No es país para mujeres jóvenes: crímenes de honor e infanticidio en Irlanda

Publicado el 3 de junio de 2014 por Stephanie Lord

https://feministire.com/2014/06/03/no-country-for-young-women-honour-crimes-and-infanticide-in-ireland/

 

magdalene

 

Cuando yo estaba en primer año en la escuela secundaria en 1997, una chica del año superior al mío se quedó embarazada. Tenía 14 años. Las únicas personas a las que oí decir algo negativo sobre ella fueron un grupo de chicas mayores que llevaban con orgullo sus diminutos pines “pro-vida” en sus uniformes. Le llamaron puta a sus espaldas y dijeron que sería una mala madre. Se posicionaron como las moralmente superiores que cuidaban al bebé, pero no a la madre soltera. Son los restos de una Irlanda —un Estado fascista cuasiclerical— que nos gustaría creer que pertenece al pasado, pero que aún perdura.

La semana pasada se dio a conocer la noticia de una fosa séptica llena con los restos de 796 niños y bebés en Galway. Los restos se acumularon desde los años 1925 a 1961 y una causa común de muerte fue la desnutrición y la enfermedad prevenible. El “Hogar del Buen Socorro” había alojado a miles de madres solteras y sus hijos a través de los años. Estas mujeres habían violado el honor de sus comunidades, llevando la vergüenza a sus familias a través del embarazo “ilegítimo” y por lo tanto tuvieron que ser escondidas a toda costa y castigadas por sus transgresiones. Los niños murieron mientras vivían desechados como la basura de la sociedad que la Iglesia los consideraba, a ellos y a las madres que los dieron a luz. La mayoría de los niños que sobrevivieron fueron puestos a trabajar en escuelas industriales bajo la supervisión de pervertidos y sádicos.

Miles de los niños sanos fueron vendidos en el extranjero —en su mayoría a los Estados Unidos— para “adopción”. Para los que se quedaron, el panorama era pobre. Las tasas de mortalidad del 50% o 60% eran comunes en estos “hogares”. En el caso de los que murieron, o bien la Iglesia no sintió que fueran lo suficientemente valiosos como para alimentarles y cuidarles, o trabajó activamente para procurar su muerte. El riesgo que planteaban al orden social en virtud de las circunstancias de su concepción y nacimiento era demasiado grande para dejarlo ir sin control. Estos niños ciertamente no morían por falta de dinero o recursos por parte de la Iglesia (tenían un ingreso de los niños que vendían), y cuantos menos niños de este tipo hubiera, menos amenaza habría para el control de la Iglesia sobre la sociedad.

Si la Iglesia les hubiera permitido crecer como adultos funcionales en la sociedad irlandesa, habría corrido el riesgo de demostrar que la institución del matrimonio no era absolutamente necesaria para el bienestar moral de una persona. A las mujeres no se les permitía mantener a sus hijos porque la vergüenza que su existencia traería a la comunidad sería demasiado grande. Fueron encarceladas dentro de las lavanderías de Magdalena para expiar sus pecados de honor, y sus bebés fueron apartados de ellas como parte de su castigo: las mujeres que deshonraron a la comunidad fueron consideradas incapaces de ser madres.

La Irlanda contemporánea fingió un shock cuando surgieron las historias de las lavanderías y de las instituciones residenciales. Tal vez el choque de aquellos que eran demasiado jóvenes para haber sufrido la amenaza de ser encerrados en una de esas instituciones por “mal comportamiento” era genuino, porque las instituciones comenzaron a cerrar a medida que pasaban los años. Pero la gente de cincuenta y sesenta años recordará cómo los “niños de los hogares” vinieron a veces a las escuelas, y fueron aislados de otros niños (legítimos), y luego a veces nunca volvieron. Si bien esos escolares quizá no hayan comprendido plenamente lo que sucedió, sus padres y maestros y la comunidad de adultos que los rodeaban sí lo sabían.

Irlanda en su conjunto fue cómplice en la muerte de estos niños, y en los crímenes de honor contra las mujeres. Eran los “bebés ilegítimos” nacidos de las “mujeres descarriadas” que literalmente desaparecieron de las aldeas y pueblos de Irlanda en las lavanderías de Magdalena. Todo el mundo lo sabía, pero nadie dijo nada: “El honor debe ser restaurado. Debemos mantener el buen nombre de la familia”.

Las propias mujeres cumplían un doble propósito en las lavanderías. Eran una advertencia a las demás de lo que sucedía cuando se violaba el gobierno de la Iglesia, y eran activos financieros dedicados al trabajo duro en nombre de la Iglesia. No eran trabajadoras asalariadas; no recibieron paga. No podían irse por voluntad propia, y sus familias, en su mayor parte, no venían por ellas; la vergüenza de la familia sería demasiado grande. Irlanda tenía una estructura que usaba para encarcelar a mujeres por ser seres sexuales, por ser víctimas de violación, por no ser la incubadora idolatrada pura para el patriarcado, por no tener suficiente integridad femenina, o por ser simplemente demasiado bonitas para el gusto del sacerdote local. Irlanda tiene una larga tradición de patologizar la diferencia.

La gente sabía lo que pasaba en esas instituciones. Esa amenaza se apoderó de las mujeres de Irlanda durante décadas. En raras ocasiones, cuando la gente intentaba hablar, eran silenciados, porque la restauración del honor requiere la complicidad de la comunidad. El miedo a lo que la gente piense de la familia está incrustado en la cultura irlandesa.

El concepto de honor significa diferentes cosas en diferentes culturas, pero un hilo común es que si se rompe se puede restaurar a través de castigar a quienes lo rompen. Estamos familiarizados con los conceptos hegemónicos de “homicidio por honor” y “delitos de honor” como una forma de violencia contra las mujeres en otras culturas distintas a la nuestra. Los periódicos nos dicen que no es algo que la gente hace en Occidente. Los asesinatos de honor y los crímenes de honor son perpetuamente traídos siguiendo líneas racializadas y los medios de comunicación irlandeses y británicos los presentan felizmente en el contexto de un mito de superioridad moral.

Los crímenes de honor son actos de violencia doméstica, actos de castigo llevados a cabo por otros individuos —a veces familiares, a veces autoridades— por transgresiones reales o percibidas contra el código de honor de la comunidad. Sin embargo, sólo cuando hay una mujer que lleva un hijaab o una mujer es una persona de color, o étnica, se nombra el “honor” como una motivación para el acto de violencia. Es un término que ha sido exotizado, pero no es el acto en sí mismo o la ubicación en la que ocurre, sino la motivación que hay detrás de él, lo que es importante para definirlo.

Las mujeres de color, y las mujeres musulmanas, se construyen como el “otro”; Se nos dice que estas mujeres son dadas en matrimonio a una edad temprana por padres controladores que pasan la responsabilidad de controlarlas a los maridos. La “protección” de las mujeres se mantiene a través de un rígido sistema de control de su sexualidad en un marco de honor y vergüenza. Cuando estas mujeres transgreden los límites de la feminidad aceptable son abusadas y rechazadas por su comunidad. Los castigos van desde latigazos hasta la muerte, pero incluyen golpes físicos, secuestros y prisión.

La prisión de mujeres en las lavanderías de Magdalena merece ser nombrada como un crimen de honor debido a una obsesión cultural que creía que el buen nombre de la familia descansaba en la actividad sexual (percibida) de una mujer de la que su padre o su esposo o su hermano mayor era el cuidador. Su condena a la lavandería era para restaurar el honor familiar.

Recientemente un amigo mío twiteó cuando salió el veredicto en el juicio por asesinato de Robert Corbet. Corbet fue condenado por el asesinato de Aoife Phelan, una mujer de Laois a la que había estado viendo, quien le dijo que estaba embarazada. La golpeó y la estranguló, y luego, temiendo que no estuviera realmente muerta, le puso una bolsa negra sobre la cabeza, la cerró con dos abrazaderas y la enterró en un barril en la casa familiar. Al día siguiente subió a un avión rumbo a Nueva York para reunirse con su ex novia para intentar reparar su relación. Mi amigo había seguido el caso y en twitter se refería a Robert Corbet como tratando de pasar un “fin de semana caliente” en Nueva York.

Después de esto, mi amigo recibió correo no solicitado a su cuenta de Facebook, de una persona que dice ser el primo de la ex-novia de Robert Corbet diciendo: “… ¿Cómo te atreves a decir un fin de semana caliente en Nueva York y hablar de mi prima, que es su ex novia, de esa manera. No sabes lo que pasó cuando se fue o por qué se fue y además no conoces a mi prima, así que ¿cómo te atreves a decir que fue un fin de semana caliente. ”

La razón de mencionar esto no es, sin duda, hacer nigún tipo de juicio sobre el carácter o las acciones de la ex-novia de Robert Corbet, sino poner de manifiesto las intenciones de éste después de haber matado a una mujer, así como la mentalidad de la persona que envió este correo. Ese mensaje es un síntoma de la obsesión crónica de la Irlanda rural con la vergüenza y el mantenimiento del “buen nombre” de una persona a toda costa; Un desconocido hizo un post en Internet sobre las probables intenciones de un hombre después de asesinar a una mujer, y la reacción inmediata de otra persona no es leer lo que dijo acerca del asesinato de una mujer, sino dar fe de la pureza moral de su prima. Hay algo de malo en esto.

Había algo mal en Listowel cuando un párroco hizo una semblanza de Danny Foley, un hombre condenado por agresión sexual, cuya víctima fue rechazada después en bares y tiendas. Cuando el veredicto se hizo público, cincuenta personas (en su mayoría hombres de mediana edad) formaron una cola en el juzgado para estrechar la mano de Danny Foley. Los periodistas tomaron alegremente citas de los lugareños diciendo que era una lástima, ya que éste no era su carácter; era un buen hombre, de buena familia. La víctima no importaba. El sacerdote dijo de ella: “Bueno, ella tiene un hijo ¿sabes?, y eso no se ve bien.” John B. Keane no habría parpadeado.

No estamos tan lejos de las lavanderías de Magdalena. Robert Corbet mintió inicialmente a los guardias sobre dónde había enterrado a Aoife Phelan porque él “quiso proteger el lugar de la casa de la familia.” La necesidad de mantener el apellido intacto está incrustado en Irlanda tanto que hay incluso otras mujeres felices de ser cómplices del patriarcado y beneficiarse del mismo. Están las chicas de mi escuela que llevaban sus pines “pro-vida” (una de ellas es ahora médico,   me dicen). Están las mujeres que estrecharon la mano de Danny Foley. Están las mujeres que condenan a otras mujeres por hacer cosas que las hubieran llevado a una lavandería de Magdalena unas décadas antes. Que nadie cuestione su honor.

La cultura irlandesa se ha centrado tradicionalmente en erradicar a las mujeres problemáticas y a sus hijos. Durante años las mujeres embarazadas solteras fueron castigadas y escondidas en los reformatorios. Las mujeres que necesitan abortos viajan en silencio para tenerlos en secreto en Inglaterra, o tienen aquí abortos secretos en casa. Los ministros del gobierno participan activamente en políticas que hacen más difícil la vida a una madre soltera, y hablar en contra de ello se considera inmoral y carente de valor para la comunidad. Una persona que envía correos electrónicos no solicitados a otra persona con respecto a la pureza moral de un tercero y luego tuitea públicamente en relación a ello demuestra su propio valor para la comunidad al posicionar la importancia del papel de la mujer en la moral pública por encima del asesinato de una mujer individual; una mujer que fue enterrada en un barril para proteger la casa de la familia.

Se nos dice que guardemos silencio y no hablemos de estas cosas. En Irlanda, la diferencia y nombrar la diferencia está patologizados. Incluso aquellos que se supone que son los buenos no están exentos del efecto cultural de esto. A las mujeres, cuando son abusadas en el activismo o en internet, se les dice que no tomen represalias. Nos llaman “tóxicas y hostiles” por tener la audacia de nombrar el abuso misógino en donde lo vemos. Tenemos amenazas de muerte por hablar sobre el aborto. Pero se nos dice que “seamos amables” a toda costa. Cuando hay personas que abusan en internet de las víctimas de violencia doméstica, se nos dice que dejemos a sus abusadores solos. Las mujeres nunca deben parecer enojadas. Debemos ser amables con los que abusan de nosotras. Debemos ser siempre agradables no importa el coste que suponga para nosotras; no debemos traer vergüenza sobre la comunidad.

Esto no está tan lejos de la mentalidad que encerró a las mujeres en los reformatorios y arrojó a los niños en fosas sépticas para ser olvidados. Eso dependió absolutamente de la complicidad de toda la sociedad. No podría haber existido sin la colaboración de toda la comunidad; los maestros; los sacerdotes; las monjas; la gente que dirigía a los enterradores; los concejales locales; las personas que llevaban la ropa a las monjas; tal vez tu abuela que te arropó por la noche al ir a dormir.

Nos dicen que era un momento diferente y que las cosas son diferentes ahora.

La Defensa de la Juventud todavía vende sus pines por internet. Joan Burton continúa su cruzada para pintar a madres solteras como perezosas y sin valor. Los periódicos nacionales imprimirán libremente los artículos de opinión que las denigran. 796 niños muertos recibirán un monumento conmemorativo, pero nadie será responsable de sus muertes. A los que piden responsabilidades se les dirá que sean amables. Las órdenes religiosas que los pusieron en una fosa séptica seguirán incuestionables. Aquellos que encerraron a las mujeres en las lavanderías de Magdalena seguirán trabajando por las “mujeres descarriadas”. A las mujeres se les negará el control sobre sus propios cuerpos. Morirán por falta de atención médica.

Debe ser así. Hacer lo contrario, traería vergüenza sobre la familia. Pero cuando miramos hacia otro lado y permitimos que siga respirando la mentira de que vivimos en una democracia progresista moderna, permitimos que nuestro autoritario pasado católico continúe proyectando su sombra.

Trabajadoras sexuales de Amsterdam: las víctimas imprevistas de la gentrificación

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El plan del gobierno holandés de “limpiar” el distrito rojo de Ámsterdam y eliminar de la zona el crimen organizado ha obligado al cierre de muchas ventanas de burdeles, el desplazamiento de trabajadoras sexuales y el abandono de valiosos edificios.

 

https://www.theguardian.com/cities/2016/jan/15/amsterdam-sex-workers-unlikely-victims-gentrification-red-light-district

Viernes 15 Enero 2016

Beulah Maud Devaney

 

Un grupo de unicornios rosados se asoma a la ventana, agarrando sus teléfonos y discutiendo sobre la mejor manera de llegar a Leidseplein. Está lloviendo afuera, y los disfraces de felpa de los unicornios están empapados y fangosos en los tobillos. Las despedidas de soltero son una espectáculo frecuente en los alrededores del Oude Kerk, el corazón del barrio rojo de Amsterdam. Aparece otro grupo, vistiendo camisetas a juego diciendo “El castigo de Dave: solo pintas y stripers”. Ellos también, miran fijamente.

 
Este escrutinio es irritante pero comprensible; Estoy sentado en la ventana del Centro de Información de Prostitución de Amsterdam (PIC). A dos puertas de distancia, las mujeres escasamente vestidas se sientan en las ventanas, buscando clientes. El PIC es un café oscuro, cálido, repleto de artículos históricos sobre la prostitución, junto con brillantes decoraciones de Navidad. Al igual que el distrito de la luz roja, es una combinación de campamento sugestivo y comercialismo llamativo. Establecida por la ex trabajadora sexual y autora Mariska Majoor como un recurso de información, negocio de turismo y pastelería, es el tipo de lugar donde se puede pedir una tercera rebanada de tarta de manzana o la tarifa local de una mamada al mismo tiempo.

 
Sin embargo, cuánto durará esta política de hechos consumados hacia el seso en Amsterdam es algo que tiene a Majoor muy preocupada. Un plan gubernamental denominado Proyecto 1012 se propuso “limpiar” el distrito rojo y, desde que comenzó en 2007, se estima que se han cerrado 126 ventanas, provocando protestas de los propietarios de burdeles, una manifestación ante la alcaldía y acusaciones de que los políticos usan el comercio del sexo como chivo expiatorio para justificar un flagrante expolio de terreno. Un respiro llegó para aquellas que protestaron cuando se anunció a finales de 2015 que el ayuntamiento dejaría de cerrar las ventanas. Pero para algunas de las residentes del distrito de la luz roja, el daño ya había sido hecho.

 
Con el nombre del código postal del distrito, el proyecto 1012 pretende reemplazar las ventanas de burdeles por boutiques de lujo, cafés de lujo y proyectos de arte. La idea es hacerla menos atractiva a la ya creciente delincuencia organizada, y atraer un turismo de clase superior (bajo la suposición algo cuestionable de que la gente rica no visita a las trabajadoras sexuales). Dos nuevas empresas, la emisora de radio Red Light y el museo Red Light Secrets, son la avanzada de este proyecto gentrificador, que ha jugado bien en la prensa nacional holandesa. Pero muchos lugareños todavía necesitan ser convencidos.

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“No es tan fácil gentrificar una zona”, dice Majoor. “Todos los viejos se deben ir y toda la gente nueva y elegante debe ser atraída. [El gobierno] sabía que esto no sería fácil de hacer en un área tan famosa y complicada. Pero la trata de personas y el crimen organizado son cosas que nadie quiere, así que centraron el debate en eso “.

Cuando se anunció el Proyecto 1012, rápidamente quedó claro que muchas personas sacarían provecho del mismo, excepto las trabajadoras sexuales. Bajo la justificación de combatir el crimen, el gobierno forzó a los propietarios de burdeles a vender sus contratos de arrendamiento en este inmenso y valioso suelo. (Toda la tierra en Amsterdam es propiedad del gobierno y arrendada a los terratenientes). Si bien no hay duda de que algunos de los propietarios de burdeles estaban involucrados en actividades ilegales —gran parte del distrito rojo se cree que está controlado por el crimen organizado— Proyecto 1012 recompensó a todos, propietarios de negocios legítimos y presuntos delincuentes por igual, con una serie de beneficios multimillonarios.

 
No hay cifras disponibles públicamente sobre cuánto el gobierno pagó por edificios individuales, ni por el monto gastado en subsidiar a nuevas empresas para mudarse a los burdeles vacantes. Justificando el gasto, Joris Bokhove, coordinador del proyecto 1012, dijo: “Tratamos de apoyar a los jóvenes empresarios tanto como podamos, aunque nuestros recursos son limitados. En algunos casos hemos sido capaces de subvencionar las startups, y los socios inmobiliarios están dispuestos a bajar el alquiler para el período de inicio. Conectamos a los empresarios entre sí para alentar nuevas asociaciones, y participar activamente en el desarrollo de la vecindad “.
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Las únicas personas que no obtuvieron tierra, dinero o nuevas oportunidades fueron las mujeres que trabajaban en las ventanas —la misma gente que debía beneficiarse de la iniciativa de lucha contra la trata del Proyecto 1012. Aunque ha habido numerosos procesos contra los tratantes de personas en Ámsterdam, sólo una docena de ellos han caído dentro del alcance del proyecto, aunque se han cerrado más de 100 ventanas. Lo que sugiere que la represión del crimen o la seguridad de las trabajadoras sexuales era meramente una excusa conveniente.

La liquidación envió ondas de confusión a través del distrito rojo. Los dueños de los burdeles empezaron a preocuparse de que si no vendían inmediatamente, su negocio se cerraría forzosamente en una fecha posterior. La sospecha de quién estaba vendiendo y quién se mantendría se convirtió en algo que separó a una comunidad muy unida que hasta la década de 1990 había estado dirigida principalmente por pequeños empresarios locales. Esta comunidad resiliente fue puesta a prueba hace un par de décadas cuando un número de propietarios de prostíbulo de Europa oriental (el grupo más acusado de trata) se trasladó a la zona.

 

Varios de los trabajadores de los burdeles holandeses con los que hablé mencionaron a sus homólogos de Europa oriental como la verdadera causa del Proyecto 1012. A pesar de estas acusaciones, está claro que el Proyecto 1012 no estaba dirigido sólo a los propietarios extranjeros; los propietarios holandeses también fueron abordados por el gobierno y presionados para vender sus edificios.

 

Majoor no condena a los propietarios de burdeles que vendieron. “Cuando se recibe una gran oferta de dinero y no se tiene seguridad sobre el futuro del negocio, es muy tentador decir que sí”. Sin embargo, cree que todos han subestimado la importancia de las ventanas. “Las trabajadoras del sexo deben tener más voz en esta discusión”, dice. “El distrito de la luz roja es más que sexo, drogas y rock’n’roll, pero toda la vecindad se apoya en los burdeles de las ventanas.”

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En abril de 2015, más de 200 trabajadoras del sexo, encabezados por PIC y PROUD, los sindicatos holandeses de trabajadoras sexuales, marcharon por el centro de la ciudad de Amsterdam para protestar por la demonización de su industria y el cierre de las ventanas. La protesta más grande de la historia holandesa llamó la atención de la opinión pública sobre los posibles inconvenientes de la gentrificación del barrio rojo. Según Majoor fue como una vuelta a la solidaridad en el área.

 

“Cerrar las ventanas dificulta que las trabajadoras sexuales encuentren trabajo”, dice Felicia, una trabajadora sexual de Rumania que dirige el popular blog Behind the Red Light District y trabaja en las ventanas alrededor de Oude Kerk, a sólo unas pocas puertas de la PIC. “Hay muchas chicas ya que pasean de noche, buscando trabajo, porque ahora hay más chicas que ventanas”.

 

No todo el mundo está de acuerdo en que el barrio rojo tiene un sentido de comunidad que vale la pena preservar. Dana (no su verdadero nombre) fue trasladada a Amsterdam desde Bulgaria en 2008. Seis meses más tarde, escapó de sus captores, pero decidió seguir trabajando en las ventanas para poder enviar dinero a casa de su madre y su hermano menor. Nos conocimos en una cafetería ligera y aireada en la orilla del río Amstel, entre vecinos bronceados disfrutando del sol.

 

“¿Cómo pueden estas personas preocuparse por alguien como yo?”, pregunta Dana, señalando a nuestros compañeros clientes, uno de los cuales se da cuenta y nos da una tostada bastante incierta. “Trabajar en las ventanas es sólo un trabajo. Las personas que viven aquí no se preocupan por las prostitutas y no nos importa. Sólo nos valoran porque traemos dinero a la zona. Pero no hay comunidad aquí. A menos que usted llame ‘comunidad’ a no hablar más que con otras prostitutas porque nadie más le hablará.

 

“A pesar de su aversión a los residentes del área, Dana todavía apoya el esfuerzo del PIC para hacer campaña contra el Proyecto 1012. Puede que no le guste el distrito rojo , pero al trabajar allí paga el alquiler del apartamento de su madre en Bulgaria. Sin los ingresos fijos de los burdeles de las ventanas, Dana se preocupa de que ella tendrá que trabajar desde su propio apartamento (lo que violaría su contrato de alquiler) o mudarse a lugares más aislados, con menos clientes (y menos protección de la policía).

 

Existe un resentimiento palpable entre las trabajadoras sexuales del barrio rojo porque el gobierno utilizó el tema de la trata de personas para comprar algunos de los edificios más valiosos del área. Mujeres como Dana que han sido víctimas de trata se quedan preguntándose por qué los dueños de negocios que supuestamente traficaron con ellos se les están ofreciendo pagos masivos. Las organizaciones holandesas que trabajan con las víctimas de la trata de personas han condenado el proyecto por hacer menos accesibles a las mujeres vulnerables. Mientras tanto, los residentes como Majoor y Felicia están viendo un área que les encanta ser dividida y vendida, junto con su sentido de la comunidad.

 

¿Majoor piensa que las protestas detendrán la liquidación? “Siempre tendremos prostitución de ventanas y teatros sexuales en el distrito de la luz roja”, dice. “Se mantendrá un distrito rojo, sólo que más pequeño. Ellos quieren mantener la imagen de una ciudad excitante y seductora … Pero menos atemorizante para las personas lujosas que vengan aquí a gastar mucho dinero.”

Prostitutas de Europa del Este desafían la política de inmigración de Reino Unido

 

 

  • Las mujeres señaladas por la Operación Nexus, que tiene por objetivo expulsar delincuentes extranjeros, aseguran que son trabajadoras autónomas legales
  • Miles de personas han sido deportadas de Reino Unido en el marco de la Operación Nexus desde 2012, aunque el Ministerio de Interior se ha negado a dar un número concreto

 

 

The Guardian – Owen Bowcott

 

02/05/2016

 

http://www.eldiario.es/theguardian/Trabajadoras-Europa-inmigracion-Reino-Unido_0_511649120.html

 

Una política enfocada a deportar a criminales de “alto riesgo” procedentes de la Unión Europea y a aquellos que no tienen derecho a permanecer en Gran Bretaña será recurrida por trabajadoras sexuales que sostienen que son trabajadoras autónomas legales.

Aunque la libertad de circulación está garantizada en la Unión Europea, el derecho a permanecer en otro país –después de los tres primeros meses– depende de los recién llegados “que ejercen sus derechos previstos en los tratados”, por ejemplo, trabajando o estudiando.

La Operación Nexus, una iniciativa de la policía combinada con los servicios de inmigración, ha puesto en el punto de mira a delincuentes extranjeros y a aquellos sospechosos de violar la ley desde el año 2012. Entre los detenidos y los que han recibido papeles de deportación ha incrementado el número de mujeres de Europa del Este que han trabajado en la calle y el los locales de alterne de Londres y Manchester. Muchas de ellas sin antecedentes.

La prostitución es legal en Reino Unido, aunque algunas de las actividades que se le asocian como el kerb-crawling (conducir lentamente en busca de prostitutas), el proxenetismo o poseer un burdel sí que son crímenes. Algunas de las mujeres detenidas por los agentes fueron sorprendidas durante operaciones contra las redes de trata.

Las mujeres, sobre todo procedentes de Rumanía, han recibido cartas de deportación de los oficiales de la Operación Nexus avisando de que durante un mes son susceptibles de ser detenidas o deportadas de vuelta a Bucarest.

Para conseguir impugnar esta sanción administrativa sobre el incumplimiento de los derechos de ciudadanía de la Unión Europea, pueden alegar que están estudiando, trabajando, buscando trabajo, decir que son autónomas o que son autosuficientes económicamente para permanecer en Reino Unido. Si son deportados, los ciudadanos de la Unión Europea no pueden volver a entrar en Reino Unido en 12 meses.

Varias mujeres luchan ahora contra la deportación y lo están haciendo junto al Colectivo Inglés de Prostitutas (ECP): “Hubo una redada en la que se suponía que se iban a liberar a víctimas de trata”, explica una mujer joven que prefiere permanecer en el anonimato.

“La policía se llevó dinero y documentación. Les pedí algún tipo de comprobante y me dijeron que estaba siendo impertinente. Querían saber si había sido víctima de trata y le preguntaron a un cliente si yo estaba tomando drogas. Él contestó que no”, explica. “No me detuvieron pero dijeron que debería ser deportada y me pidieron que fuera a la comisaría. Fui con un abogado y presenté un certificado que muestra que estaba estudiando inglés”. El riesgo de ser deportada ha desaparecido.

A María (no es su nombre real) la detuvieron en la calle y la llevaron a una comisaría de policía. “Me retuvieron durante 24 horas”, explica esta chica de 25 años. “Una semana después recibí la carta diciendo que podía ser deportada”. Victoria (es también un seudónimo) fue detenida en su apartamento e interrogada sobre el funcionamiento de un burdel. “Nunca fui acusada –asegura la chica de 24 años– pero me enviaron una carta. Se llevaron mi pasaporte y me dijeron que si mi apelación salía mal sería deportada”. “Aquí puedes ganar dinero más fácil que en Rumanía. Puedes tener un futuro. Yo no he podido encontrar un trabajo normal”, confiesa.

Algunas de las mujeres a las que enviaron la carta de deportación están planeado recurrirlas alegando que están ejerciendo los derechos previstos en los tratados como autónomas en la industria del sexo. En la Unión Europea existen precedentes de derecho en los que se ha establecido que la prostitución se considera empleo por cuenta propia.

“Esta política deliberada de deportaciones y miseria se dirige a las mujeres migrantes, las que por culpa de la criminalización y del estigma asociado al trabajo sexual, se encontrarán con muchas dificultados a la hora de defenderse”, lamenta Niki Adams, portavoz de ECP. “Todas las mujeres que son madres terminaron en la prostitución porque los salarios en otros trabajos era demasiado bajos para alimentar y vestir a sus hijos o porque se tuvieron que enfrentar al racismo de los empresarios”, sostiene Adams.

Emma Louhg, abogada especialista en derecho europeo en el Centro Aire de Londres, explica que “a menudo, la gente recibe las actas de deportación del Ministerio de Interior después de las informaciones elaboradas por los agentes de policía de la Operación Nexus que, según se ha demostrado, tienen un un impacto desproporcionado sobre ciertos grupos y las trabajadoras sexuales es uno de ellos”.

También dice que “la legislación de la Unión Europea reconoce a los trabajadores sexuales como ‘trabajadores’ pero es muy difícil tener una evidencia de ello para demostrar que estás ejerciendo tus derechos. Es difícil mostrar registros de empleo”.

“El proceso de esta ordenanza administrativa muestra que no se están ejerciendo los derechos del tratado. Vemos a muchas chicas de 19 o 20 años que han vivido en Reino Unido la mayor parte de sus vidas, que quedan atrapadas en el mundo de las drogas y de los delitos menores, y ahora tienen que hacer frente a una deportación a un país en el que no hablan siquiera el idioma”, explica la especialista.

Según Louhg, “el Ministerio de Interior tiene que demostrar que algunas personas pueden suponer un riesgo para la sociedad para justificar la deportación”. “Sin embargo, hemos visto decisiones basadas que se basan en muy bajos niveles de riesgo y que no consideran adecuadamente los posibles daños”, apunta.

El Centro Aire también está preparando un recurso separado sobre la legitimidad de la Operación Nexus basada en otros casos, no relacionados con la prostitución. La Operación Nexus se articula con la incorporación de oficiales de inmigración dentro de las comisarías. Sus objetivos son tanto los delincuentes extranjeros como aquellos que incumplen las leyes de inmigración.

Miles de personas –muchas de ellas con antecedentes penales– han sido deportadas de Reino Unido en el marco de la Operación Nexus desde 2012 aunque el Ministerio de Interior se ha negado a dar un número concreto. La cooperación entre la policía y los servicios de inteligencia de inmigración se ha expendido a fuerzas de seguridad más allá de Londres.

Traducido por Cristina Armunia Berges

 

La prohibición de la prostitución en Francia y otras señales de fascismo

Jerry Barnett

 

 

7 de abril de 2016

 

 

http://sexandcensorship.org/2016/04/france-bans-prostitution/

 

 

 

La prohibición de la prostitución en Francia es un signo de un profundo cambio histórico en la política francesa

 

Ayer, Francia adoptó el “modelo nórdico” para combatir el comercio sexual, haciendo ilegal comprar sexo. Como siempre, los valedores de este ataque negaron que la prostitución estuviera siendo puesta fuera de la ley; por ejemplo, en respuesta a mi tweet sobre la noticia, recibí esto:

Sex and Censorship: "Prohibición de los velos y ahora prohibición de la prostitución. Francia se está convirtiendo en un país profundamente conservador." Stephanie Lamy: "Francia no está prohibiendo la prostitución, sino todo lo contrario. Estamos prohibiendo la compra de sexo y despenalizando a las prostitutas"

Sex and Censorship:
“Prohibición de los velos y ahora prohibición de la prostitución. Francia se está convirtiendo en un país profundamente conservador.”
Stephanie Lamy:
“Francia no está prohibiendo la prostitución, sino todo lo contrario. Estamos prohibiendo la compra de sexo y despenalizando a las prostitutas”

Pero hace falta una auténtica mentalidad orwelliana para creer que uno puede poner fuera de la ley la compra de un servicio sin perjudicar a los que lo venden. Esto está, desde luego, diseñado para perjudicar a las trabajadoras sexuales. El fanatismo del movimiento antiprostitución está a la vista de todos. Las trabajadoras sexuales no están divididas al respecto: dicen claramente para cualquiera que quiera escucharlas que el trabajo sexual debe ser totalmente despenalizado. Los observadores imparciales —tales como Amnistía Internacional, que recientemente adoptó una política de despenalización— no han apreciado que este sea un argumento complicado, de dos caras. Es bien sabido que penalizar cualquier aspecto del comercio sexual daña claramente a las trabajadoras sexuales.

Así que no tratemos a los prohibicionistas como personas equivocadas con buena intención, de la misma forma que no gastaríamos saliva discutiendo sobre si es bueno o malo linchar a los negros o gasear a los judíos. Los activistas antiprostitución son fanáticos, así de sencillo. Pretenden atacar lo que odian y temen. Y este fanatismo nacido del miedo y la aversión que está en auge en Francia, es parte de un cambio histórico mucho mayor. Francia se está hundiendo otra vez en el fascismo.

Lo que es desconcertante es que, al contrario que la vez pasada, la fuerza dirigente del fascismo francés es la izquierda política. Hace unos pocos años, por ejemplo, la ministra del gobierno socialista francés Laurence Rossignol dijo que las mujeres que llevaban velo eran como “negros que apoyaran la esclavitud”. La ley antivelo fue presentada con un ligero barniz progresista, usando el “laicismo” como excusa. Pero el laicismo de Francia no es la libertad religiosa de la Ilustración. Es una oportunidad para abusar perversamente de las minorías.

Y como escribió ayer la comentadora del trabajo sexual Laura Agustín en Facebook, esta ley antiprostitución tiene también sus raíces en el profundo racismo de Francia. “En Francia, donde más de la mitad de quienes venden sexo son inmigrantes, la ley es abiertamente antiinmigración. El mensaje es: si quieres hacer esto, vete”. Francia ha sido siempre uno de los peores lugares de Europa para ser un inmigrante. Ahora la guerra francesa contra los inmigrantes se está volviendo cruel, y la izquierda está en la vanguardia de esa guerra. La tarea de la dirigente de extrema derecha Marine Le Pen ha concluído: ¿quién necesita a la extrema derecha cuando el fascismo se halla tan cómodo como en su casa en la izquierda?

El colapso de la izquierda progresista no es solo un asunto francés. No es coincidencia que, en el Reino Unido, una comisión parlamentaria dirigida por los laboristas esté tambíen intentando prohibir la prostitución. Actitudes abiertamente antisexo y actitudes veladamente racistas son ahora algo corriente en la política de la izquierda en todas partes: el reciente ataque a un estudiante que llevaba rastas —tan solo porque el estudiante era blanco— muestra que la podredumbre también está en la izquierda americana.

Para alguien como yo que una vez se encontró como en su casa en la izquierda, este cambio en el panorama político es desconcertante. El cambio de la izquierda hacia actitudes fascistas constituye el meollo de mi nuevo libro, Porn Panic!  Los valores liberales de igualdad, libertad y razón están colapsando en todo el espectro político. La prohibición de la prostitución en Francia, y la del velo, representan nubes oscuras levantándose sobre el mundo occidental.

 

La falacia paternalista del “modelo nórdico” de prostitución

 

Por Cas Mude

Profesor asociado en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales (SPIA) de la Universidad de Georgia e investigador en el Centro para la Investigación del Extremismo (C-REX) de la Universidad de Oslo.

 

04/08/2016

 

http://www.huffingtonpost.com/cas-mudde/the-paternalistic-fallacy_b_9644972.html

 

 

Esta semana Francia se convirtió en el quinto país europeo que hace ilegal la compra de sexo. Este así llamado “modelo nórdico” —que en efecto está solo implementado por algunos páises nórdicos— está ganando impulso en todo el continente y sus defensores están intentando, hasta ahora sin éxito, que se convierta en una realidad en toda la Unión Europea.

El así llamado “modelo nórdico” es una vuelta a los períodos más oscuros del paternalismo de izquierdas, en el que unos autodenominados progresistas luchan por utopías de clase media a expensas de los socialmente débiles. En el modo clásico, las opiniones de los “protegidos” son o ignoradas o despreciadas por los “protectores”. Las trabajadoras sexuales, que en su gran mayoría se oponen a la penalización de las personas que compran sexo (los así llamados “puteros”), son despojadas de su autonomía, reducidas a “víctimas” de la “industria del sexo” que padecen “falsa conciencia”.

Un reciente editorial de The Guardian, el portaestandarte británico de la progresía europea, proporciona un interesante comprensión de las crecientes dificultades que los progresistas tienen para justificar la penalización del trabajo sexual. Es una llamativa combinación de confusión y desesperación. Aunque es verdad que hace referencia a algunos de los poco fiables estudios que existen, ignora ampliamente sus implicaciones y recomendaciones. Esto se debe a que los estudios más serios muestran que el “modelo nórdico” ni ha mejorado la situación de las trabajadoras sexuales ni ha reducido de forma significativa la “industria del sexo”. En cambio, como de alguna forma reconoce The Guardian, el “modelo de Nueva Zelanda” (de despenalización) ha conseguido por lo menos lo primero.

The Guardian basa su petición de prohibir el trabajo sexual primordialmente en el “principio del daño”, esto es “la afirmación de que el único uso justo del poder en una comunidad civilizada es el uso para prevenir el daño”. Entonces, ¿de qué daño se trata? Los progresistas suelen ser imprecisos en esto, dando por supuesto que “todos sabemos” de qué están hablando. No hay duda de que los abusos físicos y verbales son un problema de primer orden para las trabajadoras sexuales, pero esto no es exclusivo de este grupo específico. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, las violaciones están incontroladas entre los estudiantes y entre los militares, ¡y todavía no ha propuesto nadie prohibir los ejércitos y las universidades (o sus reclutadores)!

No, el “daño” al que se refieren está en el acto mismo del trabajo sexual, es decir, en la venta de sexo. Esta es una postura que podría tener sentido desde un punto de vista religioso conservador, pero mucho menos desde una perspectiva progresista. Aunque los progresistas pueden (y quizás deberían) oponerse a la mercantilización del sexo, la pregunta es: ¿por qué solo a la del sexo? ¿Por qué no también a la de la educación y la salud? De la misma forma, aunque puede ser verdad que “en todo sexo pagado existe, puede decirse, una dimensión inherentemente explotadora”, esto puede decirse también de muchas otras profesiones: desde el mundo del espectáculo a la minería o los deportes profesionales (como el boxeo o el fútbol).

El auténtico argumento parece ser que la sexualidad es algo “personal” que está intrínsecamente unido a emociones (intensas). Obviamente, esta es una posición muy discutible, y por lo menos dependerá de cada persona. Más aún, tiene un claro (aunque a menudo expresado de forma solo implícita) fundamento sexista, ya que es la mujer vendedora la que es dañada, no el hombre comprador, reflejando una inveterada noción sexista de la sexualidad, según la cual la sexualidad femenina es inherentemente problemática.

Pero incluso aunque las mujeres fueran dañadas por el trabajo sexual —y por el trabajo en sí mismo, más que por las condiciones y el estigma asociados a su penalización— ello seguiría constituyendo un caso de autodaño (el trabajo sexual forzado es siempre ilegal y constituye violación, no sexo). La única forma de argumentar que es daño y no autodaño es despojar a las trabajadoras sexuales de autonomía. Y esto es exactamente lo que se está haciendo, incluso por feministas y progresistas que normalmente defienden la autonomía de las mujeres.

En palabras del editorial de The Guardian: “Las circunstancias sociales y económicas en las que una mujer ve el trabajo sexual como la mejor opción disponible representan, en sí mismas, un entorno de coacción”. Desde luego, esto se aplica sin duda a muchas, quizás incluso la mayoría, de las trabajadoras sexuales (que, dicho sea de paso, ¡no son todas mujeres!). Pero se aplica también a muchas otras profesiones. Pocas personas se desplazan a los campos de petróleo de Dakota del Norte porque amen el trabajo duro y sucio y los largos inviernos remotos. Y muchos, si no la mayoría, de los que se alistan en el ejército, en particular en países que se ven implicados a menudo en conflictos militares (como el Reino Unido y los Estados Unidos), lo hacen por falta de alternativas sociales y económicas. Más aún, los soldados pueden no solo perder sus vidas, sino que también ¡corren mayor riesgo de ser violados!

Si los progresistas quieren realmente ayudar a las trabajadoras sexuales y debilitar los aspectos explotadores de la “industria del sexo”, deberían legalizar el trabajo sexual, o por lo menos despenalizarlo. Esto aumentará de forma espectacular la salud y la seguridad de las trabajadoras sexuales, como se ha visto en Nueva Zelanda. Deberían cambiar también el clima social que rodea al trabajo sexual. Obviamente, esto supondrá un reto mucho mayor, y una razón no menor de ello será porque requiere que cambien sus propios puntos de vista tradicionales sobre la sexualidad en general, y sobre la sexualidad femenina en particular.

Si quieren realmente legislar algo, que se centren en empoderar a las trabajadoras sexuales frente a la industria del sexo “explotadora”. Que creen una infraestructura educativa y una estructura legislativa que permita a las trabajadoras sexuales (a sus colectivos) dirigir sus propios asuntos, haciéndolas independientes de chulos y terceros. Que castiguen la discriminación de las trabajadoras sexuales por otros negocios, tales como los bancos y otras instituciones financieras, que a menudo rehusan abrir cuentas a las trabajadoras sexuales, ¡incluso si no están implicadas en actividades ilegales!

Incluso si el objetivo final es vivir en un mundo sin trabajo sexual, la primera preocupación debería ser por las (supuestas) víctimas de la industria del sexo. Como las trabajadoras sexuales han dejado claro en todo el mundo, se oponen a la penalización tanto de la venta como de la compra de sexo. Quieren ver su comercio despenalizado (o legalizado). Como muestran los estudios, la vida de las trabajadoras sexuales mejora solo cuando el trabajo sexual es despenalizado. Y este debería ser el primer objetivo para todos, incluso para aquellos que están sinceramente preocupados por las “víctimas” de la “industria del sexo”.

 

La política hacia la prostitución y la desintegración de la Unión Europea

Greggor-Mattson-e1453125364531 Por Greggor Mattson

 
Oberlin College

 
18 de enero de 2016

 

http://policytrajectories.asa-comparative-historical.org/2016/01/prostitution-policy-and-the-unraveling-of-the-european-union/

 

 

¿Se está desarmando el proyecto europeo?, gritaban titulares de prensa recientes al cronificarse la crisis europea de refugiados. Los observadores atentos de la Unión Europea (UE) pueden haber perdido la memoria por la fatiga de la crisis, porque el proyecto europeo ha estado desarmándose al menos desde el desastroso fracaso en 2005 de la Constitución Europea.

 
Pero antes de eso, la política hacia la prostitución ya había dejado al desnudo las diferencias entre las políticas estatales, la gobernanza supranacional y las culturas nacionales. Entre 1998 y 2004, once parlamentos de los por entonces quince países de la UE debatieron si regular la prostitución a nivel nacional, algo que había sido regulado de facto, hasta entonces, por los ayuntamientos. Estas reformas incidieron en dos direcciones diferentes, sin embargo, dejando a la vista profundas divisiones en el seno del proyecto europeo, como quedó demostrado por los cuatro primeros países que adoptaron nuevos estándares nacionales. Holanda y Alemania legalizaron el “trabajo sexual” desde una perspectiva laboral, imponiendo estándares de seguridad en el trabajo para remediar la explotación en un trabajo peligroso. Suecia y Finlandia, por su parte, intentaron abolir la prostitución apartándola de la esfera pública para proteger la igualdad de género.

 
Estas diferencias fueron sorprendentemente diferentes entre países que, desde una perspectiva norteamericana, parecen llamativamente similares: democracias pluripartidistas del norte de Europa con poblaciones seculares, fuertes estados sociales y fuertes protecciones de los derechos humanos. Aunque la soluciones reglamentarias fueron claramente diferentes, respondieron a similares realidades y, paradójicamente, tuvieron efectos similares. La caída del “telón de acero” liberó oleadas de migración a través de Europa y las prostitutas de los países no miembros de la UE dominaron el mercado del sexo en los cuatro países. Dado que estas prostitutas inmigrantes no podían optar a ningún beneficio social como consecuencia de esas reformas, su destino era la “repatriación” bajo el abolicionismo y la “deportación” allí donde el trabajo sexual fue legalizado. Aunque las reformas de la prostitución se justificaron en base a preocupaciones locales, llegaron pisando los talones a los planes de la UE para armonizar la justicia penal y las políticas de bienestar social. La prostituta, un potente símbolo de criminalidad y vulnerabilidad, galvanizó a los Estados miembros para reforzar sus normas nacionales antes de verse obligados a cumplir con compromisos de la UE no bienvenidos por ellos.

 
Mi argumento es que los conflictos europeos a propósito de la prostitución dejaron a la vista ideologías culturales implícitas relativas al bienestar social y la ciudadanía. Estas ideologías preestablecidas enmarcaron el problema de la prostitución de formas muy diferentes: como una crisis de igualdad de género en Suecia y Finlandia, y como una falta de derechos laborales en Alemania y Holanda. Esto se corresponde con las bien documentadas diferencias entre los Estados de bienestar socialdemócratas nórdicos y los así llamados Estados de bienestar corporativistas de Alemania y Holanda. Los estudiosos del Estado de bienestar están acostumbrados a pensar acerca en tres “mundos” de enfoques políticos (liberal, conservador y socialdemócrata) pero raramente articulan las relaciones entre las prestaciones económicas y la cultura nacional.

 
Los Estados de bienestar también institucionalizan el sentido común nacional acerca de lo que es una buena vida, es lo que yo argumento; sentido que es particularmente potente en relación a los roles de género adecuados o las vidas sexuales. Más que paquetes de políticas sociales con efectos económicos, los Estados de bienestar enmarcan los problemas sociales y estampan sus marcas nacionales en las políticas culturales y los movimientos sociales feministas. El debate acerca de la prostitución de cada una de las naciones fue coherente con un repertorio cultural general integrado en las políticas sociales y las expectativas ciudadanas, formando las herramientas culturales mediante las que los ciudadanos se hicieron una idea de las amenazas que requerían soluciones por parte del Estado.

 
Las reformas de la prostitución fueron métodos mediante los que los gobiernos aprehendieron a las mujeres que estaban “sueltas” en el sentido de que carecían de conexiones formales o claras con los beneficios del Estado, los mercados de trabajo nacionales o las protecciones de derechos humanos internacionales. En mi libro, muestro cómo la ansiedad por la globalización creó sus propias realidades y consecuencias políticas, incluso cuando las causas prácticas fueron los procesos voluntarios de la unificación europea y las diferentes políticas de los antiguos aliados. Los miedos a la globalización y a la transferencia de soberanía a la UE crearon un contexto en el que los parlamentos nacionales se reafirmaron a sí mismos imponiendo estándares nacionales para proteger a las mujeres vulnerables. Reforzaron por tanto sus Estados ante presiones ostensiblemente globales, incluso a costa de socavar su proyecto europeo colectivo. La prostitución, pues, saboteó la expansión de la UE a la “dimensión social” de la política social, las leyes de asilo, y las leyes penales. La ansiedad ante amenazas exteriores a las naciones individuales se articuló con el desencanto con la UE, saboteando su objetivo de elaborar una estrategia contra la trata coherente.

 
La política hacia la prostitución sigue siendo una mina que tiene también el potencial de socavar el Mercado Común que está en el núcleo de la UE. Un grupo de expertos concluyó que el conflicto acerca de la prostitución podría justificar sanciones comerciales por parte de un Estado del euro contra otro.

 
El riesgo de compartimentalizar el mercado interno podría justificar el uso de un artículo para imponer sanciones comerciales contra un Estado miembro en una situación tal… este ejemplo no es una pura fantasía, dados los enfoques cada vez más diferentes adoptados por los Estados miembros respecto a la prostitución. (Red europea de expertos independientes en Derechos fundamentales 2003, 14-15).

 
Lo que el informe no hizo fue señalar que la causa del problema fue precisamente dilucidar qué derechos fundamentales tenían prioridad . Reconocer que los derechos laborales de las trabajadoras sexuales en Holanda y Alemania entraban en conflicto claramente con el reconocimiento por parte de los países nórdicos de la prostitución como una violación de los derechos humanos de las mujeres.

 
Mientras que muchos observadores echaron la culpa de la crisis de deuda griega a una demasiado escasa integración política, la política hacia la prostitución ha expuesto ya la falta de integración a nivel de conceptos: de vulnerabilidad, ciudadanía y bienestar social. Estas diferencias se hicieron patentes durante la crisis de los refugiados del año pasado. Si Europa no pudo ofrecer una ayuda coordinada a un puñado de víctimas de trata en épocas de prosperidad, no es sorprendente que se paralice en épocas de austeridad ante millones de víctimas menos simpáticas.

 
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Greggor Mattson es Profesor asociado de Sociología en el Oberlin College, donde imparte cursos de sexualidad, cultura, ciudades y ley. Es el autor de The Cultural Politics of European Prostitution Reform: Governing Loose Women (Palgrave 2016). Bloguea en greggormattson.com y twitea en @greggormattson.