Estrella y la prostitución, con eso paga las quimioterapias de su papá en Oaxaca

Detrás de la sonrisa, existe la tristeza de la soledad

 

Julio César Sánchez García

 

Sáb, 10/07/2017

 

http://www.nvinoticias.com/nota/72552/estrella-y-la-prostitucion-con-eso-paga-las-quimioterapias-de-su-papa-en-oaxaca

 

Una Estrella destinada a la soledad…

Sus muslos fuertes y atractivos se moldearon al paso del tiempo y constante taconeo de sus zapatillas.

Para ella, son pocos los momentos en que la felicidad la hace llorar, ya que la tristeza la embarga, desde que decidió su destino: ser muxe.

Su nombre es Estrella, su padre lo dejó desde que tenía diez años de edad, él trabajaba en una refinería en Salina Cruz y todo lo que ganaba era para el trago y las mujeres, gastando su dinero a manos llenas.

Ahora, los años le han cobrado la cuota, por lo que ya enfermo regresó a su casa para que Estrella se haga cargo de él, quien por el compromiso que siente con su padre, lo aceptó y ahora se ha visto en serios problemas económicos, ya que para pagar las medicinas pide prestado. Su padre pacede cáncer en la garganta.

Estrella tiene que ver la forma para pagar las quimioterapias, por lo que tiene que estar viajando de Juchitán a Oaxaca, tres veces al mes junto con su padre, para que pueda recibir su tratamiento a tiempo.

Tiene que dejar su trabajo y pedir prestado para poder hacerlo, teniendo como una opción para pagar sus deudas, la prostitución, a la cual no quiere dedicarse; sin embargo, la suerte está en su contra.

El terremoto del pasado siete de septiembre, le hizo ver su negra suerte, ya que su casa quedó agrietada, por lo que ahora duerme en el patio junto con su padre, para lo cual instaló dos hamacas que consiguió gracias al apoyo y comprensión de algunos de sus amigos.

Ahora, con las constantes lluvias, tiene que soportar, aparte del calor, la presencia del lodo.

Para cuidarse del sol y protegerse de los aguaceros, unió bolsas negras de las que son utilizadas para tirar la basura, y de esta forma es que la utiliza como lona.

Estrella ve con tristeza a su padre, le agradecé haberle dado la vida, no le reprocha su abandono, consciente de que por ser muxe, tendrá que pasar lo que le resta de vida en la soledad.

 
Aún rechazan a los muxes en la familia

Esteban León Melchor, integrante de la Fundación “Ángeles por la Vida” A.C., mencionó que los muxes son una comunidad a la cual le han puesto limitantes, y que a pesar de que son respetados y reconocidos por sus logros, son rechazados en su núcleo familiar.

A diferencia de los gay, ellos no pueden tener una pareja estable, “si ellos tienen un puesto donde venden productos alimenticios, los consideran insalubres; entonces, son respetados, pero a la vez, tienen que pagar un precio muy alto: la soledad”.

Además que la familia abusa de ellos, porque los consideran como quienes deben de llevar la carga de toda la familia, “ellos son los pilares de la casa, manteniendo al papá, a la mamá, a los hermanos más pequeños, aparte de que cuando sus hermanas y hermanos tienen hijos, van y los dejan con ellos, que parece que tienen un kinder a su cuidado”.

Por ello, es triste su existencia, ya que para llevar las riendas de sus hogares, algunos tienen que dedicarse a la prostitución, “esto, porque a veces el trabajo que ellos desarrollan, ya que ellos son los encargados de elaborar los hermosos trajes regionales, reconocidos mundialmente, como es el de las tehuanas, ellos son los que los crean los modelos”.

También, son los que producen el tradicional totopo, “por lo que, cuando no hay ventas, ellos tienen que salirse a prostituir, para llevar el sustento a sus casas”, lamentó León Melchor.

Refirió que los muxes tienen el derecho de prostituirse, de estar con una persona u otra, “pero lo que no pueden hacer es tener una pareja normal, ya que de hacerlo, automáticamente les dejan de comprar todos los productos que venden, porque son vistos como antisociales”.

“La sociedad no ve mal que puedan tener relaciones con otras personas, pero no pueden tener una pareja estable, ya que al hacerlo, son rechazados y se tienen que ir del pueblo a otros lugares lejanos, donde no los conozcan”, reiteró.

A veces, por la necesidad de llevar el dinero diario a sus familias, se ven en la necesidad de emigrar, lo cual lo hacen a la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, regresando infectados de VIH, “esto, porque muchas veces no hay las ventas suficientes para llevar el dinero a sus casas, como es el caso de Estrella, por lo que tienen que trabajar en otras cosas para solventar los gastos que esto conlleva”.

Apoya a los muxes

León Melchor apoya a aquellos muxes que están infectados, “tanto económicamente como con medicamentos, les damos conferencias sobre el uso del condón y todas las enfermedades de transmisión sexual”.

Otro de los peligros que deben enfrentar los muxes, es el trabajar en las cantinas, “hay un caso de una muchacha que se llama Michell, la cual está trabajando en la ciudad de Oaxaca de Juárez, porque en Juchitán se la llevaron, la golpearon, la violaron y la dejaron desnuda en la calle, a todo eso se exponen al trabajar en el sentido de la prostitución, pero a veces es necesario que ellas lo hagan, porque no tienen los suficientes ingresos ni apoyo gubernamental ni de su casa ni de ninguna organización”.

Explicó que existe una gran diferencia entre el muxe y el gay, “este último tiene otra mentalidad, son más abiertos, pelean más por sus derechos, el muxe es más arraigado a sus costumbres, porque vienen desde el ramo familiar que se los vienen inculcando, de repente se dan cuenta que son muxes, los van formando para que ellos sigan respetando la familia, y se dejen llevar por todas las costumbres familiares”.

Por ello, es que, las costumbres destruyen a estas personas que lo entregan todo, con el firme propósito que a sus seres queridos no les falte nada, sin embargo, cuando ellos necesitan de los mismos, les dan la espalda.

 

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Comparecencia de Hetaira en la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género

 

Colectivo Hetaira·Martes, 9 de mayo de 2017

 

Madrid, 08/05/2017

 

Gracias al Grupo Confederal de Unidos Podemos, En comú Podem En Marea por la invitación a comparecer en esta Subcomisión. Comparezco en nombre de Hetaira -colectivo que trabaja desde hace ya 22 años en defensa de los derechos de las prostitutas en nuestro país- y que forma parte del Movimiento Feminista de Madrid, de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), de la Red Internacional Europea TAMPEP, del Comité Internacional por los Derechos de Trabajador@s Sexuales en Europa (ICRSE), de la Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA), de la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, de la Plataforma Estatal por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo, de la Plataforma CEDAW Sombra España y de la Plataforma No Somos Delito, entre otras.

 

La creación de esta subcomisión es un paso más para tratar de hacer frente a la violencia machista y esperamos que las recomendaciones que finalmente se hagan llegar al Gobierno sirvan para mejorar la asistencia a las víctimas de violencia de género y evitar más muertes y agresiones machistas. No obstante, no vale con que el Gobierno tome nota de las recomendaciones que de esta subcomisión salgan, sino que éste deberá hacer un esfuerzo para garantizar que algunas medidas se pondrán en marcha dentro un marco legislativo adecuado y que lógicamente contarán con un presupuesto económico. No parece que vaya a ser así a la vista de los Presupuestos Generales del Estado aprobados. Lo lamentamos profundamente. Lamentamos sobre todo que se pierda energía y tiempo en “debatir”, pero no en “poner en práctica” y “en hacer”. Porque también habremos hecho perder recursos a la sociedad española.

 

La ley contra la violencia de 2014 adolecía de algunos problemas. Así se lo hicimos saber en su momento las asociaciones feministas al Gobierno socialista. A pesar de ello, la ley supuso un gran avance y hubo consenso sobre la necesidad de un cambio cultural y de mentalidad. Sin embargo, se abandonaron las propuestas a largo plazo, aquellas basadas en la prevención en la educación o en la formación de profesionales en los diferentes sectores implicados. Lo que quedó en pie, finalmente, fue la parte penal.

 

Tampoco puede servir el Pacto de Estado para pasar a denominarle a cualquier situación discriminatoria contra las mujeres como “violencia machista. Por ejemplo cuando oímos expresiones del tipo: “Cobrar menos por un trabajo de igual valor es violencia”. Creemos que hemos de ser rigurosas, porque si metemos todas las situaciones discriminatorias en un mismo saco estaremos haciéndoles un flaco favor a las “víctimas reales de violencia de género”.

 

El “impulso masculino de dominio” no es el único factor desencadenante de la violencia sexista. Tenemos que seguir poniendo en cuestión, además, las estructuras familiares (núcleo de privacidad que amortigua o genera todo tipo de tensiones); el papel de la educación religiosa y sus mensajes sobre el amor; la falta de educación afectivo-sexual de menores y adolescentes que ayuden a resolver los conflictos futuros, etc.

 

Apostar exclusivamente por la filosofía del castigo sobre el autor concreto de una agresión concreta significa no repensar las sociedades en las que vivimos, no querer ver las responsabilidades de los Gobiernos y de las políticas públicas puestas en marcha por éstos para tratar de evitarlas.

 

La imagen exclusiva de “víctimas” tampoco ayuda a la lucha colectiva por los derechos de las mujeres pues no tiene en consideración nuestra capacidad de resistencia, de hacernos un hueco, de generar autoestima y empuje solidario entre nosotras.

 

Incluso en los casos de violencia de género o de víctimas de trata es importante reforzar la autonomía y la capacidad de decisión de las implicadas. Los movimientos feministas siempre cuestionaron el tutelaje y la falsa protección basada en considerar a las mujeres como “eternas niñas” necesitadas de protección por un Papá/Estado.

 

El conocimiento y el trabajo con mujeres concretas y diversas nos ha enseñado como éstas pueden dar la vuelta, y de hecho se la dan, a las situaciones de subordinación con las que pueden encontrarse. Y como escribía Gayle S. Rubin: “Los márgenes y los bajos fondos pueden ser un lugar de rebeldía”.

 

Contar con los relatos de las víctimas de violencia de género nos sigue pareciendo una de las mejores fórmulas para encontrar estrategias y posibles soluciones. Conocer de primera mano sus necesidades (que pueden ser distintas dependiendo de cada mujer, de cada caso) debería ser una prioridad.

 

Nuestra comparecencia está centrada en materia de trata y prostitución.

 

Trata de personas

 

¿Tiene algún sentido incorporar medidas concretas contra la trata en una ley de violencia de género o en un Pacto de Estado? ¿Se trata de una buena herramienta o, por el contrario, tendríamos que enmarcarla en otro contexto para proteger a las víctimas de trata y luchar contra el delito? Desde Hetaira creemos que tendríamos que separarlo por responsabilidad política y por ser más eficaces a la hora de prevenir y atajar tanto la violencia de género como la trata.

 

La trata de mujeres es una manifestación de la violencia de género. Y figura -gracias a las presiones de muchas ONG’s- como delito en el Código Penal español desde hace unos años. Además puede conllevar otros delitos también tipificados ya en nuestra legislación

 

La trata de personas se da en muchos sectores económicos, no sólo en prostitución. Nos la encontramos en la industria textil, en la agricultura, en la mendicidad, en matrimonios forzosos, en el servicio doméstico. Y son víctimas de trata tanto menores como personas adultas (mujeres y hombres cis, mujeres y hombres trans). La CEDAW pide explícitamente que se tipifiquen todas las manifestaciones de trata (y no sólo aquellas que se dan dentro de la industria del sexo).

 

Una ley integral de lucha contra la trata (que viene reclamándose desde 2012) tendría que garantizar la protección y la recuperación integral de las víctimas y debería abordar la lucha contra la trata desde una perspectiva de derechos humanos. Nos faltan datos, siempre nos falta conocer cuántas personas se encuentran en situación de protección, cuántas personas están viviendo en lugares seguros, cuántas personas han accedido a permisos de trabajo y residencia, cuántas personas consiguieron la condición de asilo por ser víctima de trata (se cuentan con los dedos de una mano, con un poco de suerte, de las dos) cuántas personas han sido indemnizadas por el sufrimiento causado (sabemos que ninguna).

 

La persecución del delito se está haciendo, pero no se está trabajando con el mismo ímpetu en la protección de las víctimas y en poner en primer plano los derechos humanos. Contamos con ejemplos dolorosos, como las expulsiones de posibles víctimas de trata de los CIE’s; víctimas que no han recibido protección sino que han sido contempladas como migrantes sin papeles.

 

Correr el riesgo de saturar los juzgados de violencia de género con casos tan complejos como el de la trata no nos parece una buena idea.

 

Otro problema con el que nos encontraríamos es que el delito de trata, por lo general, traspasa fronteras. Por tanto la persecución del delito fuera de nuestras fronteras exige investigar en otros países y colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de esos países.

 

Nuestras recomendaciones/propuestas al Gobierno en este punto son las siguientes (exponemos sucintamente algunas cuestiones):

 

. identificación de las víctimas de trata con garantías, no siendo consideradas migrantes sin papeles.

 

. el plan contra la trata debe extenderse a todas las situaciones y dejar de denominarse “de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”;

 

. que la colaboración con las autoridades policiales no sea una condición indispensable para poder recibir protección. Es inaudita la existencia de la “contraprestación” en el delito de trata.

 

. indemnizaciones económicas para las víctimas

 

. contar con la opinión y el trabajo de las ONG especializadas.

 

. seguir gastando ingentes cantidades de dinero institucional para explicar que la trata es un delito (algo que toda la sociedad entiende), nos parece un despropósito cuando aún faltan recursos habitacionales para las víctimas, un ingreso mínimo que les permita sobrevivir en un ambiente relajado, etc, etc… Prioricemos los recursos, acojamos a las víctimas, persigamos el delito y transmitamos todo esto a la sociedad. Es la mejor manera de mostrar la realidad y que se comprenda. No podemos delegar el problema de la trata en la “conciencia ciudadana”.

 

. derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza) que, como bien saben (porque se aprobó en el Parlamento) multa indiscriminadamente a quienes ejercen la prostitución en espacios públicos y a sus clientes. Y en ocasiones, a víctimas de trata.

 

. por último, exigimos recursos públicos, dependientes de las instituciones.

 

La prostitución es un trabajo

 

En la prostitución hay machismo. También hay machismo en la política. Pero Vds. eso ya lo saben, es a lo que se dedican y conocen perfectamente quién se sienta en cada escaño, ¿verdad? Las prostitutas soportan el machismo como lo soportan Vds., las políticas, o las periodistas o las profesoras universitarias o las cajeras de los supermercados. Y se hace lo que se puede, colectiva e individualmente. Vivimos en sociedades machistas. Es lo que tenemos en común.

 

El Gobierno español, en los dos últimos años, ha reducido la deuda gracias al aumento del PIB, un aumento que ha venido por contabilizar la entrada de dinero de la prostitución. ¿No les parece impresentable que no se reconozca legalmente la legitimidad del trabajo sexual, que no se reconozcan los derechos de estas personas y que por el contrario se contabilice el “supuesto” dinero que mueve? A nosotras sí.

 

El grupo de expertos en materia de trata de la Unión Europea, GRETA, insiste en que la prostitución no equivale automáticamente a trata. Esta distinción es imprescindible tanto para abordar la trata en toda su complejidad como para encontrar soluciones a la hora de acabar con la discriminación que sufren las prostitutas.

 

La prostitución por decisión propia no es violencia, es el trabajo, la actividad económica para muchas personas que reorganizan sus vidas en función del intercambio de servicios sexuales por dinero. Este intercambio se produce entre gente adulta y con mutuo consentimiento.

 

¿Tiene algún sentido seguir repitiendo que “la prostitución es violencia de género”, al tiempo que mantenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por ley mordaza, que multa a quienes ejercen la prostitución en los espacios públicos, el sector más débil?

 

¿tiene sentido mientras seguimos manteniendo discriminadas a las personas que la ejercen: discriminadas a la hora de poder alquilar una vivienda o pedir un crédito, trabajadoras sin derechos laborales, sin derecho al paro, soportando situaciones laborales que contravienen todas las legislaciones posibles, sin derecho a una pensión de jubilación…?

 

¿qué pensamos hacer con las mayores que dejaron su vida en la calle?

 

¿la propuesta de incorporar la prostitución a una ley contra la violencia de género supondría la inmediata supresión de las multas por la ley mordaza?

 

¿supondría que las prostitutas pasarían a ser víctimas de violencia de género? ¿con qué beneficios? ¿tendrían asegurado las prostitutas su nivel económico de ser así?

 

Pero, como bien podrán imaginar, no estamos en absoluto de acuerdo con la incorporación de la “prostitución” en un futuro Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La prostitución decidida no es violencia de género, sino una actividad económica para muchas mujeres que llevan tiempo reclamando derechos laborales para acabar con las malas condiciones en que se ejerce y con el estigma que pesa sobre ellas por dedicarse al trabajo sexual.

 

Amnistía Internacional está pidiendo la despenalización del trabajo sexual a nivel mundial. Sus últimos informes publicados, hace justo ahora un año, recoge a través de sendas investigaciones las violaciones de derechos humanos que sufren las trabajadoras y los trabajadores sexuales en Noruega, Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea. Les recomiendo que lean, al menos el informe sobre Noruega y la persecución que están sufriendo quienes ejercen. Entre otras muchas cosas, sufren “desalojos inmediatos” de sus viviendas y de sus espacios de trabajo.

 

Las trabajadoras del sexo, como la mayoría de nosotras, buscan la manera de vivir lo mejor posible dentro de las opciones que la vida les ofrece. Y, por supuesto, deciden. En esta medida, la oferta de servicios sexuales es un trabajo para ellas, trabajo que debe ser reconocido legalmente, acabando con la hipocresía que hoy existe al respecto y articular los derechos sociales y laborales que se desprenden de ello. Los mismos derechos sociales y laborales de los que ya disfrutan sus señorías (permisos de maternidad, vacaciones pagadas, protección frente al desempleo, días libres, etc…).

 

Seguir negando esto y mantener a las prostitutas en la situación de discriminación actual contribuye, entre otras cosas, a que sigan siendo explotadas laboralmente, perseguidas y acosadas por la Policía y sufriendo abusos y agresiones de cualquiera que se lo proponga.

 

El proceso de estigmatización que sufren las trabajadoras sexuales hace que por el hecho de ejercer la prostitución se las considere una categoría particular de personas: “traumatizadas”, “trastornadas”, “víctimas extremas de las circunstancias” y lo que es peor sin capacidad de decisión sobre sus propias vidas.

 

El aumento de la presencia de migrantes trabajadoras sexuales ha sido la excusa perfecta para el desarrollo de políticas represivas en materia de prostitución y su aceptación por parte de las instituciones políticas. El hecho de que generalmente lleguen de manera irregular, sin papeles, así como el que se dediquen al ejercicio de la prostitución en un país donde no está reconocida como “actividad económica” favorece todo tipo de abusos sobre las inmigrantes que cuentan con menores recursos económicos. Esta situación ha servido de pretexto para definir la prostitución como violencia de género, no teniendo en cuenta las condiciones que favorecen que algunas prostitutas sufran diferentes formas de violencia sino considerando que es la prostitución en sí y, por lo tanto, los hombres con su demanda lo que hace que estos abusos sean posibles.

 

Discriminación es también la invisibilidad que soportan las prostitutas autoafirmadas y organizadas desde hace décadas a nivel mundial. Este sector de mujeres autoafirmadas, profesionalizadas y que se reivindican a sí mismas con orgullo, es el que se quiere ocultar cuando se habla de la prostitución desde una óptica victimista y sobreprotectora, asimilándola toda a violencia de género, al indefinido concepto de “esclavitud sexual” o a la trata. Palabras con fuertes resonancias emocionales pero que sirven de poco para entender las diferentes situaciones que se dan en el ejercicio de la prostitución. Sirven para hacer demagogia pero no para empoderar a las trabajadoras del sexo, a las que se niega su capacidad de decisión, su libertad y su autonomía para hacer con su cuerpo lo que quieran.

 

Para Hetaira lo importante sigue siendo estar cerca de quienes ejercen por decisión propia y entender y apoyar sus estrategias de supervivencia.

 

Hay partidos políticos que abogan por la erradicación de la prostitución. Pero ¿en qué se han concretado sus políticas públicas allá donde han gobernado (en ayuntamientos y comunidades autónomas)?

 

. En sus programas jamás vemos un plan de acción que contemple medidas sociales que puedan beneficiar a las prostitutas que voluntariamente desearan abandonar la prostitución, por los motivos que sea, muchas veces por no soportar el estigma social. Tan sólo se han puesto en marcha, en ocasiones, tímidos talleres y cursos a los que han podido acceder una cantidad ridícula de mujeres y que no les ha permitido abandonar la prostitución. Cursos de formación limitados, en muchas ocasiones, a trabajos precarizados y con una contraprestación económica insuficiente, que impide que dejen la calle.

 

. poniendo en marcha normativas cívicas ciudadanas (que multan a clientes, lo que significa castigar a las mujeres dejándoles sin fuente de ingresos); o normativas que multan a ambos o aplicando la ley mordaza;

 

. gastando cantidades ingentes de dinero público en campañas que “criminalizan a los clientes” y, por ende, a quienes ejercen;

 

 

. escribiendo guías con recomendaciones dirigidas a los medios de comunicación que hasta niegan a las mujeres la posibilidad de autodefinirse como trabajadoras del sexo.

 

. a hacer ruido ante el Consejo de Estado sobre la prohibición de publicidad de los anuncios de prostitución en los medios de comunicación. Intento baldío en el siglo XXI y con Internet al alcance de toda la población.

 

Poca cosa, poco serio, ¿no les parece? Y lo peor, ninguna de estas políticas públicas han tenido nunca en cuenta a sus protagonistas, las trabajadoras del sexo.

 

Cualquier plan contra la violencia hacia las mujeres, pero que suponga más “violencia institucional” contra algunas de ellas, en este caso las prostitutas, será un fracaso, un fracaso del Parlamento y un fracaso del feminismo y jamás contará con nuestro apoyo.

 

Si afirmamos tan contundentemente que la prostitución es violencia de género ¿qué deberíamos exigir para las “supuestas víctimas”, las prostitutas? ¿resarcirles económicamente por el sufrimiento causado?

 

Comparar trata (donde la voluntad de la víctima es nula) con prostitución por decisión propia es un ejercicio de cinismo. Comparar el sufrimiento de la trata frente a la decisión de quienes deciden ejercer la prostitución es pura demagogia.

 

La prostitución no es violencia de género, sin embargo, las prostitutas, en ocasiones (y además de sufrir violencia institucional) sufren y pueden sufrir agresiones por el hecho de ser mujeres. Y en este caso sí reclamamos medidas de protección para ellas.

 

Sólo por recordar, hace años nos vimos obligadas a denunciar que los servicios de atención a las víctimas de violencia de género dependientes del Ayuntamiento de Madrid no estaban atendiendo a mujeres que ejercían la prostitución y que querían denunciar a su compañero afectivo o sentimental, porque se consideraba que se trataba de su “proxeneta”. El estigma de nuevo en marcha. El estigma que considera que una puta no puede tener vida privada, ni una familia ni mucho menos un compañero afectivo.

 

Las políticas públicas nunca contemplaron una sola campaña de sensibilización de no estigmatización a las prostitutas. Exigimos acabar con la estigmatización que pesa sobre ellas (no son delincuentes, no son basura, no se “venden” a nadie), porque esta estigmatización llevará a que más de un indeseable -apoyándose en las propias políticas públicas discriminatorias- decida agredir a alguna de ellas o incluso asesinarla.

 

En la medida en que entendemos la prostitución como trabajo, con características especiales (el estigma entre otros), nuestras recomendaciones al Gobierno pasan por:

 

. normalización del trabajo sexual y derechos laborales y sociales para las prostitutas (de este modo, no ocurriría lo que ocurre a día de hoy día, que los empresarios de clubes de alterne imponen prácticas sexuales y/o clientes, entre otras cosas).

 

. que las migrantes puedan conseguir sus permisos de trabajo y residencia por ser trabajadoras del sexo.

 

. regular las relaciones laborales cuando median terceros. Para ello es fundamental que se derogue la última modificación que se hizo del artículo 188 bis del Código Penal que considera delito “lucrarse explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma”. Este añadido, (“aún con el consentimiento de la misma”) impide los tratos comerciales de las prostitutas en mejores condiciones y enmascara las relaciones que se están dando dentro de los clubes. ¿Por qué no evitar la explotación laboral que sabemos suceden en los clubes? ¿por qué no evitar maratonianas jornadas de trabajo? ¿por qué no normalizar la prostitución como trabajo para garantizar salarios dignos? ¿por qué no prevenir los riesgos laborales? ¿por qué no la existencia de convenios colectivos que regulen la situación?

 

. además de que la ley tenga en cuenta los aspectos básicos como licencias, localización de locales, etc… debería tener también en cuenta los horarios especiales los descansos semanales, separar el lugar del trabajo del lugar donde se vive (algo impensable en cualquier otro tipo de trabajo).

 

. priorizar los locales autogestionados y cooperativas de trabajadoras sexuales.

 

. no conceder licencias a truts o personas individuales que cuenten con antecedentes penales, especialmente por violencia de género o por trata.

 

. la negociación de espacios públicos, a través de políticas persuasivas y no criminalizadoras, de manera que quienes captan a su clientela en la calle puedan trabajar minimizando todo tipo de riesgos (también la de las posibles agresiones de algunos clientes).

 

. respeto al trabajo sexual. Celebración del 2 de Junio, Día Internacional de las Prostitutas.

 

. dípticos y reparto de materiales en lugares de ejercicio de prostitución contra las agresiones machistas, que las prostitutas sepan que tienen a los Ayuntamientos, a las Comunidades Autónomas y a los Gobiernos de su parte (y no en su contra).

 

. retirada inmediata de la ley mordaza, es imposible depositar tu confianza en quien te persigue y te multa día sí, día también.

 

. celebración del 17D, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Trabajadoras del Sexo.

 

. que se contabilicen las agresiones a las y los profesionales del sexo.

 

. es importante que se avance en el respeto al trabajo sexual y dejar de gastar dinero en discursos estériles. Nuestros adolescentes no necesitan que se les diga que no han de ser “consumidores de prostitución”, lo que necesitan es aprender que el RESPETO es el único camino posible para relacionarse en un encuentro sexual, sea pagado o no y siempre que exista previo consentimiento.

 

En 2016, desde Hetaira contabilizamos, a través de los medios de comunicación, al menos cinco asesinatos de trabajadoras del sexo cometidos en nuestro país. Tres de las víctimas eran mujeres trans. Ninguno de estos delitos puede quedar impune. Ningún asesinato puede ser justificado, tampoco el de las prostitutas. Sus muertes merecen ser igualmente lloradas y reclamadas por los movimientos de mujeres.

 

Muchas gracias por su atención.

 

El Gobierno de Suecia indemnizará a personas transexuales que fueron esterilizadas a la fuerza

Ángel Ramos

27 Abril 2016

 

  • Hasta 2013, la ley sueca establecía que las personas que querían cambiar su sexo legal tenían que “carecer de la capacidad para procrear”.

  • Cientos de personas trans se vieron obligadas a someterse a cirugía de esterilización a causa de esta ley.

 

 

http://www.cascaraamarga.es/politica-lgtb/lgtb-internacional/13148-el-gobierno-de-suecia-indemnizara-a-personas-transexuales-que-fueron-esterilizadas-a-la-fuerza.html

 

 

El ministro de Salud Pública del país escandinavo, Gabriel Wikström, ha confirmado que el Gobierno sueco pagará una indemnización a las personas trans que fueron víctimas de la esterilización forzada.

Más de 160 víctimas de esta ley, que fue revocada en 2013, presentaron una demanda contra el gobierno por esta práctica y, después de una larga batalla política que ha durado años, el gobierno de Suecia ha confirmado que resolverá el caso pagando una indemnización.

En un comunicado, el ministro de Salud Pública confirmó que el Gobierno desarrollará la legislación con el fin de permitir la compensación a pagar: “Hasta 2013, era un requisito para someterse a la esterilización de cambio de sexo. Era una expresión de una visión del mundo que hoy pensamos que está mal y a la que renunciamos. El gobierno, por tanto, va a introducir un proyecto de ley, lo que significa que los afectados por la ley anterior podrán solicitar una compensación por parte del Estado”, declaró Wikström. “El objetivo es que la ley entre en vigor en julio de 2018”, aclaró.

Kerstin Burman, de la Federación Sueca por los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y Queer, dijo que las “reparaciones monetarias no pueden compensar completamente las violaciones de esterilización forzada, pero una reparación financiera iniciada por el gobierno es un reconocimiento oficial de que estas acciones eran malas y que el Estado no debería haber tratado a sus ciudadanos de esta manera”. “Que el gobierno haya optado por tomar la responsabilidad política de las esterilizaciones forzadas es muy positivo. Ahora estamos esperando que el nivel de la compensación sea adecuado y justo”, matizó.

Según Burman, la estimación de esta compensación estaría alrededor de las 300.000 coronas suecas (alrededor de 32.000 €) por persona. “Si el gobierno propone una cantidad significativamente menor, a continuación volveremos a los tribunales”, precisó.

 

En Suecia, la esterilización forzada todavía existe (2012)

 

 

Kelly Bourdet

24 de enero de 2012

 

https://www.vice.com/es_mx/article/esterilizacion-forzada-suecia-transexual

 

Suecia tiene las políticas anti-transgénero más agresivas de cualquier país desarrollado.

 

Desde 1972, individuos que querían cambiar su sexo de manera legal en Suecia, tenían que esterilizarse para así no poder tener hijos. Sí, leíste bien. Suecia, la tierra prometida de Igmar Bergman y de un gobierno “todo subsidiado”, tiene las políticas anti-transgénero más agresivas de cualquier país desarrollado.

El gobierno sueco siempre ha sido un fiero protector de su cultura y su población genéticamente “sueca”. De los 1940s a los 1970s, hubo un programa de esterilización dirigido sobre todo a los inmigrantes y a otros “indeseables” genéticos. La legislación eugenética que justificaba las políticas de esterilización fue formalmente abolida en 1976, pero sólo después de que casi 31 mil personas fueron intervenidas. Como sea, una ley aprobada en 1972 -que exige esterilizarse primero a todas las personas que quieran cambiar su sexo legalmente- sigue en la constitución. Además, esta legislación estipula que cualquier persona transgénero debe probar que no tiene gametos (espermas u óvulos) guardados en alguna parte, ni haber donado esperma a bancos para su uso futuro. Así es como el gobierno sueco roba a los transgénero su derecho a producir células reproductivas.

“Forzar a una persona a operarse por algo que no es necesario, en función de tener géneros legalmente reconocidos; es una violación a los derechos humanos”, dijo la actriz sueca Aleksa Lundberg, quien fue esterilizada a los 17 años, cuando cambió de sexo. Ella, quien aparece en la fotografía de arriba, presenta el espectáculo de comedia Infestus, sobre sus experiencias como joven, su cambo de sexo, su adolescencia tardía como morra y una vida como mujer adulta. Su show ha sido aclamado en todo Suecia.

Las leyes de esterilización forzada normalmente tienen tres categorías: Eugenética, terapéutica (basada en la premisa de que la esterilización debe, de alguna manera, mejorar la “vitalidad” de la persona) y la punitiva (esterilización de criminales). Existe la posibilidad de que la transexualidad sea determinada parcialmente por genética, pero no hay datos suficientes para sostener esa teoría. Mientras, las políticas suecas no parecen estar muy interesadas en detener la persecución a los transgénero, como por garantizar que los roles de género permanecerán tan tradicionales como sea posible.

Mientras el apoyo a los derechos reproductivos de los transgénero han empezado a crecer entre el gobierno de coalición, en Suecia; los Demócratas Cristianos (un pequeño pero conservador partido político) son los responsables de que siga la ley en pie. Técnicamente mantienen el control ministerial del Departamento de Bienestar Social que entra en esta legislación. Annika Eclund, portavoz de los Demócratas Cristianos se refiere a esta ley como algo dirigido a los niños: “Hay límites sobre qué tanto debemos experimentar respecto a cómo se crea la vida”, dijo. “Cada día conozco personas que buscan su identidad y su pasado, y se preguntan de dónde vienen”, agregó. “Los hombres no paren hijos. Un papá no puede ser mamá al mismo tiempo. ¿Sólo porque puedes hacerlo significa que debes hacerlo?”

Parece insólito que la minoría religiosa de Suecia sea la que esté decidiendo lo que todo el mundo “debe” hacer con sus órganos reproductivos. La Federación Sueca de Derechos Lésbicos, Gay, Bisexuales y Transgénero pidió hace poco al Departamento de Salud y Bienestar que, en el futuro, no les sean negados implantes mamarios a las personas transgénero. Los defensores de los transgénero mantienen la esperanza de presentar, directamente ante el Parlamento, una moción para echar atrás la ley y poder eludir la influencia de los Demócratas Cristianos. Puedes firmar la petición al primer ministro sueco, Fredrik Reinfeldt, para apoyar la revocación de esta ley, aquí.

 

La política de esterilizaciones de Suecia afectó a 230.000 personas y se prolongó hasta 1996

  • La esterilización se imponía sobre todo a las mujeres como condición para salir del hospital tras un aborto o un internamiento psiquiátrico
  • Madres solas con hijos, depresivas, alcohólicas, marginales o tratadas de cáncer, las mujeres, que suponen el 99% de las personas esterilizadas en los últimos años, fueron las principales víctimas de la medida

AFP

Estocolmo 29 MAR 2000

 

http://elpais.com/diario/2000/03/29/internacional/954280813_850215.html

 

Suecia esterilizó a 230.000 personas entre 1935 y 1996 “en el marco de un programa basado en teorías eugénicas” y por razones de “higiene social y racial”, según un informe remitido ayer al Gobierno tras cuatro años de investigación. El presidente de la comisión relatora, el profesor Carl-Gustaf Andrèn, ha enviado sus conclusiones al ministro de Asuntos Sociales del reino, Lars Engqvist. La revelación de esa campaña de esterilizaciones se produjo en el verano de 1997, pero hasta ahora no se había conocido su verdadero alcance ni que se hubiera prolongado hasta 1996.

“Las leyes de 1934 y 1941 fueron votadas gracias a un consenso general entre el conjunto de los partidos políticos”, revela la comisión investigadora.”La pasividad y el silencio del Parlamento y del Gobierno sobre las críticas lanzadas desde 1947 sobre esta política permitieron sin duda que [miles de] personas fueran esterilizadas a petición propia o sin su consentimiento durante los años sesenta o setenta”, precisa la comisión, que ya anunció, en enero de 1999, la indemnización de las víctimas de esterilizaciones forzadas (1935-75) con 175.000 coronas (unos 3,5 millones de pesetas) por persona.

Cerca de 63.000 esterilizaciones se practicaron entre 1935 y 1975 en el marco de las leyes eugénicas de aquella fecha, adoptadas por unanimidad en el Riksdag (Parlamento unicameral) y que se orientaban a preservar una pretendida “pureza de la raza nórdica”.

A continuación, cerca de 166.000 personas fueron esterilizadas entre mediados de los años setenta y 1996, sobre las bases de una ley de 1976 que hizo obligatorio el consentimiento de los interesados.

El informe subraya que la mitad de las personas esterilizadas lo fueron con su acuerdo y una mayoría de ellas incluso tomaron la iniciativa de la operación (31.000 personas).

En sentido contrario, la comisión investigadora ha fijado en 6.000 (9% de las operaciones) el número de esterilizaciones forzadas y en 15.000 (24%) las realizadas con el consentimiento de los interesados pero en condiciones consideradas “coercitivas”. La esterilización se imponía sobre todo a las mujeres como condición para salir del hospital tras un aborto o un internamiento psiquiátrico.

Finalmente, un 10% de las operaciones fueron consentidas tras diversas presiones, en tanto que el 75 de los casos restantes (4.000) no se encuentran clasificados en ninguna de las categorías anteriormente citadas.

Los años cincuenta constituyeron una ruptura, en opinión de la comisión. Así, se pasó “de una mayoría de esterilizaciones forzadas a una mayoría de esterilizaciones consentidas, de la aplicación de teorías eugenistas y de preservación de la raza a un programa de planificación familiar y de cohesión social, del interés colectivo al interés individual”, precisa el informe.

Madres solas con hijos, depresivas, alcohólicas, marginales o tratadas de cáncer, las mujeres, que suponen el 99% de las personas esterilizadas en los últimos años, fueron las principales víctimas de la medida.

Sin embargo, el Instituto de Biología racial de la universidad de Uppsala, eje del programa, preconizaba desde los años treinta la esterilización de los gitanos y de “las personas de raza mixta”.

Las minorías étnicas (lapones y gitanos), víctimas de una marginación social sistemática no escaparon a las esterilizaciones. Entre 600 y 700 gitanos fueron esterilizados, 22 de ellos por motivos raciales.

“El papel de la comisión no era definir una posición moral respecto a las esterilizaciones”, concluye el informe. “Se trataba, gracias a las entrevistas y los análisis de los investigadores, de colocar las leyes sobre las esterilizaciones y sus incidencias en una perspectiva histórica”.

Las primeras noticias sobre las esterilizaciones forzadas convulsionaron a la sociedad sueca en el verano de 1997. Fue el periodista Maciej Zaremba quien probó la esterilización de 60.000 mujeres siguiendo directrices más próximas a los nazis que a las sociedades democráticas.

“Lo que ha sucedido no es otra cosa que un acto de barbarie”, declaró la entonces ministra sueca de Asuntos Sociales, Margot Wallström, quien se comprometió a presentar al Gobierno las demandas de indemnización que se podían prever ante el anuncio. Un año más tarde, sin embargo, sólo 140 personas habían reclamado una compensación por las operaciones sufridas bajo presión.

Esterilizaciones parecidas tuvieron lugar también en Francia, Canadá, EEUU, Suiza, Austria, Finlandia y Dinamarca.

 

Sobre la “Visión Guía” de la Marcha de Mujeres y la inclusión en la misma de las trabajadoras sexuales

 

Por Janet Mock

 

17 de enero de 2017

 

http://janetmock.tumblr.com/post/156017232338/womens-march-sex-worker-inclusion

 

 
12002879_10153679845561522_1277412846731015915_nMe siento orgullosa del trabajo que he realizado como parte de la mesa de políticas de la Marcha de Mujeres (un grupo de mujeres y gente comprometida en el trabajo crucial de la justicia feminista, racial y social a través de varias intersecciones en nuestro país). Ayudé a redactar la visión y escribí la línea “… y nos solidarizamos con los movimientos de derechos de las trabajadoras sexuales”. No es una declaración que me sea polémica porque como una mujer trans de color que creció en comunidades de bajos ingresos y que defiende, resiste, sueña y escribe junto a estas comunidades, sé que las economías subterráneas son partes esenciales de la realidad vivida de la mujer y la gente. Sé que el trabajo sexual es trabajo. No es algo sobre lo que tenga que andar de puntillas. No es una declaración radical. Es un hecho. Mi trabajo y mi feminismo rechazan la política de la respetabilidad, la putofobia, la vergüenza de puta y la idea errónea de que las trabajadoras sexuales o las personas que participan en los intercambios sexuales por elección o circunstancia necesitan ser salvadas, que están en colusión con el patriarcado “vendiendo sus cuerpos”. Rechazo el borrado continuo de las trabajadoras sexuales de nuestros feminismos porque seguimos combinando el trabajo sexual con la brutal realidad de la coacción y la trata. Rechazo la vigilancia dentro y fuera de los movimientos de mujeres que avergüenza, convierte en chivos expiatorios, rechaza, borra y elude a las trabajadoras sexuales. No puedo hablar de los conflictos internos en la Marcha de Mujeres que han llevado a borrar la línea que escribí para nuestra visión colectiva, pero me han asegurado que la línea permanecerá en NUESTRO documento. Los conflictos que pudieron haber llevado a su edición temporal no desaparecerán hasta que, como feministas, respetemos los derechos de cada mujer y persona a hacer lo que quieran con su cuerpo y sus vidas. No seremos libres hasta que las más marginadas, más policiadas, más ridiculizadas, rechazadas y juzgadas dejen de estarlo. No hay personas desechables, y espero que todas las trabajadoras sexuales que se hayan sentido avergonzadas por este borrado momentáneo se manifiesten en su marcha local y mantengan al colectivo responsable ante nuestras vastas, diversas y complicadas realidades.

 

 

Campaña “¿Nosotras no somos mujeres?” #AreWeNotWomen

#AreWeNotWomen

 

9 de diciembre de 2016

Autor:

NSWP

 

http://www.nswp.org/news/arewenotwomen-campaign

 

¡Los derechos de las trabajadoras sexuales son derechos humanos Y los derechos de las trabajadoras sexuales son derechos de mujeres! La campaña #AreWeNotWomen pretende poner de manifiesto cómo las trabajadoras sexuales están siendo excluídas y silenciadas por algunas integrantes del movimiento de mujeres en el desarrollo de la nueva política hacia el trabajo sexual de ONU Mujeres (1)

No será posible para ONU Mujeres desarrollar una postura creíble hacia el trabajo sexual basada en los derechos humanos si no reconoce y respeta las distintas realidades y experiencias vividas de todas las trabajadoras sexuales. #AreWeNotWomen

#AreWeNotWomen pone de manifiesto cómo las trabajadoras sexuales no son consideradas “mujeres” por algunas integrantes del movimiento de mujeres y de ONU Mujeres.

ONU Mujeres se arriesga a ignorar siglos de experiencia por parte de nuestras comunidades de violaciones de derechos humanos y desigualdad de género consecuencia de la penalización de trabajadoras sexuales, clientes y terceros, y de estigma y discriminación en el seno de nuestras sociedades. #AreWeNotWomen

#AreWeNotWomen pone de manifiesto cómo algunas partes del movimiento feminista, y potencialmente ONU Mujeres, se preparan a socavar los derechos humanos de algunas mujeres, dejando atrás a las trabajadoras sexuales, incluídas las mujeres transexuales.

Al mismo tiempo, las Naciones Unidas están urgiendo a los Estados nacionales a no dejar a nadie detrás: #LeaveNoOneBehind.

Por favor, dedicad un momento a hacer saber a ONU Mujeres que apoyáis los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y la igualdad de género para todas. Usad, por favor, el hashtag #AreWeNotWomen en Twitter y el tag @UN_Women en vuestros tweets y mensajes de Facebook. @UN_Women #LeaveNoOneBehind!

 

__________________

1.- http://forumonwomenblog.cartercenter.org/wp-content/uploads/2016/10/ES-Consulta-para-recabar-apreciaciones-sobre-el-enfoque-de-ONU-Mujeres-respecto-del-trabajo-sexual-el-comercio-sexual-y-la-prostitucion.pdf

 

https://elestantedelaciti.wordpress.com/2016/10/01/llamamiento-para-que-onu-mujeres-consulte-de-forma-significativa-a-las-trabajadoras-sexuales-cuando-desarrolle-normas-relativas-al-trabajo-sexual/

Señoras y señores periodistas, llámenme puta

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Colectivo Hetaira·Martes, 27 de septiembre de 2016

COMUNICADO DE PRENSA/ COLECTIVO HETAIRA Y AFEMTRAS

El pasado viernes día 23 de septiembre el Ayuntamiento de Madrid presentaba una guía de recursos para periodistas bajo el título El abordaje de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Desde el Colectivo Hetaira y la Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo (AFEMTRAS) deseamos manifestar nuestro desacuerdo con los contenidos de dicha guía, pero sobre todo nuestro malestar por la presentación que de la misma hizo la alcaldesa Manuela Carmena. Las opiniones de la alcaldesa no representan las diferentes sensibilidades dentro del propio grupo municipal de Ahora Madrid, barrena su propio programa electoral (1) y cede ante las ideas abolicionistas y prejuicios que el PSOE enarboló durante su campaña electoral.

 

Lo practicaba el anterior Gobierno local del Partido Popular y ahora lo practica el actual: ignorar a las trabajadoras del sexo organizadas que están reclamando el acceso a derechos laborales y sociales en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía.

 

Desde AFEMTRAS y el Colectivo Hetaira vemos con normalidad que se elaboren guías ofreciendo pautas a periodistas y medios de comunicación sobre cómo nombrar y acercar realidades (pensemos, por ejemplo, en la comunidad LGTBIQ o la de personas con diversidad funcional, etc.). Recomendaciones para evitar que colectivos que ya se encuentran en situaciones de clara desigualdad, por lo general de discriminación social, sean “nombrados” de la forma más correcta posible. Es determinante, por tanto, saber cómo estos colectivos se autonombran y no privarles de capacidad de decisión como si necesitaran tutela.

 

Es responsabilidad del periodismo mostrar la realidad en toda su diversidad, por tanto, también debe reflejar la de las trabajadoras del sexo que así quieren ser llamadas. La guía tampoco cuestiona la violencia que supone que las instituciones, en este caso, el Ayuntamiento de Madrid, invisibilice e ignore sistemáticamente a un colectivo de mujeres que está reclamando ser escuchado.

 

La estrategia para ignorar a este colectivo de mujeres se basa en no reflejar la diversidad de situaciones que se dan en el mundo de la prostitución. Se confunde intencionadamente prostitución y trata como si fueran la misma cosa, como si se vulneraran los mismos derechos, como si las condiciones en ambas situaciones fueran las mismas. Y no, no es igual a pesar de que se intente equiparar una y otra vez.

 

No lo decimos solo nosotras sino el Grupo de Expertos en Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) del Consejo de Europa, toda una autoridad en la materia. En su informe de 2013 sobre España dice: “GRETA subraya la necesidad de diferenciar entre Trata de seres Humanos con fines de explotación sexual por un lado, y prostitución por otro. GRETA deja constancia de que poner multas a prostitutas y/o sus clientes no corresponde específicamente a la obligación del artículo 19 del Convenio que prevé criminalizar el uso de servicios ofrecidos por una persona de la que se sabe que es víctima de trata, ya que la situación de las prostitutas no equivale automáticamente a trata.”

 

Es terrible escuchar al presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid hablando de “lenguaje discriminatorio”, en la presentación de la guía. Discriminatorio es que un sector del Ayuntamiento de Madrid no quiera escuchar a las trabajadoras del sexo. “Eufemismo” es no permitir que las mujeres, en este caso “putas”, se autodenominen como deseen. Es decir, las trabajadoras del sexo somos esto, “trabajadoras del sexo”, “prostitutas”, “putas”, “meretrices”. Así es como nos nombramos y autonombramos las mujeres que estamos organizadas y exigiendo derechos laborales y sociales desde hace años. Todas estas palabras para enfrentarnos al estigma que pesa sobre nosotras. Consideramos que personas ajenas a nuestra actividad no deberían colgarnos ningún otro cartel, como por ejemplo, “mujeres en situación de prostitución”.

 

Es decir, que las fontaneras son fontaneras “y no mujeres en situación de fontanería”. Porque nuestro oficio es un trabajo, aunque a algunas personas no les guste. Ni necesitamos que nadie nos denomine “víctimas de trata” cuando no sea cierto. Les recordamos que muchos movimientos sociales han pasado por reapropiarse de palabras supuestamente “despectivas” para dotarlas de un nuevo contenido (“bolleras” o “tortilleras” para autonombrarse como lesbianas, por ejemplo).

 

Para hacer políticas públicas responsables, abiertas a la diversidad y respetuosas con los Derechos Humanos hay que tener en cuenta todas las situaciones que se dan: es necesario proteger los derechos de las víctimas de trata, ofrecer oportunidades reales a quienes quieren abandonar el ejercicio de la prostitución y escuchar las reivindicaciones de las mujeres que quieren seguir ejerciendo en mejores condiciones.

 

Nos decepciona enormemente que un Gobierno local que presumía de respetar la diversidad y de querer gobernar para las poblaciones más vulnerables, nos ofrezca más de lo mismo, de lo que ya conocemos y no nos beneficia. Un Gobierno que ha dado continuidad al Plan contra la Explotación Sexual y la Atención a la Prostitución de Ana Botella, sin ningún cuestionamiento crítico. Sin embargo, cuando hablamos de prostitución, las ideas siempre se repiten, son las mismas: o nos victimizan o nos criminalizan. No existe la innovación ni el espíritu crítico. Desde el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo hablan de una realidad que conocen de oídas y a la que, de momento, no han querido acercarse, al menos no a través de nuestros ojos. Lo mismo que ya hizo Ana Botella y anteriormente Ruiz Gallardón.

Es necesario que el Ayuntamiento de Madrid abra la participación a la planificación y desarrollo de políticas públicas municipales que no vulneren los derechos humanos de las trabajadoras del sexo. Estamos aquí, existimos.

 

Exigimos al Ayuntamiento de Madrid que en caso de reeditar nuevamente la guía no cite al Colectivo Hetaira como corriente “Pro reguladora” (págs. 28, 37, 67). Jamás nos hemos definido de este modo y se nos confunde deliberadamente como “defensoras de la regulación de la prostitución”. Un modelo en el que no solo no nos enmarcamos, sino que somos totalmente opuestas a él. Siempre nos hemos definido, y así seguiremos haciéndolo, como corriente “pro derechos”, es decir, que lo que perseguimos es el reconocimiento de derechos laborales en el trabajo sexual teniendo en cuenta a las protagonistas y la normalización de este.

 

Igualmente no deja de parecernos chocante que en el apartado “La representación de las protestas de las prostitutas en los medios de comunicación” (pág. 72) se escriba lo siguiente: Falta de diálogo y pluralidad entre posiciones en una misma información: se recoge la voz de Hetaira pero no la de las posiciones contrarias a la regularización”. Es de recibo que se recoja la voz de Hetaira y de las trabajadoras del sexo y putas que se manifiestan públicamente, son quienes convocan, son quienes protestan contra los ayuntamientos y los Estados que las multan por dedicarse al ejercicio de la prostitución. Cuando los movimientos feministas salen a la calle exigiendo el derecho al aborto no parece que tenga ningún interés que se reclame la voz de la Iglesia para que opinen, a la par, sobre dicha manifestación pública. Es sólo un ejemplo.

Todos los grupos y colectivos marginados rompen su marginalidad cuando se atreven a ser protagonistas de sus propias historias, cuando consiguen “dar la cara” y hacer valer sus derechos. En la última página de la guía se desvirtúa y estigmatiza a las protagonistas, porque las putas vinculadas a Hetaira, las putas de AFEMTRAS no son como la guía las define (mujeres españolas, de clase media, blancas…) son mujeres que trabajan en la calle, por lo general inmigrantes, algunas de ellas trans (otra realidad que no se visibiliza en ningún lugar de la guía). Nuestra apuesta siempre fue trabajar con quienes lo tienen más difícil y sí, buscar el apoyo y la solidaridad de otras que lo tienen más fácil (en este caso, sí, españolas, clase media, blancas…) que, no sin dificultades, también se atreven a plantarle cara a esta sociedad que continúa estigmatizándolas y que entienden que el feminismo es “solidaridad entre mujeres”, por ello están ahí, defendiendo a las compañeras que lo tienen más difícil.

 

Esperamos que el equipo municipal reflexione sobre la conveniencia o no de continuar gastando el dinero de la ciudadanía en guías que, entendemos, van a servir de poco a los profesionales del periodismo y de “muy poco” a las prostitutas.

 

<NOTAS> (1) “Desarrollar políticas a favor de los derechos de las prostitutas en colaboración con ellas, de forma que se garantice su integridad física, sus derechos ciudadanos, sus derechos de imagen, sus condiciones laborales y los recursos sociales necesarios para el abandono del ejercicio de la prostitución si así lo deciden”. [Programa electoral de Ahora Madrid, p.35]

 

 

Colectivo Hetaira

 

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Vancouver inaugura un monumento conmemorativo en reconocimiento a las trabajadoras sexuales y la “era dorada de la prostitución”

 

Brian Hutchinson | 16 de septiembre de 2016

http://news.nationalpost.com/news/canada/brian-hutchinson-vancouver-memorial-recognizes-sex-trade-workers-and-golden-age-of-prostitution

 

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VANCOUVER — Un monumento conmemorativo dedicado a las trabajoras sexuales y su “era dorada de la prostitución” hace brillar ahora una luz roja en la populosa barriada del West End en Vancouver (Canadá), donde hasta 200 prostitutas —mujeres, hombres y mujeres transexuales— ejercieron una vez su oficio antes de ser expulsadas por los vigilantes locales y los legisladores.

El viernes por la mañana tuvo lugar una ceremonia de inauguración, delante de una iglesia anglicana donde está colocado este exclusivo monumento conmemorativo —un poste de farola negro con una inscripción y rematado por una cúpula con una luz roja. Explicando por qué su iglesia luchó porque se hiciera el monumento, la Reverenda Jessica Schaap dijo ante una gran multitud de simpatizantes y curiosos que “Jesús fue un buen amigo de las trabajadoras sexuales”.

 Un monumento dedicado a las trabajadoras sexuales del West End es descubierto en Vancouver el viernes. Ben Nelms para el National Post


Un monumento dedicado a las trabajadoras sexuales del West End es descubierto en Vancouver el viernes. Ben Nelms para el National Post

Pensada para ser la primera de su clase en Canadá, la instalación busca recordar a la gente que las prostitutas tienen derechos legales y constitucionales, incluso aunque las leyes federales prohiban en la actualidad a los clientes la compra de sus servicios.

Tales derechos fueron ignorados en los primeros y mediados años ochenta, cuando residentes locales, políticos y jueces juntaron fuerzas para expulsar a las personas que estaban vendiendo sus servicios en el West End, un distrito de negocios y residencial de alta densidad de población situado en el límite del centro de la ciudad de Vancouver

La expulsión fue un error que llevó a violencia, desapariciones y asesinatos, dicen algunas prostitutas veteranas. Rechazadas a las afueras, a lugares como el Downtown Eastside, las trabajadoras sexuales se volvieron más vulnerables a los predadores, incluído el asesino en serie Robert Pickton, que atrajo a docenas de mujeres a su granja de cerdos de Port Coquitlam antes de ser detenido en 2002.

Un monumento conmemorativo dedicado a las trabajadoras sexuales del West End en Vancouver.  Ben Nelms para el National Post

Un monumento conmemorativo dedicado a las trabajadoras sexuales del West End en Vancouver. Ben Nelms para el National Post

Un concejal de Vancouver rompió en lágrimas mientras leía una declaración el viernes, señalando el papel de la ciudad en la expulsión de las prostitutas del West End. En 1982, el Ayuntamiento aprobó una ordenanza de “actividades callejeras” que imponía multas de $350 a $2.000 a las personas implicadas en el comercio sexual de la zona; se recaudaron $28.000 en apenas seis meses.

En 1983, después de que el Tribunal Supremo de Canadá anulara una ordenanza similar que había sido promulgada en Calgary, se rescindió la ordenanza de Vancouver. Pero un juez del Tribunal Supremo de la Columbia Británica ordenó que todas las prostitutas fueran expulsadas del West End un año más tarde.

“Lo que ha ocurrido en el West End es una tragedia urbana que nunca debería haber ocurrido”, escribió el Presidente del Tribunal Supremo Allan McEachern, en su sentencia de 1984. “Lo que ocurrió fue que un pequeño pero persistente y probablemente cambiante grupo de hombres y mujeres jóvenes se apoderaron de las calles y las aceras de parte del West End”.

Fue una época de “incesantes palizas a prostitutas”, escribió el profesor de sociología de la UBC Becki Ross en un artículo académico de 2010. Un grupo de “ciudadanos descontentos… lanzó una ofensiva contra la ‘desviación sexual’, con los más activos lanzando huevos, tomates y botellas de cerveza en las reuniones de la comunidad y durante los altercados públicos”.

Los relatos de la prensa local reflejaron, quizás echando más leña al fuego, las divisiones. “Se teme una invasión de putas”, declaraba un titular del Vancouver Sun, en 1983. “Putas: ¿ladronas holgazanas o víctimas?”, rezaba otro.

No era necesario que ocurriera esto, dijo la trabajadora sexual transexual y activista Jamie Lee Hamilton. Lejos de ser un lugar escabroso donde todo estuviera permitido, recuerda el West End de principios de 1980 como “una cultura dignificada de burdel al aire libre. En aquellos días, los puteros eran muy respetuosos. Incluso dejaban propina por un buen servicio… Fue una era dorada de la prostitución”.

Hamilton dijo que la iglesia anglicana local fue una de las pocas organizaciones que mostraron alguna amabilidad con las trabajadoras sexuales. “Nunca nos echaron a patadas”, dijo Hamilton, “y nosotras tratábamos de ser respetuosas. Nunca andábamos por los alrededores de la iglesia los domingos”.

Hamilton y Ross comenzaron a trabajar el el proyecto de monumento conmemorativo en 2008. El Ayuntamiento de Vancouver accedió finalmente a prestar apoyo. Discusiones acerca de la conveniencia de presentar una “disculpa” cívica tuvieron lugar con la administración municipal hasta época tan reciente como mayo pasado.

No se presentaron disculpas el viernes. En su lugar, Vancouver “ha decidido presentar a la comunidad un reconocimiento formal de que sus acciones desplazaron a las trabajadoras sexuales y crearon condiciones de vulnerabilidad, estigma y daño”, dijo un portavoz del Ayuntamiento al National Post en un email.

Y ¿los $28.000 que el Ayuntamiento recaudó de las trabajadoras sexuales en 1982? Este dinero ha sido devuelto a la comunidad en forma de un pago usado para diseñar, construir e instalar el nuevo monumento conmemorativo.

 

Congreso Internacional de Sida: Los miedos de una prostituta

 

Como en muchos países, en Sudáfrica los trabajadores sexuales son delincuentes, algo que les hace todavía más vulnerables a abusos y a enfermedades como el sida

 

Por Pablo Linde

Ciudad del Cabo / Durban 20 JUL 2016

http://elpais.com/elpais/2016/07/18/planeta_futuro/1468860161_427018.html

 

Ncumisa Sonandi, exprostituta de 29 años, ahora asesora a otras trabajadores sexuales. A su lado, su hija Luciana, de seis años. JAMES OATWAY

Ncumisa Sonandi, exprostituta de 29 años, ahora asesora a otras trabajadores sexuales. A su lado, su hija Luciana, de seis años. JAMES OATWAY

 

Miedo. Miedo a las palizas, a los abusos, a la policía, a ser forzadas al sexo anal. Miedo al arresto, a las violaciones, a los asesinatos, a los secuestros, a la extorsión, a que se rompa un condón y al VIH, si es que no lo portan ya. Miedo al estigma, al qué dirán, a que sus propias familias sepan lo que hacen, a poner a sus hijos frente a su realidad. Miedo incluso a enamorarse de un cliente. En una nave a las afueras de Ciudad del Cabo, más de una veintena de prostitutas hace terapia de grupo exponiendo todos los temores de un trabajo que en Sudáfrica es ilegal. Ser delincuentes por la forma en la que se ganan la vida les hace todavía más vulnerables a todas estas amenazas, algo que, con diferentes tipos de legislación, sucede en la mayoría del mundo.

Gita November, una prostituta transexual de 43 años que lleva ejerciendo desde los 25, cuenta que es frecuente que los clientes no le paguen. “Como saben que nuestro trabajo es ilegal y no podemos denunciar si nos ocurre algo así, simplemente algunos deciden irse sin darnos nuestro dinero”, explica. Mejor no cobrar que acudir a la policía. “Una vez tuve que ir a la comisaría por asuntos personales y los agentes me reconocieron de la calle. Sin mediar más explicaciones me dieron una paliza y no atendieron mi caso”, explica.

Un estudio presentado este martes en Congreso Internacional de Sida que se está celebrando en Durban (Sudáfrica) muestra que prácticamente todas las prostitutas sudafricanas han sufrido algún tipo de violencia policial. “Tu cliente te viola, vas a la policía e incluso ellos abusan física y emocionalmente de ti. Como uno que me dijo que le enseñase mi vagina para comprobar que estaba dañada y que así pudiera ayudarme. Cuando se la mostré comenzó a violarme. Ni siquiera me atrevo a contarlo porque sé que se van a reír de mí”, narra una trabajadora sexual que prefiere no desvelar su identidad.

Si casos como los anteriores son frecuentes, es en buena medida porque la prostitución es un delito en el país, según denuncian las organizaciones en favor de los derechos de los trabajadores sexuales. La evidencia les respalda. Varios estudios muestran que la criminalización de la prostitución es la mejor forma de fomentar los abusos y la propagación de enfermedades sexuales. Entre ellos, una serie publicada por la prestigiosa revista médica The Lancet en 2014. Según estas investigaciones, la descriminalización de los trabajadores sexuales disminuye la violencia entre un 17% y un 20% y reduce el riesgo de infección de VIH en un 33% y un 46%. Una de las razones es que la tenencia de condones es una de las pruebas que suelen usar los agentes de los países que criminalizan la prostitución para arrestar a quienes la practican, así que un tercio de ellas decide no llevarlos consigo. En Australia, por ejemplo, donde en algunas regiones es legal y en otras no, se ha mostrado que en las primeras hay tasas mucho más bajas de infección.

“Cuando el trabajo sexual no es delito quienes lo practican están empoderados para insistir en el uso del preservativo por parte de los clientes y tienen mejor acceso a las pruebas y los tratamientos de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual”, asegura el documento 10 razones para no criminalizar el trabajo sexual, de la Open Society.

El ejemplo en Sudáfrica es flagrante. Sus meretrices presentan la prevalencia de VIH más altas que prácticamente cualquier otro colectivo del mundo. Un estudio publicado en 2014 sobre su salud mostraba tasas del 71% en Johannesburgo, de un 40% en Ciudad del Cabo y de un 53,5% en Durban. Para dar una idea de la magnitud del problema, entre los trabajadores sexuales de todo el mundo se calcula que un 11,8% de las mujeres es seropositiva, un 14% de los hombres, y un 27,3% de las transexuales. Eso sí, para contextualizar este dato también hay que tener en cuenta que la tasa de VIH en el planeta es de un 0,8% frente al 13% de Sudáfrica.

Varias organizaciones trabajan en paralelo para presionar al Gobierno a que cambie las leyes y, mientras esto no sucede, a asesorar a las prostitutas para minimizar el abuso y proporcionarle el mayor acceso posible a la información, asistencia legal y sanitaria. En el Equipo de Trabajo para el Apoyo y la Educación de los Trabajadores Sexuales (Sweat, por sus siglas en inglés), donde las prostitutas hacían terapia de grupo, no paran de reivindicar el trabajo sexual como “uno más”. Tienen habilitada una línea de teléfono las 24 horas para que las 153.000 prostitutas que estiman que trabajan en el país puedan llamar en cualquier momento si tienen problemas legales, médicos o de otro tipo.

La descriminalización de los trabajadores sexuales disminuye la violencia entre un 17% y un 20% y reduce el riesgo de infección de VIH en un 33% y un 46%

Ishtar Lakhani, directora de Sensibilización y Derechos Humanos de Sweat, explica que la mayoría de las veces que las prostitutas son arrestadas no lo hacen acusadas de incumplir el artículo 23 de la Ley de Ofensas Sexuales, que desde 1953 penaliza la prostitución —por la que solo han sido condenadas 253 personas en los últimos tres años—, sino por otras ordenanzas municipales menores, como tirar desperdicios a la calle. “Los policías se aprovechan de que muchas veces no conocen sus derechos para maltratarlas y abusar de ellas”, explica. Han tratado de sensibilizar a los agente mediante diferentes cursos, pero existen varios problemas. “Primero, están hartos de recibir formaciones de todo tipo y no son muy receptivos. Y segundo, es un poco ridículo ir a enseñarles que no deben violar y pegar a las prostitutas. ¡Claro que no deben hacerlo, como a ninguna otra persona!”, se indigna Lakhani, que ha atendido casos escalofriantes: “Hay una agente de un barrio, mujer [enfatiza], que en numerosas ocasiones ha obligado a las prostitutas a tragarse condones usados”.

Su organización, junto con Centro Legal para Mujeres (WLC, por sus siglas en inglés) ha puesto en marcha un programa de asistentes paralegales: forman a personas que se prostituyen para que ellas mismas puedan dar el asesoramiento básico a sus colegas. Esto les permite acercarse a ellos con más naturalidad y que su mensaje cale.

Son ellos los que le informan de la existencia de organizaciones como Sweat o WLC y de los programas que realizan. Hace unos meses se puso en marcha uno para para apoyar a las madres. Duduzile Dlamin, que lidera este grupo, explica que la relación con los hijos es uno de los mayores miedos que afrontan las trabajadoras sexuales. “Cuando se enteran de su trabajo comienzan a odiarlas porque son estigmatizados. Esto incluso lleva en ocasiones a que abandonen a sus propios críos. Trabajamos para que las madres puedan hablar con los hijos sin ser criminalizadas”, relata. Para eso, insiste, tienen que cambiar las leyes. “Sudáfrica necesita cambiar su aproximación al trabajo sexual y que sea regido por las misma legislación que cualquier otro empleo”, reclama.

Pero esto no tiene visos de ser una realidad pronto. Desde hace años, la Comisión de Reformas Legales de Sudáfrica está estudiando recomendaciones al Gobierno. Según anunció el lunes John Jeffery, vicemistro de Justicia, ya está concluido y, aunque no es público, adelantó que sus tesis no se inclinan hacia una descriminalización de la prostitución. “Es un debate complicado, el Gobierno tiene que estudiar este informe. Pero hay que tener en cuenta que este es un país conservador y religioso. Si hiciéramos un referéndum probablemente la mayoría de la población votaría por que siguiera siendo delito”, explicó en un foro de la Conferencia Internacional de Sida de Durban. Su presidente, Chris Beyrer, insiste en que desde el punto de vista científico no hay discusión: “No entramos en cómo los Gobiernos tienen que legislar específicamente o qué tipo de regulación han de hacer, pero la criminalización es la peor de las soluciones, como nos muestra la evidencia”.

Una de las patas básicas para terminar con la epidemia de sida de aquí a 2030, tal y como recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es frenar su avance en los grupos más vulnerables, como son trabajadores sexuales, hombres gays, transexuales, prisioneros y drogadictos. “Ellos suman un 30% de las nuevas infecciones. Si no acabamos con el estigma y la criminalización de estos grupos no terminaremos con el sida”, zanja Beyrer.