Trabajadoras sexuales, entre la violencia y la discriminación

 

Autor: Jordana Gonzalez y Karen Ballesteros

25 de febrero de 2021

Trabajadoras sexuales, entre la violencia y la discriminación

 

Violentadas por clientes, hoteleros, policías y hasta por algunos medios de comunicación, en plena pandemia las trabajadoras sexuales se han duplicado. Entre la discriminación y la trata, quienes intentan ejercer esa labor de forma independiente se enfrentan al estigma y al sistema que aún penaliza la prostitución

 

Extorsiones constantes –para no detenerlas “por putas”– son las violencias menos graves que padecen las trabajadoras sexuales a manos de policías; las peores: violaciones sexuales tumultuarias –incluso a bordo de patrullas–, denuncia una de las refugiadas de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, quien ejerce esa labor desde hace 32 años.

“Si yo le gustaba a los policías, tenían sexo conmigo en contra de mi voluntad. Eso era una violación porque yo no quería”. Su experiencia más dura ocurrió una noche que estaba drogada: 12 granaderos abusaron sexualmente de ella. Aunque trató de esconderse y defenderse, los agentes continuaban aprovechándose de su cuerpo. “Yo no quería. A las 2 o 3 de la mañana me dejaron en la Lagunilla llena de semen, adolorida”.

Más de una vez pensó que no valía nada. Ahora, a sus 53 años, la mujer narra a Contralínea que desde que decidió dedicarse al servicio sexual en las calles del Centro Histórico, las violencias fueron una constante no sólo por parte de la policía, sino también de la sociedad, los clientes y hasta su familia.

Entrevistada en las oficinas de la Brigada Callejera, recuerda que en el pasado había operativos contra la prostitución: “pasaba hasta dos días en El Torito. Nos quitaban nuestro dinero y nos daban de comer, pero era una comida asquerosa”.

De acuerdo con la Encuesta trabajo sexual derechos y no discriminación, en 2020 el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred) analizó tres casos de discriminación contra trabajadores sexuales presuntamente ejercida por autoridades. Aunado a ello, en 2019 la Brigada Callejera presentó 75 denuncias contra elementos de la policía por distintos tipos de violencia, indica Elvira Madrid Romero, presidenta de esa organización.

Es por ello que la búsqueda del reconocimiento del trabajo sexual está estrechamente ligada a la lucha por la despenalización del mismo. Y ello se logró en la Ciudad de México en junio de 2019, gracias a la reforma del artículo 27 de la Ley de Cultura Cívica, con la que se eliminó la sanción que se les imponía a quienes realizaban y adquirían este servicio.

Un año después y en plena pandemia de Covid-19, en la capital el número de mujeres –incluidas transgénero– que tiene que vender su cuerpo para sobrevivir se duplicó: pasaron de 7 mil 700 a 15 mil 200, estima la organización Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez.

Aunque despenalizado, el oficio sigue enfrentando problemas porque todo se generaliza como “prostitución”, no se reconocen las diferencias entre el trabajo libre e independiente y la trata de personas, consideran activistas y trabajadoras sexuales consultadas por este semanario.

Consideran que aún falta una revolución a nivel social y político, para que el trabajo sexual sea cubierto con los derechos laborales que se establecen por ley. En su lugar, las mujeres que se emplean en este sector de manera autónoma están desprotegidas.

Las otras violencias

La presidenta de la Brigada Callejera, Elvira Madrid, denuncia que sujetos desconocidos también violentan a las trabajadoras sexuales. Las agresiones físicas han incluido ataques con balas de gotcha, lo que las puede dejar ciegas, y con ácido. E incluso intentos de atropellamientos: los automovilistas les “echan los carros”.

Otra de las violencias que sufren es la cometida por los clientes, asegura la trabajadora sexual de 53 años que pide no publicar su nombre para no ser revictimizada. Ella comenzó a laborar en ese oficio –a sus 16 años– y aprendió que no se puede confiar, pues algunos no pagan y otros son violentos.

En entrevista, Adriana Aguilera Marquina, secretaria técnica en el Copred, explica que también los hoteleros son agresores: “muchas veces les quieren cobrar más para poder ejercer el trabajo sexual en algunas de las habitaciones o no las dejan entrar”. En 2020, el Consejo analizó tres quejas contra hoteles por abusos de este tipo.

Al respecto, y en el contexto de la pandemia, la abogada Arlen Palestina –‘miembro de la Brigada Callejera– asegura que las violencias han aumentado por parte de los dueños de hoteles y moteles, ya que han subido los precios. Incluso cobran por cada 20 minutos y no por hora.

Además, señala la experta en derecho, les rentan habitaciones sin limpiar y no respetan las normas de sanidad, pues no les dan gel antibacterial, no sanitizan los espacios, ni cambian las sábanas luego del uso de las habitaciones

Malos tratos y machismo

La psicóloga Alejandra Buggs Lomelí, directora del Centro de Salud Mental y Género de México, señala que no debería existir esa mirada represora de la sociedad que dice tener una gran “moral”. “No debe haber nadie que tenga el derecho ni de castigar, ni de lastimar a una mujer que haya decidido ejercer este derecho. Es otro tema cuando la mujer ha sido obligada a ejercerlo”.

Los clientes no son los únicos que ejercen violencia, también lo hacen desconocidos que transitan por las calles donde ellas trabajan. “No respetan nuestra vida. A veces pasan camionetas con vidrios polarizados filmando. Y eso no debe ser. Todas corren: qué necesidad tenemos de estar corriendo y escondiéndonos de las cámaras. Te suben a internet […]. Lo que más me choca es que somos exhibidas sin respeto en las redes y en los medios de comunicación. Somos trabajadoras no asalariadas: no somos prostitutas”, comenta la mujer de 53 años que pide el anonimato.

Recuerda una ocasión en la que su familia vio una entrevista que ella dio a Brigada Callejera sobre su labor: “se hizo un chisme en el pueblo porque decían que ‘andaba de puta’. Qué hipócritas. Pero ahora ya me vale lo que piensen”.

Los comentarios que estigmatizan siempre están presentes. Rememora que cuando era más joven, la gente le comentaba que podía encontrar otro tipo de trabajo: “no hay necesidad de vender las nalgas”, me decían, pero “a ellos qué les importa. Es mi gusto, son mis nalgas, es mi cuerpo”. También le expresaban que mejor buscara un “trabajo decente, digno”. “Yo me siento decente en mi trabajo. En un empleo ‘quesque’ digno, donde pagan un salario cada 15 días, no me alcanza. No es suficiente”.

De acuerdo con la Encuesta realizada por el Copred, las trabajadoras ganaron entre 1 mil y 3 mil pesos semanales en 2019. El 81.6 por ciento de las consultadas dijo emplear sus ingresos para la cobertura de sus gastos, lo que refleja que el ejercicio de esta labor se debe a la necesidad económica.

Y es que el 65.9 por ciento (147) de los encuestados respondió que es su principal fuente de ingresos; por necesidad, el 34.1 por ciento (76), la tercera razón es el horario flexible, 26 por ciento (58).

Sin seguridad social

El nulo o poco reconocimiento que existe por parte del Estado hacia el trabajo sexual ocasiona que las mujeres laboren en condiciones precarias, ya que además de estar expuestas a enfermedades de transmisión sexual, ahora también se enfrentan a la Covid-19. Pese a los riesgos, no cuentan con servicios de salud.

Don Anahí, una joven de 29 años que ejerce el trabajo sexual en el ciberespacio compartiendo contenido y contactando clientes–, no cuenta con seguro médico. “Siempre voy a servicios particulares y si no trabajo y me enfermo cómo pagaré los servicios privados. Si no trabajo, no tengo dinero. Además de que en la generación millennial, a la que pertenezco, existe poca capacidad de ahorro”.

La joven agrega: “llevo chambeando muchos años y más o menos puedo llevármela, pero hace 8 o 10 años, cuando me enfermaba y no tenía varo pensaba qué hacer. En ese entonces descuidé aspectos de mi salud, sobre todo de mi nutrición”.

Como no se reconoce como trabajo, para quienes lo ejercen no tienen acceso a la seguridad social. Lo anterior, pese a que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que las personas que ejercen el trabajo sexual también contribuyen a la economía del país. En cuatro países, la OIT encontró que la industria del sexo proporciona entre el 2 y el 14 por ciento del producto interno bruto.

Libertad sobre su sexualidad, origen de la discriminación

Anahí eligió emplearse en ello: se descubrió plena en su sexualidad posando su desnudez para artistas plásticos. Comenzó a cobrar por realizar fotografía erótica, luego por hacer video. El sentirse cómoda y aceptar su cuerpo es por lo que ha sido criticada.

Para Don Anahí, creadora de contenido sobre sexualidad, lo que fomentó la discriminación hacia quienes realizan el trabajo sexual fue el papel de la prostituta en el cine: por ejemplo, en la película Santa, que retrata el papel de la prostituta víctima. “Recalcan y recalcan la revictimización. Al igual sucede cuando me preguntan [medios de comunicación en entrevistas] qué fue lo que me llevó a trabajar de esto: la forma en la que preguntan no es la misma si se lo preguntan a una mujer que trabaja en otro ámbito”.

Por ello, la activista Elvira Madrid señala que el respeto a las “compañeras” comienza desde la forma en hacer las preguntas. “Hay medios muy amarillistas”.

Anahí considera que es una cuestión de machismo. “Parten de sus inseguridades, de querer dominar a otro, poseer al otro o juzgar a la otra y hacen cosas horribles. Creo que las trabajadoras sexuales, precisamente, lo analizamos más porque es más evidente. En otras chambas está el velo, la hipocresía, el querer disfrazar”.

Por su parte, la psicóloga Alejandra Bugss Lomelí, especialista en violencia de género, explica que, desde el sistema patriarcal, los mandatos de género castigan a las mujeres que realizan un ejercicio pleno y libre de su sexualidad; “está visto de una forma negativa”.

Además de la existencia de posturas feministas que hablan de la explotación de los cuerpos “desde un sentido súper idealista, pensando que no todas las personas somos explotadas, cuando ya seas doctor o artista. Todos somos explotados, en diferentes niveles, pero estamos dentro de este sistema de producción”.

Para Adriana Aguilera, especialista en derechos humanos, la postura feminista abolicionista pone en duda la autonomía de las personas que deciden ejercer el trabajo sexual porque dicen que en realidad no se elije.

Desde el Copred se considera que ninguna persona, y ninguna elección, es ciento por ciento autónoma: “todas las decisiones o acciones de cualquier persona están influenciadas por la realidad en la que se encuentra. Muchas veces se nos olvida, también, la situación actual de precarización laboral que existe en México”.

La reforma a la Ley de Cultura Cívica, en junio de 2019, fue un avance en el reconocimiento del trabajo sexual, pero para las organizaciones y expertas consultadas aún se requieren políticas públicas integrales e interdisciplinarias en favor de quienes ejercen esta labor.

La abogada Arlen Palestina indica que debería legislarse todavía más para que las mujeres trabajadoras sexuales tengan los mismo derechos, prestaciones y seguro social para poder ser atendidas cuando enferman.

Todavía “hace falta mucho”, coincide Elvira Madrid, desde las oficinas de la Brigada Callejera. “Falta más compromiso del gobierno para hacer valer sus derechos humanos”.

Ello, sin asistencialismo ni paternalismo, dice Don Anahí, sino más bien de otras formas: desde la enseñanza. Sobre todo que se descentralice. Para ella, como trabajadora sexual virtual, debería detallarse la diversidad del ejercicio de este empleo en la ley: “no hay un apartado que se refiera al trabajo cibernético, solamente hablan del trabajo sexual callejero”.

La importancia de las organizaciones

La relevancia de las organizaciones como Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales (Amets) o la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer radica en que son por y para las trabajadoras sexuales: ellas se representan a sí mismas.

“Mucho tiempo quisieron representarnos desde la academia. Desde ahí dicen ‘vamos a hablar por ustedes’. También desde la discusión gubernamental. Cuando no necesitamos que nadie hable por nosotras porque nos infantilizan, y desde un punto de vista muy adultocentrista. Nosotras tenemos voz y no necesitamos que nadie venga a darnos voz”, dice con firmeza Don Anahí.

“La academia no sabrá nuestras necesidades por mucho que se llegue a investigar el trabajo sexual. En Amets no se pretende ser la representación del trabajo sexual. No. Sólo somos unas cuantas voces que intentan que se sumen unas cuantas voces para participar en actividades y se escuche la diversidad de . “No somos objetos de estudio. Somos sujetas de estudio. Nos preocupamos y sentimos como cualquier mujer.”

Violencias en el trabajo sexual virtual

Los servicios sexuales ofertados en el ciberespacio son mediante redes sociales y páginas, donde además de discriminación se sufre robo de contenido para intentar extorsionarlas, explica Anahí, trabajadora sexual independiente y miembro de la Amets.

De acuerdo con la joven de 29 años, las políticas de las redes sociales comerciales son “punitivas”: funcionan como una especie de “policía cibernética” porque, mediante sus reglas, cierran cuentas que ya contaban con 70 mil o más  seguidores. “Pero en otras cosas, como violencia, sangre y otros temas del mercado sexual, no las cierran. Hay un tipo de discriminación en ciertas redes sociales donde no puedes publicar ni si quiera una palabra” erótica.

Si las redes sociodigitales cuentan con una política que prohíbe su uso a menores de edad, “nosotras deberíamos tener la libertad de poder laborar en esas redes y utilizarlas para trabajar, porque mucha gente las utiliza para trabajar. Al fin y al cabo ni Twitter, ni Instagram, ni Facebook nos están pagando por todo lo que ellos sí ganan del tiempo que invertimos en esas redes sociales”.

Anahí expone que también enfrentan el robo del contenido erótico y del robo de identidad. Y es que, mediante la creación de perfiles falsos, hay quienes lucran con las fotos y videos de “las compañeras. Mientras que la otra chica echándole ganas a sus redes sociales para que otra persona abuse”. En muchos casos, el uso de las redes no sólo es para compartir imágenes y videos, sino para contactar clientes para sostener relaciones sexuales a cambio de una paga.

Aunque sus núcleos cercanos conocen su oficio, afirma haber recibido comentarios “feos” de parte de su familia al enterarse de su oficio. Por supuesto, no fue aplaudida por nadie. Lloraron cuando se enteraron, afirma. Hubo quienes se enfermaron. Fue una tragedia. “No sé cuál era su percepción de la trabajadora sexual, pero realmente me hicieron sentir mal, culpable”.

Durante los 11 años que lleva ejerciendo este trabajo ha sido maltratada, pero no por clientes desconocidos, sino por quienes ya la conocían de la escuela. Ellos, sus antiguos amigos, “se convirtieron en los peores machines que haya conocido”.

“Uno de mis amigos que había sido mi cliente, en la borrachera, me agarró la nalga y también me quería besar. Llegaron a ser muy violentos, no al punto de agredirme físicamente, pero sí de querer que aguantara más tiempo la penetración. Tampoco aceptaban sostener una relación meramente laboral. Entonces eran muy agresivos conmigo, se hacían los ofendidos. Me ofendían horrible”.

Las agresiones fueron “tan repetitivas que, de plano, comencé a alejarme de ciertos círculos de amistades. Recorté como en un 75 por ciento la banda con la que me juntaba porque ya eran chinga quedito o se la pasaban criticándome porque soy trabajadora sexual, cuestionarme que si no tenía una mejor opción de trabajo”.

Le afectó tanto a nivel emocional, al punto de decidir darse un espacio de esta labor e ir a terapia. “Después me di cuenta que la culpa no era del trabajo sexual, es del machismo insertado en los cuerpos que lo ejercen. Y que no nada más me lo hacen a mí por ser trabajadora sexual, se lo hacían a cualquier mujer”.

No es violación, es abuso: contra la reforma del Código Penal

El presunto autor deja de ser presunto para ser considerado culpable hasta que demuestre lo contrario. Ante la ley, ante los tribunales y ante la opinión publica

 

  • “Es cuanto menos curioso que quienes abominan de la prostitución libre porque convierte el cuerpo de la mujer en mercancía vengan ahora a convencernos de que lo mejor para nosotras es que mercantilicemos el sexo convirtiéndolo en un intercambio de prestaciones”.
  • “Lo que es innegable es el pestiño paternalista subyacente: como las mujeres no somos capaces de expresarnos por nosotras mismas, ni los hombres de interpretar nuestra voluntad, el Estado viene a imponernos una manera de consentir”.

 

Por Guadalupe Sánchez

9 de febrero de 2021-02-09

https://www.vozpopuli.com/opinion/violacion-abuso-codigo-penal.html

 

Irene Montero en la manifestación del 8-M

 

El sexo no consentido ya es delito en nuestro país. Lo era antes de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, agitase su primera pancarta. Es falso que haya que modificar el Código Penal porque sea necesario colocar el consentimiento “en el centro”. Si mantienen una relación sexual no consentida, sean hombres o mujeres, pueden denunciar al culpable ante los tribunales para que lo (o la) condenen por un delito contra la libertad sexual. Da igual si manifestaron su rechazo explícitamente, porque al igual que sucede con el consentimiento, la negativa también puede ser tácita.

El lenguaje no siempre se verbaliza, los seres humanos somos capaces de expresarnos más allá del idioma, mediante actitudes o gestos, más aun en un ámbito tan íntimo y privado como el del sexo. Podríamos decir que hay tantas maneras de consentir —o rechazar— como individuos. Y aquí es donde entra la labor de jueces y magistrados: cuando una persona acusa a otra de haber atentado contra su libertad sexual, ellos deben valorar las pruebas practicadas durante el juicio para decidir si hubo o no consentimiento y, caso de no haberlo, tener en cuenta la concurrencia de otros factores que podrían atenuar o agravar la pena.

Una de las labores del legislador penal es, precisamente, facilitar esta tarea al juzgador, tipificando aquellas conductas que, con carácter general, son constitutivas de delito (tipo básico) y las circunstancias o actos del autor que, si concurren, suponen una mayor o menor lesividad y, por lo tanto, deben determinar una condena superior o inferior (tipos atenuados o agravados). Una vez el juez tiene claro cuáles son los hechos probados, debe acudir al Código Penal y decidir si la conducta del acusado es subsumible en uno de los delitos que en él se regulan, para que la pena que se imponga al autor sea proporcional a la gravedad del acto que cometió.


Tanto la agresión como el abuso sexual parten de la ausencia de consentimiento de la víctima, pero el primero lleva aparejada una mayor pena que el segundo


En materia de delitos contra la libertad sexual, el Código Penal distingue entre agresión y abuso, aunque en el lenguaje de la calle se suela incluir todo dentro del saco de la violación. Pero desde el punto de vista jurídico esta distinción no es baladí y tiene su razón de ser. Tanto la agresión como el abuso sexual parten de la ausencia de consentimiento de la víctima, pero el primero lleva aparejada una mayor pena que el segundo porque, a la falta de anuencia, se suman otros factores que agravan la conducta del autor: la concurrencia de violencia o de intimidación. De esta forma, si el acceso carnal se consigue, por ejemplo, empleando un arma o amenazando con el despido, el castigo al culpable será mayor que cuando se obtiene aprovechando el estado de embriaguez total de la víctima. Ambos comportamientos son del todo repugnantes, eso no se discute. Pero estarán conmigo en que tiene todo el sentido que la ley distinga entre ellos y los agrupe en distintos tipos con diferentes penas, no sólo para cumplir con las exigencias derivadas de los principios de proporcionalidad y de tipicidad en los que se sustenta el Derecho Penal democrático, sino también para ayudar al juzgador en esa tarea de subsunción de los hechos en un tipo concreto que les he comentado antes.

Entonces ¿a qué viene todo este revuelo que, desde el Ministerio de Igualdad, se está generando en torno al consentimiento? ¿Por qué afirman que en España el sexo no consentido no es delito y repiten eso de que “no es abuso, es violación”? La respuesta pone los pelos de punta a quienes, como yo, tenemos claro que la subversión de los principios rectores del Derecho Penal conduce sin remisión a la destrucción de las democracias liberales y anuncia el advenimiento de regímenes totalitarios.

Feminismo e igualdad

Lo primero que pretenden la gran mayoría de quienes defienden la necesidad de un consentimiento explícito, incluida la ministra, es que la mera palabra de la víctima sirva como prueba de cargo, lo que determinaría una inversión de la carga de la prueba. Si una persona acusa a otra de haber mantenido una relación sexual sin haber ella explicitado su consentimiento, será el acusado quien tenga que demostrar su inocencia ante los tribunales. Es decir, el presunto autor deja de ser presunto para ser considerado culpable hasta que demuestre lo contrario. Ante la ley, ante los tribunales y ante la opinión publica. Algo que atenta frontalmente contra un derecho humano fundamental como es la presunción de inocencia y que, por lo tanto, es manifiestamente inconstitucional. Un feminismo que pretende dotar a las mujeres de un plus de credibilidad por razón de sexo, que persigue conferirnos un privilegio que prevalezca sobre los derechos inherentes a la persona, no merece ser respetado ni hacer gala de ese nombre. El feminismo es y será igualdad ante la ley. Lo de estas señoras —y señores— es otra cosa: identitarismo de género, una de las herramientas de las que se valen los antisistema para propiciar un cambio de régimen.

Otra derivada de la explicitación del consentimiento, muy del gusto de los enemigos de la libertad, es la burocratización de las relaciones sexuales. Si las mujeres tenemos que consentir expresamente para obtener un préstamo, para permitir la difusión de nuestra imagen o para someternos a una intervención médica ¿por qué no para tener sexo?


Al igual que sucede en materia de consumo, en caso de desavenencia corresponderá al hombre como empresario demostrar que se suministró a la mujer toda la información necesaria antes de asentir


Convierten así el acto sexual en una prestación de servicios, en la que el varón asume el rol de empresario y la fémina el de consumidora vulnerable a la que le tienen que explicar la letra pequeña de aquello que va a firmar. Y al igual que sucede en materia de consumo, en caso de desavenencia corresponderá al hombre como empresario demostrar que se suministró a la mujer toda la información necesaria antes de asentir.

Es cuanto menos curioso que quienes abominan de la prostitución libre porque convierte el cuerpo de la mujer en mercancía vengan ahora a convencernos de que lo mejor para nosotras es que mercantilicemos el sexo convirtiéndolo en un intercambio de prestaciones.

Lo que es innegable es el pestiño paternalista subyacente: como las mujeres no somos capaces de expresarnos por nosotras mismas, ni los hombres de interpretar nuestra voluntad, el Estado viene a imponernos una manera de consentir. Quienes creen que la cruzada contra lo privado de esta banda se limita a la esfera económica se equivocan: el Estado no sólo ha de ser dueño de nuestras posesiones materiales, sino también de nuestra voluntad y nuestra privacidad. Es lo que define a las tiranías, que los individuos nos convertimos en siervos.

 

Los grandes temores de las prostitutas en Murcia

La posible retirada de la custodia de los hijos o el rechazo social de amigos o familiares son algunos de los miedos de las trabajadoras del sexo que la psicóloga murciana María Martínez recoge en un estudio

 

Por Alberto S. de la Peña

6 de enero de 2021

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/01/07/grandes-temores-prostitutas/1176949.html

 

El estigma ‘puta’ lo sepulta todo. Es el eje vertebrador que origina gran parte de las violencias hacia las trabajadoras del sexo. Tiene como fruto el rechazo social que acaba sufriendo este colectivo profesional de manos de organizaciones humanitarias que se inclinan por la abolición de la prostitución, de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de los colectivos feministas. «Homogeneizar la realidad de las prostitutas es un error. Si se generaliza el discurso de que todas las trabajadoras están sometidas a una violencia y malos tratos, quienes escuchan ese mensaje se enfurecen y la respuesta automática es que hay que abolir y prohibir. La trata existe, la explotación existe, pero hay otras realidades y no existe una única solución».

María Martínez Cano, psicóloga especializada en políticas de igualdad, originaria de Blanca y antigua trabajadora sexual en Murcia, ha llevado a cabo un estudio que analiza las violencias que sufren las prostitutas en la Región de Murcia y que acaba de publicar en la Revista del Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En su estudio, la murciana ha buscado poner el foco «en las personas estigmatizadoras y responsables de las agresiones, y no tanto en el colectivo estigmatizado: las personas que trabajan en la prostitución».

La psicóloga señala que las distintas violencias ejercidas por un amplio abanico de agentes sociales determinan las condiciones laborales, de salud y las relaciones interpersonales de los trabajadores del sexo. Ha estudiado los diferentes espacios y ámbitos de trabajo, legislaciones nacionales e internacionales, investigaciones previas sobre el trabajo sexual desarrolladas en Murcia, autobiografías de trabajadoras sexuales o testimonios sobre violencias contra las prostitutas que ejercen en la comunidad.

El resultado de todo ello ha sido concluir que la multitud de violencias abordadas en su estudio llevan a la exclusión social de las prostitutas: «Podemos hablar de un intenso temor ante la idea de que pueda trascender la vida oculta en la vida pública, por lo que las personas que ejercen la prostitución en secreto se ven sometidas a un continuo estado de alerta».

Martínez, quien también fue trabajadora de la asociación CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo de Murcia), subraya el problema del acercamiento de las prostitutas a los servicios sociales o sanitarios por el estigma de reconocer la profesión a la que se dedican y qué consecuencias tiene esto. El temor a la retirada de la custodia de sus hijos, la denegación de ayudas o que los sanitarios justifiquen la prostitución como causa de enfermedades físicas son motivos que llevan a estas profesionales a evitar acudir a estos servicios porque «anticipan posibles conductas discriminatorias hacia ellas», señala la psicóloga.

Con respecto a la salud mental, varias de las personas entrevistadas declararon en el estudio que los profesionales sanitarios habían relacionado sus problemas de salud mental con el trabajo sexual, «por lo que la solución principal que aportaban pasaba por abandonar la prostitución cuando ellas no querían».

En lo referente a los problemas vividos con agentes policiales, las trabajadoras relatan abusos de poder e incluso violaciones en Murcia, sobre todo ante trabajadoras del sexo migrantes en situación administrativa irregular: «A veces, los policías venían de paisano a la barra y toqueteaban a las chicas, sobre todo a las nuevas. Ellas, como tenían miedo de que las deportaran, se dejaban tocar», relata una trabajadora brasileña.

Unos recursos de orientación laboral inapropiados, unidos al rechazo social y a la escasez de empleo, provocan que la inclusión de las prostitutas en el mercado laboral reglado de la Región de Murcia se convierta en un objetivo realmente complejo, señala el estudio. «Hay organizaciones encargadas de colaborar en la búsqueda de empleo dentro del trabajo sexual como el cambio de ejercer esta profesión en la calle a un piso, o el cambio de club de alterne, pero otras plantean alternativas laborales a la prostitución y reivindican la abolición, algo en lo que no están de acuerdo las trabajadoras».

Algo parecido ocurre con los discursos que mantienen los colectivos feministas, que a juicio de la psicóloga han logrado «tachar de malas mujeres a las prostitutas al no aceptar el estatus de víctima». María Martínez fue la encargada de organizar las Jornadas sobre Trabajo Sexual en septiembre del pasado año en la Universidad de La Coruña, donde realizaba un máster en políticas de igualdad, y que debido a la presión de distintos colectivos feministas fueron suspendidas por denunciar que el debatir esta temática «normaliza y trivializa una actividad que atenta contra los derechos humanos de las mujeres».

 

Cómo se regula el trabajo sexual en Uruguay y qué puede aportar al debate argentino

Mientras en nuestro país la puja entre regulacionistas y abolicionistas no se zanja, desde 2002, del otro lado del charco existe una ley que reconoce la actividad y asegura derechos a quienes la ejercen. En esta nota referentes del tema cuentan los avances en la experiencia uruguaya a partir de esta norma y las actualizaciones que urge implementar.

 

Por Ariana Budasoff

25 de noviembre de 2020

Cómo se regula el trabajo sexual en Uruguay y qué puede aportar al debate argentino

 

“A partir de hoy, 29 de Noviembre de 2017, te estoy invitando a reducir tu lectura de los materiales de estudio que definen a la prostitución y cambiarlos por un charla con cualquiera de las personas que la ejercemos, porque cada una de nosotras tiene su propia teoría vivencial y ninguna de nuestras teorías están escritas en los textos que consultas”.

Así inicia un capítulo de su libro, El ser detrás de una vagina productiva, Karina Núñez: trabajadora sexual uruguaya, activista contra la trata de personas, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y defensora de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual —aunque en una entrevista advierte que esta denominación responde a la mera costumbre de ponerle etiquetas a todo: “Los que ponen ‘activista’ son ustedes. Yo soy Karina”—. La obra, que incluye sus experiencias y las de otras 300 mujeres cis y trans, es una muestra de las realidades que viven las trabajadoras sexuales uruguayas. Un oficio que si bien allí está regulado desde 2002, sigue expuesto a múltiples vulneraciones.

A diferencia de nuestro vecino cruzando el charco, en Argentina las trabajadoras sexuales siguen ejerciendo en un terreno confuso a nivel legal: sin prohibición ni regulación. Y la cinchada entre abolicionistas —quienes piensan que el trabajo sexual no es una elección y que quienes lo ejercen son víctimas de proxenetas y redes de trata por tanto debe prohibirse— y regulacionistas —quienes creen que muchas trabajadoras sí escogen libremente ese oficio, que es uno como cualquier otro, y por tanto debe ser regulado—, parece no tener fin. En ese sentido, quizás el caso uruguayo y su lucha actual, con una postura intermedia que contempla a todas las trabajadoras, pueda ser tomado como ejemplo.

Karina Núñez tiene 46 años, es de Fray Bentos, y dice cosas como: “Yo desde los 12 años que ando en la vuelta” o “yo me he domesticado un poco ahora”. Y dice, por las mujeres gracias a las que empezó su lucha, algo que se parece al título de su libro: “Ellas vieron en mí el ser humano más allá de la profesión, y no me cuestionaron por qué estaba ahí, me guiaron y acompañaron en el proceso de visibilización por fuera de esa estructura de opresión”.

Ella pelea por una actualización de la ley que regula su oficio.

Foto del libro El ser detrás de una vagina productiva, publicado en 2017.

La ley que supieron conseguir

La Ley 17.515 de Trabajo Sexual del Gobierno uruguayo intentó poner un marco normativo al oficio más antiguo —y quizás en el que se cometen más abusos— de la humanidad. Entre otras cosas, esta medida creó un Registro Nacional del Trabajo Sexual en el que aquellas personas que lo ejercen deben anotarse y completar formularios, presentar análisis y estudios que acrediten que están libres de enfermedades de transmisión sexual para recibir, luego, un carné habilitante. Y, desde 2010, todas las trabajadoras sexuales registradas y habilitadas realizan aportes para su jubilación.

Sin embargo, la ley tiene varios agujeros que, a casi dos décadas de haber sido sancionada, las trabajadoras reclaman enmendar con urgencia. Es por eso que Núñez, el 1° de mayo de 2018, hizo una convocatoria en sus redes sociales invitando a sus compañeras a sumarse a luchar para modificar la ley. Así nació la Organización de Trabajadoras Sexuales (O.TRA.S), desde donde están reclamando reformas en la normativa.

“Cuando las compañeras de la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (AMEPU) empezaron a escribir la ley, estábamos saliendo de la dictadura cívico militar que duró de 1972 a 1985. En ese entonces las compañeras eran encarceladas por el simple hecho de ser trabajadoras sexuales. De ahí a que consiguieron llevarla al parlamento pasaron algunos años”, cuenta Núñez.

Y explica que un logro que obtuvieron con la aplicación de la norma en aquel contexto histórico fue, justamente, que dejaran de detenerlas por ejercer el trabajo sexual. “Y, en el auge de la pandemia del VIH, a las compañeras se les dio la herramienta que sigue siendo la única real para la prevención del virus, que son los preservativos. Hasta entonces los tenían solo las personas que podían comprárselos”, dice.

La trabajadora social uruguaya, investigadora y docente feminista, Andrea Tuana, quien también dirige la Asociación Civil El Paso, que lucha contra el abuso y la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres y contra la violencia de género, señala que la ley marcó un punto de inflexión cuando fue sancionada: “Fue importante para reconocer la realidad de las trabajadoras sexuales en cuanto a la existencia de un oficio que socialmente era considerado como una práctica abyecta, necesaria pero indeseable. Y quienes ofertaban servicios para esa práctica eran personas totalmente estigmatizadas, excluidas, invisibilizadas, no dignas de que la sociedad se ocupe de ellas”.

“Partíamos de un piso —continúa— en el que a las mujeres en ejercicio o en condición de prostitución se les podía hacer cualquier cosa. Entonces, la ley, lo que pretendió fue lograr un reconocimiento de esa práctica e intentar colocar un mínimo de marco regulatorio. Mínimo: ‘Señor, usted no puede hacer cualquier cosa, no puede violar a una trabajadora sexual’, más allá de que eso siempre estuvo penalizado, pero obviamente nadie lo tomaba en cuenta. Así llegamos a esa ley que tenemos hoy”.

El periodista y escritor uruguayo César Bianchi (que en 2008 publicó Mujeres bonitas, una investigación con 14 historias de vida de prostitutas uruguayas) coincide en que la ley tuvo bondades como “poner el tema en el tapete y darles visibilidad [a las trabajadoras]; que haya un registro de trabajadoras sexuales y que el Ministerio de Salud Pública esté encima de su salud y les den las herramientas de trabajo. Que deje de ser un tema tabú y que por fin puedan empezar a aportar para su jubilación”. Aunque señala, “que eso llega tardísimo”. Y que la norma tiene “puntos negros bastante claros”.

¿Puntos fuertes? de la ley

El hecho de que aquellas trabajadoras registradas tengan un carnet o libreta habilitante y para obtenerlo deban hacerse controles médicos que les garanticen un buen estado de salud, aunque se lee como una medida progresista, es un punto ambiguo según explican las referentes y el periodista.

“La ley tiene una regulación epidemiológica, jurídica y punitivista, porque si no cumplen determinados requisitos son castigadas o multadas —dice Bianchi—. Por ejemplo: hasta 2015, si vivían en alguna localidad del país y querían ir a trabajar a otra pero no avisaban que se iban a mudar, podían ser detenidas. Eso muestra las falencias de la norma porque si una trabajadora tenía la necesidad de ir a otro lado porque le dijeron que había más trabajo y no avisaba a la comisaría o daba cuenta de que se había mudado podía ir presa”.

Karina Núñez

“También está el aspecto sanitario —agrega—: cada 6 meses en Montevideo y una vez por mes en el interior, tienen que ir al médico y sacarse sangre y regularizar el carnet de salud para descartar que no tengas sífilis, VIH, ni ninguna enfermedad que se transmita por el ejercicio de su trabajo. No les queda claro ni les convence la distinción de la capital con el interior”.

Además de esto, explica que la ley actual indica que las trabajadoras sexuales solo pueden ejercer en espacios habilitados por el Ministerio del Interior o las intendencias, esto las limita a ofrecer servicios o emplearse en whiskerías y casas de masajes, que son, explicarán Núñez y Tuana, negocios cooptados por proxenetas que terminan explotándolas. La norma no les permite trabajar en las calles, rutas o plazas. Lo que les quita autonomía y, en muchos casos, las devuelve a la clandestinidad.

“Creo que demasiados requisitos hacen que terminen trabajando en negro —opina Bianchi— . Si bien no les conviene porque no aportan para su jubilación, al no registrarse no son revisadas constantemente ni están bajo la lupa del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud Pública, o de las intendencias”.

Por estos motivos, en algunos casos, y por desconocimiento de la existencia de la ley y sus herramientas, en otros, muchas de las trabajadoras sexuales no se registran ni obtienen el carnet habilitante.

Aún con sus falencias, para Andrea Tuana registrarse implica cierto respaldo estatal: “Tener la libreta las coloca en un carril que indica que existe una legislación. Quienes no la tienen siguen quedando en ese otro lugar que es el no lugar en definitiva, es el lugar del desprecio, del estigma. Que no digo que las que tienen libreta no lo sufran, pero me parece que ahí hay una sensación de que existe un Estado que está respaldando esta actividad”, dice.

Y sigue: “Lo que sucede es que el tipo de exigencias que genera son totalmente desproporcionadas. Son exigencias para las trabajadoras sexuales y no para los clientes. El fuerte de esta ley es lo sanitario y la seguridad, porque es el Ministerio del Interior, es la Policía, la que regula la actividad, y no el Ministerio de Trabajo. Y lo sanitarista porque obligan a las trabajadoras a hacerse determinados exámenes en los que no interesa su salud integral y sus derechos a la salud sexual, si no que no estén esparciendo enfermedades. Esta es de las críticas más fuertes que le hacemos a la ley”.

Karina Nuñez, respecto a esto, añade: “Para ellos [los médicos] nosotras no somos sujetas que merecemos ser cuidadas”.

Otro punto ambiguo, explican, es el de la seguridad social, porque si bien desde 2010 las trabajadoras pueden aportar para su jubilación, la ley no es retroactiva, con lo cual una trabajadora sexual de 60 o 70 años solo lleva aportando una década, mientras tiene quizás otros 40 años de trabajo que no le son reconocidos.

Las demandas de actualización solicitadas

“Básicamente queremos que la ley empiece a tener en cuenta las necesidades de las mujeres en esta época. Las reivindicaciones que tienen el común de las mujeres de cualquier tipo de profesión están mucho más avanzadas que las nuestras, entonces pedimos que se nos equipare. Por ejemplo: no puede ser que nosotras quedemos con un prontuario prostitutivo de por vida como si fuéramos delincuentes”.

Núñez se refiere al Registro de Trabajo Sexual. Explica que al ser incluida allí, como está bajo la órbita del Ministerio del Interior, cada vez que debe hacer algún trámite cotidiano lo primero que salta a un lado de su cédula es que es trabajadora sexual. Y que ese registro, no caduca nunca, aunque ya no se esté en ejercicio sigue apareciendo como si fuese un antecedente penal condenatorio. Por este motivo, una de las cosas que piden es que la regulación de la actividad pase al Ministerio de Trabajo, como cualquier otro tipo de profesión.

También piden autonomía para trabajar, que no sea necesario notificar a la policía cada vez que se van a otra localidad. Según Nuñez, en un principio, esta exigencia estaba dada para que el Estado, al saber constantemente dónde estaba cada trabajadora, pudiera combatir la trata de personas. Pero dice que no funciona.

Otra de las demandas es que se elimine la cláusula que las liga únicamente a whiskerías, bares y prostíbulos.

Andrea Tuana completa, respecto a este punto, que estos espacios “funcionan como si fuesen empresas autónomas que no tienen nada que ver con las trabajadoras sexuales pero en realidad sus dueños son empresarios que las explotan y se manejan como los dueños de sus vidas”. “Entonces queremos que esta ley promueva posibilidades de autogestión — dice— , de arreglos colectivos entre ellas, que genere alternativas para aquellas mujeres que deseen salir del ejercicio prostitucional. Pero alternativas de verdad. Que realmente sea una posibilidad la salida”, enfatiza.

También piden que el Estado les brinde capacitaciones laborales para que aquellas que deseen dejar el trabajo sexual puedan hacerlo —según el Diagnóstico sobre Trabajo Sexual en Montevideo, el 92% de las mujeres que lo ejerce afirmó que quería dedicarse a otra cosa—; que se generen derechos como licencia por maternidad, por enfermedad; y distintas prestaciones sociales para ellas, sus hijos e hijas. “Para prevenir lo que sucedió con la pandemia, en la que quedaron totalmente colgadas de un hilo, cuando ni siquiera fueron reconocidas por la seguridad social del país. Ni las que no tenían libreta ni las que tenían”, dice Tuana.

Demandan también una amnistía tributaria para aquellas trabajadoras que aún con 65 años están todavía ejerciendo la profesión. “Porque si no, las compañeras tienen que pagar millones de pesos al Banco de Previsión Social (BPS) —es el instituto de seguridad social estatal de Uruguay— para que comience a pagarles una pensión. O sino quedarse con más de 70 años viviendo en las whiskerías porque no tienen con qué pagarse un alquiler”, dice Núñez.

Ni abolicionismo ni regulacionismo: reduccionismo

“Si reducimos el tiempo en que las compañeras se encuentran en éstas prácticas reduciremos las posibilidades de que lo naturalicen a sus generaciones siguientes y les sacamos la carne del cañón a los solicitantes de servicios sexuales que no son clientes y a los dueños de los locales de oferta de servicios que el Estado ampara actualmente con la Ley 17.515”, sigue Karina en el capítulo de su libro en el que explica el reduccionismo.

“No nos concentramos en por qué llega esa mujer al trabajo sexual si no en que no esté mucho tiempo ahí. Porque eso va a ayudar a que no lo naturalice y a que no generen cadenas prostitutivas”, explica ahora al otro lado del teléfono. Reducir tiempo. Reducir daños. En eso se basa su postura.

“Y es así porque a eso yo lo viví”, dice. Su bisabuela, su abuela y su madre fueron prostitutas. Sus hijas son las primeras en cortar la cadena. Una de ellas, de hecho, es la primera de su familia en ingresar a la universidad.

Núñez dice que está trabajando para no llegar a la vejez, como su madre y su abuela, en el ejercicio del trabajo sexual y concluye con una reflexión luminosa: “Si pudieras llegar en la mejor de las condiciones a hacer el trabajo en el que te sientas cómoda, bien, hacelo y rehacelo. Pero si llegás en las peores condiciones en un trabajo en el que no tenés otra alternativa más que hacerlo porque de eso depende tu día a día, no está bueno. Pero no está bueno si sos trabajadora sexual, si sos empleada metalúrgica, o escribana. Porque si bien el estigma nos pesa a nosotras, a las trabajadoras sexuales nos vulneran las mismas vulneraciones que al resto de las mujeres de bien”.

Por eso busca una ley que dignifique, proteja y brinde mejores condiciones a quienes estén en el ejercicio del trabajo sexual y, a la vez, ofrezca herramientas para que, las que deseen dedicarse a otra cosa, puedan hacerlo lo más rápido posible. Una ley que las contemple a todas.

Es optimista respecto a que sus reclamos lleguen al parlamento y las modificaciones de la ley se debatan. Hace dos meses las recibió Beatriz Argimón, vicepresidenta uruguaya, en el Palacio Legislativo. Esto, asegura, sienta un precedente. Tienen fe que sus pedidos y reivindicaciones serán tratadas pronto. Hasta tanto, seguirá adelante: “Pa’ atrás ni pa’ tomar impulso”, dice.

 

‘Prostitución es violación pagada’ es una frase demasiado repugnante como para ser un eslogan feminista

Me gustaría llamar la atención sobre el hecho extraordinario (y nada novedoso) de que en el nombre del feminismo se avasalle, humille, discapacite y violente a otra mujer. Me gustaría que nos parásemos un buen rato delante de la frase ‘Prostitución es violación pagada’ y analizáramos ese cadáver neuronal para darnos cuenta de que las implicaciones son tochas.

 

Por Lucía Barbudo

10 de diciembre de 2020

https://www.eldiario.es/murcia/disidencias-de-genero/prostitucion-violacion-pagada-frase-repugnante-eslogan-feminista_132_6492782.html

 

Pancartas en el 25N de Sevilla -2019-

 

Que la violación ha sido interpretada en distintas legislaciones como un delito asociado a la propiedad es algo que no sabía hasta la lectura de «Violación. Aspectos de un crimen, de Lucrecia al #metoo» de la escritora y periodista Mithu M. Sanyal. En inglés «rape» procede del latín «rapere», que significa «arrebatar», «tomar». ¿Qué se robaba en una violación? La honra, por supuesto, la honra de las mujeres intactas (también llamadas ‘vírgenes’, el patriarcado y la religión ya sabemos que siempre han casado bien). De esa antigua creencia, entre otras, beben lxs que afirman hoy que no se puede violar a una prostituta: hay jueces y juezas que resuelven las denuncias por violación de trabajadoras sexuales (como sucedió en Beniaján, Murcia, en 2018) con la absolución de los violadores; y es que según la lógica de la violación como robo de la honra de una mujer, a las putas, mujeres deshonrosas por antonomasia, no se les puede robar nada de eso.

La mujer como propiedad del hombre ha sido también, y sigue siendo, un salvoconducto que nos evita ser violadas. La mujer no-acompañada-de-macho, utilizando la definición de la artista migra puta y activista feminista Linda Porn, que se atreve a transitar los espacios públicos, (tradicionalmente territorio masculino) es leída como «mujer pública», es decir, como mujer que no tiene dueño: si no es de uno, es de todos. «Mujer pública», como todes sabemos, es otro nombre que reciben las prostitutas.

A los movimientos y reivindicaciones maricas y bolleras (y sospecho que también gracias a la lucha de los colectivos de trabajadoras sexuales y a cierto sector del feminismo que históricamente ha apoyado a las putas) debemos que no fueran penados por ley los actos «indecentes» y que se dejara de considerar la violación como un delito contra las buenas costumbres para pasar a ser, ya estaba bien, interpretado como un delito contra la libre determinación sexual.

Mithu M. Sanyal también tiene otra obra maravillosa llamada «Vulva» en la que dedica apartados al origen etimológico de palabras en inglés y alemán que vinculan asombrosamente la vulva con la boca. De conectar la vulva con la boca (lo vemos en el uso descriptivo de los ‘labios’ mayores o menores o en otras palabras compuestas y fraseología usadas hoy en día en alemán: ‘Halt die Fotz’ (Cállate, literalmente: cierra el coño) a conectar la vulva con la voz, entendiendo la voz en un marco de sujeto político, hay sólo un paso. La conexión entre el sujeto político ‘puta’ y su sexualidad utilizada en el trabajo sexual (y discutida ad eternum y ad aburrimientum por el movimiento abolicionista de la prostitución) me ha llevado a otra revelación: callar la vulva es, efectivamente, callar la boca.

Me gustaría llamar la atención sobre el hecho extraordinario (y nada novedoso) de que en el nombre del feminismo se avasalle, humille, discapacite y violente a otra mujer. Me gustaría que nos parásemos un buen rato delante de la frase ‘Prostitución es violación pagada’ y analizáramos ese cadáver neuronal para darnos cuenta de que las implicaciones son tochas.

Uno: se obvia que la contratación de un servicio sexual sucede entre dos personas adultas y es consensuada, mientras que violación implica un no-consenso. Dos: se está pasando por alto que el mito de la «libre elección» se aplica perversamente sólo al trabajo sexual y no a otros tipos de trabajos (también muchas veces precarios, feminizados, minusvalorados, realizados por población migrante y/o racializada y con un amplio espectro de derechos laborales no reconocidos o sistemáticamente vulnerados). Tres: señalar la violación en la prostitución desvía la atención sobre otros escenarios de violación no-pagada que se pueden dar dentro de la cisheteropareja, dentro del matrimonio o dentro de cualquier encuentro de una noche, gratis.

Las implicaciones son: a la puta la puedes violar (que para eso pagas, para hacer lo que tú quieras) pero a tu novia/mujer/rollete no. La novia/mujer/rollete es el nosotras de las abolas, mientras que las trabajadoras sexuales es el ellas, desde estas posiciones de discriminación, jerarquías morales y privilegio surge la otredad a través de la cual se genera violencia. Cuatro: las lógicas de «ejercen-violencia-sobre-ti-y-no-sólo-te-dejas-sino-que-te-pagan» son de unas cotas de humillación difíciles de superar, es el eres-tonta-y-no-lo-sabes elevado a la enésima potencia, es el argumento estrella de la alienación que las abolas dicen que tienen las trabajadoras sexuales. El movimiento abolicionista de la prostitución considera, pues, que las trabajadoras sexuales son víctimas, nunca sujetos políticos, por eso mismo también para las abolas una puta feminista es un oxímoron.

La activista feminista y trabajadora sexual Ariadna Riley en uno de sus posts sobre Tinder (la app estrella de prostitución gratuita) escribió: «Vámonos toas a cobrar por Tinder. Que no quede sexo gratis en ninguna app». Lo que propone Riley es una acción bien concreta para que empiece la caída del edificio que sustenta al patriarcado: una huelga de trabajo sexual gratuito (o de trabajo reproductivo gratuito, añadiría yo) sería algo increíblemente revolucionario que pondría en jaque a todas las falocracias capitalistas.

Y es que como muy lúcidamente dice Virginie Despentes, la violación es lo único de lo que las mujeres no nos hemos apropiado todavía. Cuánta razón. Y es que la cosa no es fácil. Desde el rol de víctima se ponen en marcha toda una serie de mecanismos y estrategias jurídico-emocionales y políticas (por no hablar de las económicas en torno al chollo lucrativo que supone la industria del rescate: ONGs, puestos de prestigio y poder en asociaciones e incluso carteras ministeriales) que, aparentemente, están destinados a salvaguardar nuestros cuerpos de violencia sexual, mecanismos que engordan narrativas tan terroríficas como el clásico mejor muerta que violada. Tal es la culpa y la vergüenza social. En nuestra configuración como el sexo débil, somos los cuerpos violables, «somos el sexo del miedo, de la humillación», como dice Virginie.

Desde esa condición perversa de víctima, revolverse y luchar resulta prácticamente imposible porque estás demasiado ocupada en llorar y es mucha la gente a la que le das pena. Como dice la autora de ese proyectil que es la Teoría King Kong: «No estoy furiosa contra mí por no haberme atrevido a matar a uno de ellos. Estoy furiosa contra una sociedad que me ha educado sin enseñarme nunca a golpear a un hombre si me abre las piernas a la fuerza, mientras que esa misma sociedad me ha inculcado la idea de que la violación es un crimen horrible del que no debería reponerme (…) En la moral judeocristiana, más vale ser tomada por la fuerza que ser tomada por una zorra».

Sin embargo, las abolicionistas de la prostitución no tienen, paradójicamente, ningún problema con las zorras, ellas mismas reivindican su zorritud en cada mani con eso de Mi cuerpo/ Mi vida/ Mi forma de follar/ No se arrodillan ante el sistema patriarcal. Ellas se visten como quieren y enseñan lo que quieren y son muy zorras en la cama con quien quieren, faltaría más. Ellas con quien tienen un problema es con las putas remuneradas, con las que hacen todo eso, pero cobrando. Ay, Marx, ¡cuántos dolores de cabeza nos sigues dando! Cuando dejemos de follar gratis, dejaremos también de cuidar gratis, de parir gratis y de maternar gratis. Trabajo sexual, trabajo reproductivo y trabajo materno seguirán yendo de la mano en los procesos emancipatorios mientras nos encontremos en un marco vital y laboral capitalista. ¿Queréis abolir la prostitución? Abolid el trabajo remunerado y todo el sistema que hace que nuestras vidas necesiten del capital para subsistir y la prostitución caerá detrás. Todo lo demás es ejercicio de cinismo e hipocresía. Todo lo demás es el feminismo del poder del que habla bell hooks. Nos duele la boca de decir que lo personal es político, ahora es el momento de empezar a repetir todas juntas, bien despacio para que se entienda y se interiorice, que lo político es personal.

 

El mismo cuerpo: trabajo sexual y derechos postergados en Uruguay

Las historias personales detrás de la lucha de las trabajadoras sexuales por sus derechos y la regulación de su actividad con un enfoque de derechos humanos.

 

Escribe Verónica Pellejero en Reportaje

7 de noviembre de 2020

https://ladiaria.com.uy/lento/articulo/2020/11/el-mismo-cuerpo-trabajo-sexual-y-derechos-postergados/

 

Foto: Alessandro Maradei

 

En Uruguay la prostitución es legal desde 2002. Si bien la Ley 17.515 significó una conquista y un avance para las trabajadoras sexuales organizadas, hoy ellas quieren ir más allá y que se aborde su ocupación de forma integral en clave de derechos humanos. Muchas son madres, jefas de hogar con niños y otras personas a cargo, tienen problemas con la Policía, y reclaman que se considere su salud y que no sólo se las observe como un cuerpo potencialmente portador y transmisor de enfermedades venéreas.

Su ocupación es precaria y mayoritariamente no gozan de derechos laborales ni seguridad social. En Uruguay no hay datos certeros de cuántas mujeres ejercen la prostitución. Es un trabajo que todavía se desarrolla de forma irregular. Sólo una ínfima minoría cuenta con el Carné de Trabajo Sexual que expide la Policía Científica, en tanto que el verdadero documento que las habilita para trabajar en locales es la Libreta de Profilaxis Venérea que expide el Ministerio de Salud Pública (MSP).

En estas mujeres conviven historias de abuso y de maternidades duras y en soledad, pero también de lucha, sublevación y superación. Sus hijos son su motor. Coexisten en la sociedad de forma ambigua como madres de día y prostitutas de noche, así se autoperciben. La mayoría se prostituye por necesidad, pero también por tener una familia que mantener, para complementar otros ingresos, porque “nadie nos da nada”, porque “nadie pregunta” si sus hijos comen.

El trabajo sexual es uno de los rubros que presentan mayor inestabilidad laboral. Las mujeres son jornaleras, y dependen de la época del año y del mes para obtener ingresos. “Acá hay momentos del año en que hacés diez palos en una noche —en diciembre, por ejemplo—, y otros en los que estás todo el día y te vas con las manos vacías”, señalaba C, quien se desempeña como trabajadora sexual en una whiskería.

Antes de la Ley 17.515, promulgada en 2002, el trabajo sexual no estaba regulado. El proxenetismo era considerado un delito y las prostitutas, perseguidas por la Policía. Recién en 2010, mediante el Decreto 21-29/2010, tuvieron la posibilidad de aportar al Banco de Previsión Social (BPS) como unipersonales o monotributistas, aunque existen normativas al respecto desde 1995.

A pesar de que la ley significó un avance importante en su momento, porque dejaba de criminalizar y regulaba la actividad, hoy presenta grandes dificultades. Incluso motivó hace tres años una campaña de recolección de firmas para modificar su contenido en varios aspectos. Una de las modificaciones que impulsan las mujeres nucleadas en la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) es pasar a ser reguladas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en vez de por el Ministerio del Interior (MI) y el MSP. La Ley 17.515 creó un Registro Nacional de Trabajo Sexual, que depende de la Dirección Nacional de Policía Científica en Montevideo y de las jefaturas departamentales de la Policía en el interior del país. Allí se expide el Carné de Trabajador Sexual. Para tramitarlo es necesario llevar la cédula, una foto carné y la Libreta de Profilaxis Venérea. Un dato no menor es que tiene un costo de 1.200 pesos.

En 2018 en Uruguay existían 12.358 trabajadores sexuales, de los cuales 11.559 eran mujeres, según el Registro Nacional de Trabajo Sexual. Sin embargo el registro está desactualizado, aseguró Pablo Díaz, que trabaja en esa tarea y participó en el “Seminario de trabajo sexual” que organizó Otras en la sede del PIT-CNT. Allí señaló que en 2019 sólo se expidieron cinco carnés en Montevideo. Mientras daba esta información, las trabajadoras sexuales que se encontraban sentadas de forma dispersa en el salón de actos de la central sindical empezaron a cuestionarse cuál era el “bendito carné”, si ellas tenían la libreta, si sería otro o no. En ese momento se levantó una trabajadora con el carné en la mano: “¡Yo lo tengo, miren, miren!”. Y de esta forma el carné comenzó a circular entre las mujeres, que lo observaban entre risas y curiosidad. Sólo ella lo tenía. Las demás sólo contaban con la Libreta de Profilaxis Venérea que expide el MSP. Los datos respaldan en cierta medida esta situación: mientras que sólo se expidieron cinco carnés del Registro Nacional de Trabajo Sexual el año pasado, en el mismo período el MSP expidió 720 libretas, dijo Díaz.

Las razones que explican esta situación son varias. En primer lugar, señaló Díaz, el carné tiene un costo que muchas mujeres no pueden pagar, debido a que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica. En segundo lugar, ir a la Policía a registrarse como trabajadora es una situación “humillante y estigmatizadora”. Todas las trabajadoras que participaron en el seminario coincidieron en que se sienten discriminadas y maltratadas por la Policía. También comentaron que tuvieron la experiencia común, en sus diferentes departamentos, de que policías les pidieran la Libreta de Profilaxis Venérea para firmarla, aunque no deben hacerlo. Por último, para trabajar en las whiskerías exigen esa libreta, no el carné.

A su vez, su relación con los servicios de salud no es particularmente buena. Respecto del protocolo “Pautas para la atención integral para personas que ejercen el trabajo sexual”, elaborado por el MSP, representantes de Otras y especialistas reconocieron en el seminario la existencia de “obstáculos” para que las trabajadoras sexuales reciban una adecuada atención sanitaria y afirmaron que son discriminadas. Señalaron como problemas “la resistencia cultural” y la existencia de una serie de “desigualdades de género, etnia, edad, nivel socioeconómico, entre otras”, así como la mercantilización de la sexualidad, que se sostiene sobre la base de relaciones de poder. Insistieron en la necesidad de ofrecer una atención integral en los servicios de salud en clave de derechos humanos.

En este sentido, el Registro Nacional de Trabajo Sexual es impreciso y está desactualizado, y las trabajadoras que aportan como monotributistas o unipersonales no son la mayoría. Quizás el registro más fiel sea el del MSP, que expide la Libreta de Profilaxis Venérea, una especie de documento de identidad en los locales donde se ejerce el trabajo sexual. De todas formas, quedan excluidas las mujeres que trabajan informalmente en la calle, que pueden no figurar en ninguno de los tres registros institucionales.

En la primera visita a La Clínica, un burdel de la zona de Parque Rodó, la dueña me mostró entusiasmada un bibliorato mediano en el que están todas las fotocopias de las libretas profilácticas de cada una de las trabajadoras. “Me gusta tener todo al día, todo en regla. Ellas saben que acá hacen sólo lo que quieren y que si un día se les enferma un hijo, avisando con tiempo nos revolvemos”, decía. Pasaba las páginas y me mostraba, aunque no se lo hubiera pedido.

La flexibilidad de La Clínica no se encuentra en la mayoría de los recintos de prostitución, de acuerdo con varias trabajadoras sexuales del lugar que han pasado por otros locales. En algunos lugares no se pueden negar a “ocuparse” de un cliente que las solicite y se les cobra el uso de la pieza y de las toallas, así como el papel higiénico e incluso el agua caliente para lavarse.

La disyuntiva entre trabajar en la calle o en una whiskería siempre está presente. Algunas creen que en la calle tienen mayor autonomía: son sus propias jefas, porque eligen los horarios, los días que trabajan y, lo más importante, ponen el precio y reciben la totalidad del pago. Sin embargo, otras destacan que la calle, si bien tiene esas ventajas, es un espacio hostil, peligroso y de una gran exposición social. La whiskería ofrece la contención de un recinto cerrado, más cuidado y protegido. En la calle, en cambio, padecen violencia física, amenazas con armas de fuego y la negativa a pagar de algunos clientes luego de terminado el servicio. También hablan del frío del invierno, los resfriados y el hostigamiento de la Policía.

Díaz dijo que las trabajadoras sexuales “han sido perseguidas durante muchos años y sufrido extorsión y violencia”. Reivindicó la Ley 17.515, porque “antes de 2002 era delito ejercer la prostitución, y hoy es un trabajo”. Sin embargo, valoró que actualmente el registro es “una sección dentro de otra sección que está olvidada; es todo un mamarracho”, y dijo que “el MSP, el MTSS y el MI deberían estar en contacto entre sí, pero no sucede”. Existen dos maneras de recibir el alta en el registro: voluntaria o de oficio, “cuando llega el contralor social”. “Si esto fuera serio, debería haber un departamento mínimo con diez personas, pero hoy somos dos y no estamos exclusivamente dedicados a esto”.

La luna brillante y el pavimento frío

Andrea vive en La Paz, Canelones. Tiene 41 años y una beba de siete meses. Durante los primeros meses de gestación no supo de su embarazo, por lo que continuó con su labor de trabajadora sexual. Cuando era joven tomaba mucho alcohol y se drogaba, y por eso había resuelto no gestar. Cuando se enteró de que iba a ser mamá decidió trabajar unos meses más; sin embargo, se empezó a sentir mal: “Siempre tenía miedo de que me pegaran en la panza. Los hombres a veces son muy brutos y no entienden que les digamos que estamos embarazadas, que nos traten despacio; algunos se enojan y nos dicen cualquier cosa. Yo una vez, después de parir, le tuve que decir a uno que parara que me dolía y me recontra puteó”.

Sus familiares la “bancaron” cuando les planteó que no quería trabajar mientras estuviera embarazada. “Tengo una hermana trans que me ayudó mucho, me hacía surtidos. No me sobró, pero estaba tan feliz de poder llevar mi embarazo tranquila que no me importó. Podía ir a los controles, descansar. En mi familia no nos juzgamos, mi hermana es trans, tiene una pareja y la queremos así como es. Yo fui prostituta toda la vida. Siempre nos apoyamos los unos a los otros”.

Después de su embarazo, le dolía mantener relaciones sexuales con los clientes debido a que no se lubricaba bien, pero fundamentalmente por la episiotomía. Sin embargo, cree que fue una “privilegiada”: “Yo tuve una familia que me apoyó como pudo, pero la mayoría de mis compañeras trabajadoras sexuales están completamente solas”. Ocurre que, a raíz de su ocupación, muchas trabajadoras sexuales rompen el vínculo familiar, lo que se agrega a la notoria carencia de derechos laborales. Eso implica que “cuando quedan embarazadas no tienen los mismos derechos que cualquier trabajadora, no cuentan con licencia maternal, medio horario por lactancia. Algunas apenas paren ya tienen que salir a trabajar para mantener al bebé porque no cuentan con ningún apoyo”.

Prostíbulo La Clínica. Karina Núñez con una factura.
Foto: Alessandro Maradei

Andrea sostiene que no es lo mismo trabajar en la calle que en una whiskería. Cuando se reintegró a su actividad, luego de ser mamá y “de que pasara la cuarentena, se secaran y cayeran los puntos”, lo hizo en una whiskería. Luego retornó a la calle, porque así lo prefiere. Sin embargo, reconoció que “en invierno la intemperie es bravísima. Es mucho el frío en la ruta, las gripes que te agarrás”.

Tramitó la tarjeta del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), pero no se la dieron. Del Estado sólo recibió la prenatal y el kit para bebés “Uruguay crece contigo”.

Actualmente Andrea sale a trabajar un rato, nada más. Su hermana cuida a su hija mientras ella sale a la ruta más o menos dos horas y regresa. Arriba brilla la luna de julio y debajo el frío del pavimento congela: “Con este frío trato de no salir mucho”, dijo. Agregó que luego del parto pasó nueve meses sin menstruar, y estos días volvió su período y no puede trabajar. Mientras espera, se arregla como puede.

Dos propuestas de regulación

Se han propuesto varias modificaciones a la Ley 17.515, pero sólo se concretó una: el Decreto 21-29/2010, relativo al monotributo. Dos intentos de introducir modificaciones a la ley promulgada en 2002 se desarrollaron paralelamente sin pasar de ser borradores. Por un lado, la Comisión Honoraria de Protección al Trabajo Sexual, que está compuesta por integrantes del MSP, del MI, del Congreso de Intendentes y del PIT-CNT, elaboró un inicio de proyecto de ley, y por otro, la organización civil de trabajadoras sexuales Otras intentó plasmar en un documento sus impresiones, pero sin lenguaje jurídico.

Carlos Cordero, enviado del PIT-CNT a la comisión en el período de gobierno anterior, explicó que en ese ámbito se propusieron darle legalmente al trabajo sexual “carácter de trabajo, para brindarle toda la protección social que debería tener cualquier trabajador, cualquiera sea su profesión”. Entre los aspectos positivos del borrador, destacó que “engloba a las trabajadoras sexuales independientes, a aquellas que trabajan en casas de masajes, whiskerías”, y que “también buscaba impedir la explotación y el tráfico sexual”. “La ley era muy buena por la amplitud de voces que incluía”, opinó, pero llegar a una definición “se hacía difícil, por la cantidad de organizaciones que había y la multiplicidad de opiniones sobre el tema”. El PIT-CNT, según dijo, les pidió a las trabajadoras sexuales trans que se unieran. Cordero lamentó que se haya disuelto la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (Amepu), que llegó a integrar la mesa representativa del PIT-CNT. La central sindical uruguaya, según él, es la única que tuvo trabajadoras sexuales en su órgano de dirección. Pero hoy, agregó, “no hay sindicato”.

El borrador, al que accedimos, modifica en primer lugar la forma de retribución, dejando en claro que esta debe ser “exclusivamente en dinero”, en tanto que la ley vigente dice que también puede ser en “especies”. Pero el cambio más importante es que “el cumplimiento de las normas laborales y el control de las condiciones de trabajo en los lugares donde se ejerce el trabajo sexual” pasarían a estar a cargo del MTSS. La ley actual no incluye a ese ministerio, sino que comprende al MSP y al MI, con un gran protagonismo de este último.

Con este proyecto, la Comisión Honoraria de Protección al Trabajo Sexual sería presidida por el MTSS y no por el MSP, y sumaría representantes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y del Mides. Además, el proyecto identifica al Poder Ejecutivo como responsable de brindar los servicios administrativos para que la comisión pueda cumplir sus objetivos. También se propone la descentralización a través de la creación de una Comisión Honoraria de Protección al Trabajo Sexual en cada departamento. A su vez, la iniciativa introduce modificaciones en el Carné de Salud de Trabajo Sexual, quitando los incisos E y F, que exigen número de registro y carné de salud habilitante; quita de la órbita del MI la expedición del carné; borra el Registro Nacional de Trabajo Sexual y todo pasa a la órbita del MSP. Asimismo, determina que el documento no es válido por tres años, sino por dos.

Los artículos 9 y 10 de la Ley 17.515, que plantean competencias institucionales y acciones punitivas para las trabajadoras sexuales en determinadas circunstancias, son modificados totalmente. Se destaca el artículo 10, que frente a todas las disposiciones punitivas que fija actualmente la ley, en las modificaciones indica: “Bajo ninguna circunstancia el Carné de Salud del Trabajo Sexual podrá ser retirado por la autoridad pública ni por terceras personas”. El borrador desarrollado por la Comisión Honoraria de Protección al Trabajo Sexual reafirma en el artículo 14 que será el MSP el encargado de expedir de forma gratuita el carné.

Por otra parte, fija la competencia de la habilitación de las whiskerías en el MSP y el MTSS, y desplaza así a las jefaturas de Policía. Luego, en un capítulo llamado “Del trabajo sexual dependiente en establecimientos”, abre la posibilidad de que las trabajadoras sexuales realicen su trabajo percibiendo un salario y con “todos los derechos inherentes a un trabajador”, como “salarios mínimos, licencia, salario vacacional, aguinaldo, horas extras, seguro de accidentes de trabajo, por enfermedad, y licencia maternal”.

Karina Núñez.
Foto: Alessandro Maradei

Se presume que las trabajadoras sexuales ejercen un trabajo “subordinado” cuando perciben un salario de un tercero o este es el dueño del establecimiento. Este es uno de los articulados que generan mayor controversia, porque para Otras este borrador “regula y legaliza el proxenetismo”. El proyecto de ley señala como proxenetismo el “cobro de sumas excesivas por parte del dueño del establecimiento”. Por otra parte, en el capítulo VI se habilita el trabajo independiente, para el que se establece la inscripción obligatoria en el BPS.

De acuerdo con Andrea Tuana, de la organización civil El Paso, que ayudó a traducir al lenguaje jurídico algunas de las reivindicaciones de las trabajadoras sexuales, este otro proyecto, el de Otras, “quedó trunco” pero existe la intención de retomarlo. Las modificaciones, según explicó Tuana, apuntan a que la norma tenga como centro los derechos humanos de las trabajadoras. Esta ley “contrasta” con la que desarrolló la Comisión Honoraria de Protección al Trabajo Sexual, que realizó un proyecto “paralelo” al de Otras, dijo.

Señaló que en el proyecto de la comisión, en un “afán de fortalecer los derechos”, se incluyó licencias, salario vacacional, licencia maternal. Establecía que los dueños de las whiskerías “fueran los patrones, y existe una oposición a esto de parte de las trabajadoras sexuales, porque si los patrones las contratan sería legalizar el proxenetismo”, dijo Tuana. El proyecto de ley de Otras, en cambio, “busca regularizar la situación, pero que sean ellas mismas las que realizan los aportes”, señaló. Agregó que la ley actual es extremadamente “sanitarista”, y que la reivindicación de Otras es que no “se mida únicamente en la salud sexual y reproductiva de las trabajadoras el punto de las enfermedades de salud sexual”.

El borrador de Otras, al que también accedimos, define el concepto de trabajo sexual y sus implicancias, y plantea la creación del Registro Nacional de Emprendimientos Ligados al Trabajo Sexual de Uruguay. Dicha institución estaría compuesta por los mismos integrantes que plantea el proyecto de la Comisión Honoraria de Protección al Trabajo Sexual, más el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio de Educación y Cultura, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, el PIT-CNT, InMujeres y la Defensoría de Vecinos y Vecinas. El organismo llevaría adelante el registro de las personas o los emprendimientos que brinden servicios sexuales o se relacionen con estos. Además, realizaría una entrevista con cada persona que se registre, con el objetivo de informarla sobre sus derechos.

Propone que el trabajo sexual no esté sometido a ningún control sanitario especial distinto de los que se aplican a todos los trabajadores. También estipula la cobertura de “salud mental de calidad” para todas las trabajadoras sexuales, y el asesoramiento y el apoyo “para asegurar la posibilidad de desarrollo de trayectorias vitales fuera del trabajo sexual, mediante un soporte integral en el desarrollo de un nuevo proyecto de vida”.

Piel curtida, corazones rotos

A Cintia le hubiera gustado estar más presente para sus hijos, ya que al primero tuvo que dejarlo en varias oportunidades con una cuidadora, durante largos períodos, mientras vivía en Minas de Corrales, en el departamento de Rivera. Años antes, cuando tenía 16, había empezado a prostituirse en la Plaza Internacional que comparten Santana do Livramento y la ciudad de Rivera.

Nos sentamos en un rincón en el bullicioso “Seminario de trabajo sexual” que se desarrollaba en la sede del PIT-CNT. Cintia es una mujer delgada, con acento brasileño y el cabello teñido de rubio y ondulado. Trabajó durante muchos años con Karina Núñez en una whiskería de San Gregorio de Polanco. Tuvo una hija con el dueño del lugar, pero lo dejó porque era violento. La golpeaba tan fuerte que pensó varias veces que no sobreviviría, que iba a matarla. “O me quedo y me mata o me voy y sobrevivo”, pensó, y ese impulso la llevó a abandonar a ese hombre, con el cual de todas formas mantiene una relación por el hijo que tienen en común y quien “a veces ayuda con algo”. Esto para una trabajadora sexual ya es bastante; como muchas mujeres que comparten su oficio, Cintia se ha acostumbrado a no esperar nada de nadie. “Terminamos cantidad de veces en la comisaría, me golpeaba hasta dejarme como un bicho; a veces pienso que no sé cómo sobreviví”, dijo.

Al padre de su tercer hijo lo conoció en la whiskería donde trabajaba en Rivera, pero también resultó ser un hombre violento. “No he tenido suerte con los hombres”, concluyó y suspiró resignada. “No quiero saber nada más con ellos, prefiero estar sola que mal acompañada; ahora me dedico a cuidar a mis hijos”, afirmó. Le quedan dos: al mayor lo asesinaron en 2014 en San Pablo. “Yo creo que tenía deudas de droga o que lo mataron los milicos”, conjetura. “Me dejó una nieta bebita: Julia, apodada Xuxú. No la conozco todavía, pero la veo en fotos”, contó. Al preguntarle si iría a conocerla respondió con contundencia: “Por supuesto, es lo único que me quedó de él”.

Marisol habla rápido, como si hubiera contado muchas veces lo mismo. Es bajita, morocha y corpulenta. Desde niña tiene una vida difícil, su padre golpeaba a su madre y su hermana mató a un hombre dentro de su casa. Esos dos acontecimientos marcaron su vida, pero más aún el haber sido violada a los 11 años, y que su madre no le creyera y la echara de su casa “por puta”. Se la “entregó” a su padre para que se hiciera cargo.

Marisol dice que siempre le pedía a su mamá que la acompañara a la escuela, pero ella no quería. Un día, cuando regresaba de estudiar la agarraron por atrás y se la llevaron tres hombres; eso es lo único que recuerda. Volvió a su hogar un día y medio después y se encontró con la furia y las acusaciones de su madre. Su padre la llevó a la fiscalía, donde el examen forense determinó que había sido violada.

Luego empezó a trabajar en la vía pública como prostituta siendo una niña de 12 o 13 años, “por necesidad”. Ya a los 14 había parido a su primer hijo. “Estaba de menos, pero seguí para adelante, seguí trabajando en la noche. Me maltrataron, me agredieron y me violentaron mucho”. A los 16 tuvo a su segundo hijo, su padre fue asesinado y ella quedó sola. Se acostumbró a tres cosas que asumió con absoluta claridad: la abrumadora soledad, la adolescencia perdida y la realidad de “la noche” como su único sustento económico. Al alcanzar la mayoría de edad ya era madre de tres hijos.

Un ruido similar a una alarma de celular sonó de repente. Era la tobillera, que debía recargar rápidamente porque se estaba por apagar, así que la enchufó con un transformador. Tiene medidas restrictivas contra su ex pareja. Él la golpeaba y la maltrataba, hasta que un día se cansó y lo agredió, contó. “Le desfiguré la cara y le partí la cabeza a golpes”, dijo. “Igual estoy orgullosa de mi fortaleza, porque me defendí de él, enfrenté lo que tenía que enfrentar”, concluyó. Él ya la había tratado de matar dos veces. “Hay muchos hombres que han matado a las parejas en la casa con sus hijos adelante y no les importa, las asesinan con los hijos mirando; yo miro por mis hijos, por eso me defendí, saqué la fuerza de donde no la tenía para hacerlo”.

Sus hijos viven, desde hace años, en el INAU. El Estado se los quitó porque ya no podía mantenerlos, y hasta que no “salgan las viviendas” de la cooperativa en la que está no podrá volver a estar con ellos. Ella los visita y aseguró que están bien y que entienden la situación. “La más grande ya me pidió que no vuelva más con mi pareja”, contó. Marisol hoy forma parte de Otras y lucha junto a sus compañeras para sacar a otras mujeres de la prostitución y para regular las condiciones de las que trabajan actualmente.

Atención en salud

El protocolo del MSP es el trabajo más completo, reciente e inclusivo —tanto por quienes participaron en su redacción como por abordar el problema desde una perspectiva de género— que se elaboró desde la aprobación de la ley en 2002. Si bien pretende ser un protocolo, delimita y define el trabajo sexual. Desde una perspectiva interseccional, plantea que en los cuerpos de las trabajadoras sexuales conviven diferentes características identitarias, como “la edad, características sexuales, identidad de género, etnia, orientación sexual, situación socioeconómica, lugar de residencia, condición de migrante, estado serológico de VIH, entre otras”.

También afirma que con frecuencia las trabajadoras sexuales son personas que provienen de “segmentos sociales de gran exclusión”, y que han tenido sus primeras experiencias sexuales a temprana edad y en muchas oportunidades de forma traumática. El trabajo apunta a que estas características de vulnerabilidad aumentan la exposición a situaciones de violencia y el consumo de sustancias adictivas. Es común, por ejemplo, que en las whiskerías los dueños hagan que las trabajadoras sexuales pidan a los clientes que las inviten a tomar “una copa” para mayor gasto en el local, lo que les genera a ellas problemas de alcoholismo. Eso mismo ya fue señalado por Yvette Trochón en su trabajo sobre la prostitución, cuando se refería a que las trabajadoras sexuales “coperas” tienen un “hígado de hierro”. Otros problemas que enfrentan son la falta de documentación, el riesgo de la trata y la explotación sexual en las fronteras, que en última instancia ponen en peligro sus propias vidas.

El gobierno anterior se propuso abordar el reclamo de Otras acerca de la necesidad de evitar que se asocie a las trabajadoras sexuales exclusivamente con infecciones de transmisión sexual. El protocolo recomienda que el seguimiento de las trabajadoras sea realizado por un médico de referencia, preferentemente de medicina familiar y comunitaria, en coordinación con un equipo interdisciplinario que deberá estar integrado por un trabajador social y por personal de enfermería. Fija además la entrega de 144 preservativos por mes, aunque las trabajadoras sexuales pueden solicitar más y el servicio de salud debe entregarlos. Varias trabajadoras sexuales presentes en el seminario organizado por Otras señalaron que las policlínicas de la Administración de los Servicios de Salud del Estado no cumplen con ese requisito. Generalmente “dicen que no tienen”, aseguró una de las participantes en acuerdo con las demás, que han tenido la misma experiencia en el interior del país.

Myriam Olivera, obstetra-partera de Trinidad, Flores, asistió al seminario con las trabajadoras sexuales en la sede del PIT-CNT. Allí contó, en nombre del equipo de trabajo de la policlínica de medicina familiar y comunitaria en que se desempeña, los avances que han tenido en la promoción de una salud integral desde hace un lustro. Olivera mostró en su laptop la fotografía de una mujer acostada en una camilla de la policlínica amamantando. “Muchas veces las trabajadoras sexuales vienen con sus hijos pequeños y dan teta en la consulta, porque es el único espacio en que tienen tranquilidad para estar con sus bebés”, dijo.

Olivera contó que personas afines al “cambio de modelo de salud” se juntaron y comenzaron a brindar una atención integral, y así resolvieron integrar a las trabajadoras sexuales y al colectivo de diversidad sexual, grupos que “han sido vulneradísimos”. Se integraron en la capilla de una iglesia y después se expandieron, porque tuvieron un aumento exponencial de usuarios.

Hoy atienden a una población de 121 trabajadoras sexuales, 36 más que el año anterior. De ellas, 87 usuarias han tenido más de tres controles en la policlínica, por lo que se las considera parte de la población “estable”. El año anterior habían sido 36, mientras que la “población flotante”, que ha tenido uno o dos controles, es de 34. Las usuarias viajan desde localidades distantes para atenderse en ese servicio; las hay de Paysandú, Salto y Tacuarembó. “En el contexto de la instalación de la planta de celulosa, nos estamos preparando para recibir a una mayor población, porque va a suceder, no hay otra”, señaló Olivera. Es común que en las grandes obras de la construcción haya un aumento de la prostitución.

La población que atienden tiene entre 18 y 55 años. De esas mujeres, 20 son del departamento y 67, de zonas de influencia. Una de las innovaciones que llevaron adelante es el PAP anal para las mujeres trans, que según Olivera “tiene el mismo nivel de prevención con respecto a las patologías que se pueden presentar que el PAP de cuello de útero”. La partera destacó que el ano es también un órgano sexual. Dijo que la razón de que haya tenido tanto éxito la forma de atención que brindan es que las usuarias vieron en su equipo “una apertura que no es común, aun en los sistemas de salud”, y señaló: “Tenemos que aceptar que tenemos graves falencias con respecto al tratamiento de los derechos de las personas”.

Ella y su equipo se acercaron a los barrios, con la concepción de que la salud debe llegar a las personas y no al revés. “Dicen que somos modelo. En realidad, somos un servicio de salud prestado como se debe”, afirmó Olivera, y contó orgullosa que en la policlínica tienen una bandera de la diversidad colgada en la ventana. “Fuimos tan osados que la colgamos en la capillita, pero fue retirada”.

Ahora, Otras

La organización de las trabajadoras sexuales en espacios de contención donde puedan reclamar y luchar por sus derechos ha sido dificultosa y muchas veces inconstante. La Amepu fue una organización sindical de trabajadoras sexuales que se formó a la salida de la dictadura, en 1986. Fue la fuerza principal que empujó la concreción de la Ley 17.515, que dejó de criminalizar la prostitución con el propósito de legalizar y regular el trabajo sexual. Pero en 2015 la asociación se desintegró, en medio de denuncias de corrupción a la presidenta y la vicepresidenta por la venta de terrenos para personas con VIH y de cajas de condones.

Hace poco más de dos años fue fundada Otras, que canaliza las demandas de las trabajadoras sexuales. Su presidenta, Karina Núñez, es quien lleva la batuta y se mueve por las demás, para organizar y para conectar con el mundo académico, que siempre “habla de ellas sin ellas”, sostiene.

Además de buscar las modificaciones que creen necesarias en la ley, a menudo desarrollan estrategias de solidaridad frente a problemas comunes. En medio de la crisis sanitaria por la pandemia de covid-19, les fue asignada una sala en el PIT-CNT donde despliegan la ayuda para los cientos de trabajadoras sexuales que se quedaron sin ningún tipo de ingreso de un día para el otro, la mayoría de ellas con hijos que mantener.

Tamara García, militante feminista y parte de la mesa representativa del PIT-CNT por la Comisión de Jóvenes, señala que Otras es una organización civil, no un sindicato, y que tiene un vínculo cercano con la central para reformar la ley. Conformar una organización sindical “es la idea para el futuro”, pero es “muy difícil” porque “las redes de trata y de prostitución son muy poderosas, y cuando se ha avanzado en la organización sindical se han recibido amenazas de muerte”. La presidenta de Otras señala que la organización sindical es compleja porque muchas veces “se busca el beneficio personal y cuando hay que estar para las otras nadie puede”.

La Clínica

Por fuera La Clínica parece una casa corriente, pero adentro, el tintineo de las campanillas encima de la puerta y una luz cansina sugieren casi inmediatamente que allí se ejerce la prostitución. Hay música a un volumen moderado, una barra y tres habitaciones con camas. La encargada es la primera en aparecer, apenas las campanas anuncian a un cliente. Mónica es una mujer servicial y amable, físicamente corpulenta y muy maquillada. Sus pequeños ojos están enmarcados por una fina línea de delineador a la altura de las cejas. Antes de ser encargada, también fue trabajadora sexual.

Fui conducida a la cocina. En la pared junto a la mesa había pintadas imágenes de Winnie the Pooh, Tiger, Mickey Mouse y otros personajes animados infantiles. El rincón de descanso se asemejaba a un puente que conectaba con la infancia y que contrastaba con la entrada y el lugar en general. Sentada en un banco largo de madera, mirando tele sin mirar, estaba medio desnuda Marilyn, una mujer con cara bonachona.

Marilyn es una joven migrante oriunda de República Dominicana. Además de trabajadora sexual, es empleada en una empresa de limpieza. También es madre de tres hijos. Llegó sola a Uruguay en 2013, dos meses después de parir al tercero. Los primeros meses fueron duros y angustiantes. “Fue espantoso para mí. Imagínate que me chorreaba la leche de los pechos, me dolían mucho, lloraba. Yo a veces digo que la leche se me mezclaba con las lágrimas. Lloré desde que me subí al avión hasta llegar, y los primeros días lloraba todo el día; extrañaba mucho a mis hijos y me sentía sola”, recordó. Llegó a Uruguay porque tenía muchas conocidas jóvenes que le aseguraron que aquí habían hallado trabajo, salud y educación gratuita y de calidad. Marilyn quería asegurarles a sus hijos y su mamá un futuro “sin necesidades”. Con estos objetivos en mente juntó coraje, dejó a sus hijos con su madre y se tomó un avión.

Cuando llegó a Uruguay creyó que iba a poder viajar, traer a toda su familia de allá y vivir cómodamente. Pero no fue así. Consiguió un trabajo en una empresa tercerizada de limpieza y con el dinero que ganaba apenas le daba para vivir. “Después de dos años no aguanté más y me fui a ver a mis hijos, al final gasté toda la plata que había ahorrado en volver a visitar a mi familia; no podía trabajar aquí, sola, para luego gastarme todo el dinero en una sola visita”, explicó.

Cuando regresó de República Dominicana lo hizo con una idea en mente: traer a sus hijos y a su madre a vivir con ella aquí costara lo que costara. Ya conocía a otras compatriotas que habían tenido que recurrir al trabajo sexual para complementar otros ingresos. “Conversé con una amiga y me trajo aquí [a La Clínica]. Me tratan súper bien y no hago nada que no quiera. Con los dos trabajos logré traer a mi familia, y la semana pasada me mudé a una casa con tres habitaciones. Mis hijos van a la escuela y van a tener un futuro mejor que el mío”, dijo Marilyn con una sonrisa de labios apretados bajando un poco la cabeza para disimular su felicidad. “Mis hijos son mi vida, lo que me impulsa a seguir adelante”, confesó.

Sin embargo, su familia no sabe de su segundo trabajo, que es un secreto. “Yo creo que en el fondo mi madre lo sospecha y calla, tan tonta no es. Mis hijos no lo saben, pero una vez mi hija casi abre el bolso donde tenía mi ropa de trabajo. Creí que me daba un infarto”, recordó.

Suena la campanilla, hay un cliente en la puerta, las chicas se presentan y una es elegida. Como dirá después Mónica, “hay de todo en la prostitución”. Hay clientes frecuentes con servicios frecuentes, como un hombre que sólo va los domingos por “un oral” porque, presumen, a su esposa no le gusta hacérselo. Van muchachos del interior “que estudian y trabajan y no tienen tiempo para tener novia”, y otros “que vienen de a muchos a festejar acontecimientos importantes”. Todas estas cosas me las explicó Mónica mientras me servía un whisky y Marilyn “se ocupaba” de un cliente.

Llegó al local Claudia, una mujer joven y enérgica. Abrió su locker y se quejó de que no tenía condones para trabajar. Mónica le prestó. La ropa de trabajo de la trabajadora sexual es como un disfraz, o “como cualquier uniforme de trabajo”, dijo Claudia mientras se planchaba el pelo y se maquillaba en el baño. Marilyn volvió 15 minutos después. “¿Ya volviste?”, le pregunté; en mi imaginación un cliente pagaría por una hora de servicio, quizás media hora, pero ¿15 minutos? “Es el tiempo normal, ¡algunos demoran menos todavía, nena!”, señaló Mónica mientras las demás asentían.

Claudia tiene un hijo chico. Eligió el trabajo sexual para mantener “el nivel de vida que tenía”, ya que salió durante un tiempo con un jugador de fútbol, que es el padre de su hijo. Sin embargo, “él no me pasa un peso”, dijo. “Tengo que mantener a mi hijo y bancarme, y en esto se gana bien”, argumentó. Claudia contó que una vez, luego de un partido de fútbol del cuadro de su ex, todos los jugadores fueron a la whiskería donde ella trabajaba a festejar. Muchos ya la conocían y se sorprendieron al encontrarla allí. “Estoy acá porque el padre de mi hijo no me pasa la mensualidad y me gano la vida como puedo”, dijo que les contó. Aseguró que no tiene nada que esconder. Sus familiares saben de su trabajo y no le importa lo que piensen al respecto.

Ese día me fui de La Clínica con la promesa de volver en unos días. Regresé dos años después. No todos están preparados para ese choque con lo que no quiere ser visto ni espera ser contado, pero que secretamente se fomenta.


Oculto y a la vista

Entre leyes, proyectos, sindicatos desarmados y organizaciones que surgen y se pierden, el trabajo sexual se ubica entre lo indecible para una parte de la sociedad y sus trabajadoras, que buscan la reivindicación de sus derechos, vulnerados tanto como personas como desde el punto de vista laboral.

Es la discusión no saldada de los feminismos, de los gobiernos y de la sociedad. Y aun así, también, el permanente silencio, el estigma, la cotidianidad y el cliente que abre la puerta, suena la campanita y, en fila, se colocan las muchachas para que elija a quién quiere coger y cómo.

Entre “la naturaleza” que hace machos a los machos y putas a las putas. Entre quienes las ven como un cuerpo que si no es controlado sanitariamente puede esparcir su peste venérea por todas partes. Entre problemas de clase, género, trata, narcotráfico, pornografía, abuso y explotación de menores.

Unos creen que la prostitución debería prohibirse, abolirse o regularse. Para algunas es la peor miseria y para otras, el comercio del servicio sexual es empoderador y es también una decisión personal. Entre esas visiones se mueven un negocio que explota sexualmente a las mujeres y un Estado que debe regular una actividad compleja que muchas veces bordea lo criminal.

Silenciado, por omisión o intencionalmente, el tema parece incomodar o no merecer atención. Cada tanto una trabajadora sexual es noticia. Un femicidio, una trasgresión, un hijo muerto; casi nunca se habla de ellas en la prensa como grupo. Sólo como situaciones individuales que emergen cada tanto. La información que existe sobre las trabajadoras sexuales como grupo social es escasa e imprecisa.


De regreso

Cuando volví a La Clínica habían borrado las imágenes infantiles. Ahora había una musa sexual con los pechos libres parados y un cartel que decía “La Clínica”. Allí debía estar Katia, una mujer dominicana y analfabeta que tiene un hijo con discapacidad intelectual y problemas neurológicos, pero no fue a trabajar ese día porque estaba internada con su niño grave en el hospital Pereira Rossell.

En su lugar de trabajo estaban Caty y Valeria, sentadas en la cocina fumando. Caty es una veterana flaca con la voz ronca y el pelo teñido de amarillo. Ingresó al trabajo sexual la última vez que estuvo desempleada, hace ya cuatro años. “No se consigue trabajo después de los 40 sin estudios”, dijo. Decidió decirles a sus cuatro hijos más grandes de qué trabaja porque prefiere que se enteren por ella y no por personas que hayan visitado el local. Dijo que por el lugar pasa gente conocida de su barrio, que es el mismo que el de la encargada. De todas formas, no le importa que la juzguen: “Nadie me golpea la puerta para ofrecerme ayuda o un plato de comida. Los únicos que pueden juzgarme son mis hijos, y ellos no lo hacen porque saben que lo hago por la familia”, señaló.

Caty tiene seis hijos y una madre con Alzheimer a la que debe cuidar. Tuvo sus cuatro primeros hijos dentro del matrimonio, pero cuando decidió separarse, hace ya 20 años, él la dejó y no se hizo cargo de ellos. Lo mismo sucedió con los papás de los dos que nacieron después. “Imaginate si me puede llegar a importar que me juzguen. Tengo que llevar plata a mi casa sí o sí, no hay otra”, dijo Caty zarandeando un pucho.

Su hija de 20 años la ayuda con los hermanos pequeños, si no tendría que contratar a una cuidadora y no le daría el dinero. Además, si bien el trabajo es fijo, el sueldo no lo es. Hay días buenos, malos y peores, en los que debe irse a su casa con las manos vacías. Dice que no le gusta su trabajo, tener que, “de vieja, acostarme con cualquier tipo, negociar un precio”, pero sus hijos son su “todo”, su “motor”.

Valeria es una mujer alegre y simple, con el pelo negro largo y lacio recogido en una cola de caballo y un escote victoriano. Tiene cuatro hijos. Todos en su familia saben de qué trabaja y tampoco le importa lo que piensen. Su máxima (que repite como un mantra): “Nadie me da nada y yo no pido nada a nadie”. Si bien trabaja como prostituta desde los 19 años, ha tenido otros trabajos. Cuando queda desempleada, vuelve. “No me puedo quedar en mi casa tomando mate sabiendo que puedo hacer dinero. Antes de andar por ahí cogiendo con uno y cogiendo con otro gratuitamente, prefiero cobrarles, que los niños coman”.

“Este trabajo no es fácil, como piensa la gente; la plata es rápida, pero de fácil no tiene nada”, expresó Valeria. “Acá de repente viene un tipo y no te toca, pero te paga una hora para que lo escuches, para hacer de psicóloga. Prefiero que me toque y sacarlo rápido que estar una hora ahí adentro con el tipo comiéndote el cerebro”, dice. “Además, después hay otros que te dicen cosas que no te podés imaginar; te dan ganas de romperles la cabeza”, reconoció Caty. Valeria aseguró que a veces llegan “hombres fantaseando hasta con sus propias hijas”, que les dicen “hacete la nena”, y les cuentan por qué tienen esas fantasías.

Las trabajadoras sexuales insisten en separar su trabajo de su vida personal, como si se tratara de dos mujeres diferentes y antagónicas. “Si nos ves antes de llegar acá te querés morir, no nos reconocés”, dice Valeria. Para ella, llegar a la whiskería es como ir a una fábrica. “Vas al vestuario a cambiarte y te ponés el uniforme. En las fábricas de comida te ponés la cofia y un delantal, acá me produzco y me maquillo”, continúa. Aclara que en la calle no anda “maquillada ni ahí”, pero al llegar dijo: “Me voy a tratar de disfrazar lo más posible de mujer”. Se ríe. Sin saberlo, refuerza el estereotipo de que las mujeres que se maquillan y se “producen” son putas, mientras que las sobrias y sencillas son las madres, las mujeres buenas de hogar. No pueden ser esas dos mujeres a la vez: “Acá adentro somos prostitutas, afuera somos mujeres normales”, remató Caty.

Sin embargo las fronteras se desdibujan, no en relación con las expectativas personales, sino en lo que tiene que ver con los hombres. Caty asegura que la mujer de antes ya no es el ideal social. “Hoy ya no está la madre en la casa con los nenes y el papá laburando, la sociedad no la ve así a la mujer, es común encontrar muchas madres solas, Uruguay está lleno de madres solteras”, dijo. “Nosotras podemos hacer todo solas igual, aunque estemos hasta las cinco de la madrugada acá, no los necesitamos”, agregó.


Trabajo sexual y maternidad

Las trabajadoras sexuales revelan con sus palabras la importancia sustantiva que tienen los hijos y sus procesos de gestación y aborto en su experiencia vital. En algunos casos los hijos son la premisa que motiva la elección de la prostitución como un trabajo redituable para ejercer sus maternidades en soledad. Muchas veces mantienen, en soledad, a un núcleo familiar numeroso.

Algunas fueron violadas cuando eran niñas y tuvieron que enfrentar maternidades adolescentes prostituidas y solitarias. Otras fueron madres como consecuencia de su trabajo. El signo común es la marginalidad, el abandono y la vulnerabilidad de ejercer la maternidad en un oficio violento y expuesto, despreciado pero requerido, sin derechos laborales y bajo el estigma social.

Ocho trabajadoras sexuales consultadas señalaron el factor económico como elemento definitorio de la elección del trabajo sexual, y todas dijeron que mantener a sus hijos fue una de las razones. También, que si pudieran trabajar en otra cosa lo harían. Comenzaron en el trabajo sexual por “necesidad”, porque no conseguían trabajo y tenían que darles de comer a sus hijos, por “el dinero y el bienestar de la familia”.

¿Qué piensan sus hijos de su trabajo? “No están de acuerdo, no quieren que se sepa en mi localidad que soy trabajadora sexual”, contó una de ellas. “Piensan que soy una batalladora y que lo hago para que tengan un futuro mejor”, “que soy una luchadora”, dijeron otras.

Además, expresan una tensión en el vínculo entre ser madres y trabajadoras sexuales: “Siempre la luché por mis hijos para que salieran adelante; de día mamá y de noche tacones, minifalda y pintura”. “A pesar de ser trabajadora sexual podemos cumplir al pie de la letra con el rol de ser mamá, porque simplemente somos mamás, como la cocinera, la doctora, la maestra”. “Fue difícil, porque pasé muchas cosas y me privé muchas veces de estar con ellos para dejarlos con otras personas para darles sustento”. “A mí ser mamá y trabajadora no me afecta en mi relación con mis hijos, el amor es el mismo en la familia”. “Fue muy difícil porque los tenía que dejar con cuidadora cuando iba a trabajar a Buenos Aires. A mi hijo lo crio la abuela. Mi madre me cuestionaba, pero me apoyó siempre”.


Vivir sublevada

Karina Núñez atravesaba un tratamiento oncológico por cáncer de cuello de útero. Como es trabajadora sexual, estaba desempleada a causa de la enfermedad. Incluso así, insistió en pagar el desayuno que compartimos y no aceptó dinero por su libro El ser detrás de una vagina productiva. Karina es una mujer robusta y cálida, luce el cabello rubio oxigenado y dice muchas malas palabras sin ningún tipo de reparo. Nos acomodamos en una mesa de un McDonald’s y allí comenzó a contar su historia. Ella es conocida en Uruguay por luchar para sacar a las mujeres de la prostitución (en especial de las garras del proxenetismo) y por conquistar mayores niveles de organización y mejores condiciones laborales entre las trabajadoras sexuales cis y trans.

Nació en Young, Río Negro. A los 12 años obtuvo un regalo a cambio de su cuerpo, y recibió una paliza de su madre, quien no le creyó. A los 17 tuvo su primera penetración y recién a los 26 obtuvo la libreta de trabajadora sexual. Desde los 17 hasta los 26 no usó anticonceptivos, por lo que tuvo que practicarse múltiples abortos. “Yo tenía la ventaja de que le hacía los abortos a mi mamá, ya sabía cómo era”, explica. Dentro de su árbol genealógico hubo mujeres esclavas africanas, a las que adjudica el conocimiento “sobre cómo hacer para no tener hijos de los amos”, que pasó de generación en generación, dice.

Su padre sacó a su madre de las manos de un proxeneta, se casó con ella y la adoptó como hija. Karina siente una gran admiración por él y cree que no existen otros hombres así. Como era comunista, durante la dictadura cívico-militar fue preso político en el Penal de Libertad, y debido a que su madre había sido prostituta la familia de él “no la quiso”. De forma que la mamá de Karina comenzó a hacer “lo mismo que había hecho desde los nueve años hasta casarse con él”, quien, dentro de la cárcel, no lo sabía.

“Mi padre es un grande. Me dio los preceptos de lucha de clases que tengo, si no fuera por él yo sería una simple prostituta”, dijo. “Después de tomar conciencia ya no fui una puta normal, ya no serví para sumisa. Cuando vos te apropiás de tu dignidad y decidís dibujártela es el mayor acto político que podés hacer. Pero llegar a visibilizarte como persona… ese es el proceso difícil, porque por lo general las mujeres pobres estamos hechas para servir, no para sublevarnos”, afirma.

Karina tiene siete hijos. El más grande tiene 25 años y los más chicos, 15. Aunque reconoce que “criar gurises en el interior es más fácil”, compatibilizar su trabajo con la maternidad ha sido arduo. Todos sus embarazos los cursó como trabajadora sexual. “Embarazada fue cuando mejor trabajé, porque la temperatura corporal de la mujer aumenta, porque el morbo del varón se enerva más cuando estás embarazada. Además, tienen esa conducta paternalista de darte plata para los pañales, te dejan propina”. Estando embarazada de una de sus hijas, trabajó en la calle. Un día, cuando terminó de atender a un cliente en un camión se bajó del vehículo y rompió bolsa. “Arranqué para casa, apronté la mochila y me fui para el hospital que queda a una cuadra de mi casa”.

En otra oportunidad, se encontraba trabajando en un “quilombo” de San Gregorio de Polanco con sus dos hijos mellizos de tres meses. El lugar tenía una pieza adelante donde dormía con los bebés; había dos camas, una para ella y otra para sus hijos. “Un día estaba en la pieza de al lado atendiendo a un cliente y se largaron a llorar los dos niños. Entonces lo hago levantarse y le digo: ‘Están llorando los gurises’. Hice que se vistiera, fui con ellos, luego pasé y le dije: ‘Tomá, sujetalos que voy a prepararles la mema’. Dejé la puerta abierta y las compañeras pasaban y se mataban de la risa: él estaba así, con un bebé en cada brazo. Le tocó hacer de niñero-cliente. Traje la mema y yo le daba a uno y él a otro”.

Una de sus hijas durmió, hasta que cumplió un año, “en un cajón de bananas adaptado a una caja de galletas Famosa”. “La poníamos arriba de la mesa del comedor del quilombo y todas andábamos en la vuelta con ella”, recuerda. Sin embargo, no trabajó con sus hijos dentro de las whiskerías durante mucho tiempo, para no exponerlos. Entre las mujeres jóvenes le pagaban a la más vieja para que cuidara a los niños en la noche. “Era la forma que tenía de hacerme cargo y no cagarles la vida como me la cagaron a mí. No quería tenerlos a mi lado para que no normalizaran lo que yo normalicé y no se criaran en los espacios donde yo me crie”. Está orgullosa de que ninguna de sus hijas sea trabajadora sexual y de que una de ellas haya ganado las olimpíadas de física y química en el liceo. Será la primera mujer de su familia en estudiar en la universidad.

“Para la sociedad esta de mierda vos tenés que parir, criar de acuerdo a sus normas, y no podés salirte de ese molde. Yo asumí la maternidad y me hice cargo en la medida de mis posibilidades, con muchísima ayuda de parte de otras mujeres, para construir una nueva forma de ser mamá que no implicara tener que andar de tiro en la whiskería con los hijos”, sentencia Karina. Sus hijos nunca la vieron durmiendo con un hombre en su casa ni con un cliente, afirma; nunca los llevó a conocer a compañeras suyas de trabajo, y no permite que nadie hable de trabajo sexual en su casa.

Karina toma el celular y busca fotos de sus hijos. De a poco surgen historias dolorosas de su maternidad, como cuando tuvo que cambiar a su hija de escuela porque los compañeros la molestaban diciendo que su mamá era puta. También recordó que en uno de sus embarazos se cortó las venas. Buscaba suicidarse porque no quería volver a ser madre. Hoy ese hijo que esperaba padece consumo problemático de sustancias. Para Karina, está pagando las consecuencias de lo que ella sintió cuando estaba embarazada de él.

Su madre la echó de la casa por quedar embarazada de su tercer hijo, aunque Karina con su trabajo la mantenía a ella, a sus hijos y a sus hermanas, en total, un núcleo familiar de diez personas.

Una vez, se fue a trabajar todo un fin de semana con un objetivo en mente: comprarle una bicicleta a su hijo. Cuando se marchaba tuvo una pelea con su hermana y ella le gritó cosas horribles relativas a su oficio frente a su hijo. Cuando volvió, días después, con la bicicleta, su hijo de nueve años le contestó: “No me saludes porque a las putas no las quiere nadie, yo tampoco”. “Mi mundo se vino abajo, me dolía todo el cuerpo de la cantidad de servicios sexuales que había tenido que hacer para comprar esa maldita bicicleta, pensando que iba a poder ver la cara de felicidad de mi hijo… Yo nunca había podido tener una bicicleta, la única que tuve me la regaló mi papá a los 15 años y a los tres días me la vendió mamá para comprar vino”, recuerda.

“Yo creo que cada cual gestiona su dignidad como quiere, a mí me parece mucho más digno andar chupando pija que limpiándole la mugre a un rico”, sentencia. A los costados de la mesa del McDonald’s los comensales la escuchan callados, y se quedan más rato de la cuenta oyendo sus anécdotas de trabajadora sexual sin que ella lo note en absoluto. Saca una agenda del bolso y me muestra un poema que escribió:

Amo con la misma intensidad que lucho
Odio con la misma intensidad que estornudo
Recuerdo con la misma intensidad
que mis cicatrices se desvanecen.

 

¿Está fallando el feminismo a las trabajadoras sexuales?

Por qué las objeciones morales al trabajo sexual son hipócritas

 

Niki Adams | Portavoz del Colectivo Inglés de Prostitutas (ECP), Adams hace campaña por la despenalización del trabajo sexual y por la seguridad de las trabajadoras sexuales.

5 de junio de 2017

https://iainews.iai.tv/articles/is-feminism-failing-sex-workers-auid-835?_ga=2.225813530.1848512262.1497863620-1588803847.1447090476

https://prostitutescollective.net/iai-news-moral-objections-sex-work-hypocritical/

 

¿El dinero hace malas a las mujeres buenas? Si una mujer en la calle le pregunta a un hombre “¿quieres dormir conmigo?”, eso es perfectamente legal. Pero si él dice que sí y ella le dice que le costará 20 libras, es contra la ley.

Las leyes contra la prostitución introducidas en la década de 1950 se basaban en reglas morales aplicadas al comportamiento sexual, especialmente al comportamiento sexual de las mujeres. Como tales, también simbolizan “dobles raseros de moralidad sexual que resultan en estigmatizar como putas no solo a las prostitutas, sino también a muchas mujeres poco convencionales”. [1]

Pero las reglas morales no son estáticas. Se necesitó el coraje y la determinación de las personas LGBTQI que exigían sus derechos para lograr la despenalización del sexo gay. La opinión pública ya ha cambiado en gran medida en el tema de la prostitución. Ya en 2008, el 59% de las personas estaba de acuerdo en que “la prostitución era una elección perfectamente razonable que las mujeres deberían poder tomar libremente” [2].

Existe un movimiento creciente, encabezado por trabajadoras sexuales, que exige la despenalización del trabajo sexual de acuerdo con la ley introducida en Nueva Zelanda en 2003 con un éxito comprobable [3]. Pero también existe una oposición arraigada que proviene de una “unión improbable de cristianos evangélicos y activistas feministas”. [4] Ambas alas de esta unión buscan la abolición de la prostitución y, mientras tanto, presionan para que aumente la penalización en forma de penalización de los clientes. Algunos grupos religiosos provienen de un punto de vista moralista no encubierto. La organización benéfica cristiana CARE, que patrocinó una Ley de Irlanda del Norte para penalizar a los clientes, [5] tiene un historial de homofobia, hizo campaña contra el matrimonio homosexual [6] y también se opone al aborto [7].


“¿Es realmente solo el trabajo sexual lo que es dañino para nuestra humanidad cuando bajo el capitalismo todos nos vemos obligados a vendernos, obligados a pasar nuestra vida despierta en actividades que no hemos elegido o diseñado?”


Las campañas para penalizar a los clientes por parte de grupos feministas tienen una motivación diferente. Explotan el evidente doble rasero inherente a las leyes sobre la prostitución y la ira a menudo justificable de las mujeres hacia los hombres, y en nombre de la igualdad proponen que se penalice a los clientes como primer paso para abolir la prostitución. Sostienen que la prostitución “es intrínsecamente una forma de abuso… una forma de violencia contra la mujer”, que la prostitución es singularmente degradante, que la prostitución corrompe la sociedad en la que vivimos, saboteando cualquier posibilidad de igualdad entre los sexos [8] y por tanto que la prostitución debe ser prohibida [9].

La afirmación de que “la prostitución es intrínsecamente violenta porque, por definición, implica relaciones sexuales no deseadas” [10] es insultante y degradante para las trabajadoras sexuales. Niega que nosotras, como otras personas, podamos distinguir entre el sexo que aceptamos (por dinero o no) y el que viola nuestros cuerpos y nuestra voluntad. Como otras trabajadoras, el consentimiento de las trabajadoras sexuales es condicional: si no nos pagan, es trabajo forzado.

Un miembro de la audiencia en un evento reciente, aparentemente sin reparos en definir lo que es la experiencia de las trabajadoras sexuales para ellas, dio su opinión:

“El trabajador de la fábrica accede a mercantilizar su brazo, una mujer en prostitución acepta mercantilizar una parte muy íntima de su cuerpo. Esto provoca la disociación del yo. Describiría el trabajo en una fábrica como el consentimiento a la esclavitud; el trabajo sexual es consentimiento a la violación. Por eso no deberíamos permitir la prostitución “. [11]

Pero, ¿realmente se mantiene esta distinción? ¿Es realmente solo el trabajo sexual lo que es dañino para nuestra humanidad cuando bajo el capitalismo todos nos vemos obligados a vendernos a nosotros mismos, obligados a pasar nuestra vida despierta en actividades que no hemos elegido o diseñado?

Selma James, en su apasionante relato de la ocupación de 12 días por parte del ECP de la Iglesia de la Santa Cruz en King’s Cross, Londres, en 1982 para protestar contra la ilegalidad policial y el racismo, aborda la incomodidad que algunos sienten con las mujeres que venden sexo:

“Es cierto que las trabajadoras sexuales venden un servicio que todos esperamos esté conectado con la intimidad y los sentimientos personales profundos. Pero el movimiento de mujeres se ha esforzado en explicar que la sexualidad se romantiza para ocultar cómo a veces es una tragedia o una decepción, o un peligro, o todo esto, para las mujeres “.

No podemos negar que la afirmación de que la prostitución es dañina para las mujeres está respaldada por estadísticas. Las trabajadoras sexuales en Londres tienen 12 veces más probabilidades de morir que otras mujeres [12]. Pero proponer la ilegalización de la prostitución sobre esta base es imponer un doble rasero moralista. La agricultura es la industria más peligrosa del Reino Unido, con 167 muertes durante el año pasado [13], pero nadie propondría sensatamente que se prohibiera la agricultura. Dos mujeres a la semana son asesinadas por su pareja o expareja, pero aún no hemos visto una advertencia feminista de peligro contra el matrimonio.

No hay nada intrínsecamente peligroso en el trabajo sexual. Las mujeres están solas con los hombres en todo tipo de situaciones. Son las leyes que obligan a las trabajadoras sexuales a trabajar de forma aislada las que nos hacen más vulnerables a la violencia y es la falta de valor que se pone en nuestras vidas, agravada por nuestra condición de ilegales, lo que hace que sea tan difícil obtener justicia cuando somos atacadas. Women Against Rape, miembro fundador de Safety First Coalition que se inició a raíz de los trágicos asesinatos de cinco mujeres jóvenes en Ipswich, advierte además que “apuntar a hombres que no han sido acusados ​​de violencia solo porque compran servicios sexuales, desvía el tiempo y los recursos de la policía para hacer frente a la tasa espantosamente baja de condenas por violación denunciada.“[14].

El ECP nunca ha glamorizado la prostitución. Las trabajadoras sexuales no necesitamos amar nuestros trabajos para exigir que la policía nos deje en paz. Las encuestas que afirman mostrar que muchas trabajadoras sexuales preferirían otro trabajo [15] ocultan el hecho de que la mayoría de los trabajadores que a los que se ofrece más dinero por menos trabajo querrían cambiar de ocupación. Con los contratos de cero horas y los bajos salarios endémicos como norma, no es de extrañar que una encuesta reciente del Reino Unido descubra que el 60% de los trabajadores odian su trabajo. [16] Y, por supuesto, muchas mujeres señalan el hecho de que el trabajo sexual suele estar mejor remunerado (y, por lo tanto, es menos explotador) que la mayoría de los trabajos con salarios bajos.

Pero ¿qué pasa con la afirmación de que la prostitución corrompe a la sociedad y es “un vehículo para infectar a una nación”? [17] Bueno, Virginia Woolf pensó que las “prostitutas cerebrales” podrían causar más daño:

“Vender un cerebro es peor que vender un cuerpo porque cuando la vendedora de su cuerpo ha vendido su placer momentáneo, se cuida mucho de que el asunto termine ahí. Pero cuando un vendedor de cerebros ha vendido su cerebro, su progenie anémica, viciosa y enferma se suelta en el mundo para infectar y corromper y sembrar las semillas de la enfermedad en otros “. [18]

La otra afirmación que debemos abordar es que la prostitución “es fundamentalmente incompatible con la igualdad entre mujeres y hombres”.

La industria del sexo no es la única industria dominada por los hombres que degrada a las mujeres, pero es una industria basada en el sexo que tiende a desencadenar tendencias represivas. ¿Atrae una aprobación particular porque las trabajadoras son ilegales y son las que menos pueden defender públicamente sus derechos tanto a sus trabajos como contra sus empleadores?

Lejos de socavar el poder de las mujeres en la sociedad, la Campaña Wages for Housework (una de las pocas organizaciones de mujeres que desde sus inicios reconoció a las trabajadoras sexuales como trabajadoras) planteó la opinión de que “todas las mujeres se benefician de los intentos exitosos de las prostitutas de recibir dinero en efectivo por trabajo sexual , porque el dinero deja en claro que las mujeres estamos trabajando cuando follamos, nos vestimos, somos amables, nos maquillamos, siempre que nos relacionamos con los hombres “.

Parece que las credenciales feministas se obtienen no abordando la negligencia y el menosprecio hacia las madres, no apoyando la lactancia materna, no mejorando las deplorables tasas de condenas por violación o luchando por la equidad salarial, la vivienda y para acabar con la policía sexista y racista, sino abogando por la penalización de pagar por sexo.

Y, vergonzosamente, esta opinión prevalece en un momento en el Reino Unido en el que el 86% de los recortes de austeridad se han dirigido a las mujeres, [19] cuatro millones de niños viven en la pobreza [20], 1,25 millones de personas en el Reino Unido son oficialmente indigentes [21] y las mujeres en busca de asilo está sobreviviendo con 36 libras a la semana. La política de sanciones por beneficios por sí sola se reconoce como la causa del aumento masivo de la prostitución [22]. [23] [24]


“Tradicionalmente las feministas no han querido saber si la ‘limpieza’ que estaban promoviendo fortalecía la mano de las mujeres o la del Estado”.


¿Cuál ha sido el impacto de esta cruzada contra la prostitución? Para empezar, ha habido una “marea de desinformación”. [25] Para mencionar solo dos hechos falsos a menudo citados: el 80% de los trabajadores sexuales son víctimas de trata (la investigación más completa y confiable encontró que menos del 6% de las trabajadoras migrantes son objeto de trata [26]); la edad media de entrada en la prostitución es de 13 años (de hecho, es de 18 a 25 años [27]).

El otro impacto más devastador es que miles de mujeres al año enfrentan redadas policiales y son detenidas, procesadas e incluso encarceladas en nombre de salvar a las víctimas [28]. Tradicionalmente las feministas no han querido saber si la “limpieza” que estaban promoviendo fortalecía la mano de la mujer o la del Estado. A nivel internacional, por ejemplo, las leyes contra la trata (a menudo promovidas por grupos fundamentalistas cristianos [29]) se han utilizado principalmente para evitar que las mujeres de los países del sur crucen las fronteras nacionales en busca de una vida mejor [30]. Las feministas incluso han estado dispuestas a respaldar a (y obtener financiación de) las fuerzas más represivas y reaccionarias [31]. En Estados Unidos, el compromiso de Bush contra la prostitución, [32] que impedía que las organizaciones recibieran fondos federales a menos que se opusieran explícitamente a la prostitución, fue respaldada por prominentes feministas [33]. Y las leyes se utilizan de forma discriminatoria. US PROStitutes Collective ha estado publicando cómo “a nivel nacional, las personas negras representan el 42% de todas las detenciones por prostitución, el 45% de las detenciones por toque de queda y merodeo y el 35% de las detenciones por conducta desordenada. Sin embargo, los negros constituyen solo el 13,2% de la población de Estados Unidos ”. [34]

En última instancia, no importa cuáles sean tus opiniones morales; como dijo Andrea Spyropoulos del Royal College of Nursing cuando habló en el Parlamento sobre este tema, puedes dejarlas de lado:

“Le pedí a las 3000 enfermeras del Congreso que suspendieran sólo para el debate, sus propios valores personales, morales, éticos y religiosos. Porque una vez que eliminas esos temas de este debate, no hay debate. No tiene ningún sentido penalizar a personas que son adultos que consienten en tener relaciones sexuales. La única diferencia es que los hombres pagan dinero. Bueno, oye, llevo un anillo de diamantes y aretes de diamantes que les puedo asegurar que no los pagué yo; vinieron de mi esposo, y él ni siquiera era mi esposo en ese momento “.

La demanda del “feminismo del 99%” [35] de la Huelga Internacional de Mujeres de este año es una señal alentadora de que los tiempos están cambiando. Nos ha abierto el camino para poder forjar un feminismo que ataque la violencia y la inmoralidad de la pobreza en lugar de atacar los medios por los que sobreviven las personas empobrecidas, un feminismo que se ponga del lado de las trabajadoras sexuales contra la policía y del lado de las “malas” mujeres contra las malas leyes. De esta manera podemos negarnos a estar divididas de otras mujeres y otros trabajadores. Como dijo nuestra organización hermana Empower en Tailandia:

“El trabajo sexual es nuestro medio de resistencia y nuestro rechazo a permanecer en los lugares de pobreza que nos asignan. Son nuestras madres que trabajan la tierra; nuestras hermanas en los talleres clandestinos; nuestras tías que son vendedoras ambulantes; nuestras hijas limpiando las casas de los ricos. Somos las mismas mujeres. Juntas rechazamos la pobreza y exigimos un mundo mejor, más justo y más amable para todos ”.

 


[1] Laurie Shrage, PhD, ex profesora de Filosofía en la Universidad Politécnica del Estado de California en Pomona, fue citada en el artículo del 1 de noviembre de 2004 “U.S. Feminists Split Over Berkeley Prostitution Measure” escrito por Kai Ma en North Gate News Online, como se ha dicho: http://prostitution.procon.org/view.answers.php?questionID=000103

[2] Ipsos MORI. (2008). Opiniones del público sobre la prostitución. Disponible en: https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/publics-views-prostitution

[3] Ministerio de Justicia. (2008). Informe del Comité de Revisión de la Ley de Prostitución sobre el funcionamiento de la Ley de Reforma de la Prostitución de 2003. Disponible en:

Haz clic para acceder a report-of-the-nz-prostitution-law-committee-2008.pdf

[4] The Guardian, 20 de octubre de 2009. Prostitución y trata: la anatomía de un pánico moral. Disponible en: https://www.theguardian.com/uk/2009/oct/20/trafficking-numbers-women-exaggerated

[5] Sección 15: Ley sobre la trata y la explotación de personas (justicia penal y apoyo a las víctimas) (Irlanda del Norte) de 2015. Disponible en: http://www.legislation.gov.uk/nia/2015/2/section/15/enacted

[6] Investigación y Educación Acción Cristiana (CARE). Matrimonio. Disponible en: https://www.care.org.uk/our-causes/marriage-and-family/marriage

[7] Investigación y Educación Acción Cristiana (CARE). Aborto. Disponible en: https://www.care.org.uk/our-causes/sanctity-life/abortion

[8] El ahora desaparecido Proyecto Poppy recibió al menos £ 6 millones de fondos gubernamentales para “ayudar a las víctimas de la trata”. Tenía el objetivo declarado de poner fin a la prostitución con el argumento de que “ayuda a construir y mantener la desigualdad de género”. Fue responsable de dos informes que sirvieron de base para algunas de las estadísticas inventadas sobre la trata. El informe “Sex in the City” de 2004 encontró que el 80% de las mujeres que trabajan en “burdeles, saunas y salones de masajes” en Londres eran “nacionales no británicas” y concluyó (sin pruebas) que “una gran proporción de ellas probablemente han sido traficados en el país ”. El informe “Big Brothel” de 2008 afirmó haber encontrado “indicadores de trata en todos los distritos de Londres”. Este informe fue posteriormente condenado por tener “fallas graves” por parte de académicos que dijeron que las denuncias sobre la trata de personas “no pueden fundamentarse”.

[9] Kat Banyard. (2016). Estado proxeneta: sexo, dinero y el futuro de la igualdad.

[10] ¡Modelo nórdico ahora! Disponible en: https://nordicmodelnow.org/what-is-the-nordic-model/

[11] Repetido por Kat Banyard “No es una forma ordinaria de trabajo. El sexo es diferente. Tener a alguien que no conoces insertando su pene repetidamente en ti es muy diferente a que yo te sirva una bebida “. https://ianjsinclair.wordpress.com/2015/02/16/interview-kat-banyard-author-of-the-equality-illusion-the-truth-about-women-and-men-today/

[12] Ward y col. (1999), Negocios riesgosos: salud y seguridad en la industria del sexo durante un período de 9 años.

[13] The Independent, 6 de febrero de 2017. Los 9 trabajos más peligrosos en Gran Bretaña. Disponible en: http://www.independent.co.uk/life-style/most-dangerous-jobs-britain-a7565936.html

[14] http://www.womenagainstrape.net/content/war-opposes-clauses-criminalise-purchase-sexual-se

[15] Farley, M. (2003), Journal of Trauma Practice “Nueve de cada diez prostitutas encuestadas quisieran dejar la prostitución pero se sienten incapaces de hacerlo”.

[16] Inversores en Personas (IIP). (2015). Encuesta Job Exodus. Disponible en: https://www.investorsinpeople.com/press/60-cent-uk-workers-not-happy-their-jobs

[17] Tony Nassif, fundador y presidente de la Fundación Educativa y Cultural Cedars, escribió la carta del 19 de julio de 2005 publicada en su sitio web, que decía:

http://prostitution.procon.org/view.answers.php?questionID=000103

[18] Tres Guineas, Virginia Woolf, 1938

[19] The Guardian, 9 de marzo de 2017. Mujeres que soportan el 86% de la carga de austeridad, revelan cifras comunes. Disponible en: https://www.theguardian.com/world/2017/mar/09/women-bearing-86-of-austerity-burden-labour-research-reveals

[20] Grupo de acción contra la pobreza infantil. (2016). Datos y cifras de la pobreza infantil. Disponible en: http://www.cpag.org.uk/child-poverty-facts-and-figures

[21] Fundación Joseph Rowntree. (2016). Miseria en el Reino Unido. Disponible en: https://www.jrf.org.uk/press/destitute-uk

[22] The Star, 19 de marzo de 2014. Oferta de apoyo para las prostitutas de Doncaster. Disponible en: http://www.thestar.co.uk/news/support-bid-for-doncaster-s-prostitutes-1-6508498

[23] The Star, 2 de noviembre de 2016. Mujeres de Sheffield obligadas a prostituirse mediante Benefit Cuts. Disponible en: http://www.thestar.co.uk/news/sheffield-women-being-force-into-prostitution-by-benefit-cuts-1-8213743

[24] Hull Daily Mail. 13 de agosto de 2013. Las madres “venden sexo para alimentar a sus hijos mientras los recortes de beneficios golpean a los más pobres de Hull”. Disponible en:

http://www.hulldailymail.co.uk/mums-selling-sex-feed-children-benefit-cuts-hit/story-19650230-detail/story.html#Q5mRqmOJcydVVBG8.99

[25] The Guardian, 20 de octubre de 2009. Prostitución y trata: la anatomía de un pánico moral. Disponible en: https://www.theguardian.com/uk/2009/oct/20/trafficking-numbers-women-exaggerated

[26] Mai, N. (2009). Trabajadores migrantes en la industria del sexo del Reino Unido: Informe de investigación completo de ESRC. Disponible en: http://www.researchcatalogue.esrc.ac.uk/grants/RES-062-23-0137/outputs/read/969bd499-4954-41ff-8d08-391e1a6c932b

[27] Churchet al. (2001). Violencia de clientes hacia mujeres prostitutas en diferentes entornos laborales: cuestionario. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC26557/

[28] The Guardian, 11 de diciembre de 2013. Las redadas de la policía de Soho muestran por qué las trabajadoras sexuales viven con el temor de ser “rescatadas”. Disponible en: https://www.theguardian.com/commentisfree/2013/dec/11/soho-police-raids-sex-workers-fear-trafficking

[29] “Los grupos cristianos evangélicos han obtenido una proporción creciente de fondos federales para el trabajo contra la trata de personas tanto a nivel nacional como internacional, así como fondos para la prevención del VIH / SIDA (Mink 2001; Butler 2006).

[30] Más allá de las fronteras: exploración de los vínculos entre la trata y la migración, GAATW, (2010)

[31] La organización contra la trata Demand Abolition, cuyo objetivo declarado es “erradicar la industria del sexo comercial ilegal. . . combatiendo la demanda de sexo comprado ”, tiene en su junta el Departamento de Estado, varias corporaciones y el grupo religioso de derecha anti-aborto Concerned Women of America.

[32] En 2002, la administración Bush declaró que “las organizaciones que abogan por la prostitución como una opción de empleo o que abogan o apoyan la legalización de la prostitución no son socios apropiados para las subvenciones o contratos contra la trata de personas de USAID”.

[33] Ahmed, A. (2011). Feminismo, poder y trabajo sexual en el contexto del VIH / SIDA: consecuencias para la salud de la mujer. Revista de Derecho y Género de Harvard. Disponible en: http://www.law.harvard.edu/students/orgs/jlg/vol341/225-258.pdf

[34] Colectivo Inglés de Prostitutas. (2016). Despenalización de la prostitución: la prueba. Disponible en: https://prostitutescollective.net/wp-content/uploads/2017/01/Online-Symposium-Report.pdf

[35] The Guardian, 6 de febrero de 2017. Mujeres de América: Estamos en huelga. Disponible en: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/feb/06/women-strike-trump-resistance-power

Andalucía: violar en grupo a una prostituta se castiga con dos años de cárcel con suspensión de la pena privativa de libertad

Condenan a dos jóvenes por abusar de una prostituta tras no ponerse de acuerdo en el precio del servicio

Los procesados, que estaban de vacaciones en la Costa, contactaron con la mujer en el entorno de una discoteca y la llevaron a un apartamento

 

JUAN CANO y ALVARO FRÍAS

Málaga, 14 septiembre 2020

https://www.diariosur.es/sucesos/condenan-jovenes-abusar-20200911212603-nt.html

 

La noche ya había acabado y los primeros rayos de luz empezaban a clarear el día. Estaban de vacaciones en la Costa del Sol y querían seguir con la fiesta en casa, por lo que hablaron con una prostituta para que les acompañara. Sin embargo, una vez en la vivienda comenzaron los problemas y los dos jóvenes acabaron abusando sexualmente de la mujer, algo por lo que acaban de ser condenados por la Audiencia Provincial a dos años de cárcel cada uno.

Así se recoge en la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico. Los hechos tuvieron lugar el 2 de septiembre de 2018. Aquella madrugada, sobre las 06.00 horas, los procesados mantuvieron una conversación con la víctima en las inmediaciones de una discoteca de Marbella.

Llegaron a un acuerdo para que les prestara sus servicios de prostitución, por lo que todos se trasladaron hasta el apartamento en el que los jóvenes se alojaban durante sus vacaciones. Se encontraba ubicado en Mijas, en la urbanización Riviera del Sol.

Una vez que se encontraban en la vivienda, surgieron discrepancias entre la mujer y los condenados, dos jóvenes de nacionalidad francesa. No se ponían de acuerdo sobre el precio convenido por los servicios sexuales, por lo que la víctima se negó a prestarlos.

Sin embargo, los jóvenes no aceptaron la decisión de la mujer. La tumbaron en el sofá del apartamento y, sin que conste que emplearan la fuerza, la despojaron de la ropa interior. Siempre según la sentencia, uno de ellos la penetró mientras el otro lo presenciaba, intercambiando los roles posteriormente.

Tras acabar estos hechos, la víctima abandonó la vivienda junto a unos amigos de los condenados, que la llevaron de nuevo hasta Marbella. Allí pudo coger un taxi.

Los magistrados de la Audiencia Provincial de Málaga que han juzgado estos hechos plasman en la sentencia que el médico forense que reconoció a la mujer no apreció ninguna lesión objetivable. Señalan que los procesados, antes de que ocurrieran los hechos, consumieron una gran cantidad de alcohol, lo que mermaba sus capacidades cognitivas y volitivas.

Por todo ello, la Audiencia Provincial condena a los jóvenes a la citada pena de prisión a cada uno, como responsables de un delito de abusos sexuales y como cooperadores necesarios de otro.

Para imponerles esta condena, los jueces explican que aplican las circunstancias atenuantes de encontrarse bajo la intoxicación de alcohol y de reparación del daño, ya que ingresaron en la cuenta de consignaciones del juzgado instructor 500 euros en concepto de indemnización para la mujer. Los magistrados, que también les imponen el deber de indemnizar a la víctima con mil euros, acuerdan la suspensión de la pena privativa de libertad por un periodo de tres años.

 

Condenado a siete años y medio de cárcel por violar a una prostituta

El acusado, que tendrá que indemnizar a su víctima con 7.300 euros, contrató sus servicios como prostituta pero como no llevaba dinero la agredió sexualmente

 

Por Josechu Guillamón

4 de septiembre de 2020

https://www.latribunadealbacete.es/Noticia/Z8223352F-E115-B8B2-76F4388EDAF7A178/202009/Condenado-a-siete-anos-y-medio-de-carcel-por-violacion

 

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a siete años y medio de prisión a un hombre por violar a una mujer en julio de 2017.

Además de la pena de cárcel, el Tribunal le impone una orden de alejamiento de la víctima por un periodo de 10 años, víctima a la que además tendrá que indemnizar por las lesiones que le causó, las secualas que le ha dejado y los daños morales ocasionados.

En el juicio, el fiscal solicitó una pena de nueve años de prisión por el delito de agresión sexual y un año y medio más de cárcel por un delito de lesiones, mientras que la defensa pidió la libre absolución.

Según la sentencia, los hechos tuvieron lugar sobre las 19 horas del 4 de julio de 2017, momento en el que el acusado, S.M., natural de Mali, en situación irregular en España, se acercó a una mujer que estaba sentada en un banco en la Estación de Autobuses de Albacete y entabló una conversación con ella.

La mujer se encontraba ejerciendo la prostitución, por lo que el acusado acordó con ella realizar el acto sexual a cambio de dinero, para lo cual se dirigieron por separado a una arboleda situada en la carretera de Ayora.

La violación

Al no tener dinero y decirle que le pagaría posteriormente, la prostituta se opuso a la relación acordada e intentó marcharse, ante lo cual el acusado la empujó y tiró al suelo, introduciéndole la mano en la boca impidiéndole respirar, comenzando a quitarle la ropa con ánimo libinidoso.

Ante esta situación, la mujer terminó de desnudarse ella misma, para que el acusado le sacara la mano de la boca ya que también le decía éste que si no accedía a mantener relaciones sexuales la mataba.

El procesado le introdujo el pene en la vagina sin utilizar protección hasta que eyaculó pese a que la mujer le insistía en que no lo hiciera.

A consecuencia de la agresión sexual la víctima sufrió absceso submandibular con extensión a tejido celular subcutáneo de región submentoniana y musculatura cervical, adenopatías y enfisema local, lesiones que requirieron para su sanidad tratamiento médico y quirúrgico consistente en incisión submental y disección roma para drenaje quirúrgico del absceso, lavados y colocación de tubo penrose y alimentación por sonda, con antibióticos y analgésicos sintomáticos, asi como dos hematomas en brazo derecho y escoriaciones en ambos brazos.

La mujer tardó en curar 19 días de los que siete fueron de perjuicio particular grave, y 12 dias de perjuicio exclusivamente básico, quedándole como secuela una cicatriz irregular e indurada de un centímetro en región submandibular que le perjudica estéticamente de modo ligero. El acusado no le causó lesiones genitales.

 

Entre la necesidad y el abuso policial: la lucha de las trabajadoras sexuales durante la pandemia

A causa de la cuarentena, Fabiola y Ximena se quedaron sin ingresos. El coronavirus enfermó a sus familias y se vieron obligadas a salir y buscar clientes. Una de ellas fue víctima del abuso policial.

 

Redacción: Katherine Morales

19 de agosto de 2020

https://larepublica.pe/sociedad/2020/08/19/trabajadoras-sexuales-victimas-del-hambre-muerte-y-el-abuso-policial-durante-la-pandemia-atmp/2

 

Por favor ayúdenme, mi niño está desmayado”, dijo angustiada una mujer, a quien llamaremos Fabiola, al ingresar al Hospital Nacional Hipólito Unanue. Su hijo de 3 años tenía 40 grados de temperatura, diarrea y no había parado de vomitar en toda la noche. “Cálmese. Ya está aquí en el hospital”, le dijo una enfermera. Cuatro horas después, el pequeño fue atendido y tuvo que quedarse por 5 días en el centro de salud. La situación no parecía marchar bien y el doctor le comunicó el diagnóstico: “Tu hijo tiene COVID-19. No se puede ir, lo vamos a intentar”.

Había pasado casi un mes desde que el Gobierno decretó la cuarentena el 15 de marzo. La joven, desesperada por todo lo que había escuchado en las noticias, decidió sacar a su niño del hospital: “No tenía dinero, ni seguro. Además, decían que a los que tienen COVID-19 no los puedes ver. No iba a dejar que pase eso con mi hijo. Yo sé que hice mal, pero preferí irme”.

Desde que llegó de Venezuela, Fabiola ha estado siempre al pendiente de sus tres niños. Por ellos, hace más de un año, decidió dedicarse al trabajo sexual: “Yo aguanto todo, no me importa con tal de llevarle comida a mis bebes, pero a veces siento que ya no aguanto, como extranjera me siento en el limbo”.

La realidad de Fabiola es la de incontables mujeres extranjeras en el mundo, y ha sido explicada por el movimiento global Amnistía Internacional, en su política sobre la obligación del Estado de respetar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, ya que se trata de una fuente de ingresos para las personas migrantes en situación irregular que solo dependen del sector informal para salir adelante.

En el Perú, Angela Villon, presidenta del Movimiento de Trabajadoras Sexuales, explica que en el 2002, a partir de una vigilancia centinela que realizó el MINSA para descartar VIH en esta población, se pudo contabilizar 250.000 personas en este oficio. La pandemia ha incrementado este número, y se calcula que alrededor del 40% son extranjeras. No existen cifras más recientes o exactas.

La mayoría, como Fabiola, huyó de la crisis en Venezuela y la pandemia solo ha agravado más su situación: “Me pude hacer la prueba gratis y me dijeron que tenía COVID-19. Al otro día, les hicieron la prueba a mis hijos y el de 16 también salió positivo”. Sin dinero y con dificultades para trabajar, se medicó con remedios naturales.

Con un sistema de salud que no tardó en desbordarse por la rápida escalada de contagios, las trabajadoras sexuales no eran la prioridad, víctimas de una discriminación histórica de quienes las juzgan por la vida que (en algunos casos) escogieron, gritaron por ayuda, pero no fueron escuchadas. “Nuestras compañeras estaban muriendo por la indiferencia del Estado. Pedimos a los hospitales que las atiendan y no lo hicieron”, cuenta Leida Portal, presidenta de la Asociación de trabajadoras sexuales Miluska Vida y Dignidad.

Ante la desesperación acudieron al doctor Carlos Lozada Saco, médico cirujano con una maestría en salud pública, quien atendió gratis y de manera remota a las trabajadoras sexuales que presentaron algún síntoma del COVID-19 u otra enfermedad. “Habré pasado a 84 o 100 citas virtuales. Llamaban a veces en las noches desesperadas diciéndome ‘se ahoga mi hijo’, ‘se ahoga mi padre’, uno no se puede negar a eso”, afirma el médico.

El doctor Lozada trabaja desde hace casi un año en el CERETS Raul Patruco PUIG (Centros de Referencia para Enfermedades de Transmisión Sexual) aunque en precarias condiciones: “Ya va a ser el cuarto mes que no me pagan”. En este centro de salud del Minsa, las y los trabajadores sexuales van a hacerse sus chequeos mensuales. Tienen cita dental, ginecológica, descarte de VIH y consejería, donde se les entregan preservativos.

Durante la cuarentena este servicio funcionó con solo dos doctores y uno de ellos era una persona de la tercera edad. El médico Lozada tuvo que ingeniárselas para atender a todos: “Han venido a atenderse por COVID-19, aunque la orden era no atender esos casos, pero no las recibían en el hospital de Ate y las señoras venían diciendo ‘doctor me ahogo’”.

Los CERETS solo atiende a adultos, pero ante la falta de hospitales y medios económicos las trabajadoras sexuales llevaban a sus hijos. “Ellos también estaban mal. Es una madre, no le podíamos decir que no, jamás”, resalta el doctor, quien también tuvo que atender a mujeres víctimas de violencia física por parte de sus clientes durante este tiempo. “Las curamos, porque dónde más lo van a hacer”, indica.

Desde que inició el estado de emergencia, el Movimiento de Trabajadoras Sexuales y la Asociación de trabajadoras sexuales Miluska Vida y Dignidad, pertenecientes a la red Plaperts (Plataforma Latinoamericana de Personas que ejercen el Trabajo Sexual), han contado alrededor de 57 muertes, solo de las compañeras que pertenecen a sus organizaciones, a causa de la COVID-19 o porque no pudieron ser atendidas por otras enfermedades.

Sin dinero para comer o enterrar a sus muertos

Cerca de las 5:00 a. m. Ximena se levantó preocupada. Tenía que ayudar a su abuela a ir al baño. El día anterior la había acostado con mucha fiebre y, a sus 87 años, atravesaba problemas para caminar. “La encontré en el piso, ya había fallecido. Parece que en la madrugada sintió algún dolor y se levantó. Salí a pedir ayuda, pero nadie me la brindó”. Por la tarde, vino la Policía y el médico forense, quien le dijo que probablemente su deceso fue a causa del nuevo coronavirus.

Ximena tuvo que estar con el cuerpo de su abuela hasta el día siguiente, cuando las autoridades fueron a su casa: “Fue muy triste, porque la envolvieron en un plástico blanco y así se la llevaron”. No se le permitió velarla y no tenía dinero para el entierro. “No podía comprar un cajón. Fue todo un gasto, yo no sabía dónde conseguir plata”, recuerda.

Sin otras opciones tuvo que quebrantar el aislamiento social y atender a unos clientes. “Pude contactarme con uno de ellos, le hice una atención y me ayudó un poco con los gastos”. Desde hace tres años que Ximena es trabajadora sexual, ingresó en este mundo por la necesidad, cuando uno de sus dos hijos se enfermó.

Desde que empezó la cuarentena, no solo han fallecido muchas trabajadoras sexuales a causa del nuevo coronavirus, sino también sus hijos, padres o abuelos. “Las compañeras pueden verse muy arregladas y pintadas, pero dentro tienen un corazón muy grande, cuidan de sus abuelos o padres. Con este trabajo, ellas pueden ver los momentos en los que salen a conseguir dinero a su familia”, revela preocupada Leida Portal.

La pandemia las dejó sin ingresos y con deudas. Casi ninguna recibió un bono del Estado y no tenían cómo afrontar la repentina partida de sus seres queridos. Por eso, decidieron organizarse para pedir algún subsidio. “Hicimos una lista de como 800 personas en situación de extrema vulnerabilidad, con cáncer y discapacidad. Ahí incluí a las trabajadoras sexuales, lo mandamos al Consejo de Ministros, pero no pasó nada, no respondieron”, cuenta Angela Villon, presidenta del Movimiento de Trabajadoras Sexuales.

No se podía esperar mucho, la necesidad era grande y comenzaron a planear otras opciones. Acudieron a la Red Umbrella Fund, al Centro Mujer de Flora Tristán y a Manuela Ramos. “Nos ayudaron a comprar cajones para las compañeras o para sus familiares que también fallecieron”, agrega Villón,

El apoyo de estas organizaciones también fue a través de víveres que las trabajadoras sexuales utilizaron para preparar ollas comunes. Todas las mañanas se levantaban temprano, iban a pedir alguna colaboración a los vecinos y luego empezaban a cocinar para aproximadamente 123 personas. Muchas de ellas no tenían para adquirir un balón de gas y otras lo habían perdido todo, pues las desalojaron por no pagar el alquiler.

“La indiferencia del Estado fue grande, porque solo se les dio dinero a las municipalidades para que los alcaldes repartan las bolsas de víveres a cada distrito, pero a nosotras no nos dieron bolsa”, increpa Leida Portal, presidenta de la Asociación de trabajadoras sexuales Miluska Vida y Dignidad.

El abuso policial

Una madrugada del último mayo, la Policía rompió la puerta de un pequeño local de una conocida avenida y detuvieron a 15 mujeres, entre ellas a Fabiola, quien se encontraba con un cliente. Había decidido ir a trabajar pese a que se podía contagiar, pues necesitaba dinero para sus hijos. Los agentes subieron a todas a la patrulla y las trasladaron a la comisaría, donde les exigieron pagar varias multas para liberarlas.

Se les acusaba de no respetar la inmovilización social obligatoria, violar las medidas sanitarias y se les pedía un descarte de COVID-19. Fabiola, desesperada en ese momento, no supo qué hacer. “De dónde iba a sacar yo dinero para la prueba que valía como 130 soles y para pagar otra multa de como 200 soles, si no tenía ni para comer ni para mis niños”.

Sin embargo, la abogada Beatriz Ramírez explica que “las multas por violación de las medidas sanitarias son independientes, es decir, puedes pagarlas y aparte te pueden abrir un proceso penal. Pero eso no se le paga al comisario, esas multas se tienen que pagar al Banco de la Nación”.

El desconocimiento, el miedo y el abuso de poder que sufrieron las trabajadoras sexuales las dejaron sin armas para defenderse. “Muchas veces si no hay dinero, hay cuerpo”, denuncia Leida Portal, quien ha tenido que ver cómo sus compañeras son víctimas de la más cruel violencia.

Fabiola logró salir a las 5 a. m. de la comisaría. “Me violaron, me quitaron el poco dinero que tenía, me humillaron. Así yo sea trabajadora sexual, si no quiero tener relaciones con alguien es violación”. Según su testimonio, un policía la amenazó: “Te vas a ir deportada y a tus hijos no los vas a volver a ver, porque aquí se van a quedar”.

Al día siguiente pensó entablar una denuncia. Fue a pedir orientación, pero “¿la evidencia? yo no la tenía, además como extranjera cómo iba a poner una denuncia, te amedrentan, yo tenía miedo”, cuenta con frustración.

“Las trabajadoras sexuales son una población altamente vulnerable. La policía dice que son vulnerables al proxenetismo, pero en realidad son altamente vulnerables al abuso policial y de las fuerzas municipales. Es muy fácil hostigarlas y eso desincentiva para que ellas denuncien”, explica Beatriz Ramirez.

La razón de esta desprotección radica en que, en el Perú; en materia penal, la prostitución no es ilegal. Sin embargo, si alguien se ve beneficiado de esta actividad se lo puede denunciar por proxenetismo. La ambigüedad de la norma hace que muchas trabajadoras sexuales sean llevadas y retenidas en la comisaría para que acusen a sus proxenetas, cuando en realidad son independientes.

Según el estudio denominado “Violencia Institucional y trabajo sexual”, realizado por RedTrasex en 13 países de América Latina y El Caribe en el 2016 (el último que han hecho), se pudo conocer que el 75% de trabajadoras sexuales son víctimas de violaciones por parte de las fuerzas de seguridad. El porcentaje aumenta a 85% en el caso de las inmigrantes.

Al igual que Fabiola, son miles las trabajadoras sexuales cuyos derechos son vulnerados día a día por el Estado a través de sus servidores públicos. Por eso, la RedTrasex ha explicado que esto califica como violencia institucional y resalta que también es violencia de género.

“Son abusadas, violadas o intimidadas sexualmente en virtud de la naturalización de una doble disponibilidad sexual: están disponibles por su condición de mujeres y lo están doblemente por hacer de las prácticas sexuales una herramienta laboral”, se explica en el mencionado estudio.

Las trabajadoras sexuales expresan que el Gobierno no las ha apoyado y han tenido que ver morir a sus compañeras. Cada día tienen que tomar la complicada decisión de salir a trabajar con miedo a contagiarse y ser detenidas por la policía o quedarse en sus casas con su familia, pero sin dinero para comer.