Sobre la “Visión Guía” de la Marcha de Mujeres y la inclusión en la misma de las trabajadoras sexuales

 

Por Janet Mock

 

17 de enero de 2017

 

http://janetmock.tumblr.com/post/156017232338/womens-march-sex-worker-inclusion

 

 
12002879_10153679845561522_1277412846731015915_nMe siento orgullosa del trabajo que he realizado como parte de la mesa de políticas de la Marcha de Mujeres (un grupo de mujeres y gente comprometida en el trabajo crucial de la justicia feminista, racial y social a través de varias intersecciones en nuestro país). Ayudé a redactar la visión y escribí la línea “… y nos solidarizamos con los movimientos de derechos de las trabajadoras sexuales”. No es una declaración que me sea polémica porque como una mujer trans de color que creció en comunidades de bajos ingresos y que defiende, resiste, sueña y escribe junto a estas comunidades, sé que las economías subterráneas son partes esenciales de la realidad vivida de la mujer y la gente. Sé que el trabajo sexual es trabajo. No es algo sobre lo que tenga que andar de puntillas. No es una declaración radical. Es un hecho. Mi trabajo y mi feminismo rechazan la política de la respetabilidad, la putofobia, la vergüenza de puta y la idea errónea de que las trabajadoras sexuales o las personas que participan en los intercambios sexuales por elección o circunstancia necesitan ser salvadas, que están en colusión con el patriarcado “vendiendo sus cuerpos”. Rechazo el borrado continuo de las trabajadoras sexuales de nuestros feminismos porque seguimos combinando el trabajo sexual con la brutal realidad de la coacción y la trata. Rechazo la vigilancia dentro y fuera de los movimientos de mujeres que avergüenza, convierte en chivos expiatorios, rechaza, borra y elude a las trabajadoras sexuales. No puedo hablar de los conflictos internos en la Marcha de Mujeres que han llevado a borrar la línea que escribí para nuestra visión colectiva, pero me han asegurado que la línea permanecerá en NUESTRO documento. Los conflictos que pudieron haber llevado a su edición temporal no desaparecerán hasta que, como feministas, respetemos los derechos de cada mujer y persona a hacer lo que quieran con su cuerpo y sus vidas. No seremos libres hasta que las más marginadas, más policiadas, más ridiculizadas, rechazadas y juzgadas dejen de estarlo. No hay personas desechables, y espero que todas las trabajadoras sexuales que se hayan sentido avergonzadas por este borrado momentáneo se manifiesten en su marcha local y mantengan al colectivo responsable ante nuestras vastas, diversas y complicadas realidades.

 

 

Campaña “¿Nosotras no somos mujeres?” #AreWeNotWomen

#AreWeNotWomen

 

9 de diciembre de 2016

Autor:

NSWP

 

http://www.nswp.org/news/arewenotwomen-campaign

 

¡Los derechos de las trabajadoras sexuales son derechos humanos Y los derechos de las trabajadoras sexuales son derechos de mujeres! La campaña #AreWeNotWomen pretende poner de manifiesto cómo las trabajadoras sexuales están siendo excluídas y silenciadas por algunas integrantes del movimiento de mujeres en el desarrollo de la nueva política hacia el trabajo sexual de ONU Mujeres (1)

No será posible para ONU Mujeres desarrollar una postura creíble hacia el trabajo sexual basada en los derechos humanos si no reconoce y respeta las distintas realidades y experiencias vividas de todas las trabajadoras sexuales. #AreWeNotWomen

#AreWeNotWomen pone de manifiesto cómo las trabajadoras sexuales no son consideradas “mujeres” por algunas integrantes del movimiento de mujeres y de ONU Mujeres.

ONU Mujeres se arriesga a ignorar siglos de experiencia por parte de nuestras comunidades de violaciones de derechos humanos y desigualdad de género consecuencia de la penalización de trabajadoras sexuales, clientes y terceros, y de estigma y discriminación en el seno de nuestras sociedades. #AreWeNotWomen

#AreWeNotWomen pone de manifiesto cómo algunas partes del movimiento feminista, y potencialmente ONU Mujeres, se preparan a socavar los derechos humanos de algunas mujeres, dejando atrás a las trabajadoras sexuales, incluídas las mujeres transexuales.

Al mismo tiempo, las Naciones Unidas están urgiendo a los Estados nacionales a no dejar a nadie detrás: #LeaveNoOneBehind.

Por favor, dedicad un momento a hacer saber a ONU Mujeres que apoyáis los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y la igualdad de género para todas. Usad, por favor, el hashtag #AreWeNotWomen en Twitter y el tag @UN_Women en vuestros tweets y mensajes de Facebook. @UN_Women #LeaveNoOneBehind!

 

__________________

1.- http://forumonwomenblog.cartercenter.org/wp-content/uploads/2016/10/ES-Consulta-para-recabar-apreciaciones-sobre-el-enfoque-de-ONU-Mujeres-respecto-del-trabajo-sexual-el-comercio-sexual-y-la-prostitucion.pdf

 

https://elestantedelaciti.wordpress.com/2016/10/01/llamamiento-para-que-onu-mujeres-consulte-de-forma-significativa-a-las-trabajadoras-sexuales-cuando-desarrolle-normas-relativas-al-trabajo-sexual/

Señoras y señores periodistas, llámenme puta

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Colectivo Hetaira·Martes, 27 de septiembre de 2016

COMUNICADO DE PRENSA/ COLECTIVO HETAIRA Y AFEMTRAS

El pasado viernes día 23 de septiembre el Ayuntamiento de Madrid presentaba una guía de recursos para periodistas bajo el título El abordaje de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Desde el Colectivo Hetaira y la Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo (AFEMTRAS) deseamos manifestar nuestro desacuerdo con los contenidos de dicha guía, pero sobre todo nuestro malestar por la presentación que de la misma hizo la alcaldesa Manuela Carmena. Las opiniones de la alcaldesa no representan las diferentes sensibilidades dentro del propio grupo municipal de Ahora Madrid, barrena su propio programa electoral (1) y cede ante las ideas abolicionistas y prejuicios que el PSOE enarboló durante su campaña electoral.

 

Lo practicaba el anterior Gobierno local del Partido Popular y ahora lo practica el actual: ignorar a las trabajadoras del sexo organizadas que están reclamando el acceso a derechos laborales y sociales en igualdad de condiciones al resto de la ciudadanía.

 

Desde AFEMTRAS y el Colectivo Hetaira vemos con normalidad que se elaboren guías ofreciendo pautas a periodistas y medios de comunicación sobre cómo nombrar y acercar realidades (pensemos, por ejemplo, en la comunidad LGTBIQ o la de personas con diversidad funcional, etc.). Recomendaciones para evitar que colectivos que ya se encuentran en situaciones de clara desigualdad, por lo general de discriminación social, sean “nombrados” de la forma más correcta posible. Es determinante, por tanto, saber cómo estos colectivos se autonombran y no privarles de capacidad de decisión como si necesitaran tutela.

 

Es responsabilidad del periodismo mostrar la realidad en toda su diversidad, por tanto, también debe reflejar la de las trabajadoras del sexo que así quieren ser llamadas. La guía tampoco cuestiona la violencia que supone que las instituciones, en este caso, el Ayuntamiento de Madrid, invisibilice e ignore sistemáticamente a un colectivo de mujeres que está reclamando ser escuchado.

 

La estrategia para ignorar a este colectivo de mujeres se basa en no reflejar la diversidad de situaciones que se dan en el mundo de la prostitución. Se confunde intencionadamente prostitución y trata como si fueran la misma cosa, como si se vulneraran los mismos derechos, como si las condiciones en ambas situaciones fueran las mismas. Y no, no es igual a pesar de que se intente equiparar una y otra vez.

 

No lo decimos solo nosotras sino el Grupo de Expertos en Lucha contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) del Consejo de Europa, toda una autoridad en la materia. En su informe de 2013 sobre España dice: “GRETA subraya la necesidad de diferenciar entre Trata de seres Humanos con fines de explotación sexual por un lado, y prostitución por otro. GRETA deja constancia de que poner multas a prostitutas y/o sus clientes no corresponde específicamente a la obligación del artículo 19 del Convenio que prevé criminalizar el uso de servicios ofrecidos por una persona de la que se sabe que es víctima de trata, ya que la situación de las prostitutas no equivale automáticamente a trata.”

 

Es terrible escuchar al presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid hablando de “lenguaje discriminatorio”, en la presentación de la guía. Discriminatorio es que un sector del Ayuntamiento de Madrid no quiera escuchar a las trabajadoras del sexo. “Eufemismo” es no permitir que las mujeres, en este caso “putas”, se autodenominen como deseen. Es decir, las trabajadoras del sexo somos esto, “trabajadoras del sexo”, “prostitutas”, “putas”, “meretrices”. Así es como nos nombramos y autonombramos las mujeres que estamos organizadas y exigiendo derechos laborales y sociales desde hace años. Todas estas palabras para enfrentarnos al estigma que pesa sobre nosotras. Consideramos que personas ajenas a nuestra actividad no deberían colgarnos ningún otro cartel, como por ejemplo, “mujeres en situación de prostitución”.

 

Es decir, que las fontaneras son fontaneras “y no mujeres en situación de fontanería”. Porque nuestro oficio es un trabajo, aunque a algunas personas no les guste. Ni necesitamos que nadie nos denomine “víctimas de trata” cuando no sea cierto. Les recordamos que muchos movimientos sociales han pasado por reapropiarse de palabras supuestamente “despectivas” para dotarlas de un nuevo contenido (“bolleras” o “tortilleras” para autonombrarse como lesbianas, por ejemplo).

 

Para hacer políticas públicas responsables, abiertas a la diversidad y respetuosas con los Derechos Humanos hay que tener en cuenta todas las situaciones que se dan: es necesario proteger los derechos de las víctimas de trata, ofrecer oportunidades reales a quienes quieren abandonar el ejercicio de la prostitución y escuchar las reivindicaciones de las mujeres que quieren seguir ejerciendo en mejores condiciones.

 

Nos decepciona enormemente que un Gobierno local que presumía de respetar la diversidad y de querer gobernar para las poblaciones más vulnerables, nos ofrezca más de lo mismo, de lo que ya conocemos y no nos beneficia. Un Gobierno que ha dado continuidad al Plan contra la Explotación Sexual y la Atención a la Prostitución de Ana Botella, sin ningún cuestionamiento crítico. Sin embargo, cuando hablamos de prostitución, las ideas siempre se repiten, son las mismas: o nos victimizan o nos criminalizan. No existe la innovación ni el espíritu crítico. Desde el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo hablan de una realidad que conocen de oídas y a la que, de momento, no han querido acercarse, al menos no a través de nuestros ojos. Lo mismo que ya hizo Ana Botella y anteriormente Ruiz Gallardón.

Es necesario que el Ayuntamiento de Madrid abra la participación a la planificación y desarrollo de políticas públicas municipales que no vulneren los derechos humanos de las trabajadoras del sexo. Estamos aquí, existimos.

 

Exigimos al Ayuntamiento de Madrid que en caso de reeditar nuevamente la guía no cite al Colectivo Hetaira como corriente “Pro reguladora” (págs. 28, 37, 67). Jamás nos hemos definido de este modo y se nos confunde deliberadamente como “defensoras de la regulación de la prostitución”. Un modelo en el que no solo no nos enmarcamos, sino que somos totalmente opuestas a él. Siempre nos hemos definido, y así seguiremos haciéndolo, como corriente “pro derechos”, es decir, que lo que perseguimos es el reconocimiento de derechos laborales en el trabajo sexual teniendo en cuenta a las protagonistas y la normalización de este.

 

Igualmente no deja de parecernos chocante que en el apartado “La representación de las protestas de las prostitutas en los medios de comunicación” (pág. 72) se escriba lo siguiente: Falta de diálogo y pluralidad entre posiciones en una misma información: se recoge la voz de Hetaira pero no la de las posiciones contrarias a la regularización”. Es de recibo que se recoja la voz de Hetaira y de las trabajadoras del sexo y putas que se manifiestan públicamente, son quienes convocan, son quienes protestan contra los ayuntamientos y los Estados que las multan por dedicarse al ejercicio de la prostitución. Cuando los movimientos feministas salen a la calle exigiendo el derecho al aborto no parece que tenga ningún interés que se reclame la voz de la Iglesia para que opinen, a la par, sobre dicha manifestación pública. Es sólo un ejemplo.

Todos los grupos y colectivos marginados rompen su marginalidad cuando se atreven a ser protagonistas de sus propias historias, cuando consiguen “dar la cara” y hacer valer sus derechos. En la última página de la guía se desvirtúa y estigmatiza a las protagonistas, porque las putas vinculadas a Hetaira, las putas de AFEMTRAS no son como la guía las define (mujeres españolas, de clase media, blancas…) son mujeres que trabajan en la calle, por lo general inmigrantes, algunas de ellas trans (otra realidad que no se visibiliza en ningún lugar de la guía). Nuestra apuesta siempre fue trabajar con quienes lo tienen más difícil y sí, buscar el apoyo y la solidaridad de otras que lo tienen más fácil (en este caso, sí, españolas, clase media, blancas…) que, no sin dificultades, también se atreven a plantarle cara a esta sociedad que continúa estigmatizándolas y que entienden que el feminismo es “solidaridad entre mujeres”, por ello están ahí, defendiendo a las compañeras que lo tienen más difícil.

 

Esperamos que el equipo municipal reflexione sobre la conveniencia o no de continuar gastando el dinero de la ciudadanía en guías que, entendemos, van a servir de poco a los profesionales del periodismo y de “muy poco” a las prostitutas.

 

<NOTAS> (1) “Desarrollar políticas a favor de los derechos de las prostitutas en colaboración con ellas, de forma que se garantice su integridad física, sus derechos ciudadanos, sus derechos de imagen, sus condiciones laborales y los recursos sociales necesarios para el abandono del ejercicio de la prostitución si así lo deciden”. [Programa electoral de Ahora Madrid, p.35]

 

 

Colectivo Hetaira

 

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Vancouver inaugura un monumento conmemorativo en reconocimiento a las trabajadoras sexuales y la “era dorada de la prostitución”

 

Brian Hutchinson | 16 de septiembre de 2016

http://news.nationalpost.com/news/canada/brian-hutchinson-vancouver-memorial-recognizes-sex-trade-workers-and-golden-age-of-prostitution

 

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VANCOUVER — Un monumento conmemorativo dedicado a las trabajoras sexuales y su “era dorada de la prostitución” hace brillar ahora una luz roja en la populosa barriada del West End en Vancouver (Canadá), donde hasta 200 prostitutas —mujeres, hombres y mujeres transexuales— ejercieron una vez su oficio antes de ser expulsadas por los vigilantes locales y los legisladores.

El viernes por la mañana tuvo lugar una ceremonia de inauguración, delante de una iglesia anglicana donde está colocado este exclusivo monumento conmemorativo —un poste de farola negro con una inscripción y rematado por una cúpula con una luz roja. Explicando por qué su iglesia luchó porque se hiciera el monumento, la Reverenda Jessica Schaap dijo ante una gran multitud de simpatizantes y curiosos que “Jesús fue un buen amigo de las trabajadoras sexuales”.

 Un monumento dedicado a las trabajadoras sexuales del West End es descubierto en Vancouver el viernes. Ben Nelms para el National Post


Un monumento dedicado a las trabajadoras sexuales del West End es descubierto en Vancouver el viernes. Ben Nelms para el National Post

Pensada para ser la primera de su clase en Canadá, la instalación busca recordar a la gente que las prostitutas tienen derechos legales y constitucionales, incluso aunque las leyes federales prohiban en la actualidad a los clientes la compra de sus servicios.

Tales derechos fueron ignorados en los primeros y mediados años ochenta, cuando residentes locales, políticos y jueces juntaron fuerzas para expulsar a las personas que estaban vendiendo sus servicios en el West End, un distrito de negocios y residencial de alta densidad de población situado en el límite del centro de la ciudad de Vancouver

La expulsión fue un error que llevó a violencia, desapariciones y asesinatos, dicen algunas prostitutas veteranas. Rechazadas a las afueras, a lugares como el Downtown Eastside, las trabajadoras sexuales se volvieron más vulnerables a los predadores, incluído el asesino en serie Robert Pickton, que atrajo a docenas de mujeres a su granja de cerdos de Port Coquitlam antes de ser detenido en 2002.

Un monumento conmemorativo dedicado a las trabajadoras sexuales del West End en Vancouver.  Ben Nelms para el National Post

Un monumento conmemorativo dedicado a las trabajadoras sexuales del West End en Vancouver. Ben Nelms para el National Post

Un concejal de Vancouver rompió en lágrimas mientras leía una declaración el viernes, señalando el papel de la ciudad en la expulsión de las prostitutas del West End. En 1982, el Ayuntamiento aprobó una ordenanza de “actividades callejeras” que imponía multas de $350 a $2.000 a las personas implicadas en el comercio sexual de la zona; se recaudaron $28.000 en apenas seis meses.

En 1983, después de que el Tribunal Supremo de Canadá anulara una ordenanza similar que había sido promulgada en Calgary, se rescindió la ordenanza de Vancouver. Pero un juez del Tribunal Supremo de la Columbia Británica ordenó que todas las prostitutas fueran expulsadas del West End un año más tarde.

“Lo que ha ocurrido en el West End es una tragedia urbana que nunca debería haber ocurrido”, escribió el Presidente del Tribunal Supremo Allan McEachern, en su sentencia de 1984. “Lo que ocurrió fue que un pequeño pero persistente y probablemente cambiante grupo de hombres y mujeres jóvenes se apoderaron de las calles y las aceras de parte del West End”.

Fue una época de “incesantes palizas a prostitutas”, escribió el profesor de sociología de la UBC Becki Ross en un artículo académico de 2010. Un grupo de “ciudadanos descontentos… lanzó una ofensiva contra la ‘desviación sexual’, con los más activos lanzando huevos, tomates y botellas de cerveza en las reuniones de la comunidad y durante los altercados públicos”.

Los relatos de la prensa local reflejaron, quizás echando más leña al fuego, las divisiones. “Se teme una invasión de putas”, declaraba un titular del Vancouver Sun, en 1983. “Putas: ¿ladronas holgazanas o víctimas?”, rezaba otro.

No era necesario que ocurriera esto, dijo la trabajadora sexual transexual y activista Jamie Lee Hamilton. Lejos de ser un lugar escabroso donde todo estuviera permitido, recuerda el West End de principios de 1980 como “una cultura dignificada de burdel al aire libre. En aquellos días, los puteros eran muy respetuosos. Incluso dejaban propina por un buen servicio… Fue una era dorada de la prostitución”.

Hamilton dijo que la iglesia anglicana local fue una de las pocas organizaciones que mostraron alguna amabilidad con las trabajadoras sexuales. “Nunca nos echaron a patadas”, dijo Hamilton, “y nosotras tratábamos de ser respetuosas. Nunca andábamos por los alrededores de la iglesia los domingos”.

Hamilton y Ross comenzaron a trabajar el el proyecto de monumento conmemorativo en 2008. El Ayuntamiento de Vancouver accedió finalmente a prestar apoyo. Discusiones acerca de la conveniencia de presentar una “disculpa” cívica tuvieron lugar con la administración municipal hasta época tan reciente como mayo pasado.

No se presentaron disculpas el viernes. En su lugar, Vancouver “ha decidido presentar a la comunidad un reconocimiento formal de que sus acciones desplazaron a las trabajadoras sexuales y crearon condiciones de vulnerabilidad, estigma y daño”, dijo un portavoz del Ayuntamiento al National Post en un email.

Y ¿los $28.000 que el Ayuntamiento recaudó de las trabajadoras sexuales en 1982? Este dinero ha sido devuelto a la comunidad en forma de un pago usado para diseñar, construir e instalar el nuevo monumento conmemorativo.

 

Congreso Internacional de Sida: Los miedos de una prostituta

 

Como en muchos países, en Sudáfrica los trabajadores sexuales son delincuentes, algo que les hace todavía más vulnerables a abusos y a enfermedades como el sida

 

Por Pablo Linde

Ciudad del Cabo / Durban 20 JUL 2016

http://elpais.com/elpais/2016/07/18/planeta_futuro/1468860161_427018.html

 

Ncumisa Sonandi, exprostituta de 29 años, ahora asesora a otras trabajadores sexuales. A su lado, su hija Luciana, de seis años. JAMES OATWAY

Ncumisa Sonandi, exprostituta de 29 años, ahora asesora a otras trabajadores sexuales. A su lado, su hija Luciana, de seis años. JAMES OATWAY

 

Miedo. Miedo a las palizas, a los abusos, a la policía, a ser forzadas al sexo anal. Miedo al arresto, a las violaciones, a los asesinatos, a los secuestros, a la extorsión, a que se rompa un condón y al VIH, si es que no lo portan ya. Miedo al estigma, al qué dirán, a que sus propias familias sepan lo que hacen, a poner a sus hijos frente a su realidad. Miedo incluso a enamorarse de un cliente. En una nave a las afueras de Ciudad del Cabo, más de una veintena de prostitutas hace terapia de grupo exponiendo todos los temores de un trabajo que en Sudáfrica es ilegal. Ser delincuentes por la forma en la que se ganan la vida les hace todavía más vulnerables a todas estas amenazas, algo que, con diferentes tipos de legislación, sucede en la mayoría del mundo.

Gita November, una prostituta transexual de 43 años que lleva ejerciendo desde los 25, cuenta que es frecuente que los clientes no le paguen. “Como saben que nuestro trabajo es ilegal y no podemos denunciar si nos ocurre algo así, simplemente algunos deciden irse sin darnos nuestro dinero”, explica. Mejor no cobrar que acudir a la policía. “Una vez tuve que ir a la comisaría por asuntos personales y los agentes me reconocieron de la calle. Sin mediar más explicaciones me dieron una paliza y no atendieron mi caso”, explica.

Un estudio presentado este martes en Congreso Internacional de Sida que se está celebrando en Durban (Sudáfrica) muestra que prácticamente todas las prostitutas sudafricanas han sufrido algún tipo de violencia policial. “Tu cliente te viola, vas a la policía e incluso ellos abusan física y emocionalmente de ti. Como uno que me dijo que le enseñase mi vagina para comprobar que estaba dañada y que así pudiera ayudarme. Cuando se la mostré comenzó a violarme. Ni siquiera me atrevo a contarlo porque sé que se van a reír de mí”, narra una trabajadora sexual que prefiere no desvelar su identidad.

Si casos como los anteriores son frecuentes, es en buena medida porque la prostitución es un delito en el país, según denuncian las organizaciones en favor de los derechos de los trabajadores sexuales. La evidencia les respalda. Varios estudios muestran que la criminalización de la prostitución es la mejor forma de fomentar los abusos y la propagación de enfermedades sexuales. Entre ellos, una serie publicada por la prestigiosa revista médica The Lancet en 2014. Según estas investigaciones, la descriminalización de los trabajadores sexuales disminuye la violencia entre un 17% y un 20% y reduce el riesgo de infección de VIH en un 33% y un 46%. Una de las razones es que la tenencia de condones es una de las pruebas que suelen usar los agentes de los países que criminalizan la prostitución para arrestar a quienes la practican, así que un tercio de ellas decide no llevarlos consigo. En Australia, por ejemplo, donde en algunas regiones es legal y en otras no, se ha mostrado que en las primeras hay tasas mucho más bajas de infección.

“Cuando el trabajo sexual no es delito quienes lo practican están empoderados para insistir en el uso del preservativo por parte de los clientes y tienen mejor acceso a las pruebas y los tratamientos de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual”, asegura el documento 10 razones para no criminalizar el trabajo sexual, de la Open Society.

El ejemplo en Sudáfrica es flagrante. Sus meretrices presentan la prevalencia de VIH más altas que prácticamente cualquier otro colectivo del mundo. Un estudio publicado en 2014 sobre su salud mostraba tasas del 71% en Johannesburgo, de un 40% en Ciudad del Cabo y de un 53,5% en Durban. Para dar una idea de la magnitud del problema, entre los trabajadores sexuales de todo el mundo se calcula que un 11,8% de las mujeres es seropositiva, un 14% de los hombres, y un 27,3% de las transexuales. Eso sí, para contextualizar este dato también hay que tener en cuenta que la tasa de VIH en el planeta es de un 0,8% frente al 13% de Sudáfrica.

Varias organizaciones trabajan en paralelo para presionar al Gobierno a que cambie las leyes y, mientras esto no sucede, a asesorar a las prostitutas para minimizar el abuso y proporcionarle el mayor acceso posible a la información, asistencia legal y sanitaria. En el Equipo de Trabajo para el Apoyo y la Educación de los Trabajadores Sexuales (Sweat, por sus siglas en inglés), donde las prostitutas hacían terapia de grupo, no paran de reivindicar el trabajo sexual como “uno más”. Tienen habilitada una línea de teléfono las 24 horas para que las 153.000 prostitutas que estiman que trabajan en el país puedan llamar en cualquier momento si tienen problemas legales, médicos o de otro tipo.

La descriminalización de los trabajadores sexuales disminuye la violencia entre un 17% y un 20% y reduce el riesgo de infección de VIH en un 33% y un 46%

Ishtar Lakhani, directora de Sensibilización y Derechos Humanos de Sweat, explica que la mayoría de las veces que las prostitutas son arrestadas no lo hacen acusadas de incumplir el artículo 23 de la Ley de Ofensas Sexuales, que desde 1953 penaliza la prostitución —por la que solo han sido condenadas 253 personas en los últimos tres años—, sino por otras ordenanzas municipales menores, como tirar desperdicios a la calle. “Los policías se aprovechan de que muchas veces no conocen sus derechos para maltratarlas y abusar de ellas”, explica. Han tratado de sensibilizar a los agente mediante diferentes cursos, pero existen varios problemas. “Primero, están hartos de recibir formaciones de todo tipo y no son muy receptivos. Y segundo, es un poco ridículo ir a enseñarles que no deben violar y pegar a las prostitutas. ¡Claro que no deben hacerlo, como a ninguna otra persona!”, se indigna Lakhani, que ha atendido casos escalofriantes: “Hay una agente de un barrio, mujer [enfatiza], que en numerosas ocasiones ha obligado a las prostitutas a tragarse condones usados”.

Su organización, junto con Centro Legal para Mujeres (WLC, por sus siglas en inglés) ha puesto en marcha un programa de asistentes paralegales: forman a personas que se prostituyen para que ellas mismas puedan dar el asesoramiento básico a sus colegas. Esto les permite acercarse a ellos con más naturalidad y que su mensaje cale.

Son ellos los que le informan de la existencia de organizaciones como Sweat o WLC y de los programas que realizan. Hace unos meses se puso en marcha uno para para apoyar a las madres. Duduzile Dlamin, que lidera este grupo, explica que la relación con los hijos es uno de los mayores miedos que afrontan las trabajadoras sexuales. “Cuando se enteran de su trabajo comienzan a odiarlas porque son estigmatizados. Esto incluso lleva en ocasiones a que abandonen a sus propios críos. Trabajamos para que las madres puedan hablar con los hijos sin ser criminalizadas”, relata. Para eso, insiste, tienen que cambiar las leyes. “Sudáfrica necesita cambiar su aproximación al trabajo sexual y que sea regido por las misma legislación que cualquier otro empleo”, reclama.

Pero esto no tiene visos de ser una realidad pronto. Desde hace años, la Comisión de Reformas Legales de Sudáfrica está estudiando recomendaciones al Gobierno. Según anunció el lunes John Jeffery, vicemistro de Justicia, ya está concluido y, aunque no es público, adelantó que sus tesis no se inclinan hacia una descriminalización de la prostitución. “Es un debate complicado, el Gobierno tiene que estudiar este informe. Pero hay que tener en cuenta que este es un país conservador y religioso. Si hiciéramos un referéndum probablemente la mayoría de la población votaría por que siguiera siendo delito”, explicó en un foro de la Conferencia Internacional de Sida de Durban. Su presidente, Chris Beyrer, insiste en que desde el punto de vista científico no hay discusión: “No entramos en cómo los Gobiernos tienen que legislar específicamente o qué tipo de regulación han de hacer, pero la criminalización es la peor de las soluciones, como nos muestra la evidencia”.

Una de las patas básicas para terminar con la epidemia de sida de aquí a 2030, tal y como recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es frenar su avance en los grupos más vulnerables, como son trabajadores sexuales, hombres gays, transexuales, prisioneros y drogadictos. “Ellos suman un 30% de las nuevas infecciones. Si no acabamos con el estigma y la criminalización de estos grupos no terminaremos con el sida”, zanja Beyrer.

 

Andrea Flores: “Una zona roja debería articularse con otras políticas sociales”

 

13-05-2016

 

http://www.eltribuno.info/andrea-flores-una-zona-roja-deberia-articularse-otras-politicas-sociales-n712082

 

Franco Hessling

Franco Hessling

 

La antropóloga, egresada de la UNSa, Andrea Flores es autora de la tesis “Del ocio al trabajo sexual. Genealogía de cuerpos abyectos”, que aborda la prostitución en Salta con una mirada histórica que recorre tres concepciones con las que se abordó a las trabajadoras sexuales en su carácter de excluidas y anormales. En un primer momento fueron acusadas de inmorales, en un segundo momento de enfermas y en un tercero, de criminales, tal como sucede en el Código Contravencional actual.

 

En la investigación se hace un recorrido por las normas que regularon la prostitución en la ciudad, que se iniciaron con un decreto de marzo de 1889.

 

El Concejo Deliberante de Salta capital rechazó la creación de una zona roja hace dos semanas y el tema sigue generando debate, ya que hay sectores que continúan reclamando un espacio público donde se pueda realizar la oferta de prostitución.

 

En diálogo con El Tribuno, Flores opinó que una zona de convivencia puede ser una solución inmediata pero que también es una manera, tanto simbólica como real, de acentuar la exclusión.

 

¿A qué te referís con “cuerpos abyectos”?

 

La noción de cuerpos abyectos es un término usado por una filosofa feminista, Judith Butler, y refiere a todos aquellos cuerpos que están en un terreno de la anormalidad pero que son necesarios para definir lo que es un cuerpo normal. En este caso, hablando de la sexualidad, lo normal serían los cuerpos cuya sexualidad está destinada a la reproducción y a la sexualidad heterosexual. Los cuerpos de la prostitución, que son mujeres y personas trans, en el imaginario sexual entran en el terreno de lo anormal y lo excluido socialmente.

 

Entonces, ¿el trabajo sexual es anormal en el imaginario social pero sirve para definir qué es lo “normal” en términos de sexualidad?

 

Claro, el trabajo sexual también determina qué debe ser una sexualidad normal, que básicamente es una sexualidad heterosexual y destinada a la reproducción.

 

¿Qué opinión te merece la prostitución? Teniendo en cuenta que hay debates sobre si es un trabajo o una forma contemporánea de esclavitud.

 

Ese es un punto álgido para toda la sociedad y también dentro de las discusiones que emprende el feminismo. Se debate si se puede considerarse como un trabajo la prostitución. Creo que, más allá de la postura que uno puede tomar, no se debe desconocer que las personas que se ocupan de la prostitución en un momento histórico dado, comienzan a organizarse alrededor de una identidad política que es la de “trabajadoras sexuales”. Si uno desconoce eso, lo que hace es volver a instalarlas en el terreno de la exclusión y no tomarlas en cuenta como sujetos políticos activos que tienen demandas.

 

El surgimiento de estas organizaciones se da, en el mundo, a fines de los 80 y en Argentina, en el 94. Ese año surge la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar). Luego emergen otras que no consideran que lo más apropiado es hablar de trabajadoras sexuales sino de “mujeres en situación de prostitución”.

 

Las primeras demandas comunes giran alrededor del repudio a la represión policial. Ese rechazo al hostigamiento policial sigue y está presente en todos los debates de las organizaciones de trabajadoras sexuales o mujeres en situación de prostitución.

 

Sobre ese punto, las prostitutas que rechazan la zona roja, entre otras cosas, aducen que sería muy inseguro y estarían más expuestas a acciones criminales. ¿Estás de acuerdo con la creación de zonas de convivencia o rojas?

 

No tengo una posición clara sobre eso, porque la zona roja puede considerarse como una forma de exclusión social, pero también dentro de las demandas de las trabajadores está la de crear una zona que las proteja a ellas de la persecución policial, porque siendo una contravención los policías están facultados a perseguirlas.

 

Al pensar en una zona roja, ¿no se estaría liberando una zona? Con todos los peligros que eso conllevaría…

 

Sí, porque socialmente es como crear un gueto, es separarlas de la sociedad. Es una forma de actualizar esa abyección.

 

La verdad es que como solución inmediata la zona roja puede resolver algunas cosas, como la persecución policial, pero por otro lado también crea estos mecanismos de exclusión que no solamente son simbólicos sino también reales. Es crear una zona liberada con personas que no le importan demasiado a la sociedad.

 

Es una situación difícil. Los vecinos cuentan que se levantan y tienen excremento y orín humano en sus puertas, que a veces usan sus zaguanes para actos sexuales…

 

Yo viví cerca de zonas adonde hay mercado sexual, y por ejemplo cuando caminás por la calle siendo mujer siempre piensan que sos una prostituta, los autos paran, te preguntan cosas, te gritan otras. Igualmente, en cualquier solución que se busque siempre hay que tener en cuenta que las mujeres y personas trans que se dedican a la prostitución son sujetos, hay que tenerlas en cuenta y no ponerlas en peligro. Hay que buscar una manera de convivencia más armoniosa.

La zona roja es una solución más inmediata pero después hay que articular con políticas sociales que le permitan a las mujeres, y especialmente a las mujeres trans, contar con otras alternativas. En muchos casos las mujeres trans no tienen otra posibilidad porque son excluidas de sus hogares a una edad muy temprana, entonces algunas ni siquiera completan sus estudios escolares.

 

Entiendo también que hay otras mujeres que lo eligen, considerando que no es una explotación tan distinta que la que podrían tener en muchos de los trabajos que se dan en el contexto del sistema capitalista. La explotación que viven las prostitutas no dista tanto, desde el punto de vista de las mujeres que lo “eligen”, de las opresiones que sufren otros trabajadores.

 

¿Qué te llevó a estudiar el mundo de la prostitución en Salta?

 

A través de las temáticas de género, me interesé en aquellas que tenían que ver con la cuestión del cuerpo y la sexualidad. Hice un trabajo para la facultad sobre prostitución y me generó inquietud, y empecé a indagar. Me atraía abordar la cuestión con una mirada histórica, que permita ver que todo aquello que parece tan obvio es, en realidad, producto de diferentes discursos e instituciones -la Municipalidad, la Policía, el Estado provincial- que van constituyendo a la prostitución como un problema social, como los cuerpos abyectos.

 

En un primer momento, a fines del siglo XIX, se los consideró cuerpos inmorales, luego como cuerpos enfermos -sífilis, gonorrea y sida- y después como cuerpos criminales, tal el caso del actual Código Contravencional. La construcción de lo criminal vincula a las trabajadoras sexuales con la droga, el robo y el delito.

 

¿Qué particularidades ves en el universo social de la prostitución de Salta? A diferencia de los procesos que se han dado en otras sociedades y en otros lugares…

 

A nivel de regulación, en muchas provincias argentinas a fines de 1800 se empieza con la legislación, después de conformado el Estado-Nación argentino. Necesitaban asegurar el lugar de las mujeres en la función de reproducción, tanto a nivel biológico como también cultural, esa era la moral normal.

 

En Salta tiene un rol protagónico la Rusa María, que posicionó a Salta como un lugar donde se desarrollaba la prostitución. Actualmente y a diferencia de lo que sucede en otras provincias, Ammar acá no tiene tanto peso.

 

¿Quién fue la Rusa María?

 

Fue un personaje emblemático en la historia de la prostitución en Salta. Según los relatos recopilados en el mundo urbano de Salta, es una mujer que marca un período clave porque es una madama que regenteaba mujeres de Europa que estaban asociadas a los sectores altos del poder provincial.

 

Nueva Ley de Prostitución en Alemania: una ley especial impracticable y discriminatoria.

 

14 de abril de 2016

 

https://researchprojectgermany.wordpress.com/2016/04/14/prostschg-an-impractical-and-discriminatory-special-law-statement-by-voice4sexworkers/

 

 

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Foto: Parodia del registro de prostitutas en una protesta de trabajadoras sexuales en Berlín © 2016 Friederike Strack. All Rights Reserved.

 

 

En el día de hoy, la ministra de Salud de Rhin Norte-Westfalia, Barbara Steffens, y la presidenta de la Mesa Redonda sobre la Prostitución de Rhin Norte-Westfalia, Claudia Zimmermann-Schwartz, dieron una conferencia de prensa acerca de la planeada Ley de Protección de Prostitutas, de la que dijeron que llevará aún más a las trabajadoras sexuales a la ilegalidad, en lugar de protegerlas. Como parte del comunicado de prensa, se presentaron las declaraciones de dos trabajadoras sexuales que participaron en la Mesa Redonda. Lo que sigue es la declaración ampliada de una de ellas, traducida del original en alemán publicado por Voice4Sexworkers. Hacer clic, por favor, aquí para ver el comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Salud, Igualdad, Servicios Sociales y Personas Mayores en Rhin Norte-Westfalia. Este recurso está en alemán.

 

Declaración de Melanie, participante en la Mesa Redonda sobre Prostitución

Soy madre soltera de dos hijos y he estado trabajando como trabajadora sexual durante los pasados diez años. Nunca he conseguido ganarme totalmente la vida con el trabajo sexual, pero no quise volver a recibir ayuda social o vivienda protegida. Por esta razón, los ingresos adicionales provenientes del trabajo sexual han sido siempre bien recibidos y me han permitido proporcionar a mis niños vidas normales libres de exclusiòn social.

El principio más importante —y esto es exactamente en lo que no se basa el proyecto de ley sobre nosotras— es que la prostitución tiene que ser despenalizada antes de ponerse a regularla. Esto significa que el trabajo sexual no debe ser regido por el código penal. El año pasado, Amnistía Internacional llegó a la misma conclusión tras llevar a cabo durante dos años un amplio estudio en el que entrevistaron a trabajadoras sexuales, en particular en los países en los que el trabajo sexual está intensamente regulado o incluso prohibido. Un informe de la ONU de 2012, basado en la investigación llevada a cabo en 48 países, encontró también que los sistemas de licencias o registros demostraban ser ineficaces o beneficiaban solo a un pequeño número de trabajadoras sexuales. En las jurisdicciones que han introducido estos sistemas, la vasta mayoría de las trabajadoras sexuales operaba fuera de ellos. Comparaciones con países como Alemania revelaron que las situaciones de trabajo y de vida de las trabajadoras sexuales mejoran cuando el trabajo sexual es legalizado. Pero los resultados más positivos se han conseguido en Nueva Zelanda, donde el paso final hacia la despenalización se dio hace casi 13 años.

Los autores de esta Ley de Protección de Prostitutas no han tenido el mismo valor. Bajo guisa de querer protegernos, han redactado una ley que está totalmente “orientada a la salida” pero no menciona nada acerca de cómo ganarse la vida o recibir prestaciones para subsistir. Las prestaciones de bienestar social Hartz IV son insuficientes incluso ahora, y es precisamente por esta razón por lo que muchas de nosotras decidimos dedicarnos al trabajo sexual. Si se estuviera realmente interesado en ayudarnos, se requerirían otras alternativas y formas de asistencia práctica en vez de engatusarnos con una cobertura básica mínima. Sobre todo, en áreas urbanas en las que la tasa de desempleo es elevada, esta cobertura básica mínima no permite unas perspectivas de futuro sostenibles.

En lugar del presente plan de dilapidar una cifra inicial de 76,2 millones de euros seguidos por 85 millones de euros anuales en este monstruo burocrático, estos fondos podrían ser usados para proyectos con más sentido, tales como centros de orientación, organizaciones de autoayuda, pagos temporales, y apoyo a medidas de cualificación que permitan una reorientación ocupacional. Un fondo de ayuda social para trabajadoras sexuales sería también una bendición, ya que un porcentaje considerable de nosotras no puede ni siquiera permitirse la mínima contribución que nos proporcione aseguramiento sanitario.

En lugar de ofrecernos la asistencia que hemos sugerido una y otra vez, la nueva ley nos impondría obstáculos insuperables. Nuestra encuesta entre trabajadoras sexuales de diciembre de 2015 ha mostrado también lo que de verdad desean y necesitan: protección eficaz frente a la discriminación, protección contra el despido de un trabajo principal por practicar trabajo sexual de forma accesoria, protección contra los alquileres extorsionadores, más centros de orientación (particularmente del tipo de los que no se limitan a ofrecer ayuda sobre cómo salir, sino también sobre cómo entrar de forma segura en el trabajo sexual), y mejor protección de su anonimato, en especial cuando tratan con las autoridades. La nueva ley no proporciona nada de esto y en cambio sí mucho de exactamente lo contrario, ya que incluso llega tan lejos como cancelar la Ley Fundamental. Si esta nueva ley llega a aplicarse, la policía estaría autorizada a entrar en cualquier domicilio particular sin orden judicial. Una simple alegación de que se estaba practicando prostitución en un apartamento determinado bastaría como justificación.

 

Registro

En nuestra encuesta, alrededor de una tercera parte de las que respondieron dijeron que ya habían tenido experiencias negativas con las autoridades. Una proporción similar dijeron que nunca se habían revelado ante las autoridades por miedo o vergüenza. Juntas, representan más de la mitad de las que respondieron. Tener que explicarse y proporcionar detalles íntimos a un extraño, solo lograría exacerbar esta tendencia.

Además, es incomprensible por qué debería ser necesario proporcionar todos nuestros lugares de trabajo o tener que registrarse de nuevo para trabajar en otras ciudades u otros estados. Estas medidas están pensadas solo para permitir a las autoridades crear perfiles de movimiento que darían mucha información pero no contribuirían en nada a nuestra protección.

Licencia

En lugar de ayudar a las personas que practican trabajo sexual a autoorganizarse y crear lugares de trabajo individual, la situación de empleo de las proveedoras independientes de servicios sexuales empeoraría. No es solo que la ley en su forma actual daría efectivamente a los grandes operadores poderes de supervisión sobre las trabajadoras sexuales, ya que los operadores tendrían que recoger sus detalles de registro, duración de la estancia y otras especificaciones para presentarlos a las autoridades, sino que la ley reforzaría también la posición general de esos operadores haciendo virtualmente imposible para las trabajadoras sexuales trabajar solas o con colegas en pisos. Como resultado de ello, se verían empujadas en manos de los mismos operadores que son como granos en el culo de tantos políticos municipales: solo por su vista, desde luego, no por sus impuestos. Esta ley pretende protegernos de la heteronomía (1) pero ocasionaría exactamente lo contrario: privaría a la mayoría de nosotras de la oportunidad de trabajar de forma autodeterminada e independiente.

Los autores de la ley también promueven el “cuento del laissez faire” de los negocios de prostitución no sometidos a estrictas regulaciones y de la pobre polícia no teniendo forma de controlar nada. Nada se aparta más de la realidad. Por el contrario, es un intento de ganar la aprobación del público para el proyecto de ley en lugar de explicarle por qué habría que ahorcar 85 millones de euros anuales en medidas que no ayudarán a las trabajadoras sexuales o a aquellos ayuntamientos que ya están cortos de fondos.

 

Estigma

El proyecto de ley carece de forma consistente del principio de imparcialidad. Es descaradamente evidente que los autores fueron incapaces de descartar el estigma unido al trabajo sexual, contra el que (dicho sea de paso) nunca se ha dado ningún paso desde que la actual ley de prostitución entró en vigor.

En cambio, las medidas planeadas bajo la Ley de Protección de Prostitutas agravan e intensifican el auténtico estigma que las trabajadoras sexuales de todo el mundo citan consitentemente como el principal obstáculo en su vida diaria. La redacción del proyecto de ley y las afirmaciones hechas en la fundamentación de la ley exacerban los prejuicios y clichés preexistentes. Si el trabajo sexual es mencionado al mismo nivel que las actividades criminales o las explotaciones sexuales, se está inculcando esa imagen en la cabeza de la gente.

Los que desprecian a las pocas trabajadoras sexuales que se atreven a ponerse en pie en defensa de sus derechos llamándolas “privilegiadas” deberían más bien ser conscientes de su propia complicidad con la estigmatización del trabajo sexual. En vez de proyectar leyes que recortarán las opciones a todas las trabajadoras sexuales, el objetivo debería ser aumentar las opciones que tengan a su disposición. Las que se verían más afectadas por esta ley son las mismas personas que ya tienen demasiadas pocas opciones de entrada, es decir, inmigrantes y personas trans, y que a menudo se ven sometidas a múltiples discriminaciones en el día a día.

 

Conclusión

Mi participación en la “Mesa Redonda sobre prostitución de Rhin Norte-Westfalia” ha sido la primera vez que he tenido la experiencia de que la gente hable conmigo. Habitualmente, la gente solo habla de mí, incuso en mi presencia. La Mesa Redonda ha probado que es enteramente posible sentarse con las expertas de hecho —nosotras(¡)— y encontrar soluciones. Si no se habla con las trabajadoras sexuales, se termina con el mismo resultado que representa la Ley de Protección de Prostitutas: una ley especial impracticable y discriminatoria, que nos excluye de la participación en términos de igualdad en la vida económica y nos vuelve socialmente vulnerables.

 

 

(1) heteronomía.

  1. f. Fil. Condición de la voluntad que se rige por imperativos que están fuera de ella misma.

 

Por qué los derechos de las personas LGBT y los de las trabajadoras sexuales van de la mano

 

Por Stephanie Farnsworth,   trabajadora social y activista proderechos LGBTQ

 

14 de abril de 2016

 

http://www.huffingtonpost.com/stephanie-farnsworth/why-lgbt-and-sex-worker-rights-go-hand-in-hand_b_9367888.html

 

El hecho de que muchas personas LGBT terminen en el trabajo sexual es un tema a menudo convenientemente obviado por muchos activistas y organizaciones. Del trabajo sexual se habla todavía en términos moralizantes, y la comunidad LGBT ha buscado presentar las identidades LGBT como identidades respetables a fin de ganar derechos tales como el matrimonio.

La imagen del mundo LGBT en las campañas recientes ha sido la de personas gay cisgénero blancas con relaciones de larga duración y a menudo con niños. Es una idea unidimensional que intenta mostrar a las personas queer como heteronormativas y portadoras de las virtudes morales de los intolerantes conservadores. Esta clase de táctica contribuye poco al reconocimiento de la humanidad de las identidades LGBT y también deja atrás a muchas personas.

Más de una cuarta parte de los jóvenes sin hogar se identifican como LGBT, y muchos más viven en la pobreza o sufren discriminación en el empleo, en particular si son transgénero. La falta de opciones debido a los prejuicios de la sociedad significa que las personas LGBT tienen más probabilidades de depender del trabajo sexual como una forma de obtener ingresos, en particular las personas trans.

“Es sencillamente hipócrita que los activistas LGBT luchen por la autonomía corporal pero se la nieguen a las trabajadoras sexuales.”

Los argumentos a favor de la penalización del trabajo sexual descartan rápidamente el hecho básico de que cualesquiera leyes contra el mismo castigarían sencillamente aún más a los más vulnerables. No abordarían las cuestiones básicas tales como la pobreza y la discriminación que las personas LGBT están en mayor riesgo de experimentar. Ciertamente no detendrían el abuso y la explotación, sino que meramente llevarían el trabajo sexual a la clandestinidad y harían increíblemente difícil para las trabajadoras sexuales acceder a ayudas si se vieran dañadas en el transcurso de su trabajo.

Las personas LGBT pobres y con limitadas opciones de vida no van a abandonar su única forma de conseguir ingresos, tan solo estarán en mayor riesgo de ser detenidas, además.

En términos de ideología, los dos movimientos no están tan distanciados. El núcleo de la demanda de derechos para los LGBT es la idea de que todas las personas deberían tener garantizada la autonomía sobre sus vidas y sus cuerpos, que todo el mundo debería tener permiso para dormir con quien quisiera y que eso solo concierne a las personas que establecen una relación y no al gobierno o a los intolerantes. Exactamente la misma idea está en el núcleo de la lucha por las trabajadoras sexuales. ¿Por qué no deben tener ellas garantizada la misma libertad? ¿Por qué no se les debe permitir tener sexo con quien quieran?

Las personas tienen relaciones sexuales por todo tipo de razones. Raramente es un cuento de hadas de dos personas que se enamoran. A veces es por diversión, pero muchas personas practican sexo de supervivencia de alguna forma, sea para tener un techo sobre sus cabezas o para no tener que hacer frente solas a una deuda aplastante. Muchos tienen sexo porque es la única forma de que se calle su pareja. La lista es infinita y todas las razones son válidas. Lo único que importa es que las personas que tienen sexo estén de acuerdo en hacerlo y cualquier otra cosa es un juicio moral arbitrario que nadie tiene el derecho a hacer.

“Si queremos ser libres, debemos defender el derecho de todas las relaciones sexuales consentidas”.

Las batallas por los derechos del trabajo sexual y de las personas LGBT son batallas por la liberación de nuestros cuerpos. Es sencillamente hipócrita que los activistas LGBT luchen por la autonomía corporal pero se la nieguen a las trabajadoras sexuales, y dado el enorme número de personas de la comunidad que se dedican al trabajo sexual, eso arroja también a muchas personas LGBT a los pies de los caballos.

Mientras se mantenga el prejuicio sobre qué personas deciden tener sexo con quién, no conseguiremos la libertad sexual y se correrá el riesgo de perpetuar el prejuicio sobre las vidas y las relaciones de las personas LGBT. Si queremos ser libres, debemos defender el derecho de todas las clases de relaciones sexuales consentidas. Si queremos proteger a las trabajadoras sexuales, necesitamos escucharlas y resolver qué será lo mejor para su seguridad.

El trabajo sexual es tan antiguo como las identidades LGBT y no es una clase de trabajo que vaya a desaparecer pronto. Intentar que desaparezca es algo tan futil como la guerra contra las drogas, así que la elección está clara: tenemos que escoger entre las ideologías punitivas y las personas.

 

Las prostitutas enfadadas de Francia

Los colectivos de trabajadoras del sexo rechazan la nueva ley que criminaliza a los clientes, lo que llevará a estos a esconderse y las pondrá en una situación de mayor vulnerabilidad

 

Trabajadoras sexuales se manifiestan contra el proyecto de ley que prohibe pagar por recibir servicios sexuales, en París, el 6 de abril de 2016 (EFE)

Trabajadoras sexuales se manifiestan contra el proyecto de ley que prohibe pagar por recibir servicios sexuales, en París, el 6 de abril de 2016 (EFE)

 

Paula Rosas. París

 

09.04.2016

 

http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-04-09/prostitutas-enfadadas-francia-ley-criminaliza-pagar-sexo_1181109/

 

“Es como si tuvieras derecho a hacer pan y a tener una panadería, pero tus clientes no tuvieran derecho a comprarlo”. Gilda eligió su profesión libremente hace más de una década, paga sus impuestos, cotiza para su jubilación, contacta con sus clientes a través de internet, los selecciona y trabaja en su propio apartamento. A partir de ahora, sin embargo, sus clientes no podrán pagar legalmente por los servicios que les presta porque Gilda es prostituta y, aunque la prostitución no es un delito en Francia, la Asamblea Nacional acaba de aprobar una ley que penaliza al que paga por sexo.

Gilda está muy lejos del perfil de víctima de la prostitución que la nueva ley quiere proteger. “Es grotesco. Es absurdo. Se presenta como un avance social y un progreso o algo que nos va a ayudar, cuando lo que hace es suprimir nuestros ingresos”, denuncia esta portavoz del Sindicato del Trabajo Sexual en Francia. Como el sindicato, decenas de asociaciones que agrupan a colectivos de prostitutas se han levantado en pie de guerra contra una ley que, aseguran, va a empujar a las trabajadoras sexuales a una mayor clandestinidad y, por lo tanto, a una mayor vulnerabilidad, como denuncia Médicos del Mundo.

La proposición de ley socialista “que refuerza la lucha contra el sistema de prostitución” fue aprobada por los diputados franceses el pasado miércoles tras más de dos años de idas y venidas entre el Senado -que la rechazaba al no llegar a ponerse de acuerdo sobre su medida estrella, la penalización del cliente– y la Asamblea Nacional, que finalmente ha tenido la última palabra. Una vez entre en vigor, probablemente en un par de semanas, “la compra del acto sexual” será sancionada con multas de hasta 1500 euros, 3750 si hay reincidencia. El texto está inspirado en la ley sueca que desde 1999 castiga a los clientes, y convierte a Francia en el quinto territorio abolicionista tras Suecia, Noruega, Islandia e Irlanda del Norte.

Con la nueva ley “se considera a las prostitutas como víctimas y no como delincuentes”, ha afirmado Maud Olivier, la diputada socialista impulsora de la proposición. Efectivamente, el texto suprime el delito de “racolage” pasivo u ofrecimiento de servicios sexuales, que se instauró en 2003 cuando Nicolas Sarkozy era ministro del Interior y que criminalizaba a las trabajadoras del sexo. El “racolage”, que tanto inspiró a Degas o a Toulouse Lautrec, se convirtió en un delito que, además, otorgaba a las fuerzas del orden una enorme arbitrariedad, ya que ¿cómo se sabe si se está haciendo un ofrecimiento pasivo? ¿Por la vestimenta? ¿Porque fuma un cigarrillo en una esquina? Los grupos abolicionistas hablan, por lo tanto, de una “nueva conquista para los derechos de la mujer”.

Pero no todas las prostitutas -aunque también hay hombres, este es un mundo eminentemente femenino- se consideran víctimas. Gilda o su compañera de sindicato Morgane Merteuil, que se define como “puta radical”, son orgullosas defensoras de su oficio y dan la cara por un colectivo estigmatizado. Hay muchísimas situaciones diferentes y esta ley, denuncian, mete a todos en el mismo saco. “No se puede comparar una mujer inmigrante originaria de África subsahariana que no tiene acceso a papeles ni al mundo del trabajo y que es explotada, con una francesa que se prostituye ocasionalmente, con una estudiante que lo alterna con otros trabajos para pagar sus estudios o con alguien como yo que ejerce a través de internet. Son situaciones muy diferentes y no hay soluciones universales”, señala Gilda a El Confidencial.

 

Parte del paisaje parisino

Las leyes han ido cambiando, pero el oficio más viejo del mundo ha sido, y sigue siendo, una parte del paisaje urbano en París. Desde los decadentes y horteras alrededores de Le Moulin Rouge, con sus templos dedicados al sexo y al voyerismo, a la castiza calle de Saint Denis en pleno centro de la capital, donde la putas tradicionales lucen escote y peregrinan a sus pequeños apartamentos escaleras arriba varias veces al día desde hace décadas.

“Se impone una visión de que el cuerpo pertenece al Estado”, denuncia Giovanna Rincón, presidenta de Acceptess Transgenres, una asociación que trabaja fundamentalmente con transexuales y afectados por el VIH-Sida y que considera que la ley quiere imponer una visión puritana y moralizadora sobre la cuestión del cuerpo. “Hay que abordar el feminismo de una manera diferente. Qué mayor feminismo que el de una mujer, que hasta ahora ha sido reprimida, reducida a la reproducción y que hoy sea capaz de emanciparse de todos esos conceptos y salir a la calle a decir, sí me dedico a esto. ¿Por qué tenemos que sufrir por el cuerpo de otros si esos mismos no lo están lamentando ni pidiendo?”, reflexiona esta mujer transexual, que llegó a Francia desde Colombia hace una década y que ejerció la prostitución durante 20 años.

Las asociaciones reconocen que, por supuesto, existen casos de explotación y personas que viven situaciones de violencia. Que hay mujeres obligadas a acostarse con 30 o 40 hombres al día y que viven encerradas por sus chulos, sin posibilidad de denunciar porque no tienen nada. Pero para luchar contra ello, aseguran, bastaría con aplicar el derecho común, que ya castiga la trata de blancas, el trabajo forzado, el proxenetismo o la explotación sexual. “No es necesaria una ley específica, discriminatoria sobre esta o aquella categoría. La gente tiene que tener derecho al trabajo, a la sanidad, al alojamiento, a las ayudas sociales como todos los demás, sean forzados o no”, opina Merteuil, autora además del ensayo “¡Liberad el feminismo!”.

“Podemos ser putas y luchar contra el tráfico de seres humanos”, defiende Giovanna Rincón. Otras, como Gilda, recuerdan que muchas de las víctimas explotadas han sido condenadas hasta ahora además por trabajar sin declarar los ingresos, una doble condena que no es anecdótica, sino que pasa a menudo. “Se puede ser víctima de proxenetismo, condenada por no declarar tus ingresos y expulsada si eres inmigrante”, resume esta prostituta, travesti, especializada en dominación y que se presentó como cabeza de lista a las elecciones regionales del año pasado por la Federación Libertaria Unitaria Abierta en Hauts-de-Seine, en la periferia de París. Gilda, como Morgane o Giovanna, demuestran que el fenómeno de la prostitución es poliédrico y complejo y, para la gran mayoría de las personas, completamente desconocido y lleno de tópicos y prejuicios.

Para luchar contra la explotación, la nueva ley aprobada esta semana prevé permisos de residencia de seis meses para las personas extranjeras que dejen el oficio, y una “ruta de salida de la prostitución” a través de un acompañamiento social y de medidas de prevención con un presupuesto de 4,8 millones de euros al año. Las asociaciones ridiculizan esta partida. Se estima que en Francia hay más de 30.000 personas que se dedican a la prostitución, por lo que, con lo presupuestado por la ley, quedarían unos meros 160 euros por persona al año para su salida del oficio sexual, calcula Médicos del Mundo.

 

Mayor vulnerabilidad

“El acompañamiento social no prevé, por ejemplo, el alojamiento, y a los inmigrantes les ofrecen papeles pero sólo durante seis meses, un tiempo insuficiente para encontrar trabajo y establecerse. Si a alguien le retiras su sustento y no le ofreces lo suficiente para vivir dignamente, no lo dejará nunca. Y los que no quieran dejarlo no van a poder trabajar tranquilamente”, lamenta Aline Lathieyre, de Médicos del Mundo. “La ley no va a afectar a las redes criminales y mafiosas de proxenetismo, porque son trasnacionales, están muy estructuradas y se mueven entre muchos países. Si la ley no les conviene, van a otro sitio”, añade Rincón.

La ONG ya ha podido comprobar sobre el terreno cómo el temor a esta nueva ley está afectando a las trabajadoras sexuales. Si un cliente no quiere ser visto, probablemente intentará llevar a la prostituta a un lugar más alejado, más escondido y, posiblemente, más peligroso para ella. La precarización del trabajo va a obligar a algunas a aceptar servicios que antes no admitirían o a clientes de los que no están muy seguras. Porque, al final, aseguran, el alquiler hay que pagarlo igual. O van a tener que recurrir a intermediarios, se teme Morgane Merteuil. Lo que las hace más vulnerables.

La prostitución es una actividad legal en Francia, sus trabajadores pagan impuestos y cotizan para su jubilación, recuerda Lathieyre, “por lo que las personas que lo ejercen libremente deben dejar de ser estigmatizadas y reprimidas. No hay que poner en marcha medidas nuevas sino dejarlas trabajar en paz porque si no se les expone a más violencia y riesgos. Hay que aceptar que es un trabajo y acompañar a las personas que son víctimas de violencia”.

Para Rincón, que lleva años defendiendo a las minorías de las minorías, a un colectivo que se encuentra con las vulnerabilidades de ser inmigrantes, portadores de VIH y transexuales, la dignidad y la voz de las trabajadoras del sexo está por delante de cualquier ley: “Son autónomas, están haciendo un seguimiento sanitario, se pagan su baguette todas las mañana y su transporte y son dignas con ese trabajo, no pueden ser reducidas a la invisibilidad y a ser únicamente considerados como “sujetos prostitutos”. Que las dejen tranquilas”.

 

Posición de TAMPEP respecto a la situación de las trabajadoras sexuales nacionales e inmigrantes en la Europa actual

 

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http://tampep.eu/documents/TAMPEP%20paper%202015_08.pdf

 

Las leyes y las decisiones políticas juegan un papel clave en la lucha contra la violencia, en la reducción de la vulnerabilidad y en la garantía de acceso pleno a los derechos y a la justicia por parte de las trabajadoras sexuales. Mediante la despenalización del trabajo sexual se pueden garantizar condiciones laborales más seguras y las trabajadoras sexuales se pueden empoderar para luchar contra la violencia y exigir sus derechos humanos.

Esta posición política es apoyada por varias agencias de las Naciones Unidas (FPNU, ONUSIDA y PNUD); importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos, tales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que ha estado sometiendo a consulta un borrador de propuesta politica a favor de la despenalización del trabajo sexual ; las organizaciones contra la trata GAATW y La Strada International ; e importantes foros feministas (AWID) y fundaciones, como Open Society Foundations, Mama Cash y Red Umbrella Fund. La despenalización del trabajo sexual es defendida también por redes de trabajo sexual y organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales regionales, nacionales e internacionales, entre las que se encuentran TAMPEP (Red europea para la prevención de VIH/ETS y la promoción de la salud entre las trabajadoras sexuales inmigrantes), NSWP (Red global de proyectos de trabajo sexual), ICRSE (Comité internacional para la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales en Europa) y SWAN (Red de defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales).

 

Despenalización

 

Si todas las demandas de las trabajadoras sexuales pudieran ser resumidas en una palabra, esta sería despenalización. Gobiernos progresistas en Nueva Zelanda y Nueva Gales del Sur en Australia adoptaron un modelo de despenalización para mejorar la situación de las trabajadoras sexuales. Recientemente, el gobierno de Nueva Zelanda y el Colectivo de prostitutas de Nueva Zelanda evaluaron este modelo positivamente . Los resultados de esta evaluación demuestran una reducción significativa de la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales y un mejor acceso a los derechos humanos.

Por despenalización se entiende la derogación de todas las leyes punitivas y las regulaciones relativas al trabajo sexual y un modo de garantizar que los gobiernos respeten los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Esto incluye la despenalización de las terceras partes que operan en la industria del sexo, pero garantizando al mismo tiempo que las trabajadoras sexuales puedan trabajar independientemente y/o en cooperativas. La autodeterminación y la autonomía de las trabajadoras sexuales son fundamentales para entender el modelo de despenalización.

Las trabajadoras sexuales y sus aliados a menudo piden la plena despenalización mediante un sistema legal que desmonte también las barreras legales que aumentan la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales inmigrantes ante la violencia y la trata de personas y obstaculizan el disfrute en situación de igualdad de sus derechos humanos. La justificación de este enfoque es que para combatir la vulnerabilidad en la industria del sexo, los gobiernos necesitan garantizar la plena protección de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales independientemente de su nacionalidad y/o de su estatus legal en el país de acogida. Los derechos que deberían ser plenamente protegidos incluyen (pero no se limitan a ellos) el derecho a la vida, a la salud, a la migración, al trabajo, a la privacidad, a la asociación, a la igualdad ante la ley y a verse libres de practicas de trata y de esclavitud.

 
Estigma e inmigración

A pesar de la demanda de despenalización, las leyes y las decisiones políticas relativas al trabajo sexual han sido cada vez más represivas y punitivas en toda Europa. TAMPEP ha documentado en varias de sus publicaciones los efectos negativos que las leyes y regulaciones nacionales han tenido para las trabajadoras sexuales.

Raramente se reconoce al trabajo sexual como trabajo por los gobiernos nacionales y la sociedad en general, y el arma más poderosa para negar al trabajo sexual el estatus de trabajo es la del estigma . La realidad es que en vez de empoderamiento y apoyo a la autodeterminación y la autonomía de las trabajadoras sexuales, y mejora de sus condiciones de trabajo y de vida, los agentes políticos están desarrollando y aplicando nuevas medidas que socavan los derechos humanos y la dignidad de las trabajadoras sexuales.

Existen claros vínculos entre esta tendencia represiva y el actual debate acerca de la trata. Los grupos antiprostitución utilizan la retórica antitrata para acabar con la prostitución. El lobby antiinmigración usa el discurso antitrata para aumentar las restricciones a la inmigración .

Las voces de las trabajadoras sexuales son a menudo ignoradas o mal utilizadas por los agentes políticos y los medios de comunicación. En este contexto de invisibilidad y aislamiento, las trabajadoras sexuales inmigrantes se ven particularmente afectadas por las medidas represivas y la creciente xenofobia.

La penalización del trabajo sexual, de las trabajadoras sexuales y de sus clientes, se suele acompañar de leyes antiinmigración, cuya finalidad es detener y deportar por la fuerza a inmigrantes indocumentados. Como consecuencia de ello, las trabajadoras sexuales inmigrantes se ven empujadas a la clandestinidad, a lugares de trabajo sexual más ocultos para evitar la persecución y el riesgo de expulsión. Esta tendencia exacerba la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales frente a la trata de personas y reduce sus posibilidades de acceder a las ayudas y los servicios de salud, así como a la justicia y a sus derechos.

 
Tendencias específicas de la Unión Europea

Una tendencia que ha sido señalada y resaltada por varios informes de TAMPEP a lo largo de los años es el aumento de migración y movilidad entre las trabajadoras sexuales a nivel global y, en particular, la migración de trabajadoras sexuales hacia Europa y entre los países europeos . Esto es una consecuencia directa de la globalización, pero puede ser atribuido también a factores históricos y socioeconómicos y al crecimiento de la Unión Europea.

La inmigración es un aspecto fundamental a ser tenido en cuenta cuando se analiza el trabajo sexual en Europa. Las inmigrantes siguen siendo con mucho el mayor grupo de trabajadoras sexuales en la región. También se observa un elevado nivel de migración y movilidad de trabajadoras sexuales entre los países de la Unión Europea.

El problema parece tener sus raíces en el racismo y la xenofobia que sigue a las tendencias de migración y movilidad a lo largo de Europa. Las trabajadoras sexuales inmigrantes indocumentadas son particularmente vulnerables a la aplicación de la ley y experimentan altos niveles de violencia y abuso.

Este escenario se ve agravado por la severa crisis financiera que afecta a la UE y al resto del mundo desde 2008, a las medidas de los gobiernos para combatir el terrorismo mediante legislaciones de seguridad nacional ad hoc, y también a las leyes de seguridad ciudadana.

 
Conservadurismo creciente

TAMPEP observa un creciente conservadurismo político y social, que afecta a los derechos humanos y a las libertades civiles de las poblaciones vulnerables.

Retrocesos conservadores en relación al trabajo sexual, el uso de drogas y la inmigración son generados por la ignorancia de los enfoques basados en la evidencia y en los derechos humanos en el terreno legal.

Las políticas socioeconómicas junto con una progresiva tendencia a las desigualdades provocan unas profundas exclusión y discriminación sociales de las trabajadoras sexuales, especialmente de las más vulnerables (inmigrantes, transexuales, usuarias de drogas, etc.)

 
Trata frente a trabajo sexual

Para luchar contra las violaciones y los abusos en la industria del sexo, los Estados miembros de la UE han estado usando la lucha contra la trata para combatir la prostitución y la inmigración, en lugar de crear un entorno de seguridad y apoyo que permita a las trabajadoras sexuales trabajar, autoorganizarse y garantizar buenas condiciones de trabajo.

Desmantelar la industria del sexo desbarata las vidas y el trabajo de las trabajadoras sexuales y las empuja a la ilegalidad y el aislamiento. Al mismo tiempo, las víctimas de la trata de seres humanos raramente son halladas y, si lo son, sus necesidades raramente son atendidas de forma eficaz. Los agentes políticos fusionan trabajo sexual y trata, lo que da lugar a políticas ineficaces dirigidas al conjunto de trabajadoras sexuales y a un completo desprecio por las necesidades de las trabajadoras sexuales que no son víctimas de trata.

Una de las cinco prioridades de la UE en relación a la trata es intensificar la prevención de la trata de personas. La mayor parte de los agentes políticos han limitado su interpretación de la prevención a terminar con la demanda y la oferta de servicios y bienes de víctimas de la trata. Es creencia general que terminar con la demanda de servicios sexuale llevará a terminar con la trata.

A pesar de los objetivos estratégicos de la UE que se basan en una interpretación más amplia de la demanda, las leyes y decisiones políticas que buscan penalizar a los clientes de las trabajadoras sexuales demuestran que esos objetivos son aplicados de forma excepcional al conjunto de la industria del sexo.

Sin embargo, dada la amplitud de la definición de trata, las medidas destinadas a disuadir la demanda deberían reflejar la extensión y la gravedad de todos los fines por los que las personas son víctimas de trata, incluyendo, por ejemplo, la industria de la construcción, la agricultura, el procesamiento de alimentos, el trabajo doméstico y el cuidado de dependientes. A pesar de la evidencia de que la trata y el trabajo forzado son alentados por la demanda de mano de obra barata, poco preparada y fácilmente desechable combinada con las políticas de inmigración crecientemente restrictivas y la falta de protección laboral para los trabajadores inmigrantes, las decisiones políticas no están buscando atajar estos determinantes estructurales de la trata y el trabajo forzado.

De 2012 a 2015 no ha habido decisiones por parte de la UE para impulsar leyes de despenalización como una estrategia para combatir la trata y mejorar la situación de las trabajdoras sexuales en Europa.

TAMPEP tambíén ha tenido conocimiento de un aumento en las iniciativas de financiación por parte de la UE y otros donantes de las actividades antitrata y abolicionistas, aunque raramente de grupos dirigidos por trabajadoras sexuales o de proveedores de servicios con un enfoque del tema basado en la defensa de los derechos humanos.

 

El abolicionismo y el modelo sueco

Los grupos de presión feministas abolicionistas, como el Lobby de Mujeres Europeas y Equality Now, se están volviendo más fuertes y más influyentes, y han sido fuertemente financiados en el curso de los actuales debates e intereses políticos en torno a la trata de mujeres con fines de explotación sexual y prostitución. Las feministas y organizaciones abolicionistas a menudo defienden el modelo sueco, que se ha convertido en una peligrosa tendencia en Europa y en el mundo.

El modelo sueco —un modelo legislativo creado en Suecia en 1999— tiene por fin reducir la incidencia de la prostitución, no grarantizar condiciones de trabajo seguras para las trabajadoras sexuales. Esta iniciativa legislativa penaliza a los clientes de las trabajadoras sexuales y considera a todas las personas que practican comercio sexual como víctimas.

En Europa, varios estados han introducido (Noruega, Islandia e Irlanda del Norte) o intentado aplicar (Francia y Escocia) medidas legales para implantar la penalización del trabajo sexual o la compra de servicios sexuales, sin tener en cuenta las consecuencias negativas que la penalización de los clientes tiene para las trabajadoras sexuales .

 

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Las trabajadoras sexuales suecas observan que la penalización ha llevado a que haya menos tiempo para negociar las condiciones de trabajo y la seguridad del entorno de trabajo. Las trabajadoras sexuales de interior ya no pueden pedir a sus clentes informaciones tales como el nombre y el número de teléfono, y no tienen tiempo para negociar los servicios que van a proporcionar, lo que afecta a su seguridad.

Las trabajadoras sexuales de calle son las más afectadas. Se ven empujadas a trabajar en las afueras de las ciudades, en zonas menos visibles y accesibles, donde la policía no pueda sorprender a sus clientes. Tienen menos probabilidades de establecer contacto con los servicios de ayuda.

El modelo sueco está basado en la ideología y no en la evidencia. Cuando los clientes corren el riesgo de ser detenidos, la prostitución se vuelve automáticamente clandestina.

Como señalan las trabajadoras sexuales activistas y sus aliados, la penalización del cliente socava la autodeterminación de las trabajadoras sexuales, las lleva a la clandestinidad y refuerza el estigma y la discriminación que ya margina a esa población.

Además, el modelo sueco y las cruzadas antitrata/prostitución han puesto los modelos holandés y alemán bajo escrutinio.

Aunque ciertamente existen problemas con los actuales enfoques reguladores en países como Holanda y Alemania, el enfoque regulador no deslegitima el trabajo sexual ni pretende abolirlo como hace el modelo sueco.

Las campañas y el lobby político abolicionistas han estado recibiendo cada vez más atención de los medios de comunicación y más apoyo político, a pesar de la creciente evidencia de que la penalización de los clientes o de las trabajadoras sexuales lo único que hace es aumentar la vulnerabilidad y desde luego no combate la violencia y el abuso en la industria del sexo.

Los defensores de la penalización de los clientes o del trabajo sexual en su conjunto desean despreciar las experiencias y puntos de vista de aquellas personas directamente afectadas: las propias trabajadoras sexuales, bajo pretexto de proteger a las mujeres.

Las trabajadoras sexuales están notablemente ausentes de las conferencias organizadas para discutir las políticas penalizadoras. Los abolicionistas en la Europa actual rechazan el término “trabajo sexual” así como la idea de que el trabajo sexual es trabajo e ignoran y persistentemente ignoran y excluyen las voces de aquellas personas que trabajan en la industria del sexo.

 

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Actuación policial y represión

Las trabajadoras sexuales en Europa suelen ser detenidas en las calles, burdeles, parques y otros lugares de trabajo. Las trabajadoras sexuales de calle, sin embargo, son las que con mayor frecuencia son objeto de medidas de aplicación de la ley. Las trabajadoras sexuales de interior también han sido el objetivo en operaciones de redada y en el cierre de lugares de trabajo con fines de investigación. Estas prácticas privan a las trabajadoras sexuales de sus ingresos.

Tradicionalmente, las trabajadoras sexuales inmigrantes, especialmente las que carecen de documentación o trabajan en situación irregular, experimentan los mayores niveles de violencia y abuso por parte de la policía y de personas que se hacen pasar por clientes.

Esto arroja luz sobre el hecho de que las leyes nacionales han estado fusionando las actuaciones policiales dirigidas contra la inmigración con las dirigidas contra la prostitución con el propósito de detener y deportar a las inmigrantes (por ejemplo, deportaciones de trabajadoras sexuales chinas en París en 2014 e intento de Suecia de deportar a trabajadoras sexuales de la Unión Europea, a pesar de la ilegalidad de estas prácticas policiales) .

La red TAMPEP ha estado observando estas violaciones de derechos de las trabajadoras sexuales e informando de ellas, sobre todo de las de trabajadoras sexuales inmigrantes, desde su creación, en 1993. TAMPEP cree que la mejor herramienta para luchar contra las violaciones de derechos es la defensa de esos derechos y las reformas legal y política.

 

Salud pública

Las trabajadoras sexuales encuentran importantes obstáculos cuando intentan acceder a servicios de prevención, tratamiento y asistencia sanitarios, debido sobre todo al estigma, la discriminación y la penalización. Las crecientes represión y penalización estatales del trabajo sexual ha hecho a las trabajadoras sexuales más vulnerables al VIH y las ETS. Las han obligado a trabajar en espacios clandestinos, reduciendo su acceso a la atención sanitaria y a medidas de prevención, y han socavado su dignidad. Estos problemas son habitualmente mayores para las trabajadoras sexuales inmigrantes, en particular si están indocumentadas. Evitan el acceso a los servicios sociales y de atención sanitaria por miedo a ser registradas y/o deportadas.

Las pruebas obligatorias de salud sexual son todavía practicadas y exigidas legalmente por algunos países europeos (como Hungría y Latvia). Estos procedimientos a menudo vulneran los derechos a la confidencialidad y la privacidad de las trabajadoras sexuales. La penalización de la transmisión del VIH también supone riesgos severos para los grupos vulnerables, en la medida en que disuade a las trabajadoras sexuales de hacerse pruebas y acudir a los servicios de salud.

Más aún, un gran número de organizaciones de lucha contra el VIH y de defensa de la salud pública, incluyendo la OMS y ONUSIDA, han advertido a los agentes políticos de los peligros sanitarios de la penalización de las trabajadoras sexuales y/o de sus clientes. Citamos el Grupo Asesor de ONUSIDA sobre VIH y trabajo sexual en su informe de 2011 que acompaña a la Guía de ONUSIDA sobre VIH y trabajo sexual de 2009:

“Los estados deberían evitar la penalización del trabajo sexual o de actividades relacionadas con el mismo. La despenalización del trabajo sexual debería incluir la derogación de los castigos penales por comprar y vender sexo, gestionar trabajadoras sexuales y burdeles, y otras actividades relacionadas con el trabajo sexual”.

Las actuaciones dirigidas por las trabajadoras sexuales deben tener un papel central en la mejora de la defensa frente al VIH y es crucial escuchar a las trabajadoras sexuales. Las trabajadoras sexuales experimentan de primera mano los efectos de las leyes y las prácticas lesivas de aplicación de las mismas que violan sus derechos humanos y obstaculizan los avances en la lucha contra el VIH. Sin embargo, la cobertura de prevención del VIH se estima que alcanza a menos de una tercera parte de todas las trabajadoras sexuales de la región. La financiación para intervenciones en trabajo sexual y VIH está disminuyendo, a pesar de la evidencia de su efectividad.

TAMPEP continúa llamando la atención en varios foros de la UE sobre las necesidades de las trabajadoras sexuales para garantizar que dichas necesidades, incluyendo las de las trabajadoras sexuales inmigrantes, sean tenidas en cuenta en los programas relacionados con la prevención, la atención y el tratamiento del VIH.

 

Homo y transfobia

Otras leyes han empeorado también la situación de los trabajadores sexuales masculinos y transexuales, en particular en la Europa Central y del Este, incluyendo los países de la CEI. Las leyes antihomosexualidad en países como Rusia y Ucrania provocan más homofobia y transfobia en la sociedad y menos aceptación social de las personas LGBTI, lo que afecta específicamente a los trabajadores sexuales masculinos y trans. Tener que hacer frente a múltiples formas de estigmatización y despenalización a menudo priva a estos grupos de sus derechos humanos fundamentales.

La homofobia de la sociedad, las leyes contra la homosexualidad y la ausencia de protección legal frente a la discriminación son importantes obstáculos para los trabajadores sexuales masculinos y transexuales a la hora de acceder a los servicios de salud y de información relacionados con el sexo.

 

Comentarios de TAMPEP sobre las políticas en relación a la prostitución en la Europa actual

A TAMPEP le preocupa que las actuaciones contra las trabajadoras sexuales, en particular las inmigrantes, se vean legitimadas mediante el encuadre del trabajo sexual como un problema que implica criminales organizados y “esclavas sexuales”.

Los determinantes estructurales y las leyes que afectan negativamente a las trabajadoras sexuales, tanto nacionales como inmigrantes, y a la industria del sexo como un todo, no están siendo consideradas como de importancia central cuando se trata de las vulnerabilidades de las trabajadoras sexuales (incluyendo la explotación sexual y la trata).

TAMPEP reafirma que las medidas tomadas por los estados miembros de la UE en su lucha contra la trata a menudo se convierten en estrategias antiprostitución (por ejemplo, operaciones de redada) y antiinmigración (por ejemplo, controles fronterizos más estrictos). Las trabajadoras sexuales inmigrantes, especialmente aquellas sin papeles, están bajo amenaza constante de ser detenidas y deportadas. La violencia ejercida contra esta población ha sido también demostrada por varios informes financiados por la UE .

 

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Este enfoque de lucha contra la trata, que ha influído en la política de la UE, oscurece tanto la relación entre política de inmigración y “trata” como la relación entre política de prostitución y trabajo forzado en la industria del sexo .

Está siendo necesario clarificar a los que toman las decisiones políticas y a los políticos en general las diferencias existentes entre trata y trabajo sexual, tanto en la ley como en la práctica. Aunque las consecuencias negativas para las trabajadoras sexuales de la lucha contra la trata no resultan políticamente interesantes para algunos miembros del Parlamento europeo, la ineficiencia al abordar el problema y proteger los derechos de las víctimas puede ser una estrategia que han adoptado.

La fusión de trabajo sexual y trata ha alcanzado niveles desproporcionados en el debate político y en los medios. TAMPEP promueve de forma consistente la visibilidad de las trabajadoras sexuales como un modo de desmantelar las teorías de la victimización y hacer patente la situación de las trabajadoras sexuales en Europa. Más aún, TAMPEP cree que las trabajadoras sexuales pueden ser grandes aliadas en la lucha contra la trata en la medida en que podrían detectar a las auténticas víctimas si ellas mismas no fueran tan a menudo penalizadas y desautorizadas.

 
La posición de TAMPEP

Poner de manifiesto y pormenorizar las violaciones de los derechos humanos que experimentan las trabajadoras sexuales parece no haber sido suficiente para impedir los modos conservadores de entender la industria del sexo y sus trabajadoras.

A la vista de las continuas regulaciones abusivas del trabajo sexual y de un clima de políticas sociales represivas, redes feministas y de inmigrantes, compañeros políticos, aliados y otras partes interesadas urgen a la sociedad civil para que emprenda una acción integrada en defensa de las trabajadoras sexuales que garantice el reconocimiento y protección de sus derechos y combata las leyes y prácticas discriminatorias.

Reafirmamos nuestro compromiso de luchar contra la penalización del trabajo sexual y el modelo sueco e invitamos a compañeros y aliados de toda Europa a unirse a nosotros en la lucha por garantizar a todas las trabajadoras sexuales el disfrute de sus derechos humanos en Europa.

 

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