Georgina Orellano: “Luchamos porque nuestro trabajo sea reconocido y para no estar expuestas al atropello de la policía”

 

La secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina conversó con Diagonales en el marco del 34º Encuentro Nacional de Mujeres que se desarrolla en La Plata

 

Por Redacción

12 de octubre de 2019

https://diagonales.com/contenido/georgina-orellano-luchamos-porque-nuestro-trabajo-sea-reconocido-y-para-no-estar-expuestas-al-atropello-de-la-polica/17127

 

 

En la ciudad de La Plata se desarrolla el 34º Encuentro Nacional de Mujeres. En este marco, Diagonales conversó con la secretaria de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, Georgina Orellano, quien contó las luchas que vienen llevando adelante en los últimos años y sus balances al llegar a este encuentro.

“La incorporación de las trabajadoras sexuales al encuentro es una realidad”, celebró Georgina quien además evaluó cuáles son los principales debates que darán y sus expectativas de cara al futuro.

Autodefinida como peronista, reflejó optimismo de cara a un eventual gobierno de Alberto Fernández, para poder dar debates en la agenda pública que hasta ahora no han podido ser dados.

¿Cuáles son las expectativas de este Encuentro Nacional de Mujeres? 

-Bueno, la verdad que estamos con todas las compañeras con mucha ansiedad. Siempre que llega el encuentro para nosotros es un punto de reencuentro entre todas las trabajadoras meretrices que estamos luchando por el reconocimiento de nuestros derechos en distintos lugares del país. Y el encuentro lo que nos permite es conocer más compañeras, otras realidades. Es un encuentro federal que nos permite reencontrarnos.

¿Cómo ves este encuentro con talleres que tienen que ver con el trabajo sexual?

-Y nosotras creemos que dentro de estos espacios es un debate superado. Ya hemos transitado en tener que solicitarle a las comisiones organizadoras en Rosario en el 2016 la apertura de un taller que estuvo en la grilla de los encuentros del 2003 y luego desapareció de la misma, modificándose también hasta la identidad del qué hacer mismo con la denominación de ‘mujeres en situación de prostitución’, que es uno de los talleres que perdura hasta el momento. Creemos que para nosotras está saldada.

“La incorporación de trabajadoras sexuales en el encuentro es una realidad”.

Sabemos que la incorporación de las trabajadoras en el encuentro es una realidad, lo que sí me parece que no está saldado es las posiciones que hay dentro del movimiento feminista de mujeres, lesbianas, travestis y trans con respecto a nuestro trabajo y que justamente los encuentros nos brindan esos espacios para seguir debatiendo, para seguir sensibilizando y para seguir construyendo por lo menos una agenda propia nuestra que vaya a combatir la violencia institucional y por el reconocimiento de nuestros derechos.

En referencia a la violencia institucional, cuáles son las luchas que dan en el día a día por lo que sufren las trabajadoras sexuales. 

-AMMAR, es una organización que ya va a tener 25 años que tenemos y luchamos porque nuestro trabajo sea reconocido y parte de nuestro trabajo es justamente un marco legal para salir de la clandestinidad y no para estar expuestas constantemente al atropello por parte de la policía. Desde coimas policiales que debemos pagar, vulneraciones a nuestros derechos, hostigamientos, atropello policial, detenciones arbitrarias y políticas totalmente arbitrarias que son pensadas para combatir la trata de personas o para combatir el narcotráfico, pero que nos tiene a nosotras como un objeto constante de persecución.

“Luchamos porque nuestro trabajo sea reconocido y para no estar expuestas constantemente al atropello por parte de la policía”.

En La Plata, sin ir más lejos, se da lo que  no se da en ningún otro punto del país, el armado de biombos que hace la comisaría de la zona para requisar a las compañeras en el espacio público y toda la violencia que eso genera. No solamente en la requisa, en el maltrato sino también hacia la violencia psicológica y después el estigma con los vecinos y vecinas del barrio.

En cuanto a los derechos laborales que se están buscando para el trabajo sexual, comentános cómo se viene trabajando desde Ammar en esa línea.

-Nosotras venimos trabajando desde Ammar en distintas instancias proyectos que buscan reconocer el trabajo sexual. El último que presentamos fue en la provincia de Neuquén, en el año 2014. Luego se siguieron desplegando a nivel nacional, provincial y municipal, un montón de políticas que generaron mayor criminalización a nuestro trabajo, políticas conocidas como ‘antitrata’ que buscan luchar contra la trata de personas, pero que equiparan a nuestro trabajo con un delito.

“El próximo año seguro nos encontremos presentando un proyecto con un modelo de despenalización del trabajo sexual”.

Por eso estamos intentando generar un consenso entre todas las compañeras y los compañeros que integramos la organización justamente para presentar otro proyecto de ley más de avanzada, pensando cuál es la realidad nuestra en este contexto de país y cuáles son las políticas que restringen el uso de los espacios para organizarnos y poder trabajar de manera tranquila. El próximo año seguro nos encontremos presentando un proyecto con un modelo de despenalización del trabajo sexual.

En referencia al contexto, me imagino que la crisis económica también genera problemas además de la política represiva. 

-Sí, totalmente. Hay muchísima más precarización laboral. La crisis económica lo que generó es que muchísimas compañeras que habían dejado de ejercer el trabajo, que habían incursionado en otro tipo de actividad laboral,   siempre marcada dentro de lo que es la economía popular, tuvieron que volver porque no podían pagar sus alquileres, porque no podían seguir sosteniendo el negocio de ropa  que se habían puesto o el kiosco o el negocio del barrio.

“La crisis económica generó que muchísimas compañeras que habían dejado de ejercer el trabajo sexual tuvieron que volver porque no podían pagar sus alquileres”.

Compañeras que  fueron alcanzadas por el tarifazo de la luz y el gas que vuelven nuevamente a ejercer el trabajo sexual y lo que eso genera también. Mucha más presencia de trabajadoras sexuales en la zona de trabajo. Eso genera mucha más violencia con respecto a la policía. Después se empieza nuevamente a retroceder con la mala convivencia que se tiene con los vecinos y las vecinas, cuando ven mucha más presencia de compañeras en los barrios. Y también nos preocupa que hay  compañeras de 50 y 60 años que siguen ejerciendo el trabajo sexual porque no han hecho ningún aporte jubilatorio porque nuestro trabajo  no está reconocido y lejos de percibir algún ingreso económico, tienen que dedicar hasta 16 horas por día para poder trabajar y  poder seguir subsistiendo.

En lo que respecta al encuentro, se les habilitaron 21 aulas para el taller de trabajadoras sexuales y estrategias para el reconocimiento del trabajo  sexual. ¿Cómo evalúan ese logro en esta lucha de tantos años?

-Cuando desde la comisión organizadora nos dijeron que había 21 aulas y que la cantidad de aulas que se habían dispuesto para nuestros talleres dependía sobre todo de la cantidad de inscripciones de compañeras que se inscribieron al encuentro y que se asignaron la participación a talleres nuestros del trabajo sexual. Eso nos da a todas nosotras el reflejo que va a ser el encuentro más convocante de todos  los encuentros nacionales y nosotras nunca hemos tenido tanta cantidad de talleres. Creo que el máximo que  hemos tenido fueron diez, en la ciudad de Rosario en 2016, la primera vez que habilitaron los talleres. Esto refleja el interés que despierta conocer la realidad nuestra y conocer también nuestra lucha.

También se empieza a hablar en las universidades del trabajo sexual y en territorios que quizá siempre se ha hablado de manera hostil de las trabajadoras sexuales, ¿cómo vas viendo ese avance en el mundo de la academia?

-Nosotros cada vez que desde algún centro de estudiantes, desde alguna carrera nos convocan para hablar sobre algún tema del trabajo sexual, con perspectiva de género, trabajo sexual en la ESI, trabajo sexual y el rol de los medios, trabajo sexual y el derecho penal, por supuesto que lo celebramos porque durante muchos años nosotras en esos ámbitos académicos hemos sido más objetos de estudio que sujetos políticos.

“En el ámbito académico siempre hemos sido más objetos de estudio que sujetos políticos”.

Nos han estudiado, se ha investigado sobre nosotras pero muchas veces invisibilizando las voces nuestras y eso ha generado que se haya construido un discurso victimizante, que  por mucho  tiempo fue hegemónico no solo en la academia sino en muchísimos actores sociales. También sabemos que hay una resistencia. A nosotros nos costó mucho, hace tres semanas estuvimos en la facultad de derecho de La Plata y nos costó un montón poder desarrollar una actividad que teníamos con el programa de Antropología que nos habían convocado porque también hubo una resistencia, hubo cartas al decano, también hubo cartas a la directora de la carrera que nos habían convocado, diciendo que no podían darnos voz a personas que nos autopercibimos como trabajadoras sexuales porque Argentina adhirió a un protocolo abolicionista del año 1949 donde no reconoce nuestra actividad como trabajo, entonces querían censurar nuestras voces.

Yendo a lo personal y tus vivencias, ¿cuándo fue que se despertó en vos la idea de comenzar a luchar por estos derechos?

-No fue de manera espontánea. Fue un proceso y la verdad que el proceso que se fue dando dentro de la organización  fue cuando teníamos problemas con la policía por nuestro trabajo sexual. Cuando comenzamos a tener problemas con la policía eso nos impulsó a acercarnos a AMMAR y como nos dieron una respuesta rápida y efectiva, eso nos despertó confianza e interés en decir que se interesan por los derechos nuestros y no como históricamente nos han hecho querer creer que a nadie le interesa lo que nos pase.

“Cuando comenzamos a tener problemas con la policía eso nos impulsó a acercarnos a AMMAR”.

Entonces como forma de agradecimiento fuimos varias compañeras comenzando a participar de distintas actividades y eso fue como generándome mayor conciencia social de que ese es el lugar en el que cualquier trabajador o trabajadora tiene que estar. El mejor lugar de cualquier trabajadora para luchar por sus derechos es el sindicato. Me enamoré de la herramienta sindical, comencé a derribar un montón de prejuicios que tenía con la idea de la sindicalización, entendiendo que muchos de esos prejuicios vienen de lo que nos venden los medios  de comunicación hegemónicos.

“El mejor lugar de cualquier trabajadora para luchar por sus derechos es el sindicato”.

Te definís como peronista, ¿cómo ves el futuro en torno a las luchas de ustedes? 

-El optimismo siempre está porque nosotras veníamos de las que pensábamos que todavía mucha gente iba a seguir votando al gobierno de Cambiemos, cuando vimos la diferencia tan alta es una ilusión, porque por lo menos vamos a tener un gobierno de acá a cuatro años en adelante que con un montón de dificultades, obstáculos y desafíos, nos va a permitir plantear nuestro tema y no como ahora con este gobierno que hubo un total retroceso en cuanto a la violencia institucional. Somos optimistas de que va a existir la posibilidad, después lo otro depende de muchas cosas como por ejemplo la situación del país. Nosotras ahora planteamos la idea del trabajo sexual con mucha más fuerza, ya no es como con el gobierno de Cristina que se nos prohibió el rubro 59, se modificó la ley de trata, hoy hay mayor conciencia en la sociedad con nuestro trabajo y un lugar ganado en el feminismo.

¿Y han podido establecer algún vínculo con alguien del futuro gobierno nacional o provincial?

-Hay muchas organizaciones feministas que pertenecen al Frente de Todos y Todas que han tenido en los últimos años muchísima vinculación con nosotras.

 

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Motivos para ser puta y más puta

 

Diez motivos para ser puta y más puta, de Beatriz Espejo.  

  1. El sexo es placer y hemos decidido que nos gusta hacerlo cuando queremos y como queremos.
  2. El dinero nos enriquece y nos hace más libres que cuando somos pobres.
  3. Es más sano cobrar por sexo al patriarcado que regalar tu cuerpo y que encima te consideren puta. Las gratuitas tienen un millón de problemas, pues les han dicho que puta = mala y se lo han creído como tontas.
  4. Al contrario que muchas putas gratuitas que regalan su cuerpo al patriarcado, nosotras no pedimos que las corran a palos a ellas o sus clientes. Y eso que nos quitan trabajo con esa competencia desleal.
  5. Las mujeres listas le sacan la pasta al patriarcado hasta por dar los buenos días. Si nos pagan es porque lo merecemos.
  6. Cobrar por sexo despierta la envidia de mucha mujer machista con el síndrome de Bernarda Alba. Sólo por joder al machismo femenino de tanta talibana merece la pena cobrar, pagar o disponer de tu cuerpo para tu beneficio.
  7. La reinserción de putas suele ser una estafa patriarcal. A quien beneficia es a esas parásitas abolicionistas que han hecho del género su fuente de ingresos de las subvenciones.
  8. El mundo ha estado lleno de “feministas de la dignidad” que han abolido de forma tiránica la sexualidad femenina y el puterío. Las bernardas son un producto patriarcal.
  9. Enseñemos a las abolicionistas cagabandurrias el camino de la luz y el respeto a la pluralidad sexual femenina.
  10. No hay nada más bonito ni más libre que el derecho a decidir, conquista histórica aún no lograda para la mujer. El patriarcado nos ha dado por el culo durante siglos. Como dijo Olympe de Gouges el cuerpo de una mujer pertenece a ella exclusivamente. Ni a otros hombres, ni a otras mujeres.

 

07.Abr.2010    Por Javier Gallego ‘Crudo’ 

https://blog.rtve.es/carnecruda/2010/04/motivos-para-ser-puta-y-m%C3%A1s-puta.html

 

En libertad con cargos tras propinar una paliza y violar a una prostituta en Valencia

 

Arrestan a un joven por propinar una paliza y violar a una prostituta en València

 

Dos ciudadanos retuvieron al agresor y auxiliaron a la víctima al verla sangrar y con la ropa desgarrada

 

Ignacio Cabanes València 11.10.2019

https://www.levante-emv.com/sucesos/2019/10/11/arrestan-joven-propinar-paliza-violar/1931466.html

 

Un joven, de 21 años y nacionalidad boliviana, fue arrestado el pasado fin de semana por agentes de la Policía Local de València tras una brutal agresión a una mujer de 41 años que se encontraba ejerciendo la prostitución en la avenida Antonio Ferrandis. Además de la paliza, como consecuencia de la cual llegó a romperle la mandíbula a su víctima, el arrestado está acusado de violar a la mujer después de golpearla con los puños. Pese a la gravedad de los hechos, el acusado de los delitos de agresión sexual y lesiones ha quedado en libertad con cargos tras ser puesto a disposición judicial, según informaron fuentes jurídicas.

Los hechos se produjeron en torno a las dos y media de la madrugada del pasado sábado en la confluencia de la avenida Antonio Ferrandis con la avenida Profesor López Piñero. Una mujer de 41 años y nacionalidad brasileña, que al parecer ejerce la prostitución en las calles de València, fue agredida prácticamente sin mediar palabra previa tras bajar de un taxi y acercarse quien ella creía que se trataba de un cliente.

Sin embargo, el joven que se le acercó esa noche no era alguien que viniera buscando sexo a cambio de dinero. Según consta en las diligencias aportadas al juzgado de guardia de València, su agresor comenzó a propinarle puñetazos sin motivo aparente hasta romperle la mandíbula. No contento con ello, posteriormente la forzó sexualmente, todo ello pese a la oposición de su víctima.

Un testigo que circulaba con su vehículo y pasaba en ese momento por el lugar, al escuchar los gritos de socorro de la mujer, bajó del coche y auxilió a la víctima, quien presentaba heridas sangrantes en el rostro y la ropa desgarrada.

Asimismo, junto a otro ciudadano ambos retuvieron al agresor hasta la llegada de la policía. Agentes de la Policía Local de València acudieron de inmediato al lugar y, al observar las graves lesiones que presentaba la víctima y entrevistarse con ella, procedieron a la detención del sospechoso, de 21 años, por un presunto delito de agresión sexual y lesiones.

La mujer fue trasladada al Hospital La Fe de València, donde fue atendida de las lesiones y fue explorada por el médico forense para evaluar el alcance de las mismas y de la agresión sexual. Según manifestó la agredida, al parecer el sospechoso es el proxeneta de otro grupo de prostitutas que hace la calle en esta misma zona de València. El detenido quedó en libertad con cargos, por orden del juzgado de guardia, a la espera de tomarle declaración a la víctima. El juzgado investiga ahora si la brutal agresión guarda relación con un ajuste por el control de la prostitución en este punto de València.

 

Julia de Castro: “La única prostitución posible es la voluntaria”

 

Julia de Castro (Ávila, 1984) es cantante, actriz e historiadora del arte. Todo esto hace de ella una artista singular e irreverente. Con su grupo De La Purissima ha creado una particular manera de mezclar el cuplé con el jazz. Y acaba de publicar un libro, La retorica delle puttane (La Fábrica), sobre la prostitución.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de su investigación sobre la prostitución?

Entender que tenía una idea intelectualizada del concepto prostitución. Cuando te encuentras con una mujer libre que ejerce intentas justificarla o idealizarla, que encaje en tu manera de entender la sexualidad y el trabajo.

Afirma en su libro que la única prostitución posible es la voluntaria. ¿Ha encontrado muchas en la historia que lo hicieran por gusto?

Todas a las que he entrevistado. (…)

El País, Babelia, 10 de octubre de 2019

https://elpais.com/cultura/2019/10/02/babelia/1570031415_648128.html

 

Julia de Castro, La retorica delle puttane

Páginas: 94
Formato: 21,5 x 28,5 cm
Imágenes: 14
Idioma: español
ISBN: 978-84-17769-06-2

Una audaz y polémica revisión del texto de Ferrante Pallaviano sobre la prostitución

35,00 €

 

 

 

En 1642, el italiano Ferrante Pallavicino escribió su Retórica de las putas, en la que recopilaba con acidez e ingenio sus consejos para las prostitutas de la época siguiendo punto por punto las normas que el jesuita Cipriano Súarez establecía en su célebre Rethorica, de obligado estudio en las escuelas de entonces. Pallavicino tenía 28 años y acababa de firmar, conscientemente, su sentencia de muerte. Tras huir de Venecia, fue apresado en 1644 en Aviñón, donde fue ajusticiado y decapitado.

Este volumen incluye la traducción de la obra y la réplica que, casi 400 años después, ofrece la artista Julia de Castro a Pallavicino, recogiendo su propia visión de la prostitución y siendo igualmente consciente de lo polémico de su postura: una defensa sin ambages de la prostitución como oficio, en un mano a mano apasionante entre estas dos inquietas personalidades.

Junto a los textos de ambos, se incluyen las imágenes de Juan Baraja, que retratan por un lado a dos prostitutas actuales que ejercen su oficio voluntariamente, y por otro, diversos enclaves de Roma donde vivieron célebres prostitutas que a su vez obtuvieron poder, posición y riqueza ejerciendo la prostitución.

http://tienda.lafabrica.com/es/-fotografia-y-arte/5503-julia-de-castro-la-retorica-delle-puttane.html

 

72 organizaciones LGBTQ firman una carta de apoyo a la despenalización del trabajo sexual en Washington D.C.

 

La carta, firmada por 72 organizaciones nacionales y locales, expone los argumentos a favor de la despenalización.

 

Por John Riley @JohnAndresRiley

2 de octubre de 2019

LGBTQ advocates deliver letter to D.C. councilmembers calling for sex work decriminalization

 

Activistas que abogan por la despenalización del trabajo sexual en D.C. presentan una carta, firmada por 72 organizaciones, en la que exponen su posición a la concejal de D.C. Elissa Silverman, I-At-Large (izquierda). – Foto: Sex Worker Advocates Coalition.

 

Una coalición de activistas y defensores LGBTQ ha dejado copias de una carta dirigida a los miembros del Consejo de D.C., firmada por 72 organizaciones diferentes, abogando por un proyecto de ley que despenalizaría el trabajo sexual en el Distrito de Columbia.

La coalición acudió a las oficinas de los concejales esta mañana para entregar la carta, que expone los argumentos de los partidarios por los que el proyecto de ley —presentado conjuntamente por los miembros del Consejo David Grosso (I-At-Large), Anita Bonds (D-At-Large), Robert White (D-At-Large) y Brianne Nadeau (D-Ward 1)— debe ser aprobado.

“Como organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queers y aliados, sabemos que la despenalización del trabajo sexual en DC es fundamental para la salud y el bienestar de la comunidad LGBTQ, incluyendo una mejora de la salud pública y una disminución de la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales marginadas, particularmente mujeres transgénero de color “, dice la carta.

El proyecto de ley, tal como está redactado actualmente, despenalizaría el trabajo sexual consensuado para los mayores de 18 años y crearía un grupo de trabajo para supervisar la implementación y los efectos de la despenalización y proponer enmiendas a los estatutos relacionados con las sanciones por trabajo sexual.

El grupo de trabajo de 15 miembros estaría compuesto por el Departamento de Policía Metropolitana, agencias de salud pública, defensores de derechos humanos, ex trabajadoras sexuales y trabajadoras sexuales activistas. El grupo de trabajo tendría la tarea de emitir un informe que contenga sus hallazgos y recomendaciones dentro de los dos años posteriores a su formación, y se disolvería dentro de los tres años.

“Al actualizar una ley de DC que no tiene un propósito válido y está llamativamente fuera de sintonía con la investigación y el conocimiento actuales, incluida la mejor forma de combatir la transmisión del VIH, el proyecto de ley mejoraría la seguridad, la salud pública y la capacidad de las fuerzas del orden para combatir tanto crímenes violentos como delitos contra la propiedad ”, escribió la coalición en su carta.

Los cuatro argumentos clave a favor del proyecto de ley son que la despenalización del trabajo sexual

1) permitirá a las trabajadoras sexuales —particularmente a las personas transgénero que de otro modo no podrían obtener trabajo debido a la discriminación— una forma de ganar dinero para sobrevivir;

2) hará disminuir la incidencia de violencia y acoso que enfrentan las trabajadoras sexuales a manos de clientes, de delincuentes que roban a las trabajadoras sexuales, o incluso de la policía;

3) disminuirá las tasas de VIH al permitir a las personas transgénero más tiempo y espacio para negociar el uso del condón;

y 4) permitirá que las trabajadoras sexuales accedan a recursos, beneficios gubernamentales y oportunidades de empleo que de otra forma se les negarían si tienen una condena penal por prostitución.

“Penalizar un medio de supervivencia convierte a esas trabajadoras en una población blanco de victimización y violencia”, señala la coalición en su carta. “La vigilancia del comercio sexual puede convertir las prácticas de reducción de daños (como llevar condones) en evidencia de una actividad criminal. Esto a menudo obliga a las trabajadoras sexuales a elegir entre salud y evitar la detención.

“Además, cuando las personas dedicadas al trabajo sexual deben buscar áreas más apartadas o áreas con presencia policial reducida, aumentan las amenazas a su seguridad física y disminuye la capacidad de evaluar a los clientes”, continúa la carta. “… Debido a que las trabajadoras sexuales temen ser detenidas, tienen más probabilidades de apresurar la decisión de aceptar un cliente y menos probabilidades de negociar el uso del condón”.

Los activistas también citan estadísticas de una encuesta de DC Trans Coalition que encontró que el 78% de las trabajadoras sexuales temen la violencia, el acoso, la detención o la humillación a manos de la policía, y aproximadamente el 20% informa que los agentes de policía se han acercado a ellas y les han pedido sexo para evitar la detención.

“Las mujeres transgénero de color en D.C. con frecuencia son tratadas como trabajadoras sexuales, ya sea que participen en el comercio o no, lo que a menudo conduce al acoso, la confiscación de condones y la detención”, agregan. “Esta sospecha crónica y a menudo injusta conduce a la desconfianza general hacia la policía por parte de muchas personas LGBTQ. Esta desconfianza podría reducirse significativamente mediante la despenalización del trabajo sexual “.

Una defensora de la despenalización del trabajo sexual habla con el concejal de DC Jack Evans. – Foto: Sex Worker Advocates Coalition.

La carta se adelanta a una audiencia programada para el 17 de octubre ante el Comité de Justicia y Seguridad Pública del Consejo de D.C., en la que los miembros del Consejo escucharán el testimonio de las partes interesadas de la comunidad a favor y en contra del proyecto de ley.

Algunos de los firmantes de la carta incluyen: American Civil Liberties Union; Asian and Pacific Islander Queers United for Action; Black & Pink; la sección de D.C. de Black Youth Project 100; Brother, Help Thyself; Casa Ruby; the Center for Black Equity; Collective Action for Safe Spaces; el DC Anti-Violence Project, GLAA; HIPS; Human Rights Campaign; LULAC Lambda; el National LGBTQ Task Force Action Fund; No Justice No Pride; Sex Workers Outreach Project; SMYAL; The DC Center for the LGBT Community; Transgender Law Center; Us Helping Us, People Into Living; la Wanda Alston Foundation; Whitman-Walker Health; y la Woohull Freedom Foundation.

Los socios de la coalición que están presionando para la despenalización esperan reunir personas que testifiquen ante el Consejo el 17 de octubre y, después de la audiencia, organicen a los partidarios para presionar a los miembros del consejo de DC para que aprueben el proyecto de ley y al alcalde Muriel Bowser para que lo firme y lo convierta en ley.

“Nuestro objetivo final es abordar las necesidades de las personas LGBTQ en la ciudad, y parte de eso implica despenalizar el trabajo sexual en la ciudad. Queremos asegurarnos de que las personas LGBTQ de bajos ingresos satisfagan sus necesidades básicas de vivienda, empleo, educación ”, dice Tyrone Hanley, asesora principal de políticas del Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas, que apoya el proyecto de ley de despenalización. “Sabemos que esto no es lo único que se necesita para garantizar que las personas LGBTQ puedan tener una vida vibrante aquí, pero sabemos que este es un elemento necesario para alcanzar esa meta”.

Hanley señala que, particularmente con proyectos de ley similares presentados en sesiones anteriores del Consejo, ha habido conceptos erróneos de que una abrumadora mayoría de los residentes de DC se oponen con vehemencia a la despenalización y al trabajo sexual en general. Pero dice que los esfuerzos de organización en el terreno de los miembros de la campaña DECRIMNOW han revelado que hay más apoyo en la comunidad en general: es solo que no necesariamente se presentan durante las reuniones del Consejo para dar a conocer sus puntos de vista.

Foto: Sex Worker Advocates Coalition.

Con ese fin, los grupos involucrados en la campaña DECRIMNOW, una creación de la Sex Worker Advocates Coalition, han estado tratando de educar a los residentes de DC sobre la importancia de la despenalización, y han recogido varios cientos de firmas en una petición en apoyo del proyecto de ley.

La organización de justicia social No Justice No Pride ha estado organizando previamente a personas para enviar cartas al Consejo exigiendo una audiencia, y ahora que se ha programado una, ha estado organizando una campaña de redacción de cartas para los residentes en los Barrios 2, 3 y 7 para pedir a los miembros del Consejo, Jack Evans, Mary Cheh y Vincent Gray —todos los cuales forman parte del Comité Judicial y no han manifestado su apoyo a la iniciativa— que apoyen el proyecto de ley de despenalización.

“SWAC ha sido muy intencional al acercarse a un grupo diverso de comunidades para tener conversaciones con todos sobre este tema”, dice Hanley. “No es solo un problema LGBTQ, aunque tiene implicaciones muy específicas para la comunidad LGBTQ. La coalición, bajo el liderazgo del capítulo DC de BYP 100 y HIPS, ha estado liderando un esfuerzo para articular conversaciones en los Barrios 7 y 8. Lo que hemos encontrado a través de esas conversaciones individuales es que en realidad hay mucho apoyo a este proyecto de ley.”

Faith, una de los presidentes coorganizadores del capítulo DC de BYP 100, dice que los miembros de la coalición han estado entablando conversaciones individuales para tratar de cambiar la comprensión de las personas sobre cuáles serían las implicaciones de la despenalización.

“Creo que especialmente las personas negras que han tenido experiencia con el sistema de justicia, o tienen una familia que ha tenido experiencia con el sistema, lo saben, y es fácil para ellos entender que cuando detienen a personas, no mejoran sus condiciones materiales de ninguna manera “, dice. “así que, mientras decimos: ‘queremos que el Consejo se centre en el empleo, la educación, la vivienda’, cuando detienes a alguien, lo estás marginando”.

Faith dice que la coalición ha estado celebrando reuniones en persona y virtuales para educar a las personas sobre la iniciativa de despenalización, y realizará un evento virtual en la noche del 14 de octubre para capacitar a las personas que deseen testificar en la audiencia del Comité Judicial sobre la mejor manera para expresarse. Ella agrega que la coalición se duplicará en sus esfuerzos para presionar al Consejo para que tome medidas después de la audiencia.

“Realmente queremos mantener el impulso después de la audiencia, para que se vote en el Comité Judicial, y luego se lleve al Comité Plenario”, dice Faith. “Por lo tanto, necesitamos que las personas escriban a sus miembros del consejo, les llamen y les recuerden que la gente está observando y que queremos que se vote en breve”.

“No todas las trabajadoras sexuales son víctimas”. Marta Lamas contra el puritanismo

 

¿Se puede considerar el trabajo sexual como un emprendimiento? ¿Qué es más explotador, un trabajo que paga 80 pesos al día o uno que ofrece 500 en tres horas? Las respuestas, apunta la feminista, dependen de la moral con que se mire

 

Por Alejandra Crail

2 de octubre de 2019

https://www.m-x.com.mx/entrevistas/no-todas-las-trabajadoras-sexuales-son-victimas-marta-lamas-contra-el-puritanismo

 


Hay que quitar la parte moralista y fijarse más en los derechos, propone la antropóloga feminista. Foto: Emeequis.

 

Marta Lamas, antropóloga feminista, rememora sus conversaciones con las trabajadoras sexuales callejeras. Una de ellas le contó que, antes de ofrecer servicios sexuales, trabajaba en un outsourcing de servicios de limpieza. De ocho de la mañana a seis de la tarde limpiaba oficinas. Una hora y media para llegar a su centro de trabajo, una hora y media para regresar a su hogar. Por 80 pesos al día. Esa mujer, hoy, ofreciendo servicios sexuales, gana 500 pesos en tres horas.

“¿En dónde hay más explotación?”, nos cuestiona. Las trabajadoras sexuales, asegura, han encontrado en su labor la forma de obtener más recursos y tener mayor flexibilidad de horarios, algo que no tienen en una fábrica, en una oficina.

 

 

Esto refuerza su postura de que “no todas las trabajadoras sexuales son víctimas”; esa visión, señala, tiene que ver con la política instaurada por Estados Unidos, un país “puritano”, en donde el comercio sexual sólo está permitido en el estado de Nevada.

México quería estar bien calificado por Estados Unidos en su combate a la trata, detalla la especialista, y la calificación de ese combate se mide por el número de víctimas rescatadas. “Empezaron a ir a los antros y a los lugares donde hay comercio sexual, a rescatar a todo el mundo, incluyendo a las meseras y cuando las trabajadoras, las teiboleras, las bailarinas, decían ‘yo no soy víctima, yo estoy aquí voluntariamente’, entonces era el ‘ah, ¿no eres víctima?, entonces eres cómplice’ y pues no, mejor soy víctima. Así se llenan los reportes”.

La crítica de la catedrática de la UNAM va enfocada a la ausencia de labores de inteligencia que permitan separar a las víctimas reales de trata de quienes ejercen el trabajo sexual de forma voluntaria. “Lo primero que tienen que hacer nuestras autoridades es entender que son dos cosas distintas: hay mujeres que entran voluntariamente al trabajo sexual por cuestiones económicas, porque ganan muchísimo más ahí”. También pide recordar: las trabajadoras sexuales son las mejores aliadas en el combate a este delito.

 

“NUESTROS CLIENTES NO SON DELINCUENTES”

 

En el barrio de la Merced, en el Centro Histórico, dicen que “la calle es de quien la trabaja”. Es 1 de mayo de 2019 y, como lleva haciéndolo desde hace ya varios años, un grupo de trabajadoras sexuales independientes marcha rumbo al Zócalo de la Ciudad de México. Se están manifestando en pleno Día del Trabajo. Las une una misma exigencia: quieren ser reconocidas como trabajadoras no asalariadas.

“Nuestros clientes no son delincuentes”. “No somos tratantes, somos trabajadoras”. “El trabajo sexual también es digno”. “Acceso a la salud, a la educación y a una vivienda digna”. “Ni esclavas ni putas”. Las pancartas de las trabajadoras sexuales de aquel 1 de mayo muestran cómo ven y viven su propia profesión.

Para ellas, las mujeres que usan su propio cuerpo como herramienta de trabajo y que lo ofrecen en uno de los puntos de mayor auge de comercio sexual de la Ciudad de México, la nueva lucha es ser reconocidas como trabajadoras y así aspirar a tener un seguro, prestaciones, un retiro digno.

Marta Lamas, quien fundara en el 76 la primera revista feminista del país, las conoce bien. De ellas, dice, ha aprendido que no todas las trabajadoras sexuales son víctimas. Una postura contraria a lo que ella llama el “discurso hegemónico, dominante, de un sector del feminismo, que plantea que siempre es denigrante, siempre es degradante y que hay que acabar, que hay que erradicar el comercio sexual”. La realidad en torno al comercio sexual, apuntala Lamas, está cambiando.

Lo primero que hay que detallar, desde la visión de la mujer que en su cumpleaños 70 festejó rodeada de 11 hombres para hablar de feminismo en el “diálogo con XY” que le organizó la UNAM, es la diferencia entre prostitución y trabajo sexual. La primera, explica, tiene una connotación negativa, mientras que, la segunda, plantea que alguien está haciendo un trabajo por el cual va a recibir una remuneración, un trabajo como cualquier otro. “¿Queremos verlo como algo negativo o como una actividad comercial?”, cuestiona.

 

LA DOBLE MORAL AFECTA MÁS A LAS MUJERES

 

Ese sentido negativo que aún rodea al trabajo sexual tiene que ver con la moral, con lo más viejo y oxidado de la cultura mexicana, una cultura judeocristiana que consolidó las valoraciones que ahora tenemos sobre la sexualidad, expone la feminista. “La idea desde hace varios siglos en México es que la sexualidad es diferente para las mujeres que para los hombres”.

“Un hombre es valorado por sus éxitos sexuales, mientras que una mujer que ejerce su sexualidad es denigrada. Las mujeres están divididas entre las decentes y las putas, es una cuestión de doble moral”, enfatiza.

Para ella es esta carga moral lo que impide que legislativamente se avance en la búsqueda de derechos laborales de las trabajadoras sexuales. En mayo de este año, por ejemplo, la nueva Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que abrogaba la promulgada el 29 de diciembre de 2017, criminalizaba el trabajo sexual. Invitar a la prostitución, ejercerla o solicitar el servicio tenía como consecuencia multas entre 11 y 40 Unidades de Medida, arresto de 13 a 24 horas o de 6 a 12 horas de trabajo comunitario. Meses después corrigieron lo que el Congreso llamó “error” y ahora esta actividad no está sancionada.

Actualmente el debate está en la expedición de la Ley del Trabajo No Asalariado, iniciativa que promueve el diputado de Morena Temístocles Villanueva Ramos, por medio de la cual busca reconocer y regular el trabajo sexual para evitar que “sigan siendo víctimas de la discriminación estructural y sistemática (…). Se trata de una vía de emancipación económica que les permite disponer de su propio cuerpo de manera autónoma”.

Sobre esta propuesta, Rosi Orozco, presidenta de la asociación Comisión Unidos contra la Trata, dijo a EMEEQUIS que: “Nuestras leyes hoy castigan el beneficio económico de la explotación ajena, ¡sería el colmo que el gobierno cobrara! ¡se volvería el principal padrote de las víctimas! ¿Y por qué les llamo víctimas? Porque hoy está demostrado, gracias a un estudio de la Fundación Scelles de Francia, que el 90% de lo que parece prostitución en el mundo es, en realidad, trata de personas”.

 

CLASES SOCIALES, DE LAS LOMAS A LA MERCED

 

“Si en un futuro hubiera empleo para todo el mundo, flexibilidad, si pasar ocho horas limpiando oficinas significara ganar lo mismo que hacer trabajo sexual, seguramente muchas mujeres preferirían limpiar oficinas. Pero hoy la diferencia es tan grande que la mayoría elige el trabajo sexual”, afirma Lamas.

Por ello cambiar la valoración social que se tiene acerca del trabajo sexual es urgente. Porque “en el comercio sexual hay clases sociales”. No es lo mismo ofrecer sexoservicios en Santa Fe, Las Lomas o Polanco, a vivir el riesgo y el estigma tan marcados que padecen trabajadoras y trabajadores que laboran en la calle, bares o antros.

Esta desigualdad dentro de la misma profesión tiene que ser considerada en la legislación, invita Lamas. El punto clave es mirar el Código Penal, el federal y el local, para transformar la visión del delito de lenocinio.

El lenocinio es el delito que comete toda persona que habitual o accidentalmente explote el cuerpo de otra por medio del comercio carnal, se mantenga de este comercio u obtenga de él un lucro cualquiera. Esto impide, desde la visión de la especialista, que las trabajadoras sexuales puedan independizarse y apoyarse en sus parejas, familiares y amigos para que éstos funjan como sus cuidadores, mientras ofrecen servicios sexuales. Así, afirma, se reduciría el riesgo para las trabajadoras vulnerables, las que están en la calle.

Además, insiste, estamos ante un paradigma: las clases medias están ofreciendo servicios sexuales a través de internet y ya hay mujeres que son clientas de servicios sexuales.

 

“Por ello hay que quitar la parte moralista y en todo caso fijarse en el bienestar y en los derechos de la gente que se dedica al comercio sexual y darles las protecciones que tengan que tener, siempre y cuando sea un tema de libertad y autonomía”, recalca.

 

TAMBIÉN SE DEBERÍAN OBTENER DERECHOS LABORALES

 

Pide recordar que en el capitalismo todo es explotación, que siempre hay alguien que gana con nuestro trabajo. “¿Por qué no se puede sacar provecho del trabajo sexual?”, pregunta e inmediatamente responde: porque hay todo un tema moralista que no lo considera un trabajo como los demás; cualquier otro trabajo, incluso el más explotador, es un trabajo digno.

Para hablar de las críticas a la propuesta de regular el trabajo sexual en la CDMX y que muchas personas han bautizado como “Ley de gobierno padrote”, se le hace referencia a que, en México, sólo en Chiapas existe una zona de tolerancia, la llamada “Zona Galáctica”, espacio que el ex gobernador Patrocinio González Garrido creó a principios de los 90 para ofrecer servicios sexuales, regulados por el gobierno, a los destacamentos militares que estaban ahí.

Originalmente, asegura, se pensó como un lugar protegido, con espacios aptos para las trabajadoras. “Como ocurre con todo en nuestro país la idea no estaba mal, pero sí la operación. El problema son las autoridades corruptas”.

Entonces, revira, la discusión de fondo no está ahí sino en si podemos quitarnos la doble moral y “considerar el trabajo sexual como un trabajo que, como cualquier otro, puede ser tomado a manera de emprendimiento o microempresa, que se puede reglamentar, que puede otorgar derechos laborales”.

 

@AleCrail

 

Firma la declaración de solidaridad con los derechos de las trabajadoras sexuales de Canadá

 

https://secure.actioncanadashr.org/solidarity-sex-workers-rights

 

Las trabajadoras sexuales —personas que intercambian servicios sexuales por dinero o bienes— son penalizadas, desproporcionadamente vigiladas, sometidas a exceso de control policial y despojadas de sus derechos fundamentales. Las trabajadoras sexuales que viven discriminaciones entrecruzadas debido a la pobreza, su presencia visible en los espacios públicos, su posición racial y social, y su identidad de género son desproporcionadamente atacadas por la policía y la violencia institucional, legal y social. Gran parte de este trato es el resultado de la estigmatización del trabajo sexual en sí y de la falta de reconocimiento de la autonomía que las trabajadoras sexuales ejercen en su vida diaria.

Varias organizaciones de derechos humanos, organismos y tribunales de la ONU han concluido que la penalización de la industria del sexo crea condiciones para la explotación y viola los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. En 2014, un proceso legal histórico (Fiscal General v Bedford) dictaminó que las leyes en Canadá que abordaban el trabajo sexual violaban el derecho constitucional a la seguridad de las trabajadoras sexuales y todas esas leyes fueron anuladas. Sin embargo, a pesar de esto, la Ley de Protección de Comunidades y Personas Explotadas (PCEPA) se promulgó en 2014. La PCEPA define todo trabajo sexual como explotación y enmarca a todas las trabajadoras sexuales como víctimas y a todos los clientes y terceros como delincuentes. Un objetivo principal de esa legislación es erradicar la prostitución. Las nuevas leyes incluyen disposiciones que penalizan directamente a las trabajadoras sexuales, así como disposiciones que penalizan prácticamente todos los elementos de la industria del sexo.

Desde la entrada en vigencia de PCEPA, las trabajadoras sexuales han reportado un mayor antagonismo con las fuerzas del orden público, violencia selectiva y miedo a denunciar, actuación policial no deseada y no solicitada sobre las trabajadoras sexuales indígenas, negras, trans, migrantes y usuarias de drogas, y detenciones y deportaciones de trabajadoras sexuales asiáticas y migrantes. La policía hace un uso indebido y excesivo de las leyes de trata de personas para atacar a las trabajadoras sexuales y a sus clientes, creando condiciones cada vez más inseguras y marginalizadas para las trabajadoras sexuales.

Proteger y respetar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales requiere una respuesta integral. La despenalización, la eliminación de las leyes penales y específicas de inmigración sobre el trabajo sexual, es un primer y necesario paso. Un plan holístico para la reforma de la ley de trabajo sexual incluye medidas concretas para abordar la discriminación y la desigualdad en todas sus formas: pobreza, vivienda inadecuada, atención médica inadecuada, falta de acceso a transporte seguro, acceso inadecuado a asistencia legal, sobrepenalización y sobrencarcelamiento, y problemas continuos con sistemas de protección juvenil. Esto incluye además el acceso a protecciones básicas de seguridad laboral y ocupacional.

 

DECLARACIÓN DE SOLIDARIDAD

 

Nos oponemos a las leyes federales, provinciales y municipales que regulan desproporcionadamente y penalizan la autonomía corporal, la sexualidad y los derechos de salud sexual y reproductiva.

Reclamamos del gobierno de Canadá la despenalización total del trabajo sexual como un primer paso para proteger y respetar los derechos humanos de todas las trabajadoras sexuales; esto comienza con la eliminación de las leyes penales y de inmigración que penalizan el trabajo sexual.

 Reclamamos que se reconozca el trabajo sexual como un trabajo significativo y valioso que brinda oportunidades económicas para las personas que venden y comercian sexo.

 Reclamamos el acceso igualitario y no discriminatorio a la salud, la educación, el empleo, la vivienda y las oportunidades y derechos económicos.

 Afirmamos que las trabajadoras sexuales no son criminales que deban ser estigmatizadas, sino miembros de una clase trabajadora a menudo explotada y poco protegida.

 Nos solidarizamos con las trabajadoras sexuales que exigen derechos, el reconocimiento de la autonomía y de la capacidad de toma de decisiones de las trabajadoras sexuales y condiciones de trabajo seguras.

 Nosotras, las organizaciones abajo firmantes, nos comprometemos a promover los derechos de las trabajadoras sexuales y a crear espacios para que las trabajadoras sexuales tomen el liderazgo y estén en el centro de los debates sobre la reforma de la ley de trabajo sexual.

 


National 
Abortion Rights Coalition of Canada
Action Canada for Sexual Health and Rights
Alberta Society for the Promotion of Sexual Health
Amnesty International Canada
Barbra Schlifer Commemorative Clinic
Canadian AIDS Society
Canadian Association of People who Use Drugs (CAPUD)
Canadian Association of Social Workers
Canadian HIV/AIDS Legal Network
Canadian Treatment Action Council
Families of Sisters in Spirit
FIRST Decriminalize Sex Work
i2i Peer Support
Interagency Coalition on AIDS and Development
International Human Rights Program, University of Toronto Faculty of Law
Marie Stopes International
Migrant Workers Alliance for Change
Radical Access Mapping Project
Sex Professionals of Canada (SPOC)
The Naked Truth
Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights

Alberta
HIV Community Link
Prostitutes Involved Empowered Cogent Edmonton (PIECE)
Shift, HIV Community Link

British Columbia
Afro-Canadian Positive Network of BC
Anti-Violence Project
BC Coalition of Experiential Communities
Coalition Against Trans Antagonism
Downtown Eastside Women’s Centre
Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society (SWUAV)
HUSTLE at Health Initiative for Men
Law Students for Decriminalization and Harm Reduction
Organize BC
Pacific AIDS Network Society
PEERS
Pivot Legal Society
Pride
Providing Alternatives, Counselling and Education (PACE) Society
Saige Community Food Bank
SFSS Women’s Centre
SOLID Outreach Society
Supporting Women’s Alternatives Network (SWAN)
UVic Gender Empowerment Centre
Victoria Sexual Assault Centre
WAVAW Rape Crisis Center
West Coast Cooperative of Sex Industry Professionals (WCCSIP)
WISH Drop-In Centre Society
YouthCO HIV & Hep C Society

Manitoba
Manitoba Harm Reduction Network
Sex Workers of Winnipeg Action Coalition

Newfoundland and Labrador
Bay St. George Status of Women Council
Corner Brook Status of Women Council
Planned Parenthood Newfoundland and Labrador Sexual Health Centre
Safe Harbour Outreach Project (S.H.O.P.)
St. John’s Status of Women’s Council/Women’s Centre
St. John’s Womxn in Music

Nova Scotia
Sexual Health Centre Lunenburg County
South House
Stepping Stone Association
The South House Sexual and Gender Resource Centre

Ontario
AIDS Committee of Ottawa
AIDS Committee of Windsor
Alliance for South Asian AIDS Prevention
Angel’s Angels
Barton Village Business Improvement Area
Butterfly Asian and Migrant Sex Workers Network
Chinese & Southeast Asian Legal Clinic
Chinese Canadian National Council Toronto Chapter
CUPE Local 3906
CUPE4600
DUAL-Drug User Advocacy League/OICH
Gender Studies & Feminist Research Program, McMaster University
Guelph Resource Centre for Gender Empowerment and Diversity
Hamilton Anvil
Hamilton Burlesque Society
HIV & AIDS Legal Clinic Ontario
Industrial Workers of the World – Hamilton GMB
LGBT YouthLine
Maggie’s Indigenous Sex Workers Drum Group
Maggie’s Toronto Sex Workers Action Project
Marit Collective
Migrant Sex Workers Project
No One Is Illegal-Toronto
Parkdale Community Legal Services
Planned Parenthood Toronto
POWER (Prostitutes of Ottawa-Gatineau Work, Educate and Resist)
Pride Hamilton
Safer Gigs Hamilton
SafeSpace
Sex Workers Advisory Network of Sudbury (SWANS)
Sex Workers’ Action Network of Waterloo Region
Sex Workers’ Action Program of Hamilton
SHORE Centre
Showing Up for Racial Justice Toronto (SURJ TO)
Street Health
TransParent Hamilton-Niagara
Willow’s Drop-In – Ottawa-Vanier
Women & HIV / AIDS Initiative
Women and Gender Equity Network
Women’s and Gender Equity Centre at University Toronto-Mississauga
Work Safe Twerk Safe
Workers’ Action Centre
YWCA Kitchener-Waterloo

Québec
Action Santé Travesties et Transexuel(le)s du Québec (ASTTeQ)
Agir
AlterHéros
CACTUS Montreal
Centre for Gender Advocacy
Clinique Droits Devant
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA)
Coalition LGBTQ youth groups
Conseil québécois LGBT
Dopamine
École de travail social UQAM
Émissaire
Fédération des femmes du Québec
GIAP
Les Hébergements de l’Envol
L’R des centres de femmes du Québec
Native Women’s Shelter
PACT de rue
Plein Milieu
Project 10
Projet d’intervention auprès des mineur.e.s prostitué.e.s (PIaMP)
Projet Lune<
RÉZO
Sidalys
Solidarity Across Borders- Montreal
Spectre de rue Inc.
Stella, l’amie de Maimie
The Open Door / La Porte Ouverte Montréal
TOMS Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le VIH/sida

Saskatchewan
Saskatoon Sexual Health

 

La mitología de la prostitución: investigación partidista y política pública

 

 

x Res Soc Policy (2010) 7:15–29

DOI 10.1007/s13178-010-0002-5

Ronald Weitzer

Publicado online: 21 Febrero 2010

http://www.policeprostitutionandpolitics.com/pdfs_all/Duplicate%20PDFS/Mythology_of_prostit.pdf

 

Resumen. Durante la década pasada, la política pública hacia la prostitución y otros tipos de trabajo sexual ha sido debatida cada vez más, tanto en medios académicos como en debates populares. Un punto de vista, el paradigma de la opresión, se ha visto reflejado cada vez más en los informes de los medios sobre la industria sexual y está siendo articulado de forma constante por los gobiernos de EE.UU., Europa y otros países. La proliferación de mitos basados en el paradigma de la opresión es responsable de la aparición de una resurgente mitología de la prostitución. Este artículo examina las afirmaciones hechas por organizaciones, activistas y estudiosos que respaldan el paradigma de la opresión; evalúa el razonamiento y la evidencia usados en apoyo de sus afirmaciones; y pone de manifiesto algunas de las vías por las que ese punto de vista ha influído en la legislación y en la política pública en algunas naciones. El autor presenta un punto de vista alternativo, el paradigma polimorfo, y sugiere que la política pública hacia la prostitución debería estar mejor informada por este enfoque basado en la evidencia.

Palabras clave: Sex industry . Sex work . Sexuality policy .

Prostitution myths . Legalization

  1. Weitzer (*)

Department of Sociology, George Washington University,

801 22nd Street NW, Suite 409,

Washington, DC 20052, USA

e-mail: weitzer@gwu.edu

 

El conocimiento del trabajo sexual está siendo distorsionado cada vez más por un grupo de influyentes activistas, organizaciones y algunos académicos, que miran la industria del sexo como una institución universalmente dañina.  El objetivo último de estos individuos (a los que me referiré en adelante como prohibicionistas (1)) es abolir toda la industria del sexo: es decir, la prostitución, la pornografía, los clubs de strip, y otros tipos de sexo comercial. Su campaña ha tenido dos efectos principales: en primer lugar, ha ocasionado una posición dominante de lo que llamo el paradigma de la opresión, que, a su vez, está contribuyendo a un nuevo resurgimiento de la mitología de la prostitución. En segundo lugar, esta mitología tiene importantes consecuencias en el mundo real: Las políticas públicas están cada vez más basadas en las afirmaciones de los activistas y académicos prohibicionistas. Este artículo evalúa críticamente las principales afirmaciones de este conjunto de trabajos y, a continuación, documenta su creciente incorporación a las políticas gubernamentales.

 

Razonamiento precientífico

El renombrado filósofo de la ciencia Karl Popper (1959) ha descrito el razonamiento precientífico como las conclusiones establecidas en ausencia de evidencia o carentes del ingrediente crítico de la refutabilidad. Las afirmaciones precientíficas son especialmente prevalentes entre ideólogos y políticos, cuyo apasionado compromiso con una causa puede minar su objetividad, pero el razonamiento precientífico ha sido también documentado en algunas investigaciones empíricas en varias áreas de la producción de conocimiento (Best 1999; Buchanan et al. 2003; di Mauro and Joffe 2007; Epstein 2006). Un así llamado “conocimiento” puede tener profundas implicaciones políticas.

La posición prohibicionista hacia el trabajo sexual está basada en una perspectiva que mira los servicios y espectáculos sexuales como inherentemente opresores y explotadores.

La investigación que deriva de este pilar ontológico central, típicamente contiene una o más dimensiones precientíficas. El efecto neto de esta literatura es doble: una seria distorsión de la realidad de la prostitución, por una parte,  y, por otra,  políticas públicas resultantes que no están basadas en la evidencia. Este artículo se centra en la prostitución, pero mi crítica puede ser también aplicada a los escritos prohibicionistas referidos a otros sectores de la industria del sexo (por ejemplo, stripping, pornografía) ya que están construídos de manera idéntica.

 

Afirmaciones sin pruebas

Los escritores prohibicionistas adoptan lo que llamo el paradigma de la opresión, que pinta la prostitución como el compendio de la dominación masculina y la explotación de las mujeres, independientemente del período histórico, el contexto social o el tipo de prostitución (Weitzer 2009b). Las afirmaciones más atrevidas son artículos de fe. Una buena teoría científica es aquella cuyas proposiciones pueden ser verificadas o refutadas mediante la experimentación empírica; sin embargo, sólo algunos principios del paradigma de la opresión pueden ser sometidos a verificación (lo veremos más adelante). Los teóricos de la opresión presentan sus afirmaciones centrales de forma arbitraria: como evidentes por sí mismas, principios absolutos. Farley (una de las principales defensoras del paradigma de la opresión) y coautores (1998) han descrito el paradigma de la opresión como “un punto de vista político” (p. 406), un enfoque que contrasta con el enfoque científico.

El paradigma de la opresión define la prostitución de una manera unidimensional: como inherentemente explotadora y nociva para las trabajadoras. La prostitución es “una institución particularmente depravada de desigualdad entre los sexos” (Farley 2004, p.1117) y “una institución que reparte muerte y enfermedad” (Raymond 2004, p. 1182) entre las mujeres. Los teóricos de la opresión insisten en que la prostitución es por definición una forma de violencia contra las mujeres, independientemente de que haya violencia física manifiesta: “La prostitución debe ser mostrada como realmente es: una forma particularmente letal de violencia masculina contra las mujeres” (Farley and Kelly 2000, p. 54). La distinción entre prostitución voluntaria y forzada es mirada como una falacia: según los prohibicionistas, siempre existe algún tipo de coacción y dominación:

“Los chulos nos acosan con el mito de que existe una gran distancia entre lo que llaman prostitución ‘libremente escogida’ y prostitución ‘forzada físicamente’” (Farley 2007, p. 97). En contraste con la noción de prostitución = violencia, un punto de vista alternativo, basado en la evidencia, caracterizaría a la victimización de forma diferenciada: esto es, como un factor que varía según momento, lugar y grado. La violencia de ninguna manera es endémica en la totalidad del comercio sexual (ver Shaver 2005; Vanwesenbeeck 2001; Weitzer 2009b).

El paradigma de la opresión es articulado cada vez más en debates públicos sobre el tratamiento político de la prostitución  y ha sido encabezado por algunos académicos influyentes que son también activistas antiprostitución (p.e., Donna Hughes, Sheila Jeffreys, Catherine MacKinnon, Jody Raphael, Janice Raymond). Muchos grupos activistas prominentes en todo el mundo abrazan también este paradigma. Las siguientes afirmaciones de algunas de estas organizaciones ilustran las maneras en que la prostitución es construida en el paradigma de la opresión.

  • El informe de Poppy Project (2008) sobre la prostitución en pisos en Londres afirma: “En un nivel fundamental, la prostitución es una expresión absoluta del poder de los hombres frente a la subordinación y falta de opciones de las mujeres. Pagar por servicios de prostitución permite a los hombres ejercer poder y control sobre las mujeres de un modo que parecería inaceptable en cualquier otra esfera” (p. 8).
  • El Women’s Support Project de Escocia (2003) ha proclamado, “Creemos que la prostitución y otras formas de explotación sexual comercial son parte del espectro de la violencia de los hombres contra las mujeres y las niñas (¶ 1). No es, pues, sorpresa que el reciente informe del proyecto sobre los clientes de las prostitutas (Macleod et al. 2008) afirme: “Una vez vista como una forma de violencia contra las mujeres enraizada en la desigualdad entre los sexos, la prostitución es mejor entendida como una transacción en la que hay dos roles: explotador / predador y víctima / presa (p. 30).
  • Una de las más prominentes organizaciones prohibicionistas es Prostitution Research and Education (PRE), cuyo objetivo central es “abolir la institución de la prostitución” (Prostitution Research & Education 1998–2008, ¶ 1). Melissa Farley, directora de PRE, ha asegurado: “La prostitución no sólo daña a las mujeres por sí, también promueve actitudes sexistas y conducta machista sexualmente agresiva hacia todas las mujeres de la comunidad… Asumir el derecho a tratar a las mujeres como prostitutas significa que son tratadas como si no fueran humanas, dañando así tanto a las prostitutas como a las mujeres que no lo son” (Farley 2007, p. 181). Esta organización ha tenido un éxito extremo en propagar el paradigma de la opresión en los medios de comunicación de masas y en ganar la aceptación de ese punto de vista por parte de los círculos gubernamentales de los USA y de otros países.
  • La Coalition Against Trafficking in Women (CATW 2009) declara en su sitio web: “Toda prostitución explota a las mujeres, con independencia del consentimiento de éstas. La prostitución afecta a todas las mujeres, justifica la venta de cualquier mujer y reduce a todas las mujeres a sexo” (Philosophy, ¶ 3). CATW tiene ramas por todo el mundo y afirma que “ha cambiado los términos del debate sobre la prostitución y la trata en muchas regiones del globo y en las Naciones Unidas” (History, ¶ 1). CATW fue fundada por Janice Raymond.
  • La Chicago Alliance Against Sexual Exploitation (2009) afirma en su sitio web (http://www.caase.org) que la organización “está comprometida con la construcción de una comunidad global libre de explotación sexual. Sabemos que el comercio sexual actúa en detrimento de una sociedad sana y socava la dignidad de todas las personas.” En asociación con Melissa Farley, la organización patrocinó un reciente estudio de clientes en Chicago (Durchslag and Goswami 2008).

La forma como algo es definido puede influir mucho en cómo es percibido. En el paradigma de la opresión, la prostitución es asimilada a otras prácticas que son ampliamente condenadas: violencia doméstica, violación, esclavitud sexual y explotación sexual comercial. Según su punto de vista, los clientes compran mujeres (2) más bien que usan servicios sexuales y son etiquetados como usuarios de prostitutas y predadores sexuales. Los prohibicionistas imponen tales etiquetas “porque sí”.

  • “Cuando los hombres usan a las mujeres en prostitución, están expresando puro odio hacia el cuerpo femenino” (Dworkin 1997, p. 145).
  • “La prostitución es mejor entendida como violencia doméstica que como trabajo” (Farley 2008, p. 16).
  • “La prostitución es violación pagada” (Raymond 1995).
  • “Esos hombres deben ser vistos como maltratadores más que como clientes” (Raphael and Shapiro 2004, p. 137).
  • “Los hombres que compran actos sexuales no respetan a las mujeres, ni quieren respetarlas” (Hughes 2005, p. 7).
  • “Esos clientes no son sólo chicos traviesos que necesitan un tirón de orejas. Deberían ser descritos más exactamente como predadores” (Melissa Farley, según cita en Brown 2008). Farley (2004) ha dicho en otra parte que “los puteros asesinan a las mujeres de forma regular”  (p. 1102). (3)
  • “La diferencia entre los chulos que aterrorizan a las mujeres en la calle y los chulos trajeados que aterrorizan a las mujeres en los clubs de alterne es sólo una diferencia de clase, no una diferencia en su odio hacia la mujer” (Farley 2004, p. 1101).
  • Según Macleod et al. (2008), los clientes deberían ser fichados como agresores sexuales y apuntados en un registro de agresores sexuales: “Este nombre es importante, ya que coloca a los hombres que compran sexo en la misma categoría que los violadores, los pedófilos y otros indeseables sociales” (p. 27).

Igual que hacen con los clientes de las trabajadoras sexuales, los prohibicionistas también aplican dramáticas etiquetas a las trabajadoras mismas. Agencias, activistas y académicos antiprostitución han argüido que las prostitutas deberían ser llamadas mujeres prostituidas, víctimas o supervivientes. Estas etiquetas indican claramente que “la prostitución es algo que se hace a las mujeres”.(Raymond 2004, p. 1183), no una práctica voluntaria. Jeffreys (1997) ha escrito: “Los activistas antiprostitución usan el término mujeres prostituidas en lugar de prostitutas. Esto es una decisión política deliberada y pretende simbolizar la falta de elección que tienen las mujeres sobre ser utilizadas en prostitución”(p. 330).

En el paradigma de la opresión, la autonomía individual es considerada imposible. La lógica que respalda este argumento es a veces expresada de manera ambigua: “En la medida en que se supone que una mujer ha escogido libremente la prostitución, en esa medida se deduce que en su naturaleza está el disfrutar con ser dominada y violada” (Farley and Kelly 2000, p. 54).

El sensacionalismo es abundante en este cuerpo de literatura. Las historias anecdóticas de horror son materia prima de estos escritos y están diseñadas claramente para despertar la indignación de los lectores. Informes, sitios web y artículos de prensa de tipo prohibicionista destacan citas de mujeres que han tenido horribles experiencias, que son presentadas como típicas. Más aún, los mismos autores escriben frecuentemente de una forma alarmante. Por ejemplo, Farley (2006) ha escrito: “Cuando las mujeres son convertidas en objetos dentro de los cuales se masturban los hombres, se produce un profundo daño psicológico en la persona que está actuando de receptáculo” (p.107). Con esta clase de lenguaje, la misma Farley parece cosificar a las mujeres (4). Igualmente cosificante es la afirmación general de Farley (2006): “Ella misma y aquella cualidades que la definen como un individuo son  anuladas en la prostitución y ella representa la parte de la cosa que él quiere que sea” (p.122). Otro ejemplo de tal sensacionalismo es la declaración de Farley de que “prostitución, pornografía y trata se adaptan, o las sobrepasan, a las definiciones legales de tortura” (p.114). El tono de tales escritos se aparta radicalmente del de los escritos académicos convencionales.

Etiquetar la prostitución como violación pagada, a las trabajadoras como mujeres prostituídas o supervivientes, y a los clientes como predadores, tiene la finalidad de impresionar. El paradigma de la opresión sobrepone a los actores estos constructos sobrecargados emocionalmene de una forma generalizada. Tal terminología categórica oscurece las relaciones empíricamente documentadas entre trabajadoras y clientes, relaciones que son complejas y variadas. Más aún, muchos clientes y trabajadoras rechazan estas etiquetas descalificadoras. En un estudio de 294 prostitutas callejeras en Miami, por ejemplo, casi todas ellas “prefirieron los términos trabajadora sexual y mujer trabajadora y denominarse a sí mismas así”  (Kurtz et al. 2004, p. 359). Otras se llaman a sí mismas escorts. En contraste con la demonización de los clientes prevalente en la literatura de la opresión, un único estudio comparativo (Monto and McRee 2005) encontró pocas diferencias entre clientes de prostitutas y una muestra representativa nacional de hombres norteamericanos.

Además de hacer grandilocuentes caracterizaciones ontológicas, la mitología de la prostitución también muestra un conjunto de afirmaciones específicas respecto al comercio sexual: que la gran mayoría de las prostitutas comienzan a ejercer cuando tienen 13 ó 14 años, que fueron víctimas de abusos físicos o sexuales cuando eran niñas, que fueron engañadas o forzadas a prostituirse por chulos o tratantes, que usan o son adictas a drogas y que quieren desesperadamente salir del comercio sexual. Cuando se aplican de forma general a todas las trabajadoras sexuales, estas afirmaciones son falacias; se aplican mejor a un sector de la prostitución callejera (las que lo hacen por supervivencia), menos a otras trabajadoras de calle y menos aún a las trabajadoras sexuales de interior (Weitzer 2009b) (5).

La temprana edad de comienzo, por ejemplo, fue identificada como un mito por Winick y Kinsie (1971) en su clásico libro sobre la prostitución. Los estudios contemporáneos han comunicado distintos porcentajes de individuos que comenzaron a vender sexo cuando eran menores de edad. Estos estudios (p.e., Hester y Westmarland 2004) han documentado que sólo una minoría comenzó a prostituirse antes de tener 18 años y un porcentaje aún menor antes de los 14 años. El deseo de las trabajadoras de dejar el comercio sexual no es de ninguna manera tan general como han dicho los prohibicionistas. Un estudio de trabajadoras sexuales thais, por ejemplo (Steinfatt 2002), encontró que sólo el 15% quería dejar de vender sexo, mientras que el resto quería seguir trabajando en el comercio sexual, y el 69% dijeron que pensaban que el trabajo sexual era un buen trabajo. Otra evidencia que contradice los mitos antes mencionados puede ser encontrada en las principales revisiones de la literatura (Shaver 2005; Vanwesenbeeck 2001; Weitzer 2009b).

 

Afirmaciones basadas en investigaciones defectuosas

Algunos escritores partidarios del paradigma de la opresión han llevado a cabo investigaciones partidistas para promover sus objetivos políticos. Sus estudios a menudo toman la forma de informes no revisados ​​por pares realizados para organizaciones patrocinadoras, muchas de los cuales adoptan el paradigma de la opresión (6), pero otros han publicado artículos en revistas académicas, especialmente Violence Against Women y en algunas revistas legales (estas últimas generalmente carecen de revisión por pares). (7) Por ejemplo, Raymond editó un número especial de Violence Against Womenen en octubre de 2004, titulando la colección “El contencioso contra la legalización de la prostitución”. Estos escritos pueden ser criticados por varios motivos, que discuto más adelante.

Generalizaciones indiscriminadas

Los escritos de quienes adoptan el paradigma de la opresión son sorprendentes no solo por sus grandes suposiciones a priori y artículos de fe (descritos anteriormente) sino también por las generalizaciones que extraen de sus estudios empíricos. En un libro sobre prostitución en Noruega (Hoigard y Finstad 1992), por ejemplo, los autores escribieron que la prostitución es una “abominación” (p. 76) y una “opresión brutal” (p. 183), a pesar de que los hallazgos empíricos de los autores no respaldaban tan grandes acusaciones.

Los escritores que adoptan el paradigma de la opresión tienden a seleccionar o acentuar los casos de abuso más inquietantes y los presentan como representativos e indicativos de problemas intrínsecos. Gayle Rubin (1984) criticó una generación anterior de escritos prohibicionistas por seleccionar los “peores ejemplos disponibles” (p. 301) en el comercio sexual y considerarlos como la norma. Las generalizaciones son a menudo demostrablemente falsas, empíricamente dudosas o sin fundamento (es decir, la evidencia no es concluyente). Los términos y frases generalizantes, tales como la prostitución está vinculada a, causas de la prostitución, nos dijeron las mujeres, dicen los puteros, o los daños de la prostitución son una práctica estándar. Tales construcciones deterministas deberían hacer una pausa para los científicos sociales, que usan un lenguaje probabilístico para describir los hallazgos de la investigación, por ejemplo, frases como incrementan la probabilidad de, aumentan la probabilidad o son más probables que.

Los escritores prohibicionistas generalizan constantemente sobre la prostitución, alegando que no hay diferencia entre los diferentes sectores del trabajo sexual (8). Otros analistas (Vanwesenbeeck 2001) han criticado la “incapacidad de estos escritores para diferenciar adecuadamente entre las trabajadoras sexuales” (p. 279). En lugar de agrupar a todas las trabajadoras en una categoría de prostitución indiferenciada, la evidencia apunta a diferencias significativas entre quienes venden sexo. Plumridge y Abel (2001) han llamado a la prostitución un “mercado segmentado”, y Harcourt y Donovan (2005) han descrito lo que llaman “las muchas caras del trabajo sexual”. De hecho, “los análisis empíricos demuestran una notable diversidad de actividades que caen” bajo el término prostitución y una notable diversidad de experiencias entre las participantes ”(Monto 2004, p. 164).

La victimización es un área en la que se hacen generalizaciones injustificadas con frecuencia. Los escritores de la opresión a menudo afirman que porcentajes extremadamente altos (80–100%) de prostitutas son agredidas, robadas, violadas y victimizadas (Farley et al. 2003; Raphael y Shapiro 2004). Estas cifras de victimización son típicamente mucho más altas que las reportadas por los investigadores principales (por ejemplo, Church et al. 2001; Kurtz et al. 2004; Lowman y Fraser 1995; Perkins y Lovejoy 2007; Comité de Revisión de la Ley de Prostitución 2008; Seib et al. 2009; Whittaker y Hart 1996).

De hecho, es imposible documentar definitivamente la frecuencia o la gravedad de la victimización en esas poblaciones ocultas. El muestreo aleatorio de las trabajadoras sexuales es imposible porque no hay una lista completa de trabajadoras (en cualquier jurisdicción), y no hay forma de conocer los parámetros de la población de prostitutas o de clientes. Junto con esta dificultad está el problema de obtener acceso y cooperación de quienes participan en el comercio sexual. Todas las tasas de victimización reportadas son vulnerables al sesgo de selección: el segmento más desesperado de la población de prostitutas o las víctimas más frecuentes o más serias pueden ser especialmente propensas a contactar con proveedores de servicios o a aceptar entrevistas. La generalización de las prostitutas bajo custodia a la población de prostitutas en general es inherentemente defectuosa, al igual que sacar conclusiones generales de otros tipos de delincuentes encarcelados.

En ausencia de una muestra aleatoria, lo mejor que se puede esperar es una estrategia de entrevistar a personas en varios lugares geográficos y en diferentes tipos de prostitución, de manera rigurosa e imparcial. Los investigadores deben esforzarse por crear muestras que extraigan de múltiples ubicaciones y tipos de trabajadoras y que no estén sesgadas hacia ningún subgrupo en particular. Este procedimiento se conoce como muestreo intencional. Los estudios comparativos bien construidos (por ejemplo, Lever y Dolnick 2010; Lowman y Fraser 1995; PLRC 2008; Seib et al.2009; Shaver 2005; Vanwesenbeeck 2001; Weitzer 2009b) han tendido a encontrar diferencias significativas, y a veces enormes, entre las prostitutas de calle y las de interior en prácticas ocupacionales, satisfacción laboral, autoestima, salud física y psicológica, y varios tipos de victimización. Como Cusick (2006) ha concluido: “Cuando se comparan directamente los mercados sexuales, los daños introducidos por el trabajo sexual se concentran abrumadoramente en los mercados sexuales callejeros” (p. 4). Muchas trabajadoras sexuales en interiores reportan poca o ninguna victimización (Lucas 2005; Perkins y Lovejoy 2007; Sanders y Campbell 2007; Whittaker y Hart 1996).

Dada la imposibilidad del muestreo aleatorio, es imperativo que los investigadores califiquen sus conclusiones correctamente y eviten hacer generalizaciones sobre la prostitución: las trabajadoras varían enormemente y la prostitución toma formas bastante diferentes. Las conclusiones deben limitarse a la muestra discreta estudiada, que puede o no reflejar la población más grande de la que se extrae la muestra. Sin embargo, los escritores prohibicionistas a menudo no mencionan las limitaciones de muestreo de sus estudios y con frecuencia generalizan a partir de pequeñas muestras de conveniencia. Sus conclusiones suelen ir mucho más allá de sus datos.

Los escritores que adoptan el paradigma de la opresión también tienden a distorsionar o presentar selectivamente sus propios hallazgos. El siguiente ejemplo es ilustrativo de un problema que impregna la literatura de la opresión: el informe The Poppy Project (2008) sobre la prostitución en interiores en Londres, Big Brothel, contiene una página de titulares chocantes, como los siguientes:

  • “Sexo completo disponible por quince libras”.
  • “Besos, sexo oral o anal sin condón por un extra de 10 libras”.

En otra parte, el informe del Proyecto Poppy se refiere a “la ubicuidad de los servicios peligrosos y con descuento” (p. 29). Sin embargo, solo uno de los 921 burdeles ofreció sexo completo por 15 libras, y solo 19 burdeles ofrecieron “sexo completo o sexo anal” sin condón (Poppy Project, págs. 33, 34), y aunque los autores afirmaron haber identificado 921 burdeles en el área del Gran Londres, el número promedio de trabajadoras por burdel fue dos, lo que indica que muchos de estos supuestos burdeles eran en realidad proveedoras individuales que trabajaban en locales privados en lugar de burdeles (Poppy Project, p. 5). La distorsión también se ilustra en la afirmación de que los burdeles han invadido áreas tranquilas: “El 85 por ciento de los burdeles de Londres operan en áreas residenciales” (Proyecto Poppy, p. 4), y un comunicado de prensa del 4 de septiembre de 2008 del Proyecto Poppy declaró: ” Se ha dicho que nunca estamos a más de seis pies de distancia de una rata en Londres. Aparentemente, algo similar se aplica a los burdeles… Esta investigación muestra la perturbadora prevalencia de la industria del sexo en todos los rincones de Londres ”. De esta y otras formas, los resultados están sesgados para ocasionar un efecto dramático. Los llamados burdeles ubicuos en áreas residenciales pueden ser más inquietantes para el público que las operadoras independientes.

El informe recibió una publicidad sensacionalista en los medios de comunicación británicos, con titulares como “La industria del burdel se está ‘extendiendo’” (BBC World News 2008) y “El sexo se puede comprar por solo £ 15, revela una nueva encuesta” (Daily Mail 2008). El informe fue criticado por 27 investigadores universitarios, incluido el presente autor, cuya crítica fue reportada en la prensa (Lipsett 2008).

Recopilación de datos opaca y sesgada

Algunos estudios son notablemente francos sobre sus prejuicios. Un estudio de Chicago (Raphael y Shapiro 2004) comenzó con la premisa de que la prostitución es dañina: “Este proyecto de investigación fue diseñado dentro de un marco que considera la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres y no la prostitución como una industria legítima” (p. 132). Las 12 entrevistadoras eran exprostitutas que compartían ese punto de vista: eran “sobrevivientes de la prostitución que no veían sus propias experiencias [de prostitución previa] como ‘trabajo’ o una elección” (Raphael y Shapiro 2002, p. 9; 2004, p. 129), y los autores reconocieron el “sesgo de las entrevistadoras” (Raphael y Shapiro 2002, p. 33). Si las entrevistadoras fueron parciales, parece que los encuestados estaban lejos de ser representativos. Los autores dieron poca indicación de cómo fueron localizados las encuestadas, excepto para decir que las entrevistadoras ya las conocían: eran “mujeres con las que trabajaron anteriormente en la prostitución, y mujeres referidas por las entrevistadas” (Raphael y Shapiro 2004, p. 132).

Los autores reconocieron que, debido a estos procedimientos, “es probable que esta muestra sea más representativa de las mujeres que quieren abandonar la prostitución” (Raphael y Shapiro 2004, p. 132). Además, “las preguntas de la encuesta y su administración probablemente fueron sesgadas en algún grado al trabajar dentro de este marco [de opresión] y al emplear a entrevistadoras que habían dejado la prostitución” (Raphael y Shapiro, p. 132) y que entrevistaron a asociadas anteriores que podrían haber sido de mentalidad similar. Este estudio es un buen ejemplo de un diseño de investigación precientífico. Como Vanwesenbeeck (2001) ha señalado:

Cuando los investigadores tienen dificultades para comprender argumentos racionales, por no decir positivos, para elegir el trabajo sexual y les resulta más fácil pensar en las prostitutas como víctimas, es comprensible que las trabajadoras sexuales [entrevistadas] enfaticen su condición de víctima y sus motivaciones negativas para trabajar. (pág. 259)

Los procedimientos sesgados arrojan conclusiones distorsionadas.

Los procedimientos de recopilación de datos en estudios basados ​​en el paradigma de la opresión a menudo son invisibles o problemáticos. Los problemas comunes incluyen la incapacidad de proporcionar suficientes detalles sobre los métodos de muestreo o de revelar las preguntas formuladas a las encuestadas. Como cualquier persona involucrada en la investigación mediante encuestas sabe, la redacción de preguntas puede hacer una gran diferencia en las respuestas obtenidas, y la práctica estándar es proporcionar al lector los elementos más importantes textualmente, especialmente sobre temas delicados. Este procedimiento rara vez se usa en investigaciones prohibicionistas. Por ejemplo, Farley (2008), quien es autora de varios estudios basados ​​en sus encuestas, ha declarado que “solo a individuos calificados” (pág. 48) se les permitiría ver las preguntas, y tendrían que contactarla directamente. Esta declaración desconcertante podría interpretarse como un intento de resistirse a la divulgación total de los procedimientos de investigación, violando el canon científico de la transparencia.

Algunos de estos estudios se basan en el engaño de los sujetos y, por lo tanto, plantean cuestiones éticas. En el examen de prostíbulos en Londres realizado por el Proyecto Poppy (2008), los investigadores hombres hicieron llamadas en frío a los números de teléfono que figuran en los anuncios de los periódicos y formularon una serie de preguntas a la persona que respondió al teléfono, generalmente una recepcionista. Los hombres se hicieron pasar por posibles clientes que preguntaban sobre la edad, el origen étnico y la cantidad de trabajadoras empleadas, los servicios y honorarios sexuales, la política de condones, etc.

Este procedimiento está lleno de problemas, por dos razones: en primer lugar, debido a que las personas que llamaron no hicieron un esfuerzo para establecer una buena relación con las recepcionistas (algo que lleva tiempo y podría depender de una conversación cara a cara), es probable que al menos algunas de las recepcionistas sospecharan de la persona que llamaba. En segundo lugar, debido a que las recepcionistas tenían interés en atraer a la persona que llamaba para que visitara el establecimiento, es posible que les hayan dicho a los hombres lo que querían escuchar, incluso citar servicios que no estaban disponibles, para que vinieran a llamar a la puerta. El informe del Proyecto Poppy (2008) reveló: “En algunos casos, los participantes potenciales no estaban dispuestos a revelar información, por falta de inclinación, falta de tiempo o sospecha” (p. 15). Sin embargo, el informe no revela con qué frecuencia se produjo este escenario, y trata la información recopilada como objetiva.

Los procedimientos de muestreo a veces son completamente invisibles. Por ejemplo, Farley et al. (1998) entrevistaron a trabajadoras en algunas situaciones inusuales: en Turquía, entrevistaron a mujeres que la policía llevó a un hospital con el fin de realizar controles de enfermedades venéreas; en Tailandia, las encuestadas fueron entrevistadas en la calle, en un salón de belleza y en una organización que ofrece servicios de apoyo; en Zambia, los investigadores entrevistaron a mujeres en una organización que ofrece servicios de apoyo a prostitutas; en Sudáfrica, se entrevistó a personas en la calle, en burdeles y en un centro de acogida. Los autores no proporcionaron información sobre cómo se seleccionaron estas ubicaciones, ni comentaron sobre la distorsión que puede resultar de tal muestreo de conveniencia. Es probable que las personas contactadas en las agencias proveedoras de servicios, así como aquellas que han sido detenidas por la policía, no sean representativas de la mayor población de trabajadoras sexuales.

Una deficiencia importante en la mayoría de los estudios de prostitución, incluidos los de los teóricos de la opresión, es la ausencia de un grupo de control. Las muestras de prostitutas no se comparan con muestras cuidadosamente seleccionadas de no prostitutas, y las muestras de clientes no se comparan con hombres que no han pagado por sexo. Por lo tanto, es imposible saber si las opiniones y experiencias de los encuestados difieren significativamente de las de las personas que no participan en el comercio sexual. Los escritores suelen atribuir sus resultados a los efectos de la prostitución, sin tener en cuenta si las tasas de victimización (por ejemplo, de asalto, robo, violación) difieren significativamente de las de la población en general. Como Shaver (2005) ha señalado, dicha investigación comparativa es necesaria para identificar los problemas que son “exclusivos del trabajo sexual y [aquellos] que son característicos de condiciones más generales, como género, origen étnico, oportunidades educativas, estado de salud y pobreza… Las comparaciones de trabajadoras sexuales con grupos de comparación apropiados a menudo sirven para demostrar que son falsas las percepciones populares” (págs. 306, 307) en la medida en que documentan similitudes entre las poblaciones prostituidas y no prostituidas situadas de manera similar (por ejemplo, Nadon et al. 1998). La misma conclusión parece ser cierta para los clientes, que se ha encontrado que difieren poco de las muestras representativas de otros hombres, al menos en los Estados Unidos (Monto y McRee 2005).

Dos estudios recientes y ampliamente publicitados de clientes —informes de la Alianza de Chicago contra la Explotación Sexual (Durchslag y Goswami 2008) y del Proyecto de Apoyo a las Mujeres de Escocia (Macleod et al. 2008)— ilustran muchos de los problemas metodológicos en este cuerpo de literatura. (Farley estuvo involucrada en ambos proyectos). A pesar de su orientación parcial hacia la industria del sexo (documentada previamente), los grupos presentan sus investigaciones y hallazgos como sólidos. Ambos informes están estructurados en torno a una línea argumental particular que describe las innumerables formas en que los clientes se desvían, con citas alarmantes seleccionadas para ajustarse a la línea argumental. Todos los informes terminan con recomendaciones de medidas para suprimir la demanda —escuelas de puteros y un mayor castigo para los clientes— y todos los informes recibieron publicidad en los medios locales.

Los dos estudios son ejemplos de libro de texto de procedimientos de recopilación de datos opacos y defectuosos. En primer lugar, no hay indicios de si los clientes entrevistados fueron informados sobre los objetivos del estudio o la orientación de los investigadores y su agencia patrocinadora, si los participantes recibieron formularios de consentimiento informado para firmar, o si los investigadores siguieron otros protocolos éticos. (10) En segundo lugar, debido a que los informes no proporcionan las preguntas de la entrevista, es difícil saber a qué respondían los hombres y si alguna de las preguntas estaba cargada. Es de destacar que los autores proporcionaron solo una cita (invariablemente una inquietante) para ilustrar cada supuesto hallazgo. En tercer lugar, ambos informes mencionaron que las entrevistadoras a menudo sentían desprecio por los hombres entrevistados. Por ejemplo, el informe de Chicago declaró:

Muchas de los entrevistadoras sentimos la crueldad del sexismo de los hombres no solo contra las mujeres compradas por los hombres, sino también contra nosotras mismas… Las entrevistadoras informaron sentirse escépticas sobre la ignorancia profesada por los hombres sobre las mujeres prostituidas, temerosas de la posibilidad de ser acosados ​​por los entrevistados, físicamente revueltas, con flashbacks a sus propios experiencias previas de violencia sexual, cuestionaron algunos aspectos de sus propias relaciones con los hombres en sus vidas, y en ocasiones sintieron la inclinación a disociarse o beber alcohol para adormecer las reacciones emocionales dolorosas a las entrevistas (Durchslag y Goswami 2008, p. 7 )

Dadas estas reacciones durante las entrevistas, uno se pregunta cómo las entrevistadoras pudieron mantener una “relación amigable y sin prejuicios” (Durchslag y Goswami, p. 7) con los hombres, como afirmaba el informe.

Hallazgos incómodos

En tales estudios, el sesgo también es evidente en un descuido del canon científico de la falsabilidad. Si llegan a hacer algún comentario de los resultados que no esperaban, los escritores prohibicionistas hacen todo lo posible para desacreditar tales hallazgos. Esta desacreditación incluye minimizar o cuestionar las voces de las propias trabajadoras sexuales cuando no están de acuerdo con las opiniones del autor. Por ejemplo, Raymond (2003) ha escrito: “No hay duda de que un pequeño número de mujeres dicen que optan por prostituirse, especialmente en contextos públicos orquestados por la industria del sexo” (p. 325). Al afirmar que el número es pequeño y al usar las palabras decir y orquestados, Raymond claramente trató de poner en duda la veracidad del testimonio de las mujeres.

En las entrevistas de Farley (2007) con algunas trabajadoras en ocho de los 30 burdeles legales de Nevada, dijo: “Sabía que minimizarían lo malo que era” (p. 22). Las encuestadas que no reconocieron que trabajar en un burdel era malo se consideraron en negación, y Farley intentó penetrar esta barrera: “Les pedíamos a las mujeres que se quitaran brevemente una máscara que era crucial para su supervivencia psicológica” (p. 22 ) Farley también ha afirmado que la mayoría de las mujeres que trabajan en los burdeles legales tenían proxenetas, a pesar de que las mujeres eran “reacias a admitir que sus novios y maridos las proxenetizaban” (pág. 31). Farley descubrió que “un porcentaje sorprendentemente bajo — 33% — de nuestras entrevistadas en los burdeles legales reportaron abuso sexual en la infancia” (p. 33), un porcentaje que “es menor que la probable incidencia real de abuso sexual debido a los síntomas de adormecimiento , evitación y disociación entre estas mujeres ”(p. 33), o molestias al hablar de tales experiencias.

En su estudio de seis países, Farley et al. (2003) encontraron un apoyo sustancial a la legalización entre las trabajadoras sexuales: una mayoría (54%) de las prostitutas entrevistadas en todos los países (y 56% en Colombia, 74% en Canadá, 85% en México) dijo que legalizar la prostitución la haría más segura. Los autores presentaron estas cifras inconvenientes en una tabla pero no las mencionaron en el texto (donde simplemente declararon que el 46% del total no creía que la legalización haría más segura la prostitución). En un artículo posterior, Farley (2005) descartó a aquellas trabajadoras que estaban a favor de la legalización: : “Como todas las demás, nuestras entrevistadas redujeron al mínimo los daños de la prostitución y, a veces, creían las afirmaciones de la industria de que la legalización o la despenalización de alguna manera las hará más seguras. Lamentablemente, no hay evidencia que respalde su creencia ”(p. 954). Farley sostiene que si las trabajadoras estaban a favor de la legalización, no formaron esta opinión por sí mismas, sino que debieron haber sido engañadas por activistas. (De hecho, como se indica posteriormente, existe evidencia de que algunos sistemas de legalización proporcionan un ambiente de trabajo relativamente seguro para las trabajadoras sexuales.) Caso tras caso, los hallazgos que son inconsistentes con el paradigma de la opresión se descartan y se reinterpretan para adaptarse a las presunciones del escritor: un claro ejemplo de razonamiento precientífico.

Además de la presentación de nuevos hallazgos, el avance científico también depende de la diligencia debida de los investigadores al citar y lidiar con otros estudios cuyos hallazgos difieren de los suyos propios. La práctica estándar es situar un estudio dentro de la literatura académica relacionada. Sin embargo, aquellos que operan dentro del paradigma de la opresión a menudo restringen sus citas a escritos de autores de ideas afines e ignoran los estudios que llegan a conclusiones inconsistentes con los suyos, de los cuales hay muchos, como se refleja en varias revisiones exhaustivas de la literatura (Shaver 2005; Vanwesenbeeck 2001; Weitzer 2009b). En algunos escritos, los teóricos de la opresión no citan ningún tipo de investigación académica. Este patrón se encuentra, por ejemplo, en el intento de Sullivan y Jeffreys (2002) de construir un contencioso contra la prostitución legal, el informe de Raymond (2004) sobre clientes y el artículo de Farley (2006) que afirma que la violencia en la prostitución es “normativa” (pp 104, 105).

Cuando los prohibicionistas citan los hallazgos de otros investigadores, a veces distorsionan los resultados y afirman exactamente lo contrario de lo que encontraron los investigadores citados. Por ejemplo, Farley (2008) afirmó que los clientes habituales “respaldaban firmemente los mitos sobre la violación” (p. 43), y citó un estudio de Monto y Hotaling (2001) para respaldar esta afirmación. Monto y Hotaling informaron solo que los clientes habituales eran más propensos que otros clientes a aceptar los mitos de la violación, no que los respaldaran firmemente, y Farley no mencionó el hallazgo más importante de este estudio: que los clientes en general no estaban dispuestos a respaldar los mitos de la violación: Monto y Hotaling encontraron “bajos niveles de aceptación de mitos de violación” (p. 275) entre la gran muestra de clientes estudiados.

Al tratar de argumentar que la prostitución en interiores victimiza a las mujeres en la misma medida que la prostitución callejera, Farley (2006) informó que un estudio británico de Church et al. (2001) encontró que las trabajadoras en lugares cerrados (residencias privadas, saunas) reportaron más intentos de violación que las trabajadoras de la calle. De hecho, el estudio de Church informó lo contrario: que el 28% de las trabajadoras de la calle dijeron que alguna vez habían experimentado un intento de violación, en comparación con el 17% de las trabajadoras de interiores. Además, Farley no mencionó que las prostitutas de la calle tenían 11 veces más probabilidades de haber sido violadas: según Church et al., el 22% de la muestra de la calle en comparación con solo el 2% de la muestra del interior había sido violada mientras estaba en el trabajo. Este ejemplo es un caso claro de invertir e ignorar hallazgos que contradicen los argumentos propios.

Los prohibicionistas también tienden a minimizar los resultados de otros investigadores. Cuando se le preguntó acerca de los estudios de clientes de prostitutas, Raymond (2008b) comentó que “lo que hemos visto en algunos de los estudios, los estudios de Monto, por ejemplo, donde ha entrevistado a compradores, es que muchos hombres falsifican la verdad” (págs. 60-61). Monto no ha hecho tal sugerencia en sus publicaciones (ver Monto 2004, 2010). Además, la afirmación de Raymond supone no solo que ella sabe cuál es la verdad, sino también que tiene evidencia de que los hombres están haciendo declaraciones falsas. Farley (2007) citó los hallazgos de Brents y Hausbeck (2005) de que las mujeres que trabajan en los burdeles legales de Nevada se sienten seguras en el trabajo, pero arroja dudas sobre este hallazgo al argumentar que “la seguridad es relativa, dado que toda la prostitución está asociada con una alta probabilidad de violencia ”(Farley, p. 20). Este movimiento, de nuevo, refleja una tendencia a lo largo de la literatura de opresión a descartar la evidencia que contradice sus principios centrales.

Ahora paso a un tema final que ha recibido mucha atención de quienes trabajan dentro del paradigma de la opresión: los efectos de la legalización.

 

La cuestión de la legalización

Comprometidos con una estricta política prohibicionista, los teóricos de la opresión han sido muy críticos con las naciones que han despenalizado el trabajo sexual (eliminándolo del derecho penal) o han adoptado algún tipo de legalización (por ejemplo, investigación y registro por parte del gobierno de propietarios de negocios, licencias de trabajadoras, requisitos de salud como el uso obligatorio del condón, visitas periódicas al burdel por parte de funcionarios, restricciones de zonificación). El argumento es que la despenalización y la legalización solo harán la situación peor que en un régimen de penalización. Como Raymond (2003) ha declarado, “en lugar de abandonar a las mujeres en la industria del sexo a la prostitución patrocinada por el estado, las leyes deberían combatir la depredación de los hombres que compran mujeres” (p. 326). Para los prohibicionistas, la legalización simbólicamente otorga un sello oficial de aprobación a una institución vil y crea lo que ellos llaman una cultura de prostitución, en la cual las transacciones sexuales comerciales se hacen aceptables:

Cuando desaparecen las barreras legales, también lo hacen las barreras sociales y éticas para tratar a las mujeres como mercancía sexual. La legalización de la prostitución envía el mensaje a las nuevas generaciones de hombres y muchachos de que las mujeres son productos sexuales y que la prostitución es una diversión inofensiva. (Raymond, pág. 322)

Estas objeciones morales a la prostitución podrían aplicarse fácilmente a los anuncios comerciales y a la industria del entretenimiento en general, donde la cosificación sexual de las mujeres es generalizada.

Además del crecimiento de una cultura de prostitución que devalúa a las mujeres, los autores prohibicionistas identifican una letanía de problemas específicos que asocian con la prostitución legal. Revisaré cada una de estas afirmaciones a continuación.

Afirmación 1 Los niveles de violencia y explotación inevitablemente aumentan en las jurisdicciones donde la prostitución ha sido legalizada y regulada:

Legitimar la prostitución como trabajo simplemente ha funcionado para normalizar la violencia y el abuso sexual que [las trabajadoras] experimentan a diario … La prostitución legalizada es abuso de mujeres respaldado por el gobierno (Sullivan 2005, p. 23).

Sullivan ha ido tan lejos como para afirmar que “la prostitución nunca puede ser segura” (p. 18).

Tal inevitabilidad es un artículo de fe, no una conclusión de evidencia empírica. De hecho, hay evidencia que desafía esta afirmación. Una década de investigación sobre burdeles legales en Nevada (Brents y Hausbeck 2005) ha concluido que los burdeles “ofrecen el ambiente más seguro disponible para que las mujeres vendan actos sexuales consensuados por dinero” (p. 289). Una investigación realizada por el Ministerio de Justicia en los Países Bajos (Daalder 2004) encontró que la “gran mayoría” (p. 30) de las trabajadoras en burdeles y ventanas holandeses informaron que “a menudo o siempre se sienten seguras” (p. 30). Del mismo modo, en Queensland, Australia, “No hay duda de que los burdeles con licencia proporcionan el ambiente de trabajo más seguro para las trabajadoras sexuales … Los burdeles legales que ahora operan en Queensland proporcionan un paradigma sostenible para una industria legal de burdeles con licencia saludable, libre de delitos y segura”(Comisión de Delitos y Mala Conducta 2004, p. 75; ver también Sullivan 2008). De las 101 trabajadoras de burdeles de Queensland entrevistadas, el 97% sintió que una ventaja de trabajar en un burdel legal era su seguridad (Woodward et al. 2004). En cada uno de estos contextos, los burdeles emplean precauciones de seguridad (p. ej., detección, vigilancia, sistemas de alarma, dispositivos de escucha) que reducen la probabilidad de abuso por parte de los clientes, y el estatus legal pretende cambiar el papel de la policía al de una intervención de protección en caso de problemas.

Ninguna de estas pruebas está destinada a romantizar los sistemas legales de prostitución. Trabajar en un sistema de este tipo no afecta a las participantes monolíticamente: las personas difieren en sus sentimientos sobre el trabajo, en la proporción entre experiencias negativas y positivas con los clientes y las relaciones con los gerentes, y en la satisfacción con las reglas y regulaciones. Además, los sistemas legales varían según el contexto nacional, con burdeles en los países desarrollados que difieren de los del Tercer Mundo. En este último, los establecimientos legales pueden tener menos comodidades y precauciones de seguridad que las de los países más desarrollados. Incluso en el Tercer Mundo, las trabajadoras legales pueden experimentar una mayor autoestima debido a mayores ganancias, falta de hostigamiento policial u otras mejoras en relación con sus experiencias de vida anteriores. Este efecto ha sido documentado en investigaciones en México y el Caribe (Kelly 2008; Martis 1999).

Afirmación 2 La legalización conduce a la proliferación de la prostitución. Según Raymond (2003), la legalización “alienta a los hombres a comprar mujeres para tener sexo” (p. 322) porque hace que el sexo remunerado sea más aceptable socialmente. Tal afirmación es difícil de justificar, dada la ausencia de datos sólidos sobre el consumo de prostitución antes y después de la legalización. Sin embargo, una evaluación de la cantidad de prostitución antes y después de la legalización en Nueva Zelanda en 2003 encontró que “el número de trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda no ha aumentado como resultado de la aprobación de la PRA [Ley de Reforma de la Prostitución, 2003]” (PLRC 2008, p. 29; ver también Abel et al.2009). Sin embargo, reconociendo la dificultad de contar a las personas involucradas en este comercio, este estudio oficial informó que el número de trabajadoras parece haber disminuido desde la legalización, de aproximadamente 5.932 en 2003 a 2.232 en 2007 (PLRC 2008). La conclusión central fue que la legalización no conduce inevitablemente a la proliferación, como afirman los teóricos de la opresión.

Sin embargo, Raymond (2008b) ha ido más allá al afirmar que la prostitución legal aumenta la demanda de prostitución ilegal y de experiencias sexuales perversas:

Un sistema despenalizado les da a los hombres más derecho a salir del país porque no quieren el sexo legal de variedad de jardín que se les ofrece; quieren las actividades sexuales más transgresoras, sexo con niños, sexo con otras personas que no pudieron obtener en los burdeles legales … Promueve el derecho al sexo no legal. (págs. 74–75)

No hay evidencia que respalde esta afirmación.

Raymond (2003) ha argumentado que la legalización necesariamente aumenta la prostitución de menores, pero los sistemas bien monitoreados ofrecen evidencia en contra. En Nueva Zelanda, por ejemplo, una evaluación del gobierno (PLRC 2008) concluyó que “no considera que la PRA [Ley de Reforma de la Prostitución] haya aumentado la participación de menores en la prostitución” (p. 102). Otros sistemas legales (por ejemplo, Holanda, Australia) tienen un requisito de edad mínima y una prohibición de tener menores presentes en un lugar donde se realiza trabajo sexual. Un reciente informe del gobierno sobre los Países Bajos (Daalder 2007) concluyó que “parece que casi no hay prostitución de menores en el sector con licencia” y “los inspectores se encuentran con prostitutas menores de edad de manera muy incidental” (p. 86). Además, pocas de las trabajadoras actuales comenzaron a vender sexo como menores: solo el 5% (de una muestra de 354 prostitutas) lo había hecho cuando tenían menos de 18 años.

Afirmación 3 La legalización facilita y aumenta la trata sexual en la jurisdicción donde la prostitución es legal. La prostitución legalizada es “una de las causas fundamentales de la trata sexual” (Raymond 2003, p. 317), y “donde la prostitución es legal, la trata sexual procedente de otros países aumenta significativamente en negocios sexuales tanto legales como ilegales en la región” (Farley 2007, p. 118). El informe de Farley (2007) sobre prostitución legal en Nevada se basa en rumores para respaldar esta afirmación:

Las mujeres son tratadas desde otros países a los burdeles legales de Nevada… En Nevada, el 27 por ciento de nuestras 45 entrevistadas en los burdeles legales de Nevada creían que había inmigrantes indocumentadas en los burdeles legales. Otro 11 por ciento dijeron que no estaban seguras, por lo tanto, hasta el 38 por ciento de las mujeres que entrevistamos pueden haber sabido de mujeres tratadas internacionalmente en prostitución legal de burdeles de Nevada. (págs. 118, 119, énfasis añadido)

Otra forma de informar este supuesto hallazgo es que hasta el 62% creía que las mujeres no eran tratadas a los burdeles, mientras que el resto no tenía una opinión o creía que los burdeles tenían inmigrantes indocumentadas, mujeres que no necesariamente eran tratadas. En otra parte del informe, Farley (2007) declaró que algunas mujeres en un burdel le dijeron que las mujeres en otro burdel habían sido tratadas desde China. En lugar de tratar esta información como un rumor, Farley la presentó como objetiva y llamó a las mujeres que le contaron esta historia “testigos”, prestando a sus declaraciones un aura de credibilidad.

La prostitución ha sido legal en Victoria, Australia, desde 1984. En su crítica de la situación victoriana, Sullivan y Jeffreys (2002) han afirmado que la trata “parece haberse disparado” (p. 1145), pero luego declararon que esto es puramente anecdótico. No hay evidencia que respalde la afirmación de que la legalización aumenta la trata en Victoria o en otros lugares de Australia. Además, las evaluaciones recientes del gobierno australiano (Comité Parlamentario Conjunto 2004) y de organizaciones independientes han concluido que la trata no era un problema significativo en Australia. Como informó una evaluación,

Las cifras de trata son bajas principalmente debido al aislamiento geográfico del país, combinado con un control muy estricto de inmigración y fronteras. Existen canales legales para la migración hacia la industria del sexo, lo que reduce la necesidad de que las migrantes dependan de los sindicatos del crimen organizado o los tratantes (Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres 2007, p. 29).

Para aquellas que migran a Australia en busca de trabajo,

la mayoría de las mujeres saben que trabajarán en la industria del sexo y, a menudo, deciden venir a Australia con la creencia de que podrán ganar una cantidad sustancial de dinero … Pocas de las mujeres se considerarían a sí mismas esclavas sexuales (Meaker 2002, pp. 61, 63).

De manera similar, la reciente investigación del gobierno de Nueva Zelanda (PLRC 2008) ha informado que “el servicio de inmigración no ha identificado situaciones que involucren trata en la industria del sexo” (p. 167), y que “no hay un vínculo entre la industria del sexo y trata de personas ”(p. 167) en el país. La prostitución es legal en Nueva Zelanda.

De hecho, una mayor regulación gubernamental puede disminuir la trata debido a una mayor supervisión y transparencia de la industria del sexo legal. En los Países Bajos, un informe del Ministerio de Justicia (Daalder 2007) concluyó que, desde la legalización en 2000, “es probable que la trata de seres humanos se haya vuelto más difícil, porque la aplicación de las regulaciones ha aumentado” (p. 84). Cuando la prostitución es ilegal, lo contrario parece ser cierto:

Los tratantes se aprovechan de la ilegalidad del trabajo sexual comercial y la migración, y pueden ejercer una cantidad indebida de poder y control sobre [las migrantes] … En tales casos, son las leyes que impiden tanto el trabajo sexual comercial como la inmigración legales las que constituyen los principales obstáculos (Kempadoo 1998, p. 17).

Relacionado con la afirmación de la trata está el argumento de que la legalización aumenta la participación del crimen organizado: “El crimen organizado es inherente en toda la industria” (Sullivan 2005, p. 4). Aunque la delincuencia organizada puede ser un problema en cualquier industria, las posibilidades de que la delincuencia organizada se elimine aumentan como resultado de una supervisión gubernamental mejorada, como la verificación de antecedentes penales de los propietarios, la certificación periódica de las empresas y las visitas periódicas de los funcionarios. En Queensland, Australia, una evaluación del gobierno (CMC 2004) concluyó que el crimen organizado había sido eliminado en gran medida en los burdeles legales; en Nueva Zelanda, un estudio del gobierno (PLRC 2008) no encontró evidencia de participación criminal en la prostitución. Como Murray (1998) ha señalado, “es la prohibición de la prostitución y las restricciones a los viajes lo que atrae al crimen organizado y crea las posibilidades de obtener grandes ganancias, además de crear la necesidad de protección y asistencia de las prostitutas” (pág. 60). El crimen organizado prospera (y otros daños se amplifican) en condiciones donde el vicio es ilegal y no está regulado, como la prohibición de las drogas y el alcohol, los juegos de azar, etc.

Afirmación 4 Las mujeres que venden sexo no quieren que la prostitución sea despenalizada o legalizada. Raymond (2003) ha afirmado que las trabajadoras no quieren que la prostitución sea “considerada un trabajo legítimo” (p. 325) y cree que “la legalización crearía más riesgos y daños para las mujeres por parte de clientes y proxenetas ya violentos” (p. 325). Estas afirmaciones son contradictorias; ¿Por qué las trabajadoras no preferirían que su trabajo fuera legitimado y por qué creerían que la legalización aumentaría el riesgo de daños? Además, los pocos estudios que han preguntado a las trabajadoras sexuales sobre la despenalización o la legalización (por ejemplo, Farley et al. 2003) han encontrado porcentajes significativos que respaldan los cambios legales. Como se indicó anteriormente en este artículo, muchas de las trabajadoras sexuales en el estudio de Farley et al. estaban a favor de la legalización: resultados que contradicen directamente la afirmación mencionada anteriormente de Raymond.

Algunas trabajadoras sexuales se oponen a ciertos tipos de controles legales, especialmente si perciben que esos controles interfieren con su libertad (Weitzer 1999). Sin embargo, otras ven claramente que al menos algunos tipos de regulación sirven a sus intereses, incluidos los derechos laborales y el empoderamiento para denunciar delitos o violaciones de códigos a las autoridades. En Nueva Zelanda, la ley de despenalización de 2003 otorgó a las trabajadoras numerosos derechos, aumentó su disposición a denunciar problemas a la policía y “aumentó la confianza, el bienestar y un sentido de validación” (PLRC 2008, p. 50) porque el trabajo sexual ya no era ilegal. Un estudio del gobierno concluyó que “despenalizar la prostitución hizo que las trabajadoras sexuales se sintieran mejor consigo mismas y con lo que hacían” (PLRC, p. 49). La investigación en otros contextos con prostitución legal, citada en la Afirmación 1, proporciona evidencia de las opiniones positivas de las trabajadoras sexuales sobre al menos ciertos aspectos de estos regímenes legales.

Además de afirmar que hay daños específicos inherentes a la prostitución legal, los prohibicionistas también rechazan la legalización debido a presuntas fallos fundamentales. Los problemas no pueden mejorarse, según estos escritores, porque son inherentes a la prostitución. Se han presentado acusaciones radicales: “La experiencia de Victoria disipa la afirmación de que la legalización empodera a las mujeres” (Sullivan y Jeffreys 2002, pag.1144). Raymond (2008a) ha argumentado que “la despenalización del sector de la prostitución es una política fallida” (p. 20), y busca desafiar lo que ella describió como una “ficción popular de que todo irá bien en el mundo de la prostitución una vez que la industria del sexo sea legalizada “(Raymond 2003, pag. 326). Ningún estudioso serio ha afirmado que todo estará bien con la despenalización, pero los estudios citados anteriormente han demostrado que la despenalización puede fomentar la reducción de daños.

 

Implicaciones políticas

En su conjunto, los problemas identificados en este artículo ponen de manifiesto muchas debilidades en el paradigma de la opresión. Sin embargo, a pesar de estos innumerables problemas, este paradigma ha sido sorprendentemente influyente durante la última década en la configuración de las políticas públicas en los EE. UU. y en otros lugares: un ejemplo de libro de texto de un marco empírico sin respaldo que afecta con éxito la política estatal. En las siguientes secciones, proporcionaré algunos ejemplos de cómo el paradigma de la opresión ha permeado el discurso popular y moldeado los recientes debates y resultados de políticas públicas (ver también Agustin 2007; Stolz 2005; Weitzer 2007).

Los medios de comunicación a menudo informan de los resultados de estudios de prohibicionistas, por lo general sin crítica y a veces con titulares sensacionales. El informe de Farley (2007) sobre los burdeles legales de Nevada, por ejemplo, recibió una atención generalizada después de que el columnista del New York Times Bob Herbert (2007a, b) escribiera artículos de opinión alabando su trabajo. Uno de sus artículos (2007b) se refería a la prostitución como un “espectáculo de terror”, declaró que “la prostitución legalizada se trata de la degradación”, y abrazó muchos otros mitos sobre el comercio sexual. El estudio escocés descrito anteriormente (Macleod et al. 2008) obtuvo un titular en el Daily Record (Brown 2008) que decía “Industria del sexo en Escocia: dentro de las mentes ofuscadas de los puteros”, así como un artículo alarmista que decía: ” El Record reveló ayer una encuesta impactante que mostró que los hombres no estaban al tanto del daño que causaron al comprar sexo… La portavoz de justicia del Partido Laborista Pauline McNeill instó al gobierno a no descartar propuestas para tratar a los hombres atrapados usando prostitutas como delincuentes sexuales “. (Gardham 2008). Estos son solo dos ejemplos de la cobertura favorable y sensacionalista dada a los estudios que destacan los daños de la prostitución.

Debido a los informes de los medios de comunicación y a la intensa presión de lobby de los grupos de activistas, las denuncias prohibicionistas a menudo obtienen una audiencia favorable en los círculos gubernamentales. El gobierno británico, por ejemplo, adoptó el informe Big Brothel del Proyecto Poppy (2008). La Ministra de Mujeres e Igualdad, Harriet Harman, declaró: “La prostitución es el abuso y la explotación de las mujeres por parte de los hombres, y esta importante investigación resalta las tristes realidades del llamado comercio de calle en la capital” (4 de septiembre , 2008, comunicado de prensa del Proyecto Poppy, en posesión del autor). Los prohibicionistas han presionado con éxito a legisladores y otros funcionarios gubernamentales en todo el mundo. Por ejemplo, estuvieron involucrados en la aprobación de la ley sueca de 1999 que criminalizaba unilateralmente a los clientes de prostitutas, y han presionado a otros gobiernos para que adopten la legislación sueca (Scoular 2004), que se está considerando seriamente en el Reino Unido y en otros lugares (Dodillet 2004 ; Kantola y Squires 2004; Outshoorn 2001).

Las propuestas para despenalizar la prostitución se han encontrado con una fuerte oposición. Un ejemplo reciente es Bulgaria, donde el plan del gobierno para legalizar la prostitución en 2007 fue revertido después de una intensa presión de lobby por parte de las fuerzas antiprostitución (Kulish 2007). La propuesta electoral de 2008 de San Francisco (Proposición K), que habría despenalizado la prostitución, encontró resistencia similar y no pudo obtener el apoyo. Tal oposición no siempre es exitosa, como se evidencia en Nueva Zelanda y Australia Occidental. En los debates parlamentarios sobre estos proyectos de ley de legalización, la oposición articuló los principios clave del paradigma de la opresión, con algunos miembros del parlamento citando los escritos de las principales prohibicionistas por su nombre, incluidas Janice Raymond, Mary Sullivan y Sheila Jeffreys (ver Weitzer 2009a).

La legalización ha sido un tema polarizador no solo en los estados nacionales individuales sino también para los cuerpos políticos internacionales. Un ejemplo es un informe reciente presentado al Parlamento Europeo por la Comisión parlamentaria de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, producto de la presión de lobby de grupos prohibicionistas. El informe dice:

Para aquellos que desean ver la prostitución como cualquier otra profesión, ¿cómo enfrentarán estas devastadoras consecuencias para la salud? Para aquellos que desean ver la legalización como una forma de proteger a las mujeres que venden sexo, ¿cómo podemos controlar la afluencia de víctimas de la trata, que es una consecuencia inmediata de la legalización de la demanda? Pero lo más importante es cómo debemos enfrentar el mayor problema: que independientemente de la situación legal de la industria del sexo, las devastadoras consecuencias para la salud de las mujeres que venden sexo son inherentes al negocio como tal… La industria del sexo, legalizada o regulada, es en sí misma una forma sistemática de violencia hacia las mujeres: la violencia es una parte integral de las cosas que se espera que hagan las mujeres prostituidas en su práctica diaria… Legalizar la prostitución es legalizar esta violencia sistemática, y esos países que han legalizado la prostitución han estimulado la demanda y aumentado el mercado de la trata (Carlshamre 2008).

Durante la administración Bush (2001–2008), el gobierno de los Estados Unidos adoptó plenamente el paradigma de la opresión (Soderlund 2005; Stolz 2005; Weitzer 2007). Durante esos años, las publicaciones y sitios web oficiales (del Departamento de Estado de EE. UU., del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., etc.) citaron y proporcionaron enlaces a los escritos de activistas prohibicionistas. Incluso la terminología fue examinada por las agencias gubernamentales: los Institutos Nacionales de Salud instruyeron a los funcionarios y solicitantes de subvenciones para que no usaran el término trabajo sexual (Epstein 2006), al igual que el Departamento de Estado de los EE. UU., que aconsejó al personal usar en su lugar la frase “mujeres utilizadas en prostitución” (Parameswaran 2006).

La administración Bush también dispensó generosas donaciones a organizaciones e individuos prohibicionistas para escribir informes y realizar investigaciones, incluidos CATW, Janice Raymond, Donna Hughes y Melissa Farley (Fiscal General 2004, 2005). Un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos (2006) planteó preguntas sobre esta financiación, citando la preocupación del Inspector General del Departamento de Estado con “las credenciales de las organizaciones y los resultados de la investigación que financió la Oficina de Trata” (p. 25). Al mismo tiempo, el gobierno negó la financiación a organizaciones que se negaron a firmar una promesa de antiprostitución (Fisher 2005). Una reciente Solicitud de Propuestas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos estipuló que todos los solicitantes de fondos para investigar la trata deben certificar que “no promueven, apoyan o defienden la legalización o la práctica de la prostitución” (National Institute of Justice 2007, p. 4 )

Los ejemplos antes mencionados son solo algunas de las formas en que los defensores del paradigma de la opresión han moldeado con éxito las políticas públicas en los últimos años. El resultado es que las políticas de prostitución se están divorciando cada vez más de una investigación sólida basada en los cánones estándar de la investigación científica. La política de prostitución no es única en este sentido; La moral y el dogma también han superado a la ciencia en las políticas recientes sobre células madre, prevención del VIH y programas de intercambio de agujas (Buchanan et al. 2003; di Mauro y Joffe 2007; Epstein 2006). Sin embargo, en el caso de la prostitución, la política ha cambiado drásticamente y en poco tiempo, como resultado directo de la presión de lobby de activistas y académicos que han adoptado el paradigma de la opresión (Weitzer 2007).

 

Conclusión

El paradigma de la opresión es unidimensional y esencialista. Aunque la explotación y otros daños están ciertamente presentes en el trabajo sexual, existe una variación suficiente en el tiempo, el lugar y el sector para demostrar los defectos fatales de este paradigma. Una perspectiva alternativa, lo que yo llamo el paradigma polimorfo, sostiene que existe una constelación de configuraciones ocupacionales, relaciones de poder y experiencias de las trabajadoras dentro del ámbito de los servicios y actuaciones sexuales remunerados. Este paradigma es sensible a las complejidades y a las condiciones estructurales que resultan en la distribución desigual de la autonomía y la subordinación (Cusick 2006; O’Connell Davidson 1998; Shaver 2005; Weitzer 2009b).

Dentro de la academia, un número creciente de académicos está investigando varias dimensiones del trabajo sexual, en diferentes contextos, y sus estudios han documentado una variación sustancial en cómo las trabajadoras, los clientes y los gerentes organizan y experimentan el trabajo sexual (ver Weitzer 2009b, para una revisión ) Tales diferencias también son evidentes en los escritos de las propias trabajadoras sexuales, que contribuyen a los foros de discusión en línea. Juntos, estos estudios y escritos complementarios ayudan a socavar los mitos populares sobre la prostitución y desafían a aquellos escritores que adoptan el paradigma de la opresión monolítica. La victimización, la explotación, la elección, la satisfacción laboral, la autoestima y otras dimensiones deben tratarse como variables (no constantes) que difieren según el tipo de trabajo sexual, la ubicación geográfica y otras condiciones estructurales y organizativas.

 

NOTAS

1.- Los prohibicionistas también son llamados a veces abolicionistas o feministas radicales.

2.- Se podría argumentar que el término comprar mujeres cosifica a las mujeres que trabajan en la prostitución tratándolas como mercancías en lugar de como personas que prestan un servicio sexual.

3.- Además de la falta de documentación que respalde esta declaración, la misma es problemática porque los términos regularmente y asesinos (que suenan como una tendencia innata) son opacos.

4.- Igualmente cosificante es la afirmación general de Farley (2006), “Ella misma y las cualidades que la definen como individuo se eliminan en la prostitución y ella representa la parte de la cosa que él quiere que sea ”(p. 122).

5.- Las trabajadoras sexuales de interior son aquellas que realizan cualquier tipo de trabajo sexual detrás de puertas cerradas, en lugar de en la calle.

6.- Estas incluyen las dos organizaciones más prominentes: la Coalition Against Trafficking in Women (encabezada por Janice Raymond) y Prostitution Research and Education (dirigida por Melissa Farley) así como grupos menos conocidos como la Chicago Alliance Against Sexual Exploitation y Standing Against Global Exploitation. Para un estudio de la ideología de una organización prohibicionista (Council on Prostitution Alternatives in Portland), ver Davis (2000).

7.- Un ejemplo es el artículo de revisión de la ley de Yen (2008) sobre los clientes de prostitutas, que está llena de afirmaciones sin fundamento y se basa casi exclusivamente en la literatura prohibicionista. Yen ha combinado prostitución y trata sexual, se ha referido a la “verdad fea de la industria del sexo comercial “(p. 676), ha escrito que la prostitución es la “opresión de la mujer” (p. 678), y ha descrito naciones donde la prostitución es legal por haber “legitimado la opresión de las mujeres” (p. 680).

8.- Por ejemplo, según Farley (2004), la violencia es “la norma para mujeres en todo tipo de prostitución ”(p. 1.094). Un estudio de Chicago (Raphael y Shapiro, 2004) ha afirmado que “la violencia prevalecía tanto en lugares de prostitución de interior como de exterior “(pág. 133), sin embargo, los autores fusionaron las cifras sobre victimización en el trabajo y fuera del trabajo (por sus parejas domésticas y otros), inflando así artificialmente las tasas de victimización en el trabajo y permitiendo a los autores afirmar falsamente que la violencia prevaleció en lugares de prostitución bajo techo. Un alto porcentaje de la violencia fue ejercido por las parejas domésticas.

9.- Copia impresa en posesión del autor.

10.- En el estudio escocés (Macleod et al. 2008), los entrevistados fueron reclutados con un anuncio en el periódico preguntando: “¿Alguna vez ha sido cliente de una prostituta? Al equipo internacional de investigación le gustaría escuchar sus opiniones “. En el estudio de Chicago (Durchslag y Goswami 2008), el anuncio decía:”La organización de investigación con sede en Chicago está buscando entrevistar a hombres que han pagado por sexo comercial”. El anuncio no reveló que la organización de investigación en cuestión era la Alianza de Chicago contra la Explotación Sexual, información que podría haber reducido la tasa de respuesta.

 

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El proxeneta millonario que multaba a las mujeres por enfermar

 

Caso Carioca

Investigadores de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil concluyen el primer análisis económico de locales de prostitución en España y sus supuestas vías de blanqueo

 

SILVIA R. PONTEVEDRA

Lugo 29 de septiembre de 2019

https://elpais.com/sociedad/2019/09/29/actualidad/1569709273_587721.html

José Manuel García Adán, durante un juicio en 2012 en Pontevedra. CARLOS PUGA

 

Las de José Manuel García Adán no eran las cuentas de la lechera. Según el juzgado, este proxeneta que la Operación Carioca sacó de las tinieblas tenía, como tantos otros, sus negocios clandestinos atados y bien atados con su ley del “terror”. Y no corría el riesgo de que se le rompiera el cántaro contra el suelo, porque supuestamente el recipiente estaba blindado por representantes de todos los cuerpos policiales que recibían a cambio compensaciones en metálico y en especie. Así fue hasta que, en 2009, a la trama que urdió Adán en Lugo “le cayómedio Código Penal encima, sin defensa posible”, como declaraba entonces a este periódico el abogado de uno de los principales imputados. Y ahora que la instrucción ha llegado a su fin, de los varios cientos de mujeres que testificaron, algunas han logrado rehacer sus vidas o siguen intentándolo (atrapadas en cursos de formación o contratos basura) al margen de los burdeles. Otras, con 10 años más pero aún jóvenes, como exigen los clientes, siguen atrapadas en la prostitución en España.

En una de las 50 piezas en que acabó dividida la causa, investigadores de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil a las órdenes de la juez Pilar de Lara han llevado a cabo el primer análisis económico de un negocio de proxenetismo en el país. El estudio hace aflorar el dinero negro que a diario fluye, por miles de euros, en un burdel de una ciudad pequeña frecuentado por empresarios que pagan el sexo al contado para no dejar huella en sus tarjetas de crédito. También destapa las supuestas artimañas del dueño para mantener sometidas a las víctimas de trata mientras pagan sus deudas, a las que impone multas por estar enfermas o por la duración de sus reglas. Todas estas ganancias de la actividad ilegal se metamorfosean presuntamente en ladrillo y automóviles de “alta gama”, la inmensa mayoría de segunda mano, para su blanqueo.

Los investigadores concluyen que, principalmente en los años de los que disponen de datos (2006, 2008 y 2009), la red tejida por José Manuel García Adán a través de los clubes que regentaba, Queen’s y La Colina, obtuvo ganancias de más de 3,6 millones de euros. Esta cantidad es solo un grano de arena de ese 0,35% del PIB que el INE estima que la prostitución acapara en España, el tercer país del mundo en consumo, con más de 1.600 prostíbulos (según cálculos de la Policía Nacional), ofreciendo decenas de miles de mujeres a diario.

Adán es trasladado a los juzgados de Lugo tras su detención. PEDRO AGRELO

La organización liderada por Adán, actualmente en prisión por delitos de violencia machista contra su exesposa, obtenía un “pingüe beneficio” aprovechándose de las “especiales circunstancias de precariedad” de un “elevadísimo número de mujeres extranjeras”, afirma la magistrada en el auto de transformación de las diligencias de blanqueo en procedimiento abreviado para su juicio. Más de medio centenar de víctimas, según De Lara, componían la carta de degustación que los clubes de Adán -registrados en la Agencia Tributaria como “bares categoría especial” y “otros cafés y bares”- ofrecían habitualmente a sus clientes, en un horario laboral de entre 12 y 14 horas por jornada.

Con este auto sobre el negocio redondo de los burdeles de Adán, la magistrada deja prácticamente cerrada una década de trabajo en el caso Carioca ahora que acaba de ser apartada de su plaza en Lugo por el Consejo General del Poder Judicial. El órgano de gobierno de los jueces acordó castigarla el pasado jueves por supuestos “retrasos injustificados” en la instrucción de sus macrocausas contra la corrupción en Galicia (Carioca, Pokémon, Garañón, Pulpo o Cóndor).

Anotación de los pagos realizados por una mujer para saldar su deuda con Adán.

La juez recuerda que las víctimas de la red eran jóvenes “enormemente vulnerables”, en su mayoría latinoamericanas y sobre todo brasileñas, muchas con familia a su cargo en América, que se prostituían en “condiciones sumamente gravosas” inducidas con “distintos mecanismos coactivos”. Entre estos métodos que las encadenaban, el sumario recoge las presuntas amenazas de Adán, incluso de muerte; la constante presencia deagentes uniformados tomando copas y en las camas; su situación irregular en el país; y las deudas contraídas con el jefe. Estos compromisos se debían a préstamos que le pedían; a las multas que les imponía si enfermaban, se portaban “mal”, llegaban tarde o faltaban a su puesto; y sobre todo a lo adeudado por el viaje a España (de 3.000 a 4.000 euros), que tenían que pagar trabajando.

Testaferros y amigos policías

Con sucesivos testaferros, a través de una inmobiliaria supuestamente creada como sociedad interpuesta y también utilizando el nombre de su esposa para no figurar, Adán alquiló los inmuebles donde estableció los negocios de sus burdeles. El más importante, el Queen’s, junto al polígono industrial de Lugo, celebró su fiesta de inauguración el 2 de septiembre de 2002, ya entonces con presencia de amigos policías. Las obras de reforma de una casa que en tiempos había sido una quesería las llevó a cabo un constructor que, tal y como declaró, no llegó a recibir más que una pequeña parte del coste y, según sospecha De Lara, siguió cobrándose en “servicios” lo adeudado.

José Manuel Pulleiro, encargado al frente del burdel La Colina, tras su detención. PEDRO AGRELO

Los locales de Adán, recuerda la instructora, eran “frecuentados por empresarios y personas de elevado poder adquisitivo que incluso captaban a mujeres para organizar las llamadasfiestas blancas, de cocaína y sexo, en alguna sociedad deportiva de la ciudad, en cuya cafetería acababan trabajando como camareras sin contrato ni alta en la Seguridad Social”. Adán y sus encargados controlaban el rendimiento de cada joven mediante estadillos tamaño A3 donde ellas figuraban con sus nombres “artísticos”.

Según la investigación, la organización se quedaba con 10 euros por cada uno de los tres primeros “pases” (media hora de sexo en la habitación, cuya tarifa era de 43 euros) más 12 euros que les cobraba diariamente en concepto de alojamiento incluso a las que no dormían en los prostíbulos. Además, les restaba los “abonos”, una cantidad variable que él mismo decidía por la deuda del tráfico de mujeres; junto a las posibles multas y una tasa especial por salidas con clientes fuera del local (60 euros).

Estadillos con los que se controlaba la actividad sexual de las mujeres y sus ganancias en los clubes de Adán.

En los estadillos también aparecían las ventas de otros conceptos como “sábanas” desechables, “lubricante” o “preservativos”, pero no los ingresos obtenidos a través de otro delito por el que está imputado Adán, la venta de droga en los burdeles. La noche en que estalló la Operación Carioca, en los clubes había más de 12.000 euros y en el domicilio del jefe, 29.500. Esto es todo lo que pudo hallar en billetes la Guardia Civil, además de otros 79.950 euros que el líder guardaba en una caja de seguridad del BBVA, un dinero que se deposita sin necesidad de dejar constancia de la cifra. Según Aduanas, “mientras, en parte, la actividad de alterne y hostelería [es decir, las copas] estaría declarada a la Agencia Tributaria, la de prostitución no lo estaría”. Supuestamente, apunta la juez, solo los “pagos de clientes con Visa” que no eran especialmente celosos de su “anonimato”.

Todo este flujo de dinero Adán no lo ingresaba en sus cuentas bancarias, donde solo aparecían reflejados los pagos de los clientes que usaban tarjeta. Era, explica el auto, un río continuo de capital “no declarado fiscalmente” por un proxeneta que, según testigos del caso, decía ganar “unos 6.000 euros a la semana”. Lo suficiente para “llevar un elevado nivel de vida” y comprar nuevas propiedades en metálico sin necesidad de retirar efectivo de sus cuentas bancarias. Antes de su detención a finales de 2009, Adán planeaba ampliar su empresa: estaba negociando la adquisición de otro burdel cerca de Portugal, esta vez especializado en “mujeres rumanas y de Europa del Este”.

Un “régimen de auténtica esclavitud”

“Las mujeres trabajaban en régimen de auténtica esclavitud” después de llegar a España a través de aeropuertos como el de Barajas, donde supuestamente había un policía nacional compinchado. La mafia contaba con la participación de varios empleados de dos agencias de turismo de Goiana (Brasil) que se encargaban “de la revisión de la calidad de la mercancía“, describe la juez en referencia a las mujeres. “Allí supervisaban sus características físicas”, continúa en el último auto “como requisito previo para autorizar el viaje. Y les daban indicaciones para cruzar los controles fronterizos” como “turistas”. Uno de los contactos que gestionaban los viajes desde Brasil llegó a recibir 89.682 euros en 84 envíos de la red lucense.

El volumen de negocio reconocido por la firma que al final acabó creando el cerebro de la Carioca, Adán Sloga, SLU, distaba mucho de la realidad. A efectos de tributación por IVA e impuesto de sociedades, en 2008 declaró 128.807 euros y en 2009, 239.055. Pero la cantidad de ganancias en negro que los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera han podido acreditar que atesoró el temido proxeneta son más de 3,6 millones. La cifra es el resultado de la suma de sus inversiones en ladrillo y automóviles a lo largo de los años, del dinero incautado y del balance de “notas manuscritas en hojas, pedazos de papel, recibos o tiques” y las libretas contables con las que se controlaba a las mujeres, que no están completas ni son de todos los años. La titular del juzgado de Instrucción 1 de Lugo sospecha que la verdadera cantidad es muy superior.

Entre marzo y mayo de 2007, sin otros ingresos conocidos que los que le reportaba la prostitución y sin sacar nada del banco, Adán adquirió tres inmuebles por más de 200.000 euros y en marzo de 2009, otro piso, un trastero y una plaza de garaje. También compró 11 vehículos, y la juez señala que supuestamente prestó dinero contante y sonante a su fiel encargado, José Manuel Pulleiro, para comprar la vivienda, un Audi y un BMW. Oficialmente, según recoge el auto judicial, este empleado tenía una nómina de 799,55 euros.

 

LAS MUJERES APENAS SALÍAN DE LOS CLUBES “POR TEMOR A SER EXPULSADAS DE ESPAÑA”

“En caso de que las mujeres tuvieran el periodo menstrual, además de avisar, solo podían descansar de uno a tres días, en función de la decisión caprichosa del dueño o el encargado, e independientemente de la duración de sus menstruaciones, ya que en otro caso, tenían que abonar 43 euros aunque no trabajaran”, según describe la juez Pilar de Lara las leyes del burdel. En algunos casos, “eran obligadas a demostrar que tenían la regla” y si no acudían trabajar “también eran multadas”, sin “derecho a descansar”.

Las sanciones eran de “20, 30 y hasta 60 euros”, lo cual “condicionaba la voluntad de las mujeres a la hora de prostituirse”, a pesar de “estar enfermas o exhaustas”. Además, sigue la juez en el último auto, las chicas apenas salían “por temor a ser detenidas y expulsadas de España”, por lo que “el club disponía de servicio de venta de ropa y lavandería” y “algunos colaboradores de Adán también les vendían joyas”.

La Operación Carioca constituye la mayor investigación judicial contra las mafias de proxenetismo en España: en su conjunto suma 274 tomos y 36 solo de transcripciones de pinchazos telefónicos. Las personas que llegan imputadas al final de la instrucción, después de que la fiscalía exculpase a un buen número y prescribiesen los hechos para otros investigados, lo están por 25 tipos de delitos.

Entre los hechos que investiga la Carioca están el tráfico de personas con fines de explotación sexual, asociación ilícita, delitos contra los derechos de los trabajadores, narcotráfico, tenencia ilícita de armas, delitos de aborto no consentido, amenazas, extorsión, agresión y abuso sexual y lesiones. También otros referidos a los funcionarios como cohecho, tráfico de influencias, solicitud de favores sexuales por empleado público, prevaricación, revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad documental y negociación prohibida. Un tercer grupo lo ocupan los delitos contra la hacienda pública y el blanqueo.

Libertad sexual y prostitución

 

Por IRUNE ARIÑO

4 de abril de 2019

https://www.juandemariana.org/ijm-actualidad/articulos-en-prensa/libertad-sexual-y-prostitucion

 

Aunque pareciera que el feminismo hegemónico sostiene una postura abolicionista sobre la prostitución, lo cierto es que el debate sobre la materia es importante.

Para muchas, el de la prostitución es –junto con el de la gestación subrogada– un ámbito en el que la mujer no tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Y no porque, en puridad, no lo tenga, sino porque su decisión se produce en un contexto que le imposibilita decidir con libertad.

La principal objeción que las abolicionistas esgrimen contra la prostitución es que esta, al tener lugar en una sociedad patriarcal que oprime a las mujeres y ejerce control sobre su sexualidad, perpetúa las lógicas de poder y dominación de los hombres sobre las mujeres. El error de tal argumento se encuentra en la incomprensión de que la prostitución surge de forma espontánea de las diferencias biológicas y evolutivas entre hombres y mujeres, no es una imposición cultural moderna. Los hombres tienen un deseo sexual más fácilmente excitable y una mayor tendencia al sexo casual. Eso se debe a que la inversión parental en caso de embarazo es mucho mayor para las mujeres que para los hombres. Los hombres están dispuestos a asumir costes para satisfacer ese deseo sexual, y pagar por sexo es uno de ellos. Tanto es así que la prostitución es una institución universal que ha sobrevivido a los intentos de todas las sociedades por erradicarla. Además, y pese que la mayor parte de la prostitución es ejercida por mujeres –y en la calle o en burdeles–, el feminismo dominante parece ignorar que existe una prostitución masculina dirigida a un público heterosexual y homosexual, así como una ejercida por transexuales. En estos casos, la explicación de la cultura patriarcal no aplica.

Las críticas, lejos de centrarse en las asimetrías que puedan producirse en dichas relaciones sexuales, ponen el foco en el hecho de que en ellas haya un intercambio monetario. Consideran que éste introduce una carga moral negativa: el dinero contaminaría las relaciones sexuales y las convertiría en reprobables. En cambio, los liberales consideramos que, si una actividad o intercambio es éticamente aceptable, porque no vulnera derechos ni provoca daños, la retribución económica no hace que deje de serlo; y por ello debe ser permitido, sobre todo cuando su prohibición perjudica de forma real la vida de los ciudadanos.

Es un error considerar que el dinero introduce per se una carga moral negativa en un intercambio. El significado de un intercambio es en gran medida una construcción social que no suele ser universal: pagar por acoger a un niño en adopción está socialmente aceptado y se percibe como un gesto de amor, pero pagar por mantener relaciones sexuales se considera algo sucio y denigrante. De hecho, para quienes ejercen la prostitución libremente es probable que solo represente una fuente de ingresos, que obtienen con la satisfacción de un deseo (sexual) ajeno.

En contra de lo que quieren hacer creer, la prostitución tampoco representa una forma de mercantilización (intolerable) del cuerpo de la mujer. No implica la venta del cuerpo de quien la ejerce, sino “la provisión de un servicio, en este caso sexual, que se realiza con el cuerpo (como muchos otros)”. Este argumento intenta, nuevamente, demonizar un intercambio comercial. Pero los liberales consideramos que, “en la medida en que algo se puede tener, usar, poseer y disponer de forma gratuita, porque no pertenece a nadie más o porque directamente pertenece a uno mismo, como es el caso del propio cuerpo, debe poder usarse como se considere”. Y lo que debemos de valorar es si un intercambio limita de alguna manera los derechos y libertades de los que participan en él.

Por poner un ejemplo: está claro que no debe permitirse la existencia de mercado de prostitución infantil; pero no por la cuestión mercantil en sí, sino porque la propia prostitución infantil es lo que está mal: atenta contra los derechos de los menores, haya dinero de por medio o no.

Esta tesis es perfectamente aplicable al caso de la prostitución. De la misma manera que una persona adulta decide mantener relaciones sexuales consentidas con otra sin que haya intercambio monetario, debe poder hacerlo cuando reciba una compensación económica por ello.

Por último, y como decíamos al principio, se considera que las condiciones materiales en que se encuentra la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución determinan la elección de las mismas, por lo que su elección no sería libre. Este argumento, que proviene de las tesis marxistas, considera que hay una serie de factores determinantes de la capacidad de elección (opciones reales entre las que poder elegir, acceso a recursos e igualdad de oportunidades), y que cuando no se dan, las decisiones no se toman en libertad.

Una vez más, para los liberales el número de alternativas u opciones que tiene un individuo para decidir es irrelevante. Es la interferencia (que se restrinjan de forma deliberada) lo que hace ilegítima la reducción de las alternativas, no la capacidad individual que se tenga para acceder a las mismas. Además, resulta curioso ver cómo las condiciones materiales parece que solo constituyen una limitación en algunas actividades (la prostitución o la gestación subrogada) pero no en otras (la minería o el desatranque de cañerías). Cualquiera que emprende una actividad económica lo hace (casi siempre) por necesidad, no por gusto (aunque puede que la actividad que escoja se corresponda con sus preferencias, pero sabemos que eso no siempre ocurre). En definitiva, el entorno y la situación particular condicionan todas y cada una de las elecciones que toma el individuo; pero la existencia de necesidades no quiere decir que haya coacción, o que la elección no es libre. Una persona será siempre más libre cuando pueda decidir por sí misma que si ha de someterse a las decisiones de otro. Por otro lado, en el argumento de la necesidad económica subyace un gran clasismo, pues equivale a afirmar que solo aquellas personas que se encuentren en una buena situación económica pueden decidir sobre su propio cuerpo, en el caso que nos ocupa.

Si bien puede considerarse que la necesidad económica y la falta de alternativas reales son un problema a la hora de tomar decisiones, sería más lógico proporcionar a esas personas bienes materiales y alternativas, pero en ningún caso prohibirles decidir sobre sus cuerpos. Además, y dado que la concurrencia a un mercado siempre se hace para lograr una mejora, quitar esa opción a quienes se encuentran en peores condiciones es una manera de perpetuar su vulnerabilidad.

Finalmente, me gustaría destacar que, si la prostitución no va a desaparecer en los próximos años (y no parece que vaya a hacerlo), todo aquel que se preocupe por la salud, la seguridad y los derechos de las trabajadoras sexuales debe estar a favor de convertirla en una industria completamente legal.

La prostitución es un actividad que no tiene por qué menoscabar derechos individuales ni atentar contra individuos especialmente vulnerables (menores o incapacitados), así que el legislador no está legitimado a limitar los intercambios que, en ese contexto, surjan del acuerdo voluntario entre adultos. Ahora bien, ese consentimiento debe ir acompañado de un nivel mínimo de comprensión sobre la decisión que se toma. Por otro lado, que algo sea legal no obliga a nadie a realizarlo; aquí solo se trata de reconocer la madurez y la autonomía de aquellas personas que de forma voluntaria quieran ofrecer sus servicios sexuales, o consumirlos. Es el prohibicionismo infantilizador lo que, tras la fachada de un interés noble y humanitario, limita la capacidad de individuos adultos para tomar decisiones y ser consecuentes con ellas.

Como decía Juan Ramón Rallo hace unos años en un artículo, el liberalismo también consiste en defender la libertad sexual.