MANIFIESTO 17 DE DICIEMBRE – DÍA INTERNACIONAL POR EL CESE DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS TRABAJADORAS SEXUALES

 

Convoca Grupo de trabajo sexual de (N)O.M.A.D.A.S – Oficina de Migración y Atención a la Diversidad Afectivo-Sexual

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnan44SQUvJNco654BvmavdBsVJP1Nbui6CW2BIZJvMqmniw/viewform?fbclid=IwAR2kANiszzzgQVT1xdqe0ySUSjGJc-c6VjhE8s-EqCFEmd_wLXrCfFg8SD0

 

Desde el 2003 se reconoce el 17 de Diciembre como el día internacional de lucha contra la violencia específica que viven las personas que ejercen el trabajo sexual. Originalmente este día se dedicó a la memoria de las víctimas del asesino en serie Gary Ridgway, condenado por asesinar a 49 mujeres (después confesó que habían sido 71), en su gran mayoría prostitutas de calle y mujeres en situación vulnerable. Nosotras queremos recuperar este día para recordar las violencias que se continúan ejerciendo contra las sexotrabajadoras y sus comunidades, que permiten y producen una vulnerabilidad que consideramos intolerable. Como trabajadoras sexuales y como parte de sus comunidades afectivas, políticas, vecinales y familiares, reivindicamos este día para identificar la violencia institucional que sostiene y alimenta a su vez violencias cotidianas, a menudo devastadoras. Todas las personas nos merecemos una vida sin violencia. Sin embargo, la misma idea de qué es la violencia contra nosotras viene dada a través de políticas institucionales, que no velan por nuestros derechos y que desconocen nuestra realidad. Es por eso que hemos decidido recordar a nuestras clases gobernantes y a la población en general que no queremos tener que morir para que se identifique un hecho como violencia. Observamos que los organismos de gobierno, los cuerpos de seguridad del estado, los medios de comunicación, la institución sanitaria, ciertos sectores de los servicios sociales e incluso algunos colectivos aparentemente “afines”, integran prácticas discriminatorias constantes y casi protocolarias que supone un agravante en nuestra situación. Por otra parte, denunciamos las actitudes y acciones violentas de personas y grupos que, llevadas por el odio hacia nosotras, nos agreden, acusan, estigmatizan, degradan, violentan, insultan, boicotean e inhabilitan, impidiendo el ejercicio de nuestros derechos humanos fundamentales. Es por esto que hemos decidido definir nosotras mismas en qué consiste la violencia específica contra las trabajadoras sexuales, reivindicando nuestro derecho a la autodeterminación. Esperamos que definir más claramente lo que vivimos como violencias nos ayude a nosotras y a nuestro entorno a acabar con ellas. Nada sobre nosotras sin nosotras.

– Equiparar trata a prostitución, favoreciendo la confusión social y legal hacia estas realidades tan diferentes, ES VIOLENCIA.

– La imposición institucional del concepto de Mujeres Prostituídas, que equipara la prostitución a la trata, que le quita agencia política a las mujeres que ejercen el trabajo sexual y que promueve la política del miedo ES VIOLENCIA.

– Denominar cualquier tipo de trabajo o intercambio económico vinculado a la sexualidad como “violencia de género” ES VIOLENCIA.

– La desregularización de los precios abusivos en el espacio de trabajo (como por ejemplo un club que te cobra 5€ por una botella de agua), así como la llamada “tasa puta”, donde los precios son inflados para producir un mayor beneficio al empresario y fomentar la dependencia de la trabajadora ES VIOLENCIA.

– La falta de inspecciones en los clubes y pisos para prevenir la explotación laboral (privación del sueño, multas, imposición de horarios y tareas que no corresponden a las personas que utilizan las instalaciones, los chantajes, la privación de libertad, imposición de servicios, privación del derecho sindical u organizativo, desplazamientos forzosos, aislamiento físico o emocional, falsa información legal y laboral, aborto coercitivo y/o monitorización de la propia sexualidad y bloqueo a los derechos reproductivos, control de las finanzas), ES VIOLENCIA.

– No poder cotizar ni beneficiarte de ningún derecho adquirido por tu actividad laboral ES VIOLENCIA.

– No poder publicitarte o que las vías de publicidad estén fuera del reglamento fiscal general ES VIOLENCIA.

– La”uberización del trabajo”, o el fomento indiscriminado de la figura del autónomo, que encubre al empresariado y vulnera los derechos fundamentales de las y los trabajadores ES VIOLENCIA.

– No dar una alternativa laboral al trabajo sexual que no esté precarizada para quienes quieran abandonar este trabajo ES VIOLENCIA.

– La precarización, la desvalorización y la desprotección legal de los trabajos feminizados como los trabajos de cuidados y los trabajos sexuales ES VIOLENCIA.

– El abandono de las personas trans* en el mundo de lo laboral, produciendo la vinculación histórica de trabajo sexual por supervivencia y supervivencia trans*, ES VIOLENCIA.

– La situación de pobreza y discriminación laboral que viven las personas que les lleva a vivir la prostitución por supervivencia o de una manera no deseada ES VIOLENCIA.

– Que declarase víctima de trata sea requisito indispensable para recibir protección, prestaciones o para conservar la unidad familiar ES VIOLENCIA.

– La idea de “grupo de riesgo” como concepto estigmatizante que predispone unas prácticas sanitarias discriminatorias ES VIOLENCIA.

– Que el estigma que vivimos dificulte recibir un buen trato en cuestiones sanitarias y que esto se agrave en el caso de las mujeres y hombres migrantes que ejercen la prostitución, no garantizando plenamente la cobertura sanitaria ES VIOLENCIA.

– No poder disponer del espacio público para hablar y acordar las condiciones, tarifas y límites de tus servicios con tranquilidad y seguridad como si lo pueden hacer otros profesionales ES VIOLENCIA.

– Que los programas institucionales sólo estén centrados en que se “abandone” el trabajo sexual y nunca en luchar contra las violencias físicas y estructurales que viven las personas que ejercen la prostitución durante el tiempo que lo ejerzan ES VIOLENCIA.

– Que las propuestas institucionales enfocadas a la mejora de la vida de las todas personas excluyan sistemáticamente la realidad cotidiana de la ciudadanía que ejerce la prostitución, fomentando una sociedad que ignora estas vidas y que favorece el oscurantismo alrededor de su realidad ES VIOLENCIA.

– La criminalización de las comunidades de apoyo de las mujeres y hombres que ejercen la prostitución, que “proxenetizan” a todo el mundo que brinde ayuda o confort hacia estas personas, en el espacio de trabajo o en el de la vida, fomentando una segregación social hacia ellas ES VIOLENCIA.

– La falta de resarcimiento por vía judicial en actividades regulares del trabajo sexual ES VIOLENCIA. Por ejemplo, cuando en el transcurso del servicio el cliente vulnera los derechos fundamentales de las trabajadoras y no se repara el daño por parte de las instituciones pertinentes, colocando a estas mujeres en una situación de vulnerabilidad judicial y laboral. Todas las personas deberían poder denunciar un crimen con la confianza que se supone de un Estado de derecho.

– La falta de recursos para resarcir y atender a las víctimas de trata ES VIOLENCIA.

– Que los asesinatos a mujeres trabajadoras del sexo a manos de hombres (clientes, empresarios del sexo o ciudadanos llevados por el odio a las prostitutas) no se considere violencia de género ES VIOLENCIA, Y DE GÉNERO.

– Las prácticas normalizadas machistas que se dan en relaciones de intimidad y que se desplazan a las exigencias en el espacio de trabajo (como los regateos, el no querer usar condón /o querer pagar menos si se usa protección, etc) ES VIOLENCIA.

– La instrumentalización de la trata como forma de control migratorio ES VIOLENCIA RACISTA Y el número ridículo de asilos concedidos a víctimas de trata* TAMBIÉN LO ES.

– Que lo que debería ser la lucha contra la explotación sexual se convierte en un lucrativo negocio para los estados y las empresas privadas que encarnan la industria del rescate ES VIOLENCIA.

– Que en el ejercicio de la lucha contra la trata se ignoren las irregularidades y muy a menudo abusos de los clubs o pisos y se centren únicamente en las trabajadoras y trabajadores en situación irregular ES VIOLENCIA.
Invisibilizar las realidades de trata de personas y de esclavitud laboral en otros sectores de la economía como es la agricultura, el textil o el trabajo doméstico ES VIOLENCIA.

– La falta de responsabilidad para con las víctimas de trata (en cualquier sector), así como de la explotación laboral (en cualquier sector) a la hora de reparar y compensar los daños físicos y psicológicos sin tener en cuenta las demandas y las necesidades (a menudo de vida o muerte) de las personas afectadas ES VIOLENCIA.

– Que las redadas se conviertan en “estados de excepción” donde se vulneran todos los derechos fundamentales de las personas por tratarse de una actuación policial contundente ES VIOLENCIA. Ninguna violencia o abuso contra las mujeres y hombres que ejercen la prostitución, en ninguna situación, es aceptable.

– Que se excluya del imaginario y de las políticas públicas la realidad de los hombres que ejercen la prostitución, posicionándoles en un lugar siempre de “proxenetas”, cuando la realidad de la industria del sexo incluye mujeres empresarias y hombres trabajadores ES VIOLENCIA.

– Que se excluya del imaginario colectivo y de las políticas públicas la realidad de las mujeres que demandan un servicio sexual o que forman parte del empresariado de la industria del sexo, así como los hombres que ofrecen tales servicios y los clientes respetuosos con las sexotrabajadoras ES VIOLENCIA.

– Que las plataformas web de pago y sus políticas excluyan sistemáticamente el trabajo sexual como una fuente de ingresos válida, endureciendo aún más nuestras condiciones laborales ES VIOLENCIA.

– La idea única del cliente como violador, agresor, violento, etc. ES VIOLENCIA porque invisibiliza la realidad diversa de los clientes, de sus peticiones y de sus formas de vida. El odio al putero es odio encubierto hacia las sexotrabajadoras.

– Que se equipare el trabajo sexual con la violación ES VIOLENCIA porque impide la denuncia en el caso de que exista una violencia sexual en el trabajo, bloquea los procesos de reparación de dichas violencias en quienes las padecen y favorece la culpa de las personas que demandan servicios sexuales (disminuyendo su demanda y, por ello, nuestros ingresos). El trabajo sexual sólo puede ser consentido, de lo contrario no es trabajo, es abuso, y el abuso ES VIOLENCIA.

– La permisividad de actitudes antidemocráticas (como los bloqueos a actividades culturales , impedir el derecho de manifestación o de sindicalización) por parte de los organismos de gobierno hacia grupos agresivos o antagonistas para con las mujeres y hombres que ejercen el trabajo sexual ES VIOLENCIA.

– Que las voces y demandas de las propias trabajadoras sean censuradas y se priorice la visión incompleta de personas que no conocen la realidad de este trabajo ES VIOLENCIA.

* Según TRAKS: Identificación de las necesidades especiales de solicitantes de asilo, víctimas de trata y respuesta a las mismas (Informe de 2017 de CEAR) en 2017 no se concedieron ninguna protección de asilo a víctimas de trata, en 2016 18, en 2015 ninguno y en 2014 sólo a 4.

Sabemos que estas no son las únicas violencias que se pueden vivir como trabajadora sexual. No queremos universalizar nuestra perspectiva que está situada en la fortaleza europa, que responde a unas vivencias específicas en unos cuerpos específicos. Sin embargo nos parece que, a la hora de hacer política y acción colectiva hacia la realidad del trabajo sexual, tenemos mucho más que decir que aquellas personas que ni se han acercado a ninguna de nuestras experiencias diversas y que, por supuesto, no las viven.

Por ello, queremos instar a todo colectivo o individualidad a que se sume a este manifiesto para dejar clara su posición en contra de la violencia contra las trabajadoras sexuales. Identificamos estas violencias como profundamente racistas, xenófobas, tránsfobas, misóginas, machistas y clasistas. Creemos que es tarea de todas escuchar, sostener, defender y difundir las demandas que se desprenden de nuestras formas de vivir y de resistir. Sabemos que ningún trabajo es fácil, pero hemos aprendido a lo largo de nuestra historia a validarnos, a compartir experiencias y a sobrevivir juntas. Hoy, con toda urgencia queremos pediros que hagáis vuestra parte, posicionándoos a favor de nuestros derechos fundamentales, implicándoos en esta lucha y haciéndola vuestra. Porque las trabajadoras sexuales formamos parte de vuestras comunidades y porque no debería haber agresión sin respuesta.

Los derechos de las trabajadoras sexuales son derechos humanos.

Con afecto y solidaridad,
Algun*s trabajador*s sexuales

En Valencia, Diciembre de 2019

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La salud mental de las trabajadoras sexuales

 

Revisión de los riesgos ocupacionales de las trabajadoras sexuales en comparación con otras profesiones de “riesgo”

Julio 2017

Prof. Teela Sanders; Stewart Cunningham; Dra. Lucy Platt; Pippa Grenfell; Dr. PG Macioti

https://www2.le.ac.uk/departments/criminology/people/teela-sanders/BriefingPaperSexWorkandMentalHealth.pdf

 

Este documento informativo se basa en una revisión bibliográfica de alcance de las investigaciones existentes sobre salud mental y trabajo sexual. Es parte de un proyecto más amplio de Wellcome Trust Seed Award, cuyo objetivo es comprender cómo la salud y la seguridad en el trabajo difieren entre las trabajadoras sexuales y otras profesiones que se establecen como ‘arriesgadas’ debido a la elevada prevalencia de violencia en el lugar de trabajo y la mala salud mental.

Este documento está dirigido a profesionales y proveedores de servicios que trabajan con trabajadoras sexuales y a investigadores en los campos del trabajo sexual y la salud mental. Si bien esta síntesis no es exhaustiva, tiene la intención de:

  • presentar los principales discursos y marcos de análisis sobre el trabajo sexual y la salud mental
  • identificar los principales factores que influyen en el bienestar mental de las trabajadoras sexuales
  • recomendar mejores prácticas y políticas para mejorar la salud mental de las trabajadoras sexuales
  • sugerir nuevas direcciones para la investigación orientada a la práctica sobre el trabajo sexual y la salud mental.

 

Métodos

Realizamos una búsqueda bibliográfica en seis bases de datos académicas (Ovid Medline, Psych Info, Web of Science, Embase, CINAHL Plus, Global Health) y Google Scholar para estudios cuantitativos y cualitativos relacionados con la salud mental y el trabajo sexual. También buscamos literatura gris, documentos escritos por trabajadoras sexuales, ONG e informes gubernamentales. Con el objetivo de abordar críticamente los discursos dominantes, analizamos toda la literatura relevante, independientemente de sus defectos metodológicos o éticos. También incluimos investigaciones sobre salud mental y trata de personas en la industria del sexo, para contextualizar la literatura sobre el trabajo sexual y porque la definición de trata a menudo no está clara y / o no está claramente diferenciada del trabajo sexual en la investigación. Anticipamos que la explotación laboral y la coerción junto con la superposición entre la trata y el trabajo sexual serían muy influyentes en la salud mental. En general, recuperamos 160 documentos. Realizamos búsquedas similares en la literatura para identificar investigaciones sobre enfermería y policía como profesiones “arriesgadas” de comparación.

 

Enfoques de investigación 

Identificamos tres enfoques principales para la salud mental y el trabajo sexual en la literatura de investigación:

1.- Investigación que asume y evalúa el daño inherente del trabajo sexual a la salud mental de las trabajadoras sexuales.

2.- Investigación que evalúa la salud mental de las trabajadoras sexuales por sus implicaciones más amplias para la salud pública

3.- Investigación que estudia la salud mental de las trabajadoras sexuales para mejorarla

 

La salud mental de las trabajadoras sexuales.

La mayoría de los estudios cuantitativos existentes sobre salud mental y trabajo sexual son con trabajadoras sexuales femeninas (TSF). La depresión, el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y el suicidio son los problemas de salud mental más estudiados en TSF. Aunque generalmente es alta, la prevalencia de problemas de salud mental entre las TSF varía considerablemente (por ejemplo, la prevalencia de la depresión varía del 10% al 100%) (Krumrei-Mancuso, 2012).

La mayoría de estos estudios se realizaron entre subgrupos particularmente vulnerables de TSF, como trabajadoras de calle, usuarias de drogas, inmigrantes indocumentadas, detenidas, trabajadoras de bajos ingresos de los países más pobres y aquellas que han sido víctimas de trata, donde la distinción entre las que son y las que no son víctimas de trata a veces está mal definida.

Esta investigación tiende a utilizar una alta incidencia de enfermedades mentales entre muestras específicas de TSF para demostrar la nocividad de todo trabajo sexual (por ejemplo, Farley, 1998).

Por el contrario, las investigaciones existentes que estudian diferentes sectores de la industria del sexo muestran una salud mental divergente entre los diferentes grupos de TSF. La mayoría de estos estudios se realizaronn en países donde el trabajo sexual está parcialmente legalizado y el acceso a diferentes sectores de la industria del sexo era más fácil, tanto para las trabajadoras sexuales como para los investigadores.

Según estos estudios, las TSF con estatus migratorio documentado, que tienen mejores condiciones de trabajo, que son autónomas y están más satisfechas con sus trabajos, disfrutan de una salud mental considerablemente mejor que otros grupos de trabajadoras sexuales (Rössler et al., 2010).

Los factores más asociados con problemas de salud mental entre las TSF son: exposición a violencia y trauma; ser forzadas al trabajo sexual por desventaja social; trata y explotación; malas condiciones de trabajo; estigma; baja autonomía; y falta de apoyo social (Rössler et al., 2010; Krumrei-Mancuso, 2016).

 

La salud mental de los trabajadores sexuales masculinos. 

Los estudios sobre enfermedades mentales entre los trabajadores sexuales masculinos (TSM) son escasos. Los problemas de salud mental más frecuentemente estudiados en TSM corresponden a los estudiados entre TSF. Se identifica una alta prevalencia de enfermedades mentales entre los TSM (Mimiaga et al., 2009). Sin embargo, los resultados de salud mental varían entre los subgrupos de trabajadores y dependiendo de los sectores de la industria en la que trabajan. La investigación cuantitativa con TSM generalmente se enfoca en evaluar la influencia de la enfermedad mental en los comportamientos de riesgo de VIH. Se encontraron correlaciones entre los problemas de salud mental y el aumento de las conductas de riesgo (por ejemplo, sexo sin protección) entre los TSM más vulnerables, consumidores de drogas y de calle, mientras que no se encontró correlación entre la alta prevalencia de depresión y las conductas de riesgo entre los escorts (Smith y Seal, 2008 ). La investigación comparativa encontró que la historia de tratamiento psiquiátrico es más frecuente entre los trabajadores varones de calle que entre los escorts de Internet (Mimiaga et al., 2009).

Entre los factores asociados con problemas de salud mental para los TSM están: estigma; homofobia; racismo / pertenencia a una minoría étnica; menos habilidades de afrontamiento; identidad sexual (Koken, 2014 y otros; Bar-Johnson y otros, 2014).

 

La salud mental de las trabajadoras sexuales transgénero.

Los estudios sobre salud mental y trabajadoras sexuales trans (género) femeninas (TSTF) son muy escasas, mientras que los estudios sobre los trabajadores sexuales trans (género) masculinos son prácticamente inexistentes. Se ha encontrado una alta prevalencia de problemas de salud mental en TSTF, con un 64% que informa haber intentado suicidarse (Nemoto et al., 2011). Los estudios relacionan cómo las TSTF se ven afectadas por el estigma y la violencia transfóbicos en este y otros entornos laborales y por la exposición a la violencia y el racismo en el trabajo sexual.

Entre los factores asociados con problemas de salud mental entre las TSTF están: estigma; transfobia; racismo; aislamiento; habilidades de afrontamiento menores o pasivas (Nemoto et al, 2011 y 2015).

 

El papel de la violencia.

Los investigadores han utilizado a veces la alta prevalencia de violencia y TEPT entre las muestras de trabajadoras sexuales como prueba de que la violencia es intrínseca al trabajo sexual y que los daños psicológicos a las trabajadoras sexuales son inevitables. (por ejemplo, Farley, 1998, Chudakov et al, 2002). Dicha investigación caracteriza el trabajo sexual como inherentemente dañino, pero ha sido criticado metodológicamente por seleccionar muestras vulnerables específicas e ignorar datos que no cumplen con los supuestos de los autores (Weitzer, 2005). En esta investigación, faltan grupos de comparación o son en gran medida inapropiados y no se consideran otros posibles determinantes de los problemas de salud mental, como la falta de vivienda o la exposición a la violencia.

A su vez, la investigación que se concentra en evaluar los vínculos entre el trabajo sexual y la salud mental, ya sea por preocupación por la salud pública o por la salud de las trabajadoras sexuales, encuentra que la enfermedad mental está estrechamente vinculada a factores estructurales y sociales como la violencia y las desventajas sociales. La experiencia de la violencia es, por ejemplo, un fuerte mediador del TEPT y otros problemas de salud mental. La exposición a la violencia, a su vez, depende en gran medida de los entornos de trabajo, del nivel de independencia de terceros (por ejemplo, gerentes o agentes) y del estatus legal (Sanders, 2016).

Por lo general, esta investigación ha utilizado metodologías para garantizar que los hallazgos sean más representativos, incluidas muestras diversas, transparencia en las preguntas de investigación que plantea y no partiendo de una posición que suponga que todo el trabajo sexual es perjudicial.

 

Estigma

En las últimas dos décadas, ha habido un cambio en la investigación del trabajo sexual de centrarse en los daños del trabajo sexual a analizar los efectos de las percepciones negativas sobre el trabajo sexual en la sociedad; es decir, en el estigma.

Al mismo tiempo, los investigadores y profesionales de la salud pública están prestando cada vez más atención a los factores estructurales, incluido el papel de la penalización y las condiciones de trabajo, en lugar de centrarse únicamente en los comportamientos de las personas.

También ha habido un cambio importante en cómo se entiende el estigma como un concepto, como algo que ocurre no solo en las interacciones entre personas individuales, sino que se basa y refuerza las desigualdades más amplias y las jerarquías de poder en las instituciones y la sociedad (por ejemplo, Parker y Aggleton, 2003). Según varios estudios empíricos, el estigma está fuertemente correlacionado con los problemas de salud mental de las trabajadoras sexuales (por ejemplo, Benoit, 2015). También se ha descubierto que el estigma impide que las trabajadoras sexuales accedan a la atención y el apoyo, debido a los temores y las experiencias de ser juzgadas o denunciadas a las autoridades (por ejemplo, Scorgie et al., 2013).

La investigación cualitativa longitudinal ha analizado los efectos a largo plazo del estigma entre las trabajadoras sexuales de interiores y de la calle. Se descubrió que el estigma internalizado del trabajo sexual había resurgido entre las trabajadoras sexuales en una etapa posterior de sus vidas, y los autores interpretaron que esto había empeorado su salud mental (Day y Ward, 2004). Sin embargo, es importante no generalizar tales hallazgos, ya que esto correría el riesgo de simplificar demasiado la situación al inferir que todas las trabajadoras sexuales en algún momento tendrán problemas de salud mental debido al estigma que enfrentan.

El estigma debe, más bien, entenderse como un proceso social y psicológico, que depende en gran medida de las desigualdades estructurales que se entrecruzan, como las relacionadas con la pobreza, el género, la sexualidad y la etnia, y las refuerza (Weitzer, 2017) .

El estigma puede ser combatido al abordar los factores estructurales de los que depende y las percepciones negativas del trabajo sexual en la sociedad. El activismo por los derechos de las trabajadoras sexuales, al representar imágenes positivas de las trabajadoras sexuales como sujetos y trabajadoras, en lugar de criminales o víctimas, juega un papel importante en este desafío (Weitzer, 2017). Además, la propia agencia y las habilidades de las trabajadoras sexuales para resistir el estigma previenen contra la idea de que el estigma, y sus efectos sobre la salud mental, es inevitable (Burnes et al., 2012).

De manera crucial, la investigación sostiene que la penalización del trabajo sexual es un factor central para exacerbar el estigma contra las trabajadoras sexuales (por ejemplo, Krüsi et al, 2014).

 

Afrontamiento y resistencia

Aunque todavía son escasos, los estudios que se concentran en las estrategias de afrontamiento y resiliencia de las trabajadoras sexuales están aumentando. Los estudios cualitativos y participativos revelan cómo el estigma y los desafíos emocionales del trabajo sexual son tratados por las trabajadoras sexuales (por ejemplo, Garofalo y Macioti, 2016). Entre las estrategias implementadas por las trabajadoras sexuales se encuentran: salidas del armario selectivas (revelar a ciertas personas en ciertas circunstancias); gestión de identidad; apoyo entre compañeras; persecución de una mayor autonomía en el trabajo; encontrar alternativas económicas; autocuidado.

Los estudios cualitativos sobre las expresiones de resiliencia entre las TSF encontraron que factores protectores como la educación, el apoyo social y el acceso a la atención médica aumentaban la resiliencia, que a su vez estaba vinculada a una mejor salud mental. Por el contrario, se descubrió que los niveles más altos de enfermedad mental, falta de vivienda, consumo de drogas y experiencia de victimización estaban relacionados negativamente con la resiliencia (Buttram et al, 2014).

Dichos estudios señalan la importancia de valorar y aprovechar la agencia y los recursos de las trabajadoras sexuales para apoyar efectivamente la mejora de su salud mental. También muestran cómo las habilidades de afrontamiento y resistencia dependen de factores estructurales y situacionales (como el acceso a la educación y el apoyo social). Por lo tanto, si bien reconocen la agencia, no asignan la responsabilidad de la curación y el cuidado únicamente a la trabajadora sexual individual.

Una revisión reciente de la literatura sobre el trabajo sexual y la salud mental advierte que las ideas preconcebidas sobre el trabajo sexual pueden llevar a los profesionales a estigmatizar aún más a las trabajadoras sexuales y hacer más daño en lugar de ayudar. Los autores sostienen que, para ser efectivos, la práctica psicológica y la investigación sobre el trabajo sexual deben adoptar una “lente basada en la resiliencia”, que considera a las trabajadoras sexuales como agentes y evita la reproducción de nociones de trabajo sexual como inherentemente perjudiciales (Burnes et al, 2012).

 

Las condiciones de trabajo

Incluso si la investigación existente no se ha centrado principalmente en la salud laboral y las condiciones de trabajo, su evidencia indica indirectamente que las condiciones de trabajo, así como los factores situacionales y organizativos en el trabajo sexual, son determinantes importantes de la salud mental de las trabajadoras sexuales. Varios factores fuertemente vinculados a la enfermedad mental entre las trabajadoras sexuales se relacionan, a su vez, con las condiciones de trabajo. Estos son:

  • Coerción

La trata de personas, el trabajo forzado y la explotación laboral se han relacionado con una peor salud mental entre las trabajadoras sexuales y entre las personas obligadas a realizar otras labores (Kiss et al., 2015).

  • Violencia

Las condiciones de trabajo más seguras son fundamentales para disminuir la incidencia de la violencia. Ahora se reconoce ampliamente que la penalización y la acción de la policía exacerban la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales a la violencia, y ciertos subgrupos de trabajadoras sexuales están particularmente expuestos a la violencia. Esto, a su vez, puede tener consecuencias muy negativas para la salud física y mental de las trabajadoras sexuales (Deering et al., 2014; Amnistía Internacional, 2015).

  • Autonomía

Los estudios han demostrado que las trabajadoras sexuales que tienen más autonomía sobre las decisiones en el trabajo tienen mejores resultados de salud mental (por ejemplo, Rössler et al, 2010). La autonomía en el trabajo también está influenciada por la legislación sobre el trabajo sexual, ya que la penalización y la falta de protección de los derechos laborales hacen a las trabajadoras sexuales susceptibles a relaciones de explotación (Sanders y Campbell, 2007). 

  • Apoyo social y de pares

El apoyo social y entre pares está estrechamente relacionado con la buena salud mental y está influenciado por las condiciones de trabajo. La penalización del trabajo sexual conduce a un mayor aislamiento dentro y fuera del trabajo, al aumentar el estigma y, a menudo, impedir que las trabajadoras trabajen legalmente juntas (Sanders, 2016).

  • Seguridad financiera

Las ganancias suficientes y la seguridad financiera son fundamentales para que las trabajadoras dependan menos de asumir un trabajo no deseado y peligroso. La presión financiera conduce a una menor autonomía y a una mayor exposición a la violencia, factores estrechamente relacionados con la enfermedad mental. Las multas y confiscaciones de los ingresos por la policía contribuyen a las presiones financieras.

Si bien cada uno de estos factores está interrelacionado, el estigma y la penalización del trabajo sexual son particularmente transversales.

 

Recomendaciones de políticas y prácticas

Después de nuestra revisión del alcance de la evidencia sobre salud mental y trabajo sexual, hemos identificado las siguientes recomendaciones de políticas:

  • las políticas deben abordar factores estructurales, como la pobreza y otras desigualdades (incluidas las restricciones de inmigración), para minimizar los efectos de la desventaja social en las decisiones y el bienestar de las trabajadoras sexuales
  • las políticas deben tener como objetivo aumentar la seguridad despenalizando el trabajo sexual y mejorando el acceso a la justicia, para disminuir la violencia y el estigma y fomentar la autonomía entre las trabajadoras sexuales
  • las políticas deben promover el acceso a servicios de salud mental gratuitos y que no hagan juicios y promover el apoyo entre pares

Recomendamos lo siguiente a los servicios de salud mental para trabajadoras sexuales:

  • los proveedores deben brindar apoyo integrador y sin prejuicios que no asuma que el trabajo sexual es inherentemente traumático, lo que podría llevar a no identificar los problemas específicos que enfrentan las trabajadoras sexuales individuales, evitar que hablen abiertamente sobre sus necesidades y estigmatizarlas aún más
  • los profesionales deben recibir capacitación específica contra el estigma en temas de trabajo sexual
  • se debe promover el apoyo entre pares, la educación y la formación entre pares

Recomendaciones para la investigación

La investigación futura sobre el trabajo sexual y la salud mental necesita:

  • identificar qué políticas de salud mental y trabajo sexual son más beneficiosas para diversos grupos de trabajadoras sexuales
  • identificar las mejores prácticas para el apoyo de salud mental a las trabajadoras sexuales y qué marco legal respalda estas mejoras
  • identificar las mejores formas de apoyar a las trabajadoras sexuales en las demandas emocionales del trabajo sexual relacionadas con el trabajo.
  • explorar con mayor profundidad los determinantes estructurales, comunitarios y del entorno laboral de la salud mental de las trabajadoras sexuales
  • explorar las estrategias de afrontamiento colectivas y propias de las trabajadoras sexuales, la resistencia al estigma y la producción de conocimiento sobre salud mental y bienestar

Para llevar a cabo lo anterior, pedimos a los investigadores que adopten los siguientes enfoques metodológicos:

  • implementar métodos participativos que involucren a las trabajadoras sexuales en la investigación para reflejar las prioridades de las trabajadoras sexuales y su propia experiencia de salud mental.
  • reclutar muestras diversas (especialmente en términos de género, etnia, sector, estado migratorio)
  • ser transparentes sobre las preguntas y métodos de investigación.
  • no asumir que las trabajadoras sexuales son necesariamente víctimas o que el trabajo sexual es inherentemente dañino sino reconocer la diversidad en las vidas y experiencias de las trabajadoras sexuales.

Específicamente, pedimos:

  • investigación comparativa transnacional que evalúe el impacto de entornos y condiciones laborales específicas bajo diferentes sistemas legales de trabajo sexual en la salud mental de diversos grupos de trabajadoras sexuales (por ejemplo, por género, sector, estado migratorio)
  • investigación internacional comparada sobre la provisión de salud mental bajo diferentes sistemas legales de trabajo sexual y políticas estatales sobre financiamiento de la atención de salud mental, para evaluar tanto la calidad como el acceso a la atención de salud mental para las trabajadoras sexuales
  • más investigación sobre las estrategias de afrontamiento propias y colectivas de las trabajadoras sexuales, la resistencia al estigma y la producción de conocimiento sobre salud mental y bienestar

 

Referencias 

Amnesty International. (2015). Decision on state obligations to respect, protect, and fulfil the human rights of sex workers. Amnesty International.

Bar-Johnson, M., and Weiss, P. (2014). Mental health and sexual identity in a sample of male sex workers in the Czech Republic.Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research, 20, 1682.

Benoit, C., McCarthy, B., and Jansson, M. (2015). Occupational stigma and mental health: Discrimination and depression among front-line service workers. Canadian Public Policy, 41(Supplement 2), S61-S69.

Burnes, T.; Long, S.; Schept, R. (2012). A resilience-based lens of sex work: Implications for professional psychologists. Professional Psychology: Research and Practice, 43(2), 137-144.

Buttram, M., Surratt, H., and Kurtz, S. (2014). Resilience and syndemic risk factors among African-American female sex workers. Psychology, health and medicine, 19(4), 442-452.

Chudakov, B., Ilan, K., Belmaker, R., and Cwikel, J. (2002). The motivation and mental health of sex workers. Journal of Sex & Marital Therapy, 28(4), 305-315.

Day, S. and Ward, H. (2004). Approaching health through the prism of stigma: a longer term perspective. In S. Day and W. Day, H. (Ed.), Sex Work, Mobility and Health in Europe. London: Kegan Paul.

Deering, K. et al. (2014). A systematic review of the correlates of violence against sex workers. American journal of public health, 104(5), e42-e54.

Farley, M., Baral, I., Kiremire, M., and Sezgin, U. (1998). Prostitution in five countries: Violence and post-traumatic stress disorder. Feminism and Psychology, 8(4), 405-426.

Garofalo Geymonat, G., and Macioti, PG. (2016). Ambivalent Professionalisation and Autonomy in Workers’ Collective Projects: The Cases of Sex Worker Peer Educators in Germany and Sexual Assistants in Switzerland. Sociological Research Online, 21(4), 10.

Kiss, L. et al. (2015). Health of men, women, and children in posttrafficking services in Cambodia, Thailand, and Vietnam: an observational cross-sectional study. The Lancet Global Health, 3(3), e154-e161.

Koken, J. and Bimbi, D. (2014). Mental health aspects of male sex work Male sex work and society (pp. 223).

Krumrei-Mancuso, E. and Fitzgerald, K. (2012). Psychological Correlates of Engaging in Prostitution: A Review of the Literature: Pepperdine University.

Krumrei-Mancuso, E. (2016). Sex work and mental health: a study of women in the Netherlands. Archives of sexual behavior, 1-14.

Mimiaga, M., Reisner, S., Tinsley, JP., Mayer, K., and Safren, S.(2009). Street workers and internet escorts: contextual and psychosocial factors surrounding HIV risk behavior among men who engage in sex work with other men. Journal of Urban Health, 86(1), 54-66.

Nemoto, T., Bödeker, B., and Iwamoto, M. (2011). Social support, exposure to violence and transphobia, and correlates of depression among male-to-female transgender women with a history of sex work. American journal of public health, 101(10), 1980-1988.

Parker, R., and Aggleton, P. (2003). HIV and AIDS-related stigma and discrimination: a conceptual framework and implications for action. Social Science and Medicine, 57(1), 13-24.

Rössler, W., Koch, U., Lauber, C., Hass, AK., Altwegg, M., Ajdacic–Gross, V., and Landolt, K. (2010). The mental health of female sex workers. Acta Psychiatrica Scandinavica, 122(2), 143-152.

Sanders, T. and Campbell, R. (2007). Designing out vulnerability, building in respect: violence, safety and sex work policy. The British journal of sociology, 58(1), 1-19.

Sanders, T. (2016). Inevitably Violent? Dynamics of Space, Governance, and Stigma in Understanding Violence against Sex Workers. In Special Issue: Problematizing Prostitution: Critical Research and Scholarship (pp. 93-114). Emerald Group Publishing Limited.

Scorgie, F. et al. (2013). ‘We are despised in the hospitals’: sex workers’ experiences of accessing health care in four African countries. Culture, health and sexuality, 15(4), 450-465.

Smith, Michael D., and Seal, D. (2008). Sexual behavior, mental health, substance use, and HIV risk among agency-based male escorts in a small US city. International Journal of Sexual Health, 19(4), 27-39.

Weitzer, R. (2005). Flawed theory and method in studies of prostitution. Violence against women, 11(7), 934-949.

Weitzer, R. (2017). Resistance to sex work stigma. Sexualities, 1363460716684509.

 

Para más información, contactar, por favor, con

Prof. Teela Sanders

teela.sanderstlms1@leicester.ac.uk

La prostitución como violencia de género: asalto al Estado de Derecho. Hacia la prohibición de la prostitución en España.

 

La prohibición de la prostitución en España es inminente. La exigencia al próximo gobierno de una ley que penalice a los clientes y todo tipo de proxenetismo, exigencia liderada por la facción radical del feminismo, domina el discurso en todos los ámbitos. ¿Su fundamento?: el dogma de que la prostitución es violencia de género. Un dogma introducido ya en el Pacto de Estado contra la violencia de género sin ningún tipo de debate, sin necesidad de ninguna argumentación, tan sólo por la presión de las organizaciones abolicionistas.

El dogma de la prostitución como violencia de género era necesario para prohibir la prostitución mediante la penalización de los clientes. No bastaba con el mito de que el 80% de las prostitutas son víctimas del mito de la trata de personas con fines de la fantasmal (por indefinida) “explotación sexual”. Porque admitía que un 20% de las prostitutas lo eran por libre decisión y, entonces, ¿cómo desposeer de sus derechos fundamentales a esas mujeres que decidían libremente sobre su cuerpo y sobre su vida?¿Cómo lanzar el ataque al Estado de Derecho que reconoce mediante sus principios constitucionales el derecho de las mujeres a prostituirnos?

No argumentan por qué la prostitución debe ser considerada violencia de género. No en España, donde no tienen necesidad de argumentar nada. Pero el argumento, tal como lo expresan en otras partes, es que el sexo consentido sin deseo sexual por parte de la mujer es violencia contra ésta. Un argumento absurdo.

Sólo la conciencia de la enormidad de una ley como la que andan buscando las dominadoras de las mujeres y sus aliados y del enorme coste social y presupuestario que supondría puede frenar su aprobación. Un coste social que llevaría a la deportación masiva de inmigrantes indocumentadas y al paro sin derechos —a la miseria— a decenas de miles de mujeres; un coste presupuestario que supondría la creación de miles de nuevos puestos de policía para vigilar a todas y cada una de las prostitutas y la subvención a un enjambre de ONG rescatadoras —un nuevo Patronato de la Mujer— dirigidas por abolicionistas, tanto seglares como religiosas.

El enorme coste social y humano que supondría crear las condiciones para el control total de la prostitución clandestina por la mafia policial.

Frente a esta ofensiva totalitaria, las trabajadoras sexuales y sus aliadas y aliados, los defensores de los derechos humanos, de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, de los derechos de las mujeres, del Estado de Derecho, sólo tienen un camino posible: la defensa de la total despenalización del trabajo sexual en los términos expresados en el Manifiesto Político de las Trabajadoras Sexuales del Estado español.

 

Por los derechos de las trabajadoras sexuales, por los derechos de las mujeres, por los derechos de la humanidad, por la libertad y la democracia,

 

SUSCRIBE Y DIFUNDE

el

MANIFIESTO POLÍTICO DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES DEL ESTADO ESPAÑOL

 

 

 

 

 

Georgina Orellano: “Luchamos porque nuestro trabajo sea reconocido y para no estar expuestas al atropello de la policía”

 

La secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina conversó con Diagonales en el marco del 34º Encuentro Nacional de Mujeres que se desarrolla en La Plata

 

Por Redacción

12 de octubre de 2019

https://diagonales.com/contenido/georgina-orellano-luchamos-porque-nuestro-trabajo-sea-reconocido-y-para-no-estar-expuestas-al-atropello-de-la-polica/17127

 

 

En la ciudad de La Plata se desarrolla el 34º Encuentro Nacional de Mujeres. En este marco, Diagonales conversó con la secretaria de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, Georgina Orellano, quien contó las luchas que vienen llevando adelante en los últimos años y sus balances al llegar a este encuentro.

“La incorporación de las trabajadoras sexuales al encuentro es una realidad”, celebró Georgina quien además evaluó cuáles son los principales debates que darán y sus expectativas de cara al futuro.

Autodefinida como peronista, reflejó optimismo de cara a un eventual gobierno de Alberto Fernández, para poder dar debates en la agenda pública que hasta ahora no han podido ser dados.

¿Cuáles son las expectativas de este Encuentro Nacional de Mujeres? 

-Bueno, la verdad que estamos con todas las compañeras con mucha ansiedad. Siempre que llega el encuentro para nosotros es un punto de reencuentro entre todas las trabajadoras meretrices que estamos luchando por el reconocimiento de nuestros derechos en distintos lugares del país. Y el encuentro lo que nos permite es conocer más compañeras, otras realidades. Es un encuentro federal que nos permite reencontrarnos.

¿Cómo ves este encuentro con talleres que tienen que ver con el trabajo sexual?

-Y nosotras creemos que dentro de estos espacios es un debate superado. Ya hemos transitado en tener que solicitarle a las comisiones organizadoras en Rosario en el 2016 la apertura de un taller que estuvo en la grilla de los encuentros del 2003 y luego desapareció de la misma, modificándose también hasta la identidad del qué hacer mismo con la denominación de ‘mujeres en situación de prostitución’, que es uno de los talleres que perdura hasta el momento. Creemos que para nosotras está saldada.

“La incorporación de trabajadoras sexuales en el encuentro es una realidad”.

Sabemos que la incorporación de las trabajadoras en el encuentro es una realidad, lo que sí me parece que no está saldado es las posiciones que hay dentro del movimiento feminista de mujeres, lesbianas, travestis y trans con respecto a nuestro trabajo y que justamente los encuentros nos brindan esos espacios para seguir debatiendo, para seguir sensibilizando y para seguir construyendo por lo menos una agenda propia nuestra que vaya a combatir la violencia institucional y por el reconocimiento de nuestros derechos.

En referencia a la violencia institucional, cuáles son las luchas que dan en el día a día por lo que sufren las trabajadoras sexuales. 

-AMMAR, es una organización que ya va a tener 25 años que tenemos y luchamos porque nuestro trabajo sea reconocido y parte de nuestro trabajo es justamente un marco legal para salir de la clandestinidad y no para estar expuestas constantemente al atropello por parte de la policía. Desde coimas policiales que debemos pagar, vulneraciones a nuestros derechos, hostigamientos, atropello policial, detenciones arbitrarias y políticas totalmente arbitrarias que son pensadas para combatir la trata de personas o para combatir el narcotráfico, pero que nos tiene a nosotras como un objeto constante de persecución.

“Luchamos porque nuestro trabajo sea reconocido y para no estar expuestas constantemente al atropello por parte de la policía”.

En La Plata, sin ir más lejos, se da lo que  no se da en ningún otro punto del país, el armado de biombos que hace la comisaría de la zona para requisar a las compañeras en el espacio público y toda la violencia que eso genera. No solamente en la requisa, en el maltrato sino también hacia la violencia psicológica y después el estigma con los vecinos y vecinas del barrio.

En cuanto a los derechos laborales que se están buscando para el trabajo sexual, comentános cómo se viene trabajando desde Ammar en esa línea.

-Nosotras venimos trabajando desde Ammar en distintas instancias proyectos que buscan reconocer el trabajo sexual. El último que presentamos fue en la provincia de Neuquén, en el año 2014. Luego se siguieron desplegando a nivel nacional, provincial y municipal, un montón de políticas que generaron mayor criminalización a nuestro trabajo, políticas conocidas como ‘antitrata’ que buscan luchar contra la trata de personas, pero que equiparan a nuestro trabajo con un delito.

“El próximo año seguro nos encontremos presentando un proyecto con un modelo de despenalización del trabajo sexual”.

Por eso estamos intentando generar un consenso entre todas las compañeras y los compañeros que integramos la organización justamente para presentar otro proyecto de ley más de avanzada, pensando cuál es la realidad nuestra en este contexto de país y cuáles son las políticas que restringen el uso de los espacios para organizarnos y poder trabajar de manera tranquila. El próximo año seguro nos encontremos presentando un proyecto con un modelo de despenalización del trabajo sexual.

En referencia al contexto, me imagino que la crisis económica también genera problemas además de la política represiva. 

-Sí, totalmente. Hay muchísima más precarización laboral. La crisis económica lo que generó es que muchísimas compañeras que habían dejado de ejercer el trabajo, que habían incursionado en otro tipo de actividad laboral,   siempre marcada dentro de lo que es la economía popular, tuvieron que volver porque no podían pagar sus alquileres, porque no podían seguir sosteniendo el negocio de ropa  que se habían puesto o el kiosco o el negocio del barrio.

“La crisis económica generó que muchísimas compañeras que habían dejado de ejercer el trabajo sexual tuvieron que volver porque no podían pagar sus alquileres”.

Compañeras que  fueron alcanzadas por el tarifazo de la luz y el gas que vuelven nuevamente a ejercer el trabajo sexual y lo que eso genera también. Mucha más presencia de trabajadoras sexuales en la zona de trabajo. Eso genera mucha más violencia con respecto a la policía. Después se empieza nuevamente a retroceder con la mala convivencia que se tiene con los vecinos y las vecinas, cuando ven mucha más presencia de compañeras en los barrios. Y también nos preocupa que hay  compañeras de 50 y 60 años que siguen ejerciendo el trabajo sexual porque no han hecho ningún aporte jubilatorio porque nuestro trabajo  no está reconocido y lejos de percibir algún ingreso económico, tienen que dedicar hasta 16 horas por día para poder trabajar y  poder seguir subsistiendo.

En lo que respecta al encuentro, se les habilitaron 21 aulas para el taller de trabajadoras sexuales y estrategias para el reconocimiento del trabajo  sexual. ¿Cómo evalúan ese logro en esta lucha de tantos años?

-Cuando desde la comisión organizadora nos dijeron que había 21 aulas y que la cantidad de aulas que se habían dispuesto para nuestros talleres dependía sobre todo de la cantidad de inscripciones de compañeras que se inscribieron al encuentro y que se asignaron la participación a talleres nuestros del trabajo sexual. Eso nos da a todas nosotras el reflejo que va a ser el encuentro más convocante de todos  los encuentros nacionales y nosotras nunca hemos tenido tanta cantidad de talleres. Creo que el máximo que  hemos tenido fueron diez, en la ciudad de Rosario en 2016, la primera vez que habilitaron los talleres. Esto refleja el interés que despierta conocer la realidad nuestra y conocer también nuestra lucha.

También se empieza a hablar en las universidades del trabajo sexual y en territorios que quizá siempre se ha hablado de manera hostil de las trabajadoras sexuales, ¿cómo vas viendo ese avance en el mundo de la academia?

-Nosotros cada vez que desde algún centro de estudiantes, desde alguna carrera nos convocan para hablar sobre algún tema del trabajo sexual, con perspectiva de género, trabajo sexual en la ESI, trabajo sexual y el rol de los medios, trabajo sexual y el derecho penal, por supuesto que lo celebramos porque durante muchos años nosotras en esos ámbitos académicos hemos sido más objetos de estudio que sujetos políticos.

“En el ámbito académico siempre hemos sido más objetos de estudio que sujetos políticos”.

Nos han estudiado, se ha investigado sobre nosotras pero muchas veces invisibilizando las voces nuestras y eso ha generado que se haya construido un discurso victimizante, que  por mucho  tiempo fue hegemónico no solo en la academia sino en muchísimos actores sociales. También sabemos que hay una resistencia. A nosotros nos costó mucho, hace tres semanas estuvimos en la facultad de derecho de La Plata y nos costó un montón poder desarrollar una actividad que teníamos con el programa de Antropología que nos habían convocado porque también hubo una resistencia, hubo cartas al decano, también hubo cartas a la directora de la carrera que nos habían convocado, diciendo que no podían darnos voz a personas que nos autopercibimos como trabajadoras sexuales porque Argentina adhirió a un protocolo abolicionista del año 1949 donde no reconoce nuestra actividad como trabajo, entonces querían censurar nuestras voces.

Yendo a lo personal y tus vivencias, ¿cuándo fue que se despertó en vos la idea de comenzar a luchar por estos derechos?

-No fue de manera espontánea. Fue un proceso y la verdad que el proceso que se fue dando dentro de la organización  fue cuando teníamos problemas con la policía por nuestro trabajo sexual. Cuando comenzamos a tener problemas con la policía eso nos impulsó a acercarnos a AMMAR y como nos dieron una respuesta rápida y efectiva, eso nos despertó confianza e interés en decir que se interesan por los derechos nuestros y no como históricamente nos han hecho querer creer que a nadie le interesa lo que nos pase.

“Cuando comenzamos a tener problemas con la policía eso nos impulsó a acercarnos a AMMAR”.

Entonces como forma de agradecimiento fuimos varias compañeras comenzando a participar de distintas actividades y eso fue como generándome mayor conciencia social de que ese es el lugar en el que cualquier trabajador o trabajadora tiene que estar. El mejor lugar de cualquier trabajadora para luchar por sus derechos es el sindicato. Me enamoré de la herramienta sindical, comencé a derribar un montón de prejuicios que tenía con la idea de la sindicalización, entendiendo que muchos de esos prejuicios vienen de lo que nos venden los medios  de comunicación hegemónicos.

“El mejor lugar de cualquier trabajadora para luchar por sus derechos es el sindicato”.

Te definís como peronista, ¿cómo ves el futuro en torno a las luchas de ustedes? 

-El optimismo siempre está porque nosotras veníamos de las que pensábamos que todavía mucha gente iba a seguir votando al gobierno de Cambiemos, cuando vimos la diferencia tan alta es una ilusión, porque por lo menos vamos a tener un gobierno de acá a cuatro años en adelante que con un montón de dificultades, obstáculos y desafíos, nos va a permitir plantear nuestro tema y no como ahora con este gobierno que hubo un total retroceso en cuanto a la violencia institucional. Somos optimistas de que va a existir la posibilidad, después lo otro depende de muchas cosas como por ejemplo la situación del país. Nosotras ahora planteamos la idea del trabajo sexual con mucha más fuerza, ya no es como con el gobierno de Cristina que se nos prohibió el rubro 59, se modificó la ley de trata, hoy hay mayor conciencia en la sociedad con nuestro trabajo y un lugar ganado en el feminismo.

¿Y han podido establecer algún vínculo con alguien del futuro gobierno nacional o provincial?

-Hay muchas organizaciones feministas que pertenecen al Frente de Todos y Todas que han tenido en los últimos años muchísima vinculación con nosotras.

 

En libertad con cargos tras propinar una paliza y violar a una prostituta en Valencia

 

Arrestan a un joven por propinar una paliza y violar a una prostituta en València

 

Dos ciudadanos retuvieron al agresor y auxiliaron a la víctima al verla sangrar y con la ropa desgarrada

 

Ignacio Cabanes València 11.10.2019

https://www.levante-emv.com/sucesos/2019/10/11/arrestan-joven-propinar-paliza-violar/1931466.html

 

Un joven, de 21 años y nacionalidad boliviana, fue arrestado el pasado fin de semana por agentes de la Policía Local de València tras una brutal agresión a una mujer de 41 años que se encontraba ejerciendo la prostitución en la avenida Antonio Ferrandis. Además de la paliza, como consecuencia de la cual llegó a romperle la mandíbula a su víctima, el arrestado está acusado de violar a la mujer después de golpearla con los puños. Pese a la gravedad de los hechos, el acusado de los delitos de agresión sexual y lesiones ha quedado en libertad con cargos tras ser puesto a disposición judicial, según informaron fuentes jurídicas.

Los hechos se produjeron en torno a las dos y media de la madrugada del pasado sábado en la confluencia de la avenida Antonio Ferrandis con la avenida Profesor López Piñero. Una mujer de 41 años y nacionalidad brasileña, que al parecer ejerce la prostitución en las calles de València, fue agredida prácticamente sin mediar palabra previa tras bajar de un taxi y acercarse quien ella creía que se trataba de un cliente.

Sin embargo, el joven que se le acercó esa noche no era alguien que viniera buscando sexo a cambio de dinero. Según consta en las diligencias aportadas al juzgado de guardia de València, su agresor comenzó a propinarle puñetazos sin motivo aparente hasta romperle la mandíbula. No contento con ello, posteriormente la forzó sexualmente, todo ello pese a la oposición de su víctima.

Un testigo que circulaba con su vehículo y pasaba en ese momento por el lugar, al escuchar los gritos de socorro de la mujer, bajó del coche y auxilió a la víctima, quien presentaba heridas sangrantes en el rostro y la ropa desgarrada.

Asimismo, junto a otro ciudadano ambos retuvieron al agresor hasta la llegada de la policía. Agentes de la Policía Local de València acudieron de inmediato al lugar y, al observar las graves lesiones que presentaba la víctima y entrevistarse con ella, procedieron a la detención del sospechoso, de 21 años, por un presunto delito de agresión sexual y lesiones.

La mujer fue trasladada al Hospital La Fe de València, donde fue atendida de las lesiones y fue explorada por el médico forense para evaluar el alcance de las mismas y de la agresión sexual. Según manifestó la agredida, al parecer el sospechoso es el proxeneta de otro grupo de prostitutas que hace la calle en esta misma zona de València. El detenido quedó en libertad con cargos, por orden del juzgado de guardia, a la espera de tomarle declaración a la víctima. El juzgado investiga ahora si la brutal agresión guarda relación con un ajuste por el control de la prostitución en este punto de València.

 

72 organizaciones LGBTQ firman una carta de apoyo a la despenalización del trabajo sexual en Washington D.C.

 

La carta, firmada por 72 organizaciones nacionales y locales, expone los argumentos a favor de la despenalización.

 

Por John Riley @JohnAndresRiley

2 de octubre de 2019

LGBTQ advocates deliver letter to D.C. councilmembers calling for sex work decriminalization

 

Activistas que abogan por la despenalización del trabajo sexual en D.C. presentan una carta, firmada por 72 organizaciones, en la que exponen su posición a la concejal de D.C. Elissa Silverman, I-At-Large (izquierda). – Foto: Sex Worker Advocates Coalition.

 

Una coalición de activistas y defensores LGBTQ ha dejado copias de una carta dirigida a los miembros del Consejo de D.C., firmada por 72 organizaciones diferentes, abogando por un proyecto de ley que despenalizaría el trabajo sexual en el Distrito de Columbia.

La coalición acudió a las oficinas de los concejales esta mañana para entregar la carta, que expone los argumentos de los partidarios por los que el proyecto de ley —presentado conjuntamente por los miembros del Consejo David Grosso (I-At-Large), Anita Bonds (D-At-Large), Robert White (D-At-Large) y Brianne Nadeau (D-Ward 1)— debe ser aprobado.

“Como organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queers y aliados, sabemos que la despenalización del trabajo sexual en DC es fundamental para la salud y el bienestar de la comunidad LGBTQ, incluyendo una mejora de la salud pública y una disminución de la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales marginadas, particularmente mujeres transgénero de color “, dice la carta.

El proyecto de ley, tal como está redactado actualmente, despenalizaría el trabajo sexual consensuado para los mayores de 18 años y crearía un grupo de trabajo para supervisar la implementación y los efectos de la despenalización y proponer enmiendas a los estatutos relacionados con las sanciones por trabajo sexual.

El grupo de trabajo de 15 miembros estaría compuesto por el Departamento de Policía Metropolitana, agencias de salud pública, defensores de derechos humanos, ex trabajadoras sexuales y trabajadoras sexuales activistas. El grupo de trabajo tendría la tarea de emitir un informe que contenga sus hallazgos y recomendaciones dentro de los dos años posteriores a su formación, y se disolvería dentro de los tres años.

“Al actualizar una ley de DC que no tiene un propósito válido y está llamativamente fuera de sintonía con la investigación y el conocimiento actuales, incluida la mejor forma de combatir la transmisión del VIH, el proyecto de ley mejoraría la seguridad, la salud pública y la capacidad de las fuerzas del orden para combatir tanto crímenes violentos como delitos contra la propiedad ”, escribió la coalición en su carta.

Los cuatro argumentos clave a favor del proyecto de ley son que la despenalización del trabajo sexual

1) permitirá a las trabajadoras sexuales —particularmente a las personas transgénero que de otro modo no podrían obtener trabajo debido a la discriminación— una forma de ganar dinero para sobrevivir;

2) hará disminuir la incidencia de violencia y acoso que enfrentan las trabajadoras sexuales a manos de clientes, de delincuentes que roban a las trabajadoras sexuales, o incluso de la policía;

3) disminuirá las tasas de VIH al permitir a las personas transgénero más tiempo y espacio para negociar el uso del condón;

y 4) permitirá que las trabajadoras sexuales accedan a recursos, beneficios gubernamentales y oportunidades de empleo que de otra forma se les negarían si tienen una condena penal por prostitución.

“Penalizar un medio de supervivencia convierte a esas trabajadoras en una población blanco de victimización y violencia”, señala la coalición en su carta. “La vigilancia del comercio sexual puede convertir las prácticas de reducción de daños (como llevar condones) en evidencia de una actividad criminal. Esto a menudo obliga a las trabajadoras sexuales a elegir entre salud y evitar la detención.

“Además, cuando las personas dedicadas al trabajo sexual deben buscar áreas más apartadas o áreas con presencia policial reducida, aumentan las amenazas a su seguridad física y disminuye la capacidad de evaluar a los clientes”, continúa la carta. “… Debido a que las trabajadoras sexuales temen ser detenidas, tienen más probabilidades de apresurar la decisión de aceptar un cliente y menos probabilidades de negociar el uso del condón”.

Los activistas también citan estadísticas de una encuesta de DC Trans Coalition que encontró que el 78% de las trabajadoras sexuales temen la violencia, el acoso, la detención o la humillación a manos de la policía, y aproximadamente el 20% informa que los agentes de policía se han acercado a ellas y les han pedido sexo para evitar la detención.

“Las mujeres transgénero de color en D.C. con frecuencia son tratadas como trabajadoras sexuales, ya sea que participen en el comercio o no, lo que a menudo conduce al acoso, la confiscación de condones y la detención”, agregan. “Esta sospecha crónica y a menudo injusta conduce a la desconfianza general hacia la policía por parte de muchas personas LGBTQ. Esta desconfianza podría reducirse significativamente mediante la despenalización del trabajo sexual “.

Una defensora de la despenalización del trabajo sexual habla con el concejal de DC Jack Evans. – Foto: Sex Worker Advocates Coalition.

La carta se adelanta a una audiencia programada para el 17 de octubre ante el Comité de Justicia y Seguridad Pública del Consejo de D.C., en la que los miembros del Consejo escucharán el testimonio de las partes interesadas de la comunidad a favor y en contra del proyecto de ley.

Algunos de los firmantes de la carta incluyen: American Civil Liberties Union; Asian and Pacific Islander Queers United for Action; Black & Pink; la sección de D.C. de Black Youth Project 100; Brother, Help Thyself; Casa Ruby; the Center for Black Equity; Collective Action for Safe Spaces; el DC Anti-Violence Project, GLAA; HIPS; Human Rights Campaign; LULAC Lambda; el National LGBTQ Task Force Action Fund; No Justice No Pride; Sex Workers Outreach Project; SMYAL; The DC Center for the LGBT Community; Transgender Law Center; Us Helping Us, People Into Living; la Wanda Alston Foundation; Whitman-Walker Health; y la Woohull Freedom Foundation.

Los socios de la coalición que están presionando para la despenalización esperan reunir personas que testifiquen ante el Consejo el 17 de octubre y, después de la audiencia, organicen a los partidarios para presionar a los miembros del consejo de DC para que aprueben el proyecto de ley y al alcalde Muriel Bowser para que lo firme y lo convierta en ley.

“Nuestro objetivo final es abordar las necesidades de las personas LGBTQ en la ciudad, y parte de eso implica despenalizar el trabajo sexual en la ciudad. Queremos asegurarnos de que las personas LGBTQ de bajos ingresos satisfagan sus necesidades básicas de vivienda, empleo, educación ”, dice Tyrone Hanley, asesora principal de políticas del Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas, que apoya el proyecto de ley de despenalización. “Sabemos que esto no es lo único que se necesita para garantizar que las personas LGBTQ puedan tener una vida vibrante aquí, pero sabemos que este es un elemento necesario para alcanzar esa meta”.

Hanley señala que, particularmente con proyectos de ley similares presentados en sesiones anteriores del Consejo, ha habido conceptos erróneos de que una abrumadora mayoría de los residentes de DC se oponen con vehemencia a la despenalización y al trabajo sexual en general. Pero dice que los esfuerzos de organización en el terreno de los miembros de la campaña DECRIMNOW han revelado que hay más apoyo en la comunidad en general: es solo que no necesariamente se presentan durante las reuniones del Consejo para dar a conocer sus puntos de vista.

Foto: Sex Worker Advocates Coalition.

Con ese fin, los grupos involucrados en la campaña DECRIMNOW, una creación de la Sex Worker Advocates Coalition, han estado tratando de educar a los residentes de DC sobre la importancia de la despenalización, y han recogido varios cientos de firmas en una petición en apoyo del proyecto de ley.

La organización de justicia social No Justice No Pride ha estado organizando previamente a personas para enviar cartas al Consejo exigiendo una audiencia, y ahora que se ha programado una, ha estado organizando una campaña de redacción de cartas para los residentes en los Barrios 2, 3 y 7 para pedir a los miembros del Consejo, Jack Evans, Mary Cheh y Vincent Gray —todos los cuales forman parte del Comité Judicial y no han manifestado su apoyo a la iniciativa— que apoyen el proyecto de ley de despenalización.

“SWAC ha sido muy intencional al acercarse a un grupo diverso de comunidades para tener conversaciones con todos sobre este tema”, dice Hanley. “No es solo un problema LGBTQ, aunque tiene implicaciones muy específicas para la comunidad LGBTQ. La coalición, bajo el liderazgo del capítulo DC de BYP 100 y HIPS, ha estado liderando un esfuerzo para articular conversaciones en los Barrios 7 y 8. Lo que hemos encontrado a través de esas conversaciones individuales es que en realidad hay mucho apoyo a este proyecto de ley.”

Faith, una de los presidentes coorganizadores del capítulo DC de BYP 100, dice que los miembros de la coalición han estado entablando conversaciones individuales para tratar de cambiar la comprensión de las personas sobre cuáles serían las implicaciones de la despenalización.

“Creo que especialmente las personas negras que han tenido experiencia con el sistema de justicia, o tienen una familia que ha tenido experiencia con el sistema, lo saben, y es fácil para ellos entender que cuando detienen a personas, no mejoran sus condiciones materiales de ninguna manera “, dice. “así que, mientras decimos: ‘queremos que el Consejo se centre en el empleo, la educación, la vivienda’, cuando detienes a alguien, lo estás marginando”.

Faith dice que la coalición ha estado celebrando reuniones en persona y virtuales para educar a las personas sobre la iniciativa de despenalización, y realizará un evento virtual en la noche del 14 de octubre para capacitar a las personas que deseen testificar en la audiencia del Comité Judicial sobre la mejor manera para expresarse. Ella agrega que la coalición se duplicará en sus esfuerzos para presionar al Consejo para que tome medidas después de la audiencia.

“Realmente queremos mantener el impulso después de la audiencia, para que se vote en el Comité Judicial, y luego se lleve al Comité Plenario”, dice Faith. “Por lo tanto, necesitamos que las personas escriban a sus miembros del consejo, les llamen y les recuerden que la gente está observando y que queremos que se vote en breve”.

Firma la declaración de solidaridad con los derechos de las trabajadoras sexuales de Canadá

 

https://secure.actioncanadashr.org/solidarity-sex-workers-rights

 

Las trabajadoras sexuales —personas que intercambian servicios sexuales por dinero o bienes— son penalizadas, desproporcionadamente vigiladas, sometidas a exceso de control policial y despojadas de sus derechos fundamentales. Las trabajadoras sexuales que viven discriminaciones entrecruzadas debido a la pobreza, su presencia visible en los espacios públicos, su posición racial y social, y su identidad de género son desproporcionadamente atacadas por la policía y la violencia institucional, legal y social. Gran parte de este trato es el resultado de la estigmatización del trabajo sexual en sí y de la falta de reconocimiento de la autonomía que las trabajadoras sexuales ejercen en su vida diaria.

Varias organizaciones de derechos humanos, organismos y tribunales de la ONU han concluido que la penalización de la industria del sexo crea condiciones para la explotación y viola los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. En 2014, un proceso legal histórico (Fiscal General v Bedford) dictaminó que las leyes en Canadá que abordaban el trabajo sexual violaban el derecho constitucional a la seguridad de las trabajadoras sexuales y todas esas leyes fueron anuladas. Sin embargo, a pesar de esto, la Ley de Protección de Comunidades y Personas Explotadas (PCEPA) se promulgó en 2014. La PCEPA define todo trabajo sexual como explotación y enmarca a todas las trabajadoras sexuales como víctimas y a todos los clientes y terceros como delincuentes. Un objetivo principal de esa legislación es erradicar la prostitución. Las nuevas leyes incluyen disposiciones que penalizan directamente a las trabajadoras sexuales, así como disposiciones que penalizan prácticamente todos los elementos de la industria del sexo.

Desde la entrada en vigencia de PCEPA, las trabajadoras sexuales han reportado un mayor antagonismo con las fuerzas del orden público, violencia selectiva y miedo a denunciar, actuación policial no deseada y no solicitada sobre las trabajadoras sexuales indígenas, negras, trans, migrantes y usuarias de drogas, y detenciones y deportaciones de trabajadoras sexuales asiáticas y migrantes. La policía hace un uso indebido y excesivo de las leyes de trata de personas para atacar a las trabajadoras sexuales y a sus clientes, creando condiciones cada vez más inseguras y marginalizadas para las trabajadoras sexuales.

Proteger y respetar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales requiere una respuesta integral. La despenalización, la eliminación de las leyes penales y específicas de inmigración sobre el trabajo sexual, es un primer y necesario paso. Un plan holístico para la reforma de la ley de trabajo sexual incluye medidas concretas para abordar la discriminación y la desigualdad en todas sus formas: pobreza, vivienda inadecuada, atención médica inadecuada, falta de acceso a transporte seguro, acceso inadecuado a asistencia legal, sobrepenalización y sobrencarcelamiento, y problemas continuos con sistemas de protección juvenil. Esto incluye además el acceso a protecciones básicas de seguridad laboral y ocupacional.

 

DECLARACIÓN DE SOLIDARIDAD

 

Nos oponemos a las leyes federales, provinciales y municipales que regulan desproporcionadamente y penalizan la autonomía corporal, la sexualidad y los derechos de salud sexual y reproductiva.

Reclamamos del gobierno de Canadá la despenalización total del trabajo sexual como un primer paso para proteger y respetar los derechos humanos de todas las trabajadoras sexuales; esto comienza con la eliminación de las leyes penales y de inmigración que penalizan el trabajo sexual.

 Reclamamos que se reconozca el trabajo sexual como un trabajo significativo y valioso que brinda oportunidades económicas para las personas que venden y comercian sexo.

 Reclamamos el acceso igualitario y no discriminatorio a la salud, la educación, el empleo, la vivienda y las oportunidades y derechos económicos.

 Afirmamos que las trabajadoras sexuales no son criminales que deban ser estigmatizadas, sino miembros de una clase trabajadora a menudo explotada y poco protegida.

 Nos solidarizamos con las trabajadoras sexuales que exigen derechos, el reconocimiento de la autonomía y de la capacidad de toma de decisiones de las trabajadoras sexuales y condiciones de trabajo seguras.

 Nosotras, las organizaciones abajo firmantes, nos comprometemos a promover los derechos de las trabajadoras sexuales y a crear espacios para que las trabajadoras sexuales tomen el liderazgo y estén en el centro de los debates sobre la reforma de la ley de trabajo sexual.

 


National 
Abortion Rights Coalition of Canada
Action Canada for Sexual Health and Rights
Alberta Society for the Promotion of Sexual Health
Amnesty International Canada
Barbra Schlifer Commemorative Clinic
Canadian AIDS Society
Canadian Association of People who Use Drugs (CAPUD)
Canadian Association of Social Workers
Canadian HIV/AIDS Legal Network
Canadian Treatment Action Council
Families of Sisters in Spirit
FIRST Decriminalize Sex Work
i2i Peer Support
Interagency Coalition on AIDS and Development
International Human Rights Program, University of Toronto Faculty of Law
Marie Stopes International
Migrant Workers Alliance for Change
Radical Access Mapping Project
Sex Professionals of Canada (SPOC)
The Naked Truth
Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights

Alberta
HIV Community Link
Prostitutes Involved Empowered Cogent Edmonton (PIECE)
Shift, HIV Community Link

British Columbia
Afro-Canadian Positive Network of BC
Anti-Violence Project
BC Coalition of Experiential Communities
Coalition Against Trans Antagonism
Downtown Eastside Women’s Centre
Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society (SWUAV)
HUSTLE at Health Initiative for Men
Law Students for Decriminalization and Harm Reduction
Organize BC
Pacific AIDS Network Society
PEERS
Pivot Legal Society
Pride
Providing Alternatives, Counselling and Education (PACE) Society
Saige Community Food Bank
SFSS Women’s Centre
SOLID Outreach Society
Supporting Women’s Alternatives Network (SWAN)
UVic Gender Empowerment Centre
Victoria Sexual Assault Centre
WAVAW Rape Crisis Center
West Coast Cooperative of Sex Industry Professionals (WCCSIP)
WISH Drop-In Centre Society
YouthCO HIV & Hep C Society

Manitoba
Manitoba Harm Reduction Network
Sex Workers of Winnipeg Action Coalition

Newfoundland and Labrador
Bay St. George Status of Women Council
Corner Brook Status of Women Council
Planned Parenthood Newfoundland and Labrador Sexual Health Centre
Safe Harbour Outreach Project (S.H.O.P.)
St. John’s Status of Women’s Council/Women’s Centre
St. John’s Womxn in Music

Nova Scotia
Sexual Health Centre Lunenburg County
South House
Stepping Stone Association
The South House Sexual and Gender Resource Centre

Ontario
AIDS Committee of Ottawa
AIDS Committee of Windsor
Alliance for South Asian AIDS Prevention
Angel’s Angels
Barton Village Business Improvement Area
Butterfly Asian and Migrant Sex Workers Network
Chinese & Southeast Asian Legal Clinic
Chinese Canadian National Council Toronto Chapter
CUPE Local 3906
CUPE4600
DUAL-Drug User Advocacy League/OICH
Gender Studies & Feminist Research Program, McMaster University
Guelph Resource Centre for Gender Empowerment and Diversity
Hamilton Anvil
Hamilton Burlesque Society
HIV & AIDS Legal Clinic Ontario
Industrial Workers of the World – Hamilton GMB
LGBT YouthLine
Maggie’s Indigenous Sex Workers Drum Group
Maggie’s Toronto Sex Workers Action Project
Marit Collective
Migrant Sex Workers Project
No One Is Illegal-Toronto
Parkdale Community Legal Services
Planned Parenthood Toronto
POWER (Prostitutes of Ottawa-Gatineau Work, Educate and Resist)
Pride Hamilton
Safer Gigs Hamilton
SafeSpace
Sex Workers Advisory Network of Sudbury (SWANS)
Sex Workers’ Action Network of Waterloo Region
Sex Workers’ Action Program of Hamilton
SHORE Centre
Showing Up for Racial Justice Toronto (SURJ TO)
Street Health
TransParent Hamilton-Niagara
Willow’s Drop-In – Ottawa-Vanier
Women & HIV / AIDS Initiative
Women and Gender Equity Network
Women’s and Gender Equity Centre at University Toronto-Mississauga
Work Safe Twerk Safe
Workers’ Action Centre
YWCA Kitchener-Waterloo

Québec
Action Santé Travesties et Transexuel(le)s du Québec (ASTTeQ)
Agir
AlterHéros
CACTUS Montreal
Centre for Gender Advocacy
Clinique Droits Devant
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA)
Coalition LGBTQ youth groups
Conseil québécois LGBT
Dopamine
École de travail social UQAM
Émissaire
Fédération des femmes du Québec
GIAP
Les Hébergements de l’Envol
L’R des centres de femmes du Québec
Native Women’s Shelter
PACT de rue
Plein Milieu
Project 10
Projet d’intervention auprès des mineur.e.s prostitué.e.s (PIaMP)
Projet Lune<
RÉZO
Sidalys
Solidarity Across Borders- Montreal
Spectre de rue Inc.
Stella, l’amie de Maimie
The Open Door / La Porte Ouverte Montréal
TOMS Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le VIH/sida

Saskatchewan
Saskatoon Sexual Health

 

El proxeneta millonario que multaba a las mujeres por enfermar

 

Caso Carioca

Investigadores de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil concluyen el primer análisis económico de locales de prostitución en España y sus supuestas vías de blanqueo

 

SILVIA R. PONTEVEDRA

Lugo 29 de septiembre de 2019

https://elpais.com/sociedad/2019/09/29/actualidad/1569709273_587721.html

José Manuel García Adán, durante un juicio en 2012 en Pontevedra. CARLOS PUGA

 

Las de José Manuel García Adán no eran las cuentas de la lechera. Según el juzgado, este proxeneta que la Operación Carioca sacó de las tinieblas tenía, como tantos otros, sus negocios clandestinos atados y bien atados con su ley del “terror”. Y no corría el riesgo de que se le rompiera el cántaro contra el suelo, porque supuestamente el recipiente estaba blindado por representantes de todos los cuerpos policiales que recibían a cambio compensaciones en metálico y en especie. Así fue hasta que, en 2009, a la trama que urdió Adán en Lugo “le cayómedio Código Penal encima, sin defensa posible”, como declaraba entonces a este periódico el abogado de uno de los principales imputados. Y ahora que la instrucción ha llegado a su fin, de los varios cientos de mujeres que testificaron, algunas han logrado rehacer sus vidas o siguen intentándolo (atrapadas en cursos de formación o contratos basura) al margen de los burdeles. Otras, con 10 años más pero aún jóvenes, como exigen los clientes, siguen atrapadas en la prostitución en España.

En una de las 50 piezas en que acabó dividida la causa, investigadores de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil a las órdenes de la juez Pilar de Lara han llevado a cabo el primer análisis económico de un negocio de proxenetismo en el país. El estudio hace aflorar el dinero negro que a diario fluye, por miles de euros, en un burdel de una ciudad pequeña frecuentado por empresarios que pagan el sexo al contado para no dejar huella en sus tarjetas de crédito. También destapa las supuestas artimañas del dueño para mantener sometidas a las víctimas de trata mientras pagan sus deudas, a las que impone multas por estar enfermas o por la duración de sus reglas. Todas estas ganancias de la actividad ilegal se metamorfosean presuntamente en ladrillo y automóviles de “alta gama”, la inmensa mayoría de segunda mano, para su blanqueo.

Los investigadores concluyen que, principalmente en los años de los que disponen de datos (2006, 2008 y 2009), la red tejida por José Manuel García Adán a través de los clubes que regentaba, Queen’s y La Colina, obtuvo ganancias de más de 3,6 millones de euros. Esta cantidad es solo un grano de arena de ese 0,35% del PIB que el INE estima que la prostitución acapara en España, el tercer país del mundo en consumo, con más de 1.600 prostíbulos (según cálculos de la Policía Nacional), ofreciendo decenas de miles de mujeres a diario.

Adán es trasladado a los juzgados de Lugo tras su detención. PEDRO AGRELO

La organización liderada por Adán, actualmente en prisión por delitos de violencia machista contra su exesposa, obtenía un “pingüe beneficio” aprovechándose de las “especiales circunstancias de precariedad” de un “elevadísimo número de mujeres extranjeras”, afirma la magistrada en el auto de transformación de las diligencias de blanqueo en procedimiento abreviado para su juicio. Más de medio centenar de víctimas, según De Lara, componían la carta de degustación que los clubes de Adán -registrados en la Agencia Tributaria como “bares categoría especial” y “otros cafés y bares”- ofrecían habitualmente a sus clientes, en un horario laboral de entre 12 y 14 horas por jornada.

Con este auto sobre el negocio redondo de los burdeles de Adán, la magistrada deja prácticamente cerrada una década de trabajo en el caso Carioca ahora que acaba de ser apartada de su plaza en Lugo por el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces acordó castigarla el pasado jueves por supuestos “retrasos injustificados” en la instrucción de sus macrocausas contra la corrupción en Galicia (Carioca, Pokémon, Garañón, Pulpo o Cóndor).

Anotación de los pagos realizados por una mujer para saldar su deuda con Adán.

La juez recuerda que las víctimas de la red eran jóvenes “enormemente vulnerables”, en su mayoría latinoamericanas y sobre todo brasileñas, muchas con familia a su cargo en América, que se prostituían en “condiciones sumamente gravosas” inducidas con “distintos mecanismos coactivos”. Entre estos métodos que las encadenaban, el sumario recoge las presuntas amenazas de Adán, incluso de muerte; la constante presencia deagentes uniformados tomando copas y en las camas; su situación irregular en el país; y las deudas contraídas con el jefe. Estos compromisos se debían a préstamos que le pedían; a las multas que les imponía si enfermaban, se portaban “mal”, llegaban tarde o faltaban a su puesto; y sobre todo a lo adeudado por el viaje a España (de 3.000 a 4.000 euros), que tenían que pagar trabajando.

Testaferros y amigos policías

Con sucesivos testaferros, a través de una inmobiliaria supuestamente creada como sociedad interpuesta y también utilizando el nombre de su esposa para no figurar, Adán alquiló los inmuebles donde estableció los negocios de sus burdeles. El más importante, el Queen’s, junto al polígono industrial de Lugo, celebró su fiesta de inauguración el 2 de septiembre de 2002, ya entonces con presencia de amigos policías. Las obras de reforma de una casa que en tiempos había sido una quesería las llevó a cabo un constructor que, tal y como declaró, no llegó a recibir más que una pequeña parte del coste y, según sospecha De Lara, siguió cobrándose en “servicios” lo adeudado.

José Manuel Pulleiro, encargado al frente del burdel La Colina, tras su detención. PEDRO AGRELO

Los locales de Adán, recuerda la instructora, eran “frecuentados por empresarios y personas de elevado poder adquisitivo que incluso captaban a mujeres para organizar las llamadasfiestas blancas, de cocaína y sexo, en alguna sociedad deportiva de la ciudad, en cuya cafetería acababan trabajando como camareras sin contrato ni alta en la Seguridad Social”. Adán y sus encargados controlaban el rendimiento de cada joven mediante estadillos tamaño A3 donde ellas figuraban con sus nombres “artísticos”.

Según la investigación, la organización se quedaba con 10 euros por cada uno de los tres primeros “pases” (media hora de sexo en la habitación, cuya tarifa era de 43 euros) más 12 euros que les cobraba diariamente en concepto de alojamiento incluso a las que no dormían en los prostíbulos. Además, les restaba los “abonos”, una cantidad variable que él mismo decidía por la deuda del tráfico de mujeres; junto a las posibles multas y una tasa especial por salidas con clientes fuera del local (60 euros).

Estadillos con los que se controlaba la actividad sexual de las mujeres y sus ganancias en los clubes de Adán.

En los estadillos también aparecían las ventas de otros conceptos como “sábanas” desechables, “lubricante” o “preservativos”, pero no los ingresos obtenidos a través de otro delito por el que está imputado Adán, la venta de droga en los burdeles. La noche en que estalló la Operación Carioca, en los clubes había más de 12.000 euros y en el domicilio del jefe, 29.500. Esto es todo lo que pudo hallar en billetes la Guardia Civil, además de otros 79.950 euros que el líder guardaba en una caja de seguridad del BBVA, un dinero que se deposita sin necesidad de dejar constancia de la cifra. Según Aduanas, “mientras, en parte, la actividad de alterne y hostelería [es decir, las copas] estaría declarada a la Agencia Tributaria, la de prostitución no lo estaría”. Supuestamente, apunta la juez, solo los “pagos de clientes con Visa” que no eran especialmente celosos de su “anonimato”.

Todo este flujo de dinero Adán no lo ingresaba en sus cuentas bancarias, donde solo aparecían reflejados los pagos de los clientes que usaban tarjeta. Era, explica el auto, un río continuo de capital “no declarado fiscalmente” por un proxeneta que, según testigos del caso, decía ganar “unos 6.000 euros a la semana”. Lo suficiente para “llevar un elevado nivel de vida” y comprar nuevas propiedades en metálico sin necesidad de retirar efectivo de sus cuentas bancarias. Antes de su detención a finales de 2009, Adán planeaba ampliar su empresa: estaba negociando la adquisición de otro burdel cerca de Portugal, esta vez especializado en “mujeres rumanas y de Europa del Este”.

Un “régimen de auténtica esclavitud”

“Las mujeres trabajaban en régimen de auténtica esclavitud” después de llegar a España a través de aeropuertos como el de Barajas, donde supuestamente había un policía nacional compinchado. La mafia contaba con la participación de varios empleados de dos agencias de turismo de Goiana (Brasil) que se encargaban “de la revisión de la calidad de la mercancía“, describe la juez en referencia a las mujeres. “Allí supervisaban sus características físicas”, continúa en el último auto “como requisito previo para autorizar el viaje. Y les daban indicaciones para cruzar los controles fronterizos” como “turistas”. Uno de los contactos que gestionaban los viajes desde Brasil llegó a recibir 89.682 euros en 84 envíos de la red lucense.

El volumen de negocio reconocido por la firma que al final acabó creando el cerebro de la Carioca, Adán Sloga, SLU, distaba mucho de la realidad. A efectos de tributación por IVA e impuesto de sociedades, en 2008 declaró 128.807 euros y en 2009, 239.055. Pero la cantidad de ganancias en negro que los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera han podido acreditar que atesoró el temido proxeneta son más de 3,6 millones. La cifra es el resultado de la suma de sus inversiones en ladrillo y automóviles a lo largo de los años, del dinero incautado y del balance de “notas manuscritas en hojas, pedazos de papel, recibos o tiques” y las libretas contables con las que se controlaba a las mujeres, que no están completas ni son de todos los años. La titular del juzgado de Instrucción 1 de Lugo sospecha que la verdadera cantidad es muy superior.

Entre marzo y mayo de 2007, sin otros ingresos conocidos que los que le reportaba la prostitución y sin sacar nada del banco, Adán adquirió tres inmuebles por más de 200.000 euros y en marzo de 2009, otro piso, un trastero y una plaza de garaje. También compró 11 vehículos, y la juez señala que supuestamente prestó dinero contante y sonante a su fiel encargado, José Manuel Pulleiro, para comprar la vivienda, un Audi y un BMW. Oficialmente, según recoge el auto judicial, este empleado tenía una nómina de 799,55 euros.

 

LAS MUJERES APENAS SALÍAN DE LOS CLUBES “POR TEMOR A SER EXPULSADAS DE ESPAÑA”

“En caso de que las mujeres tuvieran el periodo menstrual, además de avisar, solo podían descansar de uno a tres días, en función de la decisión caprichosa del dueño o el encargado, e independientemente de la duración de sus menstruaciones, ya que en otro caso, tenían que abonar 43 euros aunque no trabajaran”, según describe la juez Pilar de Lara las leyes del burdel. En algunos casos, “eran obligadas a demostrar que tenían la regla” y si no acudían trabajar “también eran multadas”, sin “derecho a descansar”.

Las sanciones eran de “20, 30 y hasta 60 euros”, lo cual “condicionaba la voluntad de las mujeres a la hora de prostituirse”, a pesar de “estar enfermas o exhaustas”. Además, sigue la juez en el último auto, las chicas apenas salían “por temor a ser detenidas y expulsadas de España”, por lo que “el club disponía de servicio de venta de ropa y lavandería” y “algunos colaboradores de Adán también les vendían joyas”.

La Operación Carioca constituye la mayor investigación judicial contra las mafias de proxenetismo en España: en su conjunto suma 274 tomos y 36 solo de transcripciones de pinchazos telefónicos. Las personas que llegan imputadas al final de la instrucción, después de que la fiscalía exculpase a un buen número y prescribiesen los hechos para otros investigados, lo están por 25 tipos de delitos.

Entre los hechos que investiga la Carioca están el tráfico de personas con fines de explotación sexual, asociación ilícita, delitos contra los derechos de los trabajadores, narcotráfico, tenencia ilícita de armas, delitos de aborto no consentido, amenazas, extorsión, agresión y abuso sexual y lesiones. También otros referidos a los funcionarios como cohecho, tráfico de influencias, solicitud de favores sexuales por empleado público, prevaricación, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad documental y negociación prohibida. Un tercer grupo lo ocupan los delitos contra la hacienda pública y el blanqueo.

Saisei-chan: “Ser recoñecidas como traballadoras cambiaría a situación sobre todo das miñas compañeiras máis vulneradas”

 

Falamos con Saise-Chan, feminista e prostituta, sobre a cancelación das xornadas sobre traballo sexual na Universidade da Coruña

 

Por Ana Viqueira

19 Setembro, 2019

https://nostelevision.gal/saisei-chan-ser-reconecidas-como-traballadoras-cambiaria-a-situacion-sobre-todo-das-minas-companeiras-mais-vulneradas/

 

Saisei-chan é feminista, traballadora sexual e activista que participará das xornadas sobre traballo sexual que se celebrarán o día 19 e 20 deste mes na cidade da Coruña. As charlas, finalmente, non terán lugar na Universidade da Coruña (UDC) como se tiña programado xa que o reitorado decidíu cancelalas ante a ondada de críticas.

 

 

 

Por que era importante a celebración das xornadas sobre traballo sexual na UDC?

As traballadoras sexuais fomos e somos obxecto de estudo en diversas disciplinas académicas: antropoloxía, socioloxía, psicoloxía clínica, criminología… Pero poucas veces se nos toma en consideración como suxeitas, autoras do discurso que nos concierne. A sociedade considera que non estamos capacitadas para falar da nosa propia realidade: cren que, “se non nos damos conta de que somos vítimas” é porque a nosa conciencia debe de estar afectada dalgún modo, ou ben padecemos unha psicopatoloxía que nos impide ver a realidade ou ben carecemos de información ou ben somos unhas alienadas sen conciencia de clase nin solidariedade co feminismo e por iso non nos damos conta de como afecta a nosa decisión ao resto de mulleres.

“A nosa voz sempre está deslexitimada”

A nosa voz sempre está deslexitimada. O abolicionismo aproveitou este status quo, así como a culpa e a vergoña inherentes ao estigma que desembocaron no silencio das putas. Por iso ocupou o lugar de fala sobre prostitución. E por este motivo, ser os suxeitos do discurso sobre prostitución e facelo nunha universidade era un paso na dirección oposta: a que nos humaniza, a que nos lexitima, a que nos considera capaces de falar sobre nosa propia realidade.

Con todo, hai outras razóns, máis aló do simbólico, relacionadas co momento político que estamos a vivir. Trátase dun momento no que o debate sobre prostitución está en boga, pero nas institucións predomina a voz abolicionista. Non deixamos de ver xornadas que mesturan o traballo sexual coa trata e o tráfico de persoas ou coa violación ou a violencia de xénero. Son discursos que, ao tratar o tema dunha forma tan groseira, xeran moito sensacionalismo, pero poucas solucións prácticas. Así mesmo, están a influír na opinión pública, nun sentido que vai prexudicar a todo o colectivo de traballadoras sexuais, que é moito máis amplo que as poucas que estamos visibilizadas e facendo activismo. Por iso é importante que a opinión pública coñeza a nosa voz e as consecuencias de apoiar o abolicionismo.

“Se nunha institución que debería velar polo pensamento non se trata de protexer a pluralidade, unha xa imaxina o futuro que se presenta na academia”

Cando falo de momento político tamén me refiro ao auxe da extrema dereita e á tendencia que ten o fascismo de unificar os discursos, suprimir o distinto e a disidencia… Se nunha institución que debería velar polo pensamento non se trata de protexer a pluralidade, unha xa imaxina o futuro que se presenta na academia. Pero, que podemos esperar, cando a mesma Luisa Pousada Kubissa cuestiona a nosa presenza nun acto sobre prostitución –a presenza das persoas que a experimentamos a diario-, na facultade de socioloxía e chama a isto “unha suposta “ cientificidad” ”? Se se cuestiona a metodoloxía cualitativa en socioloxía chamándoa “supostamente científica” e prefírese que prime un discurso rexido pola ideoloxía, por mal camiño vai a academia, sumida aos intereses políticos.

“Que as miñas compañeiras non sexan recoñecidas como traballadoras non significa que non deban cumprir coa obrigacións que lles impón o empresariado”

Defendedes a adquisición de dereitos laborais e recoñecemento como clase obreira. Por que? De que serviría para mellorar a situación?

Ser recoñecidas como traballadoras cambiaría a situación sobre todo das miñas compañeiras máis vulneradas. Para empezar, as mulleres que traballan para terceiros terían dereitos. Hoxe en día, dado que se considera ilegal percibir parte dun servizo de prostitución, as mulleres que traballan para terceiros non son recoñecidas como traballadoras. Isto non quere dicir que esa porcentaxe non se perciba: ou ben llo levan directamente ou ben indirectamente, mediante o aluguer da habitación, as sabas, as toallas, os preservativos, etcétera.

Con todo, que as miñas compañeiras non sexan recoñecidas como traballadoras non significa que non deban cumprir coa obrigacións que lles impón o empresariado. Obrigacións que serían impensables se houbese un contrato de traballo polo medio: prácticas que atentan contra a saúde, horarios maratonianos, obrigación de atender un cliente que a traballadora rexeita… Se lemos a lexislación de Nova Zelandia, vemos que isto está contemplado.

Así mesmo, se as nosas compañeiras da rúa pasan a ser consideradas traballadoras, sairán dese ar de delincuencia no que as enmarcan diferentes ordenanzas municipais deste Estado, polas cales reciben multas cuantiosas. Multas que –non o esquezamos- forzarán a estas mulleres para traballar máis para poderlles facer fronte. Así, coa escusa teórica de estar en contra da prostitución, está a incrementarse. Se todo o colectivo fose recoñecido como un colectivo de traballadoras –e fixésese cunha lexislación como a de Nova Zelandia e non a de Alemaña-, as nosas compañeiras non estarían tan asfixiadas.

Por último, ser recoñecidas como traballadoras cambiaría a nosa condición a nivel simbólico; é dicir, reduciría o estigma. Achegaríanos a un status de lexitimidade que nos libraría de moitas situacións de opresión, como cando a algunhas compañeiras quitáronlles a custodia das súas hijxs. Afastaríanos desa condición contraditoria e absurda de vítimas-delincuentes na que nos pon a sociedade actualmente e achegaríanos á condición de cidadás con dereitos.

Este é un tema que vén de vello no feminismo e moitas académicas levan investigado e debatido sobre ou tema. Adoitades ser convidadas aos debates?

Non, case nunca se nos convida aos debates. Algunhas veces convidáronnos á televisión, e a parte abolicionista adoita ser bastante violenta, aproveitando o amarelismo do que gosta o medio de comunicación. Lembro algunha aparición de Conxa Borrell, na que a chegaron a chamarlle “parva”. Foi Elisa Beni. E esta é só unha anécdota de tantas como temos que vivir nos cara a cara. Pero que se pode esperar de quen nos acusa de proxenetismo sen ter probas? Tamén temos o caso de abolicionistas que chegan, soltan o seu discurso e despois non teñen tempo de quedar a debater, como Beatriz Gimeno.

“Nin se molestan en informarse do que demandamos. Séguennos chamando regulacionistas”

Eu creo que as que aínda aceptan o debate son aquelas que só leron os argumentos do seu bando e que, como sosteñen un prexuízo forte contra nós –de que somos proxenetas, antifeministas, alienadas, etc- nin sequera se molestan en informarse do que demandamos. Por iso, por exemplo, séguennos chamando “ regulacionistas”. Adoitan suceder dúas cousas coas persoas que se informan sobre as nosas demandas reais: ou ben se dan conta de que o que demandamos non é tan disparatado e apóiannos, ou ben se dan conta de que non é tan fácil rebaternos. Non é casualidade que as académicas –que están máis que informadas sobre o que realmente propón a postura prol-dereitos- fuxan do debate. Saben que non teñen argumentos.

“As putas cada vez estamos a gañar máis escoita social”

Organizáronse unhas xornadas nas que iades ter voz e expresar ou voso plantexamento, pero choveron as presións e mesmo ameazas. Por que credes que se xerou esta violencia para pedir a súa cancelación?

As putas cada vez estamos a gañar máis escoita social. Temos unha ferramenta que antes non se tiña: as redes sociais. Son un altofalante polo que transmitir non só a nosa experiencia, senón tamén lecturas, informes, noticias, reflexións… Ademais, cada vez somos máis traballadorxs do sexo xs que nos atrevemos a facer activismo, dando lugar a un grupo heteroxéneo. Todo isto estanos facendo gañar moita credibilidade. A xente vai desmentindo mitos, como que estamos obrigadas a prostituírnos.

E claro, a quen ocupou o lugar de enunciación sobre prostitución todo isto dálles moito medo, porque ven perigar ese lugar e os beneficios que lles deu. Desde o lugar de expertas ata traballos ou remuneración. Por iso tentan, custe o que custe, conservar ese lugar e que non sexa ocupado por quen o merezo lexitimamente: as que vivimos a prostitución en primeira persoa, reflexionamos sobre ela, formámonos e esforzámonos por ter unha opinión ben fundamentada. Por iso nos arrebataron un lugar que nos dá lexitimidade social e autoridade como suxeitos de enunciación: o espazo universitario.

“Responsabilizar ás prostitutas dos abusos (de que fomentamos a cultura da violación) é moi cómodo, impide ver como fracasou o feminismo como movemento”

Creo que hai outro motivo, é innegable que os abusos proseguen e que cada vez son máis visibles, sobre todo desde o caso da manda. Responsabilizar ás prostitutas dos abusos (de que fomentamos a cultura da violación) é moi cómodo. Impide ver como fracasou o feminismo como movemento e a responsabilidade que poidan ter estas señoras con poder. Por tanto, xa lles vén ben a elas tacharnos de responsables para non recoñecer o seu parte de responsabilidade.

“Esta maneira despreciativa de falar de mulleres con menos privilexios que os teus fai que moitas mulleres se afasten do feminismo, por medo a ser xulgadas ou revictimizadas”

Se queren un consello, diríalles que deixen de xerarquizar ás mulleres. Que deixen de ter esa actitude de arrogancia e superioridade coas que foron abusadas ou vivimos situacións que a elas lles parecen abusos. E non esaxero nin invento nada: Teresa Lozano, de Towanda Rebels di, nun vídeo no que fala de Teoría King Kong (de Despentes), que os homes saben que poden abusar das mulleres que foron violadas. Esta maneira despreciativa de falar de mulleres con menos privilexios que os teus fai que moitas mulleres se afasten do feminismo, por medo a ser xulgadas ou revictimizadas. Se non cambiamos isto, o feminismo está destinado a fracasar. Pero, para cambialo, teriamos que acabar cos lugares de poder. E estas señoras viven deles. É a pescadaque se morde a cola e que, ao mesmo tempo, necesita dun chibo expiatorio: as putas

Que consecuencias sociais ten a cancelación dás xornadas dá UDC?

Creo que vai ter dúas consecuencias opostas: para as persoas contaxiadas de pánico moral, o abolicionismo vai presentar como o gardián da orde, o que impide que a epidemia da nosa voz esténdase, co perigo de que “captemos ás súas fillas”, como andan dicindo ultimamente, nunha conspiranoia ridícula. Esta xente vai sentir resgardada polo poder político e institucional que manexan estas señoras.

Polo outro, recibimos moitísimas mostras de apoio de xente que mesmo nos ofreceu espazos alternativos. Nunha época de auxe da extrema dereita, creo que esta xogada foi moi pouco estratéxica e moi pouco intelixente por parte das abolicionistas, porque fixeron gala do seu afán pola censura. E, por suposto, á xente de esquerdas isto rénxelle moitísimo. Xa estean a favor ou en contra, silenciar unhas voces é un método que aborrece a xente que defende a democracia. A proba é que mesmo xente abolicionista apóianos.

En definitiva, aínda tensaron máis a corda, forzando ao posicionamento de persoas que, aínda que estaban a dubidar, agora viron con maior claridade quen son as violentas

 

Las jornadas sobre trabajo sexual canceladas por la Universidade da Coruña (UDC) se celebrarán en otra ubicación

Los organizadores desvelarán mañana en las redes sociales el lugar donde se desarrollarán jueves y viernes

 

REDACCIÓN A CORUÑA

17 de septiembre de 2019

https://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/jornadas-trabajo-sexual-canceladas-udc-celebraran-otra-ubicacion/20190916211758414855.html

 

Los organizadores de las jornadas de trabajo sexual previstas para esta semana en la UDC confirmaron ayer su celebración, aunque evitaron proporcionar su nueva ubicación “por cuestiones relativas a la seguridad del espacio y de las ponentes tras toda la violencia y el acoso de últimos días”. Asimismo, será mañana por la mañana, un día antes de que comiencen las sesiones, cuando las plataformas publiquen en sus redes sociales el lugar escogido.

“Estamos contentas pero cansadas del ataque. Consideramos que son unas jornadas necesarias y estamos indignadas con la actitud de la UDC, que ha actuado de manera cobarde e injusta”, indicó ayer una de las organizadores, María Martínez Cano, al tiempo que reclamó apoyo de la institución ante los ataques sufridos hace unos días. “En vez de estar a nuestro lado priorizó su imagen cuando en las aulas de Sociología se incluye la prostitución en los temarios”, señaló.

El Rectorado de la Universidad decidió cancelar la semana pasada las jornadas, a las que están invitadas prostitutas, activistas y trabajadores sociales, alegando la fuerte reacción en contra de sectores feministas en las redes sociales, por lo que no podía garantizar la seguridad de los asistentes a los encuentros: “O forte rexeitamento, fustigación e crueldade que sobre este tema estamos a sufrir nas redes sociais, as falsas informacións que distorsionan a realidade e os comentarios recibidos fannos prever a imposibilidade de garantir a seguridade do debate nin a súa calidade académica”.