Marcos legales de trabajo sexual

Elaborado por ICRSE

Traducido del inglés por Citi

6 de marzo de 2018

 

Prohibición

  • Ideología: el trabajo sexual y las trabajadoras sexuales son inmorales, las trabajadoras sexuales son los vectores del VIH y otras enfermedades y representan una amenaza para la sociedad.
  • Albania, Armenia, Eslovenia, Rusia, Ucrania.
  • Consecuencias:
  • Las trabajadoras sexuales y sus lugares de trabajo son blanco de redadas policiales, las trabajadoras sexuales se ven obligadas a someterse a pruebas de VIH, ITS, hepatitis B y C, cuyos resultados pueden hacerse públicos.
  • Las trabajadoras sexuales no pueden acceder a los mecanismos de justicia ya que la policía es uno de sus principales atacantes.
  • Según un informe de Europa Central y Oriental y Asia Central, más del 40% de las trabajadoras sexuales sufrieron abusos físicos por parte de la policía en el año anterior a la encuesta.
  • La policía considera los condones que llevan las trabajadoras sexuales como prueba, por lo que las trabajadores sexuales son reacias a tenerlos cuando trabajan.
  • En Europa del Este, la mayoría de las nuevas infecciones por el VIH se producen entre las trabajadoras sexuales y las personas que se inyectan drogas; se estima que una de cada diez trabajadoras sexuales vive con el VIH.

 

Modelo sueco

  • Ideología: las trabajadoras del sexo son víctimas del patriarcado y de la violencia contra la mujer cometida por hombres.
  • Suecia, Noruega, Islandia, Irlanda del Norte (RU), Irlanda, Francia.
  • Consecuencias:
  • El volumen de trabajo sexual no ha disminuido: según la Policía sueca, el número de salas de masaje tailandés que presuntamente ofrecen servicios sexuales se ha triplicado en 3 años.
  • Según un estudio, la mitad de las trabajadoras sexuales encuestadas tenían menos confianza en los servicios sociales y la policía después de la introducción de la ley, lo que les impide denunciar los casos de violencia a las fuerzas del orden.
  • Las trabajadoras sexuales de calle se enfrentan a niveles más altos de competencia, precios decrecientes y peores condiciones de trabajo, por lo tanto, a menudo necesitan confiar más en clientes agresivos y en terceros y proporcionar servicios sexuales sin usar condones.
  • Aunque el trabajo sexual no está prohibido sobre el papel, las ordenanzas municipales y / o las acciones dirigidas contra los clientes conducen a la detención y deportación de las trabajadoras sexuales inmigrantes indocumentadas.
  • El estigma y las actitudes discriminatorias van en aumento: según una encuesta de 2015, más personas piensan que el trabajo sexual y las trabajadoras sexuales deberían ser penalizados: el 52% tenía esta opinión en 2015 frente al 30% antes de la introducción de la ley.

 

Legalización

  • Ideología: el trabajo sexual y las trabajadoras sexuales deben ser controlados y reprimidos meticulosamente por el Estado.
  • La regulación estricta se manifiesta en varias formas: registro de trabajadoras sexuales; limitación en el número, ubicación, criterios operacionales de los lugares de trabajo sexual; condiciones impuestas sobre quién puede trabajar como trabajadora sexual, tales como exámenes médicos obligatorios.
  • Alemania, Holanda, Suiza, Hungría, Grecia, Turquía.
  • Consecuencias:
  • Sistema de dos niveles: solo una fracción de las trabajadoras sexuales y de las empresas de trabajo sexual pueden cumplir las regulaciones restrictivas.
  • Quienes no pueden cumplir se enfrentan a multas y castigo.
  • En Grecia y Turquía, sólo el trabajo en lugares cerrados es legal y solo se permite trabajar a las mujeres cis solteras.
  • En Hungría, las trabajadoras sexuales de calle solo pueden solicitar en las llamadas “zonas de tolerancia” o áreas situadas fuera de las “zonas protegidas”.
  • En los Países Bajos, varios municipios han intentado introducir el registro obligatorio de trabajadoras sexuales en los últimos años.
  • En Alemania, según una nueva ley aprobada en 2017, las trabajadoras sexuales deben registrarse ante las autoridades designadas que son quienes determinarán si pueden o no recibir su licencia.

 

Despenalización

  • Ideología: el trabajo sexual se reconoce legalmente como trabajo y se lo trata como a otros sectores de servicios, las trabajadoras sexuales tienen derecho a los derechos laborales.
  • Nueva Zelanda
  • Consecuencias:
  • No aumenta el número de trabajadoras sexuales ni de personas víctimas de trata en la industria del sexo.
  • El 90% de las trabajadoras sexuales encuestadas piensa que el nuevo modelo ha mejorado su capacidad para hacer respetar sus derechos laborales y su acceso a la salud y la seguridad.
  • 57% de las trabajadoras sexuales encuestadas piensa que las actitudes de la policía han mejorado desde la despenalización.
  • El 64% de las trabajadoras sexuales encuestadas pensó que era más fácil rechazar clientes, esta tasa fue del 37% antes de la despenalización.
  • Más trabajadoras sexuales informan de que revelan su estatus de trabajadora sexual cuando visitan al médico y que se someten a controles de salud periódicos.
  • Según Lancet, una revista médica líder, la despenalización evitaría el 33-46% de las infecciones por VIH en la próxima década.

 


1.- Ver más sobre marcos legales:

Comité Internacional sobre los Derechos de los Trabajadores Sexuales en Europa (ICRSE) (2015). ¡Nada acerca de nosotras sin nosotras! Diez años de activismo por los derechos de las trabaiadoras sexuales. Elérhető: http://www.sexworkeurope.org/sites/default/files/userfiles/files/ICRSE_10years%20report_April2016_photo_%282%29.pdf

Red mundial de proyectos de trabajo sexual (2014). El trabajo sexual y la ley: comprender los marcos legales y la lucha por las reformas a la ley del trabajo sexual. Disponible en: http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Sex%20Work%20%26%20The%20Law.pdf

2.- Red de Defensa de los Derechos de los Trabajadores Sexuales (SWAN) (2009). Detener la violencia: abusos de los derechos humanos contra las trabajadoras sexuales en Europa central y oriental y Asia central. Disponible en: https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/

3.- AVERT. VIH y SIDA en Europa del Este y Asia Central. Disponible en: http://www.avert.org/professionals/hiv-around-world/eastern-europe-central-asia

4.- Junta de la Policía Nacional de Suecia (2012). Trata de seres humanos con fines sexuales y de otro tipo. Informe de situación 13. Disponible en:

https://www.polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Informationsmaterial/01%20Polisen%20nationellt/Engelskt%20informationsmaterial/Trafficking_1998_/Trafficking_report_13_20130530.pdf

5.- Asociación Sueca para la Educación Sexual (RFSU) (2010). Remissvar ang SOU 2010: 49, Förbud mot köp av sexuell tjänst. Disponible en: http://www.rfsu.se/sv/Sex-och-politik/Remisser-och-yttranden/Yttrande-over-betankandet-Forbud-mot-kop-av-sexuell-tjanst-En-utvardering-1999 -2008-SOU-201049 /

6.- Red global de proyectos de trabajo sexual (2015). Herramientas de activismo: El verdadero impacto del modelo sueco en las trabajadoras sexuales. Disponible en: http://www.nswp.org/resource/the-real-impact-the-swedish-model-sex-workers-advocacy-toolkit

7.- http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/SW%20Digest%20Issue%2011%20Jan%20-%20Mar%202015.pdf

8.- https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/diverse-group-of-berlin-based-sex-worker-activists/german-law-endangers-sex-workers

9.- Departamento de Salud Pública y Medicina General, Universidad de Otago, Christchurch (2007).

El impacto de la Ley de Reforma de la Prostitución en las prácticas de seguridad y salud de las trabajadoras sexuales. Disponible en: http://www.otago.ac.nz/christchurch/otago018607.pdf

10.- http://www.thelancet.com/series/hiv-and-sex-workers

 

 

 

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Reducir la trata de personas a través de la despenalización del trabajo sexual

 

AMA Journal of Ethics. January 2017, Volume 19, Number 1: 122-126.

 

Erin Albright, JD y Kate D’Adamo, MA

 

http: //journalofethics.ama-assn.org/2017/01/sect2-1701.html

 

Resumen

Para reducir la trata de personas, los trabajadores de la salud deberían apoyar la despenalización total de la prostitución. Al igual que la trata en otros tipos de trabajo, la prevención de la trata en el comercio sexual requiere abordar las diferentes formas de marginación que crean comunidades vulnerables. Al eliminar las leyes punitivas que impiden denunciar la explotación y el abuso, la despenalización permite a las trabajadoras sexuales trabajar de forma más segura, reduciendo así la marginación y la vulnerabilidad. La despenalización también puede ayudar a desestigmatizar el trabajo sexual y ayudar a resistir la marginación política, social y cultural de las trabajadoras sexuales.

 

 

Introducción

 

En agosto de 2016, Amnistía Internacional, manteniendo y reafirmando su enérgica condena de la trata de personas, publicó una orientación política modelo que llama a los países a despenalizar el comercio sexual para proteger mejor la salud y los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual [1]. Como explica Amnistía en la orientación política, la despenalización es el cambio de “delitos comunes que penalizan la mayoría o todos los aspectos del trabajo sexual”, incluidas las leyes que se dirigen a terceros no coercitivos que compran o facilitan el trabajo sexual, a “leyes y políticas que brindan protección a las trabajadoras sexuales de los actos de explotación y abuso “[2]. La política ha sido respaldada por la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, la Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres (GAATW), Human Rights Watch, Lambda Legal, la Unión Americana de Libertades Civiles, Freedom Network USA y muchas otras organizaciones que se enfocan en poblaciones vulnerables, incluidas las víctimas de la trata de personas [3, 4]. Lo que es más importante, es una política abrumadoramente respaldada por las personas que comercian con sexo: la comunidad afectada por estas leyes y políticas [5].

 

En contraste, las organizaciones que ven la despenalización como algo que da permiso e impunidad a los posibles explotadores han criticado esta orientación política, a pesar de la insistencia expresada en ésta en que se mantengan o establezcan leyes contra la trata y las agresiones físicas y sexuales [1]. Sin embargo, estas críticas no logran entablar una conversación matizada sobre el trabajo sexual en lo que respecta a la explotación, la pobreza, la discriminación, los derechos de las trabajadoras y la trata de personas [6]. Más importante aún, la investigación muestra lo contrario: la penalización crea condiciones de impunidad y aumenta las vulnerabilidades de las trabajadoras sexuales a la violencia y la explotación, incluida la trata.

 

Razones para oponerse a la penalización del trabajo sexual

 

El trabajo sexual y la trata sexual no son sinónimos. La participación en el comercio sexual se produce en un espectro constantemente cambiante de elección, circunstancia y coacción. Las víctimas de trata se encuentran en el otro extremo de este espectro, implicadas en el trabajo sexual por la fuerza o la coacción. Si bien es difícil cuantificar el número de personas víctimas de trata en el comercio sexual, sí sabemos, como veremos más adelante, que la penalización del trabajo sexual aumenta la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales a la violencia, la explotación y la trata [7]. De esta forma, aquí, discutimos cuatro razones por las cuales los profesionales de la salud deberían oponerse a la penalización del trabajo sexual.

 

Aumento de la violencia. En primer lugar, la penalización aumenta las oportunidades de violencia que, de facto, no se pueden denunciar [7]; es decir, debido a que el trabajo que realizan se considera una actividad delictiva, las personas que ejercen el trabajo sexual son blancos fáciles de abuso y explotación, incluido la trata. El temor a la detención y otras consecuencias significa que aquellas personas que participan en el trabajo sexual tienen menos probabilidades de denunciar casos de violencia o explotación, lo que resulta en un “clima de impunidad que fomenta que la policía, el sector de la salud y grupos no estatales abusen de los derechos de las trabajadoras sexuales”[8]. Esto es cierto incluso para los llamados marcos de “penalización parcial”, como los que penalizan sólo a los compradores de sexo. Si bien dicha estrategia parece basarse, a primera vista, en el bienestar de las personas que ejercen el trabajo sexual, su puesta en práctica a menudo significa la vigilancia de las áreas donde las trabajadoras sexuales realizan su trabajo. Esto obliga a trabajar en condiciones y lugares más aislados, lo que aumenta la vulnerabilidad física. Interrumpe las estrategias y negociaciones de seguridad críticas, incluidas las técnicas de reducción de daños, como el uso de preservativos, y las redes de pares [7]. Según un estudio publicado en The Lancet, la penalización parcial “crea daños similares a los de la penalización total al impedir la capacidad de las trabajadoras sexuales de proteger su salud y su seguridad, y creando una relación antagónica con la policía que da lugar a un clima de impunidad” [8].

 

Erosión de confianza. En segundo lugar, la penalización socava la confianza en los sistemas de apoyo, incluida la atención de la salud. El temor a ser juzagas moralmente, la discriminación, la menor calidad del servicio y las consecuencias legales impiden que muchas divulguen que están involucradas en el trabajo sexual, independientemente de si se han implicado a través de la elección, las circunstancias o la coacción [9]. Un estudio de 783 trabajadoras sexuales informó que el 70 por ciento nunca había revelado la naturaleza de su trabajo a un profesional de la salud [10]. En una evaluación de necesidades de trabajadoras sexuales que buscan clientes en espacios públicos, a menudo referidas como trabajadoras sexuales callejeras, una mujer explicó: “Fui violada y tenía miedo de ser enjuiciada por el hospital y que llamaran a la policía”. [9]. Interrumpir la relación entre un profesional de la salud y una trabajadora sexual puede significar que no se tengan en cuenta las señales de alarma importantes de la explotación, la violencia y la trata.

 

Aumento de la vulnerabilidad. En tercer lugar, la implicación en el sistema de justicia penal crea consecuencias duraderas, en términos de la evolución de la salud de una persona y la vulnerabilidad a la trata y otras formas de explotación. La incapacidad de ocultar una detención y condena por prostitución hace que la obtención de empleo formal, vivienda, prestaciones sociales y apoyo comunitario sea significativamente más difícil. Las multas y los costos asociados con una detención agravan la pobreza, lo que aumenta significativamente la vulnerabilidad de una persona a la trata y otras formas de explotación.

 

Estigma. Finalmente, la penalización refuerza el estigma, que perpetúa la marginación de las trabajadoras sexuales. Las investigaciones respaldan el hecho de que las trabajadoras sexuales son algunas de las personas más marginadas del mundo, sometidas a violaciones generalizadas de los derechos humanos que incluyen homicidio, violencia física y sexual, encarcelamiento, acoso por parte de las fuerzas del orden y discriminación en el acceso a la atención médica y otras fuentes de apoyo [1] Social, cultural, política y económicamente, las trabajadoras sexuales son estigmatizadas, ignoradas y silenciadas activamente incluso en espacios activistas que debaten sobre las mismas políticas que influyen en sus vidas [11]. Con demasiada frecuencia, se habla de las personas que ejercen el trabajo sexual en lugar de darles una plataforma para hablar por sí mismas, y el resultado es la falta de reconocimiento y cumplimiento de sus derechos humanos básicos.

 

Conclusión

 

La despenalización puede motivar un mayor reconocimiento de los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y es por tanto un mecanismo de importancia crítica para disminuir la trata. Cuando mejoramos la salud y los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual, también lo hacemos para aquellas que son víctimas de trata sexual. De hecho, los “Principios y directrices recomendados sobre derechos humanos y trata” de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que “las violaciones de los derechos humanos son a la vez causa y consecuencia de la trata de personas” y, por lo tanto, es “esencial colocar la protección de todos los derechos humanos en el centro de todas las medidas adoptadas para prevenir y poner fin a la trata “[12]. Al despenalizar el trabajo sexual, las trabajadoras sexuales que sufren violencia pueden buscar ayuda de las fuerzas de orden público, los trabajadores de la salud o incluso amigos, con menos temor a las consecuencias para ellas mismas o para otros. Pueden unirse a redes de pares y emplear técnicas de reducción de daños que les ayuden a mantenerse más seguras, de modo que ya no tengan que arrostrar las consecuencias de una ficha penal simplemente por tratar de sobrevivir.

 

 

Referencias

  1. Amnesty International. Sex workers at risk: a research summary on human rights abuses against sex workers. http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/briefing_-_sex_workers_rights_-_embargoed_-_final.pdf. Published May 2016. Accessed September 5, 2016.
  2. Amnesty International, 20.
  3. Women’s rights organization applauds new Amnesty International Policy to protect sex workers’ rights [news release]. Washington, DC: Center for Health and Gender Equity; May 26, 2016. Accessed October 19, 2016.
  4. Koster K. Does Amnesty International’s sex work resolution support “gender Apartheid”? Huffington Post. November 3, 2015. http://www.huffingtonpost.com/katherine-koster/amnesty-sex-work-resolution_b_8447106.html. Accessed October 19, 2016.
  5. Due to the myriad systems that marginalize women, including gender discrimination in the formal workplace and a higher scrutiny for policing under prostitution and loitering laws, women, both cis and transgender, are disproportionately engaged in the sex trade and may experience higher rates of exploitation. See, for example, Bobashev GV, Zule WA, Osilla KC, Kline TL, Wechsberg WM. Transactional sex among men and women in the South at high risk for HIV and other STIs. J Urban Health. 2009;86(suppl 1):32-47.
  6. Critics may also incorrectly use the terms decriminalization and legalization interchangeably, despite important differences in meaning. Legalization involves imposing state control over sex work through regulation, often in ways that perpetuate marginalization of vulnerable people.
  7. World Health Organization. Implementing Comprehensive HIV/STI Programmes with Sex Workers: Practical Approaches from Collaborative Interventions. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2013:24.
    http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/90000/1/9789241506182_
    eng.pdf?ua=1. Accessed September 12, 2016.
  8. Decker R, Crago AL, Chu SK, et al. Human rights violations against sex workers: burden and effect on HIV. Lancet. 2015;385(9963):192.
  9. Neal N, Schrader T, Hyndman, et al. Street based sex workers needs assessment: Toronto, Barrie and Oshwa. Street Health. February 2014:15. http://www.streethealth.ca/downloads/sex-workers-needs-assessment.pdf. Accessed August 25, 2016.
  10. Cohan D, Lutnick A, Davidson P, et al. Sex worker health: San Francisco style. Sex Transm Infect. 2006;82(5):418-422.
  11. Sukthankar A. Sex work, HIV and the law. Paper presented at: 3rd Annual Meeting of the Technical Advisory Group of the Global Commission on HIV and the Law; July 7-9, 2011; Geneva, Switzerland. http://hivlawcommission.org/index.php/report-working-papers?task=document.viewdoc&id=99. Accessed November 11, 2016.
  12. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf. Published 2002:3. Accessed November 18, 2016

 

Erin Albright, JD, es la directora regional de programas en Give Way to Freedom, en Boston. Sus ocho años de experiencia en el campo contra la trata incluyen trabajos para la Unidad de Trata de Personas del Departamento de Policía de Boston, gestión de una red de proveedores de servicios en Nueva Inglaterra, participación y liderazgo para Freedom Network USA y asesoramiento y liderazgo para grupos de trabajo en Nueva Inglaterra y en todo el país. Se especializa en el desarrollo de la capacidad de organización y la colaboración de servicios a través de la capacitación y la consulta con proveedores de servicios, fuerzas del orden público, grupos de trabajo y legisladores.

Kate D’Adamo, MA, es una defensora de políticas nacionales en el Proyecto de Trabajadoras Sexuales en la ciudad de Nueva York, donde trabaja en políticas y apoyo social a nivel estatal, federal e interregional sobre cuestiones que afectan a quienes participan en el comercio sexual, incluida la trata de personas y el VIH. Antes de unirse al Proyecto de Trabajadoras Sexuales, Kate fue una organizadora principal del Proyecto de Extensión de Trabajadoras Sexuales en Nueva York y Sex Workers Action New York, dos organizaciones dirigidas por mandantes que apoyan a quienes comercian con sexo en el área de la ciudad de Nueva York. También ha trabajado en temas como la trata de personas, los derechos laborales, la solidaridad internacional y la migración en la Comisión Internacional de Derechos Laborales, Global Workers Justice Alliance, Open Society Foundation y Freedom Network USA.

Reconocimientos

Los autores desean agradecer a Meg Muñoz, fundadora y directora ejecutiva de Abeni, por su aporte, sabiduría y liderazgo general sobre este tema.

Litigio en los tribunales para conseguir los derechos constitucionales de las trabajadoras sexuales en California (EE.UU.)

 

 

Louis Sirkin, preeminente abogado especializado en la Primera Enmienda de la Constitución de los EE.UU., presentará las alegaciones

Nota de Prensa: Louis Sirkin prepara alegaciones orales históricas PDF

10 de octubre de 2017

https://esplerp.org/louis-sirkin-preeminent-first-amendment-lawyer-will-argue/

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 10 de octubre de 2017
Contacto: Maxine Doogan (41Five) 265-3302
info (AT) esplerp (DOT) org

Louis Sirkin, preeminente abogado especializado en la Primera Enmienda, será el defensor de la novena apelación del circuito que defiende la privacidad sexual contra la penalización del trabajo sexual.
El caso pionero planteado por activistas del trabajo sexual está programado para vista oral en el noveno circuito de apelación el 19 de octubre

El 19 de octubre a las 9 am, Louis Sirkin se pondrá de pie ante un panel de jueces en el Noveno Circuito de Apelaciones en San Francisco, en la última etapa de un largo proceso judicial que aboga por la intimidad sexual y contra la prohibición a través de la criminalización del trabajo sexual.

En marzo de 2015, el Proyecto de Investigación en Educación Jurídica de Proveedores de Servicios Eróticos (ESPLERP) lanzó un caso histórico en el Tribunal Federal de Distrito de Oakland, en el Tribunal Federal de Distrito de Oakland, en el que se impugna el Código Penal 647 (b) de la ley contra la prostitución de California argumentando que es inconstitucional y buscando descriminalizar el trabajo sexual. Ese caso ha llegado a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito de Apelación, donde es apoyado por escritos presentados por más de treinta organizaciones de derechos civiles y LGBTQ. Y el 19 de octubre a las 9 de la mañana, el Noveno Circuito tiene previsto escuchar los Argumentos Orales.

El abogado principal de ESPLERP es Louis Sirkin, uno de los principales abogados de la Primera Enmienda y de defensa criminal del país. Durante más de 50 años de práctica, Sirkin ha defendido consistentemente la libertad de expresión y los derechos constitucionales de innumerables personas y empresas.

● Alcanzó la prominencia nacional en 1990 cuando defendió con éxito a Dennis Barrie, director del Centro de Arte Contemporáneo de Cincinnati, en contra de los cargos de obscenidad por mostrar la obra desnuda de Robert Mapplethorpe.
● En 2002 argumentó con éxito ante el Tribunal Supremo en Ashcroft v. Free Speech Coalition que la Ley de Prevención de Pornografía Infantil era inconstitucional.
● En 2005, en el caso Estados Unidos vs. Extreme Associates, argumentó con éxito que el derecho a la privacidad, recientemente confirmado y reforzado en el caso Lawrence vs. Texas, otorgaba a las personas el derecho constitucional de ver los materiales ofensivos en privado, un derecho que no puede ejercerse de manera significativa sin un derecho correspondiente de las empresas a distribuir dichos materiales.
● Y en 2008, fue el abogado principal en el caso Reliable Consultants vs. Abbott, donde el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito consideró inconstitucional la ley de Texas que prohibía la venta y distribución de juguetes sexuales. En resumen, el tribunal, citando la sentencia del caso Lawrence vs. Texas, declaró: “El caso no es sobre sexo público. No se trata de controlar el comercio del sexo. Se trata de controlar lo que la gente hace en la intimidad de sus propios hogares porque el Estado se opone moralmente a cierto tipo de conducta íntima privada consensual. Esta es una justificación insuficiente para el estatuto después del caso Lawrence”.

“Toda mi carrera legal se ha centrado en la libertad de expresión y la privacidad”, dijo Louis Sirkin. “Y este caso es una extensión natural de ese trabajo. En el caso Lawrence vs. Texas, la Corte Suprema dejó en claro que el gobierno no podía usar la moralidad como base para regular la actividad sexual consensual privada “.

Los acusados ​​en el caso son varios abogados de California y luego el fiscal general de California, Kamala Harris, quien desde entonces ha sido reemplazado por Xavier Becerra. Sus argumentos orales probables, basados ​​en sus argumentos legales en sus escritos al Noveno Circuito, y en el reciente testimonio de Xavier Becerra ante el Congreso, parecen estar totalmente basados ​​en desaprobación moral, junto con una mezcolanza de afirmaciones espeluznantes sin fundamento sobre factores que no tienen nada que ver con el comportamiento privado entre adultos que consienten.

“Una larga lista de organizaciones internacionales, incluida Amnistía Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la revista médica Lancet, Human Rights Watch y la Comisión Global de las Naciones Unidas sobre el VIH y el Derecho, han pedido la despenalización del trabajo sexual”, dijo Maxine Doogan, Presidente de ESPLERP. “Les gusta que reconozcamos que las leyes contra la prostitución criminalizan la vida privada de adultos que consienten, atacan los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y sus clientes y tienen efectos muy adversos sobre la salud y la seguridad públicas. Tenemos el abogado adecuado para discutir nuestro caso “.

“Ha hecho falta mucho tiempo llegar aquí – y estamos muy agradecidos a todos nuestros partidarios y aliados que lo hicieron posible”, dijo Claire Alwyne, de ESPLERP. “Esperamos que llegue nuestro día en el tribunal, y ava zar otro paso hacia el final de la guerra represiva contra el sexo”.

ESPLERP v Gascon es mayormente financiado por individuos que hacen pequeñas contribuciones, pero nuestros oponentes tienen bolsillos profundos – esencialmente usando nuestros dólares de contribuyentes para negarnos nuestros derechos. Las contribuciones para apoyar el caso judicial pueden ser presentadas a través del enlace de crowfunding – Liberate To Emancipate

Proveedores de Servicios Eróticos Proyectos de Derecho, Educación e Investigación (ESPLERP) es una coalición diversa basada en la comunidad que promueve los derechos de privacidad sexual a través de litigios, educación e investigación. Proveedores de Servicios Eróticos Proyecto Legal, Educación e Investigación (ESPLERP) 2261 Market St. # 548 San Francisco, CA 94114esplerp.org, decriminalizesexwork .com ###

Congreso Internacional de Sida: Los miedos de una prostituta

 

Como en muchos países, en Sudáfrica los trabajadores sexuales son delincuentes, algo que les hace todavía más vulnerables a abusos y a enfermedades como el sida

 

Por Pablo Linde

Ciudad del Cabo / Durban 20 JUL 2016

http://elpais.com/elpais/2016/07/18/planeta_futuro/1468860161_427018.html

 

Ncumisa Sonandi, exprostituta de 29 años, ahora asesora a otras trabajadores sexuales. A su lado, su hija Luciana, de seis años. JAMES OATWAY

Ncumisa Sonandi, exprostituta de 29 años, ahora asesora a otras trabajadores sexuales. A su lado, su hija Luciana, de seis años. JAMES OATWAY

 

Miedo. Miedo a las palizas, a los abusos, a la policía, a ser forzadas al sexo anal. Miedo al arresto, a las violaciones, a los asesinatos, a los secuestros, a la extorsión, a que se rompa un condón y al VIH, si es que no lo portan ya. Miedo al estigma, al qué dirán, a que sus propias familias sepan lo que hacen, a poner a sus hijos frente a su realidad. Miedo incluso a enamorarse de un cliente. En una nave a las afueras de Ciudad del Cabo, más de una veintena de prostitutas hace terapia de grupo exponiendo todos los temores de un trabajo que en Sudáfrica es ilegal. Ser delincuentes por la forma en la que se ganan la vida les hace todavía más vulnerables a todas estas amenazas, algo que, con diferentes tipos de legislación, sucede en la mayoría del mundo.

Gita November, una prostituta transexual de 43 años que lleva ejerciendo desde los 25, cuenta que es frecuente que los clientes no le paguen. “Como saben que nuestro trabajo es ilegal y no podemos denunciar si nos ocurre algo así, simplemente algunos deciden irse sin darnos nuestro dinero”, explica. Mejor no cobrar que acudir a la policía. “Una vez tuve que ir a la comisaría por asuntos personales y los agentes me reconocieron de la calle. Sin mediar más explicaciones me dieron una paliza y no atendieron mi caso”, explica.

Un estudio presentado este martes en Congreso Internacional de Sida que se está celebrando en Durban (Sudáfrica) muestra que prácticamente todas las prostitutas sudafricanas han sufrido algún tipo de violencia policial. “Tu cliente te viola, vas a la policía e incluso ellos abusan física y emocionalmente de ti. Como uno que me dijo que le enseñase mi vagina para comprobar que estaba dañada y que así pudiera ayudarme. Cuando se la mostré comenzó a violarme. Ni siquiera me atrevo a contarlo porque sé que se van a reír de mí”, narra una trabajadora sexual que prefiere no desvelar su identidad.

Si casos como los anteriores son frecuentes, es en buena medida porque la prostitución es un delito en el país, según denuncian las organizaciones en favor de los derechos de los trabajadores sexuales. La evidencia les respalda. Varios estudios muestran que la criminalización de la prostitución es la mejor forma de fomentar los abusos y la propagación de enfermedades sexuales. Entre ellos, una serie publicada por la prestigiosa revista médica The Lancet en 2014. Según estas investigaciones, la descriminalización de los trabajadores sexuales disminuye la violencia entre un 17% y un 20% y reduce el riesgo de infección de VIH en un 33% y un 46%. Una de las razones es que la tenencia de condones es una de las pruebas que suelen usar los agentes de los países que criminalizan la prostitución para arrestar a quienes la practican, así que un tercio de ellas decide no llevarlos consigo. En Australia, por ejemplo, donde en algunas regiones es legal y en otras no, se ha mostrado que en las primeras hay tasas mucho más bajas de infección.

“Cuando el trabajo sexual no es delito quienes lo practican están empoderados para insistir en el uso del preservativo por parte de los clientes y tienen mejor acceso a las pruebas y los tratamientos de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual”, asegura el documento 10 razones para no criminalizar el trabajo sexual, de la Open Society.

El ejemplo en Sudáfrica es flagrante. Sus meretrices presentan la prevalencia de VIH más altas que prácticamente cualquier otro colectivo del mundo. Un estudio publicado en 2014 sobre su salud mostraba tasas del 71% en Johannesburgo, de un 40% en Ciudad del Cabo y de un 53,5% en Durban. Para dar una idea de la magnitud del problema, entre los trabajadores sexuales de todo el mundo se calcula que un 11,8% de las mujeres es seropositiva, un 14% de los hombres, y un 27,3% de las transexuales. Eso sí, para contextualizar este dato también hay que tener en cuenta que la tasa de VIH en el planeta es de un 0,8% frente al 13% de Sudáfrica.

Varias organizaciones trabajan en paralelo para presionar al Gobierno a que cambie las leyes y, mientras esto no sucede, a asesorar a las prostitutas para minimizar el abuso y proporcionarle el mayor acceso posible a la información, asistencia legal y sanitaria. En el Equipo de Trabajo para el Apoyo y la Educación de los Trabajadores Sexuales (Sweat, por sus siglas en inglés), donde las prostitutas hacían terapia de grupo, no paran de reivindicar el trabajo sexual como “uno más”. Tienen habilitada una línea de teléfono las 24 horas para que las 153.000 prostitutas que estiman que trabajan en el país puedan llamar en cualquier momento si tienen problemas legales, médicos o de otro tipo.

La descriminalización de los trabajadores sexuales disminuye la violencia entre un 17% y un 20% y reduce el riesgo de infección de VIH en un 33% y un 46%

Ishtar Lakhani, directora de Sensibilización y Derechos Humanos de Sweat, explica que la mayoría de las veces que las prostitutas son arrestadas no lo hacen acusadas de incumplir el artículo 23 de la Ley de Ofensas Sexuales, que desde 1953 penaliza la prostitución —por la que solo han sido condenadas 253 personas en los últimos tres años—, sino por otras ordenanzas municipales menores, como tirar desperdicios a la calle. “Los policías se aprovechan de que muchas veces no conocen sus derechos para maltratarlas y abusar de ellas”, explica. Han tratado de sensibilizar a los agente mediante diferentes cursos, pero existen varios problemas. “Primero, están hartos de recibir formaciones de todo tipo y no son muy receptivos. Y segundo, es un poco ridículo ir a enseñarles que no deben violar y pegar a las prostitutas. ¡Claro que no deben hacerlo, como a ninguna otra persona!”, se indigna Lakhani, que ha atendido casos escalofriantes: “Hay una agente de un barrio, mujer [enfatiza], que en numerosas ocasiones ha obligado a las prostitutas a tragarse condones usados”.

Su organización, junto con Centro Legal para Mujeres (WLC, por sus siglas en inglés) ha puesto en marcha un programa de asistentes paralegales: forman a personas que se prostituyen para que ellas mismas puedan dar el asesoramiento básico a sus colegas. Esto les permite acercarse a ellos con más naturalidad y que su mensaje cale.

Son ellos los que le informan de la existencia de organizaciones como Sweat o WLC y de los programas que realizan. Hace unos meses se puso en marcha uno para para apoyar a las madres. Duduzile Dlamin, que lidera este grupo, explica que la relación con los hijos es uno de los mayores miedos que afrontan las trabajadoras sexuales. “Cuando se enteran de su trabajo comienzan a odiarlas porque son estigmatizados. Esto incluso lleva en ocasiones a que abandonen a sus propios críos. Trabajamos para que las madres puedan hablar con los hijos sin ser criminalizadas”, relata. Para eso, insiste, tienen que cambiar las leyes. “Sudáfrica necesita cambiar su aproximación al trabajo sexual y que sea regido por las misma legislación que cualquier otro empleo”, reclama.

Pero esto no tiene visos de ser una realidad pronto. Desde hace años, la Comisión de Reformas Legales de Sudáfrica está estudiando recomendaciones al Gobierno. Según anunció el lunes John Jeffery, vicemistro de Justicia, ya está concluido y, aunque no es público, adelantó que sus tesis no se inclinan hacia una descriminalización de la prostitución. “Es un debate complicado, el Gobierno tiene que estudiar este informe. Pero hay que tener en cuenta que este es un país conservador y religioso. Si hiciéramos un referéndum probablemente la mayoría de la población votaría por que siguiera siendo delito”, explicó en un foro de la Conferencia Internacional de Sida de Durban. Su presidente, Chris Beyrer, insiste en que desde el punto de vista científico no hay discusión: “No entramos en cómo los Gobiernos tienen que legislar específicamente o qué tipo de regulación han de hacer, pero la criminalización es la peor de las soluciones, como nos muestra la evidencia”.

Una de las patas básicas para terminar con la epidemia de sida de aquí a 2030, tal y como recogen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es frenar su avance en los grupos más vulnerables, como son trabajadores sexuales, hombres gays, transexuales, prisioneros y drogadictos. “Ellos suman un 30% de las nuevas infecciones. Si no acabamos con el estigma y la criminalización de estos grupos no terminaremos con el sida”, zanja Beyrer.

 

Respalda la propuesta política de Amnistía Internacional a favor de la despenalización del trabajo sexual

 

Pedimos al Consejo de Amnistía Internacional que se mantenga firme y defienda la despenalización del trabajo sexual y proteja los derechos humanos de las trabajadoras sexuales

 

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http://chn.ge/1Mxjiq8

 

Nosotros, la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP), y nuestros aliados aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestro respaldo a la propuesta política de Amnistía Internacional a favor de la despenalización del trabajo sexual que ha de ser presentada para su aprobación en la Reunión del Consejo Internacional que tendrá lugar entre los días 6 y 11 de agosto de 2015. Amnistía Internacional está siendo objeto de una contraofensiva por parte de aquellos que se oponen a una propuesta política que busca defender los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

 
Pedimos al Consejo de Amnistía Internacional que se mantenga firme y defienda la despenalización del trabajo sexual y proteja los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

 
La propuesta política está respaldada por los datos obtenidos por la investigación de campo llevada a cabo por Amnistía Internacional en relación a la repercusión sobre los derechos humanos que tiene la penalización del trabajo sexual, y también por la consulta realizada en 2014, que incluyó la aportación de muchas trabajadoras sexuales de todo el mundo, que es la comunidad más afectada por las propuestas.
NSWP desearía también condenar, en los términos más contundentes posibles, la declaración, la carta abierta y la petición online de CATW que ataca las propuestas de Amnistía Internacional. La posición de CATW es estigmatizante, discriminatoria y deforma los hechos, fusionando el trabajo sexual con la trata de seres humanos. Y lo que es más importante, ignora las experiencias vitales de las trabajadoras sexuales, silencia sus voces y busca perpetuar los sistemas legales que ponen a las trabajadoras sexuales en situación de mayor riesgo de sufrir violencia, estigmatización y discriminación; así como limitan su acceso a los servicios sanitarios y sociales. Más aún, CATW ignora el abrumador cuerpo de evidencia y los hallazgos de organismos internacionales tales como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH y Trabajadoras Sexuales, que recomienda que los gobiernos deberían trabajar por la despenalización del trabajo sexual, y la revista médica The Lancet, que recientemente publicó una serie especial sobre VIH y trabajadoras sexuales, que recomienda también la despenalización del trabajo sexual, y que afirmó lo siguiente: “La despenalización del trabajo sexual tendría el máximo efecto sobre del desarrollo de la epidemia de VIH en todos los parámetros, previniendo entre el 33 y el 46% de las infecciones por VIH en la próxima década”.

 
Existe una amplia aceptación entre las agencias internaciones de que la despenalización del trabajo sexual es necesaria para proteger y respetar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Estas agencias incluyen: ONUSIDA, UNFPA, UNDP, el Banco Mundial, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), Human Rights Watch , The Lancet, y las Fundaciones de la Open Society.

 
La Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP) ha editado una Declaración de Apoyo a Amnistía Internacional que establece algunas de las muchas pruebas que respaldan el llamamiento a Amnistía Internacional para que apoye la despenalización del trabajo sexual y llama a los defensores de los derechos humanos a ponerse de parte de las trabajadoras sexuales en apoyo de esta política progresista.

 
Por favor, firma esta petición para mostrar apoyo a la resolución de Amnistía Internacional que defienda la despenalización del trabajo sexual y asegure que los derechos humanos de las trabajadoras sexuales sean respetados.

 
Firma aquí: http://chn.ge/1Mxjiq8

 
AFRICA
African Sex Workers Alliance – Regional Network
Sisonke Botswana, Botswana
Solidarite Pour Les Droits Des Travailleuses De Sexe, Burundi
AIDS-ACODEV, Cameroon
Alcondoms, Cameroon
CAMEF, Cameroon
AHUSADEC, Democratic Republic of Congo
ALCIS, Democratic Republic of Congo
CODESCI, Democratic Republic of Congo
UMANDE, Democratic Republic of Congo
Nikat Charitable Association, Ethiopia
CAFAF, Ghana
Nayford Foundation, Ghana
Bar Hostess Empowerment and Support Programme, Kenya
CHAANI Post Test Club, Kenya
Ebigeri United Self Help Group, Kenya
HOYMAS, Kenya
Kisauni Peer Educators, Kenya
Action Hope, Malawi
Female National Sex Workers Alliance, Malawi
APYIN, Nigeria
NDN, Nigeria
Nigeria Sex Workers Association – Precious Jewels, Nigeria
NNEWI, Nigeria
RENAGAIDS, Nigeria
Sisonke, South Africa
SWEAT, South Africa
CHESA, Tanzania
Devine Economic Development Group, Tanzania
Gender, Equality and Health Organisation, Uganda
Kaana Foundation, Uganda
Lady Mermaid’s Bureau, Uganda
Organization For Gender Empowerment and Rights Advocacy, Uganda
Transgender Equality Uganda, Uganda
Uganda Harm Reduction Network, Uganda
Uganda Harmonized Rights Alliance, Uganda
WONETHA, Uganda
Thubelihle, Zimbabwe
ASIA PACIFIC
Asia Pacific Network of Sex Workers – Regional Network
Respect Inc, Australia
Scarlet Alliance, Australia
SWOP New South Wales, Australia
Dujoy Nari Shongho, Bangladesh
HARC, Bangladesh
MNDP, Bangladesh
Community Legal Service, Cambodia
JJJ Association, China
Midnight Blue, China
SCMC, China
Xin’ai Female Sex Worker’s Home, China
Yunnan Parallel, China
Pacific Rainbow$ Advocacy Network, Fiji
Aastha Parivaar, India
Ashodaya Samithi, India
Astitva, India
Durbar Mahila Samanwaya Committee, India
GAURAV, India
Koshish, India
MITRA, India
MUSKAN, India
National Network of Sex Workers, India
SANGRAM, India
VAMP, India
VAMP Plus, India
OPSI, Indonesia
SWASH, Japan
O.F. Taldikorgan Regional Fund for Promotion of Occupations, Kazakstan
AMA, Myanmar
New Zealand Prostitutes Collective, New Zealand
Aakash Welfare Society, Pakistan
Care & Support Welfare Organisation, Pakistan
Gender & Reproductive Health Forum, Pakistan
Friends Frangipani, Papua New Guinea
Poro Sapot Project, Papua New Guinea
Empower Foundation, Thailand
SWING, Thailand
Scarlet Timor Collective, Timor Leste
EUROPE
International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe – Regional Network
SWAN Foundation for the Human Rights of Sex Workers – Regional Network
LEFO, Austria
Maiz, Austria
Projekt PiA, Austria
SXA-Info/Verein Frauenservice Graz, Austria
Association PROI, Bosnia and Herzegovina
NGO Action Against AIDS, Bosnia and Herzegovina
Collectif Droits & Prostitution, France
PASTT, France
STRASS, France
Women for Freedom, Georgia
Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistung e.V., Germany
Bufas e.V., Germany
Hydra e.V., Germany
Madonna e.V. Germany
SZEXE, Hungary
Tais Plus, Kyrgyzstan
Demetra, Lithuania
HOPS, Macedonia
STAR-STAR, Macedonia
Juventas, Montenegro
PION, Norway
APDES, Portugal
Silver Rose, Russia
JAZAS, Serbia
Sloboda Prava, Serbia
Colectivo Hetaira, Spain
Rose Alliance, Sweden
Aspasie, Switzerland
Dignity, Tajikistan
Soa Aids, The Netherland
TAMPEP, The Netherlands
Pembe Hayat LGBTT Dayanisma Dernegi, Turkey
Red Umbrella Sexual Health and Human Right Association, Turkey
English Collective of Prostitutes, UK
SCOT-PEP, UK
Sex Worker Open University, UK
UK Network of Sex Work Projects, UK
Working Mens Project, UK
X:talk, UK
HPLGBT, Ukraine
Legalife, Ukraine
Vsiyeukraiynskaya Assotsiyatsya Snyzhyenya Vriyeda, Ukraine
LATIN AMERICA
Associação das Profissionais do Sexo do Maranhao, Brazil
Associação das Prostitutas dr Minas Gerais, Brazil
Associação das Prostitutas da Paraiba, Brazil
Associação de Mulheres Profissionais do Sexo do Estado do Amapa, Brazil
Associação Mulheres Guerreiras, Brazil
Dignidade, Acao, Saude, Sexualidade e Cidadania, Brazil
Davida, Brazil
Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do Para, Brazil
Nucleo de Estudos da Prostituicao, Brazil
Vitória Régia, Brazil
P.A.R.C.E.S, Columbia
Asociacion de Mujeres Autonomas “22 de Junio”, Ecuador
Asociacion de ‘Mujeres Con Esperanza Al Futuro’, Ecuador
Asociacion De Mujeres Trabajadoras Del Sexo “Colectivo Flor De Azalea”, Ecuador
Aproase, Mexico
Colectivo de Hombres Accion Comunitaria, Mexico
Diversidad TTT, Mexico
Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A.C., Mexico
Union y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses A.C., Mexico
Asociación Civil Angel Azul, Peru
Asociación Civil Cambio Y Accion, Peru
Miluska Vida y Dignidad A.C., Peru
NORTH AMERICA and CARIBBEAN
Antiguan Resilience Collective Inc., Antigua
Butterfly – Asian and Migrant Sex Workers Network, Canada
FIRST, Canada
Maggie’s, Canada
PACE, Canada
Peers Victoria Resources Society, Canada
POWER, Canada
Projet L.U.N.E., Canada
Sex Professionals of Canada, Canada
Sida-Vie Laval (Venus Project), Canada
Stella, l’amie de Maimie, Canada
Stepping Stone, Canada
Students for Sex Worker Rights, Canada
SWAG, Canada
SWAN Vancouver, Canada
The Coalition for the Rights of Sex Workers, Canada
Triple X Workers’ Solidarity Association of British Columbia, Canada
Champions for Change, Guyana
Guyana Sex Workers Coalition, Guyana
One Love, Guyana
IWICC, Jamaica
J-FLAG, Jamaica
Sex Work Association of Jamaica, Jamaica
Fundashon Orguyo Korsou, Netherlands Antilles
Suriname Men United, Suriname
RED Initiatives, Trinidad and Tobago
BAYSWAN, USA
Best Practices Policy Project, USA
Community United for Safety & Protection, USA
Desiree Alliance, USA
HIPS, USA
HOOK, USA
New Jersey Red Umbrella Alliance, USA
PERSIST Health Project, USA
PONY, USA
Red Umbrella Project, USA
St James Infirmary, USA
SWOP Chicago, USA
SWOP Denver, USA
SWOP Las Vegas, USA
SWOP NOLA, USA
SWOP Northern California, USA
SWOP NYC, USA
SWOP Philadelphia, USA
SWOP Sacramento, USA
SWOP San Antonio, USA
SWOP San Francisco, USA
SWOP Seattle, USA
SWOP Tucson, USA
SWOP USA, USA
The Sex Workers Project, USA
Women with a Vision, USA
SIMPATIZANTES
AFAO – Australian Federation of AIDS Organisations
Alex Feis-Bryce, Director of Services, National Ugly Mugs, United Kingdom
Alexander Alvina Chamberland, MA Gender studies, trans feminine author and former sex worker, Sweden
Alexander Bard, Philosopher, Sweden
Alexandra Oliveira, Professor, University of Porto, Faculty of Psychology and Sciences of Education, Porto, Portugal
Amanda Brihed, Liberal debater, Sweden
Amelie Eklöf, Independent contractor, Sweden
Andrès Lekanger, Outreach worker, PION, Norway
Anna Kontula, Sociologist and Politician, Finland
Annelie de Cabo, PhD student/university lecturer , Gothenburg University, Sweden
Astrid Renland, Criminologist, Norway
Bam Björling, Gender Management Institute, Sweden
Basil Donovan MD, Professor and Head, Sexual Health Program, The Kirby Institute, Australia
Ben Plumley, CEO, Pangaea Global AIDS, USA
Butterfly: Asian and Migrant Sex Workers Support Network, Toronto, Canada
Carina Edlund, Activist and Sex worker, Sweden
Carina Kallenberg, Sexworker and coach at the BDSM institute, Sweden
Catriona O’Brien, Sex worker, Ireland
Caty Simon, Tits and Sass co-editor, USA
Christina Franzén, Chair of HIV-Sweden, Sweden
Daniel Bergqvist, Activist, Sweden
Daria Mogucheva, Freelance translator, Russia
Doaa Abdelaal, Activist and board member of the International Network of Women Living Under Muslim Laws, Egypt
Dr Teela Sanders, Reader in Sociology, School of Sociology & Social Policy University of Leeds, United Kingdom
Dr Thaddeus Gregory Blanchette, Federal University of Rio de Janeiro, Anthropologist, Brazil Dr. Ana Paula Silva, Federal Fluminense University, Rio de Janeiro, Brazil
Dr. Adriana Graça Piscitelli, State University of Campinas, Campinas, Brazil
Dr. Soraya Simões, Federal University of Rio de Janeiro / Davida, Anthropologist, Rio de Janeiro, Brazil
Elena Jeffreys, 3rd year PHD Student, School of Political Science and International Studies, University of Queensland, Sydney, NSW, Australia
Emmy Östlund, Activist, United Kingdom
Eva Cox, AO, Sociologist, Australia
Filipa Alvim, Anthropologist, PhD, Researcher, Teacher, CRIA – Centre for Research Network in Anthropology, ISPA – Institute of Applied Psychology, RTS – Portuguese Network on Sex Work, Portugal.
Flávio Cesar Lenz, Davida, Rio de Janeiro, Brazil
Frederique Chabot, POWER (Prostitutes of Ottawa – Work Educate Resist), Canada
Fundacion para Estudio e Investigacion de la Mujer, Argentina
Gadejuristen, The Danish Street Lawyers, Copenhagen, Denmark
Gaye Dalton, Former sex worker, Wicklow, Ireland
Geoff Ward, Policy, Advocacy & Peer Support Worker at CAHMA – Canberra Alliance for Harm Minimisation and Advocacy, Australian
Hanna Söderström, Web developer, Sweden
Helene Bergman, Journalist, author and feminist, Sweden
INPUD – the International Network of People Who Use Drugs
International Community of Women Living With HIV, Rebecca Matheson
Global Director, Nairobi, Kenya
Jaana Kauppinen, Executive director, Pro-Tukipiste, Finland
Jair-Rohm Parker Wells, Musician, New Jersey, USA
Jakob Huber, Director Contact Netz Bern – Switzerland
Jamie Bridge, Senior Policy and Operations Manager, IDPC, United Kingdom
Janelle Fawkes, Sex worker, Sydney, Australia
Jenn Clamen, Mobilization Coordinator, Stella, l’amie de Maimie, Montréal, Québec, Canada
Jens Odsvall, Liberal debater, Sweden
Jill Martin, Sex worker/student, Melbourne Australia
Joanna Megan, Sex worker, Sydney, Australia
Jody Williams, Sex Workers Anonymous, Los Angeles, California
Johanna Sirkiä, Accountant and former Sex worker, Finland
Jude Byrne, Senior Project Officer AIVL, Australia
Julie Bates, Sex worker, sex worker rights advocate and sex industry researcher, NSW, Australia
Kikki Paulsrud, Chair of Stockholm’s Drug Users Union, Sweden
Krissy Summers, Educator, Australia
Lee Hertel, Principal, Lee’s Rig Hub, USA
Leif Holmstrand, Writer/artist, Sweden
Linda Byqvist, Social worker, Sweden
Linda Rosén, Chair of Rose Alliance, Sweden
Lisa Magnusson, Journalist, Sweden
Liv Jessen, Former Director of the Prostitution Centre of Norway, Norway
Lucy Kelley-Patterson, Activist, United Kingdom
Maria Johansson, Sex worker, Sweden
Maria Phelan, Deputy Director, Harm Reduction International, United Kingdom
Maria Sundin, Social worker, Målerås, Sweden
Mariha Hammarbäck, Activist, Sweden
Marinette Sjöholm, sex worker and activist for the rights of sex workers and people who use drugs and an advocate for Harm Reduction and Human rights for all, Sweden
Mathilde Bouvard, Artist, France
Matthew Weait, Professor of Law and Policy, United Kingdom
May-Len Skilbrei, Professor in Criminology at the University of Oslo, Norway
Meg Munoz, Former Sex Worker, Domestic Sex Trafficking Survivor (Founder/Exec. Director, Abeni), USA
Melissa Gira Grant, Journalist, former sex worker, United States
Melissa Hope Ditmore, Ph.D. Editor, Encyclopedia of Prostitution and Sex Work, USA
Migrant Sex Workers Project, Toronto, Canada
Mika Mikkonen, Development coordinator, A-clinicfoundation, Finland
Mina Gäredal, Sexual educator, Sweden
Morgan Norman, Chair of PG Mitt, Sweden
Nanna W. Gotfredsen, director, Gadejuristen, The Danish Street Lawyers, Copenhagen, Denmark
Nicklas Dennermalm, B.A in Peace and Conflict Studies, Sweden
Nicola Mai, Professor of Sociology and Migration Studies, London Metropolitan University, United Kingdom
Niina Vuolajarvi, PhD Student, University of Eastern Finland / Rutgers University, United States
Nikhil Gurung, Secretary, ANPUD, Nepal
Olga Byelyayeva, Chair of board, ASTAU – Association of Substitution Treatment Advocates of Ukraine, Ukraine
Ophelia, Sex worker, Germany/Sweden/Australia
People For Sex Worker Rights in Western Australia
Peter Bengtson, Composer, Sweden
Peter Söderlund, Former parliamentary candidate and former party executive member for the Green Party of Sweden, Sweden
Petra Östergren, PhD student, Social Anthropology, Lund University, Sweden
Pye Jakobsson, Sex worker and feminist, Sweden
Rachel Wotton, International migrant sex worker, co-founder of Touching Base, and subject of Scarlet Road, Australia
Rita Alcaire, PhD Researcher in Human Rights and Member of RTS – Portuguese Network on Sex Work, Portugal
Ryan Cole, Sex worker and President of Scarlet Alliance Australian Sex Workers Association, Australia
Sarah, Private sex worker, Perth, Australia
Sharon Eves, Sex worker, South Australia
Shelley Stoops, United Kingdom
Signe Bremer, PhD in ethnology and researcher in gender studies, Uppsala University, Sweden
Sophie Strachan, Trustee, The Sophia Forum, United Kingdom
SWOP NT, Australia
Tarkwin Coles, Sex worker, NSW, Australia
Touching Base Inc, Australia
Tove Pils, Film director and care assistant, Sweden
Tracy Quan, New York, NY, USA
Wendy Lyon, Feminist, Ireland
Women Won’t Wait Campaign – End HIV and Violence Against Women NOW!
Xzenu Cronström Beskow, Sociologist, Sweden
Zahra Stardust, PhD Student, University of New South Wales, Australia
Zenitha Smith Westberg, Mother of Petite Jasmine, Sweden
Zoë Dodd, Feminist, community health care worker and activist, Toronto, Canada

Diez razones para despenalizar el trabajo sexual

 

 

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http://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/10-reasons-decriminalize-sex-work-20150410_0.pdf

 

ESTE DOCUMENTO DA DIEZ RAZONES POR LAS QUE LA DESPENALIZACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL ES LA MEJOR POLÍTICA PARA PROMOVER LA SALUD Y LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES, SUS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES EN LAS QUE VIVEN.

TERMINAR CON LA PERSECUCIÓN PENAL DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES VA A LA PAR CON RECONOCER EL TRABAJO SEXUAL COMO TRABAJO Y PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES MEDIANTE ESTÁNDARES DE SALUD Y SEGURIDAD LABORALES.

DESPENALIZAR SIGNIFICA QUE LAS TRABAJADORAS SEXUALES TENDRÁN MÁS PROBABILIDADES DE VIVIR SIN ESTIGMA, EXCLUSIÓN SOCIAL Y MIEDO A LA VIOLENCIA.

Los trabajadores sexuales son adultos que reciben dinero u otras formas de compensación a cambio de servicios sexuales consensuados, ya sea de forma regular u ocasional. 1 Un trabajador sexual puede ser mujer, hombre o transexual. En la mayor parte de los países, el trabajo sexual y las actividades asociadas al mismo se consideran actos criminales. 2
El trabajo sexual es penalizado no solo mediante prohibiciones a la venta de servicios sexuales, sino también mediante leyes que prohiben la solicitación de sexo, vivir de las ganancias del trabajo sexual, ser propietario de un burdel, o comprar servicios sexuales. Además, muchos trabajadores sexuales hombres y transexuales son detenidos, encausados y acosados en aplicación de leyes que penalizan las relaciones íntimas entre personas del mismo sexo. Las trabajadoras sexuales son frecuentemente sancionadas por faltas de tipo no penal tales como vagabundeo, vagancia y dificultación del tráfico. Al limitar la libertad de las trabajadoras sexuales para negociar el uso de preservativo con los clientes, acceder a servicios públicos tales como la asistencia sanitaria y organizarse en defensa de sus derechos, la penalización aumenta la vulnerabilidad frente a la violencia, la extorsión y los riesgos para la salud. 3

Este documiento proporciona diez razones por las que la despenalización del trabajo sexual es la mejor política para promover la salud y los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, sus familias y las comunidades en las que viven. Por despenalización se entiende la derogación de todas las prohibiciones y sanciones de tipo penal y administrativo que pesan sobre el trabajo sexual, incluyendo las leyes dirigidas contra los clientes y los propietarios de burdeles. Difiere de la legalización, que es un régimen legislativo caracterizado por importantes regulaciones, muchas de las cuales pueden limitar derechos y protecciones, crear mecanismos de abuso por parte de las autoridades, y tener otras consecuencias negativas para las trabajadoras sexuales. Nueva Zelanda y Nuevo Gales del Sur, en Australia, son dos jurisdicciones conocidas por su despenalización de las industrias del sexo.

La despenalización va a la par con el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo y la protección de los derechos de las trabajadoras sexuales mediante leyes laborales y regulaciones de salud y seguridad en el trabajo. Cuando el trabajo sexual es despenalizado, las trabajadoras sexuales pueden presionar por condiciones laborales más seguras y usar el sistema judicial en busca de compensaciones por situaciones de discriminación y abuso. 4 Es más probable que las trabajadoras sexuales vivan sin estigma, exclusión social o miedo a la violencia. Incluso en aquellos lugares en los que el trabajo sexual es despenalizado, la prostitución de menores y la trata de seres humanos pueden y deben seguir siendo consideradas actos criminales.

 

1

LA DESPENALIZACIÓN RESPETA LA DIGNIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS
Una pieza clave de los derechos humanos contemporáneos es que todas las personas son nacidas libres e iguales en dignidad y derechos. 5 Hay muchas razones por las que los adultos hacen trabajo sexual, ya sea su principal medio de vida, un medio temporal de sobrevivir o una oportunidad para suplementar otros ingresos. 6 Algunas personas encuentran que el trabajo sexual les ofrece una mejor paga y unas condiciones laborales más flexibles.
Cualesquiera que sean las razones, el trabajo sexual es trabajo y las trabajadoras sexuales deberían ser tratadas con dignidad. Las trabajadoras sexuales en muchas partes del mundo se han organizado para luchar por derechos humanos que no pueden ser plenamente disfrutados en tanto que existan leyes penales que amenazan el acceso de las trabajadoras sexuales a la justicia, la salud y los servicios sociales; socavan su derecho al trabajo y a protecciones laborales, y las exponen a violencia, discriminación y detenciones arbitrarias. 7

 

2

LA DESPENALIZACIÓN AYUDA A LA PROTECCIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA Y LOS ABUSOS
El trabajo sexual no es inherentemente violento; es la penalización la que pone en situación un mayor riesgo a las trabajadoras sexuales. La necesidad de evitar la detención —tanto la de las trabajadoras sexuales como la de sus clientes— significa que las trabajadoras sexuales de calle deben a menudo desplazarse a zonas más aisladas que son menos visibles para las fuerzas de la ley, y donde la violencia es más prevalente. 8 El miedo a la detención y a los abusos policiales limita el tiempo y los métodos que las trabajadoras sexuales pueden emplear para hacer exámenes de seguridad a los clientes sin ser detectadas por la policía. 9 En cuanto a las trabajadoras sexuales que no ejercen en la calle, las autoridades han llegado a cerrar foros online de trabajo sexual, como Redbook, que han ofrecido a las trabajadoras sexuales más posibilidades de hacer un examen más detallado de los clientes y por tanto mayor seguridad. 10 Estos factores, más la impunidad real o percibida de los perpetradores de violencia contra las trabajadoras sexuales, coloca a estas en situación de mayor riesgo. Por ejemplo, después de que Escocia estableciera en 2007 leyes penalizando la solicitación se duplicaron los casos registrados de violaciones y asaltos. 11 En las jurisdicciones en las que se ha despenalizado el trabajo sexual, tales como Nueva Zelanda, las trabajadoras sexuales tienen más facilidad para examinar a los clientes, trabajar en zonas seguras con mejor acceso a los servicios de seguridad y recurrir a la policía en casos de violencia. 12, 13, 14

 

3
LA DESPENALIZACIÓN PERMITE HACER FRENTE A LOS ABUSOS Y LA VIOLENCIA DE LA POLICÍA
Donde el trabajo sexual está penalizado, la policía ejerce poder sobre las trabajadoras sexuales. La policía amenaza a las trabajadoras sexuales con detenciones, humillación pública y extorsión. En la Europa Central y del Este y en Asia Central, una alta proporción de trabajadoras sexuales ha informado de sufrir asaltos sexuales por la policía (hasta el 90% en Kirguisistán). 15 En Camboya, aproximadamente la mitad de todas las trabajadoras sexuales por cuenta propia han sido golpeadas y aproximadamente la mitad han sido violadas por la policía, y aproximadamente tres de cada cuatro trabajadoras sexuales de burdel han sido golpeadas y más de la mitad han sido violadas por la policía. 16 De Namibia a Serbia, las trabajdoras sexuales informan que han sido violadas por la policía mientras estaban detenidas, a menudo sin condones y a menudo como una condición previa para la libertad bajo fianza. 17,18 En estos caso la policía abusa de las trabajadoras sexuales con impunidad, en parte porque las trabajadoras sexuales temen ser detenidas o sometidas a más abusos si denuncian estos delitos. La despenalización permite a las trabajadoras sexuales dar el paso de registrar denuncias contra la policía que actúa al margen de la ley y llevar a los agresores ante la justicia sin miedo o consecuencias negativas para sus propias vidas. En Nueva Zelanda, 57 por ciento de las trabajadoras sexuales informaron de que la actitud de la policía había mejorado tras la despenalización de 2003. 19

 

4
LA DESPENALIZACIÓN MEJORA EL ACCESO A LA JUSTICIA
Las leyes que penalizan el trabajo sexual hacen que las trabajadoras sexuales no se atrevan a denunciar delitos —incluyendo crímenes violentos y otros abusos— porque temen ser denunciadas, sometidas a vigilancia policial, estigma y discriminación. 20 Tanto en Noruega como en Suecia, por ejemplo, muchas trabajadoras sexuales informaron que el umbral por encima del cual denunciarán delitos a la policía es alto como consecuencia de las leyes que penalizan el trabajo sexual. 21 La despenalización suprime esta clase de obstáculos. Después de que Nueva Zelanda reformara sus leyes en 2003, muchas trabajadoras sexuales informaron que podían dirigirse a la policía y los jueces en busca de ayuda sin miedo a ser procesadas por primera vez en sus vidas. 22 En 2014, por ejemplo, una trabajadora sexual de Wellington fue indemnizada con 25.000 dólares neozelandeses después de que el gerente de un burdel la sometiera a acoso violando sus derechos protegidos por la ley de Derechos Humanos del país. 23

 
5
LA DESPENALIZACIÓN EVITA LAS CONSECUENCIAS DE TENER ANTECEDENTES PENALES

En muchos países, la aplicación severa y sesgada de la ley penal hace que una gran proporción de trabajadoras sexuales tenga antecedentes penales. Los antecedentes penales son a menudo una fuente de estigma y pueden limitar drásticamente el futuro de una persona. En algunas partes de Estados Unidos, por ejemplo, las personas convictas de faltas relacionadas con el trabajo sexual son registradas como agresores sexuales y deben llevar documentos que las identifiquen como tales. 24 Los agresores sexuales a menudo no pueden tener opción a recibir préstamos, becas educativas o vivienda pública. 25 Los individuos con antecedentes penales relacionados con el trabajo sexual se enfrentan a grandes dificultades para encontrar empleos no relacionados con el trabajo sexual. La verificación por el empleador de los antecedentes y la restricción de las licencias requeridas para ciertas áreas laborales hacen casi imposible cambiar de profesión. 26 Además, las sentencias penales por faltas relacionadas con el trabajo sexual han sido usadas como el fundamento para realizar de forma arbitraria nuevas detenciones y para retirar la patria potestad. 27, 28 Los países que despenalicen el trabajo sexual deberían considerar la eliminación retroactiva de los antecedentes penales relacionados con el trabajo sexual.

 

6
LA DESPENALIZACIÓN MEJORA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
La despenalización se asocia a un mejor acceso a los burdeles por parte de los trabajadores comunitarios y al mayor apoyo financiero para los programas de salud de las trabajadoras sexuales. Mejor apoyo financiero significa mayor capacidad para realizar salud comunitaria por la noche, una característica importante debido a que las noches suelen ser los momentos de mayor ocupación para las trabajadoras sexuales. Por ejemplo, en el estado de Nuevo Gales del Sur (Australia) donde el trabajo sexual está despenalizado, el acceso de las trabajadoras sexuales a los condones y su uso es más elevado que en otras jurisdicciones australianas que tienen diversos grados de penalización.

Además, la despenalización capacita a las trabajadoras sexuales para trabajar en colectivos en los que pueden organizar sus propios servicios de salud adecuados, accesibles y respetuosos. Esto ofrece una poderosa alternativa al estigma y la discriminación que las trabajadoras sexuales encuentran en sus relaciones con muchos proveedores de servicios de salud. El Programa de Empoderamiento y Apoyo de Camareras en Nairobi (Kenia) es un ejemplo destacado entre los grupos que han desarrollado servicios de salud que se ofrecen en estrecha colaboración con las comunidades de trabajadoras sexuales.

 

7

LA DESPENALIZACIÓN REDUCE EL RIESGO DE CONTRAER VIH Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
La despenalización del trabajo sexual podría evitar hasta el 46 por ciento de las nuevas infecciones por VIH entre las trabajadoras sexuales durante la próxima década. 30 Un reciente estudio publicado en The Lancet concluía que la despenalización del trabajo sexual sería el factor aislado de mayor potencial para reducir las infecciones por VIH en las comunidades de trabajadoras sexuales —incluso más que el aumento del acceso al tratamiento antirretroviral. 31 Cuando el trabajo sexual es despenalizado, las trabajadoras sexuales se ven reforzadas para insistir en el uso del condón por sus clientes y tienen más fácil acceso a las pruebas y el tratamiento de VIH y enfermedades de transmisión sexual. En contraste, la penalización perjudica la capacidad de las trabajadoras sexuales de negociar el uso del condón con los clientes. 32 Llevar condones y negociar abiertamente el uso del condón supone para las trabajadoras sexuales un mayor riesgo de ser detenidas. Esto retrae a las trabajadoras sexuales y a los clientes de usar condón, en particular entre las trabajadoras sexuales de calle, que son las que a menudo tienen mayor riesgo de contraer la infección por VIH. En respuesta a esto, diversos departamentos de policía en todo el mundo han decidido dejar de usar los condones como prueba de prostitución contra las trabajadoras sexuales. 33

“Ley penal, práctica policial y riesgo de contagio de VIH en trabajadoras sexuales y usuarios de drogas por via parenteral”, Journal of Law, Medicine and Ethics, 30 (2013): 548-559.

 
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LA DESPENALIZACIÓN PROMUEVE CONDICIONES DE TRABAJO SEGURAS

La despenalización hace posible la creación de regulaciones de salud y seguridad en el trabajo que son de importancia en la industria del sexo. En Nueva Zelanda, por ejemplo, la despenalización permitió la inclusión del trabajo sexual en la ley de salud y seguridad de los empleados, lo que dio como resultado la elaboración de guías de salud ocupacional que las trabajadoras sexuales han usado para defender sus derechos con empleadores y clientes. 34 En Nuevo Gales del Sur (Australia) la despenalización ha sido asociada con un menor riesgo para las trabajadoras sexuales de lesiones e inseguridad ocupacional en comparación con otras jurisdicciones australianas. 35
La despenalización también promueve condiciones de trabajo más seguras para las trabajadoras sexuales al capacitarlas para organizarse. Colectivamente, las trabajadoras sexuales pueden eliminar los factores de riesgo en sus lugares de trabajo e insistir en mejores condiciones laborales. Por ejemplo, los esfuerzos movilizadores de del Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda han sido claves para conseguir derechos de seguridad en el lugar de trabajo.

 

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LA DESPENALIZACIÓN PERMITE RESPUESTAS EFICACES CONTRA LA TRATA

La trata es una violación flagrante de los derechos humanos que implica la coerción de los individuos para que se somentan a explotación sexual o a trabajo forzado. Las trabajadoras sexuales pueden ser aliadas naturales en la lucha contra la trata y pueden estar bien situadas para remitir a las víctimas de trata a los servicios apropiados. 36 Por ejemplo, mediante un equipo autorregulado por las trabajadoras sexuales, el Comité Durbar Mahila Samanwaya en Sonagachi (Calcuta, India) fue capaz de identificar y apoyar a las mujeres que habían sido victimas de trata con fines de explotación sexual. 37 Cuando se ven libres de la amenaza de sanciones penales, las trabajadoras sexuales pueden organizarse y colaborar con las fuerzas de la ley.

A pesar de esto, las leyes que prohiben la compra de servicios sexuales son promovidas a menudo como un medio eficaz de combatir la trata. Sin embargo, no existen pruebas de que eso sea cierto. Un informe de 2014 de la policía sueca no halló reducción en la trata en su país tras quince años de penalización. 38 Por el contrario, la despenalización del trabajo sexual no ocasiona un aumento de la trata. Por ejemplo, Nueva Zelanda, que despenalizó el trabajo sexual en 2003, se considera —incluso por el Departamento de Estado de los Estados Unidos— que está entre aquellos países que combaten de forma más eficaz la trata de seres humanos. 39

 

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LA DESPENALIZACIÓN PERMITE HACER FRENTE AL CONTROL POR PARTE DEL ESTADO DE LOS CUERPOS Y LA SEXUALIDAD
La despenalización del trabajo sexual reconoce el derecho de todas las personas a la privacidad y a la libertad frente al indebido control por parte del Estado del sexo y la expresión sexual. El diferente trato que se da al trabajo sexual en relación a otros tipos de trabajo es un ejemplo de la larga historia de los gobiernos en el ejercicio del control sobre la autonomía corporal, la autodeterminación y la sexualidad. La despenalización supone el respeto a la igualdad de géneros y a los derechos sexuales. Las leyes contra el trabajo sexual suponen una intrusión en las conductas sexuales privadas y constituyen una forma de control del Estado sobre los cuerpos de las mujeres y las personas LGBTI que constituyen la gran mayoría de las trabajadoras sexuales en todo el mundo. 40 De la misma forma que los controles estatales sobre los derechos reproductivos y los actos sexuales consensuados entre adultos, las leyes penales que prohiben el trabajo sexual intentan legislar la moralidad con escasa consideración para la autonomía corporal.

 

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1 Ver, p.ej. UnaiDs, Guidance Note on HIV and Sex Work (2012), http://www.unaids.org/sites/ default/files/sub_landing/files/ JC2306_UNAIDS-guidance-note­HIV-sex-work_en.pdf.

2 UNAIDS, Global Network of People living with HiV, et al., Making the law work for the HIV
response (2010), http://www.unaids.org/en/media/unaids/contentassets/documents/ priorities/20100728_HR_Poster_ en-1.pdf.

3 Shannon K and Csete J, “Violence, condom negotiation and HIV/STI risk among sex
workers,” Journal of the American Medical Association 304(5), (2010): 573-74.
4 Armstrong L, “Screening clients in a street-based sex industry: Insights into the experiences of New Zealand sex workers,” Australian & New Zealand Journal of Criminology 47(2), (2014): 207­222. See also Abel G, Fitzgerald L, Brunton C. “The impact of decriminalisation on the number of sex workers in New Zealand,” Journal of Social Policy 38(3),
(2009):515-531.

5 Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 1.

6 Ver, p.ej. Devine et al., “Pathways to sex-work in nagaland, india: implications for HiV prevention and community mobilisation,” AIDS Care 22, (2010): 228 -237.

7 International committee on the Rights of sex Workers in europe, Declaration of the Rights of Sex Workers in Europe (2005), http://www.sexworkeurope.org/ en/resources-mainmenu-189/
declaration-mainmenu-199.

8 Shannon K and Csete J. “Violence, condom negotiation and HiV/sti risk among sex workers,” 573-74.

9 Kinnell, H, “murder made easy: The final solution to prostitution?” in R. campbell, &
m. o’neill (eds.), Sex Work Now (2006): 141–168; Cullompton, Willan. citado en: Armstrong, Lynzi, “Screening clients in a decriminalized street-based sex industry: insights into the experiences of new zealand sex workers.” Australian & New Zealand Journal of Criminology
0(0), (2014): 1- 16.

10 Conger, Kate, “myRedbook shutdown could compromise sex worker safety, law enforcement resource,” san Francisco examiner, June 27, 2014, http://www.sfexaminer. com/sanfrancisco/myredbook­shutdown-could-compromise-sex­worker-safety-law-enforcement­resource/content?oid=2834783

11 “Attacks on prostitutes soar after vice ‘driven underground’ by law,” The Scotsman, april 16, 2008, http://www.scotsman.com/ news/attacks-on-prostitutes-soar­after-vice-driven-underground-by­law-1-1164904

12 Armstrong, Lynzi, “Screening clients in a decriminalized street­based sex industry: insights into the experiences of new zealand sex workers,” Australian & New Zealand Journal of Criminology 0(0), (2014): 1-16.

13 ibid. 14 New Zealand Ministry of Justice, Report of the Prostitution Law Review Committee on the Operation of the Prostitution Reform Act 2003, (2008)

14 New Zealand Ministry of Justice, Report of the Prostitution Law Review Committee on the
Operation of the Prostitution Reform Act 2003, (2008)

15 Sex Workers’ Rights Advocacy Network (SWAN), Arrest the Violence: Human Rights Violations Against Sex Workers in Central and Eastern Europe and Central Asia, (2009), http:// swannet.org/node/1639

16 USAID, “Violence and exposure to HiV among sex workers in Phnom Penh, Cambodia,” (2006).

17 Rhodes et al., “Police violence and sexual risk among female and transvestite sex workers in Serbia: qualitative study,” British Medical Journal 337(7669), (2008): 560 -566
18 Arnott, Jayne and Crago, Anna­Louise, “Rights not rescue: a Report on Female, male, and trans sex Workers’ Human Rights in Botswana, namibia, and south africa,” (2009)

19 Abel G., Decriminalization: A harm minimization and human rights approach to regulating sex work, (2010) p. 235.

20 Decker M R et al., “Human rights violations against sex workers: burden and effect on HiV,” The Lancet HIV and Sex Workers, (2014): 60-73.

21 Ver, p. ej Edlund C. and Jakobsson P., En annan horisont. Rose alliance; Rasmussen i. et al. (2014), Evaluering av forbudet mot kjop av seksuelle tjenester. Vista analyse as, (2014)

22 New Zealand Ministry of Justice, Report of the Prostitution Law Review Committee on the Operation of the Prostitution Reform Act (2003), http:// http://www.justice.govt.nz/policy/ commercial-property-and­regulatory/prostitution/ prostitution-law-review­committee/publications/plrc­report/documents/report.pdf; see also abel G., “a decade of decriminalization: sex work ‘down under’ but not underground,” Criminology and Criminal Justice, February 2014, p. 6.

23 “Escort wins landmark case,” The New Zealand Herald, march 1, 2014, http://www.nzherald. co.nz/nz/news/article.cfm?c_ id=1&objectid=11212075

24 Best Practices Policy Project., Report on the United States of America submitted to the UN Human Rights Council for the 9th Universal Periodic Review, (2010), http://lib.ohchr.org/HRBodies/ UPR/Documents/session9/ Us/Js5_%20HsRi_Joint%20 submission5_Js.pdf

25 International Women’s Human Rights clinic, cUnY school of law, Clearing the Slate: Seeking Effective Remedies for Criminalized Trafficking Victims. (2012), http:// http://www.law.cuny.edu/academics/ clinics/iwhr/publications/clearing­the-slate.pdf

26 ibid.
27 State of Arizona v. Monica Renee Jones, Docket no. 513, Superior Court of Arizona, Maricopa County, lc2013–9021636 [case citation pending].

28 Mogulescu, Kate & Mullen, Katherine, testimony before the city of new York comm. on Women’s issues and the comm. on Public safety 8, oversight: Combatting Sex Trafficking in nYc: examining law enforcement efforts – Prevention and Prosecution, (2011)

29 Harcourt c et al., the decriminalization of sex work is associated with better coverage of health promotion programs for sex workers. Australian and New Zealand Journal of Public Health 34(5), (2010): 482-486.

30 Shannon et al., Global epidemiology of HiV among female sex workers: influence of structural determinants. The Lancet 385(9962), (2014): 55-71.

31 ibid.

32 Blankenship K and Koester S.,
33 Los departamentos de policía de la Ciudad de Nueva York y de San Francisco, dos de las mayores ciudades de Estados Unidos, han adoptado esta posición. En ambos casos, estas acciones fueron emprendidas por el fiscal del distrito o el delegado de la policía.

34 New Zealand Ministry of Justice, Report of the Prostitution law Review committee on the operation of the Prostitution Reform act, (2003) http:// http://www.justice.govt.nz/policy/ commercial-property-and­regulatory/prostitution/ prostitution-law-review­committee/publications/plrc­report/documents/report.pdf.

35 Harcourt c et al. The decriminalization of sex work is associated with better coverage of health promotion programs for sex workers. Australian and New Zealand Journal of Public Health 34(5), (2010): 482-486.

36 UNAIDS, Guidance note on HiV and sex Work, (2009), http://data.unaids.org/pub/BaseDocument/2009/ jc1696_guidance_note_hiv_and sexwork_en.pdf.

37 Jana S et al., “Combating human trafficking in the sex trade: can sex workers do it better?” Journal of Public Health, 36(4), (2014): 622-628, http://www.ncbi.nlm. nih.gov/pubmed/24179187
Rikspolisstyrelsen, “människohandel för sexuella och andra ändamål,” RPs Rapport, (2014): 8

38 United States Department of State, Trafficking in Persons Report (2014), http://www.state. gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/index. htm

39 Las personas transexuales raramente son protegidas por la ley de discriminación basada en la identidad de género y la discriminación en el empleo puede ser el factor principal que las lleva a dedicarse al trabajo sexual. Ver, p.ej., K Slamah, S Winter and K Ordek. Stigma and violence against transgender sex workers. RH Reality Check, December 16, 2010, http://www.rhrealitycheck.org/blog/2010/12/16/stigma­exclusion-violence-against-trans­workers.

La revista médica ‘The Lancet’ dice: “acepta el trabajo sexual y recíbelo con los brazos abiertos”

VIH y trabajadoras sexuales

Publicado el 23 de julio de 2014

http://www.thelancet.com/series/HIV-and-sex-workers

 

Dibujo

 

 

Resumen

A la vez que tienen mayores riesgos de infección por VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, las trabajadoras sexuales hallan ante sí importantes barreras que les impiden el acceso a la prevención, el tratamiento y la asistencia social, debido sobre todo al estigma, la discriminación y la criminalización en las sociedades en las que viven. Estas injusticias sociales, legales y económicas contribuyen a su mayor riesgo de contraer el VIH. A menudo llevadas a la clandestinidad por miedo, las trabajadoras sexuales se enfrentan a diario al riesgo de sufrir violencia y abusos. Las trabajdoras sexuales siguen teniendo un trato inmerecido por parte de la respuesta global contra el VIH. Esta serie de siete artículos busca investigar los complejos asuntos a los que se enfrentan las trabajadoras sexuales en todo el mundo, y llama a la despenalización del trabajo sexual, enmarcada en la esfuerzo global por combatir la epidemia de VIH/SIDA.

  • · Global epidemiology of HIV among female sex workers: influence of structural determinants
  • · Combination HIV prevention for female sex workers: what is the evidence?
  • · A community empowerment approach to the HIV response among sex workers: effectiveness, challenges, and considerations for implementation and scale-up
  • · Human rights violations against sex workers: burden and effect on HIV
  • · Male sex workers: practices, contexts, and vulnerabilities for HIV acquisition and transmission
  • · HIV risk and preventive interventions in transgender women sex workers
  • · An action agenda for HIV and sex workers