La campaña contra el trabajo sexual en los Estados Unidos: una exitosa cruzada moral

Ronald Weitzer

Publicado en línea el 10 de septiembre de 2019

# Springer Science + Business Media, LLC, parte de Springer Nature 2019

https://www.researchgate.net/publication/335749312_The_Campaign_Against_Sex_Work_in_the_United_States_A_Successful_Moral_Crusade_2019

 

Resumen

El trabajo sexual no era un tema público prominente en los Estados Unidos hace una generación. La ley y su aplicación estaban bastante establecidas. Sin embargo, en las últimas dos décadas, una robusta campaña ha tratado de intensificar la estigmatización y penalización de los participantes involucrados en todo tipo de trabajo sexual, que ahora se fusiona con la trata de personas. Estos esfuerzos han sido notablemente exitosos en la remodelación de la política gubernamental y las normas legales y en el incremento de las sanciones por los delitos existentes. El artículo analiza estos desarrollos en el marco de una versión modernizada de la teoría de la cruzada moral que incluye argumentos tanto instrumentales como expresivos contra el trabajo sexual.

(…)

Conclusión

La evidencia presentada aquí muestra que las fuerzas de la cruzada y sus aliados en el gobierno de los Estados Unidos han estado involucrados en una campaña sin precedentes contra el comercio sexual en las últimas dos décadas. Aunque algunos de los distintos componentes de la ideología de la cruzada han sido descritos por otros investigadores, el artículo ofrece un retrato más completo de los reclamos y el discurso centrales, así como su institucionalización en normativas y leyes recientes.

Lo que comenzó como una preocupación sobre la trata de personas a fines de la década de 1990 se ha ampliado para abarcar el trabajo sexual en todas sus formas. Se puede encontrar evidencia de esta expansión de dominio en pronunciamientos de la cruzada y oficiales, en la legislación y en las prácticas de aplicación de la ley. La tendencia general es un espléndido ejemplo de incorporación rápida de las demandas de un movimiento social a la política y la práctica del Estado (cf. Weitzer 2007).

La campaña tiene todas las características de una cruzada moral:

  • Su discurso hace afirmaciones audaces sobre la magnitud, la gravedad y la naturaleza del problema: afirmaciones sobre la trata sexual que son desproporcionadas con respecto a la evidencia disponible y afirmaciones sobre el trabajo sexual que se basan en los axiomas esencialistas del paradigma de la opresión;
  • Los líderes de la cruzada y sus aliados estatales operan con una convicción categórica de que los males que los perturban son precisamente como los representan;
  • Los relatos de atrocidades privilegian los casos más impactantes y los presentan como representativos y generalizables;
  • Una variedad de actores son etiquetados como demonios: tratantes, clientes, propietarios de sitios web, propietarios de burdeles legales y productores y distribuidores de pornografía; y
  • El trabajo sexual se describe como sintomático de amenazas más amplias a las costumbres sexuales tradicionales, a la familia, a las relaciones de género, a la salud pública y más.

La creciente sexualización de la cultura occidental es un importante factor a nivel macro que es visto con alarma tanto por la derecha religiosa como por las feministas abolicionistas. El trabajo sexual es visto como una parte integral de esta tendencia, junto con el sexting, el atuendo escaso, las clases de pole dance, la adicción al sexo, la publicidad erótica y lo que algunos llaman la «pornificación» de la sociedad.

Hay otros patrones importantes en los datos analizados aquí:

Primero, los cinco pilares centrales anteriores aparecen de manera uniforme y consistente a lo largo del discurso de la cruzada, independientemente del tipo particular de trabajo sexual bajo escrutinio. El contenido específico de este discurso puede cambiar algo con el tiempo, pero estas innovaciones son variaciones sobre el mismo tema y formas novedosas en las que el peligro puede ser secularizado o medicalizado. La modernización puede ayudar a vender los reclamos de la cruzada a miembros del público que no se dejan influenciar por argumentos limitados a la inmoralidad. Al mismo tiempo, el discurso moralizante claramente no ha sido abandonado; que el trabajo sexual representa un peligro para la moral tradicional sigue siendo un pilar vital en esta cruzada. No ha sido reemplazado por reclamos utilitarios, sino que está vinculado a ellos (Hunt 1999), como se ilustra en las resoluciones antiporno: fusión de la salud pública con la insatisfacción matrimonial, la infidelidad, la sexualización, el sexo grupal, etc.

Segundo, esta cruzada moral ha sido facilitada: se beneficia del estigma extremo asociado al trabajo sexual, de una presunción de explotación y victimización endémicas (el paradigma de la opresión) y de la falta de una narrativa contraria sólida (Weitzer 2018). Cuando los grupos de derechos de las trabajadoras sexuales y las organizaciones de apoyo (por ejemplo, Amnistía Internacional) han desafiado las posiciones de la cruzada y del gobierno, han sido menospreciados o condenados (Grant 2014; Porth 2018). Además, los principales medios de comunicación han presentado tanto el trabajo sexual como la trata de personas de manera monolítica, esencialmente haciéndose eco de las opiniones de los líderes de la cruzada y de las autoridades. Las representaciones alternativas son raras en los medios de comunicación.

Tercero, la campaña ha hecho consistentemente generalizaciones sensacionalistas y radicales sobre el trabajo sexual: afirmaciones que entran en conflicto con una larga tradición de investigación que respalda el paradigma polimorfo y documentan variaciones sustanciales a través del tiempo, el lugar, el sector y el género (Harcourt y Donovan 2005; Vanwesenbeeck 2001; Weitzer 2012). Las acusaciones generales sobre los efectos de la pornografía en la salud pública o las características de los burdeles legales de Nevada ilustran bien este patrón hiperbólico.

La mitología de la prostitución: investigación partidista y política pública

 

 

x Res Soc Policy (2010) 7:15–29

DOI 10.1007/s13178-010-0002-5

Ronald Weitzer

Publicado online: 21 Febrero 2010

http://www.policeprostitutionandpolitics.com/pdfs_all/Duplicate%20PDFS/Mythology_of_prostit.pdf

 

Resumen. Durante la década pasada, la política pública hacia la prostitución y otros tipos de trabajo sexual ha sido debatida cada vez más, tanto en medios académicos como en debates populares. Un punto de vista, el paradigma de la opresión, se ha visto reflejado cada vez más en los informes de los medios sobre la industria sexual y está siendo articulado de forma constante por los gobiernos de EE.UU., Europa y otros países. La proliferación de mitos basados en el paradigma de la opresión es responsable de la aparición de una resurgente mitología de la prostitución. Este artículo examina las afirmaciones hechas por organizaciones, activistas y estudiosos que respaldan el paradigma de la opresión; evalúa el razonamiento y la evidencia usados en apoyo de sus afirmaciones; y pone de manifiesto algunas de las vías por las que ese punto de vista ha influído en la legislación y en la política pública en algunas naciones. El autor presenta un punto de vista alternativo, el paradigma polimorfo, y sugiere que la política pública hacia la prostitución debería estar mejor informada por este enfoque basado en la evidencia.

Palabras clave: Sex industry . Sex work . Sexuality policy .

Prostitution myths . Legalization

  1. Weitzer (*)

Department of Sociology, George Washington University,

801 22nd Street NW, Suite 409,

Washington, DC 20052, USA

e-mail: weitzer@gwu.edu

 

El conocimiento del trabajo sexual está siendo distorsionado cada vez más por un grupo de influyentes activistas, organizaciones y algunos académicos, que miran la industria del sexo como una institución universalmente dañina.  El objetivo último de estos individuos (a los que me referiré en adelante como prohibicionistas (1)) es abolir toda la industria del sexo: es decir, la prostitución, la pornografía, los clubs de strip, y otros tipos de sexo comercial. Su campaña ha tenido dos efectos principales: en primer lugar, ha ocasionado una posición dominante de lo que llamo el paradigma de la opresión, que, a su vez, está contribuyendo a un nuevo resurgimiento de la mitología de la prostitución. En segundo lugar, esta mitología tiene importantes consecuencias en el mundo real: Las políticas públicas están cada vez más basadas en las afirmaciones de los activistas y académicos prohibicionistas. Este artículo evalúa críticamente las principales afirmaciones de este conjunto de trabajos y, a continuación, documenta su creciente incorporación a las políticas gubernamentales.

 

Razonamiento precientífico

El renombrado filósofo de la ciencia Karl Popper (1959) ha descrito el razonamiento precientífico como las conclusiones establecidas en ausencia de evidencia o carentes del ingrediente crítico de la refutabilidad. Las afirmaciones precientíficas son especialmente prevalentes entre ideólogos y políticos, cuyo apasionado compromiso con una causa puede minar su objetividad, pero el razonamiento precientífico ha sido también documentado en algunas investigaciones empíricas en varias áreas de la producción de conocimiento (Best 1999; Buchanan et al. 2003; di Mauro and Joffe 2007; Epstein 2006). Un así llamado “conocimiento” puede tener profundas implicaciones políticas.

La posición prohibicionista hacia el trabajo sexual está basada en una perspectiva que mira los servicios y espectáculos sexuales como inherentemente opresores y explotadores.

La investigación que deriva de este pilar ontológico central, típicamente contiene una o más dimensiones precientíficas. El efecto neto de esta literatura es doble: una seria distorsión de la realidad de la prostitución, por una parte,  y, por otra,  políticas públicas resultantes que no están basadas en la evidencia. Este artículo se centra en la prostitución, pero mi crítica puede ser también aplicada a los escritos prohibicionistas referidos a otros sectores de la industria del sexo (por ejemplo, stripping, pornografía) ya que están construídos de manera idéntica.

 

Afirmaciones sin pruebas

Los escritores prohibicionistas adoptan lo que llamo el paradigma de la opresión, que pinta la prostitución como el compendio de la dominación masculina y la explotación de las mujeres, independientemente del período histórico, el contexto social o el tipo de prostitución (Weitzer 2009b). Las afirmaciones más atrevidas son artículos de fe. Una buena teoría científica es aquella cuyas proposiciones pueden ser verificadas o refutadas mediante la experimentación empírica; sin embargo, sólo algunos principios del paradigma de la opresión pueden ser sometidos a verificación (lo veremos más adelante). Los teóricos de la opresión presentan sus afirmaciones centrales de forma arbitraria: como evidentes por sí mismas, principios absolutos. Farley (una de las principales defensoras del paradigma de la opresión) y coautores (1998) han descrito el paradigma de la opresión como “un punto de vista político” (p. 406), un enfoque que contrasta con el enfoque científico.

El paradigma de la opresión define la prostitución de una manera unidimensional: como inherentemente explotadora y nociva para las trabajadoras. La prostitución es “una institución particularmente depravada de desigualdad entre los sexos” (Farley 2004, p.1117) y “una institución que reparte muerte y enfermedad” (Raymond 2004, p. 1182) entre las mujeres. Los teóricos de la opresión insisten en que la prostitución es por definición una forma de violencia contra las mujeres, independientemente de que haya violencia física manifiesta: “La prostitución debe ser mostrada como realmente es: una forma particularmente letal de violencia masculina contra las mujeres” (Farley and Kelly 2000, p. 54). La distinción entre prostitución voluntaria y forzada es mirada como una falacia: según los prohibicionistas, siempre existe algún tipo de coacción y dominación:

“Los chulos nos acosan con el mito de que existe una gran distancia entre lo que llaman prostitución ‘libremente escogida’ y prostitución ‘forzada físicamente’” (Farley 2007, p. 97). En contraste con la noción de prostitución = violencia, un punto de vista alternativo, basado en la evidencia, caracterizaría a la victimización de forma diferenciada: esto es, como un factor que varía según momento, lugar y grado. La violencia de ninguna manera es endémica en la totalidad del comercio sexual (ver Shaver 2005; Vanwesenbeeck 2001; Weitzer 2009b).

El paradigma de la opresión es articulado cada vez más en debates públicos sobre el tratamiento político de la prostitución  y ha sido encabezado por algunos académicos influyentes que son también activistas antiprostitución (p.e., Donna Hughes, Sheila Jeffreys, Catherine MacKinnon, Jody Raphael, Janice Raymond). Muchos grupos activistas prominentes en todo el mundo abrazan también este paradigma. Las siguientes afirmaciones de algunas de estas organizaciones ilustran las maneras en que la prostitución es construida en el paradigma de la opresión.

  • El informe de Poppy Project (2008) sobre la prostitución en pisos en Londres afirma: “En un nivel fundamental, la prostitución es una expresión absoluta del poder de los hombres frente a la subordinación y falta de opciones de las mujeres. Pagar por servicios de prostitución permite a los hombres ejercer poder y control sobre las mujeres de un modo que parecería inaceptable en cualquier otra esfera” (p. 8).
  • El Women’s Support Project de Escocia (2003) ha proclamado, “Creemos que la prostitución y otras formas de explotación sexual comercial son parte del espectro de la violencia de los hombres contra las mujeres y las niñas (¶ 1). No es, pues, sorpresa que el reciente informe del proyecto sobre los clientes de las prostitutas (Macleod et al. 2008) afirme: “Una vez vista como una forma de violencia contra las mujeres enraizada en la desigualdad entre los sexos, la prostitución es mejor entendida como una transacción en la que hay dos roles: explotador / predador y víctima / presa (p. 30).
  • Una de las más prominentes organizaciones prohibicionistas es Prostitution Research and Education (PRE), cuyo objetivo central es “abolir la institución de la prostitución” (Prostitution Research & Education 1998–2008, ¶ 1). Melissa Farley, directora de PRE, ha asegurado: “La prostitución no sólo daña a las mujeres por sí, también promueve actitudes sexistas y conducta machista sexualmente agresiva hacia todas las mujeres de la comunidad… Asumir el derecho a tratar a las mujeres como prostitutas significa que son tratadas como si no fueran humanas, dañando así tanto a las prostitutas como a las mujeres que no lo son” (Farley 2007, p. 181). Esta organización ha tenido un éxito extremo en propagar el paradigma de la opresión en los medios de comunicación de masas y en ganar la aceptación de ese punto de vista por parte de los círculos gubernamentales de los USA y de otros países.
  • La Coalition Against Trafficking in Women (CATW 2009) declara en su sitio web: “Toda prostitución explota a las mujeres, con independencia del consentimiento de éstas. La prostitución afecta a todas las mujeres, justifica la venta de cualquier mujer y reduce a todas las mujeres a sexo” (Philosophy, ¶ 3). CATW tiene ramas por todo el mundo y afirma que “ha cambiado los términos del debate sobre la prostitución y la trata en muchas regiones del globo y en las Naciones Unidas” (History, ¶ 1). CATW fue fundada por Janice Raymond.
  • La Chicago Alliance Against Sexual Exploitation (2009) afirma en su sitio web (http://www.caase.org) que la organización “está comprometida con la construcción de una comunidad global libre de explotación sexual. Sabemos que el comercio sexual actúa en detrimento de una sociedad sana y socava la dignidad de todas las personas.” En asociación con Melissa Farley, la organización patrocinó un reciente estudio de clientes en Chicago (Durchslag and Goswami 2008).

La forma como algo es definido puede influir mucho en cómo es percibido. En el paradigma de la opresión, la prostitución es asimilada a otras prácticas que son ampliamente condenadas: violencia doméstica, violación, esclavitud sexual y explotación sexual comercial. Según su punto de vista, los clientes compran mujeres (2) más bien que usan servicios sexuales y son etiquetados como usuarios de prostitutas y predadores sexuales. Los prohibicionistas imponen tales etiquetas “porque sí”.

  • “Cuando los hombres usan a las mujeres en prostitución, están expresando puro odio hacia el cuerpo femenino” (Dworkin 1997, p. 145).
  • “La prostitución es mejor entendida como violencia doméstica que como trabajo” (Farley 2008, p. 16).
  • “La prostitución es violación pagada” (Raymond 1995).
  • “Esos hombres deben ser vistos como maltratadores más que como clientes” (Raphael and Shapiro 2004, p. 137).
  • “Los hombres que compran actos sexuales no respetan a las mujeres, ni quieren respetarlas” (Hughes 2005, p. 7).
  • “Esos clientes no son sólo chicos traviesos que necesitan un tirón de orejas. Deberían ser descritos más exactamente como predadores” (Melissa Farley, según cita en Brown 2008). Farley (2004) ha dicho en otra parte que “los puteros asesinan a las mujeres de forma regular”  (p. 1102). (3)
  • “La diferencia entre los chulos que aterrorizan a las mujeres en la calle y los chulos trajeados que aterrorizan a las mujeres en los clubs de alterne es sólo una diferencia de clase, no una diferencia en su odio hacia la mujer” (Farley 2004, p. 1101).
  • Según Macleod et al. (2008), los clientes deberían ser fichados como agresores sexuales y apuntados en un registro de agresores sexuales: “Este nombre es importante, ya que coloca a los hombres que compran sexo en la misma categoría que los violadores, los pedófilos y otros indeseables sociales” (p. 27).

Igual que hacen con los clientes de las trabajadoras sexuales, los prohibicionistas también aplican dramáticas etiquetas a las trabajadoras mismas. Agencias, activistas y académicos antiprostitución han argüido que las prostitutas deberían ser llamadas mujeres prostituidas, víctimas o supervivientes. Estas etiquetas indican claramente que “la prostitución es algo que se hace a las mujeres”.(Raymond 2004, p. 1183), no una práctica voluntaria. Jeffreys (1997) ha escrito: “Los activistas antiprostitución usan el término mujeres prostituidas en lugar de prostitutas. Esto es una decisión política deliberada y pretende simbolizar la falta de elección que tienen las mujeres sobre ser utilizadas en prostitución”(p. 330).

En el paradigma de la opresión, la autonomía individual es considerada imposible. La lógica que respalda este argumento es a veces expresada de manera ambigua: “En la medida en que se supone que una mujer ha escogido libremente la prostitución, en esa medida se deduce que en su naturaleza está el disfrutar con ser dominada y violada” (Farley and Kelly 2000, p. 54).

El sensacionalismo es abundante en este cuerpo de literatura. Las historias anecdóticas de horror son materia prima de estos escritos y están diseñadas claramente para despertar la indignación de los lectores. Informes, sitios web y artículos de prensa de tipo prohibicionista destacan citas de mujeres que han tenido horribles experiencias, que son presentadas como típicas. Más aún, los mismos autores escriben frecuentemente de una forma alarmante. Por ejemplo, Farley (2006) ha escrito: “Cuando las mujeres son convertidas en objetos dentro de los cuales se masturban los hombres, se produce un profundo daño psicológico en la persona que está actuando de receptáculo” (p.107). Con esta clase de lenguaje, la misma Farley parece cosificar a las mujeres (4). Igualmente cosificante es la afirmación general de Farley (2006): “Ella misma y aquella cualidades que la definen como un individuo son  anuladas en la prostitución y ella representa la parte de la cosa que él quiere que sea” (p.122). Otro ejemplo de tal sensacionalismo es la declaración de Farley de que “prostitución, pornografía y trata se adaptan, o las sobrepasan, a las definiciones legales de tortura” (p.114). El tono de tales escritos se aparta radicalmente del de los escritos académicos convencionales.

Etiquetar la prostitución como violación pagada, a las trabajadoras como mujeres prostituídas o supervivientes, y a los clientes como predadores, tiene la finalidad de impresionar. El paradigma de la opresión sobrepone a los actores estos constructos sobrecargados emocionalmene de una forma generalizada. Tal terminología categórica oscurece las relaciones empíricamente documentadas entre trabajadoras y clientes, relaciones que son complejas y variadas. Más aún, muchos clientes y trabajadoras rechazan estas etiquetas descalificadoras. En un estudio de 294 prostitutas callejeras en Miami, por ejemplo, casi todas ellas “prefirieron los términos trabajadora sexual y mujer trabajadora y denominarse a sí mismas así”  (Kurtz et al. 2004, p. 359). Otras se llaman a sí mismas escorts. En contraste con la demonización de los clientes prevalente en la literatura de la opresión, un único estudio comparativo (Monto and McRee 2005) encontró pocas diferencias entre clientes de prostitutas y una muestra representativa nacional de hombres norteamericanos.

Además de hacer grandilocuentes caracterizaciones ontológicas, la mitología de la prostitución también muestra un conjunto de afirmaciones específicas respecto al comercio sexual: que la gran mayoría de las prostitutas comienzan a ejercer cuando tienen 13 ó 14 años, que fueron víctimas de abusos físicos o sexuales cuando eran niñas, que fueron engañadas o forzadas a prostituirse por chulos o tratantes, que usan o son adictas a drogas y que quieren desesperadamente salir del comercio sexual. Cuando se aplican de forma general a todas las trabajadoras sexuales, estas afirmaciones son falacias; se aplican mejor a un sector de la prostitución callejera (las que lo hacen por supervivencia), menos a otras trabajadoras de calle y menos aún a las trabajadoras sexuales de interior (Weitzer 2009b) (5).

La temprana edad de comienzo, por ejemplo, fue identificada como un mito por Winick y Kinsie (1971) en su clásico libro sobre la prostitución. Los estudios contemporáneos han comunicado distintos porcentajes de individuos que comenzaron a vender sexo cuando eran menores de edad. Estos estudios (p.e., Hester y Westmarland 2004) han documentado que sólo una minoría comenzó a prostituirse antes de tener 18 años y un porcentaje aún menor antes de los 14 años. El deseo de las trabajadoras de dejar el comercio sexual no es de ninguna manera tan general como han dicho los prohibicionistas. Un estudio de trabajadoras sexuales thais, por ejemplo (Steinfatt 2002), encontró que sólo el 15% quería dejar de vender sexo, mientras que el resto quería seguir trabajando en el comercio sexual, y el 69% dijeron que pensaban que el trabajo sexual era un buen trabajo. Otra evidencia que contradice los mitos antes mencionados puede ser encontrada en las principales revisiones de la literatura (Shaver 2005; Vanwesenbeeck 2001; Weitzer 2009b).

 

Afirmaciones basadas en investigaciones defectuosas

Algunos escritores partidarios del paradigma de la opresión han llevado a cabo investigaciones partidistas para promover sus objetivos políticos. Sus estudios a menudo toman la forma de informes no revisados ​​por pares realizados para organizaciones patrocinadoras, muchas de los cuales adoptan el paradigma de la opresión (6), pero otros han publicado artículos en revistas académicas, especialmente Violence Against Women y en algunas revistas legales (estas últimas generalmente carecen de revisión por pares). (7) Por ejemplo, Raymond editó un número especial de Violence Against Womenen en octubre de 2004, titulando la colección «El contencioso contra la legalización de la prostitución». Estos escritos pueden ser criticados por varios motivos, que discuto más adelante.

Generalizaciones indiscriminadas

Los escritos de quienes adoptan el paradigma de la opresión son sorprendentes no solo por sus grandes suposiciones a priori y artículos de fe (descritos anteriormente) sino también por las generalizaciones que extraen de sus estudios empíricos. En un libro sobre prostitución en Noruega (Hoigard y Finstad 1992), por ejemplo, los autores escribieron que la prostitución es una «abominación» (p. 76) y una «opresión brutal» (p. 183), a pesar de que los hallazgos empíricos de los autores no respaldaban tan grandes acusaciones.

Los escritores que adoptan el paradigma de la opresión tienden a seleccionar o acentuar los casos de abuso más inquietantes y los presentan como representativos e indicativos de problemas intrínsecos. Gayle Rubin (1984) criticó una generación anterior de escritos prohibicionistas por seleccionar los «peores ejemplos disponibles» (p. 301) en el comercio sexual y considerarlos como la norma. Las generalizaciones son a menudo demostrablemente falsas, empíricamente dudosas o sin fundamento (es decir, la evidencia no es concluyente). Los términos y frases generalizantes, tales como la prostitución está vinculada a, causas de la prostitución, nos dijeron las mujeres, dicen los puteros, o los daños de la prostitución son una práctica estándar. Tales construcciones deterministas deberían hacer una pausa para los científicos sociales, que usan un lenguaje probabilístico para describir los hallazgos de la investigación, por ejemplo, frases como incrementan la probabilidad de, aumentan la probabilidad o son más probables que.

Los escritores prohibicionistas generalizan constantemente sobre la prostitución, alegando que no hay diferencia entre los diferentes sectores del trabajo sexual (8). Otros analistas (Vanwesenbeeck 2001) han criticado la «incapacidad de estos escritores para diferenciar adecuadamente entre las trabajadoras sexuales» (p. 279). En lugar de agrupar a todas las trabajadoras en una categoría de prostitución indiferenciada, la evidencia apunta a diferencias significativas entre quienes venden sexo. Plumridge y Abel (2001) han llamado a la prostitución un «mercado segmentado», y Harcourt y Donovan (2005) han descrito lo que llaman «las muchas caras del trabajo sexual». De hecho, «los análisis empíricos demuestran una notable diversidad de actividades que caen» bajo el término prostitución y una notable diversidad de experiencias entre las participantes ”(Monto 2004, p. 164).

La victimización es un área en la que se hacen generalizaciones injustificadas con frecuencia. Los escritores de la opresión a menudo afirman que porcentajes extremadamente altos (80–100%) de prostitutas son agredidas, robadas, violadas y victimizadas (Farley et al. 2003; Raphael y Shapiro 2004). Estas cifras de victimización son típicamente mucho más altas que las reportadas por los investigadores principales (por ejemplo, Church et al. 2001; Kurtz et al. 2004; Lowman y Fraser 1995; Perkins y Lovejoy 2007; Comité de Revisión de la Ley de Prostitución 2008; Seib et al. 2009; Whittaker y Hart 1996).

De hecho, es imposible documentar definitivamente la frecuencia o la gravedad de la victimización en esas poblaciones ocultas. El muestreo aleatorio de las trabajadoras sexuales es imposible porque no hay una lista completa de trabajadoras (en cualquier jurisdicción), y no hay forma de conocer los parámetros de la población de prostitutas o de clientes. Junto con esta dificultad está el problema de obtener acceso y cooperación de quienes participan en el comercio sexual. Todas las tasas de victimización reportadas son vulnerables al sesgo de selección: el segmento más desesperado de la población de prostitutas o las víctimas más frecuentes o más serias pueden ser especialmente propensas a contactar con proveedores de servicios o a aceptar entrevistas. La generalización de las prostitutas bajo custodia a la población de prostitutas en general es inherentemente defectuosa, al igual que sacar conclusiones generales de otros tipos de delincuentes encarcelados.

En ausencia de una muestra aleatoria, lo mejor que se puede esperar es una estrategia de entrevistar a personas en varios lugares geográficos y en diferentes tipos de prostitución, de manera rigurosa e imparcial. Los investigadores deben esforzarse por crear muestras que extraigan de múltiples ubicaciones y tipos de trabajadoras y que no estén sesgadas hacia ningún subgrupo en particular. Este procedimiento se conoce como muestreo intencional. Los estudios comparativos bien construidos (por ejemplo, Lever y Dolnick 2010; Lowman y Fraser 1995; PLRC 2008; Seib et al.2009; Shaver 2005; Vanwesenbeeck 2001; Weitzer 2009b) han tendido a encontrar diferencias significativas, y a veces enormes, entre las prostitutas de calle y las de interior en prácticas ocupacionales, satisfacción laboral, autoestima, salud física y psicológica, y varios tipos de victimización. Como Cusick (2006) ha concluido: «Cuando se comparan directamente los mercados sexuales, los daños introducidos por el trabajo sexual se concentran abrumadoramente en los mercados sexuales callejeros» (p. 4). Muchas trabajadoras sexuales en interiores reportan poca o ninguna victimización (Lucas 2005; Perkins y Lovejoy 2007; Sanders y Campbell 2007; Whittaker y Hart 1996).

Dada la imposibilidad del muestreo aleatorio, es imperativo que los investigadores califiquen sus conclusiones correctamente y eviten hacer generalizaciones sobre la prostitución: las trabajadoras varían enormemente y la prostitución toma formas bastante diferentes. Las conclusiones deben limitarse a la muestra discreta estudiada, que puede o no reflejar la población más grande de la que se extrae la muestra. Sin embargo, los escritores prohibicionistas a menudo no mencionan las limitaciones de muestreo de sus estudios y con frecuencia generalizan a partir de pequeñas muestras de conveniencia. Sus conclusiones suelen ir mucho más allá de sus datos.

Los escritores que adoptan el paradigma de la opresión también tienden a distorsionar o presentar selectivamente sus propios hallazgos. El siguiente ejemplo es ilustrativo de un problema que impregna la literatura de la opresión: el informe The Poppy Project (2008) sobre la prostitución en interiores en Londres, Big Brothel, contiene una página de titulares chocantes, como los siguientes:

  • «Sexo completo disponible por quince libras”.
  • «Besos, sexo oral o anal sin condón por un extra de 10 libras».

En otra parte, el informe del Proyecto Poppy se refiere a «la ubicuidad de los servicios peligrosos y con descuento» (p. 29). Sin embargo, solo uno de los 921 burdeles ofreció sexo completo por 15 libras, y solo 19 burdeles ofrecieron “sexo completo o sexo anal” sin condón (Poppy Project, págs. 33, 34), y aunque los autores afirmaron haber identificado 921 burdeles en el área del Gran Londres, el número promedio de trabajadoras por burdel fue dos, lo que indica que muchos de estos supuestos burdeles eran en realidad proveedoras individuales que trabajaban en locales privados en lugar de burdeles (Poppy Project, p. 5). La distorsión también se ilustra en la afirmación de que los burdeles han invadido áreas tranquilas: «El 85 por ciento de los burdeles de Londres operan en áreas residenciales» (Proyecto Poppy, p. 4), y un comunicado de prensa del 4 de septiembre de 2008 del Proyecto Poppy declaró: » Se ha dicho que nunca estamos a más de seis pies de distancia de una rata en Londres. Aparentemente, algo similar se aplica a los burdeles… Esta investigación muestra la perturbadora prevalencia de la industria del sexo en todos los rincones de Londres ”. De esta y otras formas, los resultados están sesgados para ocasionar un efecto dramático. Los llamados burdeles ubicuos en áreas residenciales pueden ser más inquietantes para el público que las operadoras independientes.

El informe recibió una publicidad sensacionalista en los medios de comunicación británicos, con titulares como «La industria del burdel se está ‘extendiendo’» (BBC World News 2008) y «El sexo se puede comprar por solo £ 15, revela una nueva encuesta» (Daily Mail 2008). El informe fue criticado por 27 investigadores universitarios, incluido el presente autor, cuya crítica fue reportada en la prensa (Lipsett 2008).

Recopilación de datos opaca y sesgada

Algunos estudios son notablemente francos sobre sus prejuicios. Un estudio de Chicago (Raphael y Shapiro 2004) comenzó con la premisa de que la prostitución es dañina: «Este proyecto de investigación fue diseñado dentro de un marco que considera la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres y no la prostitución como una industria legítima» (p. 132). Las 12 entrevistadoras eran exprostitutas que compartían ese punto de vista: eran «sobrevivientes de la prostitución que no veían sus propias experiencias [de prostitución previa] como ‘trabajo’ o una elección» (Raphael y Shapiro 2002, p. 9; 2004, p. 129), y los autores reconocieron el «sesgo de las entrevistadoras» (Raphael y Shapiro 2002, p. 33). Si las entrevistadoras fueron parciales, parece que los encuestados estaban lejos de ser representativos. Los autores dieron poca indicación de cómo fueron localizados las encuestadas, excepto para decir que las entrevistadoras ya las conocían: eran «mujeres con las que trabajaron anteriormente en la prostitución, y mujeres referidas por las entrevistadas» (Raphael y Shapiro 2004, p. 132).

Los autores reconocieron que, debido a estos procedimientos, «es probable que esta muestra sea más representativa de las mujeres que quieren abandonar la prostitución» (Raphael y Shapiro 2004, p. 132). Además, «las preguntas de la encuesta y su administración probablemente fueron sesgadas en algún grado al trabajar dentro de este marco [de opresión] y al emplear a entrevistadoras que habían dejado la prostitución» (Raphael y Shapiro, p. 132) y que entrevistaron a asociadas anteriores que podrían haber sido de mentalidad similar. Este estudio es un buen ejemplo de un diseño de investigación precientífico. Como Vanwesenbeeck (2001) ha señalado:

Cuando los investigadores tienen dificultades para comprender argumentos racionales, por no decir positivos, para elegir el trabajo sexual y les resulta más fácil pensar en las prostitutas como víctimas, es comprensible que las trabajadoras sexuales [entrevistadas] enfaticen su condición de víctima y sus motivaciones negativas para trabajar. (pág. 259)

Los procedimientos sesgados arrojan conclusiones distorsionadas.

Los procedimientos de recopilación de datos en estudios basados ​​en el paradigma de la opresión a menudo son invisibles o problemáticos. Los problemas comunes incluyen la incapacidad de proporcionar suficientes detalles sobre los métodos de muestreo o de revelar las preguntas formuladas a las encuestadas. Como cualquier persona involucrada en la investigación mediante encuestas sabe, la redacción de preguntas puede hacer una gran diferencia en las respuestas obtenidas, y la práctica estándar es proporcionar al lector los elementos más importantes textualmente, especialmente sobre temas delicados. Este procedimiento rara vez se usa en investigaciones prohibicionistas. Por ejemplo, Farley (2008), quien es autora de varios estudios basados ​​en sus encuestas, ha declarado que «solo a individuos calificados» (pág. 48) se les permitiría ver las preguntas, y tendrían que contactarla directamente. Esta declaración desconcertante podría interpretarse como un intento de resistirse a la divulgación total de los procedimientos de investigación, violando el canon científico de la transparencia.

Algunos de estos estudios se basan en el engaño de los sujetos y, por lo tanto, plantean cuestiones éticas. En el examen de prostíbulos en Londres realizado por el Proyecto Poppy (2008), los investigadores hombres hicieron llamadas en frío a los números de teléfono que figuran en los anuncios de los periódicos y formularon una serie de preguntas a la persona que respondió al teléfono, generalmente una recepcionista. Los hombres se hicieron pasar por posibles clientes que preguntaban sobre la edad, el origen étnico y la cantidad de trabajadoras empleadas, los servicios y honorarios sexuales, la política de condones, etc.

Este procedimiento está lleno de problemas, por dos razones: en primer lugar, debido a que las personas que llamaron no hicieron un esfuerzo para establecer una buena relación con las recepcionistas (algo que lleva tiempo y podría depender de una conversación cara a cara), es probable que al menos algunas de las recepcionistas sospecharan de la persona que llamaba. En segundo lugar, debido a que las recepcionistas tenían interés en atraer a la persona que llamaba para que visitara el establecimiento, es posible que les hayan dicho a los hombres lo que querían escuchar, incluso citar servicios que no estaban disponibles, para que vinieran a llamar a la puerta. El informe del Proyecto Poppy (2008) reveló: «En algunos casos, los participantes potenciales no estaban dispuestos a revelar información, por falta de inclinación, falta de tiempo o sospecha» (p. 15). Sin embargo, el informe no revela con qué frecuencia se produjo este escenario, y trata la información recopilada como objetiva.

Los procedimientos de muestreo a veces son completamente invisibles. Por ejemplo, Farley et al. (1998) entrevistaron a trabajadoras en algunas situaciones inusuales: en Turquía, entrevistaron a mujeres que la policía llevó a un hospital con el fin de realizar controles de enfermedades venéreas; en Tailandia, las encuestadas fueron entrevistadas en la calle, en un salón de belleza y en una organización que ofrece servicios de apoyo; en Zambia, los investigadores entrevistaron a mujeres en una organización que ofrece servicios de apoyo a prostitutas; en Sudáfrica, se entrevistó a personas en la calle, en burdeles y en un centro de acogida. Los autores no proporcionaron información sobre cómo se seleccionaron estas ubicaciones, ni comentaron sobre la distorsión que puede resultar de tal muestreo de conveniencia. Es probable que las personas contactadas en las agencias proveedoras de servicios, así como aquellas que han sido detenidas por la policía, no sean representativas de la mayor población de trabajadoras sexuales.

Una deficiencia importante en la mayoría de los estudios de prostitución, incluidos los de los teóricos de la opresión, es la ausencia de un grupo de control. Las muestras de prostitutas no se comparan con muestras cuidadosamente seleccionadas de no prostitutas, y las muestras de clientes no se comparan con hombres que no han pagado por sexo. Por lo tanto, es imposible saber si las opiniones y experiencias de los encuestados difieren significativamente de las de las personas que no participan en el comercio sexual. Los escritores suelen atribuir sus resultados a los efectos de la prostitución, sin tener en cuenta si las tasas de victimización (por ejemplo, de asalto, robo, violación) difieren significativamente de las de la población en general. Como Shaver (2005) ha señalado, dicha investigación comparativa es necesaria para identificar los problemas que son «exclusivos del trabajo sexual y [aquellos] que son característicos de condiciones más generales, como género, origen étnico, oportunidades educativas, estado de salud y pobreza… Las comparaciones de trabajadoras sexuales con grupos de comparación apropiados a menudo sirven para demostrar que son falsas las percepciones populares” (págs. 306, 307) en la medida en que documentan similitudes entre las poblaciones prostituidas y no prostituidas situadas de manera similar (por ejemplo, Nadon et al. 1998). La misma conclusión parece ser cierta para los clientes, que se ha encontrado que difieren poco de las muestras representativas de otros hombres, al menos en los Estados Unidos (Monto y McRee 2005).

Dos estudios recientes y ampliamente publicitados de clientes —informes de la Alianza de Chicago contra la Explotación Sexual (Durchslag y Goswami 2008) y del Proyecto de Apoyo a las Mujeres de Escocia (Macleod et al. 2008)— ilustran muchos de los problemas metodológicos en este cuerpo de literatura. (Farley estuvo involucrada en ambos proyectos). A pesar de su orientación parcial hacia la industria del sexo (documentada previamente), los grupos presentan sus investigaciones y hallazgos como sólidos. Ambos informes están estructurados en torno a una línea argumental particular que describe las innumerables formas en que los clientes se desvían, con citas alarmantes seleccionadas para ajustarse a la línea argumental. Todos los informes terminan con recomendaciones de medidas para suprimir la demanda —escuelas de puteros y un mayor castigo para los clientes— y todos los informes recibieron publicidad en los medios locales.

Los dos estudios son ejemplos de libro de texto de procedimientos de recopilación de datos opacos y defectuosos. En primer lugar, no hay indicios de si los clientes entrevistados fueron informados sobre los objetivos del estudio o la orientación de los investigadores y su agencia patrocinadora, si los participantes recibieron formularios de consentimiento informado para firmar, o si los investigadores siguieron otros protocolos éticos. (10) En segundo lugar, debido a que los informes no proporcionan las preguntas de la entrevista, es difícil saber a qué respondían los hombres y si alguna de las preguntas estaba cargada. Es de destacar que los autores proporcionaron solo una cita (invariablemente una inquietante) para ilustrar cada supuesto hallazgo. En tercer lugar, ambos informes mencionaron que las entrevistadoras a menudo sentían desprecio por los hombres entrevistados. Por ejemplo, el informe de Chicago declaró:

Muchas de los entrevistadoras sentimos la crueldad del sexismo de los hombres no solo contra las mujeres compradas por los hombres, sino también contra nosotras mismas… Las entrevistadoras informaron sentirse escépticas sobre la ignorancia profesada por los hombres sobre las mujeres prostituidas, temerosas de la posibilidad de ser acosados ​​por los entrevistados, físicamente revueltas, con flashbacks a sus propios experiencias previas de violencia sexual, cuestionaron algunos aspectos de sus propias relaciones con los hombres en sus vidas, y en ocasiones sintieron la inclinación a disociarse o beber alcohol para adormecer las reacciones emocionales dolorosas a las entrevistas (Durchslag y Goswami 2008, p. 7 )

Dadas estas reacciones durante las entrevistas, uno se pregunta cómo las entrevistadoras pudieron mantener una «relación amigable y sin prejuicios» (Durchslag y Goswami, p. 7) con los hombres, como afirmaba el informe.

Hallazgos incómodos

En tales estudios, el sesgo también es evidente en un descuido del canon científico de la falsabilidad. Si llegan a hacer algún comentario de los resultados que no esperaban, los escritores prohibicionistas hacen todo lo posible para desacreditar tales hallazgos. Esta desacreditación incluye minimizar o cuestionar las voces de las propias trabajadoras sexuales cuando no están de acuerdo con las opiniones del autor. Por ejemplo, Raymond (2003) ha escrito: «No hay duda de que un pequeño número de mujeres dicen que optan por prostituirse, especialmente en contextos públicos orquestados por la industria del sexo» (p. 325). Al afirmar que el número es pequeño y al usar las palabras decir y orquestados, Raymond claramente trató de poner en duda la veracidad del testimonio de las mujeres.

En las entrevistas de Farley (2007) con algunas trabajadoras en ocho de los 30 burdeles legales de Nevada, dijo: «Sabía que minimizarían lo malo que era» (p. 22). Las encuestadas que no reconocieron que trabajar en un burdel era malo se consideraron en negación, y Farley intentó penetrar esta barrera: «Les pedíamos a las mujeres que se quitaran brevemente una máscara que era crucial para su supervivencia psicológica» (p. 22 ) Farley también ha afirmado que la mayoría de las mujeres que trabajan en los burdeles legales tenían proxenetas, a pesar de que las mujeres eran «reacias a admitir que sus novios y maridos las proxenetizaban» (pág. 31). Farley descubrió que «un porcentaje sorprendentemente bajo — 33% — de nuestras entrevistadas en los burdeles legales reportaron abuso sexual en la infancia» (p. 33), un porcentaje que «es menor que la probable incidencia real de abuso sexual debido a los síntomas de adormecimiento , evitación y disociación entre estas mujeres ”(p. 33), o molestias al hablar de tales experiencias.

En su estudio de seis países, Farley et al. (2003) encontraron un apoyo sustancial a la legalización entre las trabajadoras sexuales: una mayoría (54%) de las prostitutas entrevistadas en todos los países (y 56% en Colombia, 74% en Canadá, 85% en México) dijo que legalizar la prostitución la haría más segura. Los autores presentaron estas cifras inconvenientes en una tabla pero no las mencionaron en el texto (donde simplemente declararon que el 46% del total no creía que la legalización haría más segura la prostitución). En un artículo posterior, Farley (2005) descartó a aquellas trabajadoras que estaban a favor de la legalización: : “Como todas las demás, nuestras entrevistadas redujeron al mínimo los daños de la prostitución y, a veces, creían las afirmaciones de la industria de que la legalización o la despenalización de alguna manera las hará más seguras. Lamentablemente, no hay evidencia que respalde su creencia ”(p. 954). Farley sostiene que si las trabajadoras estaban a favor de la legalización, no formaron esta opinión por sí mismas, sino que debieron haber sido engañadas por activistas. (De hecho, como se indica posteriormente, existe evidencia de que algunos sistemas de legalización proporcionan un ambiente de trabajo relativamente seguro para las trabajadoras sexuales.) Caso tras caso, los hallazgos que son inconsistentes con el paradigma de la opresión se descartan y se reinterpretan para adaptarse a las presunciones del escritor: un claro ejemplo de razonamiento precientífico.

Además de la presentación de nuevos hallazgos, el avance científico también depende de la diligencia debida de los investigadores al citar y lidiar con otros estudios cuyos hallazgos difieren de los suyos propios. La práctica estándar es situar un estudio dentro de la literatura académica relacionada. Sin embargo, aquellos que operan dentro del paradigma de la opresión a menudo restringen sus citas a escritos de autores de ideas afines e ignoran los estudios que llegan a conclusiones inconsistentes con los suyos, de los cuales hay muchos, como se refleja en varias revisiones exhaustivas de la literatura (Shaver 2005; Vanwesenbeeck 2001; Weitzer 2009b). En algunos escritos, los teóricos de la opresión no citan ningún tipo de investigación académica. Este patrón se encuentra, por ejemplo, en el intento de Sullivan y Jeffreys (2002) de construir un contencioso contra la prostitución legal, el informe de Raymond (2004) sobre clientes y el artículo de Farley (2006) que afirma que la violencia en la prostitución es «normativa» (pp 104, 105).

Cuando los prohibicionistas citan los hallazgos de otros investigadores, a veces distorsionan los resultados y afirman exactamente lo contrario de lo que encontraron los investigadores citados. Por ejemplo, Farley (2008) afirmó que los clientes habituales «respaldaban firmemente los mitos sobre la violación» (p. 43), y citó un estudio de Monto y Hotaling (2001) para respaldar esta afirmación. Monto y Hotaling informaron solo que los clientes habituales eran más propensos que otros clientes a aceptar los mitos de la violación, no que los respaldaran firmemente, y Farley no mencionó el hallazgo más importante de este estudio: que los clientes en general no estaban dispuestos a respaldar los mitos de la violación: Monto y Hotaling encontraron «bajos niveles de aceptación de mitos de violación» (p. 275) entre la gran muestra de clientes estudiados.

Al tratar de argumentar que la prostitución en interiores victimiza a las mujeres en la misma medida que la prostitución callejera, Farley (2006) informó que un estudio británico de Church et al. (2001) encontró que las trabajadoras en lugares cerrados (residencias privadas, saunas) reportaron más intentos de violación que las trabajadoras de la calle. De hecho, el estudio de Church informó lo contrario: que el 28% de las trabajadoras de la calle dijeron que alguna vez habían experimentado un intento de violación, en comparación con el 17% de las trabajadoras de interiores. Además, Farley no mencionó que las prostitutas de la calle tenían 11 veces más probabilidades de haber sido violadas: según Church et al., el 22% de la muestra de la calle en comparación con solo el 2% de la muestra del interior había sido violada mientras estaba en el trabajo. Este ejemplo es un caso claro de invertir e ignorar hallazgos que contradicen los argumentos propios.

Los prohibicionistas también tienden a minimizar los resultados de otros investigadores. Cuando se le preguntó acerca de los estudios de clientes de prostitutas, Raymond (2008b) comentó que «lo que hemos visto en algunos de los estudios, los estudios de Monto, por ejemplo, donde ha entrevistado a compradores, es que muchos hombres falsifican la verdad» (págs. 60-61). Monto no ha hecho tal sugerencia en sus publicaciones (ver Monto 2004, 2010). Además, la afirmación de Raymond supone no solo que ella sabe cuál es la verdad, sino también que tiene evidencia de que los hombres están haciendo declaraciones falsas. Farley (2007) citó los hallazgos de Brents y Hausbeck (2005) de que las mujeres que trabajan en los burdeles legales de Nevada se sienten seguras en el trabajo, pero arroja dudas sobre este hallazgo al argumentar que «la seguridad es relativa, dado que toda la prostitución está asociada con una alta probabilidad de violencia ”(Farley, p. 20). Este movimiento, de nuevo, refleja una tendencia a lo largo de la literatura de opresión a descartar la evidencia que contradice sus principios centrales.

Ahora paso a un tema final que ha recibido mucha atención de quienes trabajan dentro del paradigma de la opresión: los efectos de la legalización.

 

La cuestión de la legalización

Comprometidos con una estricta política prohibicionista, los teóricos de la opresión han sido muy críticos con las naciones que han despenalizado el trabajo sexual (eliminándolo del derecho penal) o han adoptado algún tipo de legalización (por ejemplo, investigación y registro por parte del gobierno de propietarios de negocios, licencias de trabajadoras, requisitos de salud como el uso obligatorio del condón, visitas periódicas al burdel por parte de funcionarios, restricciones de zonificación). El argumento es que la despenalización y la legalización solo harán la situación peor que en un régimen de penalización. Como Raymond (2003) ha declarado, «en lugar de abandonar a las mujeres en la industria del sexo a la prostitución patrocinada por el estado, las leyes deberían combatir la depredación de los hombres que compran mujeres» (p. 326). Para los prohibicionistas, la legalización simbólicamente otorga un sello oficial de aprobación a una institución vil y crea lo que ellos llaman una cultura de prostitución, en la cual las transacciones sexuales comerciales se hacen aceptables:

Cuando desaparecen las barreras legales, también lo hacen las barreras sociales y éticas para tratar a las mujeres como mercancía sexual. La legalización de la prostitución envía el mensaje a las nuevas generaciones de hombres y muchachos de que las mujeres son productos sexuales y que la prostitución es una diversión inofensiva. (Raymond, pág. 322)

Estas objeciones morales a la prostitución podrían aplicarse fácilmente a los anuncios comerciales y a la industria del entretenimiento en general, donde la cosificación sexual de las mujeres es generalizada.

Además del crecimiento de una cultura de prostitución que devalúa a las mujeres, los autores prohibicionistas identifican una letanía de problemas específicos que asocian con la prostitución legal. Revisaré cada una de estas afirmaciones a continuación.

Afirmación 1 Los niveles de violencia y explotación inevitablemente aumentan en las jurisdicciones donde la prostitución ha sido legalizada y regulada:

Legitimar la prostitución como trabajo simplemente ha funcionado para normalizar la violencia y el abuso sexual que [las trabajadoras] experimentan a diario … La prostitución legalizada es abuso de mujeres respaldado por el gobierno (Sullivan 2005, p. 23).

Sullivan ha ido tan lejos como para afirmar que «la prostitución nunca puede ser segura» (p. 18).

Tal inevitabilidad es un artículo de fe, no una conclusión de evidencia empírica. De hecho, hay evidencia que desafía esta afirmación. Una década de investigación sobre burdeles legales en Nevada (Brents y Hausbeck 2005) ha concluido que los burdeles «ofrecen el ambiente más seguro disponible para que las mujeres vendan actos sexuales consensuados por dinero» (p. 289). Una investigación realizada por el Ministerio de Justicia en los Países Bajos (Daalder 2004) encontró que la «gran mayoría» (p. 30) de las trabajadoras en burdeles y ventanas holandeses informaron que «a menudo o siempre se sienten seguras» (p. 30). Del mismo modo, en Queensland, Australia, «No hay duda de que los burdeles con licencia proporcionan el ambiente de trabajo más seguro para las trabajadoras sexuales … Los burdeles legales que ahora operan en Queensland proporcionan un paradigma sostenible para una industria legal de burdeles con licencia saludable, libre de delitos y segura”(Comisión de Delitos y Mala Conducta 2004, p. 75; ver también Sullivan 2008). De las 101 trabajadoras de burdeles de Queensland entrevistadas, el 97% sintió que una ventaja de trabajar en un burdel legal era su seguridad (Woodward et al. 2004). En cada uno de estos contextos, los burdeles emplean precauciones de seguridad (p. ej., detección, vigilancia, sistemas de alarma, dispositivos de escucha) que reducen la probabilidad de abuso por parte de los clientes, y el estatus legal pretende cambiar el papel de la policía al de una intervención de protección en caso de problemas.

Ninguna de estas pruebas está destinada a romantizar los sistemas legales de prostitución. Trabajar en un sistema de este tipo no afecta a las participantes monolíticamente: las personas difieren en sus sentimientos sobre el trabajo, en la proporción entre experiencias negativas y positivas con los clientes y las relaciones con los gerentes, y en la satisfacción con las reglas y regulaciones. Además, los sistemas legales varían según el contexto nacional, con burdeles en los países desarrollados que difieren de los del Tercer Mundo. En este último, los establecimientos legales pueden tener menos comodidades y precauciones de seguridad que las de los países más desarrollados. Incluso en el Tercer Mundo, las trabajadoras legales pueden experimentar una mayor autoestima debido a mayores ganancias, falta de hostigamiento policial u otras mejoras en relación con sus experiencias de vida anteriores. Este efecto ha sido documentado en investigaciones en México y el Caribe (Kelly 2008; Martis 1999).

Afirmación 2 La legalización conduce a la proliferación de la prostitución. Según Raymond (2003), la legalización «alienta a los hombres a comprar mujeres para tener sexo» (p. 322) porque hace que el sexo remunerado sea más aceptable socialmente. Tal afirmación es difícil de justificar, dada la ausencia de datos sólidos sobre el consumo de prostitución antes y después de la legalización. Sin embargo, una evaluación de la cantidad de prostitución antes y después de la legalización en Nueva Zelanda en 2003 encontró que «el número de trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda no ha aumentado como resultado de la aprobación de la PRA [Ley de Reforma de la Prostitución, 2003]» (PLRC 2008, p. 29; ver también Abel et al.2009). Sin embargo, reconociendo la dificultad de contar a las personas involucradas en este comercio, este estudio oficial informó que el número de trabajadoras parece haber disminuido desde la legalización, de aproximadamente 5.932 en 2003 a 2.232 en 2007 (PLRC 2008). La conclusión central fue que la legalización no conduce inevitablemente a la proliferación, como afirman los teóricos de la opresión.

Sin embargo, Raymond (2008b) ha ido más allá al afirmar que la prostitución legal aumenta la demanda de prostitución ilegal y de experiencias sexuales perversas:

Un sistema despenalizado les da a los hombres más derecho a salir del país porque no quieren el sexo legal de variedad de jardín que se les ofrece; quieren las actividades sexuales más transgresoras, sexo con niños, sexo con otras personas que no pudieron obtener en los burdeles legales … Promueve el derecho al sexo no legal. (págs. 74–75)

No hay evidencia que respalde esta afirmación.

Raymond (2003) ha argumentado que la legalización necesariamente aumenta la prostitución de menores, pero los sistemas bien monitoreados ofrecen evidencia en contra. En Nueva Zelanda, por ejemplo, una evaluación del gobierno (PLRC 2008) concluyó que «no considera que la PRA [Ley de Reforma de la Prostitución] haya aumentado la participación de menores en la prostitución» (p. 102). Otros sistemas legales (por ejemplo, Holanda, Australia) tienen un requisito de edad mínima y una prohibición de tener menores presentes en un lugar donde se realiza trabajo sexual. Un reciente informe del gobierno sobre los Países Bajos (Daalder 2007) concluyó que «parece que casi no hay prostitución de menores en el sector con licencia» y «los inspectores se encuentran con prostitutas menores de edad de manera muy incidental» (p. 86). Además, pocas de las trabajadoras actuales comenzaron a vender sexo como menores: solo el 5% (de una muestra de 354 prostitutas) lo había hecho cuando tenían menos de 18 años.

Afirmación 3 La legalización facilita y aumenta la trata sexual en la jurisdicción donde la prostitución es legal. La prostitución legalizada es «una de las causas fundamentales de la trata sexual» (Raymond 2003, p. 317), y «donde la prostitución es legal, la trata sexual procedente de otros países aumenta significativamente en negocios sexuales tanto legales como ilegales en la región» (Farley 2007, p. 118). El informe de Farley (2007) sobre prostitución legal en Nevada se basa en rumores para respaldar esta afirmación:

Las mujeres son tratadas desde otros países a los burdeles legales de Nevada… En Nevada, el 27 por ciento de nuestras 45 entrevistadas en los burdeles legales de Nevada creían que había inmigrantes indocumentadas en los burdeles legales. Otro 11 por ciento dijeron que no estaban seguras, por lo tanto, hasta el 38 por ciento de las mujeres que entrevistamos pueden haber sabido de mujeres tratadas internacionalmente en prostitución legal de burdeles de Nevada. (págs. 118, 119, énfasis añadido)

Otra forma de informar este supuesto hallazgo es que hasta el 62% creía que las mujeres no eran tratadas a los burdeles, mientras que el resto no tenía una opinión o creía que los burdeles tenían inmigrantes indocumentadas, mujeres que no necesariamente eran tratadas. En otra parte del informe, Farley (2007) declaró que algunas mujeres en un burdel le dijeron que las mujeres en otro burdel habían sido tratadas desde China. En lugar de tratar esta información como un rumor, Farley la presentó como objetiva y llamó a las mujeres que le contaron esta historia «testigos», prestando a sus declaraciones un aura de credibilidad.

La prostitución ha sido legal en Victoria, Australia, desde 1984. En su crítica de la situación victoriana, Sullivan y Jeffreys (2002) han afirmado que la trata «parece haberse disparado» (p. 1145), pero luego declararon que esto es puramente anecdótico. No hay evidencia que respalde la afirmación de que la legalización aumenta la trata en Victoria o en otros lugares de Australia. Además, las evaluaciones recientes del gobierno australiano (Comité Parlamentario Conjunto 2004) y de organizaciones independientes han concluido que la trata no era un problema significativo en Australia. Como informó una evaluación,

Las cifras de trata son bajas principalmente debido al aislamiento geográfico del país, combinado con un control muy estricto de inmigración y fronteras. Existen canales legales para la migración hacia la industria del sexo, lo que reduce la necesidad de que las migrantes dependan de los sindicatos del crimen organizado o los tratantes (Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres 2007, p. 29).

Para aquellas que migran a Australia en busca de trabajo,

la mayoría de las mujeres saben que trabajarán en la industria del sexo y, a menudo, deciden venir a Australia con la creencia de que podrán ganar una cantidad sustancial de dinero … Pocas de las mujeres se considerarían a sí mismas esclavas sexuales (Meaker 2002, pp. 61, 63).

De manera similar, la reciente investigación del gobierno de Nueva Zelanda (PLRC 2008) ha informado que «el servicio de inmigración no ha identificado situaciones que involucren trata en la industria del sexo» (p. 167), y que «no hay un vínculo entre la industria del sexo y trata de personas ”(p. 167) en el país. La prostitución es legal en Nueva Zelanda.

De hecho, una mayor regulación gubernamental puede disminuir la trata debido a una mayor supervisión y transparencia de la industria del sexo legal. En los Países Bajos, un informe del Ministerio de Justicia (Daalder 2007) concluyó que, desde la legalización en 2000, «es probable que la trata de seres humanos se haya vuelto más difícil, porque la aplicación de las regulaciones ha aumentado» (p. 84). Cuando la prostitución es ilegal, lo contrario parece ser cierto:

Los tratantes se aprovechan de la ilegalidad del trabajo sexual comercial y la migración, y pueden ejercer una cantidad indebida de poder y control sobre [las migrantes] … En tales casos, son las leyes que impiden tanto el trabajo sexual comercial como la inmigración legales las que constituyen los principales obstáculos (Kempadoo 1998, p. 17).

Relacionado con la afirmación de la trata está el argumento de que la legalización aumenta la participación del crimen organizado: «El crimen organizado es inherente en toda la industria» (Sullivan 2005, p. 4). Aunque la delincuencia organizada puede ser un problema en cualquier industria, las posibilidades de que la delincuencia organizada se elimine aumentan como resultado de una supervisión gubernamental mejorada, como la verificación de antecedentes penales de los propietarios, la certificación periódica de las empresas y las visitas periódicas de los funcionarios. En Queensland, Australia, una evaluación del gobierno (CMC 2004) concluyó que el crimen organizado había sido eliminado en gran medida en los burdeles legales; en Nueva Zelanda, un estudio del gobierno (PLRC 2008) no encontró evidencia de participación criminal en la prostitución. Como Murray (1998) ha señalado, «es la prohibición de la prostitución y las restricciones a los viajes lo que atrae al crimen organizado y crea las posibilidades de obtener grandes ganancias, además de crear la necesidad de protección y asistencia de las prostitutas» (pág. 60). El crimen organizado prospera (y otros daños se amplifican) en condiciones donde el vicio es ilegal y no está regulado, como la prohibición de las drogas y el alcohol, los juegos de azar, etc.

Afirmación 4 Las mujeres que venden sexo no quieren que la prostitución sea despenalizada o legalizada. Raymond (2003) ha afirmado que las trabajadoras no quieren que la prostitución sea «considerada un trabajo legítimo» (p. 325) y cree que «la legalización crearía más riesgos y daños para las mujeres por parte de clientes y proxenetas ya violentos» (p. 325). Estas afirmaciones son contradictorias; ¿Por qué las trabajadoras no preferirían que su trabajo fuera legitimado y por qué creerían que la legalización aumentaría el riesgo de daños? Además, los pocos estudios que han preguntado a las trabajadoras sexuales sobre la despenalización o la legalización (por ejemplo, Farley et al. 2003) han encontrado porcentajes significativos que respaldan los cambios legales. Como se indicó anteriormente en este artículo, muchas de las trabajadoras sexuales en el estudio de Farley et al. estaban a favor de la legalización: resultados que contradicen directamente la afirmación mencionada anteriormente de Raymond.

Algunas trabajadoras sexuales se oponen a ciertos tipos de controles legales, especialmente si perciben que esos controles interfieren con su libertad (Weitzer 1999). Sin embargo, otras ven claramente que al menos algunos tipos de regulación sirven a sus intereses, incluidos los derechos laborales y el empoderamiento para denunciar delitos o violaciones de códigos a las autoridades. En Nueva Zelanda, la ley de despenalización de 2003 otorgó a las trabajadoras numerosos derechos, aumentó su disposición a denunciar problemas a la policía y «aumentó la confianza, el bienestar y un sentido de validación» (PLRC 2008, p. 50) porque el trabajo sexual ya no era ilegal. Un estudio del gobierno concluyó que «despenalizar la prostitución hizo que las trabajadoras sexuales se sintieran mejor consigo mismas y con lo que hacían» (PLRC, p. 49). La investigación en otros contextos con prostitución legal, citada en la Afirmación 1, proporciona evidencia de las opiniones positivas de las trabajadoras sexuales sobre al menos ciertos aspectos de estos regímenes legales.

Además de afirmar que hay daños específicos inherentes a la prostitución legal, los prohibicionistas también rechazan la legalización debido a presuntas fallos fundamentales. Los problemas no pueden mejorarse, según estos escritores, porque son inherentes a la prostitución. Se han presentado acusaciones radicales: «La experiencia de Victoria disipa la afirmación de que la legalización empodera a las mujeres» (Sullivan y Jeffreys 2002, pag.1144). Raymond (2008a) ha argumentado que «la despenalización del sector de la prostitución es una política fallida» (p. 20), y busca desafiar lo que ella describió como una «ficción popular de que todo irá bien en el mundo de la prostitución una vez que la industria del sexo sea legalizada «(Raymond 2003, pag. 326). Ningún estudioso serio ha afirmado que todo estará bien con la despenalización, pero los estudios citados anteriormente han demostrado que la despenalización puede fomentar la reducción de daños.

 

Implicaciones políticas

En su conjunto, los problemas identificados en este artículo ponen de manifiesto muchas debilidades en el paradigma de la opresión. Sin embargo, a pesar de estos innumerables problemas, este paradigma ha sido sorprendentemente influyente durante la última década en la configuración de las políticas públicas en los EE. UU. y en otros lugares: un ejemplo de libro de texto de un marco empírico sin respaldo que afecta con éxito la política estatal. En las siguientes secciones, proporcionaré algunos ejemplos de cómo el paradigma de la opresión ha permeado el discurso popular y moldeado los recientes debates y resultados de políticas públicas (ver también Agustin 2007; Stolz 2005; Weitzer 2007).

Los medios de comunicación a menudo informan de los resultados de estudios de prohibicionistas, por lo general sin crítica y a veces con titulares sensacionales. El informe de Farley (2007) sobre los burdeles legales de Nevada, por ejemplo, recibió una atención generalizada después de que el columnista del New York Times Bob Herbert (2007a, b) escribiera artículos de opinión alabando su trabajo. Uno de sus artículos (2007b) se refería a la prostitución como un «espectáculo de terror», declaró que «la prostitución legalizada se trata de la degradación», y abrazó muchos otros mitos sobre el comercio sexual. El estudio escocés descrito anteriormente (Macleod et al. 2008) obtuvo un titular en el Daily Record (Brown 2008) que decía «Industria del sexo en Escocia: dentro de las mentes ofuscadas de los puteros», así como un artículo alarmista que decía: » El Record reveló ayer una encuesta impactante que mostró que los hombres no estaban al tanto del daño que causaron al comprar sexo… La portavoz de justicia del Partido Laborista Pauline McNeill instó al gobierno a no descartar propuestas para tratar a los hombres atrapados usando prostitutas como delincuentes sexuales «. (Gardham 2008). Estos son solo dos ejemplos de la cobertura favorable y sensacionalista dada a los estudios que destacan los daños de la prostitución.

Debido a los informes de los medios de comunicación y a la intensa presión de lobby de los grupos de activistas, las denuncias prohibicionistas a menudo obtienen una audiencia favorable en los círculos gubernamentales. El gobierno británico, por ejemplo, adoptó el informe Big Brothel del Proyecto Poppy (2008). La Ministra de Mujeres e Igualdad, Harriet Harman, declaró: «La prostitución es el abuso y la explotación de las mujeres por parte de los hombres, y esta importante investigación resalta las tristes realidades del llamado comercio de calle en la capital» (4 de septiembre , 2008, comunicado de prensa del Proyecto Poppy, en posesión del autor). Los prohibicionistas han presionado con éxito a legisladores y otros funcionarios gubernamentales en todo el mundo. Por ejemplo, estuvieron involucrados en la aprobación de la ley sueca de 1999 que criminalizaba unilateralmente a los clientes de prostitutas, y han presionado a otros gobiernos para que adopten la legislación sueca (Scoular 2004), que se está considerando seriamente en el Reino Unido y en otros lugares (Dodillet 2004 ; Kantola y Squires 2004; Outshoorn 2001).

Las propuestas para despenalizar la prostitución se han encontrado con una fuerte oposición. Un ejemplo reciente es Bulgaria, donde el plan del gobierno para legalizar la prostitución en 2007 fue revertido después de una intensa presión de lobby por parte de las fuerzas antiprostitución (Kulish 2007). La propuesta electoral de 2008 de San Francisco (Proposición K), que habría despenalizado la prostitución, encontró resistencia similar y no pudo obtener el apoyo. Tal oposición no siempre es exitosa, como se evidencia en Nueva Zelanda y Australia Occidental. En los debates parlamentarios sobre estos proyectos de ley de legalización, la oposición articuló los principios clave del paradigma de la opresión, con algunos miembros del parlamento citando los escritos de las principales prohibicionistas por su nombre, incluidas Janice Raymond, Mary Sullivan y Sheila Jeffreys (ver Weitzer 2009a).

La legalización ha sido un tema polarizador no solo en los estados nacionales individuales sino también para los cuerpos políticos internacionales. Un ejemplo es un informe reciente presentado al Parlamento Europeo por la Comisión parlamentaria de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, producto de la presión de lobby de grupos prohibicionistas. El informe dice:

Para aquellos que desean ver la prostitución como cualquier otra profesión, ¿cómo enfrentarán estas devastadoras consecuencias para la salud? Para aquellos que desean ver la legalización como una forma de proteger a las mujeres que venden sexo, ¿cómo podemos controlar la afluencia de víctimas de la trata, que es una consecuencia inmediata de la legalización de la demanda? Pero lo más importante es cómo debemos enfrentar el mayor problema: que independientemente de la situación legal de la industria del sexo, las devastadoras consecuencias para la salud de las mujeres que venden sexo son inherentes al negocio como tal… La industria del sexo, legalizada o regulada, es en sí misma una forma sistemática de violencia hacia las mujeres: la violencia es una parte integral de las cosas que se espera que hagan las mujeres prostituidas en su práctica diaria… Legalizar la prostitución es legalizar esta violencia sistemática, y esos países que han legalizado la prostitución han estimulado la demanda y aumentado el mercado de la trata (Carlshamre 2008).

Durante la administración Bush (2001–2008), el gobierno de los Estados Unidos adoptó plenamente el paradigma de la opresión (Soderlund 2005; Stolz 2005; Weitzer 2007). Durante esos años, las publicaciones y sitios web oficiales (del Departamento de Estado de EE. UU., del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., etc.) citaron y proporcionaron enlaces a los escritos de activistas prohibicionistas. Incluso la terminología fue examinada por las agencias gubernamentales: los Institutos Nacionales de Salud instruyeron a los funcionarios y solicitantes de subvenciones para que no usaran el término trabajo sexual (Epstein 2006), al igual que el Departamento de Estado de los EE. UU., que aconsejó al personal usar en su lugar la frase “mujeres utilizadas en prostitución” (Parameswaran 2006).

La administración Bush también dispensó generosas donaciones a organizaciones e individuos prohibicionistas para escribir informes y realizar investigaciones, incluidos CATW, Janice Raymond, Donna Hughes y Melissa Farley (Fiscal General 2004, 2005). Un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos (2006) planteó preguntas sobre esta financiación, citando la preocupación del Inspector General del Departamento de Estado con “las credenciales de las organizaciones y los resultados de la investigación que financió la Oficina de Trata” (p. 25). Al mismo tiempo, el gobierno negó la financiación a organizaciones que se negaron a firmar una promesa de antiprostitución (Fisher 2005). Una reciente Solicitud de Propuestas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos estipuló que todos los solicitantes de fondos para investigar la trata deben certificar que «no promueven, apoyan o defienden la legalización o la práctica de la prostitución» (National Institute of Justice 2007, p. 4 )

Los ejemplos antes mencionados son solo algunas de las formas en que los defensores del paradigma de la opresión han moldeado con éxito las políticas públicas en los últimos años. El resultado es que las políticas de prostitución se están divorciando cada vez más de una investigación sólida basada en los cánones estándar de la investigación científica. La política de prostitución no es única en este sentido; La moral y el dogma también han superado a la ciencia en las políticas recientes sobre células madre, prevención del VIH y programas de intercambio de agujas (Buchanan et al. 2003; di Mauro y Joffe 2007; Epstein 2006). Sin embargo, en el caso de la prostitución, la política ha cambiado drásticamente y en poco tiempo, como resultado directo de la presión de lobby de activistas y académicos que han adoptado el paradigma de la opresión (Weitzer 2007).

 

Conclusión

El paradigma de la opresión es unidimensional y esencialista. Aunque la explotación y otros daños están ciertamente presentes en el trabajo sexual, existe una variación suficiente en el tiempo, el lugar y el sector para demostrar los defectos fatales de este paradigma. Una perspectiva alternativa, lo que yo llamo el paradigma polimorfo, sostiene que existe una constelación de configuraciones ocupacionales, relaciones de poder y experiencias de las trabajadoras dentro del ámbito de los servicios y actuaciones sexuales remunerados. Este paradigma es sensible a las complejidades y a las condiciones estructurales que resultan en la distribución desigual de la autonomía y la subordinación (Cusick 2006; O’Connell Davidson 1998; Shaver 2005; Weitzer 2009b).

Dentro de la academia, un número creciente de académicos está investigando varias dimensiones del trabajo sexual, en diferentes contextos, y sus estudios han documentado una variación sustancial en cómo las trabajadoras, los clientes y los gerentes organizan y experimentan el trabajo sexual (ver Weitzer 2009b, para una revisión ) Tales diferencias también son evidentes en los escritos de las propias trabajadoras sexuales, que contribuyen a los foros de discusión en línea. Juntos, estos estudios y escritos complementarios ayudan a socavar los mitos populares sobre la prostitución y desafían a aquellos escritores que adoptan el paradigma de la opresión monolítica. La victimización, la explotación, la elección, la satisfacción laboral, la autoestima y otras dimensiones deben tratarse como variables (no constantes) que difieren según el tipo de trabajo sexual, la ubicación geográfica y otras condiciones estructurales y organizativas.

 

NOTAS

1.- Los prohibicionistas también son llamados a veces abolicionistas o feministas radicales.

2.- Se podría argumentar que el término comprar mujeres cosifica a las mujeres que trabajan en la prostitución tratándolas como mercancías en lugar de como personas que prestan un servicio sexual.

3.- Además de la falta de documentación que respalde esta declaración, la misma es problemática porque los términos regularmente y asesinos (que suenan como una tendencia innata) son opacos.

4.- Igualmente cosificante es la afirmación general de Farley (2006), «Ella misma y las cualidades que la definen como individuo se eliminan en la prostitución y ella representa la parte de la cosa que él quiere que sea ”(p. 122).

5.- Las trabajadoras sexuales de interior son aquellas que realizan cualquier tipo de trabajo sexual detrás de puertas cerradas, en lugar de en la calle.

6.- Estas incluyen las dos organizaciones más prominentes: la Coalition Against Trafficking in Women (encabezada por Janice Raymond) y Prostitution Research and Education (dirigida por Melissa Farley) así como grupos menos conocidos como la Chicago Alliance Against Sexual Exploitation y Standing Against Global Exploitation. Para un estudio de la ideología de una organización prohibicionista (Council on Prostitution Alternatives in Portland), ver Davis (2000).

7.- Un ejemplo es el artículo de revisión de la ley de Yen (2008) sobre los clientes de prostitutas, que está llena de afirmaciones sin fundamento y se basa casi exclusivamente en la literatura prohibicionista. Yen ha combinado prostitución y trata sexual, se ha referido a la «verdad fea de la industria del sexo comercial «(p. 676), ha escrito que la prostitución es la «opresión de la mujer» (p. 678), y ha descrito naciones donde la prostitución es legal por haber «legitimado la opresión de las mujeres» (p. 680).

8.- Por ejemplo, según Farley (2004), la violencia es «la norma para mujeres en todo tipo de prostitución ”(p. 1.094). Un estudio de Chicago (Raphael y Shapiro, 2004) ha afirmado que «la violencia prevalecía tanto en lugares de prostitución de interior como de exterior «(pág. 133), sin embargo, los autores fusionaron las cifras sobre victimización en el trabajo y fuera del trabajo (por sus parejas domésticas y otros), inflando así artificialmente las tasas de victimización en el trabajo y permitiendo a los autores afirmar falsamente que la violencia prevaleció en lugares de prostitución bajo techo. Un alto porcentaje de la violencia fue ejercido por las parejas domésticas.

9.- Copia impresa en posesión del autor.

10.- En el estudio escocés (Macleod et al. 2008), los entrevistados fueron reclutados con un anuncio en el periódico preguntando: “¿Alguna vez ha sido cliente de una prostituta? Al equipo internacional de investigación le gustaría escuchar sus opiniones «. En el estudio de Chicago (Durchslag y Goswami 2008), el anuncio decía:»La organización de investigación con sede en Chicago está buscando entrevistar a hombres que han pagado por sexo comercial». El anuncio no reveló que la organización de investigación en cuestión era la Alianza de Chicago contra la Explotación Sexual, información que podría haber reducido la tasa de respuesta.

 

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El triste estado de la investigación académica sobre la trata sexual

Por Daniel Pryor

 

19 de julio de 2017

 

https://www.adamsmith.org/blog/the-sorry-state-of-sex-trafficking-research

 

El mes pasado, tuvo lugar en Irlanda del Norte el primer juicio a un acusado de pagar por servicios sexuales (delito equiparado a crímenes violentos). Después de haber adoptado el «modelo nórdico» de penalización de la compra de sexo en junio de 2015, Irlanda del Norte parece haber inspirado a los políticos del Partido Nacional Escocés para abogar por un enfoque similar en Escocia. El debate sobre la legislación referida al trabajo sexual también se agudiza en el resto del Reino Unido, donde se están logrando progresos marginales en algunas áreas.

La investigación sobre el impacto de las diferentes formas de legislación sobre el trabajo sexual y la trata sexual es un área fascinante, pero muy problemática. La prevalencia de la trata sexual y su relación con diferentes regímenes legales relacionados con el trabajo sexual es uno de los principales campos de batalla para aquellos que buscan la reforma, y ​​es difícil encontrar evidencia confiable sobre este tema tan emotivo.

Un nuevo artículo (1) publicado en línea la semana pasada por el sociólogo Ronald Weitzer —que escribió un excelente artículo (2) sobre la política del trabajo sexual y el tráfico sexual en 2011— da una nueva perspectiva del lamentable estado de la literatura académica sobre estos temas. En primer lugar en su lista de agravios está la falta de fiabilidad de los datos que se utilizan a menudo:

Utilizando información sobre 161 países de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Cho et al. (2013) y Jakobsson y Kotsadam (2013) intentaron determinar si las leyes nacionales de prostitución estaban relacionadas con la prevalencia de la trata de personas. Sin embargo, la ONUDD había advertido de que no se utilizaran sus cifras ni para una nación ni para un estudio comparativo transnacional, ya que «el informe no proporciona información sobre el número real de víctimas» (ONUDD 2006, pp. 37, 44-45). El aviso de la ONUDD se basaba en que las definiciones de trata varían de unos países a otros (algunos de los cuales amalgaman trata, paso ilegal de personas e inmigración irregular); la generalizada falta de transparencia en la recopilación de datos y la presentación de informes; y la dependencia de diferentes fuentes en los 161 países (medios de comunicación, institutos de investigación, agencias gubernamentales, ONGs, OIs). Para algunos países, sólo una de estas fuentes estaba disponible. Los autores reconocen que «los datos subyacentes pueden ser de mala calidad» y son «limitados e insatisfactorios de muchas maneras» (Jakobsson y Kotsadam, 1993, p.93) y que es «difícil, quizás imposible, encontrar pruebas sólidas» de una relación entre la trata y cualquier otro fenómeno (Cho et al., 2013, p.70). No obstante, tratan el informe de la ONUDD como una fuente de datos y extraen conclusiones profundas sobre la relación entre la trata de personas y las leyes nacionales de prostitución, concluyendo que la trata de personas es más frecuente en los países con prostitución legal que en los países donde la prostitución está penalizada.

Datos defectuosos son sólo la punta del iceberg. En el caso de los dos estudios citados anteriormente, el enfoque de los autores para el diseño del estudio también deja mucho que desear:

Se utiliza un diseño de sección transversal (en un solo punto de tiempo) para medir algo que debe examinarse longitudinalmente: la cantidad de trata antes y después de la legalización. Este último enfoque requeriría cifras de referencia fiables para comparar con cifras recientes fiables, ninguna de las cuales existe.

Los autores usan estimaciones agregadas de la trata nacional (que combinan trata laboral, trata sexual y otros tipos de trata) en su intento de evaluar si la prostitución legal marca una diferencia. Esto significa que existe una gran discrepancia entre las cifras de trata y las leyes de prostitución: al evaluar si las leyes de prostitución están relacionadas con la incidencia de la trata, se deben usar solamente cifras sobre la trata sexual, no las cifras totales para todos los tipos de trata. 

Es muy posible que las naciones donde algún tipo de prostitución es legal puedan tener mejores mecanismos para detectar la trata sexual, una variable que falta en ambos estudios.

Un estudio posterior de Cho (2016) utilizando una fuente de datos diferente contiene otro error garrafal. “Utiliza información sobre el nivel de protección de las víctimas de trata de personas (en general) en los países, para correlacionarla con el hecho de que la prostitución esté o no permitida en un país”. ¿La justificación para este truco?

Sin citar ninguna fuente, Cho afirma que «la prostitución está estrechamente ligada a la trata de personas, porque la trata sexual con fines de prostitución es la forma más común de trata de personas y constituye la mayor parte de las víctimas de trata» (Cho 2016, pp. ). Esta afirmación es contradicha por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Según la OIT, «la explotación sexual comercial forzada representa el 11% de todos los casos» de trabajo forzado en todo el mundo (OIT 2005, p.12), y el Departamento de Estado declara que «la mayor parte de la trata de personas en el mundo toma la forma de trata laboral «(USDS 2010, págs. 8-9).

Todos estos problemas son endémicos en el campo de la investigación sobre la trata sexual. El trabajo de Weitzer podría no ser más que un interesante ejercicio académico sobre los peligros del uso de datos de baja calidad y pobre metodología de investigación, si no fuera por el hecho de que las leyes que se promulgan sobre la base de los dos estudios anteriores están haciendo daño a las mujeres marginadas:

… estos dos estudios fueron adoptados por políticos y legisladores en varios países y sirvieron para justificar nuevas leyes de criminalización.

Weitzer también ofrece algunas reflexiones sobre cómo el estado actual de la investigación y el debate público basado en la misma puede persistir sin que se le haga una crítica significativa:

Es fácil hacer afirmaciones generales y desenfadadas sobre la trata y la prostitución cuando 1) faltan datos sólidos, 2) los medios de comunicación se limitan a recapitular afirmaciones «oficiales» sin cuestionarlas o verificarlas, 3) los expertos que cuestionan las afirmaciones oficiales son ignorados o denunciados, y 4) las participantes en el comercio sexual son altamente estigmatizadas y marginadas. Este patrón desafortunado puede verse tanto en las naciones prohibicionistas (por ejemplo, Suecia) como en las naciones que tienen que hacer frente a la oposición a sus actuales leyes [comparativamente] liberales (por ejemplo, Alemania y los Países Bajos).

Estoy seguro de que los lectores de este blog miran todos los titulares de los medios sensacionalistas con un ojo crítico. Sin embargo, cuando se trata de historias alarmistas sobre la epidemia de trata sexual y los acompañantes llamamientos a implantar el «modelo nórdico», se debe tener precaución adicional.

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1.- https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-55973-5_4

https://books.google.es/books?id=Y9ksDwAAQBAJ&pg=PA47&dq=Legal+Prostitution+Systems+in+Europe+weitzer&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjTjeX0ksrVAhWrCcAKHTYcDtMQ6AEIJjAA#v=onepage&q=Legal%20Prostitution%20Systems%20in%20Europe%20weitzer&f=false

2.- http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=7413&context=jclc

 

 

 

Feminismo y prostitución: la persistencia de una amarga disputa

Debate Feminista

Volume 51, June 2016, Pages 18–35

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188947816300287

 

Resumen

La liberalización de las costumbres sexuales en el capitalismo tardío, junto con la desregulación neoliberal de los mercados, alentó la expansión de un mercado sexual donde algunos negocios funcionan de manera criminal, como ocurre con la trata de personas. En estas páginas reflexiono sobre la contraposición entre las feministas que impulsan el nuevo abolicionismo y las que abogan a favor de reconocer nuevas formas de organización del trabajo y de los derechos laborales para las personas que llevan a cabo trabajo sexual. Tal oposición es una expresión significativa de las “guerras en torno a lsexualidad” (Sex Wars) que se han venido dando sobre todo en Estados Unidos en paralelo con el desarrollo del feminismo y cuya influencia teórica y política ha enmarcado el debate feminista en todo el mundo. A ello se suma el giro punitivo de la política criminológica y judicial sobre el comercio sexual, que ensancha aún más la fractura política entre las feministas.

 

Palabras clave

  • Comercio sexual;
  • Trata de personas;
  • Feminismo;
  • Neoliberalismo;
  • Sex Wars

 

Las “guerras en torno a la sexualidad”

En el capitalismo tardío, la búsqueda de placer sexual ha transformado el paradigma de la sexualidad y se ha pasado del sexo procreativo al sexo recreativo. En la sexualidad, y en concreto en las relaciones sexuales, se organiza la vida social y las personas son clasificadas según esquemas que valoran o estigmatizan ciertas prácticas y conductas. Por eso una relación sexual nunca es simplemente el encuentro de dos cuerpos, sino que también es una puesta en acto de las jerarquías sociales y de las concepciones morales de una sociedad (Illouz, 2014).

Desde finales de la década de 1960 e inicios de la de 1970, la libertad sexual de las mujeres fue una reivindicación sustantiva de la segunda ola feminista. Y desde muy temprano surgieron profundas diferencias en la conceptualización de la llamada “prostitución”.1 Si bien las Sex Wars han ocurrido principalmente en el movimiento feminista estadounidense, su influencia teórica y política ha enmarcado la disputa feminista en todo el mundo. Esto responde a lo que Bolívar Echeverría (2008) calificó como la “americanización de la modernidad”, o sea a que la tendencia principal de desarrollo en el conjunto de la vida económica, social y política es la americana. Por eso no es rara la americanización del debate feminista mundial, por el papel determinante que han tenido las publicaciones y el activismo de las feministas estadounidenses.

A finales de 1971, en una conferencia en Nueva York sobre “La eliminación de la prostitución” se dio una álgida confrontación entre feministas y trabajadoras sexuales, a la que asistió Kate Millet. Dicha confrontación dividió a las feministas, y algunas secundaron la postura reivindicativa del trabajo sexual de las hookers. Dos años después, Millet publicaría The Prostitution Papers, 2 donde consigna que “las feministas ven esta objetivización sexual como deshumanizante y degradante, y la degradación peor es la que experimentan las mujeres que venden sus cuerpos para ganarse la vida” (Millet, 1973, p. 13).3

Para esas feministas neoyorkinas el problema de fondo era la brutal comercialización de los cuerpos de mujeres por el patriarcado capitalista, mientras que del otro lado de la Unión Americana, en California, surgiría una distinta reflexión política: la necesidad de activismo a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales. En 1972, varias amas de casa —entre las que había lesbianas y prostitutas— fundan Whores, Housewives and Others (WHO) en California para luchar contra “la hipocresía de las leyes que controlan la sexualidad femenina, especialmente la prostitución” ( Chateauvert, 2013, p. 22). Diez años después, en 1982, la National Organization for Women formó un comité sobre derechos de las “prostitutas” al mismo tiempo que estalló la confrontación pública entre feministas durante la famosa Conferencia sobre Mujeres y Sexualidad, realizada en Barnard. 4 Dicha conferencia visibilizó públicamente las profundas diferencias entre las feministas que veían toda relación sexual (incluso la mercantil) como liberadora y las que la conceptualizaban como opresiva, y se exhibió la confrontación entre feministas pro-trabajadoras sexuales y feministas anti-prostitución. El contraste entre esas dos posturas se sostiene hasta la fecha.

El naciente movimiento de liberación de la mujer tendría gran impacto entre trabajadoras sexuales de muchos países. Entre 1975 y 1985, diversas organizaciones de “prostitutas” surgieron en Europa, casi siempre vinculadas a las feministas.5 Hacia mediados de la década de 1980, los grupos ya conectados entre sí empezaron a realizar foros y encuentros. En 1984 se llevó a cabo el Women’s Forum on Prostitutes Rights en Estados Unidos. En 1985 se realizó en Amsterdam el Primer Congreso Mundial de Prostitutas, y ahí mismo se fundó el International Committee on Prostitutes Rights (ICPR). Al segundo congreso, verificado en Bruselas en octubre de 1986, asistió Tatiana Cordero, de la Asociación de Mujeres Trabajadoras Autónomas de Ecuador que había surgido en 1982 en la provincia de El Oro y logró su estatus oficial en 1987 ( Abad, Briones, Cordero, Manzo y Marchán, 1998). Esta será la primera asociación con un proceso organizativo en América Latina; las demás despuntaron después, cuando se conformó la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe.6

En 1986, en una sesión del Parlamento Europeo, el debate sobre una resolución sobre la violencia contra las mujeres (documento A2-44/86), que incorporaba la distinción planteada por el International Committee on Prostitutes Rights (ICPR), entre el trabajo sexual en sí mismo y la violencia del tráfico de mujeres, y recogía no solo las demandas de autorrepresentación y protección de los derechos civiles de las “prostitutas”, sino además planteaba la exigencia a los gobiernos europeos de incluir a estas mujeres en sus deliberaciones sobre las políticas respecto a la prostitución, significó un triunfo parcial de las trabajadoras sexuales. Digo parcial, pues en la concepción que se hizo del problema se caracterizó la “prostitución” como una forma de explotación de las mujeres, y el documento quedó ambiguo: apoyaba el derecho de las mujeres a trabajar de “prostitutas”, pero al mismo tiempo hablaba de la necesidad de disuadirlas (Pheterson, 1989).

Mientras que los diputados conservadores manifestaban su indignación por que en el Parlamento “se le diera la palabra a las putas”, el grupo Women’s Organization for Equality (WOE), que reunía a feministas de varios países residentes en Bruselas y que se comunicaban entre sí en inglés, se juntó varias veces con el International Committe on Prostitutes Rights. Después de escuchar a las “prostitutas”, unas feministas aceptaron que si las propias mujeres insistían en trabajar y en que no habían sido engañadas, había que respetar su decisión, mientras que otras siguieron convencidas de que la “prostitución” era una actividad degradante ( Pheterson, 1989). Mientras las feministas se dividían, el International Committee on Prostitutes Rights emitió una declaración donde separaba conceptual y discursivamente la trata de mujeres y el trabajo sexual elegido. 7 Varios grupos feministas europeos denunciaron la hipocresía y el puritanismo en relación con el comercio sexual e insistieron en la necesidad de distinguir las prácticas abusivas de otras formas de coordinación y administración del trabajo sexual, e inclusive propusieron cooperativas manejadas por las propias trabajadoras. Pese a ello, la confrontación entre las dos posturas feministas ya estaba en marcha y los avances logrados en relación con la organización internacional, los derechos laborales y la sindicalización se detuvieron ante el activismo de un sector del movimiento feminista que cuestionó duramente “la prostitución” y cuyo discurso fue el vínculo sexualidad/violencia, lo que definió las tomas de posición.

Entre tanto, en Estados Unidos lo que fortalecería sustantivamente a las abolicionistas fue la política anti-sexualidad de Reagan (1981-1989), que se prolongaría con Bush padre (1989-1993) y Bush hijo (2001-2009) en la presidencia de Estados Unidos. Esa política conservadora iba no solo en contra de la pornografía y la prostitución, sino también contra la educación sexual, los servicios anticonceptivos, la despenalización del aborto, la autonomía sexual y el derecho a la privacidad de los adolescentes. Los conservadores religiosos condenaban la sexualidad fuera del matrimonio por considerarla pecaminosa; veían la “prostitución” como una amenaza para la institución de la familia y, por lo tanto, como una fuente de decadencia moral en la sociedad. El marco interpretativo de la postura abolicionista respecto al comercio sexual lo estableció Kathleen Barry8 al definir la prostitución como “esclavitud sexual”. Barry impulsaría la fundación en 1988 de la organización abolicionista Coalition Against Trafficking in Women (CATW), y también ese año aparecería el libro de Carole Pateman (1989)El contrato sexual, que plantea que al contrato social lo subyace un “contrato sexual”: los hombres dominan a las mujeres y ellas deben otorgarles servicios sexuales y domésticos. Así se constituye el patriarcado moderno, con ese contrato sexual que sostiene el contrato social establecido entre hombres. Según Pateman, “comercio sexual” es un eufemismo que oculta la esclavitud sexual de las prostitutas.

Muchas feministas coincidieron con Barry en su planteamiento en Esclavitud sexual de la mujer (1979), donde sostiene que los valores que las mujeres siempre le han atribuido a la sexualidad habían sido distorsionados y destruidos conforme habían sido “colonizadas” a través tanto de la violencia sexual como de la supuesta liberación sexual. Según Barry, las mujeres vinculan el sexo con el amor, por lo que la experiencia “positiva” del sexo debe basarse en la intimidad; de ahí que el sexo no deba comprarse ni obtenerse por medio de la fuerza. Esta postura, que descarta totalmente la idea de una sexualidad recreativa en busca de placer, sirvió para unir a muchas feministas con los religiosos puritanos en una cruzada moral para “abolir” el comercio sexual.

Será justamente a inicios de la década de 1990 cuando el discurso feminista en contra de la violencia hacia las mujeres se fortalezca con la reflexión de Catharine MacKinnon.9 La famosa abogada anti-pornografía afirmó en 199210 que: “las mujeres son prostituidas precisamente para ser degradadas y sometidas a un tratamiento cruel y brutal sin límites humanos; eso es lo que se intercambia cuando las mujeres son vendidas y compradas para tener sexo” (1993, p. 13). Ella equipara la prostitución con una “violación repetida” (repeated rape), retoma de Barry la idea de que la prostitución es una “esclavitud sexual femenina” y plantea que una prostituta es legalmente una “no persona” (legal non person). También afirma: “Ninguna institución social la excede (a la prostitución) en violencia física” ( MacKinnon, 1993, p. 25). De entonces a la fecha MacKinnon ha ido desarrollando una impactante estrategia discursiva que asocia la “prostitución” con la violación y la desigualdad social (MacKinnon, 2011).

Cuando una cruzada moral logra cierto éxito con respecto a su objetivo fundacional, pone la mirada en otros problemas que asocia con su razón de ser. A esto se denomina expansión del dominio ( Weitzer, 2014). Eso ocurrió con la cruzada moral —iniciada por Reagan y continuada por los Bush— que intentó establecer el límite de lo decente, lo bueno, lo normal y lo moral respecto a la sexualidad (abstinencia antes del matrimonio y fidelidad) y se expandió para condenar toda forma de comercio sexual. Como la postura del gobierno de Estados Unidos se configuró como una reacción en contra de todo intercambio sexual comercial, su agencia de cooperación, la USAID, condicionó el otorgamiento de fondos para los grupos de activistas contra el sida a que no trabajaran con “prostitutas”.11

Dicha cruzada moral aprovechó el tema de la migración indocumentada, con flujos de mujeres que ocupaban los trabajos desechados por las mujeres locales en el sector de servicios, tanto en el trabajo sexual como en el doméstico. Las inmigrantes, impulsadas no solo por la pobreza sino también por el anhelo de independencia, o en su huida de la violencia, buscaban a las redes organizadas de tráfico de personas para salir de sus países y encontrar mejores condiciones de vida, y algunas serían víctimas de organizaciones criminales.12 La amalgama discursiva del comercio sexual con la trata habla indistintamente de “mujeres traficadas” o “mujeres explotadas sexualmente” como “víctimas de trata”, pero prostitución y trata son distintos. Para distinguir entre la trata y el lenocinio, o su equivalente funcional, la explotación de la prostitución ajena, la abogada Claudia Torres (2016) aclara que los delitos de lenocinio y explotación de la prostitución ajena son distintos e independientes del delito de trata, pues castigan a los terceros que se benefician de la prostitución independientemente de las condiciones en que esta se ejerza, e incluyen casos en los que todos los participantes, de manera voluntaria, ejercen la prostitución y se benefician de ella.

A partir del establecimiento del Protocolo de Palermo,13 y con el apoyo económico de USAID, la cruzada abolicionista de la CATW contra la trata y el tráfico de mujeres despegó con fuerza. Y aunque la definición de trata de personas en el protocolo internacional incluye el trabajo en la maquila, el doméstico y el del campo, los casos que generan mayor escándalo son los vinculados al trabajo sexual, aunque estadísticamente su número sea bastante menor que los de otras formas de trabajo forzado o coercitivo. Cuando se discute con el abolicionismo, no se niega la existencia de un horrendo delito (la captación y el traslado de mujeres para la venta de sexo con engaño, amenaza o violencia) que debe ser combatido, sino que se discrepa respecto de su origen y dimensiones ( Weitzer, 2014).14 A ello se suma que hay inconsistencias sustanciales en cómo se define la trata y cómo se identifica a las víctimas y se les certifica como tales ( O’Connell Davidson, 2014). Pero las declaraciones amarillistas son estratégicas, porque las dimensiones de un problema social importan para atraer la atención de los medios de comunicación, los financiamientos y el interés de los responsables de las políticas públicas.

Las feministas abolicionistas armaron un repertorio de historias sobre mujeres inocentes a quienes les fueron confiscados sus documentos, las obligaron a vender sus cuerpos y las engañaron y explotaron. Esas sobrecogedoras narraciones de victimización consolidaron una representación mediática de la trata que tiene las tres características centrales que Ronald Weitzer (2014) encuentra en los discursos de las cruzadas morales:

1.

Inflación de la magnitud de un problema (por ejemplo, el número de víctimas, el daño a la sociedad) y argumentos que exceden con mucho la evidencia existente.

2.

Historias de horror, en las que los casos más terribles se describen con mórbido lujo de detalle y se presentan como si fueran típicos y prevalecientes.

3.

Convicción categórica: los integrantes de la cruzada insisten en que cierto mal existe en la medida exacta en la que ellos la describen y se niegan a reconocer cualquier escala de grises.

Este tipo de discurso no solo se aleja de los casos predominantes a nivel empírico, sino que provoca pánico moral. Creer que el comercio sexual deriva ineluctablemente en trata es un pánico moral contemporáneo que ha sido estimulado por el activismo anti-prostitución (Hunt, 2011, p. 60). El pánico social es la forma extrema de la indignación moral (Young, 2009, p. 7) y lo caracterizan dos elementos: su irracionalidad y su conservadurismo. La indignación moral produce una reacción ante lo que se vive como una amenaza a los valores o a la propia identidad; de ahí que los pánicos morales suelan transformarse después en batallas culturales, como ha ocurrido con el comercio sexual. La prensa juega un papel importante en la formación de la opinión pública, y la representación distorsionada de ese fenómeno conduce a la indignación pública y a llamados para que el Estado ejerza un mayor control social.

Con este tipo de estrategias se pretende justificar la total erradicación de cualquier forma de comercio sexual. Así, una batalla legítima e indispensable contra la trata se traduce en la represión indiscriminada contra todas las personas vinculadas con el trabajo sexual, con operativos policiacos (razzias) para “rescatar víctimas”. Desde Estados Unidos existe una política de premiación a quienes “rescaten” más víctimas que ha derivado —al menos en la Ciudad de México— en la práctica de detener a trabajadoras sexuales y presionarlas para que se “declaren” víctimas, pues si no, son consideradas “cómplices”. 15

La materia de la disputa

La cruzada abolicionista visualiza el fenómeno del comercio sexual en blanco y negro, sin reconocer sus matices y complejidades. Para empezar, persiste un hecho indiscutible: el trabajo sexual sigue siendo una actividad que eligen millones de mujeres en el mundo, básicamente por su situación económica. Incluso, aunque las migrantes experimenten condiciones laborales desagradables o de explotación en el lugar de destino (Kempadoo, 2012), algunas de ellas creen que son “preferibles a permanecer en casa, en donde las amenazas a su seguridad —en forma de violencia, de explotación o directamente de privación alimenticia— son mucho mayores” (O’Connell Davidson, 2008, p. 9). Indudablemente, muchas trabajadoras eligen “el menor de los males” dentro del duro y precario contexto en que viven. Por eso, más que un claro contraste entre trabajo libre y trabajo forzado, lo que existe es un continuum de relativa libertad y relativa coerción. Como las mujeres están ubicadas en lugares sociales distintos, con formaciones diferentes y con capitales sociales diversos, en ciertos casos el trabajo sexual puede ser una opción elegida por lo empoderante y liberador que resulta ganar dinero, mientras que en otros casos se reduce a una situación de una precaria sobrevivencia que causa culpa y vergüenza.

Al tiempo que existe el problema de la trata aberrante y criminal, con mujeres secuestradas o engañadas, también existe un comercio donde las mujeres entran y salen libremente, y donde algunas llegan a hacerse de un capital, a impulsar a otros miembros de la familia e incluso a casarse. Es decir, quienes sostienen que es un trabajo que ofrece ventajas económicas tienen razón, aunque no en todos los casos; y quienes declaran que la prostitución es violencia contra las mujeres también tienen razón, pero no en todos los casos (Bernstein, 1999, p. 117). Igual ocurre del otro lado de la industria del sexo. Los padrotes y madrotas funcionan como los empresarios: hay buenos y hay malos. Lo mismo pasa con los clientes: hay clientes malos —los violentos, los drogados— y clientes buenos, “decentes” y amables.

Al igual que en cualquier otro empleo, oficio o profesión, del trabajo sexual se extrae plusvalía. Solo que la explotación de una actividad de servicios que se encuentra al margen de la regulación laboral se da sin derechos laborales y con formas que generan exclusión y violencia. En el discurso de las abolicionistas es frecuente escuchar la expresión “explotación sexual”. ¿En qué consiste la explotación? En su Modelo Integral de Intervención contra la Trata Sexual de Mujeres y Niñas, el UNFPA (2013, p. 47) hace una importante aclaración: “la explotación de la prostitución, que se da cuando el dinero ganado mediante la prostitución llega a manos de cualquier persona que no sea la que se prostituye, es intrínsecamente abusiva y análoga a la esclavitud”. Ese no suele ser el caso de las trabajadoras sexuales, que se quedan con un porcentaje —entre el 25 y el 50%— de lo que se cobra por servicio, porcentaje que ninguna mesera, vendedora o incluso profesora recibe cuando realiza su trabajo. El término de “explotación sexual” tiene una connotación negativa que no se aplica a los demás trabajos, donde también existe explotación. Una trabajadora sexual de La Merced me dijo: “¿Explotada? Sí, cuando trabajaba ocho horas al día con salario mínimo de 70 pesos. Aquí en unas horas me hago entre 300 y 500 pesos”. Lamentablemente, los medios de comunicación saben que vende más hacer un reportaje sobre “esclavas sexuales” o “víctimas explotadas sexualmente” que hacerlo sobre “obreras o empleadas explotadas laboralmente”.

Frente al contexto de pobreza y desempleo que orilla a muchas mujeres al trabajo sexual, habría que buscar estrategias redistributivas en lo material y exigir más y mejores trabajos, en lugar de “rescatar” víctimas con operativos policiacos. El énfasis en lo laboral es precisamente lo que Martha Nussbaum (1999) alega cuando señala la necesidad de cuestionar nuestras creencias respecto de la práctica de recibir dinero por el uso del cuerpo, y la importancia de hacer una revisión de las opciones y alternativas de las mujeres pobres. Para esta filósofa, que una mujer con muchas opciones laborales elija la prostitución no nos debería preocupar. Es la ausencia de opciones para las mujeres pobres las que convierten la prostitución en la única alternativa posible, y eso es lo verdaderamente preocupante (Nussbaum, 1999, p. 278). El punto candente que plantea la prostitución es el de las oportunidades laborales de las mujeres de escasos recursos y el control que pueden tener sobre sus condiciones de empleo (Nussbaum, 1999, p. 278). A Nussbaum le preocupa que el interés de las feministas esté demasiado alejado de la realidad de las condiciones laborales, como si la sexualidad se pudiera sacar del contexto de las tácticas de las mujeres pobres para sobrevivir, y por lo tanto considera que la lucha debería promover la expansión en las posibilidades laborales a través de la educación, la capacitación en habilidades y la creación de empleos. Por eso se plantea que la legalización del trabajo sexual mejora las condiciones de aquellas mujeres que, para empezar, tienen muy pocas opciones.

Ahora bien, el sexual no es un trabajo como cualquier otro. Si evaluamos las relaciones políticas y sociales que el comercio sexual sostiene y respalda, y si examinamos los efectos que produce en las mujeres y los hombres, en las normas sociales y en el significado que imprime a las relaciones entre ambos, vemos que el comercio sexual refuerza una pauta de desigualdad sexista y contribuye a la percepción de las mujeres como objetos sexuales y como seres socialmente inferiores a los hombres. El estigma expresa esta diferencia. El mercado del sexo es lo que Deborah Satz (2010) califica de “mercado nocivo”, pero ella misma dice que aunque los mercados nocivos tienen efectos importantes en quiénes somos y en el tipo de sociedad que desarrollamos, prohibirlos no es siempre la mejor respuesta. Al contrario, si no se resuelven las circunstancias socioeconómicas que llevan al comercio sexual, prohibirlo o intentar erradicarlo hundiría o marginaría aún más a quienes se dedican a vender servicios sexuales.

A esta problemática laboral se suma el puritanismo de quienes consideran que la liberalización de las costumbres sexuales es negativa. En el escozor producido por la “prostitución”, lo que más conflictúa tiene que ver con el uso del cuerpo femenino en una actividad que subvierte la idea tradicional de lo que deberían ser las mujeres. La prostitución femenina produce reacciones adversas porque atenta contra el ideal cultural de castidad y recato de la feminidad (Leites, 1990), y la venta de servicios sexuales ofende o irrita a muchas personas que creen que “degrada” la dignidad de la mujer. El asunto de fondo es justamente la existencia de una doble moral: la sexualidad de las mujeres es valorada de manera distinta de la de los hombres.16

Precisamente porque la actividad sexual de las mujeres es un desafío a la doble moral, que considera que las transacciones sexuales de las mujeres son de un orden distinto a las transacciones sexuales de los hombres, el trabajo sexual obliga a debatir sobre dicha doble moral y el estigma que genera. En ese sentido, algo que también está en juego en la contraposición entre abolicionistas y defensoras de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales es la definición de una conducta sexual apropiada. ¿Quién debe definir la conducta sexual de los ciudadanos? ¿El Estado, los grupos religiosos, las feministas? Ahí el tema del consentimiento cobra relevancia. Y no es nada fácil de resolver. Anne Phillips dice: “El borramiento de los límites entre la prostitución y la trata, y el deseo aparente de considerar a todas las trabajadoras sexuales como víctimas, resta importancia a la agencia de aquellas que deciden trabajar en el mercado sexual y hace de la coerción la preocupación central, incluso la única” (Phillips, 2013, p. 6). ¿Qué es consentir? ¿Qué es coerción? ¿Consienten a su explotación las obreras o son también coercionadas económicamente?

Ahora bien, si una mujer vende servicios sexuales por necesidad económica o por cualquier otra razón, ¿debe el Estado “rescatarla”? ¿Por qué el Estado no se propone “rescatar” a otras mujeres, obreras o empleadas, también forzadas a trabajar en cosas que no les gustan o que incluso son peligrosas? En el capitalismo, todas las personas que trabajan viven una presión económica tanto por cubrir su subsistencia como por acceder a cierto tipo de consumo. ¿El Estado debería garantizarles a todas las personas un piso de seguridad social y empleo para que ninguna persona trabaje coercionada, amenazada u obligada? Y si el Estado garantizara mínimos de sobrevivencia, ¿debería entonces controlar la sexualidad de la ciudadanía?

La compra-venta de servicios sexuales está vinculada con la precariedad laboral que, más que un fenómeno transitorio, es una condición estructural del capitalismo. Por ello contrasta la preocupación escandalizada ante la “explotación sexual” de cara a la indiferencia por la explotación de las obreras, las empleadas del hogar, las campesinas, las enfermeras, las taquilleras, las meseras, las de la maquila, las barrenderas y tantas otras trabajadoras que también son explotadas. Y no hay coaliciones feministas para abatir otras formas de explotación de la fuerza de trabajo femenina, ni para rescatar a víctimas de condiciones deleznables de la brutal explotación laboral. Por eso creo que en el escándalo respecto de la “explotación sexual” un elemento fundamental es la creencia en que la creciente industria del sexo comercial altera las relaciones de género y crea tentaciones sexuales extrafamiliares para los hombres, poniendo en riesgo la familia como esfera de seguridad y protección. Así, lo que empezó como una confrontación entre feministas, inserta en las “guerras en torno a la sexualidad”, ha desembocado en una preocupación social angustiada que ha alentado el pánico moral y ha derivado en la demanda de endurecer el sistema de justicia penal.

Hace rato que se viene dando una reflexión sobre cómo la excesiva intervención del sistema penal ante problemas sociales termina criminalizando a quienes más los padecen (Larrauri, 1991; Larrauri, 2007; Ferrajoli, 1999; Zaffaroni, 2000 ;  Wacquant, 2013). La criminología crítica anglosajona inició ese debate, y la feminista española Elena Larrauri, que introdujo esa discusión entre las feministas hispanohablantes, ha reflexionado críticamente sobre la excesiva intervención del sistema penal para abordar la violencia de género. Larrauri discute con el feminismo al que califica de “oficial”, pues una de sus características “es su plena confianza en el derecho penal” (Larrauri, 2007, p. 66), al que critica por su

reacción frente a las opiniones discrepantes. Parece existir la convicción de que quien duda de alguna de las medidas sugeridas para atajar la violencia doméstica, es porque no se toma suficientemente en serio el dolor de las víctimas; y así cualquier discusión pretende zanjarse apelando a la extrema gravedad del problema o al número de mujeres muertas, recurriendo con ello a la equívoca identificación de que solo quien está a favor de penas más severas defiende los intereses de las mujeres (Larrauri, 2007, p. 68).

El análisis de Larrauri es implacable sobre lo que significa reorientar los objetivos políticos del feminismo hacia fines punitivos. En nuestro continente, sería Haydée Birgin (2000), abogada feminista argentina, quien retomó dicha perspectiva y planteó que ese giro punitivo está inserto en pautas más generales de transformación cultural y política. Birgin difundió en América Latina la reflexión de la criminología crítica feminista en contra del creciente reclamo feminista por endurecer y ampliar el sistema punitivo.17 Otras prosiguieron esa perspectiva, como Patricia Laurenzo (2009) y María Luisa Maqueda (2009), y en México lo haría Lucía Núñez (2011). En Estados Unidos la lista es larga, pero destaca Elizabeth Bernstein (2014), quien señala que el discurso feminista que conceptualiza el comercio sexual como una forma de violencia hacia las mujeres ha sido funcional para el neoliberalismo y su política carcelaria. Según ella, un elemento clave de este proceso es el uso creciente del discurso de “la víctima” para designar a sujetos que en realidad son producto de la violencia estructural y de prácticas de exclusión inherentes al capitalismo neoliberal. A Bernstein le preocupa el vínculo del feminismo con la política neoliberal, pues fortalece un paradigma político conservador sobre el género y la sexualidad. Ese vínculo es justamente el que Nancy Fraser (2013) califica de una “amistad peligrosa” del movimiento feminista con el Estado neoliberal, con ideas muy lejanas a lo que alguna vez fue una visión radical del mundo.

Las especialistas en violencia doméstica y violación sexual que han rastreado el surgimiento de la postura que aboga por la política carcelaria dentro del feminismo han descrito como las campañas feministas contra la violencia sexual han sido ingredientes fundamentales para el endurecimiento de la justicia penal (Larrauri, 2007 ;  Núñez, 2011). En esas campañas es la sexualidad masculina la que se perfila como la mayor amenaza, y las instituciones patriarcales, como el Estado y la policía, se reconfiguran como aliados y salvadores de las mujeres. En el contexto actual de reproducción de la desigualdad entre mujeres y hombres, la precariedad generada por la economía política neoliberal es manejada por el Estado mediante un duro giro punitivo y una vulneración de los derechos sociales. Justo por eso la política neoliberal está provocando lo que Loïc Wacquant llama una “remasculinización del Estado” ( Wacquant, 2013, p. 410), que consiste en un fortalecimiento del esquema patriarcal, con una perspectiva hacia las mujeres como “víctimas que deben ser protegidas” y no como trabajadoras desempleadas o con salarios miserables. Mientras que la voracidad financiera neoliberal erosiona los salarios, la sindicalización y los derechos laborales, el discurso gubernamental plantea que el acceso a bienes y servicios sociales es una excepción destinada exclusivamente a sujetos y grupos que demuestren un grado de daño, es decir, víctimas. Esto ha desmovilizado a las activistas feministas en relación con los derechos laborales y, en su lugar, ha alentado la movilización de víctimas que exigen reparación por la violencia sufrida.

¿Qué pasa en México?

En México las feministas no se han confrontado en “guerras” como las Sex Wars, al menos no con la fuerza y la publicidad de otros países. Ha habido disputas internas entre distintas perspectivas, pero no han generado la multitud y variedad de publicaciones de otras partes, especialmente Estados Unidos. Creo que esto se debe principalmente a dos cuestiones. La primera es que en nuestro país la “prostitución” en sí misma no es ilegal y nuestra cultura es menos puritana que la estadounidense. 18 La segunda cuestión es que, frente a nuestro desgarrador y ominoso contexto de violencia —los feminicidios, las desapariciones forzadas, los asesinatos y las muertes por “estar en el lugar equivocado”, o sea, en la “guerra” contra el crimen organizado (Saucedo y Huacuz, 2011)—, la “prostitución” no ha tenido tanta importancia. Incluso quienes estudian la violencia contra las mujeres en “múltiples ámbitos” (Agoff, Casique y Castro, 2013) o la analizan con amplitud teórica (Martínez de la Escalera, 2013) no incluyen la “prostitución” en sus reflexiones, lo cual me parece acertado.

En nuestro país, la mayoría de las feministas han encauzado sus energías políticas e intelectuales a investigar, denunciar y tratar de comprender esa forma brutal de violencia hacia las mujeres que es el feminicidio (Gutiérrez, 2004; Monárrez, 2007; Monárrez, 2009; Monárrez, 2011; Belausteguigoitia y Melgar, 2007; Melgar, 2011; Huacuz, 2011 ;  Saucedo y Huacuz, 2011). La violencia hacia las mujeres, cuya denuncia y combate se ha convertido desde hace años en la gran reivindicación de la mayoría de las feministas mexicanas, se ha centrado, además de los feminicidos, en otras expresiones de violencia (doméstica e institucional) (Torres Falcón, 2001; Saucedo, 2002; Castro y Casique, 2008 ;  Ramos, 2011) y, más recientemente, en la trata (Torres Falcón, 2010 ;  Saucedo, 2011). Esta lucha ha tenido gran visibilidad y ha contado con un fuerte apoyo de todas las posiciones políticas, incluido el gobierno y las Iglesias; ninguna de las otras causas feministas ha logrado más leyes, recursos y propaganda mediática. Algunas feministas críticas han señalado que tal interés institucional es más bien una puesta en escena que una realidad, pues las mujeres asesinadas siguen apareciendo (Saucedo y Huacuz, 2011; Huacuz, 2011 ;  Melgar, 2011).

Esto explica que en México sea escasa la publicación de libros y artículos en torno a la disputa por la “prostitución”. Existen, sin duda, espléndidas investigaciones históricas sobre la “prostitución”19 y muy serias investigaciones sobre distintos aspectos del comercio sexual,20 además de los trabajos clásicos sobre el tema: las tesis universitarias de distintas disciplinas que abordan aspectos específicos del comercio sexual. Sin embargo, en nuestro país casi no hay reflexiones políticas y teóricas que den cuenta de la disputa entre abolicionistas y defensoras de los derechos de las trabajadoras sexuales.21

La visibilidad abolicionista en la disputa la tiene Lydia Cacho, la feminista más importante de México en la lucha contra la trata, con una trayectoria personal de gran compromiso y riesgo personal. Preocupada por la violencia hacia las mujeres, fundó el Centro Integral de Atención a las Mujeres en Cancún, y su trabajo la llevó a registrar y denunciar el abuso sexual a niñas y adolescentes,22 lo cual le ocasionó una brutal persecución —que puso, y hasta la fecha sigue poniendo, en peligro su vida— tanto por parte de los delincuentes como de los políticos que los protegen. Lydia Cacho es un caso excepcional en la defensa de los más vulnerables, y en su libro Esclavas del poder. Un viaje al corazón de la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo ( Cacho, 2010) lleva a cabo un alegato en contra de la trata abusiva y criminal en varias partes del mundo, México incluido. Pese a su valentía e integridad personal, su trabajo periodístico mezcla conceptualmente prostitución y trata, además de que carece de ciertos soportes de rigor académico, como el de citar sus fuentes o poner bibliografía. Esta mezcla hace que su trabajo resulte sesgado y, en ocasiones, panfletario. No obstante, su arrojo le ha ganado admiración como heroína en la lucha contra la trata.

Una figura emblemática en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en México es Marcela Lagarde. Ya desde su tesis doctoral de antropología (Lagarde, 1990), en la que construye el concepto de “cautiverio” como “la expresión político-cultural de la condición subalterna de la mujer”, Lagarde habla de la prostitución de dos maneras distintas. Una, en la que coincido con ella, cuando usa el concepto de “puta” como una categoría de la cultura política patriarcal que sataniza el erotismo de las mujeres, y plantea: “Puta es un concepto genérico que designa a las mujeres definidas por el erotismo, en una cultura que lo ha construido como tabú para ellas” (Lagarde, 1990, p. 543). Pero en la otra, de la cual discrepo, la vincula con la violencia y asume una perspectiva abolicionista: “La prostitución presenta afinidad con otro tipo de relación entre el hombre y la mujer. Se trata de la violación” (Lagarde, 1990, p. 555). Por eso Lagarde considera que:

La violación y la prostitución tienen en común el placer implícito del hombre (violador o cliente), la relación de dominación absoluta, la no-continuidad de la relación social o afectiva, después de la relación erótica […]. La cosificación de las mujeres por ambas relaciones sintetiza y aclara el carácter patriarcal de las relaciones y de la trama social basada en la existencia de una ley de propiedad genérica: la propiedad de todas las mujeres por todos los hombres (Lagarde, 1990, p. 555).

El trabajo fundamental de Lagarde se ha centrado en los feminicidios, sin ampliar su activismo al campo del comercio sexual. Sin embargo, en ocasiones ha hecho comentarios respecto de la trata, con una postura cercana al abolicionismo.23

En nuestro país la disputa feminista en relación con el comercio sexual cobró visibilidad en 2014, luego de que una jueza federal ordenó a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal (GDF) otorgar a las personas que trabajan en el comercio sexual callejero la licencia de “trabajadores no asalariados”.24 Esta resolución judicial25 fue la culminación de una larga lucha de un grupo de trabajadoras/es sexuales que tuvo que recurrir a un juicio de amparo, pues con anterioridad el GDF se había negado a otorgarles dicho reconocimiento laboral. La primera entrega de las licencias se realizó el 10 de marzo de 2014 en las instalaciones de la Secretaría, y cuando la prensa la dio a conocer, la sección latinoamericana de la Coalition Against Trafficking in Women (CATWLAC) desató en twitter una campaña en contra de la entonces secretaria, Patricia Mercado (véase Lamas, 2014). Esa reacción de la CATWLAC y otras feministas abolicionistas, que atacan e intentan denigrar cualquier iniciativa que tienda hacia la regulación (como es el otorgamiento de las licencias), me impulsaron a entrar en la disputa pública.

En el número de septiembre de la revista Nexos publiqué un artículo titulado “¿Prostitución, trata o trabajo?” ( Lamas, 2014) que causó comentarios a favor y en contra. Intrigada por el desacuerdo de algunas compañeras feministas, convoqué y coordiné una mesa de discusión interna: “Perspectivas críticas sobre el tráfico de mujeres: un diálogo entre académicas feministas”.26 Ahí Ana Amuchástegui27 me invitaría a colaborar en un panel internacional en el cual varios académicos expondrían sus resultados de investigaciones empíricas sobre los efectos negativos en la situación de las trabajadoras sexuales del llamado “combate contra la trata con fines de explotación sexual”. Al Foro “Sexo, poder y dinero: perspectivas críticas sobre la trata de mujeres”,28 que se llevó a cabo el 18 de marzo del 2015, asistieron jóvenes investigadoras, y a partir de ahí, y también por iniciativa de Amuchástegui, se conformó en 2016 un grupo de trabajo desde una perspectiva no abolicionista, titulado “Placer y peligro: política neoliberal, sexualidad y género”.29

Pero lo que verdaderamente cimbró a nivel mundial la disputa entre feministas fue la declaración que en agosto de 2015 hizo Amnistía Internacional (AI) sobre la necesidad de despenalizar el comercio sexual para defender los derechos humanos de las y los trabajadores sexuales (Amnesty International, 2015). Dicha declaración cayó como una bomba entre los grupos abolicionistas. El escándalo fue mayúsculo y feroz en Estados Unidos, donde muchas actrices de Hollywood usaron sus espacios mediáticos para protestar contra AI, con declaraciones donde afirmaban que la despenalización conduce siempre a la trata y que el comercio sexual siempre es violencia hacia las mujeres. AI enfatizó que condena enérgicamente todas las formas de trata de personas, incluida la trata con fines de explotación sexual, que constituye una violación inadmisible a los derechos humanos y debe ser penalizada. También explicó que la despenalización del trabajo sexual no significa eliminar las sanciones penales para la trata de personas, e insistió en que no hay estudios ni indicios serios que sugieran que la despenalización da lugar a un aumento de la trata.30 AI señaló que defiende todos los aspectos del sexo consentido entre adultos que no incluyan coerción, explotación o abuso, al tiempo que declaró que hay que proporcionar una mayor protección a los derechos humanos de las/os trabajadoras/es sexuales, pues el estigma del trabajo sexual contribuye a la discriminación y marginación de quienes se dedican a él. En el convencimiento de que criminalizar expone a los y las trabajadores sexuales a mayores riesgos para su vida, AI declaró que el derecho penal no es la respuesta.

A guisa de conclusión

El avance cada vez mayor de una conciencia sobre los derechos humanos de las personas que realizan trabajo sexual se contrapone al pánico social alentado por el abolicionismo, mismo que ha llevado a un endurecimiento de las acciones punitivas. En México es indispensable una regulación del comercio sexual que preserve la independencia y la seguridad de las personas que se dedican al trabajo sexual, y que les otorgue los mismos derechos laborales que a las demás trabajadoras. Esto requiere que se acepten legalmente formas grupales de organización del trabajo (pequeñas empresas o cooperativas) donde la organización de varias personas para hacer negocio no se interprete como lenocinio.31 El reclamo de las trabajadoras independientes y la resolución de la jueza García Villegas obligan a que el sistema judicial realice un minucioso análisis de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, pues esta ley es utilizada para impedir el pleno reconocimiento del trabajo sexual, entendido como actividad sexual remunerada, voluntaria y entre adultos. Quienes administran justicia no distinguen entre trabajo sexual, lenocinio, explotación sexual y trata, y muchos funcionarios han asumido la perspectiva abolicionista, que supone que la prostitución necesariamente constituye una expresión de violencia sexual extrema. Además, amparándose en esa Ley los operativos que dicen “rescatar” víctimas fincan el delito de trata, aunque no se den los tres elementos de captación, traslado y amenaza/uso de fuerza.

Hoy, las feministas en México van a tener que definir su postura ante un fenómeno que despunta con fuerza: la reivindicación pública de trabajadoras sexuales que plantean su libertad de establecer contratos laborales en el marco de la defensa de sus derechos. Las compañeras que lograron las licencias son excepcionales en el uso político que le dan a una situación que se considera “vergonzosa”. Estas trabajadoras sexuales feministas y politizadas, que reivindican su derecho a “elegir”, se desmarcan de los dos estereotipos culturales —el de la pecadora y el de la víctima— e inauguran una manera distinta de asumirse públicamente. Esto pone a las feministas en una disyuntiva: o bien apoyar la posición que exige la libertad en el uso del propio cuerpo, o bien secundar la que condena utilizar la sexualidad como mercancía. Este dilema está entretejido en una madeja conceptual cuyos elementos hay que desenredar, y creo que es posible hacerlo usando los argumentos de Nussbaum y Satz.

A mí lo que más me intriga en esta disputa es por qué el fantasma de la violencia sexual sigue siendo un vehículo cultural de tal eficacia.32 El abolicionismo se alimenta del espectro de la violencia sexualizada, y vale la pena explorar el abuso que las feministas están haciendo de la figura de la víctima, así como la asociación entre la violación y la prostitución, que persiste en el imaginario feminista.33 Este “pánico moral” impide ver las variedades de situaciones en las que se encuentran las trabajadoras sexuales, con distintos niveles de decisión personal y de ganancia respecto al trabajo sexual, y dificulta la elaboración de políticas públicas que partan de la defensa de sus derechos laborales.

Además, la disputa en torno a la “prostitución” favorece la fragmentación política del feminismo. Un problema social como la precariedad laboral forzada por la economía política neoliberal ya de por sí divide a los distintos grupos como para que, además, la disputa confronte a las activistas que podrían estar luchando unidas. Es obvio que el problema no son las distintas tendencias del feminismo, sino que quienes luchan por rescatar a las víctimas y castigar a los hombres prostituyentes estén colaborando con el ascenso de las políticas de “mano dura” del proyecto económico del capitalismo neoliberal, que avanza despiadadamente, con el giro punitivo y carcelario del que he hablado, hacia la erosión de las libertades individuales y los derechos laborales. Si bien la lucha política del movimiento feminista contra la violencia hacia las mujeres tiene otro objetivo, está atrapada en el paradigma de la gobernanza neoliberal: castigar a los pobres ( Wacquant, 2013). Esto es evidente en la forma en que las abolicionistas insisten en acabar con el sustento de las trabajadoras sexuales pobres, sin ofrecerles una alternativa económica equiparable. Y por eso la disputa feminista en torno a la “prostitución” parece ser la punta de un iceberg cuya parte menos visible es nada menos que la disputa por el modelo de sociedad a la cual se aspira y por la cual se lucha. Eso hace que la disputa sea tan irreconciliable y amarga.

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La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.

1

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2

El pequeño libro (Millet, 1973) consta de una reflexión y 4 entrevistas a “prostitutas”.

3

La traducción es mía.

4

Carol Vance (1984) publicó una antología con una selección de los textos presentados en dicha conferencia.

5

Una relación de los grupos europeos se encuentra en Pheterson (1989).

6

En Uruguay en 1985 se crea la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (AMEPU) y logra su reconocimiento jurídico en 1988. En 1987, en Brasil, Gabriela Leite funda la Asociación Nacional de Prostitutas, con sede en Río de Janeiro, y lleva a cabo la Primera Conferencia de Prostitutas; en octubre de ese mismo 1987, en San José Costa Rica se establece la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) donde hoy participan organizaciones de trabajadoras sexuales de 15 países. A lo largo de la década de 1990 surgirán más grupos organizados, como la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) en 1994; en República Dominicana, el Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU) nació en noviembre de 1997; en México, la Organización Mujer Libertad de Querétaro, en 1997, y en 1998 mujeres de 18 estados de la república fundan la Red Mexicana de Trabajo Sexual; en Chile la fundación Margen aparece en 1998.

7

Los nueve puntos que planteaba eran: 1: autonomía financiera; 2: elección ocupacional; 3: alianza entre mujeres; 4: autodeterminación sexual; 5: desarrollo infantil sano; 6: integridad; 7: pornografía; 8: migración y tráfico, y 9: un movimiento para todas las mujeres. Además, se pronunciaba contra la prostitución de menores (Pheterson, 1989).

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Autora de Female Sexual Slavery (1979) ( Barry, 1987), libro que luego se amplió y se convirtió en The Prostitution of Sexuality. Global Exploitation of Women ( Barry, 1995).

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Analizar y debatir a MacKinnon requeriría un ensayo por sí solo. Aquí solamente registro su decisiva influencia en la disputa feminista.

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En un simposio del Michigan Journal of Gender and Law sobre “Prostitution: From Academia to Activism” con una ponencia sobre la prostitución y los derechos civiles que sería publicada al año siguiente en esa misma revista ( MacKinnon, 1993).

11

En 2003, Bush decreta un plan emergente contra el sida que dispone de 15 billones de dólares, cuyo objetivo incluye la “erradicación de la prostitución” al considerarla “propagadora” del VIH. Así prohíbe que se otorgue dinero a los grupos organizados que trabajan con “prostitutas”. Para recibir financiamiento las organizaciones debían firmar un Anti-Prostitution Pledge ( Weitzer, 2007).

12

La evidencia indica que el fenómeno de migración para dedicarse al trabajo sexual es diverso y complejo. Hay varias trayectorias migratorias y distintas experiencias de trabajo que pueden implicar mucha coerción o explotación, o buena información e intencionalidad consciente de parte de la migrante ( Kempadoo, 2012 ;  Chang, 2013).

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La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, llamada Convención de Palermo, tiene tres protocolos: uno para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños; otro sobre el contrabando de migrantes, y el tercero contra la fabricación y el tráfico ilegal de armas. La definición en el Protocolo de trata implica tres cuestiones: 1) conductas (captación, transporte, traslado, acogida o recepción de la persona); 2) medios (amenaza, uso de la fuerza, engaño), y 3) fines (explotación) (ONU, 2000).

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Según Ronald Weitzer, un investigador especializado, los abolicionistas afirman que hay cientos de miles —si no es que millones— de víctimas en todo el mundo, y que este problema ha alcanzado niveles epidémicos, afirmaciones que han sido reproducidas —sin corroborar— por funcionarios gubernamentales de Estados Unidos y otras naciones. Luego de recopilar investigaciones con cifras de distintas fuentes oficiales sobre las víctimas de trata, de analizarlas minuciosamente y compararlas con cifras sobre víctimas registradas, Weitzer declara que existe una total discrepancia entre ambas. Por ello afirma que las cifras que denuncian la magnitud del problema no son confiables en lo más mínimo y que las alarmistas declaraciones de que la magnitud del problema es inmensa y va en aumento no tienen sustento empírico alguno. Incluso los estimados generales son dudosos, dada la naturaleza ilegal y clandestina del comercio sexual; existen además otros focos rojos: las cifras oficiales han fluctuado bastante en un corto periodo y relativamente pocas víctimas de trata han sido localizadas ( Weitzer, 2005; Weitzer, 2007; Weitzer, 2012 ;  Weitzer, 2014).

15

Varios testimonios de trabajadoras sexuales en la Ciudad de México describen los “operativos de rescate” que llegan a los antros y cabarets, durante los cuales les dicen a las mujeres: “Todas las víctimas pónganse aquí” y a la trabajadora que responde “Yo no soy víctima” se le contesta: “Entonces eres cómplice”. Ante tal acusación, muchas aceptan declararse “víctimas”.

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Esto lleva a interrogarse con rigor sobre las circunstancias en que las mujeres acceden a una relación sexual. ¿Qué tan diferentes son entre sí las mujeres que se venden abiertamente de quienes acceden a distintas formas de intercambio de servicios sexuales por seguridad, por una posición, por regalos o promociones laborales? Además, aunque la llamada “prostitución” es la actividad exclusiva de un grupo determinado de mujeres, no hay que olvidar que también es una actividad complementaria de un grupo muy amplio de amas de casa, estudiantes y trabajadoras que se “ayudan” económicamente o colaboran con el ingreso familiar de esa manera.

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Birgin publicó más tarde varias compilaciones de ensayos jurídicos, en especial una sobre las trampas del poder punitivo de la ley (véase Birgin, 2000).

18

En Estados Unidos el comercio sexual es ilegal, tanto para quien vende como para quien compra. Solamente en Nevada es legal desde 1971. Ahí los burdeles cumplen con estrictas medidas de seguridad (botones de alarma, supervisión continua con micrófonos ocultos), lo que los convierte en lugares muy seguros para trabajar (Dewey y Kelly, 2011).

19

Como las de Ana María Atondo (1992), Fernanda Núñez (1996) y, más recientemente, Pamela Fuentes (2015).

20

Como la de Elena Azaola (2003) sobre prostitución infantil y la de Gustavo Fondevila (2009) sobre la moral pública en las decisiones judiciales respecto a la prostitución.

21

Una excepción es el libro coordinado por Angélica Bautista y Elsa Conde sobre el trabajo sexual en La Merced, con reflexiones de ellas y de otros autores sobre los derechos humanos y la desigualdad de género (Bautista y Conde, 2006). Otro, más centrado en la denuncia que en el análisis, es el de Andrea Reyes Parra, que ofrece una interpretación sobre lo ocurrido en el Centro de Atención Interdisciplinaria y Servicios (CAIS) de la CDHDF (Reyes, 2007).

22

Su libro Los demonios del Edén es un desgarrador relato sobre el abuso de niños/as y adolescentes y la forma en que el poder político protege a los pederastas abusadores (véase Cacho, 2005).

23

Por ejemplo, en el IV Congreso Latinoamericano de Antropología (octubre de 2015) hubo una mesa redonda en torno a los “Aportes de la antropología feminista al análisis de la trata de personas y la violencia de género”, donde Lagarde reiteró la idea de la creciente violencia hacia las mujeres víctimas.

24

El Reglamento para los Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal existe desde 1972, y con él se registra a personas que laboran en la vía pública sin una relación patronal ni un salario fijo, como los lustrabotas, los cuidacoches, los músicos callejeros, los vendedores de billetes de lotería y 10 oficios más.

25

Correspondió a la jueza Paula María García Villegas Sánchez Cordero, del Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, quien concedió el amparo el 31 de enero de 2014. (Véase Madrid, Montejo e Icela, 2014.)

26

Se llevó a cabo en el programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM el 1 de diciembre de 2014.

27

Amuchástegui (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco) es integrante del Neoliberalism and Sexualities Working Group (NSWG), coordinado por las doctoras Elizabeth Bernstein y Janet Jacobson, del Center for Research on Women del Barnard College; entre sus integrantes se encuentran Sealing Cheng (University of Hong Kong), Mark Padilla (Florida International University), Mario Pecheny (Universidad de Buenos Aires) y Kerwin Kaye (Wesleyan College).

28

Auditorio Mario de la Cueva de la Torre II de Humanidades de la UNAM, convocado por el Barnard Center for Research on Women, la UAM-Xochimilaco, la Cátedra Extraoridinaria sobre Trata de Personas de la UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM.

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Las integrantes son Luz del Carmen Jiménez Portillo, Jessica Gutiérrez, Melisa Cabrapan, Lucía Núñez, Nancy Lombardini, Azucena Ojeda, Ana Amuchástegui y yo. El nombre “Placer y peligro” retoma el título de la famosa Conferencia de Barnard (1982), que marcó un giro en las “guerras en torno a la sexualidad”.

30

Esta declaración la hizo AI luego de realizar una sólida investigación y consulta con una diversidad de organizaciones y personas, desde la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Anti-Slavery International y Human Rights Watch, Open Society Institution (OSI), la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, hasta la recopilación de testimonios de más de 200 trabajadores/as y ex trabajadoras/es sexuales, policías y funcionarios de gobierno en Argentina, Hong Kong, Noruega y Papúa Nueva Guinea. Además, las oficinas nacionales de AI en todo el mundo contribuyeron realizando consultas locales con grupos de trabajadoras/es sexuales, grupos que representan a supervivientes de trata, organizaciones abolicionistas, feministas y otros representantes de los derechos de las mujeres, activistas LGBTI, organismos contra la trata de personas, activistas que trabajan sobre el VIH/sida y muchos más.

31

Si tres o cuatro amigas decidieran trabajar juntas, a quien rente el departamento se le podría acusar de lenona. Igual ocurre con los familiares (madres, hermanos, hijos) que acompañan a las mujeres que trabajan. Las denuncias por lenocinio no tocan las altas esferas de la “prostitución”, y para lo único que sirven es para controlar a las trabajadoras sexuales, que necesitan trabajar acompañadas de amistades o parientes. Es necesario que se acepten otras formas de organización del trabajo sexual, para que el delito de lenocinio no se pueda aplicar contra las personas que acompañan a las trabajadoras.

32

Utilizo el término fantasma en su sentido psicoanalítico, como fantasía, representación, guión escénico imaginario, ensoñación que pone en escena de manera más o menos disfrazada un deseo (Chemama, 1998, p. 157).

33

Es significativo que, desde las primeras reflexiones feministas, se vinculó la prostitución con la violación. (Véase Brownmiller, 1972.)

© 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología.

 

Resistencia al estigma del trabajo sexual

 

Ronald Weitzer

Universidad George Washington, EE.UU.

Enero de 2017

 

https://www.academia.edu/31011252/Resistance_to_Sex_Work_Stigma_2017_?auto=download

 

Resumen

El estigma es omnipresente en el trabajo sexual y está bien documentado en estudios de trabajadoras sexuales. Pero rara vez los estudiosos han examinado la cuestión vital de si el estigma puede reducirse o eliminarse de cualquier tipo de trabajo sexual (stripping comercial, pornografía, prostitución, etc.). Después de una breve revisión de los temas relacionados con el estigma, este comentario propone un conjunto de condiciones previas para la reducción y, en última instancia, la eliminación del estigma del trabajo sexual.

 

 

El estigma es uno de los problemas más importantes en el trabajo sexual. Es omnipresente en el comercio sexual, aunque su contenido e intensidad varían un tanto por género, por sector ocupacional y por contexto nacional. Las investigaciones sobre las profesionales del sexo, sus directivos y sus clientes ofrecen abundantes pruebas de las consecuencias nocivas de la estigmatización.

 

El estigma se ha descrito como una imputación de estatus inferior a aquellos que tienen un rasgo desacreditador visible (por ejemplo, discapacidad física) o algún defecto moral percibido. Erving Goffman define el estigma como «un atributo que es profundamente desacreditador», pero lo que es clave no es el atributo en sí: el estigma es producto de una relación entre al menos dos actores, no algo inherente a un tipo de comportamiento o condición física (Goffman, 1963: 3). Se aplica a categorías enteras de personas (por ejemplo, homosexuales, traficantes de drogas), así como a individuos específicos. Se manifiesta en las encuestas de opinión pública, las representaciones de los medios de comunicación, el discurso político, los encuentros cara a cara y las maneras en que los individuos internalizan los estereotipos, ocultan su identidad estigmatizada y llevan vidas dobles.

 

 

El libro de referencia de Goffman, Stigma (1963), ofrece un análisis convincente de las dimensiones clave del estigma. Pero el libro tiene una sorprendente deficiencia: no dice casi nada sobre la posibilidad de resistencia (por individuos o colectividades) ni considera si el estigma puede ser reducido o eliminado con el tiempo. Estas lagunas se reflejaban en las formulaciones originales de la teoría del etiquetado, que ignoraban la posibilidad de desafío por parte de los individuos que eran etiquetados como desviados, lo que John Kitsuse (1980) llamó posteriormente “desviación terciaria” y Edwin Schur (1980) examinó a nivel de grupo en su discusión de los «movimientos de liberación de la desviación». Goffman y los fundadores de la teoría del etiquetado parecen haber asumido que una vez que un individuo o categoría de personas había sido estigmatizado, es internalizado por ellos y es básicamente permanente. La pegajosidad es quizá una función del período de tiempo en el que escribieron Goffman y los teóricos del etiquetado temprano (1951-1963) en la medida en que veían pocos ejemplos en ese momento de resistencia por parte de personas estigmatizadas o una política de identidad más amplia.

 

En lugar de desafío, Goffman se centra en las formas en que los individuos manejan el estigma: ocultándolo de los demás («pasar» por normal); revelándolo selectivamente a algunas personas («cobertura»); aislándose dentro de un grupo de otros igualmente estigmatizados; retener información biográfica sobre sí mismos; o de otra manera hacer frente a lo que él llamó una «identidad estropeada.» Los individuos estigmatizados se presentan como resignados a su estado devaluado, y su agencia consiste en limitar creativamente la exposición. Otro rasgo llamativo del libro de Goffman es el descuido de los orígenes y funciones del estigma hacia categorías particulares de personas -por ejemplo, las formas en que la estigmatización refuerza las normas convencionales y promueve intereses dominantes legitimando las jerarquías de poder establecidas (Link y Phelan, 2001; , 1980). El examen de las causas estructurales del estigma podría haber llevado a Goffman a explorar los corolarios de cómo el estigma puede reducirse. En vez de eso, nos quedamos con un análisis bastante estático, en el que los individuos internalizan las atribuciones desacreditantes de otros y hacen frente a ellos en la vida cotidiana.

 

Dos reseñas bibliográficas destacadas mencionan la cuestión del cambio, pero sólo de pasada y con escepticismo con respecto al potencial de erosión del estigma (Link y Phelan, 2001; Pescosolido y Martin, 2015). Y los pocos estudios que han examinado la resistencia se limitan en gran medida al nivel psicológico individual (por ejemplo Thoits, 2011) e ignoran la cuestión más amplia de cómo el estigma puede reducirse o eliminarse frente a una categoría entera de personas (excepciones incluyen a Anspach, 1979, De Young, 1988, Estro y otros, 2004, Schur, 1980). Un libro reciente discute programas diseñados para reducir el estigma hacia los enfermos mentales, incluyendo la iniciativa de la Asociación Mundial de Psiquiatría de 1996, Open the Doors Global Program para combatir el estigma debido a la esquizofrenia y campañas nacionales similares (Stuart et al., 2012). Dichos programas buscan difundir conocimientos, disminuir los prejuicios y poner fin a la discriminación contra quienes padecen una enfermedad mental. Estos programas han sido dirigidos menos al público en general que a grupos específicos como jóvenes, periodistas , policías, funcionarios de salud y encargados de formular políticas. Estos programas parecen haber tenido cierto éxito en la reducción de los estereotipos entre los grupos objetivo.

 

 

Estigma en el comercio sexual

 

El campo del trabajo sexual refleja la literatura académica más amplia en la que el propio estigma rara vez se problematiza. Una vez más, el defecto es tratarlo como una constante inmutable, no una variable, y asumir que es utópico imaginar su erosión. El estigma es universal en el ámbito del trabajo sexual: está bien documentado en la investigación sobre pornografía, prostitución y stripping comercial como un obstáculo que las trabajadoras sexuales y sus asociados enfrentan regularmente. Varía en intensidad, siendo generalmente más severo en prostitución (especialmente prostitución de calle) que en stripping comercial y pornografía. Varía un poco según la sociedad, y algunas naciones adoptan un enfoque más tolerante que otras, aunque el estigma sigue siendo un riesgo ocupacional para las trabajadoras sexuales en todas las naciones (Abel y Fitzgerald, 2010; Weitzer, 2012). Es más fácil para las trabajadoras sexuales inmigrantes protegerse del tipo de estigma que más les preocupa – el descubrimiento por familiares y amigos en su país de origen – que para las trabajadoras domésticas que viven con la amenaza diaria de detección de personas que conocen ( Scambler, 2007). Pero la nube negra del estigma afecta también a las trabajadoras sexuales migrantes. Y persiste incluso después de que una persona deje de vender sexo (por ejemplo, Sallmann, 2010). Su omnipresencia es evidente en las formas en que las trabajadoras sexuales llevan su vida laboral y personal: típicamente ocultan el tipo de trabajo que hacen de sus familias, conocidos, vecinos e incluso algunos amigos; niegan que están involucrados en el comercio sexual cuando se les pregunta; usan seudónimos en el trabajo y fabrican biografías personales; y llevan vidas dobles de otras maneras (Abel y Fitzgerald, 2010, Koken, 2012, Koken et al., Morrison y Whitehead, 2005, Sanders, 2005). Algunos analistas pueden considerar estas técnicas como una resistencia implícita (Sallmann, 2010), pero sigo argumentando que es mejor considerarlas como una forma de gestión del estigma y no una lucha contra el mismo. Las pocas prostitutas excepcionales que han «salido» en público sólo ilustran que las estrategias predominantes de afrontamiento son las de pasar por normales o hacer una revelación muy selectiva a los personas de confianza.2

 

También se estigmatizan los asociados de las trabajadoras sexuales: sus parejas, clientes y terceros que los ayudan o administran (por ejemplo, Birch 2015, Hammond, 2015). Los dueños de los burdeles, los directores de clubes de striptease, los distribuidores porno y otros terceros son a menudo reacios a revelar la naturaleza de su ocupación a extraños. Las personas que participan en empresas ilegales se ven obligadas a operar en el mercado negro o a ocultar la fuente de sus ingresos en la apertura de cuentas bancarias, de las autoridades fiscales y en otros negocios convencionales. Pero incluso los propietarios legales, gerentes y otros terceros se enfrentan rutinariamente con el estigma (Weitzer, 2012). Por último, sabemos que algunos investigadores que estudian el trabajo sexual han sido estigmatizados, sometidos a comentarios despectivos y a denuncias infundadas, marginados por los colegas, han sufrido altercados en reuniones profesionales y un nivel excepcional de escrutinio por parte de juntas de revisión institucionales que ha veces ha desembocado en negación de permiso para realizar investigaciones sobre la base de presunciones infundadas sobre el estudio propuesto (Dewey y Zheng, 2013, Hammond y Kingston, 2014, Siegel y de Wildt, 2015).

 

Mientras que esta literatura documenta la existencia del estigma en todo el campo del trabajo sexual, refleja a Goffman centrándose casi enteramente en cómo los individuos manejan sus identidades contaminadas, en lugar de preguntarse si algunos de ellos resisten activamente a las expresiones del prejuicio y la discriminación directa en encuentros cara a cara o colectivamente como miembros de organizaciones que buscan cambiar actitudes populares y políticas públicas. Existe una literatura de investigación sobre las organizaciones de derechos de las trabajadoras del sexo en diferentes países, que documenta las luchas a nivel de grupo por la normalización. Estas organizaciones se discuten más adelante en el artículo.

 

 

Reducción del estigma

 

La desestigmatización es un asunto tanto académico como político. Políticamente, podemos identificar un conjunto de estrategias prácticas para combatir el estigma, basadas en la táctica de los movimientos de liberación de desviación (Schur, 1980). Académicamente, podemos identificar un conjunto de condiciones previas para reducir y, en última instancia, eliminar el estigma de una categoría de personas. Link y Phelan (2001) señalan que ese cambio requiere un enfoque multifacético, pero no dicen nada acerca de en qué consisten estos cambios. A nivel individual, la resistencia por parte de una trabajadora sexual puede tomar las siguientes formas: anunciar que tenía plena autonomía al entrar en el trabajo sexual; estar actualmente en control de sus condiciones de trabajo e interacciones con los clientes; definir el trabajo como una profesión de servicio como cualquier otra o como una forma de apoyo o terapia para los clientes; negar el daño; condenar a los estigmatizadores; o distinguir su nivel (por ejemplo, escort ) de lo que consideran formas deshonestas de trabajo sexual (por ejemplo, la prostitución callejera). La evidencia de cada una de estas prácticas está esparcida por toda la literatura sobre el trabajo sexual, pero, de nuevo, estos esfuerzos tienden a limitarse al nivel psicológico o individual (por ejemplo, Koken et al., 2004; Morrison y Whitehead, 2005; Y Harred, 1992). Los actos aislados de resistencia de los individuos pueden tener poco o ningún impacto en la sociedad en general y también pueden ser peligrosos para los resistentes si sus acciones provocan ataques de otros.

 

En el plano social, el filósofo Lars Ericsson (1980: 362, 366) escribe que reducir el estigma requiere permitir que la prostitución funcione en un clima social libre de prejuicios emocionales … Para mejorar la prostitución debemos mejorar nuestras actitudes hacia ella . Su argumento es algo limitado -desatendiendo la cuestión crucial de cómo mejorar las actitudes de la sociedad- pero sí resalta un requisito central para la normalización. El cambio de actitud fundamental y generalizado es una condición necesaria, pero no suficiente, para la desestigmatización. A continuación, esbozo algunas condiciones previas adicionales para reducir el estigma.

 

 

Lenguaje neutro

 

Los nombres derogatorios deben ser borrados del discurso público y privado para la normalización de cualquier condición o comportamiento estigmatizados. Como Michel Foucault observó, las relaciones de poder están embebidas en el lenguaje, con grupos dominantes típicamente dedicados a «nombrar y avergonzar» a los subordinados. Palabras como prostituta, puta y putero deben ser reemplazadas por trabajadora y cliente. Cabe señalar que los grupos desacreditados a veces expropian términos peyorativos: pueden llamarse a sí mismos «putas» o «puteros» a efectos de obtener un valor de choque y reclamar e invertir los identificadores negativos. Ejemplos de ello son la Convención Mundial de Putas de 1985 en Bruselas; los eventos de baile de Hookers Ball que COYOTE patrocinó en San Francisco en la década de 1970; las revistas Whorezine y Johnzine publicadas por profesionales del sexo estadounidenses en los años noventa; y la defensa de los clientes de Chester Brown (2013) en su libro Paying For It: Una crónica en cómic sobre cómo ser un putero. Se puede argumentar que aquellos que participan en el comercio sexual deben ser libres para llamarse a sí mismos lo que quieran. Pero para reducir el estigma, otros deben dejar de usar términos despectivos debido a la relación de poder asimétrica que su uso reproduce con el tiempo.

 

 

Los medios de comunicación

 

En su mayor parte, hay un sesgo de negatividad en las representaciones que hacen los medios de comunicación de masas del trabajo sexual. Los medios de comunicación ponen de relieve los peores casos de abuso, confunden la prostitución con el tráfico humano y rara vez ofrecen una imagen positiva (o incluso neutral) de las profesionales del sexo y sus clientes. Los noticiarios de televisión, los periódicos y las noticias en línea suelen centrarse en la victimización, los daños, la prostitución callejera, la trata, las detenciones o las redadas en los «círculos» de la prostitución o los negocios relacionados con la misma (Farvid y Glass, 2014, Van Brunschot Et al., 2000). Los informes de prensa y los artículos de revistas raramente ofrecen un panorama contrastante, aunque algunos medios destacados lo han hecho en ocasiones (por ejemplo, Economist, 2014; Goldberg, 2014). La mayoría de los documentales también destacan la explotación económica y la victimización física, representada con la ayuda de imágenes extremadamente emotivas. Y las mismas representaciones sesgadas penetran los medios de entretenimiento. Algunos largometrajes y programas de televisión romantizan el trabajo sexual, pero éstas son excepciones en el cuadro dominante de presentación como cuentos de advertencia sórdidos (Campbell, 2006). La estigmatización requiere una representación más equilibrada de lo que se suele describir en los medios de comunicación. Por ejemplo, los documentales sobre la prostitución pueden representar una serie de escenarios, escalas y experiencias de las trabajadoras, en lugar de concentrarse exclusivamente en un solo tipo, por lo general presentado despectivamente. Al examinar arreglos radicalmente diferentes en varios países, los documentales Red-Light Districts del canal A & E (1997) y el documental de la National Geographic Television Prostitution (2010) resaltan la variación transcultural, lo que puede ayudar a reducir las generalizaciones estigmatizantes. El documental de CNBC Dirty Money: The Business of High End Prostitution (2008) y National Geographic American Escort Girls (2014) también contienen representaciones positivas de las personas que trabajan en el sector de las escorts. Y la serie de televisión Showtime e ITV2, Diario Secreto de una Escort, incluye aspectos eróticos y rutinarios de una escort, además de encuentros con una variedad de clientes, lo que también puede tener algún efecto normalizador sobre la percepción de la audiencia del sector de escorts. Los medios de comunicación de masas también pueden usarse como un vehículo para la educación pública, incluyendo Anuncios de Servicio Público o anuncios pagados en televisión basados en evidencia. Un ejemplo de esto último son los anuncios colocados en los medios canadienses por el grupo de abogacía, Stepping Stone, en 2011 (Griner, 2011). Y el Proyecto Paraguas Rojo ha llevado a cabo sesiones de capacitación para que profesionales del sexo defiendan mejor sus derechos cuando se relacionen con los medios combatiendo las caricaturas estereotipadas.

 

 

Despenalización

 

La experiencia del movimiento por los derechos de los homosexuales muestra que la derogación de leyes discriminatorias es de vital importancia pero no es suficiente para la normalización. Esto se aplica también al trabajo sexual. En los lugares donde el estriptis comercial, la producción de pornografía y la prostitución son legales y regulados por el Estado, el estigma persiste, aunque sea en forma diluida. Las encuestas de Gallup muestran que sólo el 29% de los británicos (en 2008) y el 31% de los estadounidenses (en 2013) piensan que ver pornografía es «moralmente aceptable» (Gallup, 2015). El estado de Nevada legalizó los prostíbulos rurales en 1971, pero tres décadas más tarde, sólo una ligera mayoría de los nevadenses (52%) apoyó la conservación de este sistema y sólo el 35% respaldó la idea de permitir que los burdeles legales operaran en la ciudad de Las Vegas (donde son ilegales bajo la ley estatal (citado en Weitzer, 2012: 51)). El estigma persiste también en las naciones que más recientemente han despenalizado la prostitución (por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Alemania y los Países Bajos), aunque puede estar un poco acallada en esos lugares en comparación con las naciones donde la penalización reina. 4 En el área del trabajo sexual debemos esperar un retardo en el cambio cultural después de la reforma legal: puede llevar un tiempo considerable que las normas sociales se ajusten a las normas legales. La despenalización es una condición necesaria, pero no suficiente, para la desestigmatización.

 

 

Movilización de la industria

 

Los propietarios y gerentes de negocios eróticos pueden desempeñar un papel importante en el apoyo a la desestigmatización y la presión por los derechos. La industria de la pornografía en los Estados Unidos, por ejemplo, tiene sus propias organizaciones de apoyo y red de apoyo legal (Voss, 2015). Los propietarios de burdeles legales y agencias de escorts en algunos países también tienen organizaciones que abogan no sólo por sus propios intereses sino también por las trabajadoras sexuales en la medida en que sus intereses se superponen (Weitzer, 2012). Una advertencia importante es que algunos de los intereses de los dueños de negocios pueden entrar en conflicto con los de las trabajadoras sexuales. Los primeros persiguen naturalmente sus intereses económicos, que pueden entrar en conflicto con los de las trabajadoras sexuales. Pueden encontrarse alineados en algunas cuestiones, como combatir lo que consideran regulaciones injustificadas, pero pueden ser oponentes en otras cuestiones, como la de si los propietarios deben ser obligados a proporcionar beneficios de seguridad social a las trabajadoras. Sin embargo, la búsqueda de la desestigmatización se hará en la medida en que los propietarios de empresas eróticas abogan por la normalización de la industria y en la medida en que las élites de la industria (por ejemplo, Hugh Hefner y Larry Flynt) apoyen públicamente los derechos de las trabajadoras sexuales y aporten recursos para acabar con la discriminación legal y social.

 

 

Activismo de las trabajadoras sexuales

 

El cambio de política puede ser un proceso de arriba hacia abajo, orquestado por el Estado. Algunos legisladores han iniciado proyectos de despenalización con poca presión de las beneficiarias (por ejemplo, en Nevada, República Checa, Australia Occidental). Pero el cambio legal también ha sido catalizado desde abajo – por individuos y organizaciones. Para tener éxito, la investigación muestra que los grupos de derechos de las trabajadoras del sexo requieren:

 

  • Líderes inteligentes o carismáticos que sean capaces de soportar contraataques;
  • Recursos suficientes (material, personal);
  • Conexiones con organizaciones de medios de comunicación;
  • Alianzas con otras organizaciones y movimientos sociales; y
  • Apoyo generalizado de los beneficiarios (profesionales del sexo, clientes, empresarios).

 

Las organizaciones de trabajadoras del sexo en algunos países han disfrutado de uno o dos de estos factores (por ejemplo, una líder carismática), pero no todas ellas. Tales organizaciones tienden a estar muy poco financiadas, carecen de un liderazgo fuerte, reclutan a pocas trabajadoras sexuales como miembros, son marginadas por aliados potenciales (organizaciones de mujeres, sindicatos) y tienen pocas conexiones con los principales medios de comunicación (Gall, 2010; Majic, 2014, Mathieu, 2003, Oselin y Weitzer, 2013, Weitzer, 1991, West, 2000). Las trabajadoras sexuales carecen de solidaridad a través de la jerarquía del trabajo sexual; muchas ven su trabajo como temporal, no están inclinadas al activismo; y la mayoría percibe poca ventaja en la sindicalización, especialmente si son autónomas (Gall, 2010; van der Poel, 1992).

 

Hay excepciones importantes. El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelandia, por ejemplo, desempeñó un papel instrumental en el proceso que condujo a la despenalización parlamentaria en 2003 y continúa influyendo en la política a través de su asiento permanente en el Comité de Revisión de la Prostitución del país que revisa periódicamente políticas y prácticas relacionadas con la prostitución . Respecto a los aliados, en 1973 la principal organización de derechos de las mujeres de Estados Unidos -la Organización Nacional de Mujeres- aprobó una larga resolución de despenalización declarando que NOW «se opone a las leyes prohibitivas continuas con respecto a la prostitución, creyendo que son punitivas» y por tanto apoya la derogación de todas las leyes relacionadas con el acto de prostitución «(NOW, 1973). Tal apoyo de una organización influyente dominante hizo poco para avanzar en la búsqueda de los derechos de las trabajadoras del sexo en los Estados Unidos (ahora no participan en ningún esfuerzo de reforma posterior), pero este tipo de apoyo, sin embargo, puede ser considerado vital para la desestigmatización. Amnistía Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Americana de Libertades Civiles y la Comisión Mundial de las Naciones Unidas sobre el VIH y la Ley han defendido la despenalización, lo que bien divulgado puede ayudar a desafiar el estigma asociado con el trabajo sexual. En mayo de 2016, Amnistía Internacional apoyó formalmente la despenalización como una forma de reducir la victimización y la marginación de las trabajadoras sexuales. La decisión fue ampliamente divulgada y se considera como una gran victoria para la comunidad de trabajadoras del sexo (Amnistía Internacional, 2016).

 

Algunas acciones recientes ilustran las maneras en que las trabajadoras sexuales han intentado desestigmatizar el trabajo sexual, junto con otras metas. En 2001, una organización de San Francisco que proporciona atención médica a las trabajadoras sexuales (la St James Infirmary) publicó anuncios en autobuses urbanos que incluían fotos de profesionales del sexo y citas destinadas a desafiar los estereotipos: «los derechos de las trabajadoras sexuales son derechos humanos» “El trabajo sexual es un trabajo real» y «alguien que usted conoce es una trabajadora sexual» (Schreiber, 2015: 256). En septiembre de 2015 la organización escocesa de trabajadoras del sexo Scot-Pep lanzó una propuesta (con el miembro del Parlamento escocés Jean Urquhart) de una legislación que despenalizaría la prostitución, siguiendo el modelo de Nueva Zelanda. La Ley de Reforma de la ley de Prostitución de Escocia cuestiona la posición actual del Gobierno de Escocia de que el trabajo sexual equivale a la «explotación sexual comercial» y busca derogar las leyes contra la solicitud, el rastreo de clientes y el mantenimiento de burdeles. El proyecto de ley permitiría que más de una trabajadora sexual trabajara en las mismas instalaciones (la ley actual restringe esto a una trabajadora) y aumentaría las penas contra quienes coaccionan a las trabajadoras sexuales. En noviembre de 2015, el Colectivo Inglés de Prostitutas, junto con defensores de los derechos de las trabajadoras del sexo de otras naciones, testificó en un simposio especial sobre la despenalización en la Cámara de los Comunes británica.

 

Las demandas que cuestionan la constitucionalidad de las leyes de prostitución son otra estrategia que siguen los activistas de las trabajadoras sexuales. Un caso judicial importante de esta naturaleza tuvo éxito en Canadá en 2013, cuando la Corte Suprema dictaminó inconstitucionales las tres leyes de prostitución de la nación.5 En los Estados Unidos se presentó recientemente un recurso legal similar, que desafiaba las leyes de prostitución de California. En la medida en que el público es consciente de estos esfuerzos legislativos y judiciales, al ser cubiertos por los medios de comunicación, las iniciativas pueden tener algún efecto en el desafío de los conceptos erróneos populares sobre el trabajo sexual. Otros acontecimientos recientes mueven la política en una dirección más represiva. La legislación del Parlamento francés es un ejemplo, con la Asamblea y el Senado proponiendo diferentes proyectos de ley en 2013 y 2015: uno implementaría el sistema sueco de criminalización del cliente mientras que el otro lo rechazaría y mejoraría las penas contra las prostitutas que solicitaban en las calles. El proyecto de ley de criminalización de los clientes, aprobado en abril de 2016, fue rechazado por una variedad de organizaciones y más de 70 celebridades francesas, y la gran mayoría del público francés se opone a la criminalización de los clientes.6 Cientos de profesionales del sexo organizaron una protesta en las calles de París y una activista (Franceline Lepany) declaró: «Este proyecto de ley trata de estigmatizar aún más a las prostitutas» .7 Las activistas de las trabajadoras sexuales también han sido activas en la oposición a proyectos de penalización de clientes en Canadá en 2014, el Parlamento Europeo en 2014, e Irlanda del Norte en 2015. Todas las medidas fueron aprobadas a pesar de la oposición vocal de los críticos. Pero su impacto en el estigma del trabajo sexual puede ser mixto, ya que todas y cada una de las iniciativas provocaron la oposición de las trabajadoras sexuales y sus partidarios – resistencia que puede ayudar a iluminar al público y generar un mayor apoyo a las demandas de las trabajadoras sexuales.

 

 

La comunidad académica

 

La comunidad académica puede desempeñar un papel importante en la desestigmatización del comportamiento no convencional. En 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó la homosexualidad de su compendio de enfermedades mentales (el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales) y la Organización Mundial de la Salud siguió su ejemplo en 1990. Asociaciones profesionales y académicas pueden ayudar a reducir el estigma aprobando resoluciones en apoyo a grupos marginados o patrocinando directamente campañas contra el estigma, como lo han hecho varias organizaciones de salud mental. Este tipo de intervención es poco frecuente en el ámbito del trabajo sexual, pero hay al menos un ejemplo destacado: En octubre de 2011 la junta directiva de la Sociedad para el Estudio de Problemas Sociales aprobó una resolución declarando su apoyo formal a: ) La legislación bipartidista para despenalizar la prostitución, 2) la información al público sobre los costos de emplear a la policía para controlar a las trabajadoras del sexo, y 3) la normalización de esta ocupación.8 Otras asociaciones académicas y profesionales podrían aprobar resoluciones similares, que pueden ser ampliamente publicadas después. Los eruditos pueden intervenir de otras maneras, tales como escribir columnas para fuentes de noticias, aparecer en programas de entrevistas, y publicar los resultados de la investigación que demontan las falacias predominantes. Esto sucede en cierta medida ahora – p.ej., los académicos participaron en el simposio parlamentario británico mencionado anteriormente – pero una implicación más robusta del experto ofrecería un correctivo basado en la evidencia a las políticas basadas en mitos con respecto al trabajo del sexo.

 

 

Conclusión

 

Esta lista de condiciones previas no es exhaustiva, pero sí cubre las principales áreas en las que se necesita un cambio. Como se mencionó anteriormente, el estigma es frecuentemente mencionado por académicos y activistas en el campo del trabajo sexual, pero típicamente no se problematiza como una variable sujeta a cambio. Este Comentario pretende catalizar análisis más directos de las condiciones para reducir el estigma para todos los participantes en el comercio sexual.

 

Es importante señalar que cualquier esfuerzo de normalización tendrá la oposición de las instituciones establecidas si el contexto jurídico nacional es uno en el que la prostitución está penalizada, el ordenamiento jurídico en sí mismo agrava la estigmatización y las autoridades tienen interés por considerar el trabajo sexual como una desviación. Además de esto, sabemos que las principales instituciones sociales y muchos grupos de interés poderosos y bien organizados están empeñados no sólo en bloquear la normalización del sexo comercial, sino también en perpetuar e intensificar la estigmatización. El movimiento contra la prostitución es fuerte y está creciendo en la mayoría de las partes del mundo, reforzado por su exitosa equiparación de prostitución y trata (Weitzer, 2007). Y hay también un creciente movimiento anti-pornografía que ha logrado imponer nuevas restricciones sobre material y espectáculos eróticos en algunas naciones (Gran Bretaña, Islandia, India) (Attwood y Smith, 2010; Burke, 2015; Helgado’ttir, 2014 ). Pero como el estigma no es inherente a ningún tipo de comportamiento y es en cambio una construcción social, puede ser contrarrestado y desconstruido. Y esa desestigmatización puede tener consecuencias importantes para otros aspectos del trabajo sexual: si se permite a la prostitución «funcionar en un clima social libre de prejuicios emocionales» (Ericsson, 1980: 362), entonces resulta “imaginable que la prostitución pueda ser practicada siempre, como ocasionalmente es incluso ahora, en circunstancias de relativa seguridad, libertad, higiene y control personal «(Overall, 1992: 716). Este ensayo ha esbozado algunas condiciones previas para una normalización más amplia.

 

 

Agradecimientos

 

Una versión de este artículo fue presentada en la conferencia COST Action IS1209, «Troubling Prostitution: Exploring Intersections of Sex, Intimacy and Labour» en Viena, Austria, 18 de abril de 2015. La acción COST se conoce como Comparación de las políticas europeas de prostitución : Entendiendo Escalas y Culturas de Gobierno (Prospol) (www.propol.eu). Agradezco a Susan Dewey, Juline Koken y Sharon Oselin por sus comentarios sobre una versión anterior de este artículo.

 

 

Notas

 

  1. Goffman (1963: 7) escribe: «El individuo estigmatizado tiende a tener las mismas creencias acerca de la identidad que que las que tenemos nosotros; éste es un hecho fundamental «. Él menciona, pero sólo de paso, algunos ejemplos de intentos de los representantes de una categoría estigmatizada para dar voz a sus sentimientos compartidos (Goffman, 1963: 24-27).

 

 

  1. Esto se aplica menos a las personas cuyo trabajo es muy visible, como las estrellas porno y los intérpretes de webcam, que ya están » fuera del armario» en virtud de sus apariciones en pantalla.

 

 

  1. Después de que 50 académicos firmaran una carta a la legislatura estatal de Rhode Island (Estados Unidos) oponiéndose a una nueva ley de prostitución en 2009 (Associated Press, 2009), dos activistas antiprostitución atacaron los motivos de los académicos, que fueron etiquetados como “radicales sexuales”. “Los radicales sexuales están tomando como objetivo a Rhode Island para su propia agenda libertaria sexual extrema de prevenir cualquier límite legal a cualquier comportamiento sexual «(Brooks y Hughes, 2009: 3). La carta de los académicos, que coescribí con Elizabeth Wood, no contiene nada que pudiera justificar esta conclusión y en cambio se organizó en torno a los principios de reducción de daños y derechos laborales (Carta a los Honorables Miembros de la Legislatura del Estado de Rhode Island, Re: Prostitution Law Reform Bill, 31 de julio de 2009).

 

 

  1. La Encuesta Mundial de Valores documenta actitudes más tolerantes hacia la prostitución en las naciones que han legalizado la prostitución que donde la prostitución es ilegal (ver Weitzer, 2012: 80). Sin embargo, incluso en los países donde la penalización es la norma, la opinión pública puede cambiar con el tiempo: según la Encuesta Mundial de Valores, la perspectiva de que la prostitución «nunca se justifica» ha disminuido sustancialmente en Estados Unidos: de 63% en 1981 a 40 % En 2006: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (se accede el 25 de mayo de 2015).

 

 

  1. Bedford c. Canadá, ONSC 4264, Tribunal Superior de Justicia de Ontario, 28 de septiembre de 2010. El caso fue oído por un tribunal de apelaciones en 2012 y culminó con una sentencia del Tribunal Supremo en 2013 (Canadá [Fiscal General] v. Bedford, 2013 SCC 72, Tribunal Supremo de Canadá, 20 de diciembre de 2013).

 

 

  1. En cinco encuestas realizadas entre 2011 y 2013, del 70% al 82% de los encuestados franceses desaprobaron la idea de penalizar a los clientes, y una encuesta de 2013 informó que el 74% de los encuestados favoreció la «reapertura de burdeles» en el país (Weitzer, 2015).

 

  1. Esto fue citado en France24.com (se accedió el 3 de junio de 2015).

 

 

 

  1. Resolución 3, Sex Work: disponible en: http://www.sssp1.org/index.cfm/pageid/1516/m/ 392 # R3 (se accede el 20 de mayo de 2015).

 

 

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Derivas sociológicas y de las ciencias sociales sobre la prostitución

 

Santiago Morcillo*

Octubre – Diciembre 2016

http://produccioncientificaluz.org/index.php/espacio/article/view/22004/21731

 

Derivas sociológicas y de las ciencias sociales sobre la prostitución.  

Santiago Morcillo*

 

Resumen

En el marco de la relación múltiple y cambiante que la Sociología ha entablado con la prostitución, este artículo busca repasar apenas algunas de las líneas más significativas en la producción de las ciencias sociales sobre el sexo comercial para comprender las claves de lectura actuales. En primer lugar se abordan algunos hitos en la construcción sociológica de la prostitución como objeto de estudio. Luego se considera el influjo del debate feminista en sus distintas posiciones y también de los movimientos de prostitutas o trabajadoras sexuales. Por último se mencionan algunos temas que se han intersectado con la prostitución y el mercado sexual para finalmente dejar planteadas las vicisitudes y necesidades de esta área.

Palabras clave: Prostitución; Sociología; Feminismo; Trabajadoras Sexuales

La Sociología y la prostitución han construido una relación compleja y que ha sufrido varias transformaciones. Dar cuenta exhaustivamente de los abordajes sociológicos de la prostitución, incluso restringiéndonos a las últimas décadas, implicaría un trabajo que excede con mucho los límites de este escrito de pretensiones más humildes. Aquí busco repasar apenas algunas de las líneas que me parecen significativas en la producción de las ciencias sociales sobre el sexo comercial a fin de comprender mejor cuáles son las claves de lectura actuales.

La prostitución llega a constituirse como objeto de análisis para las ciencias sociales y la sociología durante del siglo XIX y en diálogo con otros campos discursivos: la medicina —y en particular el higienismo—, la filosofía y la ética, y el derecho han sido claves en este sentido. A pesar del latiguillo de “profesión más antigua” resulta problemático construir una línea de continuidad entre la prostitución moderna y otras formas de intercambios sexo económicos en la antigüedad. Varios estudios modernos acerca de la prostitución en la antigüedad se apoyan en la noción de una “prostitución sagrada”. Más allá de su existencia empírica1, en la mayoría de los casos la imagen de la prostitución sagrada -la poderosa sacerdotisa o diosa prostituta- sirve para marcar un contraste con la figura de la prostituta luego del cristianismo —la lujuriosa descarriada o la victimizada Magdalena arrepentida—. Este es el caso de Bataille (1997), que planteó la oposición entre la prostitución religiosa y la prostitución moderna a la que denomina la “baja prostitución”. Esta surge de la miseria, y el valor simbólico atribuido a estas prostitutas será únicamente el de la exclusión.

Como otros tantos objetos sociológicos, la construcción sociológica de la prostitución moderna vendrá marcada por el abordaje primigenio de la medicina higienista. Desde mediados del siglo XIX, el desarrollo urbano tuvo aparejado el crecimiento del burdel al cual los médicos higienistas buscaron transformar en “casa de tolerancia”. En este marco emerge en 1836 el estudio “De la prostitución en la ciudad de París desde el punto de vista de la higiene pública, la moral y la administración” de Alexandre Parent Duchâtelet, señalado como uno de los fundadores de la investigación en temáticas sexuales desde las ciencias sociales y del comportamiento (Bullough y Bullough, 1996). Más allá de sus sesgos, lo que cristaliza por primera vez con el estudio de Parent Duchâtelet, es la construcción de las prostitutas como una “población”, en sentido foucaultiano: se enfoca hacia la extensión de la prostitución, se necesita medirla, conocer sus rasgos como grupo. Como veremos, esta caracterización epidemiológica de las prostitutas resonará cuando irrumpa la epidemia de VIH/sida (Morcillo, 2015).

A su vez, en este momento histórico emerge “la prostituta” como personaje del elenco de anormales y perversos que produce el “dispositivo de sexualidad”2 (Foucault, 2002). Al situar al sexo como clave para descifrar la identidad subjetiva, el dispositivo de sexualidad genera personajes perversos, esencializando prácticas “desviadas” y postulándolas como emergentes, puntas de un iceberg que esconde un complejo sistema subjetivo pervertido. La constitución de la figura de “la prostituta” surge como uno de los efectos de este dispositivo, sumado a leyes específicas que aislaron y segregaron a las prostitutas del resto de la clase trabajadora (Guy, 1994; Walkowitz, 1980).

Esto permitirá entender la orientación de la sociología de la desviación en sus exploraciones sobre la prostitución. Este enfoque –que tuvo importancia en la sociología hasta la década de 1990- se mueve desde la pregunta por “¿quiénes son las prostitutas?” hasta cuáles los motivos y las formas de entrada en la prostitución (ver por ejemplo Davis, 1937). Varias investigaciones han tomado a las prostitutas como objeto para estudiar conductas desviadas (sexuales o de consumo de drogas, de propagación de enfermedades venéreas o delincuencia juvenil) sin cuestionar la construcción ideológica de “la prostituta” ni pensar en paralelo en otras formas de intercambios sexo-económicos (ver en Pheterson, 2000; Tabet, 2004)3.

Sin embargo, desde la sociología de la desviación también nacerá una línea que habilita a repensar el papel de la categoría “prostituta”. Acá tienen un papel importante tanto el desarrollo de la teoría del etiquetaje de Howard Becker como los desarrollos de Erving Goffman sobre el estigma. Ambos abordajes han permitido reconstruir la posición de la prostituta en una trama de relaciones sociales, dejando de lado el peso puesto a las características personales y psicológicas. En esta línea de trabajo se han desarrollado, desde mediados de los 80’ y hasta la actualidad, distintos estudios que describirán el manejo de la identidad y permiten elaborar una crítica de la estigmatización que sufren las prostitutas a partir del análisis de sus vidas cotidianas (por citar sólo algunos: Fonseca, 1996; Gaspar, 1985; Kong, 2006; Morcillo, 2011, 2014a; Pasini, 2000; Piscitelli, 2006; Sanders, 2005). En esta línea de trabajo, la socióloga Gail Petherson (2000) ha planteado un concepto clave para comprender cómo funciona la prostitución: el “estigma de puta”, que no solo controla y disciplina la sexualidad de las que venden servicios sexuales sino de todas las mujeres. Este enfoque ha permitido desarrollar todo un abordaje de la prostitución que comprende en clave crítica las relaciones de género que la atraviesan, sin por ello poner a las prostitutas en un lugar de meras víctimas sin capacidad de agencia. Pero para esta transformación, además de los desarrollos en la sociología de la desviación, serán también clave los movimientos de prostitutas (Pheterson, 1989). Nacidos a fines de los 70’, es el diálogo con estos movimientos el que permite a la sociología feminista percibir con agudeza el peso de la estigmatización entre quienes se dedican al sexo comercial. Sin embargo las posiciones del feminismo están divididas respecto a la prostitución y otras voces se han contrapuesto a esta posición.

Las guerras del sexo y la polarización del debate feminista.

Un punto ineludible para comprender el desarrollo la sociología en torno al mercado sexual en las últimas décadas son las transformaciones en el debate feminista sobre la prostitución. La prostitución ya era un tema importante desde el feminismo de la primera ola. Estas feministas hacían énfasis en dos elementos: las condiciones socio-económicas de las mujeres y una crítica del matrimonio. Según Barbara Sullivan (1995) el feminismo de la primera ola comprendía a la prostitución dentro de un continuo de intercambios sexuales-económicos que marcaban las posiciones de las mujeres. Sin embargo, las perspectivas comenzaron a trasformarse tempranamente en el marco de ligazón del movimiento feminista abolicionista de la prostitución con los movimientos religiosos de “pureza social” y su vuelco hacia la cuestión de la “trata de blancas” a fines del siglo XIX4. Más adelante, esta misma temática reflotaría a fines del siglo XX, denominada ahora como “trata de personas”5 y acicateada por los fenómenos económicos trasnacionales asociados a la globalización y trasformaciones geopolíticas (retomaré este punto más adelante).

A esta circunstancia se sumó también desde mediados de los 80’ el debate feminista sobre la sexualidad, que en el marco del feminismo euro-anglosajón se conoce como las guerras del sexo (sex wars). Aquí surge la oposición entre las concepciones del feminismo radical, que conceptualiza al sexo en un contexto patriarcal como un peligro, y del feminismo libertario o pro-sexo, que lo enfocará como una posibilidad de placer. De un lado, se plantea que negociar el placer sexual no conlleva a ninguna forma de libertad, ni es el placer un tema central de la sexualidad femenina; la cuestión es la dominación y la forma de detenerla (Dworkin, 1987, 1993; MacKinnon, 1987). Del otro, se sostiene que la cuestión clave de la sexualidad son los aspectos potencialmente liberadores del intercambio de placer entre individuos que consienten (ver Ferguson, 1984: 53). En estas discusiones las prostitutas ocuparon tanto el lugar de esclavas sexuales como de paradigma de la subversión sexual (Chapkis, 1997).

En el feminismo radical la homogeneización sobre las diversas experiencias de las mujeres en el sexo comercial puede comprenderse a partir del tono esencialista que mantiene la concepción de sexualidad. Más allá de la crítica en clave de género, las diferencias en términos de clase, de raza, de nacionalidades, de edades y de mercados sexuales son despreciadas desde este enfoque. A ello debe sumarse los señalamientos en cuanto a la escasa rigurosidad metodológica de sus investigaciones (Weitzer, 2005a).

Aunque el feminismo radical es la línea teórica más desarrollada dentro de las posiciones abolicionistas de la prostitución, también podemos encontrar otros enfoques que se reconocen como feministas y desarrollan una comprensión contextualizada de la comercialización del sexo, desarticulando el esencialismo de las feministas radicales. Desde estas posiciones se toma en cuenta el papel del género –pero no como una estructura de dominación dicotómica e inamovible— sin desatender el rol que juegan la clase y la raza. Si bien no abundan estudios desde estas perspectivas se puede mencionar, por ejemplo, a Julia O’Connell Davidson (2002) quien objeta tanto las miradas abolicionistas como las pro-trabajo sexual; cuestiona la concepción reificada del poder, que para unas aparece en manos de los clientes y/o proxenetas, y para otras se halla concentrado en el Estado y en la legislación que criminaliza a la prostitución.

La otra posición del debate feminista sostiene la noción de “trabajo sexual” como forma de conceptualizar a la prostitución. Aquí ocupan un lugar importante las feministas que en el contexto de las sex wars se han denominado “pro-sexo”. Si bien algunas feministas pro-sexo, simplemente perciben a la prostituta en un sentido diametralmente opuesto al del feminismo radical -como un agente de subversión del orden sexual-6; la mayoría elaboran sus concepciones sobre sexualidad teniendo en cuenta un contexto cultural de dominación masculina: “el sexo se entiende como construido por esta cultura, sin ser completamente determinado por ella” (Chapkis, 1997: 23). Lo que caracteriza a esta perspectiva es la noción de que el sexo es un terreno de lucha y no un campo de posiciones fijas de género y de poder.

Muchas lecturas de los planteos de las feministas pro-sexo se ven perjudicadas por el juego político de polarización. En este sentido, Adriana Piscitelli sostiene la necesidad de correrse de las posiciones que tienden a la simplificación de la problemática. En «Gênero no mercado do sexo» —un artículo clave que sintetiza este punto de vista— Piscitelli aclara que los problemas ocurren cuando se interpreta la sexualidad como mera corporificación del género —tal como se puede leer la perspectiva de MacKinnon— o como parte de posiciones o identidades de género fijas; pero también cuando en una perspectiva de identidades fluidas se dificulta el acceso a los scripts que están siendo performados en un contexto (Piscitelli, 2005: 20).

Un punto ineludible para comprender el desarrollo de este debate es el surgimiento de los movimientos de prostitutas. Ya desde mediados de los 70’, algunas prostitutas habían comenzado a pelear por sus derechos por primera vez públicamente y conformando alianzas junto a otros actores. A partir de la década siguiente florecerán en todo el mundo diversas organizaciones de prostitutas (Gall, 2007; Pheterson, 1989; West, 2000). Según la activista y prostituta Carol Leigh (1997)7, la expresión “trabajo sexual” (sex work) y luego “trabajadora sexual” fueron acuñadas por ella en 1980 debido a los problemas que les causaba a las mujeres presentarse como “prostitutas” en los contextos feministas. La concepción de la prostitución como un trabajo se halla ligada desde su surgimiento a dos problemas centrales: la estigmatización y las divisiones entre mujeres.

En este contexto emergen nuevas formas de pensar y denominar a la prostitución, concebida ahora como “trabajo sexual”, y da el marco para que algunas feministas y académicas/os comiencen a investigar y pensar esta problemática con estudios que se visibilizarán a lo largo de la década del 90’ (Piscitelli, 2006). Como vimos antes, a partir de las colaboraciones con los movimientos de prostitutas Gail Pheterson (2000) logra desarrollar la mencionada noción de “estigma de puta” como un elemento constitutivo sin el cual no puede comprenderse a la prostitución. Para Pheterson, lo que se sanciona específicamente con el estigma de puta es el pedido explícito de dinero, pero además se condena cualquier gesto de autonomía femenina8. Dolores Juliano (2002, 2003) ha retomado esta idea al concebir a la estigmatización de las putas como modelo de control sobre la sexualidad femenina, que refuerza la división entre mujeres puras y putas aislando a las prostitutas en un submundo. Por ello, para estas autoras, como para toda la posición pro-trabajo sexual, es clave la alianza entre putas y no putas como forma de poner en cuestión la división patriarcal entre mujeres “buenas” y “malas”. Kamala Kempadoo también ha sugerido otras alianzas posibles a partir de la redefinición de la prostitución como trabajo sexual pues se vincula con:

Las luchas por el reconocimiento del trabajo de la mujer, por los derechos humanos básicos y por condiciones de trabajo dignas: luchas que no son específicas de la prostitución y el comercio sexual, sino que son comunes a la lucha general de las mujeres [y a su vez esta redefinición] destaca la naturaleza variada y flexible del trabajo sexual así como sus similitudes con otras dimensiones de la vida de las/los trabajadores/as. (1998: 1).

El enfoque del trabajo sexual expandió tanto las nociones de trabajo como las de sexualidad. Por un lado, en el caso de la sexualidad permite ir más allá de los intercambios que usualmente se piensan como “prostitución”, es decir mero sexo a cambio de dinero y sin afecto. Por ejemplo, Piscitelli (2008) ha considerado los vínculos afectivos que las mujeres brasileras entablan con turistas sexuales, con quienes migran y pueden casarse, como parte de una estrategia para tener una movilidad social ascendente que en su contexto vernáculo les sería imposible. También Kempadoo (1996) ha examinado en las sociedades del Caribe lo que se conoce como “sexo transaccional”, es decir intercambios sexuales a cambio de bienes o mejoras diversas. Esta autora critica la homogeneización de las experiencias de las mujeres del “Tercer mundo” señalando que la mirada del feminismo radical supone valores sexuales que, al postular al sexo como aquello más íntimo y valioso, “borra otras definiciones y experiencias culturales de sexualidad y relaciones sexuales-económicas […] e impone una definición muy estrecha desde una visión de sexo feminista estrictamente occidental y burguesa”. (1998: 4). Detrás de la concepción de las mujeres del “Tercer mundo” como meras víctimas sin ninguna capacidad de agencia, existe, según Kempadoo, un neocolonialismo que acalla las voces de estas mujeres e imagina su experiencia a partir de las concepciones de género y sexualidad hegemónicas en el primer mundo occidental9.

A partir de esta expansión, el concepto de “trabajador/a sexual” da la posibilidad de conectar la prostitución, tanto con otras actividades de la industria del sexo, como con otras actividades de las mujeres trabajadoras -por ejemplo esto sucede cuando se liga al trabajo sexual con el “trabajo emocional” como un trabajo feminizado (Adelman, 2011; Bernstein, 2007b; Hochschild, 2003; Morcillo, 2014b)-. Estas articulaciones, según Kempadoo, “puede ser la base de movilización en luchas por condiciones de trabajo, derechos y beneficios y por formas de resistencia más amplias contra la opresión de los/las trabajadores/as en general y de las mujeres en particular” pues “pone de manifiesto que los intereses comunes de las mujeres trabajadoras pueden articularse dentro del contexto de luchas (feministas) más amplias contra la devaluación del trabajo de las ‘mujeres’ y la explotación de género dentro del capitalismo.” (1998: 3).

Del VIH a la “trata de personas” y los desafíos abiertos

Desde mediados de los 80’, con mayor fuerza en los 90’ y hasta entrada la primera década del siglo XXI, ha tenido lugar una gran producción de estudios e investigaciones sobre diversos aspectos de las relaciones entre el sexo comercial y la epidemia de VIH/sida. En un principio buena parte de las investigaciones se orientan a detectar los patrones epidemiológicos de expansión del virus, donde las prostitutas jugarán el papel de “vector de contagio” hacia el resto de la sociedad. Como señalan Ward y Day (1997), ya desde el higienismo decimonónico y en toda la epidemiología clásica del tratamiento de enfermedades sexualmente transmitidas, las prostitutas son vistas como una suerte de reservorio de infección. Solo a mediados y fines de los 90’ las investigaciones comienzan a problematizar este paradigma. Entonces, múltiples estudios mostrarán que es necesario considerar para cada población específica cual es el grado de riesgo, poniendo de relieve el papel de otras problemáticas como el uso de drogas intravenosas y la estigmatización (Lazarus, et al., 2011; Rekart, 2005; Ward, H. A. S. O., 2006). Aquí es donde también comienza a marcarse la necesidad de estudiar otros actores como los clientes de sexo comercial, indagar en más allá de las prostitutas mujeres y considerar también las relaciones en sus vidas privadas. En este aspecto varias investigaciones han señalado como el uso de preservativos resulta consistente en aquellas relaciones sostenidas en el ámbito laboral, pero no sucede lo mismo por fuera de este (Allen, et al., 2003; Sanders, 2002). Al igual que sucedió desde los abordajes de otras problemáticas ligadas el sexo comercial, paulatinamente emerge la necesidad de reconstruir un conocimiento matizado sobre el mercado sexual que lo comprenda en su complejidad suspendiendo juicios morales y estereotipos.

Este no parece ser el caso con los actuales abordajes que analizan la prostitución a partir de perspectiva de la “trata de personas con fines de explotación sexual”. Si bien ya había cierta preocupación por la trata de personas a fines del siglo XX, será con el cambio de siglo que buena parte de la producción académica sobre la prostitución se vuelca a este fenómeno. Aunque es presentado como novedoso (“la nueva esclavitud”), varias autoras coinciden en señalar los paralelismos entre el pánico moral que impulsaba la lucha contra la “trata de blancas” y la actual lucha contra la “trata de personas” (Doezema, 2000; Kempadoo, 2015; Schettini, 2013). Se ha mostrado las deficiencias y las dificultades en la producción de datos empíricos sobre la extensión concreta del fenómeno, con lo que se hace difícil dimensionarlo (Blanchette y Da Silva, 2011; Silva, et al., 2005; Varela y Gonzalez, 2015) y para algunos la lucha anti-trata adquiere en este siglo características que la asemejan una cruzada moral (Weitzer, 2007).

En este marco, el enfoque del feminismo radical, que subsumir las distintas formas del sexo comercial bajo la idea de la violencia de género y la esclavitud, prefigura la operación por la cual el tipo criminal de la “trata” sirve como clave de comprensión de todo el mercado sexual (ver por ejemplo Jeffreys, 2009). Sin embargo, desde otros enfoques, los procesos que muchas veces son interpretados como casos de trata con fines de explotación sexual son reenmarcados —a partir de los relatos y las experiencias de las mujeres— dentro de diversos tipos de tránsitos transnacionales y problemáticas migratorias, sin perder de vista la agencia de estas mujeres (Agustín, 2006; Kempadoo, 2005; Piscitelli, 2008; Piscitelli, Oliveira Assis y Olivar, 2011).

Observar la lucha contra la trata como una cruzada permite ver su expansión territorial irradiada a partir de los Estados Unidos. Allí la “lucha contra el terrorismo”, las transformaciones en las políticas seguridad y migratorias, entre otras, articulan un escenario donde el fenómeno de la “trata de personas” sirve para canalizar estas tensiones (Chapkis, 2005). Luego el proceso de institucionalización de este fenómeno ha construido mecanismos que coaccionan a los países periféricos a posicionarse bajo el paradigma norteamericano (Varela, 2015; Weitzer, 2005b). Este movimiento norte – sur de la campaña anti-trata se complementa con los estereotipos racializados sobre las víctima y quienes deben rescatarlas (Doezema, 2000; Kempadoo, 2015). Además, la creciente atención de los medios masivos de comunicación sobre la “trata de personas” pone a circular versiones espectacularizadas y simplificadas (Justo von Lurzer, 2013; Kempadoo, 2015).

Todo ello contribuye a un escenario que propicia además cambios en las legislaciones de diversos países10. En este nuevo giro emerge una vertiente del feminismo abolicionista que se asemeja cada vez más a una forma nueva de prohibicionismo pues propone la intrervención del sistema penal para resolver los problemas de justicia social, por ello algunos la llaman “feminismo carcelario” (Bernstein, 2007a). Aunque tiene origen en los países centrales, sus propuestas tienen eco en nuestra región —por ejemplo en Argentina donde las transformaciones legales han dado cauce a un modelo punitivo del derecho para intervenir en el mercado sexual—. Una de las medidas propuestas desde este paradigma es la penalización de los clientes de prostitución como forma de luchar contra la trata y la violencia contra las mujeres. Impuesto en Suecia en 1999, este paradigma de penalización, el “modelo sueco”, ha sido mencionado como ejemplo a seguir desde el feminismo radical (ver MacKinnon, 1993, 2009; Raymond, 2003). Sin embargo, varios estudios sostienen que estas normativas, bajo argumentos supuestamente feministas, muestran connotaciones moralizantes (Carline, 2011; Sanders, 2009; Scoular y O’Neill, 2007). Además, Don Kulick (2005) ha señalado los perjuicios que ha ocasionado a las trabajadoras sexuales de Suecia afectando casi exclusivamente a las que trabajan en las calles y particularmente a las migrantes. Al mismo tiempo, Kulick advierte cómo, con las encuestas y las distintas producciones discursivas sobre los clientes de prostitución, se está generando una nueva especie de “perverso”, en el sentido foucaultiano11.

La perspectiva de conjunto de la dinámica de producción académica sobre prostitución en las últimas décadas ha vuelto a poner de relieve la importancia del trabajo de investigación empírica como fuente del análisis. Una crítica situada solo puede provenir de un análisis minucioso y riguroso, especialmente considerando las diferencias que existen para los distintos mercados sexuales. Las revisiones de la literatura anglosajona suelen marcar esta necesidad, planteando el desbalance entre las investigaciones que abordan la prostitución callejera de mujeres y el resto de los actores y mercados que han sido mucho menos estudiados (Vanwesenbeeck, 2001; Weitzer, 2009). Sólo recientemente en nuestra región —a excepción de Brasil que cuenta con un conjunto de estudios de mayor antigüedad— se ha comenzado a señalar esta necesidad y, a la vez, la relevancia de poner atención a las distintas narrativas de las presonas dedicadas al sexo comercial para realizar una crítica de las posiciones esencialistas respecto a la sexualidad.

La dinámica maniquea del debate feminista obstaculiza los abordajes matizados que respondan a la complejidad del asunto. Más aún cuando la investigación sobre prostitución se constituye como un campo minado donde el apasionamiento puede desencadenar injurias y/o estigmatización hacia las y los investigadores (Dewey y Zheng, 2013; Hammond y Kingston, 2014; Pecheny, 2013). Más que los abordajes desde la filosofía política o el derecho a los que nos ha acostumbrado la dinámica del debate feminista, se muestra la necesidad de una contextualización sociocultural e historización de las distintas formas de prostitución. El análisis empírico es el que permite diferenciar mercados y conocer las complejidades de las distintas formas de inserción en ellos. A partir de allí se podrá indagar sobre las vinculaciones con las transformaciones entre la esfera doméstica, laboral y la moral sexual. Contextualizar y enlazar las variantes de las prácticas puntuales de sexo comercial con los mercados sexuales y las estructuras culturales y económicas reinantes, más que trazar una distinción esquemática entre prostitución libre / forzada, abre a una comprensión balanceada de las distintas formas de intercambio. Este es un punto de partida fundamental para construir una crítica que permita transformar las realidades de las poblaciones subalternizadas a partir de considerar sus polifónicas voces.

 

NOTAS:

  • 1 Algunas investigaciones recientes ponen en cuestión el sustento empírico de tal figura. Por ejemplo Stephanie Budin (2006) concluye que las versiones que hablan de “prostitución sagrada” se basan en malas interpretaciones (y/o errores de traducción) de los textos antiguos. La supuesta prostitución sagrada, que siempre aparece predicada acerca de otras sociedades o en épocas remotas, funcionaría en realidad como una acusación. La prostitución sagrada no sería tanto una realidad histórica como una denuncia de la barbarie de otros pueblos, posición cara a los primeros padres fundadores del cristianismo.

 

  • 2 La extensión de dicho dispositivo en el contexto de América Latina es objeto de disputas (Olivar, 2013). Sin embargo, los efectos discursivos de este aparato y su exportación sirven como analizador para comprender algunas de las aproximaciones sociológicas a la prostitución.

 

  • 3 Paola Tabet (2004) plantea un abanico de formas en que se intercambian sexo y bienes económicos, donde se incluyen la prostitución y el matrimonio. Dichos intercambios constituyen un continuum con matices respecto a quiénes intercambian, la modalidad y temporalidad del intercambio, y las formas de retribución económica.

 

  • 4 A fines del siglo XIX en la mayoría de los países europeos se consideraba que sus mujeres –de ahí la denominación trata de blancas- eran traficadas, -entre otros países a Argentina-, para ser explotadas sexualmente. Varias historiadoras han planteado que la percepción del problema estaba sobredimensionada por un pánico moral (Guy, 1994; Walkowitz, 1980). De todas formas, el tema del tráfico de mujeres tendría gran impacto sobre el movimiento feminista.

 

  • 5 El cambio de denominación obedecía al sesgo racial y a la incorporación de otros sujetos (niños, varones, etc.) (Ezeta, 2006). Una definición precisa llegará recién en 2000 con el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” (conocido como Protocolo de Palermo), no obstante la problemática estaba en la agenda del movimiento desde antes.

 

  • 6 Por ejemplo, Camille Paglia invierte los términos del discurso victimizante del feminismo radical: son los varones quienes están desprotegidos frente a la sexualidad femenina y, en una posición de inferioridad, sólo pueden apelar al dinero frente a las prostitutas (ver en Chapkis, 1997). Esta forma de concebir las posiciones de los sujetos en abstracto reduce las interacciones a decisiones de actores individuales y hace caso omiso de los procesos sociales más amplios que las enmarcan y atraviesan.

 

  • 7 Junto a una colega hemos realizado una traducción de este texto clave para comprender el desarrollo de la idea de “trabajo sexual” (consultar Morcillo y Varela, 2016)

 

  • 8 Pheterson da una lista de actividades que supuestamente llevan a cabo las prostitutas, pero que pueden imputársele a cualquier mujer, por las cuales la sociedad las considera deshonradas: “(1) relacionarse sexualmente con extraños; (2) relacionarse sexualmente con muchas parejas; (3) tomar la iniciativa sexual, controlar los encuentros sexuales y ser una experta en sexo; (4) pedir dinero a cambio de sexo; (5) satisfacer las fantasías sexuales masculinas de manera impersonal; (6) estar sola en la calle por la noche, en calles oscuras, vestida para provocar el deseo masculino; (7) encontrarse en situaciones determinadas con hombres insolentes, borrachos o violentos que o bien una puede manejar (‘mujeres descaradas o vulgares’) o ser manejadas por ellos (‘mujeres convertidas en víctimas’)” (Pheterson, 2000: 59).

 

  • 9 No sólo se homogeneizan las miradas sobre las sexualidades, sino que, en la polarización, las lecturas abolicionistas pueden llevar a igualar un discurso del trabajo sexual como el de Kempadoo con la doctrina de la tolerancia de la iglesia católica y plantear a ambos como etiquetas estigmatizantes. (ver Nuñez, 2002)

 

  • 10 Por ejemplo en Argentina, aunque el delito ya estaba penado, se dicta en 2008 una nueva legislación sobre trata -Ley 26.364- y en 2012 se la modifica con la ley N° 26.842 que permite ampliar el espectro de lo que se concibe como “trata” incluyendo también a quienes hayan prestado consentimiento.
  • 11       Es decir, pasando de una caracterización de acciones aberrantes a delinear un personaje (tal lo como Foucault señala en referencia al pasaje del sodomita al homosexual, 2002)

 

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Recibido: 11-07-2016 / Aceptado: 16-08-2016

 

*            Universidad Nacional de San Juan. Argentina.

E-mail: santiagomorcillo@gmail.com

 

 

 

 

 

La Ley de compra de sexo sueca: éxito proclamado y resultados documentados

 

 

La Ley de compra de sexo sueca: éxito proclamado y resultados documentados 1

 
Por Susanne Dodillet y Petra Östergren

 
Comunicación presentada en el Taller internacional: Despenalización de la prostitución y más allá: experiencias prácticas y retos. La Haya, 3 y 4 de marzo de 2011

 

Haz clic para acceder a 140671.pdf

 

Introducción

 

De la penalización de la compra de servicios sexuales implantada en Suecia en 1999 se dice que es una medida única en el mundo: castigar solo a los que compran servicios sexuales, no a quienes los venden. Sin embargo, esta alegada excepcionalidad es cuestionable, y por varias razones. Existe una serie de otras leyes y regulaciones contra la prostitución que, en la práctica, hacen que la política sueca hacia la prostitución sea similar a la de otros países en el mundo que intentan reducir o erradicar la prostitución con medidas legislativas. Otra razón por la que la reivindicación de excepcionalidad es dudosa es que se debe examinar algo más que la letra de una ley o modelo de reglamentación (“solo serán castigados los que compran sexo”) cuando se analizan estos: se tiene que considerar las consecuencias de hecho. Por ejemplo, una ley contra la compra de los servicios ofrecidos en una terapia de masaje, psicoterapia o consejo de salud sexual obviamente no castigaría solo a los compradores, sino que también acarrearía consecuencias negativas para quienes ofrecen los servicios. Por tanto, fijarse solo en una de entre varias leyes hacia la prostitución, ignorar sus consecuencias y llamar a esto un modelo regulador “único” o es ignorancia o es intento deliberado de engañar.

 

Pero hay algunos aspectos de la Ley de Compra de Sexo de los que sí se puede decir que son exclusivos. Uno de tales aspectos es la forma como ha sido justificada por los legisladores.

 

La Ley de Compra de Sexo fue presentada por legisladoras feministas que argumentaron que la prostitución es una forma de violencia machista contra las mujeres, que es física y psicológicamente dañino vender sexo y que no existen mujeres que vendan sexo voluntariamente. Más aún, se dijo que si uno quiere conseguir una sociedad con igualdad de géneros, debe dejar de existir la prostitución: no solo por las razones mencionadas, sino también porque todas las mujeres de la sociedad se ven dañadas en la medida en que los hombres piensan que pueden “comprar cuerpos de mujeres”.2 Si la prohibición tiene efectos adversos para las mujeres individuales que venden sexo, o si viola su derecho a la autodeterminación, son cosas que no importan. El valor simbólico de igualdad de géneros de la Ley de Compra de Sexo es más importante.3 Esta visión de la prostitución inspirada en el feminismo radical ha existido en occidente desde los años setenta, pero no se ha aplicado a nivel estatal con anterioridad. En Suecia, fue adoptada en primer lugar por el gobierno socialdemócrata en 1998, y posteriormente por el gobierno de alianza liberal en 2006.

 
Otro aspecto exclusivo de la Ley de Compra de Sexo es la persistencia con la que la prohibición o, como se denomina, el “modelo sueco”, ha sido promocionada. Uno de los objetivos declarados desde el mismo comienzo fue exportarla a otros países.4 Tanto gobiernos como autoridades, agentes políticos y Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) han dedicado tiempo y dinero a promocionarla internacionalmente. Se han producido panfletos, sitios web, artículos, libros y películas, y se han desarrollado acciones de lobby hacia la Unión Europea (UE) y el resto del mundo con la ayuda de este material y mediante talleres, seminarios y debates.5 Subsecuentemente, ha habido países que, considerando la conveniencia de introducir cambios en sus leyes de prostitución, han buscado inspiración en Suecia.

 

En el centro de la campaña de promoción ha estado el proclamado éxito de la Ley de Compra de Sexo. Se dice que ha reducido la prostitución y la trata con fines sexuales, que ha tenido un efecto disuasivo sobre los clientes, y que ha cambiado las actitudes sociales hacia la prostitución; todo ello sin haber tenido ninguna consecuencia negativa. Recientemente, estas declaraciones fueron expresadas en la evaluación oficial de 2010 de la Ley de Compra de Sexo, y repetidas por la Ministra de Justicia Beatrice Ask en un artículo para la CNN.6 El problema con estas declaraciones es que si son cuidadosamente investigadas, no resultan respaldadas por los hechos conocidos o por los estudios realizados. En cuanto fue publicada la evaluación oficial, fue criticada desde diferentes direcciones.7 En el proceso de consulta que siguió a la publicación de la evaluación, la crítica fue especialmente áspera por parte de aquellas entidades de referencia que dirigieron la investigación de la prostitución, y por aquellas que trabajan en temas de salud y discriminación (cuando se proponen enmiendas a la ley en una encuesta oficial, el informe circula para consulta antes de que experimente más modificaciones).8 La crítica se ha centrado primariamente en la falta de rigor científico de la evaluación: no tuvo un punto de partida objetivo, ya que los términos de referencia dados fueron que la compra de sexo tenía que seguir siendo ilegal; no hubo una definición satisfactoria de la prostitución; no se tuvo en cuenta la ideología, el método, las fuentes y los posibles factores de confusión; hubo inconsistencias, contradicciones, referencias aleatorias, comparaciones irrelevantes o sesgadas, y las conclusiones se establecieron sin estar respaldadas por hechos probados y fueron a veces de carácter especulativo.9

 

En este informe nos centraremos en el conflicto existente entre el éxito proclamado de la prohibición y la falta de datos que puedan respaldar esa proclamación. Porque, cuando se revisan los datos y los informes disponibles, queda claro que no se puede decir que la Ley de Compra de Sexo haya hecho disminuir la prostitución o la trata con fines sexuales, ni que haya tenido un efecto disuasorio sobre los clientes de la magnitud proclamada. Ni es posible afirmar que las actitudes públicas hacia la prostitución hayan cambiado significativamente en la dirección deseada por el feminismo radical ni que haya aumentado el apoyo a la prohibición. Hemos encontrado también informes de serios efectos adversos de la Ley de Compra de Sexo —en especial concernientes a la salud y el bienestar de las trabajadoras sexuales— a pesar del hecho de que los legisladores recalcaron que la prohibición no tendría un efecto negativo sobre las personas que se dedican a la prostitución.10

 

Las autoras de este informe han investigado diferentes aspectos de la política sueca hacia la prostitución durante varios años. Una de nosotras ha dirigido también trabajo de campo entre personas que venden sexo en Suecia.11 Este informe en particular está basado en la investigación que hemos realizado en el contexto de un proyecto mayor realizado en la Universidad de Leiden, en Holanda. Está escrito teniendo en mente una audiencia internacional, debido a que parece haber una gran demanda de información respecto a las consecuencias reales del “modelo sueco”; un conocimiento basado en investigación sueca que no haya pasado el filtro del discurso oficial. A nuestro entender, la investigación presentada aquí no ha sido hasta ahora compilada y traducida al inglés.
Comenzaremos este informe proporcionando una visión general de las leyes y regulaciones realtivas a la prostitución, pasaremos luego a discutir los efectos documentados de la Ley de Compra de Sexo, y terminaremos con una breve conclusión.

 

Regulación de la prostitución en Suecia

 

El “modelo sueco” consiste en varias leyes y regulaciones. Las tres leyes principales que penalizan o prohiben la prostitución de adultos son las que prohiben el proxenetismo, prescriben la confiscación de apartamentos y locales de alquiler usados para la prostitución, y prohiben la compra de sexo. La ley de proxenetismo (2005:90) prevé una multa y hasta cuatro años de prisión (u ocho años si el delito es grave). Proxenetismo es cuando una persona promueve o explota de una forma financieramente inadecuada la implicación de otra persona en relaciones sexuales ocasionales a cambio de un pago. Delito grave se define como una actividad a gran escala, que conlleva un ganancia financiera significativa o que supone la explotación despiadada de otra persona.12

 

Para evitar el uso de apartamentos y habitaciones para practicar la prostitución y el proxenetismo, hay varias provisiones de sanciones penales y confiscaciones. Estas provisiones incluyen el Código Penal Capítulo 6 § 12.2, el Código del Suelo (1970:994) Capítulo 12. § 42.1.9 y la Ley de Propiedad Horizontal (1991:614) Capítulo 7. § 18.8 (2003:31). Estas provisiones significan también que un propietario o inquilino es requerido a dar por terminado el contrato de arrendamiento si los locales se usan para la prostitución y los inquilinos/propietarios son requeridos a salir de un apartamento usado para la prostitución.

 

Lo que estas leyes implican, en general, es que nadie puede dirigir un burdel, alquilar un apartamento, habitación o habitación de hotel, ayudar a encontrar clientes, actuar como agente de seguridad o permitir que se anuncien las trabajadoras sexuales. Esto a su vez implica que las trabajadoras sexuales no pueden trabajar juntas, recomendarse clientes unas a otras, anunciarse, trabajar desde una propiedad que alquilan o poseen y ni siquiera vivir con un compañero (ya que el compañero probablemente compartiría parte de cualquier ingreso que derive del trabajo sexual). Además, la ley contra el proxenetismo dificulta a las autoridades el empleo de estrategias de reducción del daño. Por ejemplo, la distribución de condones, aunque perfectamente legal bajo la Ley de Servicios Sociales y la Ley de Enfermedades Transmisibles, podría ser percibida por expertos ajenos al mundo de la jurisprudencia como una actividad promotora de la prostitución.

 
La ley mejor conocida, la Ley de Compra de Sexo (2005:90), entró en vigor en 1999 y hace ilegal obtener, o intentar obtener, servicios sexuales ocasionales a cambio de una compensación.13 La “compensación” no tiene que ser necesariamente monetaria, sino que podría incluir alcohol, drogas, comidas o regalos que se hubieran convenido por adelantado. Es también ilegal tener sexo con una persona que reciba cualquier clase de recompensa por parte de un tercero. La pena por la infracción es una multa o un año de prisión. En este contexto, es importante señalar que Suecia no despenalizó la venta de servicios sexuales en 1999, como se dice a veces en los medios internacionales. Ni la venta ni la compra de servicios sexuales eran en sí mismos un delito antes de la aprobación de esta ley, aunque la legislación represiva contra la vagancia y las ETS fue usada contra las personas que vendían sexo durante gran parte del siglo veinte.

 

La Ley de Trata de 2002 (2002: 436) 14 prevé que cualquier persona que mediante coacción u otros métodos inadecuados participe en el proceso de cruce de fronteras o en el reclutamiento, transporte, transferencia, alojamiento o recepción de una persona con fines de explotación sexual, puede ser sentenciada a entre dos y diez años de prisión (§ 1a). Si la víctima es menor de dieciocho años, no hacen falta pruebas de coacción u otros métodos impropios para obtener una condena (§ 1a). En 2004, la letra de la Ley fue enmendada (2004:406) para hacerla más parecida al protocolo de Palermo. La legislación fue expandida también para incluir la trata para trabajo forzado y extracción de órganos, así como la trata dentro de un país. Según esta nueva redacción, se debe demostrar que un tratante ha tenido control sobre la víctima para obtener una condena. En 2010, la letra fue enmendada por segunda vez (2010:371), ya que se estimó que la versión de 2004 “impedía que la ley se aplicara de forma eficaz”. 15 Muy pocas personas habían sido condenadas porque era difícil para los acusadores probar que el tratante controlaba a la víctima. En consecuencia, se retiró este requisito.

 
Hay dos leyes que controlan la prostitución de jóvenes. Bajo la Ley de Seducción de Jóvenes (1984:399)16 es ilegal prometer o entregar una recompensa a cambio de intercambio sexual ocasional con alguien menor de dieciocho años. La pena es prisión que no exceda de dos años. También es penable el intento de realizar dicho intercambio, y el consentimiento es irrelevante. La conducta sexual con un niño menor de quince años está prohibida por el párrafo § 10.

 

La Ley de Protección de Jóvenes (LVU; 1990:52) da a la sociedad el derecho a poner a un joven bajo protección si pone su salud o su desarrollo en riesgo por el uso de alguna sustancia, actividad criminal o “conducta socialmente destructiva” (§ 3). Esto significa un joven que se comporte de cualquier forma que se desvíe de las normas básicas de la sociedad, tales como la implicación en prostitución o el trabajo en un club de sexo. En casos normales, esta ley se aplica solo a los menores de dieciocho años, pero la “conducta socialmente destructiva” puede aplicarse a personas de hasta de 21 años de edad.

 
La Ley de Extranjería (2005:716) contiene provisiones que, entre otras, se refieren al derecho de los extranjeros a entrar, residir y trabajar en Suecia. Los extranjeros que tienen permisos de residencia pueden ver negado el permiso para entrar si se puede suponer que la persona cometerá un delito o que él o ella no se mantendrán “por medios honestos” durante su estancia (Chapter 8 § 2.2). Esto incluye la prostitución.

 

La prohibición de actuaciones pornográficas en público recogida en la Ley de Orden Público (1993:1617); Chapter 2 § 14 hace ilegal mostrar sexo “real” en un escenario (siempre que no sean representaciones artísticas en un teatro). Se permiten los shows de estriptis en los clubs de sexo, pero no se permite que se toquen las bailarinas y los clientes, y no se puede servir alcohol en la sala. La prohibición fue establecida con la finalidad de combatir la prostitución y fue dirigida principalmente contra la así llamada actividad de club de sexo.

 
Junto a estas leyes, hay también normas con fines fiscales que afectan a la capacidad de las personas para mantenerse gracias a la prostitución. Todos los ingresos se ven sometidos a imposición, incluso las ganancias de la prostitución, pero la oficina de hacienda no acepta “prostitución” o “trabajo sexual” como un negocio si una persona quiere registrar una empresa (y porque, debido a la ley contra el proxenetismo, no puede tener empleadas). Esto tiene como consecuencia que la persona que vende sexo tiene dos opciones: registrar una empresa como una forma distinta de negocio o vender favores sexuales ilegalmente en el mercado negro, en la economía sumergida. Las que escogen lo primero pueden pagar impuestos y recibir los beneficios de la seguridad social, pero resulta difícil a las trabajadoras sexuales deducirse sus gastos de empresa. Las trabajadoras sexuales que, por el contrario, escogen vender sexo en el mercado negro, no tienen derecho a los beneficios sociales, no pueden reclamar deducciones por sus gastos y pueden tener que enfrentarse a liquidaciones de impuestos arbitrarias si el Tesoro hace su propia estimación de las ganancias obtenidas por las trabajadoras sexuales a lo largo de varios años, forzándolas a pagar grandes sumas de impuestos de forma retrospectiva. 17

 

Cuando se propuso la Ley de Compra de Sexo, se recalcó que las medidas sociales eran la principal herramienta utilizada en el intento de reducir la prostitución. 18 Tales medidas están regidas por la legislación clave de los servicios sociales y los sectores sanitarios, tales como la Ley de Servicios Sociales (2001:453) y la Ley de Salud y Servicios Médicos (1982:763), pero ninguna de ellas contiene provisiones específicas para las personas que venden sexo. En relación a la asistencia social, las agencias de servicios sociales tienen servicios especializados para las personas que se dedican a la prostitución en las tres ciudades principales: la Unidad de Prostitución en Estocolmo, el Grupo de Prostitución en Gotenburgo y el Centro de Conocimiento de la Prostitución en Malmoe. Como no existen directrices que rijan esta actividad, ni fondos públicos destinados a ella, ha habido distintos enfoques. En Estocolmo, por ejemplo, el foco está en hacer que las personas dejen de vender sexo con ayuda de terapia, mientras que en Malmoe se incluye una perspectiva de reducción de daños. 19

 
Finalmente debemos considerar el Plan de Acción Nacional contra la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual (en adelante, el Plan de Acción Nacional). Este plan contiene treinta y seis medidas a aplicarse entre 2008 y 2011 y el gobierno tiene asignados 213 millones de coronas para financiarlo. El plan de acción incluye una mayor protección y ayuda para las personas en riesgo, más énfasis en el trabajo preventivo, estándares más elevados y mayor eficiencia en el sistema judicial, mayor cooperación nacional e internacional, y un nivel más elevado de conocimiento y consciencia. La base ideológica de todas estas medidas es el feminismo radical y el objetivo es reducir la prostitución. 20

 
Nuestro material

 
A fin de evaluar la validez de las declaraciones de que la Ley de Compra de Sexo ha sido un éxito, hemos usado principalmente material procedente de las autoridades que han sido responsables de informar sobre la prostitución y de evaluar las medidas tomadas. Estas autoridades son: el Consejo Nacional de Salud y Bienestar, que es una agencia del gobierno dependiente del Ministerio de Salud y Asuntos Sociales, que ha elaborado tres informes;21 el Consejo Nacional para la Prevención del Crimen, que es un consejo que funciona como el cuerpo de expertos del gobierno dentro del sistema judicial, del que hemos revisado cuatro informes;22 el Comité de Policía Nacional y sus once informes anuales referentes a la trata; una temprana evaluación de la prohibición y un informe local sobre prostitución;23 la previamente mencionada evaluación oficial de 2010 de la Ley de Compra de Sexo; y la respuesta de las cincuenta y dos entidades de referencia.24 Estas autoridades han recogido a su vez información de la policía, de trabajadores sociales, ONGs, investigadores académicos y algunas entrevistas con personas con experiencia en prostitución. Algunas de estas autoridades han llevado a cabo sus propias investigaciones.

 
Hemos consultado también los hallazgos de la encuesta oficial sobre prostitución que fue publicada en 1995,25 la encuesta especial hecha por el Ministerio de Justicia noruego en 2004 “Compra de servicios sexuales en Suecia y Holanda”;26 el proyecto de investigación de 2008 “Prostitución en los países nórdicos”, que fue realizado por encargo del Consejo Nórdico de Ministros para la Igualdad de Género por el Instituto Nórdico de Género (NIKK);27 la encuesta de 2008 “Veme” por el Comité Nacional para Asuntos de la Juventud;28 un informe de 2010 realizado por el Centro de Conocimiento de la Prostitución en Malmoe:29 y el informe de 2011 de la Federación Sueca para la defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (RFSL).30 Este material ha sido suplementado con nuestra investigación previa y con ejemplos de los debates actuales en los medios y en internet, así como con declaraciones de trabajadoras sexuales.

 

Prevalencia

 
A fin de evaluar si la prostitución ha disminuido o no desde la implantación de la Ley de Compra de Sexo en 1999, se necesita saber qué prevalencia tenía la prostitución antes de la aprobación de la ley. Las cifras usadas con mayor frecuencia indican que había alrededor de 650 mujeres haciendo prostitución de calle en las tres mayores ciudades, Estocolmo, Malmoe y Gotenburgo, y se estima que el número de las que vendían sexo en interiores era dos o tres veces mayor. Esto quiere decir que el número total de trabajadoras sexuales que estaban trabajando antes de la ley era de entre 1.850 y 2.500, aunque a veces se cita la cifra de 3.000.31

 

Aquí hay varias vaguedades. Las fuentes no dicen si el número de 650 es un recuento exacto hecho en la calle en un día determinado, o si es una estimación anual de cuántas mujeres venden sexo durante un año; y si es así, si esas mujeres vendían sexo a tiempo completo o a tiempo parcial, con qué duración, por qué razones y bajo qué condiciones. Tampoco sabemos quién hizo la estimación de “dos o tres veces más en interiores”, y con qué fundamento. Otra vaguedad es que no se contabilizan los hombres y transexuales que venden sexo. Dadas estas vaguedades, se podría concluir que es sencillamente imposible comparar las estadísticas de antes y de después de la Ley de Compra de Sexo. También hay problemas con las cifras de después de la implantación de la ley.

 
El informe del Ministerio de Justicia noruego habla de un “problema general” con las estadísticas de Suecia dado que son “sumamente imprecisas”. Se refieren a sus propias investigaciones, pero también a uno de los primeros informes en el que el policía responsable de las cifras admite que el método de medición es “tosco” y no proporciona una cifra fiable, tan solo “indica hacia dónde están yendo las cosas”.32 Cuando Charlotta Holmström tiene en cuenta toda la información disponible en las cifras suecas del informe de la investigación del NIKK, señala que una lectura detenida del material disponible relativo al alcance y la existencia de prostitución muestra lagunas de conocimiento, y que la investigación que pueda poner de manifiesto la extensión del fenómeno es limitada.33
Dicho esto, sigue habiendo un consenso general en que la prostitución de calle declinó a aproximadamente la mitad tras la implantación de la Ley de Compra de Sexo. La cuestión es si este declive fue o no una consecuencia directa de la Ley.

 
El número estimado de trabajadoras de calle en las tres mayores ciudades en 2007 fue de 300, con 200 en Estocolmo, 30 en Gotenburgo y 70 en Malmoe.34

 

Hasta donde podemos decir, estas cifras adolecen de las arriba mencionadas imprecisiones, pero también ha habido algunas otras preocupaciones científicas durante el proceso de consulta que siguió a la evaluación oficial de 2010. En su respuesta, el Departamento de Criminología de la Universidad de Estocolmo declara que unos cambios tan acentuados en las actividades estudiadas (un descenso del 50%) son raros de ver en la literatura criminológica. Esto plantea la cuestión de si los cambios referidos son “demasiado buenos”, y esta observación necesitaría ser sometida a discusión si dichas cifras son usadas para ejemplificar el éxito de la prohibición. En segundo lugar, los efectos de la prohibición varían mucho entre las tres ciudades, algo que también necesita ser discutido. Y, en tercer lugar, habría sido necesaria una serie de observaciones anterior a la ley más prolongada en el tiempo, ya que las cifras de 1998 podrían haber sido una excepción, un “caso aparte”.35

 

Otros han señalado que los números estimados de trabajadoras de calle han estado reduciéndose desde finales de los setenta, lo que sugiere que cualquier reducción observada desde la aplicación de la ley —si es que ha habido alguna reducción— es parte de una tendencia mucho más prolongada en el tiempo.36 Más aún, esta tendencia no es un fenómeno específicamente sueco, como señala Holmström en el NIKK, sino un fenómeno internacional.37

 
Otra cuestión es cuán estable es esta evolución. En su informe sobre prostitución de 2007, el Consejo Nacional de Salud y Bienestar escribe: 38

“El cuadro general que emerge de las entrevistas es que el comercio sexual desapareció prácticamente de las calles durante un breve período inmediatamente después de que entrara en vigor la ley. Luego volvió, aunque de forma menos extensa. Por ejemplo, los representantes del Centro para la Prostitución de Estocolmo dicen que la prostitución inicialmente desapareció de las calles cuando se aprobó la ley, para volver más tarde con una extensión aproximadamente la mitad que antes. Ahora, aproximadamente dos tercios de las prostitución de calle ha vuelto, en comparación con la situación de antes de que entrara en vigor la ley contra la compra de servicios sexuales.”

El Consejo Nacional de Salud y Bienestar

Hay también algunas objeciones más específicas a la relación entre la prohibición y sus efectos sobre la prostitución practicada en la calle. Según los trabajadores sociales entrevistados por el Consejo Nacional para la Prevención del Crimen, se ha vuelto más difícil contar el número de trabajadoras sexuales, ya que se han desplazado a calles secundarias y cubren un área mayor que antes.39 También, varias fuentes refieren que los números en las calles han fluctuado, y algunas de las autoridades declaran que la fluctuación (y por tanto cualquier pretendida disminución) depende más de la extensión de la vigilancia y la actuación policiales que de la ley. El Consejo escribe: 40

“Una extensa actividad obstaculizadora ha sido ejercida sobre la prostitución de calle en grandes áreas urbanas. Parte de esta actividad han sido los controles de tráfico. Para la policía municipal y la policía de tráfico, el objeto de estas actividades ha sido primordialmente garantizar la tranquilidad nocturna a los residentes, mientras que para los que trabajan contra la prostitución ha sido una forma de combatir el problema de la prostitución. Esto significa que están siendo usadas otras leyes para combatir el problema para el que la nueva ley ha sido diseñada, lo que podría significar que la nueva ley en sí misma no es una medida eficiente de luchar contra la prostitución”.

El Consejo Nacional para la Prevención del Crimen

Entonces, ¿cuál es el efecto sobre la prostitución en general, de calle y de interior? Se ha dicho que un problema a la hora de evaluar el efecto sobre la prostitución de interior es que cuanto de mayor “categoría” es la prostitución, menos fiables son los datos.41 La evaluación oficial sueca, a la vez que declara que ha disminuído la prostitución en general, opina también paradójicamente de esta manera:42

“Cuando se trata de la prostitución de interior en la que el contacto se hace en restaurantes, hoteles, clubs de sexo o salones de masaje, la información disponible sobre la extensión con la que ocurre es limitada. No hemos sido capaces de hallar ningún estudio realizado en profundidad sobre estas formas de prostitución en la última década.”

La evaluación oficial de 2010

Sin embargo, las autoridades y los informes concluyen que solo porque haya menos personas vendiendo sexo en las calles no se puede deducir que se haya reducido la prostitución en general. La estimación general en los informes que hemos revisado es que las trabajadoras sexuales han comenzado a usar otros métodos para encontrar clientes, y viceversa. Las trabajadoras sexuales dan su número de móvil a los clientes en la calle o contactan con ellos por internet (a causa de la prohibición contra la facilitación, los anuncios en internet tienen que hacerse a través de un servidor localizado en otro país). Se cree también que las trabajadoras sexuales y los clientes establecen contacto sobre todo en bares, restaurantes y hoteles.43

 
Este cambio de las calles a interiores se cree que no es necesariamente un resultado de la Ley de Compra de Sexo, sino parte de una tendencia general de disminución de la prostitución ejercida en la calle. El Consejo de Salud y Bienestar escribe que la prostitución ha evolucionado a la par que la sociedad en el uso de esa nueva tecnología, y que compradores y vendedoras de servicios sexuales establecen ahora contacto unos con otras de múltiples formas.44

 

En cuanto a internet, ha habido algunos intentos de recontar el número de trabajadoras sexuales que se anuncian ahí. Dependiendo de las fuentes, las cifras estimadas son de entre 300 y 400 personas.45 El recuento de las cifras de internet tampoco está estandarizado, ni hay mucha información recogida que permita saber durante cuánto tiempo, bajo qué circunstancias y por qué razones la gente vende sexo, etc. Pero el Centro de Conocimiento de la Prostitución en Malmoe, que parece ser la única entidad que mide los anuncios en internet de forma regular, informa de que ha habido un notable incremento en el área de Öresund durante 2009, y la evaluación oficial declara que “por lo que respecta a la juventud explotada mediante prostitución, internet es un nuevo escenario que ha crecido en proporciones de avalancha”.46 También, de acuerdo con el Centro de Conocimiento de Malmoe, la tecnología cambiante ha hecho que la prostitución “oculta” (de interior) constituya ahora cuatro quintas partes (80%) de la prevalencia general de la prostitución, a comparar con dos tercios (67%) antes de que se aplicara la prohibición.47 Esto supondría que habría un número total de personas dedicadas a la prostitución similar al que había antes de la prohibición, es decir, alrededor de 1.500 personas.

 
En resumen, debido a los problemas metodológicos, no hay forma de saber con certidumbre qué ha ocurrido tras la implantación de la Ley de Compra de Sexo. En su informe de 2007, el Consejo Nacional de Salud y Bienestar resumía la situación de la siguiente manera:48

“También es difícil discernir alguna tendencia clara de evolución: ¿ha aumentado o ha disminuído la extensión de la prostitución? No podemos responder de forma inequívoca a esta cuestión. Como mucho, podemos observar que la prostitución de calle está volviendo lentamente, tras desaparecer rápidamente tras la aplicación de la ley contra la compra de servicios sexuales. Pero, como se ha dicho, esto se refiere a la prostitución de calle, que es la que se manifiesta de forma más obvia. Con relación a aumentos o disminuciones en otras áreas de la prostitución —la “prostitución oculta”— todavía podemos decir menos.”

El Consejo Nacional de Salud y Bienestar

La conclusión es que las declaraciones oficiales relativas al “éxito” de la prohibición no pueden ser sustanciadas, dados los problemas con los datos que acabamos de describir.

 

Trata con fines sexuales

 

Se dice a menudo que Suecia ha hecho excepcionalmente bien lo referente a la reducción de la trata con fines sexuales, y que esto se debe a la Ley de Compra de Sexo. Pero los números de la trata diponibles en Suecia son, si cabe, incluso más vagos y contradictorios. Según el Consejo Nacional para la Prevención del Crimen, la Ley de Compra de sexo puede ser tanto un obstáculo para los tratantes como una herramienta para mejorar las condiciones del mercado, debido a la subida de precios de venta de sexo que puede originar.la prohibición. Por una parte puede reducir el número de mujeres usadas en la trata, pero también proporciona un beneficio razonablemente bueno para aquellos tratantes que tienen la capacidad de proveer servicios sexuales sin ser atrapados por las autoridades. Esto, a su vez, hace a Suecia un país atractivo para los delincuentes más sofisticados.49 Estas contradicciones pueden apreciarse en otros documentos. Se declara en la evaluación oficial:50

“Según la Policía sueca, está claro que la prohibición de compra de servicios sexuales actúa como una barrera para los tratantes de personas y los proxenetas que están considerando esblecerse en Suecia”.

La evaluación oficial de 2010

Pero en una nota de prensa emitida solo unos pocos meses antes de que se publicara la evaluación, la misma autoridad policial declaraba:51

“El crimen organizado importante, incluidas la prostitución y la trata, ha aumentado en fuerza, poder y complejidad durante la pasada década. Constituye un serio problema social en Suecia y el crimen organizado gana grandes cantidades de dinero de la explotación y la trata de personas bajo condiciones similares a la esclavitud.”

Nota de prensa del Comité de Policía Nacional de marzo de 2010

Si nos fijamos en el número de personas implicadas en la trata con fines sexuales, las discrepancias y vaguedades continúan. En sus informes de 2002 a 2006, el Comité de Policía Nacional estimaba que las víctimas reales de trata serían unas 400-600 mujeres. Pero desde 2007 no han publicado ningún número de mujeres en absoluto (y no han dado ninguna razón de ello). Es también difícil conseguir una lista exhaustiva de los delitos de trata con fines sexuales denunciados y condenados, a pesar de los muchos informes que elabora la policía. Hay que buscar en diferentes documentos para encontrar todos los datos. Cuando se compilan, aparecen así:

Número de personas denunciadas y condenadas por trata con fines sexuales:

CUADRO 1

En base a esto, la trata con fines sexuales no parece ser algo importante en Suecia: hay pocos casos denunciados e incluso menos condenas (además, los números fluctúan de año en año, en lugar de mostrar un descenso continuado). La tendencia general manifestada en la Encuesta Nacional sobre Prostitución de 1993 parece ser correcta: Suecia no ha sido nunca un país con mucha trata.52 Pero, por otra parte, en sus informes anuales, el Consejo Nacional de Policía critica a los juzgados por no condenar a más personas por trata. Como relator nacional sobre trata que es, el Consejo está obligado a describir anualmente la evolución de este delito. En el informe de 2006 la autoridad introdujo un nuevo término: prostitución “similar a la trata”. Nunca ha habido una clara definición de este término, pero la nueva categoría permitió al Consejo describir más casos en sus informes. La prostitución “similar a la trata” es término usado también en la evaluación oficial, donde es descrito como “mujeres extranjeras que durante una visita temporal a Suecia ofrecen servicios sexuales”.53 Lo que esto muestra es que la definición de trata hecha por Suecia y la hecha por relatores de otros países podría diferir considerablemente, lo que podría ocasionar dificultades aún mayores al comparar la extensión de este delito entre países.

 
Las muchas discrepancias y ambigüedades en los informes anuales del Consejo Nacional de Policía no serán objeto de más discusión aquí, pero debería repararse en que la Universidad de Malmoe critica la evaluación oficial por no presentar pruebas que respalden su afirmación de que la prohibición ha disuadido a los tratantes de establecerse en Suecia.54 Y al investigar la relación entre la Ley de Compra de Sexo y la prevalencia de la prostitución, el Consejo de Salud y Bienestar tiene que decir lo siguiente:55

“Hemos determinado en informes previos [1, 2] que la prostitución es un fenómeno multifacético que se ve afectado por varios factores interactuantes. No pueden ser probadas conexiones causales entre legislación y cambios en la prostitución. Es también difícil identificar las consecuencias de la legislación debido a que los procesos sociales se ven afectados por varios factores complejos y circunstanciales.”

El Consejo de Salud y Bienestar

 

¿Disuade la ley a los compradores?

 

La conclusión en la mayor parte de los informes y estudios es que la Ley de Compra de Sexo no disuade a los clientes. En entrevistas con clientes hechas por el Consejo de Salud y Bienestar, la mayor parte de los hombres dicen que la prohibición no ha supuesto ningún cambio para ellos, y la describen como “un puñetazo al aire”.56 Anneli Sirling, del proyecto de investigación de NKK, entrevistó a trabajadores sociales que dijeron que, según los clientes con los que habían hablado, la penalización no ha sido un tema importante de conversación y no ha sido vista como un problema. La decisión de comprar o no comprar sexo  estaba relacionada con otros temas más que con el hecho de que fuera ilegal.57 Sirling y otros muestran también que para muchos hombres la prohibición no es una preocupación en absoluto, ya que compran sexo casi siempre en el extranjero.58 Los clientes entrevistados en los proyectos de investigación del Centro de Conocimiento de la Prostitución en Malmoe y el RFSL, la Federación Sueca para la defensa de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, expresan un sentimiento similar: la prohibición no afecta a su conducta.59 Y las personas que venden sexo expresan la misma conclusión: la prohibición no disuade a sus clientes.60 Incluso la evaluación oficial, que por otra parte declara que la ley disuade a los clientes, hace referencia a “muchos policías” que creen que el castigo al que se arriesgan los clientes no es particularmente disuasorio.61

 

Si miramos otras encuestas, encontramos resultados similares. La Radio Nacional Sueca hizo una encuesta en la primavera de 2009 a fin de investigar la efectividad de la ley. La Ley de Compra de Sexo estaba siendo sometida a evaluación y la radio quería saber si disuadía o no a los hombres. Diecinueve estaciones de radio locales subieron un anuncio falso a internet, pretendiendo ser una mujer local que vendía sexo y podía ser contactada por e-mail o por teléfono móvil. Las estaciones se vieron inundadas de contestaciones. En menos de una semana tuvieron mil respuestas, distribuídas por igual a lo largo del país. Los periodistas de la radio llamaron a algunos de los hombre y vieron que la prohibición no les asustaba. Muchos compararon la naturaleza ilegal de comprar sexo con la velocidad: también es ilegal conducir un coche demasiado deprisa, y podían ser cazados o no, pero aún así valía la pena. Cuando la Radio Nacional se puso en contacto con el coordinador del Plan de Acción Nacional para obtener algún comentario, el coordinador dijo que esos hallazgos no le sorprendían:62

“Esto no es algo que me sorprenda. Pienso que esto solo confirma lo que nosotros decimos todo el tiempo. Sabemos que existe una gran demanda. Eso es algo que hemos intentado señalar: no es solo un fenómeno de las grandes ciudades (…) hay una corriente constante de compradores de sexo en el medio callejero también, así que pienso que eso suena como que es lo que está pasando en realidad, nada más.”

Patrik Cederlöf, coordinador del Plan de Acción Nacional

A pesar de estos datos, la evaluación oficial proclama que la Ley de Compra de Sexo disuade a los clientes, refiriéndose a solo uno de los estudios realizados dentro del proyecto de investigación de NIKK.63
Se trataba de una encuesta mediante un cuestionario acerca de las experiencias con la prostitución y las actitudes hacia la misma de hombres y mujeres suecos, cuestionario que constituyó la base del estudio de Jari Kuosmanen de 2008, y que contenía cuestiones pensadas para determinar si la prohibición había afectado al patrón de actuaciones de los compradores de sexo prospectivos. Kuosmanen escribe que los hombres que dijeron que habían comprado sexo fueron menos en este estudio (8%) que en un estudio hecho en 1996 (13,6%), y que varias personas de las preguntadas en esta encuesta dijeron que la prohibición había afectado a sus actuaciones, haciéndoles abandonar o reducir la compra de sexo. Pero (y esto no ha sido traducido en el resumen en inglés de la evaluación oficial), el propio Kuosmanen resta importancia a los resultados, entre otras razones por la baja tasa de respuestas. De los 2.500 cuestionarios que fueron enviados, solo respondieron el 45,5 por ciento, ligeramente menos hombres que mujeres, y los hombres jóvenes en especial estaban subrepresentados. Este autor plantea también la cuestión de si el resultado representa una disminución real o alguna otra cosa. Finalmente, discute hasta qué punto hubo libre decisión de contestar a las preguntas acerca de la compra de sexo en 2008, dado que se había vuelto un acto penalizado. Concluye que para saber si hay una reducción real en el número de clientes, hacen falta encuestas basadas en una población más amplia.64

 
Los criminólogos de la Universidad de Estocolmo escriben en su respuesta a la evaluación oficial que las cifras resultantes de las encuestas no nos dicen nada acerca de lo que está pasando en realidad, al contrario de lo que dice la gente. Demuestran también por qué las cifras arriba mencionadas no pueden ser correctas. Si las respuestas se consideran representativas, entonces todos los hombres que contestaron “sí” a haber comprado sexo alguna vez en 1996 habrían estado representados también en la encuesta de 2008 (con la excepción de los doce grupos de más edad) y habrían vuelto a contestar “sí” si hubieran contestado sinceramente. Incluso aunque ninguno hubiera comprado sexo tras la instauración de la Ley de Compra de Sexo, un descenso tan importante en la prevalencia de compra de sexo entre los hombres sencillamente no puede conseguirse en ese plazo.65 El Consejo Nacional para la Prevención del Crimen está también entre los que discuten el posible efecto disuasorio de la Ley de Compra de Sexo. En un informe temprano, dice que no se sabe si la nueva prohibición ha disuadido a los compradores en el mercado de prostitución oculta de interior.66
Igual que ocurría con las cifras de la trata, es difícil encontrar todos los números de clientes condenados y procesados en un solo documento. Pero, yendo a través de diferentes informes, hemos conseguido compilar estas cifras.

Dibujo 2
En la fila superior de la tabla están los números de las personas procesadas de 1999 a 2010. En la segunda fila están las cifras de los acusados que se confesaron culpables ante la policía (y de esta forma evitaron ir a juicio), y la tercera fila muestra cuántos hombres fueron condenados a pagar multas (hasta el momento, nadie ha sido condenado a prisión).

 

Las cifras de cuántos se declararon culpables y cuántos fueron sentenciados en los años 2009 y 2010 no han sido publicadas todavía pero, como muestra la tabla, 352 personas fueron procesadas en 2009 y 1.252 en 2010, lo que supone un incremento de más del trescientos por ciento. Estos números no pueden ser interpretados como un gran aumento de hombres que compran sexo, sino que deberían ser interpretados a la luz del Plan de Acción Nacional de 2008, en virtud del cual se aumentaron considerablemente los recursos de la policía. En su respuesta, los criminólogos de la Universidad de Estocolmo discuten esta relación:67

“La compra de servicios sexuales es un típico delito de vigilancia. Si se destinan más recursos para ello, más delitos serán detectados y penalizados. Según los oficiales de policía entrevistados durante la evaluación, el número de delitos informados podría verse ‘multiplicado si este delito fuera una prioridad en las operaciones del día a día’ (p. 217). Con este razonamiento, se puede conseguir el tipo de criminalidad que se desee (Christie 2004). La actividad en sí misma de la policía produce más y más delitos, que a su vez pueden justificar por qué se necesitan más recursos para combatir la compra de sexo por medios policiales”.

El Departamento de Criminología de la Universidad de Estocolmo

¿Ha cambiado la ley las actitudes?

 

Según la evaluación oficial, ha habido un aumento del apoyo público a la prohibición, y la Ley de Compra de Sexo ha influído en la opinión pública en lo que concierne a la prostitución. Hay más suecos que la ven como un fenómeno indeseable, se lee en dicha evaluación oficial, y dado que el apoyo a la penalización es mayor entre los jóvenes, se espera que este efecto de la normativa sea duradero. Estas afirmaciones son respaldadas por los resultados de cuatro encuestas de opinión basadas en población realizadas antes y después de la ley.68 Dos de ellas ya han sido mencionadas, el estudio de 1996 y el estudio Kuosmanen de 2008. Las otras dos fueron realizadas por SIFO, la rama sueca de TNS Custom Market Research. Las encuestas muestran que en 1996 el 67 por ciento pensaba que comprar sexo no debería ser considerado un acto delictivo, mientras que en 1999 el 76 por ciento decía que estaba bien prohibir la compra de servicios sexuales. El apoyo a la penalización fue casi igual de fuerte en las dos últimas encuestas: 76 por ciento en 2002 y 71 por ciento en 2008. En las últimas encuestas, las mujeres eran más favorables que los hombres (81 en 1999, 83 en 2002 y 79 por ciento en 2008) y el apoyo a la prohibición disminuyó más entre los hombres (70 en 1999, 69 en 2002 y 60 por ciento en 2008).69

 

Pero hay que preguntar a favor de qué está la gente. Porque, como Kuosmanen apunta, los encuestados no solo desean penalizar al comprador, quieren que también la vendedora sea penalizada. En la encuesta de SIFO de 1999, el 71 por ciento querían que la venta de sexo fuera ilegal (78 por ciento de las mujeres y 64 por ciento de los hombres). En la encuesta de Kuosmanen de 2008, el 59 por ciento pensaba que la venta de sexo debería ser penalizada (66 por ciento mujeres y 49 por ciento hombres). Kuosmanen concluye en consecuencia que “la mayor parte de la gente parece percibir la prostitución como un problema general, y no en primer lugar y lo más importante una expresión de la desigualdad de género«.70

 

Un problema similar con el aspecto “educacional” o normativo de la legislación puede ser detectado en el estudio de NIKK dirigido por Sirling. En sus entrevistas con las autoridades responsables de la aplicación de la ley, encontró que la policía percibía la ley como una especie de ley “humanista”, no una prohibición cuya finalidad fuera mejorar las relaciones de género. Según ella, esto indica que las autoridades no interpretan la industria del sexo como un problema de igualdad de género incluso si, a nivel de retórica, describen a todas las mujeres como víctimas, en base a la interpretación feminista radical.71

 

Por tanto, la cuestión que se podría plantear es si la prohibición educa al público en general en la dirección normativa deseada. Volveremos sobre este tema más adelante, pero veamos antes la declaración respecto a los jóvenes y sus actitudes, y a que su apoyo a la prohibición es el mayor entre los encuestados y por tanto se espera que el efecto de la normativa sea duradero.

 

En 2009, el Consejo para Asuntos de la Juventud envió un cuestionario en el que 1,7 por ciento de los que respondieron, que se extrapolaría a 20.000 chicas y chicos, dijeron que habían intercambiado dinero por sexo. Pero también, más de uno de cada diez consideraría recibir un pago a cambio de sexo, y cuatro de cada diez pensaban que es aceptable tener sexo a cambio de dinero si las dos partes están de acuerdo. Quizá lo más significativo es que el 11,4 por ciento dijo que conocían a alguien que había recibido un pago por sexo.72 Por tanto, la proporción que de hecho vendía sexo puede aproximarse más al 10 por ciento que al 2 por ciento. En relación a las afirmaciones hechas por la evaluación oficial, varios de los que respondieron señalaron que esas cifras deberían ser interpretadas como una actitud liberal hacia la prostitución, y no lo contrario.73

 

Para más discusión de los posibles cambios en la actitud general hacia la prostitución y la Ley de Compra de Sexo, podría ser de ayuda mencionar los puntos de vista del público tal como se expresan en los medios.

 

En 1998, el año en que se aprobó la ley en el parlamento, solo hubo tres figuras públicas que se opusieron a la ley, argumentando que la prostitución es un fenómeno polifacético y que las trabajadoras sexuales deberían tener los mismos derechos que los demás ciudadanos.74 En 2011 los críticos han proliferado en tal grado que es difícil seguirles a todos. Prominentes comentadores sociales, así como jóvenes blogueros, escriben columnas y artículos contra la prohibición y a favor de una comprensión más matizada de la prostitución. Feministas y activistas queer, académicos y artistas, hablan contra la forma como las trabajadoras sexuales son tratadas en Suecia y la forma como es percibida la prostitución.75 Incluso las trabajadoras sexuales cada vez son retratadas de forma menos estereotipada en los medios y en los estudios académicos, y ellas mismas han comenzado a proclamar sus propias opiniones y a relatar sus experiencias y opiniones en blogs, en libros y en artículos y a organizarse en foros como Rose Alliance.76

 

La naturaleza de la oposición política a la prohibición también ha cambiado. La Consulta Nacional sobre la Prostitución de 1995, en la que se propuso por primera vez la Ley de Compra de Sexo (y también la prohibición de la venta de servicios sexuales), reflejó muchas críticas de los que respondieron. Fueron más los que estuvieron contra la prohibición de comprar sexo que los que estuvieron a favor, argumentando que la prostitución sería conducida a la clandestinidad y haría más difícil adoptar medidas sociales. Se cuestionó también si una prohibición realmente disuadiría a los clientes.77 Esta oposición pronto se apaqó, y cuando los partidos políticos que una vez votaron contra la prohibición en el parlamento llegaron al gobierno, abrazaron la retórica feminista radical así como la misión de eliminar la prostitución mediante la penalización, en vez de solo con intervenciones sociales. Pero en los últimos años hemos visto una nueva clase de oposición ejercida por parlamentarios tanto de izquierda como de centro y de derecha.78 Algunos argumentan que la prostitución ni es intrínsecamente mala ni es una expresión de patriarcado y violencia machista. Un importante miembro del parlamento, Fredrick Federley, presentó incluso mociones para abolir la ley.79 Del mismo modo, las ramas juveniles de los partidos políticos han tenido acaloradas discusiones, y políticos de partidos juveniles y ayuntamientos se han opuesto abiertamente a la ley.80 Más aún, ONGs con influencia política como RFSL y la Asociación Sueca para la Educación Sexual (RFSU) cuestionan la visión de las trabajadoras sexuales como mujeres víctimas y oprimidas, y defienden la abolición de la Ley de Compra de Sexo. Un enfoque de no enjuiciamiento y reducción de daños es cada vez más prevalente en trabajos y escritos de trabajadores sociales y autoridades sociales.81

 
Esta actitud parece corresponderse con el estado de ánimo del público en general, al menos tal como se manifiesta en los medios y en internet. Todas las semanas hay varios artículos sobre los diferentes aspectos de la prostitución, y muchos de ellos son publicados en ediciones en internet en las que los lectores pueden hacer comentarios. La mayoría de estos comentarios parecen expresar una visión polifacética del trabajo sexual y defienden la despenalización de la prostitución. Cuando Federley tuvo la iniciativa de pedir la abolición de la Ley de Compra de Sexo, fue entrevistado en uno de los periódicos de la tarde.82 Se hizo una encuesta en la edición en internet del periódico, preguntando a la gente si estaban de acuerdo con que la prohibición debería ser abolida.

 

De 57.336 respuestas, el 63,2 por ciento estuvieron de acuerdo y contestaron sí, el 24,3 por ciento contestó no y el restante 12,5 por cientro dijeron que no, y que además la prohibición debería hacerse más extensiva.83 Cuando la Ministra de Justicia, Beatrice Ask, defendió el aumento de las sanciones más de un año después, el 88 por ciento estuvo en desacuerdo con ella.84 Newsmill, un foro de debate en internet muy leído, deja por sistema a sus lectores expresar sus opiniones (“mill”) sobre los temas de los que versan los artículos. Mientras escribíamos este artículo, se han publicado 49 artículos sobre el asunto de la Ley de Compra de Sexo y en ellos 12.855 personas han votado la cuestión “¿Qué opinas de la Ley de Compra de Sexo”, resultando que el 81 por ciento están “enfadados” con la ley, 12 por ciento se sienten “felices” con ella, 4 por ciento están “aburridos” y 1 por ciento se sienten “curiosos”.85
Se debería considerar también la respuesta a la evaluación oficial. Como se mencionó más arriba, hubo severas críticas a la falta de rigor científico, pero muchos se mostraron también críticos con la forma como era descrita la prostitución. En su respuesta, el Consejo para la Salud y el Bienestar dice que desea llamar la atención sobre el hecho de que las personas que venden sexo constituyen una “categoría heterogénea”.86 El Departamento de Criminología de la Universidad de Estocolmo piensa que la imagen de la prostitución expresada por la evaluación estaba “anticuada”.87 RFSL están entre los que critican la evaluación por su perspectiva heteronormativa, ignorando datos que muestran que hay más hombres que mujeres que tienen experiencia en la venta de sexo. La organización critica también la ausencia de una distinción entre trata, por una parte, y sexo pagado entre adultos que están de acuerdo, por otra.88

 

La Asociación Sueca para Educación de la Sexualidad (RFSU) reconoce que existen personas a las que el ejercicio de la prostitución ha hecho daño, pero reconoce también que están aquellas que dicen que han decidido libremente vender sexo.89 El Defensor de la Igualdad piensa que el énfasis en el tipo de prostitución en el que mujeres venden sexo a hombres lleva a una visión excesivamente estrecha de los fenómenos y debería ser complementada con un análisis polifacético.90 Sociólogos de la Universidad de Gotenburgo piensa que el discurso del victimismo en la evaluación ignora la autonomía y el derecho a la autodeterminación de las trabajadoras sexuales. Señalan también que este discurso no es coherente con los objetivos del trabajo social contemporáneo:91

“En otras palabras, es problemática una aproximación a las personas que venden sexo con nociones y definiciones demasiado intensamente preconcebidas respecto a su estatus como víctimas. Esto no es coherente con la ambición de empoderamiento que el trabajo social contemporáneo percibe como una plataforma importante para su trabajo. Proclamar unilateralmente que alguien es una víctima explotada o una persona necesitada pertenece a la así llamada tradición paternalista, en la que los expertos tienen poder para definir a los clientes.”

Departamento de Trabajo Social, Universidad de Gotenburgo

Consecuencias no deseadas

 

Se han denunciado varias consecuencias negativas y no deseadas de la Ley de Compra de Sexo, relativas tanto a las trabajadoras sexuales como a sus clientes. Estas consecuencias han sido denunciadas en artículos académicos y de investigación, que son los documentos que constituyen la base de este informe, así como en numerosos artículos en los medios. Las trabajadoras sexuales han hablado también de estos temas en los medios, en foros de internet, en sus blogs y en sus libros.92 Casi todos tienden a ser críticos con la prohibición, pero hay algunos que dicen que es positiva, ya que “protege” a la mujer pero penaliza al cliente, y que eso podría ser un incentivo para dejar la prostitución.93

 

Por lo que se refiere a los clientes, parece que ahora son menos proclives a colaborar como testigos en los casos en los que son procesados proxenetas que explotan el trabajo sexual de otros, ya que ahora se sienten ellos mismos culpables de un delito. Los clientes se ven expuestos a ser víctimas de chantajes y robos, y el estigma asociado a la compra de sexo significa que hay personas que a menudo tienen que dejar sus trabajos y posiciones sociales, incluso por una mera sospecha.94

 

La queja más corriente —y quizá la más seria— que manifiestan las propias trabajadoras sexuales es que experimentan una mayor estigmatización tras la instauración de la Ley de Compra de Sexo. Algunas dicen también que la prohibición es una violación de sus derechos humanos, y muchas dicen que no se sienten tratadas con equidad y respeto: no son vistas como miembros plenamente dignos de la sociedad. Las trabajadoras sexuales objetan el hecho de que no fueran consultadas al elaborar la ley. Como las trabajadoras sexuales sienten que no son capaces de influir en su situación legal o social, se sienten impotentes. Y como la ley se construye sobre la idea de que las mujeres que venden sexo son víctimas, débiles y explotadas, muchas dicen que la ley propaga nociones estereotipadas acerca de las trabajadoras sexuales.

 

El Consejo Nacional de Salud y Bienestar refiere que, debido a la prohibición, las trabajadoras sexuales tienen menos confianza en las autoridades sociales, en la policía y en el sistema legal, y la mitad de los que respondieron en el estudio de RFSL dicen que la actual legislación impide que las personas busquen ayuda.95 En lugar de ser la policía una fuente de protección, las trabajadoras sexuales se sienten cazadas por ella, y se ven sometidas a registros invasivos e interrogatorios. Es también un problema el que estén en una posición legal poco clara: pueden ser obligadas a testificar en un juicio, pero no disfrutan ni de los derechos del acusado ni de los de la víctima. Algunas refieren que están en una situación de mayor dependencia de terceros. Ahora que es difícil establecer un contacto directo con los clientes, las vendedoras deben depender de agentes/chulos/auxiliares para encontrar clientes.

 

Los informes concluyen también que desde que ha decrecido la prostitución de calle, las trabajadoras sexuales experimentan mayores niveles de vulnerabilidad en su contacto con los clientes. Esto se explica de la siguiente forma: cuando hay menos clientes en las calles, los clientes tienen mayor poder de negociación, lo que erosiona el poder negociador de las vendedoras. Esto significa que las trabajadoras sexuales podrían no ser capaces de exigir prácticas sexuales más seguras, que acepten riesgos mayores y menores precios. Algunas se refieren a la prohibición como una ley clasista, ya que a menudo no hay otros espacios accesibles más que la calle para aquellas que venden sexo para pagarse una drogodependencia. Y como los clientes en las calles son menos y potencialmente más peligrosos, hay más consecuencias negativas para aquellas que ya están marginadas. Esto parece diferir según ciudades. En un estudio en marcha en la Universidad de Gotenburgo, las situaciones se describen de la siguiente manera:96

“Una trabajadora social dice, por ejemplo, que puede ver cómo algunas mujeres se arriesgan más, entran en coches en los que hay más de un hombre y aceptan precios más bajos. Mientras que en Estocolmo dicen que la demanda es siempre mayor que la oferta en la calle, en Malmoe dicen que los clientes son tan pocos que las mujeres tienen que aceptar a los que antes habrían rechazado, a fin de ganar dinero suficiente para drogas.”

Departamento de Trabajo Social, Universidad de Gotenburgo

Pero también hay otros problemas con la actual situación de las trabajadoras de calle. Cuando la negociación tiene que hacerse de forma más rápida (debido a que los clientes temen ser pillados) es mayor el riesgo de que la trabajadora sexual haga una evaluación errónea del cliente. Y cuando los clientes están más estresados y temerosos de ser descubiertos, es también más difícil para la vendedora evaluar si el cliente podría ser peligroso. Y sobre todo, los servicios deben realizarse en zonas aún más escondidas y, por tanto, más desprotegidas. No se ha llevado a cabo ningun estudio específico sobre los niveles de violencia, pero varias trabajadoras sexuales expresan miedo a que aumente la violencia, así como refieren que de hecho ha aumentado. Esta situación se resume así por uno de los informantes en la Consulta Noruega:97

“Las prostitutas de calle suecas pasan por tiempos difíciles. Se ven expuestas con mayor frecuencia a clientes peligrosos, mientras que los clientes formales tienen miedo de ser detenidos. La prohibición nunca será capaz de detener la compra y venta de sexo. Solo podría hacer las condiciones peores para las prostitutas. Tienen menos tiempo para evaluar al cliente, ya que el trato se hace con mucha prisa por el miedo que tiene el cliente. Ellas (las prostitutas) están expuestas a violencia y enfermedades de transmisión sexual. Si el cliente pide sexo sin protección, muchas de las prostitutas no pueden permitirse decir que no. El acoso policial ha aumentado y los clientes ya no dan soplos acerca de proxenetas, por miedo a ser detenidos ellos mismos. Los trabajadores sociales que trabajan en las calles tienen problemas para acercarse a ellas. Ellas (las prostitutas) usan a chulos para su protección.”

El Ministerio de Justicia de Noruega

Esta clase de consecuencias negativas fueron también objeto de informe en la evaluación oficial. Siete mujeres que contestaron un breve sondeo (realizado por email) y que se describieron a sí mismas como habiendo decidido libremente vender sexo, dijeron que la penalización ha intensificado el estigma social de vender sexo, que se sienten cazadas por la policía y que se resienten de ser tratadas como personas incapacitadas cuyos actos son tolerados, pero cuyos deseos y decisiones no son respetados. La evaluación comenta estos resultados de la siguiente manera:98

“Para las personas que están siendo todavía explotadas en la prostitución, las consecuencias negativas de la prohibición que se describen más arriba deben ser vistas como positivas desde la perspectiva de que el propósito de la ley es de hecho combatir la prostitución.”

La evaluación oficial de 2010

Esta conclusión fue enérgicamente objetada por los encuestados que trabajan contra la discriminación y por la salud sexual. El Defensor contra la Discriminación la denominó “increíble”, ya que el motivo por el que los legisladores penalizaron solo al cliente fue no estigmatizar más a un grupo ya vulnerable.99 Pero la oficina del Defensor fue incluso más allá en su crítica. Dado que no se han dado suficientes oportunidades a las trabajadoras sexuales para participar en la evaluación oficial e influir en la definición de sus propias necesidades y de su situación, declaró que la evaluación había contribuído a su desempoderamiento. Un temor planteado por el Defensor fue que el mayor estigma llevaría a peores perspectivas para el trabajo de promoción de la salud y prevención del VIH. Se refirió a ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA, que se opone a la penalización por esta razón: el estigma social podría influir en la relación de las trabajadoras sexuales con las autoridades sociales, el sistema de salud y el sistema judicial.

 
RFSL se refirió también a ONUSIDA y expresó su gran preocupación por la situación sueca: la organización tiene conocimiento de varios casos en los que las medidas de prevención del VIH dirigidas a los clientes se detuvieron en referencia a la ley. Cree además que el punto de vista expresado por la evaluación de que “una mayor estigmatización es positiva” es una actitud casi contrarrestante hacia la reducción de daños. Por ejemplo, las trabajadoras sexuales con las que RFSL ha estado en contacto han referido que el estigma las impide hablar de sus experiencias de prostitución cuando se hacen las pruebas para VIH/ETS. Reforzar el estigma disminuirá las oportunidades de tomar contacto con las personas que venden sexo y llevar a cabo medidas de reducción de daños, concluye RFSL. La organización señala también que las necesidades preventivas frente al VIH son mayores entre los hombres que venden sexo a hombres y entre las personas transexuales, pero que la evaluación oficial ignora casi por completo a esta población. Estudios llevados a cabo por RFSL mostraron que el 38,5 de los hombres que venden sexo nunca se han hecho pruebas de ETS. 100

 

Es por tanto posible que otra consecuencia negativa más de la prohibición sea una mayor incidencia de ETS y VIH entre las trabajadoras sexuales y sus clientes. El Consejo de Salud y Bienestar, que también expresa preocupación por las consecuencias de un mayor estigma, escribe en su respuesta que, según el informe sueco para ONUSIDA de 2010, solo el 18,5 por ciento de las trabajadoras sexuales usuarias de drogas utilizaron condón durante sus últimas relaciones sexuales.101

 

Conclusión

 

Creemos que hay que considerar varios factores para entender la discrepancia entre el proclamado éxito de la Ley de Compra de Sexo y sus resultados documentados. Mientras que hay algunos policías, trabajadores sociales y antiguas trabajadoras sexuales que dicen que la prohibición ha ayudado de hecho a reducir la prostitución y la trata y ha disuadido a los clientes sin ninguna consecuencia adversa, los informes y documentos con una base científica más que ideológica no respaldan esas proclamas de éxito. Por tanto, como nosotras y otros hemos escrito en otra parte, creemos que es en los dominios ideológico y cultural donde se deben situar la creación de la “exclusiva” Ley de Compra de Sexo y la discrepancia arriba mencionada. Ello tiene que ver con un deseo de crear y mantener una identidad nacional de ser la conciencia moral del mundo; con nociones de sexualidad “buena” y “mala”; con el estigma de puta; con la creación de nuevas formas de desviación sexual; con una cultura política comunitarista, en lugar de liberal; y, quizás por encima de todo, con una visión estereotipada y desinformada de la prostitución.102

 
Nuestra postura respecto a la política hacia la prostitución es que debe estar basada en el conocimiento y no en la moralidad o en la ideología feminista radical. Creemos también que cuando se desarrolla una actuación política, las personas a las que se dirige esa actuación deben ser adecuadamente consultadas y debidamente respetadas. En nuestra opinión, este no ha sido el caso por lo que respecta al “modelo sueco”.

 

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1 El trabajo de investigación llevado a cabo para la elaboración de este informe ha sido parte del Estudio Comparativo Internacional de Políticas hacia la Prostitución en Holanda, Austria y Suecia (investigador principal: Hendrik Wagenaar), financiado por el Nicis Institute, las ciudades de Roterdam, La Haya, Utrecht y Viena y la Universidad de Leiden. Las conclusiones y opiniones expresadas en este informe no representan necesariamente las de los investigadores principales en el proyecto más amplio ni la de sus socios patrocinadores. Las autoras de este informe desean agradecer a Ola Florin, Hendrik Wagenaar y Ronald Weitzer sus valiosos comentarios, y hacer extensivo un agradecimiento especial a Michael Goodyear por sus amplios comentarios sobre el texto, traducciones legales del sueco al inglés, y edición y revisión de fuentes documentales. Cualquier error que haya persistido es de la única responsabilidad de las autoras.

2 Östergren 2006. & Dodillet 2009. & Proposition 1997/98:55, p 20 ff & p 104.

3 Östergren 2006, p 64. & Altstadt 2006.

4 Proposition 1997/98:55, p 105.

5 El Instituto Sueco recibió fondos extras en el Plan de Acción Nacional para promocionar la “opinión sueca” sobre la prostitución y la trata. Ver BRÅ 2010, p 59 para un resumen de estas actividades. & Svenska Institutet 2011.

6 SOU 2010:49. & Ask 2010.

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http://www2.ungdomsstyrelsen.se/butiksadmin/showDoc/ff8080812568bac501270973ec3b0027/See_me.pdf (1st May 2011).

7 Agustín 2010; Agustín & Persson 2010a & 2010b; Dodillet 2010; Berg & Lindberg 2010; Pion & RoseAlliance & Sexarbejdernes InteresseOrganisation 2010; Hagwall & Laakso & Rehbinder & von Schantz & Wagenius 2010.

8 Las referencias o respuestas a consultas pueden venir de autoridades gubernamentales, autoridades locales, policía, sistema judicial, universidades, ONGs, accionistas y el público en general. Ver “Cómo se hacen las leyes”. Las entidades críticas fueron: Federación Sueca por los derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (RFSL), Asociación Sueca para la Educación Sexual (RFSU), el Defensor contra la Discriminación, el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Gotenburgo, la Facultad de Salud y Sociedad de la Universidad de Malmoe, la Facultad de Derecho de la Universidad de Lund, la Facultad de Derecho de la Universidad de Upsala, el Departamento de Criminología de la Universidad de Estocolmo, el Departamento de Medicina Clínica y Experimental de la Universidad de Linköping, el Departamento de Estudios de Género de la Universidad de Södertörn, el Consejo Nacional de Salud y Bienestar (Socialstyrelsen). También la Agencia Sueca para la Gestión Pública (Statskontoret), el apoyo a la investigación del Gobierno y las Fuerzas Armadas Suecas criticaron la evaluación en el proceso de consulta.

9 Ibid.

10 Proposition 1997/98:55.

11 Susanne Dodillet tiene un doctorado en Historia Intelectual, y en su disertación Är sex arbete? (¿Es el sexo trabajo?) comparó las regulaciones de la prostitución suecas y alemanas entre 1970 y 2000. El material que analizó fueron documentos parlamentarios y debates periodísticos realizados a lo largo de cuatro décadas. Ver http://www.susannedodillet.com.

Petra östergren es doctoranda en Antropología Social. También es comentarista social y escritora. En uno de sus libros, Porr, horor och feminister (Porno, putas y feministas), de 2006, analiza las tres décadas del movimiento antipornografía y antiprostitución en Suecia, usando un amplio espectro de material, no solo textos y discusiones de fuentes parlamentarias, sino también las actividades de base que llevaron a la actual normativa. Ha entrevistado también a legisladores y a muchas trabajadoras sexuales. El tema de su disertación actual es la Ley de Compra de Sexo. Ver http://www.petraostergren.com

12 Código Penal: Capítulo 12 § 12

13 Código Penal: Capítulo 11

14 Código Penal: Capítulo 4 § 1, 1a, 2, 4, 10

15 SOU 2008:41, p 22.

16 Código Penal: Capítulo 6 § 9

17 Östergren 2003a. & Östergren 2003b.

18 Proposition 1997/98:55.

19 National Board of Health and Welfare 2004, p 13. & Sirling 2009, p 333.

20 Regeringens skrivelse 2007/08:167, Justitiedepartementet 2008, Ministry of Education and Research 2008.

21 Ver Socialstyrelsen and National Board of Health and Welfare en la bibliografía. Dos de los informes están disponibles en inglés.

22 Ver BRÅ and National Council for Crime Prevention en la bibliografía. Algunos de los informes están disponibles en inglés.

23 Ver Rikskriminalpolisen, Rikspolisstyrelsen, National Criminal Police, National Police Board and SamO-Kut Nord 2008 en la bibliografía. Algunos de los informes están disponibles en inglés.

24 SOU 2010:49.

25 SOU 1995:15.

26 Norwegian Ministry of Justice 2004.

27 Holmström & Skilbrei 2008.

28 Ver el National Board of Youth Affairs 2008 & Ungdomsstyrelsen 2008.

29 Malmö Stad Kompetenscenter prostitution 2010.

30 RFSL 2011.

31 SOU 1995:15. Aunque sería ‘de dos a tres veces’ 1.950 – 2.600.

32 Norwegian Ministry of Justice 2004, p 9.

33 NIKK 2008, p 17. & Holmström 2008, p 303.

34 Holmström 2008, p 306.

35 Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet 2010.

36 Holmström 2008, p 306. & Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet 2010.

37 Holmström 2008, p 321.

38 National Board of Health and Welfare 2008, p 33.

39 BRÅ 2000, p 20.

40 BRÅ 2000, p 48. Ver también Norwegian Ministry of Justice 2004, p 22, 23. & Swedish National Council for Crime Prevention 2008, p 124.

41 National Board of Health and Welfare 2004, p 8.

42 SOU 2010:49b, p 19.

43 Holmström 2008, p 307. Ver también SOU 2010:49b; Socialstyrelsen 2000 & 2004; Rikskriminalpolisen 1999, p 26, 28 & 29; National Board of Health and Welfare 2008, p. 47.

44 The National Board of Health and Welfare 2008, p 63.

45 Holmström 2008. & Malmö Stad Kompetenscenter prostitution 2010. & National Board of Health and Welfare 2008.

46 Malmö Stad Kompetenscenter Prostitution (sin fecha), p 3; SOU 2010:49a, p 112.

47 Como se informa en BRÅ 2000, p 20.

48 National Board of Health and Welfare 2008, p 63.

49 BRÅ 2008, p 87.

50 SOU 2010:49b, p 9.

51 Rikspolisstyrelsen 2010b.

52 SOU 1995:15, p 100.

53 SOU 2010:49, p 201.

54 Institutionen för Hälsa och samhälle vid Malmö högskola 2010.

55 The National Board of Health and Welfare 2008, p 46.

56 Socialstyrelsen 2000, p 42 f.

57 Sirling 2008, p 346. & Kuosmanen 2008, p 372.

58 Siring 2008, p 345 f.

59 Malmö Stad Kompetenscenter prostitution 2010, p 86. & RFSL 2011, p 194.

60 Malmö Stad Kompetenscenter prostitution 2010, p 50 ff. Ver también declaraciones de trabajadoras sexuales, por ejemplo en los blogs “Greta Garbo…en glädjeflicka”, ”Frida”, ”Secretary academy”, ”Isabella Lund” & ”Njutning till salu” y la entrevista en Sveriges Radio P3 2008.

61 SOU 2010:49a, p 197.

62 Sveriges Radio P1 2009.

63 SOU 2010:49b, p 9.

64 Kuosmanen 2008, p 377 f. Ver también Kuosmanen 2010.

65 Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet 2010.

66 BRÅ 2000, p 49.

67 Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet 2010.

68 SOU 2010:49b, p 9.

69 Como resume Kuosmanen 2008, p 362.

70 Kuosmanen 2008, p 367.

71 Siring 2008, p 354.

72 Ungdomstyrelsen 2006, p 113, 154.

73 RFSL 2010; Institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet 2010.

74 Fueron Alexander Bard, Don Kulick y Petra Östergen. Gould 2001 pp 445 ff.

75 Ver, por ejemplo, las declaraciones hechas por Laura Agustín, Carl-Erland Andersson, Alexander Bard, Magnus Betnér, Jesper Brygemark, Ulrika Dahl, Niklas Dougherty, Cordelia Edvardsson, Rolf Hillegren, Staffan Heimersson, Ida Kock, Johan Lundberg, Lotta Lundberg, Sakine Madon, Liza Magnusson, Paulina Neuding, Johan Nordansjö, Carl Johan Rehnbinder, Louise Persson, Mårten Schultz, Nathan Shachar, Oscar Swartz, Jan Söderqvist, Alice Teodorescu, Dick Wase, Charlotte Wiberg, Malin Westberg y blogs como ”Röd Libertarian”, ”Reformera sexköpslagen”, ”Kamferdroppar”, ”Strötankar i samtidens liberala utmarker” y ”Loke – kultur & politik”.

76 Ver, por ejemplo, el trabajo y las declaraciones de Lilian Andersson, Liw Enqvist, Johannes Eriksson, Pye Jakobson, Linnea Edvardsdotter, Ingegärd Granath, Christina Persson y Rosinha Sambo, y los blogs “Greta Garbo…en glädjeflicka”, “Frida”, “Isabella Lund”, “Njutning till salu” y el foro de discusión “Secretary Academy”.

77Dodillet 2009, p 381 ff.

78 Se trata de Maria Abrahamsson, Marianne Berg, Fredrick Federley, y Camilla Lindberg.

79 Motion 2009/10:Ju276. & Motion 2010/11:Ju249.

80 Ver las ramas juveniles del Partido del Centro, el Partido Liberal y los Conservadores. Ver, por ejemplo, políticos como Per Hagwall, Helena von Schantz, Tobias Schelin, Erik Svansbro, Hanna Wagenius, y Filip Wästerberg. Ver también Sveriges Radio Radio Sweden 2009.

81 Ver, por ejemplo, los informes dirigidos por el Consejo de Salud y Bienestar y su material educativo (Socialstyrelsen 2011) y los informes del Centro de Conocimiento de Malmoe.

82 “Låt folk få köpa sex!” 2009.

83 http://www.aftonbladet.se/debatt/article12035042.ab

84 http://www.expressen.se/nyheter/1.2307402/darfor-vill-ask-skarpa-maxstraff-for-sexkop

85 http://www.newsmill.se/millord/Sexköpslagen

86 Socialstyrelsen 2010.p. 3

87 Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet 2010.

88 RFSL 2010.

89 RFSU 2010.

90 Diskrimineringsombudsmannen 2010.

91 Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet 2010, p 2.

92 Este resumen está basado en: Holm 2005; Institutionen för Hälsa och samhälle vid Malmö högskola 2010; Jakobson 2009; Lundström 2010; Lizdek & Rödström & Steko 2008; Malmö Stad Kompetenscenter prostitution 2010 p 12, 41, 50 ff & 67; National Board of Health and Welfare 2004, p 3, 32ff &77; National Board of Health and Welfare 2008, p. 46 ff; National Council for Crime Prevention 2008, p 21 & 47; National Criminal Police 2002; Norwegian Ministry of Justice 2004, p 12 ff, 19, 20, 52 & 53; Öster 2004; Östergren 2003a&b & 2006; RFSL 2011, p 162, 164, 166, 176; Rikskriminalpolisen 1999, p 14, 26ff; Rikskriminalpolisen 2000, p 21, Rikskriminalpolisen 2002, p 16 & 21; Rikspolisstyrelsen 2000; SamO-Kut Nord 2008, page 9; Socialstyrelsen 2000, p 33 & 43. Ver también los blogs: ”Greta Garbo… en glädjeflicka”, ”Frida”, ”Secretary academy”, ”Isabella Lund” & ”Njutning till salu”.

93 RFSL 2011, p 164. & National Board of Health and Welfare 2008, p 48.

94 Ver, por ejemplo, el “caso Littorin”, cuando el Ministro de Empleo dimitió tras ser acusado de comprar sexo, «Billström nombrado Ministro de Empleo» 2010; «Reinfeldt resta importancia a los rumores sobre el ‘crimen’ de Littorin» 2010; «Littorin niega compra de sexo: abogado» 2010; «El asunto Littorin daña la confianza de los votantes en Reinfeldt,» 2010; «Littorin: Yo quería proteger a mi familia», 2010; “Aftonbladet calumnió a Littorin: ex-vigilante” 2010. En relación a chantajes, ver, por ejemplo, ”Man utpressade sexköpare” 2010; ”Utpressarliga slår till mot sexköpare” 2010. &”Sexköpare lurad av utpressare” 2010.

95 Consejo Nacional de Salud y Bienestar 2008, p 12. & RFSU 2010.

96 Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet 2010.

97 Ministerio de Justicia noruego 2004, p 19.

98 SOU 2010:49b, p 34.

99 Diskrimineringsombudsmannen 2010.

100 RFSL 2010.

101 Socialstyrelsen 2010.

102 Dodillet 2009, Kulick 2005, Gould 2001, Östergren 2006.

Prohibir la prostitución es un crimen

 

Por Steve Chapman

26 de agosto de 2015

http://www.chicagotribune.com/news/opinion/chapman/ct-prostitution-amnesty-international-cindy-mccain-sex-workers-trafficking-rape–20150826-column.html

 

Prohibir cosas que no te gustan tiene una larga historia, aunque no es una historia feliz. Los estadounidenses han intentado prohibir el alcohol, la marihuana, la pornografía y la homosexualidad. Sin embargo, todas esas cosas siguen hoy ahí.

Así que hemos aprendido no solo a tolerarlas, sino también a permitirlas. Hoy día, te puedes tomar un vaso de whisky en un bar gay mientras miras porno en tu iPad, y la policía no te dirá nada. En Colorado y Washington, puedes ir a comprar hierba a una expendeduría autorizada por el Estado.

La prohibición ha fracasado también con el sexo comercial. Encontrar un “salón de masaje erótico” en internet es casi tan difícil como encontrar una pizzería. Los sitios web ofrecen página tras página de escorts, tanto mujeres como hombres.

Un catorce por ciento de hombres estadounidenses admiten haber sido clientes de una prostituta al menos una vez en su vida, lo que supone alrededor de diecisiete millones de clientes. Se estima que un millón de mujeres se han dedicado a la prostitución en Estados Unidos.

Enfrentados a esta realidad, los activistas de Amnistía Internacional han ratificado recientemente la despenalización del “trabajo sexual”. Esta posición es defendida por la Organización Mundial de la Salud, Anti-Esclavitud Internacional y la Alianza Global contra la Trata de Mujeres. Entienden que la prohibición de la prostitución no termina con esta. Tan solo la empuja a la clandestinidad, donde son más probables los abusos y estos son más difíciles de detectar. Mientras siga siendo un delito, dice el Comité Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en Europa, “las trabajadoras sexuales estarán en riesgo de sufrir violencia policial, detenciones, violaciones, chantajes y deportaciones, y no tendrán posibilidad de denunciar los abusos”.

En los lugares donde su trabajo es despenalizado, las prostitutas pueden trabajar con más facilidad en entornos en los que las condiciones estén controladas, los clientes sean seleccionados y las medidas de prevención de salud sean obligatorias. Tampoco tienen que preocuparse de ser detenidas o chantajeadas por la policía.

Pero la postura de Amnistía Internacional ha provocado un aluvión de críticas. Una carta firmada por feministas, clérigos y celebridades acusó al grupo de reforzar a los proxenetas y defender un “apartheid de género”. Cindy McCain, presidenta del Consejo Consultivo sobre Trata de Seres Humanos en el Instituto McCain para el Liderazgo Internacional, denominó la decisión “un abandono desgarrador de aquellas mujeres que son vendidas por sexo todos y cada uno de los días”.

Lo que molesta a los críticos es la idea de que adultos en perfecto uso de sus facultades mentales decidan alquilar sus cuerpos para la obtención de una gratificación erótica. McCain insistió: “la decisión de vender el propio cuerpo para la obtención de sexo en ausencia de mejores alternativas no es un derecho humano”. Pero este mismo razonamiento podría aplicarse a aquellas personas que se dedican a toda una serie de trabajos desagradables, desde matar pollos hasta vigilar presos.

La prostitución puede ser un modo terrible de ganarse la vida. Pero las mujeres (y los hombres) que la escogen consideran sus otras opciones aún menos atractivas. Apartarles del trabajo sexual, por definición, les hace ir a peor.

Los oponentes de Amnistía Internacional insisten en que el negocio se basa en la esclavización de las mujeres. Pero esto ocurre raras veces. La administración de George W. Bush estableció cuarenta y dos grupos de trabajo en el Departamento de Justicia y gastó unos ciento cincuenta millones de dólares en intentar encontrar mujeres y chicas forzadas a ejercer la prostitución, según informó el Washington Post. A lo largo de siete años, todo esto esfuerzo solo consiguió 148 procesamientos.

La revista Time dice que los datos sugieren que “la mayoría de las personas que trabajan en la industria del sexo lo hacen contra su voluntad”, una afirmación que el sociólogo de la Universidad George Washington Ronald Weitzer, autor del libro “Legalización de la prostitución”, editado en 2012, dice que es “una majadería. No hay encuestas representativas de trabajadoras sexuales, encuestas que serían necesarias para confirmar que ‘una mayoría’, o un porcentaje cualquiera, de trabajadoras sexuales lo hacen contra su voluntad”.

Los criminólogos de la Universidad Rutgers James Finckenauer y Ko-lin Chin entrevistaron a 149 mujeres chinas que emigraron para dedicarse al trabajo sexual. “Ninguna de las mujeres a las que entrevistamos dijeron haber sido sometidas a rapto, fuerza o coacción”, informaron. Muchas lo hicieron “para ganar un dinero que nunca habrían ganado por otros medios”.

Se ha descubierto trata de seres humanos en muchas industrias en todo el mundo, incluyendo salones de uñas en Manhattan. Pero nadie piensa que deberíamos ilegalizar a las manicuras.

Los ataques a la despenalización provienen de una extraña alianza de feministas que miran a todas las trabajadoras sexuales (incluídas las estrellas porno y las strippers) como víctimas de opresión y cristianos que las ven como sumidas en la depravación. Ambos grupos explotan la idea de que algunos tipos de sexualidad son vergonzosos, peligrosos e intolerables, una actitud que siempre alimentó la persecución de los homosexuales.

Pero una cosa que hemos aprendido es que personas diferentes tienen diferentes tipos de sexo por toda una serie de razones que a nadie más le importan. Hacerlo por dinero no es algo distinto.

 

Steve Chapman, miembro del Consejo del Tribune, bloguea en http://www.chicagotribune.com/chapman.
schapman@tribpub.com
Twitter @SteveChapman13

Esclavas sexuales y Estado vigilante

 

Por qué “trata de seres humanos” es un término peligroso

 

Thaddeus Russell en el número de  Mayo de 2014 de reason

http://reason.com/archives/2014/04/22/sex-slaves-and-the-surveillanc

 

War_on_the_White_Slave_Trade_01

Su nombre, igual que el de casi todas las víctimas, es desconocido. No mayor de veinte años, tiene ojos grandes y tristes, larga y ondulante cabellera y pálida piel. Lleva un recatado vestido blanco, que sugiere que la vida que llevaba antes de verse en esa mazmorra era una vida de inocencia. MIra a través de los barrotes de su jaula y, ya que no puede salvarse por sí misma, implora rescate. Tras ella, un hombre con sombrero de bombín y mirada lasciva mira a su presa a través del humo de su cigarro. Ha pagado por violarla y ella no puede hacer nada por detenerle. Es una “esclava blanca”.

Esta chica no es más que un dibujo. Existió solo en una imagen que formó parte de una avalancha de afirmaciones hechas a comienzos del siglo veinte acerca de legiones de chicas y mujeres americanas blancas que eran retenidas contra su voluntad y forzadas a prostituirse. Miles de artículos de periódico, libros, sermones, discursos, obras de teatro y películas retrataron una vasta economía sumergida de raptores y proxenetas que ejercían un poder casi divino sobre jóvenes esclavas sexuales. Los historiadores están hoy en general de acuerdo en que aquellas descripciones eran invenciones en todo o en casi todo. Existe escasa evidencia verificable de mujeres americanas que hubieran sido raptadas y obligadas físicamente a practicar la prostitución, o de que la chica de la ilustración existiera alguna vez.

Esto no fue sólo una mera mitificación inofensiva. Las afirmaciones hechas por el movimiento contra la “trata de blancas” ayudaron a crear, expandir y reforzar los poderes de la policía en una serie de agencias gubernamentales. Desde el comienzo del pánico, esas agencias encarcelaron y esterilizaron a cientos de miles de mujeres que trabajaban como prostitutas, les quitaron los hijos, las obligaron a echarse a las calles y a establecer relaciones de dependencia con hombres criminales, e hicieron que sus trabajos estuvieran entre los más peligrosos del mundo.

Esas mismas agencias gubernamentales persiguieron también a hombres negros, judíos, latinos y asiáticos por el simple hecho de haber tenido relaciones íntimas con mujeres blancas; hicieron más estrictas las restricciones a la inmigración; establecieron precedentes de algunas de las peores violaciones gubernamentales de la privacidad y las libertades civiles de la historia de los Estados Unidos; y constituyeron la base del moderno Estado vigilante.

El movimiento contemporáneo contra la “trata de seres humanos”, también descrita como la “esclavitud moderna”, es sorprendentemente similar a la cruzada contra la trata de blancas de hace un siglo, tanto en su retórica como en sus implicaciones con la libertad individual y el poder del Estado.

En 1907, el gobierno federal lanzó su primera respuesta concertada al pánico de la trata de blancas cuando la Comisión de Inmigración de los Estados Unidos —conocida como la Comisión Dillingham por su presidente, el senador William P. Dillingham de Vermont— puso en marcha una investigación en doce ciudades sobre la “importación y alojamiento de mujeres con fines inmorales”. La comisión encontró a numerosas prostitutas de origen extranjero que practicaban voluntariamente su oficio, y encontraron también a algunas mujeres de las que los investigadores dijeron que estaban “prácticamente forzadas” a ejercer la prostitución mediante la violencia o amenazas de violencia, pero no encontraron a ninguna como la chica del dibujo.

Los investigadores admitieron también que “para guardarse de las creencias sensacionalistas que se están volviendo prevalentes, es mejor repetir que los agentes de esta comisión no han tenido conocimiento de que todas, ni siquiera la mayoría, de las mujeres y chicas extranjeras que practican la prostitución en los Estados Unidos… hubieran sido oblidadas o engañadas para hacer esa vida”. Sin embargo, el gobierno respondió a estos descubrimientos con una inmensa represión de las libertades de comercio, de movimiento y sexuales tanto de los ciudadanos americanos como de aquellos que deseaban vivir en los Estados Unidos.

Llevados por la suposición de que ninguna mujer mentalmente sana decidiría vender sexo de no mediar una coerción abrumadora, los activistas contra la trata de blancas amalgamaron la trata de blancas imaginaria con todas las formas de prostitución y sexualidad inmoral. Aunque nunca descubrieron una sola mujer que hubiera sido introducida contra su voluntad en el país para vender sexo, los funcionarios de inmigración recibieron instrucciones de frenar esta supuesta avalancha negando la entrada no solo a cualquier mujer de la que sospecharan que era una prostituta, sino también a cualquier mujer que hubiera tenido hijos o relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Entre 1907 y 1911, a cerca de 80.000 mujeres de las que se sospechó que eran prostitutas o sexualmente inmorales se las prohibió entrar a los Estados Unidos. La Oficina de Inmigración comisionó también a agentes para trabajar de incógnito en salones, cafés y estaciones de tren donde se creía que trabajaban prostitutas, haciéndose pasar por agentes del censo y atrapando a prostitutas pidiéndolas relaciones en la calle.

Por lo general, las mujeres inmigrantes detenidas por prostitución eran deportadas. Según la historiadora de la Universidad del Estado de Texas Jessica R.Pliley, autora del libro de próxima aparición Policing Sexuality, para la Oficina de Inmigración “el problema de la trata de blancas era realmente un problema con la prostitución extranjera”. En 1909, la Oficina de Inmigración envió a su principal investigador de la trata de blancas, un hombre llamado Marcus Braun, a Europa para averiguar las causas del flujo de prostitutas extranjeras a Estados Unidos. Braun se quedó atónito al encontrar que en Londres, París, Berlín, Moscú y Bruselas, las prostitutas eran consideradas por las autoridades y la sociedad en general como trabajadoras asalariadas corrientes. Fue aún más sorprendido por las mismas prostitutas, que le dijeron que veían a los Estados Unidos sobre todo como un mercado lucrativo, ya que la moralidad americana limitaba el suministro de competidoras, haciendo así que subieran los precios de su trabajo. Braun concluyó de su investigación que —contrariamente a lo que decía la entonces dominante narrativa de la trata de blancas— no existía una organización internacional de raptores y proxenetas operando para “explotar a las mujeres inocentes y virtuosas”.

Sin embargo, en 1910 el congreso respondió a la incesante histeria aprobando la Ley de Trata de Blancas de los Estados Unidos, mejor conocida como la Ley Mann (por su autor, el congresista de Illinois James Robert Mann), que convirtió en delito transportar mujeres a través de las fronteras de los estados “con fines de prostitución o libertinaje, o con cualquier otro propósito inmoral”. Mann, como los principales defensores de la ley, era un republicano progresista incondicional que defendió la regulación de las líneas férreas, el sufragio de las mujeres y la Ley de Alimentos y Medicamentos Puros. Muchos segregacionistas demócratas del Sur, galvanizados por las historias de hombres negros que comerciaban con mujeres blancas y las compraban, se unieron a los progresistas en apoyo de la ley.

En poco tiempo, cuarenta y cinco estados aprobaron leyes contra la trata de blancas, que fueron usadas (junto con las leyes contra casas desordenadas) para cerrar la mayor parte de los barrios rojos del país, clausurar burdeles en los que las prostitutas gozaban normalmente de la protección de las madamas, y colocar a las trabajadoras sexuales en un circuíto entre asilos, reformatorios, cárceles y calles.

“Dadas estas condiciones” —escribe Ruth Rosen en The Lost Sisterhood (1983), la historia seminal del trabajo sexual en los Estados Unidos— “no es sorprendente que los proxenetas comenzaran a dominar la práctica de la prostitución”. Prohibido legalmente, el trabajo sexual fue transferido de la propiedad femenina al poder masculino. Aunque ciertamente fueron a veces explotadas en los burdeles, “madamas y prostitutas habían ejercido un poder considerable en sus relaciones con los clientes”, escribe Rosen. “Ahora las prostitutas se convirtieron en blancos fáciles tanto de proxenetas como del crimen organizado. En ambos casos, la violencia física sufrida por las prostitutas creció rápidamente”.

Entre las agencias gubernamentales reforzadas por la histeria de la trata de blancas estaba el Bureau of Investigation (BOI), que fue creado en 1008 en parte para investigar la importación y transporte entre estados de prostitutas. Con el mandato ampliado de la Ley Mann, el Bureau creció rápidamente, de unos 60 agentes a más de 350, abriendo una División de Trata de Blancas y operando en todas las principales ciudades del país en tan solo cinco años.

Durante este período, los casos de trata de blancas constituyeron cerca de la tercera parte del trabajo del Bureau. Cuando fue renombrado como Federal Bureau of Investigation (F.B.I.) en 1935, la agencia había investigado a decenas de miles de americanos por supuesta violación de la Ley Mann. Pliley ha encontrado que una parte considerable de estos casos se trataban no de vicio comercial, sino de relaciones entre hombres mayores y chicas, adulterios, quinceañeas promiscuas y parejas interraciales.

“El movimiento contra la trata de blancas constituyó un eslabón importante del activismo de la Era Progresista”, escribe Pliley, “que buscó purificar el dormitorio de la misma forma que los activistas buscaban limpiar la política, el mercado y las relaciones laborales”. Específicamente, la investigación hecha por el BOI de casos de inmoralidad sexual “sometió los antecedentes de americanos medios de todas las clases sociales al escrutinio del Bureau”.

El caso más famoso de la Ley Mann fue el proceso del campeón de boxeo de pesos pesados negro Jack Johnson, cuyas impúdicas relaciones con mujeres blancas atrajo la ira de los agentes del BOI y del fiscal general de Illinois. Johnson fue declarado culpable de transportar a una prostituta, con la que había estado teniendo relaciones, a través de las fronteras del Estado, y fue sentenciado a un año de cárcel y una multa de 1.000 dólares.

Piles aduce que el moderno FBI fue configurado a partir del trabajo de su División de Trata de Blancas, que “transformó el BOI en una auténtica agencia nacional”. La aplicación de la Ley Mann “justificó la petición por parte del Bureau al Congreso de más fondos y estableció su autoridad en la cultura popular”. Y lo más importante, las investigaciones de la trata de blancas “establecieron un   modelo más agresivo para la aplicación de la ley federal que el que existía previamente, buscando tanto prevenir la infracción de la ley como investigar a ciudadanos corrientes, estableciendo por tanto importantes precedentes” de lo que llegó a ser el FBI.

Cuando J. Edgar Hoover asumió la dirección del BOI en 1924, hizo redoblar los esfuerzos del Bureau para controlar policialmente la “inmoralidad interestatal”, más allá del vicio comercial. A lo largo de los años veinte y treinta, el Bureau puso en marcha decenas de miles de investigaciones y logró más de 7.000 condenas por casos de bigamia, de adulterio, de relaciones con “mujeres o chicas previamente castas o muy jóvenes”, o relaciones entre mujeres blancas y hombres no blancos. Tales casos constituyeron la mayor parte del trabajo del Bureau durante ese período. Como señala Pliley, “el crecimiento del Estado norteamericano del siglo veinte se produjo en no pequeña medida mediante el control policial de los cuerpos de las mujeres”.

La histeria de la trata de blancas dio lugar también a uno de los usos más espantosos del poder estatal en la historia de los EE. UU. En varios estados, una condena por “trata de blancas” hacía a una mujer automáticamente elegible para la esterilización. Entre 1907 y 1950, unas 40.000 mujeres fueron esterilizadas a la fuerza, la mayor parte por prostitución o inmoralidad sexual.

Tras la Segunda Guerra Mundial, tanto el término “trata de blancas” como la vigilancia de la sexualidad inmoral perdieron su reputación, y los procesamientos por violaciones de la Ley Mann virtualmente cesaron. Pero en los primeros 2000 surgió una nueva causa que tenía un asombroso parecido con el pánico de los primeros 1900. Después de haber sido mencionada solo esporádicamente durante los noventa, la “trata de seres humanos” explotó en informativos y artículos académicos al comienzo de la era de George W. Bush.

Una búsqueda de Google Académico muestra sólo 50 resultados para el término en 1998, pero 161 resultados en 2000, 293 en 2001, 496 en 2002, 758 en 2003 y 1.100 en 2004. La cifra sigue creciendo hasta aproximadamente 6.000 en cada uno de los últimos tres años. El movimiento contra la trata de seres humanos, o “esclavitud moderna”, es ahora un fenómeno global que supera con creces el alcance de la causa contra la trata de blancas.

Veintisiete millones de personas, se nos dice desde las Naciones Unidas, decenas de ONGs, y el Departamento de Estado de los EE.UU., están sometidas a esclavitud en todo el mundo. Aunque hay un consenso académico general en que la mayor parte de las personas que son coaccionadas a emigrar y trabajar son trabajadores agrícolas y domésticos, la parte del león de la atención de la campaña contra la trata de seres humanos se centra en las trabajadoras sexuales.

Como ocurrió con la trata de blancas, no hay razón para creer que el número real de esclavos en el mundo se aproxime en absoluto a la cifra proclamada. El origen de esta cifra ha sido rastreado por una serie de académicos y periodistas, en particular Laura Agustin, Elizabeth Bernstein, Maggie McNeill, and Ronald Weitzer, y se ha hallado que está relacionado con el trabajo de un solo hombre, Kevin Bales, el fundador del grupo de presión Free the Slaves, que llegó a esa cifra mediante estimaciones, adivinaciones y una definición extensiva de “esclavitud”.

En otro paralelismo con lo que ocurrió hace un siglo, varios académicos han identificado una confluencia del discurso de la trata de seres humanos con peticiones de restricciones a la inmigración. El nuevo pánico ha hecho aparecer también nuevas agencias en los gobiernos municipales y estatales cuya misión de perseguir a los “tratantes” ha dado lugar a la persecución de un número mayor de mujeres que venden sexo por dinero voluntariamente. En Florida, la legislatura del estado está considerando una ley que permitiría la hospitalización psiquiátrica involuntaria de las “víctimas” de trata sexual.

En 2000, la Ley de Protección de Víctimas de Trata creó dentro del Departamento de Estado una Oficina para Monitorizar y Combatir la Trata de Personas, que promueve la cifra de los 27 millones de “esclavos” en su web y en su “objetivo de asistencia en el extranjero e implicación pública en la trata de personas”. Parte de esta asistencia en el extranjero ha llevado a programas en Asia en los que ONGs y gobiernos locales “rehabilitan” a trabajadoras sexuales detenidas obligándolas a trabajar en una fábrica.

La historia del primer pánico sexual de Estados Unidos debería hacernos pensar antes de embarcarnos en una nueva causa cuyos beneficios probablemente serán mínimos en el mejor de los casos pero que casi con toda certeza llevará a más mujeres a la cárcel y pondrá más policías en nuestras vidas.

 

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Thaddeus Russell enseña historia y estudios americanos en el Occidental College. Su libro más reciente es A Renegade History of the United States (Free Press).

La Mitología de la Prostitución: Investigación Activista y Política Pública

x Res Soc Policy (2010) 7:15–29

DOI 10.1007/s13178-010-0002-5

Ronald Weitzer

Publicado online: 21 Febrero 2010

http://www.policeprostitutionandpolitics.com/pdfs_all/Duplicate%20PDFS/Mythology_of_prostit.pdf

Resumen. Durante la década pasada, las políticas públicas hacia la prostitución y otros tipos de trabajo sexual han sido debatidas cada vez más, tanto en medios académicos como en debates populares. Un punto de vista, el paradigma de la opresión, se ha visto reflejado cada vez más en los informes de los medios sobre la industria sexual y está siendo articulado de forma constante por los gobiernos de EE.UU., Europa y otros países. La proliferación de mitos basados en el paradigma de la opresión es responsable de la aparición de una resurgente mitología de la prostitución. Este artículo examina las afirmaciones hechas por organizaciones, activistas y estudiosos que respaldan el paradigma de la opresión; evalúa el razonamiento y la evidencia usados en apoyo de sus afirmaciones; y pone de manifiesto algunas de las vías por las que ese punto de vista ha influído en la legislación y en la política pública en algunas naciones. El autor presenta un punto de vista alternativo, el paradigma polimorfo, y sugiere que la política pública hacia la prostitución debería estar mejor informada por este enfoque basado en la evidencia.

Palabras clave: Sex industry . Sex work . Sexuality policy .

Prostitution myths . Legalization

R. Weitzer (*)

Department of Sociology, George Washington University,

801 22nd Street NW, Suite 409,

Washington, DC 20052, USA

e-mail: weitzer@gwu.edu

 

El conocimiento del trabajo sexual está siendo distorsionado cada vez más por un grupo de influyentes activistas, organizaciones y algunos académicos, que miran la industria del sexo como una institución universalmente dañina.  El objetivo último de estos individuos (a los que me referiré en adelante como prohibicionistas) es abolir toda la industria del sexo —es decir, la prostitución, la pornografía, los clubs de strip, y otros tipos de sexo comercial. Su campañan ha tenido dos efectos principales: En primer lugar, ha ocasionado una posición dominante de lo que llamo el paradigma de la opresión, que, a su vez, está contribuyendo a un nuevo resurgimiento de la mitología de la prostitución. En segundo lugar, esta mitología tiene importantes consecuencias en el mundo real: Las políticas públicas están cada vez más basadas en las afirmaciones de los activistas y académicos prohibicionistas. Este artículo evalúa críticamente las principales afirmaciones de este conjunto de trabajos y, a continuación, documenta su creciente incorporación a las políticas gubernamentales.

 

Razonamiento precientífico

El renombrado filósofo de la ciencia Karl Popper (1959) ha descrito el razonamiento precientífico como las conclusiones establecidas en ausencia de evidencia o carentes del ingrediente crítico de la refutabilidad. Las afirmaciones precientíficas son especialmente prevalentes entre ideólogos y políticos, cuyo apasionado compromiso con una causa puede minar su objetividad, pero el razonamiento precientífico ha sido también documentado en algunas investigaciones empíricas en varias áreas de la producción de conocimiento (Best 1999; Buchanan et al. 2003; di Mauro and Joffe 2007; Epstein 2006). Un así llamado “conocimiento” puede tener profundas implicaciones políticas.

La posición prohibicionista hacia el trabajo sexual está basada en una perspectiva que mira los servicios y espectáculos sexuales como inherentemente opresores y explotadores.

La investigación que deriva de este pilar ontológico central, típicamente contiene una o más dimensiones precientíficas. El efecto neto de esta literatura es doble: una seria distorsión de la realidad de la prostitución, por una parte,  y, por otra,  políticas públicas resultantes que no están basadas en la evidencia. Este artículo se centra en la prostitución, pero mi crítica puede ser también aplicada a los escritos prohibicionistas referidos a otros sectores de la industria del sexo (por ejemplo, stripping, pornografía) ya que están construídos de manera idéntica.

 

Afirmaciones sin pruebas

Los escritores prohibicionistas adoptan lo que llamo el paradigma de la opresión, que pinta a la prostitución como el compendio de la dominación masculina y la explotación de las mujeres, independientemente del período histórico, el contexto social o el tipo de prostitución (Weitzer 2009b). Las afirmaciones más atrevidas son artículos de fe. Una buena teoría científica es aquella cuyas proposiciones pueden ser verificadas o refutadas mediante la experimentación empírica; sin embargo, sólo algunos principios del paradigma de la opresión pueden ser sometidos a verificación (lo veremos más adelante). Los teóricos de la opresión presentan sus afirmaciones centrales de forma arbitraria —como evidentes por sí mismas, principios absolutos. Farley (una de las principales defensoras del paradigma de la opresión) y coautores (1998) han descrito el paradigma de la opresión como “un punto de vista político” (p. 406), un enfoque que contrasta con el enfoque científico.

El paradigma de la opresión define la prostitución de una manera unidimensional —como inherentemente explotadora y nociva para las trabajadoras. La prostitución es “una institución particularmente depravada de desigualdad entre los sexos” (Farley 2004, p.1117) y “una institución que reparte muerte y enfermedad” (Raymond 2004, p. 1182) entre las mujeres. Los teóricos de la opresión insisten en que la prostitución es por definición una forma de violencia contra las mujeres, independientemente de que haya violencia física manifiesta: “La prostitución debe ser mostrada como realmente es: una forma particularmente letal de violencia masculina contra las mujeres” (Farley and Kelly 2000, p. 54). La distinción entre prostitución voluntaria y forzada es mirada como una falacia —según los prohibicionistas, siempre existe algún tipo de coacción y dominación:

“Los chulos nos acosan con el mito de que existe una gran distancia entre lo que llaman prostitución ‘libremente escogida’ y prostitución ‘forzada físicamente” (Farley 2007, p. 97). En contraste con la noción de prostitución=violencia, un punto de vista alternativo, basado en la evidencia, caracterizaría a la victimización de forma diferenciada —esto es, como un factor que varía según momento, lugar y grado. La violencia de ninguna manera es endémica en la totalidad del comercio sexual (ver Shaver 2005; Vanwesenbeeck 2001; Weitzer 2009b).

El paradigma de la opresión es articulado cada vez más en debates públicos sobre el tratamiento político de la prostitución  y ha sido encabezado por algunos académicos influyentes que son también activistas antiprostitución (p.e., Donna Hughes, Sheila Jeffreys, Catherine MacKinnon, Jody Raphael, Janice Raymond). Muchos grupos activistas prominentes en todo el mundo abrazan también este paradigma. Las siguientes afirmaciones de algunas de estas organizaciones ilustran las maneras en que la prostitución es construida en el paradigma de la opresión.

  • El informe de Poppy Project (2008) sobre la prostitución de pisos en Londres afirma: “En un nivel fundamental, la prostitución es una expresión absoluta del poder de los hombres frente a la subordinación y falta de opciones de las mujeres. Pagar por servicios de prostitución permite a los hombres ejercer poder y control sobre las mujeres de un modo que parecería inaceptable en cualquier otra esfera” (p. 8).
  • El Women’s Support Project de Escocia (2003) ha proclamado, “Creemos que la prostitución y otras formas de explotación sexual comercial son parte del espectro de la violencia de los hombres contra las mujeres y los niños (¶ 1). No es, pues, sorpresa que el reciente informe del proyecto sobre los clientes de las prostitutas (Macleod et al. 2008) afirme, “Una vez vista como una forma de violencia contra las mujeres enraizada en la desigualdad entre los sexos, la prostitución es mejor entendida como una transacción en la que hay dos roles: explotador/predador y víctima/presa (p. 30).

 

  • Una de las más prominentes organizaciones prohibicionistas es Prostitution Research and Education (PRE), cuyo objetivo central es “abolir la institución de la prostitución” (Prostitution Research & Education 1998–2008, ¶ 1). Melissa Farley, directora de PRE, ha asegurado: “La prostitución no sólo daña a las mujeres por sí, también promueve actitudes sexistas y conducta machista sexualmente agresiva hacia todas las mujeres de la comunidad… Asumir el derecho a tratar a las mujeres como prostitutas significa que son tratadas como si no fueran humanas, dañando así tanto a las prostitutas como a las mujeres que no lo son” (Farley 2007, p. 181). Esta organización ha tenido un éxito extremo en propagar el paradigma de la opresión en los medios de comunicación de masas y en ganar la aceptación de ese punto de vista por parte de los círculos gubernamentales de los USA y de otros países.

 

  • La Coalition Against Trafficking in Women (CATW 2009) declara en su sitio web: “Toda prostitución explota a las mujeres, con independencia del consentimiento de éstas. La prostitución afecta a todas las mujeres, justifica la venta de cualquier mujer y reduce a todas las mujeres a sexo” (Philosophy, ¶ 3). CATW tiene ramas por todo el mundo y afirma que “ha cambiado los términos del debate sobre la prostitución y la trata en muchas regiones del globo y en las Naciones Unidas” (History, ¶ 1). CATW fue fundada por Janice Raymond.

 

  • La Chicago Alliance Against Sexual Exploitation (2009) afirma en su sitio web (http://www.caase.org) que la organización “está comprometida con la construcción de una comunidad global libre de explotación sexual. Sabemos que el comercio sexual actúa en detrimento de una sociedad sana y socava la dignidad de todas las personas.” En asociación con Melissa Farley, la organización patrocinó un reciente estudio de clientes en Chicago (Durchslag and Goswami 2008).

 

La forma como algo es definido puede influir mucho en cómo es percibido. En el paradigma de la opresión, la prostitución es asimilada a otras prácticas que son ampliamente condenadas: violencia doméstica, violación, esclavitud sexual y explotación sexual comercial. Según su punto de vista, los clientes compran a las mujeres más bien que usar servicios sexuales y son etiquetados como usuarios de prostitutas y predadores sexuales. Los prohibicionistas imponen tales etiquetas “porque sí”.

  • “Cuando los hombres usan a las mujeres en prostitución, están expresando puro odio hacia el cuerpo femenino” (Dworkin 1997, p. 145).

 

  • “La prostitución es mejor entendida como violencia doméstica que como trabajo” (Farley 2008, p. 16).

 

  • “La prostitución es violación pagada” (Raymond 1995).

 

  • “Esos hombres deben ser vistos como maltratadores más que como clientes” (Raphael and Shapiro 2004, p. 137).

 

  • “Los hombres que compran actos sexuales no respetan a las mujeres, ni quieren respetarlas” (Hughes 2005, p. 7).

 

  • “Esos clientes no son sólo chicos traviesos que necesitan un tirón de orejas. Deberían ser descritos más exactamente como predadores” (Melissa Farley, según cita en Brown 2008). Farley (2004) ha dicho en otra parte que “los puteros tienen por lo regular instintos asesinos hacia las mujeres”  (p. 1102).

 

  • “La diferencia entre los chulos que aterrorizan a las mujeres en la calle y los chulos trajeados que aterrorizan a las mujeres en los clubs de alterne es sólo una diferencia de clase, no una diferencia en su odio hacia la mujer” (Farley 2004, p. 1101).

 

  • Según Macleod et al. (2008), los clientes deberían ser fichados como agresores sexuales y apuntados en un registro de agresores sexuales: “Este nombre es importante, ya que coloca a los hombres que compran sexo en la misma categoría que los violadores, los pedófilos y otros indeseables sociales” (p. 27).

 

Igual que hacen con los clientes de lxs trabajadorxs sexuales, los prohibicionistas también aplican dramáticas etiquetas a lxs trabajadorxs mismxs. Agencias, activistas y académicos antiprostitución han argüido que las prostitutas deberían ser llamadas mujeres prostituidas, víctimas o supervivientes. Estas etiquetas indican claramente que “la prostitución es algo que se hace a las mujeres”.(Raymond 2004, p. 1183), no una práctica voluntaria. Jeffreys (1997) ha escrito: “Los activistas antiprostitución usan el término mujeres prostituidas en lugar de prostitutas. Esto es una decisión política deliberada y pretende simbolizar la falta de elección de que tienen las mujeres sobre ser utilizadas en prostitución”(p. 330).

En el paradigma de la opresión, la gestión individual es considerada imposible. La lógica que respalda este argumento es a veces expresada de manera ambigua: “En la medida en que se supone que una mujer ha escogido libremente la prostitución, en esa medida se deduce que en su naturaleza está el disfrutar con ser dominada y violada” (Farley and Kelly 2000, p. 54).

El sensacionalismo es abundante en este cuerpo de literatura. Las historias anecdóticas de horror son materia prima de estos escritos y están diseñadas claramente para despertar la indignación de los lectores. Informes, sitios web y artículos de prensa de tipo prohibicionista destacan citas de mujeres que han tenido horribles experiencias, que son presentadas como típicas. Más aún, los mismos autores escriben frecuentemente de una forma alarmante. Por ejemplo, Farley (2006) ha escrito: “Cuando las mujeres son convertidas en objetos dentro de los cuales se masturban los hombres, se produce un profundo daño psicológico en la persona que está actuando de receptáculo (p.107). Con esta clase de lenguaje, la misma Farley parece cosificar a las mujeres. Igualmente cosificante es la afirmación general de Farley (2006): “Ella misma y aquella cualidades que la definen como un individuo son  anuladas en la prostitución y ella representa la parte de la cosa que él quiere que sea” (p.122). Otro ejemplo de tal sensacionalismo es la declaración de Farley de que “prostitución, pornografía y trata se adaptan, o las sobrepasan, a las definiciones legales de tortura” (p.114). El tono de tales escritos se aparta radicalmente del de los escritos académicos convencionales.

Etiquetar la prostitución como violación pagada, a las trabajadoras como mujeres prostituídas o supervivientes, y a los clientes como predadores, tiene la finalidad de impresionar. El paradigma de la opresión sobrepone a los actores estos constructos sobrecargados emocionalmene de una forma generalizada. Tal terminología categórica oscurece las relaciones empíricamente documentadas entre trabajadoras y clientes, relaciones que son complejas y variadas. Más aún, muchos clientes y trabajadoras rechazan estas etiquetas descalificadoras. En un estudio de 294 prostitutas callejeras en Miami, por ejemplo, casi todas ellas “prefirieron los términos trabajadora sexual y mujer trabajadora y denominarse a sí mismas así”  (Kurtz et al. 2004, p. 359). Otras se llaman a sí mismas escorts. En contraste con la demonización de los clientes prevalente en la literatura de la opresión, un único estudio comparativo (Monto and McRee 2005) encontró pocas diferencias entre clientes de prostitutas y una muestra representativa nacional de hombres norteamericanos.

Además de hacer grandilocuentes caracterizaciones ontológicas, la mitología de la prostitución también muestra un conjunto de afirmaciones específicas respecto al comercio sexual: que la gran mayoría de las prostitutas comienzan a ejercer cuando tienen 13 ó 14 años, que fueron víctimas de abusos físicos o sexuales cuando eran niñas, que fueron engañadas o forzadas a prostituirse por chulos o tratantes, que usan o son adictas a drogas y que quieren desesperadamente salir del comercio sexual. Cuando se aplican de forma general a todas las trabajadoras sexuales, estas afirmaciones son falacias; se aplican mejor a un sector de la prostitución callejera (las que lo hacen por supervivencia), menos a otras trabajadoras de calle y menos aún a las trabajadoras sexuales de interior (Weitzer 2009b).

La temprana edad de comienzo, por ejemplo, fue identificada como un mito por Winick y Kinsie (1971) en su clásico libro sobre la prostitución. Los estudios contemporáneos han comunicado distintos porcentajes de individuos que comenzaron a vender sexo cuando eran menores de edad. Estos estudios (p.e., Hester y Westmarland 2004) han documentado que sólo una minoría comenzó a prostituirse antes de tener 18 años y un porcentaje aún menor antes de los 14 años. El deseo de las trabajadoras de dejar el comercio sexual no es de ninguna manera tan general como han dicho los prohibicionistas. Un estudio de trabajadoras sexuales thais, por ejemplo (Steinfatt 2002), encontró que sólo el 15% quería dejar de vender sexo, mientras que el resto quería seguir trabajando en el comercio sexual, y el 69% dijeron que pensaban que el trabajo sexual era un buen trabajo. Otra evidencia que contradice los mitos antes mencionados puede ser encontrada en las principales revisiones de la literatura (Shaver 2005; Vanwesenbeeck 2001; Weitzer 2009b).

(Continuará)

Traducción completada el 30 de septiembre de 2019 en el siguiente enlace:

https://elestantedelaciti.wordpress.com/2019/09/30/la-mitologia-de-la-prostitucion-investigacion-partidista-y-politica-publica/