Las alegaciones de Mónica Oltra que cuestionan la ley abolicionista de Gabriela Bravo

La Conselleria de Igualdad entiende que invade competencias estatales y las suyas en materia de violencia de género, al tiempo que cree que las multas a los puteros lleva a las mujeres a entornos más ocultos y peligrosos
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Por Raquel Andrés Durà

València, 24 de mayo de 2022

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220524/8288002/oltra-alega-ley-abolicionista-bravo.html

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La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra presentó ayer alegaciones contra el borrador de anteproyecto de ley de modificación de la Ley 14/2020 de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos elaborado por la Conselleria de Justicia de Gabriela Bravo. En otras palabras, la norma con la que los socialistas pretenden «abolir» la prostitución en la Comunitat Valenciana.

Por un lado, desde la Secretaría Autonómica de Igualdad y Diversidad entienden que invade sus competencias en materia de igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres. Se basan en que el borrador afirma que «la prostitución es una forma de violencia de género».

En las alegaciones, recuerdan que la Conselleria de Justicia es «competente en materia de asistencia a las víctimas del delito», pero «la prostitución no se recoge en el ordenamiento jurídico español como delito».

Lo que sí se reconoce como delito es «la explotación o el lucro de la prostitución ajena» cuando «quien la realiza ha sufrido coacción en el proceso de deliberación de su comportamiento sexual o es sujeto de la explotación de un tercero». Diferencian, por tanto, entre prostitución y explotación sexual o trata, que en cualquier caso ya es ilícito.

Las alegaciones presentadas por la Conselleria de Oltra también sostienen que la ley de Bravo invade competencias estatales, ya que la «abolición» de la prostitución, una actividad «no regulada», «excede las competencias autonómicas».

Además, señalan que el cambio normativo impulsado por Justicia busca eliminar toda forma de prostitución que se desarrolla dentro de los locales y establecimientos regulados por la Ley 14/2020, es decir, «locales en los que se realizan los espectáculos públicos, las actividades recreativas y las actividades ocioculturales». Recuerdan que usar una licencia para hacer otra cosa «ya está sancionado» y argumentan que quedarían fuera de la norma otros espacios donde también se ejerce la prostitución.

Por otro lado, alegan contra el «principal instrumento» que presenta la Conselleria de Bravo para conseguir la abolición de la prostitución: las sanciones a los demandantes en los establecimientos públicos, por la difusión de publicidad de prostitución, por el uso de establecimientos con licencia incluidos en el catálogo de la Ley 14/2010 para actividades de prostitución y la tercería locativa (sanción penal a quienes ponen un inmueble para ejercer la prostitución).

Desde la Conselleria de Igualdad entienden que estas sanciones son, de facto, «una sanción indirecta a las mujeres que ejercen la prostitución». Y es que creen que el cierre de prostíbulos de carretera y espacios similares no acabarán con la prostitución, sino que la moverán de sitio, presumiblemente a lugares más opacos como pisos, donde la situación de la mujer es más vulnerable y se pueden producir más agresiones y violaciones.

Estas mujeres, por la estigmatización, por su condición de migrantes y/o por las amenazas que sufren, rara vez acuden a una comisaría a denunciar las agresiones.

Por ello, el secretario autonómico de Igualdad y Diversidad, Rubén Sancho, considera que el anteproyecto de ley de Justicia lo que hace es «proteger al cliente», al putero, ocultando la actividad para que no se le sancione, mientras que «aumenta la inseguridad» de la mujer y se la «conduce a la clandestinidad y al ocultamiento», llegando a una situación de «más vulnerabilidad».

En todo caso, Sancho defiende la necesidad de superar el marco abolicionista y analizar una realidad compleja en la que no bastan soluciones sencillas como prohibir y sancionar. Habla desde medidas sociales hasta cambiar a Ley de Extranjería para que las migrantes se atrevan a denunciar su situación sin miedo a la deportación. «Hace falta un debate abierto y amplio, de escucha de todas las realidades», sostiene el secretario autonómico.

En este sentido, recuerdan las actuaciones llevadas a cabo por la Conselleria de Igualdad: el Programa Alba, de atención itinerante y de recursos para la salida de mujeres víctimas de explotación sexual de ámbitos de prostitución y/o trata, con atención integral de las mujeres, a través de salidas periódicas a las zonas donde se tiene conocimiento o indicios de que se practica la prostitución.

Asimismo, LABORA tiene un convenio de colaboración con la Asociación Alanna para el desarrollo del «Programa de formación e inserción para mujeres víctimas de violencia de género o de tráfico y explotación sexual con compromiso de contratación», incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la UE a través de los fondos Next Generation. Ofrece atención personalizada de 57 mujeres, a las que se les ayuda a mejorar su empleabilidad y promover su inserción profesional.

En el caso de mujeres prostituidas en «situaciones de gran vulnerabilidad», la Conselleria de Oltra les proporciona la posibilidad de solicitar la Renta Valenciana de Inclusión, que se suma al Ingreso Mínimo Vital. Gracias a una modificación en 2020, esta prestación se aumentó en 320 euros y hoy se equipara al salario mínimo interprofesional. No obstante, hoy todavía no ha habido mujeres que se hayan acogido a ese incremento.

En cuanto al modelo abolicionista, desde la Conselleria de Igualdad exponen experiencias internacionales de modelos abolicionistas que «ponen en cuestión sus resultados». En Suecia se abolió en 1999 y, desde entonces, no ha disminuido la demanda, sino que la actividad se ha trasladado «a lugares menos visibles» y más «difíciles de rastrear».

El informe de Amnistía Internacional «El coste humano de ‘machacar’ en el mercado: la penalización del trabajo sexual en Noruega» de 2016 expone las consecuencias del modelo abolicionista en ese país, como «una intensificación del estigma social y la discriminación de las mujeres, especialmente en el caso de mujeres migrantes, donde se entrelaza el estigma y el racismo».

Las alegaciones de la Conselleria de Oltra concluyen así: «La propuesta de modificación se enmarca en un discurso punitivista de la prostitución y sitúa en un marco de mayor vulnerabilidad a aquellas mujeres que ejercen la prostitución, especialmente a aquellas que menos recursos tienen o que se encuentran en situación administrativa irregular. Se sanciona, en última instancia, la pobreza y la migración». Es decir, se perseguirá más la prostitución de calle y no la ven útil para acabar con la que se practica en espacios opacos ni con la prostitución de lujo.

«Este marco abolicionista aumenta la estigmatización social de las mujeres que ejercen la prostitución y debilita sus redes de apoyo. Asimismo, las medidas afectarán en gran medida a las personas trans, que sufren un desempleo del 85% y han de recurrir al trabajo sexual como única opción», zanjan.

La delegada de la Comunitat Valenciana del sindicato de Trabajadoras Sexuales – Otras, Martina Salander, sostiene que «la prostitución se puede prohibir, no abolir», ya que «el abolicionismo no ha acabado ni con la prostitución ni con la trata» en los países donde se ha aplicado.

Como señalan en las alegaciones de la Conselleria de Igualdad, Salander teme que las multas a los puteros lleven «a condiciones de trabajo muy precarias» y de más «peligrosidad»: «Se ha visto en Francia. Si antes venía un cliente a tu habitación, ahora te pide que vayas tú a él. La chica se expone más yendo a la habitación de clientes y, además, te rebajan el precio y te obligan a ciertas prácticas».

Por otro lado, advierte que la tercería locativa «elimina los espacios de trabajo», que en muchos casos son también las viviendas de las mujeres: «Al no tener contrato, para nosotras es muy complicado acceder a una vivienda, muchas viven en los clubs y en hoteles. Habría un problema habitacional muy grande que no se ha tenido en cuenta».

Desde la Conselleria que dirige Mónica Oltra (Compromís) se muestran sorprendidos por la polémica que ha iniciado la Conselleria de Justicia, de Gabriela Bravo (PSPV) al final de la segunda legislatura del Botànic.

Primero, porque se les presentó el anteproyecto de Ley sin consultarles previamente como competentes en materia de violencia de género; segundo, porque la abolición de la prostitución no está en el Pacto del Botànic ni lo han decretado los socialistas cuando han gobernado en solitario.

Por ello, se cuestionan la motivación real de la propuesta, que no ven que busque proteger a las mujeres prostituidas, sino marcar un perfil político de cara a las próximas elecciones.

Un dato: la Conselleria de Gabriela Bravo nunca se ha querido entrevistar con el sindicato Otras; sí lo ha hecho la Conselleria de Mónica Oltra.

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