Feminismo y prostitución: la persistencia de una amarga disputa

Debate Feminista

Volume 51, June 2016, Pages 18–35

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188947816300287

 

Resumen

La liberalización de las costumbres sexuales en el capitalismo tardío, junto con la desregulación neoliberal de los mercados, alentó la expansión de un mercado sexual donde algunos negocios funcionan de manera criminal, como ocurre con la trata de personas. En estas páginas reflexiono sobre la contraposición entre las feministas que impulsan el nuevo abolicionismo y las que abogan a favor de reconocer nuevas formas de organización del trabajo y de los derechos laborales para las personas que llevan a cabo trabajo sexual. Tal oposición es una expresión significativa de las “guerras en torno a lsexualidad” (Sex Wars) que se han venido dando sobre todo en Estados Unidos en paralelo con el desarrollo del feminismo y cuya influencia teórica y política ha enmarcado el debate feminista en todo el mundo. A ello se suma el giro punitivo de la política criminológica y judicial sobre el comercio sexual, que ensancha aún más la fractura política entre las feministas.

 

Palabras clave

  • Comercio sexual;
  • Trata de personas;
  • Feminismo;
  • Neoliberalismo;
  • Sex Wars

 

Las “guerras en torno a la sexualidad”

En el capitalismo tardío, la búsqueda de placer sexual ha transformado el paradigma de la sexualidad y se ha pasado del sexo procreativo al sexo recreativo. En la sexualidad, y en concreto en las relaciones sexuales, se organiza la vida social y las personas son clasificadas según esquemas que valoran o estigmatizan ciertas prácticas y conductas. Por eso una relación sexual nunca es simplemente el encuentro de dos cuerpos, sino que también es una puesta en acto de las jerarquías sociales y de las concepciones morales de una sociedad (Illouz, 2014).

Desde finales de la década de 1960 e inicios de la de 1970, la libertad sexual de las mujeres fue una reivindicación sustantiva de la segunda ola feminista. Y desde muy temprano surgieron profundas diferencias en la conceptualización de la llamada “prostitución”.1 Si bien las Sex Wars han ocurrido principalmente en el movimiento feminista estadounidense, su influencia teórica y política ha enmarcado la disputa feminista en todo el mundo. Esto responde a lo que Bolívar Echeverría (2008) calificó como la “americanización de la modernidad”, o sea a que la tendencia principal de desarrollo en el conjunto de la vida económica, social y política es la americana. Por eso no es rara la americanización del debate feminista mundial, por el papel determinante que han tenido las publicaciones y el activismo de las feministas estadounidenses.

A finales de 1971, en una conferencia en Nueva York sobre “La eliminación de la prostitución” se dio una álgida confrontación entre feministas y trabajadoras sexuales, a la que asistió Kate Millet. Dicha confrontación dividió a las feministas, y algunas secundaron la postura reivindicativa del trabajo sexual de las hookers. Dos años después, Millet publicaría The Prostitution Papers, 2 donde consigna que “las feministas ven esta objetivización sexual como deshumanizante y degradante, y la degradación peor es la que experimentan las mujeres que venden sus cuerpos para ganarse la vida” (Millet, 1973, p. 13).3

Para esas feministas neoyorkinas el problema de fondo era la brutal comercialización de los cuerpos de mujeres por el patriarcado capitalista, mientras que del otro lado de la Unión Americana, en California, surgiría una distinta reflexión política: la necesidad de activismo a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales. En 1972, varias amas de casa —entre las que había lesbianas y prostitutas— fundan Whores, Housewives and Others (WHO) en California para luchar contra “la hipocresía de las leyes que controlan la sexualidad femenina, especialmente la prostitución” ( Chateauvert, 2013, p. 22). Diez años después, en 1982, la National Organization for Women formó un comité sobre derechos de las “prostitutas” al mismo tiempo que estalló la confrontación pública entre feministas durante la famosa Conferencia sobre Mujeres y Sexualidad, realizada en Barnard. 4 Dicha conferencia visibilizó públicamente las profundas diferencias entre las feministas que veían toda relación sexual (incluso la mercantil) como liberadora y las que la conceptualizaban como opresiva, y se exhibió la confrontación entre feministas pro-trabajadoras sexuales y feministas anti-prostitución. El contraste entre esas dos posturas se sostiene hasta la fecha.

El naciente movimiento de liberación de la mujer tendría gran impacto entre trabajadoras sexuales de muchos países. Entre 1975 y 1985, diversas organizaciones de “prostitutas” surgieron en Europa, casi siempre vinculadas a las feministas.5 Hacia mediados de la década de 1980, los grupos ya conectados entre sí empezaron a realizar foros y encuentros. En 1984 se llevó a cabo el Women’s Forum on Prostitutes Rights en Estados Unidos. En 1985 se realizó en Amsterdam el Primer Congreso Mundial de Prostitutas, y ahí mismo se fundó el International Committee on Prostitutes Rights (ICPR). Al segundo congreso, verificado en Bruselas en octubre de 1986, asistió Tatiana Cordero, de la Asociación de Mujeres Trabajadoras Autónomas de Ecuador que había surgido en 1982 en la provincia de El Oro y logró su estatus oficial en 1987 ( Abad, Briones, Cordero, Manzo y Marchán, 1998). Esta será la primera asociación con un proceso organizativo en América Latina; las demás despuntaron después, cuando se conformó la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe.6

En 1986, en una sesión del Parlamento Europeo, el debate sobre una resolución sobre la violencia contra las mujeres (documento A2-44/86), que incorporaba la distinción planteada por el International Committee on Prostitutes Rights (ICPR), entre el trabajo sexual en sí mismo y la violencia del tráfico de mujeres, y recogía no solo las demandas de autorrepresentación y protección de los derechos civiles de las “prostitutas”, sino además planteaba la exigencia a los gobiernos europeos de incluir a estas mujeres en sus deliberaciones sobre las políticas respecto a la prostitución, significó un triunfo parcial de las trabajadoras sexuales. Digo parcial, pues en la concepción que se hizo del problema se caracterizó la “prostitución” como una forma de explotación de las mujeres, y el documento quedó ambiguo: apoyaba el derecho de las mujeres a trabajar de “prostitutas”, pero al mismo tiempo hablaba de la necesidad de disuadirlas (Pheterson, 1989).

Mientras que los diputados conservadores manifestaban su indignación por que en el Parlamento “se le diera la palabra a las putas”, el grupo Women’s Organization for Equality (WOE), que reunía a feministas de varios países residentes en Bruselas y que se comunicaban entre sí en inglés, se juntó varias veces con el International Committe on Prostitutes Rights. Después de escuchar a las “prostitutas”, unas feministas aceptaron que si las propias mujeres insistían en trabajar y en que no habían sido engañadas, había que respetar su decisión, mientras que otras siguieron convencidas de que la “prostitución” era una actividad degradante ( Pheterson, 1989). Mientras las feministas se dividían, el International Committee on Prostitutes Rights emitió una declaración donde separaba conceptual y discursivamente la trata de mujeres y el trabajo sexual elegido. 7 Varios grupos feministas europeos denunciaron la hipocresía y el puritanismo en relación con el comercio sexual e insistieron en la necesidad de distinguir las prácticas abusivas de otras formas de coordinación y administración del trabajo sexual, e inclusive propusieron cooperativas manejadas por las propias trabajadoras. Pese a ello, la confrontación entre las dos posturas feministas ya estaba en marcha y los avances logrados en relación con la organización internacional, los derechos laborales y la sindicalización se detuvieron ante el activismo de un sector del movimiento feminista que cuestionó duramente “la prostitución” y cuyo discurso fue el vínculo sexualidad/violencia, lo que definió las tomas de posición.

Entre tanto, en Estados Unidos lo que fortalecería sustantivamente a las abolicionistas fue la política anti-sexualidad de Reagan (1981-1989), que se prolongaría con Bush padre (1989-1993) y Bush hijo (2001-2009) en la presidencia de Estados Unidos. Esa política conservadora iba no solo en contra de la pornografía y la prostitución, sino también contra la educación sexual, los servicios anticonceptivos, la despenalización del aborto, la autonomía sexual y el derecho a la privacidad de los adolescentes. Los conservadores religiosos condenaban la sexualidad fuera del matrimonio por considerarla pecaminosa; veían la “prostitución” como una amenaza para la institución de la familia y, por lo tanto, como una fuente de decadencia moral en la sociedad. El marco interpretativo de la postura abolicionista respecto al comercio sexual lo estableció Kathleen Barry8 al definir la prostitución como “esclavitud sexual”. Barry impulsaría la fundación en 1988 de la organización abolicionista Coalition Against Trafficking in Women (CATW), y también ese año aparecería el libro de Carole Pateman (1989)El contrato sexual, que plantea que al contrato social lo subyace un “contrato sexual”: los hombres dominan a las mujeres y ellas deben otorgarles servicios sexuales y domésticos. Así se constituye el patriarcado moderno, con ese contrato sexual que sostiene el contrato social establecido entre hombres. Según Pateman, “comercio sexual” es un eufemismo que oculta la esclavitud sexual de las prostitutas.

Muchas feministas coincidieron con Barry en su planteamiento en Esclavitud sexual de la mujer (1979), donde sostiene que los valores que las mujeres siempre le han atribuido a la sexualidad habían sido distorsionados y destruidos conforme habían sido “colonizadas” a través tanto de la violencia sexual como de la supuesta liberación sexual. Según Barry, las mujeres vinculan el sexo con el amor, por lo que la experiencia “positiva” del sexo debe basarse en la intimidad; de ahí que el sexo no deba comprarse ni obtenerse por medio de la fuerza. Esta postura, que descarta totalmente la idea de una sexualidad recreativa en busca de placer, sirvió para unir a muchas feministas con los religiosos puritanos en una cruzada moral para “abolir” el comercio sexual.

Será justamente a inicios de la década de 1990 cuando el discurso feminista en contra de la violencia hacia las mujeres se fortalezca con la reflexión de Catharine MacKinnon.9 La famosa abogada anti-pornografía afirmó en 199210 que: “las mujeres son prostituidas precisamente para ser degradadas y sometidas a un tratamiento cruel y brutal sin límites humanos; eso es lo que se intercambia cuando las mujeres son vendidas y compradas para tener sexo” (1993, p. 13). Ella equipara la prostitución con una “violación repetida” (repeated rape), retoma de Barry la idea de que la prostitución es una “esclavitud sexual femenina” y plantea que una prostituta es legalmente una “no persona” (legal non person). También afirma: “Ninguna institución social la excede (a la prostitución) en violencia física” ( MacKinnon, 1993, p. 25). De entonces a la fecha MacKinnon ha ido desarrollando una impactante estrategia discursiva que asocia la “prostitución” con la violación y la desigualdad social (MacKinnon, 2011).

Cuando una cruzada moral logra cierto éxito con respecto a su objetivo fundacional, pone la mirada en otros problemas que asocia con su razón de ser. A esto se denomina expansión del dominio ( Weitzer, 2014). Eso ocurrió con la cruzada moral —iniciada por Reagan y continuada por los Bush— que intentó establecer el límite de lo decente, lo bueno, lo normal y lo moral respecto a la sexualidad (abstinencia antes del matrimonio y fidelidad) y se expandió para condenar toda forma de comercio sexual. Como la postura del gobierno de Estados Unidos se configuró como una reacción en contra de todo intercambio sexual comercial, su agencia de cooperación, la USAID, condicionó el otorgamiento de fondos para los grupos de activistas contra el sida a que no trabajaran con “prostitutas”.11

Dicha cruzada moral aprovechó el tema de la migración indocumentada, con flujos de mujeres que ocupaban los trabajos desechados por las mujeres locales en el sector de servicios, tanto en el trabajo sexual como en el doméstico. Las inmigrantes, impulsadas no solo por la pobreza sino también por el anhelo de independencia, o en su huida de la violencia, buscaban a las redes organizadas de tráfico de personas para salir de sus países y encontrar mejores condiciones de vida, y algunas serían víctimas de organizaciones criminales.12 La amalgama discursiva del comercio sexual con la trata habla indistintamente de “mujeres traficadas” o “mujeres explotadas sexualmente” como “víctimas de trata”, pero prostitución y trata son distintos. Para distinguir entre la trata y el lenocinio, o su equivalente funcional, la explotación de la prostitución ajena, la abogada Claudia Torres (2016) aclara que los delitos de lenocinio y explotación de la prostitución ajena son distintos e independientes del delito de trata, pues castigan a los terceros que se benefician de la prostitución independientemente de las condiciones en que esta se ejerza, e incluyen casos en los que todos los participantes, de manera voluntaria, ejercen la prostitución y se benefician de ella.

A partir del establecimiento del Protocolo de Palermo,13 y con el apoyo económico de USAID, la cruzada abolicionista de la CATW contra la trata y el tráfico de mujeres despegó con fuerza. Y aunque la definición de trata de personas en el protocolo internacional incluye el trabajo en la maquila, el doméstico y el del campo, los casos que generan mayor escándalo son los vinculados al trabajo sexual, aunque estadísticamente su número sea bastante menor que los de otras formas de trabajo forzado o coercitivo. Cuando se discute con el abolicionismo, no se niega la existencia de un horrendo delito (la captación y el traslado de mujeres para la venta de sexo con engaño, amenaza o violencia) que debe ser combatido, sino que se discrepa respecto de su origen y dimensiones ( Weitzer, 2014).14 A ello se suma que hay inconsistencias sustanciales en cómo se define la trata y cómo se identifica a las víctimas y se les certifica como tales ( O’Connell Davidson, 2014). Pero las declaraciones amarillistas son estratégicas, porque las dimensiones de un problema social importan para atraer la atención de los medios de comunicación, los financiamientos y el interés de los responsables de las políticas públicas.

Las feministas abolicionistas armaron un repertorio de historias sobre mujeres inocentes a quienes les fueron confiscados sus documentos, las obligaron a vender sus cuerpos y las engañaron y explotaron. Esas sobrecogedoras narraciones de victimización consolidaron una representación mediática de la trata que tiene las tres características centrales que Ronald Weitzer (2014) encuentra en los discursos de las cruzadas morales:

1.

Inflación de la magnitud de un problema (por ejemplo, el número de víctimas, el daño a la sociedad) y argumentos que exceden con mucho la evidencia existente.

2.

Historias de horror, en las que los casos más terribles se describen con mórbido lujo de detalle y se presentan como si fueran típicos y prevalecientes.

3.

Convicción categórica: los integrantes de la cruzada insisten en que cierto mal existe en la medida exacta en la que ellos la describen y se niegan a reconocer cualquier escala de grises.

Este tipo de discurso no solo se aleja de los casos predominantes a nivel empírico, sino que provoca pánico moral. Creer que el comercio sexual deriva ineluctablemente en trata es un pánico moral contemporáneo que ha sido estimulado por el activismo anti-prostitución (Hunt, 2011, p. 60). El pánico social es la forma extrema de la indignación moral (Young, 2009, p. 7) y lo caracterizan dos elementos: su irracionalidad y su conservadurismo. La indignación moral produce una reacción ante lo que se vive como una amenaza a los valores o a la propia identidad; de ahí que los pánicos morales suelan transformarse después en batallas culturales, como ha ocurrido con el comercio sexual. La prensa juega un papel importante en la formación de la opinión pública, y la representación distorsionada de ese fenómeno conduce a la indignación pública y a llamados para que el Estado ejerza un mayor control social.

Con este tipo de estrategias se pretende justificar la total erradicación de cualquier forma de comercio sexual. Así, una batalla legítima e indispensable contra la trata se traduce en la represión indiscriminada contra todas las personas vinculadas con el trabajo sexual, con operativos policiacos (razzias) para “rescatar víctimas”. Desde Estados Unidos existe una política de premiación a quienes “rescaten” más víctimas que ha derivado —al menos en la Ciudad de México— en la práctica de detener a trabajadoras sexuales y presionarlas para que se “declaren” víctimas, pues si no, son consideradas “cómplices”. 15

La materia de la disputa

La cruzada abolicionista visualiza el fenómeno del comercio sexual en blanco y negro, sin reconocer sus matices y complejidades. Para empezar, persiste un hecho indiscutible: el trabajo sexual sigue siendo una actividad que eligen millones de mujeres en el mundo, básicamente por su situación económica. Incluso, aunque las migrantes experimenten condiciones laborales desagradables o de explotación en el lugar de destino (Kempadoo, 2012), algunas de ellas creen que son “preferibles a permanecer en casa, en donde las amenazas a su seguridad —en forma de violencia, de explotación o directamente de privación alimenticia— son mucho mayores” (O’Connell Davidson, 2008, p. 9). Indudablemente, muchas trabajadoras eligen “el menor de los males” dentro del duro y precario contexto en que viven. Por eso, más que un claro contraste entre trabajo libre y trabajo forzado, lo que existe es un continuum de relativa libertad y relativa coerción. Como las mujeres están ubicadas en lugares sociales distintos, con formaciones diferentes y con capitales sociales diversos, en ciertos casos el trabajo sexual puede ser una opción elegida por lo empoderante y liberador que resulta ganar dinero, mientras que en otros casos se reduce a una situación de una precaria sobrevivencia que causa culpa y vergüenza.

Al tiempo que existe el problema de la trata aberrante y criminal, con mujeres secuestradas o engañadas, también existe un comercio donde las mujeres entran y salen libremente, y donde algunas llegan a hacerse de un capital, a impulsar a otros miembros de la familia e incluso a casarse. Es decir, quienes sostienen que es un trabajo que ofrece ventajas económicas tienen razón, aunque no en todos los casos; y quienes declaran que la prostitución es violencia contra las mujeres también tienen razón, pero no en todos los casos (Bernstein, 1999, p. 117). Igual ocurre del otro lado de la industria del sexo. Los padrotes y madrotas funcionan como los empresarios: hay buenos y hay malos. Lo mismo pasa con los clientes: hay clientes malos —los violentos, los drogados— y clientes buenos, “decentes” y amables.

Al igual que en cualquier otro empleo, oficio o profesión, del trabajo sexual se extrae plusvalía. Solo que la explotación de una actividad de servicios que se encuentra al margen de la regulación laboral se da sin derechos laborales y con formas que generan exclusión y violencia. En el discurso de las abolicionistas es frecuente escuchar la expresión “explotación sexual”. ¿En qué consiste la explotación? En su Modelo Integral de Intervención contra la Trata Sexual de Mujeres y Niñas, el UNFPA (2013, p. 47) hace una importante aclaración: “la explotación de la prostitución, que se da cuando el dinero ganado mediante la prostitución llega a manos de cualquier persona que no sea la que se prostituye, es intrínsecamente abusiva y análoga a la esclavitud”. Ese no suele ser el caso de las trabajadoras sexuales, que se quedan con un porcentaje —entre el 25 y el 50%— de lo que se cobra por servicio, porcentaje que ninguna mesera, vendedora o incluso profesora recibe cuando realiza su trabajo. El término de “explotación sexual” tiene una connotación negativa que no se aplica a los demás trabajos, donde también existe explotación. Una trabajadora sexual de La Merced me dijo: “¿Explotada? Sí, cuando trabajaba ocho horas al día con salario mínimo de 70 pesos. Aquí en unas horas me hago entre 300 y 500 pesos”. Lamentablemente, los medios de comunicación saben que vende más hacer un reportaje sobre “esclavas sexuales” o “víctimas explotadas sexualmente” que hacerlo sobre “obreras o empleadas explotadas laboralmente”.

Frente al contexto de pobreza y desempleo que orilla a muchas mujeres al trabajo sexual, habría que buscar estrategias redistributivas en lo material y exigir más y mejores trabajos, en lugar de “rescatar” víctimas con operativos policiacos. El énfasis en lo laboral es precisamente lo que Martha Nussbaum (1999) alega cuando señala la necesidad de cuestionar nuestras creencias respecto de la práctica de recibir dinero por el uso del cuerpo, y la importancia de hacer una revisión de las opciones y alternativas de las mujeres pobres. Para esta filósofa, que una mujer con muchas opciones laborales elija la prostitución no nos debería preocupar. Es la ausencia de opciones para las mujeres pobres las que convierten la prostitución en la única alternativa posible, y eso es lo verdaderamente preocupante (Nussbaum, 1999, p. 278). El punto candente que plantea la prostitución es el de las oportunidades laborales de las mujeres de escasos recursos y el control que pueden tener sobre sus condiciones de empleo (Nussbaum, 1999, p. 278). A Nussbaum le preocupa que el interés de las feministas esté demasiado alejado de la realidad de las condiciones laborales, como si la sexualidad se pudiera sacar del contexto de las tácticas de las mujeres pobres para sobrevivir, y por lo tanto considera que la lucha debería promover la expansión en las posibilidades laborales a través de la educación, la capacitación en habilidades y la creación de empleos. Por eso se plantea que la legalización del trabajo sexual mejora las condiciones de aquellas mujeres que, para empezar, tienen muy pocas opciones.

Ahora bien, el sexual no es un trabajo como cualquier otro. Si evaluamos las relaciones políticas y sociales que el comercio sexual sostiene y respalda, y si examinamos los efectos que produce en las mujeres y los hombres, en las normas sociales y en el significado que imprime a las relaciones entre ambos, vemos que el comercio sexual refuerza una pauta de desigualdad sexista y contribuye a la percepción de las mujeres como objetos sexuales y como seres socialmente inferiores a los hombres. El estigma expresa esta diferencia. El mercado del sexo es lo que Deborah Satz (2010) califica de “mercado nocivo”, pero ella misma dice que aunque los mercados nocivos tienen efectos importantes en quiénes somos y en el tipo de sociedad que desarrollamos, prohibirlos no es siempre la mejor respuesta. Al contrario, si no se resuelven las circunstancias socioeconómicas que llevan al comercio sexual, prohibirlo o intentar erradicarlo hundiría o marginaría aún más a quienes se dedican a vender servicios sexuales.

A esta problemática laboral se suma el puritanismo de quienes consideran que la liberalización de las costumbres sexuales es negativa. En el escozor producido por la “prostitución”, lo que más conflictúa tiene que ver con el uso del cuerpo femenino en una actividad que subvierte la idea tradicional de lo que deberían ser las mujeres. La prostitución femenina produce reacciones adversas porque atenta contra el ideal cultural de castidad y recato de la feminidad (Leites, 1990), y la venta de servicios sexuales ofende o irrita a muchas personas que creen que “degrada” la dignidad de la mujer. El asunto de fondo es justamente la existencia de una doble moral: la sexualidad de las mujeres es valorada de manera distinta de la de los hombres.16

Precisamente porque la actividad sexual de las mujeres es un desafío a la doble moral, que considera que las transacciones sexuales de las mujeres son de un orden distinto a las transacciones sexuales de los hombres, el trabajo sexual obliga a debatir sobre dicha doble moral y el estigma que genera. En ese sentido, algo que también está en juego en la contraposición entre abolicionistas y defensoras de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales es la definición de una conducta sexual apropiada. ¿Quién debe definir la conducta sexual de los ciudadanos? ¿El Estado, los grupos religiosos, las feministas? Ahí el tema del consentimiento cobra relevancia. Y no es nada fácil de resolver. Anne Phillips dice: “El borramiento de los límites entre la prostitución y la trata, y el deseo aparente de considerar a todas las trabajadoras sexuales como víctimas, resta importancia a la agencia de aquellas que deciden trabajar en el mercado sexual y hace de la coerción la preocupación central, incluso la única” (Phillips, 2013, p. 6). ¿Qué es consentir? ¿Qué es coerción? ¿Consienten a su explotación las obreras o son también coercionadas económicamente?

Ahora bien, si una mujer vende servicios sexuales por necesidad económica o por cualquier otra razón, ¿debe el Estado “rescatarla”? ¿Por qué el Estado no se propone “rescatar” a otras mujeres, obreras o empleadas, también forzadas a trabajar en cosas que no les gustan o que incluso son peligrosas? En el capitalismo, todas las personas que trabajan viven una presión económica tanto por cubrir su subsistencia como por acceder a cierto tipo de consumo. ¿El Estado debería garantizarles a todas las personas un piso de seguridad social y empleo para que ninguna persona trabaje coercionada, amenazada u obligada? Y si el Estado garantizara mínimos de sobrevivencia, ¿debería entonces controlar la sexualidad de la ciudadanía?

La compra-venta de servicios sexuales está vinculada con la precariedad laboral que, más que un fenómeno transitorio, es una condición estructural del capitalismo. Por ello contrasta la preocupación escandalizada ante la “explotación sexual” de cara a la indiferencia por la explotación de las obreras, las empleadas del hogar, las campesinas, las enfermeras, las taquilleras, las meseras, las de la maquila, las barrenderas y tantas otras trabajadoras que también son explotadas. Y no hay coaliciones feministas para abatir otras formas de explotación de la fuerza de trabajo femenina, ni para rescatar a víctimas de condiciones deleznables de la brutal explotación laboral. Por eso creo que en el escándalo respecto de la “explotación sexual” un elemento fundamental es la creencia en que la creciente industria del sexo comercial altera las relaciones de género y crea tentaciones sexuales extrafamiliares para los hombres, poniendo en riesgo la familia como esfera de seguridad y protección. Así, lo que empezó como una confrontación entre feministas, inserta en las “guerras en torno a la sexualidad”, ha desembocado en una preocupación social angustiada que ha alentado el pánico moral y ha derivado en la demanda de endurecer el sistema de justicia penal.

Hace rato que se viene dando una reflexión sobre cómo la excesiva intervención del sistema penal ante problemas sociales termina criminalizando a quienes más los padecen (Larrauri, 1991; Larrauri, 2007; Ferrajoli, 1999; Zaffaroni, 2000 ;  Wacquant, 2013). La criminología crítica anglosajona inició ese debate, y la feminista española Elena Larrauri, que introdujo esa discusión entre las feministas hispanohablantes, ha reflexionado críticamente sobre la excesiva intervención del sistema penal para abordar la violencia de género. Larrauri discute con el feminismo al que califica de “oficial”, pues una de sus características “es su plena confianza en el derecho penal” (Larrauri, 2007, p. 66), al que critica por su

reacción frente a las opiniones discrepantes. Parece existir la convicción de que quien duda de alguna de las medidas sugeridas para atajar la violencia doméstica, es porque no se toma suficientemente en serio el dolor de las víctimas; y así cualquier discusión pretende zanjarse apelando a la extrema gravedad del problema o al número de mujeres muertas, recurriendo con ello a la equívoca identificación de que solo quien está a favor de penas más severas defiende los intereses de las mujeres (Larrauri, 2007, p. 68).

El análisis de Larrauri es implacable sobre lo que significa reorientar los objetivos políticos del feminismo hacia fines punitivos. En nuestro continente, sería Haydée Birgin (2000), abogada feminista argentina, quien retomó dicha perspectiva y planteó que ese giro punitivo está inserto en pautas más generales de transformación cultural y política. Birgin difundió en América Latina la reflexión de la criminología crítica feminista en contra del creciente reclamo feminista por endurecer y ampliar el sistema punitivo.17 Otras prosiguieron esa perspectiva, como Patricia Laurenzo (2009) y María Luisa Maqueda (2009), y en México lo haría Lucía Núñez (2011). En Estados Unidos la lista es larga, pero destaca Elizabeth Bernstein (2014), quien señala que el discurso feminista que conceptualiza el comercio sexual como una forma de violencia hacia las mujeres ha sido funcional para el neoliberalismo y su política carcelaria. Según ella, un elemento clave de este proceso es el uso creciente del discurso de “la víctima” para designar a sujetos que en realidad son producto de la violencia estructural y de prácticas de exclusión inherentes al capitalismo neoliberal. A Bernstein le preocupa el vínculo del feminismo con la política neoliberal, pues fortalece un paradigma político conservador sobre el género y la sexualidad. Ese vínculo es justamente el que Nancy Fraser (2013) califica de una “amistad peligrosa” del movimiento feminista con el Estado neoliberal, con ideas muy lejanas a lo que alguna vez fue una visión radical del mundo.

Las especialistas en violencia doméstica y violación sexual que han rastreado el surgimiento de la postura que aboga por la política carcelaria dentro del feminismo han descrito como las campañas feministas contra la violencia sexual han sido ingredientes fundamentales para el endurecimiento de la justicia penal (Larrauri, 2007 ;  Núñez, 2011). En esas campañas es la sexualidad masculina la que se perfila como la mayor amenaza, y las instituciones patriarcales, como el Estado y la policía, se reconfiguran como aliados y salvadores de las mujeres. En el contexto actual de reproducción de la desigualdad entre mujeres y hombres, la precariedad generada por la economía política neoliberal es manejada por el Estado mediante un duro giro punitivo y una vulneración de los derechos sociales. Justo por eso la política neoliberal está provocando lo que Loïc Wacquant llama una “remasculinización del Estado” ( Wacquant, 2013, p. 410), que consiste en un fortalecimiento del esquema patriarcal, con una perspectiva hacia las mujeres como “víctimas que deben ser protegidas” y no como trabajadoras desempleadas o con salarios miserables. Mientras que la voracidad financiera neoliberal erosiona los salarios, la sindicalización y los derechos laborales, el discurso gubernamental plantea que el acceso a bienes y servicios sociales es una excepción destinada exclusivamente a sujetos y grupos que demuestren un grado de daño, es decir, víctimas. Esto ha desmovilizado a las activistas feministas en relación con los derechos laborales y, en su lugar, ha alentado la movilización de víctimas que exigen reparación por la violencia sufrida.

¿Qué pasa en México?

En México las feministas no se han confrontado en “guerras” como las Sex Wars, al menos no con la fuerza y la publicidad de otros países. Ha habido disputas internas entre distintas perspectivas, pero no han generado la multitud y variedad de publicaciones de otras partes, especialmente Estados Unidos. Creo que esto se debe principalmente a dos cuestiones. La primera es que en nuestro país la “prostitución” en sí misma no es ilegal y nuestra cultura es menos puritana que la estadounidense. 18 La segunda cuestión es que, frente a nuestro desgarrador y ominoso contexto de violencia —los feminicidios, las desapariciones forzadas, los asesinatos y las muertes por “estar en el lugar equivocado”, o sea, en la “guerra” contra el crimen organizado (Saucedo y Huacuz, 2011)—, la “prostitución” no ha tenido tanta importancia. Incluso quienes estudian la violencia contra las mujeres en “múltiples ámbitos” (Agoff, Casique y Castro, 2013) o la analizan con amplitud teórica (Martínez de la Escalera, 2013) no incluyen la “prostitución” en sus reflexiones, lo cual me parece acertado.

En nuestro país, la mayoría de las feministas han encauzado sus energías políticas e intelectuales a investigar, denunciar y tratar de comprender esa forma brutal de violencia hacia las mujeres que es el feminicidio (Gutiérrez, 2004; Monárrez, 2007; Monárrez, 2009; Monárrez, 2011; Belausteguigoitia y Melgar, 2007; Melgar, 2011; Huacuz, 2011 ;  Saucedo y Huacuz, 2011). La violencia hacia las mujeres, cuya denuncia y combate se ha convertido desde hace años en la gran reivindicación de la mayoría de las feministas mexicanas, se ha centrado, además de los feminicidos, en otras expresiones de violencia (doméstica e institucional) (Torres Falcón, 2001; Saucedo, 2002; Castro y Casique, 2008 ;  Ramos, 2011) y, más recientemente, en la trata (Torres Falcón, 2010 ;  Saucedo, 2011). Esta lucha ha tenido gran visibilidad y ha contado con un fuerte apoyo de todas las posiciones políticas, incluido el gobierno y las Iglesias; ninguna de las otras causas feministas ha logrado más leyes, recursos y propaganda mediática. Algunas feministas críticas han señalado que tal interés institucional es más bien una puesta en escena que una realidad, pues las mujeres asesinadas siguen apareciendo (Saucedo y Huacuz, 2011; Huacuz, 2011 ;  Melgar, 2011).

Esto explica que en México sea escasa la publicación de libros y artículos en torno a la disputa por la “prostitución”. Existen, sin duda, espléndidas investigaciones históricas sobre la “prostitución”19 y muy serias investigaciones sobre distintos aspectos del comercio sexual,20 además de los trabajos clásicos sobre el tema: las tesis universitarias de distintas disciplinas que abordan aspectos específicos del comercio sexual. Sin embargo, en nuestro país casi no hay reflexiones políticas y teóricas que den cuenta de la disputa entre abolicionistas y defensoras de los derechos de las trabajadoras sexuales.21

La visibilidad abolicionista en la disputa la tiene Lydia Cacho, la feminista más importante de México en la lucha contra la trata, con una trayectoria personal de gran compromiso y riesgo personal. Preocupada por la violencia hacia las mujeres, fundó el Centro Integral de Atención a las Mujeres en Cancún, y su trabajo la llevó a registrar y denunciar el abuso sexual a niñas y adolescentes,22 lo cual le ocasionó una brutal persecución —que puso, y hasta la fecha sigue poniendo, en peligro su vida— tanto por parte de los delincuentes como de los políticos que los protegen. Lydia Cacho es un caso excepcional en la defensa de los más vulnerables, y en su libro Esclavas del poder. Un viaje al corazón de la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo ( Cacho, 2010) lleva a cabo un alegato en contra de la trata abusiva y criminal en varias partes del mundo, México incluido. Pese a su valentía e integridad personal, su trabajo periodístico mezcla conceptualmente prostitución y trata, además de que carece de ciertos soportes de rigor académico, como el de citar sus fuentes o poner bibliografía. Esta mezcla hace que su trabajo resulte sesgado y, en ocasiones, panfletario. No obstante, su arrojo le ha ganado admiración como heroína en la lucha contra la trata.

Una figura emblemática en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en México es Marcela Lagarde. Ya desde su tesis doctoral de antropología (Lagarde, 1990), en la que construye el concepto de “cautiverio” como “la expresión político-cultural de la condición subalterna de la mujer”, Lagarde habla de la prostitución de dos maneras distintas. Una, en la que coincido con ella, cuando usa el concepto de “puta” como una categoría de la cultura política patriarcal que sataniza el erotismo de las mujeres, y plantea: “Puta es un concepto genérico que designa a las mujeres definidas por el erotismo, en una cultura que lo ha construido como tabú para ellas” (Lagarde, 1990, p. 543). Pero en la otra, de la cual discrepo, la vincula con la violencia y asume una perspectiva abolicionista: “La prostitución presenta afinidad con otro tipo de relación entre el hombre y la mujer. Se trata de la violación” (Lagarde, 1990, p. 555). Por eso Lagarde considera que:

La violación y la prostitución tienen en común el placer implícito del hombre (violador o cliente), la relación de dominación absoluta, la no-continuidad de la relación social o afectiva, después de la relación erótica […]. La cosificación de las mujeres por ambas relaciones sintetiza y aclara el carácter patriarcal de las relaciones y de la trama social basada en la existencia de una ley de propiedad genérica: la propiedad de todas las mujeres por todos los hombres (Lagarde, 1990, p. 555).

El trabajo fundamental de Lagarde se ha centrado en los feminicidios, sin ampliar su activismo al campo del comercio sexual. Sin embargo, en ocasiones ha hecho comentarios respecto de la trata, con una postura cercana al abolicionismo.23

En nuestro país la disputa feminista en relación con el comercio sexual cobró visibilidad en 2014, luego de que una jueza federal ordenó a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal (GDF) otorgar a las personas que trabajan en el comercio sexual callejero la licencia de “trabajadores no asalariados”.24 Esta resolución judicial25 fue la culminación de una larga lucha de un grupo de trabajadoras/es sexuales que tuvo que recurrir a un juicio de amparo, pues con anterioridad el GDF se había negado a otorgarles dicho reconocimiento laboral. La primera entrega de las licencias se realizó el 10 de marzo de 2014 en las instalaciones de la Secretaría, y cuando la prensa la dio a conocer, la sección latinoamericana de la Coalition Against Trafficking in Women (CATWLAC) desató en twitter una campaña en contra de la entonces secretaria, Patricia Mercado (véase Lamas, 2014). Esa reacción de la CATWLAC y otras feministas abolicionistas, que atacan e intentan denigrar cualquier iniciativa que tienda hacia la regulación (como es el otorgamiento de las licencias), me impulsaron a entrar en la disputa pública.

En el número de septiembre de la revista Nexos publiqué un artículo titulado “¿Prostitución, trata o trabajo?” ( Lamas, 2014) que causó comentarios a favor y en contra. Intrigada por el desacuerdo de algunas compañeras feministas, convoqué y coordiné una mesa de discusión interna: “Perspectivas críticas sobre el tráfico de mujeres: un diálogo entre académicas feministas”.26 Ahí Ana Amuchástegui27 me invitaría a colaborar en un panel internacional en el cual varios académicos expondrían sus resultados de investigaciones empíricas sobre los efectos negativos en la situación de las trabajadoras sexuales del llamado “combate contra la trata con fines de explotación sexual”. Al Foro “Sexo, poder y dinero: perspectivas críticas sobre la trata de mujeres”,28 que se llevó a cabo el 18 de marzo del 2015, asistieron jóvenes investigadoras, y a partir de ahí, y también por iniciativa de Amuchástegui, se conformó en 2016 un grupo de trabajo desde una perspectiva no abolicionista, titulado “Placer y peligro: política neoliberal, sexualidad y género”.29

Pero lo que verdaderamente cimbró a nivel mundial la disputa entre feministas fue la declaración que en agosto de 2015 hizo Amnistía Internacional (AI) sobre la necesidad de despenalizar el comercio sexual para defender los derechos humanos de las y los trabajadores sexuales (Amnesty International, 2015). Dicha declaración cayó como una bomba entre los grupos abolicionistas. El escándalo fue mayúsculo y feroz en Estados Unidos, donde muchas actrices de Hollywood usaron sus espacios mediáticos para protestar contra AI, con declaraciones donde afirmaban que la despenalización conduce siempre a la trata y que el comercio sexual siempre es violencia hacia las mujeres. AI enfatizó que condena enérgicamente todas las formas de trata de personas, incluida la trata con fines de explotación sexual, que constituye una violación inadmisible a los derechos humanos y debe ser penalizada. También explicó que la despenalización del trabajo sexual no significa eliminar las sanciones penales para la trata de personas, e insistió en que no hay estudios ni indicios serios que sugieran que la despenalización da lugar a un aumento de la trata.30 AI señaló que defiende todos los aspectos del sexo consentido entre adultos que no incluyan coerción, explotación o abuso, al tiempo que declaró que hay que proporcionar una mayor protección a los derechos humanos de las/os trabajadoras/es sexuales, pues el estigma del trabajo sexual contribuye a la discriminación y marginación de quienes se dedican a él. En el convencimiento de que criminalizar expone a los y las trabajadores sexuales a mayores riesgos para su vida, AI declaró que el derecho penal no es la respuesta.

A guisa de conclusión

El avance cada vez mayor de una conciencia sobre los derechos humanos de las personas que realizan trabajo sexual se contrapone al pánico social alentado por el abolicionismo, mismo que ha llevado a un endurecimiento de las acciones punitivas. En México es indispensable una regulación del comercio sexual que preserve la independencia y la seguridad de las personas que se dedican al trabajo sexual, y que les otorgue los mismos derechos laborales que a las demás trabajadoras. Esto requiere que se acepten legalmente formas grupales de organización del trabajo (pequeñas empresas o cooperativas) donde la organización de varias personas para hacer negocio no se interprete como lenocinio.31 El reclamo de las trabajadoras independientes y la resolución de la jueza García Villegas obligan a que el sistema judicial realice un minucioso análisis de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, pues esta ley es utilizada para impedir el pleno reconocimiento del trabajo sexual, entendido como actividad sexual remunerada, voluntaria y entre adultos. Quienes administran justicia no distinguen entre trabajo sexual, lenocinio, explotación sexual y trata, y muchos funcionarios han asumido la perspectiva abolicionista, que supone que la prostitución necesariamente constituye una expresión de violencia sexual extrema. Además, amparándose en esa Ley los operativos que dicen “rescatar” víctimas fincan el delito de trata, aunque no se den los tres elementos de captación, traslado y amenaza/uso de fuerza.

Hoy, las feministas en México van a tener que definir su postura ante un fenómeno que despunta con fuerza: la reivindicación pública de trabajadoras sexuales que plantean su libertad de establecer contratos laborales en el marco de la defensa de sus derechos. Las compañeras que lograron las licencias son excepcionales en el uso político que le dan a una situación que se considera “vergonzosa”. Estas trabajadoras sexuales feministas y politizadas, que reivindican su derecho a “elegir”, se desmarcan de los dos estereotipos culturales —el de la pecadora y el de la víctima— e inauguran una manera distinta de asumirse públicamente. Esto pone a las feministas en una disyuntiva: o bien apoyar la posición que exige la libertad en el uso del propio cuerpo, o bien secundar la que condena utilizar la sexualidad como mercancía. Este dilema está entretejido en una madeja conceptual cuyos elementos hay que desenredar, y creo que es posible hacerlo usando los argumentos de Nussbaum y Satz.

A mí lo que más me intriga en esta disputa es por qué el fantasma de la violencia sexual sigue siendo un vehículo cultural de tal eficacia.32 El abolicionismo se alimenta del espectro de la violencia sexualizada, y vale la pena explorar el abuso que las feministas están haciendo de la figura de la víctima, así como la asociación entre la violación y la prostitución, que persiste en el imaginario feminista.33 Este “pánico moral” impide ver las variedades de situaciones en las que se encuentran las trabajadoras sexuales, con distintos niveles de decisión personal y de ganancia respecto al trabajo sexual, y dificulta la elaboración de políticas públicas que partan de la defensa de sus derechos laborales.

Además, la disputa en torno a la “prostitución” favorece la fragmentación política del feminismo. Un problema social como la precariedad laboral forzada por la economía política neoliberal ya de por sí divide a los distintos grupos como para que, además, la disputa confronte a las activistas que podrían estar luchando unidas. Es obvio que el problema no son las distintas tendencias del feminismo, sino que quienes luchan por rescatar a las víctimas y castigar a los hombres prostituyentes estén colaborando con el ascenso de las políticas de “mano dura” del proyecto económico del capitalismo neoliberal, que avanza despiadadamente, con el giro punitivo y carcelario del que he hablado, hacia la erosión de las libertades individuales y los derechos laborales. Si bien la lucha política del movimiento feminista contra la violencia hacia las mujeres tiene otro objetivo, está atrapada en el paradigma de la gobernanza neoliberal: castigar a los pobres ( Wacquant, 2013). Esto es evidente en la forma en que las abolicionistas insisten en acabar con el sustento de las trabajadoras sexuales pobres, sin ofrecerles una alternativa económica equiparable. Y por eso la disputa feminista en torno a la “prostitución” parece ser la punta de un iceberg cuya parte menos visible es nada menos que la disputa por el modelo de sociedad a la cual se aspira y por la cual se lucha. Eso hace que la disputa sea tan irreconciliable y amarga.

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La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.

1

No me gusta hablar de prostitución porque es un término que únicamente alude de manera denigratoria a quien vende servicios sexuales, mientras que comercio sexual da cuenta del proceso de compra-venta, que incluye también al cliente. Por eso en estas páginas pongo el término entre comillas.

2

El pequeño libro (Millet, 1973) consta de una reflexión y 4 entrevistas a “prostitutas”.

3

La traducción es mía.

4

Carol Vance (1984) publicó una antología con una selección de los textos presentados en dicha conferencia.

5

Una relación de los grupos europeos se encuentra en Pheterson (1989).

6

En Uruguay en 1985 se crea la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (AMEPU) y logra su reconocimiento jurídico en 1988. En 1987, en Brasil, Gabriela Leite funda la Asociación Nacional de Prostitutas, con sede en Río de Janeiro, y lleva a cabo la Primera Conferencia de Prostitutas; en octubre de ese mismo 1987, en San José Costa Rica se establece la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) donde hoy participan organizaciones de trabajadoras sexuales de 15 países. A lo largo de la década de 1990 surgirán más grupos organizados, como la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) en 1994; en República Dominicana, el Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU) nació en noviembre de 1997; en México, la Organización Mujer Libertad de Querétaro, en 1997, y en 1998 mujeres de 18 estados de la república fundan la Red Mexicana de Trabajo Sexual; en Chile la fundación Margen aparece en 1998.

7

Los nueve puntos que planteaba eran: 1: autonomía financiera; 2: elección ocupacional; 3: alianza entre mujeres; 4: autodeterminación sexual; 5: desarrollo infantil sano; 6: integridad; 7: pornografía; 8: migración y tráfico, y 9: un movimiento para todas las mujeres. Además, se pronunciaba contra la prostitución de menores (Pheterson, 1989).

8

Autora de Female Sexual Slavery (1979) ( Barry, 1987), libro que luego se amplió y se convirtió en The Prostitution of Sexuality. Global Exploitation of Women ( Barry, 1995).

9

Analizar y debatir a MacKinnon requeriría un ensayo por sí solo. Aquí solamente registro su decisiva influencia en la disputa feminista.

10

En un simposio del Michigan Journal of Gender and Law sobre “Prostitution: From Academia to Activism” con una ponencia sobre la prostitución y los derechos civiles que sería publicada al año siguiente en esa misma revista ( MacKinnon, 1993).

11

En 2003, Bush decreta un plan emergente contra el sida que dispone de 15 billones de dólares, cuyo objetivo incluye la “erradicación de la prostitución” al considerarla “propagadora” del VIH. Así prohíbe que se otorgue dinero a los grupos organizados que trabajan con “prostitutas”. Para recibir financiamiento las organizaciones debían firmar un Anti-Prostitution Pledge ( Weitzer, 2007).

12

La evidencia indica que el fenómeno de migración para dedicarse al trabajo sexual es diverso y complejo. Hay varias trayectorias migratorias y distintas experiencias de trabajo que pueden implicar mucha coerción o explotación, o buena información e intencionalidad consciente de parte de la migrante ( Kempadoo, 2012 ;  Chang, 2013).

13

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, llamada Convención de Palermo, tiene tres protocolos: uno para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños; otro sobre el contrabando de migrantes, y el tercero contra la fabricación y el tráfico ilegal de armas. La definición en el Protocolo de trata implica tres cuestiones: 1) conductas (captación, transporte, traslado, acogida o recepción de la persona); 2) medios (amenaza, uso de la fuerza, engaño), y 3) fines (explotación) (ONU, 2000).

14

Según Ronald Weitzer, un investigador especializado, los abolicionistas afirman que hay cientos de miles —si no es que millones— de víctimas en todo el mundo, y que este problema ha alcanzado niveles epidémicos, afirmaciones que han sido reproducidas —sin corroborar— por funcionarios gubernamentales de Estados Unidos y otras naciones. Luego de recopilar investigaciones con cifras de distintas fuentes oficiales sobre las víctimas de trata, de analizarlas minuciosamente y compararlas con cifras sobre víctimas registradas, Weitzer declara que existe una total discrepancia entre ambas. Por ello afirma que las cifras que denuncian la magnitud del problema no son confiables en lo más mínimo y que las alarmistas declaraciones de que la magnitud del problema es inmensa y va en aumento no tienen sustento empírico alguno. Incluso los estimados generales son dudosos, dada la naturaleza ilegal y clandestina del comercio sexual; existen además otros focos rojos: las cifras oficiales han fluctuado bastante en un corto periodo y relativamente pocas víctimas de trata han sido localizadas ( Weitzer, 2005; Weitzer, 2007; Weitzer, 2012 ;  Weitzer, 2014).

15

Varios testimonios de trabajadoras sexuales en la Ciudad de México describen los “operativos de rescate” que llegan a los antros y cabarets, durante los cuales les dicen a las mujeres: “Todas las víctimas pónganse aquí” y a la trabajadora que responde “Yo no soy víctima” se le contesta: “Entonces eres cómplice”. Ante tal acusación, muchas aceptan declararse “víctimas”.

16

Esto lleva a interrogarse con rigor sobre las circunstancias en que las mujeres acceden a una relación sexual. ¿Qué tan diferentes son entre sí las mujeres que se venden abiertamente de quienes acceden a distintas formas de intercambio de servicios sexuales por seguridad, por una posición, por regalos o promociones laborales? Además, aunque la llamada “prostitución” es la actividad exclusiva de un grupo determinado de mujeres, no hay que olvidar que también es una actividad complementaria de un grupo muy amplio de amas de casa, estudiantes y trabajadoras que se “ayudan” económicamente o colaboran con el ingreso familiar de esa manera.

17

Birgin publicó más tarde varias compilaciones de ensayos jurídicos, en especial una sobre las trampas del poder punitivo de la ley (véase Birgin, 2000).

18

En Estados Unidos el comercio sexual es ilegal, tanto para quien vende como para quien compra. Solamente en Nevada es legal desde 1971. Ahí los burdeles cumplen con estrictas medidas de seguridad (botones de alarma, supervisión continua con micrófonos ocultos), lo que los convierte en lugares muy seguros para trabajar (Dewey y Kelly, 2011).

19

Como las de Ana María Atondo (1992), Fernanda Núñez (1996) y, más recientemente, Pamela Fuentes (2015).

20

Como la de Elena Azaola (2003) sobre prostitución infantil y la de Gustavo Fondevila (2009) sobre la moral pública en las decisiones judiciales respecto a la prostitución.

21

Una excepción es el libro coordinado por Angélica Bautista y Elsa Conde sobre el trabajo sexual en La Merced, con reflexiones de ellas y de otros autores sobre los derechos humanos y la desigualdad de género (Bautista y Conde, 2006). Otro, más centrado en la denuncia que en el análisis, es el de Andrea Reyes Parra, que ofrece una interpretación sobre lo ocurrido en el Centro de Atención Interdisciplinaria y Servicios (CAIS) de la CDHDF (Reyes, 2007).

22

Su libro Los demonios del Edén es un desgarrador relato sobre el abuso de niños/as y adolescentes y la forma en que el poder político protege a los pederastas abusadores (véase Cacho, 2005).

23

Por ejemplo, en el IV Congreso Latinoamericano de Antropología (octubre de 2015) hubo una mesa redonda en torno a los “Aportes de la antropología feminista al análisis de la trata de personas y la violencia de género”, donde Lagarde reiteró la idea de la creciente violencia hacia las mujeres víctimas.

24

El Reglamento para los Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal existe desde 1972, y con él se registra a personas que laboran en la vía pública sin una relación patronal ni un salario fijo, como los lustrabotas, los cuidacoches, los músicos callejeros, los vendedores de billetes de lotería y 10 oficios más.

25

Correspondió a la jueza Paula María García Villegas Sánchez Cordero, del Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, quien concedió el amparo el 31 de enero de 2014. (Véase Madrid, Montejo e Icela, 2014.)

26

Se llevó a cabo en el programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM el 1 de diciembre de 2014.

27

Amuchástegui (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco) es integrante del Neoliberalism and Sexualities Working Group (NSWG), coordinado por las doctoras Elizabeth Bernstein y Janet Jacobson, del Center for Research on Women del Barnard College; entre sus integrantes se encuentran Sealing Cheng (University of Hong Kong), Mark Padilla (Florida International University), Mario Pecheny (Universidad de Buenos Aires) y Kerwin Kaye (Wesleyan College).

28

Auditorio Mario de la Cueva de la Torre II de Humanidades de la UNAM, convocado por el Barnard Center for Research on Women, la UAM-Xochimilaco, la Cátedra Extraoridinaria sobre Trata de Personas de la UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM.

29

Las integrantes son Luz del Carmen Jiménez Portillo, Jessica Gutiérrez, Melisa Cabrapan, Lucía Núñez, Nancy Lombardini, Azucena Ojeda, Ana Amuchástegui y yo. El nombre “Placer y peligro” retoma el título de la famosa Conferencia de Barnard (1982), que marcó un giro en las “guerras en torno a la sexualidad”.

30

Esta declaración la hizo AI luego de realizar una sólida investigación y consulta con una diversidad de organizaciones y personas, desde la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Anti-Slavery International y Human Rights Watch, Open Society Institution (OSI), la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, hasta la recopilación de testimonios de más de 200 trabajadores/as y ex trabajadoras/es sexuales, policías y funcionarios de gobierno en Argentina, Hong Kong, Noruega y Papúa Nueva Guinea. Además, las oficinas nacionales de AI en todo el mundo contribuyeron realizando consultas locales con grupos de trabajadoras/es sexuales, grupos que representan a supervivientes de trata, organizaciones abolicionistas, feministas y otros representantes de los derechos de las mujeres, activistas LGBTI, organismos contra la trata de personas, activistas que trabajan sobre el VIH/sida y muchos más.

31

Si tres o cuatro amigas decidieran trabajar juntas, a quien rente el departamento se le podría acusar de lenona. Igual ocurre con los familiares (madres, hermanos, hijos) que acompañan a las mujeres que trabajan. Las denuncias por lenocinio no tocan las altas esferas de la “prostitución”, y para lo único que sirven es para controlar a las trabajadoras sexuales, que necesitan trabajar acompañadas de amistades o parientes. Es necesario que se acepten otras formas de organización del trabajo sexual, para que el delito de lenocinio no se pueda aplicar contra las personas que acompañan a las trabajadoras.

32

Utilizo el término fantasma en su sentido psicoanalítico, como fantasía, representación, guión escénico imaginario, ensoñación que pone en escena de manera más o menos disfrazada un deseo (Chemama, 1998, p. 157).

33

Es significativo que, desde las primeras reflexiones feministas, se vinculó la prostitución con la violación. (Véase Brownmiller, 1972.)

© 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología.

 

La presidenta del sindicato de prostitutas de Holanda: “Lo que más odio es que nos consideren víctimas”

 

ZAHIDA MEMBRADO

 

Yvette Luhr, portavoz del sindicato PROUD, charla con FCINCO de la situación de su colectivo en Holanda: “La sociedad es muy hipócrita”

 

12/03/2017

 

http://www.elmundo.es/f5/comparte/2017/03/12/58c2dd4ce2704efc198b463b.html

 

“Una mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Desde pequeñas nos enseñan que nuestro cuerpo es sólo nuestro. Nadie puede decidir sobre nosotras. Pero resulta que, cuando nos hacemos mayores, ¿una ley puede quitarnos ese derecho? Si soy dueña de mi cuerpo, también debo poder trabajar con él. Por tanto, cuando utilizo mi cuerpo para ganar dinero, mi cuerpo es, literalmente, mi negocio“.

Quien habla es Yvette Luhr, portavoz del sindicato PROUD, la organización que representa y defiende a las trabajadoras sexuales en Holanda. Yvette vive con su novio y compatibiliza sin dificultad sus trabajos como realizadora, actriz porno, portavoz sindical y prostituta. Quedar con ella no es fácil. Nos hace un hueco en su apretada agenda un jueves a las 8 de la mañana. “A las 9 empiezo con reuniones. Debemos preparar las actividades del sindicato. Imposible más tarde, tengo el día lleno”, explica por teléfono.

Esta joven holandesa empezó con esto en la universidad, en 2010, mientras estudiaba Realización Cinematográfica. “Comencé a interesarme por la representación de la sexualidad delante de la cámara. Quise también hacer pornografía para saciar mis propios deseos sexuales. Al terminar la universidad, continué en el cine y, actualmente, trabajo como actriz porno y realizadora”, desgrana a FCINCO durante la entrevista que tiene lugar en la sede del Centro de Información sobre Prostitución (PIC, por sus siglas en inglés), en el corazón del Barrio Rojo de Ámsterdam, conocido mundialmente por los escaparates donde las prostitutas se exhiben para captar clientes.

El trabajo sexual es legal en Holanda desde el año 2000. El gobierno decidió regularizar el sector para combatir la insalubridad, el tráfico y la explotación de personas. Con su legalización, las prostitutas tienen derechos y deberes como el resto de trabajadores holandeses. Pagan impuestos y deben tener un seguro médico. La actividad laboral debe desarrollarse en clubes sexuales, escaparates, casas privadas y mediante agencias de escorts, pero nunca al aire libre. Ejercer la prostitución en la calle está prohibido.

Las prostitutas del Barrio Rojo son autónomas

“Las mujeres que trabajan en los escaparates son autónomas. Se autoemplean, pagan sus impuestos y tienen que obtener una licencia antes de alquilar una ‘ventana’ para empezar a trabajar. Deben acudir a la Cámara de Comercio para tramitar los papeles y hacer la declaración de la renta. Si no hacen todo eso, no pueden trabajar. Y los burdeles y clubes están igualmente regulados. La policía los inspecciona seis veces al año para comprobar que no hay explotación ni abusos de menores en su interior. Por lo tanto, la regulación en este sector es quizá la más estricta de Holanda. Ningún otro ámbito laboral está tan vigilado”, sostiene.

Sin embargo, aún queda mucho por hacer, afirma esta líder sindical, que cree que su papel como portavoz de PROUD en los medios de comunicación es clave para luchar contra el estigma ligado a la prostitución que, pese a todo, aún persiste en Holanda. “La gente tiene una idea equivocada de lo que significa ser prostituta, de cuáles son nuestras necesidades. Y es muy importante que las trabajadoras sexuales tengamos una organización que nos represente. Aquí compartimos nuestras experiencias y vivencias para definir qué puede mejorar nuestra vida”, explica.

Es un hecho que, sobre el papel, este colectivo tiene reconocidos los derechos y obligaciones laborales que rigen el mercado de trabajo en Holanda pero, en el día a día, se siguen dando situaciones discriminatorias.

Contratar una hipoteca: misión imposible

“Tenemos muchos problemas para obtener una hipoteca o abrir una cuenta bancaria de negocios. Queremos que no se despida a una mujer que en el pasado fue prostituta, algo que sigue ocurriendo, o que se deje de utilizar nuestro trabajo como arma arrojadiza cuando luchamos por la custodia de nuestros hijos“, exige Luhr. “La sociedad es realmente hipócrita. Holanda presume de ser muy tolerante con sus leyes progresistas, pero la gente sigue siendo muy cerrada”.

“Y lo peor de todo”, enfatiza, “es que nos consideren víctimas”.

 

P. ¿Qué opina de quienes afirman que la prostitución es la máxima expresión de la explotación del hombre sobre la mujer?

R. Que es una frase que, para empezar, excluye a los trabajadores sexuales masculinos y transexuales. Pero es, sobre todo, una forma de hacer vulnerable al colectivo, porque básicamente nos están diciendo que no somos capaces de elegir por nosotras mismas. Es un pensamiento muy tóxico.

 

El sindicato PROUD organizó el pasado mes de enero su primer workshop dedicado exclusivamente al público de trabajadores del sexo. Había también la posibilidad de asistir a seminarios en inglés, si el evento reunía suficientes participantes de habla no holandesa. El 75% de las prostitutas del Barrio Rojo procede de Europa del este, y muchas de ellas de los dos países más pobres de la Unión Europea, Bulgaria y Rumanía, por lo que al llegar a Holanda sólo pueden expresarse en inglés.

Durante el taller, pensado para potenciar las capacidades de estas trabajadoras y hacer más rentable su oficio, se trataron temas como cómo mejorar las sesiones de webcam para incrementar tus ingresos; cómo hacer la declaración de la renta sin errores; cuáles son tus derechos al hablar con la policía; consejos para un trabajo seguro en casa o en clubes; curso rápido de autodefensa; o publicidad online para aumentar la captación de clientes por internet.

El trafico de personas no cesa

Suecia, cuyo gobierno se autodenomina feminista, decidió hace unos años atajar la prostitución penalizando al cliente. Sin embargo, Yvette Luhr se opone totalmente a esta política, porque cree que va en contra de las trabajadoras sexuales.

“Hemos hablado con compañeras suecas y nos han dicho que la criminalización del cliente no ha frenado el tráfico de personas y, además, ha convertido su trabajo en una actividad mucho más peligrosa porque corren más riesgos para que los clientes no sean descubiertos. Por lo tanto, si la ley no para el tráfico y empeora la vida de las prostitutas, la normativa no funciona y sólo tiene fundamentos morales”, recalca la portavoz sindical holandesa.

No obstante, pese a la legalización de la prostitución en Holanda, el país nórdico sigue registrando casos de explotación sexual. Los proxenetas continúan traficando con mujeres y niñas y la prostitución ilegal, encubierta, mueve millones de euros en Holanda. “Sí, es cierto que hay explotación, pero tenemos que combatirla con el mismo enfoque con que la combatimos en otros sectores, donde también se explota a trabajadores. Se trafica con personas en los ámbitos de la agricultura y sector doméstico. Por tanto, debemos luchar contra la explotación laboral, pero no solo en la industria del sexo, sino en el ámbito laboral mundial”, zanja.

Yvette se muestra en desacuerdo con el retraso de los 18 a los 21 años de la edad legal para trabajar como prostituta. “Con ello se discrimina de nuevo a las trabajadoras del sexo porque la edad legal para trabajar en Holanda son los 16 años. El Gobierno dice que las trabajadoras sexuales más jóvenes son más vulnerables a los peligros que entraña este mundo, pero si escogen este trabajo y no pueden acudir a la policía porque tienen menos de 21 años, estamos desprotegiendo completamente a estas jóvenes”, sentencia.

 

Violencia de género y prostitución: la lógica perversa de educar con estereotipos

 

Coralie Maire, área de Trabajo sexual de la APDHA

14/03/2017

http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/Violencia-prostitucion-perversa-educar-estereotipos_6_622297775.html

 

 

“Otra cosa que he observado es la manía de demonizar a los clientes. Si la prostituta solo puede ser sumisa, el cliente solo puede ser un monstruo. De nuevo, nada más lejos de la realidad”  ( Natalia Ferrari).

El Cuadernillo para el profesorado Educar en Igualdad  de la Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Sevilla tiene como objetivo servir de herramienta para prevenir la violencia de género en el ámbito escolar. Para ello, ofrece un primer bloque formativo sobre el concepto de coeducación, el cual se define como el “Método de intervención educativo que va más allá de la educación mixta y cuyas bases se asientan en el reconocimiento de las potencialidades e individualidades de niñas y niños, independientemente de su sexo. La coeducación es, por tanto, educar desde la igualdad de valores de las personas”.

Tras esta primera parte introductoria, el Cuadernillo presenta un segundo bloque sobre la prevención de la violencia de género y las pautas de actuación profesional ante los posibles casos que se presenten en el alumnado. Los autores especifican que la violencia de género no sólo se encuentra en el ámbito de las relaciones de pareja, sino también en la prostitución, en los atentados contra la libertad sexual, en el acoso laboral, en el tráfico y trata de mujeres, en la violencia familiar y en la violencia perpetrada o tolerada por el Estado.

Dentro de todas las formas de violencia especificadas, los autores dedican un apartado a la prostitución por considerarla “ una forma de violencia contra las mujeres” y “una problemática específica de género”. Según la lectura, la prostitución supone la vejación de la mujer y la venta de su cuerpo a los clientes. Todos los consumidores de sexo de pago tienen en común una “ visión desigual de las relaciones de género”  y son responsables, junto con los proxenetas, de alimentar este negocio denigrante. Por lo tanto, ofrecer servicios sexuales no puede considerarse nunca un trabajo, ya que es una actividad que está “ lejos de alcanzar un umbral mínimo de respeto por los derechos humanos”.

Desde el área de trabajo sexual de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) queremos denunciar los términos y definiciones que se dan en relación a la prostitución en este Cuadernillo, ya que perpetúan los estereotipos sociales y obstaculizan la lucha de trabajadores y trabajadoras sexuales contra el estigma y la discriminación.

La concepción sexista del trabajo sexual

La concepción social de los roles de género no nos permite ver la prostitución masculina como una forma de violencia, ya que sobreentendemos que el hombre sólo tiene sexo si lo desea. Sin embargo, bajo este mismo prisma estereotipado, la mujer siempre ejerce la prostitución por obligación, en condiciones de extrema pobreza, cohibida y bajo el yugo de un hombre que la oprime. Esta concepción sexista del trabajo sexual no entiende ni da cabida a la mujer libre que decide ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero o de otra remuneración. De nuevo queda excluida e invisibilizada, en un concepto de prostitución que la infantiliza y opina por ella de una forma paternalista.

El concepto de venta del cuerpo, como resultado de una mujer que es prostituida y un hombre que es prostituidor, ignora por lo tanto la realidad poliédrica que engloba la prostitución ¿dónde quedan los otros tipos de prostitución? Estamos olvidando a aquellos que ofrecen servicios sexuales y a aquellas que los consumen; mujeres, hombres, transgéneros, transexuales…¿dónde quedan los clientes con diversidad funcional, la prostitución donde no existe contacto físico? Si atendemos al hecho de que la prostitución es una realidad que responde al amplio mundo de la sexualidad, tenemos que modificar la conceptualización inicial de la “ prostitución como violencia de género” hacia una visión que percibe el trabajo sexual como independiente de las conductas discriminatorias, de las actitudes sexistas y de la violencia de la que puede ser objeto.

Tal y como afirma el Manifiesto de los Trabajadores del sexo en Europa, “ El trabajo sexual es por definición sexo consentido, el sexo no consentido no es trabajo sexual, sino violencia sexual o esclavitud“. Los trabajadores y las trabajadoras del sexo defienden que son ellos los que establecen las características de los servicios que ofrecen, el precio de los mismos y a quién van dirigidos. Respetemos el derecho a la autodeterminación y a la legitimación de su trabajo.

El fin último de educar en igualdad es que la condición que presenta cada individuo con respecto al sexo, al género, o a la orientación sexual no condicione sus oportunidades vitales, es decir, que se eduque bajo una perspectiva global de suma de minorías. Educar en igualdad supone replantearse los constructos sociales en los que estamos inmersos y de los que difícilmente podemos escapar sin un proceso de reflexión e introspección. Este tipo de cuestionamiento adquiere aún mayor importancia si nos encontramos en un ámbito educativo, donde como señala el Cuadernillo , “las características o valores atribuidos al género conforman el currículo oculto que todo alumno adquiere en los años de escolaridad“.

 

Redadas contra la prostitución, siete años después

 

Hace casi siete años el Gobierno lanzaba una gran campaña mediática contra la prostitución, a propósito de una macrorredada en Madrid que llamaron “Operación Afrodita”. Un año más tarde, el caso fue archivado porque el juez apreció “proxenetismo no coercitivo”, ya que las mujeres declararon que ejercían la prostitución libremente, lo que no impidió que el magistrado señalara que las mujeres eran “sin duda las principales víctimas del sistema, por más que supuestamente lo consintieran”. Las 30 chicas que estaban sin papeles fueron deportadas.

 

Hoy el caso vuelve a ser noticia (1) porque el Supremo ha condenado al “proxeneta no coercitivo” por fraude fiscal. Publico en esta entrada el comunicado que hizo en su día el Colectivo Hetaira.

 

http://bit.ly/2lUriHI

 

 

Redadas contra la prostitución

 

Comunicado de prensa
Hetaira, colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas
Madrid, 27 de julio de 2010

Asistimos, con perplejidad, a una nueva puesta en escena mediática contra la prostitución. La última noticia, la macrorredada en Madrid en diferentes pisos y que se saldó con 350 mujeres “liberadas” según fuentes policiales ha demostrado que lo que se persigue es la prostitución que se anuncia en la prensa escrita, independientemente de que ésta se ejerza de manera voluntaria o sean víctimas de trata.

Desde Hetaira hemos investigado poniéndonos en contacto con mujeres que habían trabajado en esos pisos y  los testimonios que hemos recogido nada tienen que ver con lo que ha salido en los medios de comunicación ni en las noticias filtradas por la policía. Según los testimonios de mujeres que en algún momento trabajaron en ellos, lo único criticable eran las habitaciones que utilizaban para descansar, pero siempre respetaban la elección de las mujeres tanto de los turnos de trabajo como de clientes y de servicios sexuales a realizar. No obstante, seguro que las condiciones laborales serían mejores si la  prostitución estuviera reconocida como una actividad económica legítima (tal y como hizo el Tribunal de Luxemburgo de la UE en 2001) y se regularan las relaciones laborales cuando median terceros, como es el caso de estos pisos. Mientras esto no suceda, las trabajadoras del sexo que trabajan en clubes o pisos a cargo de terceros seguirán sufriendo abusos por parte de los empresarios y unas condiciones que no contemplan totalmente los derechos laborales de las trabajadoras. Pero la explotación laboral (algo que sufre un tanto por ciento muy elevado de trabajadores y más en tiempos de crisis como los actuales) no es lo mismo que la trata o la explotación sexual, un concepto que se ha puesto de moda últimamente y que no se sabe exactamente qué quiere decir.

Parece que el Gobierno está más interesado en los “golpes de efecto”  para  preparar las condiciones para la eliminación de los anuncios de contacto que en defender los derechos de las mujeres que trabajan en la prostitución de forma voluntaria.

El Plan Nacional contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexua,l  contempla acertadamente una serie de medidas de protección para las que son obligadas a ejercer la prostitución. No obstante, su puesta en marcha parece más centrada en la represión y persecución de las mafias que en la defensa de las víctimas.  Si tal y como mantiene el Gobierno central “Todas las prostitutas son víctimas de mafias” no entendemos cómo no se les está procurando protección, un lugar donde estar tranquilas y un periodo de reflexión mínimo de 30 días para que se decidan a denunciar a sus captores. La macrorredada organizada en la última semana en Madrid se saldó, según notas policiales, con 350 mujeres “liberadas”, sin embargo no sabemos dónde están estas mujeres  a día de hoy (no se encuentran bajo la tutela de ninguna ONG), si se encuentran internadas en un CIE o bajo custodia policial. Tampoco sabemos si el Gobierno se replanteará esta “obligatoriedad” de denunciar a cambio de protección. Lo que sí conocemos es que al menos 34 se encontraban en “situación administrativa irregular” y , probablemente, tal y como ha sucedido anteriormente, se les aplicará la ley de extranjería estando expuestas a ser expulsadas de nuestro país. ¿Son víctimas de trata de seres humanos o son trabajadoras del sexo sin derechos laborales que serán expulsadas del país?

Palabras, palabras y más palabras vacías de contenido (“prostitución es violencia contra las mujeres”, “la prostitución atenta contra la dignidad de las mujeres”, “víctimas”, “mujeres liberadas”) se acompañan de medidas que causan una mayor desprotección en quienes ejercen la prostitución por decisión propia:

  • las multas en los municipios se multiplican sin que el Gobierno central intente evitarlo. Las prostitutas han de trabajar el doble para poder pagarlas: ¿son los ayuntamientos los nuevos “proxenetas”? No se quiere ver a las prostitutas en las calles, parques y polígonos industriales pero no se les ofrece ninguna alternativa de espacios donde puedan trabajar con tranquilidad y seguridad. Mientras tanto, los grandes empresarios de clubes de alterne se frotan las manos sabiendo que no tendrán competencia en la calle (donde las mujeres se quedan con todos los beneficios que obtienen). ¿Preferimos, tal vez, que se vayan a trabajar a los clubes, fuera de la vista de la sociedad y donde sí sabemos que existe explotación laboral y unas condiciones abusivas?
  • se trabaja en la idea de prohibir la publicación de anuncios de contacto en la prensa escrita como la “gran” medida para acabar con el gravísimo problema de la trata de seres humanos (¿se prohibirán también los anuncios en televisión, en Internet, en revistas especializadas en sexo para personas adultas?). Si hay mafias organizadas que se publiciten, por favor, aprovechen e investiguen caso por caso para acabar con ellas. Tampoco les interesa a los grandes empresarios de clubes de alterne la competencia de los pisos particulares.
  • las prostitutas lo que necesitan son derechos laborales que las protejan: como trabajadoras autónomas del sexo en la calle o en pisos particulares o bien como trabajadoras dependientes de terceros en los clubes (para lo que habría que modificar el artículo 188bis del actual Código Penal que considera a éstos proxenetas).

Así mismo, exigimos que se pongan en marcha las medidas de protección y los recursos necesarios para defender los derechos de aquellas que son víctimas de trata.

No más abusos contra las prostitutas.

No a la criminalización

Ni multas ni expulsiones

Derechos laborales para trabajador@s del sexo

Protección social para quien desee abandonar la prostitución y

Protección real para víctimas de trata de seres humanos.

 

 

 

1.- http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-16/supremo-carcel-rey-prostitucion-lujo-fraude-fiscal_1345377/

 

 

Apoyo a las trabajadoras sexuales de Noruega

 

 

Apoyo para PION
Oslo, 9 de marzo de 2017

 

http://blikk.no/index.php/2017/03/09/stotte-til-pion/

El acoso a las trabajadoras sexuales no lleva ninguna parte. El Comité 8 de marzo debe tratar a PION y a las personas que venden sexo con respeto.

Es necesario que termine la tradición del Comité 8 de marzo de prohibir a PION y a las trabajadoras sexuales participar en la manifestación del 8 de marzo.

El 8 de marzo un representante del comité ejecutivo del Comité 8 de marzó envió a PION (organización de las trabajadoras sexuales en Noruega) el mensaje de que debían irse de la plaza Youngstorget. Como PION no se fue, la representante del Comité 8 de marzó rompió la pancarta de PION. La pancarta decía “derechos de las trabajadoras sexuales = derechos humanos”.
Un representante de las organizadoras quiso negar el derecho de las trabajadoras sexuales a expresarse por sí mismas y a reunirse, lo que pensamos que es muy inquietante. Nos preocupa que el Comité 8 de marzo impida directamente la libertad de expresión y la libertad de reunión de las trabajadoras sexuales y el derecho de organizarse por sí mismas a fin de procurarse una vida digna en sus propios términos.

Desde FRI Oslo y Akershus apoyamos el mensaje de PION de que los derechos humanos deben ser garantizados para aquellas de nosotras que venden sexo y defendemos el derecho de PION de participar en la manifestación del 8 de marzo.

FRI Oslo y Akershus
Viljar Eidsvik y His Heen Sikkeland


 

http://www.pion-norge.no/

Trabajadoras sexuales en Ciudad de México, una lucha contra la represión

 

DÍA MUJER MÉXICO (Crónica)

07/03/2017

Paula Ericsson

http://www.lavanguardia.com/vida/20170307/42607303356/trabajadoras-sexuales-en-ciudad-de-mexico-una-lucha-contra-la-represion.html

 

México, 7 mar (EFE).- “Damaris” tiene 26 años, abundante melena negra y ojos oscuros de mirada segura e inquisitiva; es madre soltera y ejerce desde hace cuatro años como trabajadora sexual en Ciudad de México, luchando día a día contra la discriminación y el acoso policial. “Pedimos que no se nos juzgue”, declara.

“La persecución policial es horrible. Te dicen que eres una puta y eres de lo peor y casi te tratan como animal. Te dicen ‘Si quieres negociar tu libertad, ¿cómo nos arreglamos? Dices que no traes dinero, ¿pues cuánto cobras tú en La Merced? ¿Traes condones? ¿Y cuánto el oral? ¿Y sin condón?'”, relata a Efe Damaris, que no es su verdadero nombre.

Después de que a 19 sexoservidoras se les denegara una credencial de trabajadoras no asalariadas que solicitaron al gobierno local o en 2007, la titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Paula García, ordenó a la Secretaría del Trabajo en 2014 concedeérselas.

Sin embargo, el artículo 189 del Código Penal de la capital mexicana sanciona con prisión de dos a 10 años y multas a quien “explote el cuerpo de una persona por medio del comercio sexual”, “induzca a una persona para que comercie sexualmente su cuerpo con otra o le facilite” o “sostenga lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitución”.

“Un cliente no ocasiona que haya trata de personas. Si criminalizan a los clientes, van a hacer la trata aun más clandestina”, afirmó a Efe Elvira Madrid, una de las dirigentes de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez.

A partir del fallo judicial, la juez García ordenó la supresión del Artículo 24 VII de la Ley de Cultura Cívica de la capital, que considera falta administrativa “invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio” y denunció que el Gobierno local fracasó “porque no da alternativas reales” a este trabajo, recordó Madrid. Hasta ahora, dicho artículo sigue en vigor.

Madrid explicó que desde los inicios de la Brigada, fundada hace 28 años y que en 2016 atendió a 7.500 trabajadores sexuales, ya había mujeres obligadas a ejercer la prostitución, pero subrayó que la mayoría que se dedican a este trabajo lo hacen voluntariamente.

Para la activista, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Persona, promulgada en 2012 y que equipara la prostitución a la explotación, así como la clausura de zonas de tolerancia (en las que se permite el ejercicio del sexoservicio) llevaron a las mujeres “a lugares más inseguros, porque las chicas no dejan de trabajar”.

Frente a esta ambigüedad legal, una de las consecuencias más oscuras para este sector es la persecución policial, ya que los cuerpos de seguridad pueden llegar a abusar de ellas.

Para “La Suspiros”, natural del estado de Michoacán, de 50 años, que ejerció durante 30 años en la capital mexicana y que actualmente es ama de casa, uno de sus recuerdos más dolorosos se refiere a los abusos sexuales de los granaderos (policías antidisturbios).

“Yo recuerdo que cuando estaba chava pasaba una camioneta de granaderos, unos 12. Siempre pasaban por donde yo trabajaba y todos tenían sexo conmigo sin pagarme. Me decían ‘Si no, te vamos a encerrar porque andas moneando (drogando)'”, contó esta mujer que logró dejar las drogas tras muchos años de adicción.

Pese a los abusos que sufren por ser mujeres y trabajadoras sexuales, las propias autoridades las menosprecian y en algunas ocasiones rechazan sus denuncias, como es el caso de “La Suspiros”, quien intentó reportar las violaciones que sufrió, sin éxito.

“La ignorancia rebasa límites y muchas veces no saben lo que uno pasa o lo que uno vive; por eso no se puede juzgar. Pedimos que no se nos juzgue. No venimos aquí por gusto, sino por necesidad”, lamentó Damaris.

En ese sentido, Madrid aseguró que las trabajadoras sexuales casi generan el 2 % del Productor Interno Bruto de México, y que pese a que hay víctimas de trata, “hay gente que vive día a día para poder sobrevivir” y pidió que “no vean a la trabajadora sexual como un objeto, sino como una mujer que sobrevive y que lucha”.

Frente a las desigualdades que sufren las mujeres, Damaris pidió que “le echemos ganas, porque todas somos fuertes” y, en el caso de las trabajadoras sexuales, señaló que “es muy difícil pero todas las que lo hemos vivido somos guerreras”. EFE

 

Rebelión en el burdel: Evelyn, la prostituta atrincherada en su habitación porque quieren despedirla

Lleva 15 años ejerciendo para los mismos jefes que ahora la quieren echar del Club Flowers de Las Rozas (Madrid). El despido tiene carácter de desahucio, porque además de trabajar en la habitación 113, Evelyn vive allí. 

 

Evelyn Rochel se ha atrincherado en la habitación 113 del club de alterne en el que trabaja

Evelyn Rochel se ha atrincherado en la habitación 113 del club de alterne en el que trabaja

 

David López Frías @lopezfrias

03.03.2017

http://www.elespanol.com/reportajes/grandes-historias/20170303/197980217_0.html

 

“Me quieren echar de aquí como a un perro, pero no lo voy a consentir. Este no es sólo mi trabajo. Vivo aquí. Este club es mi casa. Y por eso me he atrincherado en mi habitación”.

Lo cuenta Evelyn Rochel desde la habitación 113 del club de alterne Flowers, situado en Las Rozas (Madrid). Evelyn es una colombiana de 41 años que lleva 15 ejerciendo la prostitución en España, casi siempre para los mismos jefes. Un par de conflictos acaecidos en los últimos meses han llevado a la dirección del club a despedirla. Sin finiquito, sin indemnización, sin haber cotizado y sin derecho a paro.

 

DESPIDO Y DESAHUCIO

Evelyn, como la mayoría de las chicas que trabajan en el Flowers, vive allí, por lo que el despido tiene carácter de desahucio. Irse del club le supondría no tener ni un techo donde dormir. Con lo que no contaba nadie era con que Evelyn iniciase su particular rebelión y se hiciese fuerte dentro de su cuarto. Allí dentro lleva metida una semana.

Ella usa la palabra “atrincherarse” y es casi literal. En el suelo hay maletas, bolsos, bolsas, ropa y todo tipo de enseres personales. Todas sus pertenencias están desparramadas por la habitación, a la espera de que un juez determine qué hacer en este caso. Porque cuando le comunicaron su despido y le dijeron que tenía hasta las 6 de la tarde para abandonar el Flowers, Evelyn fue al juzgado y lo denunció. Ese es, cree Evelyn, el motivo por el que sus jefes no han cumplido aún sus amenazas de echarla del edificio.

 

LA PRIMERA REBELIÓN: EL ORIGEN

Las causas del desencuentro definitivo entre Evelyn y los propietarios del burdel se remontan a finales del año pasado. Evelyn cuenta que “nos endurecieron las condiciones laborales. Antes eran más flexibles, pero en noviembre todo cambió. Nos querían obligar a estar en la barra de 5 de la tarde a 5 de la mañana, sin descanso. Nos impedían comer o cenar a la hora que nosotros tuviésemos hambre”, explica mostrando un ticket azul en el que le especifican a qué hora puede ir al comedor. “Nos obligan a nosotras a limpiar la habitación después de estar con los clientes, porque ahora el servicio de limpieza no viene tan a menudo. Nos cargan con la responsabilidad de cobrarle al cliente 5 euros extra más por cada media hora de uso de la habitación. Y si nos olvidamos, lo tenemos que pagar nosotras. ¡Ah! Y el protocolo con el cliente. Cada vez más severo. Siempre sonrientes y siempre dispuestas para ellos. Tenemos que acercarnos, ser amables con ellos y tenerlos contentos. Son órdenes”, enumera.

Ese cúmulo de nuevas obligaciones unilaterales la llevó a empezar la primera rebelión en el burdel. Quiso sentarse con su jefe para negociar, pero la encargada le negó esa cita. Entonces reunió al mas de medio centenar de prostitutas que trabajan en el Flowers. Las espoleó para amenazar con una huelga y lideró las protestas. “Todas me apoyaron. Cuando el jefe se dio cuenta de lo que se le podía venir encima, aceptó hablar con nosotras”. Al parecer, el propietario desistió en aquel momento de incorporar aquellas normas, aunque a Evelyn le consta que con algunas chicas nuevas sí que las está aplicando. Sea como fuere, Evelyn ganó aquella batalla, pero pasó a estar en el punto de mira. “Me convertí en una persona incómoda para ellos”, recuerda ahora.

 

EL SEGUNDO Y DEFINITIVO EPISODIO

El segundo episodio tuvo lugar el viernes pasado. “Yo estaba en la barra con un hombre que me prometió que iba a subir conmigo. Estuvo una hora sobándome y magreándome mientras hablábamos. Cuando se cansó de meterme mano, me dijo que se largaba y me tiró un billete de 10 euros como propina”. Cuenta Evelyn que ese tipo de comportamientos es habitual en los prostíbulos, “pero a mí ese día me pilló cruzada y le insulté. Le dije que yo no funciono con propinas, y que si él me había prometido que íbamos a subir juntos y ahora no lo cumplía, él no era un hombre sino un mierda”.

Ambos se enzarzaron en una fuerte discusión, a la que acudió el encargado del burdel. “Le preguntó a él qué había pasado. Yo quise dar mi versión pero me mandó a callar diciendo que la única versión que le importaba era la del cliente”, cuenta con rabia.

La resolución de aquel conflicto tuvo lugar al día siguiente. “A las dos de la tarde me citó el propietario para comunicarme, de muy mala maneras, que me echaba a la calle. Además, como quería que aquello fuese ejemplarizante, llamó a una persona de cada departamento para que estuvieran presentes: a una de las chicas, una de las limpiadoras, uno de seguridad… Y allí mismo, con todo su público, me dijo que tenía hasta las seis de la tarde para abandonar el edificio. Fue muy humillante”, explica.

 

DENUNCIA EN EL JUZGADO

Visto el carácter definitivo de la medida, Evelyn decidió no acatar la decisión. Se fue al juzgado e interpuso una denuncia por estar sometida a condiciones de esclavitud. Luego volvió a su habitación y comunicó que no pensaba marcharse de allí.

“Lo que hicieron fue, entre otras cosas, anular mi acceso a la máquina de pagar”. Evelyn se refiere al ticket que tiene que adquirir cada día, por 90 euros, en concepto de alquiler de la habitación. Evelyn corrige ese extremo: “Eso es lo que dicen ellos, que es por la habitación. Pero en realidad yo pago 90 euros al día por trabajar. Si fuese por la habitación, a mi me tratarían como a un huésped. Pero no es así. A mí me obligan a bajar a trabajar 12 horas seguidas y me prohíben que vaya a cenar cuando tengo hambre. Si quiero toallas limpias, las tengo que pagar. Si quiero sábanas limpias, lo mismo”.

Anulando su método de pago, los propietarios del burdel podrían echarla por no abonar su estancia. Evelyn se fue a ver al propietario y le dejó los 90 euros en metálico enicma de la mesa, pero él no le quiso coger el dinero. Mantuvieron una tensa reunión y Evelyn acabó llamando a la policía para ponerlos en conocimiento de la situación. “Vinieron y hablaron con él; a mí los agentes me dijeron que no valía la pena denunciarle porque iba a quedar en nada”.

Desde entonces, ha decidido no salir de la habitación 113, que no tendrá más de 15 metros cuadrados. Tiene un baño compartido con otra compañera y un pequeño balcón con unas ‘preciosas’ vistas a la autovía. Tiene miedo a salir por si al volver no la dejan entrar, le han cerrado la puerta o le han cambiado la cerradura. Cuenta que los primeros días eran sus compañeras las que le subían alimentos a escondidas, pero que después le comunicaron desde la dirección del Flowers que le iban a permitir bajar al comedor. Dice que tiene el apoyo moral de sus compañeras, que están bastante nerviosas con todo este asunto. Tiene el apoyo moral pero, en contra a lo que sucedió con la rebelión que ella misma lideró en noviembre, en esto está prácticamente sola.

 

LA PROSCRITA DEL BURDEL

Llegar a la habitación de la proscrita de un burdel no es tarea fácil. Me cito con ella a las 7 de la tarde en el interior club. Como ella no puede bajar hasta la sala a recibirme, urde un plan para que nos veamos: yo tengo que hacerme pasar por un cliente y esperar en la barra. Una compañera suya me identificará y ambos subiremos a la habitación. Pero cuando lleguemos a la primera planta, yo me meteré en la 113 a hacer la entrevista. Evelyn sólo me dice el nombre y el color de pelo de la chica que vendrá a buscarme.

A las 7 de la tarde de un día laboral ya contabilizó a más de una veintena de hombres en la pequeña discoteca que es la planta baja del Flowers; una oscura sala con luces de muchos colores, una gran barra central y el volumen de la música muy alto. Pago 11 euros por una cerveza y me pongo a mirar el pelo de todas las mujeres del lugar. Un pequeño contacto visual (o a veces ni eso) provoca que la chica se acerque sonriente, empiece a hablar conmigo y se ponga a tocarle la espalda. Efectivamente, el protocolo del que me habló Evelyn se cumple a rajatabla.

En 5 minutos rechazo educadamente la compañía de una chica búlgara, una brasileña y otra colombiana. Allí no viene nadie a recogerme. Suena el teléfono y Evelyn me cuenta que su amiga no va a bajar porque está con un cliente. Me toca ir solo. Aunque en este tipo de locales no es normal que un cliente suba a las habitaciones sin compañía, ella me da instrucciones para llegar al ascensor por mi cuenta y me dice que me estará esperando en la primera planta, que no hable a nadie ni mire a nadie por el camino.

Finjo hablar por teléfono y me meto en el ascensor. A la salida me espera una chica rubia en ropa interior que me pregunta dónde voy tan solo. No parece colombiana. Es rubia y tiene acento del este de Europa. A tres metros, otra mujer muy morena me hace señales desde la puerta de la 113. Esa es Evelyn.

 

“PAREZCO UN REFUGIADO”

Entro en la habitación y miro todas sus pertenencias tiradas por el suelo. Sonríe con amargura. “Parezco un refugiado, ¿verdad? Estas son todas mis cosas. Soy como las tortugas, voy con la casa a cuestas”. Me lo dice en voz muy bajita, porque ahora que ella no está autorizada a trabajar allí, no colaría que estuviese con un cliente.

Hablamos en susurros durante dos horas, en las que me cuenta que se vino de Barranquilla (Colombia) al País Vaco hace 18 años, por amor. Que la relación no salió bien y decidió buscarse la vida. Por un cúmulo de circunstancias, acabó dedicándose a la prostitución. “Encontré un libro que se llamaba ‘Guía secreta de España’ en la que salían casi todos los puticlubs del país. Como yo en España ya no tenía a nadie, me daba igual dónde ir. Cerré los ojos y puse el dedo al azar en una página. Me tocó Empuriabrava (Girona). Allí me fui a un club en el que tenía que darle el 40% de lo que cobraba a mis jefes”.

De allí fue a parar al mítico Riviera de Castelldefels, el que fue el prostíbulo más grande de Cataluña y propiedad de los dueños del Flowers. Para ellos ha estado trabajando los últimos 15 años. “Yo estuve en la última redada del Riviera, que la policía nos marcaba a las chicas con rotulador para controlarnos, como los nazis a los judíos”, recuerda. Pasó por otro burdel de los mismos propietarios antes de llegar al Flowers, y aquí ha estado trabajando (y viviendo) los últimos dos años y medio de su vida. “Sábados, domingos, Navidad, fin de año… No es justo que ahora me echen por quejarme de una vejación. Y menos así, como un perro”.

 

SIN PARO NI COTIZACIÓN

Evelyn sabe que esta situación tiene que llegar a su fin, pero no piensa moverse de la 113 hasta que el juez se pronuncie. “Dirá que no es competencia suya, porque lo presenté en un juzgado penal. Pero así al menos hago tiempo”, explica. También reconoce que no tiene objetivos a corto ni a medio plazo. “¿Dónde voy yo? Esto es mi casa. Y oficialmente no he trabajado. No tengo paro ni años cotizados. Como mi trabajo no existe, yo no existo”, lamenta, recordando que “lo que sí me toca es pagar. Yo ejerzo porque estoy dada de alta en autónomos como vendedora. Mentimos por nuestros jefes. Y aquí ahora no me cobran la habitación, pero hasta ahora he estado pagando 2.700 euros al mes por poder trabajar. Les he pagado, según mis cuentas, 109.200 euros en los últimos 4 años y medio y habrán ganado como un millón y medio de euros conmigo desde que trabajo para ellos. Pero el jefe el otro día aún tuvo la cara dura de decirme que lo que estaba haciendo no era ético”.

Lo que sí que tiene claro es que no hay posibilidad de solucionar el conflicto entre ella y su jefe. “Aquí me han humillado y me han tratado como a un animal. Yo no vuelvo a trabajar para él”, asegura. Se enfurece cuando recuerda que “por culpa de mi trabajo estuve a punto de morir en mayo. Como tenemos que lavarnos las partes íntimas muy a menudo, la flora se debilita. Me cogió un dolor intensísimo al vientre que era insoportable. No fueron ni para llamar a una ambulancia. Me montaron en el coche del chico de mantenimiento y me soltaron en el centro de salud, como a un bulto. El médico que me atendió me diagnosticó una peritonitis y me mandó al hospital Puerta del Hierro. Casi me muero. Y así me tratan ahora”.

La pregunta que le suelen hacer a Evelyn es: “¿Por qué no te fuiste?”. Y ella siempre responde lo mismo: “Porque no hay adonde ir. En todos los clubes ponen las mismas condiciones”. Cree que este tipo de problemas vienen “por la situación en la que estamos las prostitutas en España. Recuerdo que en la última redada vino gente de una ONG que ayuda a las chicas. Me dijeron que me buscase un trabajo digno. Mire, mi trabajo ya es digno aunque a usted le moleste. Yo lo único que quiero son los derechos que tiene cualquier persona. Y esto sólo lo consigue la ley. Así no podemos estar. Que sigan con la hipocresía y prohíban la prostitución. O que se conciencien y la regularicen con todas las de la ley. Pero tal y como estamos ahora no podemos seguir. Porque no existimos. No somos personas”.

Apdha da un “suspenso” al Ayuntamiento de Sevilla por las medidas ante la prostitución al “no resolver su situación”

 

La Delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha otorgado un “suspenso” al Ayuntamiento hispalense en materia de planes y ordenanzas elaborados para erradicar de la prostitución en la ciudad.

 

http://www.20minutos.es/noticia/2974488/0/apdha-da-suspenso-al-ayuntamiento-por-medidas-ante-prostitucion-al-no-resolver-su-situacion/

 

EUROPA PRESS. 02.03.2017

 

Con motivo del Día Internacional por los Derechos del Trabajo Sexual, que se celebra el viernes, la Apdha ha señalado a través de un comunicado que todas las medidas tomadas por la agrupación municipal, a través de ordenanzas y planes para erradicar la prostitución, “parten de principios ideológicos y morales que nada tienen que ver con dotar de derechos, atención y de herramientas a las personas trabajadoras del sexo” y, en consecuencia, afirman que “no resuelven la situación de marginalidad de este colectivo, sino que suponen un agravamiento de esta situación”.

 

Estas medidas, según critica, van encaminadas a “invisibilizar la prostitución y, acto seguido, se despreocupan de las consecuencias nefastas para las personas trabajadoras del sexo, ya que provocan que se vean desplazadas a zonas del extrarradio de la ciudad, donde la desprotección es mayor, o son obligadas a esconderse en clubes de alterne o salas de fiestas”. Asegura que, en estos locales “aumenta su dependencia a terceras personas y se las hace más vulnerables a la explotación, con jornadas interminables de trabajo, retribuciones precarias y condiciones abusivas e infrahumanas, difíciles de denunciar por colectivos pro derechos humanos o por la propia administración, pues no dejan de ser empresas privadas con acceso restringido”.

 

Por ello, afirma que, bajo la pretensión de erradicar la prostitución, “justifican el acoso y la criminalización de las trabajadoras sin escuchar su voz, arrebatándoles toda agencia y reconocimiento”.

 

Indica que sólo en 2015 el Ayuntamiento de Sevilla invirtió la cantidad de 344.000 euros para protección e inserción laboral para mujeres víctimas de violencia de género y trata, “de los cuales solo el 28 por ciento, 97.362 euros, se destinó en campañas y publicidad, según la web municipal”, mientras que para el programa de atención social de búsqueda de empleo de la oficina municipal del Punto de Información de la Mujer (PIM) “apenas un cinco por ciento, 17.779 euros”.

 

En opinión de la Apdha Sevilla, “se trata de una oficina sin herramientas ni recursos adecuados para atender a las trabajadoras del sexo, que ha estado cerrada durante el mes de enero, y ahora atiende en horario reducido, con personal contratado en precario y cuyas actividades no pasan por evaluación desde hace años”.

 

Además, apunta que el Ayuntamiento anunció en diciembre los primeros trabajos del segundo plan para promover la erradicación de la trata, la prostitución y otras formas de explotación sexual al cual se ha destinado 16.101,40 euros para su diseño y elaboración, “aun cuando todavía no se han publicado los resultados ni la evaluación del plan anterior”.

 

La Apdha lamenta la “falta de transparencia” del Ayuntamiento, que “no ha dado respuesta aún a varias preguntas presentadas en el Pleno sobre las condiciones de las licencias de los clubes y sobre la denominación y actividad comercial con las que están dados de alta, para conocer así el control que tienen sobre estas empresas, dónde se realiza el trabajo sexual y a cuáles facilitan licencias”.

 

Por todo ello, exige medidas que garanticen los derechos de las personas que trabajan en los clubes o salas y que posibiliten su apertura a entidades sociales. Además, pide “más y mejor” atención y recursos efectivos para las personas que quieran dejar de ejercer la prostitución, así como “el reconocimiento de derechos y dignidad a las personas que libremente presten servicios sexuales”. Por último, reclama dotar a los centros sociales municipales de herramientas prácticas y eficaces, programas sociales y personal cualificado.

Hetaira responde a Lidia Falcón

 

dibujo

Estimada Ana Pardo de Vera, directora del diario “Público”:

 

Colectivo Hetaira·Martes, 28 de febrero de 2017

Le escribimos desde Hetaira, colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas, para solicitarle un espacio en el periódico digital que dirige de forma que podamos responder de algún modo a Lidia Falcón por la publicación de su entrada titulada: “¿Para qué el pacto de estado sobre la violencia?” (28 de febrero de 2017) en su blog “La verdad es siempre revolucionaria”. Tal vez en el espacio “Cartas de los lectores. Un espacio público para dejar oír tu voz” (y que bien podría sustituirse por “Cartas de quienes nos leen. Un espacio público para dejar oír tu voz” por usar un lenguaje más inclusivo).

 

En el mismo vertía la siguiente aseveración sobre nuestra asociación:

 

“Así, el más escandaloso de los casos, están invitadas las llamadas Hetairas que se han dedicado durante dos décadas a hacer apología de la prostitución, reclamando su legalización por tratarse de un trabajo “igual a otro cualquiera”, que denominan a las mujeres prostituidas “trabajadoras del sexo” y que incluso han montado una “Escuela de prostitución” en Barcelona, para enseñar a las neófitas a proporcionar a los hombres el placer al que tienen derecho. Como si prostitución no fuera una de las mayores manifestaciones de la violencia contra las mujeres”.

 

Hetaira es una organización declarada de utilidad pública por el Ministerio del Interior.

 

En 2003 recibió el Premio René Cassin por la defensa de los derechos humanos por parte del Gobierno vasco. Tenemos un Goya en nuestro local por nuestra participación en la película Princesas, que recogió una prostituta de manos de la Academia de Cine Español. Y hemos quedado finalistas, recientemente, en los Premios Impulsa tu País de Podemos por nuestro proyecto Chat Indoors. Realizamos multitud de conferencias y ponencias, te señalamos solo una de ellas, por ser reciente, que contó con la colaboración de Ahora Madrid del distrito de Arganzuela y que tuvo lugar en sus dependencias municipales el día 17 de diciembre de 2016, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Trabajadoras del Sexo. Participamos en esta mesa redonda en Madrid, organizada por AFEMTRAS, APROSEX, COGAM y el Colectivo Hetaira: http://www.colectivohetaira.org/WordPress/el-respeto-a-los-derechos-humanos-en-el-trabajo-sexual/).

 

Hetaira forma parte de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW, http://www.gaatw.org/), de la Red Internacional Europea TAMPEP (http://tampep.eu/), del Comité Internacional por los Derechos de Trabajador@s Sexuales en Europa (ICRSE, http://www.sexworkeurope.org/es), de la Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA, www.cesida.org), de la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP, http://www.nswp.org/es), de la Plataforma Estatal por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo, de la Plataforma CEDAW Sombra España y de la Plataforma No Somos Delito.

 

Nuestras memorias de actividades son públicas. La última, de 2015, se encuentra disponible en http://www.colectivohetaira.org/WordPress/wp-content/uploads/2016/06/memoria2015.pdf.

 

Tiene muchísima más información de nuestra organización y sobre nuestro trabajo en: http://www.colectivohetaira.org/WordPress/.

 

Entendemos que pueda haber diferencia de pareceres entre los diferentes movimientos feministas, pero no hay lugar para la descalificación de una organización del modo en que Lidia Falcón lo hace. Sus ideas no nos representan ni a asociaciones como nosotras ni a otras similares, entre otras cosas porque hace lo mismo con las prostitutas que el heteropatriarcado: discriminarnos y no tener en cuenta jamás nuestras opiniones y, por supuesto, negarnos derechos.

 

Tal vez no conozca que Amnistía Internacional está exigiendo la despenalización del trabajo sexual en todos los países, también en la Unión Europea, es muy interesante su informe sobre la situación de las prostitutas en Noruega (le dejamos el enlace por si fuera de su interés: https://www.amnesty.org/es/documents/eur36/4130/2016/es/).

 

Por último, la “Escuela de prostitución” a la que hace referencia en su texto no existe. Sí existen los cursos titulados Prostitución: nociones básicas para la profesionalización, que imparte otra de las organizaciones pro derechos que existen en nuestro país, la Asociación de Profesionales del Sexo (APROSEX, http://www.aprosex.org/) de Barcelona, creados para dar respuesta a la necesidad que expresaban las propias trabajador@s del sexo. Es para nosotras un orgullo que nos los adjudique Lidia Falcón, pero ni es correcto ni es justo que nos hagamos con la iniciativa que han sacado adelante de nuestras compañeras con tanto esfuerzo.

 

Atentamente y en espera de su respuesta

 

Hetaira

 

Se equivocan las abolicionistas

 

 

Se equivocan las abolicionistas si creen que van a acabar con la prostitución. Y no porque sea imposible, sino porque no han adoptado la táctica adecuada. Hacer la guerra a la prostitución “manu militari”, como se hace la guerra a las drogas o al terrorismo, solo llevará a un mayor sufrimiento de las mujeres y a un mayor enriquecimiento de las mafias, estatales y no estatales, para mayor gloria del feminismo carcelario.

La forma de acabar con la prostitución es llevar a cabo una guerra comercial que hunda los precios y arruine a la competencia. Esta guerra debería enfocarse en la demanda, por una parte, y en la oferta, por otra.

Acabar con la demanda de sexo pagado es fácil: basta con ofrecer sexo gratis. Y a esto las feministas abolicionistas no deberían objetar nada, ya que defienden el derecho a hacer con el propio cuerpo lo que se quiera y tienen muy claro que la fidelidad conyugal y la castidad virginal son instituciones patriarcales. Ahí están las Femen, usando sus tetas como arma de combate. Ya veo a las cohortes de feministas abolicionistas recorriendo los polígonos y haciendo que pagar por sexo sea lo más estúpido de este mundo.

Y en cuanto a la oferta, terminar con ella no puede ser asimismo más fácil: basta con ofrecer a cada prostituta una renta equivalente a sus ganancias y en las mismas condiciones, es decir, no hacer nada más que acostarse con quien le de la gana y cuando le de la gana.

Si no se pone fin a la prostitución es porque las abolicionistas no quieren.

Ellas sabrán por qué quieren llevar adelante una guerra que solo beneficia a las mafias.