Prostitución en la calle: multar no es una solución

El gobierno de Barcelona no multará a las mujeres que ejercen la prostitución en el espacio público. Al contrario, defenderemos los derechos de todas las mujeres, también de las trabajadoras sexuales.

 

Laura Pérez

 

03/06/2017

 

http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/Prostitucion-calle-multar-solucion_6_650294982.html

 

La Ordenanza del Civismo de la ciudad de Barcelona ha sido una norma altamente punitiva. En sus artículos 39 y 40 establece multas por el ofrecimiento, la demanda y el ejercicio del acto sexual en la vía pública, aunque en este último caso sólo si es de manera retribuida. Así, en base a la Ordenanza que establece nuestra conducta “deseable” en el espacio público, si queremos practicar sexo en la vía pública, no hay ningún problema, ni de noche ni de día, incluso en medio de la plaza Cataluña, siempre y cuando no haya intercambio económico.

Lo que se ha perseguido con esta normativa, aprobada en su momento con el voto a favor del PSC, CIU, ERC y el PP es eliminar de las calles la cara visible de la prostitución en la ciudad de Barcelona. En cambio, la prostitución que se ejerce en locales y clubes de la ciudad está permitida y así se reglamentó en Cataluña por parte de CiU bajo el Decreto 217/2002 y por el tripartito bajo la ley 11/2009 por la que quedan regulados los locales de alterne, las barras americanas o sex-shops. Esta doble vara de medir no es más que una muestra de las incongruencias políticas de partidos que regulan a favor del empresariado, al tiempo que persiguen a las trabajadoras sexuales. La ordenanza ha impuesto un castigo a una forma de ejercer la prostitución, no a la prostitución en sí misma.

A menudo se ha argumentado de manera inconsistente que estas acciones de imponer correctivos buscaban salvaguardar la integridad de las mujeres en su conjunto, o incluso estaban dirigidas a luchar contra las situaciones de tráfico en que estas mujeres pueden estar sometidas. Una forma cuando menos perversa de salvaguardar la integridad de todas las mujeres a través de criminalizar y estigmatizar a un grupo de mujeres en concreto o de luchar contra el tráfico multando a las mismas mujeres traficadas. Además incumple con la Directiva 2011/36 / UE, que obliga a los Estados miembros a proteger y atender a las mujeres que puedan estar en situación de tráfico y explicita la obligación de no imponer penas a las víctimas.

Más allá de todas las incoherencias mencionadas, cuando llegamos al gobierno nos encontramos con varios informes y documentos que nos señalan la poca efectividad de la norma y la vulneración de derechos que provoca. Después de 10 años de vigencia de la Ordenanza los datos nos dicen que la ordenanza no ha conseguido reducir el número de mujeres que ejercen en el espacio público, a pesar de la promesa hecha en el vecindario de la zona de Robadors por el gobierno de Trias (desde del 2009 hasta el día de hoy se está atendiendo entre 390 y 450 mujeres aproximadamente).

Asimismo se ha situado a las mujeres en una posición de mayor vulnerabilidad: muchas de estas mujeres han contraído, a través de las multas, una deuda con la administración, ya que menos de un 10% de las multas impuestas a las mujeres se podían hacer efectivas. Esto ha tenido consecuencias negativas para las mujeres, como por ejemplo el no poder acceder a ningún tipo de ayuda y prestaciones sociales. De manera añadida la vigilancia policial constante conduce a las mujeres a negociar más rápido, los clientes tienen más margen en la negociación y pueden hacer uso de la amenaza de avisar a la policía, según explican ellas mismas en diferentes informes. Además, se ha reforzado el estigma que las hace sentir desprotegidas y avergonzadas.

A día de hoy, el Ayuntamiento de Barcelona ha dejado de multar a las mujeres por la entrada en vigor de la Ley de Seguridad ciudadana. La conocida como Ley mordaza, a diferencia de la ordenanza del civismo, no prevé como infracción el ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública. Por ello, desde finales de 2015, aquellos artículos de la Ordenanza que prevén la sanción del ofrecimiento de servicios sexuales se han dejado de aplicar. Este hecho, que ha pasado desapercibido por los grupos de la oposición que hacen bandera del abordaje punitivo de la prostitución, no ha tenido ninguna incidencia en el día a día de la gestión del espacio público en Barcelona. Por tanto, ni las sanciones no han tenido el efecto disuasorio esperado, ni dejar de sancionar ha supuesto un aumento de trabajadoras sexuales en las calles de la ciudad.

Con la experiencia de estos 10 años de Ordenanza del Civismo podemos asegurar que el abordaje punitivo de la prostitución ha fracasado. Más allá de constatar que multar no es ninguna solución, ahora es el momento idóneo para replantear las políticas y normas fallidas, de involucrar a la ciudadanía, a todos los grupos municipales y a las mujeres que ejercen la prostitución en una reflexión más amplia que nos permita avanzar en la mejora de la convivencia, que nos lleve a nuevos consensos sobre el uso del espacio público. En definitiva, tenemos que encontrar una solución bajo un marco de garantía de derechos para todos, para las mujeres en su conjunto, por todas, y por los vecinos y vecinas que conviven con el ejercicio de la prostitución en la calle.

 


Laura Pérez (Barcelona, 1982) és regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI a l’Ajuntament de Barcelona.

https://barcelonaencomu.cat/es/candidatura-persona/laura-perez-castano

Día Internacional de las Trabajadoras del Sexo: Contra el estigma de ‘puta’

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)

 

2 de junio de 2017

 

http://www.apdha.org/dia-internacional-trabajadoras-sexo-contra-estigma-puta/

 

Existe un estigma que actúa sobre todas las mujeres como un aviso, una amenaza que llega en forma de censura social en caso de que ocupes un espacio que no debes, a una hora inapropiada y con una postura indebida… Nos referimos al estigma “puta”. Desde tiempos inmemoriales, hasta nuestros días, actúa dentro de nosotras esa llamada al orden social que, con mayor o menor fuerza, aparece en forma de vergüenza.

Este estigma “puta” que actúa como violencia estructural y simbólica es la misma violencia que nos alcanza a todas las mujeres. ¿Pero qué pasa cuando esta violencia, censura, este estigma, sale del ámbito de lo subjetivo y lo simbólico para acomodarse en nuestro mundo material a través de leyes que penalizan estos comportamientos? Nos referimos a lo que significa el estigma puta para la puta, la trabajadora sexual. Y nos referimos concretamente a la base de las muchas vulneraciones que sufren como colectivo y como trabajadoras, nos referimos a también a la Ley Mordaza o ley de seguridad ciudadana, los planes anti prostitución y las ordenanzas, formas de criminalizar  que viene a instaurar una verdadera “caza a la puta”.

La lucha de las trabajadoras sexuales contra el estigma lleva tiempo ocupando, a nivel individual y colectivo, su primera línea de trabajo. La estrategia no es siempre la misma: “Yo no soy puta, trabajo de puta” es una expresión que pone de manifiesto el anhelo de liberarse de la dura carga que supone el estigma. Atiende a la necesidad que muchas mujeres que ejercen el trabajo sexual tienen por separar su vida profesional de la familiar y la social. En otros casos, el lema “yo también soy puta” o “yo soy puta” está siendo reivindicado por muchas trabajadoras movilizadas en la reclamación de sus derechos, o por colectivos que trabajan junto a ellas.

Por ello, en este día  2 de Junio, Día Internacional de las Trabajadoras del Sexo, (aniversario de la protesta de 1975 en la que más de cien prostitutas francesas ocuparon la iglesia de Saint Nizier en Lyon) nos queremos sumar a la campaña que nuestras compañeras de Genera (Barcelona) han puesto en marcha, y decimos junto a ellas: #YoTambienSoyPuta 

 

 

La indefensión de las prostitutas

Por Ninfa

 

19 de Mayo de 2017 (19:04 h.)

 

 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/indefension-prostitutas/20170519175159140006.html

 

 

Soy trabajadora del sexo. Desde hace algunos años contacto con mis clientes en la calle. Empecé en esta actividad allá por el año 1997, en los tiempos en que la Casa de Campo de Madrid estaba abierta a todas horas al público. En aquellos tiempos, recuerdo, trabajábamos sin más problemas que los que se pudieran presentar en la cotidianidad: que si la lluvia, que si el cliente borracho, que si el maleducado… La Policía estaba continuamente pidiendo la documentación y no todas tenían “los papeles en regla”, eran frecuentes las redadas en busca de “sin papeles”.

Las trabajadoras del sexo captábamos a la clientela al pie de la vía y los servicios los realizábamos, como norma general, en los propios vehículos, cerca de donde nos ubicábamos. Después, poco a poco, nos lo pusieron más difícil. Primero colocaron vallas de maderas. Las autoridades explicaron que se trataba de “barreras protectoras”. La consecuencia fue que los coches ya no podían parar al lado de la vía. Nos trasladamos entonces a las zonas de parking, a un lugar más alejado. Pero las vías fueron cerrándose poco a poco. Cada vez contábamos con menos espacio para trabajar y lo hacíamos en lugares menos seguros, menos transitados.

Las incursiones policiales se acrecentaron. Actuaban conjuntamente la Policía Municipal y la Policía Nacional, concretamente de migración. Sufrimos cortes de tráfico y desvíos caprichosos de la circulación, calles cortadas a determinadas horas, redadas a las mujeres que se encontraban en “situación irregular”, insistentes controles de alcoholemia a los clientes, multas de tráfico injustificadas a horas intempestivas, etc. Es decir, poco a poco, las autoridades consiguieron poner en marcha la “diáspora” de prostitutas por Madrid. Tuvimos que desplazarnos a otros lugares como por ejemplo Capitán Haya y Paseo de la Castellana, Pintor Rosales y Parque del Oeste, Polígono de Villaverde (conocido también como Polígono Marconi), Montera y zona centro. Sitios, como éste último, que contaban con los inconvenientes consabidos: enfrentamientos y discrepancias con el vecindario, comerciantes, etc. Por si fuera poco, se colocaron cámaras en la vía pública que ahuyentaron a nuestros clientes. Las prostitutas nos vimos obligadas a demandar nuestras reivindicaciones ante el consistorio municipal y nos manifestamos exigiendo nuestros derechos en la calle de la Montera, en la zona centro de Madrid.

Particularmente, decidí desplazarme a trabajar hasta la localidad de Torrejón de Ardoz (Madrid) y estuve en sus inmediaciones cerca de 3 años. El inicio de obras de acceso a Torrejón, en la parte Este, me obligó a trasladarme al polígono conocido como Electrolux de Alcalá de Henares, donde se ejercía desde años antes. Poco duró la calma. El Ayuntamiento alcalaíno, liderado por el Partido Popular en aquel entonces, preparó una ordenanza municipal y entre sus puntos había uno que asestaba un golpe duro a la prostitución callejera y que contemplaba la prohibición de “ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirectamente de servicios sexuales retribuidos en el espacio público de la ciudad de Alcalá de Henares, en todo su término municipal.”  Las sanciones van de 300 a 3.000 euros de multa tanto para los clientes como para las trabajadoras del sexo. Esta ordenanza municipal, que entró en vigor en diciembre de 2010, desembocó en hostigamiento, persecución y acoso permanentes hacia nosotras. Ni siquiera podemos subirnos a un coche, a veces ni al propio. Desde entonces estamos penalizadas por ser prostitutas, independientemente de si estamos ejerciendo en ese momento o no.

La normativa trajo como consecuencia una mayor precarización:  A partir de ahí, al no contar con tiempo y tranquilidad para negociar los servicios, debemos apurar los acuerdos, desplazarnos más lejos para realizar los servicios sexuales acordados (con el consabido peligro que eso conlleva), estar pendientes de nuestros móviles porque, entre nosotras, nos alertamos mediante llamadas perdidas de la presencia policial.

Por las condiciones geográficas, no podemos subir a un coche ni para ir a tomar algo a las cafeterías próximas a la zona (cosa muy común) porque los efectivos policiales dan por sentado que vamos a dar un servicio. De nada sirve pararse a explicarles nada. Las multas van tanto para el conductor como para nosotras. Estamos absolutamente estigmatizadas por ejercer nuestro oficio. El Colectivo Hetaira ha sido testigo en directo, a veces, y vía telefónica, otras, de estas experiencias. Hubo una ocasión, en que por el solo hecho de encontrarme dentro de mí vehículo aparcado en el lugar, matando el tiempo de aburrimiento y jugando con mi dispositivo móvil, fui multada. Además nos influye mucho la intimidación que sufren los clientes; nos sentimos impotentes e indefensas.

 

La ley mordaza

Algunas compañeras, debido a la presión, cambiamos de lugar de trabajo. Decidí trasladarme al polígono de Villaverde, pero allí también se estaba preparando una normativa municipal similar a la de Alcalá de Henares que no llegó a aplicarse porque el Gobierno del Partido Popular aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, que penaliza tanto a clientes como a trabajadoras del sexo. Dicha ley, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, ha venido acompañada de consecuencias terribles: más estigmatización para nosotras, más hostigamientos, más actas de denuncias constantes por cualquier cosa: por pararnos aquí, por pararnos allá, por nuestras vestimentas (da igual cómo vistas, cualquier escote, falda, pantalón corto, largo o ceñido al cuerpo, blusa, vestido). Todo vale y justifica su denuncia impuesta, tanto si vas vestida como si no, si te encuentra en la acera como si no, si estás hablando, si vas en coche con alguien, si estás esperando el bus para marcharte, si estás parada o si estás en sitios estratégicos de la zona realizando servicios. Nosotras, las prostitutas somos juzgadas, en ocasiones, por la policía, juzgadas como “males madres”. Pueden soltarte tranquilamente la dichosa frase de “¿qué dirán tus hijos?”, porque la carga moral está presente en el momento que extienden la denuncia. Aquí no se salva nadie, ni el señor que vende los preservativos, ni el señor al que compramos los bocadillos, ni el cunda que nos hace de taxi. Todos son calificados de “puteros”, tratados como “criminales”… Y nosotras, vapuleadas, y nuestros datos personales utilizados para rellenar las denuncias hechas contra nuestros clientes o contra las personas que tratan de buscarse la vida en el polígono vendiendo bocadillos.

 

Reacción

Con esta ley en ejecución las putas llegamos a comprender lúcidamente que siempre se ha perseguido la prostitución, que se ha utilizado la ley de migración como excusa para perseguirnos y expulsarnos del país. Ahora ya hay un instrumento a nivel estatal. Días antes de la entrada en vigor de la ley mordaza, algunos policías de migración, concretamente del Grupo XI, nos lo advertían de manera pletórica y triunfal: “la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana acabaría con nuestra actividad”. Y se cumplió lo que nos habían prometido: las denuncias impuestas contra nosotras, las monsergas y reproches -casi peores‒ que acompañaban a las mismas.

En esta difícil situación –con más de 30 denuncias en una sola tarde‒ vimos la necesidad de protestar, gritar y hacernos escuchar. Así nació la Agrupación Feminista de Trabajadoras Sexuales (AFEMTRAS), conformada por mujeres cis, mujeres trans y travestidos. El colmo fue que el foco mediático sólo apuntaba hacia un objetivo: la denuncia de que una “posible víctima de trata” pudiera estar siendo multada. Porque para las autoridades sólo existen las “víctimas de trata”, nosotras no existimos. Y para los medios de comunicación, en ocasiones, tampoco. Y cuando existimos, se nos criminaliza por nuestra actividad.

Como AFEMTRAS estamos dando a conocer nuestra situación y nuestro descontento a medidas injustas, desproporcionadas e ineficaces. Ponemos el acento en las consecuencias negativas de la aplicación de leyes injustas sobre nuestras vidas. Asistimos, asombradas e indignadas, al descrédito que se hace de nuestro oficio y a la perversión que supone confundirla -intencionadamente‒ con la trata de personas.

Las trabajadoras del sexo apoyamos sin fisuras a las víctimas de trata y somos las primeras en ver “indicios” de trata y ponerlo en conocimiento de las asociaciones con quienes colaboramos. Quiero señalar también que son muchas veces los clientes quienes contactan con las autoridades y las asociaciones cuando detectan posibles casos de trata.

Pero, nosotras, profesionales del sexo estamos demandando a los consistorios espacios donde podamos trabajar sin molestar y sin ser molestadas. Las multas nos perjudican y las multas a nuestros clientes nos perjudican de manera flagrante (podemos no castigar a un comerciante por su actividad, pero si multamos a quienes entren en su establecimiento, le estamos perjudicando directamente). Tenemos la obligación de defender y “desdemonizar” a nuestros clientes porque entendemos que existe un contrato verbal de intercambio de servicios sexuales por dinero con el consentimiento de dos personas adultas y el Estado no debería de intervenir -y menos hacerlo con una moralidad propia de otros siglos-.

Por tanto, exigimos que las autoridades diferencien entre “trabajo sexual” y “trata de personas”. Si no es así, las víctimas de trata reales continuarán desprotegidas y nosotras soportando la indefensión y sin que nuestros derechos sociales y laborales sean reconocidos. Acaso, ¿alguien vive mejor sin derechos?

 

Policía de Alaska: “necesitamos tener ‘contacto sexual’ con las trabajadoras sexuales”

Foto: Vocativ

 

El subjefe de Anchorage argumenta que es necesario que los policías toquen a las trabajadoras sexuales durante las investigaciones encubiertas

Por Tracy Clark-Flory
10 de mayo de 2017

 

http://www.vocativ.com/428218/alaska-police-sexual-contact-sex-workers/

 

El Departamento de Policía de Anchorage está luchando contra un par de leyes estatales que criminalizarían a policías que tienen “contacto sexual” con personas bajo investigación. La razón de la oposición, según el subdirector Sean Case, es que hay “muy, muy limitadas” situaciones en las que los policías necesitan cruzar esa frontera, específicamente cuando se trata de investigaciones encubiertas de trabajadoras sexuales.

En una entrevista con Alaska Dispatch News, Case argumentó que tal ley permitiría a las trabajadoras del sexo evitar el arresto, ya que les proporcionaría una manera de comprobar si un cliente potencial es un policía. “(En una investigación encubierta) hacen una simple pregunta: ‘Tócame el pecho.’ OK, estoy fuera del coche. Hecho. Y el caso ha terminado “, dijo a la periodista Michelle Theriault Boots. “Si hacemos de ese acto (de tocar) un delito menor no tenemos absolutamente ninguna forma de involucrarnos en ese tipo de arresto”.

Esta es la razón por la que el Departamento de Policía de Anchorage ha presionado activamente contra los proyectos de ley acompañantes, la 112 de la Cámara de Diputados y la Ley del Senado 73, que actualmente están en comisión en la legislatura estatal. Los proyectos de ley clasifican la “penetración sexual” y el “contacto sexual” en estos casos como abuso sexual. Es interesante señalar que el departamento no está interesado en hacer arrestos por el trabajo sexual en general y está enfocado en la trata sexual en particular, lo cual plantea la cuestión de si la policía está específicamente defendiendo la necesidad de tener “contacto sexual” con las víctimas de la trata .

Los defensores de las trabajadoras del sexo argumentan que esto —así como el “contacto sexual” con las trabajadoras del sexo independientes— equivaldría a “asalto sexual patrocinado por el Estado”. El departamento no respondió a una solicitud de comentarios por hecha por la prensa.

Los proyectos de ley en cuestión son el resultado del activismo de la Comunidad Unida para la Seguridad y Protección (CUSP), con sede en Alaska, que alega que las trabajadoras sexuales en el Estado han sido objeto de abuso sexual por la policía durante redadas encubiertas. El sitio web del grupo ofrece varios testimonios de mujeres con historias de policías supuestamente toqueteando e incluso teniendo “sexo” con ellas durante las redadas encubiertas. (“Sexo” está entre comillas aquí, porque bajo estas circunstancias estaría basado en el engaño y puede ser mejor descrito como abuso sexual).

“Es traumático estar en medio de un encuentro sexual y verse esposada de repente”, dijo Terra Burns de CUSP. “La gente me ha dicho que años después todavía tienen síntomas de estrés postraumático cuando ven un coche de policía”.

Inicialmente, parecía que las leyes no tendrían problemas para ser aprobadas. “La policía y los fiscales insistieron en que la policía nunca se involucra en conductas sexuales durante las redadas, de todos modos”, dijo. “Entonces, justo cuando el proyecto de ley estaba a punto de ser escuchado, cambiaron su historia y ahora afirman que necesitan involucrarse en conductas sexuales con las víctimas de la trata sexual para rescatarlas”. Añade: “Pedimos a nuestros funcionarios electos que digan: esto es incorrecto, esto es comportamiento criminal, y lo hagan ilegal “.

Maxine Doogan, miembro de la CUSP, dijo que está aliviada al ver finalmente a los funcionarios reconocer que hay circunstancias bajo las cuales la policía tendría contacto sexual con una trabajadora sexual. “Estoy feliz de que finalmente lo hayan admitido y que haya quedado registrado”, dijo.

Este problema no se limita a Alaska. El mes pasado, el Senado de Michigan votó por poner fin a una ley que preveía inmunidad para los policías que tienen relaciones sexuales con trabajadoras del sexo durante el curso de una investigación. Era el último Estado en los Estados Unidos que preveía explícitamente la inmunidad de la policía en esas circunstancias; pero los defensores de las trabajadoras sexuales dicen que todos y cada uno de los Estados necesitan proyectos de ley como los propuestos en Alaska que definan expresamente el “contacto sexual” con las trabajadoras sexuales durante las investigaciones como abuso sexual.

Dicho esto, estas leyes no llegan más allá, según las activistas. Como Maggie McNeill, una trabajadora del sexo con sede en Nueva Orleans, dijo a Vocativ: “Diga lo que diga la ley, la policía seguirá violando a las trabajadoras sexuales, ya sea en redadas o fuera de ellas, mientras nuestra profesión esté penalizada, porque saben condenadamente bien que no hay nada que podamos hacer al respecto “.

Comparecencia de Hetaira en la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género

 

Colectivo Hetaira·Martes, 9 de mayo de 2017

 

Madrid, 08/05/2017

 

Gracias al Grupo Confederal de Unidos Podemos, En comú Podem En Marea por la invitación a comparecer en esta Subcomisión. Comparezco en nombre de Hetaira -colectivo que trabaja desde hace ya 22 años en defensa de los derechos de las prostitutas en nuestro país- y que forma parte del Movimiento Feminista de Madrid, de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), de la Red Internacional Europea TAMPEP, del Comité Internacional por los Derechos de Trabajador@s Sexuales en Europa (ICRSE), de la Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA), de la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, de la Plataforma Estatal por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo, de la Plataforma CEDAW Sombra España y de la Plataforma No Somos Delito, entre otras.

 

La creación de esta subcomisión es un paso más para tratar de hacer frente a la violencia machista y esperamos que las recomendaciones que finalmente se hagan llegar al Gobierno sirvan para mejorar la asistencia a las víctimas de violencia de género y evitar más muertes y agresiones machistas. No obstante, no vale con que el Gobierno tome nota de las recomendaciones que de esta subcomisión salgan, sino que éste deberá hacer un esfuerzo para garantizar que algunas medidas se pondrán en marcha dentro un marco legislativo adecuado y que lógicamente contarán con un presupuesto económico. No parece que vaya a ser así a la vista de los Presupuestos Generales del Estado aprobados. Lo lamentamos profundamente. Lamentamos sobre todo que se pierda energía y tiempo en “debatir”, pero no en “poner en práctica” y “en hacer”. Porque también habremos hecho perder recursos a la sociedad española.

 

La ley contra la violencia de 2014 adolecía de algunos problemas. Así se lo hicimos saber en su momento las asociaciones feministas al Gobierno socialista. A pesar de ello, la ley supuso un gran avance y hubo consenso sobre la necesidad de un cambio cultural y de mentalidad. Sin embargo, se abandonaron las propuestas a largo plazo, aquellas basadas en la prevención en la educación o en la formación de profesionales en los diferentes sectores implicados. Lo que quedó en pie, finalmente, fue la parte penal.

 

Tampoco puede servir el Pacto de Estado para pasar a denominarle a cualquier situación discriminatoria contra las mujeres como “violencia machista. Por ejemplo cuando oímos expresiones del tipo: “Cobrar menos por un trabajo de igual valor es violencia”. Creemos que hemos de ser rigurosas, porque si metemos todas las situaciones discriminatorias en un mismo saco estaremos haciéndoles un flaco favor a las “víctimas reales de violencia de género”.

 

El “impulso masculino de dominio” no es el único factor desencadenante de la violencia sexista. Tenemos que seguir poniendo en cuestión, además, las estructuras familiares (núcleo de privacidad que amortigua o genera todo tipo de tensiones); el papel de la educación religiosa y sus mensajes sobre el amor; la falta de educación afectivo-sexual de menores y adolescentes que ayuden a resolver los conflictos futuros, etc.

 

Apostar exclusivamente por la filosofía del castigo sobre el autor concreto de una agresión concreta significa no repensar las sociedades en las que vivimos, no querer ver las responsabilidades de los Gobiernos y de las políticas públicas puestas en marcha por éstos para tratar de evitarlas.

 

La imagen exclusiva de “víctimas” tampoco ayuda a la lucha colectiva por los derechos de las mujeres pues no tiene en consideración nuestra capacidad de resistencia, de hacernos un hueco, de generar autoestima y empuje solidario entre nosotras.

 

Incluso en los casos de violencia de género o de víctimas de trata es importante reforzar la autonomía y la capacidad de decisión de las implicadas. Los movimientos feministas siempre cuestionaron el tutelaje y la falsa protección basada en considerar a las mujeres como “eternas niñas” necesitadas de protección por un Papá/Estado.

 

El conocimiento y el trabajo con mujeres concretas y diversas nos ha enseñado como éstas pueden dar la vuelta, y de hecho se la dan, a las situaciones de subordinación con las que pueden encontrarse. Y como escribía Gayle S. Rubin: “Los márgenes y los bajos fondos pueden ser un lugar de rebeldía”.

 

Contar con los relatos de las víctimas de violencia de género nos sigue pareciendo una de las mejores fórmulas para encontrar estrategias y posibles soluciones. Conocer de primera mano sus necesidades (que pueden ser distintas dependiendo de cada mujer, de cada caso) debería ser una prioridad.

 

Nuestra comparecencia está centrada en materia de trata y prostitución.

 

Trata de personas

 

¿Tiene algún sentido incorporar medidas concretas contra la trata en una ley de violencia de género o en un Pacto de Estado? ¿Se trata de una buena herramienta o, por el contrario, tendríamos que enmarcarla en otro contexto para proteger a las víctimas de trata y luchar contra el delito? Desde Hetaira creemos que tendríamos que separarlo por responsabilidad política y por ser más eficaces a la hora de prevenir y atajar tanto la violencia de género como la trata.

 

La trata de mujeres es una manifestación de la violencia de género. Y figura -gracias a las presiones de muchas ONG’s- como delito en el Código Penal español desde hace unos años. Además puede conllevar otros delitos también tipificados ya en nuestra legislación

 

La trata de personas se da en muchos sectores económicos, no sólo en prostitución. Nos la encontramos en la industria textil, en la agricultura, en la mendicidad, en matrimonios forzosos, en el servicio doméstico. Y son víctimas de trata tanto menores como personas adultas (mujeres y hombres cis, mujeres y hombres trans). La CEDAW pide explícitamente que se tipifiquen todas las manifestaciones de trata (y no sólo aquellas que se dan dentro de la industria del sexo).

 

Una ley integral de lucha contra la trata (que viene reclamándose desde 2012) tendría que garantizar la protección y la recuperación integral de las víctimas y debería abordar la lucha contra la trata desde una perspectiva de derechos humanos. Nos faltan datos, siempre nos falta conocer cuántas personas se encuentran en situación de protección, cuántas personas están viviendo en lugares seguros, cuántas personas han accedido a permisos de trabajo y residencia, cuántas personas consiguieron la condición de asilo por ser víctima de trata (se cuentan con los dedos de una mano, con un poco de suerte, de las dos) cuántas personas han sido indemnizadas por el sufrimiento causado (sabemos que ninguna).

 

La persecución del delito se está haciendo, pero no se está trabajando con el mismo ímpetu en la protección de las víctimas y en poner en primer plano los derechos humanos. Contamos con ejemplos dolorosos, como las expulsiones de posibles víctimas de trata de los CIE’s; víctimas que no han recibido protección sino que han sido contempladas como migrantes sin papeles.

 

Correr el riesgo de saturar los juzgados de violencia de género con casos tan complejos como el de la trata no nos parece una buena idea.

 

Otro problema con el que nos encontraríamos es que el delito de trata, por lo general, traspasa fronteras. Por tanto la persecución del delito fuera de nuestras fronteras exige investigar en otros países y colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de esos países.

 

Nuestras recomendaciones/propuestas al Gobierno en este punto son las siguientes (exponemos sucintamente algunas cuestiones):

 

. identificación de las víctimas de trata con garantías, no siendo consideradas migrantes sin papeles.

 

. el plan contra la trata debe extenderse a todas las situaciones y dejar de denominarse “de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”;

 

. que la colaboración con las autoridades policiales no sea una condición indispensable para poder recibir protección. Es inaudita la existencia de la “contraprestación” en el delito de trata.

 

. indemnizaciones económicas para las víctimas

 

. contar con la opinión y el trabajo de las ONG especializadas.

 

. seguir gastando ingentes cantidades de dinero institucional para explicar que la trata es un delito (algo que toda la sociedad entiende), nos parece un despropósito cuando aún faltan recursos habitacionales para las víctimas, un ingreso mínimo que les permita sobrevivir en un ambiente relajado, etc, etc… Prioricemos los recursos, acojamos a las víctimas, persigamos el delito y transmitamos todo esto a la sociedad. Es la mejor manera de mostrar la realidad y que se comprenda. No podemos delegar el problema de la trata en la “conciencia ciudadana”.

 

. derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza) que, como bien saben (porque se aprobó en el Parlamento) multa indiscriminadamente a quienes ejercen la prostitución en espacios públicos y a sus clientes. Y en ocasiones, a víctimas de trata.

 

. por último, exigimos recursos públicos, dependientes de las instituciones.

 

La prostitución es un trabajo

 

En la prostitución hay machismo. También hay machismo en la política. Pero Vds. eso ya lo saben, es a lo que se dedican y conocen perfectamente quién se sienta en cada escaño, ¿verdad? Las prostitutas soportan el machismo como lo soportan Vds., las políticas, o las periodistas o las profesoras universitarias o las cajeras de los supermercados. Y se hace lo que se puede, colectiva e individualmente. Vivimos en sociedades machistas. Es lo que tenemos en común.

 

El Gobierno español, en los dos últimos años, ha reducido la deuda gracias al aumento del PIB, un aumento que ha venido por contabilizar la entrada de dinero de la prostitución. ¿No les parece impresentable que no se reconozca legalmente la legitimidad del trabajo sexual, que no se reconozcan los derechos de estas personas y que por el contrario se contabilice el “supuesto” dinero que mueve? A nosotras sí.

 

El grupo de expertos en materia de trata de la Unión Europea, GRETA, insiste en que la prostitución no equivale automáticamente a trata. Esta distinción es imprescindible tanto para abordar la trata en toda su complejidad como para encontrar soluciones a la hora de acabar con la discriminación que sufren las prostitutas.

 

La prostitución por decisión propia no es violencia, es el trabajo, la actividad económica para muchas personas que reorganizan sus vidas en función del intercambio de servicios sexuales por dinero. Este intercambio se produce entre gente adulta y con mutuo consentimiento.

 

¿Tiene algún sentido seguir repitiendo que “la prostitución es violencia de género”, al tiempo que mantenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por ley mordaza, que multa a quienes ejercen la prostitución en los espacios públicos, el sector más débil?

 

¿tiene sentido mientras seguimos manteniendo discriminadas a las personas que la ejercen: discriminadas a la hora de poder alquilar una vivienda o pedir un crédito, trabajadoras sin derechos laborales, sin derecho al paro, soportando situaciones laborales que contravienen todas las legislaciones posibles, sin derecho a una pensión de jubilación…?

 

¿qué pensamos hacer con las mayores que dejaron su vida en la calle?

 

¿la propuesta de incorporar la prostitución a una ley contra la violencia de género supondría la inmediata supresión de las multas por la ley mordaza?

 

¿supondría que las prostitutas pasarían a ser víctimas de violencia de género? ¿con qué beneficios? ¿tendrían asegurado las prostitutas su nivel económico de ser así?

 

Pero, como bien podrán imaginar, no estamos en absoluto de acuerdo con la incorporación de la “prostitución” en un futuro Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La prostitución decidida no es violencia de género, sino una actividad económica para muchas mujeres que llevan tiempo reclamando derechos laborales para acabar con las malas condiciones en que se ejerce y con el estigma que pesa sobre ellas por dedicarse al trabajo sexual.

 

Amnistía Internacional está pidiendo la despenalización del trabajo sexual a nivel mundial. Sus últimos informes publicados, hace justo ahora un año, recoge a través de sendas investigaciones las violaciones de derechos humanos que sufren las trabajadoras y los trabajadores sexuales en Noruega, Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea. Les recomiendo que lean, al menos el informe sobre Noruega y la persecución que están sufriendo quienes ejercen. Entre otras muchas cosas, sufren “desalojos inmediatos” de sus viviendas y de sus espacios de trabajo.

 

Las trabajadoras del sexo, como la mayoría de nosotras, buscan la manera de vivir lo mejor posible dentro de las opciones que la vida les ofrece. Y, por supuesto, deciden. En esta medida, la oferta de servicios sexuales es un trabajo para ellas, trabajo que debe ser reconocido legalmente, acabando con la hipocresía que hoy existe al respecto y articular los derechos sociales y laborales que se desprenden de ello. Los mismos derechos sociales y laborales de los que ya disfrutan sus señorías (permisos de maternidad, vacaciones pagadas, protección frente al desempleo, días libres, etc…).

 

Seguir negando esto y mantener a las prostitutas en la situación de discriminación actual contribuye, entre otras cosas, a que sigan siendo explotadas laboralmente, perseguidas y acosadas por la Policía y sufriendo abusos y agresiones de cualquiera que se lo proponga.

 

El proceso de estigmatización que sufren las trabajadoras sexuales hace que por el hecho de ejercer la prostitución se las considere una categoría particular de personas: “traumatizadas”, “trastornadas”, “víctimas extremas de las circunstancias” y lo que es peor sin capacidad de decisión sobre sus propias vidas.

 

El aumento de la presencia de migrantes trabajadoras sexuales ha sido la excusa perfecta para el desarrollo de políticas represivas en materia de prostitución y su aceptación por parte de las instituciones políticas. El hecho de que generalmente lleguen de manera irregular, sin papeles, así como el que se dediquen al ejercicio de la prostitución en un país donde no está reconocida como “actividad económica” favorece todo tipo de abusos sobre las inmigrantes que cuentan con menores recursos económicos. Esta situación ha servido de pretexto para definir la prostitución como violencia de género, no teniendo en cuenta las condiciones que favorecen que algunas prostitutas sufran diferentes formas de violencia sino considerando que es la prostitución en sí y, por lo tanto, los hombres con su demanda lo que hace que estos abusos sean posibles.

 

Discriminación es también la invisibilidad que soportan las prostitutas autoafirmadas y organizadas desde hace décadas a nivel mundial. Este sector de mujeres autoafirmadas, profesionalizadas y que se reivindican a sí mismas con orgullo, es el que se quiere ocultar cuando se habla de la prostitución desde una óptica victimista y sobreprotectora, asimilándola toda a violencia de género, al indefinido concepto de “esclavitud sexual” o a la trata. Palabras con fuertes resonancias emocionales pero que sirven de poco para entender las diferentes situaciones que se dan en el ejercicio de la prostitución. Sirven para hacer demagogia pero no para empoderar a las trabajadoras del sexo, a las que se niega su capacidad de decisión, su libertad y su autonomía para hacer con su cuerpo lo que quieran.

 

Para Hetaira lo importante sigue siendo estar cerca de quienes ejercen por decisión propia y entender y apoyar sus estrategias de supervivencia.

 

Hay partidos políticos que abogan por la erradicación de la prostitución. Pero ¿en qué se han concretado sus políticas públicas allá donde han gobernado (en ayuntamientos y comunidades autónomas)?

 

. En sus programas jamás vemos un plan de acción que contemple medidas sociales que puedan beneficiar a las prostitutas que voluntariamente desearan abandonar la prostitución, por los motivos que sea, muchas veces por no soportar el estigma social. Tan sólo se han puesto en marcha, en ocasiones, tímidos talleres y cursos a los que han podido acceder una cantidad ridícula de mujeres y que no les ha permitido abandonar la prostitución. Cursos de formación limitados, en muchas ocasiones, a trabajos precarizados y con una contraprestación económica insuficiente, que impide que dejen la calle.

 

. poniendo en marcha normativas cívicas ciudadanas (que multan a clientes, lo que significa castigar a las mujeres dejándoles sin fuente de ingresos); o normativas que multan a ambos o aplicando la ley mordaza;

 

. gastando cantidades ingentes de dinero público en campañas que “criminalizan a los clientes” y, por ende, a quienes ejercen;

 

 

. escribiendo guías con recomendaciones dirigidas a los medios de comunicación que hasta niegan a las mujeres la posibilidad de autodefinirse como trabajadoras del sexo.

 

. a hacer ruido ante el Consejo de Estado sobre la prohibición de publicidad de los anuncios de prostitución en los medios de comunicación. Intento baldío en el siglo XXI y con Internet al alcance de toda la población.

 

Poca cosa, poco serio, ¿no les parece? Y lo peor, ninguna de estas políticas públicas han tenido nunca en cuenta a sus protagonistas, las trabajadoras del sexo.

 

Cualquier plan contra la violencia hacia las mujeres, pero que suponga más “violencia institucional” contra algunas de ellas, en este caso las prostitutas, será un fracaso, un fracaso del Parlamento y un fracaso del feminismo y jamás contará con nuestro apoyo.

 

Si afirmamos tan contundentemente que la prostitución es violencia de género ¿qué deberíamos exigir para las “supuestas víctimas”, las prostitutas? ¿resarcirles económicamente por el sufrimiento causado?

 

Comparar trata (donde la voluntad de la víctima es nula) con prostitución por decisión propia es un ejercicio de cinismo. Comparar el sufrimiento de la trata frente a la decisión de quienes deciden ejercer la prostitución es pura demagogia.

 

La prostitución no es violencia de género, sin embargo, las prostitutas, en ocasiones (y además de sufrir violencia institucional) sufren y pueden sufrir agresiones por el hecho de ser mujeres. Y en este caso sí reclamamos medidas de protección para ellas.

 

Sólo por recordar, hace años nos vimos obligadas a denunciar que los servicios de atención a las víctimas de violencia de género dependientes del Ayuntamiento de Madrid no estaban atendiendo a mujeres que ejercían la prostitución y que querían denunciar a su compañero afectivo o sentimental, porque se consideraba que se trataba de su “proxeneta”. El estigma de nuevo en marcha. El estigma que considera que una puta no puede tener vida privada, ni una familia ni mucho menos un compañero afectivo.

 

Las políticas públicas nunca contemplaron una sola campaña de sensibilización de no estigmatización a las prostitutas. Exigimos acabar con la estigmatización que pesa sobre ellas (no son delincuentes, no son basura, no se “venden” a nadie), porque esta estigmatización llevará a que más de un indeseable -apoyándose en las propias políticas públicas discriminatorias- decida agredir a alguna de ellas o incluso asesinarla.

 

En la medida en que entendemos la prostitución como trabajo, con características especiales (el estigma entre otros), nuestras recomendaciones al Gobierno pasan por:

 

. normalización del trabajo sexual y derechos laborales y sociales para las prostitutas (de este modo, no ocurriría lo que ocurre a día de hoy día, que los empresarios de clubes de alterne imponen prácticas sexuales y/o clientes, entre otras cosas).

 

. que las migrantes puedan conseguir sus permisos de trabajo y residencia por ser trabajadoras del sexo.

 

. regular las relaciones laborales cuando median terceros. Para ello es fundamental que se derogue la última modificación que se hizo del artículo 188 bis del Código Penal que considera delito “lucrarse explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma”. Este añadido, (“aún con el consentimiento de la misma”) impide los tratos comerciales de las prostitutas en mejores condiciones y enmascara las relaciones que se están dando dentro de los clubes. ¿Por qué no evitar la explotación laboral que sabemos suceden en los clubes? ¿por qué no evitar maratonianas jornadas de trabajo? ¿por qué no normalizar la prostitución como trabajo para garantizar salarios dignos? ¿por qué no prevenir los riesgos laborales? ¿por qué no la existencia de convenios colectivos que regulen la situación?

 

. además de que la ley tenga en cuenta los aspectos básicos como licencias, localización de locales, etc… debería tener también en cuenta los horarios especiales los descansos semanales, separar el lugar del trabajo del lugar donde se vive (algo impensable en cualquier otro tipo de trabajo).

 

. priorizar los locales autogestionados y cooperativas de trabajadoras sexuales.

 

. no conceder licencias a truts o personas individuales que cuenten con antecedentes penales, especialmente por violencia de género o por trata.

 

. la negociación de espacios públicos, a través de políticas persuasivas y no criminalizadoras, de manera que quienes captan a su clientela en la calle puedan trabajar minimizando todo tipo de riesgos (también la de las posibles agresiones de algunos clientes).

 

. respeto al trabajo sexual. Celebración del 2 de Junio, Día Internacional de las Prostitutas.

 

. dípticos y reparto de materiales en lugares de ejercicio de prostitución contra las agresiones machistas, que las prostitutas sepan que tienen a los Ayuntamientos, a las Comunidades Autónomas y a los Gobiernos de su parte (y no en su contra).

 

. retirada inmediata de la ley mordaza, es imposible depositar tu confianza en quien te persigue y te multa día sí, día también.

 

. celebración del 17D, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Trabajadoras del Sexo.

 

. que se contabilicen las agresiones a las y los profesionales del sexo.

 

. es importante que se avance en el respeto al trabajo sexual y dejar de gastar dinero en discursos estériles. Nuestros adolescentes no necesitan que se les diga que no han de ser “consumidores de prostitución”, lo que necesitan es aprender que el RESPETO es el único camino posible para relacionarse en un encuentro sexual, sea pagado o no y siempre que exista previo consentimiento.

 

En 2016, desde Hetaira contabilizamos, a través de los medios de comunicación, al menos cinco asesinatos de trabajadoras del sexo cometidos en nuestro país. Tres de las víctimas eran mujeres trans. Ninguno de estos delitos puede quedar impune. Ningún asesinato puede ser justificado, tampoco el de las prostitutas. Sus muertes merecen ser igualmente lloradas y reclamadas por los movimientos de mujeres.

 

Muchas gracias por su atención.

 

La “escuela de puteros” adopta un enfoque represivo del sexo

 

JONATHAN HAYWARD / THE CANADIAN PRESS FILES
Una escort en un apartamento en el centro de Vancouver. La “escuela de puteros” intenta etiquetar el sexo comprado como un vicio repugnante y no natural.

Por Stuart Chambers
28/4/2017

 

http://www.winnipegfreepress.com/opinion/analysis/john-school-takes-repressive-approach-to-sex-420691923.html

 

 

Antes de su rechazo en 1973 por la Asociación Psiquiátrica Americana, la terapia de conversión había ganado notoriedad dentro de la psiquiatría convencional. Durante las sesiones de terapia, los psiquiatras intentarían suprimir la conducta orientada hacia el mismo sexo, algo que consideraban patológico, redirigiéndola hacia la norma heterosexual. En otras palabras, la cultura dominante pretendía imponerse a la expresión sexual considerada moralmente objetable.

 
Incluso el gobierno canadiense apoyó tales iniciativas. Aunque el Partido Liberal, bajo la dirección de Pierre Elliott Trudeau, aprobó el proyecto de ley C-150 en 1969, una decisión que despenalizó los actos entre adultos del mismo sexo en privado, muchos miembros de los partidos liberal y conservador eran partidarios de la terapia de conversión, prefiriendo “curar” a las personas homosexuales en lugar de encarcelarlos indefinidamente. Esta última solución ya no era una opción viable para el entonces ministro de Justicia John Turner. Admitió que la ley y la moral fueran consideradas “dos proposiciones filosóficas separadas”.

 
Décadas más tarde, sin embargo, la moralidad privada sigue cayendo bajo el ámbito del derecho penal. Por ejemplo, el sistema legal canadiense todavía castiga a los hombres heterosexuales que participan en la prostitución. La “escuela de puteros” ha reemplazado a la terapia de conversión como una forma de lavado de cerebro sancionado por el Estado que intenta etiquetar el sexo comprado como un vicio repugnante y no natural.

 
La verdadera felicidad, afirman los reformadores, sólo puede encontrarse en relaciones sanas y monógamas.

 
Al igual que la terapia reparadora, la escuela de puteros se involucra en la represión psicológica, una técnica diseñada para disuadir a los hombres de buscar la salida sexual que prefieran. Tyler Dawson, editora de las páginas editoriales de Ottawa Citizen, se refiere con precisión a estas sesiones de terapia como “espeluznantes noches de reeducación dirigidas por el Ejército de Salvación”.

 
El proceso de adoctrinamiento funciona de la siguiente manera: las audiencias masculinas reciben serias conferencias sobre cómo la prostitución daña internamente a las mujeres; presentaciones gráficas a continuación muestran cómo la promiscuidad conduce a las enfermedades de transmisión sexual; y miembros de la comunidad describen cómo sus vecindarios están repletos de prostitutas menores de edad, violencia de pandillas y agujas contaminadas.

 
Para los activistas contra la prostitución, no basta con que los puteros cambien su comportamiento: también deben cambiar sus preferencias. A los hombres se les dice no sólo que sus elecciones sexuales están equivocadas, sino que ningún adulto “normal” participaría en este tipo de depravación. El test moral del Estado se aprueba una vez que los puteros aceptan el hecho de que su ego egocéntrico masculino es la raíz narcisista de la explotación femenina. Este tipo de propaganda ideológica sólo perpetúa estereotipos degradantes sobre los clientes masculinos como misóginos predadores que participan en “violación pagada”. Al igual que la terapia de conversión, la escuela de puteros infunde un profundo sentido de auto-odio.

 
Por supuesto, lo que no se les dice a los puteros es que las jurisdicciones que legalizan el trabajo sexual, como Nevada, requieren que las trabajadoras sexuales usen condones y se hagan pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual. Además, los puteros nunca son informados acerca de las diferencias en la seguridad entre el trabajo sexual en interiores y al aire libre o cómo la criminalización afecta negativamente la salud de las trabajadoras sexuales.

 
Al igual que con las víctimas de la terapia de reparación, los puteros finalmente dejan de castigarse a sí mismos por sus deseos sexuales. Llegan a la conclusión de que su comportamiento es perfectamente natural para ellos: una respuesta a la soledad, la necesidad de conexión humana y el deseo de no ser juzgados. En última instancia, llegan a comprender que su conducta sexual debe ser moldeada y dirigida por ellos mismos, no por los sesgos paternalistas de los llamados profesionales.

 
Los partidarios de la escuela de puteros continúan estigmatizando las relaciones sexuales pagadas entre adultos heterosexuales que consienten en privado, de la misma manera que el Estado estigmatizó una vez el sexo entre adultos homosexuales que consentían en privado. Dado que hacer seguimiento de los puteros, “rehabilitarlos” y encarcelar a los reincidentes es tan productivo como lo fue hacer cumplir los arcaicos estatutos de la sodomía, la desaparición de la escuela de puteros debería ser bienvenida por aquellos que realmente creen que no hay lugar para el Estado en los dormitorios de la nación.

 
Castigar el deseo sexual para que se ajuste a ideales perfeccionistas de expresión sexual fracasó en el caso de la terapia de conversión. La escuela de puteros no irá mejor. Desafortunadamente, es una lección que los cruzados morales todavía tienen que aprender.

 
Stuart Chambers, Ph.D., es profesor en las facultades de artes y ciencias sociales en la Universidad de Ottawa.

 
Schamber@uottawa.ca

Ahora es el momento de despenalizar el trabajo sexual en Canadá

 

Sandeep Prasad, Directora Ejecutiva de Acción Canadá para la Salud y los Derechos Sexuales

24/04/2017

http://www.huffingtonpost.ca/sandeep-prasad/decriminalizing-sex-work_b_16211160.html


El gobierno de Trudeau ha abordado varios elementos claves de su estrategia de reforma de la ley penal, pero hace mucho tiempo que tenía que haber despenalizado el trabajo sexual.

 
Ser elegido para dirigir nuestro país implica algo más que victorias fáciles y asuntos políticamente oportunos “agradables a la gente”. El gobierno de Trudeau tiene la obligación moral de garantizar la salud pública y la seguridad de todos sus ciudadanos. El peso de la mayoría liberal debe respaldar la salud y la seguridad de todas las personas en Canadá, incluyendo las trabajadoras sexuales.

 
En 2017, las trabajadoras sexuales de Canadá continúan viviendo y trabajando en condiciones inseguras, enfrentándose a la violencia predatoria y estatal, las redadas de inmigración, la deportación, la vigilancia y el arresto, así como a la violación de sus derechos humanos. El hecho de no haber solucionado esto todavía sugiere que esta cuestión de los derechos humanos es intencionalmente dejada fuera de la agenda legislativa, lo que constituye una seria preocupación.

 
La reforma de la ley sobre el trabajo sexual es importante en Canadá. Entre los interesados, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud ha condenado la penalización total o asimétrica del trabajo sexual como una violación del derecho a la salud al crear barreras para el acceso de las trabajadoras sexuales a los servicios de salud.

 
Los gobiernos tienen la obligación de demostrar la debida diligencia en la protección de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, incluido su derecho a la salud y a no verse sometidos a la violencia. Las leyes y regulaciones deben estar basadas en la evidencia y abordar los sistemas de opresión cruzados y estratificados que afectan las experiencias de las trabajadoras sexuales. Esto sólo puede comenzar cuando nuestro gobierno tome las medidas necesarias para despenalizar el trabajo sexual en Canadá.

 
En diciembre de 2013, la victoria estuvo casi al alcance. La Corte Suprema de Canadá anuló unánimemente las leyes perjudiciales que obstaculizaban la protección efectiva de las trabajadoras sexuales y de la comunidad en general.

 
El avance hacia la despenalización fue respaldado por miles de páginas de evidencias y testimonios de expertos, así como décadas de informes e investigaciones de comisiones patrocinadas por el gobierno, encabezadas por el activismo implacable de las organizaciones de base.

 

La decisión Bedford de la Corte Suprema marcó un gran paso en el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales específicamente, y de los derechos humanos en Canadá de manera más general. Durante más de treinta años, las trabajadoras sexuales habían pedido a Canadá que derogara las leyes que les atañen a ellas, a sus clientes y a las personas con las que trabajan, señalando el daño ocasionado por la penalización de los elementos del trabajo sexual y la incapacidad de las leyes de prostitución para protegerlas de la violencia. Muchas vidas se perdieron esperando esta victoria.

 
Casi de inmediato, el gobierno de Harper comunicó su intención de introducir nuevas leyes. Un cambio hacia un discurso que amalgamaba el trabajo sexual y la trata de seres humanos pronto se puso en marcha e introdujo la idea de las trabajadoras sexuales como víctimas para justificar la continua regulación agresiva del trabajo sexual y de las trabajadoras sexuales. En diciembre de 2014, el proyecto de ley C-36, Ley de protección de las comunidades y personas explotadas, se convirtió en ley.

 
Al igual que las leyes puestas en marcha en 2013, este nuevo régimen regulatorio no cumple con la Carta de Derechos y Libertades y con los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo de Canadá en su decisión Bedford.

 
Este giro de los acontecimientos golpeó seriamente a las directamente afectadas por la penalización del trabajo sexual, algunas de los cuales habían pasado décadas luchando por sus derechos y se les decía que esperaran una vez más. Las evidencias de las ciencias sociales de Canadá y de todo el mundo indican claramente que la penalización de la industria del sexo — ya sean clientes, terceros o trabajadoras del sexo— continúa enviando a la industria del sexo a las sombras, restringiendo el acceso de las trabajadores sexuales a importantes mecanismos de seguridad y tiene profundas consecuencias negativas sobre la salud, la seguridad, la igualdad y los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

 
El Partido Liberal de Canadá, entonces un partido de oposición, denunció claramente la nueva ley. Tomaron una postura clara y expresaron serias preocupaciones sobre la nueva legislación que no protege adecuadamente la salud y la seguridad de las personas vulnerables, en particular las mujeres.

 
Durante la campaña electoral en 2015, la entonces crítica de salud liberal Hedy Fry dijo a un foro de igualdad de mujeres de todos los candidatos que su partido mantenía su firme oposición al proyecto de ley C-36 y planeaba desecharlo. Cuando el Partido Liberal ganó su gobierno mayoritario, prometieron un cambio real y calificaron al nuevo primer ministro de Canadá como feminista. ¿Dónde está el cambio?

 
Una vez elegido, el gobierno de Trudeau tomó la medida sin precedentes de publicar públicamente todas las cartas de mandato ministeriales. Estos documentos proporcionan un marco para lo que se espera que cumplan los ministros, incluyendo los objetivos políticos específicos y los retos a abordar. La carta de mandato público recibida por el nuevo Procurador General de Justicia de Canadá y el Ministro de Justicia, la Honorable Jody Wilson-Raybould, no mencionaba el trabajo sexual; no se incluyó un cronograma para abordar la penalización del trabajo sexual.

 
El gobierno de Trudeau se ha promocionado como uno que promueve, respeta y lucha por los derechos de la Constitución; sin embargo, su respuesta a los derechos constitucionales de las trabajadoras sexuales es lamentable hasta la fecha: un año y medio más tarde, seguimos esperando.

 
La ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, debe iniciar rápidamente un proceso de reforma de la ley del trabajo sexual que culmine en la despenalización del trabajo sexual como parte de la estrategia de reforma del derecho penal de este gobierno. El momento es ahora. De hecho, el momento fue hace mucho tiempo.

 

APDHA reclama la regulación del trabajo sexual como actividad laboral

31 marzo, 2017

 

http://www.apdha.org/apdha-reclama-la-regulacion-del-trabajo-sexual-como-actividad-laboral/

 

  • Un informe con entrevistas en profundidad pretende romper los falsos estereotipos, denunciar el empeoramiento de las condiciones de trabajo y exigir que se escuchen las demandas del colectivo

 

Andalucía, 31 de marzo de 2017. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía reclama que se regule el trabajo sexual como actividad laboral, de manera que las personas que trabajan en este ámbito dejen de estar estigmatizadas y tengan acceso a sus derechos sociales.

La organización hace esta reivindicación con motivo del informe ‘Testimonios del trabajo sexual al margen de los estereotipos; ni víctimas ni delincuentes, personas que reclaman derechos’, en el que se han realizado trece entrevistas en profundidad a personas que llevan más de diez años ejerciendo el trabajo sexual en Andalucía, en su mayoría mayores de 45 años. Se trata de personas diversas, que muestran también una realidad diversa y poco conocida,  mujeres, transgéneros, inmigrantes, nacionales, con voces y experiencias igualmente heterogéneas, pero que comparten ser “parte de un colectivo sin reconocimiento y al que se le vulnera continuamente sus derechos y su dignidad”.

Para la asociación, es necesario abordar el trabajo sexual desde su reconocimiento como actividad laboral, “puesto que en nuestra sociedad actual los derechos y el respeto  a la ciudadanía va íntimamente relacionado a la condición de persona trabajadora”, asegura la coordinadora de Trabajo Sexual de la APDHA, Talía Ardana. Para ello, señala, es necesario poner en primer lugar la voz y las demandas del colectivo, teniendo en cuenta toda su heterogeneidad y teniendo como objetivo primordial la mejora de las condiciones de trabajo, la protección de sus intereses y la garantía de derechos.

Además, el informe pretende romper el estereotipo de persona que ejerce la prostitución, dado que no responde a la realidad, y visibilizar las consecuencias de que esta actividad no esté convenientemente regulada, entre las que se encuentran la ausencia de opciones de jubilación y de protección social propias de cualquier persona trabajadora.

Los testimonios, a juicio de la organización, ponen en evidencia la falta de respuestas y las consecuencias negativas que, desde los actuales modelos de intervención sobre el trabajo sexual se están produciendo. APDHA lamenta que gran parte de las demandas y problemas del colectivo, “además de no ser tenidas en cuenta, son contrarias a las medidas supuestamente protectoras que se están implantando en España”.

En el informe se realiza, asimismo un análisis crítico de los diferentes modelos ideológicos –abolicionista/prohibicionista- que guían las actuales políticas desde las que se aborda el desarrollo del trabajo sexual en España. Estas políticas, critica la asociación, están suponiendo un importante viraje hacia la criminalización del trabajo sexual que se traduce en medidas represivas que están produciendo un empeoramiento de las condiciones de trabajo del colectivo y “lejos de favorecerlo, lo deja más desprotegido”.

APDHA denuncia cómo los dos modelos sirven por igual como coartada ideológica para acabar con el trabajo sexual y asumen como punto de partida, imágenes estereotipadas del colectivo. Así “nos encontramos, en el modelo de inspiración  prohibicionistas una imagen de la trabajadora sexual como delincuente, relacionada con el tráfico y consumo de drogas, o desde el ideario abolicionista la imagen de una mujer sin capacidad de agencia, sin posibilidad de concebir el trabajo sexual como una opción voluntaria y por lo tanto, víctima,  de trata de seres humanos cuando es extranjera o de violencia de género en cualquiera de los casos”, explica Talía Ardana.

Esta imagen estereotipada del trabajo sexual, apunta, además de constituir una visión simplista e interesada del conjunto de personas que lo desarrollan,  acrecientan el estigma que pesa sobre el colectivo, lo que supone un importante obstáculo para estas personas a la hora de dar visibilidad a sus demandas.

 

Confesiones de una ex SWERF

 

Taryn De Vere

 

29 de marzo de 2017

 

https://medium.com/@taryndevere/confessions-of-a-former-swerf-be0892f0fd30

Ok, puede que no fuera del todo una SWERF, ya que no quería quitar derechos a las trabajadoras del sexo, pero yo pensaba que el trabajo sexual era explotador y un resultado directo de siglos de patriarcado. Pensaba que cualquier persona que intentara comprar sexo de otra persona debía ser criminalizada, porque yo ingenuamente creía que eso acabaría con la demanda. También pensaba que todo el mundo que trabajaba en la industria estaba allí bajo coacción. Y todas estas suposiciones estaban basadas en una ignorancia completa y absoluta.

Desde entonces he tenido la suerte de conocer a mucha gente que trabaja en la industria del trabajo sexual (la mayoría de ellas mujeres). ¡Cómo me ha abierto eso los ojos! He visto destrozadas muchas de mis ideas e ilusiones. Una de mis amigas se vio obligada a trabajar en el sexo cuando era una adolescente y su experiencia fue horrible. Pero aparte de esa amiga —y yo diría que ella fue víctima de esclavitud sexual, no una trabajadora sexual— todas las otras mujeres que conozco que son trabajadoras sexuales han elegido su línea de trabajo.

Para algunas mujeres la elección es financiera. A otras mujeres lo único que les pasa es que les gusta jodidamente (disculpen el juego de palabras). Algunas mujeres que conozco encuentran que el trabajo sexual es un trabajo enormemente gratificante y agradable. ¡Lo sé! ¿No es asombroso? Yo también me sorprendí cuando me di cuenta de que no todo el mundo es como yo! (Estoy siendo sarcástica, por supuesto, pero sobre todo hacia mi antiguo yo).

Reunirme con trabajadoras sexuales y ex trabajadoras del sexo y escucharlas me abrió los ojos sobre por qué la gente trabaja en el trabajo sexual, y cómo la gente se siente al respecto, pero ¿qué pasa con el patriarcado? ¿Cómo reconciliar la venta del cuerpo femenino siguiendo siglos de degradación, sexualización y explotación de género? Como actualmente vivimos en un mundo patriarcal, es casi imposible saber si el trabajo sexual todavía existiría si viviéramos en un mundo equitativo, o incluso en un mundo que no fuera tan dependiente de la vergüenza, el miedo y el secreto. Tengo la sensación de que incluso si la sociedad fuera equitativa en todos los sentidos y no hubiera miedo o vergüenza en torno al sexo, todavía habría personas que querrían ser trabajadoras sexuales. Estoy basando este sentimiento en la sensación genuina de alegría y satisfacción que algunas trabajadoras sexuales dicen que obtienen de su trabajo y porque la mayoría de las mujeres que conozco que son trabajadoras sexuales me dicen que están contentas con el trabajo que han elegido.

Nunca olvidaré la pregunta que hice a una trabajadora sexual (que ahora se ha convertido en una amiga) cuando la conocí por primera vez:

    “¿Estás diciendo que algunas personas eligen activamente el trabajo sexual?”

“Sí”, dijo ella.

“Pero ¿algunas mujeres no lo hacen porque no pueden permitirse no hacerlo?”, le pregunté.

“Sí. Hay gente a la que no les gusta su trabajo, no importa qué trabajo estén haciendo, como hay limpiadoras que no quieren ser limpiadoras, pero que son forzadas por la pobreza “, dijo.     “Sólo porque usamos otras partes de nuestro cuerpo para hacer nuestro trabajo, ¿significa que no debemos tener los mismos derechos y la misma seguridad que tú?”

No pude rebatir eso. Y ese fue el final de mi SWERFenismo.

Sé que muchas mujeres son anti trabajo sexual y para mí estas personas son muy parecidas a las antielección. Desean negar a las mujeres su propia autonomía y experiencias y muestran poco interés en abordar los temas centrales que hacen que algunas mujeres asuman el trabajo sexual, tales como pobreza, elevadas tasas universitarias o costos de cuidado infantil. ¿Por qué las SWERFs no luchan duro para acabar con la pobreza, para proporcionar más apoyos a las madres solas o para bajar los costes universitarios? ¿Por qué en su lugar atacan a las mujeres que — como el resto de nosotras— sólo están tratando de ganarse la vida? Sé de mujeres que no elegirían el trabajo sexual si tuvieran suficiente seguridad financiera, pero como no la tienen, el trabajo sexual es la opción que han elegido para llevar la comida a la mesa. Y por supuesto están las mujeres que quieren ser trabajadoras sexuales y disfrutan siéndolo. ¿Por qué estas mujeres deben ser criminalizadas, estigmatizadas y negadas, sólo por el tipo de trabajo que han elegido hacer (y sin importar por qué lo han elegido)?

Hay una paradoja esencial en ser una SWERF: ¿cómo puedes realmente ser una feminista si no escuchas y crees en las experiencias de otras mujeres? ¿Cómo puedes adoptar una visión tan paternalista de las trabajadoras del sexo y pensar que sabes lo que es mejor para ellas, incluso cuando están claramente diciendo lo contrario? Mis propios puntos de vista de SWERF vinieron de la ignorancia y de una clase condescendiente de ambiente de cruzada moral: “sé lo que es lo mejor para vosotras, mujeres caídas. Vamos y os ayudaremos a salir de vuestra terrible vida”. Nunca dije eso o lo pensé, pero estaba en la raíz de las creencias que tenía sobre el trabajo sexual y las trabajadoras sexuales. Me estremece pensarlo ahora: qué condescendiente, qué arrogante, qué ofensivo. Estoy expiando públicamente por mis anteriores y espantosas maneras de SWERF y esperando que al hacerlo pueda llegar a algunas personas que están abiertas a nuevas ideas sobre las trabajadoras del sexo.

Había un montón de voces de SWERF encantadas por la implantación del modelo sueco/nórdico en Irlanda. Y, sin embargo, este modelo no ha reducido la venta de sexo en Suecia y sólo lo ha hecho más peligroso para las trabajadoras sexuales, por lo que se plantea la pregunta ¿a quién está sirviendo y por qué se sentiría nadie feliz por su implantación? Las SWERFs parecen felices de ignorar la evidencia y la investigación que muestran las muchas fallas peligrosas del modelo sueco/nórdico. He argumentado anteriormente que las SWERFs deberían ser llamadas SWERs, ya que no puedo encontrar ningún rastro de feminismo en un dogma que elimina las voces y la autonomía de las mujeres objeto de discusión y que son las más afectadas. Nuestras hermanas trabajadoras del sexo no deben ser arrojadas bajo el autobús por el bien de unos pocos moralizantes.

 

Me encantaría saber cómo las SWERFs reconcilian su “feminismo” con creencias que están perjudicando y en algunos casos matando mujeres. Tal vez, como me pasaba a mí, la mayoría de las SWERF nunca han conocido a una trabajadora del sexo o han pensado mucho en lo peligrosas e hirientes que son sus ideas. Espero que algunas de vosotras consideréis uniros a mí para apoyar los derechos de todas las mujeres, independientemente de la profesión que hayan elegido para sí.

 

 

  • Una nota sobre la trata: La trata y el trabajo sexual son discutidos a menudo juntos como si las dos cosas fueran lo mismo, pero las trabajadoras sexuales consensuales no son lo mismo que alguien forzado a la esclavitud sexual. No conozco a nadie que piense que la trata de seres humanos está bien. Y ninguna trabajadora sexual que conozca quiere obligar a nadie a trabajar en el trabajo sexual contra su voluntad. El consentimiento es clave en el trabajo sexual (y en el sexo). Luchar por la despenalización del trabajo sexual y la seguridad de las trabajadoras sexuales no es una victoria para los traficantes. Se sale un poco de los límites de este artículo el tema, pero podéis encontrar un gran trabajo sobre los problemas con el modelo nórdico vinculándolo a la trata aquí (1) y la diferencia fundamental entre el trabajo sexual y el tráfico humano explicada maravillosamente aquí (2).

 

Quiero reconocer y agradecer a todas las mujeres que han dado tanto de su tiempo y su energía a enseñarme a mí y a otros acerca del trabajo sexual, (con un agradecimiento especial a Lucy Smith de Ugly Mugs que es una Shero total).

 

 

 

 

1.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2017/02/14/asi-que-no-quieres-creer-a-amnistia-internacional-pues-mira-esto/

 

2.- http://thoughtsonliberty.com/stop-using-the-terms-sex-trafficking-and-sex-work-interchangeably

El Gobierno de Suecia indemnizará a personas transexuales que fueron esterilizadas a la fuerza

Ángel Ramos

27 Abril 2016

 

  • Hasta 2013, la ley sueca establecía que las personas que querían cambiar su sexo legal tenían que “carecer de la capacidad para procrear”.

  • Cientos de personas trans se vieron obligadas a someterse a cirugía de esterilización a causa de esta ley.

 

 

http://www.cascaraamarga.es/politica-lgtb/lgtb-internacional/13148-el-gobierno-de-suecia-indemnizara-a-personas-transexuales-que-fueron-esterilizadas-a-la-fuerza.html

 

 

El ministro de Salud Pública del país escandinavo, Gabriel Wikström, ha confirmado que el Gobierno sueco pagará una indemnización a las personas trans que fueron víctimas de la esterilización forzada.

Más de 160 víctimas de esta ley, que fue revocada en 2013, presentaron una demanda contra el gobierno por esta práctica y, después de una larga batalla política que ha durado años, el gobierno de Suecia ha confirmado que resolverá el caso pagando una indemnización.

En un comunicado, el ministro de Salud Pública confirmó que el Gobierno desarrollará la legislación con el fin de permitir la compensación a pagar: “Hasta 2013, era un requisito para someterse a la esterilización de cambio de sexo. Era una expresión de una visión del mundo que hoy pensamos que está mal y a la que renunciamos. El gobierno, por tanto, va a introducir un proyecto de ley, lo que significa que los afectados por la ley anterior podrán solicitar una compensación por parte del Estado”, declaró Wikström. “El objetivo es que la ley entre en vigor en julio de 2018”, aclaró.

Kerstin Burman, de la Federación Sueca por los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales y Queer, dijo que las “reparaciones monetarias no pueden compensar completamente las violaciones de esterilización forzada, pero una reparación financiera iniciada por el gobierno es un reconocimiento oficial de que estas acciones eran malas y que el Estado no debería haber tratado a sus ciudadanos de esta manera”. “Que el gobierno haya optado por tomar la responsabilidad política de las esterilizaciones forzadas es muy positivo. Ahora estamos esperando que el nivel de la compensación sea adecuado y justo”, matizó.

Según Burman, la estimación de esta compensación estaría alrededor de las 300.000 coronas suecas (alrededor de 32.000 €) por persona. “Si el gobierno propone una cantidad significativamente menor, a continuación volveremos a los tribunales”, precisó.