijos/as menores de 12 años de edad. Los reglamentos de policía y buen gobierno, que prohíben el ejercicio del trabajo sexual y castigan la violación de dicho precepto. Y desde el año 2012, está la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas”, la prohibión del table dance en varios estados de la república (Chiapas, estado de México, Coahuila, Guanajuato, municipio de Querétaro) que confunde trabajo sexual voluntario o table dance, con trata de personas y explotación sexual e impide el reconocimiento pleno de las obligaciones patronales de quienes hoy contratan en secreto y verbalmente a trabajadoras sexuales, que de darse, traería consigo implicaciones judiciales, detenciones, encarcelamiento y extinción de dominio de diferentes bienes e inmuebles, perpetuando la explotación laboral de las trabajadoras sexuales y convirtiéndose en la práctica en el verdadero lobby proxeneta, fortalecido por organizaciones, legislación y políticas públicas abolicionistas que constituyen a la industria del rescate que no puede existir sin su contraparte, la industria sexual.

— Violencia institucional hacia las trabajadoras sexuales en México:

Las más de 800,000 trabajadoras sexuales que laboran en México, han sido objeto de todo tipo de abuso en un lugar donde debería estar garantizada su dignidad para evitar que se incurra en trata de personas, explotación sexual y otros abusos.

Si bien es cierto que las trabajadoras sexuales son violentadas por algunos/as vecinos/as, periodistas, predicadores/as, empresarios/as y familiares, así como padrotes y madrotas, en esta ocasión nuestra reflexión se centrará en las diferentes expresiones de la violencia institucional contra las trabajadoras sexuales, sin dejar de abordar a otros actores sociales responsables de infringirles violencia.

—Violencia institucional:

La violencia institucional, es realizada por servidoras y servidores públicos pertenecientes a cualquier institución pública mexicana, que ha tenido como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos humanos previstos en diferentes ordenamientos jurídicos.

La violencia institucional incluye el ordenamiento judicial que discrimina a las trabajadoras sexuales, así como la implementación de diversos ordenamientos jurídicos.

Esta violencia Incluye leyes estatales y reglamentos municipales de salud que establecen la obligatoriedad del control sanitario del VIH e ITS que puede incluir o no un carácter recaudatorio que explota la prostitución ajena, entre otras normas jurídicas más:

  1. a) Los códigos civiles y familiares que facultan al DIF para despojar a las trabajadoras sexuales de la patria potestad de sus hijos/as menores de 12 años de edad. Los reglamentos de policía y buen gobierno, que prohíben el ejercicio del trabajo sexual y castigan la violación de dicho precepto.

Los códigos civiles de Baja California, Nuevo León y Puebla, contemplan como causal de perdida de patria potestad, que una mujer se dedique o ejerza la prostitución (En el caso de Puebla, que lo haga de forma pública).

En 24 entidades federales y en el Código Civil Federal, una de las causales de pérdida de patria potestad, es la tener costumbres perversas. En el Distrito Federal, es una causal, que no se tenga un modo honesto de vida o desamparo (para poblaciones callejeras). En Guerrero, es causal tener una conducta irresponsable. En Jalisco, las malas costumbres y no tener un modo de vivir decente. En Morelos, comprometer la moralidad de sus hijos. Sólo en Sinaloa, San Luis Potosí y Quintana Roo, no existen dichas causales de pérdida de patria potestad.

Las causas de pérdida de patria potestad señaladas en este párrafo, son utilizadas contra las trabajadoras sexuales y contra el interés superior de sus hijos de tener a su madre a su lado. También, en toda la república, el que una persona ejerza la prostitución, aunque el código civil no lo diga explícitamente, es causal de pérdida de patria potestad; porque a juicio de los jueces de lo familiar, atenta contra el desarrollo de la personalidad, compromete el adecuado desarrollo del menor o afecta el desarrollo psico social del menor.

El que una trabajadora sexual pierda la patria potestad de sus hijos por ganarse la vida con el ejercicio de la prostitución, ha sido utilizado por tratantes, padrotes, madrotas y otros proxenetas, para amenazarlas con quitarles a sus hijos y enviarlos al DIF (Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia), sino les entregan las cuotas de extorsión exigidas. En estos casos, el DIF en la práctica ha coadyuvado con la trata sexual. Esto es, la maternidad de las trabajadoras sexuales es utilizada, como un mecanismo de control en situaciones de trata sexual y el DIF es la institución gubernamental encargada de aplicar estos preceptos jurídicos.

 

  1. b) Desde el año 2012, está la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas”, que confunde trabajo sexual con trata de personas y que tipifica la trata de personas con la sola presencia de los fines de explotación (sexual), pasando por alto las conductas (amenazas, engaño) y hasta los medios (captar, transportar, acoger).

 

  1. c) La prohibición del table dance en varios estados de la república (Chiapas, estado de México, Coahuila, Guanajuato, municipio de Querétaro) que confunde trabajo sexual voluntario o table dance, con trata de personas y explotación sexual e impide el reconocimiento pleno de las obligaciones patronales de quienes hoy contratan en secreto y verbalmente a trabajadoras sexuales, que de darse, traería consigo implicaciones judiciales, detenciones, encarcelamiento y extinción de dominio de diferentes bienes e inmuebles, perpetuando la explotación laboral de las trabajadoras sexuales y convirtiéndose en la práctica en el verdadero lobby proxeneta, fortalecido por organizaciones, legislación y políticas públicas abolicionistas que constituyen a la industria del rescate que no puede existir sin su contraparte, la industria sexual.

 

  1. d) Las altas multas por ejercer el trabajo sexual donde lo prohíben Reglamentos de Policía y Buen Gobierno o instrumentos jurídicos similares, el alto costo de los documentos del control sanitario, la venta de condones gratuitos del sector salud, el cobro de pruebas rápidas de VIH y sífilis del sector salud también gratuitas, el pago de cuotas a inspectores de salud de los ayuntamientos o de las jurisdicciones sanitarias estatales “para evitarles ir a realizar dicho trámite obligatorio”, la extorsión por parte de personas que se sienten dueñas de la calle y les cobran derecho de piso, ante el silencio y la falta de justicia por parte de instituciones como la Fiscalía General de Justicia del estado de Chiapas, donde personal de dicha dependencia se ha negado a perseguir dicho delito en Tapachula por tratarse de trabajadoras sexuales, mujeres transgénero trabajadoras sexuales o trabajadoras sexuales migrantes.

 

  1. e) El uso de condones nuevos o usados como prueba indiciaria de la trata de personas, lenocinio e incluso delincuencia organizada, como ha ocurrido en la Ciudad de México, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala, Sinaloa y estado de México, entre otras entidades. Práctica ministerial promovida y popularizada por la fiscalía de trata de personas del Gobierno de la Ciudad de México.

 

  1. f) El retraso sistemático en la expedición de las licencias y credenciales de trabajadoras no asalariadas a trabajadoras/es sexuales cis y transgénero en la Ciudad de México por parte de la secretaría del trabajo del Gobierno de la Ciudad de México.

 

  1. g) La violencia contra el derecho de las trabajadoras sexuales a organizarse y dar la cara para defender sus intereses ciudadanos legítimos, con el pretexto de la lucha contra la trata que ha criminalizado a organizaciones defensoras de trabajadoras sexuales como la Cooperativa Por Mejores Condiciones de Trabajo y Salud, desmantelada en un operativo anti-trata en la calzada de Tlalpan en el año 2010, que se tradujo en los asesinatos y feminicidios de cuatro de sus integrantes.

 

La criminalización de las trabajadoras sexuales ha traído aparejada la detención y encarcelamiento de decenas de mujeres visibles en la Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, estado de México, Chiapas y Jalisco, por ejemplo.

Sobresalen las detenciones de Alejandra Gil Cuervo, presidenta de Aproase y vicepresidenta de la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, Network of Sex Work Projects NSWP, detenida, procesada y condenada en la Ciudad de México; así como el caso de la señora María Patricia Jara Carrillo detenida, procesada y condenada en Guadalajara, Jalisco.

  1. h) La violencia gineco-obstetra hacia las trabajadoras sexuales, es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo de las mujeres, en particular sobre los procesos de reproducción de la vida humana (embarazo, parto y puerperio,) que incluye la exigencia de presentar pruebas médicas de no gravidez para implementar la prohibición de laborar durante el embarazo y no el ejercicio de una prestación social como ocurre con las demás trabajadoras de otros oficios.

Así mismo, la violencia gineco-obstetra, también incluye el abordaje de la presencia de las infecciones de transmisión sexual como riesgos sanitarios, que se deben vigilar entre las trabajadoras sexuales sin respetar al carácter voluntario, confidencial y consentimiento informado que le rige en México, sin involucrar de igual forma a sus clientes, como sí ocurre con ellas.

Dicha violencia se expresa en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización, patologización de los procesos naturales, cobros excesivos de los servicios y documentación del control sanitario, acoso sexual, violación, humillación, difusión de la condición de salud – enfermedad de las mujeres, venta de condones y pruebas rápidas de VIH y sífilis del sector salud que son gratuitas, al igual que el cobro de cuotas ilegales para que las trabajadoras sexuales con algún padecimiento puedan laborar y evadir el sistema de control sanitario.

La violencia gineco–obstetra aplicada a las trabajadoras sexuales, concentra varios tipos y modalidades de violencia hacia las mujeres y es perpetrada por personal de instituciones públicas.

  1. i) La violencia o brutalidad policiaca, implica “el uso excesivo de fuerza física, asalto, ataques verbales y amenazas por policías y otras fuerzas del orden público” (Wikipedia).

Las trabajadoras sexuales son objeto de brutalidad policiaca todo el tiempo por falta de certeza y seguridad jurídica y padecen todo tipo de violencia por parte de elementos policiacos y ministeriales en toda la república mexicana sin excepción alguna.

Un ejemplo son las detenciones de trabajadoras sexuales en la Ciudad de México, por violación de las disposiciones de la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, así como las denunciadas por trabajadoras sexuales de otras ciudades como Tapachula, Chiapas, Ecatepec, estado de México y Chihuahua, entre otras más.

Otra modalidad de violencia policíaca es la deportación de mujeres migrantes que laboran en bares, cantinas, cabarets, cuarterías y hoteles de paso como meseras, bailarinas o trabajadoras sexuales, pese a tener hijos/as nacidos/as en México.

  1. j) La violencia militar como la padecida por trabajadoras sexuales el 11 de julio de 2006, cuando militares a cargo del resguardo de material electoral, violaron, golpearon y amenazaron con ejecutar a 13 trabajadoras sexuales de Castaños, Coahuila, situación que generó que la Red Mexicana de Trabajo Sexual, estableciera esa fecha como el Día Nacional de la Trabajadora Sexual.

Otro ejemplo es el sufrido por al menos dos trabajadoras sexuales en Tlatlaya, estado de México, que señalan que estaban secuestradas por narcotraficantes cuando el ejército mexicano implementó una masacre y a ellas las acusó de ser integrantes del crimen organizado. Las dos trabajadoras sexuales fueron encarceladas en el Penal Federal de “El Rincón”, Nayarit.

—Violencia laboral:

La violencia laboral, caracterizada por discriminarles en los ámbitos de trabajo públicos en este caso y obstaculizar su acceso a su empleo, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre su salud, maternidad, condición migratoria, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo.

También se considera violencia laboral contra las trabajadoras sexuales, cualquier tipo de hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora o grupo de ellas, con el fin de lograr su exclusión laboral, como ocurre en muchos lugares en México.

La violencia laboral es perpetrada en gran escala por servidores públicos y se fundamenta en reglamentos que contienen disposiciones discriminatorias e inconstitucionales; sin olvidar que algunos patrones están involucrados en esta modalidad.

Un ejemplo es detener a trabajadoras sexuales por violar las disposiciones de la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, que señala que es infractor cívico quien ofrece o solicita servicios sexuales; cuando ya se emitió la sentencia 112/2013 del Poder Judicial de la Federación que consideró inconstitucional dicha disposición.

También está incluida la explotación laboral a que son sometidas las trabajadoras sexuales que se ocupan para establecimientos mercantiles, ya que al amparo de la aplicación de la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas”, así como del delito de lenocinio por regentear, administrar o sostener un burdel, podría criminalizarse a los empresarios que reconocieran sus derechos laborales.

Dicha explotación laboral, es posible porque la prostitución, sexoservicio o trabajo sexual, tampoco está incluida con claridad en la Ley Federal del Trabajo vigente en México.

—Violencia reproductiva:

Violencia contra la libertad reproductiva, al negarles a las mujeres, la posibilidad de trabajar en el sexo si se encuentran embarazadas por disposiciones de reglamentos municipales y leyes estatales de salud. Dejar de trabajar es un derecho que se expresa con licencias con goce de sueldo, no una prohibición.

La violencia reproductiva, es una práctica discriminatoria que quienes la implementan la justifican señalando el bienestar del producto del embarazo, que queda a la merced del desempleo abierto de la trabajadora sexual embarazada expulsada de su centro de trabajo sin ningún tipo de ayuda económica o prestación social.

—Violencia psicológica:

La violencia psicológica, con la que se daña la estabilidad psicológica de las trabajadoras sexuales, que ha consistido en negligencia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a las trabajadoras sexuales a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.

Los operativos policíacos contra bares, cantinas, cabarets, cuarterías y hoteles, en el marco de una reforma constitucional en el estado de Chiapas, que en el año 2014 prohibió el baile erótico, lanzó a la vía pública a cientos de bailarinas y meseras que si no se dedicaban al trabajo sexual, debieron hacerlo obligadas por las circunstancias.

Dichos operativos provocaron el suicidio de una mujer hondureña que presionada por las deudas y por no poder enviar dinero a sus familiares, se vio obligada por estos actos de autoridad, a quitarse la vida.

Incitar al sentimiento de culpa entre las trabajadoras sexuales, es violencia psicológica perpetrada por predicadores, religiosas, servidores públicos y familiares, al hacerlas sentir culpable por lo que les ocurre, por haber adquirido una infección de transmisión sexual, por “transmitir” el VIH/Sida, por no tener una pareja estable, por “dejarse” explotar por sus clientes y patrones, por alterar la moral y buenas costumbres, por ser una mala imagen en la calle, por “aliarse” con rateros y carteristas, por ser “malas” madres, entre otras razones.

—Violencia física:

La violencia física, donde se ha usado la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que han provocado o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas. Los perpetradores son generalmente policías, algunos clientes, madrotas y patrones o encargados, así como delincuentes y vecinos.

La complicidad de las autoridades ministeriales de no pocas Fiscalías Generales de Justicia como la de Chiapas y Procuradurías Generales de Justicia como la de Jalisco, ante denuncias de violencia física de que son objeto trabajadoras sexuales, que no son atendidas con la debida diligencia.

Así mismo, el silencio cómplice de comisiones o procuradurías “autónomas” de derechos humanos que pasan por alto dichas omisiones de las autoridades ministeriales y que de totas formas no garantizan el derecho de no repetición.

—Violencia económica:

Violencia económica, como el cobro indebido de cuotas por tarjeta de control sanitario, que no corresponden a las establecidas legalmente, cobro de condones del sector salud y de pruebas rápidas de detección de VIH y sífilis que son de distribución gratuita.

Otros actores sociales que perpetran violencia económica son la policía, funcionarios de diferentes niveles de salud pública, el crimen organizado que somete a cobro de derecho de piso a las trabajadoras sexuales en muchas ciudades mexicanas, las y los tratantes y explotadores.

—Violencia sexual:

La violencia sexual, que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de las trabajadoras sexuales, a cambio de permitirles seguir laborando como ha ocurrido en la zona galáctica o de “constatar” que reúnen las condiciones de salud que el control sanitario exige en el municipio.

También es ejercida por algunos clientes que violan a las trabajadoras sexuales, por algunas de sus parejas sentimentales, por policías que al detenerlas las someten y las obligan a tener coitos con ellos, por algunos encargados de lugares donde ellas laboran, por vecinos y por miembros de la delincuencia organizada o no.

En muchas ocasiones, las autoridades respectivas se niegan a iniciar investigaciones penales por dicho delito, al considerar que como las trabajadoras sexuales se dedican a ofrecer servicios íntimos, están obligadas a “satisfacer” cualquier ocurrencia de sus clientes, no contemplada en el contrato verbal establecido entre ambas partes.

—Violencia simbólica:

“La violencia simbólica es esa coerción que se instituye por mediación de una adhesión que el dominado no puede evitar otorgar al dominante (y, por lo tanto, a la dominación) cuándo sólo dispone para pensarlo y pensarse o, mejor aún, para pensar su relación con él, de instrumentos de conocimiento que comparte con él y que, al no ser más que la forma incorporada de la estructura de la relación de dominación, hacen que ésta se presente como natural… (Piere Bourdieu)”.

La violencia simbólica hacia las trabajadoras sexuales se ejerce a través de diferentes estigmas.

El primero es considerar a las trabajadoras sexuales como responsables de la transmisión del VIH/Sida e infecciones de transmisión sexual, que deben ser vigiladas y castigadas con la expulsión de su centro laboral, si adquieren dichos padecimientos.

Ello justifica todo el andamiaje del control sanitario recaudatorio y la criminalización del VIH en códigos penales que consideran dicha conducta como delito.

Otro estigma, no menos violento es caracterizar a las trabajadoras sexuales como malas madres que no pueden garantizar el bienestar de sus hijos e hijas menores de 12 años y que produjo disposiciones en códigos civiles y familiares donde pierden la patria potestad.

También se les representa como “mujeres fatales” o malas mujeres, que rompen la unidad familiar de muchas familias y que atentan contra la moral y las buenas conductas, razón que da pie a las sanciones contenidas en reglamentos de policía y buen gobierno y Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.

No puede faltar el que se les considere propensas a delinquir o a ser cómplices del delito, motivo por el cual muchos clientes las acusan de manera infundada de robo y fueron encarceladas porque el ejercicio de su oficio “daba pie” a las autoridades a condenarlas previamente.

Otro estigma que está en boga, es considerarlas víctimas de la prostitución, equiparando trabajo sexual con trata de personas y considerarlas incapaces de haber tomada la decisión libre y soberana de ejercer el trabajo sexual.

Está de moda proponer la criminalización del cliente sexual y esto genera un choque de estigmas. Por un lado se busca establecer tipos penales que conviertan al cliente de las trabajadoras sexuales en delincuente o infractor administrativo para “castigar” a quienes “violan” y cometen otros abusos al contratar servicios sexuales, resaltando el carácter de víctima de las llamadas “mujeres en situación de prostitución”.

Sin embargo, la violencia simbólica se hace presente con otro estigma muy sutil, que convierte a las trabajadoras sexuales que no denuncien a sus clientes, en cómplices de trata de personas, aunque no se proceda penalmente contra ellas.

Al criminalizar al cliente de las trabajadoras sexuales, se les tacha a ellas de víctimas y se construye el andamiaje de cómplices del delito, nada más contradictorio y violento.

—Violencia feminicida:

Violencia feminicida, que ha ocurrido en diferentes años, sin garantía de no repetición, donde son privadas de la vida trabajadoras sexuales por diferentes actores sociales involucrados en la guerra contra el crimen organizado iniciada en el sexenio del presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa.

* Los feminicidios por violencia represiva, incluyen los asesinatos de trabajadoras sexuales que denuncian la violencia policíaca, quienes se organizan contra la represión de la policía o rechazan la extorsión de los cuerpos policíacos o la impunidad que éstos le suministran a explotadores y tratantes sexuales. Estos le han ocurrido a varias integrantes de cooperativas del DF de la Red Mexicana de Trabajo Sexual.

* Los feminicidios por explotación sexual, laboral, económica u obrero patronal, llevados a cabo por padrotes, enganchadores, encargados o dueños de los negocios donde se ofertan servicios sexuales. Crímenes típicos en la zona de la Merced, en el Distrito Federal.

* Los feminicidios por discriminación, debido a que la ocupación que desempeñan las trabajadoras sexuales es considerada impropia de mujeres de bien, y por tanto no merecen seguir viviendo y pueden ser asesinadas por cualquier hombre, como ha ocurrido en la Plaza del Sol en Zapopan, Jalisco.

* Los feminicidios por despojo, donde las trabajadoras sexuales son asesinadas por negarse a ser despojadas de su fuente laboral en la vía pública o en algún espacio cerrado, como ha sucedido en los proyectos de rescate de los centros históricos en todo el país. También están los casos de trabajadoras, previamente asaltadas y/o violadas por delincuentes, que sabían a qué se dedicaban y por ello las robaron y asesinaron.

 

* Ahora, los feminicidios por violencia criminal o conflicto armado, que padecemos en México en este momento, Brigada Callejera los cataloga de la siguiente manera:

 

  1. a) Feminicidios por efectos colaterales de la intervención policíaco–militar, de las trabajadoras sexuales que murieron en el cruce de disparos entre diferentes actores armados en conflicto, como los acaecidos, por ejemplo, en bares y centros nocturnos de Hidalgo, Durango, Tamaulipas y Nuevo León.

 

  1. b) Feminicidios por el control de la plaza donde se tiran granadas en centros nocturnos, se balacea a quienes se encuentren en ellos, se incendian los establecimientos económicos o se acalla a presuntas informantes de la autoridad o de grupos rivales, como los sobrevenidos en Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí y Quintana Roo.

 

  1. c) Feminicidios por violencia en el reclutamiento de trabajadoras sexuales como “panteras” del crimen organizado u orejas del régimen, en la incorporación forzada de trabajadoras sexuales, migrantes y mujeres en general, para ser marcadas con tatuajes y constreñidas a la esclavitud sexual, como ocurre con las mujeres migrantes en Oaxaca y Veracruz, que al negarse a ser prostituidas, no atender “satisfactoriamente” a los clientes o porque ya no constituyan un buen negocio, son asesinadas con extrema saña.

 

  1. d) Feminicidios por ejecuciones extrajudiciales de trabajadoras sexuales que han sido víctimas, testigos o se han solidarizado con quienes han sido objeto de violencia criminal, al señalar o acusar al crimen organizado, así como a tratantes y lenones, en particular como ocurrió en la calzada de Tlalpan, después del operativo del hotel Palacio en el año 2009.

 

  1. e) Feminicidios corporativos como los de Ciudad Juárez (Segato); con la diferencia que en Tlaxcala, Puebla y Oaxaca son las mafias históricas dedicadas al enganche, traslado y explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes, que han diversificado sus negocios y actualmente incluyen la venta de armas y el narcotráfico, como lo ha denunciado el “Centro de Derechos Humanos Fray Julián de Garcés” en varias de sus publicaciones.

 

—¿Qué hacer ante este panorama?

Qué podemos hacer, además de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este 25 de noviembre de 2018.

No quedarnos con las manos cruzadas. Organizarnos y movilizarnos contra la violencia hacia las trabajadoras sexuales y en general hacia las mujeres de todas las edades y condiciones sociales. Impulsar políticas públicas no discriminatorias ni recaudatorias. Promover reformas legales que reconozcan a las trabajadoras sexuales independientes como trabajadoras no asalariadas, como ocurrió con la reforma del Código Municipal del estado de Coahuila que incluyó al trabajo sexual.

En la Ciudad de México falta que el Congreso de la Ciudad de México, derogue de una vez por todas las disposiciones de la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica que señala que “Invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio. En todo caso solo procederá la presentación (sic) probable infractor cuando exista queja vecinal,”, por haber sido declarada inconstitucional por el Poder Judicial de la Federación.

Así mismo, hace falta que el congreso nacional promulgue una Ley federal de trabajo no salariado, que incluya al trabajo sexual y se base en el Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal, propuesta en su momento por el entonces secretario federal del trabajo, Porfirio Muñoz Ledo.

—Frente a las declaratorias de violencia de género:

Algunas medidas de protección de trabajadoras sexuales y de otras trabajadoras de bares, cantinas, hoteles, cabarets y zonas de tolerancia.

1.-) Reconocer dónde se ubican las trabajadoras sexuales, así como los bares, cantinas, hoteles y cabarets donde se pueda realizar el comercio sexual.

2.-) Documentar casos de violencia hacia trabajadoras sexuales en los lugares donde se ha decretado la alerta de género, entre ellos los denunciados por las mismas mujeres, tales como extorsión policíaca, las detenciones arbitrarias desencadenadas por no pagar dichas cuotas, agresiones de clientes, conflictos entre las mismas mujeres, ataques de proxenetas, entre otras más.

3.-) Que las patrullas rosas entren en contacto con las trabajadoras sexuales, cualquiera que sea su orientación sexual, su sexo biológico, su identidad y expresión de género, para escuchar en primera voz cuáles son las necesidades que tienen para salvaguardar su integridad de ataques de vecinos, clientes, parejas, policías, transeúntes y otras autoridades.

4.-) Realizar mesas de trabajo tendientes a garantizar la seguridad de las trabajadoras sexuales, con organizaciones que protegen sus derechos, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de Derechos Humanos, servidores públicos que tengan que ver con el tema.

5.-) Difundir la cartilla de derechos humanos de trabajadoras sexuales de la Comisión Nacional de los derechos Humanos.

6.-) Proponer algunas medidas de protección tales como instalar botones de pánico en los lugares donde hay puntos de encuentro de trabajadoras sexuales en la vía pública, así como alarmas silenciosas de la policía en bares, cantinas, cabarets y cuartos de hotel donde ellas se ocupan con sus clientes.

7.-) Fomentar que mujeres policías impartan talleres de defensa personal a trabajadoras sexuales.

8.-) Indagar qué trabajadoras sexuales han sido víctimas de agresiones cuando están con sus clientes para saber qué medidas deben tomar en cada habitación, como la instalación de espejos, la ubicación de la parte superior de su cuerpo para poder escapar de un ataque.

9.-) Como la mejor medida de protección es la que se puede ofrecer en grupo, indicarles que no es ilegal que puedan coordinarse entre compañeras para guardarse seguridad unas a otras.

10.-) Involucrar, a través de acuerdos bilaterales a dueños, encargados y personal de los negocios donde puede haber trabajo sexual en el monitoreo permanente de las habitaciones donde las trabajadoras sexuales se ocupan para inhibir agresiones.

11.-) Donde hay control sanitario obligatorio, garantizar la gratuidad de todos sus servicios, trámites y documentos para que ese sistema no se convierta en un mecanismo de explotación sexual de las trabajadoras sexuales, meseras, bailarinas, afanadoras y otras trabajadoras de bares, cantinas, cabarets y hoteles.

12.-) Donde el código civil o familiar quita la patria potestad de las mujeres por ejercer la prostitución, indicarles que hay una sentencia de un juicio de amparo que considera que dicha determinación es discriminatoria.

13.-) Comprometer a la policía municipal o a la estatal donde haya muchas quejas de abusos contra la primera, de realizar rondines que no atemoricen a los clientes ni a las trabajadoras sexuales para salvaguardar su integridad. Esto incluye que las interesadas puedan contar con los números de celular de los elementos encargados de cada zona.

14.-) Que las autoridades respectivas, garanticen luminarias y transporte rosa para las trabajadoras sexuales en los lugares donde ellas laboran.

15.-) Que se cuenten con espacios físicos para dar cobijo a trabajadoras sexuales, meseras, bailarinas y otras trabajadoras de bares, cantinas, cabarets y hoteles, donde puedan estar seguras, sin que el hecho de estar bajo el influjo de drogas o alcohol, sea un impedimento como ha ocurrido en repetidas ocasiones en Tapachula, Chiapas.

16.-) Garantizar que quienes deseen regresar a sus lugares de origen puedan hacerlo.

17.-) Acompañar a mujeres extranjeras para que sea regularizada su situación migratoria.

18.-) Garantizar que mujeres que forman parte de poblaciones callejeras, cuenten con espacios seguros dónde pasar la noche.

19.-) Facilitar el acceso a guarderías y estancias infantiles, a hijos e hijas de trabajadoras sexuales.

20.-) Invitar a trabajadoras sexuales a instituciones donde puedan aprender a leer y escribir, terminar su primaria y secundaria y estudiar alguna carrera técnica de forma gratuita, cuando ellas lo deseen.

21.-) Promover que las trabajadoras sexuales tengan acceso a programas sociales sin discriminación.

22.-) Asegurar la aplicación de la justicia y el castigo a los responsables en casos de feminicidio, violación y otras agresiones.

23.-) Garantizar que en el caso de violaciones, las trabajadoras sexuales tengan acceso a la anticoncepción de emergencia y a medicamento antirretroviral contra el VIH, Sida para prevenir dicha infección.

24.-) Asegurarse que una trabajadora sexual que haya adquirido el VIH, reciba tratamiento antirretroviral para que llegue a ser INDETECTABLE en carga viral y ya no transmita el VIH.

25.-) Comprometerse a no utilizar los condones como prueba indiciaria para fincar delitos como trata de personas, delincuencia organizada o lenocinio; porque al hacerlo se ejerce violencia institucional a trabajadoras sexuales, al atentar contra su derecho a la salud.

—La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C., produjo un cómic sobre este tema en el año 2004, que todavía tiene vigencia en este tema y se titula “Violencia hacia las trabajadoras sexuales”.

La liga de este cómic es la siguiente:

 

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Prostitución es libertad sexual

 

Es fácil llegar a olvidar que prostitución es sexo consensuado entre adultos cuando en medios de comunicación y en redes sociales somos bombardeados a diario por los mensajes de “prostitucíón es esclavitud”, “prostitución es violación”, “prostitución es violencia de género”… Sí, “violencia de género”, ha decidido el Congreso que sea la prostitución al incluirla (1) en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Pero, por mucho que lo repitan, por mucho que demonicen a quien les contradiga, por mucho que la Ministra Carmen Calvo subvencione con fondos del PEVG campañas publicitarias (2) dirigidas a los clientes de la prostitución que digan textualmente que “quien paga manda”, la verdad, la verdad incuestionable, es que prostitución es libertad sexual.

Véase lo que dice (3) el Tribunal Supremo en un caso en el que se puso en duda que una prostituta pudiera ser violada:

«la imposición violenta del acto carnal a una persona que ejerce la prostitución constituye el delito de violación […] ya que la persona afectada, con independencia del modo que vive su sexualidad, conserva la autonomía de su voluntad en orden a disponer libremente de su cuerpo y de la sexualidad que le es propia […] a pesar de que haya existido un acuerdo previo para mantener relaciones sexuales, es indudable que la víctima mantiene el derecho a poner límites a sus prestaciones (o a negarlas, en atención al comportamiento de la otra parte) dado que –resulta redundante decirlo- en el acuerdo no enajena su condición de persona y, por ello, el autor no puede tratarla como un objeto».

Y añade:

“Doctrina que constituye una ineludible consecuencia de la definición del bien jurídico protegido como libertad sexual, es decir una parcela básica de la libertad individual, lo que impone tutelar la autodeterminación sexual de todos los individuos en cada momento, sin que resulte aceptable, a efectos de tutela penal, transformar esta libertad en un valor meramente patrimonial, aun cuando el sujeto previamente, en uso de su libertad, haya comerciado con su sexualidad.”

Este derecho a prostituirnos que tenemos las mujeres como expresión de nuestra libertad sexual debe poner en cuestión todas las limitaciones legales al libre ejercicio del trabajo sexual que encontramos en España. En particular, y como consecuencia de la adhesión del Estado español al modelo abolicionista —que reconoce el derecho de las mujeres a prostituirnos pero establece una política de “tierra quemada” alrededor de la prostituta, penalizando a todo aquél que le ayude en su trabajo— se encuentra penalizado el “proxenetismo” aún con consentimiento de la prostituta (4).

La cuestión legal está planteada: ¿cómo puede ser un delito ayudar a alguien a hacer uso de su libertad?

Esta cuestión, que es en última instancia el único fundamento legal de la negativa a reconocer derechos laborales a las trabajadoras sexuales, incluído el de sindicación, ha sido planteada en Italia.  El Tribunal de Apelación de Bari dudó de que la sanción penal fuera constitucionalmente legal para quienes realizan “el reclutamiento y la ayuda de la prostitución ejercida voluntariamente y con conocimiento” y presentó una consulta ante el Tribunal Constitucional.

La sentencia (5) del Tribunal Constitucional italiano no ha podido ser más decepcionante y contraria al sentido común. A la vez que reconoce, como no puede dejar de reconocer, que la prostituta hace ejercicio de su derecho constitucional a la libertad sexual, establece que

… la identificación de los hechos punibles, así como la determinación del castigo para cada uno de ellos, constituye una materia encomendada a la discreción del legislador … que durante mucho tiempo, ha identificado el objeto de la tutela —de acuerdo con el enfoque original del código penal— en las buenas costumbres y la moralidad pública (por lo tanto, en un interés “metaindividual” y no disponible) 

 Es decir, el Tribunal Constitucional italiano pone como límite al ejercicio de la libertad individual “las buenas costumbres y la moralidad pública”. ¡El Tribunal Constitucional de un Estado que se proclama laico!

Las respuestas a esta sentencia han sido contrapuestas, como no podía ser de otra manera, viniendo del sector laico o del sector clerical.

Desde el sector laico, el abogado Massimo Clara publica un artículo (6) en cuyo título hace referencia al “moralismo de Estado” en el que acusa al Tribunal Constitucional de que “para salvar la constitucionalidad del delito, uno debe negar el hecho, que incluso el Juez del juicio penal había establecido.”

“¿Es inmoral la prostitución? Puede ser ¿Es el cliente un ser miserable? Puede ser”

dice, pero añade:

Estas evaluaciones son, sin embargo, el resultado de una moralidad subjetiva respetable, pero que un Estado laico no puede hacer suya, porque no está permitido argumentar de acuerdo con el criterio según el cual el ejercicio de la libertad para ser tal debe ajustarse a la ética, precisamente debido al grado de subjetivismo propio de este enfoque.

La libertad también se puede ejercer de una manera “deshonesta”. Si no hay violencia, si no hay daño injusto, la “deshonestidad” es un hecho privado, moralmente importante para el individuo, pero que no tiene derecho a ser una fuente de leyes y de imposiciones.

Desde el sector confesional, infovaticana.com publica un artículo (7) en el que demuestra que ha comprendido muy bien que el Tribunal Consitucional ha realizado un juicio moral, cosa que no critica, y razona que, por esa misma razón, debería ser penalizado el aborto.

Dice:

En resumen, para la Corte Constitucional parecerían existir comportamientos humanos que son intrínsecamente malos, (…) según el objetivo perseguido, independientemente de las intenciones de quien actúa y de las circunstancias. 

Y sigue:

En otras palabras son acciones que, consideradas en función del objetivo, están siempre irreductiblemente en oposición al orden moral natural y no les cabe auténtica libertad, ningún verdadero derecho, en el elegir lo que es objetivamente un mal. Pero si el raciocinio es correcto no se comprende el motivo por el cual se aplica únicamente a algunos comportamientos humanos y no a otros, como por ejemplo el aborto. Es bien sabido de hecho cómo la odiosa práctica del aborto voluntario, además de causar la muerte violenta de un inocente, a menudo está cargada también de consecuencias psico-físicas muy serias para la mujer, al punto que el Síndrome Post Aborto (SPA) afecta a un altísimo porcentaje de quienes han abortado.

Y añade, con lógica aplastante:

Pero también, aunque la decisión de abortar fuera tomada sin coacciones y exenta de condicionamientos psicológicos o de otro género, ¿sería verdaderamente libre? Sin duda no, precisamente porque no existe un auténtico ejercicio de la libertad en el elegir aquello que degrada y envilece a la persona, tal como está afirmado en la sentencia de la Corte Constitucional en lo que respecta a la prostitución.

Pero infovaticana.com tiene una explicación de por qué el Tribunal Constitucional italiano usa dos varas morales de medir: una para la prostitución y otra para el aborto:

Parece evidente, no obstante, que dicho pronunciamiento no pretende afirmar la existencia de esa ley natural a la cual el derecho debe necesariamente conformarse, sino que es el fruto de una mentalidad feminista que tiende cada vez más a afirmarse también en el ámbito jurisprudencial.

No se le ha pasado por alto al sector confesional: la Iglesia ha perdido terreno en el ámbito jurisprudencial, el mismo terreno que ha ganado la “mentalidad feminista”. ¿La “mentalidad feminista”, pregunto yo, o el lobby feminista radical constituído como nueva Iglesia, con sus dogmas y sus normas morales, dispuesto al asalto del Estado laico para usar la violencia represiva de éste contra quienes traten de defender su libertad?

La libertad no es parcelable. Una libertad limitada injustamente no es libertad. La libertad de prostituirnos las mujeres no es desgajable de la libertad sexual de todas las mujeres, y ésta no es desgajable de la libertad individual de todos los seres humanos, de su dignidad personal, de sus derechos humanos.

El abolicionismo no respeta los derechos humanos. El abolicionismo no puede tener amparo constitucional. El abolicionismo —hoy degenerado en neoprohibicionismo— es enemigo de la humanidad, como lo han sido siempre todos los totalitarismos.

 


1.- Medida 465: “Desincentivar la demanda de prostitución mediante campañas de concienciación y talleres de sensibilización dirigidos a los jóvenes.” http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/pactoEstado/docs/Documento_Refundido_PEVG_2.pdf

2.- https://www.diariodeburgos.es/noticia/Z2665E382-A79E-243E-726B499692B38A94/201905/No-es-diversion-es-tortura

3.- Véase el Fundamento Jurídico 10 de la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2002

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=3149611&links=&optimize=20030912&publicinterface=true

4.- “Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma”. Art. 187 del Código Penal

https://www.iberley.es/legislacion/codigo-penal-ley-organica-10-1995-23-nov-1948765/17#ancla_89012

5.- Corte costituzionale. Sentenza 7 giugno 2019, n. 141

HTTPS://WWW.EIUS.IT/GIURISPRUDENZA/2019/341

6.- “La prostitución, la consulta y el moralismo de Estado” https://elestantedelaciti.wordpress.com/2019/07/03/la-prostitucion-la-consulta-y-el-moralismo-de-estado/

7.- “Según el Tribunal Constitucional italiano la prostitución es inmoral ¿y el aborto?”

Según el Tribunal Constitucional italiano la prostitución es inmoral ¿y el aborto?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prostitución, la consulta y el moralismo de Estado

 

 

Por Massimo Clara.

3 de julio de 2019

https://www.associazionelucacoscioni.it/notizie/blog/prostituzione-consulta-moralismo-stato/

 

Lo siento: pero con la sentencia 141/2019, el Tribunal Constitucional muestra síntomas de esa respetabilidad institucional, que en muchas otras decisiones había cancelado.

El hecho es simple. El Tribunal de Apelación de Bari duda que la sanción penal sea constitucionalmente legal para quienes realizan “el reclutamiento y la ayuda de la prostitución ejercida voluntariamente y con conocimiento”.

La Corte responde que sí, explicando que, en este caso, no está en juego el ejercicio de un derecho inviolable, dado que “los derechos de libertad están reconocidos … por la Constitución en relación con la tutela y el desarrollo del valor de la persona y tales valores se refieren no al individuo aislado, sino a una persona con derechos y deberes y, como tal, incluída en las relaciones sociales “.

Por lo tanto, parece correcto no castigar al sujeto que se prostituye, sino golpear a todos los que reclutan, colaboran, favorecen. Esto se debe a que “se cree fundamentalmente … que la elección de ejercer la prostitución normalmente encuentra su matriz en una condición de vulnerabilidad, vinculada a causas individuales y sociales (como la destrucción de la vida familiar, la educación insuficiente, la necesidad) “.

Para no dejar dudas en el aire:

“…… De hecho, es irrefutable que, incluso en el momento histórico actual, incluso cuando no estamos en presencia de formas reales de prostitución forzada, la elección de “vender sexo” encuentra su raíz, en la gran mayoría de los casos, en factores que condicionan y limitan la libertad de autodeterminación del individuo, reduciendo, a veces drásticamente, el rango de sus opciones existenciales … es necesario considerar que, en este caso, la línea divisoria entre decisiones auténticamente libres y decisiones que no lo son se presenta fluida ya en el plano teórico — por lo tanto, no se puede traducir fácilmente en un nivel regulatorio a fórmulas abstractas— y, en forma correlativa, de verificación problemática a nivel de procedimiento, a través de una evaluación ex post confiada a la jurisdicción penal …. respecto, entonces, al propósito concurrente de proteger la dignidad humana, es indiscutible que, en el marco de la disposición del art. 41, segundo párrafo de la Constitución, el concepto de “dignidad” debe entenderse en un sentido objetivo…. el hecho mismo de que el legislador, de acuerdo con el postulado del modelo abolicionista, identifique en la persona que se prostituye el ‘sujeto débil’ de la relación también explica la opción de no intervenir penalmente contra este último … “.

Así argumentando, la conclusión se construye a sí misma:

… la identificación de los hechos punibles, así como la determinación del castigo para cada uno de ellos, constituye una materia encomendada a la discreción del legislador … durante mucho tiempo, ha identificado el objeto de la tutela —de acuerdo con el enfoque original del código penal— en las buenas costumbres y la moralidad pública (por lo tanto, en un interés “metaindividual” y no disponible) …… la ley en cuestión apuntaría, en realidad, principalmente a salvaguardar la dignidad y la libertad de determinación de la persona que se prostituye … … la tutela se centraría solo en la dignidad de la persona explicada a través del desarrollo de la actividad sexual, que no podría ser materia de contratación.

Por lo tanto, dice el Tribunal, se hace, se hace libremente, pero en las esquinas, un poco escondido … Según un adagio antiguo pero actual, se hace pero no se dice.

Despejemos el campo de lo obvio: la trata de mujeres existe, está generalizada, es un delito grave, no se discute; pero aquí hablamos de otras cosas.

El largo, culto y extenso argumento de la Consulta trata de evitar el hecho concreto, que en cambio está ahí, y permanece allí. Habrá pocas, pequeñas minorías (aquí no se muestran las estadísticas), pero algunas mujeres que han elegido libre y conscientemente practicar la prostitución están allí.

El Tribunal de Apelación de Bari las encontró, en su juicio, y precisamente porque las encontró, solo podía plantear la consulta: ¿quienes ayudan a las que operan libre o legalmente, cómo pueden cometer un delito? ¿Cuál es el bien jurídico protegido?

Y luego, para salvar la constitucionalidad del delito, uno debe negar el hecho, que incluso el Juez del juicio penal había establecido.

¿Es inmoral la prostitución? Puede ser ¿Es el cliente un ser miserable? Puede ser

Estas evaluaciones son, sin embargo, el resultado de una moralidad subjetiva respetable, pero que un Estado laico no puede hacer suya, porque no está permitido argumentar de acuerdo con el criterio según el cual el ejercicio de la libertad para ser tal debe ajustarse a la ética, precisamente debido al grado de subjetivismo propio de este enfoque.

La libertad también se puede ejercer de una manera “deshonesta”. Si no hay violencia, si no hay daño injusto, la “deshonestidad” es un hecho privado, moralmente importante para el individuo, pero que no tiene derecho a ser una fuente de leyes y de imposiciones.

“La ley debe detenerse en la puerta de la dormitorio”, escribió un gran jurista estadounidense. Aquí el tema es un poco diferente, pero la lección sigue siendo válida.

 

 

Massimo Clara

Abogado civil, activista de derechos civiles. Coautor de La cicogna e il codice.

Miembro de los colegios defensivos ante el Tribunal Constitucional que obtuvo las declaraciones de ilegitimidad constitucional del límite de los tres embriones y de la prohibición heteróloga relacionada con la fertilización asistida, y que ha apoyado la necesidad del matrimonio para parejas del mismo sexo.

Miembro del comité de defensa que obtuvo del Consejo de Estado la declaración de ilegitimidad del consejo regional de Lombardía Formigoni por incumplimiento de las cuotas de género.

La Policía Local de Palma montó una unidad para dirigir a las prostitutas de Playa y Arenal

 

La mafia policial mallorquina destapada con el caso Cursach puso en marcha un servicio de espionaje llamado SIAP que se dedicó a controlar el negocio de la trata y prostitución en la Playa de Palma y S’Arenal, elaborando una base de datos de las prostitutas y los sicarios rumanos que les hacían de proxenetas, con el fin de disponer de la información necesaria para los fines de la organización criminal que se enriquecía con los puticlubs, la explotación de mujeres inmigrantes y el narcotráfico.

 

La entrada del American Table Dance Show Bar en S’Arenal (Playa de Palma).

 

CARLOS ENRIQUE BAYO

23 de junio de 2019

@tableroglobal

https://www.publico.es/politica/exclusiva-cloacas-baleares-policia-local-palma-monto-unidad-dirigir-prostitutas-playa-arenal.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=web

 

Era una policía secreta muy modesta: sólo siete integrantes. Pero su labor de espionaje está en el centro de la mayor trama de corrupción política y policial que haya padecido Baleares, al servicio de las redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de la mafia del “rey de la noche” de Palma, que extorsionaba y destruía a sus rivales empresariales con una banda criminal uniformada y armada.

Se denominó SIAP (Servicio de Información y Análisis Policial) y fue creada en el seno de la Policía Local de Palma a principios de 2012, bajo el gobierno local del PP que entonces dirigía José María Rodríguez. Tal como constataron los investigadores del caso Cursach, la creación de dicha unidad no respondía a otro interés más que el de disponer, de forma subrepticia, de un servicio de espionaje controlado por responsables policiales y políticos, que constituía un verdadero “comando informativo” y a cuyos componentes elegían por libre designación. Así obtenían “información sensible, sin control alguno, que posteriormente se podría utilizar a su conveniencia”, según el informe de la UDEF sobre el análisis de toda la documentación examinada a lo largo de la dilatada instrucción policial.

Público ha recopilado numerosísimos testimonios, documentos y otras pruebas materiales que demuestran que ese SIAP –integrado por siete personas dóciles a la cúpula de esa trama mafiosa y dirigido por el comisario Rafael Estarellas– no sólo se dedicó a espiar a políticos siguiendo instrucciones del entonces presidente del PP, sino que participó activamente en la trata de mujeres inmigrantes con fines de explotación sexual. Al fin y al cabo, la cúpula del Partido Popular celebraba reuniones con barra libre de sexo y drogas en los puticlubs donde mandos de la Policía Local de Palma había establecido sus verdaderas dependencias oficiales.

Los miembros de esa “policía local secreta” tenían la única virtud de ser de la plena de confianza de Estarellas, ya que carecían por completo de conocimientos jurídicos o técnicos, “más allá de los recibidos a través de formación que ellos mismos se impartían” –escribieron los investigadores de la trama–, en cursos financiados por el erario público y coordinados por un hombre que ni siquiera había cursado el bachillerato: Jaime Garau Calero.

Con sólo el graduado escolar, Garau era el encargado incluso de escoger al profesorado de esos cursos, en los que se dilapidaron decenas de miles de euros como cortina de humo para tapar que los designados a dedo para esa unidad de inteligencia carecían de toda cualificación. También era el coordinador del sector de Administración Local del sindicato CSIF Illes Balears, y se dedicó a alistar en las listas sindicales a policías locales que fueron después imputados en la trama mafiosa de Cursach, tal como expone el macro-informe de 725 páginas del Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios, al que ha tenido acceso este diario:

Fragmento del macro-informe de la Policía Judicial sobre las actividades de los policías escogidos por Garau para integrar las listas sindicales del CSIF.

 

En la lista de nombres que el sindicato CSIF presentó en las elecciones sindicales de 2014, cuando la investigación judicial sobre la trama policial ya estaba en marcha, la mayoría de ellos figuran como imputados. Además de Jaime G.[Garau], que encabezaba la lista, se presentaron Carlos V. O Antonio G. El primero fue detenido por el caso de los Ángeles del Infierno y su compañero en la lista sindical fue condenado por la agresión a un detenido en el cuartel de Sant Ferran. Este último policía renunció a su plaza en Palma y fue contratado como agente por el Ayuntamiento de Pollença, un auténtico escándalo político en el municipio. Otros de los policías que se sumaron a esta lista electoral fueron detenidos, y continúan imputados por disfrutar de sexo gratis en locales de alterne, exigir dinero a empresarios o robar droga, para posteriormente consumirla, a los camellos que la vendían. Al policía que encabezaba está lista, Jaime Garau, también se le está investigando por un presunto trato de favor en el Ayuntamiento de Palma, ya que se le aceptó la baja médica que presentó un mes después de su ingreso en prisión y por tanto fuera de plazo, cuando a un compañero se la habían rechazado a pesar de que la había presentado solo tres días después de su imputación. Los investigadores van a solicitar los presupuestos de estos cursos, el dinero que se ha recibido, los nombres de cada profesor y la materia que se impartía, así como los certificados de celebración y asistencia de cada alumno“.

Con semejante currículum, Garau fue designado a un cargo de responsabilidad en el servicio de inteligencia SIAP –con un elevadísimo complemento económico de su salario pese a no saber ni informática básica– donde sus propios compañeros se sorprendieron de no verle en todo un año más que en una decena de ocasiones sentado en su mesa Al mismo tiempo cobraba miles de euros en supuestas horas extra, como se puede ver en los diversos testimonios judiciales a los que ha tenido acceso Público:

Un xenófobo sin estudios espiando a los inmigrantes

Fragmento de la declaración judicial de Francisca García Castro sobre las actividades de Garau en el SIAP.

Preguntado que hacia J. Garau en el SIAP y manifiesta que desconoce exactamente lo que hacía porque la declarante se preocupaba por lo que ella hacia. Que lo que controlaba él eran trabajos compartidos y era el control de ciudadanos de etnia rumana presuntos descuideros en la zona de la Playa de Palma especialmente, eso es lo que sabe lo qué hacia el Sr. Garau“.

Hecho que resulta aún más llamativo porque, en su testimonio ante el juez, Estarellas –el jefe del SIAP y por tanto el superior jerárquico que le había encomendado esa tarea de controlar inmigrantes– afirma que Garau es “una persona xenófoba”, tal como ha podido comprobar este diario:

No va a trabajar, cobra 9.000€ en horas extras y da miedo

Fragmento de la declaración judicial de Rafael Estarellas sobre el carácter xenófobo de Jaime Garau.

Preguntado qué apoyo tiene Jaime Garau Calero, a que se dedica porque se le tiene tanto miedo si en principio no tiene ningunas facultades de dirección sancionadoras, etc., que es una persona xenófoba, manifiesta que efectivamente sabe que sus pensamientos son de una persona xenófoba, que tiene contactos políticos, que hace horas extraordinarias“.

Es posible que un agente haciendo horas extraordinarias llega a cobrar 9.000 euros, manifiesta que sí, si cobrase atrasos de todo un año, ya que pagan tarde. Que la hora extra se págaba a 50 euros festivos y en un día laboral a 30 euros“.

Es decir, en esa policía secreta se coloca a un personaje racista, sin preparación ninguna, al que todos temen por sus contactos políticos –en aquel momento, el dirigente del PP Álvaro Gijón es teniente de alcalde al cargo de Seguridad Ciudadana–, que cobra cantidades astronómicas en horas extra sin control ninguno y que se dedica a fichar a presuntos delincuentes de origen rumano. ¿Por qué? La respuesta es evidente, si se estudian estas dos siguientes declaraciones ante el juez, una de ellas de él mismo:

Una base de datos de todas las prostitutas de El Arenal

Fragmento de la declaración de Jaime Garau ante el juez en la que reconoce que elaboró una base de datos de las prostitutas de la Playa de Palma.

 Una de las funciones que realizó GARAU el tiempo que estuvo:
Que recuerda haber hecho una base de datos de todas las prostitutas que había en el arenal“.
Preguntado en que cometido está el trabajo del SIAP que acaba de decir y manifiesta que era porque habían sido denunciadas por el GAP“.

El GAP era el Grupo de Actuación Preventiva, otra unidad creada junto al SIAP por el gobierno municipal del PP y que acabó convirtiéndose en el brazo ejecutor de todas esas actividades mafiosas, como ha podido confirmar Público de numerosos testimonios, documentos y otras pruebas materiales. Y el nexo que vincula a las prostitutas con los “descuideros” rumanos está en esta otra declaración judicial:


Fragmento de la declaración judicial de Francisco Ruiz Casado sobre una actuación del GAP en el prostíbulo Table Dance.

 Que una noche iban uniformados de servicio el GAP 2, fueron al Table Dance
a recoger fotocopias de la documentación de todas las que trabajaban allí porque
decía que se lo había encargado el Comisario Estarellas. Montesinos dijo al declarante “vamos a Table Dance a recoger las copias de la filiación de las prostitutas del Table Dance”, que me lo ha pedido Rafa Estarellas. Se trataba de documentación de filiación de las prostitutas, NIES 
[Número de Identificación de Extranjeros], era documentación de unas 25 personas. No le dijo para qué querían esa documentación. Al llegar allí le dieron los documentos el que estaba en la puerta, no sabe cómo se llama esa persona. Que con esa documentación no sabe si hizo alguna diligencia formal, no se hizo constar por escrito. Que los servicios que se realizan se documentan, este servicio de recoger esas no se documentó, no sabe porqué. Se le pregunta para qué se recogían esos documentos y contesta que querían hacer una base de datos de los carteristas rumanos, se lo encargaron Daniel [Montesinos] y Carlos [Vallecillo] a Santi Adrover.

Prostitutas que eran “novias de rumanos carteristas”

Que esa noche había unas 12 mujeres trabajando de prostitutas“… “Que nos verificaron la correspondencia documentos de identidad-mujeres que estaban en el lugar” … “Que no era habitual que fuesen a clubes de alterne. Que algunas mujeres 3 o 4 que trabajaban en el Table Dance eran novias de rumanos carteristas“.

Vaya, ahora resulta que los chulos de las prostitutas inmigrantes, víctimas de la trata, son sus “novios”. En este caso, se refieren al American Table Dance, propiedad de los hermanos Pascual Bibiloni, uno de los cuales (Miguel) fue detenido en febrero de 2015 en el marco de las investigaciones sobre la trama de corrupción de la Policía Local de Palma.

En cualquier caso, las tareas de información, identificación y control de toda una red de prostitución desborda notoriamente las atribuciones y competencias de una Policía Local, razón por la que lógicamente no se hacían constar por escrito ni se documentaban tales actuaciones.

Pero, además, el motivo por el que Montesinos requería toda la documentación de las inmigrantes prostituidas era que él mismo se encargaba de arreglarles los papeles e incluso contratarles seguros –por los que luego les cobraba cada mes– a través de la correduría de seguros que heredó de su padre. Un negocio con el que incurría en incompatibilidad con sus funciones de agente policial, tal como reconoció el propio Estarellas en un momento de su declaración, excusándose así: “Politicamente se minimizó la importancia de la incompatibilidad y el declarante es un soldado e hizo lo que le dijeron”. Implicaba así directamente en toda esa maniobra a la dirección del PP.

En definitiva, el inspector que redacta el informe del análisis policial resume bien claramente la situación:

Fragmento de las conclusiones del Grupo de Blanqueo sobre el SIAP y su relación con la prostitución en Palma.

En definitiva, la estancia de Jaime GARAU en el SIAP no conduce a otro razonamiento que el de ser el autor de las investigaciones del hijo de Marga GAYA, como afirma en su declaración; de todo lo relacionado con la prostitución y los rumanos, con la finalidad de disponer de la información necesaria la “organización criminal”, para cometer sus fines, todo ello con el consentimiento del máximo responsable Rafael ESTARELLAS“.

Un testigo protegido así lo confirma, declarando que, en lo alto de la cúspide, está RODRIGUEZ, y que éste se encargaba junto a otros de crear un sistema que permitiera disponer de cuanta Información fuese necesaria“.

Un sistema en el que participaban más policías locales del GAP, que fueron investigados por acciones violentas relacionadas con el control de la red de trata de mujeres, como el caso –narrado por las propias víctimas– en que arrojaron a una prostituta dentro de un contenedor de basura, por el que fue imputado el agente Carlos Vallecillo, quien tenía vínculos con los Ángeles del Infierno. Al final acabó también imputado el propietario de prostíbulos Miguel Pascual Bibiloni.

Y es que algunos de los agentes, como Rafael Puigros, admitieron en sus declaraciones judiciales que cuando terminaban su jornada laboral como policías pasaban a trabajar como vigilantes de los burdeles. En resumen, una Policía Local al servicio de las redes de prostitución.

Espionaje contra otros políticos con policías y detectives

La mención a Marga Gayá, cargo de confianza del alcalde cuyo hijo es espiado y grabado para utilizar ese material como posible instrumento de chantaje político, tiene relación con la última frase de ese fragmento reproducido aquí:

Un testigo protegido de la causa vinculado al Partido Popular acusa a José María Rodríguez de recibir prebendas además de organizar un espionaje contra otros políticos y policías con agentes de la Policía Local y detectives privados”.

Ese escándalo de espionaje político interno –muy similar al que sacudió a la cúpula del PP en la Comunidad de Madrid– deberemos explicarlo en detalle en otro momento, pero para terminar este capítulo es de rigor citar al testigo protegido número 29 –ex encargado de la primera planta de la mega-discoteca Tito’s–, quien ha tenido que refugiarse en el extranjero tras sufrir gravísimas agresiones cometidas por sicarios rumanos de la mafia de Cursach, y con el que Público ha hablado de los motivos por los que sigue dispuesto a testificar en el juicio a pesar del riesgo que corre:

“En la planta segunda de Tito’s lo único que había eran putas de Globo Rojo [un conocido burdel en el que los policías disfrutaban de sexo gratis], y en mi planta los super-mega VIP eran los ángeles del infierno y las chicas de Globo Rojo. Algunas se prostituían porque ellas querían, pero a la gran mayoría las tenían obligadas. Cuando yo trabajaba allí, en 2004 y 2005, Rumanía y todos estos países todavía no eran de la Unión Europea y tenían que estar en España con pasaporte. Y les quitaban el pasaporte y no les dejaban volver. Esto, lo he contado todo y declarado en el juzgado”.

“Yo esto no lo hago por dinero. Lo hago porque durante cinco años vi cómo extorsionaban a las chicas, les quitaban el pasaporte; las vi llorando, porque les pegaban… venían con la cara amoratada a trabajar, las prostitutas. Yo esto lo hago por ellas”.

A muchas de ellas las acompañé yo a la Policía y como en aquella época estaba Antonio Suárez [inspector jefe de la UDYCO en Mallorca, que se acaba de jubilar con honores], le entraba por un oído y le salía por otro. Y no les hacían ni puto caso“.

Esto último es todavía más grave que todo lo anterior. Pero tendremos que explicarlo en otro artículo.

 

…CONTINUARÁ

 

Extrema pobreza se refleja en la prostitución de La Merced

 

 

“Yo trabajo en dos hoteles que están cerca de aquí, cobro 200 pesos por 10 minutos», asegura Luisa.

Por Redacción

15 de junio de 2019

Extrema pobreza se refleja en la prostitución de La Merced

 

México.- El penetrante olor a sudor se vuelve cada vez más insoportable dentro de la habitación de un hotel sin estrellas. La relación sexual es directa, anónima, sin tocamientos ni preámbulos. Son cinco, siete o máximo 10 minutos en los que el cliente tiene que satisfacer sus necesidades.

Al ras de la banqueta, en fila, las mujeres sonríen a cada hombre que pasa frente a ellas, y que recorre cada centímetro de su cuerpo con una rápida mirada, hasta que se decide por una. Entonces negocia, ofrece, regatea.

“Hay hombres que de 100 pesos que cuesta el servicio quieren pagar 50 o 70 pesos, y a las que cobran 200 les ofrecen 120 o 170 y eso no se puede, yo también tengo mis gastos”, dice Perla, mientras camina en círculos sobre un pequeño pedazo de acera.

En la Merced, cerca del 75 por ciento de las tres mil 500 sexoservidores están por su gusto, el 25 por ciento restante son manejadas y obligadas por un proxeneta que las engañó enamoró o las secuestró, o incluso por autoridades metidas en este negocio, asegura la presidenta de Brigada Callejera, Elvira Madrid.

Casi de frente a la entrada del hotel El Universo, una de las mujeres que ofrecen sus servicios dialoga con un hombre que voltea nervioso hacia todas partes. Segundos después, ella camina a la entrada del hotel, él rodea un puesto de revistas, como para no ser visto, y a toda prisa cruza la puerta del establecimiento detrás de ella.

 Sobre Anillo de Circunvalación -una popular avenida del Centro Histórico de la Ciudad de México- los negocios venden medicamentos mágicos que aseguran relaciones sexuales duraderas y otros ofrecen ropa íntima femenina con diseños atrevidos. Porque en esta zona hay unos 25 hoteles que mantienen vivo el comercio sexual.

De acuerdo con Elvira Madrid, los dueños de hoteles y moteles en la Merced han tenido que cambiar el giro de sus negocios, luego de la advertencia y amenaza de las autoridades, de aplicar la Ley de Extinción de Dominio, pues aseguran que son parte del negocio de prostitución de menores.

“En algunos de estos hoteles si se acatan las reglas de no permitir la entrada a menores de edad, pero en otros se hacen pendejos, porque saben que las menores dejan más dinero, además de que son más fáciles de controlar, mangonear y explotar”.

“Aquí en la Merced, por lo menos el 5.0 por ciento de las tres mil 500 sexoservidoras son menores de edad”, asegura la presidenta de esta organización civil.

En la esquina de San Pablo y Circunvalación, Luisa se arregla presurosa el pelo y retoca sus labios con un rojo intenso que combina a la perfección con sus mejillas. Resalta su piel morena quemada por el sol.

A su espalda se escucha la salsa de Lalo Rodríguez: “Sin que sobre un pedazo de piel, ven devórame otra vez, ven devórame otra vez, que mi boca me sabe a tus besos….”

Llevo poco tiempo en este lugar, dos años, antes estaba sobre Circunvalación, pero ahí la mayoría de los clientes huelen muy mal porque son cargadores o albañiles y vienen con nosotras después del mediodía o cuando salen, y están más sudados y sucios, “aquí son un poco más limpios”.

Son las 11:00 de la mañana y el tránsito de personas se incrementa, Luisa ve la hora en su teléfono celular y agrega con voz cortante: “tengo cuatro años en esto y cuatro hijos, trabajo aquí porque gano más dinero que en otro lado, y porque no tengo estudios, solo llegue al tercero de primaria”.

 Originaria de Veracruz, Luisa -como la conocen aquí- asegura que el miedo se va perdiendo con el paso del tiempo.

“Yo trabajo en dos hoteles que están cerca de aquí, cobro 200 pesos por 10 minutos, la mayoría de las veces es por una relación sexual, si tengo suerte atiendo a cinco clientes en mi turno”, asegura con voz firme.

“Allá en Veracruz, mi mamá si sabe a qué me dedico, no le gusta, llora mucho, pero ni modo, yo ya me decidí y aquí estoy, y aquí seguiré”.

La presidenta de Brigada Callejera asegura que de las comunidades en extrema pobreza se engancha a la mayoría de estas mujeres, lugares donde está muy arraigado el machismo y la mujer no tiene estudios, ni acceso al trabajo. “Solo las quieren solo para casarse y tener hijos y son violentadas en todas las formas posibles”.

Además, “el 25 por ciento de estas mujeres tiene un padrote, una madrota, alguien que las vigila y les quita su dinero”, asegura.

“Hace cuatro años, mi muchacha de 19 años salió a buscar trabajo en Morelia. Nunca regresó y hasta ahora no sé en donde quedó. Traía un aparato y tenía su ‘feis’ y eso tampoco sirvió para saber dónde está”, recuerda con dolor Artemio, un cargador de la Merced.

“Ya la he buscado en todas partes en Michoacán, pero sobre todo aquí, en cantinas, bares en las calles, gaste más de 60 mil pesos y todavía no la encuentro”.

“A la policía les di como 15 mil pesos y nunca hicieron nada. Anduve en las partes más pesadas, en donde había bares. Las autoridades no sirven para nada, les di 20 fotos de mi muchacha, la busque en Morelia, en Tuxpan y no la encontré ni muerta ni viva. Era la única mujer entre cinco hijos que tengo”.

“Para que lloras, con eso no se gana nada, le digo a mi mujer. Los que hacen desaparecer a la gente son los mismitos de siempre, no hay otros”.

Con su diablito al lado, cargado de huacales de madera y cartón, Artemio cierra los puños de sus manos maltratadas por el trabajo, cierra los ojos con un orgullo que vive más que la esperanza de encontrar a su hija.

“Era muy lista mi muchacha, sabía leer y escribir, hasta manejaba las computadoras”.

“Yo le hable muchas veces y nunca me contestó, si yo supiera que estaba empeñada, pues voy por ella y la saco de donde esté, pero no sé si está bajo tierra o se la comieron los tiburones en el agua, como luego las tiran, que Dios la acompañe si vive o no vive, que esté tranquila ya”, relata con resignación.

Son las 11:56 de la mañana y del hotel El Universo sale una mujer vestida de negro, se acomoda el pelo, retoca el color de los labios y vuelve al lugar que ocupa en la fila de sexoservidoras sobre Anillo de Circunvalación, a solo unas calles del tradicional mercado de la Merced.


El texto original de este artículo fue publicado por BajoPalabra en la siguiente dirección: https://bajopalabra.com.mx/extrema-pobreza-se-refleja-en-la-prostitucion-de-la-merced

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¿ES ÉSTE EL ABOLICIONISMO QUE QUIERO?

Publicado 6th February por ambar il

https://supervivientesdeprostitucion.blogspot.com/2019/02/es-este-el-abolicionismo-que-quiero.html

 

 

Me llamo Ambar. Soy superviviente de trata y prostitución. Como tal soy muy consciente de los condicionantes que me llevaron a entrar en esa espiral, (en mi caso los abusos sexuales que sufrí en mi infancia), y de todo lo que implicó en mi vida.
Y por ello quiero la abolición de los condicionantes que llevan a la prostitución.

Precisamente por haberla vivido durante tantos años, también soy consecuente y reconozco la que era mi realidad en esos momentos (y la que es ahora), lo que hubiera necesitado (y necesito), y lo que me perjudicó (y perjudica) basándome en ella, en esa y en esta realidad.

Este abolicionismo que llevo viendo, escuchando y leyendo desde hace dos años, cuando empecé a romper el silencio acerca de esta etapa de mi vida en la prostitución, no aborda como propuesta abolicionista uno de los grandes condicionantes previos de entrada a la prostitución, para muchas niñas y mujeres, incluso para muchos chicos y trans: la prevención de los abusos y agresiones sexuales en la infancia, entre otros.
Y sí, siempre he sido muy crítica con ello. Siempre.

Este abolicionismo también quiere perseguir el proxenetismo y la trata, esto es genial y lo aplaudo porque hay que prohibir, condenar y erradicar ambas.
Pero no aplaudo el que quiera sancionar y multar al putero, al menos no como está ahora la situación de la prostituta (escasez de prevención, de ayudas y alternativas), y sin estudiar previamente donde aplicar esta medida.

Si eres o has sido puta sabes perfectamente que la persecución al putero implica en muchos casos la persecución a la prostituta. Por eso creo necesario estudiar en que ámbito aplicar esta penalización.

Ni a mi ni a muchas otras mujeres nadie nos ayudó a no acabar en ello previamente. Tampoco hasta ahora, nadie nos ofreció ni ofrece alternativas de salida. Nadie nos ayuda a reconstruir nuestra vida después, cuando, quieres o consigues salir SOLA de esa espiral.

Entonces, me planteo, que si mi realidad en ese momento era esa porque no tenía, porque no quería otra, ¿qué pasa si lo único para lo que me habían hecho creer que era válida y que era lo único que quería o me veía capaz de hacer, con lo que sobrevivía y vivía, fuera perseguido por la policía y tuviera que esconderme más aún para hacerlo?

Como puta, ¿en que me solucionaría la vida que se multe al putero? Ni estando explotada por proxenetas, porque probablemente en muchos casos como también me ocurrió a mi, no queda otra opción que “elegir” ser explotada sexualmente por terceros, (porque no tienes ni derecho a alquilarte una vivienda ni a ser sujeto social ni de derecho), voy a ver alternativas, ni ayuda de ningún tipo porque NO las hay, o son muy escasas y/o están mal enfocadas.

La multa al putero estaría bien si fuera rodeada de medidas REALES, preventivas antes de llegar a ello, para que se evitara que niñas, mujeres, trans, acabaran en la prostitución. Educación sexual y emocional en las escuelas. Medidas de apoyo y protección a la prostituta cuando ya estuvieras en ella. No criminalizarlas y convertirlas en objetivos de una caza de brujas.
Alternativas de salida y ayudas factibles para reconstruir tu vida.
En definitiva, repito, ayuda a la prostituida y prostituta antes, durante y después.

Pero por ahora no es así. Esta solución en concreto que propone el abolicionismo puede perjudicar más que beneficiar.

Me pregunto también si el dinero incautado a los puteros va destinado a las prostitutas.

¿El estado qué hace con el dinero de las supuestas multas? ¿Es una ayuda directa a las putas? Ya te digo yo que no. Intermediarios de por medio, a la prostituta le llega poco o nada. ¿No es acaso esto proxenetismo también?
Teniendo en cuenta que si lo multas a él y a mi me sigues dejando tirada y olvidada antes, durante y después, ¿que coño hago yo con mi vida si no veo ni tengo otra salida? ¿Alguien se plantea esta cuestión? ¿Los países se plantean esta cuestión?

Pienso que la abolición debería llevarse a cabo de manera natural, progresiva, no a golpe de multas. Con políticas fuertes de prevención de los condicionantes previos, TODOS, con educación emocional y sexual, con medidas reales y efectivas por parte del estado, de ayuda a las prostituidas y prostitutas, no revictimizándolas, precarizándolas y marginándolas más, como ocurre en muchos casos y en los que, como ex-prostituta me incluyo.

La abolición debería abordarse, junto con la persecución y condena de proxenetas y la explotación sexual, de la mano sobretodo de nosotras, las propias prostitutas y ex-prostitutas.
Siendo coherentes TODAS con las realidades de nuestras historias y con la realidad de lo que implica la prostitución y eso sí, pidiendo y pudiendo ser escuchadas TODAS por igual, no castigando ni silenciando a las que su realidad no coincide con la que se quiere oír.
Tendiendo puentes y encontrando puntos en común por los que luchar al unísono en favor del eslabón más débil, la prostituta, para que no tenga que llegar a ello y si llega, protegerla y ayudarla a salir si así lo desea.
No abandonarla antes, durante y después como está ocurriendo ahora.

En conclusión, soy plenamente consciente de que mis palabras a lo mejor no gustarán a algunos sectores del feminismo y/o del abolicionismo, pero estoy cansada de toda una vida sometida y violentada por unas circunstancias o por otras, por unas personas o por otras.
Cansada de no poder decir lo que pienso o como lo siento desde la propia experiencia porque al final tu vida es eso, tu vida, tu historia y nadie quiere ni va a ponerse en tu lugar, ni para lo bueno, ni mucho menos para lo malo.

Ámbar IL.

 

Publicado 6th February por ambar il

 

La juez del mayor caso sobre prostitución imputa a un guardia civil más de 70 delitos

 

La instructora propone a la Xunta personarse como acusación y avisa al Estado de que es responsable subsidiario de la actuación del agente que demandaba sexo a cambio de papeles

 

SILVIA R. PONTEVEDRA

26 de marzo de 2019

https://elpais.com/sociedad/2019/03/25/actualidad/1553538224_348830.html

 

La testigo protegida DPA 123 B llegó a España, desde Brasil, en situación irregular el 19 de octubre de 2006 y el 29 de noviembre conoció su primera redada. Pero aquella no era una auténtica inspección y de ella no quedó constancia policial alguna. El cabo primero de la Guardia Civil Armando Lorenzo Torre, miembro del Equipo de Personas y Emume (mujeres y menores) de Lugo, se presentó presuntamente en el Club Sirena proclamando que era “jefe de extranjería” y ordenó a un compañero fotografiar a las mujeres de una en una. Ellas iban pasando a la cocina para ser retratadas y dar sus datos personales. Y cuando le tocó el turno a DPA 123 B, Lorenzo le preguntó: “¿Qué hace una chica tan guapa ejerciendo la prostitución?”. Ella respondió que lo hacía “por necesidad”. Y el cabo mandó a su compañero que le tomara fotos de cuerpo entero. Después, le pidió a la mujer su número de móvil. Y ahí empezó todo.

Lo siguiente fueron las reiteradas llamadas a la chica y la visita al domicilio de esta, el 18 de diciembre, por parte de Armando Lorenzo. Según un par de testigos él sacó su pistola; la posó sobre una mesa. Le dijo “vengo de deportar a 20 o 30 compatriotas tuyas”, “tus días en España como legal se están terminando, dame el pasaporte que yo te arreglo para tres meses más”. A continuación, aunque ella se negaba, cuenta que la obligó a practicarle una felación y luego la penetró “sin preservativo”. Todo esto se relata en la Operación Carioca, la mayor investigación contra las mafias de proxenetismo que ha tenido lugar en España (310 tomos, 377 testigos) y que hunde sus raíces precisamente en la denuncia de esta joven. Después de una década de instrucción, la juez hace repaso de las actividades del agente (uno de los principales entre los 89 imputados que llegó a sumar la causa desguazada en 50 piezas) y propone en un auto de más de 200 folios el procesamiento del cabo por más de 70 delitos.

La magistrada Pilar de Lara ordena, además, notificar a otras 23 mujeres que tienen derecho a ayudas para personarse en calidad de víctimas de violencia de género. Ofrece a la Xunta de Galicia ejercer la acusación popular y toma una medida nunca aplicada hasta ahora: avisar al abogado del Estado de que la Dirección General de la Guardia Civil es responsable subsidiaria de los presuntos delitos cometidos por este agente y también por su jefe, el brigada Julio Baquero, al que atribuye omisión y cohecho. La juez se basa en que sus actividades eran “ampliamente conocidas por sus superiores jerárquicos”.

El auto de transformación de las actuaciones en proceso sumario dispone el inminente procesamiento de estos dos agentes y de tres proxenetas, entre ellosJosé Manuel García Adán, dueño de los clubes Queen’s y Colina, situado en el epicentro de la trama Carioca. Después el caso pasará a manos de la Audiencia Provincial de Lugo, que debe ratificar la conclusión y ordenar la apertura de juicio oral. La detención de Armando Lorenzo, que entró en prisión y luego quedó en libertad provisional con la prohibición de residir en Galicia, convulsionó a la sociedad lucense.

Una veintena larga de delitos que le atribuía la juez han prescrito o se sobreseen por falta de pruebas, pero entre los que todavía siguen en pie están la supuesta agresión sexual con intimidación y amenaza a la testigo protegida, y 21 delitos de cohecho en relación a otras mujeres a las que presuntamente requería favores sexuales a cambio de regularizarlas para no ser deportadas. De Lara también lo considera autor de delitos de extorsión y de cohecho con respecto a los dueños de los burdeles, por brindarles trato de favor si recibía a cambio beneficios económicos. Le atribuye igualmente revelación de secretos, tráfico de influencias o falsedad documental en la elaboración, por ejemplo, de denuncias falsas contra propietarios de prostíbulos que supuestamente se negaban a pagarle. Por último, la juez tiene en cuenta una docena de supuestos delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos y varios cargos vinculados al “favorecimiento de la prostitución”.

Según la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, el guardia civil no solo hacía funciones de “taxista” en el coche oficial del cuerpo al transportar a mujeres hasta el Queen’s para evitar posibles controles y deportaciones. También se encargaba de derivar a este y al otro burdel que regentaba el proxeneta García Adán a muchas trabajadoras de los clubes en los que había redadas, en vez de llevarlas a “una casa de acogida o una ONG”, reprocha la instructora.

“La actividad presuntamente delictiva del cabo Armando Lorenzo se remonta a su anterior destino en la Unidad Orgánica de Policía Judicial adscrita a la Audiencia Provincial de Lugo, en el que se habría granjeado la confianza y amistad de algún magistrado”, apunta la juez. En el otro mundo que frecuentaba el agente, había mujeres que “rozaban la indigencia”, señala. “La inmensa mayoría eran extranjeras”, jóvenes, “vulnerables”, “se encontraban en España en situación irregular, necesitaban enviar dinero a sus hijos, padres, hermanos y uno de sus principales temores eran las redadas, en las que podrían ser detenidas y expulsadas del país”.

En los clubes trabajan mujeres que “han sufrido violaciones o malos tratos, o simplemente han tratado de escapar de la pobreza de sus países y labrarse un futuro mejor”, recuerda. En consecuencia, defiende De Lara, Lorenzo “abusaba de su superioridad”, pedía favores sexuales para él, para amigos e incluso para los “socios de su hijo”, a veces en fiestas en pisos y otras veces en los clubes. Y se valía, supuestamente, de su estrecha relación con responsables de Extranjería de la Policía Nacional para amañar las órdenes de expulsión y los permisos.

El sumario recoge seguimientos, pinchazos telefónicos y SMS que revelan su supuesta debilidad por mujeres legalmente vulnerables. Mensajes en los que combina las referencias físicas con sus presuntas gestiones burocráticas.

La testigo protegida relató que desde el momento en el que se negó a mantener más contactos con el guardia civil “comenzó a sufrir una situación de acoso por parte de la policía nacional”, hasta que en septiembre de 2008 fue identificada en su domicilio y se le incoó un expediente de expulsión, que se llevó a efecto en marzo de 2009. Armando Lorenzo, asegura la juez, ejercía su influencia, especialmente, en una docena de clubes de la provincia y llegó a cobrar dinero de unos siete. En algunos casos, apunta De Lara, parecía uno más, “como si estuviera en nómina”. Y así, durante años, “construyó una creencia generalizada de que él tenía capacidad para arreglar todo tipo de papeles y documentación relativa a la situación administrativa de extranjeros en España”.

“Antes de acostarme con usted me meto en cemento”

Una mujer venezolana que trabajaba como encargada de un prostíbulo declaró en el juzgado que se sintió “humillada por el abuso de poder”: “¿Cómo es posible que a los que tienes que pedir auxilio sean los que abusan de ti? Es como si vas a tu madre a pedir ayuda y te mete una puñalada”; “no se puede hundir más a los que ya estamos hundidos”. Según esta supuesta víctima del cabo primero, el hombre reclamó sus servicios sexuales y ella se negó. “Tú no quieres colaborar, no te quieres portar bien… pues se te va a acabar el negocito”, la amenazó él presuntamente. “Máteme, pero antes de acostarme con usted me meto en cemento”, asegura ella que le respondió en una ocasión. “Armando cumplió finalmente sus amenazas”, concluye la juez, “porque ella sufrió una redada de la Inspección de Trabajo, que impuso al local una multa elevada, tras lo cual siguieron las redadas y su detención”.

Los clubes que no accedían a las demandas de Armando Lorenzo sufrían “persecución”, “extorsión” y “amenazas”, asegura De Lara. Según la juez, el cabo utilizó a algunas mujeres, en ocasiones bajo “presiones insoportables”, para que testificasen hechos falsos contra propietarios de burdeles y así “eliminar a la competencia en una guerra entre clubes”. Otra testigo venezolana declaró que un día el agente la llevó al cuartel, le dijo que si no cooperaba con una denuncia (falsa) la expulsaría. Y que si lo hacía le daría los papeles, la haría testigo protegida, cobraría una pensión de 300 euros al mes y recibiría ayuda para conseguir un piso.

 

Eros Center: el acalorado debate entre abolicionistas y trabajadoras sexuales en Bélgica

 

 

RTBF La Primera

14 de enero de 2019

https://www.rtbf.be/info/societe/detail_eros-center-le-debat-houleux-entre-abolitionnistes-et-travailleuses-du-sexe?id=10117786&fbclid=IwAR3DU-AUkqPEBiS_7Z4gB6W1seOWR2kZMwVltTXQSQU7Da4VZvFJtQRki4o

 

¿Debemos abandonar el proyecto del Eros Center en Seraing? El debate continuó el lunes por la mañana en La Première. Para Sonia Verstappen, ex trabajadora sexual, antropóloga y cofundadora de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Sexuales Organizado(a)s por la Independencia, este abandono ha sido un error. “No era LA solución, pero era una solución para que hubiera chicas que trabajaran en buenas condiciones de trabajo”, lamenta. Si viera la luz, el Eros Center sería un edificio administrado por una organización municipal sin fines de lucro y supervisado por la policía, con treinta salas destinadas a las prostitutas, a fin de que trabajaran en mejores condiciones de higiene y seguridad. “En cualquier caso, eran 120 chicas las que iban a trabajar en buenas condiciones y obviamente lo denunciamos”, dice Sonia Verstappen.

La ex trabajadora sexual reprocha a los detractores del Eros Center por llevar a cabo una “política prohibicionista” y por querer “erradicar la prostitución”. Viviane Teitelbaum, ex Presidenta del Consejo francófono de mujeres de Bélgica, refuta estas acusaciones. “No somos prohibicionistas, somos abolicionistas”, dice, “y eso significa que creemos que la prostitución, la explotación sexual y la trata de personas que a menudo la acompaña, no son un proyecto de vida “. Es la razón por la que el Consejo de mujeres presentó una queja que condujo al abandono del proyecto del Eros Center. “Creemos que el proyecto, tal como estaba planeado, no se correspondía con el marco legislativo actual. El artículo 380 del Código Civil impide que ese proyecto exista”, explica Viviane Teitelbaum.

 

Si hay personas que quieren prostituirse, eso no os concierne

 

Para Sonia Verstappen, el Consejo de mujeres no tiene que “juzgar los procesos vitales de las personas”. “Si hay personas que les da la gana hacerlo, es una cosa totalmente moralista, ideológica y judeocristiana decir que la prostitución no es un proyecto de vida; eso no es asunto suyo”, replicaba este lunes a Viviane Teitelbaum. “Hay proyectos de la vida que veo todos los días en la televisión que, para mí, tampoco son proyectos de vida”. La ex trabajadora sexual acusa a un “lobby” que difundió mentiras sobre el Eros Center, explicando a las prostitutas que tenían que pagar 120 euros al día y dar el 50% a la asociación. “No se trata de virtud o moralidad en absoluto, se trata de escuchar a estas mujeres”, responde Viviane Teitelbaum, “Estoy a la escucha de lo que me dicen y eso es lo que traté de transmitir”.

El debate también se centró en la situación actual en la rue de Marnix, donde iba a construirse el Eros Center. Un callejón sin salida donde la procesión de automóviles continúa frente a las vitrinas de neón de unas casas obreras bastante antiguas donde trabajan estas señoras o quizás estos hombres. ¿Por qué los propietarios privados, para algunos proxenetas locativos probados, pueden continuar ejerciendo con total impunidad en el lugar, cuando existía la posibilidad de un marco reglamentado y reglamentario en el que las prostitutas serían independientes? “El marco reglamentado y reglamentario, lo conocemos en Alemania, por ejemplo, lo conocemos en los Países Bajos, por ejemplo, explica Viviane Teitelbaum. Pero desafortunadamente, solo el 4% de las mujeres en Alemania han solicitado este estatus de independiente. Por contra, la violencia es exponencial: hoy, se ha convertido en un país donde las mujeres son realmente tratadas como esclavas, como ganado. Tienen turnos de 24 horas al día, 7 días a la semana, en diferentes burdeles, por lo que este no es un modelo. que queramos poner en marcha “. Para la activista, el Eros Center, financiado con dinero público, no puede servir para mantener un sistema.

 

La legislación debe proteger a las que están en situación de precariedad

 

Sonia Verstappen lo afirma: ella tampoco está “a favor del modelo alemán y holandés”: “Estamos a favor de las mujeres, a favor de la independencia. Por eso estamos creando estructuras donde las mujeres puedan constituirse en cooperativa”, dice. La antropóloga pide “cosas concretas” para las prostitutas: “¿Qué les propone usted?¿Trabajar en Proximus?” Según Sonia Verstappen, la situación de las trabajadoras sexuales es comparable a la de cualquier trabajadora precaria. “Está claro que hay personas que quieren salir de la prostitución, pero también hay muchas personas que quieren salir de trabajos precarios”, dice. Según Sonia Verstappen, hay muchas personas que se prostituyen voluntariamente, lo que matiza Viviane Teitelbaum. “Nosotras creemos que es una minoría”, dice. “Pero creemos que estas mujeres no necesitan ser defendidas o acompañadas. Creemos que la legislación debe proteger a las que están en situación de precariedad, las que no tienen esta voz, que pueden sostenerse ​​y defenderse a sí mismas “.

Viviane Teitelbaum recuerda que Canadá ha aprobado una ley abolicionista. “No es una prohibición, no es un punto de vista moral, han aprobado una ley abolicionista y han puesto a disposición 100 millones de dólares canadienses para permitir a estas mujeres salir de la precariedad; a las querían seguir, formación; a las que lo deseaban, tener una regulación”, precisa. Claro que Bélgica no ha desbloqueado aún tanto dinero para el acompañamiento de prostitutas. Como en todos los debates, es el dinero el que sigue siendo el nervio de la guerra.

El mito de la trata de blancas. Investigación sobre la fabricación de un flagelo.

 

 

Jean-Michel Chaumont, El mito de la trata de blancas. Investigación sobre la fabricación de un flagelo, The Discovery, 2009, 321 p., @Ean: 9782707158093.

 

 

https://journals.openedition.org/lectures/883?lang=es#references

 

 

Presentación del editor

Secuestro de jóvenes inocentes, prostitución y esclavitud sexual, redes criminales internacionales: durante más de un siglo, la “trata de blancas” ha sido considerada como un verdadero flagelo. El “Comité Especial de Expertos” de la Sociedad de Naciones tiene la reputación de haber demostrado científicamente la existencia de este fenómeno: activistas antitrata e historiadores contemporáneos siempre se refieren a su trabajo fundador (1924-1927). Jean-Michel Chaumont analizó las 20.000 páginas de archivo de este comité. Revelan una realidad aún más aterradora, pero no la que se creía. En efecto, su libro analiza las operaciones intelectuales que los expertos han hecho para fabricar pieza a pieza un flagelo disfrazando los resultados de su propia investigación. Examina cuidadosamente cómo, llevados por su cruzada moral, manipularon datos, documentos y cifras para lograr sus fines: demostrar la existencia de la trata de mujeres extranjeras y la responsabilidad de la regulación de la prostitución en este estado de cosas, y obtener la implementación de leyes liberticidas de represión y vigilancia. Al hacerlo, han ocultado y agravado de forma duradera las ya difíciles condiciones de vida de las prostitutas que buscan emigrar, hoy como ayer. Sin mencionar la amalgama que hicieron entre la trata de negros y la trata de blancas, que abrió el camino a una verdadera banalización del comercio de esclavos y la esclavitud. De manera más general, Jean-Michel Chaumont interroga sobre la cuestión (política y científica) de los mecanismos de elaboración de la experiencia social y la responsabilidad de los sociólogos en la “construcción social de la realidad”.

 

 

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Desde 1924 hasta 1927, un grupo internacional formado por una docena de hombres y mujeres, salidos de la mejor sociedad y ostentando los títulos más honorables, se reunieron en el palacio ginebrés de la Liga de las Naciones. Las razones de esta reunión no pueden ser más nobles y generosas y al mismo tiempo imbuidas de una gran ambición intelectual. Se trata de participar en una lucha despiadada contra el flagelo formidable de la “trata de blancas”. Muchas mujeres jóvenes ingenuas e inocentes caen en la red de seductores viles que se revelan como proxenetas peligrosos y que, después de haberlas hecho transitar por varios países, las venden a los propietarios de los burdeles, donde son obligadas a prostituirse. . No basta con expresar una denuncia vehemente de la trata: para darse los medios para erradicar este flagelo de manera efectiva, es necesario, para empezar, tener un buen conocimiento del mismo. Por esta razón, el grupo ha reclutado a un equipo de investigadores, encargado de hacer un inventario global de la realidad y las formas de trata. Elogiado por unanimidad por su calidad y rigor, el informe redactado por el grupo conoce una forma de logro y consagración por la promulgación de convenciones internacionales para luchar contra la esclavitud con el propósito de la prostitución: no solo la existencia de la trata está científicamente probada, sino que en adelante tendremos los medios legales para combatirla.

 

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El libro que Jean-Michel Chaumont dedica a este grupo, sus reflexiones y conclusiones, no tiene apelación. Sus miembros “constituyen una banda de individuos deshonestos y peligrosos” (p.12), “tramposos … mucho más peligrosos para la gente común que los ‘criminales’ de los que decían querer protegernos” (p. 84). De hecho, es a un verdadero engaño a lo que estos honorables burgueses y aristócratas, académicos y altos funcionarios se han entregado, con plena conciencia, bajo la dirección del temible Isidore Maus, profesor de derecho y presidente del Comité Belga de Defensa contra trata de mujeres y niños. De hecho, si bien los resultados de las investigaciones que habían comisionado convergieron para atestiguar que el movimiento internacional de prostitutas no tenía la forma de una moderna trata de esclavos, aquellos que la Liga consideró sus “expertos” conformaron, truncaron y modificaron, generalizando abusivamente o, a la inversa, minimizando, censurando u oscureciendo, en pocas palabras manipularon, la información que tenían a su disposición para que pudieran reforzar la representación de la “trata de blancas” que querían (y lograron) imponer. Esto podría no haber sido tan grave si su informe se hubiera contentado con trazar simplemente una imagen falsa del mundo de la prostitución de la época, y si no hubiera legitimado el establecimiento de dispositivos legislativos liberticidas contra todas las mujeres, y especialmente contra las extranjeras. Bajo el pretexto de protegerlas de ser objeto de trata, su circulación estaría a partir de ese momento más sometida a la tutela de los hombres y, “menores o mayores, todas las extranjeras serían consideradas incapaces y, por lo tanto, tratadas como irresponsables” (p.14).

 

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Jean-Michel Chaumont ha podido actualizar esta tremenda manipulación accediendo a ese inestimable material de archivo que son las actas de las sesiones de trabajo del grupo de expertos. Éstas revelan de la manera más clara las relaciones de poder internas al grupo, los puntos de convergencia o desacuerdo entre sus miembros, los cambios en el significado de las propuestas recurrentes de enmiendas, adiciones o eliminaciones, y dejan transparentarse los prejuicios (de clase, de género o de “raza”) 1 o las intenciones políticas (hostilidad o apoyo a la prostitución regulada, promoción de la higiene social y moral, etc.) que motivaron las diversas posiciones. Así vemos cómo la noción misma de “trata” es el objeto de una manipulación que conduce no a una definición estricta (que habría dejado ver su inadecuación a la realidad) sino a un halo nocional susceptible de reunir las formas más diversas de prostitución, incluida la de mujeres mayores de edad y con consentimiento. Es esta riqueza documental lo que hace que el libro sea fascinante: una rara vez tiene la oportunidad de ver la mala fe segura de sí misma, la falta de honradez intelectual satisfecha o la arrogancia moralizante tan claramente como en este libro, ocultándose además tras un proyecto que se pretende progresista.

 

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Este trabajo está destinado a convertirse en una referencia para diferentes áreas de las ciencias sociales. En primer lugar, es una contribución importante a la historia de las organizaciones supranacionales, por supuesto a la de la Sociedad de Naciones, pero al mismo tiempo nos invita a identificar lo que queda de su patrimonio en las instituciones contemporáneas. También es una contribución a la sociología de la experiencia al mostrar cómo, desde una selección y manipulación de datos, se puede construir un punto de vista que presenta todas las apariencias de autoridad y rigor; si bien no todos los grupos de expertos producen, afortunadamente, tales imposturas, sigue siendo raro ver cómo, en la práctica, la “experiencia” se construye e impone como tal. Finalmente, ningún sociólogo de la prostitución podrá prescindir ya de este libro —sociológico y no solo histórico— porque es también del presente de lo que nos habla Chaumont. Es, con pequeños retoques, el mismo mito de la “trata de blancas” que reciclan hoy algunos movimientos abolicionistas y feministas, incapaces de percibir a las prostitutas extranjeras de otra forma que como ingenuas víctimas fáciles de proxenetas internacionales. Y es este mismo mito reactivado el que, hoy como ayer, legitima la instauración de leyes liberticidas contra las/os migrantes.

 

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El “mito de la trata de blancas”, muestra Chaumont, se impuso con mayor facilidad porque fue producido desde “arriba”, porque los que lo crearon provinieron de las capas dominantes y presentaban todos los signos de autoridad intelectual y moral. Esto es ciertamente cierto, pero probablemente sea un poco parcial y es en este punto que nos permitiremos expresar una reserva. Un mito tal probablemente no habría prosperado si no se hubiera encontrado con un antiguo fondo de creencias populares, las mismos que Edgar Morin estudió en su Rumor d’Orléans 2, pero también las que podían, ya en el siglo XVIII, hacer creer al pueblo de París que los aristócratas hacían que les robaran los niños para que curarse con su sangre. Recordar esto no quita ninguna responsabilidad a los “expertos” de la Sociedad de Naciones en la fabricación de un mito con consecuencias liberticidas, pero ayuda a comprender mejor cómo se construyen las mitologías modernas.

 

 

NOTAS

1 Si la trata de esclavos negros es la referencia con la cual se compara la “trata de blancas”, ésta última se considera peor que la primera: “Fue peor de entrada y simplemente porque sus víctimas eran blancas, a la vez blancas de piel y blancas por su inocencia virginal. Era peor después porque, se pensaba, los negros esclavizados aprendían a pesar de sí mismos las virtudes civilizadoras del trabajo y la religión, mientras que las blancas estaban condenadas a una segura doble perdición física y espiritual “(p. 7).

2 En 1969, se difundió un rumor entre las jóvenes de Orleans: las jóvenes clientes de tiendas de ropa de propiedad judía serían drogadas en los vestidores y luego secuestradas y obligadas a prostituirse como parte de la “trata de blancas “. Fue estudiado sobre el terreno por Edgar Morin: La rumeur d’Orléans, Paris, Seuil, 1969.

3 Arlette Farge, Jacques Revel, Logiques de la foule. L’affaire des enlèvements d’enfants Paris 1750,, París, Hachette, 1988.

“Si te preocupa la trata de personas tienes que luchar contra la Ley de Extranjería”

 

Por Drina Ergueta (La Independent)

5 de Diciembre de 2018

https://ctxt.es/es/20181205/Politica/23296/maria-galindo-mujeres-creando-prostitucion-la-independent.htm

 

María Galindo
Drina Ergueta

 

Hace unos días, en medio de las montañas andinas, a 4.000 metros de altura, el Gobierno Municipal de la ciudad de La Paz (Bolivia) aprobó la creación de una nueva categoría económica que reconoce a la prostitución como una actividad mercantil. La agencia de noticias feministas La Independent entrevistó a María Galindo, conocida activista feminista y parte del movimiento Mujeres Creando, que participó en esta novedosa iniciativa. Galindo compara en esta entrevista la experiencia boliviana con lo ocurrido en España a raíz de la creación del Sindicato OTRAS.

Explíquenos qué ha pasado, ¿por qué la alcaldía de La Paz creó la categoría económica “venta de sexo” y cuál ha sido la intervención de Mujeres Creando en este proceso?

Fuimos nosotras, Mujeres Creando, junto a una organización de mujeres en estado de prostitución OMESPRO, quienes hace dos años presentamos la iniciativa legislativa ciudadana y la fuimos largamente discutiendo con el Gobierno Municipal. La situación era la siguiente: la última normativa local de La Paz data de 1909, cuando los burdeles recibían el nombre de “Casas de Tolerancia”; se trataba de una normativa caduca históricamente, que dejaba todo el universo de la prostitución expulsado de la historia. En estos cien años, Bolivia logró el voto universal, la reforma agraria y mucho más, pero ninguna norma se había atrevido a cambiar el régimen sobre los burdeles.

En estos cien años, Bolivia logró el voto universal, la reforma agraria y mucho más, pero ninguna norma se había atrevido a cambiar el régimen sobre los burdeles

Nosotras nos venimos organizando en locales autogestionados pequeños, en grupos de cuatro, ocho o doce mujeres que se han emancipado de los proxenetas y ejercen la prostitución de forma autónoma. Son justamente estos locales los que recibían la mayor presión de parte de la policía, con continuas redadas, extorsiones y formas de abuso, bajo el pretexto de que serían locales “clandestinos”. Cuando queríamos sacar licencias de funcionamiento, el Gobierno Municipal nos las negaba porque no existía la venta de sexo como actividad económica. El punto clave era que no vendemos alcohol y también los volúmenes de inversión. Nosotras hemos decidido separar la venta de sexo de la venta de alcohol y, por lo tanto no nos interesaba acceder a licencias de karaokes, bares u otros que disfracen la categoría de la prostitución. Además, al contrario de los bares o nightclubs, los locales autogestionados son “precarios”, suponen inversiones mínimas que no pasan de algunas camas, algún arreglo y mamparas para separar los espacios. En ese contexto, sin esta norma, el Gobierno Municipal terminaba de forma indirecta fomentando a los proxenetas y dejando la prostitución autogestionada en el limbo de la clandestinidad. Nos usaban como un escudo que la policía y el Ayuntamiento utilizaba como continuos simulacros de lucha contra la trata, arrestando a las compañeras y hostigándolas, inclusive bajo presión de los propios proxenetas. Se puede decir que desde que creamos las llamadas “oficinas” de prostitución autogestionada hemos sufrido lo que yo llamaría, sin miedo a equivocarme, “una persecución política continua”. Por eso presentamos la norma.

Lo obtenido ¿es lo que se esperaba? O es una parte de los objetivos.

La ley ha sido discutida en detalle con nosotras, punto por punto. Por ahora ha sido aprobada y responde a nuestras demandas –falta el desarrollo–. Se ha logrado introducir la prostitución autogestionada en la normativa y con posibilidades de reconocimiento municipal: que una mujer en prostitución pueda sacar, organizándose con otras, licencias de funcionamiento para sus locales sin depender de proxenetas. Por otro lado, que se reconozca la prostitución como una actividad económica en el Municipio de La Paz. Como una actividad económica que además no necesariamente está ligada al consumo de alcohol o drogas.

¿Qué quiere decir cuando habla de locales con poca inversión?

Se ha logrado poner parámetros para la obtención de licencias de funcionamiento que respondan a la realidad de “pobreza” de las mujeres en prostitución, que no tienen grandes capitales para montar locales gigantes. Estamos hablando de locales con las mínimas condiciones espaciales y, también importante, sin conformar un gueto, ya que no se restringe a una zona específica de la ciudad. Se permite hasta de diez metros cuadrados, con ventilación y puerta. Es decir, esta ley afecta de forma directa a los proxenetas y a la corrupción municipal y policial que está confabulada con ellos.

Hay quien dirá que esta es una manera de fomentar la prostitución…

Es un argumento que cae por su propio peso. Hoy en día en todas las ciudades del mundo la prostitución es gigante y La Paz no es la excepción. Quien está en prostitución lo estará de todas maneras, sea de forma autogestionada o sujeta a los intereses y formas de explotación de un proxeneta. La magnitud de la prostitución tiene una relación directa con el trabajo, con la ausencia de trabajo, con los salarios bajísimos de la mayor parte de los trabajos para mujeres y con las propias condiciones de acoso sexual y chantaje en las que están las mujeres en esos trabajos. La prostitución nos obliga a volver a discutir la relación entre mujeres y trabajo. En nuestra organización tenemos enfermeras, comerciantes, estudiantes universitarias, también desempleadas crónicas, un poco de todo. La mayor parte ha ejercido antes todo tipo de trabajos y la prostitución no es su primer oficio. Hacemos la comparación entre las formas “prostituyentes” en el mundo laboral de las mujeres: muchas veces, tener que pagar el puesto de trabajo con sexo al jefe y cobrar por sexo es ineludible y muy popular entre las compañeras. No hay un corte entre prostitución y otras formas de trabajo, sino una continuidad.

Dentro del mismo feminismo no hay acuerdo sobre el tema, hay posiciones encontradas entre las llamadas abolicionistas y las que respaldan la legalización de la prostitución con propuestas diferentes, ¿qué piensas sobre este debate?

Personalmente me agotan mucho las dicotomías que son típicas del feminismo europeo y que tienen que ver con una base de pensamiento binario que se reproduce en muchos campos. Nunca me he adscrito a ninguna de las dos posiciones. Estoy en esto hace quince años porque considero que es imposible pensar feminismo ni hacer feminismo sin pensar prostitución. Tampoco es posible comprender el universo complejo de las mujeres sin tener la prostitución y a la llamada “puta” como centro de este universo. Por eso, nosotras, Mujeres Creando, fomentamos hace muchos años la creación de la primera organización de trabajadoras sexuales en Bolivia, una organización que fue cooptada por los organismos internacionales para embarcarse en el discurso de “derechos” para las trabajadoras sexuales. En Bolivia se convirtió en un brazo de defensa de los proxenetas. Es por ello que Mujeres Creando rompió con ellas para empezar todo de nuevo y por ese camino de rupturas y repensamiento es que llegamos a la creación de una organización de prostitución autogestionada.

No es posible comprender el universo complejo de las mujeres sin tener la prostitución y a la llamada “puta” como centro de este universo

Todo el proceso de reflexión no fue desde la teoría, buscando una suerte de lugar “correcto”, sino desde el debate con ellas, siempre con ellas. OMESPRO es una organización de mujeres en prostitución que ha decidido no hacer militancia pública de la prostitución porque no quieren pasar por el manoseo de los medios de comunicación, no quieren testimoniar nada para la sociedad y no quieren estar sujetas a la crítica moralista de sus familias, de los entornos de sus hijos e hijas etc. En una sociedad como la nuestra donde el control social es tan directo, muchas de ellas hasta pueden perder la vivienda por militar públicamente.

Si no busca colocarse en un lugar correcto, como dice, ¿dónde se sitúa?

Lo que nosotras estamos abriendo hace años en el debate en prostitución es algo nuevo, ni abolicionista ni regulacionista, es una reflexión propia. En la ley recién obtenida, no ponemos la prostitución como trabajo sino como actividad económica, esto me parece interesantísimo para la reflexión. Nuestras próximas luchas tendrán que ver con extender esta ley a otros municipios del país y entrar en la gran discusión con lo que nosotras llamamos “Estado proxeneta”, porque queremos discutir la relación del Estado con el cuerpo de la puta.

Deberíamos generar espacios de alianzas y complicidad con la puta. Todas tenemos cara de puta, todas hemos sido llamadas putas en diferentes contextos

En Bolivia existen lo que yo llamo los “leprosarios del siglo XXI” que son recintos de “salud” específica y únicamente para el control de las mujeres en prostitución, donde se les revisa únicamente sus vaginas; no para curarlas si estuvieran enfermas, sino para habilitarlas o descartarlas para trabajar. Así, se violan, en estos actos, toda la lista de derechos constitucionales imaginables y se mutilan sus cuerpos. Vamos a entrar a discutir estos temas y a cambiarlos, por supuesto.

Tomando en cuenta que no existe igualdad social, que hay explotación, ¿no existe el riesgo de que estas organizaciones de mujeres en situación de prostitución acaben siendo manejadas por los proxenetas, es decir que se desvirtúen?

Los proxenetas son un poder que maneja grandes capitales y con esos capitales manejan segmentos de la policía, de inmigración y de confabulación con poderes territoriales como las alcaldías. La lucha contra esos poderes no es ni más ni menos que la lucha de cualquier sector laboral, como el caso de las maquiladoras que son expropiadas de su trabajo, o como la lucha de las trabajadoras que venden productos para grandes transnacionales sin un contrato laboral sino con un contrato de deuda. Los ejemplos nos sobran y las alianzas entre nosotras son lo que falta. Las reglas del juego para comer o no comer, para subsistir o no, las ha puesto hoy el neoliberalismo a escala mundial. En el caso boliviano, la prostitución es para las mujeres una forma de subsistencia tan legítima como cualquier otra. Al mismo tiempo, como en todas las formas de subsistencia, cuando además te organizas y generas unas condiciones autogestionadas vas construyendo un conocimiento que hoy es imprescindible para los feminismos. Los conocimientos, los saberes de la puta, que solo ella los puede extraer en sus condiciones laborales, son un tesoro. Deberíamos generar espacios de alianzas y complicidad con la puta. Nosotras tenemos miles de grafitis al respecto, pero uno que me gusta mucho es: “Todas tenemos cara de puta”. Todas hemos sido llamadas “putas” en diferentes contextos y muchas de nosotras estamos insertas en relaciones prostituyentes fuera de un contexto estricto de prostitución. Por eso mismo, aquellas que están en prostitución y que manejan el sexo como una mercancía monetizable tienen mucho que enseñarnos. No tenemos un taller que darles a las “putas”, sino que tenemos un taller que recibir de ellas.

En España se ha creado hace poco un sindicato, OTRAS, y esto ha provocado un intenso debate que incluso acabó en los juzgados. ¿Cómo tendría que resolverse este tema?

La discusión en torno del sindicato y la firma del manifiesto y toda la polémica que ha levantado refleja una visión binaria y un estancamiento dramático de los feminismos en España. Pero, más grave que eso, no se respeta la soberanía y la autonomía de cada mujer que está en prostitución por decisión propia, negándole el derecho a organizarse y, por lo tanto, a existir y a aportar con un debate que es imprescindible. Hay que comparar, por ejemplo, prostitución con matrimonio. Sería muy pertinente, ¿negáramos a las amas de casa organizarse porque no son amas de casa por voluntad propia? Claramente, y discúlpenme si se ofenden, yo veo un empantanamiento en el debate porque responde a un pensamiento binario: estás a favor o estas en contra, y no hay lugar a profundizar ni a repensar nada. Personalmente creo que el debate de la autogestión en la prostitución es un avance gigante. Los proxenetas en Bolivia se oponen a la ley porque justamente, ahora, cualquier compañera puede romper con ellos y organizarse por cuenta propia. No es fácil, ni es una taza de leche, pero es una posibilidad.

¿Encuentra algún paralelismo entre lo ocurrido en La Paz y en España? ¿Cuáles son las diferencias entre ambos contextos para quienes ejercen la prostitución?

Son contextos muy diferentes. Algo que definitivamente complejiza la cuestión en España es el carácter colonial de la estructuración del universo de la prostitución. Las compañeras provenientes de África ocupan un lugar diferente que las compañeras provenientes del Este de Europa o las provenientes de Latinoamérica en general. En ningún país la prostitución es una y homogénea hay muchas capas y complejidades. Muchas de ellas están sujetas a relaciones de trata y tráfico de personas, no como secuestradas sin voluntad, sino como hambrientas sin

Es más fácil entrar a España de la mano de un tratante de prostitución que en una patera de la mano de un tratante de mano de obra

oportunidad alguna. Es más fácil que entren a España de la mano de un tratante de prostitución que en una patera de la mano de un tratante de mano de obra. Por eso la discusión sobre prostitución en España es altamente urgente y política. No es casual, por tanto, que un porcentaje muy alto de las mujeres en prostitución en España sean “extranjeras”, tampoco es menor la presión sexual y el acoso que vive una trabajadora que está fuera de la prostitución, en el oficio que tenga: pensemos en las cosechadoras de Huelva violadas por los patrones, pero pensemos en las trabajadoras del hogar o asistentes de ancianos que –en un número gigante– soportan presión o pagan con sexo “su tranquilidad” en el trabajo. Si te preocupa la trata de personas tienes que luchar contra la Ley de Extranjería y no impedir que las mujeres en prostitución se organicen.