Sexo banal

 Por Arcadi Espada

13.05.2009

 

http://www.elmundo.es/opinion/columnas/arcadi-espada/2009/05/14783528.html

 

CLÉRIGOS y comentaristas, y alguno de ellos disfrazado de doctor en Medicina, alertan contra la banalización del sexo que supone la píldora post. Yo comprendo muy bien lo de la banalización; pero en absoluto la alerta. Uno de los grandes avances de la Humanidad ha sido la banalización del sexo, que se ha producido como resultado de las acciones relacionadas con la higiene y la reproducción. ¡Qué duda cabe que en tiempos de la sífilis el sexo era mucho menos banal! El doctor Paul Ehrlich fue su gran banalizador cuando distanció el sexo de la enfermedad y la muerte con sus balas mágicas de arsénico. Y lo mismo puede decirse del doctor Luis Ernesto Miramontes cuando sintetizó la noretisterona y abrió el camino de fabricación de la píldora anticonceptiva. Y qué decir de los franceses que en el XVII inventaron el bidet para consuelo de las partes doloridas. Nadie lo dijo mejor que aquel Álvarez Solís: «Desde entonces el sexo perdió mucho sabor».

Frente a esa gama (¡globulina!) de hombres ilustres y banalizadores se ha alzado en todas las épocas el funesto tropel de la carcundia. Religiosa, pero no sólo. La carcundia literaria, encabezada por el doctor Freud ha sido mucho más temible y su grosero enfatismo se extiende hasta la vera de nuestros días con el soporífero Bataille y aquel japonés imperial para el que la petite mort sólo era un preludio blanducho de la grandiosa y última erección. Del tropel sólo es rescatable el viejo Wilhem (Reich), que puso el sexo en la máquina antes que James Brown y el gran escritor cubano Juan Abreu que a sus parrandas aún las llama sexo a fin y efecto de no envejecer.

De modo que yo aplaudo la banalización emprendida por las ministras Aído y Jiménez, con sus píldoras, sus abortos sin mamá y todo lo que venga en la misma línea divulgativa tendente a reducir el sexo a un juego, mediante el control de sus consecuencias más indeseables, es decir, mediante la civilización. Y aplaudo especialmente su trabajo en torno de los jóvenes, población de riesgo, siempre a punto de morir como Werther y por tanto la más necesitada de banalización, es decir de píldoras, datos, detalles y prosa, mucha prosa, que sepulte el mito. Ahora bien: sería conveniente que las ministras no fuesen más socialdemócratas de lo estructuralmente necesario. No puede ser que una mano incite al juego y la otra lo cancele. Una célebre subordinada de la ministra Aído quiere castigar a un bar de Málaga que regala copas a sus clientes si acuden disfrazadas de colegialas. Hombre, hombre. ¡Para qué querrán la píldora post si no se puede jugar a colegialas y a médicos!

 

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El progresismo es un puritanismo

 

La izquierda, que un día se soñó instrumento de emancipación de la humanidad, se ha resignado a ejercer el papel de gran censor de las conciencias

 

Por MANUEL RUIZ ZAMORA

Filósofo

20 Diciembre, 2017 – 02:33h

 

http://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/progresismo-puritanismo_0_1201680203.html

 

El progresismo es un puritanismo / ROSELL

Quién nos iba a decir hace años que lo que llamábamos progresismo no era sino el último disfraz del viejo puritanismo. Al diablo, nunca mejor dicho, con los sueños de amor y libertad; al diablo también con aquella proclama ingenua que prohibía prohibir. Hoy, todo cuanto remita al placer o al sexo, a la emancipación de la mente y los sentidos debe darse por definitivamente prohibido. Decía Santayana que el puritanismo es esa forma de pensar que cree que el pecado existe, que cree que el pecado debe ser castigado y que es bueno que el pecado exista para que pueda ser castigado. Es en esta última parte de la proposición en la que radica todo su sentido: el puritano abjura de todos los placeres para disfrutar del placer supremo de castigar a quien disfruta. Cuando por fin logramos expulsar a los clérigos a la recóndita paz de sus templos, descubrimos con asombro que había legiones enteras de puritanos, mucho más fervientes y combativos, esperando para ocupar los espacios que ellos dejaban libres.

El pecado, señoras y señores, vuelve a estar de moda, aunque ahora se camufle entre las sábanas de lo políticamente correcto. El deseo es un delito, la seducción, si es procurada por el hombre, un tipo de violación diluida; si lo es por la mujer, una rendición innoble a pautas de comportamiento machistas. La prostitución, esclavitud encubierta; la pornografía, una excrecencia perversa del heteropatriarcado. El desnudo, como viene a demostrarnos el reciente intento de prohibición de una obra de Balthus, una incitación a la pederastia (Ay, si su ignorancia les llevara a examinar la historia del arte) o, más simplemente, una conversión de la Mujer, ese objeto de culto, en un objeto sexual. La izquierda, que un día se soñó instrumento de emancipación de la humanidad, se ha resignado a ejercer el papel de gran censor de las conciencias.

Ciertamente, nunca el sexo y las izquierdas hicieron buenas migas. El mismísimo Carlos Marx, confundiendo las relaciones de producción con las de reproducción, procreó clandestinamente en su criada, incurriendo de esa forma en lo que, de no haber sido de izquierdas, hoy se consideraría un caso inaceptable de acoso laboral. A Jaime Gil de Biedma, en los años cincuenta del siglo pasado, le negaron el ingreso al Partido Comunista por su conocida condición de homosexual. También es de sobras conocido el destino trágico que padecieron en las dictaduras comunistas todos aquellos que practicaban formas desviadas de la sexualidad, según las designaban los sumos sacerdotes del Partido. Algunos de los herederos más orgullosos de aquellos desatinos totalitarios claman hoy sin pudor desde las cabeceras de la manifestaciones por los derechos de gays y lesbianas.

La derecha, por su parte, ha descubierto que para perpetuar la rancia influencia de su discurso moral tan solo tiene que presentarlo convenientemente envuelto en el papel de celofán de lo políticamente correcto. Ver, por ejemplo, los telediarios de Televisión Española es como asistir a una homilía en donde la parte dedicada a la información es apenas un pretexto para insuflar la moralina: ahora un poco de violencia de género, unas gotas de acoso escolar, los peligros de las drogas y el alcohol en la conducción vial y, como último descubrimiento estelar, un saludo cariñoso a los pérfidos puteros. ¿No han visto todavía esa obra maestra del arte episcopal en la que dos ultracuerpos invadidos de fundamentalismo insultan sin complejos, no solo a los asiduos a los burdeles, sino, por extensión, a las trabajadoras del sexo?.

Tal vez el tema de la prostitución sea el que mejor refleje la profunda hipocresía de los nuevos fariseos. De la misma forma que las antiabortistas, con su maximalismo y su intransigencia, lo único que consiguieron fue que las mujeres se vieran abocadas a abortar en condiciones clandestinas y miserables, con el resultado, muchas veces, de muerte, las abolicionistas, con el pretexto de velar por la dignidad de la Mujer, están consiguiendo que el colectivo de las prostitutas permanezca en unas condiciones de desregulación laboral que en la práctica no se diferencia demasiado del estado de los obreros en los albores de la revolución industrial. A las abolicionistas les importa un bledo la situación real de las prostitutas: su único objetivo es criminalizar. También les da igual lo que las propias prostitutas opinen al respecto: para el puritano lo importante es salvar el alma, si es posible contra la voluntad de quien tiene que ser salvado. Cuando por fin hayan logrado conquistar el mundo (y por el camino que vamos no están lejos de conseguirlo), este no será un lugar más justo, pero, a cambio, habrán conseguido que sea más triste, más mezquino y más feo.

 

MÉDICOS DEL MUNDO PIDE LA DESPENALIZACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL

 

 

Con motivo del Día Mundial por el fin de la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales, Médicos del Mundo, un actor de campo comprometido con estas personas en todo el mundo desde 1991, llama a la despenalización del trabajo sexual.

 

14 de diciembre de 2017

 

http://www.medecinsdumonde.org/fr/actualites/presse/2017/12/14/medecins-du-monde-appelle-la-decriminalisation-du-travail-du-sexe

 

Con su experiencia, tanto en Francia como a nivel internacional, la asociación observa todos los días las consecuencias de las leyes represivas que rigen el trabajo sexual en la salud y la integridad física de las trabajadoras sexuales.

“En Francia, poco más de un año y medio después de la adopción de la ley para luchar contra el sistema de prostitución, vemos claramente el impacto nocivo de las medidas adoptadas. Confirmando nuestros peores temores, estamos siendo testigos del aislamiento, la precariedad de las trabajadoras sexuales, su distancia de las estructuras de atención médica y prevención, así como una mayor exposición a las infecciones de transmisión sexual y el aumento de la violencia. contra ellas “, dice la Dra. Françoise Sivignon, presidenta de Médecins du Monde.

Bajo el pretexto de la protección de las presuntas víctimas, en detrimento de las propias palabras de las trabajadoras sexuales, se aprobó la ley de 13 de abril de 2016 que instituía la penalización de los clientes, privilegiando un enfoque ideológico. Lejos de esta posición desconectada de la realidad pero confiando en su experiencia sobre el terreno, Médecins du Monde-France hoy afirma claramente su posición a favor de una despenalización del trabajo sexual y de la implementación de políticas públicas que promuevan el acceso a la atención médica y los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual.

Médicos del Mundo denuncia enérgicamente todas las formas de explotación, coerción, trata y violencia contra los seres humanos. Médicos del Mundo subraya, ante todo, la necesidad de empoderar a las personas que ejercen el trabajo sexual, una población marginada y reprimida, para que ejerzan sus derechos fundamentales, como se estipula en los textos internacionales relacionados con la salud, los derechos y la protección de las personas.

 

SALUD Y DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES 

MANIFIESTO

Médecins du Monde-France trabaja con trabajadoras sexuales desde 1991. En 2016, los programas en 9 países se refieren directa o indirectamente a ellas: Francia, Rusia, México, Birmania, Argelia, Costa de Marfil, Uganda, República Democrática de Congo y Tanzania. Los miembros de la Red Internacional de Médicos del Mundo también están desarrollando programas nacionales para trabajadoras sexuales en Alemania, Bélgica, Canadá, España, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.

El Plan Estratégico 2015-2020 de Médecins du Monde-France tiene una visión centrada en promover la salud de las poblaciones a través del acceso a la atención médica y la evolución de la ley. Con el fin de crear un marco político y operativo transversal que tenga en cuenta las diferentes áreas de intervención y la complejidad de los temas relacionados con el trabajo sexual referidos a la salud y los derechos, Médicos del Mundo-Francia desea aclarar y formalizar su posicionamiento en este tema. Se basa en la experiencia de su práctica de campo, en la literatura científica e institucional disponible, en las contribuciones de organizaciones de trabajadoras sexuales y de expertos de la sociedad civil, de las comunidades científicas e institucionales, así como de consultas con trabajadoras sexuales que participan en los programas de Médicos del Mundo – Francia.

De acuerdo con sus valores, Médicos del Mundo denuncia enérgicamente todas las formas de explotación, coerción, trata y violencia contra los seres humanos. Además, y de la misma manera que para cualquier población marginada y reprimida, Médicos del Mundo destaca como prioridad la necesidad de empoderar a las trabajadoras sexuales, ya sean menores o adultas, para que ejerzan sus derechos fundamentales, como estipulan los textos internacionales relacionados con la salud, los derechos y la protección de las personas.

 

RECOMENDACIONES

A la vista de los datos y posicionamientos enunciados en el presente documento, Médicos del Mundo-Francia formula las recomendaciones siguientes:

Para todos los actores implicados 

  1. Luchar contra el estigma que pesa sobre las trabajadoras sexuales y contra las discriminaciones ejercidas en su contra
  2. Implicar a las trabajadoras sexuales y sus organizaciones en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de las políticas de salud y de todas las políticas que les conciernan

Para las organizaciones internacionales y la sociedad civil

  1.  Defender la despenalización del trabajo sexual
  1. Defender y poner en práctica programas de acceso a la atención médica y a los derechos, programas adaptados a las necesidades de las trabajadoras sexuales
  1.  Defender y poner en práctica programas centrados en una gestión comunitaria, que reconozcan la experiencia y las competencias operativas desarrolladas por las trabajadoras sexuales y sus organizaciones

Para los Estados

  1. Luchar contra todas las formas de explotación y de violencia, cualesquiera que sean los actores, y proteger a todas las personas adultas y niños, con su consentimiento
  1.  Despenalizar el trabajo sexual, lo que consiste en no considerar ya el trabajo sexual ni como una infracción (penal o de otro tipo) ni como una forma de conducta antisocial
  1.  Poner en práctica políticas públicas que favorezcan el acceso a la atención médica y a los derechos de las trabajadoras sexuales en el marco del derecho común, sin ninguna condición vinculada a su actividad, incluso para las personas en situación de migración.
  1. Promover leyes relativas a las migraciones y a la residencia que garanticen a los extranjeros un acceso efectivo a los derechos y a los sistemas de atención médica, condición previa esencial para la salud de las trabajadoras sexuales.
  1. Garantizar la protección jurídica y un acceso efectivo a la justicia, cualquiera que sea el estatus de las personas

Para los financiadores 

  1.  Financiar programas de salud global, no sólo programas limitados al VIH, adaptados a las necesidades de las trabajadoras sexuales, centrados en las necesidades identificadas por las personas directamente afectadas.
  1. Financiar programas de salud puestos en práctica con una gestión comunitaria, reconociendo la experiencia y las competencias operativas desarrolladas por las trabajadoras sexuales y sus organizaciones.
  1. Apoyar programas de empoderamiento de las personas, basados en sus propias elecciones, incluso desde la perspectiva de actividades alternativas al trabajo sexual.

MANIFESTO OF THE PROSTITUTES OF SEVILLA

 

 

 

Prostitution is not a crime. Prostitutes are not criminals.

No law prohibits in Spain the sale of sexual services between adults.

The Gag Law and the municipal ordinances of Seville do not sanction prostitution, which they can not do. Both regulations violate the principle of legality, as well as basic rights contained in the Spanish Constitution and the Statute of Autonomy of Andalusia, by depriving sex workers of fundamental rights such as the right to free movement and restricting the use of space. public through repression. There is no legal difference between prostitutes, their clients and the rest of the pedestrians; only the arbitrary criteria of national and municipal police turned into a kind of moral police.

Prostitutes are worthy women.

The Constitution legitimizes itself by recognizing that “the dignity of the human person, the inviolable rights that are inherent to it, the free development of the personality, respect for the law and the rights of others are the foundation of the political order and of social peace “.

And the Constitutional Court defines dignity as “a spiritual and moral value inherent in the person, which manifests itself singularly in the conscious and responsible self-determination of one’s own life and which carries with it the claim to respect by others”.

Prostitutes are worthy women because we self-consciously and responsibly determine our own lives and seek respect from society as a whole. Those who try us to become underage girls in need of guardianship are directly attacking our dignity, they are trying to deprive us of our decision-making capacity, they are trying, in short, to take away our freedom.

Prostitutes claim all of our sexual rights as women.

Prostitutes do not consider sex work to be unworthy nor consensual sexual relations between adults outside of marriage as a blight that must be eradicated. That is our conviction, for which we demand the same respect that we have towards those who think otherwise. We claim our right to live and do with our sex and sexuality what we decide, without moral interference.

Prostitutes are sex workers.

Sex work is work. In Spain, prostitution is not prohibited; they only deny us the rights to prostitutes. Under this situation, we sex workers are subjected to a work situation lacking any right. However, the hypocrisy of this society adds the result of our work to the Gross Domestic Product while denying us labor rights to “defend our dignity”.

Prostitution is not trafficking or gender violence

It is not possible to equal the victims of a crime such as trafficking in persons with women who practice prostitution freely and by their own decision. Doing this only simplifies a reality that is much more complex, contribute to ignorance of this reality and discriminate and harm people who practice prostitution by violating their rights.

The criminalization of prostitution carried out outside the Parliament by the City of Seville (among others) and by the previous government of the Popular Party with its Gag Law, only serves to increase the marginalization and social weakness of prostitutes, leaving us almost absolutely defenseless against the mafias of human trafficking and threatening to become what the abolitionists want us to become: victims in need of saviors.

It is absurd to say that clients are penalized and not prostitutes. It is absurd to say that in a business the purchase is penalized, but not the sale. Those who are ultimately penalized are the prostitutes, which we see endanger our economic survival. That is the real violence against women that prostitutes suffer: abolitionist violence.

Prostitutes do not ask for help to get out of prostitution: we demand the abolition of poverty.

No woman is born to be poor. Poverty is degrading and coercive. A society that accepts poverty or believes that poverty is inevitable does not respect women. Poverty is a form of violence, a violence that disproportionately affects the marginalized. Poverty can not be considered a safe place.

Consequently, the prostitutes of Seville:

We demand:

  • Immediate repeal of the Gag Law and anti-prostitution ordinances of the City of Seville
  • Recognition by the State of the labor nature of sex work and immediate application of the Statute of Workers and other standards that guarantee the rights of women workers.
  • The end of the hate campaign against the prostitutes of the City of Seville and immediate allocation of the funds allocated to that campaign to the fight against poverty among women in the city of Seville.

 

Prostitutes have begun to speak and we will not be silent!

 

You will no longer be ashamed of yours infamous campaigns!

 

Collective of Prostitutes of Seville

MANIFIESTO DE LAS PROSTITUTAS DE SEVILLA

 

 

La prostitución no es delito. Las prostitutas no somos delincuentes.

Ninguna ley prohíbe en España la compraventa de servicios sexuales entre personas adultas.

La Ley Mordaza y las ordenanzas municipales de Sevilla no sancionan la prostitución, cosa que no pueden hacer. Ambas normativas vulneran el principio de legalidad, así como derechos básicos recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, al privar al colectivo de trabajadoras sexuales de derechos fundamentales como el derecho a la libre circulación y la restricción del uso del espacio público por medio de la represión . No hay ninguna diferencia jurídica entre las prostitutas, sus clientes y el resto de los viandantes; tan sólo el criterio arbitrario de policías nacionales y municipales convertidos en un especie de policía moral.

Las prostitutas somos mujeres dignas.

La Constitución se legitima a sí misma al reconocer que “la dignidad de la persona humana, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

Y el Tribunal Constitucional define la dignidad como “un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás”.

Las prostitutas somos mujeres dignas porque autodeterminamos de forma consciente y responsable nuestras propias vidas y pretendemos el respeto por parte del conjunto de la sociedad. Quienes intentan convertirnos en niñas menores de edad necesitadas de tutela están atentando directamente contra nuestra dignidad, están intentando privarnos de nuestra capacidad de decisión, están intentando, en suma arrebatarnos nuestra libertad.

Las prostitutas reivindicamos la totalidad de nuestros derechos sexuales como mujeres.

Las prostitutas no consideramos el trabajo sexual como algo indigno ni las relaciones sexuales consensuadas entre adultos fuera del matrimonio como una lacra que debe ser erradicada. Esa es nuestra convicción, para la que exigimos el mismo respeto que tenemos nosotras hacia quienes piensen lo contrario. Reivindicamos nuestro derecho a vivir y hacer con nuestro sexo y sexualidad lo que decidamos, sin injerencias morales.

Las prostitutas somos trabajadoras sexuales.

Trabajo sexual es trabajo. En España no está prohibida la prostitución; sólo nos niegan los derechos a las prostitutas. Bajo esta segunda situación trabajadoras sexuales nos vemos sometidas a una situación laboral carente de todo derecho. Sin embargo la hipocresía de esta sociedad suma el fruto de nuestro trabajo al Producto Interior Bruto al tiempo que nos niegan derechos laborales para “defender nuestra dignidad”.

La prostitución no es trata ni violencia de género

No se puede igualar a las víctimas de un delito como es el de la trata de personas con las mujeres que ejercen la prostitución libremente y por decisión propia. Haciendo esto solo se consigue simplificar una realidad que es mucho más compleja, contribuir al desconocimiento de esta realidad y discriminar y dañar a las personas que ejercen la prostitución vulnerando sus derechos.
La penalización de la prostitución llevada a cabo al margen del Parlamento por el Ayuntamiento de Sevilla (entre otros) y por el anterior gobierno del Partido Popular con su Ley Mordaza, sólo sirve para aumentar la marginación y debilidad social de las prostitutas, dejándonos así casi absolutamente indefensas ante las mafias de la trata de personas y amenazando con convertirnos en lo que las abolicionistas quieren que lleguemos a ser: víctimas necesitadas de salvadoras.

Es absurdo afirmar que se penaliza a los clientes y no a las prostitutas. Es absurdo decir que en un negocio se penaliza la compra, pero no la venta. Quienes en definitiva son penalizadas somos las prostitutas, que vemos peligrar nuestra supervivencia económica. Esa es la auténtica violencia contra la mujer que sufrimos las prostitutas: la violencia abolicionista.

Las prostitutas no pedimos ayudas para salir de la prostitución: exigimos la abolición de la pobreza.

Ninguna mujer nace para ser pobre. La pobreza es degradante y coercitiva. Una sociedad que acepta la pobreza o considera que la pobreza es inevitable no respeta a las mujeres. La pobreza es una forma de violencia, una violencia que afecta de forma desproporcionada a las marginadas. La pobreza no puede ser considerada un lugar seguro.

En consecuencia, las prostitutas de Sevilla:

Exigimos:

—Derogacion inmediata de la Ley Mordaza y de las ordenanzas antiprostitutas del Ayuntamiento de Sevilla.

—Reconocimiento por el Estado de la naturaleza laboral del trabajo sexual y aplicación inmediata del Estatuto de los Trabajadores y otras normas que garantizan los derechos de las trabajadoras.

—Cese de la campaña de odio contra las prostitutas del Ayuntamiento de Sevilla y asignación inmediata de los fondos destinados a esa campaña a la lucha contra la pobreza entre las mujeres de la ciudad de Sevilla.

 

¡Las prostitutas hemos empezado a hablar y ya no vamos a callar!

 

¡Ya no volveréis a avergonzarnos con vuestras infames campañas!

 

Colectivo de Prostitutas de Sevilla

 

La ruta de “salida de la prostitución” en Francia: ¡la gran tomadura de pelo!

 

THIERRY SCHAFFAUSER

19 DE NOVIEMBRE DE 2017

 

http://ma.lumiere.rouge.blogs.liberation.fr/2017/11/19/parcours-de-sortie-de-la-prostitution-le-grand-foutage-de-gueule/

 

Cómo confundir a la opinión pública con un monstruoso galimatías

 

¡Por fin! Los primeros expedientes de la famosa “ruta de salida”, tan anunciada han sido aceptados, más de un año y medio después de que dicha ley contra el “sistema prostituyente” fuera aprobada en abril de 2016. El Gobierno informa de que hay más de 30 casos seguidos durante 2017 sabiendo que solo lo han sido durante los últimos dos meses del año. No debería costar tanto dinero como se previó originalmente. En una publicación anterior, ya había yo advertido que las trabajadoras sexuales todavía no habían recibido directamente nada de los 4,8 millones de euros liberados para 2016 o los 6,5 millones para 2017. De hecho, si 30 personas anunciadas logran recibir los 330 euros de la asignación mensual prometida en noviembre y diciembre, eso ascenderá a un poco menos de 20.000 euros, que finalmente se pagarán directamente de los 6,5 millones de euros previstos para el año. ¿A dónde va el resto del dinero? Sin duda, se usa para pagar los salarios de las organizaciones prohibicionistas que hicieron campaña a favor de esta ley. Sin embargo, no están contentos porque el parlamento, en al discutir la la ley de finanzas, redujo la suma prevista en 5 millones de euros para 2018.

 

Stéphanie Caradec, Directora del Mouvement du Nid responde a BuzzFeed News que “la diferencia en los créditos debería haber pasado a las asociaciones”. Sin duda, eso está muy lejos de los 20 millones de euros al año prometidos por el Ministro Vallaud-Belkacem en 2013. Pero incluso con una estimación alta de 600 personas que entren en una “ruta de salida” en el año 2018 según ha anunciado el gobierno, el presupuesto para las asignaciones pagadas debería ser inferior a 2,5 millones de euros. Por lo tanto, la mitad del dinero, por lo menos, se destinará a los costos de funcionamiento de las asociaciones anti-prostitución a cargo del acompañamiento en dicha ruta.

 

Por mi parte, hablaría más de policías y chantajes que de acompañamiento real. Los criterios de ingreso son tan discriminatorios que la mayoría de las solicitudes son rechazadas actualmente . Las asociaciones deben garantizar que las personas hayan suspendido el trabajo sexual y que sean lo suficientemente “reinsertables” como para merecer “ayuda” del Estado. A las trabajadoras sexuales se les pide que hablen bien francés para encontrar trabajo, y haber cesado el trabajo sexual el tiempo suficiente como para demostrar que están en un proceso serio, y que no se van a aprovechar de ese dinero mientras continúan trabajando en secreto. Las comisiones departamentales, incluidas las asociaciones prohibicionistas, la policía y las autoridades que trabajan juntas, tendrán que controlar que las personas no “recaigan”. Hélène de Rugy de Amicale du Nid explica que “si los servicios policiales que forman parte de la comisión localizan a una persona que está en una ruta de salida en situación de prostitución, la ruta se detiene de inmediato”.

 

Las cosas pueden cambiar de un departamento a otro, pero el gran bloqueo sería especialmente la negativa de las prefecturas para emitir permisos de residencia, incluso temporales, por lo que la Secretaría de Estado de Igualdad se encuentra a punto de prometer un nuevo decreto para desbloquear la situación. Habiendo tardado los primeros decretos varios meses en ser redactados y distribuidos de un ministerio a otro, uno se pregunta cuánto tiempo más tardará esto.

 

Las asociaciones de trabajadoras sexuales y de salud comunitaria están en su mayoría excluidas del acompañamiento para la ruta de salida, ya que las aprobaciones están condicionadas a la meta de “dejar la prostitución”. Esto es desafortunado porque estas asociaciones también ayudan a las compañeras cuando quieren dejar el trabajo sexual, independientemente de la posición tomada en contra de la ley, especialmente en su lado represivo.

 

Al final, mientras que esta ley fue anunciada como un gran avance que abría nuevas “ayudas” para las “prostituídas” a fin de luchar contra la trata de seres humanos y reducir la “prostitución”, no serán más que unas pocas decenas personas las que serán “ayudadas”, excluyendo de hecho a las personas que más necesitan ayuda porque no pueden detener el trabajo sexual, no hablan francés lo suficientemente bien, o no pueden demostrar una situación lo suficientemente estable como para ser creíbles en su “compromiso dentro de la ruta de salida”.

 

Ni la “ruta de salida”, ni la ley en su conjunto, realmente ayudan a detener el trabajo sexual, ya que el curso está dirigido especialmente a personas que ya han logrado detenerse por sí mismas. Las trabajadoras sexuales siempre se las han arreglado solas y seguirán haciéndolo en su gran mayoría, ya que la idea de son “prisioneras de la prostitución” es sobre todo un mito. Esta ley prueba una vez más su ineficacia en relación con los objetivos anunciados. Mientras que gastan millones de euros para “ayudar” a algunas personas que están en espera, las políticas de austeridad, de los recortes en las prestaciones sociales, y el desmantelamiento de la legislación laboral son los mejores ingredientes para una “ruta de entrada en la prostitución”, ruta que, ésta si, por el contrario, se revela abarrotada.

 

Esta ley no ayuda a las trabajadoras sexuales. Más bien ayuda a las organizaciones prohibicionistas a establecer su monopolio en el tejido asociativo francés exigiendo siempre más subvenciones sin tener que demostrar nunca resultados. Contrariamente a lo que dicen, estas organizaciones no carecen de recursos: son las trabajadoras del sexo las que carecen de ellos, especialmente desde la penalización de los clientes que ha precarizado enormemente a todo el mundo. Los prohibicionistas no carecen de la indecencia de reclamar siempre más dinero con el pretexto de “ayudar a las prostitutas”, mientras que son responsables de una gran parte de nuestra pérdida de ingresos.

AMETS: una nueva organización de trabajadoras sexuales en México

 

Presentado por NSWP el 11 de diciembre de 2017

 

Autor: Corresponsal regional de América Latina

 

http://www.nswp.org/news/amets-new-sex-workers-organisation-mexico

 

Una nueva organización liderada por trabajadoras sexuales está dando sus primeros pasos en México. En solo cuatro meses han realizado varias actividades importantes, incluida la incorporación a RedTraSex como miembros.

 

Se reunieron por primera vez en junio, cuando trabajadoras sexuales de AMMAR visitaron la Asamblea General de la OEA en México y pidieron que se escucharan las voces de las trabajadoras sexuales. Entre las personas que asistieron a la reunión de la Asamblea General se encontraban varias trabajadoras sexuales, que de inmediato comenzaron a intercambiar números de teléfono para estar en contacto. Unos días más tarde también se encontraron con dos miembros de AMMAR, y decidieron comenzar a celebrar reuniones frecuentes para convertirse algún día en una organización.

 

Las que decidieron formar este nuevo grupo se convirtieron en las primeras integrantes de AMETS, Alianza Mexicana de Trabajadores Sexuales.

 

Esta no era la primera vez que pensaban en formar ese grupo. “Hubo un desencadenante: la charla convocada por AMMAR, que nos unió en el mismo tiempo y espacio. Pero incluso antes de ese momento hubo otro disparador: el que nos hizo asistir a la reunión individualmente”, dice María Midori, actual presidenta de AMETS. “Sabía que sería difícil encontrar otra oportunidad como ésta. No asistí con la idea de formar una organización, sino de [comenzar a] conocernos. Creo que todas nosotras hemos tenido esa necesidad antes “.

Sofía Ponzoña, ecónoma del grupo, agregó: “Ninguna de nosotras se conocía de antes, pero todas teníamos la necesidad de hermandad y comunidad. Y ahora, poco a poco, entramos en diferentes espacios políticos con nuestras actividades”.

 

El objetivo principal que tienen ahora es construir comunidad. “Nos sentimos solas. La primera razón para juntarse fue crear comunidad. Y después de conocernos, nos dimos cuenta de que todas tenemos necesidades muy variadas, porque somos muy diversas dentro del grupo. Pero al final, sea cual sea la dinámica en la que trabajamos, todas tenemos que hacer frente al secreto y al estigma “, dijo Midori.

 

La situación en torno al trabajo sexual en México es compleja, como lo es en la mayoría de los países. En teoría, está despenalizado bajo supervisión gubernamental, pero las leyes varían según el Estado. “Tiene que realizarse clandestinamente y todo lo que se hace clandestinamente genera vulnerabilidad”, dijo Anahí, que no vive en la Ciudad de México, donde se encuentra AMETS, pero que pertenece al grupo.

 

En solo cuatro meses han tenido varias actividades

 

“Asistimos al taller regional sobre gestión organizacional en Buenos Aires, Argentina, realizado por RedTraSex. Fue como el saque inicial. Organizamos una fiesta con bandas de punk en vivo para recaudar fondos para que pronto podamos tener nuestra personalidad jurídica como asociación civil; también tuvimos presencia en la XIV reunión feminista de América Latina y el Caribe que tuvo lugar en Montevideo, Uruguay”, dijo Kenia, actual secretaria de la alianza.

 

También tuvieron presencia en una gran protesta de mujeres en Chimalhuacán, Estado de México, que es uno de los municipios más peligrosos del país, y donde miles de mujeres han sido asesinadas con absoluta impunidad. Entre muchos otros carteles, por primera vez había uno que exigía el fin de los asesinatos de las trabajadoras sexuales.

 

Su próxima actividad tendrá lugar el 17 de diciembre, Día internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales. Será una acción callejera en el centro de la Ciudad de México. AMETS también está planificando talleres que benefician a las trabajadoras sexuales mexicanas y al público en general, talleres que brindan información de primera mano y disipan los mitos sobre el trabajo sexual.

 

“Me gustaría que los feminicidios terminen y seamos respetadas. Quiero elevar mi voz, porque las personas actúan como si no existiéramos “, dijo Jenny, la integrante más reciente de AMETS.

‘El trabajo sexual no es trata sexual’: una idea cuyo tiempo no ha llegado

 

Por Laura Agustin

 

19/09/2014.

 

https://www.lauraagustin.com/sex-work-is-not-sex-trafficking-an-idea-whose-time-has-not-come

 

 

Los que luchan contra la prostitución tienen la costumbre de usar absurdas simplificaciones para hacer que su cruzada sea clara y fácil de entender. La campaña funciona mejor cuando los argumentos son en blanco y negro y los eslóganes son pegadizos, obviamente, así que comprendo por qué algunos defensores de los derechos las trabajadoras sexuales ahora usan un eslogan que también reduce la complejidad a dos estados opuestos: el trabajo sexual no es trata sexual (a veces el adjetivo “sexual” de “trata” se omite). El propósito es aclarar la volición de las trabajadoras sexuales que demandan derechos laborales, pero para aquéllos que luchan contra el encuadre de la migración indocumentada y el contrabando de personas como ‘crimen organizado’, con los dos únicos papeles posibles de perpetrador y víctima, el concepto es moralmente un desastre.

 

Trabajo sexual no es trata sexual surgió (primero) de la negativa común de los abolicionistas a reconocer que alguien pueda vender sexo voluntariamente y (segundo) porque desde el principio comenzaron a alterar cualquier distinción entre prostitución y trata. Afirmaciones como ninguna mujer elegiría prostituirse y los gritos de infelices ex víctimas de que sus experiencias son ciertas para todas condujeron naturalmente a la insistente oposición a admitir que muchas optan por vender sexo, algunas amando sus trabajos y otros simplemente prefiriéndolo a sus otras opciones. Decir Trabajo sexual no es trata sexual es cosificar la actual narrativa de la trata, aceptando que se refiere a algo real y malo contra lo que se debe luchar. El eslogan intenta hacer que la identidad de una trabajadora sexual sea clara al distinguirla de una identidad de víctima de trata de personas: la libre contra la que no es libre. Decir que algunas de nosotras estamos dispuestas a vender sexo atrae la atención hacia aquéllas que no están dispuestas: un mecanismo de distanciamiento característico de las políticas de identidad. Afirmar que no necesito tu ayuda o compasión significa que aceptas que otras personas sí lo necesitan: aquellas que realmente son víctimas de trata.

 

Esto es aceptar las leyes represivas, la infantilización de las mujeres, el colonialismo, la política antiinmigratoria y toda una gama de ofertas de la Industria del Rescate: sólo que todo eso no es para las verdaderas trabajadoras sexuales. Dice vosotros ganáis a los activistas anti trata, incluso sin intención de hacerlo. Arroja debajo del autobús a todas las inmigrantes, documentadas o no; a las que no les gusta mucho vender sexo y no se llaman a sí mismas trabajadoras sexuales, pero sin embargo no quieren ser salvadas o deportadas. Convierte en las otras a las muchas que tienen un control limitado sobre sus vidas, sienten la presión de ganar dinero de la forma que sea o quieren huir del infierno y escapar a cualquier otro sitio y hacen lo que haga falta para llegar allí. Esto incluye a los adolescentes que abandonan hogares que odian y terminan en la calle o evitan la calle intercambiando sexo por un lugar donde vivir.

 

Se ha negado toda la gama de complejidad y diversidad que en la actualidad se incluye en el término víctima de trata. Años de intentos de llevar la justicia y los matices a un mal marco penal son ignorados. La miríada de formas diferentes de sentirse forzado, obligado o coaccionado a dejar el hogar o tener relaciones sexuales por dinero o dar algo del propio dinero a otra persona han desaparecido. Y sí, entiendo que la victimización de la industria de rescate hace que la gente se sienta ansiosa por ofrecer algo que pueda captar el público en general. Pero el eslogan trabajo sexual no es trata sexual solo contribuye al reduccionismo impulsado por activistas anti prostitución y anti trata.

 

Es deplorable Evítalo.

 

–Laura Agustín, the Naked Anthropologist

Violencia contra las trabajadoras sexuales: la persecución policial

por La Primera Piedra

7 diciembre, 2017

 

http://www.laprimerapiedra.com.ar/2017/12/violencia-contra-las-trabajadoras-sexuales/

 

La Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina publicó un informe en el que detalla las situaciones de violencia institucional que sufrieron las trabajadoras sexuales durante el 2016. Las cifras muestra la vulneración de los derechos que se hace presente ante el vacío normativo. Detenciones arbitrarias para engrosar estadísticas policiales, persecuciones y hostigamiento permanente son algunos de los resultados del relevamiento. (Foto: Ammar)

 

En Argentina, el trabajo sexual no es ilegal, pero la falta de normas que regulen su ejercicio conlleva una vulneración de derechos constante y al recrudecimiento de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Para mostrar esta situación, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), publicó el Informe Nacional de la situación de Derechos Humanos de las mujeres trabajadoras sexuales en Argentina, en el marco de un estudio de la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y el Caribe en 13 países de América Latina y el Caribe.

 

A lo largo de tres meses, Ammar realizó una encuesta voluntaria y anónima que se centró en la violencia institucional que sufrieron las trabajadoras durante 2016. Los datos fueron relevados por integrantes de la organización, que visitaron departamentos privados, bares, boliches y calles, principalmente en los barrios porteños de Once, Constitución y Flores, donde entrevistaron a 363 trabajadoras sexuales. Los resultados muestran un hostigamiento constante, especialmente para las que ejercen en modalidad calle y para las migrantes y trans.

 

El informe detalla que un 80% de las trabajadoras encuestadas sufrieron detenciones arbitrarias, que no se tradujeron en una causa judicial posterior, sino que fueron realizadas para obstaculizar el trabajo y archivar actas en la comisaría, engrosando las estadísticas policiales. Respecto a esto, Georgina Orellano detalló a Cosecha Roja, “Los datos del Ministerio Público Fiscal indican que la mayor cantidad de actas que labran son el en barrio de Constitución: eso tiene que ver con que cada vez que la Policía necesita hacer número (aumentar las estadísticas) siempre recaen sobre los sectores más vulnerables, las compañeras trans, migrantes, trabajadoras sexuales cis, los trapitos, vendedores ambulantes y manteros”.

Durante estos procedimientos, un 35% fueron requisadas, a pesar de que el único motivo de la demora fue estar paradas en una esquina. Casi un 50% de estas detenciones se produjeron por “averiguación de antecedentes” y duraron entre 12 y 48 hs. En este sentido el informe explica que “los códigos contravencionales sirven de herramienta a las fuerzas de seguridad para realizar acciones de demoras extendidas, con pérdidas de horas de trabajo”.

 

Además, un 60% de las trabajadoras sexuales fueron amenazadas verbalmente al ser interrogadas,73% fueron tratadas con un lenguaje inapropiado, con el que se hizo referencia a su condición laboral o de género a modo de estigma, y un 70% fueron tratadas despectivamente, utilizando el término “putas” de forma discriminatoria . A más de la mitad se les exigieron sobornos para evitar el traslado a la comisaría o el labrado de un acta contravencional. La violencia se acentúa cuando se trata de trabajadoras sexuales migrantes, que representan un 41% de las encuestadas y denuncian persecución, acoso y agresiones xenófobas y racistas por parte de la policía.

 

Frente a esta situación, que evidencia el recrudecimiento de la violencia institucional durante el último año, Ammar presentará en 2018 un nuevo anteproyecto de ley que busca garantizar el reconocimiento de derechos laborales para las trabajadoras sexuales en todo el país, de forma que se regule y proteja su ejercicio. A su vez, la organización exige la derogación de los códigos contravencionales que continúan siendo utilizados como herramientas para criminalizar y perseguir, y la modificación de la Ley de Trata, con la que se condena el trabajo sexual autónomo y no contempla el consentimiento.

 

Ley de Reforma de la Prostitución 2003 (Nueva Zelanda)

 

 

http://www.legislation.govt.nz/act/public/2003/0028/latest/whole.html#whole

 

 

Título

Esta Ley es la Ley de Reforma de la Prostitución de 2003.

 

Parte 1 Disposiciones preliminares

 

2 Comienzo

(1)

Esta Ley (excepto las disposiciones mencionadas en el inciso (2)) entra en vigencia el día posterior a la fecha en que reciba el asentimiento Real.

(2)

La Parte 3 y las Secciones 49 y 50 (2) entran en vigencia 6 meses después de la fecha en que esta Ley reciba el asentimiento Real.

3 Propósito

El objetivo de esta ley es despenalizar la prostitución (sin apoyar o sancionar moralmente la prostitución o su uso) y crear un marco que:

(a)

salvaguarde los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y las proteja de la explotación:

(b)

promueva el bienestar y la salud y seguridad ocupacional de las trabajadoras sexuales:

(c)

sea propicio para la salud pública:

(d)

prohíba el uso en la prostitución de personas menores de 18 años:

(e)

implemente ciertas otras reformas relacionadas.

 

4 Interpretación

(1)

En esta Ley, a menos que el contexto requiera lo contrario, –

burdel significa cualquier local mantenido o utilizado habitualmente para propósitos de prostitución; pero no incluye las instalaciones en las que normalmente se ofrece alojamiento con carácter comercial si la prostitución se produce en virtud de un acuerdo iniciado en otro lugar

negocios de prostitución significa una empresa que proporcione u organice la provisión de servicios sexuales comerciales

cliente significa una persona que recibe, o busca recibir, servicios sexuales comerciales

servicios sexuales comerciales significa servicios sexuales que-

(a)

involucren la participación física de una persona en actos sexuales con otra persona y para su gratificación; y

(b)

se proporcionen por un pago u otra recompensa (independientemente de si la recompensa se otorga a la persona que proporciona los servicios o a otra persona)


miembro
significa un miembro del Comité de Revisión de la Ley de Prostitución

local significa una parte de las instalaciones

prostitución significa la provisión de servicios sexuales comerciales

Comité de Examen de la Ley de Prostitución significa el comité designado en la sección 43

lugar público-

(a)

significa un lugar que está abierto o es utilizado por el público, ya sea que la admisión sea gratuita o que haya que pagar un cargo y ya sea que un propietario u ocupante del lugar tenga el derecho legal de excluir o expulsar a una persona de ese lugar; y

(b)

incluye cualquier aeronave, aerodeslizador, barco, ferry u otro barco, tren o vehículo que transporte o esté disponible para llevar pasajeros por una recompensa

trabajadora sexual significa una persona que brinda servicios sexuales comerciales

pequeño burdel operado por el propietario significa un burdel-

(a)

en el cual trabajan no más de 4 trabajadoras sexuales; y

(b)

donde cada una de esas trabajadoras sexuales tiene control sobre sus ganancias individuales de la prostitución llevada a cabo en el burdel

autoridad territorial tiene el mismo significado que en la sección 5 (1) de la Ley de Gobierno Local de 2002.

(2)

En esta Ley, una referencia a la provisión o recepción de servicios sexuales comerciales significa proporcionar o recibir esos servicios personalmente (en lugar de coordinar a otra persona para proporcionar los servicios u organizar que los servicios sean recibidos por otra persona).

5 Definición de operador

(1)

En esta Ley, el operador, en relación con un negocio de prostitución, significa una persona que, ya sea solo o con otros, posee, opera, controla o administra el negocio; e incluye (sin limitación) a cualquier persona que:

(a)

es el director de una compañía que es un operador; o

(b)

determina-

(i)

cuándo o dónde trabajará una trabajadora sexual individual; o

(ii)

las condiciones en que trabajan las personas que ejercen el trabajo sexual en el negocio; o

(iii)

la cantidad de dinero, o proporción de una cantidad de dinero, que una trabajadora sexual recibe como pago por la prostitución; o

(c)

es una persona que emplea, supervisa o dirige a cualquier persona que haga cualquiera de las cosas mencionadas en el párrafo (b).

(2)

A pesar de cualquier cosa dicha en el inciso (1), una trabajadora sexual que trabaja en un pequeño burdel operado por sus dueños no es un operador de ese negocio de prostitución, y, para los fines de esta Ley, un pequeño burdel operado por sus dueños no tiene un operador .

6 Esta Ley vincula a la Corona.

Esta Ley vincula a la Corona.

Parte 2 Servicios sexuales comerciales

Los contratos de servicios sexuales comerciales no son nulos

7 Contrato para la provisión de servicios sexuales comerciales no nulo 

Ningún contrato para la provisión u organización de la provisión de servicios sexuales comerciales es ilegal o nulo en téminos de políticas públicas u otros motivos similares.

Requisitos de salud y seguridad

8 Los operadores de negocios de prostitución deben adoptar y promover prácticas de sexo seguro

(1)

Todo operador de una empresa de prostitución debe:

(a)
tomar todas las medidas razonables para garantizar que ninguna trabajadora sexual proporcione servicios sexuales comerciales a menos que se use una funda profiláctica u otra barrera apropiada si dichos servicios incluyen penetración vaginal, anal u oral u otra actividad con un riesgo similar o mayor de adquirir o transmitir infecciones sexualmente transmisibles; y

(b)

adoptar todas las medidas razonables para dar información de salud (ya sea oral o escrita) a las personas que ejercen el trabajo sexual y a los clientes; y

(c)

si la persona opera un burdel, exhibir información de salud de forma ostentosa en ese burdel; y

(d)

no declarar ni dar a entender que un examen médico de una trabajadora sexual significa que la trabajadora sexual no está infectada o es probable que esté infectada con una infección de transmisión sexual; y

(e)

adoptar todas las demás medidas razonables para minimizar el riesgo de las trabajadoras sexuales o de los clientes de adquirir o transmitir infecciones de transmisión sexual.

(2)

Toda persona que contravenga la subsección (1) comete un delito y es responsable por una multa no mayor de $ 10.000

(3) Las obligaciones de esta sección se aplican solo en relación con los servicios sexuales comerciales prestados para la empresa y con las personas que ejercen el trabajo sexual y los clientes que estén en relación con esos servicios.

(4)

En esta sección, información de salud significa información sobre las prácticas sexuales más seguras y sobre servicios para la prevención y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual.

Sección 8 (2): modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81) .

9 Las trabajadoras sexuales y los clientes deben adoptar prácticas de sexo más seguro

( 1)

Una persona no debe proporcionar ni recibir servicios sexuales comerciales a menos que haya tomado todas las medidas razonables para asegurarse de que se use una funda profiláctica u otra barrera apropiada si dichos servicios incluyen penetración vaginal, anal u oral, u otra actividad con un riesgo similar o mayor de adquirir o transmitir infecciones de transmisión sexual.

2)

Una persona no debe, con el propósito de proporcionar o recibir servicios sexuales comerciales, declarar o dar a entender que un examen médico de esa persona significa que no está infectada, o es probable que esté infectada, con una infección de transmisión sexual.

(3)

Una persona que proporciona o recibe servicios sexuales comerciales debe adoptar todas las demás medidas razonables para minimizar el riesgo de adquirir o transmitir infecciones de transmisión sexual.

(4)

Toda persona que contravenga la subsección (1), subsección (2) o subsección (3) comete un delito y es responsable por una multa que no exceda de $ 2.000.

Sección 9 (4): enmendado, el 1 de julio 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81) .

10 Aplicación de la Ley de salud y seguridad en el trabajo de 2015

(1)

Una trabajadora sexual trabaja en el marco de la Ley de salud y seguridad en el trabajo de 2015, mientras proporcione servicios sexuales comerciales.

(2)

Sin embargo, nada en esta Ley (incluida la subsección (1)) limita esa Ley o cualquier reglamento o códigos de prácticas aprobados en virtud de esa Ley.

Título de la Sección 10: modificado, el 4 de abril de 2016, por la sección 232 de Ley de salud y seguridad en el trabajo 2015 (2015 no 70) .

Sección 10 (1): modificada, el 4 de abril de 2016, por el artículo 232 de la Ley de salud y seguridad en el trabajo de 2015 (2015 no 70).

Restricciones de publicidad 

11 Restricciones a la publicidad de servicios sexuales comerciales

(1)

Los anuncios de servicios sexuales comerciales no pueden ser:

(a)

transmitidos por radio o televisión; o

(b)

publicados en un periódico o revista, excepto en la sección de anuncios clasificados del periódico o revista; o

(c)

proyectados en un cine público.

(2)

Una persona que hace cualquiera de las cosas descritas en la subsección (1), o que autoriza a hacer cualquiera de las cosas descritas en esa subsección, comete un delito y es punible con una pena, –

(a)

en el caso de una persona jurídica, una multa que no exceda de $ 50.000; y

(b)

en cualquier otro caso, una multa que no exceda $ 10.000.

(3)

En esta sección, publicidad significa cualquier palabra, o cualquier representación pictórica u otra representación, utilizada para notificar la disponibilidad de, o promover la venta de, servicios sexuales comerciales , general o específicamente.

Sección 11 (2): modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81).

La autoridad territorial puede establecer ordenanzas

12 Ordenanzas que controlan la señalización publicitaria de servicios sexuales comerciales

(1)

La autoridad territorial puede establecer ordenanzas para su distrito que prohíban o regulen la señalización que esté en un lugar público o que sea visible desde allí, y que anuncie servicios sexuales comerciales.

(2)

Las ordenanzas se pueden establecer bajo lo dispuesto en esta sección sólo si la autoridad territorial está de acuerdo con que la ordenanza es necesaria para evitar la exhibición pública de señalización que:

(a)

es probable que cause molestias o una ofensa grave a los miembros comunes del público que usan el área; o

(b)

es incompatible con el carácter existente o el uso de esa área.

(3)

Las ordenanzas establecidas bajo esta sección pueden prohibir o regular la señalización en cualquier término, incluso (sin limitación) mediante la imposición de restricciones en el contenido, forma o cantidad de la señalización en exhibición.

(4)

Las partes 8 y 9 de la Ley de gobierno local de 2002 (que se refieren, entre otras cosas, a la aplicación de las ordenanzas y las sanciones por incumplimiento) se aplican a una ordenanza establecida en esta sección como si la ordenanza hubiera sido establecida según el artículo 145 de esa Ley.

13 Procedimiento para la elaboración de las ordenanzas

(1)

Una ordenanza establecida en virtud del artículo 12 debe hacerse de la misma manera en todos los aspectos como si fuera una ordenanza establecida en virtud de la Ley de administración local de 2002.

(2)

A pesar de subsección (1), se puede hacer una ordenanza bajo la sección 12 incluso si, contrariamente a la sección 155 (3) de la Ley de gobierno local de 2002, es incompatible con la Ley de la Carta de Derechos de Nueva Zelanda de 1990.

14 Reglamentos que regulan la ubicación de los burdeles.

Sin limitar la sección 145 de la Ley de gobierno local de 2002, una autoridad territorial puede establecer ordenanzas para su distrito bajo la sección 146 de esa Ley con el propósito de regular la ubicación de burdeles.

Consentimiento de recursos

15 Consentimiento de recursos en relación con negocios de prostitución

(1)

Al considerar una solicitud de consentimiento de recursos bajo la Ley de Manejo de Recursos de 1991 para un uso del terreno en relación con un negocio de la prostitución, una autoridad territorial debe tener en cuenta si el negocio de la prostitución: 

(a)

es probable que cause molestias o una ofensa grave a los miembros del público en general que utilizan el área en que se encuentra el terreno; o 

(b)

es incompatible con el carácter o uso existente del área en que se encuentra el terreno.

(2)

Habiendo considerado los asuntos en la subsección (1) (a) y (b), así como los asuntos que se requieren en virtud de la Ley de gestión de recursos de 1991, la autoridad territorial puede, de conformidad con las secciones 104A a 104D de esa Ley, otorgar o negarse a otorgar un consentimiento de recurso, o, de conformidad con la sección 108 de esa Ley, imponer condiciones a cualquier consentimiento de recurso.

(3)

La subsección (1) no limita o afecta el funcionamiento de la Ley de Manejo de Recursos de 1991 de ninguna manera, y puede ser anulada, con respecto a áreas particulares dentro de un distrito, por las disposiciones de un plan de distrito o propuesta de plan del distrito.

Protecciones para las trabajadoras sexuales 

16 Inducir u obligar a las personas a proporcionar servicios sexuales comerciales u obtener ganancias de la prostitución

(1)

Ninguna persona puede hacer lo descrito en la subsección (2) con la intención de inducir u obligar a otra persona (persona A) a-

(a)

proporcionar, o continuar proporcionando servicios sexuales comerciales a cualquier persona; o

(b)

proporcionar, o continuar proporcionando, a cualquier persona cualquier pago u otra recompensa derivada de los servicios sexuales comerciales proporcionados por la persona A.

(2)

Los actos mencionados en la subsección (1) son cualquier amenaza o promesa explícita o implícita de que cualquier persona (persona B):

(a)

utilizará indebidamente, en detrimento de cualquier persona, cualquier poder o autoridad que surja de:

(i)

cualquier puesto ocupacional o vocacional en poder de la persona B; o

(ii)

cualquier relación existente entre la persona B y la persona A:

(b)

cometerá un delito punible con prisión:

(c)

hará una acusación o divulgación (sea verdadera o falsa) –

(i)

de cualquier delito cometido por cualquier persona; o

(ii)

de cualquier otra conducta indebida que pueda dañar seriamente la reputación de cualquier persona; o

(iii)

de que cualquier persona se encuentra ilegalmente en Nueva Zelanda:

(d)

suministrará o retendrá el suministro de cualquier droga controlada según la definición de la Ley de Uso Indebido de Drogas de 1975.

(3)

Toda persona que contravenga la subsección (1) comete un delito y puede ser condenado a una pena de prisión de 14 años como máximo.

Sección 16 (3): modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81) .

17 Negativa a proporcionar servicios sexuales comerciales

(1)

A pesar de cualquier cosa que figure en un contrato para la provisión de servicios sexuales comerciales, una persona puede, en cualquier momento, negarse a proporcionar, o continuar proporcionando, un servicio sexual comercial a cualquier otra persona.

(2)

El hecho de que una persona haya firmado un contrato para proporcionar servicios sexuales comerciales no constituye en sí mismo un consentimiento a los efectos de la ley penal si no consiente o retira su consentimiento para proporcionar un servicio sexual comercial.

(3)

Sin embargo, nada en esta sección afecta al derecho (si lo hay) a rescindir o cancelar, o recibir indemnización por daños y perjuicios por un contrato para la provisión de servicios sexuales comerciales que no se realiza.

Protecciones para personas que se niegan a trabajar como trabajadoras sexuales

 18 La negativa a trabajar como trabajadora sexual no afecta los derechos

(1)

El beneficio de una persona, o el derecho a un beneficio, en virtud de la Ley de Seguridad Social de 1964 no puede ser cancelado o afectado de ninguna otra manera por su negativa a trabajar o continuar trabajando como trabajadora sexual (y, en este caso, ese trabajo es empleo no adecuado para esa persona bajo esa Ley).

(2)

Los derechos de una persona bajo la Ley de Prevención, Rehabilitación, y Compensación de Lesiones 2001 no pueden perderse ni verse afectados de ninguna otra manera por su capacidad de trabajar como trabajadora sexual. si se niega a hacer, o continuar haciendo, ese tipo de trabajo.

(3)

En esta sección, denegación significa una negativa a realizar este tipo de trabajo en general, en lugar de negarse a un trabajo en particular o en un momento particular.

Aplicación de la Ley de Inmigración 2009 

19 Aplicación de la Ley de Inmigración 2009

(1)

No se puede otorgar un visado bajo la Ley de Inmigración de 2009 a una persona sobre la base de que la persona:

(a)

ha proporcionado, o tiene la intención de proporcionar, servicios sexuales comerciales; o

(b)

ha actuado o tiene la intención de actuar como un operador de un negocio de prostitución; o

(c)

ha invertido, o tiene la intención de invertir, en un negocio de prostitución.

(2)

Es una condición de cada visado de clase de entrada temporal otorgada bajo la Ley de Inmigración de 2009 que el titular del visado no puede, mientras esté en Nueva Zelanda,

(a)

proporcionar servicios sexuales comerciales; o

(b)

actuar como operador de una empresa de prostitución en Nueva Zelanda; o

(c)

invertir en un negocio de prostitución en Nueva Zelanda.

(3)

Es motivo suficiente para que el Ministro de Inmigración o un oficial de inmigración determine que un titular de visado de clase de ingreso temporal es merecedor de la deportación según el artículo 157 de la Ley de Inmigración de 2009, si el Ministro o el oficial cree, por motivos razonables, que el titular está involucrado en cualquiera de las cosas enumeradas en la subsección (2) (a) a (c) de esta sección.

(4)

Las condiciones de un visado de residencia se considera no haber sido cumplidas y el residente es merecedor de la deportación bajo la sección 159 de la Ley de Inmigración de 2009 si el Ministro de Inmigración o un oficial de inmigración determina que el titular de un visado de residente actúa como operador de, o invierte en, un negocio de la prostitución en Nueva Zelanda .

(5)

Esta sección se aplica a todas los visados y permisos concedidos y a todos los requisitos y condiciones impuestos bajo la Ley de Inmigración de 1987 o la Ley de Inmigración de 2009, ya sea concedida o impuesta antes o después del comienzo de esta sección.

Sección 19: sustituida, a las 2 a. m. del 29 de noviembre de 2010, por la sección 406 (1) de la Ley de inmigración de 2009 (2009 n. ° 51) .

Prohibiciones sobre el uso en la prostitución de menores de 18 años

20 Ninguna persona puede ayudar a una persona menor de 18 años en la provisión de servicios sexuales comerciales.

Ninguna persona puede causar, ayudar, facilitar o alentar a una persona menor de 18 años a proporcionar servicios sexuales comerciales a ninguna otra persona.

21 Ninguna persona puede recibir ganancias de servicios sexuales comerciales proporcionados por personas menores de 18 años.

Ninguna persona puede recibir un pago u otra recompensa que él o ella sabe, o debería razonablemente saber, se deriva, directa o indirectamente, de servicios sexuales comerciales prestados por una persona menor de 18 años de edad

22 Ninguna persona puede contratar servicios sexuales comerciales de, o ser cliente de una persona menor de 18 años

(1)

Ninguna persona puede celebrar un contrato u otro arreglo por el cual una persona menor de 18 años deba proporcionar servicios sexuales comerciales a esa persona u otra persona

(2)

Ninguna persona puede recibir servicios sexuales comerciales de una persona menor de 18 años.

23 Delito por violar las prohibiciones de uso en la prostitución de personas menores de 18 años

(1)

Toda persona que infrinja la sección 20, la sección 21 o la sección 22 comete un delito y es responsable bajo sentencia condenatoria a una pena de prisión no superior a 7 años.

(2)

Ninguna persona contraviene la sección 20 simplemente por proporcionar asesoramiento legal, consejo, asesoramiento médico o cualquier servicio médico a una persona menor de 18 años.

(3)

No se puede imputar a una persona menor de 18 años como parte en un delito cometido en esa persona o en contra de esa persona.

Sección 23 (1): enmendada el 1 de julio de 2013 por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81) .

Personas que entren e inspeccionen el cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad 

24 Propósito de la inspección

(1)

Las facultades de inspección en la sección 26 pueden usarse solo con el propósito de determinar si una persona cumple o ha cumplido con la sección 8 o sección 9.

(2)

Esta sección no limita la capacidad de un inspector para denunciar cualquier otro delito o presunto delito a la Policía o cualquier otra agencia relevante.

25 Inspectores

(1)

Toda persona designada como Oficial Médico de Salud por el Director General de Salud bajo el La Ley de Salud de 1956 es un inspector a los efectos de esta Ley.

(2)

Un Oficial Médico de Salud también puede designar personas como inspectores para su distrito de salud, de manera permanente o temporal, para los fines de esta Ley.

(3)

Un Oficial Médico de Salud puede nombrar a una persona como un inspector solo si está convencido de que está debidamente calificado o capacitado para desempeñar esa función.

(4)

Ese nombramiento debe ser por escrito y debe contener:

(a)

una referencia a esta sección; y

(b)

el nombre completo de la persona designada; y

(c)

una declaración de las facultades conferidas a la persona designada por la sección 26 y el propósito bajo la sección 24 para el cual esas facultades pueden ser utilizadas.

26 Poderes para entrar e inspeccionar el cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad

(1)

Un inspector puede, en cualquier momento razonable, ingresar a las instalaciones con el propósito de llevar a cabo una inspección si tiene motivos razonables para creer que se está llevando a cabo un negocio de prostitución en las instalaciones.

(2)

A los fines de la inspección, el inspector puede –

(a)

realizar inspecciones razonables:

(b)

tomar fotografías y mediciones y realizar bocetos y grabaciones:

(c)

requerir que cualquiera de las siguientes personas brinde información o asistencia razonablemente requerida por el inspector:

(i)

una persona que opera el negocio de prostitución, o un empleado o agente de esa persona:

(ii)

una trabajadora sexual o cliente del negocio de la prostitución:

(d)

tomar copias de la información referida en el párrafo (c).

(3)

Un inspector puede confiscar y retener cualquier cosa en los locales en los que ingrese ​​bajo esta sección cuando el inspector tenga motivos razonables para creer que será evidencia de la comisión de un delito contra la sección 8 o la sección 9.

(4)

Nada en esta sección limita o afecta el privilegio contra la autoinculpación

(5)

Un inspector puede llevar a cualquier persona que actúe bajo la supervisión directa del inspector a las instalaciones para ayudarlo con la inspección.

27 Entrada en viviendas

(1)

Un inspector no puede ingresar en una vivienda según la sección 26 a menos que –

(a)

tiene el consentimiento de un ocupante de esa vivienda; o

(b)

está autorizado a hacerlo mediante una orden emitida bajo la subsección (2).

(2)

Un Juez del Tribunal de Distrito, Juez, Magistrado de la Comunidad o Registrador del Tribunal de Distrito (que no es un agente) puede emitir una orden de ingreso en una vivienda o parte de una vivienda si, en la solicitud hecha bajo juramento, está convencido de que existen motivos razonables para creer que-

(a)

un negocio de prostitución se lleva a cabo en la vivienda; o

(b)

la vivienda o la parte de la vivienda es el único medio practicable para ingresar a las instalaciones donde se lleva a cabo un negocio de prostitución.

(3)

La orden debe ser dirigida a un inspector por su nombre y debe estar en la forma prescrita.

Sección 27 (2): modificada, el 1 de marzo de 2017, por la sección 261 de la Ley de tribunales de distrito de 2016 (2016 no 49) .

Sección 27 (2): modificada, el 1 de octubre de 2008, de conformidad con la sección 116 (a ) (ii) de la Ley de vigilancia de 2008 (2008 no 72) .

28 Requisitos para llevar a cabo la inspección

(1)

Un inspector debe, al ingresar en los locales según la sección 26 y cuando le sea razonablemente solicitado en cualquier momento posterior, producir:

(a)

evidencia de su designación como Oficial Médico de Salud o nombramiento como inspector por un Oficial Médico de Salud; y

(b)

evidencia de su identidad; y

(c)

una declaración de las facultades conferidas al inspector por la sección 26 y el propósito bajo la sección 24 para el cual esas facultades pueden ser utilizadas; y

(d)

si ingresa a una casa bajo una orden emitida bajo la sección 27 (2), esa orden.

(2)

Si el propietario u ocupante del local no está presente en el momento en que un inspector ingresa e inspecciona las instalaciones, el inspector debe –

(a)

dejar en un lugar destacado de ese local una declaración por escrito que incluya la siguiente información:

(i)

la hora y la fecha de la entrada; y

(ii)

el nombre de la persona que ingresó al local; y

(iii)

el hecho de que la persona es un inspector; y

(iv)

las razones de la entrada; y

(v)

la dirección de la oficina del Ministerio de Salud en la cual se deben realizar las consultas; y

(b)

adoptar todas las medidas razonables para dar esa información al propietario u ocupante del local.

(3)

Si algo se incauta en el curso de una inspección, el inspector debe dejar en un lugar destacado del local, o entregar o enviar por correo certificado al propietario u ocupante dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrada, un inventario por escrito de todas las cosas incautadas.

(4)

La Sección 199 de la Ley de Procedimientos Resumidos de 1957 se aplica a cualquier cosa incautada en el curso de una inspección (como si el inspector fuera un alguacil y con cualquier otra modificación necesaria) .

29 Obstruir a los inspectores.

Una persona comete un delito, y debe pagar una multa no mayor de $ 2.000, si obstruye, obstaculiza o engaña intencionalmente a un inspector en la ejecución de un poder u orden en virtud de esta Ley.

Sección 29: modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011, no 81) .

Poderes de entrada

30 Orden para la entrada de la policía

(1)

Un funcionario emisor (dentro del significado de la sección 3 de la Ley de Búsqueda y Vigilancia de 2012) puede emitir una orden para ingresar en un lugar si está convencido de que:

(a)

existe una buena causa para sospechar que un delito, bajo cualquiera de las siguientes disposiciones es, ha sido o es probable que sea cometido en el lugar:

(i)

la sección 23 (que trata sobre el uso de menores de 18 años en la prostitución) :

(ii)

la sección 34 (que trata de ser un operador sin tener un certificado); y

(b)

hay motivos razonables para creer que es necesario que un alguacil ingrese al lugar con el propósito de prevenir la comisión o la repetición de ese delito o la investigación de ese delito.

(2)

Las disposiciones de la Parte 4 de la Ley de Búsqueda y Vigilancia 2012 se aplica como si la orden a la que se hace referencia en el inciso (1) fuera una orden de allanamiento.

(3)

[Derogado]

Sección 30 (1): enmendado el 1 de octubre de 2012 por la sección 293 (2) de Búsqueda y Vigilancia Ley de 2012 (2012 no 24) .

Sección 30 (1) (b): modificada, el 1 de octubre de 2008, de conformidad con el artículo 116 (a) (ii) de la Ley de vigilancia de 2008 (2008 no 72).

Sección 30 (2) : sustituido, el 1 de octubre de 2012, por el artículo 293 (3) de la Ley de búsqueda y vigilancia de 2012 (2012 no 24) .

Sección 30 (3): derogado, el 1 de octubre de 2012, por la sección 293 (3) de la Búsqueda y Ley de vigilancia de 2012 (2012 no 24)

31 Forma y contenido de la orden

[Derogada]

Sección 31: derogada el 1 de octubre de 2012 por la sección 293 (4) de la Ley de búsqueda y vigilancia de 2012 (2012 no 24) .

32 Facultades conferidas por la orden 

[derogado]

Sección 32: derogado, el 1 de octubre de 2012, por la sección 293 (4) de la Ley de Búsqueda y Vigilancia 2012 (2012 no 24) . 

33 Requisitos para ejecutar la orden 

[Derogado]

Sección 33: derogada, el 1 de octubre de 2012, por el artículo 293 (4) de la Ley de búsqueda y vigilancia de 2012 (2012 no 24).

Parte 3 Certificados de operador

34 Obtención de certificados por parte de operadores de empresas de prostitución

(1)

Todo operador de una empresa de prostitución (que no sea una sociedad) debe tener un certificado emitido en virtud de la sección 35.

(2)

Toda persona que, aún estando obligada por la subsección (1) a poseer un certificado, no posee un certificado, comete un delito y es responsable por una multa que no exceda los $ 10.000.

(3)

Si una persona que es acusada bajo la subsección (2) afirma que él o ella no es un operador porque él o ella es una trabajadora sexual en un pequeño burdel operado por sus dueños y no es un operador de ningún otro negocio de prostitución, debe probar esa afirmación en el balance de probabilidades.

(4)

A pesar de la subsección (2), ninguna persona puede ser condenada por un delito en virtud de esa subsección si el período durante el cual la persona no posee un certificado está dentro de los primeros 6 meses después de que esta sección entre en vigor.

Artículo 34 (2): enmendado, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81).

35 Solicitud y concesión de certificados

(1)

Un solicitante de un certificado debe solicitarlo al Registrador.

(2)

En esta Parte, Registrador significa el Registrador del Tribunal de Distrito en Auckland, o el Registrador de cualquier otra oficina del Tribunal de Distrito identificada en las reglamentaciones establecidas en virtud de esta Ley como el Registrador que puede aceptar solicitudes bajo esta sección.

(3)

La solicitud debe estar en la forma prescrita e ir acompañada de la tarifa prescrita.

(4)

La solicitud puede requerir que el solicitante proporcione no más de lo siguiente:

(a)

el nombre completo, fecha de nacimiento y sexo del solicitante:

(b)

cualquier otro nombre por el cual el solicitante es, o alguna vez ha sido, conocido:

(c)

la dirección a la cual el solicitante desea que se envíe cualquier certificado y correspondencia relacionada:

(d)

una fotocopia de cualquier forma de identificación oficial que contenga una fotografía del solicitante, como un pasaporte o licencia de conducir, que esté autenticada de la manera prescrita:

(e)

1 ó más fotografías recientes del solicitante que cumplan con los requisitos prescritos y estén autenticadas de la manera prescrita:

(f)

si se realizó una petición en virtud de la sección 37, una copia de la orden.

(5)

El Registrador debe emitir un certificado a un solicitante si-

(a)

el solicitante paga la tarifa prescrita, suministra un formulario de solicitud debidamente completado y adjunta la fotocopia y las fotografías requeridas; y

(b)

el solicitante tiene 18 años o más; y

(c)

el solicitante es-

(i)

no descalificado para poseer un certificado bajo la sección 36; o

(ii)

está descalificado, pero se le ha otorgado una exención de descalificación según la sección 37 y la renuncia no ha sido cancelada.

(6)

Cada certificado debe estar en la forma prescrita y debe contener una fotografía del titular.

(7)

Si se rechaza un certificado, el Registrador debe notificarlo al solicitante por escrito, con los motivos, y proporcionar información sobre cómo solicitar una exención de descalificación en virtud de la sección 37.

Sección 35 (2): enmendada, el 1 de marzo de 2017, por la sección 261 de la Ley de tribunales de distrito de 2016 (2016 no 49).

36 Descalificación para poseer un certificado

(1)

Una persona está descalificada para obtener un certificado si ha sido condenada en cualquier momento por cualquiera de los delitos descalificadores establecidos en la subsección (2), o ha sido condenada por un intento de cometer tal delito, de conspiración para cometer cualquier tal delito, o de ser un cómplice del delito.

(2)

Los delitos descalificadores son los siguientes:

(a)

un delito bajo esta Ley (que no sea un delito bajo la sección 39 (3), sección 40 (2), y la sección 41 (3)):

(b)

un delito bajo cualquiera de los siguientes artículos o partes la Ley de de Delitos de 1961 que sea punible con 2 o más años de prisión:

(i)

sección 98A (participación en un grupo delictivo organizado):

(ii)

secciones 127 a 144C (incluye crímenes sexuales):

(iii)

Parte 8 (incluye asesinato, homicidio, asalto y secuestro):

(iv)

secciones 234 a 244 (robo, extorsión y robo):

(v)

sección 257A (lavado de dinero):

(c)

un delito tipificado en la Ley de Armas de 1983 que se castigue con pena de prisión:

(d)

en relación con la Ley de uso indebido de drogas de 1975, –

(i)

un delito bajo la sección 6 (aparte de la posesión de una droga controlada de Clase C):

(ii)

una ofensa bajo la sección 9, la sección 12A, la sección 12AB o la sección 12B:

(iii)

un delito bajo cualquier otra sección, pero solo si se trata de una droga controlada de Clase A o Clase B.

Sección 36 (2) (d) (ii): enmendada, el 22 de junio de 2005, por el artículo 23 de la Ley de Enmienda al Uso Indebido de Drogas de 2005 (2005 no 81).

37 Exención de la descalificación

(1)

Una persona que está descalificada para poseer un certificado puede solicitar por escrito al Registrador una orden de exención de la descalificación.

(2)

Al recibir una solicitud, el Registrador debe:

(a)

remitir la solicitud a un juez del tribunal de distrito para su determinación; y

(b)

enviar una copia de la solicitud al Comisionado de Policía para un informe sobre los asuntos mencionados en la subsección (4) (b).

(3)

El Comisionado de Policía debe proporcionar un informe al Registrador dentro de las 3 semanas posteriores a la recepción de la solicitud, y el Registrador debe enviar inmediatamente una copia del informe al solicitante.

(4)

Un juez del tribunal de distrito puede emitir una orden eximiendo de la descalificación si está convencido de que-

(a)

el delito del solicitante era de una naturaleza, o ocurrió hace tanto tiempo, que ya no debería ser una barrera para obtener un certificado; y

(b)

el solicitante no ha sido, y no ha sido recientemente, asociado o involucrado con personas que estarían descalificadas en virtud del artículo 36 y que se podría esperar razonablemente que ejercieran una influencia sobre el solicitante.

(5)

El Juez del Tribunal de Distrito que decide sobre la solicitud-

(a)

no puede emitir su orden hasta al menos 2 semanas después de recibir el informe proporcionado en la subsección (3); y

(b)

debe determinar la solicitud sobre la base del material contenido en la solicitud, el informe de la policía y cualquier otro material escrito proporcionado por el solicitante, ya sea en respuesta al informe de la policía o de otro modo.

(6)

Una orden de exención de la descalificación permanece vigente hasta que se cancela según la subsección (7) o la subsección (8).

(7)

Una orden de exención de la descalificación se cancela, mediante el funcionamiento de esta subsección, si la persona a la que se aplica es condenada por cualquier delito mencionado en la sección 36 (2).

(8)

Un juez del tribunal de distrito puede cancelar una orden de exención de la descalificación de una persona si-

(a)

la Policía solicita al Registrador una orden de cancelación de la exención; y

(b)

una copia de la solicitud de la Policía se envía a la persona a la dirección proporcionada en su solicitud de un certificado; y

(c)

al menos 2 semanas después de enviar esa solicitud, ya sea que el Registrador no haya recibido ninguna respuesta del titular del certificado o, si el titular ha hecho presentaciones por escrito, el Juez del Tribunal de Distrito ha considerado esas presentaciones; y

(d)

el juez del tribunal de distrito está convencido, sobre la base de la solicitud de la policía y las presentaciones recibidas de la persona interesada, de que la exención debe cancelarse porque la persona está asociada o involucrada con personas que quedarían descalificadas en virtud del artículo 36 y que se podría esperar razonablemente que ejercieran una influencia sobre la persona.

38 Vencimiento, renovación y reemplazo del certificado

(1)

Un certificado vence un año después de la fecha en que se emitió.

(2)

El titular del certificado puede solicitar, en cualquier momento dentro de los 2 meses anteriores a la expiración de su certificado, la renovación del certificado, en cuyo caso la sección 35 se aplica como si la solicitud de renovación fuera una solicitud de certificado.

(3)

Si se realiza una solicitud de renovación, pero no se resuelve antes de que expire un certificado, el certificado original no expira hasta que se resuelva la solicitud de renovación.

(4)

El registrador puede emitir un certificado de reemplazo a un titular de certificado si-

(a)

el titular solicita un certificado de reemplazo y el Registrador está convencido de que el certificado original se ha perdido o destruido; y

(b)

el titular proporciona 1 o más fotografías recientes de sí mismo que cumplen con los requisitos prescritos y están autenticadas de la manera prescrita; y

(c)

el titular paga la tarifa prescrita (si corresponde).

39 Cancelación del certificado

(1)

El Registrador debe cancelar un certificado al recibir la notificación de que el titular del certificado-

(a)

está descalificado para obtener un certificado como resultado de una condena por cualquier delito mencionado en la sección 36 (2); o

(b)

ha sido cancelada su exención de descalificación.

(2)

La cancelación del certificado entrará en vigencia 5 días después de que la notificación de la cancelación se envíe al titular del certificado a la dirección indicada en su solicitud de certificado.

(3)

Una persona cuyo certificado se cancela comete un delito y es responsable por una multa de no más de $ 2.000, si no devuelve el certificado al Tribunal de Distrito dentro de 1 mes de la cancelación del certificado.

Sección 39 (3): enmendada, el 1 de marzo de 2017, por el artículo 261 de la Ley de tribunales de distrito de 2016 (2016 no 49).

Sección 39 (3): modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81).

40 El operador debe mostrar el certificado a requerimiento

(1)

Un alguacil puede, tras presentar prueba de que él o ella es un alguacil, requerir a cualquier persona del que crea por motivos razonables que es un operador que muestre el certificado para inspección, y la persona debe presentar su certificado, a él o ella o a otro agente de la comisaría de policía local, dentro de las 24 horas posteriores a la solicitud.

(2)

Si se realiza una solicitud bajo la subsección (1) al titular de un certificado, ese titular comete un delito, y es responsable por una multa de hasta $ 2.000, si no presenta, sin justificación razonable, su certificado de la forma requerida por esa subsección.

Sección 40 (1): enmendada, el 1 de octubre de 2008, de conformidad con el artículo 116 (a) (ii) de la Ley de Policía de 2008 (2008 no 72).

Sección 40 (2): enmendada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81).

41 Registros judiciales

(1)

Los registros judiciales relativos a la identidad de los solicitantes de certificados, de los solicitantes de exención de la descalificación y los titulares de certificados pueden ser buscados, inspeccionados o copiados solo por:

(a)

el solicitante o titular interesado; y

(b)

el registrador; y

(c)

la Policía, pero solo con el propósito de investigar un delito

(2)

Nada en esta sección limita el poder del Registrador para preparar y suministrar (ya sea para uso del Departamento para Tribunales o cualquier otro propósito) información estadística sobre solicitantes de certificados, solicitantes de exención de descalificación y titulares de certificados, siempre que la información se proporcione en una forma que no identifique a los solicitantes individuales o titulares de certificados.

(3)

Una persona que, en contravención de esta sección, obtiene o usa información que proviene de, o pretende obtenerla de, los registros judiciales a los que se hace referencia en esta sección comete un delito y es responsable por una multa que no exceda $ 2.000.

Sección 41 (3): modificada, el 1 de julio de 2013, por el artículo 413 de la Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81).

Parte 4 Disposiciones varias

Revisión del funcionamiento de la Ley y asuntos relacionados por el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución


42 Revisión del funcionamiento de la Ley y asuntos relacionados

(1)

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución debe, –

(a)

tan pronto como sea posible después del comienzo de esta Ley, –

(i)

evaluar el número de personas que trabajan como trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda y cualquier asunto prescrito relacionado con las trabajadoras sexuales o la prostitución; y

(ii)

informar sobre sus conclusiones al Ministro de Justicia; y

(b)

no antes de la expiración de 3 años, pero antes de la expiración de 5 años, después del comienzo de esta Ley, –

(i)

revisar el funcionamiento de esta Ley desde su inicio; y

(ii)

evaluar el impacto de esta Ley sobre el número de personas que trabajan como trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda y sobre cualquier asunto prescrito relacionado con las trabajadoras sexuales o la prostitución; y

(iii)

evaluar la naturaleza y la adecuación de los medios disponibles para ayudar a las personas a evitar o dejar de trabajar como trabajadoras sexuales; y

(iv)

considerar si es necesario o conveniente cualquier enmienda a esta Ley o cualquier otra ley y, en particular, si el sistema de certificación es efectivo o podría mejorarse, si otras agencias o agencias podrían o deberían administrarlo, y si se necesita un sistema para identificar la ubicación de las empresas de prostitución; y

(v)

considerar si otras enmiendas a la ley son necesarias o deseables en relación con las trabajadoras sexuales o la prostitución; y

(vi)

considerar si es necesario o deseable realizar cualquier otra revisión o evaluación de los asuntos establecidos en este párrafo; y

(vii)

informar sobre sus conclusiones al Ministro de Justicia; y

(c)

llevar a cabo cualquier otra revisión, evaluación e información requerida por las reglamentaciones hechas bajo esta Ley.

(2)

El Ministro de Justicia debe presentar una copia de cualquier informe proporcionado en esta sección a la Cámara de Representantes tan pronto como sea posible después de recibirla.

43 Comité de Revisión de la Ley de Prostitución

(1)

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución debe estar compuesto por 11 miembros nombrados por el Ministro de Justicia.

(2)

El Ministro de Justicia debe nombrar

(a)

2 personas nominadas por el Ministro de Justicia; y

(b)

1 persona designada por la Ministra de Asuntos de la Mujer después de consultar con el Ministro de Asuntos de la Juventud; y

(c)

1 persona designada por el Ministro de Salud; y

(d)

1 persona designada por el Ministro de Policía; y

(e)

2 personas nominadas por el Ministro de Comercio para representar a los operadores de negocios de prostitución; y

(f)

1 persona designada por el Ministro de Gobierno Local; y

(g)

3 personas nominadas por el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (o, si no hay un Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, por cualquier otro organismo que el Ministro de Justicia considere que representa los intereses de las trabajadoras sexuales).

(3)

El Ministro de Justicia puede, por recomendación del nominador de un miembro, destituir a un miembro del cargo por incapacidad para realizar los deberes de los miembros, mala conducta por parte del miembro o cualquier otra causa justa probada por el miembro.

43 Comité de Revisión de la Ley de Prostitución

(1)

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución debe estar compuesto por 11 miembros nombrados por el Ministro de Justicia.

(2)

El Ministro de Justicia debe nombrar

(a)

2 personas nominadas por el Ministro de Justicia; y

(b)

1 persona designada por la Ministra de Asuntos de la Mujer después de consultar con el Ministro de Asuntos de la Juventud; y

(c)

1 persona designada por el Ministro de Salud; y

(d)

1 persona designada por el Ministro de Policía; y

(e)

2 personas nominadas por el Ministro de Comercio para representar a los operadores de negocios de prostitución; y

(f)

1 persona designada por el Ministro de Gobierno Local; y

(g)

3 personas nominadas por el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (o, si no hay un Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda, por cualquier otro organismo que el Ministro de Justicia considere que representa los intereses de las trabajadoras sexuales).

(3)

El Ministro de Justicia puede, por recomendación del nominador de un miembro, destituir a un miembro del cargo por incapacidad para realizar los deberes de los miembros, mala conducta del miembro o cualquier otra causa justa probada a satisfacción del nominador.

(4)

El miembro no tiene derecho a compensación u otro pago relacionado con la destitución.

(5)

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución deja de existir en una fecha designada por el Ministro de Justicia, mediante notificación en la Gaceta, es decir después de la fecha de su informe al Ministro conforme a la sección 42 (1) (b) (vii).

44 Otras disposiciones sobre nombramiento, remoción, plazo y renuncia de miembros 

(1)

Un miembro debe ser nombrado o removido mediante notificación por escrito al miembro y a su nominador.

(2)

Un miembro ocupa el cargo por un período establecido en ese aviso de hasta 5 años.

(3)

Un miembro cuyo mandato expira continúa ejerciendo su cargo hasta que vuelva a ser nombrado o se designe a su sucesor.

(4)

Sin embargo, todos los miembros cesan en sus funciones en la fecha en que deja de existir el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución.

(5)

Una persona puede ser reelegida como miembro.

(6)

Un miembro puede renunciar mediante notificación por escrito al Ministro de Justicia y a su nominador.

(7)

Los poderes del Comité de Revisión de la Ley de Prostitución no se ven afectados por ninguna vacante en su membresía.

45 Remuneración de los miembros

(1)

Un miembro tiene derecho a recibir una remuneración en concepto de honorarios, sueldos o asignaciones y dietas y gastos de viaje de conformidad con la Ley de honorarios y dietas por viaje de 1951 (y las disposiciones de esa Ley se aplican como si el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución fuera una junta estatutaria en virtud de esa Ley).

(2)

Esa remuneración debe pagarse desde la cuenta bancaria departamental operada por el Ministerio de Justicia.

(3)

Esta sección no se aplica a una persona que sea miembro en su calidad de empleado de un departamento.

46 Procedimiento del Comité de Examen de la Ley de Prostitución

El Comité de Revisión de la Ley de Prostitución puede reglamentar su propio procedimiento, salvo lo dispuesto en las reglamentaciones establecidas en virtud de esta Ley.

Regulaciones


47 Regulaciones

El Gobernador General puede, por orden del Consejo, establecer reglamentos para todos o cualquiera de los siguientes propósitos:

(a)

prescribir los formularios de las órdenes que se emitirán en virtud de las secciones 27 y 30:

(b)

prescribir los formularios, certificados y tarifas requeridos en la Parte 3 en relación con los certificados de operador:

(c)

prescribir cómo deben autenticarse las fotografías y fotocopias requeridas en la Parte 3:

(d)

prescribir el tamaño o rango de tamaños de las fotografías que se deben suministrar con una solicitud de certificado y el número de copias de las mismas:

(e)

prescribir que el Registrador de una oficina particular del Tribunal de Distrito sea el Registrador a los efectos de la Parte 3, ya sea además del Secretario de cualquier otro cargo del Tribunal de Distrito, o en lugar de él, en su lugar:

(f)

prescribir asuntos relacionados con el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución, incluidos sus poderes, funciones adicionales de revisión, evaluación e información sobre el funcionamiento de esta Ley o sobre otros asuntos relacionados con las trabajadoras sexuales o la prostitución (si corresponde), cualquier límite en los períodos de que puede cumplir, asuntos relacionados con el presidente y los miembros, sus disposiciones financieras, sus procedimientos y su administración:

(g)

proveer para cualquier otro asunto contemplado por esta Ley, necesario para su administración, o necesario para darle pleno efecto.

Sección 47 (e): modificada, el 1 de marzo de 2017, por el artículo 261 de la Ley de tribunales de distrito de 2016 (2016 no 49).

Derogaciones, enmiendas y disposiciones transitorias

48 Las derogaciones entran en vigencia un día después del asentimiento Real

Enmienda (s) incorporada (s) en la (s) ley (es).

49 Revocaciones y derogaciones que entran en vigencia cuando la Parte 3 entra en vigencia

(1)

Se deroga la Ley de salas de masaje de 1978 (1978 no 13).

(2)

El Reglamento de salas de masaje de 1979 (SR 1979/35) se revocó.

50 Enmiendas consecuentes

(1)

Las Actas especificadas en la Parte 1 del Anexo se modifican consecuentemente con la manera establecida en ese cronograma.

(2)

Las reglamentaciones especificadas en la Parte 2 del Anexo se modifican consecuentemente con la manera establecida en ese cronograma.

51 Disposiciones transitorias para delitos pasados

(1)

Ninguna persona puede ser condenada por un delito contra cualquiera de las leyes derogadas por la sección 48 (que no sea un delito contra el artículo 149A de la Ley de Delitos de 1961) o después del comienzo de esta Ley si el delito fue cometido antes del comienzo de esta Ley .

(2)

La derogación del artículo 149A de la Ley de delitos de 1961 no afecta la responsabilidad de una condena o una pena por un delito cometido contra esa sección antes del inicio de esta Ley, y esa sección sigue surtiendo efecto como si no hubiera sido derogada por los propósitos de

(a)

investigar el delito:

(b)

comenzar o completar el proceso por el delito:

(c)

imponer una pena por el delito.

Programar modificaciones consecuentes a las promulgaciones

s 50

Parte 1 Hechos modificados

Ley de Tribunales de Distrito de 1947 (1947 No 16)

Enmienda (s) incorporada (s) en la (s) ley (es).


Ley de delitos sumarios de 1981 (1981 no 113)

Enmienda (s) incorporada (s) en la (s) ley (es).


Actas resumidas Ley 1957 (1957 No 87)


Enmienda (s) incorporada (s) en la (s) ley (es).

Parte 2 Reglamento modificado

Reglamento de tasas 1987 (SR 1987/68)


Enmiendas incorporadas en el Reglamento.

Notas de reimpresiones

  1. General

Esta es una reimpresión de la Ley de Reforma de la Prostitución de 2003 que incorpora todas las enmiendas a esa Ley en la fecha de la última enmienda a la misma.

2 Estado legal

Se presume que las reimpresiones indican correctamente, a la fecha de la reimpresión, la ley promulgada por la ley principal y cualquier enmienda a esa ley. La Sección 18 de la Ley de Legislación de 2012 establece que esta reimpresión, publicada en formato electrónico, tiene el estatus de una versión oficial bajo la sección 17 de esa Ley. Una versión impresa de la reimpresión producida directamente de esta versión electrónica oficial también tiene un estado oficial.

3 Cambios editoriales y de formato

Los cambios editoriales y de formato a las reimpresiones se realizan utilizando las facultades de las secciones 24 a 26 de la Ley de Legislación de 2012. Consulte también http://www.pco.parliament.govt.nz/editorial-conventions/.

4 Enmiendas incorporadas en esta reimpresión

Ley de tribunales de distrito de 2016 (2016 no 49): artículo 261

Ley de salud y seguridad en el trabajo 2015 (2015 no 70): sección 232

Ley de Búsqueda y Vigilancia 2012 (2012 no 24): sección 293

Ley de procedimiento penal de 2011 (2011 no 81): artículo 413

Ley de inmigración de 2009 (2009 no 51): artículo 406 (1)

Ley de patrullaje de 2003 (2008 no 72): artículo 116 (a) (ii)

Ley de enmienda al uso indebido de drogas de 2005 (2005 no 81): sección 23