“Mi cuerpo, mi decisión”: trabajo sexual y justicia reproductiva

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En la lucha por el derecho al aborto legal y seguro en este país, profesionales médicos, feministas y defensores de la salud coinciden en que penalizar el procedimiento no impide que las mujeres interrumpan sus embarazos, sino que solo hace que el aborto sea menos seguro. Por razones notablemente similares, la penalización del trabajo sexual tiene serias implicaciones para la salud y la seguridad públicas.

Interrumpir un embarazo y optar por vender sexo son decisiones profundamente personales y, a menudo, difíciles. Las mujeres abortan embarazos por otra parte deseados debido a circunstancias económicas, a problemas de salud imprevistos y, a veces, porque son presionadas por un miembro de la familia o por su pareja. De manera similar, las mujeres participan en el sexo comercial como resultado de una decisión, debido a una circunstancia o bajo coacción.1

Al igual que el aborto, muchos de los peligros relacionados con el trabajo sexual son el resultado directo de la penalización.

El ocho por ciento de las muertes maternas a nivel mundial se atribuyen a complicaciones de los procedimientos de aborto ilegal.2 Los abortos realizados por médicos con licencia en entornos estériles se encuentran entre los procedimientos médicos más seguros. La penalización del aborto dificulta el acceso a una atención de calidad.

La penalización del trabajo sexual empuja a la industria al mercado negro, donde prosperan los delincuentes y depredadores. La penalización también hace que la trata y otros delitos violentos relacionados con el trabajo sexual sean más difíciles de detectar y perseguir judicialmente, porque las supervivientes temen ser perseguidas judicialmente ellas mismas.3

La despenalización de la prostitución es la única forma de reducir eficazmente la trata y la violencia contra las mujeres. Los estudios han demostrado consistentemente una conexión entre la posibilidad de ejercer la prostitución en interiores de forma segura y legal y una reducción en las denuncias de violaciones, feminicidios y violencia contra las mujeres. Nueva Zelanda, que despenalizó el sexo comercial consensuado entre adultos en 2003, ha experimentado una marcada reducción de la violencia contra las mujeres y la transmisión de ITS.4

La autonomía corporal es crucial tanto para el movimiento por la despenalización del trabajo sexual como para la lucha feminista por el acceso al aborto seguro y legal. La opresión, la marginación y el estigma sexual individuales y comunitarios, que se encuentran en la intersección de la raza y el género, complican los conceptos binarios de la decisión y el consentimiento individuales.5

Nadie debería ser penalizado por tomar decisiones sobre su propio cuerpo.

Despenalizar el trabajo sexual, despenalizar la decisión, maximizar el consentimiento.

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1 El trabajo sexual no consentido es trata y, al igual que los abortos forzados, es un crimen inimaginable que debería seguir siendo ilegal.

2 “Las políticas extremistas contra el aborto de EE.UU. ponen en riesgo la vida de las mujeres, en los EE.UU. y en todo el mundo”, Fondo Mundial para la Mujer, 3 de diciembre de 2019, https://www.globalfundforwomen.org/alabama-abortion-ban /.

3 Lucy Platt, Pippa Grenfell, Rebecca Meiksin, et al., “Asociaciones entre las leyes sobre trabajo sexual y la salud de las trabajadoras sexuales: una revisión sistemática y metaanálisis de estudios cuantitativos y cualitativos”, PLOS Medicine 15, no. 12 (diciembre de 2018), https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1002680.

4 Scott Cunningham y Manisha Shah, “Despenalización de la prostitución en interiores: implicaciones para la violencia sexual y la salud pública”, Revisión de estudios económicos 85, no. 3 (julio de 2018): 1683-1715, https://doi.org/10.1093/restud/rdx065; Scott Cunningham, Gregory DeAngelo y John Tripp, “Craigslist Reduced Violence Against Women” (febrero de 2019, bajo presentación), disponible en https://s3.documentcloud.org/documents/5720120/craigslistFOSTA.pdf

5 Loretta Ross, “Entendiendo la justicia reproductiva: Transformando el movimiento pro-elección”, Off Our Backs 36, no. 4 (2006): 14-19, https://www.jstor.org/stable/20838711.

Legisladores de California votan para despenalizar el merodeo con fines de prostitución

A partir de ahora, las personas que tengan la intención de dedicarse a la prostitución o merodear en las calles por holgazanear, ya no podrán ser arrestadas en California.

 

11 de septiembre de 2021

https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/california-senadores-aprueban-la-despenalizacion-de-la-prostitucion

El Senado de California logró una votación nominal de 26 a 9, para aprobar el proyecto. (Foto/AP)

 

Un proyecto de ley fue aprobado por los legisladores estatales de California este viernes. Los policías de California ya no podrán arrestar a nadie que quiera holgazanear en las calles o tenga la intención de dedicarse a la prostitución. Sin embargo, varias personas no están de acuerdo ya que esta medida no ayudaría a las víctimas de tráfico sexual.

Ante la respuesta negativa de algunos legisladores, el senador Scott Wiener utilizó la diferencia de opiniones a su favor para que el proyecto de ley no se considerara hasta el próximo año. Ya que demora hasta enero provocaría mayor divergencia de opiniones en el Senado.

El senador Scott Wiener, un demócrata de San Francisco, argumentó que el crimen con demasiada frecuencia depende de la percepción de un oficial, y esto conlleva varios arrestos desproporcionados a mujeres transgénero, personas afroamericanas y latinas. Además de resaltar que esta práctica va en contra de los valores de California y debe ser derrocada.

La ley fue aprobada

El proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea en una votación de 41 a 26 y por el Senado en una votación nominal de 26 a 9.

Por si fuera poco, la ley aprobada le permitiría a aquellas personas que están cumpliendo condenas o fueron condenadas por merodear en las calles o dedicarse a la prostitución, solicitar a un tribunal que desestime y selle el registro de la condena.

Una legislación similar se convirtió en ley en Nueva York en febrero. Wiener dijo que las medidas son parte de un esfuerzo para poner fin a la discriminación y la violencia contra las trabajadoras sexuales.

La ley actual daña la seguridad pública y las víctimas de la trata al aumentar la desconfianza hacia la policía, particularmente entre las comunidades objetivo.

“Significa que las personas no se involucrarán con las fuerzas del orden público cuando lo necesiten”, dijo la asambleísta demócrata Rebecca Bauer-Kahan durante el debate de la Asamblea.

“Criminalizar a las víctimas y dejarlas con antecedentes penales que crean más barreras para buscar empleo, vivienda y ayuda no es la respuesta”, dijo.

Los opositores se manifestaron en el Capitolio estatal el martes, argumentando que la medida esencialmente legaliza la forma más peligrosa de prostitución. La medida pone en peligro a quienes se ven obligados a participar en el tráfico sexual, argumentaron.

El proyecto de ley de Wiener cuenta con el apoyo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, así como de grupos que representan a personas LGTBQ y trabajadoras sexuales.

“La medida elimina una ley que permite a la policía basarse en prejuicios en lugar de pruebas para criminalizar actividades que de otro modo serían legales, como caminar, vestirse o pararse en público”. Dijo la ACLU.​

 

Penalizar el trabajo sexual hace más mal que bien

Un experimento natural en Indonesia mostró un aumento de las enfermedades de transmisión sexual después de una prohibición

4 de septiembre de 2021

https://www.economist.com/asia/2021/09/04/criminalising-sex-work-does-more-harm-than-good

SUNTI ANI, una trabajadora sexual indonesia, ha sido detenida más veces de las que puede contar. Vive en Malang, en la provincia de Java Oriental, donde su comercio fue penalizado en 2014 sobre la base de que la prostitución está “prohibida por todas las religiones”. Hasta entonces, trabajaba en un burdel. Pero después, dice, “nos vimos obligadas a ver a nuestros clientes en los cafés y en las calles”. Gana menos dinero que antes. Y desconfía más de la policía, que una vez utilizó la posesión de un condón como prueba en su contra.

Indonesia no tiene una ley nacional que regule directamente la prostitución. Pero algunos gobiernos locales han utilizado una ley ambigua de “Delitos contra la moral” para prohibir el trabajo sexual en sus distritos. En 2014, Malang cerró los burdeles como un “regalo de cumpleaños” para el distrito, programando el cierre para que coincidiera con el 1.254 aniversario de su fundación. Un funcionario les dijo a las trabajadoras sexuales que “consiguieran un trabajo que agradara más a Dios”.

Algunas prostitutas de Malang se quedaron en los burdeles y trabajaron clandestinamente. Otras llevaron su trabajo a las calles. Algunas abandonaron el trabajo sexual y regresaron a sus aldeas. Donde antes se realizaba ese trabajo durante el día, se pasó a la noche. Se cambió un letrero en un burdel que decía “aquí se deben usar condones” para anunciar un karaoke, aunque las oportunidades de gorjear para los viejos cazadores de cartas resultaron escasas. La Sra. Sunti Ani asumió la vocación agradable para Dios de servir mesas, pero renunció cuando sus compañeros de trabajo se enteraron de su carrera anterior.

Incluso cuando Malang se embarcó en su represión contra la prostitución, los burdeles en dos distritos cercanos permanecieron abiertos. Eso ofreció a los investigadores un grupo de control. Al comparar los indicadores de Malang con los de sus vecinos, Lisa Cameron de la Universidad de Melbourne, Jennifer Seager de la Universidad George Washington y Manisha Shah de la Universidad de California, Los Ángeles, encontraron que dentro de los seis meses posteriores a la penalización, las infecciones de transmisión sexual (ITS) entre las trabajadoras sexuales en Malang habían aumentado en un 58%, pero se mantuvieron estables en el grupo de control. La ley tampoco fue eficaz para reducir la prostitución: aunque el mercado del sexo inicialmente se contrajo, volvió a crecer a su tamaño original después de cinco años.

Las medidas de salud pública sufrieron como resultado de la prohibición. Muchas prostitutas en Malang perdieron el acceso a los controles de ITS y a los condones baratos que solían proporcionar las organizaciones sin fines de lucro y los funcionarios de salud locales. Algunas organizaciones dejaron de prestar servicios a las trabajadoras sexuales porque temían ayudar a un comercio penalizado. Los que continuaron han tenido más dificultades para localizar a las trabajadoras sexuales porque ya no están centralizadas en los burdeles. Los precios de los condones se triplicaron a medida que desaparecieron los subsidiados. A medida que cayeron los ingresos de las trabajadoras sexuales, algunas compensaron ofreciendo a sus clientes sexo sin protección, por lo que pueden cobrar más.

Los hallazgos encajan en un cuerpo de evidencia existente que sugiere que la penalización del trabajo sexual conduce a malos resultados. Las negociaciones pueden apresurarse si las trabajadoras sexuales deben estar atentas a la policía, y esto reduce su poder de negociación. Se vuelven más vulnerables a las agresiones si se resisten a denunciarlas. Los antecedentes penales a menudo les impiden conseguir otro tipo de trabajos. Un estudio sugiere que la despenalización del trabajo sexual puede reducir las violaciones, incluso entre la población en general. Estos costos pueden ser particularmente altos en los países pobres, donde relativamente más mujeres venden sexo. Por ahora, la Sra. Sunti Ani continúa por el bien de su familia. Su trabajo sexual paga la educación de su hija.

El impacto legal del ejercicio de la prostitución en la custodia de los hijos menores

 

 

 

El Juzgador debe tener en cuenta la propia voluntad de los hijos, los cuales habrán de ser oídos sobre su cuidado y educación

Por  Eva María Hernández Ramos

Directora legal y socia iSEC. Presidenta Instituto Alana.

21 de agosto de 2021

1.- Introducción

Son numerosas las publicaciones y declaraciones de ex trabajadoras sexuales en las que se afirma que las prostitutas deben reciclarse y renegar de su pasado para ser aceptadas en la sociedad (Farley, M. (2006). Prostitución, trata y amnesia cultural: lo que no debemos saber para que el negocio de la explotación sexual funcione sin problemas).

De hecho, cuando alguien se retira definitivamente de la industria del sexo se enfrenta a ser “repudiada” o declararse como víctima si quiere ser aceptada (Miller, A. “Vírgenes, esposas, amantes y putas”).

Pero, tales afirmaciones ¿afectan de igual manera a la vida afectiva y familiar de la trabajadora sexual? ¿La prostituta puede enfrentarse a la pérdida de la custodia de sus hijos, por ejercer la profesión? ¿Qué factores influyen en una decisión judicial en ese sentido?

Este es un tema que merece su análisis legal y jurisprudencial:

  • A/ La jurisprudencia española establece que “El hecho de que la madre ejerza la prostitución no tiene mayor trascendencia a efectos de custodia, si ofrece la protección y desarrollo integral del menor” (SAP de Málaga 152/2015).
  • B/Algunos denunciantes alegan como altamente nocivas para el menor, las condiciones de ejercicio de la misma, y no su práctica en sí (Sentencia Civil Nº 12/2016 de la Audiencia Provincial de Las Palmas, “puesto que el oficio que desarrolla la madre como prostituta con largos horarios, con cambios de domicilios, impiden un ejercicio adecuado de la guarda y custodia. Que la madre carece de red de apoyo familiar y que madre e hija se encuentran en riesgo de exclusión social”.
  • C/ Mientras que otros, siguen oponiendo el ejercicio de la prostitución, en sí mismo, para privar a la madre de la custodia de los hijos (SAP Valladolid de 5 de noviembre de 2020), llegando incluso a contratar detectives privados para llevar a cabo dichas indagaciones. Pero la jurisprudencia opta por el interés del menor y no por calificar una actividad alegal como nociva, siempre que la madre cumpla sus obligaciones de protección de sus hijos menores.

2.- El derecho de protección integral de los hijos (“favor filii”)

Asimismo, cuando de medidas relativas al cuidado de menores se trata, debe recordarse en estas situaciones de ruptura de los progenitores han de estar inspiradas por el principio, elevado a rango constitucional (art. 39 CE), del “favor filii”, procurando, ante todo, el beneficio o interés de los mismos, en orden a la satisfacción de sus derechos legalmente reconocidos, por encima de los legítimos intereses de sus progenitores.

Este principio de protección integral de los hijos, constituye un criterio teleológico de interpretación normativa expresamente reconocido en los arts. 92, párrafo segundo, 96 y 103, entre otros, del Código Civil, que debe presidir la aplicación de la ley en esta materia.

Consecuencias relevantes del principio del “favor filii” en el orden procesal son, por un lado, que las medidas que afectan a los hijos menores de edad, y que se derivan de una sentencia en este caso de guarda y custodia y alimentos, han de ser imperativamente acordadas por el Juez, incluso de oficio, según se infiere de la expresión “determinará” que emplea el citado art. 91 del CC.

Por otro lado, el Juzgador debe tener en cuenta la propia voluntad de los hijos, los cuales habrán de ser oídos sobre su cuidado y educación, que les afecta de manera tan personal, “si tuvieran suficiente juicio y siempre a los mayores de doce años” (art. 92, párrafo segundo, CC).

No debe olvidarse que en esta materia es criterio primordial el del “favor filii”, contenido en los arts. 92, 93 y 94 del código sustantivo, que “obliga a atemperar el contenido de la patria potestad en interés de los hijos y de la sociedad y que está en íntima armonía con la tradición ética y jurídica de la familia española” (sentencia del TS de fechas 9-3-1989 5-10-1987 y 11-10-1991, entre muchas otras), y que en este mismo sentido proteccionista hacia los menores de edad, se manifiesta en la Convención sobre el Derecho del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989.

Pero, existe una afirmación un tanto ambigua en nuestra jurisprudencia; ¿Quién decide o dicta la tradición ética y jurídica de la familia española en este sentido? ¿Qué circunstancias la definen? ¿Es un dictamen moral, superior a la normativa internacional de protección de los Derechos del Niño?

3.- Jurisprudencia, prostitución y custodia de hijos menores

Son los denunciantes quienes alegan efectos negativos para los menores por el ejercicio de la prostitución por su progenitora y las condiciones en las que ésta se ejerce, pero como veremos en este artículo, con resultados judiciales sorprendentes.

Así lo cita la Sentencia Civil Nº 152/2015, Audiencia Provincial de Málaga (Rec. 287/2013) cuando se expone que “Don Benedicto, en disconformidad, (…) con la medida definitiva de conceder a la madre la guarda y custodia del hijo menor, por entender que el hecho de quedar el mismo sujeto a la custodia de la madre resultará gravemente lesivo (…), declara probado que la madre se dedica profesionalmente a la prostitución, recibiendo clientes en su propia casa, aunque señala que esto se produce exclusivamente cuando el menor no está”.

El ejercicio de la prostitución en horarios no solapados con la maternidad y atención de los hijos, las condiciones de salubridad en que se practican o los lugares donde se presta el trabajo, son también importantes a la hora de decidir sobre la cuestión, ya que pueden impactar en la protección integral del menor.

Analicemos varios supuestos de interés del menor a favor de la trabajadora sexual, no perdiendo la custodia por el mero ejercicio de la prostitución:

A/ Garantía de la protección integral del menor:

En esta ocasión, el juez decidió otorgar la guarda y custodia del hijo en común a la madre (Sentencia Civil Nº 152/2015), en vista a “que la apelada era la persona más idónea, con quien el menor ha venido conviviendo durante sus seis años de vida, que se ocupa de su educación, alimentación vestimenta, y con quien debe seguir conviviendo”. Todo ello a pesar del ejercicio de la prostitución recibiendo clientes en su casa, pero no solapados con la atención de los hijos.

Se dispone que la madre deba informar al padre de las decisiones relacionadas con la educación, sanidad o cualquier otra actividad importante relativa al desarrollo del menor. Además, la madre podrá adoptar decisiones respecto a la misma sin previa consulta, en los casos en los que exista una situación de urgencia o en aquellas decisiones diarias, poco trascendentes o rutinarias que en el normal transcurrir de la vida de la menor puedan producirse (Sentencia Civil Nº 12/2016 de la Audiencia Provincial de Las Palmas).

B/ Visión negativa del progenitor hacia la madre por el ejercicio de la prostitución.

Otro claro ejemplo de “favor filii” y la garantía del interés del menor lo encontramos en la SAP Valladolid de 5 de noviembre de 2020, la cual concede la custodia exclusiva a la madre (publicado por Economist & Jurist el 26/04/2021: Madre logra custodia y aleja los hijos 300 km de padre | E&J (economistjurist.es)) porque; “el padre se mostraba poco flexible a realizar cambios en beneficio de los menores y presentaba una imagen negativa de la madre, cuestión que no beneficia a los niños por el vínculo afectivo que tienen con esta última. De hecho, en el escrito de reconvención se atribuyó a la madre el ejercicio de la prostitución sin que existiese una prueba indubitada y concluyente de tal hecho”.

C/ Ilicitud vs inmoralidad de la actividad:

La SAP de Valencia 580/2000 guarda un dato curioso.

El progenitor pretendía recuperar la custodia de sus hijos menores alegando que la ex esposa no podía procurar su formación integral, y también en lo moral, en cuanto que comprobó por un detective privado que ésta se anunciaba en prensa ofreciendo “masajes”, y aportando el numero el Teléfono de su casa para procurar la contratación de sus servicios.

Dicho Tribunal resolvió en sentido favorable hacia la ex mujer, no bastando para un enjuiciamiento de la actividad, y “per se” como inmoral, la circunstancia de que el receptor de los masajes se hubiese de desnudar. Se debía reparar en que la ilicitud, o inmoralidad intrínseca de los masajes, a los efectos enjuiciados, mal guarda la menor relación con la eventual “ilegalidad” de las prácticas de masaje y, esto por la eventual carencia de un título profesional, o por la no sujeción a tributación, obligada la Sra. Virginia como estuvo, a recurrir a medios de supervivencia o de subsistencia casi marginales por falta de pensión de alimentos que debía satisfacer el marido.

D/ No afectación del ejercicio del trabajo sexual a las funciones como madre:

En la SAP de Santiago de Compostela 98/2007, se deja patente que no existen motivos suficientes para modificar la custodia que ostenta la madre, porque no existe peligro concreto para la hija común.

Además añade “La circunstancia de que antes se viniese dedicando a la prostitución no es nueva para el actor, pues la conoció en esa época y con plena certeza de su ocupación. En relación a las sospechas que invocó de cómo la madre podrá atender correctamente a su hija y dotarla de la suficiente y necesaria formación y moralidad, no dejan de ser sospechas, que salvo el caso del continuo cambio de domicilio, no se han traslucido en datos concretos expresivos de las mismas: por ejemplo, el retraso en la escolarización puede tener la explicación de que la madre recién se había asentado en su nuevo domicilio, procedente de Mallorca; y ese cambio de domicilio responde a la búsqueda de un empleo”.

E/ Acto de discriminación:

También nos encontramos los mismos argumentos en Derecho Comparado mexicano, en la Tesis Jurisprudencial 2021480 donde se cita que “el interés superior de un niño como simple referencia sin probar los riesgos o daños que podrían provocar la “orientación sexual” de la madre, no pueden servir como medida idónea para restringir los derechos de la madre como es en este caso; el ejercicio de la custodia de los hijos”. En este caso, manifiesta que se estaría ante un acto de discriminación.

Cabe destacar de la mencionada Tesis, la falta de formación e información sexual al respecto, puesto que la orientación sexual es una noción que difiere del propio concepto de prostitución. Aunque si señala que, el hecho de dedicarse al trabajo sexual, no puede considerarse factor para excluirla de la custodia de sus hijos.

Por otro lado, la jurisprudencia también delimita los escenarios en los cuales la trabajadora sexual sí podría perder la guarda y custodia de los hijos menores.

A/ Desatención en la protección integral del menor:

La Sentencia Civil Nº 290/2013, Audiencia Provincial de Alicante determina que “La Juez ha podido constatar que la demandada no se ha preocupado de cumplir en debida forma las obligaciones que asumió en su día cuando pactó con el actor el régimen de custodia compartida de la hija; siendo el padre el que ha venido realizando esa misión, tanto en el orden económico como en el asistencial derivado de la escolarización de la menor, atención médica, etc., contando con la efectiva colaboración de sus padres, con los que convive.

Es aquí donde la actividad de la prostitución cobra especial relevancia, pero como un todo conformando un ambiente poco propicio para el menor al citarse que “Tampoco ha pasado por alto la Juzgadora el que la madre acuda con su hija, que cuenta sólo con 4 años de edad, a visitar a un amigo suyo preso en el Centro Penitenciario de Fontcalent; o que aquella aparezca en una página web mil anuncios.com/contactos-mujeres, bajo el nombre de Coral, posando en diferentes fotografías con ropa transparente o en topless, ofreciendo toda clase de servicios sexuales en su piso”.

A pesar del rechazo que ha expresado la interesada a ejercer esa actividad, atribuyendo, en todo caso, dicha publicidad a una manipulación llevada a cabo por el demandante, la Sala entiende razonable la decisión tomada por la Juzgadora, que ha considerado preferente atender al interés de la menor, con independencia al ejercicio de la prostitución, pero si a factores propios de la desatención de la protección integral del hijo (Sentencia Civil Nº 290/2013, Audiencia Provincial de Alicante).

C/ Club de alterne como lugar de residencia:

Por otro lado, el interés del menor abarca las condiciones en las que se presta su custodia y el lugar de domicilio de la progenitora (SAP de Ciudad Real 219/2016) al afirmar que; “se presenta reclamando la custodia un contrato de trabajo de auxiliar de mantenimiento en una dirección que corresponde con un Club de Alterne de Cabanillas del Campo Guadalajara, y sin mayor domicilio que el de dicho club, aunque apela al propósito de “si le damos a su hija” venirse a vivir a Malagón y dedicarse a la limpieza”.

No es intención del Tribunal, desmerecer ninguna actividad pero estima que el club de alterne no resulta un sitio idóneo para que acuda una menor, ni siquiera para una estancia de fin de semana.

Con respecto al ejercicio de la prostitución, no supone la pérdida de la custodia por sí misma. Otro asunto es el estado de abandono o condiciones inadecuadas en el que puedan encontrarse los hijos comunes, pues es un acto perseguible, no por el simple hecho de ser trabajadora sexual, sino por la desatención padecida por los menores.

4.- Derecho comparado

El limbo legal español refuerza el estigma a través de prácticas discriminatorias por parte de las instituciones y los medios de comunicación, perpetuando y legitimando las desigualdades en el seno familiar (TAMPEP. (2009). El trabajo sexual en Europa: un mapeo del escenario de la prostitución en 25 países europeos).

La investigación desarrollada en el Informe “Less equal than others”, muestra que las trabajadoras sexuales son víctimas de la violencia institucional de los servicios sociales (Oliveira, A. y Fernandes, L. (2017). Trabajadores sexuales y salud pública: intersecciones, vulnerabilidades y resistencias), sanitarios y el sistema judicial, como los casos de Portugal o Suecia donde ser trabajadora sexual presenta gran influencia en las decisiones sobre custodia de los hijos (INTERIORES (2014). Alcance en entornos de trabajo sexual en interiores 2013-2014: un informe basado en el mapeo del sector del trabajo sexual en interiores en nueve ciudades europeas).

En contextos de criminalización y otras formas de sanción legal de las trabajadoras sexuales, como Croacia (“Pajnik, M. y Radacic, I. (2020). Patrones organizativos del trabajo sexual y los efectos del marco de políticas. Investigación sobre sexualidad y política social”), se estigmatizaban las opiniones sobre el trabajo sexual por parte de algunos programas de asistencia social y familiar por verlo como una actividad inmoral. Todo ello contribuyó a una mayor marginación y estigmatización de sus vidas personales y familiares.

El estigma que experimentan las trabajadoras sexuales fomenta la autoestigmatización y los sentimientos de vergüenza (Villacampa, C. y Tones, N. (2013). “Efectos de la política criminalizadora del trabajo sexual en España. Revista Internacional de Derecho, Crimen y Justicia”), lo que las lleva a ocultar su ocupación a las instituciones y sus familias como estrategia de protección (i) AidsFonds (2018). “Trabajo sexual, estigma y violencia en los Países Bajos y Alianza mundial contra el tráfico de mujeres (2018)”, (ii) el informe de SexWorkersOrganising for Change: “Autorrepresentación, movilización comunitaria y condición laboral: España”, o (iii) Oliveira, A. y Fernandes, L. (2017). “Trabajadores sexuales y salud pública: intersecciones, vulnerabilidades y resistencias”.

La evidencia muestra que la ausencia de reconocimiento legal conduce a malas condiciones laborales: aunque no es ilegal, el trabajo sexual no está reconocido ni regulado como profesión (Oso, L. (2016). “Estrategias transnacionales de movilidad social y calidad del trabajo de trabajadoras sexuales latinoamericanas en España”), contribuyendo a  generar problemas a la hora de solicitar un préstamo, alquilar una vivienda o comprar un coche, siendo complicado realizar una vida a largo plazo.

Pero esta cuestión no puede ser subsanada por la trabajadora sexual, sino por las instituciones públicas.

5.- Conclusiones

El hecho de que la madre trabaje como profesional del sexo no debería tener mayor trascendencia a efectos de custodia, si ésta ofrece su protección y desarrollo integral al menor” (SAP Málaga 152/2015), pero en algunas ocasiones, los Tribunales indagan cual es el interés del menor, “aquello que le resultará más beneficioso no sólo a corto plazo, sino en el futuro”, por lo que los resultados son impredecibles.

Como hemos visto, el “favor filii”, contenido en los arts. 92, 93 y 94 (sentencia del TS de fechas 9-3-1989 5-10-1987 y 11-10-1991, entre muchas otras) es elemental y básico y ha de inspirar la adopción de cualquier medida concerniente a los menores. Así pues, la Sentencia Civil Nº 290/2013, Audiencia Provincial de Alicante acordó que el interés y beneficio de los hijos debe prevalecer sobre cualquier otro; principio consagrado en la Declaración de los Derechos del Niño, en la Constitución Española (artículo 39), y en diversos preceptos del Código Civil.

Esto es, el abandono de las funciones como madre genera un escenario poco beneficioso para el menor, que bien resulta incoherente mencionarlo junto al ejercicio de la prostitución si ésta no es motivo de ello, como sucede en algunas sentencias (por ejemplo; Sentencia Civil Nº 290/2013, Audiencia Provincial de Alicante).

¿Ambos escenarios son tenidos en cuenta aunque uno no incida en el otro? ¿En  qué medida uno depende del otro? ¿Favorece el limbo legal a situaciones de desprotección que ponen en peligro la custodia de los hijos?

El mero hecho de decirse que, por dedicarse la madre al ejercicio de la prostitución, puede poner en riesgo la integridad de sus hijos, no prueba nada. Sin embargo, algunos factores en su ejercicio y condiciones, influyen en la pérdida de la custodia por impactar negativamente en la protección del menor. En otras ocasiones, la actividad es simplemente ejercida por la progenitora por necesidad económica importante y ante la ausencia de percepción de prestación de alimentos por parte del denunciante.

Por otra parte, la alegalidad o “limbo” legal que impera en el sector español, cierra muchas puertas a las trabajadoras sexuales a la hora de poder llevar a cabo un proyecto familiar sólido a largo plazo y gozar de condiciones y derechos laborales adecuados para el desempeño de la custodia.

Hemos observado como algunos denunciantes apuestan por influir la decisión judicial alegando el ejercicio de la prostitución por su ex pareja, incluso contratando detectives que facilitaran las pruebas necesarias. Es curioso ver en el texto de la sentencia como muchas parejas han surgido cuando ella ejercía trabajo sexual, y sin embargo el padre lo reprocha moralmente en el divorcio o modificación de medidas, porque piensa que le beneficia. Es decir, el trabajo sexual se invisibiliza ante el origen de parejas pero aflora en los conflictos.

6.- Normativa

  • Convención sobre el Derecho del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989.
  • Constitución Española (Artículo 39).
  • Código Civil (Arts. 91, 92, párrafo segundo, 96 y 103). Lo

7.- Jurisprudencia

  • Sentencia del TS de fechas 9-3-1989 5-10-1987 y 11-10-1991.
  • SAP de Alicante Nº 290/2013.
  • SAP de Málaga 152/2015 (Rec. 287/2013)
  • SAP de Las Palmas Nº 12/2016.
  • SAP de Valladolid de 5 de noviembre de 2020.
  • SAP de Ciudad Real 219/2016.
  • SAP de Santiago de Compostela 98/2007.
  • Tesis Jurisprudencial 2021480 mexicana.

8.- Doctrina

  • Farley, M. (2006). Prostitución, trata y amnesia cultural: lo que no debemos saber para que el negocio de la explotación sexual funcione sin problemas.
  • Miller, A. “Vírgenes, esposas, amantes y putas”.
  • Villacampa, C. y Tones, N. (2013). “Efectos de la política criminalizadora del trabajo sexual en España. Revista Internacional de Derecho, Crimen y Justicia”.
  • AidsFonds (2018). “Trabajo sexual, estigma y violencia en los Países Bajos y Alianza mundial contra el tráfico de mujeres (2018)”.
  • SexWorkersOrganising for Change: “Autorrepresentación, movilización comunitaria y condición laboral: España”.
  • Oliveira, A. y Fernandes, L. (2017). “Trabajadores sexuales y salud pública: intersecciones, vulnerabilidades y resistencias”.
  • Oso, L. (2016). “Estrategias transnacionales de movilidad social y calidad del trabajo de trabajadoras sexuales latinoamericanas en España”.
  • Pajnik, M. y Radacic, I. (2020). “Patrones organizativos del trabajo sexual y los efectos del marco de políticas. Investigación sobre sexualidad y política social”.
  • TAMPEP. (2009). El trabajo sexual en Europa: un mapeo del escenario de la prostitución en 25 países europeos.

Aumenta la prostitución en México por pandemia y desempleo

Por Agencias Noticias

17 de agosto de 2021

https://bit.ly/3yZ8DjQ

La prostitución floreció durante la pandemia de Covid-19, especialmente en los largos meses del confinamiento que llevó a la quiebra a miles de negocios pequeños y grandes y dejó en el desempleo a grandes cantidades de personas.

Este es el diagnóstico de un censo realizado por la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” la cual estimó que la cifra de trabajadoras sexuales en la Ciudad de México, que hace suponer que el fenómeno se podría extrapolar al resto del país, aumentó de 7,500 a 15, 200 desde que se presentó Covid-19 a fines de febrero del 2020.

La gran mayoría de las personas que decidieron dedicarse a vender su cuerpo son mujeres, aunque también hubo personas de otros géneros y un pequeño número de hombres.

Según Elvira Madrid, presidenta de la organización no gubernamental, sostuvo que ese incremento también trajo consigo un aumento en enfermedades como el VIH, la trata de personas y por supuesto muchos de Covid-19.

De acuerdo con el estudio, el año pasado, fallecieron 50 trabajadoras sexuales por Covid-19, que se agregan a otras 35 en este año.

La pandemia ahuyentó a la clientela de las mujeres “de la vida” en las calles de la Ciudad de México, y según testimonios, de hasta 20 clientes por persona en un horario de las 8 a las 17 horas, la situación llevó a tener apenas uno solo, cuando no a veces debían retornar a casa con los bolsos vacíos.

De acuerdo con algunas de las meretrices, las mujeres se cuidaban de contagiarse con medidas muy básicas como el uso de gel anti bacterial y evitando besar a sus clientes.

Además, según la Brigada, recurrieron a una práctica llamada “corona-sutra”, que se deriva del término “Kamasutra”, que consiste en realizar posiciones sexuales evitando acercar su rostro al de los clientes y usando barbijo.

La Brigada “Elisa Martínez” decidió popularizar el “corona- sutra” mediante cómics para distribuirlo entre las mujeres “de la noche” para evitar los contagios.

“Desde que entro al hotel, desinfecto a mi cliente, me desinfecto yo y nos ocupamos, salimos y, lo mismo, nos desinfectamos. Procuro que no me toquen mucho. El más efectivo es el corona-sutra porque evitas más el contacto”, señaló una mujer llamada Vanessa, edad no precisada.

“A veces no les gusta, porque quieren hacer lo que ellos quieren”, señaló, pero al final se convencían de que era mejor para ambos.

Además de las dificultades para obtener clientes, las mujeres suelen afrontar la extorsión de la policía y de grupos delincuenciales que les exigen una “cuota” para poder realizar su labor en algunas zonas del centro de la ciudad.

Otra mujer dedicada al comercio sexual en las calles de la metrópoli, llamada Gabriela, de 39 años, reveló que había dejado este trabajo y volvió orillada por la crisis pues un negocio de venta de joyas de imitación quedó en bancarrota al cerrar las actividades no esenciales por la cuarentena.

Le pasó lo mismo a Claudia, de 41 años, que tuvo que regresar a ejercer una labor que no le enorgullecía orillada por la situación.

“Estaba tranquila en mi casa. Se siente feo regresar”, señala Claudia, citada por el estudio, al indicar que volvió a ver a sus colegas que se habían retirado, lo que consideró un golpe “muy duro” para su estado anímico.

Para Claudia, el “corona-sutra” es un problema para ejercer su trabajo pues los clientes a veces se ponen muy insistentes y le piden un beso a cambio de dinero extra.

La mujer dice que ha librado el Covid hasta ahora, pero dice que su padre de 62 años y su hermano de 39 sí dieron positivo. En cuanto a Gabriela, señaló que regresó a trabajar a su antiguo oficio “cuando abrieron los hoteles en julio. Nunca pensé que iba a pasar esto. Me daba pena, tenía mucho miedo. Estoy deprimida, porque mi pensamiento era que ya había logrado salirme”.

“Sé que esto no es malo, pero ya no lo quería. La pandemia nos ha golpeado mucho”, confiesa la mujer. 

Las guardianas de la moral femenina de la Región de Murcia en tiempos de Franco

 

La represion del Patronato de la Mujer

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Por Sergio de la Flor

8 de agosto de 2021

https://murciaplaza.com/una-revision-historica-a-las-guardianas-de-la-moral-femenina-de-murcia-en-tiempos-de-franco

MURCIA. Si aún hoy tenemos que contemplar con frustración las desigualdades que afrontan cada día las mujeres por el hecho de serlo, falta poco menos que romper a llorar al echar la vista atrás y contemplar cuál fue el origen de la situación en la que nos encontramos. Y es que el franquismo ya se encargó de crear su concepto de familia en el que la esposa debía esclavizarse al servicio de los hijos y la casa, mientras que el marido tenía la libertad de hacer lo que quisiera. En consecuencia, nació el Patronato de la Mujer en la Región, una institución dedicada a educar a las ovejas descarriadas para conseguir que volvieran al rebaño.

Así pues, nace la Junta Provincial de este organismo en 1943 con el Gobernador Civil ostentando el cargo de presidente. No obstante, fue la Iglesia católica la encargada de gestionar los centros de internamiento, resultando las Oblatas en Murcia y el Colegio de Religiosas Adoratrices en Cartagena quienes coordinaron esta educación moral según los estándares impuestos por el régimen.

En concreto, el objetivo del Patronato eran las mujeres jóvenes que no cumplían con la moral de la época, lo que abarcaba desde amistades peligrosas hasta el embarazo o el ofrecimiento de sus servicios sexuales a cambio de dinero. En ocasiones, era la misma familia quienes denunciaban los pecados de la joven para limpiar la deshonra que les había producido, por ejemplo, al fugarse con su novio.

Respecto a la selección, la Región de Murcia contó con un cuerpo especial de vigilantes que solo se creó en esta comunidad con la intención de observar las buenas costumbres de las señoritas e informar sobre las que se salían de la norma. Este cuerpo de “agentes del patronato”, fue dirigido en sus inicios por el policía Francisco Ballester y se dedicaba a acechar en lugares públicos como cines, playas o paseos públicos en su función de “guardianes de la decencia”, como los describe en su trabajo Carmen Guillén, doctora de la UMU especializada en esta institución.

Una vez que se decidía quiénes debían ser reeducadas, internarlas no era apenas una complicación pues no era necesario ningún tipo de resolución judicial, sino que se consagraba como una “función punitiva arbitraria”, indica Guillén: “El marco penal de las detenciones resultaba a todas luces despótico”.

Cuando finalmente entraban al Patronato comenzaba la educación estricta en los valores católicos que reeducaría a las internas. Asimismo, la austeridad era la norma en la institución, que llegó a reducir tanto el presupuesto dedicado al cuidado de las mujeres allí encerradas que alcanzó el superávit. 

De hecho, a principios de los sesenta comenzaron a realizar unos talleres de costura, pulimento de muebles y demás tareas propias de las mujeres de la época con las que se benefició la dirección al vender los productos resultantes. De esta forma, se confirma la similitud con el caso de las lavanderas ocurrido en Irlanda.

El objetivo una vez terminada la estancia, que solía durar entre seis meses y dos años, era introducirlas en trabajos honrados, el retorno al hogar familiar o el matrimonio, la opción preferida para la organización al tratarlo como la única forma de la mujer para realizarse. En cualquier caso, el seguimiento era constante tras abandonar el Patronato y no era infrecuente que volvieran a sus “malos hábitos” y fueran recluidas de nuevo, de acuerdo con los datos proporcionado por Camena Guillén.

En concreto, entre 1944 y 1948 se expedientaron 499 jóvenes, de las que tan solo consiguieron “reformar” a 159, quedando 199 “rebeldes” y 83 que aún quedaban en formación. De esta forma, queda patente que por mucho que se esforzaron en inculcar la moralidad represiva esta no logró penetrar en la mayoría de mujeres, lo que significa que triunfó la libertad de pensamiento.

La represión de la prostitución en la Región de Murcia

La represión de la libertad femenina de los primeros años del franquismo coincidió con la época en la que el régimen reglamentó la prostitución (entre 1941 y 1956), lo que provocó la convivencia entre la prostitución legal e ilegal. Mientras que la primera fue consentida, la segunda fue duramente perseguida, castigando a quien la ejercía con cárcel, multa, expulsión de la provincia y rapado de pelo. Además, fue gran parte de la población objetivo a la que se dirigió el Patronato y un gran número de internas fueron recluidas por vender sus servicios sexuales, casi siempre para ganarse la vida.

En este punto, los burdeles se convirtieron en puntos de encuentro para los hombres en una creciente demanda que se infló “de manera directamente proporcional a la represión femenina”. De esta forma, asistimos en el tratamiento de la prostitución a lo que Carmen Guillén denomina “la encarnación más evidente de la doble moral del franquismo”, pues convivieron legalidad y persecución en un clima de creciente demanda.

Marisa Tarantino: “Hay muchísimas mujeres criminalizadas”

 

 

 

  • Presenta el libro “Ni víctimas, ni criminales: trabajadoras sexuales”
  • El volumen que se presenta este jueves en las redes de Fondo de Cultura Económica busca abrir la discusión, y considerar políticas que contemplen la perspectiva de trabajadoras sexuales.

 

Por Paula Sabatés

3 de agosto de 2021

https://www.pagina12.com.ar/359169-marisa-tarantino-hay-muchisimas-mujeres-criminalizadas

“Se requiere un trabajo probablemente tan profundo como el que se ha hecho para instalar el paradigma punitivo.”. Imagen: Bernardino Avila

“Mi experiencia me mostró que en los lugares donde supuestamente se iba a rescatar víctimas no había mujeres secuestradas, ni encadenadas, ni en situaciones similares. Lo que había eran personas que muchas veces reivindicaban su opción por el trabajo sexual y lidiaban con el estigma como podían.” Quien habla es Marisa Tarantino, abogada y trabajadora del Poder Judicial durante muchos años y lo que relata es la experiencia que la llevó a escribir una “crítica feminista a las políticas contra la trata de personas y la prostitución”, subtítulo de Ni víctimas, ni criminales: trabajadoras sexuales (Fondo de Cultura Económica), su último libro de reciente aparición. En él postula que la política criminal antitrata tiene un impacto negativo en quienes ejercen el sexo comercial y que la criminalización producto de esas legislaciones afecta fundamentalmente a mujeres, resultado contrario al espíritu que se pretende abordar.

Con conocimiento jurídico y el uso de herramientas del análisis comparado, la autora intercala cuestiones históricas y revisiones del tipo legal para explicar, entre otras cosas, de dónde surge la asociación entre trata y prostitución, quiénes son los sectores que la impulsan y porqué varios de los organismos competentes retoman ciertas perspectivas -la “neoabolicionista”- para abordar los casos de explotación sexual. También dedica esfuerzos teóricos y prácticos para pugnar por la incorporación en el diseño de políticas públicas de la perspectiva de las trabajadoras sexuales, algo que ella misma hace desde el prólogo del libro, escrito por la presidenta de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) Georgina Orellano.

“Existen diversas investigaciones que están mostrando un aumento de la clandestinidad de los intercambios, reforzamiento del estigma, mayores dificultades en el acceso a derechos básicos, pero sobre todo un aumento de la violencia institucional y un altísimo porcentaje de mujeres criminalizadas a causa de la política criminal antitrata”, cuenta la autora a Página/12. “Si bien en mis años de trabajo encontré escenarios de trabajo insalubres y de precariedad, lo que constataba era que los operadores judiciales no estábamos haciendo otra cosa que controlar y reprimir formas de organización del sexo comercial, las más precarias, las que se desarrollan en los sectores sociales subalternizados. Hay un desacople entre las narrativas justificantes de la política criminal y la realidad de los casos”, sentencia.

-¿De donde viene la asociación directa entre trata y prostitución?

-Surge a fines del siglo XIX con el activismo de las primeras feministas abolicionistas, que fueron las que denunciaron los abusos y la doble moral que implicaban los regímenes reglamentaristas con sus dispositivos de control policial e higienista de la prostitución de ese entonces. Este activismo se presentó como un movimiento de liberación de las mujeres, que estaba en sintonía con la lucha contra la trata de esclavos. A partir de esa experiencia comenzaron a definir a la prostitución como un atentado a la dignidad de las mujeres y una forma de sujeción similar a la esclavitud. Surgió la categoría “trata de blancas” con la que condensaron conceptualmente la problemática de las migraciones de mujeres europeas hacia América para su inserción en el mercado sexual, que era muy frecuente en ese tiempo y que en verdad consistía en una realidad social y económica mucho más compleja.

-En el libro afirmás que, en lo referido a la prostitución o trabajo sexual, el concepto de explotación es “opaco”. ¿Por qué?

-Si pensamos que la explotación es aquella situación en la que una persona es tomada como un instrumento para que otro se apropie del producto de su esfuerzo, intelectual o físico, deberíamos decir que el concepto mismo de trabajo asalariado es sinónimo de explotación. Sin embargo, vivimos en un mundo capitalista y estas formas de instrumentalización del ser humano son socialmente aceptadas. Por lo tanto, el concepto jurídico de explotación tiene que aludir a una forma de sujeción o de violación de los derechos del trabajador que superan la mera obtención de plusvalía. Y más aún, hace falta que se transgredan las normas de un modo penalmente relevante, porque la mera informalidad laboral tampoco es motivo suficiente para considerar que existe explotación laboral en términos penales. La interpretación cambia sustancialmente cuando los intercambios de servicio-dinero adoptan ciertas modalidades del sexo comercial. El ejercicio de la prostitución en sí no está prohibido, pero la obtención de ganancias o beneficios económicos de la prostitución ajena sí lo está y es considerada explotación sexual. Así, la ausencia de un reconocimiento legal del trabajo sexual es una de las razones que impiden distinguir con claridad cuáles son las situaciones en que es legal ejercer el trabajo sexual y cuáles no.

-¿Cómo podría superarse el impacto que la política criminal antitrata produce para quienes hacen sexo comercial?

-Revertir este problema es una tarea urgente y difícil y requerirá un trabajo probablemente tan profundo como el que se ha hecho para instalar este paradigma punitivo. Lo primero que hace falta es que las políticas públicas contemplen los reclamos de les trabajadores sexuales; para eso hay que escucharles y hacerles partícipes de las decisiones que les involucran. Por otra parte, creo que es hora de discutir e impulsar un nuevo paradigma legal para el trabajo sexual desde un modelo de descriminalización y reconocimiento de derechos básicos, laborales y de seguridad social, que les permita salir de la clandestinidad y el estigma, que son la causa principal de las múltiples violencias que atraviesan sus vidas.

-Respecto al nombre mismo del libro, ¿por qué es problemático el abordaje del trabajo sexual en términos de víctimas-victimarias/os?

-En primer lugar, es un abordaje binario que no respeta la complejidad y heterogeneidad del sexo comercial y parte de una construcción artificiosa de esa realidad y de la posición de los sujetos en ella. Concibe los conflictos como el producto de meras voluntades individuales. Es un enfoque que, como sostiene Tamar Pitch, produce un efecto de despolitización sobre los conflictos y no permite dar cuenta de la multiplicidad de factores que los atraviesan. Pero, además, es un paradigma que convoca necesariamente la herramienta punitiva como la más adecuada para intervenir en los problemas planteados en esos términos, y ya sabemos que si queremos encontrar soluciones a los problemas sociales, el sistema penal no es una buena idea. No es por ahí.

* Ni víctimas, ni criminales: trabajadoras sexuales. Una crítica feminista a las políticas contra la trata de personas y la prostitución” se presentará este jueves 5 de agosto a las 19 en una transmisión en vivo por el canal oficial de Fondo de Cultura Económica en Facebook y en YouTube. Participarán, además de la autora, la antropóloga Marta Lamas, la jueza María Gabriela López Iñiguez y Georgina Orellano

Una declaración de principios feministas

 

“Una declaración de principios feministas” ha sido redactada mediante un riguroso proceso de colaboración entre organizaciones feministas de mujeres y de derechos humanos, y organizaciones LGBTIQ+ y trans.

Entre las organizaciones promotoras de esta declaración se incluyen:

Asia Pacific Alliance for Sexual and Reproductive Health and Rights, Asia Pacific Transgender Network (APTN), Association for Women’s Rights in Development (AWID), COC Netherlands, CREA, Diverse Voices and Action (DIVA) for Equality, GATE, Global Network of Sex Work Projects, ILGA World, International Planned Partenthood Federation (IPPF), L’Associacio Drets Sexuals I Reproductius, Outright Action International, RFSL – The Swedish Federation for LGBTQI Rights, RESURJ, Transgender Europe (TGEU), Urgent Action Fund for Women’s Human Rights, Women Deliver, Women Engage for a Common Future

La declaración es un intento de reafirmar lo que creemos que son principios feministas fundamentales y de difundir las posiciones que muchas feministas han adoptado históricamente en relación con la comprensión del género, el sexo y la sexualidad.

Invitamos a personas y organizaciones a firmar esta declaración y a compartirla ampliamente con sus redes.

Descarga la carta en español:

Firma la carta:

https://es.feministaffirmation.org/sign-the-letter

UNA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS FEMINISTAS

Las organizaciones y personas de todo el mundo que firmamos abajo nos unimos en esta carta para enfatizar nuestra creencia compartida de que para alcanzar justicia, equidad y liberación, debemos combatir y desmantelar los sistemas de poder patriarcal que continúan excluyendo y oprimiendo a muches de nosotres.

Afirmamos los principios feministas clave y su alineación con temas relacionados a la orientación sexual, la identidad y expresión de género y las características sexuales.

Reforzamos y defendemos el lugar que las personas trans, intersex y no binarias tienen en los movimientos feministas.

Destacamos el reconocimiento de que los derechos humanos no hacen distinciones entre las personas pues son, en su constitución, universales, indivisibles e inalienables.

Afirmamos que hacer realidad los derechos humanos de cualquier grupo de personas no tiene lugar a a expensas de los derechos humanos de las demás. Estos principios y valores compartidos han unido a los diversos movimientos feministas en todo el mundo.

Muches de nosotres vivimos en un mundo sólidamente fundado en la construcción occidental binaria del género y sexo, la cual, junto con la heteronormatividad, conduce a la opresión sistémica y la discriminación estructural de las mujeres y todas las personas que no se ajusten a este binario y que, por lo tanto, representan una amenaza para el patriarcado.

Nuestra lucha compartida se basa en el reconocimiento de que estas construcciones sociales sostienen estructuras de poder injustas, así como otras categorías de identidad  tales como la raza, la clase y la casta.

El impacto nocivo de la discriminación por motivos de género, sexo, sexualidad y otros aspectos de la identidad tiene consecuencias reales para las personas y los grupos oprimidos.

Los antecedentes internacionales de derechos humanos, mecanismos regionales de derechos humanos, así como los de Naciones Unidas, incluidos los órganos de tratados, expertes y juristas, han reconocido ampliamente que el género es una construcción social.

La idea de que nacemos con rasgos específicos e inmutables en virtud de nuestro “sexo” ha sido rechazada pues se reconoce que los estereotipos, roles y normas de género construidos socialmente conducen a desigualdad de género.

Muchas feministas hemos optado históricamente por defender los derechos de todas aquellas personas que transgreden las normas del género, el sexo y la sexualidad, porque entendemos que nuestra liberación está fundamental e intrínsecamente unida.

Los movimientos sociales feministas de derechos humanos deben permanecer unidos contra las amenazas a la democracia y las libertades fundamentales, y en pos de los principios de derechos humanos, de justicia social e igualdad.

Nuestro feminismo analiza el poder mediante el reconocimiento de que no existe homogeneidad en nuestras experiencias relacionadas con el género, el sexo y la sexualidad y que las personas en su diversidad experimentan distintos niveles de discriminación, opresión y privilegios.

Nos comprometemos a aprender y a profundizar continuamente nuestra comprensión de la interseccionalidad, el feminismo y los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y no binarias y a desaprender los patrones internalizados de sexismo, racismo y colonialismo.

Creemos firmemente que la igualdad de género no se logrará sin hacer realidad  los derechos humanos de todas las personas trans, intersex y no binarias.

Reafirmamos algunos principios feministas clave:

-1-

 

Universalidad de los derechos humanos, el principio de no discriminación y una vida libre de violencia

Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, independientemente de su género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. Todas las personas tienen derecho a alcanzar y ejercer sus derechos y libertades inalienables y ninguna persona o institución tiene derecho a infringir los derechos fundamentales de otra persona. La realización de los derechos humanos de cualquier grupo de personas no se produce a costa de los derechos de las demás personas.

-2-

 

Autonomía e integridad corporal, agencia y el drecho a la identidad

Toda persona tiene el derecho y la capacidad de tomar sus propias decisiones sobre su vida, su cuerpo, su futuro y el ambiente en el que vive y trabaja. Toda persona tiene derecho al consentimiento libre, previo e informado a la hora de tomar estas decisiones especialmente cuando se relacionan con su salud y bienestar. Esto significa reconocer:​​

a. El trabajo sexual como trabajo;

b. El aborto accesible y legal como un derecho humano; toda persona debe tener autonomía en la toma de decisiones sobre su reproducción;

c. Las personas intersex y trans deben ser quienes deciden second se trata de sus cuerpos y de sus vidas;

d. El derecho a la identidad se extiende para auto-determinar la propia identidad de género sin ninguna interferencia, esto incluye la libertad de autodeterminar el género legal;

e. El derecho de todas las personas adultas con capacidad de consentir de escoger a sus parejas;

f. El derecho a rechazar los esfuerzos que busquen cambiar la orientación sexual, la identidad y expresión de género y las características sexuales así como el derecho a vivir una vida digna y sin miedos; y que

g. Los derechos y dignidad de les adolescentes deben estar fundados en el respeto a su capacidad progresiva para de tomar decisiones informadas e independientes sobre asuntos relacionados a la autonomía de su cuerpo, sexualidad, placer y libertades fundamentales.

-3-

 

Protección contra la tortura, malos tratos y los abusos médicos

​Rechazamos la medicalización colonial y patriarcal, de ciertos cuerpos y de ciertos grupos de personas. Rechazamos la necesidad de “arreglar” cuerpos y mentes que son atípicos, así como la necesidad de “tratar” a aquelles que no se ajustan a las construcciones binarias de identidad y expresión. Seguimos siendo profundamente críticos con el malestar social ante la diferencia y con los intentos de borrarla.

Esto significa:

a. Les infantes, niñas y adultas intersex nunca deben ser sujetas a intervenciones médicas y cirugías innecesarias sin su consentimiento pleno e informado. 

b. Las intervenciones, cuidados y servicios de afirmación de género no deben estar fuera del alcance de las personas trans que las quieren. 

c. La atención médica inclusiva y compasiva debe ser universalmente accesible, aceptable, fácilmente disponible y gratuita, ya que es un derecho humano, no una mercancía o un privilegio.

-4-

 

Derechos de la niñez

Todes les niñes tienen derecho a estar libres de toda forma de violencia, lesiones o abusos, a comprender sus derechos y a tener garantizado su derecho a la dignidad, bienestar, salud y desarrollo.

Esto reconoce que:

a. Les niñes intersex deben estar libres de cirugías coercitivas y no consensuadas así como de tratamientos invasivos.

b. La niñez y juventud LGBTIQ tiene el derecho a estar libre del estigma social, discriminación y abuso en educación, salud, ambientes familiares, entre otros.

c. La niñez y juventud LGBTIQ tiene derecho al reconocimiento de su orientación sexual e identidad de género así como al acceso a servicios y apoyo no-discriminatorios y sensibilizados.

d. Todes les niñes deben tener acceso a una educación sexual y de género integral transformadora en las escuelas que abarque la diversidad de la identidad humana, las sexualidades y la construcción social del género no discriminatoria, basada en derecho y feminista.

e. Les niñes que nacen o crecen en familias LGBTI tienen derecho a que su familia sea reconocida legal, social y de todas las formas.

-5-

 

El sexo, el género y la sexualidad son construcciones sociales

Las feministas han establecido que el género, el sexo y la sexualidad son categorías de identidad construidas, al igual que otras categorías como raza, clase y casta, que se utilizan para defender y mantener los desequilibrios de poder y perpetuar los sistemas de opresión. La idea de que nacemos con rasgos específicos e inmutables en virtud de nuestro “sexo” ha sido rechazada pues se reconoce que los estereotipos, roles y normas de género construidos socialmente conducen a desigualdad de género.

Adoptamos una postura firme e inquebrantable contra cualquier forma de discriminación, violencia, trato deshumanizador y deslegitimación de las personas trans, de género diverso e intersex.

 

-6-

 Interseccionalidad

 

Las personas y grupos enfrentamos diversos grados de discriminación o desventajas debido a las estructuras de opresión que se cruzan —según nuestra ubicación dentro de categorías interconectadas de clasificación social— tal como raza, edad, sexo, género, orientación sexual, identidad y expresión de género, características sexuales y otras categorías.

Las personas también somos portadoras de privilegios y poder acorde a sus identidades. Es imperativo que llamemos la atención y reconozcamos esta dinámica para asegurarnos de que no esencializamos ningún grupo ni perpetuamos las nociones binarias en las categorizaciones sociales. Reconocemos que no existe una experiencia humana común, incluida la experiencia del género.

-7-

 

Autodeterminación y liberación en y sobre todos los territorios, de todos los cuerpos, colectivos, instituciones, sociedades, economía y ecología

Las feministas anticoloniales y decoloniales hemos rechazado desde hace mucho tiempo la ocupación colonial histórica y en curso de nuestros territorios y nuestros cuerpos.

Todos los pueblos tienen derecho a determinar su propio futuro y participar en la toma de decisiones políticas, sociales, culturales y económicas dentro y fuera de sus comunidades.

Desafiamos los sistemas de poder racistas, patriarcales, cis-heteronormativos que, a lo largo de la historia, han erradicado e invisibilizado las comprensiones indígenas y diversas de las sexualidades, géneros y expresiones de género. Rechazamos los intentos coloniales de patologizar ciertos cuerpos y ciertos grupos.

-8-

 

Desafiar las estructuras de poder injustas

Los análisis de poder feministas van más allá de los binarios; no se trata de ‘hombres’ contra ‘mujeres’, jóvenes contra ancianes, Sur global vs Norte global, etc. Esto significa una continua crítica feminista al derecho y a las leyes —incluyendo el derecho internacional— que requiere conceptos e ideas desafiantes que se basen en ideas críticas al pensamiento colonial, patriarcado, racismo, capacitismo y heteronormatividad.

Los análisis feministas del poder están basados en la identificación y el desafío a todas las estructuras de poder injustas y a todos los sistemas de opresión, incluso en nosotres mismes y en nuestros propios movimientos.
 

Ningune de nosotres
será libre hasta que

todes
seamos libres.

Ley de libertad sexual, la paradoja de castigarnos por víctimas

La penalización de la tercería locativa comportará la clandestinidad para las trabajadoras sexuales y, en consecuencia, la imposibilidad de que las trabajadoras sexuales denunciemos robos, violaciones o agresiones, por miedo a perder nuestro hogar o ser expulsadas del país.

Por Carolina Clemente

Trabajadora sexual e integrante de Putxs en Lucha

21 de juliode 2021

https://www.elsaltodiario.com/opinion/ley-libertad-sexual-paradoja-castigarnos-victimas-teceria-locativa

Se llamaba Mercy, era nigeriana y ejercía el trabajo sexual, junto con otras compañeras, en un piso de Noruega. Un día, un agresor, haciéndose pasar por cliente, se presentó en el piso, las robó y las violó. La policía tardó tres horas en llegar. Tras prestar declaración en comisaría, fueron alojadas en un hotel. Cuando volvieron a su casa, el arrendador las echó, alegando que habían ejercido prostitución en ella. El resultado de denunciar una agresión fue quedarse sin casa: las habían desahuciado por putas.

El motivo fue que, en los países abolicionistas, es ilegal alquilarle una vivienda a una prostituta, ya que se considera delito de proxenetismo. La consecuencia de esta medida es la clandestinidad y, por ende, la indefensión. Así lo señala el informe de Amnistía Internacional El coste humano de “machacar” en el mercado: la penalización del trabajo sexual en Noruega.

Alquilar un espacio destinado a ejercer la prostitución es lo que en el Estado español se denomina “tercería locativa”. Una de las medidas que contempla la Ley de libertad sexual, aprobada en el Consejo de Ministros en segunda vuelta el 6 de julio, es su penalización, puesto que considera que extraer un beneficio del ejercicio de la prostitución de otra persona —aunque este beneficio se limite a un alquiler— es violencia. Pese a su enunciación feminista, esta penalización comportará la clandestinidad para las trabajadoras sexuales. Y, en consecuencia, la imposibilidad de que las trabajadoras sexuales denunciemos robos, violaciones o agresiones, por miedo a perder nuestro hogar o ser expulsadas del país. Así, de modo paradójico y nada inocente, el Ministerio de Igualdad pretende proteger la integridad física y psicológica de la mayoría de mujeres, al tiempo que expone al peligro a las mujeres que no cumplan con la nueva política sexual que impulsa. En otras palabras: castiga a toda mujer a la que considere un mal ejemplo para el resto.

El castigo estatal hacia las trabajadoras sexuales ha ido in crescendo en los últimos años: en un principio, se limitaba a un estigma simbólico, alimentado por las campañas publicitarias —financiadas con dinero público— que afirman que “se paga por nuestro sufrimiento”. Estas campañas, además de estigmatizantes, aunaban en la misma imagen trabajo sexual y trata, alimentando un discurso social que, además de obviar el papel de la Ley de extranjería como motor de la trata, definió a todas las prostitutas como víctimas sin voz. Más adelante la reproducción del estigma se convirtió en penalización económica, mediante la ley mordaza y las ordenanzas municipales. Una penalización destinada a las compañeras que captan clientela en la calle; precisamente las más vulneradas y precarizadas. A las represalias se sumó la invención de fábulas conspiranoides acerca de las trabajadoras sexuales politizadas, con las que nos acusan de ser proxenetas encubiertas tras una falsa identidad de trabajadoras sexuales o de defender los intereses de los mismos.

Ahora, el Ministerio de Igualdad pretende que las malas mujeres entremos en el Código Penal, resucitando un delito tipificado por el Código Penal del franquismo: la tercería locativa. Así, como segunda paradoja, encontramos que el partido que se alimentó de un discurso de conciencia de clase y democracia participativa castiga a las empobrecidas mediante una lógica penal franquista. No podemos olvidar, asimismo, que el PSOE, el mismo partido que despenalizara la tercería locativa durante la democracia y que tantas licencias ha concedido a clubs de alterne, esgrime ahora el argumento del cierre de los clubs como medida para acabar con la explotación.

No es sin motivo que este tipo de feminismo —defensor de la libertad, la integridad y el consentimiento de las mujeres privilegiadas, a costa de la penalización de las pobres— fue bautizado por Bernstein como “feminismo carcelario”. Tal y como reflejan los informes de Amnistía Internacional, los resultados de este tipo de medidas, no sólo en Noruega, sino también en Argentina, han resultado devastadores, tal y como recoge el informa Lo que hago no es un delito, también de Amnistía Internacional. Su gran logro igualitario ha sido aumentar el poder, abuso y control policial sobre las mujeres, así como la entrada de éstas en las instituciones penitenciarias: según la investigadora argentina Cecilia Varela, el 40% de las personas procesadas por la Ley de trata son mujeres.

Este tipo de legislaciones se venden a la opinión pública como “garantes de los Derechos Humanos”. Sin embargo, pese a este discurso propagandístico, acaban por violar diversos de estos derechos. Noruega, tercer país europeo en implantar el modelo abolicionista, es un perfecto escenario de análisis.

El primer derecho vulnerado con estas políticas punitivas es el derecho a la vivienda, puesto que, al tipificar, como delito de proxenetismo el alquiler de un inmueble destinado al ejercicio de la prostitución, en muchas ocasiones se desahucia a las trabajadoras sexuales de sus viviendas. Un claro ejemplo de esto fue la “Operación sin techo” (Noruega, 2007-2011), en la que se desalojó sistemáticamente a las trabajadoras sexuales de sus hogares. A fin de obtener su dirección y echarlas de sus domicilios, la policía noruega hostiga incluso a las trabajadoras que captan clientela en la calle, pese a que no ejerzan en sus casas. Los arrendatarios, a sabiendas de las dificultades habitacionales ante las que se encuentran estas compañeras, les exigen un alquiler más elevado. Estas medidas violan, por tanto, el derecho a no sufrir discriminación, a la intimidad y a la vivienda.

Enumerando las paradojas que encierra la Ley de libertad sexual, en su importación del punitivismo, añadimos la de un partido que se hizo con la confianza de la clase obrera por señalar el problema de acceso a la vivienda, la especulación urbanística y el impago de las hipotecas y al que ahora, con sus medidas, no le importa desahuciar a las menos privilegiadas.

En segundo lugar, otro de los derechos que se ven afectados por la propuesta de la “ley del sí es sí” es el de la seguridad de la persona: puesto que la policía actúa como cuerpo represor, las trabajadoras sexuales no denuncian los abusos a los que puedan verse sometidas; por tanto, los perpetradores gozan de impunidad. Dada la situación, en ocasiones, las trabajadoras sexuales optan por realizar los servicios en la casa de los clientes, exponiéndose al peligro: muchas veces, incluso los hoteles identifican y echan a las trabajadoras sexuales. También se penaliza a las compañeras que, por garantizar su seguridad, compartan espacio. Esta inseguridad a la que se ven abocadas las que viven bajo el punitivismo arroja luz sobre otra de las paradojas de la “ley de solo sí es sí”: una ley que pretende garantizar la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres, al mismo tiempo, empuja al peligro a las trabajadoras sexuales, utilizándonos como el castigo ejemplarizante de quienes no sigan los mandatos de la nueva política sexual.

En tercer lugar, la criminalización de la tercería locativa supone un aumento de la presión policial sobre los lugares donde se ejerce prostitución. En esta persecución de prostitutas, la policía ha llegado a considerar como prueba de que en un inmueble se ejerza la prostitución el que haya preservativos. Con esto, se está violando el derecho a la salud sexual y reproductiva. En este mismo sentido, tal y como denuncia ONU SIDA, la criminalización aumenta el contagio del VIH: los clientes problemáticos, conocedores de la clandestinidad y la vulnerabilidad a las que se ven sometidas las trabajadoras, acaban por exigir prácticas de riesgo.

En ningún caso estas medidas ayudan a acabar con la trata, pese al argumento populista de que están destinadas a acabar con la explotación. Tal y como señala Amnistía Internacional, de las 280 denuncias presentadas en Noruega, en el ámbito de la prostitución forzada, entre 2006 y 2014, solo se han dictado 32 sentencias. Paradójicamente, no se protege a las víctimas de trata, sino que sucede lo contrario: al recaer la sospecha de prostitución especialmente sobre las migrantes, se dan muchos casos en que las víctimas de trata acaban siendo perseguidas.

En cuanto a Argentina, la ley vigente es la Ley de trata, la cual, al igual que la Ley de libertad sexual, anula el consentimiento de la trabajadora y tipifica como delito todo lo que rodea al trabajo sexual (alquiler de inmuebles, transporte, limpieza, ayuda con la organización, etcétera). En consecuencia, las trabajadoras sexuales se ven expuestas al acoso, abuso e incluso sobornos policiales, ya sea éstos a cambio de avisar de un allanamiento o de una declaración favorable ante el juez.

Esgrimiendo como justificación esta ley, las trabajadoras sexuales argentinas padecen de constantes allanamientos, con conductas violentas y robos de sus efectos personales, detenciones, arrestos con armas de fuego e interrogatorios coercitivos —incluyendo en éstos a los psicólogos que, lejos de respetar la confidencialidad exigida por el código deontológico, suelen colaborar con la policía—. También se ven sometidas, pese a que su actividad no está reconocida como trabajo, a inspecciones normativas por parte de los funcionarios, quienes en ocasiones también les exigen sobornos a cambio de no multarlas o no clausurarles el piso.

Como puede deducirse, los esfuerzos de la ley, pese a llamarse “Ley de trata, no se concentran en perseguir a las figuras criminales, sino que acaban criminalizando a las mujeres a las que dicen rescatar. Una paradoja del mismo tipo se da en la Ley de libertad sexual donde, como bien señala la jurista María Luisa Maqueda, las penas por trata son menores que las de violación.

La persecución de las trabajadoras sexuales se suele fundamentar en estereotipos —apariencia, comportamiento, etcétera—. Esto puede dar pie a la discriminación de mujeres sospechosas de prostitución, como mujeres trans y/o migrantes; por tanto, se está dificultando el acceso a la vivienda a colectivos ya de por sí discriminados. Es aquí dónde se vislumbra otra de las paradojas del Ministerio de Igualdad: por un lado, impulsa una Ley trans para acabar con la discriminación de un colectivo históricamente vulnerado. Por el otro, propone una ley que supondrá una mayor precarización y la criminalización de gran parte de dicho colectivo; esa mayoría cuya única salida laboral es el trabajo sexual.

Esta ley es otro ejemplo más de cómo el Ministerio de Igualdad ha diseñado una meritocracia del buen comportamiento sexual. Así, las trabajadoras sexuales hemos quedado excluidas del IMV. De la misma forma, se entorpeció nuestra recuperación económica post-confinamiento, cuando se ordenó el cierre de nuestros espacios de trabajo.

Y, ante esta inminente criminalización, el Ministerio de Igualdad sigue sin recibirnos, para que le expongamos las consecuencias de sus políticas; más bien, se limita a desmentir nuestros temores, asegurando que estas reformas legales no van a atentar contra nosotras, pese a que el texto de la ley no presenta ninguna garantía de estas afirmaciones. Sin embargo, nosotras, las trabajadoras sexuales, somos conocedoras de cómo las medidas abolicionistas, pese a no estar dirigidas directamente a penalizarnos, sí repercuten negativamente en nuestro trabajo y nuestras vidas. Mientras no se despenalice la tercería locativa, no habrá autoorganización que se sostenga -ya que alquilarnos un espacio donde trabajar será un delito-. Así, el negocio del sexo pasará a depender de quien tenga contactos y poder. Vemos cómo este feminismo institucional da la espalda a nuestras compañeras más precarizadas y cómo las va a servir en bandeja a una justicia patriarcal, tránsfoba, racista, putófoba y clasista.

La Ley de libertad sexual no niega nuestro consentimiento por considerarnos víctimas. Más bien lo hace porque nos considera culpables y que, en consecuencia, no debemos beneficiarnos de protección legal alguna en lo que se refiere a nuestra integridad física, psicológica y sexual. Que esto lo lleve a cabo “el Ministerio de Todas las Mujeres” puede resumirse en una frase: la verdadera paradoja es un feminismo que establece jerarquías de mujeres.

Comunicado de prensa del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS)

A propósito de la aprobación de la Ley Orgánica de libertad sexual

Fuente: (CATS)

6 de julio de 2021

https://www.murcia.com/nacional/noticias/2021/07/06-comunicado-de-prensa-del-comite-de-apoyo-a-las-trabajadoras-del-sexo-cats.asp

La Ley del “sólo sí es sí” incluye, en su última versión, la criminalización de todo el entorno de la prostitución y va a constituir, de facto, la práctica ilegalización de la actividad en nuestro país, dejando a las mujeres que la ejercen en una situación muy complicada y sin opciones para poder sobrevivir y mantener a sus familias.

Esta inclusión de última hora ha impedido a las asociaciones de trabajadoras sexuales y aliadas poder alegar durante el periodo de consulta pública (ya que el primer borrador no contenía referencia alguna a la prostitución).

No estamos en contra de la Ley. Las trabajadoras sexuales también pueden ser objeto de violencia sexual y esta ley es también para ellas: el consentimiento es fundamental para separar lo que es delito de lo que no lo es.

La criminalización de la prostitución es un parche absurdo, oscuro y perverso: la Ley de Libertad Sexual pone el consentimiento de la mujer como base para mantener relaciones sexuales y, paradójicamente, niega ese mismo consentimiento si la mujer lo hace por dinero.

Las trabajadoras sexuales ya estaban cansadas de ser infantilizadas y ninguneadas por los poderes políticos. Ahora son objeto de prácticas maquiavélicas que dicen pretender salvarlas. Eso sí, tapándoles la boca.

Nunca un colectivo social había sido tan ignorado en iniciativas legislativas que les afectaran.

Es innegable que existe mucha explotación y muchos abusos en la prostitución. Pero la solución no es ilegalizarla, no es criminalizar todo su entorno, dificultarles que alquilen habitaciones o trabajen en clubes o burdeles. Esto es hacer su vida mucho más difícil. Más arriesgada. Más clandestina. Más vulnerable a caer en manos de intermediarios, protectores y delincuentes en general.

Para luchar contra la prostitución forzada y la explotación, la prohibición y la criminalización de la prostitución no es la herramienta adecuada ya que se puede conseguir justo el efecto contrario, como sucedió en EEUU con la Ley Seca y la prohibición del alcohol hace ahora un siglo. No aprendemos de la historia.

Para no dejar en la calle a decenas de miles de mujeres que ejercen la prostitución en nuestro país hay que ofrecer buenas oportunidades formativas, laborales y habitacionales que dudamos mucho que puedan conseguirse para todas, incluso en momentos de bonanza económica. Y si esto no es posible, estamos condenando a muchísimas mujeres y a sus familias a la precariedad más absoluta

Nueva Zelanda despenalizó la prostitución hace 20 años, y protege especialmente a las trabajadoras sexuales de la explotación y los abusos del empresariado. Nuestros legisladores deberían estudiarla.

Pedimos que se retire la prostitución de la ley de libertad sexual.

Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS)