“El problema de la prostitución”: políticas represivas en nombre del control de la migración, el orden público y los derechos de las mujeres en Francia

 

 

http://www.antitraffickingreview.org/index.php/atrjournal/article/view/383/323?fbclid=IwAR1BI1BUB26NaggS68ytgLssGJuZ1q0qJCYQktHfJZ8ND8I083ZD78mNSiM

 

Charlène Calderaro y Calogero Giametta

 

Resumen

Este artículo se enfoca en los debates políticos que llevaron a la adopción de la prohibición de compra de sexo (comúnmente conocida como el modelo sueco o nórdico) en Francia en abril de 2016. Examina la convergencia de las feministas francesas y los actores neoabolicionistas tradicionales en la lucha contra la prostitución y su impacto en los derechos y el bienestar de las trabajadoras sexuales. Argumentamos que existe una continuidad entre los efectos producidos por la prohibición de solicitar promulgada en 2003 y los creados por la ley que penaliza a los clientes en 2016. Al discutir la represión actual del trabajo sexual en Francia, destacamos cómo la construcción del “problema’ de la prostitución” debe verse a la luz de preocupaciones políticas más amplias sobre el sexismo en los barrios pobres y el control de la inmigración, que justifican las prioridades nacionales de seguridad y orden público.

Palabras clave: trabajo sexual, migración, modelo sueco, Francia, derechos de las mujeres, orden público.

Cite, por favor, este artículo como: C Calderaro and C Giametta, ‘“The Problem of Prostitution”: Repressive policies in the name of migration control, public order, and women’s rights in France’, Anti-Trafficking Review, issue 12, 2019, pp. 155-171,www.antitraffickingreview.org.

 

 

Contextualizando el “problema de la prostitución” en Francia

 

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Francia ha participado en la lucha contra la trata de personas y la prostitución, especialmente tras la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena en 1960. En Francia, como en muchos otros países, los debates políticos y las normativas han combinado sistemáticamente la trata de personas con la prostitución. [1] Con el fortalecimiento de las fronteras de Europa en la década de 1990, los migrantes se han visto obligados a recurrir a terceros para acceder al área de Schengen. [2] Durante este tiempo, las trabajadoras sexuales migrantes se hicieron mucho más visibles en ciudades francesas, pueblos y aldeas más pequeñas, siendo sometidas a un mayor control estatal [3]. En este sentido, era de esperar una atención política renovada al “problema de la prostitución” [4]. Como señala Lilian Mathieu, el momento en que la clase política francesa consideraba que tratar de la prostitución era “indigno” de las preocupaciones de la Asamblea Nacional había terminado. [5] En las últimas dos décadas, de hecho, ha habido un aumento constante en el número de informes parlamentarios, iniciativas legislativas y debates públicos sobre el tema.

La cuestión de cómo lidiar con la prostitución surgió en el ámbito político nacional en 2003 a través de la implementación de una ley sobre seguridad doméstica, Loi pour la sécurité intérieure (LSI), presentada por Nicolas Sarkozy, el entonces Ministro del Interior. Esta ley se incluyó en una serie más amplia de medidas relacionadas con el orden público y la seguridad y se dirigió directamente a las trabajadoras sexuales. Amplió la tipificación de solicitar de falta (contravention) a delito (délit); también amplió los actos que estarían sujetos a sanciones de “solicitud activa” para incluir “solicitud pasiva”. Como resultado de estos cambios, se introdujo un nuevo artículo en el Código Penal (art. 225-10-1). Cabe destacar que el delito de solicitud había sido eliminado previamente del Código Penal en 1994.

La cuestión de cómo lidiar con la prostitución volvió a surgir en 2011 cuando dos parlamentarios —Danielle Bousquet y Guy Geoffroy— realizaron un informe detallado sobre la prostitución en Francia y lo presentaron a la Asamblea Nacional para su debate parlamentario. Este informe se basó en una postura represiva sobre el trabajo sexual [6] que articuló la “lucha contra el sistema de prostitución” como una cuestión de derechos de las mujeres. Lo que distinguió el informe Bousquet-Geoffroy de los informes anteriores fue su enfoque en los derechos de las mujeres, en el sentido de que los autores sugirieron que las trabajadoras sexuales no deberían ser penalizadas, sino que la responsabilidad debería recaer en los clientes, ya que deberían responder por el hecho de que su demanda de servicios sexuales pagados fomentaba la explotación y la trata. En todo el espectro político, la gran mayoría de los políticos franceses acogieron con satisfacción la propuesta de crear un delito en el Código Penal que se centrara en las personas que pagaban por los servicios sexuales, lo que finalmente se aprobó en abril de 2016 (ley n ° 2016-444). Aunque uno de los objetivos declarados de la ley era brindar a las mujeres la oportunidad de dejar el trabajo sexual, una investigación reciente muestra que la penalización de los clientes ha sido aún más perjudicial para las trabajadoras sexuales que las medidas anteriores contra la solicitud, [7] que ya habían resultado en el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de las trabajadoras sexuales [8].

Este artículo pretende arrojar luz sobre el desarrollo particular de las leyes represivas sobre el trabajo sexual en Francia. Si bien destaca las especificidades del contexto francés, argumenta que la construcción de la prostitución como un problema social debe verse a la luz de las inquietudes políticas más amplias sobre el sexismo en los barrios pobres (quartiers populaires) y el control de la inmigración. El análisis se basa en dos conjuntos de datos principales: la investigación en curso sobre las intervenciones humanitarias dirigidas a las trabajadoras sexuales migrantes (Giametta) y las entrevistas con las feministas institucionales de la corriente dominante y otros grupos neoabolicionistas [9] (Calderaro) que apoyaron las leyes represivas de prostitución en Francia. La primera información surgió del proyecto de investigación Sexual Humanitarianism (2016-2020), que explora la relación entre la migración, el trabajo sexual y la trata en la industria sexual mundial. [10] Centrándose en la ley y los debates políticos actuales, Giametta ofrece un análisis de los discursos humanitarios y las prácticas de seguridad dirigidas a las trabajadoras sexuales en Francia. Este análisis se ve respaldado por los datos etnográficos que surgen de las entrevistas con 25 trabajadoras sexuales migrantes (trans, cis, mujeres y hombres) y diez informantes clave, como trabajadores de la salud comunitaria, trabajadores sociales y abogados de inmigración en París y Marsella que se realizaron entre enero de 2016 y marzo de 2018. Este último surge del trabajo de campo que Calderaro realizó para una tesis de maestría sobre las políticas represivas de trabajo sexual en Francia. En el invierno de 2018, realizó 15 entrevistas con el objetivo de comprender el papel de los diferentes actores involucrados en la redacción de la ley de 2016. Se entrevistaron cuatro categorías diferentes de actores: dos parlamentarios clave a cargo del desarrollo de la ley y miembros del comité especial de la Asamblea Nacional; miembros de instituciones públicas, como la oficina para la igualdad de género en el Ayuntamiento de París, el organismo de vigilancia parisino sobre la violencia contra las mujeres (Observatoire Parisien des Violences faites aux Femmes), y dos oficinas para la igualdad de género en Saint-Denis y Bagnolet en el Sena – Área de Saint-Denis; activistas neoabolicionistas, incluidos dos miembros del Mouvement du Nid y el presidente de la Fondation Scelles; y trabajadoras sexuales, activistas y personal de organizaciones comunitarias de salud que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales. Se les preguntó a todos sobre su participación en los procesos de consulta y toma de decisiones antes de la promulgación de la ley de 2016.

Política sexual, orden público y seguridad nacional

Aunque el modelo de acabar con la demanda no ha dado los resultados prometidos de eliminar la prostitución y la trata en Suecia, todavía se presenta como la solución a los problemas de la prostitución y la desigualdad de género. La funcionaria electa a cargo de la igualdad de género en el ayuntamiento de París (Mairie de Paris), Hélène Bidard, nos dijo que: “en retrospectiva, su éxito realmente tuvo que ver con las organizaciones que subrayan el vínculo entre la violencia contra las mujeres y la prostitución”. Según el paradigma neoabolicionista, las trabajadoras sexuales ya no son delincuentes, sino víctimas. En el contexto sueco, la ley se promovió como parte de un conjunto más amplio de leyes llamadas Kvinnofrid, o Ley de Violencia contra las Mujeres (Kvinnofrid se traduce como “paz o serenidad para las mujeres”). [11]

Siguiendo la dimensión de género del debate sobre la prostitución que emana de las instituciones suecas, el antropólogo Don Kulick examinó cómo el discurso de la sexualidad, o cómo se trata la sexualidad en la vida privada, nos dice algo sobre los valores de la sociedad en general. En el referéndum de la UE de 1994, Suecia votó para unirse a la Unión Europea por un margen estrecho, ya que circulaban temores en el país de que, al acceder a la UE, el país “se vería inundado por decenas de miles de prostitutas extranjeras que clamaban a las puertas, y se vería infectado por una visión liberal de la prostitución que, según se decía, se estaba extendiendo por toda Europa”. [12] Desde entonces, los parlamentarios suecos en Bruselas han hecho actividad de lobby a favor de lo que se conoció como el “modelo sueco” para la abolición de la prostitución, con el objetivo de exportar la imagen distintiva de Suecia como paraíso de igualdad de género a otros estados miembros. Hoy, a nivel de la UE, vale la pena mencionar los vínculos fortalecidos que han surgido entre las feministas de la corriente dominante suecas y francesas como resultado de las actividades del Lobby de Mujeres Europeas. [13] Sin embargo, para entender el camino particular de Francia hacia la adopción del enfoque de acabar con la demanda, debemos analizar otros factores que van más allá de las preocupaciones morales de los políticos sobre la desigualdad de género y la trata.

 

Sexualidad, valores nacionales y cuestiones raciales.

A principios de la década de 2000, hubo un cambio en la forma en que se discutió el género y la sexualidad en la esfera política francesa, ya que comenzaron a vincularse explícitamente con las cuestiones raciales [14]. En ese momento, los medios de comunicación centraron su atención en los actos de violencia sexual en los banlieues (suburbios) parisinos cometidos por hombres jóvenes de origen norteafricano [15]: la cantidad de artículos periodísticos sobre este tema se multiplicó por diez entre 2000 y 2001. [16 ] Esta visión de la violencia sexual como endémica en ciertas áreas geográficas no puede ser entendida, argumenta Myriam Ticktin, sin considerar los debates sobre inmigración y seguridad nacional, y la intensificación de la islamofobia en el país [17].

Dos discursos notables coexistieron en Francia a principios de la década de 2000. El primero se centró en la lucha contra el sexismo a través del racismo, movilizando “el archivo colonial que codifica la raza / clase a través de la sexualidad” [18] (es decir, el Otro migrante o racial visto como un desviado sexual). El segundo fue el discurso institucionalizado de violencia contra las mujeres que emanaba de las Naciones Unidas desde la década de 1990, que permitió una mayor visibilidad de las cuestiones relacionadas con el género y la violencia sexual (es decir, mutilación genital femenina, violencia doméstica, sati, asesinatos de honor, etc.). En ese momento, las prohibiciones de la solicitud pasiva y el hijab, así como el enfoque en la violencia sexual en los banlieues, “cobraron importancia en un discurso sobre la protección de las mujeres contra la violencia y la opresión; se mantenga o no actualmente esta retórica en la práctica”. [19] La economía moral que está detrás de los debates y la implementación de las leyes que controlan la sexualidad creó un pánico que se centró en los migrantes y los no migrantes racializados que viven en Francia.

Este contexto creó una animosidad y división significativas entre las feministas en Francia [20] y dio lugar a la consolidación de lo que la socióloga estadounidense Elisabeth Bernstein ha denominado “feminismo carcelario”, un tipo de feminismo que se basa en gran medida en las formas estatales de poder, como la policía e instituciones legales, para combatir el patriarcado. [21] La convergencia de un cierto tipo de feminismo hegemónico con el Estado y sus políticas contra la inmigración ha creado una política contra la trata en Francia que puede denominarse “femonacionalista”. [22] Este término, acuñado por Sara Farris, señala cómo prominentes feministas y mujeres burócratas —Farris las denomina “femócratas”— han promovido leyes y actitudes que estigmatizan a la población musulmana en Francia, fortaleciendo así las posiciones anti-Islam en nombre de los derechos de las mujeres.

Desde el punto de vista femonacionalista, el problema de la misoginia y la dominación patriarcal está muy a menudo relegado a áreas específicas (pobres) en ciudades francesas donde viven muchas personas racializadas. En los debates recientes sobre la prohibición del trabajo sexual, los clientes pobres y de clase trabajadora de las trabajadoras sexuales son patologizados como sujetos sexuales “malos” que no tienen lugar en el espacio civilizado de la República: éste es el argumento moral con respecto a ideales de ciudadanía francesa. Al mismo tiempo, los clientes suelen ser racializados como sujetos sexuales “regresivos” que no saben cómo tratar a una mujer con respeto y que son muy propensos a explotar (a sus) mujeres comprando sexo de ellas, haciendo de proxenetas o sometiéndolas a trata: este es el argumento racista dirigido a minorías y migrantes. En los principales medios de comunicación, las personas que viven en quartiers populaires  (barrios de clase trabajadora) son estigmatizadas por sus actitudes sexistas hacia las mujeres y los hombres homosexuales, y se considera que ambos grupos necesitan ayuda. Este tipo de discurso de rescate ha impactado en la forma en que el gobierno ha adoptado simultáneamente políticas represivas para eliminar el velo de las mujeres musulmanas y abolir la prostitución, en nombre de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. En una de nuestras entrevistas, Yves Charpenel del grupo neoabolicionista Fondation Scelles, cuando hablaba de la prostitución en los barrios parisinos más pobres, dijo: “estas mujeres son utilizadas por sus propias comunidades, generalmente éstas son minorías étnicas en los banlieues, a menudo son violadas por pandillas (tournantes), son desclasadas socialmente, se vuelven completamente silenciosas e invisibles, y pueden ser vendidas a las pandillas en los banlieues cercanos” (entrevista, febrero de 2018). La convergencia de las inquietudes políticas sobre el orden público, la seguridad y la libertad de las mujeres ha tenido el efecto de radicalizar la postura de las feministas francesas en general sobre la abolición de la prostitución y, con ello, el fenómeno de la trata. La mayor visibilidad de las migrantes en el sector del trabajo sexual —especialmente en las calles y espacios públicos— ha exacerbado estas preocupaciones.

 

Control migratorio: orden público y seguridad nacional.

La presencia de trabajadoras sexuales migrantes en toda Francia ha sido vista como una molestia pública. Algunas ciudades, como Lyon, comenzaron a aplicar leyes contra la solicitud en el centro de la ciudad incluso antes de LSI, la ley de seguridad doméstica de 2003. Como en otras partes de Europa, los centros de las ciudades y las áreas gentrificadas tenían que ser “salvaguardadas” y las ordenanzas contra las solicitudes comenzaron a ser promulgadas en todo el país a nivel municipal ya en 2002. [23] El mantenimiento del orden público a través de la penalización de la solicitud se convirtió en una cuestión de seguridad nacional en el marco del entonces ministro del interior Nicolas Sarkozy. Esto ocurrió porque se consideraba que las trabajadoras sexuales migrantes estaban conectadas a redes de trata; encarnaban una forma de criminalidad transnacional enraizada en Francia. Bajo el LSI (y la implementación del Protocolo de Trata de las Naciones Unidas), las trabajadoras sexuales migrantes que fueron detenidas por solicitar tuvieron la oportunidad de acceder a mecanismos contra la trata y recibir permisos de residencia temporales con la condición de que informaran de sus proxenetas y / o tratantes.

El control del número de migrantes es fundamental para la seguridad en Francia. La llamada “crisis de refugiados” de Europa, los ataques terroristas de 2015 en Francia y Bélgica y los dos años de emergencia que siguieron, y la subsiguiente ley antiterrorista implementada en 2017 por el gobierno del presidente Macron, provocaron un aumento en los controles de identidad , redadas y mayor estigmatización del Islam, todos los cuales se dirigen a personas racializadas y migrantes. Estas extraordinarias medidas policiales y administrativas se han justificado como parte del modus operandi convencional en el marco de la emergencia. [24] Los migrantes han sido descritos cada vez más como depredadores y sujetos a niveles sorprendentemente altos de control policial. Como lo indicó nuestra investigación etnográfica, la agenda de igualdad de género del gobierno que emana de las feministas institucionales no ha desafiado las lógicas racistas de sus medidas de seguridad; por el contrario, ha legitimado prácticas carcelarias como una forma de promover la abolición de la prostitución.

 

Nuevas alianzas y la redefinición del “problema de la prostitución”

 

Las alianzas emergentes entre diversos actores han influido en la politización del “problema de la prostitución”, así como en su lugar en la agenda institucional en Francia [25]. La alianza de organizaciones neoabolicionistas, feministas institucionales y movimientos feministas tradicionales ha redefinido la prostitución a través del paradigma neoabolicionista, fusionándola con la violencia contra las mujeres [26]. Además, los discursos antineoliberales y antiglobalización se han movilizado ampliamente para redefinir la prostitución como un problema político tanto a nivel nacional como internacional. [27]

 

La convergencia de neoabolicionistas, feministas e instituciones públicas.

La primera alianza a la que queremos apuntar es la de los propios actores neoabolicionistas, es decir, los grupos de activismo feminista y las organizaciones neoabolicionistas tradicionales. Los neoabolicionistas a los que nos referimos incluyen organizaciones que entran en la categoría legal de “organizaciones de utilidad pública” (associations reconnues d’utilité publique), es decir, organizaciones con un objetivo de interés público que pueden beneficiarse de fondos públicos, donaciones y legados. Nos referimos a estos actores como “empresarios morales”, [28] porque enfatizan su postura moral y la tradición católica de la que emanan sus políticas. [29] Entre estas organizaciones, Mouvement du Nid y Fondation Scelles han jugado un papel central. De hecho, junto con organizaciones feministas, establecieron Abolition 2012, un colectivo de todos los neoabolicionistas que están a favor de la erradicación de la prostitución en Francia. Cuando se le preguntó sobre los vínculos entre Mouvement du Nid y Fondation Scelles, Yves Charpenel, presidente de esta última, declaró:

Y. Charpenel: Creamos Abolición 2012 juntos y creamos la PAC [Coalición para la Abolición de la Prostitución], que reúne a 23 organizaciones de 23 países diferentes e intercambiamos conocimientos sobre diferentes leyes nacionales, y también trabajamos con organizaciones de sobrevivientes [ ‘sobrevivientes’ aquí se refiere a ex trabajadoras sexuales, nota de los autores]. 

C: Entonces, ¿Abolición 2012 fue creada al principio por …?

Y. Charpenel: La Fondation [Scelles] y el Mouvement du Nid, sí. Y luego se unieron las feministas.

Abolición 2012 fue el resultado de la alianza de unos 80 neoabolicionistas y feministas provenientes de grupos de activistas e instituciones públicas. Se reunieron para organizar reuniones y manifestaciones para apoyar la ley de acabar con la demanda. Los parlamentarios entrevistados mencionaron el apoyo indispensable de las organizaciones feministas. Catherine Coutelle, ex diputada y vicepresidenta del comité especial encargado del desarrollo de la ley, declaró: “ Abolition 2012 ha sido un movimiento muy útil, nos involucramos regularmente con ellos cuando sentimos que la opinión pública y la prensa no estaban lo suficiente a favor, luego escribieron editoriales en periódicos, etc…” (entrevista, enero de 2018). Abolition 2012 no es solo un grupo de activistas compuesto por organizaciones que intentan presionar a las instituciones públicas; funcionarios e instituciones son una parte central del colectivo. Hélène Bidard, la funcionaria a cargo de la igualdad de género en París, confirmó, durante una entrevista, la importancia de este colectivo y el papel de la Mairie de Paris y otras instituciones públicas en el desarrollo de la ley de acabar con la demanda, afirmando que: “se reunieron en repetidas ocasiones y organizaron manifestaciones frente a la Asamblea y el Senado para que se incluyera en la agenda” (entrevista, abril de 2018).

En este proceso, el Mouvement du Nid se convirtió en lo que Kingdon llama un “participante oculto” [30], ya que jugó un papel principal detrás de la escena a través de la acción de lobby persistente. En nuestra entrevista, Catherine Coutelle señaló el compromiso implacable del Mouvement:

Te lo explicaré desde el principio, ya que nadie lo sabe [risas]. El Mouvement du Nid organizó un almuerzo en la universidad de verano de La Rochelle en 2012, con Najat Vallaud-Belkacem [entonces Ministra de Asuntos de la Mujer]. Grégoire Théry [el presidente del Movimiento] quería que viniera, ya que acababa de ser presidenta de la delegación de los derechos de las mujeres, por lo que sabían que podía ser un actor estratégico. Y sentí que este almuerzo era como una trampa [risas], quiero decir, él [Théry] estaba al lado de Najat, diciendo: ‘Najat, esta ley debe ser aprobada necesariamente, tienes que adoptarla, debes ponerla en la agenda, ¿Cuándo empieza a discutirla el parlamento? ‘Me quedé asombrada, pensando’ pero, ¿qué está haciendo esta organización, dictándonos nuestra agenda? … ’.

El Mouvement logró ejercer presión sobre los parlamentarios y los funcionarios durante las reuniones formales e informales, enfatizando continuamente la relevancia y la urgencia de la ley. Al describir la práctica de lobby del Mouvement, Lorraine Questiaux, abogada del Mouvement, usó la expresión “hostigar a los políticos” (entrevista, abril de 2018). En todos los niveles, el Mouvement desempeñó un papel clave en la redefinición del problema y su inclusión en la agenda institucional.

 

La redefinición ideológica del “problema de la prostitución”: el uso de la retórica anticapitalista

 

Vale la pena señalar que la política represiva del gobierno francés sobre el trabajo sexual es el resultado de las convicciones y los esfuerzos de los políticos socialistas, a diferencia de otros países donde el modelo de acabar con la demanda se implementó bajo gobiernos conservadores, como en el caso de Canadá e Irlanda del Norte. De hecho, la redefinición política del “problema de la prostitución” desde un punto de vista izquierdista ha sido esencial para el éxito de la visión feminista y neoabolicionista en Francia. El uso del argumento antiglobalización, [31], así como otras ideas marxistas sobre la mercantilización de la fuerza laboral, ha servido para afirmar que la ley no solo es progresiva sino también anticapitalista.

Las feministas de la izquierda radical contribuyeron a la consolidación del apoyo para el modelo de acabar con la demanda. Por ejemplo, el comité de género del grupo antiglobalización Attac ha argumentado que la prostitución fomenta la mercantilización de los cuerpos de las mujeres y que representa el mejor ejemplo de trabajo forzado globalizado, por lo que encaja en una ideología neoliberal. [32] La socióloga Marie-Victoire Louis, presidenta de la AVFT (Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail), fue la primera en vincular el anticapitalismo y el neoabolicionismo en los años noventa. Ella definió la prostitución como el fruto de la violencia patriarcal, que llevaba a la mercantilización de los cuerpos de las mujeres en beneficio de los clientes, los proxenetas y el estado [33]. Siguiendo esta lógica, la represión se convierte en la posición necesaria que debe adoptarse para reafirmar la “no propiedad” del cuerpo humano, que está vinculada a la noción legal de la dignidad humana, como lo ejemplifica el título del informe Attac 2008: “La globalización de la prostitución, una violación global de la dignidad humana”.

Algunos de los actores neoabolicionistas que apoyaron o se movilizaron en torno a la ley de 2016 tenían carreras y roles públicos en grupos neoabolicionistas, organizaciones feministas y partidos políticos de izquierda radical. Por ejemplo, en nuestra entrevista, Lorraine Questiaux, del Mouvement, argumentó que la ley de 2016 representó una “auténtica revolución”:

Es una revolución; es para mí la ley más revolucionaria de los últimos 40 años. Es el último progreso social que hemos ganado: es la primera vez que afirmamos de manera tan clara que el trabajo no puede ser una explotación total del individuo. Afirmamos que no podemos explotar por completo al individuo, su cuerpo y su psique. Es una ley anticapitalista. Una ley marxista, profundamente marxista.

Cuando se le pidió que explicara por qué esta ley es “profundamente marxista”, afirmó que “la culminación del capitalismo es la prostitución”, ya que explota de manera integral a la persona. Luego inscribió el abolicionismo en la historia de los movimientos para el progreso social:

Toda ley y reforma laborales tenían un único objetivo: prevenir la prostitución. Desde principios de siglo, exigimos la protección del cuerpo, que los accidentes de trabajo deberían cubrirse, horas de trabajo flexibles para que las personas no mueran en el lugar de trabajo, para que el cuerpo no pueda ser dañado, consumido por la necesidad individual del explotador capitalista.

Así, los actores neoabolicionistas utilizan la retórica anticapitalista para defender su posición ideológica. La inscripción de la ley neoabolicionista en el marco histórico de las reformas sociales se ve reforzada por la participación de actores de la izquierda radical francesa en el debate sobre la prostitución, pero también por actores que gozan de una posición múltiple: participando simultáneamente en organizaciones feministas, instituciones públicas, y partidos de izquierda radicales.

 

La deslegitimación de las trabajadoras sexuales: violencia simbólica y daños colaterales.

Las actuaciones políticas y los legisladores perpetúan la inaudibilidad histórica de las trabajadoras sexuales y las trabajadoras sexuales siguen hablando a través de organizaciones, sindicatos, representantes individuales, pero nadie escucha. [34] En particular, las migrantes que trabajan en el sector del trabajo sexual están sujetas a estrategias de silenciamiento institucional de maneras específicas. Primero, esto se logra a través de la categoría víctima de trata, ya que se aplica sistemáticamente a ellas. El caso de las trabajadoras sexuales chinas en París es significativo, ya que desafía esta clasificación. Florence Lévy y Marylène Lieber muestran que las mujeres chinas que venden sexo en París trabajan, en gran parte, de manera independiente y que comienzan el trabajo sexual después de evaluar las posibilidades de contrarrestar la pobreza y acceder a los recursos, es decir, su capacidad para hacer planes, tener estrategias, y actuar dentro de una estructura limitante. [35] Sin embargo, durante nuestra entrevista, el político neoabolicionista Maud Olivier declaró categóricamente que las trabajadoras sexuales chinas dependen de “mafias chinas muy violentas, son violadas y brutalizadas”, por lo que borran por completo cualquier forma de autonomía que este grupo de mujeres migrantes pueda tener. En segundo lugar, cuando las trabajadoras sexuales migrantes se movilizan para reclamar sus derechos y luchan por mejorar sus condiciones de trabajo a través de manifestaciones públicas, están expuestas a una mayor vigilancia policial y su estatus migratorio puede hacer que estén sujetas a detención y deportación. Por ejemplo, incluso después de la movilización de trabajadoras sexuales chinas a través del Lotus Bus, un programa de apoyo que la ONG Médecins du Monde lanzó en 2002, la represión policial que experimentaron siguió siendo alta. [36] Además, durante nuestro trabajo de campo, también aprendimos que tanto las trabajadoras sexuales como Médecins du Monde dejaron de recibir subsidios públicos de la Marie de Paris. Por lo tanto, en nombre de la protección, las trabajadoras sexuales migrantes a menudo son blanco de políticas represivas y punitivas. Estos mecanismos son parte integrante de una lógica “humanitaria sexual”, un concepto que Nicola Mai utiliza para describir la interacción específica entre protección y control que experimentan los migrantes cuando son considerados vulnerables por el discurso y las intervenciones humanitarias debido a sus comportamientos, orientaciones y trabajo sexuales [37].

Más generalmente, la deslegitimación de los argumentos y del trabajo de las trabajadoras sexuales, ya sean migrantes o no migrantes, se basa en la noción de “violencia simbólica”, que se refiere a “la violencia ejercida contra un agente social con su complicidad”. [38] En Francia, este concepto se usó ampliamente tanto en la prohibición del hijab como en los debates sobre el trabajo sexual, permitiendo a los legisladores afirmar que las personas dominadas —en este caso, las mujeres con velo y las trabajadoras sexuales— aceptan inconscientemente ser dominadas e incluso reclaman el derecho a serlo. Un ejemplo destacado de esto fue cuando, en 2016, la entonces ministra de los derechos de las mujeres, Laurence Rossignol, comparó a las mujeres musulmanas que vestían el hijab con los “[esclavos africanos en los Estados Unidos] que estaban a favor de la esclavitud” en un programa de radio francés. [39] Además, el paradigma represivo del trabajo sexual no puede concebir que las trabajadoras sexuales puedan hablar por sí mismas. Thierry Schaffauser, miembro de STRASS, el sindicato francés de trabajadoras sexuales, nos dijo que “porque soy un hombre, porque puedo desafiar sus argumentos, los abolicionistas no me ven como trabajador sexual; dicen que lo elijo o que soy un proxeneta ‘. Desde su inicio en 2009, STRASS ha sido el objetivo en la prensa y en los medios nacionales de los argumentos neoabolicionistas que dicen que las trabajadoras sexuales activistas son proxenetas, mentirosas o “facilitadoras de explotadores y tratantes”. [40]

Se pueden observar importantes similitudes en el proceso de redacción que condujo a la ley de 2004 que prohíbe el velo en las escuelas y el que condujo a la ley de 2016 que penaliza a los clientes de las trabajadoras sexuales, en particular a través de la deslegitimación de las mujeres con velo y de las trabajadoras sexuales y su supuesta incapacidad para hablar por sí mismas. 41] En ambos casos, los comités especiales de la Asamblea Nacional se encargaron de realizar audiencias con grupos e individuos seleccionados, que se entendieron como “expertos” en el asunto respectivo. En cuanto a la prohibición de 2004, las mujeres con velo no estuvieron presentes en el comité especial, [42] y tampoco los portavoces, científicos sociales y maestros en contra de la prohibición [43].

En 2013, el comité especial convocó a los opositores de la ley de acabar con la demanda todos al mismo tiempo y en un solo día (30 de abril), permitiéndoles solo unas pocas horas para debatir con los parlamentarios. Sin embargo, organizaciones y personas que apoyaban la ley participaron en todo el proceso de redacción. Maud Olivier, el entonces diputado relator de la ley, dijo que los parlamentarios “también tenían que escucharlas [a las organizaciones de trabajadoras sexuales] para no parecer sectarios, partidarios o no objetivos”, y que “los parlamentarios ya sabían que no serían convincentes”. Al mismo tiempo, las organizaciones de trabajadoras sexuales eran conscientes de que su invitación a la discusión era simplemente una forma de tokenismo. La entonces secretaria de STRASS, Morgane Merteuil, nos dijo que: “el objetivo de los parlamentarios era establecer una situación en la que se pudieran usar palabras contra nosotras; necesitaban nuestros argumentos para terminar su informe y para legitimar lo que habían estado diciendo desde el principio” (entrevista, abril de 2018). Esto significaba que la decisión ya había sido tomada.

La composición de los comités especiales del gobierno sobre estos dos temas (el velo y la prostitución) reflejó las posiciones ideológicas de sus miembros; estos comités se convirtieron efectivamente en el sitio estratégico para “la construcción de una narrativa planificada de antemano para justificar la necesidad de la prohibición”. [44] Aquí, el velo se presenta fácilmente como un símbolo de la opresión de las mujeres y la prostitución es vista como una violencia inherentemente de género. Esta es la lógica que excluyó a las mujeres con velo del debate político y parlamentario en 2004 y, más adelante, a las trabajadoras sexuales de los debates en 2013-2016.

El marco neo-abolicionista ha producido inevitablemente daños colaterales, es decir, el impacto negativo de estas políticas no se tiene en cuenta. En este contexto, la figura de la trabajadora sexual se considera digna de ser rescatada y, al mismo tiempo, aceptada como daño colateral dada su posición en un espacio político-económico criminalizado. Entre los legisladores, coexisten el discurso sexual humanitario de intervenir para poner fin a la violencia simbólica y la conciencia del daño causado a las poblaciones objetivo. Actúan en funciones de “violencia simbólica” a nivel discursivo, y su consecuencia resultante es el impacto perjudicial en el sustento de las trabajadoras sexuales, quienes siguen siendo las más afectadas por las medidas de penalización. En este proceso, las vidas de las trabajadoras sexuales se vuelven “desechables”, [45] en el sentido de que pueden ser sacrificadas por el bien de intentar crear un mundo sin prostitución. A nivel gubernamental, este daño causado a las trabajadoras sexuales está justificado por el control de las fronteras, la seguridad nacional, el orden público y los derechos de las mujeres.

Conclusión

El pánico moral sobre la trata lleva a la perpetuación de los mitos sobre su escala y las circunstancias bajo las cuales ocurre. [46] En un estudio realizado en Francia en 2015, antes de la implementación de la ley de abril de 2016, Mai y Giametta realizaron una encuesta con 500 trabajadoras sexuales en las principales ciudades francesas [47], que mostró que el 98 por ciento de las encuestadas estaba en contra de la adopción de la ley y que alrededor del 7 por ciento podría ser identificado como víctimas potenciales de trata.

La forma en que Francia ha decidido abordar el “problema de la prostitución” resuena con posiciones ideológicas más amplias sobre la guerra contra las drogas y la prostitución en otras partes del mundo. Primero, rechaza el conocimiento empírico producido por los científicos sociales que estudian los fenómenos. [48] En segundo lugar, utiliza imágenes racializadas para promover formas de gobierno afectivas y humanitarias basadas en el odio (a los tratantes y otros “explotadores”) y la compasión (hacia las trabajadoras sexuales / víctimas). Finalmente, produce leyes que son altamente perjudiciales para el sustento de las mismas personas que pretende proteger, ya que hace que el trabajo sea mucho más oculto y peligroso. Las investigaciones académicas sobre el ‘modelo sueco’ y su impacto en Suecia han demostrado que este marco ha sido perjudicial para el sustento de las trabajadoras sexuales, incrementando su aislamiento y estigmatización, así como su exposición a la violencia. [49] Los activistas y académicos también han cuestionado en repetidas ocasiones la dimensión antitrata intrínseca al enfoque de acabar con la demanda. Las trabajadoras sexuales, tanto migrantes como no migrantes, son más vulnerables a la explotación, el abuso y la coacción como consecuencia de la “lucha contra la trata”. [50] Además, como argumentan Anderson y O’Connell Davidson, la penalización de la demanda no aborda los problemas socioeconómicos estructurales que producen y sostienen la trata de personas y la explotación [51].

La exclusión de las trabajadoras sexuales de los debates políticos que les conciernen es el resultado de ser construídas como “desviadas socialmente” a través del prisma del género y la raza [52] y se sitúa dentro del marco de mayores inquietudes nacionales sobre el orden público, la seguridad y el control de la inmigración. Como hemos demostrado, las mujeres musulmanas con velo comparten una situación similar en Francia: la prohibición del velo no puede separarse de las políticas racistas y antiinmigrantes que describen a los hombres musulmanes como “opresores” y a las mujeres musulmanas como “víctimas” que hay que salvar. Del mismo modo, las políticas represivas del trabajo sexual no se pueden aislar de las preocupaciones nacionales sobre inmigración y seguridad [54]. La taxonomía legal se sirve de categorías sociales de desviación que circulan a través de discursos sociopolíticos y culturales en la sociedad en general. [55] Las leyes represivas sobre la prostitución no solo consolidan las “categorías desviadas”, sino que también las ponen al servicio de estrategias más amplias de control estatal.

 

Los dos autores contribuyeron igualmente al análisis desarrollado en este artículo y se enumeran alfabéticamente.

Charlène Calderaro es estudiante de doctorado en el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Lausana, Suiza. Su trabajo actual se centra en los movimientos y conflictos sociales feministas. En su tesis de maestría, que completó en el EHESS (París), examinó la construcción del problema de la prostitución y el proceso de redacción de la ley neoabolicionista. También ha trabajado en la ley que prohíbe el velo en las escuelas de Francia, destacando así las alianzas entre las instituciones públicas francesas y algunos grupos feministas. Correo electrónico: charlene.calderaro@unil.ch.

Calogero Giametta es sociólogo de la Universidad de Aix-Marseille. Su investigación actual se centra en el género, la sexualidad y la economía política de la migración, examinando cómo funciona el control de la migración a través de intervenciones humanitarias (sexuales) en Francia y el Reino Unido. Estudia las intervenciones contra la trata de personas y el derecho de asilo. Es becario postdoctoral en el proyecto de investigación financiado por ERC ‘Humanitarian Sexual: Migration, Sex Work and Trafficking’ (2016-2020) para Francia, y autor del libro The Sexual Politics of Asylum (Routledge, 2017). Correo electrónico: calogiame@gmail.com.

 

Notas:

[1]     R Andrijasevic and N Mai, ‘Editorial: Trafficking (in) representations: Understanding the recurring appeal of victimhood and slavery in neoliberal times’, Anti-Trafficking Review, issue 7, 2016, pp. 1—10, https://doi.org/10.14197/atr.20121771.

[2]     F Guillemaut, ‘Femmes Africaines, migration et le travail du sexe’, Sociétés, vol. 1, no. 99, 2008, pp. 91-106,https://doi.org/10.3917/soc.099.0091.

[3]     C Deschamps, ‘La figure de l’étrangère dans la prostitution’, Autrepart, vol. 2, no. 42, 2007, pp. 39-52,https://doi.org/10.3917/autr.042.0039.

[4]       La frase “problema de la prostitución” aquí señala el proceso a través del cual las instituciones públicas francesas han construido la prostitución como un problema social que debe abordarse con urgencia. El uso de esta terminología nos permite referirnos a la sociología de los problemas sociales, que desde la década de 1970 ha analizado los factores y los actores que deciden que una actividad o fenómeno social particular debe entenderse y tratarse como un problema. Ver M Spector and J I Kitsuse, Constructing Social Problems, Cummings, Menlo Park, 1977; J Gusfield, The Culture of Public Problems: Drinking-driving and the symbolic order, University of Chicago Press, Chicago, 1981.

[5]     L Mathieu, ‘Genèse et logiques des politiques de prostitution en France’, Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 3, no. 198, 2013, pp. 5-20.

[6]     Para un análisis de las categorías utilizadas en la literatura para definir los regímenes de normativas de trabajo sexual, VER:: P Östergren, ‘From Zero-tolerance to Full Integration. Rethinking prostitution policies’, Demand AT Working paper, 2017b, p. 13, retrieved 5 November 2018, http://www.demandat.eu/publications/zero-tolerance-full-integration-rethinking-prostitution-policies.

[7]     H Le Bail and C Giametta, Que pensent les travailleur.ses.s du sexe de la loi prostitution?, Médecins du Monde, Paris, 2018.

[8]     Estos hallazgos son consistentes con la investigación realizada en otros países. Véase, por ejemplo: Amnesty International,Policy on State Obligations to Respect, Protect and Fulfil the Human Rights of Sex Workers, AI, 2016; S K Chu and R Glass, ‘Sex Work Law Reform in Canada: Considering problems with the Nordic Model’, Alberta Law Review, vol. 51, no. 1, 2013, pp. 101-124, http://dx.doi.org/10.29173/alr59; C Holmström and M Skilbrei, ‘The Swedish Sex Purchase Act: Where does it stand?’, Oslo Law Review, vol. 4, no. 2, 2017, pp. 82-104, https://doi.org/10.18261/issn.2387-3299-2017-02-02; J Levy and P Jacobsson, ‘Swedish Abolitionist Discourse and Law: Effects on the dynamics of Swedish sex work and on the lives of Sweden’s sex workers’, Criminology and Criminal Justice, vol. 5, no. 14, 2014, pp. 593-607,https://doi.org/10.1177/1748895814528926; P Östergren ‘Sweden’ in S Jahnsen, and H Wagenaar (eds.), Assessing Prostitution Polices in Europe, Routledge, London and New York, 2017; UNAIDS, Guidance Note on HIV and Sex Work, UNAIDS, 2009.

[9]     Como H Wagenaar et al. describen, ‘neoabolicionismo’ es el término usado ‘para indicar el movimiento dominante actual para erradicar o suprimir la prostitución en la sociedad mediante la aplicación de la ley penal a clientes y terceros … su expresión en la política pública —la criminalización del cliente y el uso de la ley como herramienta pedagógica— fue diseñada en Suecia ‘. Ver: H Wagenaar et al., Designing Prostitution Policy: Intention and reality in regulating the sex trade, Policy Press, Bristol and Chicago, 2017, pp. 11-12. Generally speaking, neo-abolitionist actors view sex workers as victims of the patriarchal social order.

[10]     The research project is titled ‘Sexual Humanitarianism: Migration, Sex Work and Trafficking’ SEXHUM (ERC CoG 682451). It is a four-year project (2016-2020) funded by the European Research Council. SEXHUM is directed by Nicola Mai and based at Kingston University, London (Department of Criminology and Sociology) and at Aix-Marseille University (LAMES – Mediterranean Laboratory of Sociology). See: El proyecto de investigación se titula “Humanitarismo sexual: migración, trabajo sexual y trata de personas” SEXHUM (ERC CoG 682451). Es un proyecto de cuatro años (2016-2020) financiado por el Consejo Europeo de Investigación. SEXHUM está dirigido por Nicola Mai y reside en la Universidad de Kingston, Londres (Departamento de Criminología y Sociología) y en la Universidad de Aix-Marsella (LAMES – Laboratorio Mediterráneo de Sociología). Consulte: https://sexualhumanitarianism.wordpress.com.

[11]     D Kulick, ‘Sex in the New Europe: The criminalization of clients and Swedish fear of penetration’, Anthropological Theory, vol. 3, no. 2, 2003, pp. 199-218, https://doi.org/10.1177/1463499603003002005.

[12]     D Kulick, ‘Four Hundred Thousand Swedish Perverts’, GLQ, vol. 11, no. 2, 2005, pp. 205-235, p. 221.

[13]     El Lobby Europeo de Mujeres, fundado en 1990, es una organización paraguas de ONG de mujeres en toda la Unión Europea con una secretaría con sede en Bruselas. Incluye la Coordinación Francesa para el Lobby Femenino Europeo (CLEF) y el Lobby Femenino Sueco. Esta ONG tiene un enfoque neoabolicionista de la prostitución.

[14]     E Fassin, ‘The Rise and Fall of Sexual Politics in the Public Sphere: A transatlantic contrast’, Public Culture, vol. 18, no. 1, 2006, pp. 79–92, https://doi.org/10.1215/08992363-18-1-79; E Macé and N Guénif Souilamas, Les Féministes et le Garçon Arabe, Aubes, Paris, 2004.

[15]     C Hamel, ‘De la racialisation du sexisme au sexisme identitaire’, Migrations Société, vol. 17, no. 99-100, 2005, pp. 91-104.

[16]     L Mucchielli, Le Scandale des ‘Tournantes’: Dérives médiatiques, contre-enquête sociologique, La Découverte, Paris, 2005.

[17]     M Ticktin, ‘Sexual Violence as the Language of Border Control: Where French feminist and anti-immigrant rhetoric meet’, Signs, vol. 33, no. 4, 2008, pp. 863-889, https://doi.org/10.1086/528851.

[18]     A L Stoler, Race and the Education of Desire: Foucault’s history of sexuality and the colonial order of things, Duke University Press, Durham, 1995.

[19]     Ticktin, p. 873.

[20]     J W Scott, The Politics of the Veil, Princeton University Press, Princeton, 2007; N Dot-Pouillard, ‘Les recompositions politiques du mouvement féministe français au regard du hijab’, SociologieS (Online), 2017, available athttp://journals.openedition.org/sociologies/246.

[21]     E Bernstein, ‘The Sexual Politics of the New Abolitionism’, Differences, vol. 18, no. 3, 2007, pp. 128–143,https://doi.org/10.1215/10407391-2007-013.

[22]     S Farris, ‘Femonationalism and the “Regular” Army of Labor Called Migrant Women’, History of the Present, vol. 2, no. 2, 2012, pp. 184–199, https://doi.org/10.5406/historypresent.2.2.0184.

[23]     Mathieu, 2013.

[24]     D Fassin, ‘Short Cuts’, London Review of Books, vol. 38, no. 5, 2016, p. 23.

[25]     Para más información sobre la inclusión de los problemas sociales en la agenda y sobre la distinción entre agendas institucionales y políticas, ver: R Cobb and C Elder, Participation in American Politics: The Dynamics of Agenda-Building, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1972.

[26]     D Bousquet, ‘Prostitution: des violences du corps à l’esprit’, Après-demain, vol. 2, no. 26, 2013.

[27]     Mathieu.

[28]     H Becker, Outsiders: Studies in the sociology of deviance, Free Press, New York, 1973.

[29]     El Mouvement du Nid fue creado en 1946 por un predicador, Jean-Marie Talvas, y se encuentra dentro del movimiento católico de izquierda Acción Católica Obrera. Fondation Scelles se registró como una organización de utilidad público en 1994 y está menos implantada que el Mouvement du Nid. Sus miembros provienen de entornos sociales burgueses, con altos funcionarios y magistrados que forman parte de la fundación. Publican materiales y organizan seminarios para sensibilizar al público sobre los peligros de la prostitución.

[30]     J Kingdon, Agendas, Alternatives and Public Policies, Little, Brown, 1984.

[31]     Mathieu.

[32]     Attac, Mondialisation de la Prostitution, Atteinte Globale à la Dignité Humaine, Mille et une nuits, Paris, 2008.

[33]     Mathieu.

[34]     G Pheterson, ‘At long last, listen to the women!’, Open Democracy, 2 March 2016,https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/sws/gail-pheterson/at-long-last-listen-to-women.

[35]     F Lévy and L Marylène, ‘Sex and Emotion-Based Relations as a Resource in Migration: Northern Chinese women in Paris’, Revue française de sociologie, vol. 52, no. 5, 2011, pp. 3-29, https://doi.org/10.3917/rfs.525.0003.

[36]     H Le Bail, ‘Mobilisation de Femmes Chinoises Migrantes se Prostituant à Paris. De l’invisibilité à l’action collective’,Genre, sexualité & société, no. 14, 2015, https://doi.org/10.4000/gss.3679.

[37]     N Mai, ‘Assembling Samira: Understanding sexual humanitarianism through experimental filmmaking’, antiAtlas Journal, vol. 1, 2016.

[38]     P Bourdieu and L Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, University of Chicago Press, Chicago, 1992, p. 167.

[39]     ] Programa de radio de RMC el 30 de marzo de 2016 (consulte el artículo de prensa: K Lewis, ‘El ministro francés Laurence Rossignol compara a las mujeres musulmanas que usan velos con “negros en favor de la esclavitud”, The Independent, 31 de marzo de 2016, https: / /www.independent.co.uk/news/world/europe/french-minister-laurence-rossignol-compares-muslim-women-who-wear-veils-to-negroes-in-favour-of-a6961121.html).

[40]     Véase, por ejemplo, una entrevista televisiva con Lorraine Questiaux: ‘“Vous mentez!”: vif échange entre une avocate des travailleuses du sexe et l’une d’entre elles’, LCI, 13 April 2016, retrieved 14 November 2018, https://www.lci.fr/france/vous-mentez-vif-echange-entre-une-avocate-des-travailleuses-du-sexe-et-lune-dentre-elles-1255046.html.

[41]     C Calderaro, La ‘Problématique du Voile’ et son Entrée dans le Cadre Juridique Français: Genèse et évolution, Master dissertation, Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 2017.

[42]     A Gresh, L’Islam, la République et le Monde, Fayard, Paris, 2004; I Chouder, M Latrèche, P Tevanian, Les Filles Voilées Parlent, La Fabrique, Paris, 2004.

[43]     P Tevanian, Le Voile Médiatique. Un faux débat : “L’affaire du foulard islamique”, Raisons d’agir, Paris, 2005, pp. 44-46.

[44]     P Portier, ‘La Politique du Voile en France: Droits et valeurs dans la fabrique de la laïcité’, Revue du droit des religions, Presses Universitaires de Strasbourg, no. 2, 2016.

[45]     J Butler, Frames of War: When is life grievable?, Verso, New York, 2009.

[46]     N Mai, ‘Between Embodied Cosmopolitanism and Sexual Humanitarianism: The fractal mobilities and subjectivities of migrants working in the sex industry’ in V Baby-Collins and L Anteby (eds.), Borders, Mobilities and Migrations: Perspectives from the Mediterranean in the 21st century, Peter Lang, Brussels, 2014, pp. 175–192.

[47]     N Mai, Sondage sur la Pénalisation de Clients en France, Marseille, 2015,http://www.lames.cnrs.fr/IMG/pdf/RESUME_ETUDE_PENALISATION-2.pdf.

[48]     N Mai, C Giametta and H Le Bail, ‘The Impact of the Swedish Model in France: Chronicle of a disaster foretold’, Open Democracy, 25 April 2018, https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/nicola-mai-calogero-giametta-h-l-ne-le-bail/impact-of-swedish-model-in-france-chronicl.

[49]     Levy and Jacobsson; Östergren.

[50]     P G Macioti and G Garofalo Geymonat, ‘Sex Workers Speak: Who listens?’, Open Democracy, 29 February 2016,https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/sws/giulia-garofalo-geymonat-pg-macioti/sex-workers-speak-who-listens.

[51]     B Anderson and J O’Connell Davidson, Is Trafficking in Human Beings Demand Driven? A multi-country pilot study, IOM, Geneva, 2003.

[52]     N Heitzeg, ‘Differentials in Deviance: Race, class, gender and age’ in B D Clifton (ed.), Routledge Handbook of Deviant Behavior, Routledge, London and New York, 2011, pp. 53-60.

[53]     S Farris, In the Name of Women’s Rights: The rise of femonationalism, Duke University Press, Durham, 2017.

[54]     G Pheterson, The Prostitution Prism, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1996; L Oso Casas, ‘Prostitution et immigration des femmes latino-américaines en Espagne’, Cahiers du genre, no. 40, pp. 91-113,https://doi.org/10.3917/cdge.040.0091.

[55]     C Rinaldi, Diventare normali. Teorie, analisi e applicazioni interazioniste della devianza e del crimine, McGraw-Hill Education, New York, 2016.

 

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Primeras Jornadas Nacionales Sobre Prostitucion Masculina (Gijón, 1-2 de junio de 2019)

 

 

Colectivo Caye está en Twitter: @ColectivoCaye

 

Primer encuentro de trabajadores sexuales en España. Parte 1 con Juan Florian Silva

 

Primer encuentro de trabajadores sexuales masculinos en España. Parte 2

 

Primer encuentro de trabajadores sexuales masculinos en España. Parte 3

 

Primer encuentro de trabajadores sexuales masculinos en España. Parte 4

Deseo y consentimiento no siempre coinciden

 

Cuando se viola a una mujer no se viola su deseo, se viola su voluntad. A esa voluntad la denominamos con palabras como consentimiento, acuerdo o decisión, y se expresa cuando decimos “no” y cuando decimos “sí”

 

Clara Serra

 

Desnudo. Javier Sampedro

 

23 de Julio de 2018

https://ctxt.es/es/20180718/Firmas/20900/Clara-Serra-tribuna-feminismo-consentimiento-violencia-machista.htm

 

En estos tiempos en los que el movimiento feminista ha puesto tanto esfuerzo en hacer visibles las múltiples formas en las que se da la violencia machista, en estos tiempos en los que la Justicia ha demostrado en notables ocasiones no estar a la altura de esa exigencia, ha llegado –por fin– el momento de hablar de la libertad sexual de las mujeres. En los parlamentos, en los medios, en las redes y en las conversaciones cotidianas hacemos reflexiones y tenemos debates acerca de una forma de violencia contra las mujeres, la violencia sexual, que ha permanecido especialmente escondida en nuestra sociedad, nuestras instituciones y nuestras prácticas durante décadas y siglos. Estos días, por eso, hablamos de lo que nunca se hablaba, hablamos de consentimiento y hablamos de deseo, hablamos de sexo consentido y hablamos de sexo deseado. Pero ¿son la misma cosa? Y, si no es así ¿qué relación hay entra ambas?

Para reivindicar nuestra libertad sexual tenemos que enfrentar el hecho de que históricamente nuestro deseo haya sido acallado, desoído, ignorado e invisibilizado por un omnipresente y hegemónico deseo masculino que todo lo ocupa. Y no solo eso: el deseo de las mujeres ha sido especialmente penalizado, censurado y estigmatizado por una sociedad machista y puritana que ha querido hacer sentir a las mujeres culpables por sus deseos, tan complejos e insondables como los deseos de los hombres y, por supuesto, tan respetables como estos. Debemos aún reivindicar margen para que las mujeres imaginen y fantaseen fuera de los tradicionales estereotipos masculinos y, por supuesto, sin culpas ni castigos sociales. Pero eso no quiere decir que tenga que ser el deseo o el “sexo deseado” el criterio fundamental con el que distinguimos lo que es una violación de lo que no lo es. Reivindicar el deseo no supone ir más allá del consentimiento. No debería. Deberíamos conservar ambas cosas y, de hecho, conservar la posibilidad de distinguirlas, de que no coincidan entre sí o, incluso, de que se opongan. Porque el patriarcado ha anulado y censurado los deseos de las mujeres, pero también –incluso diría que prioritariamente– ha anulado la voluntad de las mujeres.

Una mujer puede decir “sí” al sexo y no desearlo sin que eso sea una agresión sexual. Si todo sexo no deseado (incluyendo el trabajo sexual pero no solo) fuera una violación, estaríamos no reconociendo a las mujeres la posibilidad de tomar decisiones a pesar de sus deseos o incluso contra ellos. Tratar a las mujeres como libres y mayores de edad implica entender que son capaces de decidir, allí donde decidir puede significar oponerse a muchas fuerzas o inercias: las costumbres sociales, los mandatos del padre o, incluso, los propios deseos. El deseo no se elige ni es fruto de nuestra decisión y nuestra voluntad, una voluntad que, precisamente por eso, puede oponerse a él.

Igualmente, una mujer puede decir “no” al sexo aunque lo desee y sí deberíamos llamar a eso, siempre y en cualquier caso, violación. Si no hacemos esto, se abren peligrosos caminos para dirimir lo que es una agresión sexual o para medir la gravedad de las mismas, caminos ya tanteados por jueces y abogados que han pretendido probar que una mujer fue más o menos violada según cómo su cuerpo reaccionó. Ese no es el camino. ¿Es que acaso, si se comprobara que una mujer, después de decir “no”, o de no dar su consentimiento, conectó en algún sentido con su deseo, dejaría de ser una violación en toda regla? Nada que tenga que ver con los deseos relativiza la gravedad de una violación y, mucho menos, hace a las mujeres corresponsables de ella. La culpa de las violaciones no es del tamaño de la falda, no es de las horas a las que volvemos a casa y tampoco es, en ningún caso, de los deseos de las mujeres. Es solo y exclusivamente de los violadores.

Cuando se viola a una mujer no se viola su deseo, se viola su voluntad. A esa voluntad la denominamos con palabras como consentimiento, acuerdo o decisión, y se expresa cuando decimos “no” y cuando decimos “sí” –con independencia de que quede pendiente un debate sobre cómo de expreso deba ser ese o de qué maneras pueda ser expresado–. Eso es lo que estamos pidiendo que sea absolutamente respetado. No queremos que se penalice o invisibilice nuestro deseo, pero tampoco queremos que se nos convierta en objetos pasivos de nuestros deseos sino en ciudadanas libres y mayores de edad, es decir, en sujetos activos con voluntad y decisión.

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Clara Serra es diputada por Podemos en Madrid y autora de Leonas y zorras (Catarata).

 

La Policía Local de Palma montó una unidad para dirigir a las prostitutas de Playa y Arenal

 

La mafia policial mallorquina destapada con el caso Cursach puso en marcha un servicio de espionaje llamado SIAP que se dedicó a controlar el negocio de la trata y prostitución en la Playa de Palma y S’Arenal, elaborando una base de datos de las prostitutas y los sicarios rumanos que les hacían de proxenetas, con el fin de disponer de la información necesaria para los fines de la organización criminal que se enriquecía con los puticlubs, la explotación de mujeres inmigrantes y el narcotráfico.

 

La entrada del American Table Dance Show Bar en S’Arenal (Playa de Palma).

 

CARLOS ENRIQUE BAYO

23 de junio de 2019

@tableroglobal

https://www.publico.es/politica/exclusiva-cloacas-baleares-policia-local-palma-monto-unidad-dirigir-prostitutas-playa-arenal.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=web

 

Era una policía secreta muy modesta: sólo siete integrantes. Pero su labor de espionaje está en el centro de la mayor trama de corrupción política y policial que haya padecido Baleares, al servicio de las redes de trata de mujeres con fines de explotación sexual y de la mafia del “rey de la noche” de Palma, que extorsionaba y destruía a sus rivales empresariales con una banda criminal uniformada y armada.

Se denominó SIAP (Servicio de Información y Análisis Policial) y fue creada en el seno de la Policía Local de Palma a principios de 2012, bajo el gobierno local del PP que entonces dirigía José María Rodríguez. Tal como constataron los investigadores del caso Cursach, la creación de dicha unidad no respondía a otro interés más que el de disponer, de forma subrepticia, de un servicio de espionaje controlado por responsables policiales y políticos, que constituía un verdadero “comando informativo” y a cuyos componentes elegían por libre designación. Así obtenían “información sensible, sin control alguno, que posteriormente se podría utilizar a su conveniencia”, según el informe de la UDEF sobre el análisis de toda la documentación examinada a lo largo de la dilatada instrucción policial.

Público ha recopilado numerosísimos testimonios, documentos y otras pruebas materiales que demuestran que ese SIAP –integrado por siete personas dóciles a la cúpula de esa trama mafiosa y dirigido por el comisario Rafael Estarellas– no sólo se dedicó a espiar a políticos siguiendo instrucciones del entonces presidente del PP, sino que participó activamente en la trata de mujeres inmigrantes con fines de explotación sexual. Al fin y al cabo, la cúpula del Partido Popular celebraba reuniones con barra libre de sexo y drogas en los puticlubs donde mandos de la Policía Local de Palma había establecido sus verdaderas dependencias oficiales.

Los miembros de esa “policía local secreta” tenían la única virtud de ser de la plena de confianza de Estarellas, ya que carecían por completo de conocimientos jurídicos o técnicos, “más allá de los recibidos a través de formación que ellos mismos se impartían” –escribieron los investigadores de la trama–, en cursos financiados por el erario público y coordinados por un hombre que ni siquiera había cursado el bachillerato: Jaime Garau Calero.

Con sólo el graduado escolar, Garau era el encargado incluso de escoger al profesorado de esos cursos, en los que se dilapidaron decenas de miles de euros como cortina de humo para tapar que los designados a dedo para esa unidad de inteligencia carecían de toda cualificación. También era el coordinador del sector de Administración Local del sindicato CSIF Illes Balears, y se dedicó a alistar en las listas sindicales a policías locales que fueron después imputados en la trama mafiosa de Cursach, tal como expone el macro-informe de 725 páginas del Grupo de Blanqueo de Capitales y Delitos Monetarios, al que ha tenido acceso este diario:

Fragmento del macro-informe de la Policía Judicial sobre las actividades de los policías escogidos por Garau para integrar las listas sindicales del CSIF.

 

En la lista de nombres que el sindicato CSIF presentó en las elecciones sindicales de 2014, cuando la investigación judicial sobre la trama policial ya estaba en marcha, la mayoría de ellos figuran como imputados. Además de Jaime G.[Garau], que encabezaba la lista, se presentaron Carlos V. O Antonio G. El primero fue detenido por el caso de los Ángeles del Infierno y su compañero en la lista sindical fue condenado por la agresión a un detenido en el cuartel de Sant Ferran. Este último policía renunció a su plaza en Palma y fue contratado como agente por el Ayuntamiento de Pollença, un auténtico escándalo político en el municipio. Otros de los policías que se sumaron a esta lista electoral fueron detenidos, y continúan imputados por disfrutar de sexo gratis en locales de alterne, exigir dinero a empresarios o robar droga, para posteriormente consumirla, a los camellos que la vendían. Al policía que encabezaba está lista, Jaime Garau, también se le está investigando por un presunto trato de favor en el Ayuntamiento de Palma, ya que se le aceptó la baja médica que presentó un mes después de su ingreso en prisión y por tanto fuera de plazo, cuando a un compañero se la habían rechazado a pesar de que la había presentado solo tres días después de su imputación. Los investigadores van a solicitar los presupuestos de estos cursos, el dinero que se ha recibido, los nombres de cada profesor y la materia que se impartía, así como los certificados de celebración y asistencia de cada alumno“.

Con semejante currículum, Garau fue designado a un cargo de responsabilidad en el servicio de inteligencia SIAP –con un elevadísimo complemento económico de su salario pese a no saber ni informática básica– donde sus propios compañeros se sorprendieron de no verle en todo un año más que en una decena de ocasiones sentado en su mesa Al mismo tiempo cobraba miles de euros en supuestas horas extra, como se puede ver en los diversos testimonios judiciales a los que ha tenido acceso Público:

Un xenófobo sin estudios espiando a los inmigrantes

Fragmento de la declaración judicial de Francisca García Castro sobre las actividades de Garau en el SIAP.

Preguntado que hacia J. Garau en el SIAP y manifiesta que desconoce exactamente lo que hacía porque la declarante se preocupaba por lo que ella hacia. Que lo que controlaba él eran trabajos compartidos y era el control de ciudadanos de etnia rumana presuntos descuideros en la zona de la Playa de Palma especialmente, eso es lo que sabe lo qué hacia el Sr. Garau“.

Hecho que resulta aún más llamativo porque, en su testimonio ante el juez, Estarellas –el jefe del SIAP y por tanto el superior jerárquico que le había encomendado esa tarea de controlar inmigrantes– afirma que Garau es “una persona xenófoba”, tal como ha podido comprobar este diario:

No va a trabajar, cobra 9.000€ en horas extras y da miedo

Fragmento de la declaración judicial de Rafael Estarellas sobre el carácter xenófobo de Jaime Garau.

Preguntado qué apoyo tiene Jaime Garau Calero, a que se dedica porque se le tiene tanto miedo si en principio no tiene ningunas facultades de dirección sancionadoras, etc., que es una persona xenófoba, manifiesta que efectivamente sabe que sus pensamientos son de una persona xenófoba, que tiene contactos políticos, que hace horas extraordinarias“.

Es posible que un agente haciendo horas extraordinarias llega a cobrar 9.000 euros, manifiesta que sí, si cobrase atrasos de todo un año, ya que pagan tarde. Que la hora extra se págaba a 50 euros festivos y en un día laboral a 30 euros“.

Es decir, en esa policía secreta se coloca a un personaje racista, sin preparación ninguna, al que todos temen por sus contactos políticos –en aquel momento, el dirigente del PP Álvaro Gijón es teniente de alcalde al cargo de Seguridad Ciudadana–, que cobra cantidades astronómicas en horas extra sin control ninguno y que se dedica a fichar a presuntos delincuentes de origen rumano. ¿Por qué? La respuesta es evidente, si se estudian estas dos siguientes declaraciones ante el juez, una de ellas de él mismo:

Una base de datos de todas las prostitutas de El Arenal

Fragmento de la declaración de Jaime Garau ante el juez en la que reconoce que elaboró una base de datos de las prostitutas de la Playa de Palma.

 Una de las funciones que realizó GARAU el tiempo que estuvo:
Que recuerda haber hecho una base de datos de todas las prostitutas que había en el arenal“.
Preguntado en que cometido está el trabajo del SIAP que acaba de decir y manifiesta que era porque habían sido denunciadas por el GAP“.

El GAP era el Grupo de Actuación Preventiva, otra unidad creada junto al SIAP por el gobierno municipal del PP y que acabó convirtiéndose en el brazo ejecutor de todas esas actividades mafiosas, como ha podido confirmar Público de numerosos testimonios, documentos y otras pruebas materiales. Y el nexo que vincula a las prostitutas con los “descuideros” rumanos está en esta otra declaración judicial:


Fragmento de la declaración judicial de Francisco Ruiz Casado sobre una actuación del GAP en el prostíbulo Table Dance.

 Que una noche iban uniformados de servicio el GAP 2, fueron al Table Dance
a recoger fotocopias de la documentación de todas las que trabajaban allí porque
decía que se lo había encargado el Comisario Estarellas. Montesinos dijo al declarante “vamos a Table Dance a recoger las copias de la filiación de las prostitutas del Table Dance”, que me lo ha pedido Rafa Estarellas. Se trataba de documentación de filiación de las prostitutas, NIES 
[Número de Identificación de Extranjeros], era documentación de unas 25 personas. No le dijo para qué querían esa documentación. Al llegar allí le dieron los documentos el que estaba en la puerta, no sabe cómo se llama esa persona. Que con esa documentación no sabe si hizo alguna diligencia formal, no se hizo constar por escrito. Que los servicios que se realizan se documentan, este servicio de recoger esas no se documentó, no sabe porqué. Se le pregunta para qué se recogían esos documentos y contesta que querían hacer una base de datos de los carteristas rumanos, se lo encargaron Daniel [Montesinos] y Carlos [Vallecillo] a Santi Adrover.

Prostitutas que eran “novias de rumanos carteristas”

Que esa noche había unas 12 mujeres trabajando de prostitutas“… “Que nos verificaron la correspondencia documentos de identidad-mujeres que estaban en el lugar” … “Que no era habitual que fuesen a clubes de alterne. Que algunas mujeres 3 o 4 que trabajaban en el Table Dance eran novias de rumanos carteristas“.

Vaya, ahora resulta que los chulos de las prostitutas inmigrantes, víctimas de la trata, son sus “novios”. En este caso, se refieren al American Table Dance, propiedad de los hermanos Pascual Bibiloni, uno de los cuales (Miguel) fue detenido en febrero de 2015 en el marco de las investigaciones sobre la trama de corrupción de la Policía Local de Palma.

En cualquier caso, las tareas de información, identificación y control de toda una red de prostitución desborda notoriamente las atribuciones y competencias de una Policía Local, razón por la que lógicamente no se hacían constar por escrito ni se documentaban tales actuaciones.

Pero, además, el motivo por el que Montesinos requería toda la documentación de las inmigrantes prostituidas era que él mismo se encargaba de arreglarles los papeles e incluso contratarles seguros –por los que luego les cobraba cada mes– a través de la correduría de seguros que heredó de su padre. Un negocio con el que incurría en incompatibilidad con sus funciones de agente policial, tal como reconoció el propio Estarellas en un momento de su declaración, excusándose así: “Politicamente se minimizó la importancia de la incompatibilidad y el declarante es un soldado e hizo lo que le dijeron”. Implicaba así directamente en toda esa maniobra a la dirección del PP.

En definitiva, el inspector que redacta el informe del análisis policial resume bien claramente la situación:

Fragmento de las conclusiones del Grupo de Blanqueo sobre el SIAP y su relación con la prostitución en Palma.

En definitiva, la estancia de Jaime GARAU en el SIAP no conduce a otro razonamiento que el de ser el autor de las investigaciones del hijo de Marga GAYA, como afirma en su declaración; de todo lo relacionado con la prostitución y los rumanos, con la finalidad de disponer de la información necesaria la “organización criminal”, para cometer sus fines, todo ello con el consentimiento del máximo responsable Rafael ESTARELLAS“.

Un testigo protegido así lo confirma, declarando que, en lo alto de la cúspide, está RODRIGUEZ, y que éste se encargaba junto a otros de crear un sistema que permitiera disponer de cuanta Información fuese necesaria“.

Un sistema en el que participaban más policías locales del GAP, que fueron investigados por acciones violentas relacionadas con el control de la red de trata de mujeres, como el caso –narrado por las propias víctimas– en que arrojaron a una prostituta dentro de un contenedor de basura, por el que fue imputado el agente Carlos Vallecillo, quien tenía vínculos con los Ángeles del Infierno. Al final acabó también imputado el propietario de prostíbulos Miguel Pascual Bibiloni.

Y es que algunos de los agentes, como Rafael Puigros, admitieron en sus declaraciones judiciales que cuando terminaban su jornada laboral como policías pasaban a trabajar como vigilantes de los burdeles. En resumen, una Policía Local al servicio de las redes de prostitución.

Espionaje contra otros políticos con policías y detectives

La mención a Marga Gayá, cargo de confianza del alcalde cuyo hijo es espiado y grabado para utilizar ese material como posible instrumento de chantaje político, tiene relación con la última frase de ese fragmento reproducido aquí:

Un testigo protegido de la causa vinculado al Partido Popular acusa a José María Rodríguez de recibir prebendas además de organizar un espionaje contra otros políticos y policías con agentes de la Policía Local y detectives privados”.

Ese escándalo de espionaje político interno –muy similar al que sacudió a la cúpula del PP en la Comunidad de Madrid– deberemos explicarlo en detalle en otro momento, pero para terminar este capítulo es de rigor citar al testigo protegido número 29 –ex encargado de la primera planta de la mega-discoteca Tito’s–, quien ha tenido que refugiarse en el extranjero tras sufrir gravísimas agresiones cometidas por sicarios rumanos de la mafia de Cursach, y con el que Público ha hablado de los motivos por los que sigue dispuesto a testificar en el juicio a pesar del riesgo que corre:

“En la planta segunda de Tito’s lo único que había eran putas de Globo Rojo [un conocido burdel en el que los policías disfrutaban de sexo gratis], y en mi planta los super-mega VIP eran los ángeles del infierno y las chicas de Globo Rojo. Algunas se prostituían porque ellas querían, pero a la gran mayoría las tenían obligadas. Cuando yo trabajaba allí, en 2004 y 2005, Rumanía y todos estos países todavía no eran de la Unión Europea y tenían que estar en España con pasaporte. Y les quitaban el pasaporte y no les dejaban volver. Esto, lo he contado todo y declarado en el juzgado”.

“Yo esto no lo hago por dinero. Lo hago porque durante cinco años vi cómo extorsionaban a las chicas, les quitaban el pasaporte; las vi llorando, porque les pegaban… venían con la cara amoratada a trabajar, las prostitutas. Yo esto lo hago por ellas”.

A muchas de ellas las acompañé yo a la Policía y como en aquella época estaba Antonio Suárez [inspector jefe de la UDYCO en Mallorca, que se acaba de jubilar con honores], le entraba por un oído y le salía por otro. Y no les hacían ni puto caso“.

Esto último es todavía más grave que todo lo anterior. Pero tendremos que explicarlo en otro artículo.

 

…CONTINUARÁ

 

Extrema pobreza se refleja en la prostitución de La Merced

 

 

“Yo trabajo en dos hoteles que están cerca de aquí, cobro 200 pesos por 10 minutos», asegura Luisa.

Por Redacción

15 de junio de 2019

Extrema pobreza se refleja en la prostitución de La Merced

 

México.- El penetrante olor a sudor se vuelve cada vez más insoportable dentro de la habitación de un hotel sin estrellas. La relación sexual es directa, anónima, sin tocamientos ni preámbulos. Son cinco, siete o máximo 10 minutos en los que el cliente tiene que satisfacer sus necesidades.

Al ras de la banqueta, en fila, las mujeres sonríen a cada hombre que pasa frente a ellas, y que recorre cada centímetro de su cuerpo con una rápida mirada, hasta que se decide por una. Entonces negocia, ofrece, regatea.

“Hay hombres que de 100 pesos que cuesta el servicio quieren pagar 50 o 70 pesos, y a las que cobran 200 les ofrecen 120 o 170 y eso no se puede, yo también tengo mis gastos”, dice Perla, mientras camina en círculos sobre un pequeño pedazo de acera.

En la Merced, cerca del 75 por ciento de las tres mil 500 sexoservidores están por su gusto, el 25 por ciento restante son manejadas y obligadas por un proxeneta que las engañó enamoró o las secuestró, o incluso por autoridades metidas en este negocio, asegura la presidenta de Brigada Callejera, Elvira Madrid.

Casi de frente a la entrada del hotel El Universo, una de las mujeres que ofrecen sus servicios dialoga con un hombre que voltea nervioso hacia todas partes. Segundos después, ella camina a la entrada del hotel, él rodea un puesto de revistas, como para no ser visto, y a toda prisa cruza la puerta del establecimiento detrás de ella.

 Sobre Anillo de Circunvalación -una popular avenida del Centro Histórico de la Ciudad de México- los negocios venden medicamentos mágicos que aseguran relaciones sexuales duraderas y otros ofrecen ropa íntima femenina con diseños atrevidos. Porque en esta zona hay unos 25 hoteles que mantienen vivo el comercio sexual.

De acuerdo con Elvira Madrid, los dueños de hoteles y moteles en la Merced han tenido que cambiar el giro de sus negocios, luego de la advertencia y amenaza de las autoridades, de aplicar la Ley de Extinción de Dominio, pues aseguran que son parte del negocio de prostitución de menores.

“En algunos de estos hoteles si se acatan las reglas de no permitir la entrada a menores de edad, pero en otros se hacen pendejos, porque saben que las menores dejan más dinero, además de que son más fáciles de controlar, mangonear y explotar”.

“Aquí en la Merced, por lo menos el 5.0 por ciento de las tres mil 500 sexoservidoras son menores de edad”, asegura la presidenta de esta organización civil.

En la esquina de San Pablo y Circunvalación, Luisa se arregla presurosa el pelo y retoca sus labios con un rojo intenso que combina a la perfección con sus mejillas. Resalta su piel morena quemada por el sol.

A su espalda se escucha la salsa de Lalo Rodríguez: “Sin que sobre un pedazo de piel, ven devórame otra vez, ven devórame otra vez, que mi boca me sabe a tus besos….”

Llevo poco tiempo en este lugar, dos años, antes estaba sobre Circunvalación, pero ahí la mayoría de los clientes huelen muy mal porque son cargadores o albañiles y vienen con nosotras después del mediodía o cuando salen, y están más sudados y sucios, “aquí son un poco más limpios”.

Son las 11:00 de la mañana y el tránsito de personas se incrementa, Luisa ve la hora en su teléfono celular y agrega con voz cortante: “tengo cuatro años en esto y cuatro hijos, trabajo aquí porque gano más dinero que en otro lado, y porque no tengo estudios, solo llegue al tercero de primaria”.

 Originaria de Veracruz, Luisa -como la conocen aquí- asegura que el miedo se va perdiendo con el paso del tiempo.

“Yo trabajo en dos hoteles que están cerca de aquí, cobro 200 pesos por 10 minutos, la mayoría de las veces es por una relación sexual, si tengo suerte atiendo a cinco clientes en mi turno”, asegura con voz firme.

“Allá en Veracruz, mi mamá si sabe a qué me dedico, no le gusta, llora mucho, pero ni modo, yo ya me decidí y aquí estoy, y aquí seguiré”.

La presidenta de Brigada Callejera asegura que de las comunidades en extrema pobreza se engancha a la mayoría de estas mujeres, lugares donde está muy arraigado el machismo y la mujer no tiene estudios, ni acceso al trabajo. “Solo las quieren solo para casarse y tener hijos y son violentadas en todas las formas posibles”.

Además, “el 25 por ciento de estas mujeres tiene un padrote, una madrota, alguien que las vigila y les quita su dinero”, asegura.

“Hace cuatro años, mi muchacha de 19 años salió a buscar trabajo en Morelia. Nunca regresó y hasta ahora no sé en donde quedó. Traía un aparato y tenía su ‘feis’ y eso tampoco sirvió para saber dónde está”, recuerda con dolor Artemio, un cargador de la Merced.

“Ya la he buscado en todas partes en Michoacán, pero sobre todo aquí, en cantinas, bares en las calles, gaste más de 60 mil pesos y todavía no la encuentro”.

“A la policía les di como 15 mil pesos y nunca hicieron nada. Anduve en las partes más pesadas, en donde había bares. Las autoridades no sirven para nada, les di 20 fotos de mi muchacha, la busque en Morelia, en Tuxpan y no la encontré ni muerta ni viva. Era la única mujer entre cinco hijos que tengo”.

“Para que lloras, con eso no se gana nada, le digo a mi mujer. Los que hacen desaparecer a la gente son los mismitos de siempre, no hay otros”.

Con su diablito al lado, cargado de huacales de madera y cartón, Artemio cierra los puños de sus manos maltratadas por el trabajo, cierra los ojos con un orgullo que vive más que la esperanza de encontrar a su hija.

“Era muy lista mi muchacha, sabía leer y escribir, hasta manejaba las computadoras”.

“Yo le hable muchas veces y nunca me contestó, si yo supiera que estaba empeñada, pues voy por ella y la saco de donde esté, pero no sé si está bajo tierra o se la comieron los tiburones en el agua, como luego las tiran, que Dios la acompañe si vive o no vive, que esté tranquila ya”, relata con resignación.

Son las 11:56 de la mañana y del hotel El Universo sale una mujer vestida de negro, se acomoda el pelo, retoca el color de los labios y vuelve al lugar que ocupa en la fila de sexoservidoras sobre Anillo de Circunvalación, a solo unas calles del tradicional mercado de la Merced.


El texto original de este artículo fue publicado por BajoPalabra en la siguiente dirección: https://bajopalabra.com.mx/extrema-pobreza-se-refleja-en-la-prostitucion-de-la-merced

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“Ley de Protección de Prostitutas” en Alemania: los conservadores alcanzaron plenamente sus objetivos

 

https://researchprojectgermany.wordpress.com/2019/06/19/prostitutes-protection-act-conservatives-fully-achieved-their-objectives/?fbclid=IwAR1RoQZ-i-Y5KP0PpLb4urKXVb2XuQ–8pwnhjQ1eY-_PTBq4DhuUQeSGBo

https://www.voice4sexworkers.com/prostituiertenschutzgesetz-ziele-der-union-voll-erreicht/

 

La ley ProstSchG, a punto de conseguir los objetivos de los conservadores

 

Una serie de informes recientes de los medios de comunicación han sugerido que la Ley de Protección de Prostitutas (en adelante, ProstSchG) no habría logrado los objetivos establecidos y no protegería lo suficiente a las personas que ejercen la prostitución.

Voice4Sexworkers, un proyecto de y para trabajadoras sexuales, rechaza firmemente esa idea:

ProstSchG está a punto de conseguir todos los objetivos y efectos deseados del gobierno federal, especialmente los de los partidos conservadores [Unión Demócrata Cristiana de Angela Merkel (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU) en Baviera, juntos conocidos como La Unión ]. Puede haber tomado un tiempo, pero ahora, aproximadamente dos años después de que ProstSchG entrara en vigencia el 1 de julio de 2017, se ha hecho cada vez más evidente que las consecuencias de la ley, que esperábamos y predijimos, se han materializado en todo el país.

Como señaló acertadamente el ministro del interior, Horst Seehofer (CSU), el 6 de junio de 2019, al hablar sobre el proceso legislativo en Alemania:

“La ley se llama Ley de Intercambio de Datos. Introducida completamente en silencio. En silencio, probablemente porque es complicada, por lo que no atrajo tanta atención. En los últimos 15 meses, he hecho la experiencia de que tienes que hacer que las leyes sean complicadas, de esta forma [risas] no llaman tanto la atención. No estamos haciendo nada ilegal, estamos haciendo lo que es necesario. Pero incluso las cosas necesarias a menudo son cuestionadas ilegítimamente “.

Si bien el tema aquí era la Ley de Intercambio de Datos, la misma táctica ya se empleó cuando se adoptó la ProstSchG.

Como punto de partida, la ley socavó la Ley Básica de Alemania [Grundgesetz, GG]. Artículo 13 GG, que garantiza la inviolabilidad del domicilio. Ya no se aplica a las trabajadoras sexuales. ¿Libertad laboral? Eso, también, está siendo socavado a través de los procedimientos de registro forzoso a las trabajadoras sexuales. Naturalmente, la ley no lo explica. Eso habría sido demasiado simple, y luego podría haber habido protestas más fuertes contra ella. (Ver también: “La Ley de Protección de Prostitutas viola los derechos fundamentales”; haz clic aquí para leer el artículo con el Traductor de Google).

En cambio, el plan se creó para llamar a la medida “Ley sobre la regulación de la prostitución y la protección de las personas que trabajan en la prostitución”, en resumen, la Ley de Protección de Prostitutas. Tales cosas siempre ganan amplia aceptación en la sociedad. Sin embargo, existe una idea errónea generalizada de que la “protección de las personas que trabajan en la prostitución” tiene el propósito de hacer precisamente eso: brindar protección a las trabajadoras sexuales. Por el contrario, si uno examina la ley, rápidamente se da cuenta de que la ley tiene como objetivo proteger a las personas de sí mismas y de la prostitución, al igual que el protector solar no protege al sol, sino a quienes lo utilizan de los efectos de la exposición a la luz solar.

En el contexto de ProstSchG, la cita anterior de Horst Seehofer encaja una vez más, ya que ProstSchG, de forma indirecta, también se supone que ayuda a frenar la migración. Quedó claro desde el principio que la ley sería particularmente problemática para las personas de países donde la prostitución es ilegal, como Bulgaria o Rumania. Si se registran como trabajadoras sexuales en Alemania, se arriesgan a recibir correo en sus países de origen, a pesar de la opción prometida de que cualquier correo relacionado sería enviado a una dirección de correo diferente. (Consulta, por ejemplo, “Ley de protección de prostitutas: entre la aspiración y la realidad”, de la Organización Alemana de Servicios para el SIDA; haz clic aquí para leer el artículo con el Traductor de Google).

Las oficinas de impuestos incumplen esta disposición a sabiendas y deliberadamente, y al hacerlo, ponen en gran peligro las vidas de las trabajadoras sexuales en sus países de origen. ¿Proteccion? Ninguna. ¿Los legisladores prestaron atención al consejo de expertos? De hecho, lo hicieron, aunque no de la forma en que los expertos pretendían. En cambio, dieron la vuelta a su experiencia y su razonamiento, lo que facilitó la creación de regulaciones que golpearan a las trabajadoras sexuales con la mayor fuerza posible. En pocas palabras, la lista de medidas rechazadas fundamentalmente por los expertos convocados se convirtió en la lista de deseos del gobierno.

¿[Ironía on] Las trabajadoras sexuales requieren anonimato para protegerse? Vamos a hacer lo contrario y prescribir en la ley registros obligatorios. [Ironía off]

ProstSchG está destinada a disuadir, no a proteger

La construcción completa de ProstSchG está destinada a disuadir a las personas de ingresar en la prostitución y a hacer que el trabajo sexual sea imposible en la mayoría de los lugares. Los registros obligatorios ante las autoridades públicas no son más que puestas en evidencia forzadas frente a extraños. En algunos lugares, por ejemplo en la ciudad de Gießen, el gobierno incluso encargó a organizaciones privadas la realización de esta medida. (Vea también: “Las trabajadoras sexuales se quejan en el juzgado administrativo contra la implementación de la Ley de Protección de Prostitutas en la ciudad de Gießen”; haz clic aquí para leer el artículo con Google Translate).

Tales prácticas refuerzan el estigma al que las trabajadoras sexuales están expuestas diariamente. Los políticos no pueden fingir que ignoraban que muchas trabajadoras sexuales optarían por eludir el procedimiento de registro obligatorio y, en cambio, por necesidad, trabajarían clandestinamente y, por lo tanto, de manera ilegal. Todos los expertos, incluidos los representantes de asociaciones comerciales y centros de asesoramiento, así como las mismas trabajadoras sexuales, les advirtieron explícitamente de que esto sucedería y solicitaron otras medidas mejores, por ejemplo. expandiendo la oferta de centros de asesoramiento, fondos para la capacitación laboral para personas en trabajo sexual, la despenalización total del trabajo sexual, la abolición de todas las medidas que alimentan el estigma asociado al trabajo sexual, y muchas otras.

Sin embargo, con esas medidas, el gobierno federal no habría logrado su objetivo real de abolir silenciosamente la prostitución con el pretexto de ayudar a las personas en la prostitución.

Dos años después de la adopción de la nueva ley, los artículos periodísticos sobre la desaparición de los burdeles y las vacantes en empresas de prostitución aparecen casi a diario, ya que las trabajadoras sexuales registradas oficialmente son escasas. La mayoría de los lugares de trabajo buenos y seguros están desapareciendo rápidamente, ya sea debido a los requisitos establecidos en la ProstSchG o a los efectos de la ley; por ejemplo, las trabajadoras sexuales no pueden o no quieren obtener un “carné de puta” para evitar ser puestas en evidencia. Además, la ProstSchG dicta que las trabajadoras sexuales ya no pueden pasar la noche en los burdeles y otros negocios de prostitución. Esto requiere que las trabajadoras sexuales ganen más dinero para cubrir los gastos diarios adicionales de una habitación separada [ofrecida por algunas empresas de prostitución] o una habitación de hotel. Como resultado, muchas deciden trabajar ilegalmente, ya sea de manera independiente o en negocios de prostitución sin licencia.

Muchas trabajadoras sexuales han desaparecido de la esfera pública por temor a llamar la atención y enfrentar una inspección. En consecuencia, las trabajadoras sexuales pasan menos tiempo solicitando por Internet o por teléfono, lo que las pone en mayor riesgo ya que ya no pueden evaluar a sus clientes en la medida necesaria.

Las trabajadoras sexuales, que antes podían compartir apartamentos donde podían vivir y trabajar, ahora están obligadas a trabajar solas. Esto da como resultado costos más altos (alquiler, servicios públicos, publicidad, etc., que antes pudieron compartir) que la mayoría no puede pagar por su cuenta. Y la protección a través de sus colegas, por supuesto, también ha desaparecido. Donde antes las trabajadoras sexuales podían protegerse entre sí, las que trabajan en apartamentos ahora se ven obligadas a trabajar solas. El resultado: en los últimos dos años, la gran mayoría de esos lugares de trabajo también ha desaparecido.

Todo esto ha sido confirmado por la recientemente publicada “Evaluación de la Ley de Protección de Prostitutas en Renania del Norte-Westfalia”. (Ver también: “Protección ineficaz de prostitutas: trabajadoras sexuales en la clandestinidad”; haz clic aquí para leer el artículo con Google Translate y selecciona “Schon dabei” en la ventana emergente).

Incluso los centros de asesoramiento se ven muy afectados por la ProstSchG, lo que pone en peligro años de trabajo y esfuerzos para construir relaciones de confianza con las trabajadoras sexuales. En 2018, Madonna e.V. [un miembro de la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP) y el único proyecto de autoayuda para trabajadoras sexuales en Renania del Norte-Westfalia] recibió una cantidad significativamente menor de fondos del gobierno provincial. También se redujo la financiación de la aclamada aplicación Lola app [que ofrece consejos para trabajadoras sexuales en búlgaro, inglés, alemán, rumano y turco]. No hace falta decir que el informe de evaluación mencionado omitió esto convenientemente. (Honi soit qui mal y pense.) Los puestos de asesoría que se necesitaban con urgencia debieron reducirse, ya que los fondos ya no eran suficientes. Esto es especialmente preocupante teniendo en cuenta que la asesoría independiente y anónima para las personas que se dedican al trabajo sexual es sumamente importante.

En este contexto, cabe señalar aquí que el centro de asesoramiento de Kober, que redactó el informe “Cambios y efectos de la ProstSchG en la escena de la prostitución en Renania del Norte-Westfalia”, que se adjunta al informe de evaluación mencionado anteriormente, recibió fondos y apoyo del gobierno provincial. Por lo tanto, casi no se puede hablar de “investigación independiente”, y el informe no satisface los estándares académicos ni proporciona respuestas a las muchas preguntas que plantea. (Escucha el comentario del científico cultural Mithu Sanyal; solo en alemán).

Quienquiera que todavía crea que la Ley de Protección de las Prostitutas tenía la intención de proteger a las trabajadoras sexuales, creerá también que la mariposa pliegalimones [Zitronenfalter, en alemán; limonera, en español] pliega limones…

 

Traducción del alemán al inglés por Matthias Lehmann, co-fundador de SWAT – Sex Workers + Allies Translate.

Traducción del inglés al español por Citerea Anadiomena, miembro de SWAT.

“El objetivo de SWAT no es solo proporcionar a las trabajadoras sexuales y aliados una red para permitir el intercambio de conocimientos sobre el trabajo sexual a través de barreras culturales y lingüísticas, sino también recompensar a los contribuyentes por su trabajo siempre que sea posible”.

Haz clic aquí para obtener información sobre SWAT en 18 idiomas. Ponte en contacto con SWAT por correo electrónico si deseas contribuir con sus habilidades. También estás invitado a unirte al grupo de SWAT en Facebook.

Se han hecho todos los esfuerzos para traducir este artículo textualmente. El original alemán de este artículo se publicó por primera vez como “Prostituiertenschutzgesetz: Ziele der Union voll erreicht”por Voice4Sexworkers (8 de junio de 2019). Esta traducción está licenciada bajo una licencia internacional Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0.

Una mujer apuñalada en París, la reacción (¿hipócrita?) de Pécresse e Hidalgo

 

Por THIERRY SCHAFFAUSER

16 de junio de 2019

http://MA.LUMIERE.ROUGE.BLOGS.LIBERATION.FR/2019/06/16/UNE-FEMME-POIGNARDEE-DANS-PARIS-LA-REACTION-HYPOCRITE-DE-PECRESSE-ET-HIDALGO/

El Grupo de Autodofensa de Trabajadoras Sexuales SWAG.

 

¿Se convertirá finalmente la lucha contra la violencia contra las trabajadoras sexuales en un problema político?

 

El viernes por la tarde, nos enteramos del ataque con cuchillo a una joven de 28 años en el Bois de Boulogne. Un artículo del Parisien describía su estado como crítico, entre la vida y la muerte. Esta agresión es tanto más triste cuanto que hace meses que avisamos sobre el aumento de esto actos de violencia. En agosto de 2018, en el mismo Bois de Boulogne, Vanesa Campos fue asesinada.

La Sra. Schiappa había organizado una reunión con DILCRAH para ver cómo se podían mejorar las cosas y no se llegó a nada. Sin duda ocupada en las 24 Horas de Le Mans, no ha reaccionado a este ataque.

Las señoras Pécresse e Hidalgo, sin embargo, se han expresado en Twitter.

La Sra. Pécresse reaccionó primero (de forma tal vez un poco apresurada) hablando de “asesinato”:

Seguida unos minutos después por la señora Hidalgo:

Estas reacciones son una novedad, ya que hasta ahora es muy raro que los políticos de este rango se expresen sobre la violencia cometida contra las trabajadoras sexuales. El contexto de la proximidad de las elecciones municipales puede explicar esto. Pero lo que plantea dudas es la sinceridad de estas respuestas. De hecho, las actuaciones políticas y los votos de estas mujeres políticas siempre han sido dirigidas contra las trabajadoras sexuales y sus demandas.

La señora Pécresse votó a favor de la penalización de los clientes en tanto que diputada y no sigue una política favorable a las mujeres precarizadas y a las minorías. La Sra. Hidalgo es partidaria de la penalización de clientes desde hace mucho tiempo y también aplica una política municipal muy represiva contra el trabajo sexual en París: ordenanzas municipales en el Bois de Boulogne y en el Bois de Vincennes, hostigamiento policial en Belleville, controles en Château Rouge y otros lugares y un alcalde socialista del distrito 13 que ha llegado a filmar a las trabajadoras sexuales para difundir su imagen (no borrosa) en Internet con todas las repercusiones que esto puede tener en su vida. El “apoyo total” del que habla no parece realmente creíble…


En esta carta dirigida a los vecinos del distrito 18 “en relación con la prostitución”, la alcaldesa de París dice exigir la represión de los propietarios de los pisos de trabajadoras sexuales y garantizar la presencia de la policía en el espacio público para la tranquilidad de los residentes.

Con cursos de defensa personal, asesoramiento legal, sistemas de alerta, las trabajadoras sexuales se organizan a través del proyecto Jasmine y de otros grupos contra la violencia sin el apoyo político o financiero de las autoridades. Hay que considerar el hecho de que estas acciones sean dirigidas por las mismas trabajadoras sexuales y que la clase política siga petrificada en una ideología abolicionista que prohíbe cualquier “ayuda a la prostitución”, que supuestamente debe ser abolida y, por tanto, no se deben crear las condiciones que permitan una mayor seguridad en su ejercicio.

STRASS (Syndicat du Travail Sexuel) denuncia este estado de cosas comparando la lucha contra la violencia con la lucha contra el SIDA:

La muerte de Vanesa Campos en agosto pasado, ha ayudado a aumentar la conciencia pública, pero los legisladores se están quedando por detrás de la sociedad. La “salida de la prostitución” no puede ser la única respuesta del gobierno y las autoridades. Es hora de aceptar en el campo de la lucha contra la violencia que es posible reducir los riesgos, como lo hicimos en el campo de la lucha contra el SIDA en los años 1980-90. Aquí también, se trata de la vida o la muerte. Aquí también, debemos cambiar el paradigma.

Apostar todo a la abstinencia y al fin del trabajo sexual no parece funcionar porque el número de trabajadoras sexuales continúa aumentando, incluídas las víctimas de trata y la explotación de menores. Sin embargo, las políticas de penalización han resultado en una escalada continua de la violencia debido a una mayor precariedad y, por lo tanto, un poder de selección más débil, el desplazamiento de los escenarios de trabajo sexual a lugares más remotos y el aislamiento y, por tanto, la menor ayuda mutua entre trabajadoras sexuales.

Hay que creer que la muerte de las trabajadoras sexuales es preferible a considerar cualquier mejora en sus condiciones de trabajo y correr el riesgo de que se piense que se tolera la existencia de la “prostitución”; pero también, de paso, la suya.

Desmontando el Abolicionismo: La Demanda de Pandora

 

Por Raj Redlich

 

Parte I: La Falacia de MacKinnon (sin puteros no hay prostitución)

 

Parte II: Precarizando a las Precarias (economía del modelo nórdico)

 

Parte III: Puticonsumismo (no hay putero para tanta puta)

 

Parte IV: El Putero Samaritano (deconstruyendo la figura del cliente)

(Próximamente)

Derecho a la salud de las mujeres que ejercen la prostitución en el Sistema Público Andaluz de Salud

 

10 de junio de 2019

Derecho a la salud de las mujeres que ejercen la prostitución en el Sistema Público Andaluz de Salud

 

La delegación de Cádiz de la APDHA ha elaborado el informe EL DERECHO A LA SALUD DE LAS MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN EN EL SISTEMA PÚBLICO ANDALUZ DE SALUD: un abordaje técnico y un análisis de las distintas experiencias y realidades que encuentra sobre la prostitución.

 Descargar Informe

Aunque en este caso, no pretendemos a través de este informe, incidir en las políticas que actualmente afectan sobre las trabajadoras sexuales que viven en Andalucía y la defensa de sus derechos fundamentales, síesperamos que este análisis tenga una repercusión positiva que fomente la transformación social y sanitaria que les afecta sobre su vida diaria y su bienestar.

Para la elaboración del presente informe hemos mantenido entrevistas, reuniones e intercambio de conocimientos y experiencias tanto con profesionales especializados en el campo de la Salud Pública, como profesionales que, desde organizaciones sociales, han adquirido amplio conocimiento del asunto a través de años de experiencia. Igualmente, y como no podía ser de otra manera, hemos compartido con las trabajadoras sexuales un buen número de sesiones de intercambio de vivencias. Trabajadoras sexuales con las que llevamos ya un tiempo trabajando y que conocen de primera mano qué es el ejercicio de esta actividad y qué consecuenciastiene para su salud. Para complementar este acercamiento a la prostitución desde la perspectiva de quiénes la trabajan, hemos recurrido y analizado los discursos, impresiones y experiencias que, durante 15 años de trabajo con el colectivo, hemos ido recogiendo.

Apostamos por un modelo sanitario que mire y aprenda a mirar la diversidad como algo enriquecedor y no como un problema. Que haga del derecho a la salud el centro de todos sus intereses. Que cuide a quiénes desde su profesión sanitaria y/o compromiso social apuestan por un entorno más saludable, justo y diverso. Y sobre todo, apostamos por un modelo sanitario tenga en cuenta a las trabajadoras sexuales como aliadas, como agentes capaces y potentes para desarrollar estrategias que avancen por su derecho a la salud y el de toda la sociedad.

 

 Descargar Informe

 

En el quicio de La Merced: mercado sexual y regulación del espacio público

 

Por Luz Jiménez

11 de junio de 2019

En el quicio de La Merced: mercado sexual y regulación del espacio público

 

En días pasados la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México votó para suprimir las sanciones al ejercicio y la solicitud de servicios sexuales en las calles de la ciudad. Estas sanciones apenas habían sido propuestas en el artículo 27 de la nueva Ley de Cultura Cívica, publicada el pasado ocho de junio de 2019. Los debates abiertos sobre este nuevo intento de sancionar el comercio sexual en la ciudad, en los que favorablemente participaron los grupos de trabajadoras sexuales organizadas, enmarcan mi reflexión en torno a la regulación sexual del espacio público.

Para localizar mi análisis, retomo el caso del barrio de La Merced ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se sitúa uno de los mercados sexuales callejeros más antiguos de la ciudad. En este espacio, altamente politizado y disputado, se han operado diversas normativas —administrativas y penales— de la mano de un conjunto de intereses económicos que se hicieron más evidentes a finales del siglo XX y principios del XXI, cuando el gobierno de la Ciudad de México inició el proyecto de “rescate integral” del Centro Histórico. Una de las acciones impulsadas para apoyar este proyecto económico fue el reforzamiento de la seguridad pública en la zona, que contribuyó a construir al Centro Histórico como un espacio “seguro” para la gentrificación y turistificación, es decir para la obtención de beneficios comerciales y financieros mediante la apropiación de los escenarios urbanos.

En este sentido, no fue casual que el desarrollo del proyecto de recuperación del Centro Histórico sucediera de manera paralela a la publicación, en 2004, de la antigua Ley de Cultura Cívica, en la cual se sancionaba administrativamente el acto de “invitar a la prostitución o ejercerla” con el objetivo explícito de vigilar el orden público y la convivencia urbana. Si bien el ordenamiento legal intervino en la creación y modificación del ordenamiento espacial, en tanto delimitó las áreas para la realización de transacciones sexo-económicas, éste se transmutó en un ordenamiento moral y sexual del espacio que contribuyó a expulsar a las trabajadoras sexuales de las zonas comprometidas con el proyecto de rescate urbano.

Ilustración: Patricio Betteo

Al igual que la recién publicada, la anterior Ley de Cultura Cívica fue criticada porque introdujo políticas represivas dirigidas a las trabajadoras sexuales de la calle, quienes viven de manera directa los efectos del capitalismo neoliberal, como la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a servicios sociales y la flexibilización laboral. Pareciera que la normativa creada para regular el espacio público ha funcionado también como estrategia para justificar la inexistencia de políticas estatales de justicia social dirigidas a las personas que se dedican al comercio sexual callejero.

No obstante, la Ley de Cultura Cívica no es la única legislación cuyo efecto colateral ha sido la criminalización y discriminación de las trabajadoras sexuales de la calle. Esto también ha sucedido con la legislación relativa a la trata de personas y sus mecanismos de operación, que si bien tienen el objetivo de “rescatar, proteger y atender a las víctimas o posibles víctimas del delito”, han tenido efectos concretos en la organización espacial del mercado sexual de La Merced.

Durante los primeros años del siglo XXI, el barrio de La Merced transitó de ser considerado el corazón de la prostitución a ser construido discursivamente como uno de los focos rojos de la trata de personas, específicamente de la trata sexual de mujeres. Tanto en notas periodísticas como en declaraciones oficiales, La Merced fue representada ante la sociedad mexicana —y alrededor de todo el mundo— como el prostíbulo de América Latinael centro de la trata infantil y de mujeres de México o el mayor corredor de prostitución y trata de personas de América Latina.

Para atender la demanda de atención de la trata de personas, en el 2000 se elaboró el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, conocido como Protocolo de Palermo, que forma parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Este es el instrumento legal más importante a nivel internacional para combatir la trata alrededor del mundo en el que se establecieron los lineamientos para la elaboración de políticas institucionales dirigidas a su prevención, atención, sanción y erradicación.

En México, la legislación sobre trata de personas fue elaborada por primera vez en 2007, y desde su creación planteó una ambigüedad sobre lo que debe ser considerado prostitución forzada y otras formas de explotación sexual, ya que ninguna de éstas es definida en el Protocolo. No obstante, las disputas alrededor del comercio sexual como una forma de esclavitud sexual o como un trabajo que debe ser reconocido como tal, han enmarcado la producción de una narrativa dominante que subraya la no distinción entre comercio sexual y trata de personas, lo que ha contribuido a una mayor criminalización de las trabajadoras sexuales.

En el caso mexicano, la operación de la ley antitrata en el espacio de comercio sexual callejero de La Merced comenzó en 2007 con los primeros operativos realizados en los hoteles y cuartos acondicionados para la realización de las transacciones sexoeconómicas. El cierre de hoteles y otros establecimientos donde se realizaba comercio sexual en nombre del combate a la trata sexual de mujeres ha sido interpretado como una “cacería de brujas” para expulsar a las trabajadoras sexuales de zonas comprometidas con el rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México, pues a partir de las acciones impulsadas por el gobierno local se han cerrado y procesado una cantidad significativa de inmuebles que podrían ser vendidos a particulares para obtener el dinero que supuestamente estaría destinado para resarcir el daño a las víctimas.

Esto se suma a que en 2012 la legislación anti trata en México se modificó para eliminar la noción de consentimiento, lo que trajo como efecto que todas las personas que se dedican al comercio sexual —así fuera de manera autónoma— fueran consideradas víctimas de trata. Estos cambios fortalecieron la mezcla discursiva entre el comercio de servicios sexuales autónomo y la trata sexual, convirtiendo a la organización del comercio sexual en un delito y a las personas que se dedican a éste automáticamente en víctimas.

En lo que va del siglo XXI, los efectos de las viejas regulaciones alrededor del comercio sexual en las calles de la Ciudad de México, junto con estas nuevas políticas anti trata creadas con el objetivo de proteger a las personas víctimas de este delito, han vulnerado el ejercicio de derechos de las mujeres que comercian servicios sexuales en el espacio público. Estas normativas han traído consigo una mayor clandestinización de los mercados sexuales que ha favorecido la ausencia de condiciones laborales adecuadas y justas; la obstaculización o imposibilidad de constituir sindicatos de trabajadoras sexuales o la organización política y social informal para exigir derechos del gremio; y el aumento de la criminalización del trabajo sexual.

Sin embargo, las trabajadoras sexuales organizadas también han desplegado diversas formas la apropiación, ocupación y uso de los espacios públicos donde se realiza comercio sexual callejero. Una muestra de esta resistencia frente a su criminalización y victimización fue la obtención en 2014, vía un litigio jurídico, de las licencias de trabajadoras no asalariadas para las mujeres que se dedican al comercio sexual callejero por parte de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México. Estas licencias certifican a las mujeres como personas que realizan su actividad laboral en la vía pública sin necesidad de que exista una relación formal obrero-patronal o que reciban un salario fijo, como los lustrabotas, los cuidacoches, los músicos callejeros.

En un contexto en el que se privilegia el aumento del número de mujeres situadas en los márgenes del sistema económico neoliberal, resulta necesario que el proyecto intelectual y político del feminismo se cuestione los efectos que tienen las normativas para regular el espacio público y la legislación antitrata —que promueve la confusión entre comercio sexual y trata—, en el ejercicio de derechos de las personas que comercian servicios sexuales en las calles. Estas estrategias represivas no solo buscan sacar del espacio público al comercio sexual, sino encapsularlo o incluso volverlo cada vez más clandestino, mas no abolirlo como supuestamente argumentan las feministas abolicionistas-prohibicionistas.

Este encapsulamiento y clandestinización impide que las trabajadoras sexuales sean reconocidas como sujetos de derecho e interlocutoras políticas, capaces de dialogar y definir estrategias que atiendan sus necesidades concretas y respeten su derecho a transitar y trabajar en el espacio público. En este sentido, comparto el llamado elaborado por el Grupo Latinoamericano de Análisis/Acción sobre los Mercados Sexuales (GLAMSex), a apoyar una petición en la plataforma Change.com  para que las y los diputados de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y la Jefa de Gobierno tomen en cuenta las voces de las trabajadoras sexuales organizadas en la discusión sobre sus necesidades y demandas y en la definición de la legislación y las políticas orientadas al reconocimiento del trabajo sexual con total respecto a sus derechos humanos.

 

Luz Jiménez
Feminista. Doctorante en Ciencias Políticas y Sociales, orientación en Sociología, de la UNAM. Integrante del Grupo Latinoamericano de Análisis/Acción sobre Mercados Sexuales (GLAMSex).