La Plataforma de Afectados por la Abolición de la Prostitución pide al Congreso que les reciba

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Plataforma Afectados Abolicion org ha iniciado esta petición

https://www.afectadosabolicion.org/
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LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LAS NUEVAS LEYES PARA LA ABOLICIÓN DE LA PROSTITUCIÓN EN ESPAÑA PIDE QUE EL CONGRESO Y EL SENADO LES RECIBA:

https://www.change.org/p/plataforma-de-afectados-por-la-abolici%C3%B3n-de-la-prostituci%C3%B3n-pide-al-congreso-les-reciba

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Se han puesto en marcha dos leyes para abolir la prostitución en España.

La Ley del Si es Si (Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual. (1)), que ya está en su trámite en el Senado para ser aprobada y devuelta al Congreso, en su artículo 11 y en la disposición final tercera, va a prohibir la publicidad que promueva la prostitución, obligando a las trabajadoras sexuales a dar a conocer sus servicios por medio de su exposición en las calles y cunetas de las carreteras.

Y la Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, para prohibir el proxenetismo en todas sus formas (2), que supone la abolición de hecho de la prostitución libre y voluntaria; dicen desde el PSOE, PP y Podemos, que la promueven, que no quiere penalizar a las trabajadoras sexuales independientes, pero ….

1- Los clientes van a ser multados ¿Quién va a atreverse a contratar los servicios de una trabajadora sexual si puede ser multado o encarcelado?

2- No vamos a poder alquilar ni pisos ni estar en locales dedicados a esta actividad, se condenará a quienes nos alquilen incluso la vivienda ¿Quién nos va a alquilar nada?

3- No vamos a poder anunciarnos, ya que por la ley del Si es Si no habrá donde hacerlo. Se van a censurar las redes sociales.

4- Bajo la pretensión de luchar contra la trata y la prostitución obligada, echan a la calle a quienes queremos trabajar libre y voluntariamente. ¿Cómo se va a luchar contra la trata si estamos en la calle? ¿ Como van a colaborar los portales de internet en la lucha contra la trata si no pueden existir?

5- No quieren perseguir la prostitución forzada, quieren hacernos desaparecer a las trabajadoras sexuales, invisibilizarnos y ocultarnos. No son leyes que defiendan a las mujeres sino que van contra las mujeres que somos trabajadoras sexuales.

Nos quieren impedir nuestro derecho constitucional y europeo a la libre elección del oficio. Los partidos que promueven estas leyes se autodenominan feministas pero solo en lo que encaja en su prisma. «Mi cuerpo, mi decisión» pero solo vale la decisión de algunas. Nos niegan ser mujeres a las trabajadoras sexuales al negarnos la libertad de elección.

Los abolicionistas, el primero el PSOE, acompañados por PP y Podemos, justifican su postura bajo la falsa premisa de que el 80% de la prostitución es obligada. Nunca han justificado de donde obtienen esos datos porque no son ciertos, ningún estudio los respalda. Por ello invitamos a quien quiera a llamar a cualquier teléfono de cualquier portal de internet, o de los pisos o locales, y preguntar si estamos obligadas.

Según el estudio de la Dra. Carmen Meneses-Falcón de 2021, a partir de datos de la ONG Médicos del mundo, estima que podría haber indicios de ser víctimas de trata con fines de explotación sexual un 7% de las personas a las que ayudaron en 2016. 7% de colectivos particularmente vulnerables. Y en las conclusiones, se determina que no es más de un 10% el colectivo susceptible de ser víctima de Trata.

La constitución española en su artículo 35 (3) dice que “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.”

La sentencia europea, del caso Jany y otras, de No, 2001 estableció: (4) “El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dictó, el 20 de noviembre de 2001, la sentencia conocida como Jany y otras, que declaró la prostitución «actividad económica ejercida de modo independiente», a condición de que fuera «por cuenta propia».

Por lo que nuestro oficio como trabajadoras sexuales está reconocido a nivel europeo. Las normas totalitarias que pretenden imponer están limitando nuestra libertad al libre ejercicio de nuestro oficio.

La Plataforma de Afectad@s por la prostitución (www.afectadosabolicion.org) pedimos a los grupos que promueven las leyes mencionadas que nos escuchen, en el Congreso y en el Senado, para que las leyes en tramite tengan en cuenta al sector.

Firma esta propuesta para conseguir que se nos escuche en el Congreso y en el Senado:

https://www.change.org/p/plataforma-de-afectados-por-la-abolici%C3%B3n-de-la-prostituci%C3%B3n-pide-al-congreso-les-reciba

(1) https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-62-6.PDF

(2) https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/B/BOCG-14-B-250-1.PDF

(3) https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=35&tipo=2#:~:text=Todos%20los%20espa%C3%B1oles%20tienen%20el,discriminaci%C3%B3n%20por%20raz%C3%B3n%20de%20sexo

(4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61999CJ0268&from=EN

 

Prostitución, «homosexualismo» y otras ‘lacras sociales’

Un informe policial, fechado en agosto de 1968, refleja cuáles eran las principales amenazas para la moral juvenil según el Franquismo

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Por Enrique Berzal

16 de agosto de 2018

https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/prostitucion-homosexualismo-lacras-20180816170154-nt.html

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Hubo un tiempo, no hace tanto, en que pasear «semiabrazados, sin regatear en besos», vestir falda corta, exponer en los escaparates maniquíes con ropa interior en determinadas posturas, organizar guateques y asistir a discotecas eran costumbres vigiladas por la policía por constituir un riesgo evidente de cara a «la formación moral de la juventud». Era una de las constantes irrenunciables del nacionalcatolicismo franquista: el control de la moralidad pública y privada conforme a las normas emanadas por la Iglesia católica en su versión menos aperturista.

Así puede comprobarse en el ‘Informe sobre situación de la moralidad pública’ emitido por la Jefatura de Policía de Valladolid en agosto de 1968, hace 50 años, encargado de detallar ese tipo de «amenazas» para «el recto desenvolvimiento moral» de los jóvenes. Ordenado por el gobernador civil, semeja una radiografía de los «vicios» y el ocio de la juventud de entonces, que habría de ser remitido al director general de Política Interior y Asistencia Social para «hacer más efectiva una actitud de corrección para evitar los hechos que puedan afectar al desenvolvimiento y formación moral de dicha juventud».

El documento, que puede consultarse en el Archivo Histórico Provincial, dedica diecisiete hojas mecanografiadas a registrar, por ejemplo, «no pocos casos en los que la honestidad y recato de la mujer [en lugares públicos] deja mucho que desear, con sus exhibiciones en terrazas y establecimientos, debido en parte a la moda de las faldas cortas». Eso por no hablar de quienes paseaban «semiabrazados, sin regatear los besos», o exhibiendo «mayor intimidad» en parques y jardines, salas de espectáculos y, sobre todo, lugares retirados o de las afueras de la ciudad, «escogidos por las parejas de novios para sus expansiones, generalmente después de la puesta de sol».

El jefe superior de Policía no pasaba por alto lo pernicioso que, a su entender, suponía exhibir «barbas, melenas y patillas» en el caso de los hombres, y minifaldas en el de las mujeres, a pesar de que la gente ya se hubiera habituado «a esa libertad en modas y comportamiento de la juventud». Eso no obsta para que, siguiendo las normas de moralidad informadas por la Iglesia católica, los agentes persiguieran conductas consideradas tan lesivas para la moral juvenil como la asistencia a guateques en domicilios particulares sin permiso y, sobre todo, a ‘boites’ (discotecas), ‘clubs nocturnos’ y ‘drinks’, «verdaderos antros de corrupción y relajación moral de la juventud», siempre aptos «para las expansiones amorosas» por su escasa iluminación, «sus decorados provocativos» y esa «penumbra amparadora de todo extravío sexual», incitado por «músicas modernas de ritmo excitante».

El informe policial apuntaba al cine como el «principal promotor del cambio de costumbres» y de un «concepto más liberal de la moral». Se lamentaba, por ejemplo, de la afluencia de público a las películas tipificadas por la Oficina Calificadora de Espectáculos como 3R (‘para mayores, con reparos’) y 4 (‘gravemente peligrosa’), promotoras de «temas violentos, de erotismo o de ambas cosas», con un «contenido francamente inmoral o simplemente adecuado». No menos peligroso le parecía el «teatro de vanguardia» de grupos universitarios, con obras que «en su mayoría no merecen otro calificativo que el de indecentes, soeces, groseras y de perniciosa amoralidad».

Claro que las dos «lacras» sociales más perseguidas eran la prostitución y «el homosexualismo». Ya el decreto de 3 de marzo de 1956 declaraba la prostitución negocio ilícito y prohibía «las mancebías y las casas de tolerancia» en todo el territorio del Estado. Siete años después, la reforma del Código Penal tipificaba como delito una serie de conductas asociadas a las personas que ejercían la prostitución. Pero lo cierto, como demuestra el informe vallisoletano, es que «la prostitución continúa ejerciéndose clandestinamente por mujeres que han hecho de este tráfico el único medio de su vida», pues muchas eran «antiguas mancebas de los prostíbulos clausurados al decretarse la prohibición».

La «baja prostitución», según terminología de la historiadora Beatriz Caballero, se ejercía «entre las calles de Padilla, Empecinado y Estrecha, restos del antiguo ‘barrio chino’ (…); en este sector las mujeres hacen la ‘carrera’ en las últimas horas de la tarde y primeras de la noche», señalaba el escrito, llevando a los clientes a sus domicilios particulares, a casas de citas clandestinas o al campo. Otro tanto ocurría en las afueras del Puente Mayor, en la carretera de Gijón y en el Camino del Cabildo, aprovechando en este caso los merenderos existentes.

Más excepcionales eran las actrices y artistas que actuaban en salas de fiestas, cafeterías y clubes nocturnos y ejercían la prostitución para obtener un sobresueldo. 51 mujeres habían sido detenidas en 1968 por este delito. Aunque se les impusieron multas, arresto gubernativo y aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes, el jefe superior de Policía reconocía la ineficacia de las medidas represivas: «La labor educativa, de mayor comprensión humana y caridad cristiana por parte de la sociedad sería mucho más eficaz para la recuperación de estos seres que todas las medidas coercitivas».

Pero esta comprensión se tornaba en auténtica ofensa a la hora de enjuiciar los casos de «homosexualismo», que el Franquismo consideraba una actitud pecaminosa, delictiva y enferma. De hecho, en 1954 se modificó la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 para incluir a los homosexuales, acusados de ofender «la sana moral de nuestro país por el agravio que causan al acervo de las buenas costumbres, fielmente mantenido en la sociedad española». Se les condenaba al internamiento en establecimientos de trabajo o Colonias Agrícolas o en instituciones especiales con separación del resto; también se les prohibía residir en determinados lugares o territorios, que solían coincidir con su residencia habitual.

El desarrollo económico y la modernización de costumbres dispararon «la ola de homosexualismo», decían los informes de los 60. Las autoridades vallisoletanas no dudaban en tildarlo de «lacra que se propaga con demasiada celeridad entre la juventud», asegurando que «el atuendo de la moda» contribuía a «suponer que muchos jóvenes dan muestras de padecer esta aberración». Incluso detallaban su «campo de acción o de encuentro y ligue» en «los sitios más apartados de parques y jardines, especialmente en las horas nocturnas y en las proximidades de los urinarios». Sin embargo, como los implicados establecían «sus contactos muy reservadamente», apenas generaban escándalo.

El trabajo sexual es un trabajo real: la recuperación global de la COVID-19 debe incluir a las trabajadoras sexuales

Por Deeplina Banerjee y Andrea Burke

8 de agosto de 2022

https://theconversation.com/sex-work-is-real-work-global-covid-19-recovery-needs-to-include-sex-workers-183773?fbclid=IwAR0OKZ9kg_iHr0eqToyBsu624lp3KUkJ3Wj9DvhT1g6-9cJdHBhghSrWT3A

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Durante la pandemia, los negocios pasaron de ser presenciales a trabajar desde casa, lo que rápidamente se convirtió en la nueva normalidad. Sin embargo, dejó a muchos trabajadores en la estacada, especialmente a aquellos con ocupaciones menos “socialmente aceptables”.

La pandemia ha impactado negativamente a las trabajadoras sexuales en todo el mundo y ha aumentado sustancialmente la precariedad de su profesión. Y las medidas de salud pública implementadas hicieron que fuera casi imposible que las trabajadoras sexuales brindaran algún servicio en persona.

Aunque muchas personas dependen del trabajo sexual para sobrevivir, su penalización y vigilancia estigmatiza a las trabajadoras sexuales.

Las investigaciones muestran que, a nivel mundial, las trabajadoras sexuales han quedado rezagadas y, en la mayoría de los casos, excluidas de las iniciativas gubernamentales de apoyo económico y las políticas sociales. Debe haber un enfoque interseccional para la recuperación global de COVID-19 que considere las realidades vividas por todos. Proponemos recomendaciones de actuaciones políticas que traten el trabajo sexual como trabajo decente y que se centren en las experiencias vividas y los derechos de quienes ejercen la profesión.

El trabajo sexual y la pandemia

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) informó recientemente que, además de la pérdida de ingresos, la pandemia ha aumentado las desigualdades preexistentes para las trabajadoras sexuales.

En una encuesta realizada en África oriental y meridional, el UNFPA descubrió que durante la pandemia, el 49 % de las trabajadoras sexuales sufrieron violencia policial (incluida la violencia sexual), mientras que el 36 % informó de detenciones arbitrarias. La misma encuesta informó que más del 50 por ciento de las encuestadas experimentaron crisis alimentaria y de vivienda.

Los bloqueos y los cierres de fronteras afectaron negativamente a la industria turística de Tailandia, que depende parcialmente del trabajo de las trabajadoras sexuales.

En Asia Pacífico, las trabajadoras sexuales informaron tener un acceso limitado a anticonceptivos y lubricantes junto con un acceso reducido a los recursos de reducción de daños. Los cierres también interrumpieron los servicios de pruebas de ITS o VIH, lo que limitó el acceso de las trabajadoras sexuales a la atención médica necesaria.

En América del Norte, las trabajadoras sexuales han sido excluidas de la respuesta de recuperación del gobierno. Y muchas comenzaron a ofrecer servicios en línea para mantenerse.

Respuesta del gobierno frente a respuesta de la comunidad

A nivel mundial, las trabajadoras sexuales se han visto obligadas a valerse por sí mismas durante la pandemia con poco o ningún apoyo del gobierno. Pero las propias comunidades se han estado reuniendo.

Elene Lam, fundadora de Butterfly, una organización de trabajadoras sexuales inmigrantes asiáticas en Canadá, habla sobre la resiliencia de las trabajadoras sexuales durante la pandemia.

Dice que organizaciones como la Alianza Canadiense para la Reforma de la Ley de Trabajo Sexual están trabajando en colaboración con Amnistía Internacional para movilizar apoyo de ingresos y recursos para ayudar a las trabajadoras sexuales en Canadá.

Organizaciones del Reino Unido, Alemania, India y España también han establecido fondos de apoyo de emergencia. Y algunas organizaciones de trabajadores sexuales han desarrollado recursos específicos de la comunidad para brindar servicios tanto en persona como en línea durante la pandemia.

La recuperación mundial debe incluir a las trabajadoras sexuales

La “Agenda de Trabajo Decente” de la Organización Internacional del Trabajo enfatiza el empleo productivo y las condiciones de trabajo decentes como la fuerza impulsora detrás de la reducción de la pobreza.

La socióloga Cecilia Benoit explica que el trabajo sexual muchas veces se convierte en una “estrategia de subsistencia” ante la inestabilidad laboral y de ingresos. Dice que, al igual que otros trabajadores de servicios personales, las trabajadoras sexuales también deberían poder ejercer sin ninguna interferencia o violencia.

Para tener una recuperación inclusiva de COVID-19 para todos, los gobiernos deben trabajar para extender las garantías sociales a las trabajadoras sexuales, algo que hasta ahora no han hecho.

A medida que desaparecen las restricciones pandémicas, es fundamental garantizar que todas las personas involucradas en el trabajo sexual estén protegidas por la ley y tengan acceso a medidas de compensación.

Recomendaciones

Como investigadoras feministas, proponemos que el trabajo sexual se incluya en la agenda más amplia del trabajo decente para que las personas que ofrecen servicios sexuales estén protegidas.

1. Los gobiernos deben tener un mandato legal para prevenir la explotación sexual.

2. La policia debe estar capacitada para responder mejor a las necesidades de las trabajadoras sexuales. Intervenir y abordar situaciones de abuso o violencia es fundamental para garantizar la seguridad en el lugar de trabajo y la reducción de daños.

3. Las campañas de sensibilización y educación deben centrarse en desestigmatizar el trabajo sexual.

4. Los legisladores deben incorporar la interseccionalidad como un principio de trabajo para identificar y responder a los diferentes ejes de opresión y marginación que afectan a las personas LGBTQ+ y a las trabajadoras sexuales racializadas.

5. El compromiso con las personas que ejercen el trabajo sexual y las organizaciones de derechos humanos debe aplicarse al diseñar el apoyo de ayuda para garantizar que se cree un camino inclusivo para la recuperación.

6. A nivel mundial, debe haber un compromiso constante para desestigmatizar a las trabajadoras sexuales y sus servicios.

A pesar de la disminución gradual de las restricciones pandémicas, las trabajadoras sexuales siguen enfrentándose a la doble inseguridad de la discriminación social y la pérdida de apoyo a los ingresos. A muchas todavía les resulta difícil mantenerse a flote y subsistir.

Socialmente, debemos reconocer que las trabajadoras sexuales tienen capacidad de decisión y merecen el mismo respeto, dignidad y ayuda que cualquier otra persona que vende su trabajo.

La libertad de desear lo que desees y la esclavitud de tener que desear lo que deseen otras

El feminismo radical abolicionista/prohibicionista —como movimiento totalitario que es— es enemigo de la libertad individual: solo es libre la totalidad (en su caso, la totalidad de las mujeres) y la «libertad» individual es una falacia, un engaño, un instrumento contra la auténtica libertad, la libertad de la totalidad, es decir, de la secta totalitaria que asume la representación de esa totalidad.

Una mujer carece de libertad sexual: solo la totalidad de las mujeres tienen libertad sexual. Y esta libertad sexual de la totalidad de las mujeres está definida por las normas dictadas por la secta totalitaria. Es falsa la libertad («el mito de la libre elección») de la mujer que desea lo que desea si lo que desea no es lo que desean que desee las feministas radicales abolicionistas/prohibicionistas. Bien es cierto que esa libertad personal de desear lo que se desee es el fundamento mismo de la Constitución democrática, pero una secta totalitaria busca la destrucción de las constituciones democráticas.

Las leyes dictadas a todas las mujeres por las feministas radicales se configuran como un código moral y, como todos los códigos morales impuestos a las mujeres a lo largo de la historia, este código moral se centra en la conducta sexual de las mujeres, exactamente en la represión de la libertad sexual de las mujeres. Pero, al contrario del código moral patriarcal tradicional, el patriarcado de nuevo cuño feminista radical no combate la expresión del deseo sexual de las mujeres como falsa libertad individual, sino que pone esa expresión del deseo sexual como la condición necesaria para juzgar moralmente como libre la conducta sexual de una mujer.

No existe la libre elección de prostituirse, dicen, porque las prostitutas no son movidas por el deseo sexual. La auténtica libre elección sexual de una mujer es la que es desencadenada por el deseo sexual, por el ciego e irracional deseo sexual. La capacidad de controlar y administrar el deseo sexual en función de otros intereses (sagrados o profanos) es exclusiva de los hombres: las mujeres no son capaces de hacer eso y cuando creen que lo hacen es porque están engañadas, envueltas en las redes de la falsa conciencia tendidas por los machos, necesitadas de ser liberadas por sus hermanas feministas radicales.

Libertad y deseo sexual tienen el mismo origen etimológico y el deseo sexual es el deseo por antonomasia. De la misma fuente íntimamente personal de la que surge el deseo sexual surgen todos los deseos, y esa fuente no puede ser cegada por ninguna maquinaria represiva, por brutal y artera que sea. Nadie nos quitará la libertad de desear lo que deseemos y el deseo de libertad prevalecerá sobre todos los totalitarismos.

Presidenta del sindicato de trabajadoras sexuales se lanzó al Senado

15 de diciembre de 2021

https://www.semana.com/confidenciales/articulo/presidenta-del-sindicato-de-trabajadoras-sexuales-se-lanzo-al-senado/202109/

Fidelia Suárez

Con la finalización del plazo para inscribir candidatos al Congreso, poco a poco se han ido conociendo detalles de los aspirantes inscritos.

Uno de los hechos que más llamó la atención fue la inscripción de Fidelia Suárez, presidenta del sindicato de trabajadoras sexuales.

Suárez fue incluida en la lista al Senado del Partido Liberal, en el puesto número 18, según lo reveló el secretario general de esa colectividad Miguel Ángel Sánchez.

“Su liderazgo busca el visibilizar la defensa de los derechos de las trabajadores sexuales en nuestro país”, apuntó Sánchez al momento de la inscripción.

Fidelia Suárez se ha convertido en la voz más visible a la hora de velar por los derechos de este grupo poblacional en Colombia. En 2015 lideró la creación de SINTRASEXCO, el sindicato de trabajadoras sexuales, desde donde ha logrado visibilizar diversas causas de las trabajadoras sexuales.

En 2017, por ejemplo, logró hundir un proyecto presentado por la entonces congresista Clara Rojas, que buscaba que quienes pagaran por servicios sexuales fueran sancionados con multas progresivas que irían desde los 98.000 hasta los 780.000 pesos.

La voz del sindicato resultó tan importante que al final la iniciativa no prosperó.

La lista del Partido Liberal la encabeza el senador Lidio García, seguido de Laura Fortich, Fabio Amín, Miguel Ángel Pinto, Iván Darío Agudelo, Mario Castaño y Mauricio Gómez Amín. De igual manera, el partido acoge en su lista al Senado al expresidente de la Cámara Alejandro Chacón.

Más de 200 personas se manifiestan contra la abolición de la prostitución en Málaga

Se rebelan contra la propuesta de ley del Gobierno, que pretende acabar con el proxenetismo
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Por IRENE ORTIZ

3 de agosto de 2022

https://www.diariosur.es/sociedad/trabajadores-sexuales-manifiestan-abolicion-prostitucion-malaga-20220803180617-nt.html

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Un centenar de personas se manifiestan en Calle Larios contra la ley de abolición de la prostitución. / IRENE ORTIZ

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Una treintena de paraguas rojos trataban este miércoles de pintar el centro de Málaga. Caretas blancas ocultando identidades, vociferando por obtener «justicia» con pitos y megáfonos se hacían de notar a partir de las 12:30 en Muelle Heredia. Apenas medio centenar de personas, una cifra que la Policía Nacional elevaba a 200, se han manifestado contra la propuesta de ley para abolir la prostitución apoyada por el Congreso hace casi dos meses.

La Plataforma de Afectados por la Abolición y sus seguidores avanzaban con paso firme por calle Larios. En la delantera, tres mujeres sostenían un cartel en el que se leía: «Trata no es prostitución libre, basta ya de mentiras PSOE». Susana Pastor, coordinadora de la plataforma, considera que el Gobierno «miente» en cuanto a cifras. La principal diferencia de criterio reside en que Pastor y su plataforma defienden que la trata apenas supone el diez por ciento de la prostitución en España mientras la mayoría de partidos sostienen que prácticamente la totalidad de este servicio se ejerce de manera forzada.

Quienes se oponen a la abolición lo tienen claro: quieren seguir ejerciendo la prostitución de manera libre. Y van a seguir luchando por lo que consideran sus derechos. «Creo que todas somos libres de hacer lo que queremos, yo he decidido libremente ejercer este trabajo», dice una de ellas. Así pues, entre sus cánticos rogaban por la legalización de la prostitución, porque «su cuerpo es suyo y ellas deciden».

A la altura del edificio de la Caixa y la heladería Casa Mira se produjo la lectura del manifiesto de las ‘paraguas rojo’. Susana Pastor tomaba la voz cantante subida encima de una mesa de bar. «Ellos dicen que no vienen en nuestra contra, pero si están prohibiendo a los clientes venir y están prohibiendo que accedamos a la publicidad y a los clubs, a los hoteles y a todo el mundo a alquilar, ¿cómo vamos a trabajar?», preguntaba.

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La Plataforma de Afectados por la Abolición protestando por lo que consideran sus derechos en calle Larios. / IRENE ORTIZ

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A pesar de haber mayoría de mujeres, también podía detectarse algún que otro hombre. Martín, trabajador de seguridad, ratificaba que el problema no estaba en ellos sino en las mafias: «Si quieren atacar, que ataquen a las mafias que estos no están regularizados». Afirmaba Susana Pastor: «Nosotras no somos esclavas, no somos mercancía, somos trabajadoras sexuales, venimos aquí con total libertad».

Los trabajadores sexuales, a pesar de que la prostitución no está reconocida como trabajo legal, defienden que van a seguir luchando por lo que les da de comer, por eso que llaman «su pan de cada día». «Yo no quiero trabajar por 800 euros al mes, yo quiero ganarme mi dinero por mí misma», lamentaba otra asistente.

Susana Pastor critica que, si la ley entrase en vigor, las 150.000 prostitutas que ejercen en España según sus cifras, 30.000 según el Gobierno, «irían a la calle porque no tendrían suficiente para subsistir».

La propuesta presentada por el PSOE fue aprobada en junio con 232 votos a favor y sólo 38 en contra. Los socialistas alegan que la prostitución es una forma de violencia sobre las mujeres y exigen la persecución penal de prostituidores, proxenetas y dueños de locales. Según datos de la Policía Nacional, entre 2017 y 2020 fueron detenidas 883 personas por trata sexual y otras 824 por explotación sexual. En ese mismo período, el número de víctimas sometidas a estos delitos se elevó a más de 2.500.

‘ALANIS’, la lucha de una mujer madre y prostituta en Argentina, gana el premio Cooperación Española

Por Clara Vallés

1 de octubre de 2017

‘ALANIS’, la lucha de una mujer madre y prostituta en Argentina, gana el premio Cooperación Española


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Anahí Bernería, con ‘ALANIS’, muestra resistencia y se encumbra vencedora del premio Cooperación junto a la Concha de Plata a Mejor dirección y Mejor actriz para su protagonista Sofía Gala Castiglioni.

El Premio de la Cooperación Española se dirige a películas iberoamericanas que mejor contribuyan al “desarrollo humano, la erradicación de la pobreza y el pleno ejercicio de los derechos humanos”. Cualquiera de las películas iberoamericanas seleccionadas en Sección Oficial, Nuev@s Director@s y Horizontes Latinos optan a este galardón, dotado con 10.000 euros.

El Festival de San Sebastián y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) tratan de reforzar con el galardón un compromiso con los nuevos talentos, así como la dinamización e internacionalización de proyectos cinematográficos.

‘ALANIS’ muestra el empeño de una prostituta y madre por recuperar su dignidad. “Muchas mujeres se han acercado al final del rodaje a decirme que interpretaban su propia vida”, señaló su directora tras la proyección. Su cine busca generar preguntas y también denunciar la persecución que sufren las mujeres que ejercen la prostitución. “El Estado persigue a las prostitutas, la sociedad las estigmatiza y son muchas las que luchan por conseguir el respaldo de la ley”, añadió Berneri.

Durante la rueda de prensa los periodistas, apartaron sus preguntas pidiendo la palabra para opinar sobre el largometraje, convirtiendo la recepción en una especie de charla entre amigos. Y es que el Festival de Cine de San Sebastián se ha convertido desde hace años en una gran oportunidad para la AECID de encontrar aliados. A la AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo le gusta generar debate y mover conciencias, apoyando películas comprometidas con realidades que requieren una transformación. Y han encontrado en el cine un gran aliado.

La cineasta Anahí Berneri no quería dar una solución sino mostrar una realidad, por eso los premios le ayudarán a insistir en su mensaje y avivar el debate.

Imagen: Sofía Gala con Dante Della Paolera / por Elena Delso.

Alanis

¿Qué tienen en común el aborto, la eutanasia y la prostitución?

Tal vez la pregunta más pertinente a la hora de lidiar con complejos debates morales como el del aborto, la eutanasia y la prostitución no sea la de dónde está la verdad, sino cómo arbitrar soluciones que reduzcan al mínimo el dolor de los implicados.

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Por Manuel Ruiz Zamora

28 de julio de 2022

https://www.elespanol.com/opinion/tribunas/20220728/comun-aborto-eutanasia-prostitucion/691050897_12.html
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Cuando en este mundo surge una afirmación de naturaleza ideológica, por este signo la conoceréis: no admite excepciones de la regla. O, dicho de otra forma, se rige por un principio absoluto de incondicionalidad.

No importa el contexto ni importan las consecuencias. No importa si su aplicación es posible o si, al hacerlo, ocasiona más problemas de los que soluciona. Su verdad es tan rotunda que podría decirse que no es de este mundo.

Y, en efecto, no lo es.

La verdad ideológica pertenece al reino de las ideas. Pero no a aquel en el que gobiernan las leyes de la lógica, sino a otro mucho más confuso (y convulso) en el que dominan los caprichos de la fe.

La prueba más concluyente de la condición estrictamente transversal de esta concepción del mundo es que afecta por igual a las derechas y a las izquierdas, aunque ambas puedan diferir en los dogmas concretos que enarbolan (salvo en el caso del papa Francisco, que los reúne todos).

Aunque estos principios suelen adoptar una apariencia arrogantemente moral, en realidad hunden sus raíces en una inveterada tradición religiosa que, sin embargo, no se atreve a decir su nombre.

Podemos, por ejemplo, discutir sobre eutanasia con un cristiano confeso y este desplegará toda una batería retórica que sólo tiene por objeto darle una apariencia de racionalidad a lo que no es otra cosa que la creencia en un principio incondicional. Aquel que considera que, procediendo toda vida de Dios, sólo a él le corresponde la potestad de acabar con ella.

Uno puede desde luego discrepar de esta creencia, pero su expresión resulta más honesta que la tendencia a disfrazarla de razones que sólo aspiran a eludir el núcleo de verdad de la cuestión.

También podrá nuestro incondicionalista aducir que la regulación del buen morir implica poco menos que la posibilidad de un exterminio a través del cual la sociedad podría deshacerse alegremente de todos aquellos individuos que le resultaran inútiles o indeseables.

Nos dirá también que, en caso de dolores insufribles, existen ya excelentes cuidados paliativos que hacen innecesario anticiparse al propio final. A veces nos los pintan con colores tan atractivos que uno siente que se está perdiendo una experiencia inigualable.

Yo he llegado a leer, no sin cierto asombro, que la determinación de no seguir viviendo que se apodera de algunos individuos (hay quienes, en un ejercicio de respeto supremo, les consideran simplemente enajenados) podría combatirse si invirtiéramos más en amor y ternura, y menos en consumismo.

En realidad, el egoísmo de estos argumentos, por más que se disfracen de un altruismo de buen samaritano, es infinito. Porque en virtud de un dogma de fe que implica un desprecio absoluto por la autonomía moral de quienes no piensan como ellos, lo que hacen es decretar la obligatoriedad del sufrimiento.

O, dicho de otra forma. Los que deciden finalmente sobre la vida y la muerte de quienes reclaman decidir son los que les niegan a otros el derecho a hacerlo.

¿Y por qué? Porque el dios del incondicionalismo ideológico exige siempre víctimas.

De hecho, si les dices que a pesar de todos esos medios alternativos la persona que desea morir continúa queriéndolo hacer, volverán a reiniciar la noria interminable de sus argumentos ficticios tan sólo para eludir tener que reconocer el único verdadero: que es su Dios quien así se lo dicta.

Prácticamente lo mismo ocurre con el aborto. Un tema mucho más espinoso en la medida en que implica, en principio, a otra presunta vida, aunque también este punto sea una de las discrepancias que entra en liza.

No obstante, la metodología argumentativa no es muy distinta. Se apelará a la necesidad de arbitrar fórmulas alternativas para que las mujeres no tengan que recurrir a esa medida tan extrema (y, en su opinión, asesina): asesorar a las interfectas, facilitar mecanismos para dar a los niños en adopción, desarrollar marcos de protección y apoyo a las madres, establecer ejercicios de pedagogía social que otorguen el valor que merece al concepto de familia.

Y todo ello está muy bien. Pero si, finalmente, una madre potencial, por las razones que sea, no quiere llevar a cabo su embarazo, ¿se tendrá que ver abocada, tal y como ha ocurrido en otros momentos, a interrumpirlo en unas condiciones clandestinas, insalubres y probablemente peligrosas?

En el lado izquierdo del ring, que como ya viera Friedrich Nietzsche no es más que el heredero secular del cristianismo, tampoco es raro encontrarse con trazos de un incondicionalismo que, feminismos y movimientos woke mediante, se pasea cada vez por más asuntos.

Aunque tal vez en ninguno de ellos se vea mejor reflejado que en la utópica pretensión de erradicar la prostitución del mundo.

Veamos cómo se repiten los mismos esquemas.

En nombre de un ente de razón estrictamente platónico como es «la dignidad de la mujer» se apuesta, con un maximalismo digno de mejor causa, por la prohibición a ultranza. Que es siempre el recurso más o menos inconfeso al que tiende todo incondicionalismo.

Ello permite, por un lado, no tener que afrontar el problema en toda su infinita complejidad. Aunque, por otro, aboca a miles de mujeres reales a ejercer su actividad en unas condiciones laborales que, en justa reciprocidad, habría que desearles a las fervientes guardianas de la Dignidad con mayúsculas.

Lo más curioso de todo ello es que muchos de quienes mantienen estas posiciones fulminantes se declaran, sin embargo, partidarios acérrimos de las libertades individuales. Salvo, al parecer, de aquellas que afecten a los aspectos más esenciales de las vidas de lo demás: la posibilidad de decidir sobre la propia vida y la propia muerte.

Entonces son ellos los que, al impedir que los demás decidan, se arrogan el derecho a hacerlo, toda vez que la diversidad de las vidas reales significa siempre un desmentido de facto para las pretensiones de uniformidad totalitaria que en el fondo late en todo principio de incondicionalidad.

Por eso, tal vez el mayor error que se puede cometer al enfangarnos en estos debates laberínticos consista precisamente en dejarse arrastrar a la problemática moral, que es la forma casi más efectiva de sacarlos del mundo.

No es que dicha perspectiva (e incluso la teológica, si se tercia) no sea importante, pero debemos ser conscientes de que finalmente nos las habremos con problemas positivos y reales que tienen una dimensión social y, en última instancia, política.

En tal sentido, tal vez la pregunta más pertinente no deba ser la de dónde está la verdad, sino cómo arbitrar soluciones que reduzcan al mínimo el dolor de todas las partes.

Puesto que, según nos demuestran siglos y siglos de historia, resulta imposible erradicar la prostitución o impedir que las mujeres aborten, y puesto que, a pesar de todos los avances terapéuticos, habrá siempre quienes no puedan soportar el sufrimiento que les causa la vida cuando se ha convertido en una carga insoportable, ¿no resultaría más razonable que seamos un poco más respetuosos con las necesidades íntimas y materiales de los otros y nos limitemos nosotros a actuar en consecuencia con nuestras normas y principios morales sin intentar imponérselas a los demás?

Ciertamente, en sociedades abiertas y plurales como la nuestra es preciso escuchar con atención a las diversas morales. Pero evitando a toda costa que sus incondicionalismos recalcitrantes nos impidan operar con la inevitable complejidad de los problemas reales.

*** Manuel Ruiz Zamora es filósofo.

Leyes de trabajo sexual que protejan

Al revisar las leyes sobre el trabajo sexual, los políticos federales deberán asegurarse de que cualquier cambio no aumente los peligros inherentes para las trabajadoras sexuales.

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By Star Editorial Board

25 de julio de 2022

https://www.thestar.com/opinion/editorials/2022/07/25/sex-work-laws-that-protect.html

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Hay una razón por la que los asesinos en serie a menudo asesinan a las trabajadoras sexuales: son blancos fáciles. Y hay una razón por la que son blancos fáciles: la ley las obliga a meterse en situaciones peligrosas y envenena su relación con la policía.

Numerosos estudios, encuestas y decisiones judiciales han confirmado estos hechos y, sin embargo, los legisladores siguen cometiendo los mismos errores. En lugar de buscar proteger a las trabajadoras sexuales de cualquier daño, intentan proteger al público del trabajo sexual.

Por lo tanto, las trabajadoras sexuales son tratadas como «invisibles» virtuales que deben ejercer su oficio en las sombras. Cada ley canadiense sobre prostitución callejera en los últimos 100 años ha sido diseñada para hacerla invisible.

Como resultado, después de más de un siglo, un siglo en el que el trabajo sexual nunca ha sido ilegal en Canadá, este sigue siendo peligroso.

El Comité Permanente de Justicia y Derechos Humanos de los Comunes tuvo la oportunidad de cambiar todo eso, pero también fracasó. En su reciente revisión de la Ley de Protección de Comunidades y Personas Explotadas, el comité emitió algunas recomendaciones loables, pero finalmente dejó que las trabajadoras sexuales se las arreglaran solas.

Influenciada por el “modelo nórdico”, la ley apunta a los compradores, en lugar de a las vendedoras, de servicios sexuales. Eso puede parecer una mejora con respecto a las leyes anteriores que trataban a las trabajadoras sexuales con mucha más dureza que a sus clientes, pero la diferencia es en gran medida ilusoria.

Después de todo, dado que los clientes deben preocuparse por no ser detenidos, aún exigen que los encuentros sexuales ocurran rápida y subrepticiamente; en otras palabras, exactamente como pasaba cuando las leyes apuntaban a las trabajadoras sexuales. Y cuando estas se ven obligadas a realizar negocios a toda prisa en la oscuridad, las precauciones de seguridad se vuelven una ocurrencia tardía.

Así que, aparte del valor simbólico de atacar a los clientes, la ley no es una gran mejora con respecto a su predecesora, que, dicho sea de paso, había sido declarada inconstitucional por poner en peligro a las trabajadoras sexuales. El Comité pareció reconocerlo, ya que enfatizó que la ley actual les causó “daño grave”. De hecho, el Comité tomó nota de las opiniones de algunos testigos de que el término “trabajo sexual” no transmite completamente las realidades de la explotación sexual y el tráfico dentro de la industria del sexo. “Las personas con experiencia vivida en la industria del sexo compartieron experiencias que van desde la alegría y la satisfacción hasta la explotación, la violencia y otros daños”, indicó el informe del Comité.

Sin embargo, no llegó a remediar ese defecto, fatal en más de un sentido, salvo por recomendar la derogación de las prohibiciones sobre la comunicación y la publicidad de servicios sexuales, y aconsejar que Ottawa “tome medidas para abordar los problemas de explotación y trata de mujeres y niños”. Eso es indudablemente importante, y el Comité hizo algunas recomendaciones importantes para ayudar a frenar la explotación.

En particular, el Comité aconsejó al gobierno que derogue las leyes que “ponen a las trabajadoras sexuales migrantes en un riesgo elevado de violencia y peligro al impedirles denunciar estos incidentes sin temor a la deportación”.

Esa es una recomendación valiosa y esperada desde hace mucho tiempo, pero la deportación no es el único peligro que enfrentan las trabajadoras sexuales migrantes, y no migrantes. Si el Parlamento se toma en serio su protección, trabajará para abordar estos peligros, muchos de los cuales son causados ​​por la propia ley.

Independientemente de la forma que adopte una nueva ley, los legisladores deberán asegurarse de que no aumente los peligros inherentes al trabajo sexual, como lo han hecho las leyes durante el último siglo. La ley debe tener los dientes necesarios para combatir la explotación, la violencia y la trata de personas y, al mismo tiempo, ser lo suficientemente sensible como para ayudar a reconstruir la confianza entre las trabajadoras sexuales y la policía.

Sin embargo, en última instancia, no podemos esperar que la ley aborde por completo las innumerables razones por las que las personas están en la industria del sexo, ni podemos esperar que la ley proporcione una salida para aquellas que desean irse. Eso requerirá un esfuerzo social que involucre la policía, los servicios sociales y el apoyo financiero. Solo debemos asegurarnos de que la ley ayude, en lugar de obstaculizar, a ese esfuerzo.

Derechos de ciudadanía para trabajadoras y trabajadores del sexo

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Editorial: Tirant Lo Blanch
ISBN: 9788484568520
Páginas: 278
Fecha de la edición: 2007
Edición: 1
Volúmen: 1

Este libro recoge las ponencias presentadas en las Jornadas Derechos de Ciudadanía para Trabajadoras y Trabajadores del Sexo organizadas por la Secretaría Confederal de la Mujer de CC.OO. (Madrid, mayo de 2006). En ellas, participaron personas de diferentes ámbitos: trabajadoras del sexo, juristas, políticas, sindicalistas, miembros de asociaciones, fuerzas de seguridad del Estado…. El objetivo común fue reflexionar sobre la realidad en la que viven quienes ejercen la prostitución, en su mayoría mujeres, que reclaman ser reconocidas como trabajadoras del sexo y como tales tener derechos de ciudadanía y laborales, incluidos los de organizarse, sindicarse y auto-representarse ante las instituciones públicas y la sociedad.

Esta obra incluye un amplio informe de las coordinadoras del libro y en cada apartado se realizan preguntas que facilitan el análisis «de cuestiones, que no por complejas, deben quedar de forma permanente en la indefinición. Mientras, la sociedad con cierta hipocresía y los poderes públicos con poco sentido de la realidad condenan a un amplio colectivo de personas a la carencia de derechos y por ello a la más absoluta vulnerabilidad, en función de que realizan una actividad estigmatizada y que estigmatiza a quien la ejerce.»