Sin trabajadoras sexuales no hay feminismos

23 mayo, 2017

 

http://www.apdha.org/cadiz/?p=1720

 

El feminismo ha luchado por la libertad sexual de las mujeres, por el respeto y la libre decisión de cómo cada una quiera vivir su sexualidad.

Nos une a todas las feministas la preocupación por mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras sexuales, pero nos separa, y de ahí el intenso debate, las formas para conseguirlo: desde la defensa y reivindicación de los derechos de las prostitutas o desde la abolición de la prostitución.

Para la APDHA la dignidad y el respeto por la autonomía y decisiones de las personas está por encima de la actividad que realicen. Por ello decidimos acercarnos a las personas que ejercen el trabajo sexual y escucharlas.

Las trabajadoras sexuales nos hablan de las condiciones de abuso, de injusticia y desigualdad en las que desarrollan el trabajo sexual.  Desde la APDHA estamos convencidas que, escuchando a las trabajadoras sexuales, denunciando estas condiciones y luchando por la dotación de derechos en esta actividad, es la vía para mejorar las condiciones de vida de las personas que la ejercen.

El feminismo debe luchar por la autonomía de las mujeres, con capacidad de decisión y, aunque no todas tenemos las mismas opciones, debemos contribuir a que se amplíen estas mismas opciones, que ganemos en autonomía y poder. Para ello es necesario partir de la realidad de cada persona, no por la defensa de la dignidad de las mujeres en abstracto olvidándonos y dejando de lado a las mujeres concretas.

Victimizar a las mujeres no ayuda, todas las mujeres tenemos, aun en las situaciones más dramáticas, cierta capacidad para rebelarnos, por ello, las opciones por las que cada una opte deben ser respetadas. Considerar a todas las trabajadoras sexuales como víctimas, faltas de autonomía y capacidad, necesitadas de protección y sin validez en sus decisiones, impide que veamos las estrategias que se emplean para vivir en un mundo lleno de desigualdades. Sólo reconociéndolas y apoyándolas podremos contribuir a desarrollar su capacidad de decisión.

Las vulneraciones de derechos que sufren las trabajadoras sexuales tienen mucho que ver con las desigualdades de género (el estigma, el no reconocimiento, los abusos…), pero todas las mujeres vivimos situaciones de subordinación, y lo que debemos intentar es apoyarnos para combatirlas.

El trabajo sexual supone para muchas mujeres una estrategia de supervivencia, independencia económica o mejora de su situación, por ello instamos a que la lucha por mejorar las condiciones en que desarrollan el trabajo sexual sea una lucha feminista, y no la lucha por abolir su opción.

 

La indefensión de las prostitutas

Por Ninfa

 

19 de Mayo de 2017 (19:04 h.)

 

 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/indefension-prostitutas/20170519175159140006.html

 

 

Soy trabajadora del sexo. Desde hace algunos años contacto con mis clientes en la calle. Empecé en esta actividad allá por el año 1997, en los tiempos en que la Casa de Campo de Madrid estaba abierta a todas horas al público. En aquellos tiempos, recuerdo, trabajábamos sin más problemas que los que se pudieran presentar en la cotidianidad: que si la lluvia, que si el cliente borracho, que si el maleducado… La Policía estaba continuamente pidiendo la documentación y no todas tenían “los papeles en regla”, eran frecuentes las redadas en busca de “sin papeles”.

Las trabajadoras del sexo captábamos a la clientela al pie de la vía y los servicios los realizábamos, como norma general, en los propios vehículos, cerca de donde nos ubicábamos. Después, poco a poco, nos lo pusieron más difícil. Primero colocaron vallas de maderas. Las autoridades explicaron que se trataba de “barreras protectoras”. La consecuencia fue que los coches ya no podían parar al lado de la vía. Nos trasladamos entonces a las zonas de parking, a un lugar más alejado. Pero las vías fueron cerrándose poco a poco. Cada vez contábamos con menos espacio para trabajar y lo hacíamos en lugares menos seguros, menos transitados.

Las incursiones policiales se acrecentaron. Actuaban conjuntamente la Policía Municipal y la Policía Nacional, concretamente de migración. Sufrimos cortes de tráfico y desvíos caprichosos de la circulación, calles cortadas a determinadas horas, redadas a las mujeres que se encontraban en “situación irregular”, insistentes controles de alcoholemia a los clientes, multas de tráfico injustificadas a horas intempestivas, etc. Es decir, poco a poco, las autoridades consiguieron poner en marcha la “diáspora” de prostitutas por Madrid. Tuvimos que desplazarnos a otros lugares como por ejemplo Capitán Haya y Paseo de la Castellana, Pintor Rosales y Parque del Oeste, Polígono de Villaverde (conocido también como Polígono Marconi), Montera y zona centro. Sitios, como éste último, que contaban con los inconvenientes consabidos: enfrentamientos y discrepancias con el vecindario, comerciantes, etc. Por si fuera poco, se colocaron cámaras en la vía pública que ahuyentaron a nuestros clientes. Las prostitutas nos vimos obligadas a demandar nuestras reivindicaciones ante el consistorio municipal y nos manifestamos exigiendo nuestros derechos en la calle de la Montera, en la zona centro de Madrid.

Particularmente, decidí desplazarme a trabajar hasta la localidad de Torrejón de Ardoz (Madrid) y estuve en sus inmediaciones cerca de 3 años. El inicio de obras de acceso a Torrejón, en la parte Este, me obligó a trasladarme al polígono conocido como Electrolux de Alcalá de Henares, donde se ejercía desde años antes. Poco duró la calma. El Ayuntamiento alcalaíno, liderado por el Partido Popular en aquel entonces, preparó una ordenanza municipal y entre sus puntos había uno que asestaba un golpe duro a la prostitución callejera y que contemplaba la prohibición de “ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirectamente de servicios sexuales retribuidos en el espacio público de la ciudad de Alcalá de Henares, en todo su término municipal.”  Las sanciones van de 300 a 3.000 euros de multa tanto para los clientes como para las trabajadoras del sexo. Esta ordenanza municipal, que entró en vigor en diciembre de 2010, desembocó en hostigamiento, persecución y acoso permanentes hacia nosotras. Ni siquiera podemos subirnos a un coche, a veces ni al propio. Desde entonces estamos penalizadas por ser prostitutas, independientemente de si estamos ejerciendo en ese momento o no.

La normativa trajo como consecuencia una mayor precarización:  A partir de ahí, al no contar con tiempo y tranquilidad para negociar los servicios, debemos apurar los acuerdos, desplazarnos más lejos para realizar los servicios sexuales acordados (con el consabido peligro que eso conlleva), estar pendientes de nuestros móviles porque, entre nosotras, nos alertamos mediante llamadas perdidas de la presencia policial.

Por las condiciones geográficas, no podemos subir a un coche ni para ir a tomar algo a las cafeterías próximas a la zona (cosa muy común) porque los efectivos policiales dan por sentado que vamos a dar un servicio. De nada sirve pararse a explicarles nada. Las multas van tanto para el conductor como para nosotras. Estamos absolutamente estigmatizadas por ejercer nuestro oficio. El Colectivo Hetaira ha sido testigo en directo, a veces, y vía telefónica, otras, de estas experiencias. Hubo una ocasión, en que por el solo hecho de encontrarme dentro de mí vehículo aparcado en el lugar, matando el tiempo de aburrimiento y jugando con mi dispositivo móvil, fui multada. Además nos influye mucho la intimidación que sufren los clientes; nos sentimos impotentes e indefensas.

 

La ley mordaza

Algunas compañeras, debido a la presión, cambiamos de lugar de trabajo. Decidí trasladarme al polígono de Villaverde, pero allí también se estaba preparando una normativa municipal similar a la de Alcalá de Henares que no llegó a aplicarse porque el Gobierno del Partido Popular aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, que penaliza tanto a clientes como a trabajadoras del sexo. Dicha ley, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, ha venido acompañada de consecuencias terribles: más estigmatización para nosotras, más hostigamientos, más actas de denuncias constantes por cualquier cosa: por pararnos aquí, por pararnos allá, por nuestras vestimentas (da igual cómo vistas, cualquier escote, falda, pantalón corto, largo o ceñido al cuerpo, blusa, vestido). Todo vale y justifica su denuncia impuesta, tanto si vas vestida como si no, si te encuentra en la acera como si no, si estás hablando, si vas en coche con alguien, si estás esperando el bus para marcharte, si estás parada o si estás en sitios estratégicos de la zona realizando servicios. Nosotras, las prostitutas somos juzgadas, en ocasiones, por la policía, juzgadas como “males madres”. Pueden soltarte tranquilamente la dichosa frase de “¿qué dirán tus hijos?”, porque la carga moral está presente en el momento que extienden la denuncia. Aquí no se salva nadie, ni el señor que vende los preservativos, ni el señor al que compramos los bocadillos, ni el cunda que nos hace de taxi. Todos son calificados de “puteros”, tratados como “criminales”… Y nosotras, vapuleadas, y nuestros datos personales utilizados para rellenar las denuncias hechas contra nuestros clientes o contra las personas que tratan de buscarse la vida en el polígono vendiendo bocadillos.

 

Reacción

Con esta ley en ejecución las putas llegamos a comprender lúcidamente que siempre se ha perseguido la prostitución, que se ha utilizado la ley de migración como excusa para perseguirnos y expulsarnos del país. Ahora ya hay un instrumento a nivel estatal. Días antes de la entrada en vigor de la ley mordaza, algunos policías de migración, concretamente del Grupo XI, nos lo advertían de manera pletórica y triunfal: “la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana acabaría con nuestra actividad”. Y se cumplió lo que nos habían prometido: las denuncias impuestas contra nosotras, las monsergas y reproches -casi peores‒ que acompañaban a las mismas.

En esta difícil situación –con más de 30 denuncias en una sola tarde‒ vimos la necesidad de protestar, gritar y hacernos escuchar. Así nació la Agrupación Feminista de Trabajadoras Sexuales (AFEMTRAS), conformada por mujeres cis, mujeres trans y travestidos. El colmo fue que el foco mediático sólo apuntaba hacia un objetivo: la denuncia de que una “posible víctima de trata” pudiera estar siendo multada. Porque para las autoridades sólo existen las “víctimas de trata”, nosotras no existimos. Y para los medios de comunicación, en ocasiones, tampoco. Y cuando existimos, se nos criminaliza por nuestra actividad.

Como AFEMTRAS estamos dando a conocer nuestra situación y nuestro descontento a medidas injustas, desproporcionadas e ineficaces. Ponemos el acento en las consecuencias negativas de la aplicación de leyes injustas sobre nuestras vidas. Asistimos, asombradas e indignadas, al descrédito que se hace de nuestro oficio y a la perversión que supone confundirla -intencionadamente‒ con la trata de personas.

Las trabajadoras del sexo apoyamos sin fisuras a las víctimas de trata y somos las primeras en ver “indicios” de trata y ponerlo en conocimiento de las asociaciones con quienes colaboramos. Quiero señalar también que son muchas veces los clientes quienes contactan con las autoridades y las asociaciones cuando detectan posibles casos de trata.

Pero, nosotras, profesionales del sexo estamos demandando a los consistorios espacios donde podamos trabajar sin molestar y sin ser molestadas. Las multas nos perjudican y las multas a nuestros clientes nos perjudican de manera flagrante (podemos no castigar a un comerciante por su actividad, pero si multamos a quienes entren en su establecimiento, le estamos perjudicando directamente). Tenemos la obligación de defender y “desdemonizar” a nuestros clientes porque entendemos que existe un contrato verbal de intercambio de servicios sexuales por dinero con el consentimiento de dos personas adultas y el Estado no debería de intervenir -y menos hacerlo con una moralidad propia de otros siglos-.

Por tanto, exigimos que las autoridades diferencien entre “trabajo sexual” y “trata de personas”. Si no es así, las víctimas de trata reales continuarán desprotegidas y nosotras soportando la indefensión y sin que nuestros derechos sociales y laborales sean reconocidos. Acaso, ¿alguien vive mejor sin derechos?

 

Amsterdam: la mentira de “My Red Light”

 


Felicia Anna
12 de mayo de 2017

 

http://behindtheredlightdistrict.blogspot.com.es/2017/05/the-bullshit-of-my-red-light.html

 
Me prometí a mí misma que nunca más prestaría atención a My Red Light. Pero hoy de nuevo hay una tormenta mediática sobre My Red Light, que me ha molestado tanto que sencillamente necesito escribir sobre ello, a fin de establecer un montón de cosas ciertas.

Comencemos con lo primero y lo más importante. My Red Light debía ser un burdel dirigido por trabajadoras del sexo. Bueno, eso falló. Es tan sencillo como eso. Hay una junta entera de los llamados “expertos” en un “Consejo de Supervisión” que tienen el verdadero poder y control sobre este burdel. Estas personas incluyen a personas de organizaciones de ayuda tales como el Fondo de Ayudas de SOA, HVO Querido, un ex fiscal, un dueño de barra / restaurante y gente de ese tipo. Pero no hay trabajadoras del sexo, aparentemente porque no somos lo suficientemente inteligentes para hacer esto, ¿verdad? No somos lo suficientemente instruídas, ¿verdad? Porque todos siempre tratan de ofrecernos algún tipo de educación, como si fuéramos mudas o sin educación o algo así. ¡Poco saben ellos que muchas trabajadoras del sexo que trabajan en el Distrito de la Luz Roja terminaron sus estudios secundarios, tienen un grado o incluso terminaron la universidad!

Trabajadoras sexuales que participaron en este proyecto desde el principio fueron rechazadas para realizar trabajos de dirección del burdel porque no pasaron el “casting”. En otras palabras, no fueron consideradas “suficientemente buenos” para dirigir el burdel. En lugar de escoger a una trabajadora del sexo con experiencia detrás de las ventanas al menos para ser la gerente, a quien finalmente eligieron para ser gerente de My Red Light fue a uno de los otros operadores de burdel. Estoy confundida. Pensé que esos eran la gente que nos trató tan mal que necesitábamos abrir nuestro propio burdel, y ¿ahora los contratan como gerentes?

Las afirmaciones de que My Red Light es un burdel donde las mujeres no necesitan un chulo y no dependen de los operadores de burdeles son una mentira. En primer lugar, las mujeres en el Distrito de la Luz Roja no necesitan un proxeneta, es por eso que tenemos a la policía. También están sugiriendo que otros burdeles están llenos de chicas con proxenetas y no debería ser así, pero también es una completa mentira. Tienen la misma probabilidad de tener chicas trabajando allí con un proxeneta que cualquier otro burdel.

El argumento de que gracias a My Red Light las trabajadoras del sexo ya no dependerían de un operador de burdel es un argumento que incluso un niño de 3 años puede ver que es falso. My Red Light ES un operador de burdel. Así que sí, todavía seguimos dependiendo de operadores de burdeles, ahora con My Red Light como antes, ¡nada ha cambiado! Sendillamente pretenden ser mejores, lo que también me hace preguntarme por qué necesitan hacer eso, si realmente son mejores.¿Problemas para encontrar chicas para alquilar sus habitaciones, gente? ¿Es ésa quizás la razón que usted necesita para llamar tanto la atención? ¿Y es ésta la razón por la que ninguna de las chicas que conozco quiere trabajar allí?

¿Las condiciones de trabajo serían mejores? Eso también es una mentira. Las condiciones de trabajo son las mismas, ya que hacen exactamente lo mismo que otros operadores de burdeles. No hay nada nuevo en esto. Son sólo otro burdel nuevo, eso es todo. Las condiciones de alquiler son en su mayoría las mismas o mucho peores que con otros burdeles.

Por ejemplo:
Quiero alquilar una habitación. En My Red Light esto me costará 160 euros. Pero dos de los mayores operadores de burdeles me ofrecen una habitación por 150 ó 155. Así que son más caros. ¡Diablos, incluso hay operadores de burdeles que alquilan habitaciones por 130! Así que eso no es ciertamente una mejora, son el precio promedio. Así que no hay mejoras.

Segundo ejemplo:
Quiero alquilar una habitación para toda la semana, pero quiero un día libre. En otros burdeles me dan un día libre y no tengo que pagar, algunos incluso ofrecen 2 días libres. En My Red Light esto es lo mismo.

Tercer ejemplo:
Quiero ir de vacaciones por un mes. En My Red Light no puedo, porque sólo te permiten 3 semanas de vacaciones máximo. Pero con mi prostíbulo actual podría incluso ir por 2 meses tal vez y no sería un problema. Así que eso es mucho peor.

Cuarto ejemplo:
Quiero dejar mi trabajo, porque realmente no quiero seguir haciendo esto. En mi actual operador de burdel puedo irme, sin más. Pero en My Red Light tienes que cancelar tu habitación ¡con una semana de antelación! En resumen, ¡te están obligando a trabajar una semana más! ¡Pensé que este proyecto tenía como objetivo estar en contra de obligar a las mujeres a trabajar, no hacerlo proactivamente!

Quinto ejemplo:
Me enfermo y necesito quedarme en la cama por un par de días. Con mi actual operador de burdel no tengo que pagar por mi habitación. Pero en My Red Light tengo que pagar los dos primeros días que estoy enferma. ¡¿Cómo es esto mejor ?!

Así que las condiciones de alquiler no son mucho mejores, sino ligeramente peores en el mejor de los casos. Incluso te obligan a trabajar cuando quieres dejarlo, por tener que cancelar con una semana de antelación, ¡una regla que ningún otro operador de burdel tiene!

Y por supuesto también te ofrecerán otra vez cursos para hacer otra cosa, un programa de salida básicamente. Como si no hubiera suficientes programas de salida y organizaciones que se ofrecen prostitutas para encontrar otro trabajo. Gente, ¡en serio! ¿Es eso lo único en lo que se os ocurre? ¿Es una prostituta, así que tenemos que rescatarla? Porque las condiciones de alquiler ciertamente no son mejores que en otros burdeles y tampoco lo son sus precios o la forma en que tratasteis a las trabajadoras del sexo involucradas en este proyecto.

Y luego hablemos de la decoración de My Red Light. Un “arquitecto” lo diseñó, como si fuera un programa espacial de la NASA. Vamos gente, es un burdel de ventana, ¡no es tan malditamente difícil! ¡¿Pero adivina que?! ¡Se las arreglaron para incluso joder eso! ¡Hicieron las habitaciones negras! ¡De todos los colores que pudieron haber escogido, eligieron negro como color para una profesión nocturna! Y la única manera en que pudieron compensar sus habitaciones negras, fue bombeando una mierda de luz intensa para ganar algo de atracción. ¡¡¡Pero las luces son apenas perceptibles !!! ¡En una habitación negra!

O lo que es aún peor. En ell callejón que tienen, no hay luces rojas en el exterior. Sólo una linterna grande con luz blanca. Así que la gente va a pasar por ese callejón pensando que no hay nada allí, porque no hay luz roja en ese callejón. Especialmente porque no ha habido nada en este callejón por años. Diablos, solía haber grandes luces rojas en los lados del edificio en este callejón. ¿Por qué no las dejaron ahí? ¿Por qué las quitaron? ¿O al menos reemplazarlas con luces rojas led o algo así? ¿Pero no hay luces rojas en el exterior? ¿Sólo una linterna blanca gigante? Tal vez deberíais haber llamado a este proyecto Mi Luz Blanca. Es la única luz realmente notable que tienes de todos modos.

Y yo tampoco entiendo. Utilizas las mismas enormes linternas de los otros edificios. Pero las luces rojas que has puesto en ellas dan menos luz. Y las tiras de led con luz roja en el interior también son apenas visibles. ¡Qué demonios!, ¿tienen miedo de poner luces rojas en su burdel o algo así?

En serio, todo acerca de este proyecto es jodido. Las condiciones de trabajo son peores. Estáis presionando a otros operadores de burdeles haciéndoles ver como criminales, pero los contratáis para que trabajen para vosotros como gerentes. ¿Pretendéis ser un burdel mejor que otros, cuando vuestras condiciones de alquiler son iguales o peores? Y me estoy hartando mucho por el hecho de que seguís presionando a otros burdeles, y con eso a otras trabajadoras del sexo, para promocionaros vosotros. Si sois realmente tan buenos como decís, no necesitaríais eso. Pero aparentemente es la única manera como sabéis trabajar, chicos. Porque un buen negocio no necesita promoción, es un negocio que se promociona él solo.

Policía de Alaska: “necesitamos tener ‘contacto sexual’ con las trabajadoras sexuales”

Foto: Vocativ

 

El subjefe de Anchorage argumenta que es necesario que los policías toquen a las trabajadoras sexuales durante las investigaciones encubiertas

Por Tracy Clark-Flory
10 de mayo de 2017

 

http://www.vocativ.com/428218/alaska-police-sexual-contact-sex-workers/

 

El Departamento de Policía de Anchorage está luchando contra un par de leyes estatales que criminalizarían a policías que tienen “contacto sexual” con personas bajo investigación. La razón de la oposición, según el subdirector Sean Case, es que hay “muy, muy limitadas” situaciones en las que los policías necesitan cruzar esa frontera, específicamente cuando se trata de investigaciones encubiertas de trabajadoras sexuales.

En una entrevista con Alaska Dispatch News, Case argumentó que tal ley permitiría a las trabajadoras del sexo evitar el arresto, ya que les proporcionaría una manera de comprobar si un cliente potencial es un policía. “(En una investigación encubierta) hacen una simple pregunta: ‘Tócame el pecho.’ OK, estoy fuera del coche. Hecho. Y el caso ha terminado “, dijo a la periodista Michelle Theriault Boots. “Si hacemos de ese acto (de tocar) un delito menor no tenemos absolutamente ninguna forma de involucrarnos en ese tipo de arresto”.

Esta es la razón por la que el Departamento de Policía de Anchorage ha presionado activamente contra los proyectos de ley acompañantes, la 112 de la Cámara de Diputados y la Ley del Senado 73, que actualmente están en comisión en la legislatura estatal. Los proyectos de ley clasifican la “penetración sexual” y el “contacto sexual” en estos casos como abuso sexual. Es interesante señalar que el departamento no está interesado en hacer arrestos por el trabajo sexual en general y está enfocado en la trata sexual en particular, lo cual plantea la cuestión de si la policía está específicamente defendiendo la necesidad de tener “contacto sexual” con las víctimas de la trata .

Los defensores de las trabajadoras del sexo argumentan que esto —así como el “contacto sexual” con las trabajadoras del sexo independientes— equivaldría a “asalto sexual patrocinado por el Estado”. El departamento no respondió a una solicitud de comentarios por hecha por la prensa.

Los proyectos de ley en cuestión son el resultado del activismo de la Comunidad Unida para la Seguridad y Protección (CUSP), con sede en Alaska, que alega que las trabajadoras sexuales en el Estado han sido objeto de abuso sexual por la policía durante redadas encubiertas. El sitio web del grupo ofrece varios testimonios de mujeres con historias de policías supuestamente toqueteando e incluso teniendo “sexo” con ellas durante las redadas encubiertas. (“Sexo” está entre comillas aquí, porque bajo estas circunstancias estaría basado en el engaño y puede ser mejor descrito como abuso sexual).

“Es traumático estar en medio de un encuentro sexual y verse esposada de repente”, dijo Terra Burns de CUSP. “La gente me ha dicho que años después todavía tienen síntomas de estrés postraumático cuando ven un coche de policía”.

Inicialmente, parecía que las leyes no tendrían problemas para ser aprobadas. “La policía y los fiscales insistieron en que la policía nunca se involucra en conductas sexuales durante las redadas, de todos modos”, dijo. “Entonces, justo cuando el proyecto de ley estaba a punto de ser escuchado, cambiaron su historia y ahora afirman que necesitan involucrarse en conductas sexuales con las víctimas de la trata sexual para rescatarlas”. Añade: “Pedimos a nuestros funcionarios electos que digan: esto es incorrecto, esto es comportamiento criminal, y lo hagan ilegal “.

Maxine Doogan, miembro de la CUSP, dijo que está aliviada al ver finalmente a los funcionarios reconocer que hay circunstancias bajo las cuales la policía tendría contacto sexual con una trabajadora sexual. “Estoy feliz de que finalmente lo hayan admitido y que haya quedado registrado”, dijo.

Este problema no se limita a Alaska. El mes pasado, el Senado de Michigan votó por poner fin a una ley que preveía inmunidad para los policías que tienen relaciones sexuales con trabajadoras del sexo durante el curso de una investigación. Era el último Estado en los Estados Unidos que preveía explícitamente la inmunidad de la policía en esas circunstancias; pero los defensores de las trabajadoras sexuales dicen que todos y cada uno de los Estados necesitan proyectos de ley como los propuestos en Alaska que definan expresamente el “contacto sexual” con las trabajadoras sexuales durante las investigaciones como abuso sexual.

Dicho esto, estas leyes no llegan más allá, según las activistas. Como Maggie McNeill, una trabajadora del sexo con sede en Nueva Orleans, dijo a Vocativ: “Diga lo que diga la ley, la policía seguirá violando a las trabajadoras sexuales, ya sea en redadas o fuera de ellas, mientras nuestra profesión esté penalizada, porque saben condenadamente bien que no hay nada que podamos hacer al respecto “.

Comparecencia de Hetaira en la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género

 

Colectivo Hetaira·Martes, 9 de mayo de 2017

 

Madrid, 08/05/2017

 

Gracias al Grupo Confederal de Unidos Podemos, En comú Podem En Marea por la invitación a comparecer en esta Subcomisión. Comparezco en nombre de Hetaira -colectivo que trabaja desde hace ya 22 años en defensa de los derechos de las prostitutas en nuestro país- y que forma parte del Movimiento Feminista de Madrid, de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), de la Red Internacional Europea TAMPEP, del Comité Internacional por los Derechos de Trabajador@s Sexuales en Europa (ICRSE), de la Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA), de la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, de la Plataforma Estatal por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo, de la Plataforma CEDAW Sombra España y de la Plataforma No Somos Delito, entre otras.

 

La creación de esta subcomisión es un paso más para tratar de hacer frente a la violencia machista y esperamos que las recomendaciones que finalmente se hagan llegar al Gobierno sirvan para mejorar la asistencia a las víctimas de violencia de género y evitar más muertes y agresiones machistas. No obstante, no vale con que el Gobierno tome nota de las recomendaciones que de esta subcomisión salgan, sino que éste deberá hacer un esfuerzo para garantizar que algunas medidas se pondrán en marcha dentro un marco legislativo adecuado y que lógicamente contarán con un presupuesto económico. No parece que vaya a ser así a la vista de los Presupuestos Generales del Estado aprobados. Lo lamentamos profundamente. Lamentamos sobre todo que se pierda energía y tiempo en “debatir”, pero no en “poner en práctica” y “en hacer”. Porque también habremos hecho perder recursos a la sociedad española.

 

La ley contra la violencia de 2014 adolecía de algunos problemas. Así se lo hicimos saber en su momento las asociaciones feministas al Gobierno socialista. A pesar de ello, la ley supuso un gran avance y hubo consenso sobre la necesidad de un cambio cultural y de mentalidad. Sin embargo, se abandonaron las propuestas a largo plazo, aquellas basadas en la prevención en la educación o en la formación de profesionales en los diferentes sectores implicados. Lo que quedó en pie, finalmente, fue la parte penal.

 

Tampoco puede servir el Pacto de Estado para pasar a denominarle a cualquier situación discriminatoria contra las mujeres como “violencia machista. Por ejemplo cuando oímos expresiones del tipo: “Cobrar menos por un trabajo de igual valor es violencia”. Creemos que hemos de ser rigurosas, porque si metemos todas las situaciones discriminatorias en un mismo saco estaremos haciéndoles un flaco favor a las “víctimas reales de violencia de género”.

 

El “impulso masculino de dominio” no es el único factor desencadenante de la violencia sexista. Tenemos que seguir poniendo en cuestión, además, las estructuras familiares (núcleo de privacidad que amortigua o genera todo tipo de tensiones); el papel de la educación religiosa y sus mensajes sobre el amor; la falta de educación afectivo-sexual de menores y adolescentes que ayuden a resolver los conflictos futuros, etc.

 

Apostar exclusivamente por la filosofía del castigo sobre el autor concreto de una agresión concreta significa no repensar las sociedades en las que vivimos, no querer ver las responsabilidades de los Gobiernos y de las políticas públicas puestas en marcha por éstos para tratar de evitarlas.

 

La imagen exclusiva de “víctimas” tampoco ayuda a la lucha colectiva por los derechos de las mujeres pues no tiene en consideración nuestra capacidad de resistencia, de hacernos un hueco, de generar autoestima y empuje solidario entre nosotras.

 

Incluso en los casos de violencia de género o de víctimas de trata es importante reforzar la autonomía y la capacidad de decisión de las implicadas. Los movimientos feministas siempre cuestionaron el tutelaje y la falsa protección basada en considerar a las mujeres como “eternas niñas” necesitadas de protección por un Papá/Estado.

 

El conocimiento y el trabajo con mujeres concretas y diversas nos ha enseñado como éstas pueden dar la vuelta, y de hecho se la dan, a las situaciones de subordinación con las que pueden encontrarse. Y como escribía Gayle S. Rubin: “Los márgenes y los bajos fondos pueden ser un lugar de rebeldía”.

 

Contar con los relatos de las víctimas de violencia de género nos sigue pareciendo una de las mejores fórmulas para encontrar estrategias y posibles soluciones. Conocer de primera mano sus necesidades (que pueden ser distintas dependiendo de cada mujer, de cada caso) debería ser una prioridad.

 

Nuestra comparecencia está centrada en materia de trata y prostitución.

 

Trata de personas

 

¿Tiene algún sentido incorporar medidas concretas contra la trata en una ley de violencia de género o en un Pacto de Estado? ¿Se trata de una buena herramienta o, por el contrario, tendríamos que enmarcarla en otro contexto para proteger a las víctimas de trata y luchar contra el delito? Desde Hetaira creemos que tendríamos que separarlo por responsabilidad política y por ser más eficaces a la hora de prevenir y atajar tanto la violencia de género como la trata.

 

La trata de mujeres es una manifestación de la violencia de género. Y figura -gracias a las presiones de muchas ONG’s- como delito en el Código Penal español desde hace unos años. Además puede conllevar otros delitos también tipificados ya en nuestra legislación

 

La trata de personas se da en muchos sectores económicos, no sólo en prostitución. Nos la encontramos en la industria textil, en la agricultura, en la mendicidad, en matrimonios forzosos, en el servicio doméstico. Y son víctimas de trata tanto menores como personas adultas (mujeres y hombres cis, mujeres y hombres trans). La CEDAW pide explícitamente que se tipifiquen todas las manifestaciones de trata (y no sólo aquellas que se dan dentro de la industria del sexo).

 

Una ley integral de lucha contra la trata (que viene reclamándose desde 2012) tendría que garantizar la protección y la recuperación integral de las víctimas y debería abordar la lucha contra la trata desde una perspectiva de derechos humanos. Nos faltan datos, siempre nos falta conocer cuántas personas se encuentran en situación de protección, cuántas personas están viviendo en lugares seguros, cuántas personas han accedido a permisos de trabajo y residencia, cuántas personas consiguieron la condición de asilo por ser víctima de trata (se cuentan con los dedos de una mano, con un poco de suerte, de las dos) cuántas personas han sido indemnizadas por el sufrimiento causado (sabemos que ninguna).

 

La persecución del delito se está haciendo, pero no se está trabajando con el mismo ímpetu en la protección de las víctimas y en poner en primer plano los derechos humanos. Contamos con ejemplos dolorosos, como las expulsiones de posibles víctimas de trata de los CIE’s; víctimas que no han recibido protección sino que han sido contempladas como migrantes sin papeles.

 

Correr el riesgo de saturar los juzgados de violencia de género con casos tan complejos como el de la trata no nos parece una buena idea.

 

Otro problema con el que nos encontraríamos es que el delito de trata, por lo general, traspasa fronteras. Por tanto la persecución del delito fuera de nuestras fronteras exige investigar en otros países y colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de esos países.

 

Nuestras recomendaciones/propuestas al Gobierno en este punto son las siguientes (exponemos sucintamente algunas cuestiones):

 

. identificación de las víctimas de trata con garantías, no siendo consideradas migrantes sin papeles.

 

. el plan contra la trata debe extenderse a todas las situaciones y dejar de denominarse “de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”;

 

. que la colaboración con las autoridades policiales no sea una condición indispensable para poder recibir protección. Es inaudita la existencia de la “contraprestación” en el delito de trata.

 

. indemnizaciones económicas para las víctimas

 

. contar con la opinión y el trabajo de las ONG especializadas.

 

. seguir gastando ingentes cantidades de dinero institucional para explicar que la trata es un delito (algo que toda la sociedad entiende), nos parece un despropósito cuando aún faltan recursos habitacionales para las víctimas, un ingreso mínimo que les permita sobrevivir en un ambiente relajado, etc, etc… Prioricemos los recursos, acojamos a las víctimas, persigamos el delito y transmitamos todo esto a la sociedad. Es la mejor manera de mostrar la realidad y que se comprenda. No podemos delegar el problema de la trata en la “conciencia ciudadana”.

 

. derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza) que, como bien saben (porque se aprobó en el Parlamento) multa indiscriminadamente a quienes ejercen la prostitución en espacios públicos y a sus clientes. Y en ocasiones, a víctimas de trata.

 

. por último, exigimos recursos públicos, dependientes de las instituciones.

 

La prostitución es un trabajo

 

En la prostitución hay machismo. También hay machismo en la política. Pero Vds. eso ya lo saben, es a lo que se dedican y conocen perfectamente quién se sienta en cada escaño, ¿verdad? Las prostitutas soportan el machismo como lo soportan Vds., las políticas, o las periodistas o las profesoras universitarias o las cajeras de los supermercados. Y se hace lo que se puede, colectiva e individualmente. Vivimos en sociedades machistas. Es lo que tenemos en común.

 

El Gobierno español, en los dos últimos años, ha reducido la deuda gracias al aumento del PIB, un aumento que ha venido por contabilizar la entrada de dinero de la prostitución. ¿No les parece impresentable que no se reconozca legalmente la legitimidad del trabajo sexual, que no se reconozcan los derechos de estas personas y que por el contrario se contabilice el “supuesto” dinero que mueve? A nosotras sí.

 

El grupo de expertos en materia de trata de la Unión Europea, GRETA, insiste en que la prostitución no equivale automáticamente a trata. Esta distinción es imprescindible tanto para abordar la trata en toda su complejidad como para encontrar soluciones a la hora de acabar con la discriminación que sufren las prostitutas.

 

La prostitución por decisión propia no es violencia, es el trabajo, la actividad económica para muchas personas que reorganizan sus vidas en función del intercambio de servicios sexuales por dinero. Este intercambio se produce entre gente adulta y con mutuo consentimiento.

 

¿Tiene algún sentido seguir repitiendo que “la prostitución es violencia de género”, al tiempo que mantenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por ley mordaza, que multa a quienes ejercen la prostitución en los espacios públicos, el sector más débil?

 

¿tiene sentido mientras seguimos manteniendo discriminadas a las personas que la ejercen: discriminadas a la hora de poder alquilar una vivienda o pedir un crédito, trabajadoras sin derechos laborales, sin derecho al paro, soportando situaciones laborales que contravienen todas las legislaciones posibles, sin derecho a una pensión de jubilación…?

 

¿qué pensamos hacer con las mayores que dejaron su vida en la calle?

 

¿la propuesta de incorporar la prostitución a una ley contra la violencia de género supondría la inmediata supresión de las multas por la ley mordaza?

 

¿supondría que las prostitutas pasarían a ser víctimas de violencia de género? ¿con qué beneficios? ¿tendrían asegurado las prostitutas su nivel económico de ser así?

 

Pero, como bien podrán imaginar, no estamos en absoluto de acuerdo con la incorporación de la “prostitución” en un futuro Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La prostitución decidida no es violencia de género, sino una actividad económica para muchas mujeres que llevan tiempo reclamando derechos laborales para acabar con las malas condiciones en que se ejerce y con el estigma que pesa sobre ellas por dedicarse al trabajo sexual.

 

Amnistía Internacional está pidiendo la despenalización del trabajo sexual a nivel mundial. Sus últimos informes publicados, hace justo ahora un año, recoge a través de sendas investigaciones las violaciones de derechos humanos que sufren las trabajadoras y los trabajadores sexuales en Noruega, Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea. Les recomiendo que lean, al menos el informe sobre Noruega y la persecución que están sufriendo quienes ejercen. Entre otras muchas cosas, sufren “desalojos inmediatos” de sus viviendas y de sus espacios de trabajo.

 

Las trabajadoras del sexo, como la mayoría de nosotras, buscan la manera de vivir lo mejor posible dentro de las opciones que la vida les ofrece. Y, por supuesto, deciden. En esta medida, la oferta de servicios sexuales es un trabajo para ellas, trabajo que debe ser reconocido legalmente, acabando con la hipocresía que hoy existe al respecto y articular los derechos sociales y laborales que se desprenden de ello. Los mismos derechos sociales y laborales de los que ya disfrutan sus señorías (permisos de maternidad, vacaciones pagadas, protección frente al desempleo, días libres, etc…).

 

Seguir negando esto y mantener a las prostitutas en la situación de discriminación actual contribuye, entre otras cosas, a que sigan siendo explotadas laboralmente, perseguidas y acosadas por la Policía y sufriendo abusos y agresiones de cualquiera que se lo proponga.

 

El proceso de estigmatización que sufren las trabajadoras sexuales hace que por el hecho de ejercer la prostitución se las considere una categoría particular de personas: “traumatizadas”, “trastornadas”, “víctimas extremas de las circunstancias” y lo que es peor sin capacidad de decisión sobre sus propias vidas.

 

El aumento de la presencia de migrantes trabajadoras sexuales ha sido la excusa perfecta para el desarrollo de políticas represivas en materia de prostitución y su aceptación por parte de las instituciones políticas. El hecho de que generalmente lleguen de manera irregular, sin papeles, así como el que se dediquen al ejercicio de la prostitución en un país donde no está reconocida como “actividad económica” favorece todo tipo de abusos sobre las inmigrantes que cuentan con menores recursos económicos. Esta situación ha servido de pretexto para definir la prostitución como violencia de género, no teniendo en cuenta las condiciones que favorecen que algunas prostitutas sufran diferentes formas de violencia sino considerando que es la prostitución en sí y, por lo tanto, los hombres con su demanda lo que hace que estos abusos sean posibles.

 

Discriminación es también la invisibilidad que soportan las prostitutas autoafirmadas y organizadas desde hace décadas a nivel mundial. Este sector de mujeres autoafirmadas, profesionalizadas y que se reivindican a sí mismas con orgullo, es el que se quiere ocultar cuando se habla de la prostitución desde una óptica victimista y sobreprotectora, asimilándola toda a violencia de género, al indefinido concepto de “esclavitud sexual” o a la trata. Palabras con fuertes resonancias emocionales pero que sirven de poco para entender las diferentes situaciones que se dan en el ejercicio de la prostitución. Sirven para hacer demagogia pero no para empoderar a las trabajadoras del sexo, a las que se niega su capacidad de decisión, su libertad y su autonomía para hacer con su cuerpo lo que quieran.

 

Para Hetaira lo importante sigue siendo estar cerca de quienes ejercen por decisión propia y entender y apoyar sus estrategias de supervivencia.

 

Hay partidos políticos que abogan por la erradicación de la prostitución. Pero ¿en qué se han concretado sus políticas públicas allá donde han gobernado (en ayuntamientos y comunidades autónomas)?

 

. En sus programas jamás vemos un plan de acción que contemple medidas sociales que puedan beneficiar a las prostitutas que voluntariamente desearan abandonar la prostitución, por los motivos que sea, muchas veces por no soportar el estigma social. Tan sólo se han puesto en marcha, en ocasiones, tímidos talleres y cursos a los que han podido acceder una cantidad ridícula de mujeres y que no les ha permitido abandonar la prostitución. Cursos de formación limitados, en muchas ocasiones, a trabajos precarizados y con una contraprestación económica insuficiente, que impide que dejen la calle.

 

. poniendo en marcha normativas cívicas ciudadanas (que multan a clientes, lo que significa castigar a las mujeres dejándoles sin fuente de ingresos); o normativas que multan a ambos o aplicando la ley mordaza;

 

. gastando cantidades ingentes de dinero público en campañas que “criminalizan a los clientes” y, por ende, a quienes ejercen;

 

 

. escribiendo guías con recomendaciones dirigidas a los medios de comunicación que hasta niegan a las mujeres la posibilidad de autodefinirse como trabajadoras del sexo.

 

. a hacer ruido ante el Consejo de Estado sobre la prohibición de publicidad de los anuncios de prostitución en los medios de comunicación. Intento baldío en el siglo XXI y con Internet al alcance de toda la población.

 

Poca cosa, poco serio, ¿no les parece? Y lo peor, ninguna de estas políticas públicas han tenido nunca en cuenta a sus protagonistas, las trabajadoras del sexo.

 

Cualquier plan contra la violencia hacia las mujeres, pero que suponga más “violencia institucional” contra algunas de ellas, en este caso las prostitutas, será un fracaso, un fracaso del Parlamento y un fracaso del feminismo y jamás contará con nuestro apoyo.

 

Si afirmamos tan contundentemente que la prostitución es violencia de género ¿qué deberíamos exigir para las “supuestas víctimas”, las prostitutas? ¿resarcirles económicamente por el sufrimiento causado?

 

Comparar trata (donde la voluntad de la víctima es nula) con prostitución por decisión propia es un ejercicio de cinismo. Comparar el sufrimiento de la trata frente a la decisión de quienes deciden ejercer la prostitución es pura demagogia.

 

La prostitución no es violencia de género, sin embargo, las prostitutas, en ocasiones (y además de sufrir violencia institucional) sufren y pueden sufrir agresiones por el hecho de ser mujeres. Y en este caso sí reclamamos medidas de protección para ellas.

 

Sólo por recordar, hace años nos vimos obligadas a denunciar que los servicios de atención a las víctimas de violencia de género dependientes del Ayuntamiento de Madrid no estaban atendiendo a mujeres que ejercían la prostitución y que querían denunciar a su compañero afectivo o sentimental, porque se consideraba que se trataba de su “proxeneta”. El estigma de nuevo en marcha. El estigma que considera que una puta no puede tener vida privada, ni una familia ni mucho menos un compañero afectivo.

 

Las políticas públicas nunca contemplaron una sola campaña de sensibilización de no estigmatización a las prostitutas. Exigimos acabar con la estigmatización que pesa sobre ellas (no son delincuentes, no son basura, no se “venden” a nadie), porque esta estigmatización llevará a que más de un indeseable -apoyándose en las propias políticas públicas discriminatorias- decida agredir a alguna de ellas o incluso asesinarla.

 

En la medida en que entendemos la prostitución como trabajo, con características especiales (el estigma entre otros), nuestras recomendaciones al Gobierno pasan por:

 

. normalización del trabajo sexual y derechos laborales y sociales para las prostitutas (de este modo, no ocurriría lo que ocurre a día de hoy día, que los empresarios de clubes de alterne imponen prácticas sexuales y/o clientes, entre otras cosas).

 

. que las migrantes puedan conseguir sus permisos de trabajo y residencia por ser trabajadoras del sexo.

 

. regular las relaciones laborales cuando median terceros. Para ello es fundamental que se derogue la última modificación que se hizo del artículo 188 bis del Código Penal que considera delito “lucrarse explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma”. Este añadido, (“aún con el consentimiento de la misma”) impide los tratos comerciales de las prostitutas en mejores condiciones y enmascara las relaciones que se están dando dentro de los clubes. ¿Por qué no evitar la explotación laboral que sabemos suceden en los clubes? ¿por qué no evitar maratonianas jornadas de trabajo? ¿por qué no normalizar la prostitución como trabajo para garantizar salarios dignos? ¿por qué no prevenir los riesgos laborales? ¿por qué no la existencia de convenios colectivos que regulen la situación?

 

. además de que la ley tenga en cuenta los aspectos básicos como licencias, localización de locales, etc… debería tener también en cuenta los horarios especiales los descansos semanales, separar el lugar del trabajo del lugar donde se vive (algo impensable en cualquier otro tipo de trabajo).

 

. priorizar los locales autogestionados y cooperativas de trabajadoras sexuales.

 

. no conceder licencias a truts o personas individuales que cuenten con antecedentes penales, especialmente por violencia de género o por trata.

 

. la negociación de espacios públicos, a través de políticas persuasivas y no criminalizadoras, de manera que quienes captan a su clientela en la calle puedan trabajar minimizando todo tipo de riesgos (también la de las posibles agresiones de algunos clientes).

 

. respeto al trabajo sexual. Celebración del 2 de Junio, Día Internacional de las Prostitutas.

 

. dípticos y reparto de materiales en lugares de ejercicio de prostitución contra las agresiones machistas, que las prostitutas sepan que tienen a los Ayuntamientos, a las Comunidades Autónomas y a los Gobiernos de su parte (y no en su contra).

 

. retirada inmediata de la ley mordaza, es imposible depositar tu confianza en quien te persigue y te multa día sí, día también.

 

. celebración del 17D, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Trabajadoras del Sexo.

 

. que se contabilicen las agresiones a las y los profesionales del sexo.

 

. es importante que se avance en el respeto al trabajo sexual y dejar de gastar dinero en discursos estériles. Nuestros adolescentes no necesitan que se les diga que no han de ser “consumidores de prostitución”, lo que necesitan es aprender que el RESPETO es el único camino posible para relacionarse en un encuentro sexual, sea pagado o no y siempre que exista previo consentimiento.

 

En 2016, desde Hetaira contabilizamos, a través de los medios de comunicación, al menos cinco asesinatos de trabajadoras del sexo cometidos en nuestro país. Tres de las víctimas eran mujeres trans. Ninguno de estos delitos puede quedar impune. Ningún asesinato puede ser justificado, tampoco el de las prostitutas. Sus muertes merecen ser igualmente lloradas y reclamadas por los movimientos de mujeres.

 

Muchas gracias por su atención.

 

¿Por qué todo el mundo está tan dispuesto a creer ‘falsas noticias’ acerca de la trata sexual?

 


“Es como si no tuviéramos suficiente empatía para entender las opciones de los demás y, por lo tanto, decidimos privarlos de su autonomía”

Por Elizabeth Nolan Brown

 

1 de mayo de 2017

 

http://reason.com/blog/2017/05/01/free-thoughts-podcast-en

 


Hablo con los anfitriones Aaron Ross Powell y Trevor Burrus sobre la fusión de la prostitución consensuada y la trata sexual en la cultura y los juzgados de los Estados Unidos, tanto en general como en términos de recientes casos de gran audiencia (como el caso de la Junta de Revisión y la autonomía de “K-girl” en Seattle el año pasado). ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Quién está dirigiendo la confusión? ¿Quiénes son los ganadores y perdedores en la cruzada quijotesca de Estados Unidos para “acabar con la demanda” de la prostitución? ¿Y por qué tantas personas parecen estar tan dispuestas a creer “falsas noticias” sobre las trabajadoras sexuales y la trata de personas?

Como sociedad, parece que “desesperadamente queremos despojar a estas mujeres de la autonomía [y pensar] que se ven forzadas a hacerlo”, observa Powell, “y parece que es parte de esta actitud más amplia de ’yo no quiero hacer el trabajo X, y no puedo imaginarme haciendo trabajo X, y por lo tanto cualquier persona que haga el trabajo X debe hacerlo contra su voluntad. ‘ Y así lo ves en la prostitución, pero … también lo ves en gente que argumenta contra los talleres de confección, o los conductores de Uber, o incluso contra las madres que se quedan en casa… Es como si nos faltara suficiente empatía para entender las elecciones de los demás, y por tanto los privamos de su autonomía”.

Descarga el audio en Libertarianism.org, o escúchalo (en inglés) en el enlace.:

La “escuela de puteros” adopta un enfoque represivo del sexo

 

JONATHAN HAYWARD / THE CANADIAN PRESS FILES
Una escort en un apartamento en el centro de Vancouver. La “escuela de puteros” intenta etiquetar el sexo comprado como un vicio repugnante y no natural.

Por Stuart Chambers
28/4/2017

 

http://www.winnipegfreepress.com/opinion/analysis/john-school-takes-repressive-approach-to-sex-420691923.html

 

 

Antes de su rechazo en 1973 por la Asociación Psiquiátrica Americana, la terapia de conversión había ganado notoriedad dentro de la psiquiatría convencional. Durante las sesiones de terapia, los psiquiatras intentarían suprimir la conducta orientada hacia el mismo sexo, algo que consideraban patológico, redirigiéndola hacia la norma heterosexual. En otras palabras, la cultura dominante pretendía imponerse a la expresión sexual considerada moralmente objetable.

 
Incluso el gobierno canadiense apoyó tales iniciativas. Aunque el Partido Liberal, bajo la dirección de Pierre Elliott Trudeau, aprobó el proyecto de ley C-150 en 1969, una decisión que despenalizó los actos entre adultos del mismo sexo en privado, muchos miembros de los partidos liberal y conservador eran partidarios de la terapia de conversión, prefiriendo “curar” a las personas homosexuales en lugar de encarcelarlos indefinidamente. Esta última solución ya no era una opción viable para el entonces ministro de Justicia John Turner. Admitió que la ley y la moral fueran consideradas “dos proposiciones filosóficas separadas”.

 
Décadas más tarde, sin embargo, la moralidad privada sigue cayendo bajo el ámbito del derecho penal. Por ejemplo, el sistema legal canadiense todavía castiga a los hombres heterosexuales que participan en la prostitución. La “escuela de puteros” ha reemplazado a la terapia de conversión como una forma de lavado de cerebro sancionado por el Estado que intenta etiquetar el sexo comprado como un vicio repugnante y no natural.

 
La verdadera felicidad, afirman los reformadores, sólo puede encontrarse en relaciones sanas y monógamas.

 
Al igual que la terapia reparadora, la escuela de puteros se involucra en la represión psicológica, una técnica diseñada para disuadir a los hombres de buscar la salida sexual que prefieran. Tyler Dawson, editora de las páginas editoriales de Ottawa Citizen, se refiere con precisión a estas sesiones de terapia como “espeluznantes noches de reeducación dirigidas por el Ejército de Salvación”.

 
El proceso de adoctrinamiento funciona de la siguiente manera: las audiencias masculinas reciben serias conferencias sobre cómo la prostitución daña internamente a las mujeres; presentaciones gráficas a continuación muestran cómo la promiscuidad conduce a las enfermedades de transmisión sexual; y miembros de la comunidad describen cómo sus vecindarios están repletos de prostitutas menores de edad, violencia de pandillas y agujas contaminadas.

 
Para los activistas contra la prostitución, no basta con que los puteros cambien su comportamiento: también deben cambiar sus preferencias. A los hombres se les dice no sólo que sus elecciones sexuales están equivocadas, sino que ningún adulto “normal” participaría en este tipo de depravación. El test moral del Estado se aprueba una vez que los puteros aceptan el hecho de que su ego egocéntrico masculino es la raíz narcisista de la explotación femenina. Este tipo de propaganda ideológica sólo perpetúa estereotipos degradantes sobre los clientes masculinos como misóginos predadores que participan en “violación pagada”. Al igual que la terapia de conversión, la escuela de puteros infunde un profundo sentido de auto-odio.

 
Por supuesto, lo que no se les dice a los puteros es que las jurisdicciones que legalizan el trabajo sexual, como Nevada, requieren que las trabajadoras sexuales usen condones y se hagan pruebas para detectar enfermedades de transmisión sexual. Además, los puteros nunca son informados acerca de las diferencias en la seguridad entre el trabajo sexual en interiores y al aire libre o cómo la criminalización afecta negativamente la salud de las trabajadoras sexuales.

 
Al igual que con las víctimas de la terapia de reparación, los puteros finalmente dejan de castigarse a sí mismos por sus deseos sexuales. Llegan a la conclusión de que su comportamiento es perfectamente natural para ellos: una respuesta a la soledad, la necesidad de conexión humana y el deseo de no ser juzgados. En última instancia, llegan a comprender que su conducta sexual debe ser moldeada y dirigida por ellos mismos, no por los sesgos paternalistas de los llamados profesionales.

 
Los partidarios de la escuela de puteros continúan estigmatizando las relaciones sexuales pagadas entre adultos heterosexuales que consienten en privado, de la misma manera que el Estado estigmatizó una vez el sexo entre adultos homosexuales que consentían en privado. Dado que hacer seguimiento de los puteros, “rehabilitarlos” y encarcelar a los reincidentes es tan productivo como lo fue hacer cumplir los arcaicos estatutos de la sodomía, la desaparición de la escuela de puteros debería ser bienvenida por aquellos que realmente creen que no hay lugar para el Estado en los dormitorios de la nación.

 
Castigar el deseo sexual para que se ajuste a ideales perfeccionistas de expresión sexual fracasó en el caso de la terapia de conversión. La escuela de puteros no irá mejor. Desafortunadamente, es una lección que los cruzados morales todavía tienen que aprender.

 
Stuart Chambers, Ph.D., es profesor en las facultades de artes y ciencias sociales en la Universidad de Ottawa.

 
Schamber@uottawa.ca

Mariska Majoor: “Sería fantástico que Barcelona tuviera un barrio rojo al lado de la playa”

 

David Palacios

 

 

03/05/2012

 

 

http://www.lavanguardia.com/vida/20120503/54287696260/entrevista-mariska-majoor.html

 

 

Empezó a trabajar como prostituta en el barrio rojo de Amsterdam con tan solo 16 años. Ahora, Mariska Majoor, regenta un centro de información de la prostitución situado en pleno corazón del barrio rojo, donde informa a turistas y curiosos. En pleno debate sobre la prostitución callejera en Barcelona, Majoor nos cuenta qué soluciones ve para no clandestinizar esta práctica.

-¿Por qué decidió crear este centro de prostitución?

-Lo creé hace casi 18 años porque pensé que era importante que la gente supiera la vida de la prostitución en este barrio. Muchos de los turistas que vienen aquí no tienen legalizada la prostitución en su país y nunca han visto una mujer en un escaparate. Mucha gente tiene muchas ideas negativas sobre la prostitución, pero aquí les explicamos la historia desde el punto de vista de una trabajadora del sexo.

-¿Qué ofrece en este centro?

-Este centro está destinado tanto a turistas como a las mismas prostitutas. Con las prostitutas trabajo a través de proyectos, como la edición mensual de una revista gratuita con información sobre la ley y las tasas que han de pagar. También he elaborado un libro-guía para las personas que trabajan en la industria del sexo. Los clientes también son bienvenidos al centro: si quiere saber los mejores sitios para tener sexo y los precios, aquí le podemos informar. En todos los países hay organizaciones o instituciones que defienden los derechos de las trabajadoras del sexo. Pienso que en países como España, las prostitutas tendrían que intentar darse a conocer más a la sociedad para que se cambie la idea que se tiene de ellas.

-¿Cómo es la experiencia de una prostituta que empieza a ejercer siendo una adolescente?

-La edad mínima para ejercer la prostitución es 18 años, pero a mi no me preocupaba la ley y empecé con 16. Cuando yo ejercía, en los años 80, en el barrio rojo no teníamos sitios legales para trabajar, se hacía todo más en la oscuridad y a escondidas. Necesitaba dinero, me quería comprar un perro, conocí a una trabajadora del sexo que me informó y empecé trabajar como a prostituta.

-¿Y se llegó a comprar el perro?

-Sí, sí. Con el dinero que gané el primer día me lo compré. La verdad es que, aunque parezca mentira, el sueño de tener un perro fue el motivo por el que me convertí en prostituta. Después pude alquilar un apartamento para trabajar en unas condiciones más dignas y tengo que decir que mi vida mejoró con este trabajo.

-¿Cuáles son los cambios más significantes entre la prostitución de ahora y la de hace 30 años?

-La diferencia principal tiene que ver, sobre todo, con el dinero. En los 80 había una revolución en el mundo del sexo, hacíamos mucho más dinero que ahora. También había muchos más clientes que ahora, ya que actualmente muchos son turistas que vienen por curiosidad. Antes cobrábamos 50 florines (22 €), por 15 minutos. Ahora, 30 años más tarde, el precio sigue más o menos congelado.

-¿Y ha cambiado mucho el perfil de los clientes?

-No, no ha cambiado. Mientras que las prostitutas cada vez son más jóvenes y extrajeras – en Amsterdam, hay tan solo un 20% de trabajadoras holandesas -, los clientes suelen ser jóvenes por la noche y más mayores por la tarde

-A diferencia de otros países, aquí pagan impuestos…

Aquí las prostitutas pagan tasas, igual que cualquier ciudadano o negocio. Cada tres meses tienen que rellenar un formulario de tasas y tienen que pagar el correspondiente IVA del 19% y un 30% de los beneficios anuales.

-Barcelona va a prohibir la prostitución en la calle. ¿Qué le parece?

-Primero de todo, creo que hay que tener en cuenta los derechos humanos de las personas y pienso que el Ayuntamiento de Barcelona tendría que hablar con las prostitutas y proponerles otras opciones. Además, con la crisis económica que hay en España, para muchas chicas – en su mayoría jóvenes – la prostitución es una forma de hacer dinero y, por tanto, de sobrevivir. Y lo van a seguir haciendo, legal o ilegalmente. Si se prohíbe la prostitución en la calle, eso no quiere decir que vaya a desaparecer, sino que será más clandestina, con las consecuencias que eso comporta. Yo creo que Barcelona tendría que habilitar sitios seguros para que trabajasen.

-¿La solución sería crear un barrio rojo?

-Posiblemente. Un barrio rojo siempre funciona, aunque a veces me gustaría que las ventanas donde se exhiben las trabajadoras no estuvieran tan a la vista. En el caso de Barcelona, seria fantástico construir un barrio rojo al lado de la playa.

-¿Cuál es la jerarquía dentro del mundo de la prostitución?

Los chulos están prohibidos y si alguna prostituta se siente coaccionada puede ir a la policía para pedir ayuda. Esa es la teoría, aunque en la práctica esto no sucede así. El hecho que en Holanda la prostitución sea legal provoca que la prostituta no necesite a nadie que la organice. Por ejemplo, en España, hay alguien que protege a esas prostitutas de cuestiones legales, y que en ocasiones suele ser una organización mafiosa.

-¿Pero podemos decir que en Holanda no hay mafias porque la prostitución está legalizada?

-No, aunque sea legal también existen mafias. La presencia de estas organizaciones criminales creo que está, en muchas ocasiones, en la vida privada de las trabajadoras. En tu frente nadie puede ver escrito que es lo que va a pasar cuando llegues a casa de trabajar o si tienes algún tipo de presión para trabajar.

-¿Y la prostitución ilegal fomenta estas bandas?

-Sin duda. Si conviertes la prostitución en ilegal, le estás dando el control a las mafias. También hay que decir, como he comentado antes, que el hecho de legalizarlo tampoco hace desaparecer el tráfico de mujeres.

-¿La prostitución también está en crisis?

-Sí, de hecho la crisis en nuestro sector empezó con la aparición de internet y de las cámaras web. Los clientes que hace años pagaban servicios extremadamente caros lo siguen haciendo, pero los clientes de servicios normales acuden menos o han prescindido de ellos.

 

Mariska Majoor nombrada caballero por su contribución a los derechos de las trabajadoras del sexo

26 de abril de 2017

Por Felicia Anna

Http://behindtheredlightdistrict.blogspot.com.es/2017/04/mariska-majoor-knighted-for-her.html

Hoy fue un día especial para los derechos de las trabajadoras del sexo en los Países Bajos. Mariska Majoor, fundadora del Centro de Información sobre la Prostitución (PIC) y de PROUD, sindicato holandés de trabajadoras del sexo, fue nombrada caballero en la Orden de Orange-Nassau. Recibió su título de caballero por su contribución a los derechos de las trabajadoras del sexo en los Países Bajos, algo que ha hecho durante más de 20 años. Mariska dedicó el honorable premio a todas las prostitutas.

Recibió la condecoración real del propio alcalde de Amsterdam. El nombramiento no es sólo un merecido reconocimiento por todo el trabajo que Mariska ha hecho en las últimas décadas en favor de las profesionales del sexo en los Países Bajos. El premio es también, espero, otro paso en la dirección de una mayor aceptación de las trabajadoras del sexo por parte de la sociedad.

Mariska ha sido una de las pocas personas que realmente me entendieron. Ambas habíamos trabajado en la prostitución detrás de las ventanas, teníamos una conexión como pocos otros entenderían. Mariska ha sido una de mis mayores seguidoras durante los últimos dos años al escribir este blog y al organizar la manifestación contra el cierre de ventanas en el Barrio Rojo. El año pasado tristemente tuvo que dejar sus actividades en el Centro de Información de Prostitución y en PROUD por razones de salud. Pero su lucha por los derechos de las trabajadoras del sexo no ha sido en vano, como ha sido reconocido ahora también con este premio.

Ver a Mariska salir del PIC y de PROUD hizo que me sintiera perdida. Una de mis mayores partidarias había desaparecido, y ahora me siento muy feliz de que esté siendo recompensada por su lucha por más derechos para las trabajadoras sexuales. Le deseo a Mariska lo mejor y estoy muy orgullosa de ella y de lo que ha logrado, y espero que esta recompensa y su arduo trabajo inspire a más trabajadoras sexuales a defender sus derechos. Ella realmente merecía este premio, un reconocimiento por todos sus esfuerzos en favor de las trabajadoras sexuales en el Barrio Rojo, en Holanda y en todo el mundo.

 

Ahora es el momento de despenalizar el trabajo sexual en Canadá

 

Sandeep Prasad, Directora Ejecutiva de Acción Canadá para la Salud y los Derechos Sexuales

24/04/2017

http://www.huffingtonpost.ca/sandeep-prasad/decriminalizing-sex-work_b_16211160.html


El gobierno de Trudeau ha abordado varios elementos claves de su estrategia de reforma de la ley penal, pero hace mucho tiempo que tenía que haber despenalizado el trabajo sexual.

 
Ser elegido para dirigir nuestro país implica algo más que victorias fáciles y asuntos políticamente oportunos “agradables a la gente”. El gobierno de Trudeau tiene la obligación moral de garantizar la salud pública y la seguridad de todos sus ciudadanos. El peso de la mayoría liberal debe respaldar la salud y la seguridad de todas las personas en Canadá, incluyendo las trabajadoras sexuales.

 
En 2017, las trabajadoras sexuales de Canadá continúan viviendo y trabajando en condiciones inseguras, enfrentándose a la violencia predatoria y estatal, las redadas de inmigración, la deportación, la vigilancia y el arresto, así como a la violación de sus derechos humanos. El hecho de no haber solucionado esto todavía sugiere que esta cuestión de los derechos humanos es intencionalmente dejada fuera de la agenda legislativa, lo que constituye una seria preocupación.

 
La reforma de la ley sobre el trabajo sexual es importante en Canadá. Entre los interesados, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud ha condenado la penalización total o asimétrica del trabajo sexual como una violación del derecho a la salud al crear barreras para el acceso de las trabajadoras sexuales a los servicios de salud.

 
Los gobiernos tienen la obligación de demostrar la debida diligencia en la protección de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, incluido su derecho a la salud y a no verse sometidos a la violencia. Las leyes y regulaciones deben estar basadas en la evidencia y abordar los sistemas de opresión cruzados y estratificados que afectan las experiencias de las trabajadoras sexuales. Esto sólo puede comenzar cuando nuestro gobierno tome las medidas necesarias para despenalizar el trabajo sexual en Canadá.

 
En diciembre de 2013, la victoria estuvo casi al alcance. La Corte Suprema de Canadá anuló unánimemente las leyes perjudiciales que obstaculizaban la protección efectiva de las trabajadoras sexuales y de la comunidad en general.

 
El avance hacia la despenalización fue respaldado por miles de páginas de evidencias y testimonios de expertos, así como décadas de informes e investigaciones de comisiones patrocinadas por el gobierno, encabezadas por el activismo implacable de las organizaciones de base.

 

La decisión Bedford de la Corte Suprema marcó un gran paso en el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales específicamente, y de los derechos humanos en Canadá de manera más general. Durante más de treinta años, las trabajadoras sexuales habían pedido a Canadá que derogara las leyes que les atañen a ellas, a sus clientes y a las personas con las que trabajan, señalando el daño ocasionado por la penalización de los elementos del trabajo sexual y la incapacidad de las leyes de prostitución para protegerlas de la violencia. Muchas vidas se perdieron esperando esta victoria.

 
Casi de inmediato, el gobierno de Harper comunicó su intención de introducir nuevas leyes. Un cambio hacia un discurso que amalgamaba el trabajo sexual y la trata de seres humanos pronto se puso en marcha e introdujo la idea de las trabajadoras sexuales como víctimas para justificar la continua regulación agresiva del trabajo sexual y de las trabajadoras sexuales. En diciembre de 2014, el proyecto de ley C-36, Ley de protección de las comunidades y personas explotadas, se convirtió en ley.

 
Al igual que las leyes puestas en marcha en 2013, este nuevo régimen regulatorio no cumple con la Carta de Derechos y Libertades y con los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo de Canadá en su decisión Bedford.

 
Este giro de los acontecimientos golpeó seriamente a las directamente afectadas por la penalización del trabajo sexual, algunas de los cuales habían pasado décadas luchando por sus derechos y se les decía que esperaran una vez más. Las evidencias de las ciencias sociales de Canadá y de todo el mundo indican claramente que la penalización de la industria del sexo — ya sean clientes, terceros o trabajadoras del sexo— continúa enviando a la industria del sexo a las sombras, restringiendo el acceso de las trabajadores sexuales a importantes mecanismos de seguridad y tiene profundas consecuencias negativas sobre la salud, la seguridad, la igualdad y los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

 
El Partido Liberal de Canadá, entonces un partido de oposición, denunció claramente la nueva ley. Tomaron una postura clara y expresaron serias preocupaciones sobre la nueva legislación que no protege adecuadamente la salud y la seguridad de las personas vulnerables, en particular las mujeres.

 
Durante la campaña electoral en 2015, la entonces crítica de salud liberal Hedy Fry dijo a un foro de igualdad de mujeres de todos los candidatos que su partido mantenía su firme oposición al proyecto de ley C-36 y planeaba desecharlo. Cuando el Partido Liberal ganó su gobierno mayoritario, prometieron un cambio real y calificaron al nuevo primer ministro de Canadá como feminista. ¿Dónde está el cambio?

 
Una vez elegido, el gobierno de Trudeau tomó la medida sin precedentes de publicar públicamente todas las cartas de mandato ministeriales. Estos documentos proporcionan un marco para lo que se espera que cumplan los ministros, incluyendo los objetivos políticos específicos y los retos a abordar. La carta de mandato público recibida por el nuevo Procurador General de Justicia de Canadá y el Ministro de Justicia, la Honorable Jody Wilson-Raybould, no mencionaba el trabajo sexual; no se incluyó un cronograma para abordar la penalización del trabajo sexual.

 
El gobierno de Trudeau se ha promocionado como uno que promueve, respeta y lucha por los derechos de la Constitución; sin embargo, su respuesta a los derechos constitucionales de las trabajadoras sexuales es lamentable hasta la fecha: un año y medio más tarde, seguimos esperando.

 
La ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, debe iniciar rápidamente un proceso de reforma de la ley del trabajo sexual que culmine en la despenalización del trabajo sexual como parte de la estrategia de reforma del derecho penal de este gobierno. El momento es ahora. De hecho, el momento fue hace mucho tiempo.