La “trata de blancas” y el control policial de la vida doméstica

 

LIVIA GERSHON

 

21 DE DICIEMBRE DE 2017

 

https://daily.jstor.org/white-slavery-policing-domestic-life/

 

¿Es la venta de sexo un asunto privado o una crisis pública? Si bien muchas trabajadoras sexuales dicen que los anuncios eróticos en línea las ayudan a realizar una transacción consensuada con el máximo control y seguridad, un poderoso movimiento de reforma las vincula con los temores de la trata de personas.

Hace un siglo, el pánico por la trata de personas transformó el papel del gobierno en la vida “privada”, como explica Christopher Diffee en un artículo que se centra en una película popular de esa época.

A principios del siglo XX, cuando las mujeres se estaban moviendo hacia la fuerza de trabajo urbana y la vida pública se estaba expandiendo, los informes periodísticos, las novelas y los informes de la comisión del vicio difundieron los temores sobre la “trata de blancas” que barría el país. El pánico alcanzó su punto máximo en 1913, con el lanzamiento de la exitosa película Traffic in Souls.

Un cartel de la película de 1913 Traffic in Souls (via Wikimedia Commons)

En la película, un miembro de una banda de trata de blancas seduce y secuestra a una joven trabajadora de una tienda de dulces, una mujer trabajadora representada como irresponsable y demasiado ansiosa por ir a bailar con un hombre. La hermana mayor de la chica, Mary, trabaja heroicamente con la policía para salvarla.

“Mary muestra la energía y la preocupación social agresiva de un reino moral expandido y transicional, no siendo ni un avatar pasivo de la domesticidad ni la Nueva Mujer liberada de la era del jazz”, escribe Diffee.

La trama de la película refleja los esfuerzos de los reformadores progresistas del mundo real, en su mayoría mujeres de clase media, para “proteger” a las mujeres jóvenes de la clase trabajadora de los depredadores y de su propio comportamiento. Esto implicó una mezcla de apoyos sociales y medidas punitivas. Los reformadores ayudaron a crear escuadrones antivicio, reformatorios y un sistema judicial juvenil. Algunos trataron de elevar la edad de consentimiento a 18 ó 21 años, y algunos presionaron por una ley de salario mínimo, que esperaban que protegiera a las mujeres jóvenes de tener que recurrir al trabajo sexual ilegal.

Reprimir la “trata de blancas” también significó la expansión del poder federal. La Ley Mann de 1910 prohibió el transporte interestatal de mujeres para el trabajo sexual o “cualquier otra práctica inmoral”. Durante los siguientes siete años, los casos judiciales ampliaron el alcance de la ley hasta que funcionó para criminalizar todas las relaciones sexuales no maritales. La aplicación de la Ley Mann recayó en el incipiente FBI, que abrió su primera gran oficina de campo y alcanzó el reconocimiento nacional por la fuerza de sus esfuerzos antivicio.

La respuesta al trabajo sexual bajo la situación de pánico trató a las mujeres jóvenes como víctimas en lugar de puramente como criminales, pero continuó utilizando el poder punitivo del gobierno como elemento central para su rehabilitación. También dio poca credibilidad a la idea de que podrían estar tomando decisiones racionales sobre cómo responder a sus circunstancias. Esa misma fórmula continúa hoy en gran parte de la discusión pública sobre el tema.

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‘El trabajo sexual no es trata sexual’: una idea cuyo tiempo no ha llegado

 

Por Laura Agustin

 

19/09/2014.

 

https://www.lauraagustin.com/sex-work-is-not-sex-trafficking-an-idea-whose-time-has-not-come

 

 

Los que luchan contra la prostitución tienen la costumbre de usar absurdas simplificaciones para hacer que su cruzada sea clara y fácil de entender. La campaña funciona mejor cuando los argumentos son en blanco y negro y los eslóganes son pegadizos, obviamente, así que comprendo por qué algunos defensores de los derechos las trabajadoras sexuales ahora usan un eslogan que también reduce la complejidad a dos estados opuestos: el trabajo sexual no es trata sexual (a veces el adjetivo “sexual” de “trata” se omite). El propósito es aclarar la volición de las trabajadoras sexuales que demandan derechos laborales, pero para aquéllos que luchan contra el encuadre de la migración indocumentada y el contrabando de personas como ‘crimen organizado’, con los dos únicos papeles posibles de perpetrador y víctima, el concepto es moralmente un desastre.

 

Trabajo sexual no es trata sexual surgió (primero) de la negativa común de los abolicionistas a reconocer que alguien pueda vender sexo voluntariamente y (segundo) porque desde el principio comenzaron a alterar cualquier distinción entre prostitución y trata. Afirmaciones como ninguna mujer elegiría prostituirse y los gritos de infelices ex víctimas de que sus experiencias son ciertas para todas condujeron naturalmente a la insistente oposición a admitir que muchas optan por vender sexo, algunas amando sus trabajos y otros simplemente prefiriéndolo a sus otras opciones. Decir Trabajo sexual no es trata sexual es cosificar la actual narrativa de la trata, aceptando que se refiere a algo real y malo contra lo que se debe luchar. El eslogan intenta hacer que la identidad de una trabajadora sexual sea clara al distinguirla de una identidad de víctima de trata de personas: la libre contra la que no es libre. Decir que algunas de nosotras estamos dispuestas a vender sexo atrae la atención hacia aquéllas que no están dispuestas: un mecanismo de distanciamiento característico de las políticas de identidad. Afirmar que no necesito tu ayuda o compasión significa que aceptas que otras personas sí lo necesitan: aquellas que realmente son víctimas de trata.

 

Esto es aceptar las leyes represivas, la infantilización de las mujeres, el colonialismo, la política antiinmigratoria y toda una gama de ofertas de la Industria del Rescate: sólo que todo eso no es para las verdaderas trabajadoras sexuales. Dice vosotros ganáis a los activistas anti trata, incluso sin intención de hacerlo. Arroja debajo del autobús a todas las inmigrantes, documentadas o no; a las que no les gusta mucho vender sexo y no se llaman a sí mismas trabajadoras sexuales, pero sin embargo no quieren ser salvadas o deportadas. Convierte en las otras a las muchas que tienen un control limitado sobre sus vidas, sienten la presión de ganar dinero de la forma que sea o quieren huir del infierno y escapar a cualquier otro sitio y hacen lo que haga falta para llegar allí. Esto incluye a los adolescentes que abandonan hogares que odian y terminan en la calle o evitan la calle intercambiando sexo por un lugar donde vivir.

 

Se ha negado toda la gama de complejidad y diversidad que en la actualidad se incluye en el término víctima de trata. Años de intentos de llevar la justicia y los matices a un mal marco penal son ignorados. La miríada de formas diferentes de sentirse forzado, obligado o coaccionado a dejar el hogar o tener relaciones sexuales por dinero o dar algo del propio dinero a otra persona han desaparecido. Y sí, entiendo que la victimización de la industria de rescate hace que la gente se sienta ansiosa por ofrecer algo que pueda captar el público en general. Pero el eslogan trabajo sexual no es trata sexual solo contribuye al reduccionismo impulsado por activistas anti prostitución y anti trata.

 

Es deplorable Evítalo.

 

–Laura Agustín, the Naked Anthropologist

Ley de Reforma de la Prostitución 2003 (Nueva Zelanda)

 

 

http://www.legislation.govt.nz/act/public/2003/0028/latest/whole.html#whole

 

 

Título

Esta Ley es la Ley de Reforma de la Prostitución de 2003.

 

Parte 1 Disposiciones preliminares

 

2 Comienzo

(1)

Esta Ley (excepto las disposiciones mencionadas en el inciso (2)) entra en vigencia el día posterior a la fecha en que reciba el asentimiento Real.

(2)

La Parte 3 y las Secciones 49 y 50 (2) entran en vigencia 6 meses después de la fecha en que esta Ley reciba el asentimiento Real.

3 Propósito

El objetivo de esta ley es despenalizar la prostitución (sin apoyar o sancionar moralmente la prostitución o su uso) y crear un marco que:

(a)

salvaguarde los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y las proteja de la explotación:

(b)

promueva el bienestar y la salud y seguridad ocupacional de las trabajadoras sexuales:

(c)

sea propicio para la salud pública:

(d)

prohíba el uso en la prostitución de personas menores de 18 años:

(e)

implemente ciertas otras reformas relacionadas.

 

4 Interpretación

(1)

En esta Ley, a menos que el contexto requiera lo contrario, –

burdel significa cualquier local mantenido o utilizado habitualmente para propósitos de prostitución; pero no incluye las instalaciones en las que normalmente se ofrece alojamiento con carácter comercial si la prostitución se produce en virtud de un acuerdo iniciado en otro lugar

negocios de prostitución significa una empresa que proporcione u organice la provisión de servicios sexuales comerciales

cliente significa una persona que recibe, o busca recibir, servicios sexuales comerciales

servicios sexuales comerciales significa servicios sexuales que-

(a)

involucren la participación física de una persona en actos sexuales con otra persona y para su gratificación; y

(b)

se proporcionen por un pago u otra recompensa (independientemente de si la recompensa se otorga a la persona que proporciona los servicios o a otra persona)


miembro
significa un miembro del Comité de Revisión de la Ley de Prostitución

local significa una parte de las instalaciones

prostitución significa la provisión de servicios sexuales comerciales

Comité de Examen de la Ley de Prostitución significa el comité designado en la sección 43

lugar público-

(a)

significa un lugar que está abierto o es utilizado por el público, ya sea que la admisión sea gratuita o que haya que pagar un cargo y ya sea que un propietario u ocupante del lugar tenga el derecho legal de excluir o expulsar a una persona de ese lugar; y

(b)

incluye cualquier aeronave, aerodeslizador, barco, ferry u otro barco, tren o vehículo que transporte o esté disponible para llevar pasajeros por una recompensa

trabajadora sexual significa una persona que brinda servicios sexuales comerciales

pequeño burdel operado por el propietario significa un burdel-

(a)

en el cual trabajan no más de 4 trabajadoras sexuales; y

(b)

donde cada una de esas trabajadoras sexuales tiene control sobre sus ganancias individuales de la prostitución llevada a cabo en el burdel

autoridad territorial tiene el mismo significado que en la sección 5 (1) de la Ley de Gobierno Local de 2002.

(2)

En esta Ley, una referencia a la provisión o recepción de servicios sexuales comerciales significa proporcionar o recibir esos servicios personalmente (en lugar de coordinar a otra persona para proporcionar los servicios u organizar que los servicios sean recibidos por otra persona).

5 Definición de operador

(1)

En esta Ley, el operador, en relación con un negocio de prostitución, significa una persona que, ya sea solo o con otros, posee, opera, controla o administra el negocio; e incluye (sin limitación) a cualquier persona que:

(a)

es el director de una compañía que es un operador; o

(b)

determina-

(i)

cuándo o dónde trabajará una trabajadora sexual individual; o

(ii)

las condiciones en que trabajan las personas que ejercen el trabajo sexual en el negocio; o

(iii)

la cantidad de dinero, o proporción de una cantidad de dinero, que una trabajadora sexual recibe como pago por la prostitución; o

(c)

es una persona que emplea, supervisa o dirige a cualquier persona que haga cualquiera de las cosas mencionadas en el párrafo (b).

(2)

A pesar de cualquier cosa dicha en el inciso (1), una trabajadora sexual que trabaja en un pequeño burdel operado por sus dueños no es un operador de ese negocio de prostitución, y, para los fines de esta Ley, un pequeño burdel operado por sus dueños no tiene un operador .

6 Esta Ley vincula a la Corona.

Esta Ley vincula a la Corona.

Parte 2 Servicios sexuales comerciales

Los contratos de servicios sexuales comerciales no son nulos

7 Contrato para la provisión de servicios sexuales comerciales no nulo 

Ningún contrato para la provisión u organización de la provisión de servicios sexuales comerciales es ilegal o nulo en téminos de políticas públicas u otros motivos similares.

Requisitos de salud y seguridad

8 Los operadores de negocios de prostitución deben adoptar y promover prácticas de sexo seguro

(1)

Todo operador de una empresa de prostitución debe:

(a)
tomar todas las medidas razonables para garantizar que ninguna trabajadora sexual proporcione servicios sexuales comerciales a menos que se use una funda profiláctica u otra barrera apropiada si dichos servicios incluyen penetración vaginal, anal u oral u otra actividad con un riesgo similar o mayor de adquirir o transmitir infecciones sexualmente transmisibles; y

(b)

adoptar todas las medidas razonables para dar información de salud (ya sea oral o escrita) a las personas que ejercen el trabajo sexual y a los clientes; y

(c)

si la persona opera un burdel, exhibir información de salud de forma ostentosa en ese burdel; y

(d)

no declarar ni dar a entender que un examen médico de una trabajadora sexual significa que la trabajadora sexual no está infectada o es probable que esté infectada con una infección de transmisión sexual; y

(e)

adoptar todas las demás medidas razonables para minimizar el riesgo de las trabajadoras sexuales o de los clientes de adquirir o transmitir infecciones de transmisión sexual.

(2)

Toda persona que contravenga la subsección (1) comete un delito y es responsable por una multa no mayor de $ 10.000

(3) Las obligaciones de esta sección se aplican solo en relación con los servicios sexuales comerciales prestados para la empresa y con las personas que ejercen el trabajo sexual y los clientes que estén en relación con esos servicios.

(4)

En esta sección, información de salud significa información sobre las prácticas sexuales más seguras y sobre servicios para la prevención y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual.

Sección 8 (2): modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81) .

9 Las trabajadoras sexuales y los clientes deben adoptar prácticas de sexo más seguro

( 1)

Una persona no debe proporcionar ni recibir servicios sexuales comerciales a menos que haya tomado todas las medidas razonables para asegurarse de que se use una funda profiláctica u otra barrera apropiada si dichos servicios incluyen penetración vaginal, anal u oral, u otra actividad con un riesgo similar o mayor de adquirir o transmitir infecciones de transmisión sexual.

2)

Una persona no debe, con el propósito de proporcionar o recibir servicios sexuales comerciales, declarar o dar a entender que un examen médico de esa persona significa que no está infectada, o es probable que esté infectada, con una infección de transmisión sexual.

(3)

Una persona que proporciona o recibe servicios sexuales comerciales debe adoptar todas las demás medidas razonables para minimizar el riesgo de adquirir o transmitir infecciones de transmisión sexual.

(4)

Toda persona que contravenga la subsección (1), subsección (2) o subsección (3) comete un delito y es responsable por una multa que no exceda de $ 2.000.

Sección 9 (4): enmendado, el 1 de julio 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81) .

10 Aplicación de la Ley de salud y seguridad en el trabajo de 2015

(1)

Una trabajadora sexual trabaja en el marco de la Ley de salud y seguridad en el trabajo de 2015, mientras proporcione servicios sexuales comerciales.

(2)

Sin embargo, nada en esta Ley (incluida la subsección (1)) limita esa Ley o cualquier reglamento o códigos de prácticas aprobados en virtud de esa Ley.

Título de la Sección 10: modificado, el 4 de abril de 2016, por la sección 232 de Ley de salud y seguridad en el trabajo 2015 (2015 no 70) .

Sección 10 (1): modificada, el 4 de abril de 2016, por el artículo 232 de la Ley de salud y seguridad en el trabajo de 2015 (2015 no 70).

Restricciones de publicidad 

11 Restricciones a la publicidad de servicios sexuales comerciales

(1)

Los anuncios de servicios sexuales comerciales no pueden ser:

(a)

transmitidos por radio o televisión; o

(b)

publicados en un periódico o revista, excepto en la sección de anuncios clasificados del periódico o revista; o

(c)

proyectados en un cine público.

(2)

Una persona que hace cualquiera de las cosas descritas en la subsección (1), o que autoriza a hacer cualquiera de las cosas descritas en esa subsección, comete un delito y es punible con una pena, –

(a)

en el caso de una persona jurídica, una multa que no exceda de $ 50.000; y

(b)

en cualquier otro caso, una multa que no exceda $ 10.000.

(3)

En esta sección, publicidad significa cualquier palabra, o cualquier representación pictórica u otra representación, utilizada para notificar la disponibilidad de, o promover la venta de, servicios sexuales comerciales , general o específicamente.

Sección 11 (2): modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81).

La autoridad territorial puede establecer ordenanzas

12 Ordenanzas que controlan la señalización publicitaria de servicios sexuales comerciales

(1)

La autoridad territorial puede establecer ordenanzas para su distrito que prohíban o regulen la señalización que esté en un lugar público o que sea visible desde allí, y que anuncie servicios sexuales comerciales.

(2)

Las ordenanzas se pueden establecer bajo lo dispuesto en esta sección sólo si la autoridad territorial está de acuerdo con que la ordenanza es necesaria para evitar la exhibición pública de señalización que:

(a)

es probable que cause molestias o una ofensa grave a los miembros comunes del público que usan el área; o

(b)

es incompatible con el carácter existente o el uso de esa área.

(3)

Las ordenanzas establecidas bajo esta sección pueden prohibir o regular la señalización en cualquier término, incluso (sin limitación) mediante la imposición de restricciones en el contenido, forma o cantidad de la señalización en exhibición.

(4)

Las partes 8 y 9 de la Ley de gobierno local de 2002 (que se refieren, entre otras cosas, a la aplicación de las ordenanzas y las sanciones por incumplimiento) se aplican a una ordenanza establecida en esta sección como si la ordenanza hubiera sido establecida según el artículo 145 de esa Ley.

13 Procedimiento para la elaboración de las ordenanzas

(1)

Una ordenanza establecida en virtud del artículo 12 debe hacerse de la misma manera en todos los aspectos como si fuera una ordenanza establecida en virtud de la Ley de administración local de 2002.

(2)

A pesar de subsección (1), se puede hacer una ordenanza bajo la sección 12 incluso si, contrariamente a la sección 155 (3) de la Ley de gobierno local de 2002, es incompatible con la Ley de la Carta de Derechos de Nueva Zelanda de 1990.

14 Reglamentos que regulan la ubicación de los burdeles.

Sin limitar la sección 145 de la Ley de gobierno local de 2002, una autoridad territorial puede establecer ordenanzas para su distrito bajo la sección 146 de esa Ley con el propósito de regular la ubicación de burdeles.

Consentimiento de recursos

15 Consentimiento de recursos en relación con negocios de prostitución

(1)

Al considerar una solicitud de consentimiento de recursos bajo la Ley de Manejo de Recursos de 1991 para un uso del terreno en relación con un negocio de la prostitución, una autoridad territorial debe tener en cuenta si el negocio de la prostitución: 

(a)

es probable que cause molestias o una ofensa grave a los miembros del público en general que utilizan el área en que se encuentra el terreno; o 

(b)

es incompatible con el carácter o uso existente del área en que se encuentra el terreno.

(2)

Habiendo considerado los asuntos en la subsección (1) (a) y (b), así como los asuntos que se requieren en virtud de la Ley de gestión de recursos de 1991, la autoridad territorial puede, de conformidad con las secciones 104A a 104D de esa Ley, otorgar o negarse a otorgar un consentimiento de recurso, o, de conformidad con la sección 108 de esa Ley, imponer condiciones a cualquier consentimiento de recurso.

(3)

La subsección (1) no limita o afecta el funcionamiento de la Ley de Manejo de Recursos de 1991 de ninguna manera, y puede ser anulada, con respecto a áreas particulares dentro de un distrito, por las disposiciones de un plan de distrito o propuesta de plan del distrito.

Protecciones para las trabajadoras sexuales 

16 Inducir u obligar a las personas a proporcionar servicios sexuales comerciales u obtener ganancias de la prostitución

(1)

Ninguna persona puede hacer lo descrito en la subsección (2) con la intención de inducir u obligar a otra persona (persona A) a-

(a)

proporcionar, o continuar proporcionando servicios sexuales comerciales a cualquier persona; o

(b)

proporcionar, o continuar proporcionando, a cualquier persona cualquier pago u otra recompensa derivada de los servicios sexuales comerciales proporcionados por la persona A.

(2)

Los actos mencionados en la subsección (1) son cualquier amenaza o promesa explícita o implícita de que cualquier persona (persona B):

(a)

utilizará indebidamente, en detrimento de cualquier persona, cualquier poder o autoridad que surja de:

(i)

cualquier puesto ocupacional o vocacional en poder de la persona B; o

(ii)

cualquier relación existente entre la persona B y la persona A:

(b)

cometerá un delito punible con prisión:

(c)

hará una acusación o divulgación (sea verdadera o falsa) –

(i)

de cualquier delito cometido por cualquier persona; o

(ii)

de cualquier otra conducta indebida que pueda dañar seriamente la reputación de cualquier persona; o

(iii)

de que cualquier persona se encuentra ilegalmente en Nueva Zelanda:

(d)

suministrará o retendrá el suministro de cualquier droga controlada según la definición de la Ley de Uso Indebido de Drogas de 1975.

(3)

Toda persona que contravenga la subsección (1) comete un delito y puede ser condenado a una pena de prisión de 14 años como máximo.

Sección 16 (3): modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81) .

17 Negativa a proporcionar servicios sexuales comerciales

(1)

A pesar de cualquier cosa que figure en un contrato para la provisión de servicios sexuales comerciales, una persona puede, en cualquier momento, negarse a proporcionar, o continuar proporcionando, un servicio sexual comercial a cualquier otra persona.

(2)

El hecho de que una persona haya firmado un contrato para proporcionar servicios sexuales comerciales no constituye en sí mismo un consentimiento a los efectos de la ley penal si no consiente o retira su consentimiento para proporcionar un servicio sexual comercial.

(3)

Sin embargo, nada en esta sección afecta al derecho (si lo hay) a rescindir o cancelar, o recibir indemnización por daños y perjuicios por un contrato para la provisión de servicios sexuales comerciales que no se realiza.

Protecciones para personas que se niegan a trabajar como trabajadoras sexuales

 18 La negativa a trabajar como trabajadora sexual no afecta los derechos

(1)

El beneficio de una persona, o el derecho a un beneficio, en virtud de la Ley de Seguridad Social de 1964 no puede ser cancelado o afectado de ninguna otra manera por su negativa a trabajar o continuar trabajando como trabajadora sexual (y, en este caso, ese trabajo es empleo no adecuado para esa persona bajo esa Ley).

(2)

Los derechos de una persona bajo la Ley de Prevención, Rehabilitación, y Compensación de Lesiones 2001 no pueden perderse ni verse afectados de ninguna otra manera por su capacidad de trabajar como trabajadora sexual. si se niega a hacer, o continuar haciendo, ese tipo de trabajo.

(3)

En esta sección, denegación significa una negativa a realizar este tipo de trabajo en general, en lugar de negarse a un trabajo en particular o en un momento particular.

Aplicación de la Ley de Inmigración 2009 

19 Aplicación de la Ley de Inmigración 2009

(1)

No se puede otorgar un visado bajo la Ley de Inmigración de 2009 a una persona sobre la base de que la persona:

(a)

ha proporcionado, o tiene la intención de proporcionar, servicios sexuales comerciales; o

(b)

ha actuado o tiene la intención de actuar como un operador de un negocio de prostitución; o

(c)

ha invertido, o tiene la intención de invertir, en un negocio de prostitución.

(2)

Es una condición de cada visado de clase de entrada temporal otorgada bajo la Ley de Inmigración de 2009 que el titular del visado no puede, mientras esté en Nueva Zelanda,

(a)

proporcionar servicios sexuales comerciales; o

(b)

actuar como operador de una empresa de prostitución en Nueva Zelanda; o

(c)

invertir en un negocio de prostitución en Nueva Zelanda.

(3)

Es motivo suficiente para que el Ministro de Inmigración o un oficial de inmigración determine que un titular de visado de clase de ingreso temporal es merecedor de la deportación según el artículo 157 de la Ley de Inmigración de 2009, si el Ministro o el oficial cree, por motivos razonables, que el titular está involucrado en cualquiera de las cosas enumeradas en la subsección (2) (a) a (c) de esta sección.

(4)

Las condiciones de un visado de residencia se considera no haber sido cumplidas y el residente es merecedor de la deportación bajo la sección 159 de la Ley de Inmigración de 2009 si el Ministro de Inmigración o un oficial de inmigración determina que el titular de un visado de residente actúa como operador de, o invierte en, un negocio de la prostitución en Nueva Zelanda .

(5)

Esta sección se aplica a todas los visados y permisos concedidos y a todos los requisitos y condiciones impuestos bajo la Ley de Inmigración de 1987 o la Ley de Inmigración de 2009, ya sea concedida o impuesta antes o después del comienzo de esta sección.

Sección 19: sustituida, a las 2 a. m. del 29 de noviembre de 2010, por la sección 406 (1) de la Ley de inmigración de 2009 (2009 n. ° 51) .

Prohibiciones sobre el uso en la prostitución de menores de 18 años

20 Ninguna persona puede ayudar a una persona menor de 18 años en la provisión de servicios sexuales comerciales.

Ninguna persona puede causar, ayudar, facilitar o alentar a una persona menor de 18 años a proporcionar servicios sexuales comerciales a ninguna otra persona.

21 Ninguna persona puede recibir ganancias de servicios sexuales comerciales proporcionados por personas menores de 18 años.

Ninguna persona puede recibir un pago u otra recompensa que él o ella sabe, o debería razonablemente saber, se deriva, directa o indirectamente, de servicios sexuales comerciales prestados por una persona menor de 18 años de edad

22 Ninguna persona puede contratar servicios sexuales comerciales de, o ser cliente de una persona menor de 18 años

(1)

Ninguna persona puede celebrar un contrato u otro arreglo por el cual una persona menor de 18 años deba proporcionar servicios sexuales comerciales a esa persona u otra persona

(2)

Ninguna persona puede recibir servicios sexuales comerciales de una persona menor de 18 años.

23 Delito por violar las prohibiciones de uso en la prostitución de personas menores de 18 años

(1)

Toda persona que infrinja la sección 20, la sección 21 o la sección 22 comete un delito y es responsable bajo sentencia condenatoria a una pena de prisión no superior a 7 años.

(2)

Ninguna persona contraviene la sección 20 simplemente por proporcionar asesoramiento legal, consejo, asesoramiento médico o cualquier servicio médico a una persona menor de 18 años.

(3)

No se puede imputar a una persona menor de 18 años como parte en un delito cometido en esa persona o en contra de esa persona.

Sección 23 (1): enmendada el 1 de julio de 2013 por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81) .

Personas que entren e inspeccionen el cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad 

24 Propósito de la inspección

(1)

Las facultades de inspección en la sección 26 pueden usarse solo con el propósito de determinar si una persona cumple o ha cumplido con la sección 8 o sección 9.

(2)

Esta sección no limita la capacidad de un inspector para denunciar cualquier otro delito o presunto delito a la Policía o cualquier otra agencia relevante.

25 Inspectores

(1)

Toda persona designada como Oficial Médico de Salud por el Director General de Salud bajo el La Ley de Salud de 1956 es un inspector a los efectos de esta Ley.

(2)

Un Oficial Médico de Salud también puede designar personas como inspectores para su distrito de salud, de manera permanente o temporal, para los fines de esta Ley.

(3)

Un Oficial Médico de Salud puede nombrar a una persona como un inspector solo si está convencido de que está debidamente calificado o capacitado para desempeñar esa función.

(4)

Ese nombramiento debe ser por escrito y debe contener:

(a)

una referencia a esta sección; y

(b)

el nombre completo de la persona designada; y

(c)

una declaración de las facultades conferidas a la persona designada por la sección 26 y el propósito bajo la sección 24 para el cual esas facultades pueden ser utilizadas.

26 Poderes para entrar e inspeccionar el cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad

(1)

Un inspector puede, en cualquier momento razonable, ingresar a las instalaciones con el propósito de llevar a cabo una inspección si tiene motivos razonables para creer que se está llevando a cabo un negocio de prostitución en las instalaciones.

(2)

A los fines de la inspección, el inspector puede –

(a)

realizar inspecciones razonables:

(b)

tomar fotografías y mediciones y realizar bocetos y grabaciones:

(c)

requerir que cualquiera de las siguientes personas brinde información o asistencia razonablemente requerida por el inspector:

(i)

una persona que opera el negocio de prostitución, o un empleado o agente de esa persona:

(ii)

una trabajadora sexual o cliente del negocio de la prostitución:

(d)

tomar copias de la información referida en el párrafo (c).

(3)

Un inspector puede confiscar y retener cualquier cosa en los locales en los que ingrese ​​bajo esta sección cuando el inspector tenga motivos razonables para creer que será evidencia de la comisión de un delito contra la sección 8 o la sección 9.

(4)

Nada en esta sección limita o afecta el privilegio contra la autoinculpación

(5)

Un inspector puede llevar a cualquier persona que actúe bajo la supervisión directa del inspector a las instalaciones para ayudarlo con la inspección.

27 Entrada en viviendas

(1)

Un inspector no puede ingresar en una vivienda según la sección 26 a menos que –

(a)

tiene el consentimiento de un ocupante de esa vivienda; o

(b)

está autorizado a hacerlo mediante una orden emitida bajo la subsección (2).

(2)

Un Juez del Tribunal de Distrito, Juez, Magistrado de la Comunidad o Registrador del Tribunal de Distrito (que no es un agente) puede emitir una orden de ingreso en una vivienda o parte de una vivienda si, en la solicitud hecha bajo juramento, está convencido de que existen motivos razonables para creer que-

(a)

un negocio de prostitución se lleva a cabo en la vivienda; o

(b)

la vivienda o la parte de la vivienda es el único medio practicable para ingresar a las instalaciones donde se lleva a cabo un negocio de prostitución.

(3)

La orden debe ser dirigida a un inspector por su nombre y debe estar en la forma prescrita.

Sección 27 (2): modificada, el 1 de marzo de 2017, por la sección 261 de la Ley de tribunales de distrito de 2016 (2016 no 49) .

Sección 27 (2): modificada, el 1 de octubre de 2008, de conformidad con la sección 116 (a ) (ii) de la Ley de vigilancia de 2008 (2008 no 72) .

28 Requisitos para llevar a cabo la inspección

(1)

Un inspector debe, al ingresar en los locales según la sección 26 y cuando le sea razonablemente solicitado en cualquier momento posterior, producir:

(a)

evidencia de su designación como Oficial Médico de Salud o nombramiento como inspector por un Oficial Médico de Salud; y

(b)

evidencia de su identidad; y

(c)

una declaración de las facultades conferidas al inspector por la sección 26 y el propósito bajo la sección 24 para el cual esas facultades pueden ser utilizadas; y

(d)

si ingresa a una casa bajo una orden emitida bajo la sección 27 (2), esa orden.

(2)

Si el propietario u ocupante del local no está presente en el momento en que un inspector ingresa e inspecciona las instalaciones, el inspector debe –

(a)

dejar en un lugar destacado de ese local una declaración por escrito que incluya la siguiente información:

(i)

la hora y la fecha de la entrada; y

(ii)

el nombre de la persona que ingresó al local; y

(iii)

el hecho de que la persona es un inspector; y

(iv)

las razones de la entrada; y

(v)

la dirección de la oficina del Ministerio de Salud en la cual se deben realizar las consultas; y

(b)

adoptar todas las medidas razonables para dar esa información al propietario u ocupante del local.

(3)

Si algo se incauta en el curso de una inspección, el inspector debe dejar en un lugar destacado del local, o entregar o enviar por correo certificado al propietario u ocupante dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrada, un inventario por escrito de todas las cosas incautadas.

(4)

La Sección 199 de la Ley de Procedimientos Resumidos de 1957 se aplica a cualquier cosa incautada en el curso de una inspección (como si el inspector fuera un alguacil y con cualquier otra modificación necesaria) .

29 Obstruir a los inspectores.

Una persona comete un delito, y debe pagar una multa no mayor de $ 2.000, si obstruye, obstaculiza o engaña intencionalmente a un inspector en la ejecución de un poder u orden en virtud de esta Ley.

Sección 29: modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011, no 81) .

Poderes de entrada

30 Orden para la entrada de la policía

(1)

Un funcionario emisor (dentro del significado de la sección 3 de la Ley de Búsqueda y Vigilancia de 2012) puede emitir una orden para ingresar en un lugar si está convencido de que:

(a)

existe una buena causa para sospechar que un delito, bajo cualquiera de las siguientes disposiciones es, ha sido o es probable que sea cometido en el lugar:

(i)

la sección 23 (que trata sobre el uso de menores de 18 años en la prostitución) :

(ii)

la sección 34 (que trata de ser un operador sin tener un certificado); y

(b)

hay motivos razonables para creer que es necesario que un alguacil ingrese al lugar con el propósito de prevenir la comisión o la repetición de ese delito o la investigación de ese delito.

(2)

Las disposiciones de la Parte 4 de la Ley de Búsqueda y Vigilancia 2012 se aplica como si la orden a la que se hace referencia en el inciso (1) fuera una orden de allanamiento.

(3)

[Derogado]

Sección 30 (1): enmendado el 1 de octubre de 2012 por la sección 293 (2) de Búsqueda y Vigilancia Ley de 2012 (2012 no 24) .

Sección 30 (1) (b): modificada, el 1 de octubre de 2008, de conformidad con el artículo 116 (a) (ii) de la Ley de vigilancia de 2008 (2008 no 72).

Sección 30 (2) : sustituido, el 1 de octubre de 2012, por el artículo 293 (3) de la Ley de búsqueda y vigilancia de 2012 (2012 no 24) .

Sección 30 (3): derogado, el 1 de octubre de 2012, por la sección 293 (3) de la Búsqueda y Ley de vigilancia de 2012 (2012 no 24)

31 Forma y contenido de la orden

[Derogada]

Sección 31: derogada el 1 de octubre de 2012 por la sección 293 (4) de la Ley de búsqueda y vigilancia de 2012 (2012 no 24) .

32 Facultades conferidas por la orden 

[derogado]

Sección 32: derogado, el 1 de octubre de 2012, por la sección 293 (4) de la Ley de Búsqueda y Vigilancia 2012 (2012 no 24) . 

33 Requisitos para ejecutar la orden 

[Derogado]

Sección 33: derogada, el 1 de octubre de 2012, por el artículo 293 (4) de la Ley de búsqueda y vigilancia de 2012 (2012 no 24).

Parte 3 Certificados de operador

34 Obtención de certificados por parte de operadores de empresas de prostitución

(1)

Todo operador de una empresa de prostitución (que no sea una sociedad) debe tener un certificado emitido en virtud de la sección 35.

(2)

Toda persona que, aún estando obligada por la subsección (1) a poseer un certificado, no posee un certificado, comete un delito y es responsable por una multa que no exceda los $ 10.000.

(3)

Si una persona que es acusada bajo la subsección (2) afirma que él o ella no es un operador porque él o ella es una trabajadora sexual en un pequeño burdel operado por sus dueños y no es un operador de ningún otro negocio de prostitución, debe probar esa afirmación en el balance de probabilidades.

(4)

A pesar de la subsección (2), ninguna persona puede ser condenada por un delito en virtud de esa subsección si el período durante el cual la persona no posee un certificado está dentro de los primeros 6 meses después de que esta sección entre en vigor.

Artículo 34 (2): enmendado, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81).

35 Solicitud y concesión de certificados

(1)

Un solicitante de un certificado debe solicitarlo al Registrador.

(2)

En esta Parte, Registrador significa el Registrador del Tribunal de Distrito en Auckland, o el Registrador de cualquier otra oficina del Tribunal de Distrito identificada en las reglamentaciones establecidas en virtud de esta Ley como el Registrador que puede aceptar solicitudes bajo esta sección.

(3)

La solicitud debe estar en la forma prescrita e ir acompañada de la tarifa prescrita.

(4)

La solicitud puede requerir que el solicitante proporcione no más de lo siguiente:

(a)

el nombre completo, fecha de nacimiento y sexo del solicitante:

(b)

cualquier otro nombre por el cual el solicitante es, o alguna vez ha sido, conocido:

(c)

la dirección a la cual el solicitante desea que se envíe cualquier certificado y correspondencia relacionada:

(d)

una fotocopia de cualquier forma de identificación oficial que contenga una fotografía del solicitante, como un pasaporte o licencia de conducir, que esté autenticada de la manera prescrita:

(e)

1 ó más fotografías recientes del solicitante que cumplan con los requisitos prescritos y estén autenticadas de la manera prescrita:

(f)

si se realizó una petición en virtud de la sección 37, una copia de la orden.

(5)

El Registrador debe emitir un certificado a un solicitante si-

(a)

el solicitante paga la tarifa prescrita, suministra un formulario de solicitud debidamente completado y adjunta la fotocopia y las fotografías requeridas; y

(b)

el solicitante tiene 18 años o más; y

(c)

el solicitante es-

(i)

no descalificado para poseer un certificado bajo la sección 36; o

(ii)

está descalificado, pero se le ha otorgado una exención de descalificación según la sección 37 y la renuncia no ha sido cancelada.

(6)

Cada certificado debe estar en la forma prescrita y debe contener una fotografía del titular.

(7)

Si se rechaza un certificado, el Registrador debe notificarlo al solicitante por escrito, con los motivos, y proporcionar información sobre cómo solicitar una exención de descalificación en virtud de la sección 37.

Sección 35 (2): enmendada, el 1 de marzo de 2017, por la sección 261 de la Ley de tribunales de distrito de 2016 (2016 no 49).

36 Descalificación para poseer un certificado

(1)

Una persona está descalificada para obtener un certificado si ha sido condenada en cualquier momento por cualquiera de los delitos descalificadores establecidos en la subsección (2), o ha sido condenada por un intento de cometer tal delito, de conspiración para cometer cualquier tal delito, o de ser un cómplice del delito.

(2)

Los delitos descalificadores son los siguientes:

(a)

un delito bajo esta Ley (que no sea un delito bajo la sección 39 (3), sección 40 (2), y la sección 41 (3)):

(b)

un delito bajo cualquiera de los siguientes artículos o partes la Ley de de Delitos de 1961 que sea punible con 2 o más años de prisión:

(i)

sección 98A (participación en un grupo delictivo organizado):

(ii)

secciones 127 a 144C (incluye crímenes sexuales):

(iii)

Parte 8 (incluye asesinato, homicidio, asalto y secuestro):

(iv)

secciones 234 a 244 (robo, extorsión y robo):

(v)

sección 257A (lavado de dinero):

(c)

un delito tipificado en la Ley de Armas de 1983 que se castigue con pena de prisión:

(d)

en relación con la Ley de uso indebido de drogas de 1975, –

(i)

un delito bajo la sección 6 (aparte de la posesión de una droga controlada de Clase C):

(ii)

una ofensa bajo la sección 9, la sección 12A, la sección 12AB o la sección 12B:

(iii)

un delito bajo cualquier otra sección, pero solo si se trata de una droga controlada de Clase A o Clase B.

Sección 36 (2) (d) (ii): enmendada, el 22 de junio de 2005, por el artículo 23 de la Ley de Enmienda al Uso Indebido de Drogas de 2005 (2005 no 81).

37 Exención de la descalificación

(1)

Una persona que está descalificada para poseer un certificado puede solicitar por escrito al Registrador una orden de exención de la descalificación.

(2)

Al recibir una solicitud, el Registrador debe:

(a)

remitir la solicitud a un juez del tribunal de distrito para su determinación; y

(b)

enviar una copia de la solicitud al Comisionado de Policía para un informe sobre los asuntos mencionados en la subsección (4) (b).

(3)

El Comisionado de Policía debe proporcionar un informe al Registrador dentro de las 3 semanas posteriores a la recepción de la solicitud, y el Registrador debe enviar inmediatamente una copia del informe al solicitante.

(4)

Un juez del tribunal de distrito puede emitir una orden eximiendo de la descalificación si está convencido de que-

(a)

el delito del solicitante era de una naturaleza, o ocurrió hace tanto tiempo, que ya no debería ser una barrera para obtener un certificado; y

(b)

el solicitante no ha sido, y no ha sido recientemente, asociado o involucrado con personas que estarían descalificadas en virtud del artículo 36 y que se podría esperar razonablemente que ejercieran una influencia sobre el solicitante.

(5)

El Juez del Tribunal de Distrito que decide sobre la solicitud-

(a)

no puede emitir su orden hasta al menos 2 semanas después de recibir el informe proporcionado en la subsección (3); y

(b)

debe determinar la solicitud sobre la base del material contenido en la solicitud, el informe de la policía y cualquier otro material escrito proporcionado por el solicitante, ya sea en respuesta al informe de la policía o de otro modo.

(6)

Una orden de exención de la descalificación permanece vigente hasta que se cancela según la subsección (7) o la subsección (8).

(7)

Una orden de exención de la descalificación se cancela, mediante el funcionamiento de esta subsección, si la persona a la que se aplica es condenada por cualquier delito mencionado en la sección 36 (2).

(8)

Un juez del tribunal de distrito puede cancelar una orden de exención de la descalificación de una persona si-

(a)

la Policía solicita al Registrador una orden de cancelación de la exención; y

(b)

una copia de la solicitud de la Policía se envía a la persona a la dirección proporcionada en su solicitud de un certificado; y

(c)

al menos 2 semanas después de enviar esa solicitud, ya sea que el Registrador no haya recibido ninguna respuesta del titular del certificado o, si el titular ha hecho presentaciones por escrito, el Juez del Tribunal de Distrito ha considerado esas presentaciones; y

(d)

el juez del tribunal de distrito está convencido, sobre la base de la solicitud de la policía y las presentaciones recibidas de la persona interesada, de que la exención debe cancelarse porque la persona está asociada o involucrada con personas que quedarían descalificadas en virtud del artículo 36 y que se podría esperar razonablemente que ejercieran una influencia sobre la persona.

38 Vencimiento, renovación y reemplazo del certificado

(1)

Un certificado vence un año después de la fecha en que se emitió.

(2)

El titular del certificado puede solicitar, en cualquier momento dentro de los 2 meses anteriores a la expiración de su certificado, la renovación del certificado, en cuyo caso la sección 35 se aplica como si la solicitud de renovación fuera una solicitud de certificado.

(3)

Si se realiza una solicitud de renovación, pero no se resuelve antes de que expire un certificado, el certificado original no expira hasta que se resuelva la solicitud de renovación.

(4)

El registrador puede emitir un certificado de reemplazo a un titular de certificado si-

(a)

el titular solicita un certificado de reemplazo y el Registrador está convencido de que el certificado original se ha perdido o destruido; y

(b)

el titular proporciona 1 o más fotografías recientes de sí mismo que cumplen con los requisitos prescritos y están autenticadas de la manera prescrita; y

(c)

el titular paga la tarifa prescrita (si corresponde).

39 Cancelación del certificado

(1)

El Registrador debe cancelar un certificado al recibir la notificación de que el titular del certificado-

(a)

está descalificado para obtener un certificado como resultado de una condena por cualquier delito mencionado en la sección 36 (2); o

(b)

ha sido cancelada su exención de descalificación.

(2)

La cancelación del certificado entrará en vigencia 5 días después de que la notificación de la cancelación se envíe al titular del certificado a la dirección indicada en su solicitud de certificado.

(3)

Una persona cuyo certificado se cancela comete un delito y es responsable por una multa de no más de $ 2.000, si no devuelve el certificado al Tribunal de Distrito dentro de 1 mes de la cancelación del certificado.

Sección 39 (3): enmendada, el 1 de marzo de 2017, por el artículo 261 de la Ley de tribunales de distrito de 2016 (2016 no 49).

Sección 39 (3): modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81).

40 El operador debe mostrar el certificado a requerimiento

(1)

Un alguacil puede, tras presentar prueba de que él o ella es un alguacil, requerir a cualquier persona del que crea por motivos razonables que es un operador que muestre el certificado para inspección, y la persona debe presentar su certificado, a él o ella o a otro agente de la comisaría de policía local, dentro de las 24 horas posteriores a la solicitud.

(2)

Si se realiza una solicitud bajo la subsección (1) al titular de un certificado, ese titular comete un delito, y es responsable por una multa de hasta $ 2.000, si no presenta, sin justificación razonable, su certificado de la forma requerida por esa subsección.

Sección 40 (1): enmendada, el 1 de octubre de 2008, de conformidad con el artículo 116 (a) (ii) de la Ley de Policía de 2008 (2008 no 72).

Sección 40 (2): enmendada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81).

41 Registros judiciales

(1)

Los registros judiciales relativos a la identidad de los solicitantes de certificados, de los solicitantes de exención de la descalificación y los titulares de certificados pueden ser buscados, inspeccionados o copiados solo por:

(a)

el solicitante o titular interesado; y

(b)

el registrador; y

(c)

la Policía, pero solo con el propósito de investigar un delito

(2)

Nada en esta sección limita el poder del Registrador para preparar y suministrar (ya sea para uso del Departamento para Tribunales o cualquier otro propósito) información estadística sobre solicitantes de certificados, solicitantes de exención de descalificación y titulares de certificados, siempre que la información se proporcione en una forma que no identifique a los solicitantes individuales o titulares de certificados.

(3)

Una persona que, en contravención de esta sección, obtiene o usa información que proviene de, o pretende obtenerla de, los registros judiciales a los que se hace referencia en esta sección comete un delito y es responsable por una multa que no exceda $ 2.000.

Sección 41 (3): modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81).

Parte 4 Disposiciones varias

Revisión del funcionamiento de la Ley y asuntos relacionados por el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución


42 Revisión del funcionamiento de la Ley y asuntos relacionados

(1)

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución debe, –

(a)

tan pronto como sea posible después del comienzo de esta Ley, –

(i)

evaluar el número de personas que trabajan como trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda y cualquier asunto prescrito relacionado con las trabajadoras sexuales o la prostitución; y

(ii)

informar sobre sus conclusiones al Ministro de Justicia; y

(b)

no antes de la expiración de 3 años, pero antes de la expiración de 5 años, después del comienzo de esta Ley, –

(i)

revisar el funcionamiento de esta Ley desde su inicio; y

(ii)

evaluar el impacto de esta Ley sobre el número de personas que trabajan como trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda y sobre cualquier asunto prescrito relacionado con las trabajadoras sexuales o la prostitución; y

(iii)

evaluar la naturaleza y la adecuación de los medios disponibles para ayudar a las personas a evitar o dejar de trabajar como trabajadoras sexuales; y

(iv)

considerar si es necesario o conveniente cualquier enmienda a esta Ley o cualquier otra ley y, en particular, si el sistema de certificación es efectivo o podría mejorarse, si otras agencias o agencias podrían o deberían administrarlo, y si se necesita un sistema para identificar la ubicación de las empresas de prostitución; y

(v)

considerar si otras enmiendas a la ley son necesarias o deseables en relación con las trabajadoras sexuales o la prostitución; y

(vi)

considerar si es necesario o deseable realizar cualquier otra revisión o evaluación de los asuntos establecidos en este párrafo; y

(vii)

informar sobre sus conclusiones al Ministro de Justicia; y

(c)

llevar a cabo cualquier otra revisión, evaluación e información requerida por las reglamentaciones hechas bajo esta Ley.

(2)

El Ministro de Justicia debe presentar una copia de cualquier informe proporcionado en esta sección a la Cámara de Representantes tan pronto como sea posible después de recibirla.

43 Comité de Revisión de la Ley de Prostitución

(1)

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución debe estar compuesto por 11 miembros nombrados por el Ministro de Justicia.

(2)

El Ministro de Justicia debe nombrar

(a)

2 personas nominadas por el Ministro de Justicia; y

(b)

1 persona designada por la Ministra de Asuntos de la Mujer después de consultar con el Ministro de Asuntos de la Juventud; y

(c)

1 persona designada por el Ministro de Salud; y

(d)

1 persona designada por el Ministro de Policía; y

(e)

2 personas nominadas por el Ministro de Comercio para representar a los operadores de negocios de prostitución; y

(f)

1 persona designada por el Ministro de Gobierno Local; y

(g)

3 personas nominadas por el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (o, si no hay un Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, por cualquier otro organismo que el Ministro de Justicia considere que representa los intereses de las trabajadoras sexuales).

(3)

El Ministro de Justicia puede, por recomendación del nominador de un miembro, destituir a un miembro del cargo por incapacidad para realizar los deberes de los miembros, mala conducta por parte del miembro o cualquier otra causa justa probada por el miembro.

43 Comité de Revisión de la Ley de Prostitución

(1)

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución debe estar compuesto por 11 miembros nombrados por el Ministro de Justicia.

(2)

El Ministro de Justicia debe nombrar

(a)

2 personas nominadas por el Ministro de Justicia; y

(b)

1 persona designada por la Ministra de Asuntos de la Mujer después de consultar con el Ministro de Asuntos de la Juventud; y

(c)

1 persona designada por el Ministro de Salud; y

(d)

1 persona designada por el Ministro de Policía; y

(e)

2 personas nominadas por el Ministro de Comercio para representar a los operadores de negocios de prostitución; y

(f)

1 persona designada por el Ministro de Gobierno Local; y

(g)

3 personas nominadas por el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (o, si no hay un Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, por cualquier otro organismo que el Ministro de Justicia considere que representa los intereses de las trabajadoras sexuales).

(3)

El Ministro de Justicia puede, por recomendación del nominador de un miembro, destituir a un miembro del cargo por incapacidad para realizar los deberes de los miembros, mala conducta del miembro o cualquier otra causa justa probada a satisfacción del nominador.

(4)

El miembro no tiene derecho a compensación u otro pago relacionado con la destitución.

(5)

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución deja de existir en una fecha designada por el Ministro de Justicia, mediante notificación en la Gaceta, es decir después de la fecha de su informe al Ministro conforme a la sección 42 (1) (b) (vii).

44 Otras disposiciones sobre nombramiento, remoción, plazo y renuncia de miembros 

(1)

Un miembro debe ser nombrado o removido mediante notificación por escrito al miembro y a su nominador.

(2)

Un miembro ocupa el cargo por un período establecido en ese aviso de hasta 5 años.

(3)

Un miembro cuyo mandato expira continúa ejerciendo su cargo hasta que vuelva a ser nombrado o se designe a su sucesor.

(4)

Sin embargo, todos los miembros cesan en sus funciones en la fecha en que deja de existir el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución.

(5)

Una persona puede ser reelegida como miembro.

(6)

Un miembro puede renunciar mediante notificación por escrito al Ministro de Justicia y a su nominador.

(7)

Los poderes del Comité de Revisión de la Ley de Prostitución no se ven afectados por ninguna vacante en su membresía.

45 Remuneración de los miembros

(1)

Un miembro tiene derecho a recibir una remuneración en concepto de honorarios, sueldos o asignaciones y dietas y gastos de viaje de conformidad con la Ley de honorarios y dietas por viaje de 1951 (y las disposiciones de esa Ley se aplican como si el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución fuera una junta estatutaria en virtud de esa Ley).

(2)

Esa remuneración debe pagarse desde la cuenta bancaria departamental operada por el Ministerio de Justicia.

(3)

Esta sección no se aplica a una persona que sea miembro en su calidad de empleado de un departamento.

46 Procedimiento del Comité de Examen de la Ley de Prostitución

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución puede reglamentar su propio procedimiento, salvo lo dispuesto en las reglamentaciones establecidas en virtud de esta Ley.

Regulaciones


47 Regulaciones

El Gobernador General puede, por orden del Consejo, establecer reglamentos para todos o cualquiera de los siguientes propósitos:

(a)

prescribir los formularios de las órdenes que se emitirán en virtud de las secciones 27 y 30:

(b)

prescribir los formularios, certificados y tarifas requeridos en la Parte 3 en relación con los certificados de operador:

(c)

prescribir cómo deben autenticarse las fotografías y fotocopias requeridas en la Parte 3:

(d)

prescribir el tamaño o rango de tamaños de las fotografías que se deben suministrar con una solicitud de certificado y el número de copias de las mismas:

(e)

prescribir que el Registrador de una oficina particular del Tribunal de Distrito sea el Registrador a los efectos de la Parte 3, ya sea además del Secretario de cualquier otro cargo del Tribunal de Distrito, o en lugar de él, en su lugar:

(f)

prescribir asuntos relacionados con el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución, incluidos sus poderes, funciones adicionales de revisión, evaluación e información sobre el funcionamiento de esta Ley o sobre otros asuntos relacionados con las trabajadoras sexuales o la prostitución (si corresponde), cualquier límite en los períodos de que puede cumplir, asuntos relacionados con el presidente y los miembros, sus disposiciones financieras, sus procedimientos y su administración:

(g)

proveer para cualquier otro asunto contemplado por esta Ley, necesario para su administración, o necesario para darle pleno efecto.

Sección 47 (e): modificada, el 1 de marzo de 2017, por el artículo 261 de la Ley de tribunales de distrito de 2016 (2016 no 49).

Derogaciones, enmiendas y disposiciones transitorias

48 Las derogaciones entran en vigencia un día después del asentimiento Real

Enmienda (s) incorporada (s) en la (s) ley (es).

49 Revocaciones y derogaciones que entran en vigencia cuando la Parte 3 entra en vigencia

(1)

Se deroga la Ley de salas de masaje de 1978 (1978 no 13).

(2)

El Reglamento de salas de masaje de 1979 (SR 1979/35) se revocó.

50 Enmiendas consecuentes

(1)

Las Actas especificadas en la Parte 1 del Anexo se modifican consecuentemente con la manera establecida en ese cronograma.

(2)

Las reglamentaciones especificadas en la Parte 2 del Anexo se modifican consecuentemente con la manera establecida en ese cronograma.

51 Disposiciones transitorias para delitos pasados

(1)

Ninguna persona puede ser condenada por un delito contra cualquiera de las leyes derogadas por la sección 48 (que no sea un delito contra el artículo 149A de la Ley de Delitos de 1961) o después del comienzo de esta Ley si el delito fue cometido antes del comienzo de esta Ley .

(2)

La derogación del artículo 149A de la Ley de delitos de 1961 no afecta la responsabilidad de una condena o una pena por un delito cometido contra esa sección antes del inicio de esta Ley, y esa sección sigue surtiendo efecto como si no hubiera sido derogada por los propósitos de

(a)

investigar el delito:

(b)

comenzar o completar el proceso por el delito:

(c)

imponer una pena por el delito.

Programar modificaciones consecuentes a las promulgaciones

s 50

Parte 1 Hechos modificados

Ley de Tribunales de Distrito de 1947 (1947 No 16)

Enmienda (s) incorporada (s) en la (s) ley (es).


Ley de delitos sumarios de 1981 (1981 no 113)

Enmienda (s) incorporada (s) en la (s) ley (es).


Actas resumidas Ley 1957 (1957 No 87)


Enmienda (s) incorporada (s) en la (s) ley (es).

Parte 2 Reglamento modificado

Reglamento de tasas 1987 (SR 1987/68)


Enmiendas incorporadas en el Reglamento.

Notas de reimpresiones

  1. General

Esta es una reimpresión de la Ley de Reforma de la Prostitución de 2003 que incorpora todas las enmiendas a esa Ley en la fecha de la última enmienda a la misma.

2 Estado legal

Se presume que las reimpresiones indican correctamente, a la fecha de la reimpresión, la ley promulgada por la ley principal y cualquier enmienda a esa ley. La Sección 18 de la Ley de Legislación de 2012 establece que esta reimpresión, publicada en formato electrónico, tiene el estatus de una versión oficial bajo la sección 17 de esa Ley. Una versión impresa de la reimpresión producida directamente de esta versión electrónica oficial también tiene un estado oficial.

3 Cambios editoriales y de formato

Los cambios editoriales y de formato a las reimpresiones se realizan utilizando las facultades de las secciones 24 a 26 de la Ley de Legislación de 2012. Consulte también http://www.pco.parliament.govt.nz/editorial-conventions/.

4 Enmiendas incorporadas en esta reimpresión

Ley de tribunales de distrito de 2016 (2016 no 49): artículo 261

Ley de salud y seguridad en el trabajo 2015 (2015 no 70): sección 232

Ley de Búsqueda y Vigilancia 2012 (2012 no 24): sección 293

Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81): artículo 413

Ley de inmigración de 2009 (2009 no 51): artículo 406 (1)

Ley de patrullaje de 2003 (2008 no 72): artículo 116 (a) (ii)

Ley de enmienda al uso indebido de drogas de 2005 (2005 no 81): sección 23

Prostitución y Trabajo: La Legislación Española.

 

José Fernando Lousada Arochena

 

Madrid, 26, 27 y 28 de octubre, 2005

 

http://pmayobre.webs.uvigo.es/pop/archi/profesorado/teresa_conde/prostitucion.pdf

 

SUMARIO: I. UNA APROXIMACIÓN A LOS MODELOS IDEOLÓGICOS Y A LOS SISTEMAS LEGALES SOBRE LA PROSTITUCIÓN. II. EL TRATADO DE LAKE SUCCESS COMO EL PARADIGMA INTERNACIONAL DEL SISTEMA ABOLICIONISTA. III. LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA. IV. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA SOCIAL: A) LA PROSTITUCIÓN COMO ACTIVIDAD NO LABORALIZABLE. B) PROSTITUCIÓN Y ALTERNE EN LA JUSTICIA SOCIAL. V. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. VI. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA CIVIL. VII. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL. VIII. ALGUNAS CONCLUSIONES: LA NECESIDAD DE REFORZAR LA POSICIÓN JURÍDICA DE LAS PROSTITUTAS.

 

I. UNA APROXIMACIÓN A LOS MODELOS IDEOLÓGICOS Y A LOS SISTEMAS LEGALES SOBRE LA PROSTITUCIÓN.

Al analizar las respuestas jurídicas al fenómeno social de la prostitución, los/as autores/as enumeran distintos sistemas legales, inspirados en distintos modelos ideológicos, y, aunque no siempre coinciden las categorías utilizadas por unos/as y otros/as autores/as, las categorías más utilizadas –las cuales enunciaremos con una breve explicación con el ánimo de situar dentro de su contexto la legislación española y su aplicación judicial- son las 4 siguientes: el prohibicionismo, la despenalización / reglamentación, la laboralización y el abolicionismo.

1ª. El prohibicionismo obedece a un modelo ideológico donde se mezclan la Moral y el Derecho. La prostitución se concibe como un vicio moral y su ejercicio se prohibe, criminalizando a las prostitutas. Para el prohibicionismo la prostituta es una delincuente, como lo es el proxeneta. Sin embargo, el cliente resulta impune, e incluso su testimonio es válido en algunos países –así en Egipto- como prueba de cargo contra la prostituta.

Trátase el prohibicionista, por incompatible con los principios de un Estado de Derecho, de un sistema superado en los países avanzados –es Irlanda el único país de la Unión Europea donde se criminaliza a la prostituta-, aunque conservado en los no desarrollados, donde, en no pocas ocasiones, se mantiene la doble moral de prohibir la prostitución salvo en centros controlados oficialmente y/o destinados a los turistas extranjeros.

2ª. La despenalización de la prostitución voluntaria es un sistema legal sustentado en una ideología liberal que, hasta el abolicionismo, se ha alternado históricamente con el prohibicionismo, y que se empareja con el reglamentismo, o regulación cuasi-policial de la prostitución despenalizada, aunque el reglamentismo a veces aparezca en países prohibicionistas permisivos del turismo sexual o en países formalmente abolicionistas.

Países reglamentistas son los que, por motivos de salud pública, someten la prostitución a controles oficiales –como en Grecia o en Turquía-, o los que, por motivos de seguridad ciudadana, prohiben la prostitución callejera –como en Inglaterra y, recientemente, en Francia e Italia-, o los que sólo admiten, por motivos de salud pública y por motivos de seguridad ciudadana, la prostitución en prostíbulos registrados –como en Austria-.

3ª. Mientras el sistema despenalizador / reglamentista contempla a la prostituta como un sujeto de deberes derivados del riesgo de daño de otros bienes jurídicos –como la salud pública o la seguridad ciudadana-, la laboralización –un sistema culminación de la ideología liberal-, aparte esos deberes, le atribuye a la prostituta derechos laborales, incluso de Seguridad Social –como ocurre en Holanda o, más recientemente, en Alemania-.

4ª. El abolicionismo equipara la prostitución a la esclavitud –de ahí incluso su denominación- y, en consecuencia, criminaliza a todo lo que rodea a la prostituta, aún si media su consentimiento, pero no criminaliza a la prostituta que, a diferencia del sistema prohibicionista, no es considerada como una delincuente, sino como una víctima, que no debe ser sometida a ningún control oficial y que se debe intentar integrar en la sociedad.

Puede considerarse el sistema abolicionista como el imperante en la normativa internacional, plasmándose sus postulados en el Convenio para la represión de la trata de personas y de la prostitución ajena, adoptado el 2.12.1949 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, habitualmente llamado Tratado de Lake Success. Ratificado por más de 70 países, aunque éstos no suelen ahondar en sus principios y a veces incluso los incumplen.

Suecia representa, desde 1999, una variante del abolicionismo consistente en penalizar a los clientes de las prostitutas. Paralelamente, la legislación sueca profundiza en la política de integración social de las prostitutas. La peculiaridad ideológica del sistema sueco radica en la consideración de la prostitución, no sólo como una forma de esclavitud, sino como una forma de violencia de género, buscando su erradicación.

Resumiendo, la diferencia última de los sistemas legales se encuentra en la consideración de la prostituta derivada de su modelo ideológico inspirador: como una delincuente en el sistema prohibicionista, como una creadora de riesgo para otros bienes jurídicos en el sistema reglamentista, como una trabajadora legítima en el sistema de laboralización, o como una víctima de esclavitud o de violencia de género en el sistema abolicionista.

 

II. EL TRATADO DE LAKE SUCCESS COMO EL PARADIGMA INTERNACIONAL DEL SISTEMA ABOLICIONISTA.

El Convenio para la represión de la trata de personas y de la prostitución ajena, adoptado el 2.12.1949 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, habitualmente llamado Tratado de Lake Success, es la culminación internacional del sistema abolicionista, de ahí que, sin permitir la pena de las prostitutas, sí obliga a las partes contratantes a criminalizar:

 

a) “A toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra (1) concertare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona (ó 2) explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona” (artículo 1 del referido Convenio).

 

b) “A toda persona que (1) mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento (ó 2) diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio o un local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena” (art. 2).

Se criminaliza “en la medida en que lo permitan las leyes nacionales … toda tentativa de cometer las infracciones mencionadas … y todo acto preparatorio de su comisión” (art. 3) y “la participación intencional en cualquiera de los actos delictuosos mencionados”, añadiéndose que “los actos de participación serán considerados como infracciones distintas en todos los casos en que ello sea necesario para evitar la impunidad” (art. 4).

Para facilitar la punición, y atendiendo a la existencia de tramas internacionales, se regulan cuestiones relativas a reincidencia internacional (art. 7), a extradición (arts. 8 a 10), a comisiones rogatorias (art. 13), a servicios de coordinación (arts. 14 y 15), a control de migración (art. 17), o a repatriación de personas extranjeras dedicadas a la prostitución (art. 19).

El Convenio incluye, aparte de diversas normas técnicas sobre su aplicación (arts. 21 a 28), otras, desperdigadas, sobre la situación jurídica de las prostitutas, y que suponen reconocer una serie de derechos:

 

1º. El “derecho, con arreglo a las leyes nacionales, a constituirse en parte civil en cualquiera de las infracciones mencionadas”, derecho el cual, si se reconociere, se reconocerá igual a extranjeros y nacionales (art. 5).

 

2º. El derecho a la privacidad de las prostitutas, determinante de la imposibilidad de establecer normas para que, quienes se dediquen o se sospeche se dediquen a la prostitución, “tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación” (art. 6).

 

3º. La obligación de las partes –determinante del nacimiento de derechos a favor de las víctimas de la prostitución- “a adoptar medidas para la prevención de la prostitución y para la rehabilitación y adaptación social de las víctimas de la prostitución … o a estimular la adopción de tales medidas por sus servicios públicos o privados de carácter educativo, sanitario, social, económico y otros servicios conexos” (art. 16).

 

4º. El derecho a la repatriación si “desearen ser repatriadas” o si “fueren reclamadas por personas que tengan autoridad sobre ellas”, sin perjuicio de la repatriación cuando la ley establezca la expulsión (art. 19).

Por lo demás, según su Protocolo final, “nada en el presente Convenio podrá interpretarse en perjuicio de cualquier legislación que, para la aplicación de las disposiciones encaminadas a obtener la reprensión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, prevea condiciones más severas que las estipuladas por el presente Convenio”.

 

III. LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA.

España ratificó, a 18.6.1962, el Tratado de Lake Success, y ello motivó la reforma del Código Penal –acaecida en 24.1.1963-, adecuando los tipos legales al compromiso internacional. Sin embargo, España nunca ha cumplido adecuadamente con las exigencias del sistema abolicionista, introduciendo aspectos propios del prohibicionismo –especialmente en la época franquista anterior a la Constitución de 1978- o del reglamentismo.

Aunque las prostitutas no estaban penalizadas, la Ley 16/1970, de 4 de agosto, de peligrosidad y rehabilitación social –derogada por el Código Penal de 1995, aunque inaplicada desde la Constitución de 1978-, consideraba peligrosos a “los que habitualmente ejerzan, promuevan, favorezcan o faciliten la prostitución”, imponiéndoles medidas de seguridad de una aflicción cuasipenal –como los arrestos de fin de semana-.

También incumplió los compromisos internacionales –aunque en un sentido totalmente distinto- el Código Penal de 1995, despenalizador de la prostitución voluntaria –véase su artículo 188-, situación corregida a través de las Leyes Orgánicas 11/1999, de 30 de abril, y, sobre todo, 11/2003, de 29 de septiembre, al castigar ésta a “el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma”.

La situación de despenalización motivó la intervención reglamentista de algunos poderes públicos, y así surgieron la Ordenanza Local sobre establecimientos públicos dedicados a la prostitución, aprobada el 12.5.1999 por el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao, o el Decreto 217/2002, de 1 de agosto, por el que se regulan los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución, aprobado por la Generalitat de Cataluña.

Durante esa etapa –de 1995 a 2003- de despenalización –e incipiente reglamentismo-, los tribunales debieron enfrentarse, desde distintos puntos de vista, a reclamaciones donde se debía dilucidar la laboralidad de la prostitución. Examinaré separadamente en mi exposición la respuesta ofrecida en la justicia social, en la contencioso administrativa, en la civil y en la penal, con la intención de alcanzar algunas conclusiones finales.

 

IV. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA SOCIAL:  

A) LA PROSTITUCIÓN COMO ACTIVIDAD NO LABORALIZABLE.

Ninguna resolución judicial laboral ha considerado la prostitución como prestación de servicios canalizable a través de un contrato de trabajo, si bien, como ocurre en los demás ámbitos judiciales, las argumentaciones utilizadas no son siempre acordes con el sistema abolicionista, en especial durante esa etapa –de 1995 a 2003- de despenalización –e incipiente reglamentismo-. Así, una STSJ/Galicia de 10.6.2002, JUR 2002 240936, y una STSJ/Andalucía – Sevilla de 23.7.2003, JUR 2004 141849, se limitan a declarar la ausencia de las notas de la relación laboral, cuando podrían haber dicho, sin más argumentación, que no sería lícita la relación laboral. Pero lo decisivo es su solución, totalmente compartible, sin que, de inidóneos argumentos, se derive una posible laboralidad de la prostitución.

Argumentaciones más acordes con el sistema abolicionista son las que vinculan la cuestión a los derechos fundamentales. Resultan interesantes al respecto las SSJS 2 Vigo de 9.1.2002, AS 2002 260, y de 7.5.2004, AS 2004 1276, ésta no sólo confirmada sino ratificada en sus argumentos, en STSJ/Galicia de 10.11.2004, Recurso 3598/2004, donde se afirma “ser la explotación de la prostitución ajena una forma de violencia de género, de esclavitud de las mujeres y de actividad contraria a la moral”.

También es interesante la STSJ/Cataluña de 22.3.1996, AS 1996 646, donde se argumenta que “el artículo 15 de la CE garantiza el derecho fundamental a la integridad física y moral, que se vulnera con la decisión de la empresa de proceder a la extinción del vínculo contractual en razón exclusivamente de la negativa de la trabajadora a ejercer la prostitución”, de ahí sea ratificada la calificación de nulidad del despido de la trabajadora.

Siendo la prostitución una actividad ilícita, no es accidente de trabajo el sufrido por una prostituta al ser trasladada a su domicilio desde el local donde ejercía la prostitución –STSJ/Baleares de 9.1.1992, AS 1992 201-. No obstante sí se ha reconocido, al amparo del artículo 9.2 del ET, la posibilidad de reclamar salarios y liquidación –STSJ/Cataluña de 2.1.1997, AS 1997 340-, solución ésta más justa al hacer pechar a la parte fuerte –el prostituidor-, no a la débil –la prostituta-, con la consecuencia de la ilicitud.

Indudablemente lo más idóneo sería que, por el legislador, se salvasen, en lo posible, las consecuencias de la ilicitud perjudiciales para la parte más débil –la prostituta-, y, en todo caso, esas consecuencias no deberían nunca beneficiar a la parte más fuerte –el prostituidor-. No haciéndolo el legislador –quien podría regular lo que se puede pedir, cómo pedirlo y ante quién pedirlo-, las soluciones judiciales, por su intrínseca eficacia a cada caso concreto, resultarán siempre soluciones insuficientes.

B) PROSTITUCIÓN Y ALTERNE EN LA JUSTICIA SOCIAL

Si la doctrina social ha sido –en sus soluciones prácticamente siempre, en sus argumentaciones más ocasionalmente- coherente con el sistema abolicionista, no debemos de dejar constancia de una importante vía de escape, que es la actividad de alterne, considerada laboral en una reiterada jurisprudencia social que, superando otra anterior donde la ilicitud se derivaba de normas de sobre moral en espectáculos públicos, se remonta a una STS, Sala Social, de 3.3.1981, RJ 1981 1301, y después fue reiterada en diversas SSTS, Sala Social, de 25.2.1984, RJ 1984, 923, de 14.5.1985, RJ 1985 2712, de 21.10.1987, RJ 1987 7172, y de 4.2.1988, RJ 1988 571.

Las referencias judiciales se podrían ampliar con numerosas sentencias dictadas en el ámbito del recurso de suplicación –citando algunas de las más modernas, SSTSJ/Euskadi de 16.6.1998, AS 1998 2024, y de 13.11.2001, AS 2002 1237, SSTSJ/Andalucía – Málaga de 14.7.2000, AS 2000 5724, y de 5.10.2001, JUR 2002 91007, STSJ/Baleares de 28.5.1998, AS 1998 2122, STSJ/Navarra de 15.10.2003, AS 2003 4009, y STSJ/Andalucía – Sevilla de 4.12.2003, AS 2003 3638, con Voto Particular donde se aprecia la muy débil separación entre la prostitución y el alterne-.

Ciertamente –y al margen de otras apreciaciones-, esta jurisprudencia no es contraria a la conciencia social imperante, que admite el elemento de atracción sexual en el sinalagma contractual de profesiones como las de modelo o de actor / actriz. El problema es práctico. La actividad de alterne no suele ser, en la práctica, actividad pura de alterne, sino actividad de alterne asociada a la de prostitución, y la ilicitud de ésta lleva la de aquélla.

Pero los órganos judiciales se suelen limitar a verificar la actividad de alterne, sin entrar a discernir si hay la de prostitución, e incluso –lo que es criticable- llegan a admitir la acumulación de ambas actividades, olvidando que la ilicitud de la actividad de prostitución debiera llevar a la ilicitud de la actividad de alterne –como ocurre en la SJS 1 Granollers de 22.11.2002, confirmada en la STSJ/Cataluña de 17.9.2003, AS 2003 3211-.

 

Una ceguera judicial ante la actividad de la prostitución habitualmente asociada a la actividad de alterne creadora de un resquicio de licitud favorecedora de un asociacionismo de empresarios de locales de alterne permitido en la SAN, Sala Social, de 23.12.2003, AS 2003 3692, confirmada en la STS, Sala Social, de 27.11.2004, RJ 2004 8063, la cual salva, eso sí, las medidas oportunas si la asociación fomenta la prostitución.

 

V. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Los tribunales del orden contencioso-administrativo se han enfrentado a la cuestión de la laboralidad de la prostitución a propósito de la aplicación de la antigua legislación de extranjería, donde se exigía al extranjero, para no ser expulsado, un medio lícito de vida, dándosele esa calificación, a los efectos de evitar su expulsión, a la actividad de alterne –SSTS, Sala de lo Contencioso, de 21.7.1995, RJ 1995 3591, de 12.11.2002, RJ 2003 955, de 7.4.2003, RJ 2003 3420, o de 28.4.2003, RJ 2003 4929-.

Pero la actividad de prostitución no se consideró como medio lícito de vida –STS, Sala de lo Contencioso, de 12.11.1999, RJ 1999 10004, en un supuesto donde la constancia del ejercicio de la prostitución se derivó de unas actuaciones penales, circunstancia difícil de engarzar con la atipicidad del ejercicio de la prostitución y con la imposibilidad consiguiente de investigar a las mujeres extranjeras inmigrantes sobre si se prostituyen-.

Conviene precisar que, desde la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, se ha eliminado esta causa de expulsión de la regulación legislativa, debiéndose ahora justificar la expulsión en otras causas legales diferentes, y, además, de manera más coherente con el sistema abolicionista, se establece, en el artículo 59, la posibilidad de dejar de aplicar órdenes de expulsión a víctimas de explotación sexual que colaboran con la Justicia.

Otro acercamiento a la cuestión se ha producido desde la perspectiva de otorgamiento de la nacionalidad española por residencia, al exigir el artículo 22.4 del Código Civil, una buena conducta cívica. Una STS, Sala de lo Contencioso, de 12.11.2002, RJ 2003 955, denegó la nacionalidad por ausencia de esa buena conducta a una dominicana, casada con un español y con hijos españoles, que había sido encausada por un delito de prostitución, del cual se la absolvió, que se había dedicado a la prostitución, siendo en su día expulsada, y que, después de regresar sin cumplir el periodo de expulsión, regentaba un bar de alterne donde había extranjeras sin papeles. Quizás pesó la sospecha de ser, más que una prostituta, una prostituidora.

 

VI. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA CIVIL

Los tribunales del orden civil no se han enfrentado directamente a la cuestión de la laboralidad de la prostitución, pero sí a la de su ilicitud, considerando su ejercicio por parte del arrendatario como una causa de resolución del contrato de arrendamiento –véase el artículo 27.1.e) de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos-, en atención a su calificación como actividad inmoral –STS, Sala de lo Civil, de 22.5.1993, RJ 1993 3724, y SAP Coruña de 13.10.1993, AC 1993 2166-, o, más actualmente, en atención a su calificación como un ilícito civil, aunque no fuese delito –SAP Guipúzcoa de 19.10.2000, JUR 2001 44291-.

 

VII. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL

Los tribunales del orden penal se han enfrentado a la cuestión de la laboralidad de la prostitución a propósito de la aplicación del artículo 312 del Código Penal sobre delitos contra los derechos de los trabajadores, aplicándolo cuando se explota a inmigrantes irregulares en actividad de prostitución –SSTS, Sala de lo Penal, de 30.1.2003, RJ 2003 2027, y de 30.5.2003, RJ 2003 4390-, o en actividad de alterne, considerándola como actividad laboral –STS, Sala de lo Penal, de 8.3.2004, RJ 2004 2678-.

Pero estas sentencias no reconocen la laboralidad de la prostitución, cuestión que eluden en todo momento –salvo en el caso de la actividad de alterne-, utilizando, para eludir ese reconocimiento, una definición de trabajador/a, en los supuestos de migraciones fraudulentas, claramente de futuro, incluyendo tanto a quienes lo sean según las leyes laborales, como a “los extranjeros que desean obtener un puesto de trabajo en nuestro país”.

Incluso la virtualidad práctica de estas sentencias obedece a un sentido radicalmente contrario al reconocimiento de la laboralidad de la prostitución, a saber el de llenar las lagunas de penalidad creadas en los delitos relativos a la prostitución a consecuencia del Código Penal de 1995.

Aunque las argumentaciones utilizadas sean ocasionalmente algo chirriantes con la perspectiva abolicionista, no es así con sus soluciones, ya que, de permitir la impunidad de los tratantes de mujeres por un delito contra los derechos de los trabajadores, se haría de menos la situación de las prostitutas frente a la situación de los trabajadores irregulares, cuando es que unas y otros son igualmente explotados/as por terceras personas.

Dicho en otras palabras y a manera de resumen, esas soluciones, siquiera sustentadas en argumentos diferentes a los utilizados en esas sentencias, son defendibles en una perspectiva abolicionista, no resultando incompatibles con los tratados internacionales, y el camino idóneo para alcanzar esas soluciones es más el legislativo, a través de las oportunas reformas de la legislación penal mejorando las tipicidades, que el judicial.

 

VIII. ALGUNAS CONCLUSIONES: LA NECESIDAD DE REFORZAR LA POSICIÓN JURÍDICA DE LAS PROSTITUTAS

El Derecho es Poder y si, desde siempre, los hombres son quienes ostentan el Poder, la conclusión será la masculinidad del Derecho, y, si esto es así, el Derecho, cuya función básica es satisfacer intereses, satisface los intereses de los que tienen el Poder, esto es los hombres, lo que supone, o que –algo desgraciadamente aún no totalmente erradicado- a las mujeres se les niega a través del Derecho la satisfacción de sus intereses, o que –en el mejor de los casos- el Derecho satisfaga los intereses que piensan los hombres que tienen las mujeres, y no siempre coinciden con los que tienen.

 

No es momento de estudiar las estrategias para acabar con la masculinidad del Derecho, aunque sí de destacar que, si la prostitución es un supuesto de violencia de género, su regulación debe ser abordada aplicando esas estrategias, y, entre ellas, hay dos que nos parecen idóneas:

1ª. Una primera, aplicable al momento de elaboración de la norma jurídica, supone visibilizar la cuestión de género a través de un mayor empoderamiento de las mujeres, algo que se debe entender tanto en el sentido de oír a las prostitutas como directas interesadas como en el sentido de oír a las asociaciones de mujeres como sujetos colectivos interesados.

2ª. Otra segunda, aplicable al momento de aplicación de la norma jurídica, supone atribuir a las prostitutas mayores posibilidades de reclamación –especialmente judicial- frente a la situación de explotación, un terreno inexplorado tanto con relación a las acciones civiles en procesos penales como con relación a las acciones de daños en procesos civiles.

Tal reforzamiento de la posición jurídica de las prostitutas, tanto en el momento de elaboración como en el momento de aplicación de la norma jurídica, es una medida totalmente acorde con el abolicionismo, lo cual nos interesa ahora destacar, ya que, en el actual debate sobre el sistema prostitucional, se ha implantado una tan interesada como errónea contraposición entre laboralización y reconocimiento de derechos a las prostitutas frente a abolicionismo y negación de derechos a las prostitutas.

Cuestión diferente es que, desgraciadamente, los países abolicionistas se limitan –y, en ocasiones, ni eso hacen bien- a transcribir las figuras penales del Tratado de Lake Success –aplicándolas después, las más de las veces, de manera errática a través de ocasionales redadas policiales-, olvidándose los aspectos de política preventiva, las medidas sociales de reinserción o la regulación de acciones judiciales de daños a favor de las víctimas, unos olvidos generadores de sensación de alegalidad.

Defectos expuestos en los cuales incurre nuestro sistema legal prostitucional, que es fragmentario y muy poco efectivo, y eso explica, en gran medida, una aplicación judicial de argumentos inidóneos –aunque, afortunadamente, ello no siempre conduzca a un error en las soluciones-, y a veces errónea en sus soluciones. Corregir esa aplicación judicial obligaría a instaurar un sistema legal coherente que ahondase en el reforzamiento de la posición jurídica de las prostitutas desde una perspectiva abolicionista.

 

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA: Benlloch Sanz, Pedro, “¿Trabajadores del sexo?. En torno al carácter laboral de la actividad de alterne”, Aranzadi Social, Número 17, 2003, y Aequalitas, Número 14, 2004. Bonilla, Ana, “Actividad de alterne y carácter laboral de la relación. Comentario a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 4 de diciembre de 2003”, Aequalitas, Número 14, 2004. Gay, Silvia / Otazo, Eñaut /Sanz, Marian, “¿Prostitución=Profesión?. Una relación a debate”, Aequalitas, Número 13, 2003. Hava García, Esther, “Prostitución y delitos contra los derechos de los trabajadores”, Revista de Derecho Social, Número 11, 2000; “La lucha contra la trata de personas para su explotación sexual. Instrumentos punitivos disponibles y factores criminógenos derivados del sistema”, en el libro colectivo “Mujer y Trabajo”, Editorial Bomarzo, Albacete, 2003. Rey Martínez, Fernando / Mata Martín, Ricardo / Serrano Argüello, Noemí, “Prostitución y Derecho”, Editorial Aranzadi, Navarra, 2004. Sánchez Trigueros, Carmen, “El Tribunal Supremo zanja el Caso Mesalina”, Aranzadi Social, número 21, 2005. Serrano Espinosa, Germán María, “Prostitución y Justicia: el caso español”, Intervención escrita en el Seminario Isadora “La prostitución femenina: propuestas e intervención”, Servicio Galego de Igualdade, Santiago de Compostela, 1 a 3 de Julio 2004.

Las citas de sentencias judiciales se realizan con alusión a la referencia de los Repertorios de Aranzadi con sus habituales abreviaturas (RJ, JUR, AC o AS). Si no estuvieren publicadas en dichos repertorios, las citas de sentencias judiciales se completan, aparte de la fecha, con la referencia al número de recurso.

 

Derechos para las trabajadoras sexuales en Bélgica – UTSOPI

 

Por Maxime Maes

 

Unión de Trabajadoras Sexuales Organizadas para la Independencia (UTSOPI)

 

Lunes, 6 de noviembre de 2017

 

 

Nosotras, trabajadoras sexuales, somos regularmente invitadas a hablar sobre nuestra situación y nuestros reivindicaciones, así que realmente querría encontrar las palabras adecuadas. Las palabras que busco son aquéllas que realmente te pueden explicar cuál es nuestra situación. Por supuesto, podría contarte sobre cifras, porcentajes y muchas otras cosas aburridas, pero trataré de que sea interesante.

UTSOPI se creó hace dos años, tras la observación de que no existía una asociación entre profesionales del sexo en Bélgica. Los proveedores de servicios de salud y sociales hacen un trabajo importante, pero, mientras conversábamos con otros dos o tres colegas, se nos ocurrió que necesitábamos un espacio específico, dedicado exclusivamente a nosotras. Pensamos que lo que más les faltaba a las trabajadoras sexuales era un espacio para intercambiar sobre nuestros problemas, con las personas interesadas, aquellos que las entienden de otra manera. Entonces, al principio, la idea era poder hablar pacíficamente, entre nosotras, sobre nuestras vidas, nuestras alegrías, nuestros problemas, nuestras tristezas, nuestras rabias.

Luego hubo algunos eventos políticos que nos hicieron ser más públicas: la comuna de Sint-Joost, en Bruselas, emitió una nueva regulación policial sobre prostitución, que, para decirlo con franqueza, tenía el único propósito de expulsar a las prostitutas de Sint-Joost. El 15 de diciembre de 2015, UTSOPI tomó su primera postura política y se opuso firmemente a esta regulación. Y también enviamos este mensaje a Bélgica y a todos los legisladores: no volveréis a hablar de nosotras sin nosotras.

Tienes que imaginar, aunque solo sea por un segundo, cómo se siente oír a las personas (los medios, tus amigos, tu familia) hablar constantemente sobre ti y tus colegas, mientras nadie te pide tu opinión. “Zorras”, “putas sucias”, “alienadas” … hay muchas palabras bastante poéticas para calificarnos, sin siquiera preguntarse qué piensan las personas más directamente interesadas sobre ellas. Es exactamente lo que UTSOPI intenta detener. No permitiremos más que las cosas se decidan sin ponernos sobre la mesa, no permitiremos más que se nos considere niñas, incapaces de decidir por nosotras mismas.

En mi caso, hará pronto siete años que soy trabajadora sexual. Me encantaría decirte que todo ha sido siempre perfecto, maravilloso y lleno de brillo, pero sería una mentira. Como en cada trabajo, hay algunas cosas muy agradables, y muchas otras muy malas. Pero, de hecho, creo que la parte más difícil de mi trabajo es que tengo que luchar para que me escuchen y para no ser juzgada día tras día.

Sin UTSOPI, me sería imposible hablar sobre los problemas que surgen durante mi trabajo. Mis amigos no pueden entender, mi familia estaría preocupada y mi novio aún más. Ya sabes, durante varios años, estuve sola en mi trabajo. Hice mis clientes, y eso fue todo. Pero cuando era demasiado difícil, cuando tenía preguntas, tenía que apretar los dientes y luego pensé que iría inevitablemente mejor después, que llegaría una solución. Y finalmente, la solución, la encontramos nosotras mismas, al crear UTSOPI.

Pero UTSOPI no es solo para nosotras. Somos conscientes de que la mayoría de nosotras somos privilegiadas: los simples hechos de tener documentos de identidad en Bélgica, un permiso de residencia, de hablar correctamente francés, holandés o inglés, y de tener, de cierta manera, “elegida” nuestra actividad nos hacen afortunadas . Lo que queremos con UTSOPI es también crear solidaridad en un mundo cada vez más difícil. Lo que queremos es derechos para todas las trabajadoras sexuales, sin excepción. Lo que queremos es el derecho a vivir, a tener una familia, a cambiar de trabajo si queremos, a ser consideradas como seres humanos.

Las leyes y el sistema belgas actuales sobre las trabajadoras sexuales son una hipocresía total. Existen tratados internacionales, como la Convención de Nueva York de 1949, que establece que nuestro trabajo es una violencia y que debe ser abolido, lo acordemos o no. Existen leyes belgas contra el proxenetismo con fines de prostitución y trata de personas, y finalmente, existen regulaciones comunales que, al parecer, pueden hacer lo que quieran, con el pretexto de evitar perturbar la paz pública, sin considerar a las trabajadoras sexuales ni siquiera por un segundo. Es bueno saber que la prostitución no es ilegal en Bélgica. Pero este sistema completamente impreciso conduce a una sensación constante de inseguridad para las trabajadoras del sexo, que nunca son realmente capaces de comprender lo que está permitido o no, lo que las hace desconfiar de todos. Esta situación nos hace vivir en secreto, entre mentiras, y para muchas de nosotras, con el temor de ser descubiertas.

Incluso cuando una quiere hacer un trabajo declarado, una todavía tiene que mentir, hacer algunos trucos y orar a Dios para que nadie se meta en nuestros asuntos. Todo lo cual hace imposible llevar una vida serena y llena de bienestar.

Pero no es solo un problema de reconocimiento y solidaridad o apoyo. La criminalización y la estigmatización de las trabajadoras sexuales impactan directamente en su estado general de salud y en los riesgos que corren. Se ha demostrado, entre otros, por investigaciones científicas e informes de UNO AIDS, NSWP, WHO, que la criminalización de las trabajadoras sexuales no hace más que impulsarlas más a la clandestinidad, y ponerlas en mayor riesgo, a fin de mantener sus ingresos habituales y poder seguir alimentando a ellas y a sus familias. En la misma idea, luchar contra la trata de personas —que está claramente bien representada en el trabajo sexual— no se hará por leyes y decisiones morales, al tratar de ocultar y estigmatizar a las prostitutas. Por el contrario, los países que han optado por la abolición nos muestran que, en realidad, la prostitución no desapareció, sino que se hizo menos visible, menos accesible y menos cuantificable. Dicen que ya no hay más quejas sobre prostitutas o clientes. Permítanme decirles que, si trabajara en un país abolicionista, si tuviera un problema, el último lugar donde buscaría ayuda y apoyo sería en la comisaría de policía. Porque simplemente temería ser considerada culpable o tratada como una víctima, a quien la única oportunidad que se le da es que detenga su trabajo y vaya a trabajar a Mc Donald.

 

La prostitución es un mundo vasto y variado. No hay solo “un” tipo de prostitución sino “varios” tipos de prostitución. No hay solo un perfil de puta, sino miles. Tantos como hay de seres humanos. Y este es el punto: detrás de las cifras y las estadísticas, hay personas. Personas que luchan todos los días para obtener el respeto que merecen, para sobrevivir en la vida y para seguir adelante.

 

UTSOPI también es parte del Proyecto de la Red Global de Trabajadoras Sexuales (NSWP) y del Comité Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en Europa (ICRSE). Gracias a estas redes globales, podemos ver lo que está sucediendo en otras partes del mundo, y considerar soluciones integrales y perspectivas para las trabajadoras sexuales. Claramente, no estamos a favor del abolicionismo, como supongo que ha quedado claro. Los sistemas completamente regulacionistas también muestran algunos límites.

 

Tomaré el caso de Alemania, o Austria, —de la que se habla con menos frecuencia— cuya política regulacionista hace que la vida de las trabajadoras sexuales sea una pesadilla. En la última reunión internacional de profesionales del sexo que tuvo lugar en Marsella, Francia, algunos de nuestros colegas, que trabajan en Viena, nos explicaron que obligan a hacerse un análisis de sangre para detectar el VIH y las ITS cada dos días. Entiendo la idea de la salud pública, pero sería más efectivo obligar a cada marido infiel a hacer estas pruebas que a las trabajadoras sexuales, quienes, en la gran mayoría de los casos, se protegen a sí mismas.

 

Actualmente, lo que todavía parece para nosotras el mejor y más efectivo modelo es la despenalización del trabajo sexual. Tomaré Nueva Zelanda como un ejemplo. Las trabajadoras sexuales de allá no están sujetas a un estatus específico como en Alemania o Austria, sino que se las considera como trabajadoras como todas las demás. No se trata de decir que el trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro, por cierto, no es nuestra opinión en UTSOPI, sino que las personas que lo hacen merecen los mismos derechos que todos. Allí, todos los policías están capacitados para recibir quejas de las trabajadoras sexuales, para protegerlas en caso de litigio con un cliente, y trabajan codo a codo con las asociaciones de campo. Una colega nos contó cómo un cliente intentó robarla al no pagarle, y luego fue capturado por la policía, que lo obligó a pagarle a la trabajadora sexual, y que luego lo llevaron a la comisaría de policía.

 

Nueva Zelanda también facilita el acceso a otro trabajo para las trabajadoras sexuales que desean abandonar el trabajo sexual, y les da prioridad en la provisión de capacitación, considerando que el trabajo sexual es una profesión difícil, y es verdad, y que todo debe hacerse para apoyar a estas personas El único problema (pero no el menor) es el de las personas indocumentadas, que no pueden trabajar como trabajadoras sexuales legalmente, y por lo tanto no están protegidas por el sistema.

 

Todo eso ofrece posibles perspectivas e ideas para Bélgica, que pueden mostrar creatividad y pragmatismo cuando hay voluntad Todos sabemos que Roma no fue construida en un día y, por lo tanto, que la solución no caerá del cielo mañana por la mañana. Pero es necesario comenzar a colocar la piedra angular, con las trabajadoras sexuales, para construir un sistema sólido para proteger a las personas, que incluya a todos, y no deje de lado a las trabajadoras sexuales.

 

Finalmente, las afirmaciones de UTSOPI son claras: queremos poder hacer el trabajo declarado legalmente, para tener una protección social adaptada. Queremos tener acceso a un sistema de atención médica adaptado a nuestro trabajo, que tenga en cuenta las especificidades de nuestro trabajo. Queremos tener acceso a un sistema de pensiones claro, y no continuar viendo a nuestras colegas de más de sesenta años tener que seguir trabajando, con el temor de estar bajo el sistema de asistencia social o vivir bajo un puente. Queremos ser reconocidas como trabajadoras y tener la posibilidad de llegar a ofertas de trabajo o capacitaciones si nuestra voluntad es detener nuestra actividad. Queremos que el sistema de protección de la trata de personas se extienda a todas las personas que ejercen el trabajo sexual, que pueden ser víctimas de la violencia y sin tener la obligación de denunciar a sus proxenetas. Queremos tener acceso a una vida decente, y queremos el respeto que merecemos, en particular de los políticos que no parecen dejar de decir las cosas más horribles de nosotras.

 

Y una vez más, si aún no estaba claro, queremos que nuestro lema y nuestro mensaje sean respetados:

 

NADA SOBRE NOSOTRAS SIN NOSOTRAS

Intimando con Georgina Orellano en Barcelona

Emitido en directo el 4 nov. 2017

 

Trabajo sexual frente a trabajo

 

Morgane Merteuil

 

1 de septiembre de 2014

 

http://revueperiode.net/le-travail-du-sexe-contre-le-travail/

 

Para algunos y algunas, el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo es un enfoque liberal, equivalente a la mercantilización de los cuerpos. Contrariamente a esta idea errónea, Morgane Merteuil propone examinar el trabajo sexual como una dimensión del trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo y reconstituir los vínculos que unen la producción capitalista, la explotación del trabajo asalariado y la opresión de las mujeres. Demuestra que la lucha de las trabajadoras del sexo es una poderosa palanca para desafiar el trabajo en su conjunto y que la represión del trabajo sexual no es más que un instrumento de la dominación de clase, de la división internacional (racista) del trabajo y del estigma de puta que alimenta al patriarcado.


Mientras que en los países de habla inglesa, el término “sexwork” se ha vuelto bastante común, hay una considerable renuencia a hablar de “trabajo sexual” entre los intelectuales y activistas francófonos. Ya sea entre los prohibicionistas, para quienes la prostitución no es un oficio ni un trabajo, sino violencia, un ataque a la dignidad de la mujer1 —como si el “trabajo” y la “violencia” fueran mutuamente excluyentes— o entre aquéllas y aquéllos que, al igual que Lilian Mathieu, se oponen a esta prohibición, manteniendo cierto “escepticismo” frente a la exigencia de reconocimiento del “trabajo sexual”2, esta negativa a hablar de trabajo sexual parece sintomática de las dificultades encontradas por una parte de la izquierda y las feministas al pensar en el trabajo de las mujeres.

Aunque hay un interés creciente en el tema, estas dificultades no son nuevas. Por ejemplo, cuando muchos colectivos feministas lanzaron la campaña de “salarios para el trabajo doméstico” en los años setenta, gran parte del movimiento izquierdista y feminista permaneció hostil a esta demanda. Los salarios para el trabajo de la casa estaban lejos de ser meramente una reclamación programática, sino que eran más bien una invitación a desafiar radicalmente no sólo al sistema capitalista en su conjunto —en la medida en que es al capital al que beneficia la gratuidad del trabajo reproductivo efectuado por las mujeres— sino también a la familia nuclear, como lugar donde se realiza esta explotación.

Mientras que la campaña “Wages for Housework” fue lanzada a principios de los años setenta, hay que tener en cuenta que fue en 1978, cuando las discusiones sobre el trabajo doméstico seguían siendo fuertes, que Carole Leigh, trabajadora sexual y activista feminista estadounidense, creó el término “sexwork”; y si la reivindicación de «Wages for housework» ya no parece tener la misma relevancia hoy que gran parte del trabajo doméstico ha sido mercantilizado —al haber las antiguas amas de casa incorporadas al trabajo delegado en parte en las más pobres y en particular en las mujeres inmigrantes—, la reivindicación de «Sexwork is Work», en vista de los vivos debates que suscita, parece por el contrario más relevante que nunca.

Aquí, teniendo en cuenta los cambios en la configuración del sector reproductivo, será necesario mostrar cómo “el trabajo sexual es trabajo” es una continuación de las luchas por “un salario para el trabajo doméstico”, en otras palabras, para comprender mejor los problemas comunes de las luchas de las mujeres en el hogar y de las trabajadoras del sexo, y reafirmar, pues, tanto la necesaria solidaridad entre mujeres explotadas como el carácter indisociable de las luchas feministas y anticapitalistas. Esto nos permitirá comprender mejor las relaciones entre el trabajo sexual y el capitalismo y afirmar así la necesidad, especialmente para la izquierda y el feminismo, de apoyar estas luchas en nombre del proceso revolucionario al que nos invitan.

El trabajo sexual como trabajo reproductivo

Hay varias razones para afirmar el parentesco de las luchas emprendidas por aquellas que clamaban “Salarios para el trabajo doméstico” y las que se llevan a cabo hoy para hacer reconocer que “el trabajo sexual es trabajo”. En primer lugar, cada una de estas luchas emana de la fuerte movilización, tanto teórica como práctica, del movimiento feminista. Mientras que la pertenencia del movimiento “Salarios para el trabajo doméstico” al movimiento feminista siempre ha parecido obvio, no es el caso para el movimiento de las trabajadoras sexuales. Debe recordarse que fue en una conferencia feminista donde Carole Leigh sintió la necesidad de hablar de “trabajo sexual” 4. Téngase también en cuenta que, según Silvia Federici, el movimiento feminista no sólo ha permitido la aparición del concepto de trabajo sexual, sino que también está vinculado con el aumento del número de prostitutas:

 

Creo que en una una cierta medida […] pero […] en una medida limitada, el aumento del número de mujeres que recurren al trabajo sexual también tiene que ver con el movimiento feminista. Ha ayudado a sacudir esta forma de estigma moral vinculada al trabajo sexual. Creo que el movimiento de mujeres también ha dado el poder, por ejemplo a las prostitutas, de verse a sí mismas como trabajadoras sexuales.

 

No es por casualidad si a continuación del movimiento feminista tenéis el comienzo de un movimiento de trabajadoras del sexo, por ejemplo en Europa. Con el estigma, las feministas atacaron realmente esta hipocresía: la madre santa, esta visión de las mujeres, todo autosacrificio, y la prostituta, que es la mujer que hace el trabajo sexual, pero por dinero 5.

La definición aquí dada de la prostituta como “la mujer que hace el trabajo sexual pero por dinero” nos lleva a las otras razones que justifican la conexión entre las luchas de las mujeres en el hogar y las de las profesionales del sexo: el hecho de que puede haber trabajo allí donde no hay dinero, y el hecho de que el trabajo sexual no es exclusivo de las prostitutas.

 

Una de las grandes aportaciones de las teóricas feministas, especialmente aquéllas de inspiración marxista, ha sido demostrar que no porque una actividad no sea remunerada no es un trabajo funcional en relación con el capitalismo. En otras palabras, no es porque un intercambio parezca gratuito que escapa a la dinámica del capitalismo, sino todo lo contrario. Mediante el análisis de “la historia del capitalismo desde el punto de vista de las mujeres y de la reproducción 6”, teóricas feministas marxistas, como Silvia Federici, han demostrado que el trabajo doméstico realizado por las mujeres —de forma voluntaria, como se considera que su naturaleza les lleva a hacer por amor— sirve, más allá de los que se benefician directamente —los trabajadores, los futuros trabajadores o los extrabajadores— a los intereses de los capitalistas, que no tienen desde ese momento que tener en cuenta el coste de esta reproducción en el valor de la fuerza de trabajo que compran.

 

A partir de nosotras mismas en tanto que mujeres, sabemos que la jornada de trabajo para el capital no produce necesariamente un sueldo y no comienza ni termina a las puertas de la fábrica, y volvemos a encontrar en primer lugar, la naturaleza y extensión de las tareas domésticas en sí mismas. Porque tan pronto como levantamos la cabeza de los calcetines que remendamos y de la comida que cocinamos, y miramos la totalidad de nuestra jornada de trabajo, vemos claramente entonces que no da lugar a un sueldo por nosotras mismas; nosotras producimos el producto más valioso que aparece en el mercado capitalista: la fuerza de trabajo7.

 

Las diferentes tareas y actividades realizadas en el hogar por las mujeres, desde el cuidado de los niños a las comidas que esperan al trabajador que regresa de su jornada de trabajo, pasando por el cuidado de las personas ancianas o enfermas, constituyen claramente un trabajo real que, si no produce mercancías al modo de los proletarios, produce y reproduce lo que es necesario, sin embargo, a cualquier capitalista, lo que le es incluso “lo más preciado”: la fuerza de trabajo que compra al trabajador. Bajo este enfoque, no hay ninguna diferencia fundamental desde la perspectiva de sus funciones en relación con el capitalismo, entre la plancha, la cocina y el sexo: actividades todas que se reagrupan en la categoría más general de trabajo reproductivo; así, continúa Silvia Federici:

 

El trabajo doméstico, de hecho, consiste en mucho más que mantener la casa. Se trata de servir al asalariado físicamente, emocionalmente, sexualmente, lo que lo hace apto para trabajar día tras día por el salario. Se trata de cuidar de nuestros hijos —los futuros trabajadores— ayudarles desde el nacimiento hasta sus estudios y garantizar que se cumpla el papel que se espera de ellos en el capitalismo. Esto significa que detrás de cada fábrica, detrás de cada escuela, detrás de cada oficina o de cada mina, existe el trabajo invisible de millones de mujeres que consumieron su vida, su fuerza de trabajo, para producir la fuerza de trabajo que trabaja en esta fábrica, esta escuela, esta oficina o esta mina.

 

Y aunque se podría pensar que, desde el movimiento de liberación sexual traído por la emergencia del movimiento feminista, el sexo aparece cada vez menos como un servicio que la mujer presta a su consorte, esta “liberación” lo que ha hecho sobre todo es aumentar el peso de la carga que pesaba sobre las mujeres:

 

La libertad sexual no ayuda. Es obviamente importante que no seamos apedreadas hasta la muerte si somos “infieles” o si se constata que no somos “vírgenes”. Pero la “liberación sexual” ha intensificado nuestro trabajo. En el pasado, se suponía que debíamos criar hijos. Ahora se supone que tenemos un trabajo remunerado y además limpiar la casa y tener hijos y, al final de un doble día de trabajo, estar listas para saltar en la cama y ser sexualmente atractivas. Para las mujeres, el derecho a tener relaciones sexuales es el deber de tener relaciones sexuales y disfrutar de ellas (algo que no se espera de la mayor parte de los trabajos), lo que explica por qué ha habido tanta investigación en los últimos años, para saber qué partes de nuestro cuerpo —la vagina o el clítoris— son las más sexualmente productivas.

 

Por último, cabe señalar que si Silvia Federici se refiere principalmente a la familia nuclear heterosexual, tampoco ve salida alguna a la función del sexo como trabajo en la homosexualidad:

 

La homosexualidad y la heterosexualidad son ambas condiciones de trabajo… pero la homosexualidad es el control de la producción por los trabajadores y no el fin del trabajo.10

 

Este enfoque del sexo como parte integral del trabajo reproductivo nos invita a desafiar la idea de que habría una diferencia fundamental entre el llamado sexo gratuito, que tiene lugar dentro de la pareja, y lo que ahora se denomina trabajo sexual, la prostitución. Más exactamente, y recuperando las palabras de Leopoldina Fortunati, “la familia y la prostitución son los principales sectores, la columna vertebral, de todo el proceso [reproductivo]” 11:

 

En los dos sectores principales, los procesos fundamentales de trabajo son: (1) el proceso de producción y reproducción de la fuerza de trabajo y (2) la reproducción específicamente sexual de la fuerza de trabajo masculina. Esto no quiere decir que la familia no incluya la reproducción sexual de la fuerza de trabajo masculina, pero (aunque a menudo se postula como central) es de hecho sólo uno de los muchos “trabajos” comprendidos en el trabajo doméstico.  

 

Fortunati nos invita a pensar en la familia y la prostitución como instituciones no opuestas sino complementarias:” Su función [de la prostitución] debe ser apoyar y completar el trabajo doméstico”.

 

Este enfoque de la prostitución en términos de trabajo reproductivo no sólo nos permite plantear una condición común para las mujeres —más allá de la división entre la madre y la puta, ya que aunque una lo hace de forma gratuita y la otra exige explícitamente dinero, tanto para una como para otra el sexo es un trabajo— pero sobre todo, este enfoque nos permite comprender mejor el lugar del trabajo sexual —remunerado— dentro del sistema capitalista. Mientras que la mayoría de las teorías contemporáneas se centran en la dinámica capitalista dentro de la industria del sexo —a través del análisis de las relaciones de producción y explotación entre las trabajadoras del sexo y sus jefes-proxenetas y / o sus clientes— este enfoque nos invita a no considerar finalmente estas dos figuras más que como intermediarios de una explotación que en última instancia se lleva a cabo en favor del capital. Por lo tanto, es necesario interpretar la represión de las trabajadoras sexuales no como una represión exclusivamente sexual (dinámica obviamente de género y racista), sino como una represión que básicamente sirve a los intereses económicos, que se realizan a través de dinámicas de sexo, de clase y de género

 

Un ejército de putas

 

La posición aparentemente común de las amas de casa y de las trabajadoras sexuales hacia el capital, en tanto que trabajadoras reproductivas, no debe hacernos olvidar una distinción fundamental entre sus situaciones: al contrario que el trabajo doméstico, el trabajo sexual es estigmatizado y criminalizado. Ya sea a través de un régimen prohibicionista como en la mayoría de los Estados estadounidenses, un régimen regulador como Alemania o el llamado régimen abolicionista como en Francia, el trabajo sexual se penaliza en casi todos los países del mundo, con la excepción de Nueva Zelanda y Nueva Gales del Sur (Australia) —dos países que ejercen sin embargo fuertes restricciones sobre el trabajo de las mujeres inmigrantes. Esta situación particular del trabajo sexual dentro de la categoría más amplia de trabajo reproductivo no carece de consecuencias no sólo para las trabajadoras sexuales sino también para todas las mujeres y todos los trabajadores: el tratamiento específico del trabajo sexual, o más precisamente sus evoluciones, entre la criminalización y la liberalización, debe leerse en el contexto más general de las tensiones causadas por las dinámicas del capitalismo, del patriarcado y del racismo, que estructuran nuestra sociedad,

 

Así, Silvia Federici nos invita a un acercamiento histórico según el cual la represión de las prostitutas desde el siglo XVI debe ligarse al surgimiento del modo de producción capitalista, en el seno del cual la gratuidad del trabajo de las mujeres es un fundamento esencial,

 

Pero tan pronto como la prostitución se convirtió en la principal forma de subsistencia de gran parte de la población femenina, cambió la actitud de las instituciones. Mientras que al final de la Edad Media se había admitido oficialmente como un mal necesario, y las prostitutas se habían beneficiado del régimen de salarios elevados, en el siglo XVI la situación se invirtió. En un clima de intensa misoginia, marcado por la progresión de la Reforma Protestante y la caza de brujas, la prostitución fue sometida primero a nuevas limitaciones y luego criminalizada. Por todas partes, entre 1530 y 1560, los prostíbulos municipales fueron cerrados y las prostitutas, especialmente las que trabajaban en las calles, fueron sometidas a nuevos castigos: el destierro, la flagelación y otras formas crueles de castigo. […]

 

¿A qué atribuir este ataque radical contra las trabajadoras? ¿Y cuál es la conexión entre la exclusión de las mujeres de la esfera del trabajo socialmente reconocido y

de las relaciones monetarias, la coacción a la maternidad forzada que se ejerció sobre ellas y la masificación de la caza de brujas?

 

Cuando se observan estos fenómenos desde una perspectiva contemporánea, después de cuatro siglos de sujeción capitalista de las mujeres, las respuestas parecen salir por sí mismas. Incluso si el trabajo asalariado femenino, el trabajo doméstico y el trabajo sexual (remunerado) se estudian demasiado a menudo de manera aislada unos de otros, estamos ahora en una mejor posición para entender cómo la segregación que las mujeres han experimentado dentro de la mano de obra asalariada se originó directamente en su función como trabajadoras en domicilio no remuneradas. Por lo tanto, podemos relacionar la prohibición de la prostitución y la expulsión de las mujeres de los lugares de trabajo organizados con la creación del mujer en casa y la reconstrucción de la familia como lugar de producción de la fuerza de trabajo.

 

En la Francia revolucionaria de1791, que vio extender el dominio del consumo, la prostitución fue despenalizada. Un especialista en prostitución en el período revolucionario, Clyde Plumauzille, señala, con respecto a la organización de la prostitución en el Palais-Royal:

 

La prostitución del Palais-Royal es entonces parte de un conjunto más grande de dispositivos relacionados con la “revolución del consumo que afecta a la sociedad en su conjunto” (Roche, 1997, Coquery, 2011): desarrollo de técnicas publicitarias con directorios de prostitutas, diversificación de la oferta para llegar a un público más amplio, ventanas-escaparates y “mercantilización” de la sexualidad de la prostitución. […] Primer mercado sexual de la capital, el Palais Royal ha facilitado así la creación de una forma de prostitución decididamente consumista, entre la emancipación sexual y económica y la comercialización del cuerpo de las mujeres.15

 

Esta aparente liberalización revela pues mucho menos un debilitamiento del control del cuerpo de las mujeres que una adaptación del mercado a lo que parece inevitable incluso aunque la condición de las mujeres las deja sin otra alternativa que la dependencia de los hombres. Sin embargo, si las cortesanas de los distritos distinguidos son toleradas o incluso apreciadas, no es lo mismo con las prostitutas de las clases trabajadoras, y es sobre todo para responder a esta masificación de la prostitución de las mujeres de las clases trabajadoras que el control policial y el confinamiento de las prostitutas se intensifican nuevamente

 

Para comprender esta represión de la prostitución de masas es preciso aprovechar el nexo entre una prostitución regulada y las relaciones capitalistas de producción. Entre la Revolución Francesa y la Belle Epoque hubo un largo período en que la sociedad francesa adoptó todas las instituciones características del modo de producción capitalista: el Directorio, los dos Imperios y los comienzos de la Tercera República, consolidan las formas de explotación modernas que habían surgido en las últimas décadas del antiguo régimen, ya fueran los sectores agrícolas más avanzados del norte de Francia, o las innovaciones en el sector químico, textil o de extracción del carbón. El siglo XIX estuvo marcado por la generalización de las instituciones de mercado y la dependencia de las clases trabajadoras del mercado y de los empleadores. La prostitución, y la condición de las mujeres en general, no escapan a esta lógica. Con la separación del lugar de trabajo y el lugar de vida, la mecanización del trabajo y la regulación de las industrias, las mujeres están atrapadas entre sectores mal regulados (trabajo en casa, talleres de costura) y su exclusión de la mayoría de los sectores regulados. Cuando están presentes en el mercado de trabajo, las mujeres desempeñan un papel de mano de obra de apoyo para el capital, lo que Marx llama el “ejército industrial de reserva”:

 

Al aplastar la pequeña industria y el trabajo en casa , suprime el último refugio de una masa de trabajadores, convertidos cada día en sobrantes y, por lo tanto, la válvula de seguridad de todo el mecanismo social.17

 

Como muestra un estudio reciente sobre la prostitución en La Goutte d’Or en la Belle Epoque 18, la regulación de la prostitución se enfrentaba a una resistencia considerable por parte de las trabajadoras sexuales, a través de su creciente negativa a trabajar para un empleador exclusivo. La prostitución callejera de las “insumisas” se entiende así como una forma de insubordinación obrera: permitió a las mujeres proletarias adquirir un complemento de renta en el caso de que ejercieran al mismo tiempo un trabajo asalariado y obtener unos ingresos a corto plazo cuando no estaban empleadas. En ambos casos, la prostitución desreglamentada representaba un punto de apoyo para las mujeres trabajadoras, una potencial mejora de su poder de negociación frente al capital y el patriarcado,

 

Este papel de la regulación en relación con el trabajo sexual y de cara a la insubordinación obrera de las prostitutas es revelador. Indica que el trabajo sexual y el trabajo en general no pueden separarse; muestra que las luchas de los profesionales del sexo tienen una dimensión de género y de clase muy precisa; está claro que no puede haber una oposición estricta entre un régimen regulador y un régimen abolicionista / prohibicionista: se trata en ambos casos (y en las formas híbridas entre los dos sistemas) de formas de disciplina y de acción de las mujeres prostituidas, ante las cuales éstas últimas hacen valer sus intereses y tratan de fortalecer su poder de negociación. Antes de regresar a estos aspectos a propósito del período contemporáneo, debemos volver a las razones y al surgimiento de los movimientos abolicionistas:

 

Fue originalmente para denunciar este regulacionismo que, a finales del siglo XIX, grupos de mujeres comenzaron a luchar contra la prostitución: mientras que un pánico moral con respecto a un supuesto comercio de esclavas blancas tuvo éxito internacionalmente, el movimiento abolicionista se encontró con un fuerte eco, llevando en 1946 a la ley Marthe Richard, que ordenaba el cierre de burdeles. El Convenio de la ONU de 1949 para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución de otros establece en su famoso preámbulo que “la prostitución y el mal que la acompaña, a saber, la trata de seres humanos con fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad humana y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad”. Según esta misma convención, para ser víctima de la trata, basta con ser engañado, coaccionado o desviado para fines de prostitución. El Protocolo de Palermo (adoptado por las Naciones Unidas en 2000) propone una definición alternativa de trata, definida como “la captación, el transporte, la transferencia, el alojamiento o la recepción de personas, por la amenaza de la fuerza o el uso de la misma u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de autoridad o vulnerabilidad, o por la oferta o aceptación de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tiene autoridad sobre otra para fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución de terceros u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o extracción de órganos”. Si esta definición es más amplia (cualquier forma de explotación puede ser el propósito de la trata) y más restrictiva (se habla de “explotación de la prostitución” y ya no de “prostitución”, y se tiene en cuenta el ejercicio de alguna forma de coerción o el abuso de una situación vulnerable a las víctimas mayores de edad) que la definición de 1949, permanece deliberadamente imprecisa al no definir el concepto de explotación. Esta difuminación permitió a Francia, cuando introdujo en su código penal y adaptó la definición del Protocolo, traducir la “explotación de la prostitución” por “proxenetismo”. Al ser en Francia la definición del proxenetismo particularmente amplia — permite castigar cualquier tipo de asistencia a la prostitución ajena— el nuevo delito francés de trata no desautoriza por lo tanto la concepción de trata adoptada por la Convención de 1949. En otras palabras, mientras que existen las herramientas del derecho común para responder a la voluntad de sancionar el trabajo forzoso, ya sea en la prostitución o en otro lugar, la prostitución sigue siendo objeto de medidas específicas que la penalizan como tal.

 

¿Cuál es el papel de esta penalización específica? ¿En qué dinámica encaja? ¿Cuáles son las consecuencias? Muchas respuestas se han dado a estas preguntas, pero con demasiada frecuencia, las respuestas se refieren a la represión de la prostitución si no esencializada, al menos ideal, de forma que están luchando para dar cuenta de las tensiones que atraviesan la industria del sexo. Además, una síntesis de las principales teorías sobre la represión del trabajo sexual, con relación a la dinámica general que atraviesa el dominio del trabajo reproductivo, debería permitirnos diagnosticar con precisión los retos de la lucha de las trabajadoras sexuales. Más allá de los enfoques puramente históricos, también es interesante tener en cuenta la función de la represión del trabajo sexual y la estigmatización de las que practican en relación con la economía sexual como tal. Si la represión de la prostitución tiene una función específica en un sistema capitalista que se basa entre otras cosas en la apropiación del trabajo no remunerado de las mujeres, este contexto económico no es suficiente para dar cuenta de las tensiones dentro de las cuales tiene lugar esta represión. El trabajo de Paola Tabet demuestra así que si es el estigma lo que define la prostitución, éste no necesita del sistema capitalista para expresarse. En numerosas sociedades no capitalistas, las mujeres son estigmatizadas como prostitutas, no necesariamente porque participan en un intercambio economico-sexual, sino debido a que participan en un intercambio que escapa a las reglas establecidas del intercambio de mujeres en un sistema patriarcal. Estas obras son una reminiscencia de las llevadas a cabo antes por Gayle Rubin y publicadas bajo el título de “Traffic in Women” en 1975 donde, de nuevo, el reto es explicar la opresión de las mujeres sin subordinarla a su función potencial en el capitalismo. Por encima de todo, es en “Pensar el Sexo” donde Gayle Rubin estudia con más detalle los sistemas de jerarquías sexuales de que estructuran nuestras sociedades:

 

Las modernas sociedades occidentales valoran los actos sexuales según un sistema jerárquico de valor sexual. […] Las personas cuyo comportamiento sexual está en la parte superior de esta jerarquía son recompensadas ​​con un certificado de buena salud mental, respetabilidad, legalidad, movilidad social y física, el apoyo institucional y beneficios de carácter material. A medida que los comportamientos o intereses de los individuos están en un nivel más bajo de esta escala, éstos últimos son objeto de presunción de enfermedad mental, falta de respetabilidad, criminalidad, de una restricción de la libertad de movimiento físico y social, la pérdida de apoyo institucional y sanciones económicas.

 

Un estigma extremo y punitivo mantiene algunos comportamientos sexuales en el nivel más bajo de esta escala, y constituye una sanción eficaz contra los que tienen este tipo de prácticas. La intensidad de este estigma tiene sus raíces en la tradición religiosa occidental. Pero lo esencial de su contenido actual proviene de la estigmatización médica y psiquiátrica”.19

 

En este sentido, la prostitución es castigada y estigmatizada en tanto que desviación, por la misma razón que la homosexualidad, en virtud de un sistema que se opone a diferentes tipos de prácticas sexuales tales como homosexual/heterosexual, gratuito/de pago, etc. La teoría de Gayle Rubin presenta así la represión del trabajo sexual como teniendo una función no necesariamente subordinada a un orden económico, sino teniendo lugar en un sistema sexual autónomo, en el seno del cual convergen intereses externos (económicos, sí, pero también religiosos o médicos).

 

.Elizabeth Bernstein, especialista del neoliberalismo, analiza por su parte la represión del trabajo sexual como una forma de reafirmar las fronteras entre lo íntimo y lo público 20, y por lo tanto considera las campañas del abolicionismo contemporáneo como formando parte de una ” agenda sexual neoliberal”:

 

Yo sitúo estas políticas neoabolicionistas en términos de una agenda sexual neoliberal (en lugar de tradicionalista), que sitúa los problemas sociales en la escala de los individuos desviados en lugar de en la de los niveles de las instituciones oficiales, que busca los remedios sociales a través de intervenciones de justicia penal y no a través del Estado providencial redistributivo, y que defiende la beneficencia de los privilegiados más que el empoderamiento de los oprimidos.

 

De esta forma, la eliminación de la prostitución no aparece sólo como una forma de consolidar un cierto orden económico, sino más bien como un medio para imponer la lógica neoliberal hasta en la misma economía sexual. Y es precisamente porque el trabajo sexual, al igual que otras áreas del trabajo reproductivo o productivo, no es una excepción al neoliberalismo, por más que pueda ser interesante considerarlo a la luz del tratamiento de otras áreas de trabajo reproductivo .En su investigación sobre lo que ella llama el “feminacionalismo”, Sara Farris señala que la inmigración de las mujeres para el sector reproductivo, a diferencia de la de los hombres inmigrantes, es más bien estimulada por el Estado, en un contexto de desentendimiento de éste en relación a servicios tales como el cuidado de niños, y en un contexto de aumento de las mujeres “nacionales” en el sector productivo:

 

No siendo ya percibidas como las que roban el trabajo o se aprovechan de los beneficios de la asistencia social, las mujeres inmigrantes son las “sirvientas” que ayudan a mantener el bienestar de las familias e individuos europeos. Son proveedoras de trabajo y de intereses, ells que al ayudar a las mujeres europeas a liberarse de las diferencias de género al sustituirlas en el hogar, lo que permite a estas mujeres “nacionales” a convertirse en trabajadoras en el mercado de trabajo “productivo “. Además, ellas son los que contribuyen a la educación de los niños y al cuidado físico y emocional de las personas mayores, proporcionando así un estado de bienestar, cada vez menos a cargo del Estado. […] El papel “útil” que las trabajadoras inmigrantes desempeñan en la reestructuración contemporánea de los regímenes de bienestar, y la feminización de los sectores clave de la economía de servicios, gozan de una cierta complacencia de los gobiernos neoliberales y de la compasión engañosa de los partidos nacionalistas hacia las mujeres inmigrantes, en comparación con los hombres inmigrantes. […] En la medida en que se consideran como los cuerpos al servicio de las generaciones futuras, en tanto que madres que juegan un papel crucial en el proceso de transmisión de los “valores sociales”, en tanto que suplentes de las mujeres nacionales en el sector reproductivo, pero también en tanto que posibles esposas para los hombres europeos, las mujeres inmigrantes parecen convertirse en objetivo de una campaña benevolencia engañosa en la que ellas son “necesarias” en tanto que trabajadoras, “toleradas” en tanto que inmigrantes y “animadas” a ajustarse a los valores occidentales en tanto que mujeres22

 

El feminacionalismo, tal como lo define Sara Farris, significa “la movilización contemporánea de las ideas feministas por los partidos nacionalistas y los gobiernos neoliberales bajo la bandera de la guerra contra el patriarcado, que se supone que es del Islam en particular, y de los inmigrantes del Tercer Mundo en general”. En otras palabras, la retórica de los discursos que defienden la integración de las mujeres inmigrantes por el trabajo, tiene finalmente mucho menos por objeto los intereses de las mujeres en cuestión que los de la economía nacional para la que estas trabajadoras a aseguran la reproducción de la fuerza de trabajo a menor coste. En este contexto, las mujeres inmigrantes constituyen no un “ejército de reserva, constantemente amenazado por el desempleo y la expulsión y utilizado para mantener la disciplina salarial”, como era costumbre decir en los años 1970 y 1980 para describir a “las mujeres en tanto que empleadas extra-domésticas”, sino más bien un “ejército regular de mano de obra extremadamente barata”.

 

Así, si el fomento de la inmigración de mujeres destinadas al sector reproductivo parece a primera vista ser una política opuesta a las severas restricciones a la inmigración en contra de las trabajadoras sexuales, estas dos políticas distintas en realidad pueden ser vistas como complementarias: en primer lugar, cabe destacar que el discurso contra la trata y la contra la prostitución en general, con el objetivo de salvar a las mujeres de las redes de migración que se supone que las explotan, insistiendo en la necesidad de “reinserción”, es decir, de inserción en la economía nacional legal (lo que significa, para mujeres que son en su mayoría inmigrantes, una inserción en el sector del trabajo doméstico, de los cuidados, etc.) participan plenamente de los que Sara Farris definió con el término de “feminacionalismo”. A pesar de que el capitalismo globalizado supone desposeer a a las mujeres de sus medios de supervivencia, especialmente hoy en día en los países de África y Asia, y por lo tanto conduce a una masificación de la inmigración (y de la prostitución), la represión de las trabajadoras del sexo, en un contexto de mercantilización del trabajo reproductivo realizado por las inmigrantes, por tener el efecto de mantener a las trabajadoras del sexo en una situación precaria, las constituye, al igual que a las trabajadoras domésticas, como “un ejército regular de mano de obra extremadamente barata”.

 

En otras palabras, la represión de las trabajadoras sexuales, en la medida en que conduce a la precariedad de las trabajadoras sexuales, no sólo da como resultado un equilibrio de poder en favor de clientes, terceros y proxenetas, sino que sirve a todo un sistema económico capitalista, patriarcal y racista que se beneficia del menor costo de este sector de trabajo reproductivo. Más precisamente, es incluso posible analizar el mantenimiento en la precariedad de las trabajadoras sexuales como el medio para su constitución institucionalizada en un ejército de reserva de trabajadoras domésticas y ver así instaurarse un sistema de tres niveles en el trabajo de las mujeres: en un primer nivel, la mano de obra femenina del sector productivo, que sigue cobrando menos que los hombres, es parte de un sistema que sigue imponiendo un modelo heterosexista a las mujeres, ya que el matrimonio aparece como un medio para lograr un nivel de vida que un salario femenino por sí sólo no permite. En el segundo nivel, las políticas migratorias que mantienen bajos precios de la mano de obra doméstica también refuerzan los menores niveles salariales de las mujeres empleadas en el sector productivo. Por último, las trabajadoras sexuales son reprimidas y estigmatizadas como una amenaza para las mujeres que no aceptan las condiciones de explotación del trabajo asalariado, el trabajo doméstico o el matrimonio.

 

En este sentido, los discursos anti trabajo sexual, que no ven más salida a la explotación sexual de las mujeres que el sexo no comercial, y la emancipación económica sólo a través del trabajo legal, y en particular el trabajo en el sector productivo, nos parecen alentar, —contrariamente a lo que anuncian— esta explotación a través de un trabajo que es tanto más explotado porque se presenta como libre, espontáneo, natural. Por el contrario, la reivindicación del trabajo sexual como trabajo nos invita a repensar las relaciones de reproducción con el objetivo de terminar con la explotación, ya sea pagada o no.

 

 

Trabajo sexual frente a trabajo

 

Como hemos intentado demostrar hasta aquí, la cuestión de la “prostitución” no puede ser objeto de una reflexión simplista con el único prisma de las relaciones de género. Por el contrario, es más que necesario que la izquierda aproveche los aspectos políticos del trabajo sexual entendido como un sector del trabajo reproductivo. Es cierto, como señala Silvia Federici en su texto “Reproducción y lucha feminista en la nueva división internacional del trabajo”, que el tema del trabajo reproductivo ha sido demasiado poco investigado por el propio movimiento feminista:

 

No cabe duda de que si el movimiento feminista en Europa y los Estados Unidos se hubiera concentrado en el hecho de que el Estado reconociera el trabajo de reproducción como trabajo y asumiera la responsabilidad financiera por él, no habríamos asistido al desmantelamiento de los pocos servicios disponibles en este campo y a una solución colonial al “problema del hogar”. 24

 

Pero es precisamente por esta razón que los debates sobre el trabajo sexual deberían ser una nueva oportunidad para (re)pensar este tema , y poder construir una oposición real a las políticas liberales que se han hecho dominantes desde hace mucho, con las consecuencias conocidas (feminacionalismo, liberalización de la industria del sexo en beneficio exclusivo de los empleadores y de terceros, el aumento general del trabajo que deben realizar las mujeres tras la retirada del Estado de los servicios públicos, etc.)

 

Afirmar que el trabajo sexual es un trabajo parece en efecto consituir una etapa necesaria tanto en lo que concierne a la lucha contra el capitalismo como en la emancipación de las mujeres y en particular su emancipación sexual. Recuperamos así para calificar la pertinencia política del eslogan “trabajo sexual es trabajo” las palabras utilizadas por Kathi Weeks cuando se refiere al movimiento “Salarios para el trabajo doméstico”: “fue un proyecto reformista con aspiraciones revolucionarias”. Si la lucha contra la penalización del trabajo sexual puede parecer al principio más bien reformista, ya que consiste esencialmente en exigir un cambio legislativo que permita a las trabajadoras trabajar en mejores condiciones, la aprehensión del sexo como trabajo abre por el contrario una perspectiva bastante más ambiciosa en términos de emancipación.

 

Respecto a la lucha contra la criminalización, debe recordarse sin embargo que si bien las trabajadoras sexuales pueden definirse como el ejército de reserva de mujeres explotadas en el trabajo asalariado, del hogar o del matrimonio, entonces mejorar sus condiciones de trabajo sólo puede ser beneficioso para éstas últimas. De la misma manera, si la persistencia del estigma de puta representa una amenaza para todas las mujeres, ya que no se contenta tan sólo con restringir sus libertades, sino que sobre todo, legitima la violencia contra ellas, entonces la lucha contra la estigmatización de las trabajadoras sexuales debería estar por esta razón entre las prioridades de la agenda feminista. Por otra parte, en la medida en que a escala global la lucha contra la “prostitución” tiene lugar esencialmente en forma de lucha contra la “trata” (tal como se define en la Convención de 1949), mediante la financiación por los gobiernos occidentales de las ONGs que trabajan en los países del Sur para “salvar” a las posibles víctimas de la trata, el final de estas políticas significaría el derecho a la autonomía para las trabajadoras sexuales afectadas, víctimas hoy de forma sistemática, en numerosos países, de una forma de imperialismo humanitario a través de las personalidades y ONGs de la “industria del rescate”.

 

Por otra parte, mientras que la gran mayoría de las trabajadoras sexuales de los países occidentales son inmigrantes o trabajadoras no blancas, al igual que la mayoría de aquellas y aquellos que “apoyan” su actividad y por lo tanto son condenables por proxenetismo, la lucha contra la prostitución toma una forma particular en estos países la forma de una ofensiva racista, que participa del encarcelamiento sistémico de las poblaciones no blancas. Si algunos o algunas pueden utilizar este estado de hecho de división racista del trabajo sexual para argumentar que es precisamente necesario penalzar a los hombres que se supone mayoritariamente blancos beneficiarios del trabajo sexual —los clientes27— nos parece por el contrario peligroso querer reequilibrar la balanza reforzando el propio instrumento de este racismo sistémico. Sin embargo, no se trata de plantear una defensa acrítica de terceros y de otros beneficiarios de la industria del sexo: la despenalización del trabajo sexual debe por el contrario ser entendida como un medio de reforzar la autonomía de las trabajadoras sexuales frente a situaciones de clandestinidad más propicias para su explotación. En este contexto, los temores expresados ​​con regularidad de que el reconocimiento del trabajo sexual sólo se daría más peso a la división sexista y racista del trabajo nos parecen no sólo carentes de fundamento, sino sobre todo, creemos que este reconocimiento constituye la condición sine qua non de lucha contra esta división y contra las opresiones que resultan de ella.

 

Negarse a reconocer el trabajo sexual es, en efecto, reforzar la división entre el trabajo “real”, específicamente asalariado, que tiene derecho de ciudadanía en el espacio público, y el “no trabajo”, que se desarrolla en el ámbito privado. Por lo tanto, se trata de dejar de oponer la esfera productiva del trabajo asalariado a los intercambios considerados como pertenecientes a la esfera privada no comercial, ya que esta oposición, que sólo sirve para enmascarar el trabajo realizado pero no compatibilizado en el salario, es rentable sólo para el capital:

 

Marx hace mucho tiempo explicó que el salario ocultaba todo el trabajo no remunerado en el origen del beneficio económico. Pero medir el trabajo por los salarios también vela la extensión de la subordinación de todas nuestras relaciones sociales a las relaciones de producción, el grado en que cada momento de nuestra vida participa en la producción y reproducción del capital. Los salarios, de hecho (y esto incluye la ausencia de salarios), permitieron que el capital oscureciera la duración de nuestro día laborable. El trabajo aparece así como un compartimiento único de la vida cotidiana, que sólo existe en ciertos lugares. El tiempo que pasamos en la fábrica social, preparándonos para el trabajo, o yendo a trabajar, la restauración de nuestros “músculos, nervios, huesos y cerebro” con comidas rápidas, sexo rápido, películas, etc., son otros tantos instantes que se nos presentan como distracciónes, tiempo libre, aficiones individuales.28

 

En otras palabras, se trata de ampliar el alcance del lema “el personal es político” para incluir no sólo reproducción de la dominación masculina dentro del dominio privado, sino también la reproducción de las dinámicas favorables al capitalismo. Esto se debe a que, como nos recuerda Lise Vogel en el trabajo doméstico, la división entre la esfera del trabajo asalariado y la de lo que se considera privado no hace, especialmente en una sociedad patriarcal, más que reforzar las estructuras de dominación:

 

La distinción altamente institucionalizada entre el trabajo doméstico y trabajo asalariado en un contexto de supremacía masculina, forma la base de una serie de potentes estructuras ideológicas, que adquieren una autonomía significativa.29

 

En este contexto, la afirmación de que “el trabajo sexual es trabajo”y, por tanto, que el sexo, pagado o no, puede ser un trabajo, debe abrir la posibilidad de un proceso de desidentificación —tomando prestado el término usado por Kathi Weeks en referencia a la campaña “salarios para el trabajo doméstico— por parte de las mujeres de la sexualidad a la que a menudo están obligadas, en una sociedad capitalista patriarcal ,

 

Reclamar un salario para una práctica “tan identificada con una práctica femenina” nos permite comenzar un proceso de desidentificación: ” Nada más que exigir un salario ya está afirmando que no nos identificamos con este trabajo” (Edmond y Flemming) . Así, “en la medida en que por la lucha [ellas] obtienen el poder de romper [su] identificación capitalista”, las mujeres pueden, según Cox y Federici, al menos determinar lo que “no son”.

 

De la misma manera con “trabajo sexual es trabajo”, si no se trata todavía de saber qué sexualidad (re)construir en el marco de una lucha feminista, se trata por lo menos de saber cuál no se quiere: una sexualidad de servicio organizada según la división sexista del trabajo. Como señala Silva Federici:

 

queremos llamar trabajo a lo que es un trabajo para que eventualmente pudiéramos redescubrir lo que es el amor a fin de crear nuestra sexualidad, cosa que nunca hemos conocido31.

 

No se trata pues, a través del lema “trabajo sexual es trabajo”, de exigir que el trabajo sexual sea considerado como un trabajo “como los demás”, y que, como tal, su despenalización sea considerada como un fin en sí misma. La aplicación de esta política liberal, como hemos visto con los ejemplos alemanes o holandeses, sólo sirve a los intereses de los patronos de la industria del sexo, de modo que estas políticas sólo tienen el efecto de volver a poner en manos de los capitalistas la remuneración de las trabajadoras sexuales. Por el contrario, se trata de reafirmar que si este reconocimiento del trabajo sexual es necesario, es precisamente porque sólo identificándolo claramente como trabajo las mujeres podrán negarse a realizarlo, en el marco de una lucha más general de rechazo del trabajo y por una refundación radical de la sociedad y de sus dinámicas de reproducción.

 

Conclusión

 

El análisis del trabajo sexual en términos de trabajo reproductivo tiene así varias ventajas. En primer lugar, al invitarnos a no considerar la industria del sexo solamente como una mera industria en el seno de la cual se despliegan dinámicas capitalistas, sexistas y racistas, nos permite considerar el papel fundamental de la industria del sexo dentro del sistema capitalista . En otras palabras, no se trata solamente de considerar la explotación de las trabajadoras sexuales por parte de los beneficiarios directos del trabajo sexual —los proxenetas, los terceros, los clientes—, sino más bien de no considerar a éstos más que como los mediadores de la explotación más global de las mujeres por el capital. En segundo lugar, al permitirnos analizar las dinámicas que intervienen en la represión del trabajo sexual —represión que está específicamente relacionada con las cuestiones de la gestión de la inmigración— la introducción de las trabajadoras sexuales en la categoría más general de trabajadoras reproductivas, codo a codo con las trabajadoras domésticas y de cuidados, nos permite comprender los retos de la lucha de las trabajadoras sexuales en términos de lucha contra el neoliberalismo y especialmente contra sus efectos sobre las mujeres inmigrantes o del Tercer Mundo. Finalmente, al invitarnos a repensar la noción misma de “trabajo”, estos análisis nos ofrecen la oportunidad de restablecer una nueva dinámica en la lucha contra la apropiación de éste, una dinámica que nos permite tener en cuenta a los trabajadores y las trabajadoras tradicionalmente excluidos de estas luchas y que, a menudo, se ven reducidos a luchar aisladamente, a pesar y en consecuencia de los efectos desastrosos del capitalismo en sus vidas (trabajadores por cuenta propia precarios, madres solteras, trabajadoras del sexo, trabajadoras domésticas, comadronas, etc.) con miras a un replanteamiento radical de la división del trabajo y de las ideologías —especialmente sexistas y racistas— en las que se basa.

 


 

  1. Este argumento es desarrollado con asiduidad en los textos de autores/as abolicionistas; ver, por ejemplo, para aquéllos que lo formulan de la forma más explícita, un comunicado del AIVI: “¡la prostitución no es un trabajo sino una violencia!”, o la obra de Janice Raymond, “not a choice, not a job”. []
  2. Lilian Mathieu, La fin du tapin, Sociologie de la croisade pour l’abolition de la prostitution, Bourin, 2013, p. 17. []
  3. Para un estudio de los debates entre el movimiento Wages for Housework y los movimientos feministas y de izquierda, ver por ejemplo Silvia Federici et Nicole Cox, « Counterplanning from the Kitchen », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p. 28-40, réponse au « Women and Pay for Housework » de Carol Lopate. []
  4. Carole Leigh, « inventer le travail du sexe », in Luttes XXX – inspirations du mouvement des travailleuses du sexe, Maria Nengeh Mensah, Claire Thiboutot et Louise Toupin, éd. du remue-ménage, 2011, p. 267-270. []
  5. https://www.youtube.com/watch?v=enpTFJsswWM à partir de 1:10:23.Transcription Ellis Suzanna Slack, traduction Morgane Merteuil. []
  6. Voix du jaguar. []
  7. Silvia Federici et Nicole Cox, « Counterplanning from the Kitchen », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.31. []
  8. Silvia Federici et Nicole Cox, « Counterplanning from the Kitchen », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.31. []
  9. Silvia Federici, « Why Sexuality is work », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.25. []
  10. Silvia Federici, « Wages against Housework », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.15. []
  11. Leopoldina Fortunati, The Arcane of Reproduction : housework, prostitution, labour and capital, Autonomedia, p.17. []
  12. Leopoldina Fortunati, The Arcane of Reproduction : housework, prostitution, labour and capital, Autonomedia, p.17. []
  13. Leopoldina Fortunati, The Arcane of Reproduction : housework, prostitution, labour and capital, Autonomedia, p.18. []
  14. Silvia Federici, Caliban et la sorcière : Femmes, corps et accumulation primitive, Entremondes et Senonevero, 2014 pour la traduction française, p.191-192. []
  15. Clyde Plumauzille, Le « marché aux putains » : économies sexuelles et dynamiques spatiales du Palais-Royal dans le Paris révolutionnaire, Revue Genre, Sexualités et Sociétés, n°10 Automne 2013, p. 21/26. []
  16. Voir Henry Heller, The Bourgeois Revolution in France. 1789-1815, Berghahn Books, 2009. []
  17. Karl Marx, Le Capital, Livre I, « Machinisme et grande industrie ». http://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/kmcapI-15-9.htm []
  18. Voir Alexandre Frondizi, Histoires de trottoirs. Prostitution, espace public et identités populaires à la Goutte – d’Or, 1870 – 1914, Mémoire de thèse, 2007. []
  19. Gayle RUBIN, “Penser le sexe”, in Surveiller et jouir – Anthropologie politique du sexe, Epel, 2010, traduction Flora Bolter, Christophe Broqua, Nicole-Claude Mathieu et Rostom Mesli, p. 156-157. []
  20. Voir : Elizabeth Bernstein, Temporarily Yours, Intimacy, Authenticity and the Commerce of Sex, The University of Chicago, 2007. []
  21. Elizabeth BERNSTEIN, “the sexual politics of the new abolitionnism”, in Differences : a journal of feminist cultural studies, 18/3, 2007, p. 137 . []
  22. Sara Farris, « Les fondements politico-économiques du fémonationalisme ». []
  23. Sara Farris, « Les fondements politico-économiques du fémonationalisme ». []
  24. Silvia Federici, « reproduction et lutte féministe dans la nouvelle division internationale du travail ». []
  25. Kathi Weeks, The problem with work : feminism, marxism, antiwork politics and postwork imaginaries, Duke University Press, 2011, p. 136. []
  26. Laura Agustin, « Kristof and the Rescue industry, the soft side of imperialism ». []
  27. Yasmin Vafa, « Racial Injustice: The case for prosecuting buyers as sex traffickers » []
  28. Silvia Federici et Nicole Cox, « Counterplanning from the Kitchen », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.35-36. []
  29. Lise Vogel, Marxism and the opression of women : Toward a unitary theory, Brill, 2013, p.160. []
  30. Kathi Weeks, The problem with work : feminism, marxism, antiwork politics and postwork imaginaries, Duke University Press, 2011, p.130. []
  31. Silvia Federici, « Wages against Housework », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.20. []

 

 

Las mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas sobre prostitución

Glòria Poyatos Matas*

24.08.2014

 

https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2014-08-24/las-mentiras-las-grandes-mentiras-y-las-estadisticas-sobre-prostitucion_179597/

 

“Sólo me creo las estadísticas  que yo, personalmente, he manipulado” (atribuida a Winston Churchill).

 

“Prostitución, drogas y tráfico de armas dejan la ilegalidad estadística para entrar en el PIB”. Con ese titular se supo a principios de año que, a la vuelta del verano, el INE tendría en cuenta estas actividades ilegales a la hora de calcular el PIB. El 10 de mayo, la Junta Directiva de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado aprobaba a este respecto un extenso informe titulado Reforma fiscal española y agujeros negros del fraude. Propuestas y recomendaciones, en el que abogaba por la incorporación en el sistema tributario español de actividades denominadas ‘ilícitas’, como la prostitución, y se aplaudía esa inclusión, aunque sea estadísticamente, en la contabilidad europea.

Los países de la Unión estarán obligados a incluir en la medición del PIB el impacto del consumo de drogas, el contrabando y la prostitución en virtud del SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales), que reemplaza al SEC 1995. Se trata de una nueva metodología en la elaboración de la contabilidad nacional de los Estados de la UE -impuesta a través del Reglamento  nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 21 de mayo de 2013- aunque no en el mundo, pues este sistema ya funciona desde hace años en Japón, Estados Unidos, Australia, Canadá e incluso en países de nuestro entorno, como Suecia, Noruega, Austria, Estonia, Eslovenia u Holanda.

El INE ya se ha puesto en marcha para acometer esta ardua tarea aplicada al paradigma de uno de los negocios más sumergidos, el de la prostitución. Los datos estadísticos resultantes saldrán a la luz el 25 de septiembre, pero provisionalmente se prevé un aumento del PIB que oscilará entre un 2,7% y un 4,5%, con la consecuente repercusión sobre el déficit nacional.

Sin embargo, las estadísticas son una constelación de tentaciones a la manipulación. Por ello, en el presente caso, deben seguir las recomendaciones metodológicas que desde el Eurostat, la oficina estadística de la UE, se han establecido para armonizar la actuación de los Estados miembros, exigiéndose el consentimiento entre ambas partes en este tipo de transacciones para poder ser objeto de valoración económica, esto es, quedan fuera de esta nueva metodología de medición económica las actividades delictivas, como la trata de personas o el proxenetismo coactivo.

Datos fiables… y otros no tanto

Personalmente, me sorprendió el estruendo mediático que se dio a esta noticia, pues la prostitución es uno de los negocios más ‘estadisticados’, eso sí, en esta espinosa materia deben diferenciarse las estadísticas serias, esto es, las avaladas por estudios y organismos reconocidos por la comunidad internacional, de aquellas otras que siempre se aportan hueras de fuentes que las sostengan. Estas últimas suelen acompañarse de nudas valoraciones y un grave déficit transversal de argumentación racional.

Un ejemplo sería el eterno porcentaje de que más del 95% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen bajo coacción o bien son víctimas de trata. Esta ‘estadística’ colisiona frontalmente con los datos obtenidos por la ONU en un extenso estudio llevado a cabo en 2010 en Europa (Trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual), entre cuyas conclusiones se asevera que una de cada siete mujeres que ejercen la prostitución en Europa son víctimas de trata, esto es, aproximadamente un 15%. Sin duda alguna, es una cifra abominable y demasiado elevada, en un entorno autocalificado de progresista y protector de la mujer frente a una de las delincuencias más repugnantes y, desgraciadamente, mejor organizadas, pero un 15% no es un 95%. Hay, por tanto, un 80% de mujeres desterradas a la invisibilidad y al ostracismo de derechos, lo que aumenta su fragilidad frente al empoderamiento de los clientes y la patronal del sexo.

Siguiendo con las estadísticas serias, debe destacarse el informe de la OIT The Sex Sector: The economic and social bases of prostitution in Southeast Asia, de 1998, diseñado por Lin Lean Lim sobre el sector del sexo en Asia sudoriental. Tal informe fue el resultado de un laborioso trabajo de investigación sobre la prostitución en cuatro países asiáticos: Filipinas, Tailandia, Malasia e Indonesia. De él se extrajeron conclusiones como que, a pesar de no hallarse regularizada, la industria sexual en dichos países alcanzaba económicamente el 14% del PIB. Y se concluyó con una recomendación clara a los países para regularizar la prostitución, porque sólo si se obtiene un rendimiento fiscal de esa actividad podrá incluirse en programas de ayuda y protección social, y solo si se visibiliza se permitirá a las trabajadoras sexuales acceder a toda la protección del sistema y a disponer de derechos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El caso español

Ya en nuestro país, en 2006, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales subvencionó un extenso y detallado informe (firmado por Graciela Malgeseni, del Escode) sobre el impacto de una posible normalización profesional de la prostitución en la viabilidad y sostenibilidad futura del sistema de pensiones. El resultado fue que la regularización de la actividad (autónoma) de la prostitución conllevaría un potencial incremento de afiliaciones a la Seguridad Social del 0’6%; el impacto recaudatorio de cuotas elevaría el existente en un 0’4% ; el IRPF, en un 0’85%; y el IVA en un nada desdeñable 0’78%.

En 2007 tuvo lugar otro abordaje estadístico de la actividad sexual remunerada, con motivo de la creación de una comisión parlamentaria para el estudio de la situación actual de la prostitución en España, en cuyo informe final, de fecha 13 de marzo de 2007, se concluye que los españoles se gastan 50 millones de euros todos los días en prostitución, que hay unas 400.000 prostitutas y que, según los datos aportados por los propietarios de los clubs de alterne, el negocio mueve en España 18.000 millones de euros. Los ingresos por prostituta y año ascienden a unos 45.000 euros.

Por último, entre los trabajos de investigación sobre el tema debe hacerse referencia necesariamente (a pesar de la escasa publicidad que se le dio, quizás porque los resultados obtenidos no fueron los inicialmente pretendidos) al extenso estudio teórico y práctico titulado La prostitución femenina en la Comunidad de Valencia, patrocinado por la Conselleria de Bienestar. Se realizó entre 2006 y 2007, con la participación de cuatro universidades valencianas públicas. En él, se cuestionan seriamente algunos de los datos estadísticos obtenidos hasta el momento, y se concluye que en la comunidad trabaja el 10% (10.000 mujeres) del total de las que ejercen la prostitución en nuestro país; la demanda está constituida por 130.000 clientes, es decir, algo más del 6% de la población valenciana de sexo masculino mayor de 15 años; la oferta anual de servicios sexuales se cuantifica aproximadamente en 3.120.000 servicios; y el volumen del negocio de la prostitución en la comunidad ascendió en 2006 a 230.462.353 euros, lo que en relación al PIB valenciano para ese mismo año (que era de casi 95.000 millones), suponía un 0’24%.

Las estadísticas y datos contables que se conocerán en unas semanas nos indicarán, finalmente, el impacto que tiene la actividad de la prostitución en el PIB español. No es un secreto que el personal del INE se encuentra actualmente confeccionando sus datos, lo que incluye visitas a los locales de alterne, las calles y las sedes de las asociaciones de trabajadoras sexuales más importantes de este país. Todo apunta a que las esperadas estadísticas se situarán en el grupo de las serias (esperemos que sea así), al igual que las que se citan en este artículo.

*Glòria Poyatos Matas es jueza decana de Lanzarote y autora de ‘La prostitución como trabajo autónomo’ (ed. S.A. Bosch).

 

¿Prostitución es trabajo? Consideraciones jurídicas en la sentencia de un juez español

 

 

En la sentencia que sigue, el juez Don Joan Agustí Maragall hace un análisis exhaustivo de la jurisprudencia relativa al carácter laboral o no de la prostitución ejercida por cuenta ajena y, por extensión, de la situación legal de la prostitución hoy en España. Por su interés, he extractado esta segunda parte de la sentencia en la que desarrolla esas consideraciones, omitiendo el caso en sí y sus circunstancias procesales, que en cualquier caso pueden ser consultados en su totalidad en el siguiente enlace.

 

http://www.laboral-social.com/files-laboral/NSJ051287_0.pdf

 

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 10 DE BARCELONA

Sentencia 50/2015, de 18 de febrero de 2015

Rec. n.º 835/2013

SUMARIO:

Naturaleza laboral de la actividad desempeñada. Prestación de servicios de prostitución en centro de masajes a cambio de una retribución. En el actual marco regulador de la prostitución (regulación administrativa y despenalización aplicativa), mientras el Estado Español no asuma las recomendaciones de la Resolución del Parlamento Europeo de 26-2-2014, conforme a la cual no solo la prostitución forzada, sino la simple prostitución y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de igualdad de género y a los contenidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el ejercicio libre, sin coacción y de manera no forzada, de la mencionada actividad, bajo la dirección y dependencia de una empresa, no es motivo de ilícito penal ni de lesión de derechos fundamentales individuales que impidan el reconocimiento de laboralidad postulado.

PRECEPTOS:

Constitución Española, art. 35.

Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ), art. 7.

Ley Orgánica 10/1995 (CP), art. 188.

Código Civil, arts. 1.271 y 1.275.

PONENTE:

Don Joan Agustí Maragall.

 

(…)

Se trata, en definitiva, de una prestación voluntaria de servicios sexuales a los clientes de la empresaria demandada, en su local, por cuenta y bajo la dependencia y organización de la misma, a cambio de una retribución previamente convenida.

 

La concurrencia de los rasgos esenciales de todo contrato laboral en la relación descrita resulta evidente y no admite mucha discusión: prestación voluntaria de servicios, retribución, dependencia y ajenidad en los frutos.

 

El único e importante obstáculo para la estimación de la demanda radica en el posible carácter ilícito del objeto del contrato, al tratarse de servicios de prostitución, obstáculo que -por cierto- ni se analiza en la demanda ni ha sido opuesto por la empresaria demandada. Ha sido este magistrado quien, emitido el informe de conclusiones por todas las partes y de conformidad a la previsión del art. 87.3 LRJS, ha planteado tal cuestión a fin de que alegaran al respecto.

 

  1. Distinción jurisprudencial entre relación de alterne y de prostitución.

 

El análisis exhaustivo de las bases de datos jurisprudenciales, salvo error u omisión, ha llevado a este magistrado a la conclusión de que no existen precedentes jurisprudenciales que hayan reconocido como relación laboral la libre prestación de servicios de prostitución por cuenta ajena, aunque sí numerosos pronunciamientos que sí la han apreciado en la denominada “relación de alterne”.

Como es sabido, en la clásica relación de “alterne” la trabajadora recibe del titular del local una retribución exclusivamente por alternar con la clientela y estimularla en el consumo de bebidas; la prestación de servicios sexuales, en su caso, los concierta y presta la trabajadora con el cliente, a iniciativa y por cuenta propia, en el propio local y liquidando al mismo propietario un precio por el alquiler de la habitación.

 

En el presente caso, por contra, nos hallamos ante una relación de prostitución por cuenta ajena clara y diáfana, no enmascarada o interferida por una paralela o confluente relación de alterne.

Hasta el momento, los juzgados y tribunales de lo social han negado categóricamente la posibilidad de que exista y pueda ser válido un contrato de trabajo que dé cobertura a las situaciones de explotación lucrativa de la prostitución, al considerar que para que el contrato de trabajo pueda reputarse válido es imprescindible que su objeto y causa sean lícitos, considerándose que la explotación sexual de una persona no reúne ni puede reunir esta condición, aunque el ejercicio de la prostitución sea una decisión voluntaria de la persona que la ejerce.

 

Exponente de esta doctrina es la sentencia del TSJ de Galicia de 10.11.04, recurso de Suplicación núm. 3598/2004:

 

TERCERO. (….). Pero, en el caso de autos, no estamos ante una situación de alterne, sino, como expresamente se afirma en la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia, con evidente valor fáctico, ante una “actividad (que) excede de la consecución de consumiciones ” -Fundamento de Derecho Cuarto-. Si estamos ante una situación de prostitución no existe, en modo alguno, una infracción de la jurisprudencia sobre la laboralidad de la prestación de servicios de alterne, de donde, en conclusión, la denuncia jurídica deberá ser rechazada.

 

A mayor abundamiento, debemos aclarar que, a juicio de la Sala, son totalmente compartibles los argumentos utilizados en la sentencia de instancia sobre la ilicitud de un contrato de trabajo cuyo objeto fuese la prostitución de la supuesta trabajadora al ser la explotación de la prostitución ajena una forma de violencia de género, de esclavitud de las mujeres y de actividad contraria a la moral. Pero es más -y aunque por la fecha de los hechos de autos no le sea aplicable a la sociedad limitada demandada-, actualmente sería un acto delictivo en la medida en que, siguiendo las tesis abolicionistas del Convenio para la reprensión de la trata de personas y de la prostitución ajena, adoptado el 2.12.1949, desde la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, modificadora del artículo 188 del Código Penal, resulta castigado “el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma “.

 

Como ha advertido un sector de la doctrina científica (Raquel Serrano “La despenalización parcial del proxenitismo y sus paradojas”), este criterio de la jurisprudencia plantea un decisivo elemento de desencuentro con la regulación penal del proxenetismo, que se analizará más adelante: la ilicitud del proxenetismo en el ámbito laboral no depende del carácter voluntario/consentido o no de su ejercicio por parte de quien ejerce la prostitución. Dicho de otro modo, el consentimiento de la persona que ejerce la prostitución es irrelevante. La ilicitud derivaría -según el criterio jurisprudencial expuesto- de la propia causa y objeto del contrato: el ejercicio de la prostitución por parte de una persona no puede ser ni objeto ni causa lícita de un contrato de trabajo ya que, por definición, el trabajo asalariado es un trabajo por cuenta ajena y subordinado a las órdenes y ámbito de organización de otra persona, de manera que las notas típicas del trabajo asalariado – la ajenidad y la dependencia – determinan la incompatibilidad absoluta del proxenetismo en régimen laboral con la libertad y la dignidad humanas. En razón de ello, la tutela judicial efectiva de los derechos laborales de las personas que ejercen la prostitución se alcanza a través de una distinción entre la actividad de alterne, donde sí cabe la existencia de una relación laboral o contrato de trabajo, y la actividad de prostitución. Con todo, esta distinción entre ambas actividades se intuye -en ocasiones- artificial o ficticia, en la medida en que la actividad de alterne no deja de ser en la mayoría de los casos meramente instrumental en orden a propiciar relaciones sexuales con los clientes.

 

En el presente caso, por el contrario y como ya se ha avanzado, no concurre una relación paralela de alterne: estamos en presencia -exclusivamente- de una prestación voluntaria de servicios sexuales, a cambio de una retribución, por cuenta de la empresaria, propietaria del prostíbulo (comercializado como “Centro de Masajes”), bajo la dirección y dependencia de la misma, en la persona de su encargada. No cabe, pues, como en la sentencia reproducida (y en tantas otras dictadas por la mayoría de Tribunales Superiores de Justicia), reconocer la laboralidad exclusivamente de una relación paralela de una inexistente relación de “alterne por cuenta ajena”.

 

Ello aboca a este magistrado a tener que resolver si asume o no el criterio de la doctrina expuesta, en el sentido que no puede calificarse como laboral una relación que, a pesar de reunir los rasgos esenciales de laboralidad, tendría una causa y/o objeto ilícito y, además, atentaría frontalmente a derechos fundamentales, cuestiones ambas que se abordan a continuación.

 

V. Primer obstáculo al reconocimiento de laboralidad: la -controvertida- ilicitud de la prostitución libremente ejercida por cuenta ajena.

 

Este primer obstáculo para la calificación como laboral de la relación tendría su fundamento en los artículos 1271 y 1275 del Codigo Civil, ya que -según el primero- sólo se admitiría como “objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres”, mientras que el segundo dispone que “Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral”.

 

El art. 188.1 del Código Penal, desde su reforma del año 2003, incorpora en el delito, denominado “de determinación a la prostitución” también a la ejercida por cuenta ajena, a pesar del libre consentimiento (como ha quedado acreditado en el presente caso) y no solamente cuando fuera “empleando violencia intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima”:

 

“Art. 188. 1º- El que determine, empleando violencia intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma.”

 

Esta importante modificación supuso la vuelta a la penalización de la explotación de la prostitución, que el legislador de 1995 había despenalizado salvo en supuestos de proxenitismo. El artículo 188.1º del CP, tal y como se ha trascrito, es el que actualmente regula la prostitución de mayores de edad. El citado tipifica de forma incondicional la explotación de esta actividad, con o sin el consentimiento de la prostituta.

 

Es en razón de tal consideración como delictiva de la explotación de la prostitución ajena, aún consentida, la jurisprudencia social ya referida ha entendido -explícita o implícitamenteque se imposibilitaba la posible calificación de laboral ordinaria de la relación de prostitución por cuenta ajena, al tratarse de una explotación económica directa, que quedaría incluida en el tipo previsto en el artículo 188.1º del Código penal. Por tanto quedaría fuera del tráfico jurídico esta actividad, por delictiva, al no poder constituir el objeto de un contrato (incluido el laboral), de acuerdo con lo previsto en el artículo 1975 del Código civil.

 

Considera este magistrado, ello no obstante, siguiendo en esto a la mayoría de la doctrina científica, que el análisis de la propia evolución de la jurisprudencial penal, permiten ahora mismo sostener la conclusión contraria. Exponente de esta evolución o interpretación doctrinal es la STS, Sala de lo Penal, 425/2009, de 14 de abril, que dio un importante paso cualitativo en favor del reconocimiento de la legalidad de la prostitución por cuenta ajena al afirmar que «la cuestión de la prostitución voluntaria, bien por cuenta propia o dependiendo de un tercero que establece unas condiciones de trabajo que no conculquen los derechos de los trabajadores no puede solventarse con enfoques morales o concepciones ético-sociológicas ya que afecta a aspectos de la voluntad que no pueden ser coartados por el derecho…».

 

En la misma línea jurisprudencial, y también en la relación de prostitución por cuenta ajena no coercitiva, sólo cabria hablar del delito de “explotación laboral” cuando detecta condiciones abusivas de trabajo ( STS 651/2006, de 5 de junio) y se refiere a “explotación sexual lucrativa” cuando hay “grave riesgo para los derechos” ( STS 152/2008, de 8 de abril).

 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asume, así, una interpretación restrictiva del delito de proxenetismo, con el argumento de que no cabe asociar la misma pena a los actos violentos e intimidatorios que a la acción de lucrarse o vivir a costa de la prostitución ajena. Solo estaría penalmente prohibido el proxenetismo en el marco de la prostitución forzada. Y a tales efectos, el consentimiento de la persona que ejerce la prostitución juega un papel decisivo en cuanto garantía de su libertad sexual, resultando únicamente irrelevante el prestado por una persona que se halle mantenida en el ejercicio de la prostitución mediante el empleo de violencia, intimidación, engaño o como víctima del abuso de superioridad o de su situación de necesidad o vulnerabilidad. O cuando se aprecia delito de “explotación laboral” por concurrir condiciones abusivas de trabajo.

 

Y en el presente caso, como declaró la trabajadora comparecida a pregunta de este magistrado, ejerció la prostitución por cuenta ajena de forma libre, no coaccionada (más allá, obviamente, de la situación social y económica que puede haberla inducido al ejercicio de la prostitución), sin que ni ella, ni la Inspección de Trabajo, ni la TGSS, en su demanda de oficio, hayan puesto de manifiesto “condiciones abusivas de trabajo” o de “grave riesgo para los derechos”. Y, en congruencia con ello, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Barcelona de 5.11.12 se acordó el sobreseimiento y posterior archivo de las diligencias previas incoadas.

 

Por consiguiente, no apreciándose en el presente caso la concurrencia de ilícito penal, a la luz de la expuesta jurisprudencia penal, no podrá entenderse -como obstáculo al pretendido reconocimiento de laboralidad- la ilicitud ni de la causa ni del objeto del contrato.

 

VI. Segundo obstáculo al reconocimiento de laboralidad: la posible lesión de derechos fundamentales y atentado a la dignidad de la persona.

 

1.- La posición de la jurisprudencia social.

 

Quizás mayor complejidad requiere el abordaje y resolución del segundo motivo o razón que ha impedido, hasta ahora, el reconocimiento como laboral de la relación de prostitución por cuenta ajena por parte de la jurisdicción social. Según la jurisprudencia ya referida, toda relación de prostitución, intrínsecamente, es contraria a la dignidad de la persona y a los derechos que le son inherentes (art. 10 CE), y contraviene derechos fundamentales como son la libertad, la igualdad y la integridad física y moral (la referencia al derecho al honor ya prácticamente no se invoca, como derecho lesionado).

 

Así, la sentencia del TSJ de Galicia de 10.11.04 (sup.nº. 3598/2004), considera “la explotación de la prostitución ajena una forma de violencia de género, de esclavitud de las mujeres y de actividad contraria a la moral”, mientras que la sentencia del TSJ de Catalunya de 15.5.2009, (sup. 101/08), se pronuncia categóricamente en los siguientes términos:

 

“ha de confirmar la valoració que fa la magistrada de instància, en el sentit de indicar que l’explotació del negoci de prostitució aliena, en la mesura que atempta contra als drets fonaments de la persona, no pot ser objecte del contracte, i determina la seva nul litat, recordant la vigència del Conveni per a la repressió de la tracta de persones i prostitució aliena, de 2-12-1949, aplicat efectivament des de la Llei Orgànica 11/2003, de 29 de setembre modificadora del Codi penal , que en l’article 188-1 , que penalitza la explotació de la prostitució aliena.

 

Efectivament, excedeix totalment dels límits de mínims de la normativa laboral el fet que l’empresa pugui vendre o disposar de l’ús del cos de les treballadores com a objecte de negoci o intercanvi sexual amb els clients. Aquest principi laboral és dedueix directament de la Constitució Espanyola , quan regula el dret fonamental a la integritat física i moral, sense que en cap cas, puguin ser sotmeses a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants ( art. 15 CE ). També del Estatut dels Treballadors , quan estableix el dret a la integritat física i al respecte a la seva intimitat i a la consideració deguda a la seva dignitat, article 4.1.d) e ) compresa la protecció front al assetjament sexual i al assetjament per raó de sexe.”

 

2.- La antagónica posición mayoritaria de la doctrina científica.

 

Frente a este unánime criterio jurisprudencial, la mayoría de la doctrina científica se posiciona clara y categóricamente en sentido contrario. Exponente de este criterio, desde el ámbito del derecho penal, sería la catedrática M.L. Maqueda Abreu (“Hacia una justicia de los derechos”, Diario La Ley, 16.3.10), en su critica a la “tesis abolicionista”:

 

“La tesis actual es que se están defendiendo derechos constitucionales: la igualdad, la libertad o la dignidad de la mujer serían los que se verían comprometidos con la legalización de la prostitución. Según el nuevo ideario abolicionista, ésta debe seguir siendo negocio ilícito porque consiste en el arrendamiento temporal del cuerpo de la mujer, a la que a cambio de dinero se la despoja de su condición de persona, reduciéndola a mero objeto de placer para el cliente. Es la explicación que ofrece, por ejemplo, el Instituto de la Mujer de la causa de la ilicitud y de la nulidad de cualquier contrato que tuviera a la prostitución por objeto.

 

Hay mucho que cuestionar de una afirmación que parece confundir un contrato sexual con un contrato de esclavitud. Hablando de prostitución voluntaria, que es de lo que hablamos, ¿cómo admitir que un contrato libremente pactado despoje a una de las partes de su condición de persona?, ¿por qué entender que la venta de servicios sexuales atenta contra la dignidad de quien libremente la decide? Y, sobre todo, ¿hay algo más indigno y degradante que no ser reconocido como sujeto capaz de adoptar decisiones libres? Bajo una «política del derecho» y no meramente ideológica, creo que no es posible seguir manteniendo un reconocimiento de la capacidad de autodeterminación personal en el ámbito sexual que se haga depender de una noción de dignidad – selectiva-, que pueda ser negada en el caso de la prostitución. Entre otras razones, porque no parece una lectura compatible con la jurisprudencia constitucional, teniendo en cuenta la vertiente positiva que ésta ofrece de la idea de dignidad -como correlato de la libertad- e igual para todos.

 

Recuérdese, por ejemplo, la STC 192/2003, de 27 de octubre, donde señala que «la dignidad personal del trabajador debe ser entendida como el derecho de todas las personas a un trato que no contradiga su condición de ser racional, igual y libre, capaz de determinar su conducta en relación consigo mismo y su entorno, esto es, la capacidad de autodeterminación consciente y responsable de la propia vida». Resulta inaceptable que esta teoría general pueda ser olvidada en relación con una actividad laboral concreta, como la del trabajo sexual.”

 

En la misma línea, como exponente de la doctrina iuslaboralista, el profesor Fernando Fita (“La prostitución: posible objeto de un contrato de trabajo…”, Revista de Derecho Social nº 47, 2009), recopila y se hace eco de distintos trabajos doctrinales y aborda, para descartarla, la posible colisión de la laboralización de la prostitución no forzada por cuenta ajena, tanto respecto a la libertad como en relación al fundamento constitucional de la “dignidad” .

 

Invirtiendo el orden de su exposición y en relación a la dignidad, descarta la colisión en base a la configuración constitucional del derecho a la dignidad, como “derecho de todas las personas a un trato que no contradiga su condición de ser racional igual y libre, capaz de determinar su conducta en relación consigo mismo y su entorno, esto es, la capacidad de autodeterminación consciente y responsable de la propia vida” (STC 192/03). Considera que la valoración como indigna de la actividad de la prostitución responde a una valoración de tipo moral, que no puede imponerse al libre arbitrio individual, y que solamente sería predicable de las condiciones en las que se ejerce, lo cual quedaría reparado con la regulación y tutela de su ejercicio por parte de la normativa laboral, al contribuir a su inclusión social, coadyuvando a restituirles la dignidad que tradicional e injustificadamente se les ha negado. Y añade que resulta hipócrita negar este estatus de trabajo digno de protección jurídica, cuando dicha legitimación ya existe para los empresarios de la industria sexual.

 

Respecto de la libertad de ejercicio de actividad económica, invoca el art. 35 CE, y el art. 4 del CEDH, con la única limitación del respeto al ordenamiento jurídico y a los valores y principios inherentes al mismo, concluyendo que “en el caso del colectivo de mujeres prostituidas parece claro que la vía más adecuada para lograrlo es la de su reconocimiento legal, restituyendo la debida consideración social…”. Y en relación a la libertad sexual, la considera implícitamente reconocida en la libertad individual en sentido amplio, pudiendo reconducirse al derecho a la intimidad personal consagrado en el art. 18 CE, como han reconocido diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (22.10.81, 25.3.92 y 22.2.94).

 

Quedaría por resolver, ello no obstante, la posible colisión de la pretendida regularización con el principio de igualdad, con la necesaria perspectiva de género, cuestión que -a criterio de este magistrado – debe abordarse desde el ámbito comunitario por lo que a continuación se expondrá.

 

3.- El marco comunitario: de la STJCE de 20.11.01 a la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género.

 

En el acto del juicio, la empresaria demandada, en forma subsidiaria a la negación de la relación de prostitución por cuenta ajena, invocó la la STJCE de 20.11.01 que, si bien referida a la prostitución por cuenta propia, dejó bien claro -en aquel momento- que el entonces TJCE no asumía los presupuestos ideológicos de las posiciones abolicionista y prohibicionista al concluir afirmando que “la prostitución constituye una prestación de servicios remunerada, que está comprendida en el concepto de actividades económicas…. Se trata de una actividad por la que el prestador satisface, con carácter oneroso, una demanda del beneficiario sin producir o ceder bienes materiales…. La actividad de prostitución ejercida de manera independiente puede considerarse un servicio prestado a cambio de una remuneración y, por consiguiente, está incluido en el concepto de actividades económicas por cuenta propia o no salariadas “.

 

Pero este magistrado tiene serias dudas que el actual TJUE ahora mismo mantuviera dicha posición, a la vista de la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género. Dicha resolución se dicta en base a los artículos 4 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, el Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y de explotación de la prostitución ajena, de 1949, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, de 1979, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 1993, el Protocolo de Palermo, de 2000, el objetivo estratégico D.3 de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 1995, el Convenio (nº 29) relativo al trabajo forzoso u obligatorio de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Bruselas (11) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, las Recomendaciones del Consejo de Europa en este ámbito, tales como la Recomendación 11 (2000) sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la Recomendación 5 (2002) sobre la protección de las mujeres contra la violencia y la Recomendación 1545 (2002) relativa a campañas contra la trata de mujeres, el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, la Directiva 2011/36 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y otras muchas resoluciones.

 

En base a este cuerpo normativo, efectúa -entre otras muchas- las siguientes consideraciones, que se reproducen a continuación por este juzgador por cuanto, como juez comunitario, al considerarlas insoslayables, seleccionando exclusivamente aquellas que hacen referencia -también- a “la prostitución” a secas, obviando las exclusivamente referidas a “trata de personas” o “prostitución forzada”:

 

“A. que la prostitución y la prostitución forzadas son un fenómeno con un componente de género y de dimensión mundial que afecta en torno a 40 – 42 millones de personas en todo el mundo, siendo la inmensa mayoría de las personas que se prostituyen mujeres y niñas y casi la totalidad de los usuarios hombres y que, por lo tanto, es al mismo tiempo causa y consecuencia de la desigualdad de género, lo que agrava aún más el fenómeno;

 

B. Considerando que la prostitución y la prostitución forzada representan formas de esclavitud incompatibles con la dignidad de la persona y con sus derechos fundamentales. (….)

E. Considerando que la prostitución y la prostitución forzada están intrínsecamente ligadas a la desigualdad de género en la sociedad y tienen un efecto en la posición social de las mujeres y los hombres en la sociedad así como en la percepción de las relaciones entre mujeres y hombres y en la sexualidad;(…)

 

H. Considerando que toda política relativa a la prostitución repercute en la consecución de la igualdad de género, afecta a la comprensión de las cuestiones de género y transmite mensajes y normas a la sociedad, incluidos los jóvenes;(…)

K. Considerando que en la prostitución todos los actos íntimos se rebajan a un valor mercantil y el ser humano queda reducido a mercancía o instrumento a disposición del cliente;

 

L. Considerando que la gran mayoría de las personas que ejercen la prostitución proceden de grupos vulnerables;(…)

 

S. Considerando que la presión bajo la cual se ejerce la actividad de prostitución puede ser directa y física, o indirecta, por ejemplo a través de presiones sobre la familia en el país de origen, y puede consistir en una coacción psicológica insidiosa;

 

U. Considerando que la Comisión, en su Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015), declara que «las desigualdades entre mujeres y hombres violan derechos fundamentales»;

 

V. Considerando que hay una enorme divergencia en el modo en que los Estados miembros abordan la prostitución, con dos enfoques fundamentales: un enfoque considera la prostitución como una violación de los derechos de las mujeres – una forma de esclavitud sexual- que da lugar y mantiene la desigualdad de género con respecto a las mujeres; el segundo enfoque sostiene que la prostitución promueve la igualdad de género al fomentar el derecho de la mujer a controlar qué desea hacer con su cuerpo; considerando que en ambos casos los Estados miembros tienen competencia para decidir cómo abordar la cuestión de la prostitución;

 

W. Considerando que, si bien existe una diferencia entre prostitución «forzada» y prostitución «voluntaria»;

 

X. Considerando que el asunto de la prostitución debe abordarse con una visión a largo plazo y según la perspectiva de la igualdad de género;

 

En base a las siguientes consideraciones, el Parlamento adopta -entre otros- los siguientes acuerdos, de entre los cuales se han seleccionado los más relevantes en orden al objeto que ahora nos interesa (la dimensión de género de la prostitución no forzada):

 

1. Reconoce que la prostitución, la prostitución forzada y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género, y, por tanto, son contrarias a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el objetivo y el principio de la igualdad de género;

 

2. Señala que debe respetarse la salud de todas las mujeres, incluido el derecho a disponer de su cuerpo y a una sexualidad libre de coacción, discriminación y violencia;

  1. Hace hincapié en que la prostitución es también una cuestión de salud, puesto que tiene efectos perjudiciales en las personas que la ejercen, que tienen más probabilidades de sufrir traumas sexuales, físicos y mentales, ser adictas al alcohol y las drogas, perder el respeto por sí mismas y presentar un mayor índice de mortalidad que la población media; añade y destaca que muchos de los compradores de sexo piden sexo comercial sin protección, lo que incrementa el riesgo de efectos perjudiciales para la salud, tanto para las personas que ejercen la prostitución como para los compradores de sexo;

 

  1. Hace hincapié en que la prostitución forzada, la prostitución y la explotación en la industria del sexo tienen consecuencias físicas y sicológicas devastadoras y duraderas, incluso después de haber cesado la prostitución, para los individuos que se ven implicados en ella, especialmente niños y adolescentes, además de ser, a la vez, causa y consecuencia de la desigualdad de género y de perpetuar los estereotipos de género y el pensamiento estereotipado sobre las mujeres que venden sexo, como la idea de que el cuerpo de las mujeres y mujeres menores de edad está en venta para satisfacer la demanda masculina de sexo;

 

  1. Reconoce que la prostitución y la prostitución forzada pueden tener un impacto en la violencia contra las mujeres en general, ya que las investigaciones sobre los usuarios de servicios sexuales muestran que los hombres que pagan por sexo tienen una imagen degradante de la mujer ; sugiere, por consiguiente, a las autoridades nacionales competentes que la prohibición de comprar servicios sexuales vaya acompañada de una campaña de sensibilización de los hombres;

 

  1. Subraya que las personas prostituidas son especialmente vulnerables desde el punto de vista social, económico, físico, psíquico, emocional y familiar y corren más riesgo de sufrir violencia y daños que en cualquier otra actividad; destaca que se debe alentar, por lo tanto, a la fuerzas de policía nacionales a abordar, entre otras cosas, las bajas tasas de condena por violación de prostitutas; hace hincapié en que las personas prostituidas son asimismo objeto de oprobio público y están socialmente estigmatizadas, incluso si dejan de ejercer la prostitución;

 

  1. Atrae la atención sobre el hecho de que las prostitutas tienen derecho a la maternidad, y a criar y cuidar a sus hijos;

 

  1. Hace hincapié en que la normalización de la prostitución incide en la violencia contra la mujer; señala, en particular, que los hombres que compran sexo son más proclives a cometer actos sexuales coercitivos, así como otros actos de violencia, contra las mujeres y que, con frecuencia, muestran actitudes misóginas;

 

  1. Señala que entre el 80 y el 95 % de las personas que se prostituyen ha sufrido alguna forma de violencia antes de empezar a ejercer la prostitución (violación, incesto, pedofilia), el 62 % declara haber sufrido una violación y el 68 % sufre trastornos de estrés postraumático, un porcentaje similar al de las víctimas de tortura(26) ;

 

  1. Hace hincapié en que la normalización de la prostitución afecta a la percepción de los jóvenes de la sexualidad y de la relación entre hombres y mujeres;

 

  1. Subraya que no debe penalizarse a las personas que ejercen la prostitución y pide a todos los Estados miembros que deroguen la legislación represiva contra las personas que ejercen la prostitución;

 

29.Considera que una manera de luchar contra el tráfico de mujeres y mujeres menores de edad con fines de explotación sexual y de mejorar la igualdad de género es el modelo aplicado en Suecia, Islandia y Noruega (el denominado modelo nórdico), que se está estudiando en diversos países europeos, en el que el delito lo constituye la compra de servicios sexuales, no los servicios de las personas que ejercen la prostitución;

 

  1. Opina que considerar la prostitución como un «trabajo sexual» legal, despenalizar la industria del sexo en general y legalizar el proxenetismo no es la solución para proteger a las mujeres y las mujeres menores de edad de la violencia y explotación, sino que produce el efecto contrario y aumenta el riesgo de que sufran un mayor nivel de violencia, al tiempo que se fomenta el crecimiento de los mercados de la prostitución y, por tanto, el número de mujeres y mujeres menores de edad víctimas de abusos;

 

  1. Condena todo intento o discurso político basado en la idea de que la prostitución puede ser una solución para las mujeres migrantes en Europa;

 

  1. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a poner en marcha los medios y herramientas necesarios para combatir la trata y la explotación sexual y para reducir la prostitución, como violaciones de los derechos fundamentales de las mujeres, en especial de las menores de edad, y de la igualdad de género;

 

  1. Pide a los Estados miembros que transpongan en la legislación nacional lo antes posible, en especial en lo que respecta a la protección de las víctimas, la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JI del Consejo;

 

  1. Insta a los Estados miembros a que evalúen tanto los efectos positivos como negativos que la penalización de la compra de servicios sexuales tiene en la reducción de la prostitución y la trata de personas;

 

  1. Insta a la UE y a sus Estados miembros a que establezcan políticas de prevención específicas en materia de género en los países de origen de las personas prostituidas como consecuencia de trata de seres humanos, dirigidas tanto a los compradores de servicios sexuales como a mujeres y menores, mediante sanciones, campañas de concienciación y educación;

 

  1. Solicita a la UE y a los Estados miembros que adopten medidas para desalentar la práctica del turismo sexual dentro y fuera de la UE.

 

La relevancia de esta Resolución del Parlamento Europeo, a criterio de este juzgador, es obvia:

 

Aún cuando la misma carece, lógicamente, de eficacia normativa, sí reconoce al fenómeno de la prostitución, aún la no forzada, una dimensión de género absolutamente ineludible para el juez nacional, de la que no puede prescindir. Más concretamente, la primera manifestación, conforme ” la prostitución, la prostitución forzada y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género, y, por tanto, son contrarias a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el objetivo y el principio de la igualdad de género” integra una valoración que, en aplicación de la LOIEHM 3/07 no puede ser soslayada en la resolución del presente pleito.

 

VII. Conclusión: inexistencia de obstáculo legal o de constitucionalidad para el reconocimiento de laboralidad en el caso enjuiciado, aún desde la obligada perspectiva de género.

 

Recapitulando: le corresponde a este magistrado dilucidar, constatada la concurrencia de los requisitos que conforman toda relación laboral y superado ya el posible obstáculo de la ilicitud de la causa y/o objeto del contrato, si en la relación de prostitución que debe enjuiciar puede apreciarse la concurrencia de lesión de derechos fundamentales que impida el reconocimiento de laboralidad. O -a la vista de la Resolución del Parlamento Europeo de 24.2.14- un mandato comunitario, desde la perspectiva de género, que impida tal reconocimiento.

 

Ciertamente, desde la posición de la única trabajadora comparecida y como ya se ha razonado, en ningún momento ha afirmado o denunciado -ni ella ni su letrada- que en la prestación de servicios sexuales por cuenta de la empresaria demandada viera vulnerados su libertad, su dignidad o el resto de sus derechos fundamentales.

 

Pero tal conclusión, por si sola, no agota el análisis. Este magistrado, de oficio, puede apreciar que en la prestación de los servicios sexuales que debe calificar concurre manifiestamente la vulneración de uno o varios derechos fundamentales, por mandato del art. 7 LOPJ. Y, además, la Ley Orgánica de Igualdad efectiva de mujeres y hombres (LO 3/07) establece que “la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.”.

 

En razón de tal mandato interpretativo y aplicativo, este magistrado debe asumir el primer punto de 1a resolución del Parlamento Europeo de 26.2.14, conforme al cual no sólo “la prostitución forzada” sino la simple “prostitución”, y “la explotación sexual” “son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género, y, por tanto, son contrarias a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el objetivo y el principio de la igualdad de género”.

 

Pudiera pensarse que, en congruencia con tan categórico pronunciamiento, ello le debiera determinar a desestimar el reconocimiento del carácter laboral de la relación de prostitución sometida a su consideración, atendiendo -además- al apartado 34 de la misma resolución, según el cual el Parlamento Europeo “Opina que considerar la prostitución como un «trabajo sexual» legal, despenalizar la industria del sexo en general y legalizar el proxenetismo no es la solución para proteger a las mujeres y las mujeres menores de edad de la violencia y explotación, sino que produce el efecto contrario y aumenta el riesgo de que sufran un mayor nivel de violencia, al tiempo que se fomenta el crecimiento de los mercados de la prostitución y, por tanto, el número de mujeres y mujeres menores de edad víctimas de abusos”.

 

Pero, precisamente por tratarse de una cuestión de género y por los derechos fundamentales que están implicados, considera este magistrado que en tanto el Estado Español -como ya han hecho diversos países comunitarios- no asuma el “modelo nórdico” de lucha contra la prostitución (recomendado en el apartado 29 de dicha resolución) no puede llegar a tal conclusión, por cuanto -paradójicamente- ello no haría más que agravar la situación, también desde la perspectiva de género, de las trabajadoras afectadas.

 

En efecto, siguiendo a la profesora Raquel Serrano, mientras el Estado Español siga ofreciendo cobertura legal al proxenetismo -vía reglamentación administrativa y despenalización aplicativa- sin ofrecer cobertura jurídica específica (específicos derechos) al ejercicio de la prostitución se agrava el atentado a la dignidad, a la libertad y la discriminación por razón de sexo.

 

En otras palabras: En tanto el Estado Español no asuma las recomendaciones de la indicada resolución en orden a la erradicación absoluta de todas las formas de prostitución, la actual situación de “alegalidad” y el no reconocimiento del carácter laboral de la relación no hace más que agravar enormemente la incuestionable lesión de la dignidad, la libertad y la igualdad que comporta toda relación de prostitución por cuenta ajena, para la inmensa mayoría de las mujeres que la ejercen.

 

Por ello, la conclusión a la que debe llegar este magistrado, asumiendo plenamente las consideraciones de dicha Resolución del Parlamento Europeo y precisamente por ser congruente con las mismas, con la tutela de los derechos fundamentales concernidos y desde la obligada perspectiva de género, es clara: en el actual marco regulador de la prostitución (regulación administrativa y despenalización aplicativa), habiendo quedado plenamente acreditado que las trabajadoras codemandas ejercían libremente, sin coacción y de manera no forzada, la prestación de servicios de prostitución por cuenta de la empresaria demandada, bajo su dirección y dependencia, no son de apreciar motivos de ilicitud penal ni de lesión de derechos fundamentales individuales que impidan el reconocimiento de laboralidad postulado por la TGSS y al que se ha allanado la trabajadora codemandada.

 

Por las razones expuestas, pues, debe ser íntegramente estimada la pretensión declarativa de la demanda.

 

DECIDO

 

Estimar la demanda de oficio interpuesta por TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL contra A, como empresaria, y contra las trabajadoras B, C i D en demanda en PROCEDIMIENTO DE OFICIO, y declarar que la relación existente entre la una y otras tiene o tuvo carácter laboral.

 

 

 

 

 

La prostitución por cuenta ajena es una profesión laboral

http://www.alfredogarcialopez.es/la-prostitucion-por-cuesta-ajena-es-una-profesion-laboral/

El ejercicio de la prostitución por cuenta ajena constituye relación laboral. La sentencia del Juzgado de lo Social nº 10 de Barcelona, de fecha 18 de febrero de 2015, dictada por el magistrado señor Agustí Maragall, es pionera al reconocer por primera vez el carácter laboral de la prostitución, abriendo la puerta a que se les reconozca por tanto derechos laborales.
De esta forma, se les podría reconocer el derecho a formalizar un contrato con el empresario para el que trabajen con la correspondiente alta en la Seguridad Social y el cobro de la prestación de desempleo.

La sentencia argumenta la inexistencia de obstáculo legal o de constitucionalidad para el reconocimiento de laboralidad, aún desde la obligada perspectiva de género.

La sentencia no es firme ya que se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), pero sienta jurisprudencia que podrá alegarse para reclamar por la vía judicial la equiparación en derechos con cualquier otro trabajador.La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) interpuso demanda contra la propietaria de un centro de masajes eróticos de Barcelona y tres empleadas de este local, en la que se instaba al Juzgado que declarase que la que la prestación de servicios de las trabajadoras codemandadas para la empresaria demandada tenía “carácter laboral”.

La empresaria demandada negó la concurrencia de relación laboral, alegando que las codemandadas ejercían su profesión por cuenta propia.

Una de las trabajadoras codemandadas se allanó a la demanda, afirmando el carácter laboral de la prestación de sus servicios.

La sentencia del Juzgado de lo Social estima la petición de la TGSS y concluye declarar que la relación existente entre la una y otras tiene o tuvo carácter laboral.

Comienza el magistrado señalando que la relación de hechos probados se ha establecido en base al acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo que ha originado la posterior demanda de oficio a cargo de la TGSS, plenamente corroborados en juicio.

Analiza posteriormente si concurren los rasgos esenciales de laboralidad, señalando las siguientes circunstancias que lo afirman:

  • Los servicios se ofrecían a través de una página web del centro de masajes propiedad de la empresaria demandada.
  • Las codemandadas prestaban sus servicios en su local, por cuenta y bajo la dependencia y organización de la misma.

Por ello el magistrado concluye que se dan los rasgos esenciales de una relación de carácter laboral “prestación voluntaria de servicios, retribución, dependencia y ajenidad en los frutos”; continua, “el único e importante obstáculo para la estimación de la demanda radica en el posible carácter ilícito del objeto del contrato, al tratarse de servicios de prostitución”.

Los juzgados y tribunales de lo social han negado categóricamente la posibilidad de que exista y pueda ser válido un contrato de trabajo que dé cobertura a las situaciones de explotación lucrativa de la prostitución, al considerar que para que el contrato de trabajo pueda reputarse válido es imprescindible que su objeto y causa sean lícitos.

  • Distinción jurisprudencial entre relación de alterne y prostitución:

El magistrado refiere haber realizado un análisis exhaustivo de la jurisprudencia para concluir que no existen precedentes jurisprudenciales que hayan reconocido como relación laboral la libre prestación de servicios de prostitución por cuenta ajena, aunque sí numerosos pronunciamientos que sí la han apreciado en la denominada “relación de alterne”.

  • Primer obstáculo al reconocimiento de laboralidad: la ilicitud de la prostitución libremente ejercida por cuenta ajena.

El magistrado argumenta que este obstáculo se fundamenta en los arts. 1271 y 1275 del Codigo Civil, ya que -según el primero- sólo se admitiría como “objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres”, mientras que el segundo dispone que “Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral”.

El art. 188.1 del Código Penal, incorpora en el delito, denominado “de determinación a la prostitución” también a la ejercida por cuenta ajena, a pesar del libre consentimiento.

Considera el magistrado sin embargo, que la evolución de la doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Penal del TS y la aplicación de un criterio restrictivo en relación con tal delito de prostitución por cuenta ajena no coercitiva, conduciría a concluir que sólo cabría hablar del delito de “explotación laboral” cuando se detectan condiciones abusivas de trabajo.

  • Segundo obstáculo al reconocimiento de laboralidad: la posible lesión de derechos fundamentales y atentado a la dignidad de la persona.

El juez se refiere a una Resolución del Parlamento Europeo, Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género, que considera que toda prostitución (no sólo la forzada) tiene un gran componente de género y constituye una violación de la dignidad humana, pero argumenta que mientras España no erradique todas las formas de prostitución, el no reconocimiento de los derechos laborales agrava aún más la situación.

“Mientras el Estado español siga ofreciendo cobertura legal al proxenetismo –vía reglamentación administrativa y despenalización aplicativa– sin ofrecer cobertura jurídica específica al ejercicio de la prostitución se agrava el atentado a la dignidad, a la libertad y la discriminación por razón de sexo”, argumenta.

Por todo ello, el juez concluye que no hay obstáculo legal o de constitucionalidad para el reconocimiento de laboralidad en el caso enjuiciado, aún desde la obligada perspectiva de género, estimando la demanda del TGSS.