Los dos grilletes de las “esclavas sexuales” en España

 

En España, no existe la esclavitud porque no hay leyes de esclavitud (fueron abolidas en el siglo diecinueve).

Pero si admitimos el uso en sentido figurado de la palabra “esclavitud” para dar a entender violación de derechos humanos —es decir, de derechos fundamentales respaldados por la Constitución— podemos identificar los dos grilletes que aherrojan a las “esclavas sexuales” en España:

  • uno es la Ley de Extranjería
  • el otro es la denegación de derechos laborales.

Y podemos identificar asimismo a las “esclavistas”.

Son las cínicas abolicionistas y sus mafiosos aliados.

 

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Caso Carioca: “Si no follaba con él, me deportaba”

 

Concluye la instrucción contra seis agentes policiales por delitos de colaboración con la prostitución coactiva, cohecho y omisión de perseguir delitos. La juez imputa hasta una decena de infracciones del Código Penal en el caso de Manuel Castro González y una docena en el de José Manuel Díaz Suárez. 

 

FRAN PÉREZ

@REFLEX_VOLUCION

26 de diciembre de 2019

https://www.elsaltodiario.com/trata/caso-carioca-si-no-follaba-con-el-me-deportaba

 

Primero fue el turno de la Guardia Civil, después el del sargento de la Policía Local que puso las luces de neón al club Queens y esta vez el de la Policía Nacional y otros funcionarios de Extranjería. Pilar de Lara concluye la instrucción de la última de las piezas principales del caso Carioca implicando a una decena de agentes y funcionarios de Extranjería en delitos relacionados con la red de prostitución que conformarían proxenetas y altos mandos policiales.

Los agentes, encargados de la persecución de este tipo de delitos, serían clientes habituales de locales de la provincia de Lugo en los que se prostituían mujeres víctimas de trata e incluso menores de edad en condiciones gravosas. En estos establecimientos se presentaban en ocasiones uniformados y con el vehículo oficial, contribuyendo así a generar el doble efecto que describen las mujeres, por un lado, de garantía de que allí no se practicarían redadas policiales o serían alertadas con antelación, y por otro, de impunidad e intimidación ante cualquier intento de denunciar los abusos que sufrían, lo que en ambos casos supondría un blindaje para los proxenetas.

Uno de los clientes asiduos a algunos de los clubs investigados, Eduardo Castro, era subinspector de la Brigada de Extranjería, y junto con el inspector Evaristo Rodríguez, el funcionario administrativo Germán Pumares y el jefe de la Dependencia de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno Alberto Linares habrían actuado en connivencia regularizando la situación de las mujeres extranjeras y otros ciudadanos o expidiéndoles orden de expulsión a conveniencia suya o de los proxenetas.

 

CLIENTES DE UNIFORME

Además de Eduardo Castro, las testigos detallan cómo los agentes eran invitados a consumiciones gratuitas en clubes como el Eros, el Queens y La Colina, o a veces también relaciones sexuales. En una ocasión la camarera del Eros quiso cobrarle un cubata a José Manuel Díaz Suárez, a lo que él respondería, enfadado: “¿Pero no sabes quién soy yo? ¿Cómo me cobras la copa?”. Según la declaración de una prostituta, uno de los agentes, Manuel Castro González, la amenazó con que “si no follaba con él [gratis] me deportaba”. Otra de ellas dice respecto de este policía que “nunca pagaba chicas ni copas, follaba por la cara, y si te negabas amenazaba con deportar”.

En el club Queens este policía ha sido visto desenfundando la pistola y colocándola en el mostrador al lado de la de Adán, dueño del establecimiento que carecía de licencia para portarlas, para comparar cuál era más grande.

En el auto se refleja asimismo que otro de los agentes, Luis Ferreiro González, era muy amigo también del dueño del club Tara, donde también era invitado a copas y sexo gratuitamente según varias testigos. Además, por el cumpleaños del local el gerente organizó un sorteo en el que el premio era una mujer con la que el ganador tendría un pase gratuito. Esa mujer identifica al policía como el ganador de aquel sorteo.

Precisamente este mes cuatro investigados por trata resultaron absueltos por la Audiencia Provincial de Lugo al justificar en su defensa que no funcionaba como un prostíbulo, sino como un pub en el que quienes lo regentaban se limitaban a cobrar por la estancia sin conocimiento de la actividad que podían realizar las mujeres en las habitaciones. Este agente era el encargado de la custodia de los detenidos en los calabozos, y en alguna ocasión le habría abierto la puerta a alguna de las detenidas. De las intervenciones telefónicas practicadas se extraen escenas dantescas como la llamada que hace el encargado del club Queens a una de las prostitutas, que ella atiende pese a encontrarse detenida, en la que ella le dice que “aquí están todos los policías que van por ahí” y él le pregunta si está Luis Ferreiro, respondiendo la detenida que “está arriba” y pasándole a continuación con él, moviéndose con total naturalidad en la comisaría.

Muchos de estos policías habrían participado en fiestas con prostitutas y orgías organizadas por Adán, dueño del club Queens, en las que corría la cocaína y otras drogas. Cuenta una de ellas que en una ocasión vio a un policía sacar cocaína y colocarla en un plato, y que Adán se la tiró al suelo espetándole: “eso no vale nada, la buena es la que traigo yo”.

 

LA COLABORACIÓN DE LA BRIGADA DE EXTRANJERÍA CON LA RED DE TRATA

Según se desprende de la pieza del caso Carioca que investiga a la cúpula de la Guardia Civil, el cabo Armando Lorenzo Torre, encargado del Equipo de la Mujer y el Menor (Emume), “ponía el cazo” en diferentes clubs de la provincia de Lugo, de manera que actuaba o dejaba de actuar contra ellos en función de si eran colaboradores suyos o no, practicando redadas en aquellos prostíbulos que no lo hacían, para a continuación deportar a las mujeres o enviarlas a los pisos de acogida que él mismo gestionaba, desde donde las derivaba a menudo a los clubs afines.

Las redadas policiales se coordinaban entre el Equipo de Personas de la Guardia Civil —del que hacía parte el Emume— y la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía, en la que el subinspector Eduardo Castro y el inspector Evaristo Rodríguez serían sus principales aliados, junto con Alberto Linares Ferrer, jefe de la Dependencia de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno, y Germán Pumares Díaz, funcionario administrativo de Extranjería que participaba junto a los otros tres en la tramitación de los expedientes de las mujeres en los que se resolvía sobre su expulsión, así como de gestionar las solicitudes de prórrogas de estancia.

A lo largo de 190 de las 228 páginas de auto la jueza De Lara explica pormenorizadamente la manera en que realizaban estos trámites de forma interesada, generalmente a conveniencia de los dueños de los clubs afines o bien suya, siguiendo criterios de actuación completamente diferentes en cada caso.

Así, en 2018 Armando le ofrece a una prostituta del club Carús darle la condición de testigo protegido para revocarle una orden de expulsión a cambio de firmar una denuncia en falso por trata contra los dueños del local que el propio Armando redactaría para justificar así una redada. En la redada se identifican dos mujeres amigas de la primera que no fueron avisadas con suficiente antelación, y Eduardo Castro y Armando les tomarían una declaración idéntica al margen del resto de mujeres, asistidas por un abogado que ellos mismos les buscan.

A Evaristo, instructor de los expedientes, se le interviene una agenda en la que figuran distintas anotaciones referidas a la actuación en el club Carús, entre ellas: “reunión con Alberto Linares, dejar caducar los expedientes”, como efectivamente ocurriría con estas dos mujeres, a diferencia del resto cuyo expediente se resolvió con orden de expulsión. Las tres serían trasladadas por Armando a ejercer en el club Queens.

En una ocasión, varios agentes de la Guardia Civil que se escapaban al control del entorno de Armando practican una redada en el club Liverpool contrariamente a la manera de funcionar habitual. En ella se detectan varias mujeres en situación irregular y una menor de edad, que anteriormente había ejercido en el Queens y cuyo expediente había sido consultado por Evaristo. Eladio, dueño del club Liverpool, pide ayuda a Armando para que tratase de evitar que expulsasen entre ellas a su pareja sentimental, refiriéndose Armando a los agentes que practicaron la redada como “estos cabrones”. A continuación, Armando habla con Evaristo sobre Eladio, comentando “tres días en el calabozo, cuando era de dominio público que la menor estaba ahí”, facilitándole por error los datos incorrectos de la pareja sentimental de Eladio a la que “cogieron sin papeles, porque estos van a comerse el mundo y no se comen nada”. Evaristo le responde: “No te preocupes, que yo sé bien con quién trabajo, con los años que tengo ya sé diferenciar”.

 

LA DENUNCIANTE DEL CASO CARIOCA, EXPULSADA

Contrariamente, especialmente significativo resultó el trato que recibió la testigo protegida DPA 123B, denunciante de la cual partió toda la investigación del caso Carioca. Esta mujer que ejerció en el Queens describe cómo en una ocasión Armando se presenta en su domicilio, posa la pistola sobre la mesa del salón y le dice: “tus días en España como legal están terminando, dame el pasaporte que yo te lo arreglo para estar tres meses más”, obligándola a practicarle una felación y a mantener relaciones sexuales. Armando cumple esto, pero una vez que abandona la actividad de la prostitución y comienza a trabajar en una cafetería propiedad de su pareja la sigue requiriendo sexualmente de forma insistente, y ante su negativa comienza a ser acosada también por la Policía Nacional.

Así, Evaristo acude a su casa acompañado de otro agente para identificarla y dictarle orden de expulsión, siendo Eduardo Castro instructor del expediente por estancia irregular y trabajo por cuenta ajena sin autorización, pese a no practicarse la identificación en un centro laboral ni constar cómo conocía la Brigada de Extranjería que estaba trabajando. DPA 123B presenta alegaciones por tiempo de residencia, arraigo y encontrarse en trámites para regularizar su situación, ya que estaba a la espera de la primera declaración trimestral del IVA de la cafetería para poder regularizarse. Estas alegaciones, en contraste con los requisitos que se les exigían a otras mujeres para regularizar su situación, no fueron tenidas en cuenta.

Una de estas mujeres que ejercía en el Queens que sí logra regularizar su situación la convence de que vaya a hablar con Linares por mediación de una amiga, quien la anima a solicitar en las dependencias de la Brigada de Extranjería una copia del pasaporte. Al cabo de una semana se dispone a seguir la recomendación de Linares, siendo detenida al instante por Eduardo Castro, quien le dice “mañana o pasado tú vas a tu país”. Le impiden que la asista su letrada, asignándole un abogado de oficio, y le niegan el habeas corpus —derecho a ser presentada ante un juez instructor—, comentando Eduardo Castro y Evaristo que “esta es amiga de Luciano” y ahora su información “ya estaba cortada”, en referencia a uno de los agentes de la Guardia Civil que practicaría la redada en el Liverpool. Al día siguiente sacan a DPA 123B del calabozo, la llevan al aeropuerto insultándola durante el trayecto y la envían en un vuelo de deportación a Brasil.

Durante sus intentos para regularizar la situación, DPA 123B recibe la oferta de retirársele la carta de expulsión a través de Germán Pumares a cambio de ejercer en el club Eros. Germán Pumares era funcionario de Extranjería en turno de mañana, encargado de iniciar los trámites de muchos expedientes de expulsión y solicitudes de prórroga de estancia, y a su vez trabajaba como abogado en turno de tarde, de manera que tenía acceso a información privilegiada.

Algunas de las detenidas declaran que salían de las dependencias de la Brigada de Extranjería con su tarjeta profesional de abogado en mano. Una de ellas declara que “siempre intentaba sacar dinero”, que a “extranjeros que cogen en comisaría detenidos si contratan a Germán las cosas se les solucionan mucho mejor”. Según el propio encargado del club Eros reconoce, Germán Pumares era tío suyo y le llevaba los papeles del club.

 

NO SOLO PROSTITUTAS

En el auto también se relata cómo en una ocasión un guardia civil acude a entrevistarse con Evaristo y Eduardo Castro para que regularizasen la situación del novio de su hija, preguntándole Evaristo si en la Comandancia de la Guardia Civil no conocía a Armando, a lo que el agente contesta “hombre, me está remitiendo al delincuente mayor de la Comandancia”. También trató de solucionar el problema con Linares, que le dice “como no hables con Armando, en Comisaría no me van a hacer el informe favorable que yo necesito”, forma en la que efectivamente consiguió retirar la orden de expulsión.

También se interviene una llamada del policía nacional Manuel Castro a Eduardo Castro para que le ayudase a deshacerse de un hombre que su suegro tenía trabajando de forma irregular en su empresa, advirtiéndolo Eduardo de las repercusiones que podría tener para su suegro y comentándole que la única manera era que tuviese antecedentes y así, “que se joda”, que lo que tenía que haber hecho su suegro era “haberle pegado un palazo en la cabeza y haberlo enterrado en el cemento”.

 

TURNO DE LA FISCALÍA

Pilar de Lara concluye la instrucción contra seis agentes policiales por delitos de colaboración con la prostitución coactiva, cohecho y omisión de perseguir delitos, atribuyendo hasta una decena de infracciones del Código Penal en el caso de Manuel Castro González y una docena en el de José Manuel Díaz Suárez. A un séptimo agente, inspector policial, también asiduo al Queens, le atribuye exclusivamente la omisión de perseguir delitos en relación al robo de ua joya denunciado por un cliente del local que quedó dormido después de mantener relaciones sexuales.

A los funcionarios policiales o administrativos de Extranjería Alberto Linares, Germán Pumares y Evaristo Rodríguez les atribuye entre seis y nueve delitos mayormente de prevaricación y falsedad documental. Fuera queda Eduardo Castro, a quien se le atribuye la mayor carga delictiva y grado de implicación, con motivo de su fallecimiento en julio de este año. Además, dos prostitutas también habrían incurrido en delito de tráfico de influencias al hacer uso de su relación con Eduardo Castro para regularizar su situación y pedirle actuaciones contra otras mujeres.

La magistrada dicta el sobreseimiento provisional respecto de Miguel González, secretario en Galicia de la Unión Federal de Policía (UFP) y el sobreseimiento libre respecto del entonces comisario jefe provincial Maximino Losada y el subdelegado del gobierno Jesús Otero.

Ahora será la Fiscalía quien decida quién se sentará en el banquillo de acusados. Tanto en la pieza relativa a los delitos cometidos en los clubs Queens y La Colina como en la relativa al club Liverpool la Fiscalía echó por tierra la instrucción judicial solicitando el archivo respecto de todos los agentes policiales investigados a pesar de la abrumadora carga indiciaria de su participación, y en el segundo caso también lo solicitó respecto del proxeneta pese a darse por probado que allí se prostituyeron menores.

 

En libertad con cargos tras propinar una paliza y violar a una prostituta en Valencia

 

Arrestan a un joven por propinar una paliza y violar a una prostituta en València

 

Dos ciudadanos retuvieron al agresor y auxiliaron a la víctima al verla sangrar y con la ropa desgarrada

 

Ignacio Cabanes València 11.10.2019

https://www.levante-emv.com/sucesos/2019/10/11/arrestan-joven-propinar-paliza-violar/1931466.html

 

Un joven, de 21 años y nacionalidad boliviana, fue arrestado el pasado fin de semana por agentes de la Policía Local de València tras una brutal agresión a una mujer de 41 años que se encontraba ejerciendo la prostitución en la avenida Antonio Ferrandis. Además de la paliza, como consecuencia de la cual llegó a romperle la mandíbula a su víctima, el arrestado está acusado de violar a la mujer después de golpearla con los puños. Pese a la gravedad de los hechos, el acusado de los delitos de agresión sexual y lesiones ha quedado en libertad con cargos tras ser puesto a disposición judicial, según informaron fuentes jurídicas.

Los hechos se produjeron en torno a las dos y media de la madrugada del pasado sábado en la confluencia de la avenida Antonio Ferrandis con la avenida Profesor López Piñero. Una mujer de 41 años y nacionalidad brasileña, que al parecer ejerce la prostitución en las calles de València, fue agredida prácticamente sin mediar palabra previa tras bajar de un taxi y acercarse quien ella creía que se trataba de un cliente.

Sin embargo, el joven que se le acercó esa noche no era alguien que viniera buscando sexo a cambio de dinero. Según consta en las diligencias aportadas al juzgado de guardia de València, su agresor comenzó a propinarle puñetazos sin motivo aparente hasta romperle la mandíbula. No contento con ello, posteriormente la forzó sexualmente, todo ello pese a la oposición de su víctima.

Un testigo que circulaba con su vehículo y pasaba en ese momento por el lugar, al escuchar los gritos de socorro de la mujer, bajó del coche y auxilió a la víctima, quien presentaba heridas sangrantes en el rostro y la ropa desgarrada.

Asimismo, junto a otro ciudadano ambos retuvieron al agresor hasta la llegada de la policía. Agentes de la Policía Local de València acudieron de inmediato al lugar y, al observar las graves lesiones que presentaba la víctima y entrevistarse con ella, procedieron a la detención del sospechoso, de 21 años, por un presunto delito de agresión sexual y lesiones.

La mujer fue trasladada al Hospital La Fe de València, donde fue atendida de las lesiones y fue explorada por el médico forense para evaluar el alcance de las mismas y de la agresión sexual. Según manifestó la agredida, al parecer el sospechoso es el proxeneta de otro grupo de prostitutas que hace la calle en esta misma zona de València. El detenido quedó en libertad con cargos, por orden del juzgado de guardia, a la espera de tomarle declaración a la víctima. El juzgado investiga ahora si la brutal agresión guarda relación con un ajuste por el control de la prostitución en este punto de València.

 

El proxeneta millonario que multaba a las mujeres por enfermar

 

Caso Carioca

Investigadores de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil concluyen el primer análisis económico de locales de prostitución en España y sus supuestas vías de blanqueo

 

SILVIA R. PONTEVEDRA

Lugo 29 de septiembre de 2019

https://elpais.com/sociedad/2019/09/29/actualidad/1569709273_587721.html

José Manuel García Adán, durante un juicio en 2012 en Pontevedra. CARLOS PUGA

 

Las de José Manuel García Adán no eran las cuentas de la lechera. Según el juzgado, este proxeneta que la Operación Carioca sacó de las tinieblas tenía, como tantos otros, sus negocios clandestinos atados y bien atados con su ley del “terror”. Y no corría el riesgo de que se le rompiera el cántaro contra el suelo, porque supuestamente el recipiente estaba blindado por representantes de todos los cuerpos policiales que recibían a cambio compensaciones en metálico y en especie. Así fue hasta que, en 2009, a la trama que urdió Adán en Lugo “le cayómedio Código Penal encima, sin defensa posible”, como declaraba entonces a este periódico el abogado de uno de los principales imputados. Y ahora que la instrucción ha llegado a su fin, de los varios cientos de mujeres que testificaron, algunas han logrado rehacer sus vidas o siguen intentándolo (atrapadas en cursos de formación o contratos basura) al margen de los burdeles. Otras, con 10 años más pero aún jóvenes, como exigen los clientes, siguen atrapadas en la prostitución en España.

En una de las 50 piezas en que acabó dividida la causa, investigadores de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil a las órdenes de la juez Pilar de Lara han llevado a cabo el primer análisis económico de un negocio de proxenetismo en el país. El estudio hace aflorar el dinero negro que a diario fluye, por miles de euros, en un burdel de una ciudad pequeña frecuentado por empresarios que pagan el sexo al contado para no dejar huella en sus tarjetas de crédito. También destapa las supuestas artimañas del dueño para mantener sometidas a las víctimas de trata mientras pagan sus deudas, a las que impone multas por estar enfermas o por la duración de sus reglas. Todas estas ganancias de la actividad ilegal se metamorfosean presuntamente en ladrillo y automóviles de “alta gama”, la inmensa mayoría de segunda mano, para su blanqueo.

Los investigadores concluyen que, principalmente en los años de los que disponen de datos (2006, 2008 y 2009), la red tejida por José Manuel García Adán a través de los clubes que regentaba, Queen’s y La Colina, obtuvo ganancias de más de 3,6 millones de euros. Esta cantidad es solo un grano de arena de ese 0,35% del PIB que el INE estima que la prostitución acapara en España, el tercer país del mundo en consumo, con más de 1.600 prostíbulos (según cálculos de la Policía Nacional), ofreciendo decenas de miles de mujeres a diario.

Adán es trasladado a los juzgados de Lugo tras su detención. PEDRO AGRELO

La organización liderada por Adán, actualmente en prisión por delitos de violencia machista contra su exesposa, obtenía un “pingüe beneficio” aprovechándose de las “especiales circunstancias de precariedad” de un “elevadísimo número de mujeres extranjeras”, afirma la magistrada en el auto de transformación de las diligencias de blanqueo en procedimiento abreviado para su juicio. Más de medio centenar de víctimas, según De Lara, componían la carta de degustación que los clubes de Adán -registrados en la Agencia Tributaria como “bares categoría especial” y “otros cafés y bares”- ofrecían habitualmente a sus clientes, en un horario laboral de entre 12 y 14 horas por jornada.

Con este auto sobre el negocio redondo de los burdeles de Adán, la magistrada deja prácticamente cerrada una década de trabajo en el caso Carioca ahora que acaba de ser apartada de su plaza en Lugo por el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces acordó castigarla el pasado jueves por supuestos “retrasos injustificados” en la instrucción de sus macrocausas contra la corrupción en Galicia (Carioca, Pokémon, Garañón, Pulpo o Cóndor).

Anotación de los pagos realizados por una mujer para saldar su deuda con Adán.

La juez recuerda que las víctimas de la red eran jóvenes “enormemente vulnerables”, en su mayoría latinoamericanas y sobre todo brasileñas, muchas con familia a su cargo en América, que se prostituían en “condiciones sumamente gravosas” inducidas con “distintos mecanismos coactivos”. Entre estos métodos que las encadenaban, el sumario recoge las presuntas amenazas de Adán, incluso de muerte; la constante presencia deagentes uniformados tomando copas y en las camas; su situación irregular en el país; y las deudas contraídas con el jefe. Estos compromisos se debían a préstamos que le pedían; a las multas que les imponía si enfermaban, se portaban “mal”, llegaban tarde o faltaban a su puesto; y sobre todo a lo adeudado por el viaje a España (de 3.000 a 4.000 euros), que tenían que pagar trabajando.

Testaferros y amigos policías

Con sucesivos testaferros, a través de una inmobiliaria supuestamente creada como sociedad interpuesta y también utilizando el nombre de su esposa para no figurar, Adán alquiló los inmuebles donde estableció los negocios de sus burdeles. El más importante, el Queen’s, junto al polígono industrial de Lugo, celebró su fiesta de inauguración el 2 de septiembre de 2002, ya entonces con presencia de amigos policías. Las obras de reforma de una casa que en tiempos había sido una quesería las llevó a cabo un constructor que, tal y como declaró, no llegó a recibir más que una pequeña parte del coste y, según sospecha De Lara, siguió cobrándose en “servicios” lo adeudado.

José Manuel Pulleiro, encargado al frente del burdel La Colina, tras su detención. PEDRO AGRELO

Los locales de Adán, recuerda la instructora, eran “frecuentados por empresarios y personas de elevado poder adquisitivo que incluso captaban a mujeres para organizar las llamadasfiestas blancas, de cocaína y sexo, en alguna sociedad deportiva de la ciudad, en cuya cafetería acababan trabajando como camareras sin contrato ni alta en la Seguridad Social”. Adán y sus encargados controlaban el rendimiento de cada joven mediante estadillos tamaño A3 donde ellas figuraban con sus nombres “artísticos”.

Según la investigación, la organización se quedaba con 10 euros por cada uno de los tres primeros “pases” (media hora de sexo en la habitación, cuya tarifa era de 43 euros) más 12 euros que les cobraba diariamente en concepto de alojamiento incluso a las que no dormían en los prostíbulos. Además, les restaba los “abonos”, una cantidad variable que él mismo decidía por la deuda del tráfico de mujeres; junto a las posibles multas y una tasa especial por salidas con clientes fuera del local (60 euros).

Estadillos con los que se controlaba la actividad sexual de las mujeres y sus ganancias en los clubes de Adán.

En los estadillos también aparecían las ventas de otros conceptos como “sábanas” desechables, “lubricante” o “preservativos”, pero no los ingresos obtenidos a través de otro delito por el que está imputado Adán, la venta de droga en los burdeles. La noche en que estalló la Operación Carioca, en los clubes había más de 12.000 euros y en el domicilio del jefe, 29.500. Esto es todo lo que pudo hallar en billetes la Guardia Civil, además de otros 79.950 euros que el líder guardaba en una caja de seguridad del BBVA, un dinero que se deposita sin necesidad de dejar constancia de la cifra. Según Aduanas, “mientras, en parte, la actividad de alterne y hostelería [es decir, las copas] estaría declarada a la Agencia Tributaria, la de prostitución no lo estaría”. Supuestamente, apunta la juez, solo los “pagos de clientes con Visa” que no eran especialmente celosos de su “anonimato”.

Todo este flujo de dinero Adán no lo ingresaba en sus cuentas bancarias, donde solo aparecían reflejados los pagos de los clientes que usaban tarjeta. Era, explica el auto, un río continuo de capital “no declarado fiscalmente” por un proxeneta que, según testigos del caso, decía ganar “unos 6.000 euros a la semana”. Lo suficiente para “llevar un elevado nivel de vida” y comprar nuevas propiedades en metálico sin necesidad de retirar efectivo de sus cuentas bancarias. Antes de su detención a finales de 2009, Adán planeaba ampliar su empresa: estaba negociando la adquisición de otro burdel cerca de Portugal, esta vez especializado en “mujeres rumanas y de Europa del Este”.

Un “régimen de auténtica esclavitud”

“Las mujeres trabajaban en régimen de auténtica esclavitud” después de llegar a España a través de aeropuertos como el de Barajas, donde supuestamente había un policía nacional compinchado. La mafia contaba con la participación de varios empleados de dos agencias de turismo de Goiana (Brasil) que se encargaban “de la revisión de la calidad de la mercancía“, describe la juez en referencia a las mujeres. “Allí supervisaban sus características físicas”, continúa en el último auto “como requisito previo para autorizar el viaje. Y les daban indicaciones para cruzar los controles fronterizos” como “turistas”. Uno de los contactos que gestionaban los viajes desde Brasil llegó a recibir 89.682 euros en 84 envíos de la red lucense.

El volumen de negocio reconocido por la firma que al final acabó creando el cerebro de la Carioca, Adán Sloga, SLU, distaba mucho de la realidad. A efectos de tributación por IVA e impuesto de sociedades, en 2008 declaró 128.807 euros y en 2009, 239.055. Pero la cantidad de ganancias en negro que los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera han podido acreditar que atesoró el temido proxeneta son más de 3,6 millones. La cifra es el resultado de la suma de sus inversiones en ladrillo y automóviles a lo largo de los años, del dinero incautado y del balance de “notas manuscritas en hojas, pedazos de papel, recibos o tiques” y las libretas contables con las que se controlaba a las mujeres, que no están completas ni son de todos los años. La titular del juzgado de Instrucción 1 de Lugo sospecha que la verdadera cantidad es muy superior.

Entre marzo y mayo de 2007, sin otros ingresos conocidos que los que le reportaba la prostitución y sin sacar nada del banco, Adán adquirió tres inmuebles por más de 200.000 euros y en marzo de 2009, otro piso, un trastero y una plaza de garaje. También compró 11 vehículos, y la juez señala que supuestamente prestó dinero contante y sonante a su fiel encargado, José Manuel Pulleiro, para comprar la vivienda, un Audi y un BMW. Oficialmente, según recoge el auto judicial, este empleado tenía una nómina de 799,55 euros.

 

LAS MUJERES APENAS SALÍAN DE LOS CLUBES “POR TEMOR A SER EXPULSADAS DE ESPAÑA”

“En caso de que las mujeres tuvieran el periodo menstrual, además de avisar, solo podían descansar de uno a tres días, en función de la decisión caprichosa del dueño o el encargado, e independientemente de la duración de sus menstruaciones, ya que en otro caso, tenían que abonar 43 euros aunque no trabajaran”, según describe la juez Pilar de Lara las leyes del burdel. En algunos casos, “eran obligadas a demostrar que tenían la regla” y si no acudían trabajar “también eran multadas”, sin “derecho a descansar”.

Las sanciones eran de “20, 30 y hasta 60 euros”, lo cual “condicionaba la voluntad de las mujeres a la hora de prostituirse”, a pesar de “estar enfermas o exhaustas”. Además, sigue la juez en el último auto, las chicas apenas salían “por temor a ser detenidas y expulsadas de España”, por lo que “el club disponía de servicio de venta de ropa y lavandería” y “algunos colaboradores de Adán también les vendían joyas”.

La Operación Carioca constituye la mayor investigación judicial contra las mafias de proxenetismo en España: en su conjunto suma 274 tomos y 36 solo de transcripciones de pinchazos telefónicos. Las personas que llegan imputadas al final de la instrucción, después de que la fiscalía exculpase a un buen número y prescribiesen los hechos para otros investigados, lo están por 25 tipos de delitos.

Entre los hechos que investiga la Carioca están el tráfico de personas con fines de explotación sexual, asociación ilícita, delitos contra los derechos de los trabajadores, narcotráfico, tenencia ilícita de armas, delitos de aborto no consentido, amenazas, extorsión, agresión y abuso sexual y lesiones. También otros referidos a los funcionarios como cohecho, tráfico de influencias, solicitud de favores sexuales por empleado público, prevaricación, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad documental y negociación prohibida. Un tercer grupo lo ocupan los delitos contra la hacienda pública y el blanqueo.

Por qué debe ser despenalizado el trabajo sexual

 

Preguntas y respuestas

 

7 de agosto de 2019

https://www.hrw.org/news/2019/08/07/why-sex-work-should-be-decriminalized

 

Human Rights Watch ha llevado a cabo investigaciones sobre el trabajo sexual en todo el mundo, incluídos Camboya, China, Tanzania, Estados Unidos y, más recientemente, Sudáfrica. La investigación, que incluye amplias consultas con trabajadoras sexuales y organizaciones que trabajan en el tema, ha dado forma a la política de Human Rights Watch sobre el trabajo sexual: Human Rights Watch apoya la despenalización total del trabajo sexual consensuado entre adultos.

 

¿Por qué la penalización del trabajo sexual es una cuestión de derechos humanos?

Penalizar el sexo adulto, voluntario y consensuado —incluido el intercambio comercial de servicios sexuales— es incompatible con el derecho humano a la autonomía personal y la privacidad. En resumen, un gobierno no debería decirles a los adultos que dan su consentimiento con quiénes pueden tener relaciones sexuales y en qué términos.

La penalización expone a las trabajadoras sexuales al abuso y la explotación por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, tales como los agentes de policía. Human Rights Watch ha documentado que, en entornos criminalizados, los agentes de policía hostigan a las trabajadoras sexuales, obtienen sobornos mediante extorsión y abusan física y verbalmente de las trabajadoras sexuales, o incluso las violan.

Human Rights Watch ha encontrado constantemente en investigaciones en varios países que la penalización hace que las trabajadoras sexuales sean más vulnerables a la violencia, incluida la violación, el asalto y el asesinato, por parte de atacantes que ven a las trabajadoras sexuales como objetivos fáciles porque están estigmatizadas y es poco probable que reciban ayuda de la policía. La penalización también puede obligar a las trabajadoras sexuales a trabajar en lugares inseguros para evitar a la policía.

La penalización socava constantemente la capacidad de las trabajadoras sexuales para buscar justicia por los delitos cometidos contra ellas. Las trabajadoras sexuales en Sudáfrica, por ejemplo, dijeron que no denunciaron robos a mano armada ni violaciones a la policía. Dijeron que tienen miedo de ser detenidas porque su trabajo es ilegal y que su experiencia con la policía es ser hostigadas o fichadas y detenidas, o que se rían de ellas o no las tomen en serio. Incluso cuando denuncian delitos, las trabajadoras sexuales pueden no estar dispuestas a testificar en el juzgado contra sus agresores y violadores por temor a sufrir sanciones o nuevos abusos debido a su trabajo y estatus.

ONUSIDA, expertos en salud pública, organizaciones de trabajadoras sexuales y otras organizaciones de derechos humanos han encontrado que la penalización del trabajo sexual también tiene un efecto negativo en el derecho a la salud de las trabajadoras sexuales. Por ejemplo, Human Rights Watch encontró en un informe de 2012, “Sex Workers at Risk: Condoms as Evidence of Prostitution in Four US Cities,” que la policía y los fiscales utilizaron la posesión de condones de una trabajadora sexual como evidencia para respaldar los cargos de prostitución. La práctica dejó a las trabajadoras sexuales reacias a llevar condones por temor a ser detenidas, forzándolas a tener relaciones sexuales sin protección y poniéndolas en mayor riesgo de contraer el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

La penalización también tiene un efecto negativo en otros derechos humanos. En los países que prohíben el trabajo sexual, es menos probable que las trabajadoras sexuales puedan organizarse como trabajadoras, defender sus derechos o trabajar juntas para apoyarse y protegerse entre ellas.

 

¿Cómo ayuda la despenalización del trabajo sexual a proteger a las trabajadoras sexuales?

La despenalización del trabajo sexual maximiza la protección legal de las trabajadoras sexuales y su capacidad para ejercer otros derechos clave, incluida la justicia y la atención médica. El reconocimiento legal de las trabajadoras sexuales y su ocupación maximiza su protección, dignidad e igualdad. Este es un paso importante para desestigmatizar el trabajo sexual.

 

¿Despenalizar el trabajo sexual fomenta otras violaciones de derechos humanos como la trata de personas y la explotación sexual de niños?

El trabajo sexual es el intercambio consensuado de sexo entre adultos. La trata de personas y la explotación sexual de niños son cuestiones separadas. Ambos son graves abusos y crímenes contra los derechos humanos y siempre deben investigarse y procesarse.

Las leyes que distinguen claramente entre el trabajo sexual y los delitos como la trata de personas y la explotación sexual de niños ayudan a proteger tanto a las trabajadoras sexuales como a las víctimas de delitos. Las trabajadoras sexuales pueden estar en condiciones de tener información importante sobre delitos como la trata de personas y la explotación sexual de niños, pero a menos que el trabajo que ellas mismas realizan no sea tratado como criminal, es poco probable que se sientan seguras al transmitir esta información a la policía.

 

¿Qué deben hacer los gobiernos?

Los gobiernos deberían despenalizar completamente el trabajo sexual y garantizar que las trabajadoras sexuales no sufran discriminación en la ley o en la práctica. También deben fortalecer los servicios para las trabajadoras sexuales y garantizar que tengan condiciones de trabajo seguras y acceso a prestaciones públicas y redes de seguridad social.

Además, cualquier regulación y control sobre las trabajadoras sexuales y sus actividades deben ser no discriminatorias y cumplir con las leyes internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, las restricciones que impidan que las personas involucradas en el trabajo sexual se organicen colectivamente o trabajen en un ambiente seguro, no son restricciones legítimas.

 

¿Por qué Human Rights Watch apoya la despenalización total en lugar del “modelo nórdico”?

El “modelo nórdico”, introducido por primera vez en Suecia, hace que comprar sexo sea ilegal, pero no procesa a la vendedora, la trabajadora sexual. Los defensores del modelo nórdico ven la “prostitución” como inherentemente perjudicial y forzada; apuntan a terminar con el trabajo sexual matando la demanda de sexo transaccional. El desacuerdo entre organizaciones que buscan la despenalización total del trabajo sexual y grupos que apoyan el modelo nórdico ha sido un tema polémico dentro de la comunidad de derechos de las mujeres en muchos países y en todo el mundo.

Human Rights Watch apoya la despenalización total en lugar del modelo nórdico porque la investigación muestra que la despenalización total es un enfoque más efectivo para proteger los derechos de las trabajadoras sexuales. Las mismas trabajadoras sexuales también suelen desear la despenalización total.

El modelo nórdico atrae a algunos políticos como un compromiso que les permite condenar a los compradores de sexo, pero no a las personas que ven como forzadas a vender sexo. Pero el modelo nórdico en realidad tiene un impacto devastador en las personas que venden sexo para ganarse la vida. Debido a que su objetivo es terminar con el trabajo sexual, a las trabajadoras sexuales les resulta más difícil encontrar lugares seguros para trabajar, sindicalizarse, trabajar juntas y apoyarse y protegerse mutuamente, abogar por sus derechos o incluso abrir una cuenta bancaria para sus negocios. Estigmatiza y margina a las trabajadoras sexuales y las deja vulnerables a la violencia y el abuso por parte de la policía, ya que su trabajo y sus clientes siguen siendo criminalizados.

 

¿No es el trabajo sexual una forma de violencia sexual?

No. Cuando una persona adulta toma la decisión por su libre voluntad de intercambiar sexo por dinero, eso no es violencia sexual.

Cuando una trabajadora sexual es víctima de un delito, incluida la violencia sexual, la policía debe investigar de inmediato y remitir a los sospechosos para su enjuiciamiento. Cuando una persona intercambia sexo por dinero como resultado de la coerción —por ejemplo por un proxeneta— o experimenta violencia de un proxeneta o un cliente, o es víctima de trata, estos son delitos graves. La policía debe puntualmente investigar y remitir el caso para su enjuiciamiento.

Las trabajadoras sexuales a menudo están expuestas a altos niveles de violencia y otros abusos o daños, pero esto generalmente se debe a que trabajan en un entorno criminalizado. Las investigaciones de Human Rights Watch y otros indican que la despenalización puede ayudar a reducir la delincuencia, incluida la violencia sexual, contra las trabajadoras sexuales.

 

Además de despenalizar el trabajo sexual, ¿qué otras políticas apoya Human Rights Watch con respecto a los derechos de las trabajadoras sexuales?

Las personas dedicadas al trabajo sexual voluntario pueden provenir de entornos de pobreza o marginación y enfrentan discriminación y desigualdad, incluso en su acceso al mercado laboral. Con esto en mente, Human Rights Watch apoya medidas para mejorar la situación de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, incluida la investigación y el acceso a la educación, el apoyo financiero, la capacitación y colocación laboral, los servicios sociales y la información. Human Rights Watch también alienta los esfuerzos para abordar la discriminación basada en el género, la orientación sexual, la identidad de género, la raza, el origen étnico o el estado migratorio que afecta a las trabajadoras sexuales.

 

Trabajo de investigación de Human Rights Watch que documenta el abuso contra las trabajadoras sexuales:

—Por qué hemos presentado una demanda contra una ley federal de EE. UU. contra las trabajadores sexuales, junio de 2018

Why We’ve Filed a Lawsuit Against a US Federal Law Targeting Sex Workers, June 2018

—Grecia: la policía abusa de las personas marginadas: va a por las personas sin hogar, usuarios de drogas y trabajadoras sexuales en Atenas, marzo de 2015

Greece: Police Abusing Marginalized People: Target the Homeless, Drug Users, Sex Workers in Athens, March 2015

—”Tengo miedo de ser mujer”: abusos contra los derechos humanos de las personas transgénero en Malasia, septiembre de 2014

“I’m Scared to Be a Woman”: Human Rights Abuses Against Transgender People in Malaysia, September 2014

—En la senda del daño: Respuesta estatal a las trabajadoras sexuales, usuarios de drogas y VIH en Nueva Orleans, diciembre de 2013

In Harm’s Way: State Response to Sex Workers, Drug Users and HIV in New Orleans,December 2013

—“Barrido”: abusos contra las trabajadoras sexuales en China, mayo de 2013

“Swept Away”: Abuses Against Sex Workers in China, May 2013

—“Tratadnos como seres humanos”: discriminación contra las trabajadoras sexuales, las minorías sexuales y de género y las personas que usan drogas en Tanzania, junio de 2013

“Treat Us Like Human Beings”: Discrimination against Sex Workers, Sexual and Gender Minorities, and People Who Use Drugs in Tanzania, June 2013

—Fuera de las calles: detención arbitraria y otros abusos contra trabajadoras sexuales en Camboya, julio de 2010

Off the Streets: Arbitrary Detention and Other Abuses against Sex Workers in Cambodia,July 2010

—Trabajadoras sexuales en riesgo: los condones como evidencia de prostitución en cuatro ciudades de EE. UU., Julio de 2012

Sex Workers at Risk: Condoms as Evidence of Prostitution in Four US Cities, July 2012

¿Existe la “prostitución forzada”?

 

El Código Penal tipifica lo que se ha venido a llamar “prostitución coactiva” o “prostitución forzada”, en los siguientes términos:

  1. El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.

Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma.

(…)

3. Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin     perjuicio de las que correspondan por las agresiones o abusos         sexuales cometidos sobre la persona prostituida.

 

Pero, en realidad, “prostitución” y “coacción” son términos contradictorios. No existe la “prostitución forzada” porque prostitución es sexo consensuado entre adultos, es decir, libertad sexual, según ha definido (1) claramente el Tribunal Supremo.

El párrafo 3 da a entender que la persona que ha sido forzada mediante violencia, intimidación, etc, a ejercer la prostitución, es decir, a tener relaciones sexuales, no ha sido sometida a agresión o abuso sexual, sino que ese sexo no consentido es inherente a la condición de “persona prostituída” y no es violación.

Tipificar la “prostitución coactiva” como un delito distinto al de violación es decir que la violación de las prostitutas no es igual que la violación de las demás mujeres y se castiga con una pena menor: es negar el derecho a la libertad sexual de todas las mujeres sin excepción. Por eso, el art. 187 del Código Penal debe ser suprimido en el marco de la despenalización total del trabajo sexual (2).

Y también porque castigar a “quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma” (ibid.) es violar la libertad de empresa y el derecho al trabajo (art. 38 y 35 de la Constitución) de las prostitutas.

No es delito lucrarse explotando el trabajo de otras personas: eso es el sistema capitalista en el que estamos. Lo que está penalizado, mediante las leyes laborales que defienden los derechos laborales, es el lucro abusivo. El art. 187 del C.P. bloquea el acceso de las trabajadoras sexuales a esos derechos laborales, respaldando de esa forma el lucro abusivo.

La supresión de este artículo (numerado entonces como art. 188.1) fue propugnada (3) ya hace años por un numeroso grupo de jueces y profesores de derecho en un manifiesto que hicieron a favor de la despenalización y la regulación laboral del trabajo sexual.


1.- Véase el Fundamento de Derecho 10 de la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2002:

«la imposición violenta del acto carnal a una persona que ejerce la prostitución constituye el delito de violación […] ya que la persona afectada, con independencia del modo que vive su sexualidad, conserva la autonomía de su voluntad en orden a disponer libremente de su cuerpo y de la sexualidad que le es propia […] a pesar de que haya existido un acuerdo previo para mantener relaciones sexuales, es indudable que la víctima mantiene el derecho a poner límites a sus prestaciones (o a negarlas, en atención al comportamiento de la otra parte) dado que –resulta redundante decirlo- en el acuerdo no enajena su condición de persona y, por ello, el autor no puede tratarla como un objeto».

(…)“Doctrina que constituye una ineludible consecuencia de la definición del bien jurídico protegido como libertad sexual, es decir una parcela básica de la libertad individual, lo que impone tutelar la autodeterminación sexual de todos los individuos en cada momento, sin que resulte aceptable, a efectos de tutela penal, transformar esta libertad en un valor meramente patrimonial, aun cuando el sujeto previamente, en uso de su libertad, haya comerciado con su sexualidad.”

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=3149611&links=&optimize=20030912&publicinterface=true

 

2.- ¿Qué significa en España “despenalización total” del trabajo sexual?

https://elestantedelaciti.wordpress.com/2019/03/08/que-significa-en-espana-despenalizacion-total-del-trabajo-sexual/

 

3.- “Resulta criticable el contenido del art. 188.1 del Código Penal, procedente de la reforma de 2003, que sanciona la obtención de lucro por la explotación de otra persona aun con su consentimiento. La ambigüedad del término explotación permite, tanto una interpretación restrictiva reducida a situaciones de abuso, como su interpretación en clave represiva y contraria al proceso de legalización de la prostitución. Por ello, en aras de la seguridad jurídica, resulta aconsejable su supresión. Y si lo que se pretende prevenir es la obtención de un lucro excesivo o la imposición de condiciones abusivas de trabajo, para ello están ya los tipos penales de protección de los derechos de los trabajadores. Así mismo, deben eliminarse de otros sectores del ordenamiento todos aquellos preceptos que imponen sanciones o privaciones de derechos a las personas que ejercen la prostitución.”

https://elestantedelaciti.wordpress.com/2016/12/27/manifiesto-a-favor-y-propuesta-de-regulacion-del-trabajo-sexual-en-espana/

 

 

 

 

 

 

Los infames asilos de Magdalena

 

 

AGENCIAS

27 de agosto de 2019

https://www.nvinoticias.com/nota/124209/los-infames-asilos-de-magdalena

 

La tradición en torno a María Magdalena no está muy bien sustentada por la información bíblica. Sin embargo, su imagen como prostituta arrepentida que alcanzó la salvación al seguir a Jesús le valió que las damas “irreverentes” la convirtieran en santa patrona de los sitios a donde acudían para alcanzar la redención. Desde la Edad Media, por toda Europa, era posible encontrar estos “centros penitenciarios” que contaban con total respaldo de la Iglesia Católica.

Y es que la noción del pecado inherente a la mujer, así como la necesidad de expiar los comportamientos indebidos, apalancaron estos actos de penitencia extrema. Es importante aclarar que estos lugares, muchas veces anexos a los conventos, servían de refugio a mujeres que buscaban protección, ya fuera contra el acoso sexual o matrimonios no deseados. Sin embargo, acudir a uno de estos sitios implicaba el compromiso de quedarse definitivamente.

Prostitución en la Revolución Industrial

En los albores del siglo XVIII, con el apogeo de la Revolución Industrial, el incremento en el número de hijos ilegítimos y la proliferación de la prostitución se convirtieron en alarma pública para los habitantes del Reino Unido. La prostitución en calles y burdeles era desenfrenada, pero las mujeres que trabajaban como sirvientas o cocineras a menudo enfrentaban abuso sexual de sus patrones y embarazos no deseados.

El fenómeno llevó a que reformadores sociales de la época propusieran la apertura de “casas” especiales destinadas a reformar a las mujeres que ejercían la prostitución por decisión propia, y las “mujeres caídas”. Organizaciones evangelistas, como la Society for the Suppression of Vice, ejercieron presión para que se clausuraran burdeles y fortalecieran las leyes contra la prostitución.

El origen de los asilos de Magdalena

Como resultado de esta cruzada contra la prostitución, las mujeres que ejercían el oficio fueron reubicadas en refugios que, en honor a María Magdalena, llamaron “asilos de Magdalena”. A finales del siglo XIX, asilos de esta clase ya proliferaban por todas partes, incluso en otros continentes. Algunas estimaciones realizadas en 1900 señalan que, tan sólo en Reino Unido, existían 300 asilos de Magdalena que daban albergue a unas 6,000 mujeres cada año.

Se suponía que las casas de Magdalena fungían como alternativa a la prisión o situación de pobreza que a menudo debían soportar las mujeres que ejercían la prostitución; sin embargo, a nadie le quedaba duda de que fueran prisiones por derecho propio. Supuestamente, la estancia en estas casas era voluntaria, pero el hecho de que las mujeres vivieran permanentemente encerradas y que la policía regresara a cualquiera que pretendía huir, mostraban lo opuesto.

Cumplir la penitencia en estas casas implicaba someterse a diversas formas de “redención”: visitas estrictamente supervisadas, portar batas de la institución, pasar hambre, cabezas rapadas e incluso la flagelación. Además, la fuerza de trabajo de las mujeres se aprovechaba lavanderías y todo el dinero iba a las agencias sociales o religiosas que administraban los albergues.

Limpiar pecados de Magdalena

También sufrían un profundo adoctrinamiento religioso, enfocado principalmente en los pecados a los que se consideraban susceptibles. En aquellas regiones donde la Iglesia tenía gran poder, los asilos de Magdalena rápidamente quedaron bajo su control.

A medida que los asilos se iban transformando en cárceles, sobre todo aquellos a cargo de órdenes religiosas, las mujeres se desanimaban a irse y llegaron a permanecer recluidas durante décadas. Al interior de estos asilos la vida no era nada fácil. Las mujeres debían guardar silencio todo el tiempo y dirigirse a todas las monjas como “madre”, independientemente de la edad.

Las extensas jornadas laborales como lavanderas no les rendían ganancia alguna.Y es que el trabajo no sólo se veía como el principal sustento para los asilos de Magdalena, sino que se hizo creer a las “penitentes” que trabajando limpiarían sus pecados.

Aunque los asilos se concibieron originalmente para reformar a mujeres dedicadas a la prostitución, con el paso del tiempo los requisitos de admisión se hicieron más flexibles.Los líderes comunitarios y párrocos en las ciudades remitían a estos sitios a las madres solteras, niñas con padecimientos mentales o discapacidades físicas e incluso a las víctimas de abuso.

Era muy común que los bebés de las mujeres embarazadas que llegaban a las casas de Magdalena se entregaran para adopción en otros países, incluso sin consentimiento de la madre. Sin el respaldo de sus familias, muchas se veían obligadas a quedarse en los asilos para toda su vida.

El escándalo de Magdalena en Irlanda

Aunque el sistema que se implementó en Irlanda es uno de los más famosos en la actualidad por las acusaciones de abuso sistemático, estas prácticas no eran exclusivas de este país. Cuando los irlandeses atravesaron la triste hambruna de papas, el número de huérfanos en orfanatos se disparó y el tejido social quedó severamente roto. Los asilos de Magdalena fungieron como lugares ideales para reubicar a las jóvenes “problemáticas”.

El escándalo en torno a los asilos de Magdalena en Irlanda estalló en 1993, cuando un convento en Dublín vendió parte de su propiedad a un desarrollo inmobiliario.

En el terreno adquirido por la constructora se desenterraron 133 cuerpos de antiguas reclusas que fueron sepultadas en tumbas sin ningún tipo de identificación. Aunque es difícil estimar la cantidad de personas que fueron sepultadas de forma anónima en asilos de esta clase, cuando las antiguas “penitentes” empezaron a relatar lo que habían sufrido en estos lugares, las historias fueron suficientes para ponerles un alto.

Los relatos

Entre los relatos, antiguas reclusas señalaron que las enviaron a estos asilos por la simple sospecha de actividad sexual. Les cambiaban el nombre y las obligaban a realizar extensas jornadas laborales en las lavanderías. Mientras lavaban ropa, debían hacer oración en voz alta solicitando perdón por sus pecados.

Sex in a Cold Climate(1998) fue el primer documental irlandés que abordó el tema. En el Reino Unido generó un gran alboroto, pero en Irlanda ni se enteraron pues la Iglesia no permitió su difusión.

 

Detenido por violar a una joven que ejerce la prostitución en un club de alterne logroñés

 

La víctima fue agredida en la cabeza, tronco y extremidades, lo que le provocó, entre otras lesiones, la rotura de la mandíbula.

 

Publicado el 16 de Agosto de 2019

EL INDEPENDIENTEredaccion@elindependiente.com

https://www.elindependiente.com/sociedad/2019/08/16/detenido-violar-joven-ejerce-prostitucion-club-alterne-logrones/

Y en Europa Press:

https://m.europapress.es/la-rioja/noticia-detenido-agredir-sexualmente-lesionar-joven-ejerce-prostitucion-club-alterne-logrono-20190816113708.html

 

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor de una agresión sexual, y lesiones, a una joven que ejerce la prostitución en un club de alterne de Logroño. En el momento de la detención, el autor, un hombre de 51 años, presentaba erosiones compatibles con el ataque ejercido sobre la víctima.

Tal y como ha informado la Policía Nacional, el 3 agosto, el presunto agresor acudió a un club de Logroño, “con intención de demandar los servicios de una prostituta”.

“Tras acordar con la víctima un servicio sexual previo pago pactado, y ante la negativa de ésta a determinadas prácticas sexuales, la agredió sexualmente y, posteriormente, le dio una brutal paliza”. La agresión, en cabeza, tronco y extremidades, le provocó, entre otras lesiones, la rotura de la mandíbula. El presunto autor abandonó el lugar como si no hubiera pasado nada

Según relató la víctima en dependencias policiales, el denunciado la obligó, mediante el uso de la fuerza, a mantener relaciones sexuales no deseadas, a pesar de que ésta le manifestó su negativa a un servicio sexual concreto demandado por éste. La mujer intentó, sin éxito, zafarse del agresor, que le sometió en contra de su voluntad a tales prácticas e, inmediatamente después, la tendió en la cama y la propinó una brutal paliza en todo el cuerpo, a base de puñetazos, en rostro y cuerpo, tal y como publica Europa Press.

Por fin, consiguió encerrarse en el baño de la habitación completamente ensangrentada. Tras los hechos, y una vez que el agresor había abandonado el local, “la víctima relató lo acontecido al responsable del local, quien le aconsejó denunciar los hechos, si bien su estado de aturdimiento se lo impidió en un primer momento”, siguiendo esta misma fuente.

Así, “no fue hasta transcurridas más de 48 horas, cuando la joven se encontraba deambulando por la vía pública, todavía aturdida por los traumatismos sufridos por la agresión, cuando solicitó ayuda a una patrulla policial, narrando parte de lo ocurrido y activándose seguidamente los protocolos establecidos por Policía Nacional ante delitos de naturaleza sexual”.

La Unidad de Familia y Mujer de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja se hizo cargo inmediatamente, una vez activado el protocolo policial, iniciando la investigación de los hechos y la práctica de las diligencias policiales que se fueron llevando a cabo desde ese momento.

La víctima, en su declaración ante los investigadores, aportó de su agresor solamente su descripción física pues se trataba de un desconocido con el que nunca antes había mantenido relaciones de ningún tipo.

Los investigadores de la UFAM aportaron a las unidades policiales de la Brigada de Seguridad Ciudadana en servicio las 24 horas y sobre todo a las de noche, la descripción física de esta persona al objeto de que establecieran un dispositivo de identificación y localización del autor de los hechos.

Se centraron en las zonas donde se encuentran este tipo de establecimientos, presumiendo que el autor de los hechos podría personarse de nuevo en alguno de ellos, hasta que varias dotaciones localizaron a una persona que se correspondía con la descripción.

Una vez identificada, aportaron los datos a los investigadores, los cuales realizaron las diligencias oportunas de las que, como resultado, esta persona resultó reconocida por la víctima así como por los trabajadores del local donde sucedieron los hechos, siendo inmediatamente detenido, el 8 de agosto, y puesto a disposición judicial.

En el momento de la detención, el autor presentaba erosiones en sus nudillos, propias del ataque desproporcionado y violento ejercido sobre la víctima. El hombre de nacionalidad española y de 51 años de edad, carece de antecedentes policiales y es residente en La Rioja.

 

La mafia policial de Palma amenazaba a prostitutas que se negaban a tener sexo con los agentes

El sumario revela, además, que vertían sustancias en las copas de las profesionales del sexo para que estuvieran más cariñosas

 

Por ESTHER BALLESTEROS

31 de mayo de 2017

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/mafia-policial-palma-amenazaba-prostitutas_74179_102.html5 min

 

“¿Tienes tetas? Luego enseñas las tetas o, si no, a la calle”. Es una de las advertencias que recibían las prostitutas que acudían a una de las macrodiscotecas del empresario del ocio Bartolomé Cursach si se negaban a mantener relaciones sexuales con los numerosos policías locales que frecuentaban la sala vip del local y que, a cambio, protegían al considerado rey de la noche mallorquina.

Así lo han revelado varios extrabajadores del establecimiento nocturno ubicado en el paseo Marítimo de Palma Tito’s, a cuyas declaraciones ha tenido acceso Crónica Global. Todos ellos han comparecido como testigos protegidos ante el juez que investiga la trama urdida en el seno de la Policía Local de la capital balear con la connivencia de altos cargos políticos que también se habrían visto beneficiados de la misma.

“Clientes especialmente tratados”

Uno de los declarantes fue tajante ante el magistrado. Según puso de manifiesto, durante los años en que estuvo trabajando en la zona vip de la discoteca “sólo había como clientes especialmente tratados” un grupo de policías locales a quienes, por orden de los responsables del establecimiento, debía servir las consumiciones alcohólicas que desearan sin cobrar nada.

A medida que avanzaba la noche, relató el testigo, los agentes comenzaban a disfrutar de la compañía de prostitutas que llevaban los dueños de Tito’s y quienes “tenían las instrucciones de no cobrar los servicios a los policías en el sentido de que quien pagaba era el Grupo Cursach”.

No sólo eso. Según explicó ante los investigadores, se percató —y eso fue lo que más influyó para que decidiese comparecer ante el juez— de que en numerosas ocasiones la actuación de las prostitutas, bailarinas y camareras no era voluntaria, sino que cuando alguna de ellas se mostraba reacia a consumir y a mantener relaciones sexuales con los agentes, éstos “vertían en las copas sustancias” que “provocaban en las chicas una especial euforia”. “Se volvían más cariñosas”.

Temor a denunciar

El exempleado no dudó en advertir a las trabajadoras de que “tuvieran cuidado con lo que les metían en las copas”, a lo que aquellas respondían que no estaban en situación de poder denunciarles, principalmente “por temor a los jefes y, en definitiva, a Cursach”. “Todos en la discoteca sabían que contradecir o denunciar a los jefes era muy peligroso”, recordó el testigo.

Según presenció, todas las chicas que se negaban a hacer lo que les exigían los jefes “eran automáticamente despedidas” y, tal y como sabe a través de ellas, “nunca volvieron a encontrar trabajo en la isla y tuvieron que marcharse fuera”.

El extrabajador llegó a recordar el “lamentable estado” en el que varios de los efectivos policiales accedían a la discoteca: “Ya iban pasadísimos”, manifestó, aseverando que llegaron a arrojarle varias de las consumiciones a la cara: “Además de cotillones e incluso alguno llegó a darme empujones y golpes sólo para divertirse”.

Fiestas reservadas a los policías

Otro de los testigos, excamarero de Tito’s, explicó cómo a los policías locales no sólo se les dispensaba un trato de favor sino que en la zona vip “se les preparaban fiestas reservadas para ellos”.

Tanto Cursach como su mano derecha se encuentran en prisión desde el pasado marzo. El juez les imputa más de 15 delitos. Las prácticas ilícitas que se le atribuyen al promotor le habrían servido para mantenerse en la cúspide del ocio nocturno y rodearse de una amplia red de informadores que le han permitido asediar y extorsionar a quienes pudieran ejercer la competencia a sus negocios.

 

Deseo y consentimiento no siempre coinciden

 

Cuando se viola a una mujer no se viola su deseo, se viola su voluntad. A esa voluntad la denominamos con palabras como consentimiento, acuerdo o decisión, y se expresa cuando decimos “no” y cuando decimos “sí”

 

Clara Serra

 

Desnudo. Javier Sampedro

 

23 de Julio de 2018

https://ctxt.es/es/20180718/Firmas/20900/Clara-Serra-tribuna-feminismo-consentimiento-violencia-machista.htm

 

En estos tiempos en los que el movimiento feminista ha puesto tanto esfuerzo en hacer visibles las múltiples formas en las que se da la violencia machista, en estos tiempos en los que la Justicia ha demostrado en notables ocasiones no estar a la altura de esa exigencia, ha llegado –por fin– el momento de hablar de la libertad sexual de las mujeres. En los parlamentos, en los medios, en las redes y en las conversaciones cotidianas hacemos reflexiones y tenemos debates acerca de una forma de violencia contra las mujeres, la violencia sexual, que ha permanecido especialmente escondida en nuestra sociedad, nuestras instituciones y nuestras prácticas durante décadas y siglos. Estos días, por eso, hablamos de lo que nunca se hablaba, hablamos de consentimiento y hablamos de deseo, hablamos de sexo consentido y hablamos de sexo deseado. Pero ¿son la misma cosa? Y, si no es así ¿qué relación hay entra ambas?

Para reivindicar nuestra libertad sexual tenemos que enfrentar el hecho de que históricamente nuestro deseo haya sido acallado, desoído, ignorado e invisibilizado por un omnipresente y hegemónico deseo masculino que todo lo ocupa. Y no solo eso: el deseo de las mujeres ha sido especialmente penalizado, censurado y estigmatizado por una sociedad machista y puritana que ha querido hacer sentir a las mujeres culpables por sus deseos, tan complejos e insondables como los deseos de los hombres y, por supuesto, tan respetables como estos. Debemos aún reivindicar margen para que las mujeres imaginen y fantaseen fuera de los tradicionales estereotipos masculinos y, por supuesto, sin culpas ni castigos sociales. Pero eso no quiere decir que tenga que ser el deseo o el “sexo deseado” el criterio fundamental con el que distinguimos lo que es una violación de lo que no lo es. Reivindicar el deseo no supone ir más allá del consentimiento. No debería. Deberíamos conservar ambas cosas y, de hecho, conservar la posibilidad de distinguirlas, de que no coincidan entre sí o, incluso, de que se opongan. Porque el patriarcado ha anulado y censurado los deseos de las mujeres, pero también –incluso diría que prioritariamente– ha anulado la voluntad de las mujeres.

Una mujer puede decir “sí” al sexo y no desearlo sin que eso sea una agresión sexual. Si todo sexo no deseado (incluyendo el trabajo sexual pero no solo) fuera una violación, estaríamos no reconociendo a las mujeres la posibilidad de tomar decisiones a pesar de sus deseos o incluso contra ellos. Tratar a las mujeres como libres y mayores de edad implica entender que son capaces de decidir, allí donde decidir puede significar oponerse a muchas fuerzas o inercias: las costumbres sociales, los mandatos del padre o, incluso, los propios deseos. El deseo no se elige ni es fruto de nuestra decisión y nuestra voluntad, una voluntad que, precisamente por eso, puede oponerse a él.

Igualmente, una mujer puede decir “no” al sexo aunque lo desee y sí deberíamos llamar a eso, siempre y en cualquier caso, violación. Si no hacemos esto, se abren peligrosos caminos para dirimir lo que es una agresión sexual o para medir la gravedad de las mismas, caminos ya tanteados por jueces y abogados que han pretendido probar que una mujer fue más o menos violada según cómo su cuerpo reaccionó. Ese no es el camino. ¿Es que acaso, si se comprobara que una mujer, después de decir “no”, o de no dar su consentimiento, conectó en algún sentido con su deseo, dejaría de ser una violación en toda regla? Nada que tenga que ver con los deseos relativiza la gravedad de una violación y, mucho menos, hace a las mujeres corresponsables de ella. La culpa de las violaciones no es del tamaño de la falda, no es de las horas a las que volvemos a casa y tampoco es, en ningún caso, de los deseos de las mujeres. Es solo y exclusivamente de los violadores.

Cuando se viola a una mujer no se viola su deseo, se viola su voluntad. A esa voluntad la denominamos con palabras como consentimiento, acuerdo o decisión, y se expresa cuando decimos “no” y cuando decimos “sí” –con independencia de que quede pendiente un debate sobre cómo de expreso deba ser ese o de qué maneras pueda ser expresado–. Eso es lo que estamos pidiendo que sea absolutamente respetado. No queremos que se penalice o invisibilice nuestro deseo, pero tampoco queremos que se nos convierta en objetos pasivos de nuestros deseos sino en ciudadanas libres y mayores de edad, es decir, en sujetos activos con voluntad y decisión.

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Clara Serra es diputada por Podemos en Madrid y autora de Leonas y zorras (Catarata).