El triste estado de la investigación académica sobre la trata sexual

Por Daniel Pryor

 

19 de julio de 2017

 

https://www.adamsmith.org/blog/the-sorry-state-of-sex-trafficking-research

 

El mes pasado, tuvo lugar en Irlanda del Norte el primer juicio a un acusado de pagar por servicios sexuales (delito equiparado a crímenes violentos). Después de haber adoptado el «modelo nórdico» de penalización de la compra de sexo en junio de 2015, Irlanda del Norte parece haber inspirado a los políticos del Partido Nacional Escocés para abogar por un enfoque similar en Escocia. El debate sobre la legislación referida al trabajo sexual también se agudiza en el resto del Reino Unido, donde se están logrando progresos marginales en algunas áreas.

La investigación sobre el impacto de las diferentes formas de legislación sobre el trabajo sexual y la trata sexual es un área fascinante, pero muy problemática. La prevalencia de la trata sexual y su relación con diferentes regímenes legales relacionados con el trabajo sexual es uno de los principales campos de batalla para aquellos que buscan la reforma, y ​​es difícil encontrar evidencia confiable sobre este tema tan emotivo.

Un nuevo artículo (1) publicado en línea la semana pasada por el sociólogo Ronald Weitzer —que escribió un excelente artículo (2) sobre la política del trabajo sexual y el tráfico sexual en 2011— da una nueva perspectiva del lamentable estado de la literatura académica sobre estos temas. En primer lugar en su lista de agravios está la falta de fiabilidad de los datos que se utilizan a menudo:

Utilizando información sobre 161 países de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Cho et al. (2013) y Jakobsson y Kotsadam (2013) intentaron determinar si las leyes nacionales de prostitución estaban relacionadas con la prevalencia de la trata de personas. Sin embargo, la ONUDD había advertido de que no se utilizaran sus cifras ni para una nación ni para un estudio comparativo transnacional, ya que “el informe no proporciona información sobre el número real de víctimas” (ONUDD 2006, pp. 37, 44-45). El aviso de la ONUDD se basaba en que las definiciones de trata varían de unos países a otros (algunos de los cuales amalgaman trata, paso ilegal de personas e inmigración irregular); la generalizada falta de transparencia en la recopilación de datos y la presentación de informes; y la dependencia de diferentes fuentes en los 161 países (medios de comunicación, institutos de investigación, agencias gubernamentales, ONGs, OIs). Para algunos países, sólo una de estas fuentes estaba disponible. Los autores reconocen que “los datos subyacentes pueden ser de mala calidad” y son “limitados e insatisfactorios de muchas maneras” (Jakobsson y Kotsadam, 1993, p.93) y que es “difícil, quizás imposible, encontrar pruebas sólidas” de una relación entre la trata y cualquier otro fenómeno (Cho et al., 2013, p.70). No obstante, tratan el informe de la ONUDD como una fuente de datos y extraen conclusiones profundas sobre la relación entre la trata de personas y las leyes nacionales de prostitución, concluyendo que la trata de personas es más frecuente en los países con prostitución legal que en los países donde la prostitución está penalizada.

Datos defectuosos son sólo la punta del iceberg. En el caso de los dos estudios citados anteriormente, el enfoque de los autores para el diseño del estudio también deja mucho que desear:

Se utiliza un diseño de sección transversal (en un solo punto de tiempo) para medir algo que debe examinarse longitudinalmente: la cantidad de trata antes y después de la legalización. Este último enfoque requeriría cifras de referencia fiables para comparar con cifras recientes fiables, ninguna de las cuales existe.

Los autores usan estimaciones agregadas de la trata nacional (que combinan trata laboral, trata sexual y otros tipos de trata) en su intento de evaluar si la prostitución legal marca una diferencia. Esto significa que existe una gran discrepancia entre las cifras de trata y las leyes de prostitución: al evaluar si las leyes de prostitución están relacionadas con la incidencia de la trata, se deben usar solamente cifras sobre la trata sexual, no las cifras totales para todos los tipos de trata. 

Es muy posible que las naciones donde algún tipo de prostitución es legal puedan tener mejores mecanismos para detectar la trata sexual, una variable que falta en ambos estudios.

Un estudio posterior de Cho (2016) utilizando una fuente de datos diferente contiene otro error garrafal. “Utiliza información sobre el nivel de protección de las víctimas de trata de personas (en general) en los países, para correlacionarla con el hecho de que la prostitución esté o no permitida en un país”. ¿La justificación para este truco?

Sin citar ninguna fuente, Cho afirma que “la prostitución está estrechamente ligada a la trata de personas, porque la trata sexual con fines de prostitución es la forma más común de trata de personas y constituye la mayor parte de las víctimas de trata” (Cho 2016, pp. ). Esta afirmación es contradicha por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Según la OIT, “la explotación sexual comercial forzada representa el 11% de todos los casos” de trabajo forzado en todo el mundo (OIT 2005, p.12), y el Departamento de Estado declara que “la mayor parte de la trata de personas en el mundo toma la forma de trata laboral “(USDS 2010, págs. 8-9).

Todos estos problemas son endémicos en el campo de la investigación sobre la trata sexual. El trabajo de Weitzer podría no ser más que un interesante ejercicio académico sobre los peligros del uso de datos de baja calidad y pobre metodología de investigación, si no fuera por el hecho de que las leyes que se promulgan sobre la base de los dos estudios anteriores están haciendo daño a las mujeres marginadas:

… estos dos estudios fueron adoptados por políticos y legisladores en varios países y sirvieron para justificar nuevas leyes de criminalización.

Weitzer también ofrece algunas reflexiones sobre cómo el estado actual de la investigación y el debate público basado en la misma puede persistir sin que se le haga una crítica significativa:

Es fácil hacer afirmaciones generales y desenfadadas sobre la trata y la prostitución cuando 1) faltan datos sólidos, 2) los medios de comunicación se limitan a recapitular afirmaciones “oficiales” sin cuestionarlas o verificarlas, 3) los expertos que cuestionan las afirmaciones oficiales son ignorados o denunciados, y 4) las participantes en el comercio sexual son altamente estigmatizadas y marginadas. Este patrón desafortunado puede verse tanto en las naciones prohibicionistas (por ejemplo, Suecia) como en las naciones que tienen que hacer frente a la oposición a sus actuales leyes [comparativamente] liberales (por ejemplo, Alemania y los Países Bajos).

Estoy seguro de que los lectores de este blog miran todos los titulares de los medios sensacionalistas con un ojo crítico. Sin embargo, cuando se trata de historias alarmistas sobre la epidemia de trata sexual y los acompañantes llamamientos a implantar el “modelo nórdico”, se debe tener precaución adicional.

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1.- https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-55973-5_4

https://books.google.es/books?id=Y9ksDwAAQBAJ&pg=PA47&dq=Legal+Prostitution+Systems+in+Europe+weitzer&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjTjeX0ksrVAhWrCcAKHTYcDtMQ6AEIJjAA#v=onepage&q=Legal%20Prostitution%20Systems%20in%20Europe%20weitzer&f=false

2.- http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7413&context=jclc

 

 

 

El papel del Estado y la Ley en la trata y la esclavitud moderna

 

Los editores de Más allá de la Esclavitud presentan este volumen (1) sobre el Estado y la Ley, elementos que no solo definen la esclavitud sino que configuran las vías por las que es combatida

 

Prabha Kotiswaran y Sam Okyere

 

El papel del Estado, y de la legislación nacional en particular, es absolutamente crucial en el debate sobre la “esclavitud moderna”. Esto a causa de que tanto la construcción del concepto de “esclavitud moderna” como las respuestas legales al “problema” descansan en primer lugar en los Estados individuales y en las organizaciones internacionales y regionales que constituyen entre ellos. La legislación nacional y las convenciones legales internacionales determinan las condiciones bajo las que los fenómenos son de forma incoherente construidos o no como casos de “esclavitud moderna”. De la misma forma, la autoridad estatal y sus apoyos determinan cuándo el movimiento forzado de individuos y grupos a través de las fronteras en escenarios y condiciones no deseados es clasificado o no como “deportación” (y por tanto aceptable) o “trata de seres humanos” y una forma de “esclavitud moderna”. Lo que avanzamos aquí es que las relaciones sociales y prácticas clasificadas como esclavitud moderna existen hoy de forma muy parecida a como han existido históricamente en todas partes, pero su clasificación legal como delitos, “esclavitud moderna” o como fenómenos completamente diferentes, tiene lugar exclusivamente bajo el mandato del Estado. Para plantearlo crudamente, sin el Estado y las leyes que crea, la “esclavitud moderna” no habría podido llegar a ser una categoría legal de la forma que han hecho posible legislaciones tales como la Ley de Esclavitud Moderna 2015 del Reino Unido (UK Modern Slavery Act 2015).

 

Teniendo esto en mente, los abolicionistas modernos han presionado desde hace tiempo a políticos y gobiernos en un intento de legitimar su propia forma de ver las formas contemporáneas de esclavitud (2). El resultado es que hoy el abolicionismo moderno aparece como uno de los pocos espacios en el que los más extraños compañeros de cama logran hallar un terreno común: políticos de izquierdas y de derechas, instituciones corporativas, grupos de consumidores éticos, activistas pro derechos humanos, académicos y agentes de lo que ha sido denominada la “industria del rescate”. Estos agentes están unidos en sus reclamaciones a los Estados para que hagan leyes (o las apliquen, en su caso) pensadas para prevenir la “esclavitud moderna” y perseguir y castigar a aquellos que se considera que están contribuyendo al fenómeno.

 

Muchos Estados se han visto obligados a ello. Sin embargo, como los artículos de este volumen ampliamente demuestran, estas reclamaciones comienzan a desmoronarse cuando las leyes son sometidas a cualquier tipo de escrutinio real. Algunas de estas leyes han sido cuestionadas sobre la base de que no consiguen combatir las causas raíces de la vulnerabilidad, tales como la pobreza humillante, la persecución o el conflicto sociopolítico, que son las que llevan a muchas personas a las circunstancias definidas como “esclavitud moderna”. Otras leyes deben hacer frente a una vehemente oposición, incluso por aquellos a los que se proponen beneficiar, a causa de sus adversas consecuencias y a su no reconocimiento de cualquier tipo de libertad de elección o autonomía por parte de las así llamadas “víctimas”. Y sobre todo, el examen de estas leyes muestra que aunque el poder del Estado y la legislación pueden ser usados para fines positivos, pueden igualmente ser utilizados en la búsqueda de medidas que vayan en sentido contrario a la defensa de los derechos humanos.

 

El problema real que identificamos es que la “esclavitud moderna” es un asunto enteramente político que ha sido despolitizado por los modernos abolicionistas y por el Estado. Lo que ha sido definido como “esclavitud moderna” y las leyes que en consecuencia se han redactado para combatirla, reflejan y promueven ciertos intereses o preocupaciones políticos y socioeconómicos de políticos y gobiernos nacionales. A lo largo de Norteamérica, Europa Occidental y otras partes del hemisferio norte, lejos de servir exclusivamente a los intereses de los derechos humanos, la legislación “antitrata” y las medidas relacionadas tales como la militarización de las fronteras han creado de hecho las condiciones que han llevado a un gran sufrimiento humano y a muertes innecesarias. En muchos casos, las acciones u omisiones del Estado se ha visto que están directamente unidas a la creación de las condiciones que supuestamente buscan erradicar.

 


1.- State and the Law / Beyond Trafficking and Slavery Short Course / Volume 3   https://drive.google.com/file/d/0B2lN4rGTopsaRWF3eFdXOXdYNVE/view

 

2.- En este mismo volumen se incluye el artículo de Carol Leigh Campañas contra la trata, trabajadoras sexuales y los orígenes del daño https://elestantedelaciti.wordpress.com/2015/04/30/campanas-contra-la-trata-trabajadoras-sexuales-y-los-origenes-del-dano/

 

 

 

 

 

Un momento transcendental para las trabajadoras sexuales británicas

 

Una encuesta sobre la prostitución llevada a cabo por la Cámara de los Comunes ha recomendado la legalización de los burdeles y del ejercicio independiente de la prostitución tan rápidamente como sea posible. ¿Qué va a pasar ahora?

 

Janet Eastham

 

Lunes 4 de julio de 2016

 

https://www.theguardian.com/global/2016/jul/04/sex-workers-commons-inquiry-prostituion-brothels-soliciting-legalised-womens-safety-stunning-victory

 

 

Cuando Mariana Popä fue asesinada a puñaladas en Redbridge, en el este de Londres, a primera hora del 29 de octubre de 2013, había estado trabajando hasta más tarde de lo habitual para pagar una multa puesta por la policía por hacer prostitución de calle. Le fue impuesta como parte de la Operación Clearlight, una campaña policial para echar a las prostitutas de la calle. Y —lo que fue decisivo— estaba trabajando sola.

El intercambio de sexo por dinero entre adultos es legal en el Reino Unido, pero las actividades asociadas —posesión de burdeles y prostitución de calle— están penalizadas, lo que significa que las trabajadoras sexuales se ven a menudo forzadas a trabajar aisladas unas de otras y en lugares apartados para evitar a la policía, lo que las hace vulnerables a los ataques. Popa, que había llegado de Rumanía solo tres semanas antes, se convirtió en una más de la estadística: una más de unas estimadas 152 trabajadoras sexuales asesinadas entre 1990 y 2015.

Así que el llamamiento radical hecho el viernes por un grupo interpartidario de diputados de alto nivel solicitando la despenalización de las trabajadoras sexuales no habría podido llegar en mejor momento; el informe provisional de la encuesta sobre prostitución del selecto comité de asuntos domésticos requiere que las leyes que penalizan la prostitución de calle y el uso compartido de locales por las trabajadoras sexuales sean revocadas con carácter de urgencia. La Universidad Abierta de Trabajadores Sexuales (SWOU, por su nombre en inglés) ha llamado a esto “una sorprendente victoria para las trabajadoras sexuales y nuestras demandas de despenalización” y “un paso de gigante hacia el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales en el Reino Unido”.

El resultado de la encuesta de los Comunes no es solo sorprendente, es que no tiene precedentes. Si la recomendación del comité se lleva a efecto, sería la primera vez que la ley del Reino Unido ha valorado las voces de las trabajadoras sexuales y los resultados de las investigaciones académicas por encima de las objeciones de los activistas discrepantes. Para mi, como miembro de la SWOU, es un triunfo del pensamiento racional sobre la retórica vacía.

“Tratar la prostitución de calle como un delito está teniendo un efecto adverso”, dice el presidente del comité, Keith Vaz, “y está mal que las trabajadoras sexuales, que son predominantemente mujeres, sean penalizadas y estigmatizadas de esta manera. La penalización de las trabajadoras sexuales debería, por tanto, terminar”. Bajo la actual legislación del Reino Unido, dos o más trabajadoras sexuales que trabajen juntas por su seguridad pueden ser denominadas un burdel. Como explica Vaz, esta ley “significa que las trabajadoras sexuales pueden temer ser procesadas si trabajan juntas en el mismo local, lo que a menudo compromete su seguridad”. Según estimaciones, un 49% de las trabajadoras sexuales dicen estar preocupadas por su seguridad; este cambio en la legislación puede salvar vidas.

El comité ha pedido también al Ministerio del Interior que borre las anotaciones previas por condenas y advertencias de los registros de las trabajadoras sexuales. Como explica el informe, “tener un registro penal por faltas relacionadas con la prostitución […] crea una barrera insuperable para las trabajadoras sexuales que desean dejar la prostitución y dedicarse a un trabajo regular.”

En una reciente edición del programa Ted Talk, Toni Mac, miembro de la SWOU, explicaba que las trabajadoras sexuales de todo el mundo están haciendo campaña por la “total despenalización y los derechos laborales”. Amnistía Internacional defiende la despenalización como la única manera de proteger a las trabajadoras sexuales de las violaciones de derechos humanos y los abusos. Su posición, escrupulosamente basada en datos demostrados y respaldada por otras diez organizaciones no gubernamentales de ámbito global, fue publicada el 26 de mayo. El selecto comité todavía no se ha pronunciado a favor de ningún marco legal en particular.

Las recomendaciones de este informe son totalmente sorprendentes dados los desalentadores comienzos de la encuesta sobre la prostitución. Antes de que se incorporara Nusrat Ghani, diputada por Wealden, el comité estaba formado en su totalidad por hombres, una decisión que entraba en contradicción con su concepción de la prostitución como un asunto de mujeres. Muchas trabajadoras sexuales y aliados suyos temieron un dictamen a favor de una ley del cliente, en la que se penaliza la compra de sexo y se despenaliza la venta.

Alex Feis-Bryce, director ejecutivo de National Ugly Mugs, una organización de recursos para las trabajadoras sexuales, describió los términos de referencia de la encuesta como “sesgados”, una preocupación de la que se hizo eco SWOU. Durante la investigación, fueron llamados testigos que proporcionaran pruebas en respuesta a los términos de referencia que equiparaban “prostitución” con “violencia contra las mujeres” y amalgamaban trabajo sexual con trata.

La autora Kat Banyard y la superviviente de prostitución Mia de Faoite fueron dos de los primeros testigos llamados a declarar. “No tengo ni la más remota idea de por qué se está contando con Banyard en cualquier consulta o política respecto al trabajo sexual”, dice Feis-Bryce. “Su único vínculo con el trabajo sexual es que tiene marcadas opiniones respecto al mismo. Hasta donde yo sé, su organización [UK Feminista, que lanzó la campaña por el Fin de la Demanda] no proporciona ningún tipo de apoyo de primera línea para las trabajadoras sexuales; no es más que una organización activista”.

Banyard publicó recientemente El Estado proxeneta: sexo, dinero y el futuro de la igualdad y argumentó en sus páginas que “renombrar la prostitución como trabajo sexual” fue uno de los mayores peligros de la industria. “La vehemencia del libro tiene un cierto impulso intoxicante”, dijo la crítica Charlotte Shane en una revisión para el Spectator, “pero el mensaje está embrollado en falacias lógicas y falta de pruebas”.

Las trabajadoras sexuales retiradas Paris Lees y Brooke Magnanti (alias Belle de Jour) preguntaron por qué el comité las eligió a ellas para declarar en lugar de a trabajadoras sexuales en activo. Magnanti sugirió: “Venimos con los medios de comunicación presentes; venimos y llamamos la atención. Somos el peluquín de pubis de estos procedimientos, lo que les permitirá a ustedes marcar una casilla y decir: ‘Hablamos con algunas ex-trabajadoras sexuales’”. Laura Lee fue la única trabajadora sexual en activo que habló cara a cara al comité.

Y sin embargo los diputados “redactaron un informe cuidadosamente fundamentado y bien razonado”, a pesar de las dudas iniciales. Tal giro de ciento ochenta grados fue hecho posible sin duda por las 250 piezas de evidencia escrita presentadas por trabajadoras, académicos, activistas y organizaciones no gubernamentales, hecho del que no hay precedentes.

En el pasado, el debate sobre la legislación del trabajo sexual se ha visto enturbiado por el mal uso de las estadísticas. Como el defensor de la despenalización y autor de Penalización de la compra de sexo: lecciones de Suecia, Jay Levy, explica: “Estamos hablando de una de las comunidades más clandestinas; la gran mayoría de las trabajadoras sexuales necesita permanecer invisible para sobrevivir. Así que cualquiera que diga “X por ciento de Y”, está hablando sin sentido, a mi juicio. En cuanto algunas personas comienzan a citar estas estadísticas yo pienso que quizás tienen una motivación oculta muy fuerte”. En la primera sesión de evidencia oral, Banyard declaró: “aproximadamente el 50% de las mujeres que se prostituyen empezaron siendo niñas. Comenzó como explotación sexual infantil y luego continuó”. Esto sería muy preocupante, pero solo si fuera cierto. Sin embargo, como Feis-Bryce aclara en su declaración suplementaria, esta estadística procede de un documento del Ministerio del Interior de 2004, basado a su vez en nueve fuentes muy antiguas, seis de las cuales son de antes de 1999. Más aún, “al menos una de las fuentes solo tenía participantes menores de 18 años, con lo que la conclusión estaba predeterminada”.

La Dra. Magnanti, que cambió su carrera de escort de alta clase por la ciencia forense y la estadística de poblaciones, fija la edad media de entrada al trabajo sexual en el Reino Unido en aproximadamente 23 años.

De Faoite dijo a los investigadores que “Europa tiene en este momento una horrible situación de trata de personas”, y Banyard describió “un enorme problema de trata sexual en este país”. Entre 2007 y 2009, el profesor Nicola Mai “dirigió una investigación que analizó las experiencias de migración y trabajo sexual de 100 inmigrantes (mujeres, hombres y personas transexuales) que trabajaban en Londres”. Encontró que alrededor del 6% de las mujeres entrevistadas tenían experiencias que podían ser consideradas trata.

Significativamente, el informe de los diputados traza una distinción entre trabajo sexual y trata, y señala que la Ley de Esclavitud Moderna de 2015 ya penaliza esta última. El comité se declaró “consternado al descubrir la mala calidad de la información disponible acerca de la extensión y la naturaleza de la prostitución en Inglaterra y Gales”. Ha recomendado a la comisión del Ministerio del Interior una investigación en profundidad de este asunto, con presentación de los resultados ante el parlamento en junio de 2017. Este informe, “debería buscar la publicación y explicación de estadísticas fiables, que puedan ser usadas para informar futuras decisiones legislativas y normativas, y desechar cualquier dato no fiable”.

Las pruebas proporcionadas a la comisión de investigación estuvieron “altamente polarizadas” entre aquellos que están a favor de una ley de compra de sexo al estilo de Suecia y los que defienden la total despenalización del trabajo sexual, tal como se ha llevado a cabo en Nueva Zelanda. El informe de los parlamentarios parece favorecer con cautela la opción de despenalización sobre la de ley de compra de sexo, pero los activistas de ambos bandos tendrán que esperar hasta el próximo mes de junio para conocer la decisión final de la encuesta.

Este informe señala que la ley de compra de sexo “se basa en la premisa de que la prostitución es moralmente mala y por tanto debe ser ilegal, cuando en los tiempos presentes la ley no hace tales juicios morales”, y que mucha de la “retórica” en torno a la ley “niega también a las trabajadoras sexuales la oportunidad de hablar por sí mismas y tomar sus propias decisiones”.

Por el contrario, el modelo de despenalización de Nueva Zelanda “ha producido beneficios, incluyendo un claro mensaje político, mejores condiciones para las trabajadoras sexuales, mejor cooperación entre las trabajadoras sexuales y la policía y no se ha detectado aumento alguno en el tamaño de la industria del sexo o en la explotación de las trabajadoras sexuales”.

Mientras tanto, la auténtica prueba para este informe será sus implicaciones para los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. En el este de Londres, las trabajadoras sexuales de calle están recibiendo órdenes de dispersión, pequeños papelitos de color rosa que las penalizan por existir. Le toca ahora al Consejo Nacional de Jefes de Policía garantizar que las recomendaciones del comité sean aplicadas en todos los ámbitos.

 

Prostitutas de Europa del Este desafían la política de inmigración de Reino Unido

 

 

  • Las mujeres señaladas por la Operación Nexus, que tiene por objetivo expulsar delincuentes extranjeros, aseguran que son trabajadoras autónomas legales
  • Miles de personas han sido deportadas de Reino Unido en el marco de la Operación Nexus desde 2012, aunque el Ministerio de Interior se ha negado a dar un número concreto

 

 

The Guardian – Owen Bowcott

 

02/05/2016

 

http://www.eldiario.es/theguardian/Trabajadoras-Europa-inmigracion-Reino-Unido_0_511649120.html

 

Una política enfocada a deportar a criminales de “alto riesgo” procedentes de la Unión Europea y a aquellos que no tienen derecho a permanecer en Gran Bretaña será recurrida por trabajadoras sexuales que sostienen que son trabajadoras autónomas legales.

Aunque la libertad de circulación está garantizada en la Unión Europea, el derecho a permanecer en otro país –después de los tres primeros meses– depende de los recién llegados “que ejercen sus derechos previstos en los tratados”, por ejemplo, trabajando o estudiando.

La Operación Nexus, una iniciativa de la policía combinada con los servicios de inmigración, ha puesto en el punto de mira a delincuentes extranjeros y a aquellos sospechosos de violar la ley desde el año 2012. Entre los detenidos y los que han recibido papeles de deportación ha incrementado el número de mujeres de Europa del Este que han trabajado en la calle y el los locales de alterne de Londres y Manchester. Muchas de ellas sin antecedentes.

La prostitución es legal en Reino Unido, aunque algunas de las actividades que se le asocian como el kerb-crawling (conducir lentamente en busca de prostitutas), el proxenetismo o poseer un burdel sí que son crímenes. Algunas de las mujeres detenidas por los agentes fueron sorprendidas durante operaciones contra las redes de trata.

Las mujeres, sobre todo procedentes de Rumanía, han recibido cartas de deportación de los oficiales de la Operación Nexus avisando de que durante un mes son susceptibles de ser detenidas o deportadas de vuelta a Bucarest.

Para conseguir impugnar esta sanción administrativa sobre el incumplimiento de los derechos de ciudadanía de la Unión Europea, pueden alegar que están estudiando, trabajando, buscando trabajo, decir que son autónomas o que son autosuficientes económicamente para permanecer en Reino Unido. Si son deportados, los ciudadanos de la Unión Europea no pueden volver a entrar en Reino Unido en 12 meses.

Varias mujeres luchan ahora contra la deportación y lo están haciendo junto al Colectivo Inglés de Prostitutas (ECP): “Hubo una redada en la que se suponía que se iban a liberar a víctimas de trata”, explica una mujer joven que prefiere permanecer en el anonimato.

“La policía se llevó dinero y documentación. Les pedí algún tipo de comprobante y me dijeron que estaba siendo impertinente. Querían saber si había sido víctima de trata y le preguntaron a un cliente si yo estaba tomando drogas. Él contestó que no”, explica. “No me detuvieron pero dijeron que debería ser deportada y me pidieron que fuera a la comisaría. Fui con un abogado y presenté un certificado que muestra que estaba estudiando inglés”. El riesgo de ser deportada ha desaparecido.

A María (no es su nombre real) la detuvieron en la calle y la llevaron a una comisaría de policía. “Me retuvieron durante 24 horas”, explica esta chica de 25 años. “Una semana después recibí la carta diciendo que podía ser deportada”. Victoria (es también un seudónimo) fue detenida en su apartamento e interrogada sobre el funcionamiento de un burdel. “Nunca fui acusada –asegura la chica de 24 años– pero me enviaron una carta. Se llevaron mi pasaporte y me dijeron que si mi apelación salía mal sería deportada”. “Aquí puedes ganar dinero más fácil que en Rumanía. Puedes tener un futuro. Yo no he podido encontrar un trabajo normal”, confiesa.

Algunas de las mujeres a las que enviaron la carta de deportación están planeado recurrirlas alegando que están ejerciendo los derechos previstos en los tratados como autónomas en la industria del sexo. En la Unión Europea existen precedentes de derecho en los que se ha establecido que la prostitución se considera empleo por cuenta propia.

“Esta política deliberada de deportaciones y miseria se dirige a las mujeres migrantes, las que por culpa de la criminalización y del estigma asociado al trabajo sexual, se encontrarán con muchas dificultados a la hora de defenderse”, lamenta Niki Adams, portavoz de ECP. “Todas las mujeres que son madres terminaron en la prostitución porque los salarios en otros trabajos era demasiado bajos para alimentar y vestir a sus hijos o porque se tuvieron que enfrentar al racismo de los empresarios”, sostiene Adams.

Emma Louhg, abogada especialista en derecho europeo en el Centro Aire de Londres, explica que “a menudo, la gente recibe las actas de deportación del Ministerio de Interior después de las informaciones elaboradas por los agentes de policía de la Operación Nexus que, según se ha demostrado, tienen un un impacto desproporcionado sobre ciertos grupos y las trabajadoras sexuales es uno de ellos”.

También dice que “la legislación de la Unión Europea reconoce a los trabajadores sexuales como ‘trabajadores’ pero es muy difícil tener una evidencia de ello para demostrar que estás ejerciendo tus derechos. Es difícil mostrar registros de empleo”.

“El proceso de esta ordenanza administrativa muestra que no se están ejerciendo los derechos del tratado. Vemos a muchas chicas de 19 o 20 años que han vivido en Reino Unido la mayor parte de sus vidas, que quedan atrapadas en el mundo de las drogas y de los delitos menores, y ahora tienen que hacer frente a una deportación a un país en el que no hablan siquiera el idioma”, explica la especialista.

Según Louhg, “el Ministerio de Interior tiene que demostrar que algunas personas pueden suponer un riesgo para la sociedad para justificar la deportación”. “Sin embargo, hemos visto decisiones basadas que se basan en muy bajos niveles de riesgo y que no consideran adecuadamente los posibles daños”, apunta.

El Centro Aire también está preparando un recurso separado sobre la legitimidad de la Operación Nexus basada en otros casos, no relacionados con la prostitución. La Operación Nexus se articula con la incorporación de oficiales de inmigración dentro de las comisarías. Sus objetivos son tanto los delincuentes extranjeros como aquellos que incumplen las leyes de inmigración.

Miles de personas –muchas de ellas con antecedentes penales– han sido deportadas de Reino Unido en el marco de la Operación Nexus desde 2012 aunque el Ministerio de Interior se ha negado a dar un número concreto. La cooperación entre la policía y los servicios de inteligencia de inmigración se ha expendido a fuerzas de seguridad más allá de Londres.

Traducido por Cristina Armunia Berges

 

La prohibición de la prostitución en Francia y otras señales de fascismo

Jerry Barnett

 

 

7 de abril de 2016

 

 

http://sexandcensorship.org/2016/04/france-bans-prostitution/

 

 

 

La prohibición de la prostitución en Francia es un signo de un profundo cambio histórico en la política francesa

 

Ayer, Francia adoptó el “modelo nórdico” para combatir el comercio sexual, haciendo ilegal comprar sexo. Como siempre, los valedores de este ataque negaron que la prostitución estuviera siendo puesta fuera de la ley; por ejemplo, en respuesta a mi tweet sobre la noticia, recibí esto:

Sex and Censorship: "Prohibición de los velos y ahora prohibición de la prostitución. Francia se está convirtiendo en un país profundamente conservador." Stephanie Lamy: "Francia no está prohibiendo la prostitución, sino todo lo contrario. Estamos prohibiendo la compra de sexo y despenalizando a las prostitutas"

Sex and Censorship:
“Prohibición de los velos y ahora prohibición de la prostitución. Francia se está convirtiendo en un país profundamente conservador.”
Stephanie Lamy:
“Francia no está prohibiendo la prostitución, sino todo lo contrario. Estamos prohibiendo la compra de sexo y despenalizando a las prostitutas”

Pero hace falta una auténtica mentalidad orwelliana para creer que uno puede poner fuera de la ley la compra de un servicio sin perjudicar a los que lo venden. Esto está, desde luego, diseñado para perjudicar a las trabajadoras sexuales. El fanatismo del movimiento antiprostitución está a la vista de todos. Las trabajadoras sexuales no están divididas al respecto: dicen claramente para cualquiera que quiera escucharlas que el trabajo sexual debe ser totalmente despenalizado. Los observadores imparciales —tales como Amnistía Internacional, que recientemente adoptó una política de despenalización— no han apreciado que este sea un argumento complicado, de dos caras. Es bien sabido que penalizar cualquier aspecto del comercio sexual daña claramente a las trabajadoras sexuales.

Así que no tratemos a los prohibicionistas como personas equivocadas con buena intención, de la misma forma que no gastaríamos saliva discutiendo sobre si es bueno o malo linchar a los negros o gasear a los judíos. Los activistas antiprostitución son fanáticos, así de sencillo. Pretenden atacar lo que odian y temen. Y este fanatismo nacido del miedo y la aversión que está en auge en Francia, es parte de un cambio histórico mucho mayor. Francia se está hundiendo otra vez en el fascismo.

Lo que es desconcertante es que, al contrario que la vez pasada, la fuerza dirigente del fascismo francés es la izquierda política. Hace unos pocos años, por ejemplo, la ministra del gobierno socialista francés Laurence Rossignol dijo que las mujeres que llevaban velo eran como “negros que apoyaran la esclavitud”. La ley antivelo fue presentada con un ligero barniz progresista, usando el “laicismo” como excusa. Pero el laicismo de Francia no es la libertad religiosa de la Ilustración. Es una oportunidad para abusar perversamente de las minorías.

Y como escribió ayer la comentadora del trabajo sexual Laura Agustín en Facebook, esta ley antiprostitución tiene también sus raíces en el profundo racismo de Francia. “En Francia, donde más de la mitad de quienes venden sexo son inmigrantes, la ley es abiertamente antiinmigración. El mensaje es: si quieres hacer esto, vete”. Francia ha sido siempre uno de los peores lugares de Europa para ser un inmigrante. Ahora la guerra francesa contra los inmigrantes se está volviendo cruel, y la izquierda está en la vanguardia de esa guerra. La tarea de la dirigente de extrema derecha Marine Le Pen ha concluído: ¿quién necesita a la extrema derecha cuando el fascismo se halla tan cómodo como en su casa en la izquierda?

El colapso de la izquierda progresista no es solo un asunto francés. No es coincidencia que, en el Reino Unido, una comisión parlamentaria dirigida por los laboristas esté tambíen intentando prohibir la prostitución. Actitudes abiertamente antisexo y actitudes veladamente racistas son ahora algo corriente en la política de la izquierda en todas partes: el reciente ataque a un estudiante que llevaba rastas —tan solo porque el estudiante era blanco— muestra que la podredumbre también está en la izquierda americana.

Para alguien como yo que una vez se encontró como en su casa en la izquierda, este cambio en el panorama político es desconcertante. El cambio de la izquierda hacia actitudes fascistas constituye el meollo de mi nuevo libro, Porn Panic!  Los valores liberales de igualdad, libertad y razón están colapsando en todo el espectro político. La prohibición de la prostitución en Francia, y la del velo, representan nubes oscuras levantándose sobre el mundo occidental.

 

La falacia paternalista del “modelo nórdico” de prostitución

 

Por Cas Mude

Profesor asociado en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales (SPIA) de la Universidad de Georgia e investigador en el Centro para la Investigación del Extremismo (C-REX) de la Universidad de Oslo.

 

04/08/2016

 

http://www.huffingtonpost.com/cas-mudde/the-paternalistic-fallacy_b_9644972.html

 

 

Esta semana Francia se convirtió en el quinto país europeo que hace ilegal la compra de sexo. Este así llamado “modelo nórdico” —que en efecto está solo implementado por algunos páises nórdicos— está ganando impulso en todo el continente y sus defensores están intentando, hasta ahora sin éxito, que se convierta en una realidad en toda la Unión Europea.

El así llamado “modelo nórdico” es una vuelta a los períodos más oscuros del paternalismo de izquierdas, en el que unos autodenominados progresistas luchan por utopías de clase media a expensas de los socialmente débiles. En el modo clásico, las opiniones de los “protegidos” son o ignoradas o despreciadas por los “protectores”. Las trabajadoras sexuales, que en su gran mayoría se oponen a la penalización de las personas que compran sexo (los así llamados “puteros”), son despojadas de su autonomía, reducidas a “víctimas” de la “industria del sexo” que padecen “falsa conciencia”.

Un reciente editorial de The Guardian, el portaestandarte británico de la progresía europea, proporciona un interesante comprensión de las crecientes dificultades que los progresistas tienen para justificar la penalización del trabajo sexual. Es una llamativa combinación de confusión y desesperación. Aunque es verdad que hace referencia a algunos de los poco fiables estudios que existen, ignora ampliamente sus implicaciones y recomendaciones. Esto se debe a que los estudios más serios muestran que el “modelo nórdico” ni ha mejorado la situación de las trabajadoras sexuales ni ha reducido de forma significativa la “industria del sexo”. En cambio, como de alguna forma reconoce The Guardian, el “modelo de Nueva Zelanda” (de despenalización) ha conseguido por lo menos lo primero.

The Guardian basa su petición de prohibir el trabajo sexual primordialmente en el “principio del daño”, esto es “la afirmación de que el único uso justo del poder en una comunidad civilizada es el uso para prevenir el daño”. Entonces, ¿de qué daño se trata? Los progresistas suelen ser imprecisos en esto, dando por supuesto que “todos sabemos” de qué están hablando. No hay duda de que los abusos físicos y verbales son un problema de primer orden para las trabajadoras sexuales, pero esto no es exclusivo de este grupo específico. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, las violaciones están incontroladas entre los estudiantes y entre los militares, ¡y todavía no ha propuesto nadie prohibir los ejércitos y las universidades (o sus reclutadores)!

No, el “daño” al que se refieren está en el acto mismo del trabajo sexual, es decir, en la venta de sexo. Esta es una postura que podría tener sentido desde un punto de vista religioso conservador, pero mucho menos desde una perspectiva progresista. Aunque los progresistas pueden (y quizás deberían) oponerse a la mercantilización del sexo, la pregunta es: ¿por qué solo a la del sexo? ¿Por qué no también a la de la educación y la salud? De la misma forma, aunque puede ser verdad que “en todo sexo pagado existe, puede decirse, una dimensión inherentemente explotadora”, esto puede decirse también de muchas otras profesiones: desde el mundo del espectáculo a la minería o los deportes profesionales (como el boxeo o el fútbol).

El auténtico argumento parece ser que la sexualidad es algo “personal” que está intrínsecamente unido a emociones (intensas). Obviamente, esta es una posición muy discutible, y por lo menos dependerá de cada persona. Más aún, tiene un claro (aunque a menudo expresado de forma solo implícita) fundamento sexista, ya que es la mujer vendedora la que es dañada, no el hombre comprador, reflejando una inveterada noción sexista de la sexualidad, según la cual la sexualidad femenina es inherentemente problemática.

Pero incluso aunque las mujeres fueran dañadas por el trabajo sexual —y por el trabajo en sí mismo, más que por las condiciones y el estigma asociados a su penalización— ello seguiría constituyendo un caso de autodaño (el trabajo sexual forzado es siempre ilegal y constituye violación, no sexo). La única forma de argumentar que es daño y no autodaño es despojar a las trabajadoras sexuales de autonomía. Y esto es exactamente lo que se está haciendo, incluso por feministas y progresistas que normalmente defienden la autonomía de las mujeres.

En palabras del editorial de The Guardian: “Las circunstancias sociales y económicas en las que una mujer ve el trabajo sexual como la mejor opción disponible representan, en sí mismas, un entorno de coacción”. Desde luego, esto se aplica sin duda a muchas, quizás incluso la mayoría, de las trabajadoras sexuales (que, dicho sea de paso, ¡no son todas mujeres!). Pero se aplica también a muchas otras profesiones. Pocas personas se desplazan a los campos de petróleo de Dakota del Norte porque amen el trabajo duro y sucio y los largos inviernos remotos. Y muchos, si no la mayoría, de los que se alistan en el ejército, en particular en países que se ven implicados a menudo en conflictos militares (como el Reino Unido y los Estados Unidos), lo hacen por falta de alternativas sociales y económicas. Más aún, los soldados pueden no solo perder sus vidas, sino que también ¡corren mayor riesgo de ser violados!

Si los progresistas quieren realmente ayudar a las trabajadoras sexuales y debilitar los aspectos explotadores de la “industria del sexo”, deberían legalizar el trabajo sexual, o por lo menos despenalizarlo. Esto aumentará de forma espectacular la salud y la seguridad de las trabajadoras sexuales, como se ha visto en Nueva Zelanda. Deberían cambiar también el clima social que rodea al trabajo sexual. Obviamente, esto supondrá un reto mucho mayor, y una razón no menor de ello será porque requiere que cambien sus propios puntos de vista tradicionales sobre la sexualidad en general, y sobre la sexualidad femenina en particular.

Si quieren realmente legislar algo, que se centren en empoderar a las trabajadoras sexuales frente a la industria del sexo “explotadora”. Que creen una infraestructura educativa y una estructura legislativa que permita a las trabajadoras sexuales (a sus colectivos) dirigir sus propios asuntos, haciéndolas independientes de chulos y terceros. Que castiguen la discriminación de las trabajadoras sexuales por otros negocios, tales como los bancos y otras instituciones financieras, que a menudo rehusan abrir cuentas a las trabajadoras sexuales, ¡incluso si no están implicadas en actividades ilegales!

Incluso si el objetivo final es vivir en un mundo sin trabajo sexual, la primera preocupación debería ser por las (supuestas) víctimas de la industria del sexo. Como las trabajadoras sexuales han dejado claro en todo el mundo, se oponen a la penalización tanto de la venta como de la compra de sexo. Quieren ver su comercio despenalizado (o legalizado). Como muestran los estudios, la vida de las trabajadoras sexuales mejora solo cuando el trabajo sexual es despenalizado. Y este debería ser el primer objetivo para todos, incluso para aquellos que están sinceramente preocupados por las “víctimas” de la “industria del sexo”.

 

Un juez ordena que se devuelva a dos prostitutas el dinero “duramente ganado” que les habían robado

 

El Estado había pretendido que los 2.675 euros robados por Mantas Grazevicius fueran confiscados

 

9 de febrero de 2016

 

Conor Gallagher
http://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/courts/circuit-court/judge-orders-hard-earned-cash-returned-to-prostitutes-after-theft-1.2528374

Un juez ha rechazado una solicitud del Estado para confiscar el ingreso “duramente ganado” de dos prostitutas que fue robado y posteriormente recuperado.

 
El juez Patrick McCartan dictó su resolución en el Tribunal Penal de Dublin tras la sentencia contra un hombre que robó a las mujeres fingiendo ser un cliente.

 
El juez también alabó el valor de las dos mujeres al intentar detener al acusado tras el robo.

 
Mantas Grazevicius, de 32 años, domiciliado en Manchester pero de origen lituano, se declaró no culpable de detención ilegal y robo de las dos mujeres en el Hotel Clyde Court, Lansdowne Road, Dublin el 17 de julio de 2013. Fue declarado culpable de todos los cargos el mes pasado.

 
El juez McCartan le envió a la cárcel por tres años a contar con efectos retroactivos desde que fue detenido en febrero de 2015 tras ser devuelto desde el Reino Unido en virtud de una orden europea de detención.

 
El tribunal escuchó que las dos mujeres habían venido desde la República Checa para trabajar el fin de semana y habían alquilado una habitación en el hotel. Habían acumulado ganancias de aproximadamente 5.000 euros en efectivo que escondieron en el armario.

 
El policía Alan Farrell dijo al tribunal que Grazevicius concertó una cita con una de las mujeres a través de la aplicación de mensajería Viber y acordó pagar 220 euros por una hora.

 
A la hora convenida, un hombre llegó y entró en la habitación de hotel de las mujeres. A continuación volvió a la puerta y dejo entrar a Grazevicius. El hombre sin identificar empujó entonces a una de las mujeres y les dijo que se sentaran en la cama mientras Grazevicius. comenzó a registrar la habitación en busca de dinero.

 
Una de las mujeres dijo que el dinero estaba en la caja fuerte del hotel, pero Grazevicius. dijo que estaba mintiendo, antes de encontrar el bolso en el que estaba el dinero. Durante el incidente, una de las mujeres intentó escapar pero fue retenida por el hombre sin identificar.

 
Los dos hombres salieron con el dinero, pero una de las mujeres corrió tras ellos, agarrando a Grazevicius y rasgándole la camisa. Grazevicius le dio entonces un sobre en el que estaba escrito “40 por ciento”, diciéndola que se quedara callada.

 
La mujer exigió todo el dinero y Grazevicius replicó: “Te causaré problemas”. Entonces intervino el personal del hotel y Grazevicius fue encerrado en una habitación hasta que llegó la policía. Tenía en su poder 2.675 euros. Su cómplice escapó.

 
El juez alabó a “estas magníficas jóvenes que desafiaron a esos dos matones”. Dijo que su “valor y determinación” retuvieron a Grazevicius el tiempo suficiente para que se avisara a la policía.

 
El juez lo llamó un delito “repugnante y mezquino” y señaló que debe haber sido difícil para las mujeres poner una denuncia ante la policía porque lo que estaban haciendo era ilegal. Dijo que eran una “presa fácil” para Grazevicius, que no tuvo más que concertar una cita para poder entrar en su habitación.

 
Tras la sentencia, el fiscal Tony McGillicuddy BL pidió que los 2.675 euros fueran entregados al Estado, ya que procedían de la prostitución.

 
“¿Puedo decidir que el dinero sea devuelto a las señoras?”, preguntó el juez McCartan antes de decir que eso era lo que iba a hacer.
“Fue duramente ganado”, añadió.

 
La abogada defensora Fiona Murphy BL pidió al juez que fuera tan indulgente como fuera posible. Expuso que las previas condenas de Grazevicius por robo y obstrucción a la policía en el Reino Unido tuvieron la consideración de delitos menores.

Elecciones en Inglaterra: Dónde se posicionan los partidos en relación a la seguridad y la despenalización de las trabajadoras sexuales

 

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6 de mayo de 2015

http://prostitutescollective.net/2015/05/06/parties-stand-sex-workers-safety-decriminalisation/

 
En la víspera de las elecciones, las trabajadoras sexuales anuncian el resultado de su campaña por internet para saber dónde se posicionan los candidatos electorales respecto a la priorización de la seguridad de las trabajadoras sexuales mediante la despenalización de la prostitución.

Laura Watson, del English Collective of Prostitutes, ha dicho:

“¡Nuestros resultados están listos! Hemos obtenido respuestas de muchas partes del Reino Unido, incluyendo Escocia y Gales. Los que han respondido van desde ex-ministros a candidatos que se presentan por primera vez. Todos los candidatos expresaron preocupación por la seguridad de las trabajadoras sexuales, algunos reconocieron el aumento de la prostitución como consecuencia de la austeridad y al menos la mitad de los encuestados apoyaron la total despenalización del trabajo sexual.”

El Partido Verde es el único partido que incluye la despenalización de la prostitución en su programa, y sus candidatos confirman la política del partido de que “todos los aspectos del trabajo sexual que impliquen a adultos en consenso deberían ser despenalizados”. Su líder Natalie Bennett hizo públicos sus puntos de vista en su blog, defendiendo el “modelo neozelandés” de despenalización: “yo siempre he estado a favor de ofrecer apoyo a las voces de las trabajadoras sexuales, que quieren seguridad y reducción del estigma”.

 
La política de los Demócratas Liberales apoya la despenalización y muchos candidatos demostraron tener una buena comprensión de los temas. Uno dijo: “la evidencia de Nueva Zelanda sugiere que la despenalización puede ayudar a hacer más seguro el trabajo sexual y a reducir el riesgo de violencia”, añadiendo que uno de los beneficios “es que las trabajadoras sexuales son habilitadas para organizarse entre ellas como lo crean conveniente. Esto puede ayudar a aumentar la confianza con la policía y mejorar las relaciones con ella, lo que a su vez puede llevar a mejorar las denuncias, la detección y el castigo de los abusos.” Sus objeciones a una “ley de compra de sexo” estuvieron también bien informadas, con los candidatos diciendo que una ley así “no detendría la violencia contra las trabajadoras en la industria del sexo y desviaría importantes recursos de la lucha contra delitos más graves”.

La Coalición de Sindicalistas y Socialistas fue inequívoca en su apoyo a la despenalización: “a las trabajadoras sexuales se les deberían reconocer exactamente los mismos derechos y el mismo respeto en el trabajo que a cualquier otro trabajador, incluyendo el derecho a sindicarse y a un salario digno, negociación de condiciones laborales y seguridad. Obviamente, esto último NO es compatible con que una persona sea penalizada por hacer tu trabajo”. Los candidatos expresaron preocupación porque “la industria del sexo esté creciendo a causa de la aguda presión económica provocada por la ‘austeridad’”.

El Partido Laborista ha cambiado. John McDonnell, candidato parlamentario en Hayes y Harlington, ha trabajado con nosotras por muchos años encabezando la oposición parlamentaria a cualquier intento de aumentar la criminalización de la prostitución y continúa ofreciendo su apoyo, de palabra y de principios. Los laboristas, sin embargo, cuando estuvieron en el gobierno aumentaron la penalización tanto de trabajadoras sexuales como de clientes, y tan recientemente como el año pasado, algunos diputados laboristas intentaron que se aprobara legislación para penalizar a los clientes. Pero ahora sus candidatos están diciendo de forma casi unánime que quieren volver a examinar la evidencia existente. Una opinión representativa fue esta: “aunque aún no puedo comprometerme con una despenalización al por mayor, doy la bienvenida a la convincente evidencia que esta campaña ha proporcionado respecto a los potenciales beneficios de la despenalización”. La jefe de grupo parlamentaria Harriet Harman “reconoció que la actual epidemia de inseguridad económica, en particular para las mujeres, puede aumentar el número de ellas que confían en el trabajo sexual para sobrevivir. Los recortes en los servicios y los bajos sueldos pueden aumentar la probabilidad de que las personas se vuelvan hacia el trabajo sexual —los recortes en los servicios a los sin hogar y en la vivienda social pueden empujar a más personas hacia este trabajo para sobrevivir”. Uno de sus candidatos escoceses apuntó a los “1,1 millones de personas [que] se dirigieron a los bancos de alimentos en todo el Reino Unido durante el año pasado”.

El Partido Conservador dejó claro que no apoyan un cambio legislativo para penalizar a los clientes de las trabajadoras sexuales y citaron pruebas aportadas por “Mujeres Contra la Violación y el Colectivo Inglés de Prostitutas que demuestran que el ‘modelo nórdico’ puede animar a vendedoras y compradores de sexo a operar aún más a escondidas, exponiéndoles a un mayor riesgo de violencia”. Conversaciones informales con candidatos que buscan la reelección indicaron apoyo a la despenalización entre un número determinado de antiguos ministros. Desafortunadamente, ningún candidato hizo comentario alguno sobre la evidencia de que la creciente pobreza ha impulsado a más personas, particularmente madres y otras mujeres, hacia la prostitución.

El Partido Nacional Escocés no tiene política definida hacia la prostitución, pero su oposición a la austeridad fue alabada por los electores cuando escribieron a los candidatos. Los candidatos indicaron que su prioridad era “garantizar la seguridad de las mujeres que trabajan como trabajadoras sexuales”. El Secretario de Justicia, Michael Matheson, estuvo de acuerdo con reunirse con las personas que estaban realizando la campaña para “informar de la posición del partido respecto a la despenalización del trabajo sexual.”

UKIP dijo que no tienen una política de partido hacia el trabajo sexual, pero que creen que la ley debería castigar solo aquellos actos que claramente dañan a otros. La política de UKIP respecto a la inmigración fue objeto de crítica por los votantes, preocupados porque la “caza de brujas” de las personas inmigrantes estuviera poniendo en peligro las vidas y el sustento de las mujeres, y podría ser usada para justificar ataques a las trabajadoras sexuales inmigrantes y para aumentar las redadas policiales y las detenciones.

Apoyen la moción en defensa de las trabajadoras sexuales, apoyen la total despenalización del trabajo sexual

https://www.change.org/p/nus-national-executive-committee-support-the-motion-to-stand-up-for-sex-workers-support-full-decriminalisation-of-sex-work

Dibujo

Lauren Tapp Edinburgh, Reino Unido

 

Estimado Comité Ejecutivo Nacional del NUS,

Nosotros, los abajo firmantes, les rogamos que apoyen la moción que insta a la National Union of Students (NUS) a apoyar a las estudiantes trabajadoras sexuales defendiendo la total despenalización del trabajo sexual. La evidencia que respalda esta moción está informada por una extensa investigación académica y, lo más importante, por las experiencias vitales de las trabajadoras sexuales que son las mejor situadas para saber qué medidas son precisas para mejorar sus vidas. Nos unimos a otros expertos, tanto trabajadoras sexuales como investigadores y expertos legales de todo el mundo, y urgimos a la NUS a secundar las decisiones del SCOT-PEP, la Sex Worker Open University, el English Collective of Prostitutes, la Organización Mundial de la Salud, la Campaña Mundial contra el SIDA, la Comisión Global sobre VIH y Legislación, el Royal College of Nurses, el Gobierno de Nueva Zelanda, la Corte Suprema de Canadá, ONU Mujeres, la Campaña de Mujeres de Escocia del NUS y la Campaña de Estudiantes Discapacitados del NUS, y defender la despenalización del trabajo sexual como un enfoque crítico basado en la evidencia que garantiza la seguridad, la salud y los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Un extenso cuerpo de evidencia científica obtenida en Canadá, Suecia y Noruega (países en los que los clientes y las terceras partes son penalizados) y en el resto del mundo demuestra claramente que las leyes penales que persiguen la industria del sexo tienen abrumadoras consecuencias negativas para las trabajadoras sexuales, tanto desde el punto de vista social, como desde el sanitario y de derechos humanos, incluyendo un aumento de la violencia y el abuso, del estigma, de la incidencia de VIH y la imposibilidad de acceder a protecciones críticas de tipo social, sanitario y legal. Estos daños afectan de forma desproporcionada a las trabajadoras sexuales marginadas, incluyendo a las de clase trabajadora, a las inmigrantes, indocumentadas, LGBT, de color, incapacitadas y de calle, que afrontan las mayores tasas de violencia y asesinatos en nuestro país. Por contraste, en Nueva Zelanda, desde la aprobación de una ley que despenalizó el trabajo sexual en 2003, los investigadores y la propia evaluación del gobierno han documentado acentuadas mejoras en la seguridad, la salud y los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

 

Aunque algunos miembros de la NUS pueden opinar que esta moción es un tema demasiado específico para ser tratado en el Comité Ejecutivo Nacional y debería ser relegado a la Campaña de Mujeres, nosotros alegamos que este punto de vista está condicionado por suposiciones racistas, heteronormativas eufemistas y cis-sexistas que la NUS proclama combatir activamente. Como hemos observado, las trabajadoras sexuales a menudo se significan en la totalidad de las campañas de liberación que la NUS organiza y, ciertamente, las trabajadoras sexuales que actúan así son las que más riesgo tienen de sufrir agresiones policiales y violencia de Estado.

 

Las trabajadoras sexuales son dejadas a un lado, ignoradas y silenciadas por aquellos que una y otra vez manifiestan en los debates ser quienes más saben de su seguridad, bienestar y elección laboral, y pedimos que la NUS no siga ese dañino y peligroso camino.

 

Aquí está el enlace a la moción:

https://docs.google.com/…/1Fg4G_G63EPz65ZPkO9xR0kMdgH…/edit…

Declaración de la SWOU acerca de la pobreza, el trabajo sexual y el ‘modelo sueco’: “la pobreza es deshumanizadora, degradante y coercitiva”.

27/11/2014
http://www.sexworkeropenuniversity.com/blog/swou-statement-on-poverty-sex-work-and-the-swedish-model-poverty-is-objectifying-demeaning-and-coercive1

Ha habido recientemente una ofensiva a favor de  penalizar a los clientes de las trabajadoras sexuales. A menudo, los que están a favor de esta ley citan la pobreza como una forma de coerción que empuja a la gente a vender sexo, eliminando su capacidad de decidir. Esto, arguyen, significa que el consentimiento de las trabajadoras sexuales no es un consentimiento libre, y por tanto se debería penalizar a los clientes.

Como trabajadoras sexuales, sabemos de primera mano que la pobreza es un factor de primer orden a la hora de explicar por qué hay gente que vende sexo. Sin embargo, no podemos entender por qué la penalización de la fuente de ingresos de las personas que venden sexo se presenta como una “solución” a la coerción económica de la pobreza. Si los que hacen campaña por la penalización están preocupados porque la pobreza impide a la gente tomar decisiones libres, sugerimos que una solución real sería combatir la pobreza, no penalizar lo que a menudo es la última opción que tienen las personas para sobrevivir a la pobreza.

En consecuencia, hacemos un llamamiento a favor de:

  •  Veinticuatro horas gratuitas de guardería para todos. Muchas mujeres que venden sexo lo hacen para mantener a sus hijos, a menudo porque son madres solteras. La flexibilidad del trabajo sexual se ajusta a las responsabilidades del cuidado de los niños. Si los progenitores solteros —que son casi siempre mujeres, o personas consideradas como mujeres— pudieran disfrutar de veinticuatro horas gratuitas de guardería, dispondrían de una nueva flexibilidad para dedicarse a otro trabajo distinto del trabajo sexual. Esto ayudaría a las personas que quieren hacer la transición de vender sexo a dedicarse a otro tipo de trabajo .
  • Trabajo legal para los inmigrantes. En la actualidad, los refugiados y los inmigrantes que están a la espera de una respuesta a su petición de permanecer en el Reino Unido no tienen permiso legal para trabajar. Esto significa que cuando trabajan son muy vulnerables a la explotación, como la que supone que los empleadores no paguen el salario mínimo. Los inmigrantes que están esperando respuesta a su solicitud de permanencia reciben solo el 70% de la retribución semanal que reciben los demandantes de empleo, una cifra que les pone explícitamente por debajo del umbral de la pobreza. El gobierno del Reino Unido obliga a estas personas a vivir en la pobreza, lo que significa que las mujeres y LBGTQ inmigrantes están tomando una decisión comprensible si venden sexo. Si se permitiera a los inmigrantes trabajar legalmente —y por tanto se les ofreciera protecciones básicas, como el salario mínimo— el aumento de opciones significaría que habría menos inmigrantes que se sentirían forzados por la pobreza a vender sexo.
  • Poner fin a la brecha salarial de género en el trabajo a tiempo parcial. El 74% de los que trabajan a tiempo parcial son mujeres, y las mujeres de color y las mujeres inmigrantes (con papeles y sin ellos) tienen más probabilidades de formar parte de esta fuerza de trabajo. Las mujeres que trabajan a tiempo parcial tienen una retribución por hora un 34% menor que la de sus compañeros masculinos que trabajan a jornada completa, y estas cifras son peores para las mujeres de color, que sufren una doble discriminación. Las mujeres y las personas de color, y especialmente las mujeres de color, necesitan igual salario por igual trabajo, y la disparidad es más acusada en el trabajo a tiempo parcial. Conseguir este objetivo significaría que las mujeres que desean dejar de vender sexo podrían cambiar a otro trabajo flexible o a tiempo parcial sin sufrir una enorme e ilegal diferencia salarial, y la pobreza que ella acarrea.
  • Vivienda garantizada para todos. Muchas mujeres y personas LGBTQ, incluyendo los jóvenes, que son personas “sin techo” o sufren de precariedad habitacional, venden o comercian con sexo. Nos solidarizamos con las madres Focus E15 : ¡alojamiento social, no limpieza social! Todo el mundo debería tener acceso a una vivienda segura y asequible en consideración a la importancia de sus lazos comunitarios. Si, como sociedad, tomamos como una prioridad terminar con la falta de vivienda mediante la provisión de los recursos adecuados y el apoyo centrado en la persona (en lugar de enfoques punitivos y de una mayor criminalización de los “sin techo”), aumentaríamos las opciones de las personas “sin techo” y que en este momento venden o comercian con sexo para sobrevivir.
  • Una renta básica universal. Nuestra sociedad debería acordar un estándar de vida básico por debajo del cual no debería caer nadie. Este debería incluir la posibilidad de permitirse una vivienda, comida para uno mismo y para su familia, ropa y suficiente energía para calentar la casa y cocinar. Nosotros añadiríamos acceso al transporte público, teléfono móvil y acceso a internet, así como acceso a servicios de ocio, tales como bibliotecas y piscinas. Una renta básica universal reconocería que absolutamente todos deberían poder vivir con dignidad, independientemente de que tengan o no un empleo remunerado. Ello reconocería que una gran cantidad de trabajo fundamental —a menudo realizado por mujeres, tal como criar a los hijos, trabajo doméstico, y cuidado de los mayores— no es remunerado en la actualidad. Si toda persona en el Reino Unido tuviera derecho a una renta básica universal, nadie se vería empujado por la absoluta pobreza a vender sexo.

Si alguna de estas políticas —o todas ellas— se implementaran, habría menos personas que se verían forzadas por la pobreza a vender sexo. Al dar a las personas que venden o comercian con sexo opciones adicionales, estas políticas tratan a las trabajadoras sexuales de forma respetuosa, como personas que conocen mejor que nadie sus propias vidas. Esto es lo contrario del enfoque de penalizar a los clientes, que es una política punitiva, paternalista y simplista, que no proporciona nuevas opciones, y que intenta arrastrar a las personas fuera del trabajo sexual con la amenaza de una pobreza renovada (¿qué otra cosa significa penalizar nuestra fuente de ingresos?) y un empeoramiento de las condiciones de trabajo.

El repetido argumento de que “no es la pobreza la que crea la prostitución, sino la demanda de los hombres” sitúa el problema no en la pobreza, sino en el hecho de que algunas personas responden a la pobreza vendiendo sexo. Cuando estos argumentos son dirigidos a favor de las leyes de “poner fin a la demanda”, identifican la “prostitución” como el problema que debe ser abordado, dejando al margen la pobreza. En tanto que una persona no venda sexo, su pobreza es aceptable para estos activistas. Pues bien, nosotras, como trabajadoras sexuales, tenemos una objeción moral que hacer a la pobreza. La pobreza es deshumanizadora, degradante y coercitiva. Una sociedad que acepta la pobreza o considera que la pobreza es inevitable no respeta a las mujeres. La pobreza es una forma de violencia, una violencia que afecta de forma desproporcionada a los marginados. La pobreza no puede ser considerada un lugar seguro.