La abolición de la Constitución allana el camino a la abolición de la prostitución

En marzo de 2020, el gobierno español encabezado por Pedro Sánchez privó de libertad a los españoles violando sus derechos fundamentales amparados por la Constitución. Tras el dictamen en ese sentido del Tribunal Constitucional, no hubo ninguna crisis de gobierno ni ninguna reacción del Parlamento, que fue cómplice de dicha violación masiva de derechos fundamentales. Más aún, recientemente Pedro Sánchez ha manifestado que lo volvería a hacer, y su contumacia ha sido refrendada por el silencio general.

La Constitución ha sido abolida en España. Actualmente vivimos bajo un régimen totalitario con apariencia de democracia.

Los derechos de las trabajadoras sexuales son los derechos de las mujeres y los derechos de la humanidad y esos derechos solo pueden ser reconocidos y protegidos en un Estado de Derecho en el que impere una Ley Fundamental democrática, es decir, una Constitución democrática. Una Constitución así tiene su fundamento, como declara el art. 10 de la recién abolida Constitución española, “en la dignidad de la persona humana”, es decir, como define el Tribunal Constitucional en la sentencia 53/85, “en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida”.

Abolida por la vía de los hechos consumados la obligación del Estado de respetar y hacer respetar el derecho de la persona a disponer de su propia vida y, en última instancia, a disponer de su propio cuerpo, no existe ya ningún obstáculo legal para que el Estado totalitario de nueva instauración penalice aquellos aspectos de la vida privada, incluída la sexualidad, que decida arbitrariamente.

La abolición de la Constitución allana el camino a la abolición de la prostitución.

Pero esta vez, las prostitutas no estarán solas: el “mito de la libre decisión” ha quedado establecido como principio fundamental del Estado y todos los españoles, mujeres y hombres, han empezado a experimentar lo que es perder el derecho a decidir sobre la propia vida y el propio cuerpo.

Hoy, más que nunca, el grito de las mujeres es el grito de todas las personas libres:

¡MI CUERPO, MI DECISIÓN!

Políticas rápidas y baratas contra la prostitución

Cualquier intento de combatir esta actividad cuando es forzosa debe dirigirse, en primer lugar, hacia las leyes de extranjería y las políticas migratorias. Además, deben darse a las mujeres más opciones para poder elegir

Por Clara Serra

17 de noviembre de 2021

https://elpais.com/opinion/2021-11-17/politicas-rapidas-y-baratas-contra-la-prostitucion.html

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El debate sobre la prostitución, durante mucho tiempo circunscrito a los ámbitos más militantes del feminismo, vuelve a estar sobre la mesa. La propuesta del Gobierno de coalición —que, entre otras cosas, consiste en ampliar el delito de proxenetismo y recuperar la figura penal de la tercería locativa— está siendo contestada por distintos colectivos de trabajadoras sexuales. Señalan que esta manera de legislar implicará una criminalización de su propia actividad y las abocará a condiciones de mayor invisibilidad, clandestinidad, desprotección institucional y vulnerabilidad. La figura de la tercería locativa, defendida por sus proponentes como una herramienta penal para castigar a los proxenetas, ya ha demostrado en otros países efectos nefastos; vuelve delictiva la conducta de quien alquila una habitación o un piso en el que se pudiera ejercer la prostitución (lo que dificulta el acceso de las mujeres a la vivienda) y criminaliza tanto a un posible arrendador como a las propias prostitutas, muchas de las cuales conviven y comparten piso. Este tipo de medidas ha supuesto que sean las mujeres y sus entornos familiares o personales —compañeras, parejas o hijos— quienes acaben perseguidos por el sistema penal. En esta línea, una parte de la izquierda parlamentaria —Bildu, ERC, la CUP y En Comú Podem— ya ha mostrado su desacuerdo con este abordaje que comparten tanto el PSOE como Podemos y han criticado el enfoque punitivo que recorre la ley de libertades sexuales en algunos de sus puntos. El propio Sánchez, en el Congreso del partido socialista, prometió abolir la prostitución, y, de hecho, “antes de que acabe la legislatura”. El presidente del Gobierno nos garantiza acabar con la prostitución y hacerlo, además, pasado mañana, a través de rápidas reformas penales.

Cualquier intento de combatir la trata o la prostitución forzosa debe dirigirse, en primer lugar, hacia las leyes de extranjería y las políticas migratorias de nuestros Estados, que son las que justamente ponen en marcha la maquinaria del negocio del tráfico y la explotación sexual y laboral de muchas personas migrantes. Son las propias leyes vigentes en el Estado español las que a día de hoy condicionan la ayuda a las víctimas de trata a su colaboración policial bajo amenaza de ser expulsadas, lo que convierte a nuestras propias instituciones no en un lugar de protección y ayuda para las mujeres, sino en un peligro del que esconderse.

Por otra parte, remover los obstáculos que, sin duda, forman parte del contexto en el que algunas mujeres optan por el trabajo sexual —muchas de ellas ante la ausencia de otras opciones que preferirían— es un objetivo feminista. Pero eso nos compromete con la tarea de ampliar el margen de elección de las mujeres —con más opciones laborales reales, más autonomía económica y más (¡no menos!) derechos sociales—. Se trata de dar a las mujeres más opciones para poder elegir, no de decretar por ley la invalidez de su elección y su consentimiento. La primera perspectiva entiende que las mujeres viven en un mundo en el que su libertad está limitada y nos obliga a trabajar en él para ampliarla, la segunda opción hace descansar una parte fundamental del problema en las propias mujeres, que no saben lo que quieren. La primera implica fortalecer el Estado de bienestar y los derechos, la segunda es muy barata.

Existe hoy un debate global acerca del lugar que ocupa la política penal en la construcción de la ciudadanía en el siglo XXI. El sociólogo Loïc Wacquant es uno de los principales referentes de una reflexión crítica sobre el actual avance de los sistemas de castigo en las democracias liberales. Su tesis es que la expansión del sistema penal es una característica esencial de la actual fase del neoliberalismo. Ante el retraimiento del Estado de bienestar y los sistemas de protección social y el aumento de la incertidumbre y la inseguridad, los Estados prometen la paz y el orden a través del endurecimiento de los sistemas de castigo, sistemas que, a su vez, se están dirigiendo contra las poblaciones más pobres y más vulnerables. En Estados Unidos diversos teóricos y teóricas provenientes de los estudios legales críticos y el antirracismo llevan años poniendo sobre la mesa la necesidad de reflexionar sobre el avance del sistema carcelario. No señalan solo la agenda de Trump, sino también a las políticas que en las últimas décadas ha puesto en marcha el neoliberalismo progresista, a menudo en nombre del feminismo y las políticas LGTBI. Ni Europa ni el Estado español son una excepción a esta regla. Como dice Ignacio González Sánchez en Neoliberalismo y castigo (Bellaterra, 2021), “hoy tenemos más policías y más personas presas que hace cincuenta años, y un Código penal más duro que el vigente cuando Franco murió”.

La tímida reforma de la ley mordaza que Sánchez prometió derogar es un síntoma preocupante. Como lo es, por ejemplo, que el partido más a la izquierda del Gobierno considere una buena idea legitimar a empresas privadas en la gestión de nuestros derechos fundamentales y darles carta blanca para eliminar por sí mismos contenidos y celebrar que las garantías judiciales sean sustituidas por una política de empresa de Mark Zuckerberg. Llevamos tiempo asistiendo a una mutación por la cual las izquierdas han dejado de apostar decididamente por el debate público, los derechos políticos y las libertades de expresión para entregarles a las derechas la posibilidad de explotar ese campo.

Es evidente cuál es la agenda de las ultraderechas en relación con el papel del derecho penal y las propuestas punitivas. La pregunta es cuál es la de las izquierdas. En este sentido es necesario que abramos en nuestro país un debate crítico acerca del papel que ciertas políticas feministas contemporáneas tienen en relación con este giro punitivo actual de los sistemas neoliberales. Aya Gruber, penalista americana, ha escrito recientemente The Feminist War On Crime: The Unexpected Role of Women’s Liberation in Mass Incarceration (U.C. Press 2020) para denunciar el problemático papel de las políticas contra la violación norteamericanas en el aumento de la política carcelaria de Estados Unidos. Junto a Gruber, otras feministas actuales, como la profesora de Harvard Janet Halley, señalan que una parte del feminismo se está volcando en la defensa de leyes contra la violencia sexual que “están criminalizando como primer y no como último recurso para lograr el cambio social” (Janet Halley, 2015). La propuesta de ley de libertades sexuales del Gobierno está influenciada por esos avances legislativos implementados las últimas décadas en Estados Unidos y en el contexto anglosajón. Al igual que esas doctrinas penales, incorpora una preocupante renuncia por las políticas sociales y económicas que en otro tiempo fueron la agenda irrenunciable de las izquierdas y las sustituye por promesas de paz y seguridad a través del derecho penal. Debe ser, por tanto, una ocasión para abrir un debate en profundidad y para pensar críticamente uno de los temas de nuestro tiempo: qué usos y abusos de la política penal están haciendo las izquierdas y los feminismos y cuál es su significado y sus consecuencias en nuestra época actual.

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Clara Serra es filósofa e investigadora en la Universitat de Barcelona.

Quién tiene voz en el debate de la prostitución: «Quieren legislar sobre las putas sin las putas»

Desde que el fin de la prostitución se coló en la lista de prioridades del Ejecutivo los colectivos de trabajadoras sexuales reclaman ser escuchadas, mientras las organizaciones abolicionistas respaldan la decisión del PSOE

Por Irene Gamella

14 de noviembre de 2021

https://www.elconfidencial.com/espana/2021-11-14/legislar-prostitucion-dos-caras-debate-abolicionista_3319169/

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«La abolición es inhumana», asegura Marijose Barrera, fundadora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla. “Porque persigue, maltrata y criminaliza a las mujeres que ejercen la prostitución simplemente por el hecho de subirse a los tacones”.

Desde que Pedro Sánchez clausurara el 40º Congreso Federal del PSOE situando la abolición de la prostitución en la lista de prioridades del Gobierno, los colectivos organizados de trabajadoras sexuales han pedido que se les tenga en cuenta de cara a una regulación que penalizaría su ámbito de actuación. Al mismo tiempo y enfrentadas a este planteamiento, las organizaciones abolicionistas han respaldado el anuncio de los socialistas en un debate que divide a Unidas Podemos y, a su vez, no encuentra un consenso pleno dentro del feminismo.

La confrontación entre ambos colectivos no se limita a sus discrepancias, sino que lleva a las asociaciones de prostitutas a tachar a las abolicionistas de ejercer violencia económica sobre ellas y, a Mujeres por la Abolición a acusar a la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) de estar financiada por proxenetas. De hecho, algunos colectivos abolicionistas han preferido no participar en este reportaje al considerar que dar voz a los grupos regulacionistas equivale a entrevistar a personas a favor de la esclavitud.

Frente a este tipo de acusaciones, Iris, fundadora de Afemtras (la asociación de prostitutas del polígono de Villaverde), indica que “una de las falacias que se plantea desde el abolicionismo es decir que nosotras queremos modelos de regulación que cojean en materia de derechos, como el Alemán o el Holandés”, y explica cómo esos modelos sí están destinados a favorecer a los dueños de los clubes y no a las mujeres.

“En realidad las abolicionistas saben bien lo que queremos como modelo, no para implantar, sino de referencia, y es una regulación que según los datos ha funcionado desde el 2003: el modelo neozelandés, que pone en el centro de la política los derechos de las trabajadoras”.
En Nueva Zelanda, la prostitución es un trabajo más, según lo que establece el modelo de la despenalización del trabajo sexual que se desarrolló con aportaciones de los propios colectivos de prostitutas hace casi veinte años. Esta forma de regulación permite que las afectadas tengan derechos laborales y accedan a la seguridad social y todo lo que eso conlleva. A pesar de la falta de penalización, sí que se persiguen la trata, los abusos laborales y la violencia sexual.

Durante la pandemia, las prostitutas neozelandesas pudieron acceder a los mismos subsidios salariales que recibían todas las personas que hubieran perdido ingresos gracias a su condición de trabajadoras, según explicaba entonces The Guardian. Sin embargo, en nuestro país se encontraron con una situación muy diferente: “Si no llega a ser por los clientes muchas se habrían quedado en la calle. Fueron ellos quienes les dieron alojamiento, ahora bien, ¿cuántos de ellos pedirían algo a cambio?”, recuerda Marijose.

Por el contrario, no todo el mundo considera que la prostitución se pueda catalogar como trabajo, sino que siempre se trata de una forma de explotación. Rebeca Torres, representante de Mujeres por la Abolición señala que “la cuestión de la prostitución libre y empoderante es cuanto menos anecdótica, si existe”. E insiste en que la gran mayoría de las mujeres “prostituidas” se ven forzadas a esta situación. “Las que no ejercen de forma coactiva en este momento es porque entraron en la trata y, cuando las dejan como desechos humanos y no sirven para otra cosa, siguen ejerciendo de “forma voluntaria”, pero porque les han destrozado la vida. Porque no pueden tener un trabajo normal y una vida normal. La trata y la prostitución son realidades indisolubles”, sentencia la activista.

Esta es la opinión que comparten desde organizaciones como Médicos del Mundo, que desde hace casi treinta años intervienen para “proteger a las mujeres en situación de prostitución y explotación sexual” desde una postura abolicionista. “Las mujeres con las que trabajamos son en general migrantes o se encuentran en una situación de exclusión social. Entonces, vemos que ninguna lo hace por decisión propia, sino por su posición de vulnerabilidad”, explica Celia López, portavoz de la ONG y señala que el ejercicio libre del trabajo sexual es algo muy excepcional sobre lo que no se puede legislar.

La penalización de la tercería locativa

Desde el abolicionismo defienden unas políticas que están dando ahora sus primeros pasos, como uno de los puntos centrales del Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, más conocido como la ley ‘solo sí es sí’ impulsada por Irene Montero, que penaliza la tercería locativa.

La tercería locativa es una figura jurídica que se refiere a cualquier espacio utilizado para ejercer la prostitución y que la redacción del Ministerio recupera después de su despenalización en 1995. Esta ley plantea que quién disponga un lugar para el ejercicio de la prostitución será “castigado con pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a dieciocho meses sin perjuicio de la clausura”. A lo que la confluencia catalana de Unidas Podemos, En Comú Podem, registró una enmienda por “reforzar el estigma de la prostitución y dificultar la distinción entre prostitución voluntaria y prostitución forzada”, mostrando el desacuerdo sobre esta cuestión dentro del seno del partido.

Esta medida se ha recibido por parte de las prostitutas como un ataque directo hacia sus derechos, en lugar de estar destinada a la persecución de los dueños de los clubes. “Lo malo de la tercería locativa es que nos está negando la vivienda, porque por el hecho de ser prostituta van a denunciar a mi casero, y eso es lo que hay en la práctica. Mi casero pasaría a ser un proxeneta”, dice Iris.

Desde el colectivo explican que esto supone un obstáculo a la hora de ejercer con independencia y por cuenta propia. En ocasiones las mujeres se organizan en cooperativas, de manera que pueden trabajar a lo mejor cinco chicas en una misma casa, pero con esta normativa la compañera que alquile el piso a las demás estaría ejerciendo proxenetismo no coactivo.

Del mismo modo denuncian como la persecución siempre ha ido dirigida hacia ellas y que, cuando se dan redadas en el entorno de los prostíbulos sin permisos de hospedaje, nunca se multa a los propietarios que alojan a las trabajadoras, sino que se llevan a las prostitutas migrantes y al día siguiente siguen trabajando en las mismas condiciones pero ahora con una orden de expulsión.

Por su parte, desde el Ministerio de Igualdad señalan a El Confidencial la importancia de entender la tercería locativa como una ampliación del tipo de proxenetismo, e indican que para su aplicación se deben dar unas condiciones pensadas para los dueños de los puticlubs: que haya lucro, que sea habitual y que se beneficie de la explotación de una persona ajena. «Por eso la pena que se propone va acompañada de la disolución de la persona jurídica, porque lo que sucede muchas veces es que son empresas que al día siguiente cambian el rótulo y continúan», explican insistiendo en que la norma está orientada a «perseguir a la industria proxeneta».

A su vez, indican la disponibilidad «para cualquier reunión o encuentro de trabajo» de la ministra Irene Montero, que ya ha recibido a «mujeres en contextos de prostitución, víctimas de trata y explotación sexual». Sin embargo, desde el Colectivo de Prostitutas de Sevilla señalan cómo la única vez que el Ministerio aceptó reunirse con ellas les tuvo 40 minutos esperando en una videollamada hasta que anunciaron que posponían el encuentro, del que no han vuelto a recibir noticias. Preguntadas por este incidente las fuentes del Ministerio no se han pronunciado.

¿Es posible la integración sociolaboral?

Más allá de las medidas de penalización, el abolicionismo defiende la implantación de un Plan Nacional de inserción socio-laboral (que está a la espera de aprobar la autorización de gasto en el Ministerio de Igualdad) que asegure el acceso a la vivienda y a unos ingresos mínimos porque, como explica Celia López, “si se castiga a los proxenetas y a los puteros y no se dan alternativas para las mujeres, no hay solución. Van a quedarse más invisibilizadas y en condiciones más precarias”.

Por su parte, los colectivos de prostitutas piden alternativas reales para las mujeres que quieren dejar de ejercer, porque hasta ahora los proyectos de integración de las ONG (o como ellas lo llaman: ‘la industria del rescate’), les han decepcionado repetidamente. Marijose explica cómo en ocasiones estas ayudas han llegado a precarizar más a otros colectivos: “No nos ofrecen trabajo. Lo que nos dan son prácticas por 400?€ en empresas en las que lo que hacen es no contratar a las Kellys, porque su trabajo lo hacemos nosotras”.

“Cuando hablamos de alternativas no queremos que nos vengan a imponer cursos de cocina, porque no saben si acaso esa mujer ya estuvo en la cocina, ya estuvo en los cuidados, ya estuvo trabajando en los hoteles partiéndose el lomo y las espaldas en un ámbito laboral que va recortando derechos a la clase trabajadora”, reclama también Iris e insiste en que la raíz del problema y el reparto de trabajos “feminizados” surge de una cuestión de clases: “No les sirve que seamos putas porque necesitan que las mujeres pobres cuidemos de sus hijos, que planchemos sus camisas y limpiemos el culo de sus mayores. Pero no se dan cuenta de que las putas salimos de todos esos trabajos por precarizados y mal pagados”.

Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHDA), se posicionan a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales y su portavoz, Nuria Sepúlveda, indica lo complicado que sería compaginar las ayudas que se proponen desde el abolicionismo con las medidas de penalización: “Estamos viendo en a otros sectores vulnerables de la población que esas ayudas no les llegan, de hecho el propio Ingreso Mínimo Vital está siendo un fracaso en el sentido de que no está llegando a las personas que tiene que llegar”.

El feminismo y la prostitución

Pese a sus grandes diferencias, las dos partes enfrentadas en el debate por la abolición se consideran feministas y defienden sus argumentos en pos de los derechos de las mujeres.

Médicos del Mundo llega a clasificar la prostitución como una forma grave de violencia de género: “Hemos hecho diagnósticos participativos con las afectadas y muchas de ellas tienen antecedentes de violencias sexuales, físicas y psicológicas antes de empezar a ejercer, y vemos esos mismos daños durante el ejercicio. Es muy parecido a lo que sucede en otros casos de violencia de género como puede ser el caso de las mujeres maltratadas por sus parejas”, explica Celia López.

“La abolición en ningún caso castiga o considera culpable a la mujer prostituida”, señala Rebeca Torres, que explica como desde Mujeres por la Abolición ven la prostitución como una consecuencia de la desigualdad estructural por razones del sexo. “Las mujeres se ven abocadas a esta situación por diferentes motivos y no cuestionamos porque llegan a este punto, sino que queremos que tengan otras expectativas y posibilidades para acabar con esa desigualdad”.

Torres también recalca como las “supervivientes” de la prostitución no quieren su regulación y definen los prostíbulos como campos de concentración, al contrario de lo que defiende “el mal llamado sindicato OTRAS — en el que se incluye Afemtras y el Colectivo de Prostitutas de Sevilla — que obviamente tiene detrás el proxenetismo que de alguna manera les financia”.

Ante esta clase de acusaciones, las organizaciones de prostitutas cuentan con el respaldo de la APDHDA. “Nada más lejos de estar financiadas por nadie”, declara Nuria Sepúlveda. “Yo veo más el tema proxenetista en el hecho de querer quitar a las chicas de la calle y meterlas en clubes, porque ahí, lo que hacen es trabajar por cuenta propia pagando un hospedaje y sí que puede existir una mayor explotación laboral y abusos por la falta de regulación”.

Por su parte Iris tiene claro que el feminismo que se defiende desde el abolicionismo es excluyente: “La corriente hegemónica del feminismo nos criminaliza por migrantes, pobres y racializadas. Nuestro feminismo es el pro-derechos”, indica la portavoz de Afemtras. “Lo malo es que estas fariseas que están en las instituciones quieren vender que el feminismo es uno solo, el de ellas. Y quieren legislar sobre las putas sin las putas”.

Al hablar de violencia sexual Marijose cuenta como en 1996 acudió a casa de un cliente y a la salida la violaron cuatro hombres. “Cuando fui a poner la denuncia me dijeron que eran gajes del oficio, pero entonces no estaba el feminismo como ahora”, sin embargo hace tres años cuando una compañera intento denunciar se encontró con la misma respuesta. “Podríamos pensar que ahora las cosas serían diferentes. Pero no, por ser puta no”. Y lamenta que las mismas mujeres que las victimizan no salgan a la calle a protestar cuando a una prostituta la violan en manada.

Despenalización del trabajo sexual en el Estado de Victoria (Australia)

El gobierno de Victoria está despenalizando el trabajo sexual para lograr mejores resultados en materia de salud pública y derechos humanos.

Gobierno de Victoria

13 de octubre de 2021

https://www.vic.gov.au/review-make-recommendations-decriminalisation-sex-work

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Todo trabajador victoriano, sin importar su industria, merece sentirse seguro en su lugar de trabajo.

En Victoria, el trabajo sexual está actualmente regulado bajo un modelo legalizado, lo que significa que el trabajo sexual solo es legal si se lleva a cabo bajo ciertas condiciones establecidas en la Ley de Trabajo Sexual de 1994.

El sistema de licencias está desactualizado y es difícil de navegar para quienes intentan trabajar con él.

Quienes no tienen licencia, o quienes practican el trabajo sexual en la calle, están infringiendo la ley y, por lo tanto, no tienen acceso a derechos y prestaciones básicos.

Actualmente, las trabajadoras sexuales pueden verse desanimadas de participar en sistemas de apoyo como los proveedores de atención médica, el sistema de justicia u otros servicios gubernamentales porque temen ser estigmatizadas o posiblemente recibir sanciones penales.

La despenalización puede garantizar que el trabajo sexual sea un trabajo seguro y como cualquier otro trabajo. También maximizará la seguridad, la salud y los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, al tiempo que reducirá el estigma y el miedo a las repercusiones delictivas.

Por qué estamos despenalizando

El gobierno de Victoria está tratando de despenalizar el trabajo sexual para garantizar que todas las trabajadoras de la industria tengan los mismos derechos y acceso a los derechos y protecciones bajo la ley, como lo harían en cualquier otro trabajo.

¿Qué cambiará con la despenalización?

· La despenalización legalizará el trabajo sexual en la mayoría de los lugares de Victoria. Será regulado como cualquier otra industria por agencias como WorkSafe y el Departamento de Salud, asegurando que todas las trabajadoras de la industria tengan derecho al mismo tratamiento y protecciones según la ley, con derecho a denunciar la discriminación y los lugares de trabajo o prácticas inseguros.
· Los delitos penales ya no se aplicarán al trabajo sexual en la calle en la mayoría de los lugares
· Se creará un nuevo marco de salud pública para ayudar a mejorar el acceso a la atención médica y establecer normas sobre sexo seguro y estrategias de reducción de daños.
· Se establecerán disposiciones contra la discriminación para las trabajadoras sexuales dentro de la Ley de Igualdad de Oportunidades.
· Se implementarán controles de planificación y zonificación para reducir el daño a las trabajadoras sexuales y cumplir con las expectativas de la comunidad.
· Se revisarán los controles y restricciones sobre la publicidad de los servicios de trabajo sexual.

Los beneficios de la despenalización

Las trabajadoras sexuales han vivido una experiencia que demuestra que el sistema actual las pone en riesgo de sufrir daños y no es adecuado para su propósito. Se necesita un cambio.

· Las trabajadoras sexuales tendrán más capacidad para elegir dónde prestar sus servicios y sus requisitos de salud sexual.
· Regular el trabajo sexual como cualquier otra industria ayudará a combatir el estigma y la discriminación.
· Aquellas que actualmente trabajan en el sector sin licencia tendrán un mejor acceso a los servicios de salud y legales sin temor a autoinculparse.
· El aumento de la transparencia ayudará a desalentar la infiltración delictiva en el sector.
· Se seguirán aplicando los delitos relacionados con la trata sexual, los niños, la coacción y otras actividades delictivas.

Lo que no hará la despenalización

La despenalización no significa que se desregulará el trabajo sexual. Estará sujeto a las leyes comerciales estándar. Seguirá habiendo límites sobre los lugares donde se puede realizar el trabajo sexual en la calle, como cerca de lugares de culto, escuelas, servicios de atención o centros de servicios para niños cuando hay niños presentes.

La trata sexual seguirá siendo un delito grave. De hecho, esperamos que mejore la transparencia en la denuncia de delitos, ya que las trabajadoras sexuales no temerán denunciar delitos.

¿Qué ha informado este cambio?

En noviembre de 2019, el gobierno de Victoria le pidió a la diputada Fiona Patten que dirigiera una revisión para hacer recomendaciones al Ministro de Asuntos del Consumidor de Victoria sobre la despenalización del trabajo sexual en Victoria.

Después de considerar cuidadosamente la revisión, el gobierno decidió despenalizar el trabajo sexual en Victoria.

La revisión consultó con una variedad de partes interesadas para conocer sus puntos de vista. Esto incluyó: trabajadoras sexuales, organizaciones de pares de trabajadoras sexuales, proveedores de servicios de apoyo legal, de salud y educación, operadores comerciales y organizaciones industriales, y agencias de seguridad en el lugar de trabajo, agencias del gobierno local y federal, agencias de aplicación de la ley y otras organizaciones comunitarias y expertas.

Al hacer sus recomendaciones, se le pidió a la Sra. Patten que considerara:

· Todas las formas de trabajo sexual, incluido el trabajo sexual en burdeles comerciales y agencias de escorts, los servicios sexuales proporcionados en salones de masajes y negocios similares, el trabajo sexual por parte de pequeños negocios operados por propietarios y el trabajo sexual en la calle.
· Seguridad en el lugar de trabajo, incluidos los problemas de salud y seguridad y el estigma y la discriminación contra las trabajadoras sexuales.
· Requisitos reglamentarios para los operadores de empresas comerciales de trabajo sexual.
· Poderes de ejecución necesarios para abordar la actividad delictiva en la industria del trabajo sexual, incluida la coerción, la explotación, la servidumbre por deudas y la esclavitud.
· Servicios locales y ubicación de locales que brinden servicios sexuales y trabajo sexual en la calle.
· Promoción de la salud pública y regulación adecuada de la publicidad del trabajo sexual.
· La seguridad y el bienestar de las trabajadoras sexuales, incluida la experiencia de violencia que surge en el curso del trabajo sexual y como consecuencia de ella, y la defensa de la seguridad y el bienestar de las trabajadoras.

La revisión también analizó la despenalización del trabajo sexual en otras jurisdicciones, incluida Nueva Zelanda y otros estados y territorios australianos.

Próximos pasos

Consulta pública

El período de consultas ha finalizado. El gobierno llevará a cabo más consultas sobre la implementación de la despenalización del trabajo sexual, incluida la planificación y la salud pública. Puede mantenerse actualizado en el sitio web de Engage Victoria.

Implementar la despenalización

Teniendo en cuenta lo recibido en la consulta pública, se propone que la despenalización ocurra en dos etapas para dar tiempo a la transición.

Una vez que la legislación se apruebe en el Parlamento de Victoria, es probable que la primera etapa comience en 2022 y consistirá en lo siguiente:

· Eliminar los delitos y las sanciones penales para las personas que participan en el acto de trabajo sexual consensuado en la mayoría de las circunstancias
· Revisar y modificar los controles publicitarios
· Derogar el registro de operadores de pequeños propietarios exentos
· Introducir protecciones contra la discriminación para las trabajadoras sexuales.

Se espera que la segunda etapa comience en diciembre de 2023 e incluirá el resto de las reformas y derogará el sistema de licencias de trabajo sexual.

Los cambios permitirán que la regulación de la industria se gestione a través de agencias existentes, como WorkSafe, el Departamento de Salud y los gobiernos locales.

Legislación

El proyecto de ley de despenalización del trabajo sexual de 2021 se encuentra actualmente en el Parlamento de Victoria. Se proporcionará más información sobre la implementación del proyecto de ley después de su aprobación por el Parlamento.

Revisado el 13 de octubre de 2021

Mitos corrientes acerca de la despenalización del trabajo sexual

Mito: El trabajo sexual es degradante. La gente está vendiendo sus cuerpos

Realidad: El trabajo sexual no es la venta del cuerpo de una persona. Es la venta de los servicios prestados.

Mito: Despenalizar el trabajo sexual conducirá a que más personas se conviertan en trabajadoras sexuales y a que más personas busquen trabajo sexual

Realidad: La evidencia de los diversos Estados y en el extranjero muestra que la despenalización no ha llevado a un aumento en el número de trabajadoras sexuales o de personas que buscan servicios de trabajo sexual.

El trabajo sexual en la calle sigue disminuyendo en Victoria y solo representa aproximadamente el uno por ciento de las trabajadoras sexuales.

Mito: La despenalización reducirá la protección de las trabajadoras sexuales

Realidad: Las investigaciones muestran que las tasas de violencia sexual y física contra las trabajadoras sexuales son más bajas en jurisdicciones donde el trabajo sexual no está penalizado.

Mito: El trabajo sexual conduce a la trata sexual

Realidad: El trabajo sexual no es trata sexual. El trabajo sexual es voluntario y consensuado, y una elección legítima de trabajo. La trata sexual es un asunto criminal grave, basado en la coacción y la violencia.

Mito: La despenalización del trabajo sexual protegerá a las personas que se benefician de la explotación de las trabajadoras sexuales

Realidad: La coerción u obligar a una persona a participar o permanecer en el trabajo sexual es un delito en Victoria y seguirá siéndolo.

Mito: Despenalizar el trabajo sexual en la calle significa que las personas serán acosadas en la calle para ofrecerles servicios

Realidad: No hay evidencia de que la despenalización esté asociada con un mayor acoso de mujeres u otras personas en la calle para ofrecer servicios sexuales. La despenalización y desestigmatización eliminarán barreras a las víctimas que buscan apoyo para el acoso en la calle.

Mito: La despenalización conducirá a más enfermedades de transmisión sexual en la comunidad

Realidad: Despenalizar el trabajo sexual significa que las trabajadores sexuales tendrán un mayor acceso al sistema de salud pública sin temor a ser procesadas o estigmatizadas. Es probable que esto conduzca a una disminución de los niveles de enfermedades de transmisión sexual.

Las trabajadoras sexuales conocen el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Las investigaciones muestran que el trabajo sexual en Australia tiene uno de los niveles más bajos de transmisión de enfermedades del mundo y que el VIH está prácticamente eliminado entre las trabajadoras sexuales australianas.

Mito: Los niños ahora serán más explotados en la industria del trabajo sexual

Realidad: El sexo con personas menores de edad de cualquier tipo es un delito, independientemente de si la persona menor de edad (o cualquier otra persona) recibe un pago o una recompensa.

Mito: Las trabajadoras sexuales merodean por las escuelas y los patios de recreo, exponiendo a los niños a cosas que no deberían ver

Realidad: Las trabajadoras sexuales y los clientes no podrán merodear cerca o dentro de los lugares de culto, escuelas y otros servicios para niños cuando los niños estén presentes.

La evidencia muestra que el trabajo sexual en la calle solo representa aproximadamente el uno por ciento de las trabajadoras sexuales, y la mayoría de las trabajadoras sexuales ahora optan en cambio por aprovechar la tecnología digital.

Mito: Un mejor sistema sería penalizar a los clientes del trabajo sexual, pero no a las propias trabajadoras sexuales

Realidad: Los modelos de despenalización que penalizan a los clientes pero no a las trabajadoras pueden hacer que el trabajo sexual sea más peligroso.

La evidencia muestra que las trabajadoras sexuales que dependen financieramente de clientes que están preocupados por no ser detenidos se ven obligadas a aceptar a clientes que se niegan a dar sus nombres legales o insisten en acudir a lugares remotos.

Esto significa que las trabajadoras sexuales no pueden practicar estrategias de reducción de daños para su seguridad.

Un Estado pastoral

En toda sociedad libre ha de abrirse un hiato entre lo injusto y lo inmoral, ese espacio entre conciencia y ley que se confía a la educación

Por JUAN CLAUDIO DE RAMÓN

1 de noviembre de 2021

https://www.elmundo.es/opinion/2021/11/01/617e8217fc6c83ec698b459e.html

Nada sobre Nosotras ¡Sin Nosotras!

Ana Barbudo

Noviembre de 2021

https://www.goteo.org/project/nada-sobre-nosotras-sin-nosotras

https://vimeo.com/618857114

SOBRE ESTE PROYECTO
Trabajadoras Sexuales, políticas y pensadoras se reúnen en este documental para hablar de Derechos Humanos y Trabajo Sexual.

INFORMACIÓN GENERAL
Trabajadoras sexuales de todo el mundo se reúnen para decir a la sociedad: ¡Basta ya de estigma!

Los debates sobre la capacidad de agencia política de las mujeres siguen presentes en el feminismo. En los años 30, Victoria Kent y Clara Campoamor se enfrentaban con posturas opuestas sobre el sufragio femenino. En la actualidad, el debate en España sobre la prostitución ha alcanzado cotas de censura en actos donde participaban trabajadoras sexuales. Este documental congrega un amplio elenco de trabajadoras y trabajadores sexuales, políticas y activistas internacionales que abogan por un cambio en el debate sobre los derechos humanos en torno al trabajo sexual, desde la diferencia y planteando numerosas dudas, para comenzar a construir algo nuevo que jamás podrá ocurrir sin el consenso de todas.

En 2019 el documental recibe una residencia artística de Cineteca Madrid y una subvención del Ayuntamiento de Madrid. Ha sido después del inésperado 2020 cuando hemos realizado el primer rodaje, en junio de 2021, entre Madrid y Barcelona, además de los rodajes online con Nueva Zelanda, Argentina y Nueva York. Otras de las protagonistas confirmadas proceden de Kenia, Tailandia o Francia con quienes grabaremos en el segundo rodaje que estamos preparando para seguir recogiendo el archivo de una comunidad internacional desde un punto de vista pro-derechos y despenalizador.

A las puertas de ser aprobada en España se encuentra la Ley de Libertad Sexual, que recupera de 1995 la “tercería locativa”, la cual penaliza hasta con hasta 3 años de cárcel para “quien con ánimo de lucro, y de manera habitual, destine un inmueble a favorecer la explotación de la prostitución de otra persona aún con su consentimiento”. Esta medida, entre otras consecuencias, puede llegar a impedir que una persona que se dedica al trabajo sexual pueda obtener una vivienda, lo cual es un derecho fundamental. En Argentina, donde se aplica una ley similar, existe el caso de una mujer que se dedicaba a ofrecer servicios de taxi y la cual está en la cárcel por trasladar a prostitutas que habían solicitado sus servicios. Nada sobre Nosotras recoge a una comunidad global e histórica para acercar al público a la problemática de la prostitución de forma horizontal.

(…) un Estado omnipotente que nos infantiliza, que interviene en nuestras decisiones, por nuestro propio bien, que -con la excusa de protegernos mejor-, nos mantiene en la infancia, en la ignorancia y en el miedo al castigo y a la exclusión.

Teoría King Kong. Virginie Despentes. Barcelona. Melusina, 2007, p. 26.


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Descripción del proyecto. Características, fortalezas y diferenciales.
Con esta campaña de mecenazgo colectivo queremos cubrir los gastos de continuar el rodaje para que este documental crezca en las mejores condiciones posibles y con la dotación necesaria para llevar a cabo un seguimiento sensible y mágico, a modo de ofrenda, por el honor y la sabiduría de las hermanas y hermanos que se dedican al trabajo sexual; por el tiempo que está por venir cuando su voz sea escuchada a la par que la de todos, en todas partes.

Con la recaudación mínima cubrimos gastos de la segunda fase de rodaje, postproducción de imagen, VFX, edición y mezclas de sonido, derechos de autor, asesorías y mantenimiento del equipo humano.

Con la recacaudación óptima nos permite acometer los objetivos anteriores y, además, realizar la tercera fase de rodaje, lo cual incorpora mejoras en la narrativa y en las posibilidades del documental para su difusión; organizar eventos con la intención de sumarnos al fortalecimiento de las alianzas globales por los derechos de las personas que se dedican al trabajo sexual; y desarrollar una campaña de comunicación para el documental y sus eventos paralelos.

Con tu ayuda queremos hacer crecer este documental a todos los niveles. ¡Gracias de antemano por tu ayuda y confianza!

Lo que estás viendo ahora es una carta de intenciones firmes que darán lugar a una profunda mejora en aspectos narrativos y estéticos.

Motivación y a quién va dirigido el proyecto
Nada sobre Nosotras quiere aprovechar esta oportunidad también para tejer redes, para ubicarnos a quienes estamos poniendo energía en perspectivas similares, para co-crear. Dada además la temática que abordamos en este documental, encontramos relevante contar con el apoyo de la ciudadanía, con personas afines a la metodología y que sientan necesaria la propuesta.

Creemos en que el cambio en las narrativas y en nuestro modo de abordar la vida produce efectos transformadores en las personas. Aportamos por espacios de diálogo que nos acerquen, conscientes de nuestras diferencias, y que nos hagan más conscientes de nuestros límites, respetando así lo de las demás personas y dotándonos de un mayor poder de acción y de decisión conectado con nuestro valores.

Nuestra motivación:

Establecer claridad entre lo que es trata de seres con fines de explotación sexual versus prostitución y trabajo sexual.

Proponer una mirada metodológica sobre el análisis de las leyes vigentes (la Ley mordaza, la nueva Ley de libertad sexual y algunas ordenanzas) para obtener información objetiva sobre cómo están afectando a las personas que se dedican al trabajo sexual, ya que se están dando una serie de contradicciones; entre ellas, la sanción económica a víctimas de trata y una mayor violencia y desamparo antes situaciones de estorsión, violaciones y robos, como revelan los informes del Grupo Antígona y la GAATW (Global Alliance Against Traffic in Women).

Centrar el debate de la prostitución y el trabajo sexual en una cuestión de derechos humanos, como se ha hecho con la violencia de género, para que se atienda esta problemática no desde un modelo sancionador administrativo, ni desde un marco de seguridad y criminalidad con reminiscencias de la ley de vagos y maleantes y a la ley sobre peligrosidad y rehabilitación social; sino desde una perspectiva de derechos humanos.

Poner nuestro grano de arena hacia la transformación social. El estigma que sufren millones de personas en el mundo debido a cuestiones relacionadas con la sexualidad sigue generando muertes y, además de ello, exclusión en vida, negación del reconocimiento de experiencias vitales distintas a la nuestra y un alejamiento de la posibilidad de entender el mundo y al ser humano desde prismas más profundos, basados, principalmente, en la responsabilidad personal de lo que creamos como sociedad.

Generar marcos de respeto en los procesos vitales de las personas, en sus estrategias para obtener recursos y evitar así más juicios sobre vidas que cargan ya con el peso de la exclusión.

Experiencia previa y equipo
Nada sobre Nosotras es un documental con una temática enraizada en cuestiones de género e igualdad. Desde el primer momento se ha buscado que el proyecto tenga un equilibrio entre mujeres y hombres, y, más allá de eso, en cuestiones de orientación sexual y diversidad de género.

EL EQUIPO ARTÍSTICO

El equipo artístico con el que hemos grabado actualmente está formado por un amplio grupo de mujeres. ¡Y tenemos más partipantes confirmadas, mujeres y hombres, que iremos rebelando a su debido tiempo y con vuestra confianza en el trabajo de este documental!

Personajes Protagonistas
Marijose Barrera. Puta feminista. Colectivo de Prostitutas de Sevilla.
Carolina. Trabajadora sexual. Colectivo Putas en Lucha.
Lucía Fernández. Trabajadora sexual.
Kali Sudhra. Trabajadora sexual y activista. Sindicato OTRAS.
Laura Lux. Trabajadora sexual. Escort independiente.
Kenia García. Trabadora sexual. RegularizaciónYA.
María Riot. Trabajadora sexual. Sindicato AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina).
Dama Catherine Healy (DNZM). Coordinadora Nacional de la NZPC / Aotearoa. Colectivo de Trabajadoras Sexuales de Nueva Zelanda.
Sabrina Sánchez. Trabajadora Sexual. Secretaria del Sindicato OTRAS.
Georgina Orellano. Trabajadora Sexual. Secretaría General de AMMAR.

Personajes Secundarios
Silvia Federici. Pensadora, escritora y activista.
Encarna Bodelón. Profesora de Filosofía del Derecho. Directora del Grupo Antígona. UAB.
Cristina Garaizábal. Co-fundadora del Colectivo Hetaira, psicóloga y activista.
Loreto Arenillas. Portavoz Feminismos Más Madrid.
Laura Pérez. Tenienta de Alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona. Área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIQ+.
Clara Serra. Filósofa, autora feminista e investigadora.

EL EQUIPO TÉCNICO

El equipo técnico con el que cuenta este documental tiene una amplia experiencia en el cine y está formado por una media de edad joven que ha participado en películas premiadas en los Goya y en producciones internacionales.
DIRECCIÓN: Ana Barbudo
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA: Manu del Moral
OPERADOR DE CÁMARA: Víctor Benavides
JEFA DE SONIDO: Raquel Forcén
FOTO FIJA: Niete
AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Elena Tara
DIRECCIÓN DE ARTE: Oriol Serra
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN: Jesús Moreno
JEFE DE PRODUCCIÓN: Dani Ávila
AYUDANTE DE PRODUCCIÓN: Jordan Ojeda
POSTPRODUCCIÓN DE SONIDO: Inés Almirón
MONTAJE: Ángela Gadea
COLOR: Clara Rus
GUIÓN: Ana Barbudo
PRODUCTORA: Non Sine Nobis

Agracedemos a Pool Reverse la cesión de su tema musical Dubmad para la realización del teaser. ¡Pincha en el enlace para descrubrir más música de Pool Reverse!

COMPROMISO SOCIAL

Reforzar valores democráticos
En 2019 se suspendieron unas jornadas en la Universidad de A Coruña para evitar la participación de un grupo de trabajadoras sexual. De allí surgió el movimiento Universidades Sin Censura. Son numerosos los ejemplos en los que el debate de la prostitución está anquilosado en posturas ideológicas que contradicen los principios básicos de la democracia y que empeoran las condiciones de las mujeres. Con Nada sobre Nosotras queremos promover valores como la justicia, fomentar el diálogo, la diversidad y el apoyo mutuo. Consideramos que la igualdad de género y la reducción de la desigualdad tienen una base sólida en el acceso a los Derechos Humanos y a la educación.

«En Cuba conocí a trabajadoras sexuales psicólogas, médicas»… ninguna puede defender sus derechos

‘Hay una negación en Cuba de las trabajadoras sexuales y eso lo único que hace es perjudicarlas mucho más’: La secretaria ejecutiva de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe, Elena Reynaga, conversa con DIARIO DE CUBA.

Madrid 9 de noviembre de 2021

https://diariodecuba.com/cuba/1636457316_32423.html

Elena Reynaga, secretaria ejecutiva de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex)

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«No soy puta, no soy prostituta, no soy trapo ni jinetara. No soy cuero, no soy meretriz ni ramera. (…) Soy una mujer trabajadora. Soy trabajadora sexual», así comenzaba la intervención de Elena Reynaga, secretaria ejecutiva de la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) en el Foro de Enfermedades de Transmisión Sexual y VIH en 2003. El evento se realizó en La Habana con la presencia del fallecido Fidel Castro, quien en 1968 había dado por erradicada la prostitución en Cuba.

Elena Reynaga nació en Argentina en 1953 y se inició en el trabajo sexual antes de cumplir 20 años, durante el Gobierno peronista.

«Trabajé desde los diez años en diferentes cosas: fui mucama, niñera, trabajé en fábricas (…). Luego me casé muy jovencita, tuve mis dos hijos y empecé a trabajar de cocinera. Un buen día me cansé de ganar dos pesos con 50 y trabajar diez o 12 horas por día, y de sentirme nada (…). Empecé a trabajar de bailarina en un cabaret y después decidí trabajar en la calle, porque en el cabaret me explotaban, se quedaban con parte de mi ganancia y, sin embargo, en la calle, trabajando autónomamente, lo que gano es mío», cuenta Elena Reynaga a DIARIO DE CUBA.

Eran los momentos de la dictadura militar en Argentina y Elena Reynaga pasaba un promedio de ocho meses al año detenida, por el mero hecho de pararse en una esquina. Por eso decidió irse a trabajar a España. Regresó a su país en 1991.

«En el 92 decidí no ir más a España porque me costaba mucho trabajar con condón. Yo era la chica del condón y me había bajado mucho el trabajo. Argentina se estaba poniendo de pie en términos económicos. Pero siempre teníamos la represión policial encima».

Mientras estaba en un calabozo, con un par de compañeras, decidió que algo tenían que hacer. «Porque las mismas personas que nos habilitaban para trabajar, a cambio de dinero, que eran de la fuerza de seguridad, eran las que nos llevaban a patadas a los patrulleros».

Así empezaron a organizarse, en 1994, para que dejaran de llevarlas presas, y nació la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR). En 1997, Reynaga fue miembro fundadora de la Red TraSex, que incluye a trabajadoras sexuales de 14 países.

Cuba no forma parte de la Red. Las trabajadoras sexuales cubanas no están organizadas para defender sus derechos.

«Hay una negación hasta el día de hoy en Cuba de las trabajadoras sexuales. El negar lo único que hace es perjudicar mucho más a las trabajadoras sexuales. Yo he hablado con mucha gente allí y dicen ‘acá no está permitido, no está concebido en la cultura de los cubanos y más que nada de los gobernantes, porque Cuba es una excelencia en Educación’. Yo conocí a trabajadores sexuales psicólogas, médicas», recuerda Reynaga.

«Cuba es muy machista», afirma la argentina, para quien «una cosa es la Revolución y otra cosa es el machismo».

«Está en su pleno auge el machismo en Cuba. Entonces, a mí me dijeron ‘está bien que en Latinoamérica estén organizadas, porque son pobres, porque no están educadas, porque tienen necesidades’. Pero las cubanas también tienen necesidades de vivir en otras condiciones, de trabajar con libertad, de que nadie se les quede con el dinero».

«Yo se lo dije a un compañero de la central obrera ahí en Cuba. Pero bueno, hasta que no haya compañeras que se echen la lucha encima, no puede ir una argentina a decirles lo que tienen que hacer, ni a las cubanas ni al Gobierno cubano. Nunca voy a hablar mal de Cuba. El gran problema que tiene es el bloqueo», opina Reynaga.

Sin embargo, los problemas de las trabajadoras sexuales cubanas no difieren mucho de los de sus iguales en América Latina. En tiempos de Covid-19, sus dificultades han aumentado.

«Durante la pandemia, todas nos hemos visto entre la espada y la pared porque aumentó la persecución policial contra nosotras. Mientras se permitía abrir playas, bares y restaurantes, a nosotras nos impedían siquiera salir a la calle», contaba en febrero a DIARIO DE CUBA Sandra, trabajadora sexual y madre soltera de dos hijas.

En la pandemia, la Red TraSex pudo proporcionar ayuda a muchas trabajadoras sexuales de los países que integran la Red.

«Todo el dinero que nosotras solemos gastar para hacer incidencia política a nivel regional y mundial, viajar, hacer talleres presenciales en algunos países, monitorear, en fin, todo lo que hace la Red, se dividió a partes iguales y se envió a las instituciones de los 14 países que forman parte de la Red», explica Reynaga.

«Las compañeras hicieron dos cosas: lo primero comprar mercadería, víveres y todo eso para dar a las que podemos. No le podemos dar a todas porque hay miles de trabajadoras sexuales en cada uno de los países y económicamente era imposible. Y luego, contratar a un comunicador para que enseñara a las compañeras a usar las redes sociales».

«¿Para qué? Pues primero para visibilizar al mundo entero que no había ningún Gobierno en América Latina y el Caribe que tuviera alguna política pública que beneficiara a las compañeras y cuánto daño estaba haciendo y hace la clandestinidad en la vida de las trabajadoras sexuales, cuando el trabajo sexual no es reconocido».

«Las compañeras usaron las redes para hacer campañas en sus países para seguir recolectando hasta el día de hoy mercadería de organizaciones, de diputadas, diputados, gente que (…) sabe la lucha que llevamos».

«Y después lo que seguimos haciendo es capacitar intensamente a las líderes. Lo que hacíamos antes de manera presencial hoy lo hacemos virtualmente». También «continuamos participando activamente en la OEA (Organización de Estados Americanos), la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y en los distintos espacios en los que hacemos incidencia política, con algunas dificultades, por supuesto».

«Antes, me encontraba con mi canciller o los cancilleres en la OEA en los pasillos, y entonces podés ahí hablar con ellos, incidir. Ahora, de manera virtual, no fue posible eso. Ahí creo que retrocedimos, no solamente las trabajadoras sexuales, sino todos los movimientos sociales, porque no tuvimos la oportunidad de hablar más de frente con los gobiernos».

Las dificultades de las trabajadoras sexuales no acabarán con el final de la pandemia. Seguirán obligadas a trabajar en la clandestinidad y perseguidas por la Policía.

«Nosotras lo que hacemos es vender un servicio sexual. Somos mujeres y hombres mayores de edad que estamos haciendo esta profesión por consentimiento propio. La ilegalidad nos sume en una profunda desigualdad, en una profunda injusticia. Gracias al no reconocimiento del trabajo sexual —hablo por lo que conozco en América Latina—, los patrulleros violan a mis compañeras, la Policía les saca el dinero. Nosotras pagamos ‘impuestos’, que es lo que le pagamos a la Policía, pero ese impuesto jamás se va a traducir en una política pública».

«Nosotras decimos sí al reconocimiento del trabajo sexual como trabajo; queremos pagar impuestos, pero que realmente se traduzcan en políticas públicas para nosotras».

Elena Reynaga no se considera una víctima ni se siente culpable. «No voy a decir que hice esto por necesidad, porque era pobre, porque yo hipócrita no soy. Yo soy trabajadora sexual porque entre ir a trabajar como cocinera o lavar platos y hacer esto, decidí ser trabajadora sexual porque me redituaba alquilar una casa, vivir sola con mis hijos, tener lo que aspira a tener cualquier trabajador o trabajadora de este país».

En 2009, la legislatura de Buenos Aires reconoció a Reynaga como Personalidad Destacada en la Lucha por los Derechos de las Mujeres. En 2014, el Senado argentino reconoció su liderazgo en la lucha contra la discriminación y el estigma. En 2016, fue elegida para integrar el Consejo Asesor de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

DECÁLOGO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS

Guía ilustrada del Excmo. Ayuntamiento de Marbella

2 de noviembre de 2021

https://www.marbella.es/web/juventud/mrb-street-art-project/item/41656-violencias-machistas-y-derechos-de-las-mujeres-que-ejercen-la-prostitucion.html.

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Todos los derechos de todas las mujeres deben estar protegidos. Además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos tenemos otras normas internacionales, como el Convenio de Estambul, ratificado por España en el año 2014, que obliga al estado español a proteger los derechos de TODAS las mujeres frente a las violencias machistas, incluyendo también las que sufren las mujeres que ejercen la prostitución.

Porque tenemos derecho a:

1.- Solicitar una indemnización por parte de los autores de los delitos cuando hemos sido víctimas de violencia institucional: los estados no pueden cometer actos de violencia contra las mujeres y se asegurarán de que las autoridades, el personal funcionario, agentes y las instituciones estatales, así como los demás actores que actúan en nombre del estado se comporten de acuerdo con esta obligación.

2.- No sufrir discriminación alguna basada en particular en el sexo, el género, la raza, el color, la lengua, la religión, las opiniones políticas o cualquier otra opinión, el origen nacional o social, la pertenencia a una minoría nacional, la fortuna, el nacimiento, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, el estado de salud, la discapacidad, el estado civil, el estatuto migrante o de refugiado, o cualquier otra situación.

3.- Denunciar si se sufre violencia de género aunque no se cuente con la documentación administrativa en regla y sin que las fuerzas de seguridad nos puedan abrir un expediente de expulsión además de solicitar una autorización de trabajo y residencia mientras dure el proceso judicial, pero siempre en contacto con personas especialistas en la materia.

En la comunidad andaluza tenemos derecho:

4.- A una protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales y ayudas públicas, con independencia de la vecindad civil, nacionalidad o situación administrativa y personal.

5.- Al acceso, en condiciones de igualdad, a los recursos asistenciales existentes y mecanismos de protección de la Ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, aprobada en el Parlamento de Andalucía, siempre y cuando la identidad de género sea la de mujer y sea víctima de la violencia machista.

6.- A ser empadronadas por los ayuntamientos, independientemente de nuestra situación administrativa, para poder acceder a prestaciones sociales, solicitar la tarjeta de asistencia sanitaria y para acreditar el tiempo que llevamos viviendo en el estado español a la hora de regularizar nuestra situación administrativa.

7.- Al servicio de salud como vecinas en cualquier municipio andaluz a través de la tarjeta sanitaria, ya seamos españolas o extranjeras e independientemente de nuestra situación administrativa regular o irregular.

9.- A la Interrupción voluntaria del embarazo, que en Andalucía es financiada por el sistema sanitario a todas las mujeres que lo soliciten dentro de los plazos legalmente establecidos y tengan derecho a la asistencia sanitaria pública.

10.- A la formación profesional para el empleo y nuestra incorporación al trabajo por cuenta propia o ajena y al acceso a las nuevas tecnologías, especialmente de aquellas mujeres a las que atraviesan varias causas de discriminación, o de mayor edad, así como de las mujeres que especialmente están sufriendo situaciones de mayor exclusión.

VIOLENCIAS MACHISTAS Y DERECHOS DE LAS MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN

Guía ilustrada del Excmo. Ayuntamiento de Marbella

2 de noviembre de 2021

https://www.marbella.es/web/juventud/mrb-street-art-project/item/41656-violencias-machistas-y-derechos-de-las-mujeres-que-ejercen-la-prostitucion.html

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En esta guía podrás encontrar, en primer lugar, información sobre los derechos humanos que todas las personas tenemos por el hecho de serlo. En segundo lugar se abordan, partiendo de algunas normas europeas y españolas, las violencias machistas, el delito de trata y la violencia de género.

Como verás, todas las mujeres tenemos el derecho de denunciar estos delitos si los hemos sufrido o los estamos sufriendo. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que si aún no tienes en regla la documentación administrativa para poder residir en el territorio español debes contactar con personas abogadas especialistas que te puedan acompañar en el proceso y explicar sus consecuencias, que pueden llegar a ser la expulsión. Aunque en esta guía, especialmente en la parte de extranjería, intentamos explicarte en qué situaciones puedes conseguir un permiso de trabajo y residencia por circunstancias excepcionales, recuerda que este texto es sólo para tu información más básica. Si en algún momento decidieras denunciar alguna violencia recibida, deberías contactar antes con las personas abogadas y especialistas a cuyos servicios gratuitos puedes acceder en el listado de recursos que te ofrecemos al final de la guía. Igualmente, también encontrarás información sobre todos los derechos de las personas que residan, con o sin documentación, en Andalucía. Especialmente sobre cómo acceder a la tarjeta sanitaria.

Nunca dudes que tú también eres una ciudadana merecedora de reconocimiento, respeto, oportunidades, alternativas y derechos. Vuestra actividad y vuestras estrategias de supervivencia no os definen sino el hecho de ser personas, y aunque muchas veces os pueda paralizar el estigma que os atraviesa que se traduce en el miedo o la duda ante cualquier tipo de violencia, nadie mejor que tú para exigirlos como protagonista de tu propia vivencia y resistencia. La información es poder, es una herramienta de conocimiento que os ayudará a reafirmaros y fortaleceros para poder identificar, denunciar y hacer frente a cualquier tipo de injusticias, abusos o agresiones frente a las violencias machistas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS (1)
Guía Ilustrada
DOCUMENTO PDF: 1.61 MBytes / 02-11-2021

https://www.marbella.es/web/juventud/mrb-street-art-project/item/download/679_24b47a30c73d947ca3ab45a2a8dee7f6.html

La regulación sexual de un gobierno “feminista”

Moral victoriana, exceso punitivo y fortalecimiento del proyecto neoliberal

Por Laura Macaya

11 de febrero de 2021

https://ctxt.es/es/20210201/Firmas/35024/feminismo-ley-igualdad-agresion-sexual-punitivismo-laura-macaya.htm

El feminismo se encuentra actualmente en una peligrosa coyuntura que puede derivar en la desaparición del mismo como fuerza política liberadora. Varios elementos están contribuyendo a ello, pero quizás uno de los más destacables es su tendencia al punitivismo y a la defensa de los intereses de las clases más privilegiadas y conservadoras. Esto ocurre ante la mirada desorientada y atemorizada, no solo de parte del feminismo, sino también de otros movimientos políticos emancipatorios. Debido, en parte, a la imposición de una “cierta lógica inquisitorial” (Nuria Alabao y Emmanuel Rodríguez) se amedrenta a quienes podrían articular un necesario disenso mediante la amenaza victimista de ser acusados de complicidad con el sexismo o de no pertenecer a la categoría identitaria adecuada.

Tal es el caso de la dificultad para impugnar de forma contundente el actual anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual –en trámites antes de ser discutido en el Congreso–, una medida que, amparándose en demandas feministas, sigue la senda neoliberal del incremento punitivo.

Esto no significa que no hayan aparecido voces críticas. Juristas feministas como Laia Serra, Patsili Toledo o Maria Luisa Maqueda han puesto el acento en los problemas que presenta el anteproyecto. Sobre todo, se han centrado en el aspecto de la desautorización de las voces de las trabajadoras del sexo ya que tipifica como delito el proxenetismo no coactivo y la tercería locativa –el alquiler de espacios para el ejercicio de la prostitución–, lo que acabará dificultando, todavía más, el desarrollo seguro de la actividad, en lugar de intervenir para fortalecer unos derechos laborales inexistentes.

Ahora bien, no es de extrañar que las personas que están siendo capaces de articular un discurso crítico sean mayoritariamente profesionales del derecho puesto que una de las características de los actuales modelos punitivos es que cualquier problema social queda remitido a los marcos de la gestión estatal del conflicto. Esto sirve como elemento disuasorio añadido que desautoriza implícitamente las críticas que provengan desde contextos no jurídicos, como pueden ser los de los movimientos y organizaciones políticas de base. La ley penal dispone de una potente capacidad performativa, es decir, construye las formas en las que entendemos la realidad social. A su vez, este procedimiento se oculta y hace parecer inevitables decisiones políticas basadas en la preservación de la estructura social como, por ejemplo, la remisión de cualquier problemática social a la resolución penal. Esto limita el campo de discusión a los marcos de lo posible, es decir, a los marcos de la política criminal y el derecho estatal, que además se autolegitiman mediante discursos que, con frecuencia, resultan complejos y excesivamente técnicos para la mayoría de la población.

Por ello es imprescindible sumar voces críticas que, desde las organizaciones políticas de base, analicen los problemas originados por las medidas legislativas que, como ocurre con este anteproyecto de ley, refuerzan el punitivismo y el puritanismo sexual poniendo en riesgo la supervivencia de muchas mujeres y colectivos “vulnerabilizados” y disciplinando a toda la población según los valores morales de las clases dominantes.

Estado punitivo, sujetos frágiles

Uno de los elementos más característicos del anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual ha sido un supuesto cambio de paradigma, según el cual, los delitos sexuales deben fundarse en la falta de consentimiento y no en el medio empleado para doblegarlo. En este sentido, el nuevo articulado establece que “todo acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento” será considerado agresión sexual, eliminando la distinción actual entre abuso y agresión.

A pesar de lo limitado del término, el consentimiento es el elemento indispensable para establecer acuerdos sociales y políticos en la definición de lo que es considerado una agresión sexual o un acto sexual en el que se vulnera la voluntad de otra persona. Ahora bien, una cosa es establecer el consentimiento como elemento cuya falta define un ataque sexual y otra muy distinta es decidir que la vía penal es la más adecuada cuando se producen actos sexuales no consentidos, sean estos de la intensidad que sean. Esto último es una decisión política, pero que debido al uso expansivo del sistema penal y a los “sentidos comunes” actuales se presenta como la única posible.

Desplazar la importancia de la lesividad de los medios comisivos, es decir, desplazar la importancia de la intensidad o gravedad de los medios que se emplean para doblegar el consentimiento, supone ampliar las conductas que pueden ser incluidas bajo el delito unificado de “agresiones sexuales”. A mi entender, un feminismo no punitivo debería abordar la complejidad de la sexualidad, el consentimiento y el deseo en otros contextos educativos, políticos, comunitarios y relacionales. Y debería reservarse el ámbito penal para los casos en los que la voluntad se doblega mediante actos graves y altamente lesivos como aquellos en los que existe violencia, intimidación o anulación de la voluntad con fines de atentar contra la libertad sexual de otra persona. Todo ello con la finalidad de minimizar el campo de lo penal y tender a una progresiva intervención mínima del mismo puesto que, como ha afirmado Maqueda, “la lógica propia del sistema penal –que es la de un sistemático incremento de la represión– tiene efectos sociales contraproducentes y perversos, como por ejemplo la expansión del control estatal” y el refuerzo de un sistema de “intolerancia selectiva” hacia los delitos cometidos por las poblaciones más vulnerables y transgresoras. El criminólogo Adam Crawford se pregunta, respecto a las supuestas proclamas de tolerancia cero con el delito, ¿dónde está la “tolerancia cero” de los delitos administrativos, el fraude comercial, la contaminación ilegal de las empresas o los delitos contra las personas trabajadoras? Efectivamente, como ha venido apuntando la criminología crítica, el funcionamiento de la justicia penal es altamente selectivo y se dirige de forma casi exclusiva contra las clases populares en base a los criterios racistas y clasistas de las sociedades neoliberales.

Por otra parte, el anteproyecto de ley incorpora una definición de consentimiento, entendiendo que no existirá cuando “la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto”. Esta forma de expresar el consentimiento es la plasmación jurídica del conocido lema feminista “solo sí es sí” mediante el que se elimina la necesidad de articular una respuesta negativa, porque solo cuando se afirma la voluntad es un acto consentido.

Esta definición de consentimiento no solo aumenta la punitividad sino que además lo hace a costa de fragilizar e infantilizar la sexualidad de las mujeres. Según esta formulación, interpretar un silencio como una conformidad para participar en un acto sexual puede ser constitutivo de un delito de agresión sexual. De nuevo, un exceso punitivo que el feminismo no debería admitir en su nombre. Y no porque sea deseable que, en cualquier caso, se desoigan los deseos de la pareja sexual, se ignoren sus gestos y se prescinda de la empatía, sino porque es cuestionable que deba utilizarse el código penal para evitarlo. Además, un amante no empático puede disgustar a algunas personas, pero creo que es urgente dejar de aceptar que se denomine como violencia, y mucho menos como delito, actos de tan baja entidad que incluso pueden ser fruto de malos entendidos debido a la construcción patriarcal de la sexualidad femenina y masculina. Todo ello abona un campo amplio para los castigos desproporcionados, la criminalización de determinadas conductas sexuales, mayoritariamente masculinas, pero no en exclusiva, y refuerza los valores patriarcales de la sexualidad femenina.

Rearticulación victoriana

La exposición de motivos del anteproyecto explicita que el acceso efectivo de las mujeres a la libertad sexual ha estado condicionado por los roles de género establecidos en la sociedad patriarcal. Pero a pesar de ello, el texto no hace más que reincidir en esos mismos roles mediante la victimización y la visión infantilizadora de la sexualidad femenina.

Al incorporar conductas de tan baja entidad al Código Penal se incapacita a las mujeres para establecer un límite sexual o articular una negativa, pero además, se incide en la visión de una sexualidad femenina pasiva, emotiva y necesitada de protección. Si solo un sí explícito puede ser interpretado como voluntad para participar en el acto sexual, cabe entender que de partida las mujeres no desean sexo, reificando la visión patriarcal de que para las mujeres el sexo es algo secundario, vinculado a la emotividad y a la búsqueda de otros intereses más elevados como el amor o la pareja estable.

Esta visión sacralizada y frágil de la sexualidad femenina impregna todo el texto y el establecimiento como delito del “acoso sexual callejero” o la negación de la capacidad de decisión de las trabajadoras sexuales son buena muestra de ello. Esto resulta problemático porque constriñe la libertad sexual de las mujeres, debido a la capacidad performativa de la ley penal. Pero además es mucho más preocupante si tenemos en cuenta que este disciplinamiento sexual resulta útil a los intereses neoliberales de acumulación de capital.

Para entender la relación que esta construcción de la sexualidad femenina tiene con el punitivismo y la defensa de los intereses neoliberales es necesario partir de una determinada mirada respecto a la utilidad de la pena en nuestro derecho. Como han apuntado José Cid y Elena Larrauri, en los actuales sistemas de control, el aumento del punitivismo no se produce en correlación con los índices de delito. Además, la principal justificación de la pena –la prevención general o inhibición mediante amenaza de castigo– no se ha demostrado empíricamente eficaz, es decir, el aumento de la penalidad no ha supuesto cambios significativos en cuanto a los índices de violencia contra las mujeres, por poner un ejemplo. Es por ello, que siguiendo las formulaciones de la criminología crítica feminista podemos señalar otros fines latentes de la pena, como la construcción de un mal colectivamente reconocido como tal, la transformación de los modelos culturales y la preservación de un determinado orden socio-económico.

La regulación penal tiene un efecto disciplinador sobre los sujetos a los que interpela, a los cuales no solo representa, sino que principalmente constituye. Esta interpelación es, por una parte, difusa, promoviendo determinados valores culturales, es decir, disciplinando a toda la población en base a los criterios morales de las clases dominantes. Pero también es una interpelación concreta al exigir determinadas características a los sujetos que acceden a los sistemas de justicia. La reiterada desprotección y cuestionamiento a las víctimas que no cumplen con los mandatos hegemónicos de la feminidad es buena muestra de ello. Por otra parte, la constitución de un sujeto femenino sexualmente infantilizado, débil y necesitado de protección, promovido por el anteproyecto de ley, es imprescindible para la preservación de la estructura de clases. Los valores patriarcales de la sexualidad femenina son necesarios para la preservación de la familia, institución que, como afirma Nuria Alabao, es indispensable para obtener trabajadores listos para ser explotados gracias a los trabajos reproductivos desarrollados gratuitamente, principalmente por mujeres.

La moral sexual victoriana estableció a las mujeres ya en el siglo XVIII, como las garantes de la familia, a costa de constreñir su sexualidad con la finalidad de contener los irrefrenables deseos sexuales masculinos. La disciplina obrera, necesaria para el trabajo fabril y el enriquecimiento de la burguesía, debía garantizarse mediante la reclusión de la sexualidad al ámbito de la familia heterosexual y el disciplinamiento de los deseos que podían resultar peligrosos para una determinada economía política. De esta forma, las mujeres debían mostrarse sexualmente inapetentes y temerosas de la sexualidad para no provocar los deseos masculinos, bajo la amenaza de la violencia o el estigma para las incumplidoras.

La libertad sexual de las mujeres, el desafío a las políticas del terror sexual y a la corrección sexual femenina, así como las disidencias sexuales de otros sujetos feministas, suponen poner en riesgo la continuidad de la familia como institución necesaria para los intereses capitalistas.

Se ha evidenciado que los Estados con mayores índices de redistribución de la riqueza y los derechos tienen menores índices de encarcelamiento. Todo parece indicar que, a más inversiones sociales, menos delitos. Como ha señalado Loïc Wacquant, el debilitamiento del Estado social se relaciona con el fortalecimiento y la glorificación del Estado penal y, por tanto, un Estado más punitivo supone una menor inversión en prestaciones sociales y servicios públicos y universales. Muestra de ello es cómo la puesta en práctica de las leyes contra la violencia de género acaba pivotando principalmente sobre el desarrollo de las medidas penales o cómo se tiende a incorporar delitos para impedir el desarrollo del trabajo sexual. Todo ello es una decisión política, pero, además, como ha apuntado Miren Ortubay, “cambiar la letra del Código Penal resulta –a corto plazo– mucho más barato que poner en marcha los recursos y servicios necesarios para proteger y reparar a las víctimas” o articular un marco de derechos laborales para las trabajadoras sexuales. Para el neoliberalismo punitivo la familia sigue siendo necesaria, más si cabe, como depositaria de las funciones que el Estado deja de cubrir a sus ciudadanos. Es por ello que, como ha apuntado Verónica Gago, el neoliberalismo necesita aliarse, ahora más que nunca, con las fuerzas retrógradas de la extrema derecha al compartir objetivos estratégicos de normalización y gestión de la obediencia que continúen garantizando una institución clave para la acumulación de capital: la familia y los valores asociados a la misma.

Un feminismo de clase tiene la obligación de incorporar los intereses de las personas migradas, de las trabajadoras precarias, de las sindicadas, de las putas, de las trans, de las encarceladas, de las desocupadas y de las disidentes sexuales. Esto no se consigue excluyendo a las partes menos insertables del colectivo, aliándose con el punitivismo y los intereses de las élites económicas o disciplinándonos según sus valores. Si este es el camino, debemos informarles, que no cuentan con nosotres.