Colectivos de trabajadoras sexuales inician reuniones con grupos parlamentarios -la CUP el primero- para explicar sus observaciones sobre el Anteproyecto de Ley sobre Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), Las Putas Libertarias del Raval (Barcelona) y la Sección Sindical de Trabajadoras Sexuales de la IAC instan a suprimir el Artículo 187 bis del Código Penal del APLO-LS, y a diseñar políticas que garanticen nuestros derechos humanos y laborales como trabajadoras sexuales y como mujeres, y para ello enviaron una misiva a la Relatora sobre Derecho a la Salud de la ONU, Tlaleng Mofokeng.

 

26 de febrero de 2021

Colectivos de trabajadoras sexuales inician reuniones con grupos parlamentarios -la CUP el primero- para explicar sus observaciones sobre el Anteproyecto de Ley sobre Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad

Comunicado

El pasado miércoles 24 de febrero los colectivos de trabajadoras sexuales Colectivo de Prostitutas de  Sevilla, Sindicato Otras, AFEMTRAS (Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales) y Putas en lucha  nos reunimos con Mireia Vehí, diputada de la CUP (Candidatura d’Unitat Popular), en el Congreso, con motivo del inicio de la próxima tramitación parlamentaria del anteproyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, cuyo articulado modifica el Código Penal afectando directamente al colectivo de trabajadoras sexuales del Estado Español.

Las Trabajadoras Sexuales nos hemos manifestado a la diputada nuestra oposición a la inclusión en el Anteproyecto de aquellas cuestiones que nos perjudican a nivel social, político y de derechos humanos. Esto es, la recuperación de la figura de la tercería locativa (excluida de tratamiento penal con la entrada en vigor del Código Penal del año 1995) donde sanciona: «Aquel que ponga a disposición un bien inmueble ya sea abierto o no al público, de manera habitual e intencionada, con ánimo de lucro y para el ejercicio de la explotación de la prostitución, aún con el consentimiento de la misma».

Le hemos explicado que ésta incorporación al código penal, se materializará en mayor clandestinidad, desahucios, cierre de espacios de trabajo, hostigamiento vecinal, denuncias, más deportaciones a causa de un mayor control policial, e imposibilidad de autoorganización en espacios (pisos compartidos) colectivos de trabajo. Todo ello nos conducirá a un mayor estigma, mayor vulnerabilidad y prevemos menor número de denuncias a la hora de ser víctimas de un delito contra la Libertad Sexual a los que el Anteproyecto se refiere, pero en ningún caso estamos en contra de la finalidad de la ley.

Asimismo, ponemos de manifiesto, que de nuevo se vuelve a recuperar el concepto proxenetismo no coactivo, considerando a cualquier persona que se lucre explotando la prostitución de otra persona ‘aún con el consentimiento de la misma’, y que en todo caso quedará acreditada la explotación cuando concurran circunstancias de dependencia o subordinación, siendo estas referencias clásicas de cualquier relación laboral aunque no se tratara de prostitución.

Hemos explicitado que con la reiteración constante en el anteproyecto de la rúbrica ‘aun con el consentimiento de la misma’ se está suponiendo una tutela de su propio consentimiento para las trabajadoras. Lo que en todo caso resulta contrario a la finalidad de la ley que no es otra que la prestación del consentimiento, válido, libre e inequívoco a la hora de mantener relaciones sexuales.

Así, una vez más, se nos estará considerando como ciudadanas de segunda, siendo nuestro consentimiento sexual tutelado por el Estado. Y no dando opción a elegir de qué manera trabajar, cómo y en qué condiciones, dado que nuestro objetivo último no es otro que la conquista de derechos sociolaborales, y políticas de protección, no de tutela.

Entre otros puntos que señalamos en la reunión con la representante de la CUP en el Congreso está la financiación pretenciosa del artículo 55 de la Ley, así como la advertencia de que si la ley llegara a entrar en vigor, será una caza de brujas. Nos preocupa el recrudecimiento de la persecución a quienes trabajan en espacios de calle, y la incongruencia que supone que, por una parte, se ponga tanto ahínco en el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, pero que por el contrario aquellas personas trans que se dedican al ejercicio de la prostitucion, serán perseguidas por ésta ley cuando en muchas ocasiones la prostitución es el medio de vida normal y habitual del colectivo.

Por su parte, la diputada Vehí ha asegurado su disposición a seguir trabajando conjuntamente con nuestros colectivos, en el marco de la garantía de derechos y de defensa de las mujeres y a mantener el contacto en el desarrollo del Anteproyecto de Ley.

La próxima semana continuaremos con más reuniones con diputadas/os. Agendadas tenemos ya con Bildu y ERC, al tiempo que seguimos trabajando para conseguir encuentros con el resto de grupos políticos.

 

¿Qué derecho(s)? Las prostitutas y trabajadoras del sexo como actoras colectivas

 

Por GESP el 25 noviembre, 2020

25/11/2020 – María Martínez (UNED)

https://blogs.uned.es/gesp/trabajadoras-del-sexo-como-actoras-colectivas/

 

  • ¿Qué derechos va a demandar quien ni siquiera es considerado sujeto? ¿Es pensable que quien es negado como sujeto reclame derechos?
  • Los procesos de negación de la condición de sujetos y ciudadanas, incluso de humanas, de las prostitutas me hace plantear si el primer derecho a demandar no debe ser el mismo derecho a existir, el derecho mismo a tener derechos. Eso no es algo, sin embargo, que tenga que ser concedido por otros, sino que estas prostitutas y trabajadoras del sexo, con su mera auto-organización colectiva y su presencia en el espacio público, están obligándonos a reconocerlas como sujeto de derechos.

 

En agosto de 2018 se inscribe en Barcelona el sindicato OTRAS (Organización de TRAbajadoras Sexuales). Su constitución provocó un revuelo en el gobierno y buscó por todos los medios la forma de anularlo. Así, y tras sólo 3 meses después de su inscripción oficial, sus estatutos fueron invalidados por la Audiencia Nacional. Era la primera vez que se registraba en España un sindicato de trabajadoras sexuales de ámbito estatal. Ahora bien, no era la primera sección sindical ni la primera organización de prostitutas y trabajadoras del sexo en este país. De hecho, unos meses antes, en mayo del mismo año, se había constituido en Cataluña una sección sindical de trabajadoras y trabajadores sexuales dentro del sindicato Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). Y desde la década de 2010, trabajadoras del sexo y prostitutas han venido conformando en España organizaciones propias: AFEMTRAS (Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo) en Madrid; Aprosex, Putas Indignadas y Putas Libertarias del Raval en Cataluña; Colectivo de Prostitutas de Sevilla; o el colectivo Caye, formado por trabajadores sexuales, en Asturias. La novedad está, entonces, en la auto-organización de las prostitutas, pues desde 1995 con la constitución de Hetaira (Colectivo en Defensa de los Derechos de las Trabajadoras del Sexo) en Madrid, o más tarde, ya en los años 2000, la creación de CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo) en Murcia, o de Genera en Barcelona se venía constituyendo una red de apoyo a este colectivo. En parte fueron esas redes de apoyo las que propiciaron primero algunas acciones colectivas (en Montera la primera manifestación de prostitutas se organizó ya en 2003 y probablemente ha habido más que no están registradas), y han servido de apoyo para la ahora auto-organización de las trabajadoras del sexo.

Las teorías de los movimientos sociales tendrían mucho que decir sobre la organización autónoma de este colectivo, pero han estado silentes, al menos en nuestro país; lo mismo sucede con la movilización en general de las mujeres (Martínez, 2019), especialmente las situadas en los márgenes (víctimas, trabajadoras del hogar, mujeres racializadas…) y de otros colectivos subalternos[1]. La primera pregunta que desde los estudios de los movimientos sociales nos podemos hacer es: ¿por qué ahora la organización de prostitutas y trabajadoras del sexo? ¿por qué no hace 10, 20 ó 30 años? Esta pregunta tiene, además, su sentido si analizamos cómo a nivel internacional la organización de prostitutas y trabajadoras del sexo tiene más largo recorrido —recordemos la ocupación de iglesias por prostitutas que comenzó en Lyon (Francia) en 1975 y se extendió por ese país— y ha sido analizada en varios trabajos (por citar algunos: Mac y Smith, 2020; Mathieu, 2009; Osborne, 1991; Pheterson, 1989). Así, Lilian Mathieu (2009) hace uso de la Teoría de la Movilización de Recursos para explicar por qué el movimiento de prostitutas surgió en Francia en 1975 y concluye que en ese momento consiguieron acumular los recursos políticos —conocimiento práctico de las formas de la protesta, los canales de comunicación con las autoridades o los medios de comunicación, etc.— gracias, en parte, a las redes que habían desarrollado, lo que les permitió organizarse y empezar a actuar colectivamente. Y esos recursos fueron eficaces incluso ante una Estructura de Oportunidades Políticas, como afirma también Mathieu, cerrada. Esta explicación es plausible para el caso de España. Por poner un ejemplo, el colectivo AFEMTRAS surge precisamente en reacción a la conocida como Ley Mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana), contra las multas que la policía les estaba imponiendo auspiciada bajo esa ley y un movimiento abolicionista de la prostitución con una creciente proyección pública —esto se podría considerar una Estructura de Oportunidad Política cerrada—. En este contexto el papel de algunas organizaciones de apoyo a las prostitutas, en concreto de Hetaira, fue clave para acumular esos recursos políticos y apoyar su auto-organización.

La segunda pregunta común cuando se analizan movimientos sociales suele ser: ¿cuáles son sus demandas? Y, junto a ella, ¿qué vías de reclamación (repertorios de acción) se utilizan? Aunque las propuestas de las organizaciones de prostitutas y trabajadoras del sexo son diversas, dos podemos indicar cómo las grandes demandas: la despenalización del trabajo sexual impidiendo que se multe, y por supuesto que se castigue penalmente, a las personas que ejercen la prostitución; y, el reconocimiento del trabajo sexual en sus diferentes formas como trabajo. La primera gran demanda se concretaría en la derogación de leyes y normativas que criminalizan a las personas que ejercen la prostitución, entre otras las ordenanzas municipales que tan impacto negativo han tenido (Bodelón y Arce, 2018). La segunda —reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo— implicaría el reconocimiento de derechos laborales. Aquí es donde las divergencias comienzan: algunas organizaciones (OTRAS) apuestan por diferentes modos de regulación laboral (por cuenta propia, por cuenta ajena), mientras que la sección sindical de la IAC tiene una postura más radical y sólo considera el trabajo realmente autónomo (para un debate sobre esta cuestión se puede consultar el siguiente vídeo). A pesar de esas divergencias, en un manifiesto firmado por la totalidad de las organizaciones de trabajadoras del sexo indicadas se afirmaba: “Lo que queremos y necesitamos es un modelo basado en el reconocimiento de derechos y la plena participación en el diseño de las políticas que nos afectan. Sólo los derechos garantizarán que podamos defendernos de los abusos.” (manifiesto consultable aquí). Así, se está de acuerdo con que, en nuestras sociedades de ciudadanía laboral, de los derechos laborales dependen otros muchos en cascada: derechos sociales, derecho a una jubilación, derecho a paro, derechos sanitarios, derecho a la vivienda, derechos a un ingreso mínimo, etc. A estas demandas se suman otras como la distinción entre prostitución y trata con fines de explotación sexual y desarrollo de programas de atención específicos para las personas tratadas, la derogación de la ley de extranjería pues muchas prostitutas y trabajadoras del sexo son extranjeras viéndose afectadas de manera particular, y la concienciación social sobre el estigma que sufre quien ejerce la prostitución (Juliano, 2004).

Los repertorios de acción que usan para articular sus demandas no difieren mucho de los puestos en marcha por otros movimientos sociales: manifestaciones, concentraciones, performances, lobby político, talleres de sensibilización, participación en foros institucionales, el mantenimiento de la apertura de los clubes ahora que se ha pedido su cierre en tiempos de pandemia, etc. En el caso de las organizaciones que han tomado la forma de sindicatos, como OTRAS, a esto se une el trabajo sindical común: negociación y mediación entre trabajadoras y empresarios, la mejora de las condiciones laborales especialmente en trabajos por cuenta ajena. Pero hay un tipo de acción menos visible y quizás más comúnmente olvidado en los estudios de los movimientos sociales pues no tiene como objeto el “gobierno” o las instituciones y es la constitución misma de estas organizaciones como espacios colectivos en los que trabajar sobre el estigma que las atraviesa y apoyarse en la lucha por la supervivencia. Así, y en tiempos de confinamiento debido al covid-19, estas organizaciones han puesto en marcha, ante su exclusión de la Renta Mínima de Inserción, bancos de alimentos y recaudado fondos para ayudarse, para sostenerse, para cuidarse.

Me gustaría cerrar este texto con una última reflexión que saca el análisis de la organización y acción colectiva de prostitutas del terreno tradicional de los estudios de movimientos sociales. Es una pregunta sobre el sujeto colectivo que todo movimiento social requiere para articular demandas y desarrollar repertorios de acción. La pregunta se podría concretar en lo que sigue: ¿Qué derechos va a demandar quien ni siquiera es considerado sujeto? ¿Es pensable que quien es negado como sujeto reclame derechos? Las prostitutas y trabajadoras del sexo están permanentemente siendo expulsadas (Maqueira, 2017) —del lugar donde ejercen la prostitución, sobre todo si es la calle, de la ciudadanía-laboral pues no se les reconoce como trabajadoras, etc.—, no son nunca reconocidas como sujetos individuales y mucho menos colectivos. Como afirma Georgina Orellano, líder del movimiento de meretrices argentino: “Las consecuencias que tiene la clandestinidad y la criminalización de nuestro trabajo es que no existimos…” (extraído del muro de Facebook de la organización AMMAR el 18 de noviembre de 2020). En este marco adquiere sentido la pregunta por el “derecho a tener derechos” que he escuchado en varias conferencias sobre la auto-organización de prostitutas y trabajadoras del sexo (entre otras, esta). La primera vez que la oí vino a mi cabeza, como no, el trabajo de Arendt (2006/1951) con su discusión de la imposibilidad de conceder derechos a quien no pertenece, en su caso los apátridas, a un Estado-Nación, a quien no existe. Los procesos de negación de la condición de sujetos y ciudadanas, incluso de humanas, de las prostitutas me hace plantear si el primer derecho a demandar no debe ser el mismo derecho a existir, el derecho mismo a tener derechos. Eso no es algo, sin embargo, que tenga que ser concedido por otros, sino que estas prostitutas y trabajadoras del sexo, con su mera auto-organización colectiva y su presencia en el espacio público están obligándonos a reconocerlas como sujeto de derechos (Butler, 2017). Y ese es, por supuesto, el primer paso para su “reconocimiento como sujeto político” (Entrevista a Putas Libertarias del Raval, en la revista “Todo por hacer”, consultable aquí), como actoras colectivas.

 

Referencias

Arendt, H. (2006/1951). Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Alianza Editorial.

Bodelón González, E., y Arce Becerra, P. (2018). La reglamentación de la prostitución en los Ayuntamientos: una técnica de ficticia seguridad ciudadana. Revista Critica Penal y Poder, 15, 71-89.

Butler, J. (2017). Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea. Barcelona-Buenos Aires-México: Paidos.

Juliano, D. (2004). Excluidas y marginales: Una aproximación antropológica. Barcelona: Cátedra.

Mac, J., y Smith, M. (2020). Putas insolentes. La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales. Madrid: Traficantes de sueños.

Martínez, M. (2019). Identidades en proceso. Una propuesta a partir del análisis de las movilizaciones feministas contemporáneas. Madrid: CIS.

Mathieu, L. (2001). Mobilisations de prostituées. Paris: Belin.

Osborne, R. (1991). Las prostitutas: una voz propia (crónica de un encuentro). Barcelona: Icaria Editorial.

Pheterson, G. (Comp.). (1989). Nosotras, las putas. Madrid: Talasa.

Piven, F., & Cloward, R. (1977). Poor people’s movements: Why they succeed, how they fail. US: Vintage.

 

[1] Esto es algo que recorre los trabajos de movimientos sociales como ya pusieran sobre la mesa Piven y Cloward en 1977 al analizar por qué este ámbito de estudio no había analizado lo que ellos llamaban “movimientos de pobres” (movimiento de parados, de trabajadores industriales, de derechos civiles y del Estado providencia).

 

El colectivo de prostitutas murcianas lucha por sobrevivir a la pandemia: «Lo que nos importa es comer”

CATS califica de “catastrófico” el estado económico de las prostitutas debido a la devaluación que se está produciendo en sus condiciones de trabajo, pues han visto cómo la ley de la oferta y la demanda provocaba una bajada de precios en un momento crítico para ellas

 

Por Sergio de la Flor Flores

23 de enero de 2021

https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/colectivo-prostitutas-murcianas-lucha-sobrevivir-pandemia-importa-comer_1_7036192.html

 

Una activista del Colectivo de Prostitutas de Sevilla MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

 

Tras diez meses de convivencia con el virus, la fatiga pandémica se ha establecido como un elemento del día a día en nuestra Región. La crisis sanitaria no solo ha conseguido dejar asientos vacíos en las cenas de Navidad: también ha amenazado de muerte a sectores como las agencias de viajes o la hostelería. Existe otro gremio aún más afectado por la COVID-19, pues desde que comenzó el primer confinamiento las prostitutas han visto cómo peligraba su modo de vida.

Este colectivo ha necesitado elegir entre dejar de trabajar y seguir ejerciendo aún a riesgo de su salud. Tras las restricciones al contacto social impulsadas por el Gobierno de Fernando López Miras, las prostitutas deben añadir el miedo a la multa a la lista de peligros que deben correr para seguir obteniendo ingresos.

Exponen desde el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) que «la prioridad de quien no tiene ahorros es ganar dinero para poder vivir, así que hay gente a la que no le queda más remedio que ponerse a trabajar con la máxima precaución y entendiendo que es un riesgo».

CATS asegura que estas medidas no influirán demasiado en las meretrices murcianas a la hora de resolver si continúan recibiendo clientes, pues una vez que ya han asumido el riesgo al contagio el peligro de la multa no resulta un elemento decisivo.

Más rotunda se muestra María José Barrera, miembro del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), cuando señala la falta de necesidades básicas que impulsa a estas mujeres a seguir trabajando en estas condiciones: “A las putas nos importa una mierda el coronavirus, lo que nos importa es comer”. La activista también se pronuncia a este medio sobre las complicaciones sanitarias derivadas de la precariedad en la que se encuentran con casos en los que “no han podido llamar a los servicios sanitarios teniendo síntomas por miedo a ser deportadas o porque el dueño del club no les dejaba”.

Un caso diferente es el de Sara, que expone cómo ella sí ha tenido la oportunidad de seguir obteniendo dinero una vez terminado el confinamiento en un piso que comparte con otras compañeras. De esta forma, ellas han seguido ejerciendo con medidas como el uso de la mascarilla, la desinfección exhaustiva o la recepción de un único cliente al día para poder rastrear los contactos en caso de resultar positivo.

No obstante, Sara reconoce las limitaciones de estas técnicas: “Al principio empecé trabajando con mascarilla, pero al final te la quitas porque no la vas a comer por debajo. Y si es difícil negociar el tema del preservativo con el cliente, negociar lo de la mascarilla es otra movida”.

Sobre su negocio, remarca que ella ha tenido la suerte de ser independiente y haber podido permitirse una inversión inicial elevada para la puesta en marcha de su profesión, pero recuerda a las “compañeras que no tienen ni para comer” y no pueden afrontar estos gastos extra.

La situación de las meretrices tras diez meses de emergencia sanitaria

Tras estos meses de pandemia, CATS califica de “catastrófico” el estado económico de las prostitutas debido a la devaluación que se está produciendo en sus condiciones de trabajo, pues han visto cómo la ley de la oferta y la demanda provocaba una bajada de precios en un momento crítico para ellas. Asegura que se encuentran “dependientes de ayudas de emergencia municipales y del reparto de comida de los Bancos de Alimentos, Cáritas o Cruz Roja, entre otras”.

Especial mención merece la situación de las meretrices que ejercían en burdeles porque no solo se enfrentaban a la pérdida de su lugar de trabajo, sino también de su lugar de residencia. Desde que el pasado agosto cerraran todos los clubes para evitar posibles focos de contagio, la suerte de sus empleadas ha dependido en gran medida de la bondad del dueño del establecimiento. De este modo, hay mujeres que se han vuelto a su país (del este de Europa, sobre todo), algunas que se han quedado en los clubes donde vivían sin tener que pagar nada y otras que han necesitado negociar con sus jefes para evitar un desahucio sin alternativa habitacional.

La suma de todas estas dificultades también han afectado a la salud mental de las meretrices. Desde la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) recuerdan que “si económicamente no estás bien todo afecta más al estado anímico”, pues aluden a la acumulación de facturas para justificar los numerosos casos de depresión que han proliferado entre las prostitutas.

Las soluciones planteadas

Como miembros de un modelo de trabajo no reconocido, las meretrices no han podido acceder a los ERTE y han encontrado dificultades añadidas a la hora de adquirir otras prestaciones, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Si bien el Ministerio de Igualdad anunció que las prostitutas podrían formar parte de este programa, la realidad es que esta medida obliga a las solicitantes del gremio a identificarse como víctimas de explotación sexual para poder acceder a él. Tampoco aquellas personas que no disponen de empadronamiento, como las inmigrantes ilegales, han podido solicitar esta ayuda. En consecuencia, CATS reconoce que el acceso a esta prestación ha sido escaso.

Por otra parte, el asociacionismo sí ha resultado ser de gran ayuda para estas mujeres, pues desde OTRAS aluden a él como la “única manera de seguir adelante” y denuncian que “si fuera por los dirigentes las prostitutas habrían muerto de hambre”. Así pues, estas organizaciones han impulsado medidas como la recogida de alimentos y la campaña de crowdfunding para paliar su precaria situación.

La situación legal del llamado ‘oficio más antiguo del mundo’

En España, la prostitución se encuentra en una situación de alegalidad: no está prohibida ni reconocida, sino que está tolerada. De esta forma, el trabajo sexual no se encuentra castigado ni perseguido, pero no se considera trabajo entre otras cuestiones porque, desde un punto de vista civil, una mujer no puede ser objeto de contrato porque es ilícito a las normas o la moralidad.

El Ministerio de Igualdad ha publicado un borrador de la ley de libertad sexual que incluye la penalización de la tercería locativa. Es decir, que todo aquel que destine un espacio a “favorecer la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento, será castigado con pena de prisión de uno a tres años y multa de 6 a 18 meses”.

Las asociaciones de trabajadoras sexuales han rechazado de pleno esta medida y han comenzado a hacer campaña para evitar que se implemente. “Es una salvajada”, exclaman desde CATS: “Pone en la calle a cantidad de personas sin ningún tipo de alternativa.”

El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo afirma que la “gran mayoría” de las meretrices murcianas desconocen la existencia de este borrador que, en caso de tramitarse, supondría un cambio drástico en sus vidas.

 

Cómo se regula el trabajo sexual en Uruguay y qué puede aportar al debate argentino

Mientras en nuestro país la puja entre regulacionistas y abolicionistas no se zanja, desde 2002, del otro lado del charco existe una ley que reconoce la actividad y asegura derechos a quienes la ejercen. En esta nota referentes del tema cuentan los avances en la experiencia uruguaya a partir de esta norma y las actualizaciones que urge implementar.

 

Por Ariana Budasoff

25 de noviembre de 2020

Cómo se regula el trabajo sexual en Uruguay y qué puede aportar al debate argentino

 

“A partir de hoy, 29 de Noviembre de 2017, te estoy invitando a reducir tu lectura de los materiales de estudio que definen a la prostitución y cambiarlos por un charla con cualquiera de las personas que la ejercemos, porque cada una de nosotras tiene su propia teoría vivencial y ninguna de nuestras teorías están escritas en los textos que consultas”.

Así inicia un capítulo de su libro, El ser detrás de una vagina productiva, Karina Núñez: trabajadora sexual uruguaya, activista contra la trata de personas, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y defensora de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual —aunque en una entrevista advierte que esta denominación responde a la mera costumbre de ponerle etiquetas a todo: “Los que ponen ‘activista’ son ustedes. Yo soy Karina”—. La obra, que incluye sus experiencias y las de otras 300 mujeres cis y trans, es una muestra de las realidades que viven las trabajadoras sexuales uruguayas. Un oficio que si bien allí está regulado desde 2002, sigue expuesto a múltiples vulneraciones.

A diferencia de nuestro vecino cruzando el charco, en Argentina las trabajadoras sexuales siguen ejerciendo en un terreno confuso a nivel legal: sin prohibición ni regulación. Y la cinchada entre abolicionistas —quienes piensan que el trabajo sexual no es una elección y que quienes lo ejercen son víctimas de proxenetas y redes de trata por tanto debe prohibirse— y regulacionistas —quienes creen que muchas trabajadoras sí escogen libremente ese oficio, que es uno como cualquier otro, y por tanto debe ser regulado—, parece no tener fin. En ese sentido, quizás el caso uruguayo y su lucha actual, con una postura intermedia que contempla a todas las trabajadoras, pueda ser tomado como ejemplo.

Karina Núñez tiene 46 años, es de Fray Bentos, y dice cosas como: “Yo desde los 12 años que ando en la vuelta” o “yo me he domesticado un poco ahora”. Y dice, por las mujeres gracias a las que empezó su lucha, algo que se parece al título de su libro: “Ellas vieron en mí el ser humano más allá de la profesión, y no me cuestionaron por qué estaba ahí, me guiaron y acompañaron en el proceso de visibilización por fuera de esa estructura de opresión”.

Ella pelea por una actualización de la ley que regula su oficio.

Foto del libro El ser detrás de una vagina productiva, publicado en 2017.

La ley que supieron conseguir

La Ley 17.515 de Trabajo Sexual del Gobierno uruguayo intentó poner un marco normativo al oficio más antiguo —y quizás en el que se cometen más abusos— de la humanidad. Entre otras cosas, esta medida creó un Registro Nacional del Trabajo Sexual en el que aquellas personas que lo ejercen deben anotarse y completar formularios, presentar análisis y estudios que acrediten que están libres de enfermedades de transmisión sexual para recibir, luego, un carné habilitante. Y, desde 2010, todas las trabajadoras sexuales registradas y habilitadas realizan aportes para su jubilación.

Sin embargo, la ley tiene varios agujeros que, a casi dos décadas de haber sido sancionada, las trabajadoras reclaman enmendar con urgencia. Es por eso que Núñez, el 1° de mayo de 2018, hizo una convocatoria en sus redes sociales invitando a sus compañeras a sumarse a luchar para modificar la ley. Así nació la Organización de Trabajadoras Sexuales (O.TRA.S), desde donde están reclamando reformas en la normativa.

“Cuando las compañeras de la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (AMEPU) empezaron a escribir la ley, estábamos saliendo de la dictadura cívico militar que duró de 1972 a 1985. En ese entonces las compañeras eran encarceladas por el simple hecho de ser trabajadoras sexuales. De ahí a que consiguieron llevarla al parlamento pasaron algunos años”, cuenta Núñez.

Y explica que un logro que obtuvieron con la aplicación de la norma en aquel contexto histórico fue, justamente, que dejaran de detenerlas por ejercer el trabajo sexual. “Y, en el auge de la pandemia del VIH, a las compañeras se les dio la herramienta que sigue siendo la única real para la prevención del virus, que son los preservativos. Hasta entonces los tenían solo las personas que podían comprárselos”, dice.

La trabajadora social uruguaya, investigadora y docente feminista, Andrea Tuana, quien también dirige la Asociación Civil El Paso, que lucha contra el abuso y la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres y contra la violencia de género, señala que la ley marcó un punto de inflexión cuando fue sancionada: “Fue importante para reconocer la realidad de las trabajadoras sexuales en cuanto a la existencia de un oficio que socialmente era considerado como una práctica abyecta, necesaria pero indeseable. Y quienes ofertaban servicios para esa práctica eran personas totalmente estigmatizadas, excluidas, invisibilizadas, no dignas de que la sociedad se ocupe de ellas”.

“Partíamos de un piso —continúa— en el que a las mujeres en ejercicio o en condición de prostitución se les podía hacer cualquier cosa. Entonces, la ley, lo que pretendió fue lograr un reconocimiento de esa práctica e intentar colocar un mínimo de marco regulatorio. Mínimo: ‘Señor, usted no puede hacer cualquier cosa, no puede violar a una trabajadora sexual’, más allá de que eso siempre estuvo penalizado, pero obviamente nadie lo tomaba en cuenta. Así llegamos a esa ley que tenemos hoy”.

El periodista y escritor uruguayo César Bianchi (que en 2008 publicó Mujeres bonitas, una investigación con 14 historias de vida de prostitutas uruguayas) coincide en que la ley tuvo bondades como “poner el tema en el tapete y darles visibilidad [a las trabajadoras]; que haya un registro de trabajadoras sexuales y que el Ministerio de Salud Pública esté encima de su salud y les den las herramientas de trabajo. Que deje de ser un tema tabú y que por fin puedan empezar a aportar para su jubilación”. Aunque señala, “que eso llega tardísimo”. Y que la norma tiene “puntos negros bastante claros”.

¿Puntos fuertes? de la ley

El hecho de que aquellas trabajadoras registradas tengan un carnet o libreta habilitante y para obtenerlo deban hacerse controles médicos que les garanticen un buen estado de salud, aunque se lee como una medida progresista, es un punto ambiguo según explican las referentes y el periodista.

“La ley tiene una regulación epidemiológica, jurídica y punitivista, porque si no cumplen determinados requisitos son castigadas o multadas —dice Bianchi—. Por ejemplo: hasta 2015, si vivían en alguna localidad del país y querían ir a trabajar a otra pero no avisaban que se iban a mudar, podían ser detenidas. Eso muestra las falencias de la norma porque si una trabajadora tenía la necesidad de ir a otro lado porque le dijeron que había más trabajo y no avisaba a la comisaría o daba cuenta de que se había mudado podía ir presa”.

Karina Núñez

“También está el aspecto sanitario —agrega—: cada 6 meses en Montevideo y una vez por mes en el interior, tienen que ir al médico y sacarse sangre y regularizar el carnet de salud para descartar que no tengas sífilis, VIH, ni ninguna enfermedad que se transmita por el ejercicio de su trabajo. No les queda claro ni les convence la distinción de la capital con el interior”.

Además de esto, explica que la ley actual indica que las trabajadoras sexuales solo pueden ejercer en espacios habilitados por el Ministerio del Interior o las intendencias, esto las limita a ofrecer servicios o emplearse en whiskerías y casas de masajes, que son, explicarán Núñez y Tuana, negocios cooptados por proxenetas que terminan explotándolas. La norma no les permite trabajar en las calles, rutas o plazas. Lo que les quita autonomía y, en muchos casos, las devuelve a la clandestinidad.

“Creo que demasiados requisitos hacen que terminen trabajando en negro —opina Bianchi— . Si bien no les conviene porque no aportan para su jubilación, al no registrarse no son revisadas constantemente ni están bajo la lupa del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud Pública, o de las intendencias”.

Por estos motivos, en algunos casos, y por desconocimiento de la existencia de la ley y sus herramientas, en otros, muchas de las trabajadoras sexuales no se registran ni obtienen el carnet habilitante.

Aún con sus falencias, para Andrea Tuana registrarse implica cierto respaldo estatal: “Tener la libreta las coloca en un carril que indica que existe una legislación. Quienes no la tienen siguen quedando en ese otro lugar que es el no lugar en definitiva, es el lugar del desprecio, del estigma. Que no digo que las que tienen libreta no lo sufran, pero me parece que ahí hay una sensación de que existe un Estado que está respaldando esta actividad”, dice.

Y sigue: “Lo que sucede es que el tipo de exigencias que genera son totalmente desproporcionadas. Son exigencias para las trabajadoras sexuales y no para los clientes. El fuerte de esta ley es lo sanitario y la seguridad, porque es el Ministerio del Interior, es la Policía, la que regula la actividad, y no el Ministerio de Trabajo. Y lo sanitarista porque obligan a las trabajadoras a hacerse determinados exámenes en los que no interesa su salud integral y sus derechos a la salud sexual, si no que no estén esparciendo enfermedades. Esta es de las críticas más fuertes que le hacemos a la ley”.

Karina Nuñez, respecto a esto, añade: “Para ellos [los médicos] nosotras no somos sujetas que merecemos ser cuidadas”.

Otro punto ambiguo, explican, es el de la seguridad social, porque si bien desde 2010 las trabajadoras pueden aportar para su jubilación, la ley no es retroactiva, con lo cual una trabajadora sexual de 60 o 70 años solo lleva aportando una década, mientras tiene quizás otros 40 años de trabajo que no le son reconocidos.

Las demandas de actualización solicitadas

“Básicamente queremos que la ley empiece a tener en cuenta las necesidades de las mujeres en esta época. Las reivindicaciones que tienen el común de las mujeres de cualquier tipo de profesión están mucho más avanzadas que las nuestras, entonces pedimos que se nos equipare. Por ejemplo: no puede ser que nosotras quedemos con un prontuario prostitutivo de por vida como si fuéramos delincuentes”.

Núñez se refiere al Registro de Trabajo Sexual. Explica que al ser incluida allí, como está bajo la órbita del Ministerio del Interior, cada vez que debe hacer algún trámite cotidiano lo primero que salta a un lado de su cédula es que es trabajadora sexual. Y que ese registro, no caduca nunca, aunque ya no se esté en ejercicio sigue apareciendo como si fuese un antecedente penal condenatorio. Por este motivo, una de las cosas que piden es que la regulación de la actividad pase al Ministerio de Trabajo, como cualquier otro tipo de profesión.

También piden autonomía para trabajar, que no sea necesario notificar a la policía cada vez que se van a otra localidad. Según Nuñez, en un principio, esta exigencia estaba dada para que el Estado, al saber constantemente dónde estaba cada trabajadora, pudiera combatir la trata de personas. Pero dice que no funciona.

Otra de las demandas es que se elimine la cláusula que las liga únicamente a whiskerías, bares y prostíbulos.

Andrea Tuana completa, respecto a este punto, que estos espacios “funcionan como si fuesen empresas autónomas que no tienen nada que ver con las trabajadoras sexuales pero en realidad sus dueños son empresarios que las explotan y se manejan como los dueños de sus vidas”. “Entonces queremos que esta ley promueva posibilidades de autogestión — dice— , de arreglos colectivos entre ellas, que genere alternativas para aquellas mujeres que deseen salir del ejercicio prostitucional. Pero alternativas de verdad. Que realmente sea una posibilidad la salida”, enfatiza.

También piden que el Estado les brinde capacitaciones laborales para que aquellas que deseen dejar el trabajo sexual puedan hacerlo —según el Diagnóstico sobre Trabajo Sexual en Montevideo, el 92% de las mujeres que lo ejerce afirmó que quería dedicarse a otra cosa—; que se generen derechos como licencia por maternidad, por enfermedad; y distintas prestaciones sociales para ellas, sus hijos e hijas. “Para prevenir lo que sucedió con la pandemia, en la que quedaron totalmente colgadas de un hilo, cuando ni siquiera fueron reconocidas por la seguridad social del país. Ni las que no tenían libreta ni las que tenían”, dice Tuana.

Demandan también una amnistía tributaria para aquellas trabajadoras que aún con 65 años están todavía ejerciendo la profesión. “Porque si no, las compañeras tienen que pagar millones de pesos al Banco de Previsión Social (BPS) —es el instituto de seguridad social estatal de Uruguay— para que comience a pagarles una pensión. O sino quedarse con más de 70 años viviendo en las whiskerías porque no tienen con qué pagarse un alquiler”, dice Núñez.

Ni abolicionismo ni regulacionismo: reduccionismo

“Si reducimos el tiempo en que las compañeras se encuentran en éstas prácticas reduciremos las posibilidades de que lo naturalicen a sus generaciones siguientes y les sacamos la carne del cañón a los solicitantes de servicios sexuales que no son clientes y a los dueños de los locales de oferta de servicios que el Estado ampara actualmente con la Ley 17.515”, sigue Karina en el capítulo de su libro en el que explica el reduccionismo.

“No nos concentramos en por qué llega esa mujer al trabajo sexual si no en que no esté mucho tiempo ahí. Porque eso va a ayudar a que no lo naturalice y a que no generen cadenas prostitutivas”, explica ahora al otro lado del teléfono. Reducir tiempo. Reducir daños. En eso se basa su postura.

“Y es así porque a eso yo lo viví”, dice. Su bisabuela, su abuela y su madre fueron prostitutas. Sus hijas son las primeras en cortar la cadena. Una de ellas, de hecho, es la primera de su familia en ingresar a la universidad.

Núñez dice que está trabajando para no llegar a la vejez, como su madre y su abuela, en el ejercicio del trabajo sexual y concluye con una reflexión luminosa: “Si pudieras llegar en la mejor de las condiciones a hacer el trabajo en el que te sientas cómoda, bien, hacelo y rehacelo. Pero si llegás en las peores condiciones en un trabajo en el que no tenés otra alternativa más que hacerlo porque de eso depende tu día a día, no está bueno. Pero no está bueno si sos trabajadora sexual, si sos empleada metalúrgica, o escribana. Porque si bien el estigma nos pesa a nosotras, a las trabajadoras sexuales nos vulneran las mismas vulneraciones que al resto de las mujeres de bien”.

Por eso busca una ley que dignifique, proteja y brinde mejores condiciones a quienes estén en el ejercicio del trabajo sexual y, a la vez, ofrezca herramientas para que, las que deseen dedicarse a otra cosa, puedan hacerlo lo más rápido posible. Una ley que las contemple a todas.

Es optimista respecto a que sus reclamos lleguen al parlamento y las modificaciones de la ley se debatan. Hace dos meses las recibió Beatriz Argimón, vicepresidenta uruguaya, en el Palacio Legislativo. Esto, asegura, sienta un precedente. Tienen fe que sus pedidos y reivindicaciones serán tratadas pronto. Hasta tanto, seguirá adelante: “Pa’ atrás ni pa’ tomar impulso”, dice.

 

El toque de queda saca la prostitución a plena luz del día: «Montero aprovecha la pandemia para asfixiarnos»

Con la visibilidad, las meretrices también se levantan en armas: «Seas abolicionista o no, nosotras tenemos que comer»

 

Érika Montañés@emontanes´

30 de noviembre de 2020

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uOqSyGTd-aMJ:https://www.abc.es/sociedad/abci-toque-queda-saca-prostitucion-plena-montero-aprovecha-pandemia-para-asfixiarnos-202011261412_noticia_amp.html+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es

 

María José Barrera, prostituta que representa al colectivo en Sevilla, cuenta el abandono total que han sufrido en tiempos del coronavirus – REPORTAJE GRÁFICO: VANESSA GÓMEZ / PEP DALMAU / ALFREDO AGUILAR (IDEAL)

 

Sabrina Sánchez, Linda «Porn» (así se hace llamar, no siendo su apellido real) y María José Barrera son tres mujeres que ejercen la prostitución en distintos rincones de España. Normalmente, las meretrices se esconden al ver un micrófono, una grabadora o una cámara. Los periodistas no son muy bienvenidos. Con ciertos resquemores, acceden a hablar en ABC porque, denuncian, las tres representan a colectivos de mujeres que, aunque suene atrevido, están viviendo «su peor momento». Son, respectivamente, las representantes del sindicato Otras –no legalizado y pendiente de recurso por resolver en la Audiencia Nacional–, Aprosex (colectivo que agrupa a unas 8.000 prostitutas en Cataluña) y el colectivo de Mujeres Prostitutas de Sevilla, que ejercen en la capital hispalense.

La pandemia ha sacado a la luz (aún más si cabe) las miserias de este trabajo. Miles de mujeres ocultas en clubes de alterne, pisos, polígonos y barrios interpretan que el Covid-19 ha supuesto la estocada final a su trabajo. Con lo que se ven privadas del sustento. Por ello, la visibilidad también les devuelve a la «lucha» contra sus condiciones y la hipocresía en que se mueve el Estado. Se levantan en armas. Algunas, como Sabrina, van más allá y ponen nombres y apellidos al desaire: Irene Montero, ministra de Igualdad y abolicionista confesa que quiere poner fin a la prostitución en España, el que es, por otra parte y según Naciones Unidas, el tercer país donde más prostitución hay y reclaman los clientes del mundo.

La portavoz de Otras colige que el Ministerio de Igualdad y su titular, a quien han pedido un encuentro en numerosas ocasiones, ha aprovechado la pandemia para «asfixiarlas», para llevar hasta el final sus ansias abolicionistas, que tantas veces ha pregonado ante el altavoz mediático. María José Barrera, andaluza de 46 años, es de la misma opinión. Sus compañeras, en más de un 80% de los casos son inmigrantes, apela, no tienen para subsistir ni para enviar parte del dinero que ganan al otro lado del charco, así que se han visto abocadas a pedir en las llamadas «colas del hambre» de las organizaciones humanitarias. Y aun con todo, estas mujeres no tienen para comer, ni para alimentar a sus hijos o a sus familias fuera de España. Ella, aliada con algunos ayuntamientos sevillanos, han podido «auxiliar» de algún modo a 80 prostitutas y sus familias, pero, añade, «evidentemente no es suficiente. La ayuda es temporal y nuestras necesidades no caducan».

Linda tiene 40 años y es mexicana. Tras 15 años en el país, ha podido «ser independiente», reconoce a este periódico, y establecerse para trabajar sin necesidad de estar atada a un lugar específico. También asiente cuando se le pregunta por las penurias que están pasando cientos de mujeres en este país. Descartadas aquellas que están en manos de mafias y redes de trata (que son la inmensa mayoría, más del 80% según la Unidad de la Policía Nacional contra la Trata) las que ejercen la prostitución «consentida» se están lanzando ahora a las calles a plena luz del día, «obligadas», afirman, porque el toque de queda impuesto en todas las regiones no les permite estar en las calles, polígonos, barrios y carreteras en ningún caso más allá de la medianoche.


Las meretrices y sus colectivos acusan al Gobierno de dejarlas «en la cuneta» y desprotegerlas


A las cuatro de la tarde

En Barcelona, donde Linda reside y dirige la asociación de trabajadoras sexuales Aprosex, las prostitutas se están colocando a las cuatro y cinco de la tarde en el entorno del Camp Nou. Sabrina, portavoz del sindicato Otras que persigue la regularización de este trabajo con Seguridad Social, seguro médico, condiciones laborales reconocidas y cotización, ratifica que en dicha ciudad, donde ella también reside, están comprobando que a media tarde decenas de mujeres se colocan en torno a la Ciudad Universitaria. La imagen se ha trasladado de la madrugada a la tarde. Varias ordenanzas municipales, como en la ciudad de Granada, ya se han hecho eco de esta nueva realidad y han tratado de poner coto con un refuerzo de agentes policiales en los lugares donde se colocan. Lo mismo ha sucedido en la capital, en Madrid, con once nuevos focos donde comienza a recalar la prostitución a pleno día.

En un discreto paseo, el fotógrafo de ABC en Barcelona Pep Dalmau así lo atestigua en sus imágenes. Los estudiantes pasean por este enclave y algunos se asombran de ser interceptados por estas mujeres ofreciéndoles sus servicios. «Nos están empobreciendo cada día un poco más», se duele Linda, que ya no sabe cómo ayudar a salir de esta situación «tan grave». «Estamos marginadas, nos han puesto la banderilla para darnos la estocada final» por la pandemia, repite. El estigma social no las favorece. «Siempre nos hemos tenido que esconder, porque lidiamos con el rechazo general de la ciudadanía, pero esta situación es insostenible. Tenemos que mantener a nuestros niños, solo queremos un kilo de arroz», simplifica. «Este Gobierno que se dice feminista ha ido a por nosotras. Nos han cerrado todo; no son abolicionistas, son desaparicionistas, quieren que nos esfumemos y desaparezcamos. ¿Qué pretende hacer con nosotras si no? Estamos desesperadas», se queja.

Muchos clubes han cerrado

María José y sus compañeras describen a ABC que les están empujando poco a poco a una situación que se torna dramática. Antes del estallido de la pandemia, 1.200 clubes de alterne jalonaban las carreteras de este país. «Cerraron durante el verano los lupanares de Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas, como Cataluña, no nos han concedido ayudas específicas por la hipocresía que rodea a este oficio, desde el Gobierno no se nos quiere hacer ningún guiño para ayudarnos y nos dejan en la cuneta», dicen estas prostitutas. Presumen desde el Ejecutivo de que «no quieren dejar a nadie atrás, pero algunas no les interesamos y seguimos siendo personas», objetan.

El resultado es «que nos dejan morir»; «la gente tiene que buscarse la vida y el Estado ha decidido mirar hacia otro lado porque somos personas incómodas», infiere Sabrina Sánchez. Linda coge el testigo y asiente en su discurso también Barrera, desde Sevilla: «La mayoría de las prostitutas son personas que no tienen papeles y su situación es irregular. Sin la documentación en regla, tampoco pueden moverse mucho ni hacer ruido, así que están abocadas a ejercer clandestinamente en pisos o a no tener sus necesidades cubiertas». «Lo venimos denunciando desde marzo –agrega Sánchez–, pero no nos han hecho ningún caso. En Cataluña, por ejemplo, sigue todo cerrado y así es imposible trabajar y tener algo para comer».

Pese a las dificultades, estos colectivos dicen que no se van a callar y advierten de que se manifestarán contra un Gobierno que, lejos de proteger a toda la ciudadanía, está dejando caer a quienes no le interesan demasiado. El abandono que dicen sufrir las envalentona pero tienen miedo. La era del coronavirus (y, sobre todo, están pensando en la era del postcoronavirus ) les ha hundido en la incertidumbre. En una situación totalmente alegal en España, saben que muy difícilmente van a poder salir de este agujero en el sistema.

 

La IM presentó el primer diagnóstico sobre trabajo sexual en Montevideo

Lo visible y lo oculto es el nombre del estudio que aborda las condiciones en que se desarrolla el trabajo sexual en Montevideo, así como las problemáticas que enfrentan quienes ejercen la actividad. En este marco, Caras y Caretas dialogó con las investigadoras y colaboradoras, quienes aseguraron que el objetivo es generar insumos para construir políticas públicas que apunten a dignificar la vida de las trabajadoras sexuales.

 

Por Meri Parrado

14 de noviembre de 2020

La IM presentó el primer diagnóstico sobre trabajo sexual en Montevideo

 

Karina Núñez, fundadora de la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras), en diálogo con Caras y Caretas, opinó: «Era necesario y esencial realizar un diagnóstico para poder pensar una proyección con perspectiva de género y derechos humanos para las personas que brindan servicios sexuales en Montevideo». Las palabras de la referente dan cuenta de la necesidad que existe de dignificar la vida de las mujeres que encuentran en esta actividad un medio de vida.

«Esto es poner en papel las vulnerabilidades de muchas mujeres que no tienen voz», expresó Núñez días atrás, durante la presentación del diagnóstico denominado Lo visible y lo oculto, que busca poner a la luz las condiciones en las que se desarrolla el trabajo sexual en Montevideo.

Si bien en Uruguay el trabajo sexual es una actividad legal, regulada por la Ley 17.515, no tiene en cuenta aspectos como la protección social ni garantiza la no vulneración de derechos de quienes la ejercen. Ante este vacío, la División Asesoría para la Igualdad de Género de la Intendencia de Montevideo (IM) realizó un llamado para la elaboración de un diagnóstico sobre la situación del trabajo sexual en Montevideo para el cual fue seleccionada la Asociación Civil El Paso, que finalmente llevó adelante la primera aproximación empírica sobre las personas y las condiciones en las que se desarrolla esta actividad.

Sobre la relevancia de este diagnóstico, desde la IM expresaron que «la política de género debe prestar atención a esta población históricamente vulnerada y con los mayores niveles de desigualdad de género». Subrayaron también la importancia que implica para el gobierno departamental «el impacto en la comunidad de algunas de las tipologías de trabajo sexual, las complejidades en el relacionamiento entre quienes lo ejercen y las vecinas y vecinos del entorno, es decir, las tensiones que se generan en la convivencia de los espacios públicos».

En síntesis, el objetivo principal es generar insumos que contribuyan a la elaboración de políticas públicas que apunten a dignificar las condiciones de trabajo de un colectivo con un conocido historial de vulneración.

 

El diagnóstico

Lo visible y lo oculto es un diagnóstico elaborado por un equipo de trabajo de la Asociación Civil El Paso, integrado por las investigadoras Natalia Guidobono y Heloisa Greco, junto a las colaboradoras Karina Núñez y Florencia Buslón. El asesoramiento estuvo a cargo de la investigadora, trabajadora social y docente feminista Andrea Tuana.

El abordaje del estudio se realizó desde una perspectiva feminista, de igualdad de género y consultando la opinión de las trabajadoras sexuales con el objetivo de captar las visiones y vivencias de las verdaderas protagonistas. El trabajo incluye entrevistas en profundidad a mujeres trans y cis género, observación y registros recabados mediante encuestas hechas a partir de formularios. También se analizaron anuncios que ofertan servicios sexuales en páginas web y diarios.

Con los resultados del diagnóstico se pueden conocer detalles sobre el desarrollo de la actividad (población, dinámica de funcionamiento, lugares, horarios), perfiles de quienes ejercen el trabajo sexual y qué servicios ofrecen, así como problemáticas de salud, violencia y otros riesgos vinculados a la actividad. También se abordaron cuestiones como los recursos y estrategias de cuidado de personas dependientes a cargo de las trabajadoras sexuales y las posibilidades que tienen de dejar el trabajo sexual.

Para conocer algunos de los resultados más significativos del diagnóstico, Caras y Caretas consultó a la investigadora Natalia Guidobono, quien comenzó por valorar la relevancia del diagnóstico como un «estudio desde la mirada de las trabajadoras sexuales que permite hacer recomendaciones en el marco de la política pública para garantizar los derechos de quienes realizan el ejercicio de la actividad». Guidobono destacó que «si bien ya existían algunos estudios vinculados al trabajo sexual a nivel nacional, es la primera vez que se solicita desde un organismo público. Eso no es menor porque nos coloca en un lugar de mirar la situación para recomendar cómo mejorarla. Ese es el valor fundamental del estudio».

Con respecto a la metodología de trabajo, contó que fue básicamente cualitativa. «Hicimos entrevistas que no son representativas más que en sí mismas y que confirman muchos elementos que ya fueron señalados por otras investigaciones nacionales o internacionales. También transitamos las calles en diferentes horarios y hablamos con las trabajadoras sexuales». «Confirmamos, por ejemplo, que quienes ofrecen servicios sexuales son básicamente las mujeres. Si bien eso es sabido, en la indagación web encontramos que también hay varones ejerciendo el trabajo sexual».

En relación al eje principal del trabajo, explicó que se basó en la oferta de servicios sexuales independientemente de si son autónomas o bajo situación de explotación y trata. «En una indagación no se puede saber si se trata de una mujer mayor de edad o si está siendo explotada por otra persona».

«A partir de la indagación y el análisis de las publicidades que ofertan servicios sexuales encontramos elementos interesantes como, por ejemplo, que en las páginas web publicitan a las mujeres con menos edad que la que tenían. Esto demuestra una tendencia al consumo sexual de la juventud», agregó.

Otro dato que reveló el diagnostico, contó Guidobono, es que las mujeres que ejercen el trabajo sexual provienen de todos los sectores sociales, socioculturales y niveles educativos, pero en su mayoría están concentradas en los niveles educativos bajos y medios bajos, donde el máximo alcanzado suele ser Ciclo Básico. «También observamos que hay mujeres de altos niveles socioeducativos que se muestran como tal, lo cual demuestra que los que consumen el sexo pago también son personas de todos los niveles socioeducativos y socioeconómicos», agregó la investigadora.

También se pudo confirmar que existe oferta de trabajo sexual en todo el departamento de Montevideo, con una importante concentración en los municipios B y C, seguido por los municipios Ch y D. Los barrios más nombrados son Tres Cruces y todas las áreas aledañas, como La Comercial, Cordón, Centro, Aguada, Goes, Jacinto Vera, La Blanqueada.

Guidobono señaló la oferta de sexo en «apartamentos prostibulares» como otro aspecto que requiere atención. «Hay mujeres que ofrecen servicios sexuales en apartamentos lo que a simple vista puede entenderse como un servicio autónomo, pero al indagar observamos que tienen un funcionamiento similar al de un prostíbulo, con muchas mujeres trabajando, organizadas por un tercero y con reglas a cumplir».

La investigación también concluyó que más del 90% de las trabajadoras sexuales quisieran cambiar de trabajo y no pueden o no saben cómo hacer. Sobre este tema, Guidobono agregó que la determinación de dejar el rubro con el cual sustentan la vida «no suele ser una salida directa, unilateral o fácil, sino que es necesario acompañarlas en un largo proceso y brindarles otras alternativas». Aquí también juega un rol importante la evidencia de que la mayoría de mujeres consultadas son responsables de personas dependientes, sean hijos e hijas menores o tienen a su cargo padres o madres enfermos o con discapacidad, por lo cual es complicado adecuar horarios a otro tipo de actividad laboral.

Otro dato que evidenció el diagnóstico es que el trabajo sexual está asociado, en muchos casos, a experiencias de violencias previas, como la explotación sexual de estas mujeres a temprana edad. A esa situación se suma que, durante sus trayectorias de vida, las trabajadoras sexuales continúan expuestas a otros tipos de violencias y discriminaciones vinculadas a la actividad que desarrollan, ya sea por parte de los clientes o en ámbitos institucionales como la salud o la educación.

En relación a la salud de las trabajadoras, el estudio reflejó la necesidad de instrumentar un abordaje sanitario integral, que vaya más allá de los cuidados en profilaxis exigidos actualmente con el único objetivo de que los consumidores de sexo pago no se contagien de enfermedades de transmisión sexual. «La ley actual plantea una perspectiva sanitarista centrada en el cuidado de la salud de los clientes, no hay una mirada del cuidado de la salud de las mujeres. Las trabajadoras transmiten de forma permanente que no hay alguien que las cuide desde lo emocional, los psíquico o de otras enfermedades vinculadas a la actividad que realizan como el alcoholismo, el cual es muy común como consecuencia de trabajo en whiskerías».

De acuerdo a lo expuesto en el informe del diagnóstico, «la actual estructura de atención médica a las trabajadoras sexuales, por medio de la policlínica de profilaxis, institucionaliza el modelo de atención fragmentada y discriminatoria al no priorizar que las mujeres que ejercen el trabajo sexual sean atendidas y acompañadas por un médico de referencia».

 

Hay esperanzas

Luego de analizar los resultados, el diagnostico recomienda algunas acciones orientadas a mejorar la situación de las mujeres que ejercen el trabajo sexual. En tal sentido, sugieren que las políticas públicas deben «instrumentar acciones tendientes a un cambio cultural hacia la no estigmatización de las trabajadoras sexuales».

Por otro lado, deben «aportar a la autonomía física de las mujeres mediante la atención integral de la salud de las mujeres», así como «asegurar la prevención y atención de vivencias de violencia fundamentalmente vinculadas al trabajo sexual».

También enfatizan en aspectos como fortalecer la autonomía económica de las mujeres que se sustentan con el trabajo sexual y promover su activa participación social. Asimismo, entienden necesario generar acciones recomendadas en contra de la violencia sexual de las trabajadoras.

Con respecto a las expectativas sobre un cambio  en las condiciones del trabajo sexual y también sobre la mirada de esta actividad, la trabajadora sexual, activista y colaboradora del informe, Karina Núñez, declaró a Caras y Caretas que desde el gobierno departamental, la directora en Asesoría para la Igualdad de Género, Solana Quesada, les aseguró que los insumos generados serían consultados para la elaboración de las políticas públicas futuras, como la ampliación de las policlínicas donde las trabajadoras sexuales se controlan su salud.

Núñez también valoró el diagnóstico realizado sobre trabajo sexual y destacó que desde los cuestionarios y entrevistas se abordaron temas que trascienden los específicamente sanitaristas. «Eso ayudó a ampliar la perspectiva y poner en contexto a las trabajadoras sexuales también como cuidadoras y jefas de hogar».

Por su parte, Florencia Buslón, colaboradora del equipo de investigación, se identificó como extrabajadora sexual y contó que actualmente estudia magisterio. «Por suerte pude salir del círculo del trabajo sexual y tener la oportunidad de involucrarme en el tema; era un debe».

Con respecto a la importancia de que se investigue sobre trabajo sexual, opinó que «sirve para desmitificar todo lo que se dice sobre la situación de prostitución en la que están muchas mujeres y que la mayoría de las veces no son reales». «Este diagnóstico denuncia muchas cosas y pone en palabras la realidad: quiénes son las trabajadoras sexuales, de dónde vienen, por qué trabajan en eso, qué violencias sufren. Las trabajadoras sexuales ante todo son mujeres, madres, ciudadanas, novias, tías, sobrinas y cumplen un montón de roles en la sociedad, pero que se ven condicionados por la estigmatización que existe en torno a la prostitución», expresó.

Buslón se mostró esperanzada en que a partir del diagnóstico se logre repensar y dignificar el trabajo sexual, que cambien los mecanismos de atención en salud, que existan alternativas de capacitación y opciones laborales, sobre todo para las trabajadoras pobres. «Sé que todo eso es complicado con la pandemia y con un gobierno neoliberal, pero la mujeres necesitamos políticas a largo plazo. El ser humano es el único animal que puede comprender y transformar su realidad. Por eso es necesario darle autonomía y herramientas a las mujeres para que puedan cambiar su vida».

 

El mismo cuerpo: trabajo sexual y derechos postergados en Uruguay

Las historias personales detrás de la lucha de las trabajadoras sexuales por sus derechos y la regulación de su actividad con un enfoque de derechos humanos.

 

Escribe Verónica Pellejero en Reportaje

7 de noviembre de 2020

https://ladiaria.com.uy/lento/articulo/2020/11/el-mismo-cuerpo-trabajo-sexual-y-derechos-postergados/

 

Foto: Alessandro Maradei

 

En Uruguay la prostitución es legal desde 2002. Si bien la Ley 17.515 significó una conquista y un avance para las trabajadoras sexuales organizadas, hoy ellas quieren ir más allá y que se aborde su ocupación de forma integral en clave de derechos humanos. Muchas son madres, jefas de hogar con niños y otras personas a cargo, tienen problemas con la Policía, y reclaman que se considere su salud y que no sólo se las observe como un cuerpo potencialmente portador y transmisor de enfermedades venéreas.

Su ocupación es precaria y mayoritariamente no gozan de derechos laborales ni seguridad social. En Uruguay no hay datos certeros de cuántas mujeres ejercen la prostitución. Es un trabajo que todavía se desarrolla de forma irregular. Sólo una ínfima minoría cuenta con el Carné de Trabajo Sexual que expide la Policía Científica, en tanto que el verdadero documento que las habilita para trabajar en locales es la Libreta de Profilaxis Venérea que expide el Ministerio de Salud Pública (MSP).

En estas mujeres conviven historias de abuso y de maternidades duras y en soledad, pero también de lucha, sublevación y superación. Sus hijos son su motor. Coexisten en la sociedad de forma ambigua como madres de día y prostitutas de noche, así se autoperciben. La mayoría se prostituye por necesidad, pero también por tener una familia que mantener, para complementar otros ingresos, porque “nadie nos da nada”, porque “nadie pregunta” si sus hijos comen.

El trabajo sexual es uno de los rubros que presentan mayor inestabilidad laboral. Las mujeres son jornaleras, y dependen de la época del año y del mes para obtener ingresos. “Acá hay momentos del año en que hacés diez palos en una noche —en diciembre, por ejemplo—, y otros en los que estás todo el día y te vas con las manos vacías”, señalaba C, quien se desempeña como trabajadora sexual en una whiskería.

Antes de la Ley 17.515, promulgada en 2002, el trabajo sexual no estaba regulado. El proxenetismo era considerado un delito y las prostitutas, perseguidas por la Policía. Recién en 2010, mediante el Decreto 21-29/2010, tuvieron la posibilidad de aportar al Banco de Previsión Social (BPS) como unipersonales o monotributistas, aunque existen normativas al respecto desde 1995.

A pesar de que la ley significó un avance importante en su momento, porque dejaba de criminalizar y regulaba la actividad, hoy presenta grandes dificultades. Incluso motivó hace tres años una campaña de recolección de firmas para modificar su contenido en varios aspectos. Una de las modificaciones que impulsan las mujeres nucleadas en la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras) es pasar a ser reguladas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en vez de por el Ministerio del Interior (MI) y el MSP. La Ley 17.515 creó un Registro Nacional de Trabajo Sexual, que depende de la Dirección Nacional de Policía Científica en Montevideo y de las jefaturas departamentales de la Policía en el interior del país. Allí se expide el Carné de Trabajador Sexual. Para tramitarlo es necesario llevar la cédula, una foto carné y la Libreta de Profilaxis Venérea. Un dato no menor es que tiene un costo de 1.200 pesos.

En 2018 en Uruguay existían 12.358 trabajadores sexuales, de los cuales 11.559 eran mujeres, según el Registro Nacional de Trabajo Sexual. Sin embargo el registro está desactualizado, aseguró Pablo Díaz, que trabaja en esa tarea y participó en el “Seminario de trabajo sexual” que organizó Otras en la sede del PIT-CNT. Allí señaló que en 2019 sólo se expidieron cinco carnés en Montevideo. Mientras daba esta información, las trabajadoras sexuales que se encontraban sentadas de forma dispersa en el salón de actos de la central sindical empezaron a cuestionarse cuál era el “bendito carné”, si ellas tenían la libreta, si sería otro o no. En ese momento se levantó una trabajadora con el carné en la mano: “¡Yo lo tengo, miren, miren!”. Y de esta forma el carné comenzó a circular entre las mujeres, que lo observaban entre risas y curiosidad. Sólo ella lo tenía. Las demás sólo contaban con la Libreta de Profilaxis Venérea que expide el MSP. Los datos respaldan en cierta medida esta situación: mientras que sólo se expidieron cinco carnés del Registro Nacional de Trabajo Sexual el año pasado, en el mismo período el MSP expidió 720 libretas, dijo Díaz.

Las razones que explican esta situación son varias. En primer lugar, señaló Díaz, el carné tiene un costo que muchas mujeres no pueden pagar, debido a que se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica. En segundo lugar, ir a la Policía a registrarse como trabajadora es una situación “humillante y estigmatizadora”. Todas las trabajadoras que participaron en el seminario coincidieron en que se sienten discriminadas y maltratadas por la Policía. También comentaron que tuvieron la experiencia común, en sus diferentes departamentos, de que policías les pidieran la Libreta de Profilaxis Venérea para firmarla, aunque no deben hacerlo. Por último, para trabajar en las whiskerías exigen esa libreta, no el carné.

A su vez, su relación con los servicios de salud no es particularmente buena. Respecto del protocolo “Pautas para la atención integral para personas que ejercen el trabajo sexual”, elaborado por el MSP, representantes de Otras y especialistas reconocieron en el seminario la existencia de “obstáculos” para que las trabajadoras sexuales reciban una adecuada atención sanitaria y afirmaron que son discriminadas. Señalaron como problemas “la resistencia cultural” y la existencia de una serie de “desigualdades de género, etnia, edad, nivel socioeconómico, entre otras”, así como la mercantilización de la sexualidad, que se sostiene sobre la base de relaciones de poder. Insistieron en la necesidad de ofrecer una atención integral en los servicios de salud en clave de derechos humanos.

En este sentido, el Registro Nacional de Trabajo Sexual es impreciso y está desactualizado, y las trabajadoras que aportan como monotributistas o unipersonales no son la mayoría. Quizás el registro más fiel sea el del MSP, que expide la Libreta de Profilaxis Venérea, una especie de documento de identidad en los locales donde se ejerce el trabajo sexual. De todas formas, quedan excluidas las mujeres que trabajan informalmente en la calle, que pueden no figurar en ninguno de los tres registros institucionales.

En la primera visita a La Clínica, un burdel de la zona de Parque Rodó, la dueña me mostró entusiasmada un bibliorato mediano en el que están todas las fotocopias de las libretas profilácticas de cada una de las trabajadoras. “Me gusta tener todo al día, todo en regla. Ellas saben que acá hacen sólo lo que quieren y que si un día se les enferma un hijo, avisando con tiempo nos revolvemos”, decía. Pasaba las páginas y me mostraba, aunque no se lo hubiera pedido.

La flexibilidad de La Clínica no se encuentra en la mayoría de los recintos de prostitución, de acuerdo con varias trabajadoras sexuales del lugar que han pasado por otros locales. En algunos lugares no se pueden negar a “ocuparse” de un cliente que las solicite y se les cobra el uso de la pieza y de las toallas, así como el papel higiénico e incluso el agua caliente para lavarse.

La disyuntiva entre trabajar en la calle o en una whiskería siempre está presente. Algunas creen que en la calle tienen mayor autonomía: son sus propias jefas, porque eligen los horarios, los días que trabajan y, lo más importante, ponen el precio y reciben la totalidad del pago. Sin embargo, otras destacan que la calle, si bien tiene esas ventajas, es un espacio hostil, peligroso y de una gran exposición social. La whiskería ofrece la contención de un recinto cerrado, más cuidado y protegido. En la calle, en cambio, padecen violencia física, amenazas con armas de fuego y la negativa a pagar de algunos clientes luego de terminado el servicio. También hablan del frío del invierno, los resfriados y el hostigamiento de la Policía.

Díaz dijo que las trabajadoras sexuales “han sido perseguidas durante muchos años y sufrido extorsión y violencia”. Reivindicó la Ley 17.515, porque “antes de 2002 era delito ejercer la prostitución, y hoy es un trabajo”. Sin embargo, valoró que actualmente el registro es “una sección dentro de otra sección que está olvidada; es todo un mamarracho”, y dijo que “el MSP, el MTSS y el MI deberían estar en contacto entre sí, pero no sucede”. Existen dos maneras de recibir el alta en el registro: voluntaria o de oficio, “cuando llega el contralor social”. “Si esto fuera serio, debería haber un departamento mínimo con diez personas, pero hoy somos dos y no estamos exclusivamente dedicados a esto”.

La luna brillante y el pavimento frío

Andrea vive en La Paz, Canelones. Tiene 41 años y una beba de siete meses. Durante los primeros meses de gestación no supo de su embarazo, por lo que continuó con su labor de trabajadora sexual. Cuando era joven tomaba mucho alcohol y se drogaba, y por eso había resuelto no gestar. Cuando se enteró de que iba a ser mamá decidió trabajar unos meses más; sin embargo, se empezó a sentir mal: “Siempre tenía miedo de que me pegaran en la panza. Los hombres a veces son muy brutos y no entienden que les digamos que estamos embarazadas, que nos traten despacio; algunos se enojan y nos dicen cualquier cosa. Yo una vez, después de parir, le tuve que decir a uno que parara que me dolía y me recontra puteó”.

Sus familiares la “bancaron” cuando les planteó que no quería trabajar mientras estuviera embarazada. “Tengo una hermana trans que me ayudó mucho, me hacía surtidos. No me sobró, pero estaba tan feliz de poder llevar mi embarazo tranquila que no me importó. Podía ir a los controles, descansar. En mi familia no nos juzgamos, mi hermana es trans, tiene una pareja y la queremos así como es. Yo fui prostituta toda la vida. Siempre nos apoyamos los unos a los otros”.

Después de su embarazo, le dolía mantener relaciones sexuales con los clientes debido a que no se lubricaba bien, pero fundamentalmente por la episiotomía. Sin embargo, cree que fue una “privilegiada”: “Yo tuve una familia que me apoyó como pudo, pero la mayoría de mis compañeras trabajadoras sexuales están completamente solas”. Ocurre que, a raíz de su ocupación, muchas trabajadoras sexuales rompen el vínculo familiar, lo que se agrega a la notoria carencia de derechos laborales. Eso implica que “cuando quedan embarazadas no tienen los mismos derechos que cualquier trabajadora, no cuentan con licencia maternal, medio horario por lactancia. Algunas apenas paren ya tienen que salir a trabajar para mantener al bebé porque no cuentan con ningún apoyo”.

Prostíbulo La Clínica. Karina Núñez con una factura.
Foto: Alessandro Maradei

Andrea sostiene que no es lo mismo trabajar en la calle que en una whiskería. Cuando se reintegró a su actividad, luego de ser mamá y “de que pasara la cuarentena, se secaran y cayeran los puntos”, lo hizo en una whiskería. Luego retornó a la calle, porque así lo prefiere. Sin embargo, reconoció que “en invierno la intemperie es bravísima. Es mucho el frío en la ruta, las gripes que te agarrás”.

Tramitó la tarjeta del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), pero no se la dieron. Del Estado sólo recibió la prenatal y el kit para bebés “Uruguay crece contigo”.

Actualmente Andrea sale a trabajar un rato, nada más. Su hermana cuida a su hija mientras ella sale a la ruta más o menos dos horas y regresa. Arriba brilla la luna de julio y debajo el frío del pavimento congela: “Con este frío trato de no salir mucho”, dijo. Agregó que luego del parto pasó nueve meses sin menstruar, y estos días volvió su período y no puede trabajar. Mientras espera, se arregla como puede.

Dos propuestas de regulación

Se han propuesto varias modificaciones a la Ley 17.515, pero sólo se concretó una: el Decreto 21-29/2010, relativo al monotributo. Dos intentos de introducir modificaciones a la ley promulgada en 2002 se desarrollaron paralelamente sin pasar de ser borradores. Por un lado, la Comisión Honoraria de Protección al Trabajo Sexual, que está compuesta por integrantes del MSP, del MI, del Congreso de Intendentes y del PIT-CNT, elaboró un inicio de proyecto de ley, y por otro, la organización civil de trabajadoras sexuales Otras intentó plasmar en un documento sus impresiones, pero sin lenguaje jurídico.

Carlos Cordero, enviado del PIT-CNT a la comisión en el período de gobierno anterior, explicó que en ese ámbito se propusieron darle legalmente al trabajo sexual “carácter de trabajo, para brindarle toda la protección social que debería tener cualquier trabajador, cualquiera sea su profesión”. Entre los aspectos positivos del borrador, destacó que “engloba a las trabajadoras sexuales independientes, a aquellas que trabajan en casas de masajes, whiskerías”, y que “también buscaba impedir la explotación y el tráfico sexual”. “La ley era muy buena por la amplitud de voces que incluía”, opinó, pero llegar a una definición “se hacía difícil, por la cantidad de organizaciones que había y la multiplicidad de opiniones sobre el tema”. El PIT-CNT, según dijo, les pidió a las trabajadoras sexuales trans que se unieran. Cordero lamentó que se haya disuelto la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (Amepu), que llegó a integrar la mesa representativa del PIT-CNT. La central sindical uruguaya, según él, es la única que tuvo trabajadoras sexuales en su órgano de dirección. Pero hoy, agregó, “no hay sindicato”.

El borrador, al que accedimos, modifica en primer lugar la forma de retribución, dejando en claro que esta debe ser “exclusivamente en dinero”, en tanto que la ley vigente dice que también puede ser en “especies”. Pero el cambio más importante es que “el cumplimiento de las normas laborales y el control de las condiciones de trabajo en los lugares donde se ejerce el trabajo sexual” pasarían a estar a cargo del MTSS. La ley actual no incluye a ese ministerio, sino que comprende al MSP y al MI, con un gran protagonismo de este último.

Con este proyecto, la Comisión Honoraria de Protección al Trabajo Sexual sería presidida por el MTSS y no por el MSP, y sumaría representantes del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y del Mides. Además, el proyecto identifica al Poder Ejecutivo como responsable de brindar los servicios administrativos para que la comisión pueda cumplir sus objetivos. También se propone la descentralización a través de la creación de una Comisión Honoraria de Protección al Trabajo Sexual en cada departamento. A su vez, la iniciativa introduce modificaciones en el Carné de Salud de Trabajo Sexual, quitando los incisos E y F, que exigen número de registro y carné de salud habilitante; quita de la órbita del MI la expedición del carné; borra el Registro Nacional de Trabajo Sexual y todo pasa a la órbita del MSP. Asimismo, determina que el documento no es válido por tres años, sino por dos.

Los artículos 9 y 10 de la Ley 17.515, que plantean competencias institucionales y acciones punitivas para las trabajadoras sexuales en determinadas circunstancias, son modificados totalmente. Se destaca el artículo 10, que frente a todas las disposiciones punitivas que fija actualmente la ley, en las modificaciones indica: “Bajo ninguna circunstancia el Carné de Salud del Trabajo Sexual podrá ser retirado por la autoridad pública ni por terceras personas”. El borrador desarrollado por la Comisión Honoraria de Protección al Trabajo Sexual reafirma en el artículo 14 que será el MSP el encargado de expedir de forma gratuita el carné.

Por otra parte, fija la competencia de la habilitación de las whiskerías en el MSP y el MTSS, y desplaza así a las jefaturas de Policía. Luego, en un capítulo llamado “Del trabajo sexual dependiente en establecimientos”, abre la posibilidad de que las trabajadoras sexuales realicen su trabajo percibiendo un salario y con “todos los derechos inherentes a un trabajador”, como “salarios mínimos, licencia, salario vacacional, aguinaldo, horas extras, seguro de accidentes de trabajo, por enfermedad, y licencia maternal”.

Karina Núñez.
Foto: Alessandro Maradei

Se presume que las trabajadoras sexuales ejercen un trabajo “subordinado” cuando perciben un salario de un tercero o este es el dueño del establecimiento. Este es uno de los articulados que generan mayor controversia, porque para Otras este borrador “regula y legaliza el proxenetismo”. El proyecto de ley señala como proxenetismo el “cobro de sumas excesivas por parte del dueño del establecimiento”. Por otra parte, en el capítulo VI se habilita el trabajo independiente, para el que se establece la inscripción obligatoria en el BPS.

De acuerdo con Andrea Tuana, de la organización civil El Paso, que ayudó a traducir al lenguaje jurídico algunas de las reivindicaciones de las trabajadoras sexuales, este otro proyecto, el de Otras, “quedó trunco” pero existe la intención de retomarlo. Las modificaciones, según explicó Tuana, apuntan a que la norma tenga como centro los derechos humanos de las trabajadoras. Esta ley “contrasta” con la que desarrolló la Comisión Honoraria de Protección al Trabajo Sexual, que realizó un proyecto “paralelo” al de Otras, dijo.

Señaló que en el proyecto de la comisión, en un “afán de fortalecer los derechos”, se incluyó licencias, salario vacacional, licencia maternal. Establecía que los dueños de las whiskerías “fueran los patrones, y existe una oposición a esto de parte de las trabajadoras sexuales, porque si los patrones las contratan sería legalizar el proxenetismo”, dijo Tuana. El proyecto de ley de Otras, en cambio, “busca regularizar la situación, pero que sean ellas mismas las que realizan los aportes”, señaló. Agregó que la ley actual es extremadamente “sanitarista”, y que la reivindicación de Otras es que no “se mida únicamente en la salud sexual y reproductiva de las trabajadoras el punto de las enfermedades de salud sexual”.

El borrador de Otras, al que también accedimos, define el concepto de trabajo sexual y sus implicancias, y plantea la creación del Registro Nacional de Emprendimientos Ligados al Trabajo Sexual de Uruguay. Dicha institución estaría compuesta por los mismos integrantes que plantea el proyecto de la Comisión Honoraria de Protección al Trabajo Sexual, más el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio de Educación y Cultura, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, el PIT-CNT, InMujeres y la Defensoría de Vecinos y Vecinas. El organismo llevaría adelante el registro de las personas o los emprendimientos que brinden servicios sexuales o se relacionen con estos. Además, realizaría una entrevista con cada persona que se registre, con el objetivo de informarla sobre sus derechos.

Propone que el trabajo sexual no esté sometido a ningún control sanitario especial distinto de los que se aplican a todos los trabajadores. También estipula la cobertura de “salud mental de calidad” para todas las trabajadoras sexuales, y el asesoramiento y el apoyo “para asegurar la posibilidad de desarrollo de trayectorias vitales fuera del trabajo sexual, mediante un soporte integral en el desarrollo de un nuevo proyecto de vida”.

Piel curtida, corazones rotos

A Cintia le hubiera gustado estar más presente para sus hijos, ya que al primero tuvo que dejarlo en varias oportunidades con una cuidadora, durante largos períodos, mientras vivía en Minas de Corrales, en el departamento de Rivera. Años antes, cuando tenía 16, había empezado a prostituirse en la Plaza Internacional que comparten Santana do Livramento y la ciudad de Rivera.

Nos sentamos en un rincón en el bullicioso “Seminario de trabajo sexual” que se desarrollaba en la sede del PIT-CNT. Cintia es una mujer delgada, con acento brasileño y el cabello teñido de rubio y ondulado. Trabajó durante muchos años con Karina Núñez en una whiskería de San Gregorio de Polanco. Tuvo una hija con el dueño del lugar, pero lo dejó porque era violento. La golpeaba tan fuerte que pensó varias veces que no sobreviviría, que iba a matarla. “O me quedo y me mata o me voy y sobrevivo”, pensó, y ese impulso la llevó a abandonar a ese hombre, con el cual de todas formas mantiene una relación por el hijo que tienen en común y quien “a veces ayuda con algo”. Esto para una trabajadora sexual ya es bastante; como muchas mujeres que comparten su oficio, Cintia se ha acostumbrado a no esperar nada de nadie. “Terminamos cantidad de veces en la comisaría, me golpeaba hasta dejarme como un bicho; a veces pienso que no sé cómo sobreviví”, dijo.

Al padre de su tercer hijo lo conoció en la whiskería donde trabajaba en Rivera, pero también resultó ser un hombre violento. “No he tenido suerte con los hombres”, concluyó y suspiró resignada. “No quiero saber nada más con ellos, prefiero estar sola que mal acompañada; ahora me dedico a cuidar a mis hijos”, afirmó. Le quedan dos: al mayor lo asesinaron en 2014 en San Pablo. “Yo creo que tenía deudas de droga o que lo mataron los milicos”, conjetura. “Me dejó una nieta bebita: Julia, apodada Xuxú. No la conozco todavía, pero la veo en fotos”, contó. Al preguntarle si iría a conocerla respondió con contundencia: “Por supuesto, es lo único que me quedó de él”.

Marisol habla rápido, como si hubiera contado muchas veces lo mismo. Es bajita, morocha y corpulenta. Desde niña tiene una vida difícil, su padre golpeaba a su madre y su hermana mató a un hombre dentro de su casa. Esos dos acontecimientos marcaron su vida, pero más aún el haber sido violada a los 11 años, y que su madre no le creyera y la echara de su casa “por puta”. Se la “entregó” a su padre para que se hiciera cargo.

Marisol dice que siempre le pedía a su mamá que la acompañara a la escuela, pero ella no quería. Un día, cuando regresaba de estudiar la agarraron por atrás y se la llevaron tres hombres; eso es lo único que recuerda. Volvió a su hogar un día y medio después y se encontró con la furia y las acusaciones de su madre. Su padre la llevó a la fiscalía, donde el examen forense determinó que había sido violada.

Luego empezó a trabajar en la vía pública como prostituta siendo una niña de 12 o 13 años, “por necesidad”. Ya a los 14 había parido a su primer hijo. “Estaba de menos, pero seguí para adelante, seguí trabajando en la noche. Me maltrataron, me agredieron y me violentaron mucho”. A los 16 tuvo a su segundo hijo, su padre fue asesinado y ella quedó sola. Se acostumbró a tres cosas que asumió con absoluta claridad: la abrumadora soledad, la adolescencia perdida y la realidad de “la noche” como su único sustento económico. Al alcanzar la mayoría de edad ya era madre de tres hijos.

Un ruido similar a una alarma de celular sonó de repente. Era la tobillera, que debía recargar rápidamente porque se estaba por apagar, así que la enchufó con un transformador. Tiene medidas restrictivas contra su ex pareja. Él la golpeaba y la maltrataba, hasta que un día se cansó y lo agredió, contó. “Le desfiguré la cara y le partí la cabeza a golpes”, dijo. “Igual estoy orgullosa de mi fortaleza, porque me defendí de él, enfrenté lo que tenía que enfrentar”, concluyó. Él ya la había tratado de matar dos veces. “Hay muchos hombres que han matado a las parejas en la casa con sus hijos adelante y no les importa, las asesinan con los hijos mirando; yo miro por mis hijos, por eso me defendí, saqué la fuerza de donde no la tenía para hacerlo”.

Sus hijos viven, desde hace años, en el INAU. El Estado se los quitó porque ya no podía mantenerlos, y hasta que no “salgan las viviendas” de la cooperativa en la que está no podrá volver a estar con ellos. Ella los visita y aseguró que están bien y que entienden la situación. “La más grande ya me pidió que no vuelva más con mi pareja”, contó. Marisol hoy forma parte de Otras y lucha junto a sus compañeras para sacar a otras mujeres de la prostitución y para regular las condiciones de las que trabajan actualmente.

Atención en salud

El protocolo del MSP es el trabajo más completo, reciente e inclusivo —tanto por quienes participaron en su redacción como por abordar el problema desde una perspectiva de género— que se elaboró desde la aprobación de la ley en 2002. Si bien pretende ser un protocolo, delimita y define el trabajo sexual. Desde una perspectiva interseccional, plantea que en los cuerpos de las trabajadoras sexuales conviven diferentes características identitarias, como “la edad, características sexuales, identidad de género, etnia, orientación sexual, situación socioeconómica, lugar de residencia, condición de migrante, estado serológico de VIH, entre otras”.

También afirma que con frecuencia las trabajadoras sexuales son personas que provienen de “segmentos sociales de gran exclusión”, y que han tenido sus primeras experiencias sexuales a temprana edad y en muchas oportunidades de forma traumática. El trabajo apunta a que estas características de vulnerabilidad aumentan la exposición a situaciones de violencia y el consumo de sustancias adictivas. Es común, por ejemplo, que en las whiskerías los dueños hagan que las trabajadoras sexuales pidan a los clientes que las inviten a tomar “una copa” para mayor gasto en el local, lo que les genera a ellas problemas de alcoholismo. Eso mismo ya fue señalado por Yvette Trochón en su trabajo sobre la prostitución, cuando se refería a que las trabajadoras sexuales “coperas” tienen un “hígado de hierro”. Otros problemas que enfrentan son la falta de documentación, el riesgo de la trata y la explotación sexual en las fronteras, que en última instancia ponen en peligro sus propias vidas.

El gobierno anterior se propuso abordar el reclamo de Otras acerca de la necesidad de evitar que se asocie a las trabajadoras sexuales exclusivamente con infecciones de transmisión sexual. El protocolo recomienda que el seguimiento de las trabajadoras sea realizado por un médico de referencia, preferentemente de medicina familiar y comunitaria, en coordinación con un equipo interdisciplinario que deberá estar integrado por un trabajador social y por personal de enfermería. Fija además la entrega de 144 preservativos por mes, aunque las trabajadoras sexuales pueden solicitar más y el servicio de salud debe entregarlos. Varias trabajadoras sexuales presentes en el seminario organizado por Otras señalaron que las policlínicas de la Administración de los Servicios de Salud del Estado no cumplen con ese requisito. Generalmente “dicen que no tienen”, aseguró una de las participantes en acuerdo con las demás, que han tenido la misma experiencia en el interior del país.

Myriam Olivera, obstetra-partera de Trinidad, Flores, asistió al seminario con las trabajadoras sexuales en la sede del PIT-CNT. Allí contó, en nombre del equipo de trabajo de la policlínica de medicina familiar y comunitaria en que se desempeña, los avances que han tenido en la promoción de una salud integral desde hace un lustro. Olivera mostró en su laptop la fotografía de una mujer acostada en una camilla de la policlínica amamantando. “Muchas veces las trabajadoras sexuales vienen con sus hijos pequeños y dan teta en la consulta, porque es el único espacio en que tienen tranquilidad para estar con sus bebés”, dijo.

Olivera contó que personas afines al “cambio de modelo de salud” se juntaron y comenzaron a brindar una atención integral, y así resolvieron integrar a las trabajadoras sexuales y al colectivo de diversidad sexual, grupos que “han sido vulneradísimos”. Se integraron en la capilla de una iglesia y después se expandieron, porque tuvieron un aumento exponencial de usuarios.

Hoy atienden a una población de 121 trabajadoras sexuales, 36 más que el año anterior. De ellas, 87 usuarias han tenido más de tres controles en la policlínica, por lo que se las considera parte de la población “estable”. El año anterior habían sido 36, mientras que la “población flotante”, que ha tenido uno o dos controles, es de 34. Las usuarias viajan desde localidades distantes para atenderse en ese servicio; las hay de Paysandú, Salto y Tacuarembó. “En el contexto de la instalación de la planta de celulosa, nos estamos preparando para recibir a una mayor población, porque va a suceder, no hay otra”, señaló Olivera. Es común que en las grandes obras de la construcción haya un aumento de la prostitución.

La población que atienden tiene entre 18 y 55 años. De esas mujeres, 20 son del departamento y 67, de zonas de influencia. Una de las innovaciones que llevaron adelante es el PAP anal para las mujeres trans, que según Olivera “tiene el mismo nivel de prevención con respecto a las patologías que se pueden presentar que el PAP de cuello de útero”. La partera destacó que el ano es también un órgano sexual. Dijo que la razón de que haya tenido tanto éxito la forma de atención que brindan es que las usuarias vieron en su equipo “una apertura que no es común, aun en los sistemas de salud”, y señaló: “Tenemos que aceptar que tenemos graves falencias con respecto al tratamiento de los derechos de las personas”.

Ella y su equipo se acercaron a los barrios, con la concepción de que la salud debe llegar a las personas y no al revés. “Dicen que somos modelo. En realidad, somos un servicio de salud prestado como se debe”, afirmó Olivera, y contó orgullosa que en la policlínica tienen una bandera de la diversidad colgada en la ventana. “Fuimos tan osados que la colgamos en la capillita, pero fue retirada”.

Ahora, Otras

La organización de las trabajadoras sexuales en espacios de contención donde puedan reclamar y luchar por sus derechos ha sido dificultosa y muchas veces inconstante. La Amepu fue una organización sindical de trabajadoras sexuales que se formó a la salida de la dictadura, en 1986. Fue la fuerza principal que empujó la concreción de la Ley 17.515, que dejó de criminalizar la prostitución con el propósito de legalizar y regular el trabajo sexual. Pero en 2015 la asociación se desintegró, en medio de denuncias de corrupción a la presidenta y la vicepresidenta por la venta de terrenos para personas con VIH y de cajas de condones.

Hace poco más de dos años fue fundada Otras, que canaliza las demandas de las trabajadoras sexuales. Su presidenta, Karina Núñez, es quien lleva la batuta y se mueve por las demás, para organizar y para conectar con el mundo académico, que siempre “habla de ellas sin ellas”, sostiene.

Además de buscar las modificaciones que creen necesarias en la ley, a menudo desarrollan estrategias de solidaridad frente a problemas comunes. En medio de la crisis sanitaria por la pandemia de covid-19, les fue asignada una sala en el PIT-CNT donde despliegan la ayuda para los cientos de trabajadoras sexuales que se quedaron sin ningún tipo de ingreso de un día para el otro, la mayoría de ellas con hijos que mantener.

Tamara García, militante feminista y parte de la mesa representativa del PIT-CNT por la Comisión de Jóvenes, señala que Otras es una organización civil, no un sindicato, y que tiene un vínculo cercano con la central para reformar la ley. Conformar una organización sindical “es la idea para el futuro”, pero es “muy difícil” porque “las redes de trata y de prostitución son muy poderosas, y cuando se ha avanzado en la organización sindical se han recibido amenazas de muerte”. La presidenta de Otras señala que la organización sindical es compleja porque muchas veces “se busca el beneficio personal y cuando hay que estar para las otras nadie puede”.

La Clínica

Por fuera La Clínica parece una casa corriente, pero adentro, el tintineo de las campanillas encima de la puerta y una luz cansina sugieren casi inmediatamente que allí se ejerce la prostitución. Hay música a un volumen moderado, una barra y tres habitaciones con camas. La encargada es la primera en aparecer, apenas las campanas anuncian a un cliente. Mónica es una mujer servicial y amable, físicamente corpulenta y muy maquillada. Sus pequeños ojos están enmarcados por una fina línea de delineador a la altura de las cejas. Antes de ser encargada, también fue trabajadora sexual.

Fui conducida a la cocina. En la pared junto a la mesa había pintadas imágenes de Winnie the Pooh, Tiger, Mickey Mouse y otros personajes animados infantiles. El rincón de descanso se asemejaba a un puente que conectaba con la infancia y que contrastaba con la entrada y el lugar en general. Sentada en un banco largo de madera, mirando tele sin mirar, estaba medio desnuda Marilyn, una mujer con cara bonachona.

Marilyn es una joven migrante oriunda de República Dominicana. Además de trabajadora sexual, es empleada en una empresa de limpieza. También es madre de tres hijos. Llegó sola a Uruguay en 2013, dos meses después de parir al tercero. Los primeros meses fueron duros y angustiantes. “Fue espantoso para mí. Imagínate que me chorreaba la leche de los pechos, me dolían mucho, lloraba. Yo a veces digo que la leche se me mezclaba con las lágrimas. Lloré desde que me subí al avión hasta llegar, y los primeros días lloraba todo el día; extrañaba mucho a mis hijos y me sentía sola”, recordó. Llegó a Uruguay porque tenía muchas conocidas jóvenes que le aseguraron que aquí habían hallado trabajo, salud y educación gratuita y de calidad. Marilyn quería asegurarles a sus hijos y su mamá un futuro “sin necesidades”. Con estos objetivos en mente juntó coraje, dejó a sus hijos con su madre y se tomó un avión.

Cuando llegó a Uruguay creyó que iba a poder viajar, traer a toda su familia de allá y vivir cómodamente. Pero no fue así. Consiguió un trabajo en una empresa tercerizada de limpieza y con el dinero que ganaba apenas le daba para vivir. “Después de dos años no aguanté más y me fui a ver a mis hijos, al final gasté toda la plata que había ahorrado en volver a visitar a mi familia; no podía trabajar aquí, sola, para luego gastarme todo el dinero en una sola visita”, explicó.

Cuando regresó de República Dominicana lo hizo con una idea en mente: traer a sus hijos y a su madre a vivir con ella aquí costara lo que costara. Ya conocía a otras compatriotas que habían tenido que recurrir al trabajo sexual para complementar otros ingresos. “Conversé con una amiga y me trajo aquí [a La Clínica]. Me tratan súper bien y no hago nada que no quiera. Con los dos trabajos logré traer a mi familia, y la semana pasada me mudé a una casa con tres habitaciones. Mis hijos van a la escuela y van a tener un futuro mejor que el mío”, dijo Marilyn con una sonrisa de labios apretados bajando un poco la cabeza para disimular su felicidad. “Mis hijos son mi vida, lo que me impulsa a seguir adelante”, confesó.

Sin embargo, su familia no sabe de su segundo trabajo, que es un secreto. “Yo creo que en el fondo mi madre lo sospecha y calla, tan tonta no es. Mis hijos no lo saben, pero una vez mi hija casi abre el bolso donde tenía mi ropa de trabajo. Creí que me daba un infarto”, recordó.

Suena la campanilla, hay un cliente en la puerta, las chicas se presentan y una es elegida. Como dirá después Mónica, “hay de todo en la prostitución”. Hay clientes frecuentes con servicios frecuentes, como un hombre que sólo va los domingos por “un oral” porque, presumen, a su esposa no le gusta hacérselo. Van muchachos del interior “que estudian y trabajan y no tienen tiempo para tener novia”, y otros “que vienen de a muchos a festejar acontecimientos importantes”. Todas estas cosas me las explicó Mónica mientras me servía un whisky y Marilyn “se ocupaba” de un cliente.

Llegó al local Claudia, una mujer joven y enérgica. Abrió su locker y se quejó de que no tenía condones para trabajar. Mónica le prestó. La ropa de trabajo de la trabajadora sexual es como un disfraz, o “como cualquier uniforme de trabajo”, dijo Claudia mientras se planchaba el pelo y se maquillaba en el baño. Marilyn volvió 15 minutos después. “¿Ya volviste?”, le pregunté; en mi imaginación un cliente pagaría por una hora de servicio, quizás media hora, pero ¿15 minutos? “Es el tiempo normal, ¡algunos demoran menos todavía, nena!”, señaló Mónica mientras las demás asentían.

Claudia tiene un hijo chico. Eligió el trabajo sexual para mantener “el nivel de vida que tenía”, ya que salió durante un tiempo con un jugador de fútbol, que es el padre de su hijo. Sin embargo, “él no me pasa un peso”, dijo. “Tengo que mantener a mi hijo y bancarme, y en esto se gana bien”, argumentó. Claudia contó que una vez, luego de un partido de fútbol del cuadro de su ex, todos los jugadores fueron a la whiskería donde ella trabajaba a festejar. Muchos ya la conocían y se sorprendieron al encontrarla allí. “Estoy acá porque el padre de mi hijo no me pasa la mensualidad y me gano la vida como puedo”, dijo que les contó. Aseguró que no tiene nada que esconder. Sus familiares saben de su trabajo y no le importa lo que piensen al respecto.

Ese día me fui de La Clínica con la promesa de volver en unos días. Regresé dos años después. No todos están preparados para ese choque con lo que no quiere ser visto ni espera ser contado, pero que secretamente se fomenta.


Oculto y a la vista

Entre leyes, proyectos, sindicatos desarmados y organizaciones que surgen y se pierden, el trabajo sexual se ubica entre lo indecible para una parte de la sociedad y sus trabajadoras, que buscan la reivindicación de sus derechos, vulnerados tanto como personas como desde el punto de vista laboral.

Es la discusión no saldada de los feminismos, de los gobiernos y de la sociedad. Y aun así, también, el permanente silencio, el estigma, la cotidianidad y el cliente que abre la puerta, suena la campanita y, en fila, se colocan las muchachas para que elija a quién quiere coger y cómo.

Entre “la naturaleza” que hace machos a los machos y putas a las putas. Entre quienes las ven como un cuerpo que si no es controlado sanitariamente puede esparcir su peste venérea por todas partes. Entre problemas de clase, género, trata, narcotráfico, pornografía, abuso y explotación de menores.

Unos creen que la prostitución debería prohibirse, abolirse o regularse. Para algunas es la peor miseria y para otras, el comercio del servicio sexual es empoderador y es también una decisión personal. Entre esas visiones se mueven un negocio que explota sexualmente a las mujeres y un Estado que debe regular una actividad compleja que muchas veces bordea lo criminal.

Silenciado, por omisión o intencionalmente, el tema parece incomodar o no merecer atención. Cada tanto una trabajadora sexual es noticia. Un femicidio, una trasgresión, un hijo muerto; casi nunca se habla de ellas en la prensa como grupo. Sólo como situaciones individuales que emergen cada tanto. La información que existe sobre las trabajadoras sexuales como grupo social es escasa e imprecisa.


De regreso

Cuando volví a La Clínica habían borrado las imágenes infantiles. Ahora había una musa sexual con los pechos libres parados y un cartel que decía “La Clínica”. Allí debía estar Katia, una mujer dominicana y analfabeta que tiene un hijo con discapacidad intelectual y problemas neurológicos, pero no fue a trabajar ese día porque estaba internada con su niño grave en el hospital Pereira Rossell.

En su lugar de trabajo estaban Caty y Valeria, sentadas en la cocina fumando. Caty es una veterana flaca con la voz ronca y el pelo teñido de amarillo. Ingresó al trabajo sexual la última vez que estuvo desempleada, hace ya cuatro años. “No se consigue trabajo después de los 40 sin estudios”, dijo. Decidió decirles a sus cuatro hijos más grandes de qué trabaja porque prefiere que se enteren por ella y no por personas que hayan visitado el local. Dijo que por el lugar pasa gente conocida de su barrio, que es el mismo que el de la encargada. De todas formas, no le importa que la juzguen: “Nadie me golpea la puerta para ofrecerme ayuda o un plato de comida. Los únicos que pueden juzgarme son mis hijos, y ellos no lo hacen porque saben que lo hago por la familia”, señaló.

Caty tiene seis hijos y una madre con Alzheimer a la que debe cuidar. Tuvo sus cuatro primeros hijos dentro del matrimonio, pero cuando decidió separarse, hace ya 20 años, él la dejó y no se hizo cargo de ellos. Lo mismo sucedió con los papás de los dos que nacieron después. “Imaginate si me puede llegar a importar que me juzguen. Tengo que llevar plata a mi casa sí o sí, no hay otra”, dijo Caty zarandeando un pucho.

Su hija de 20 años la ayuda con los hermanos pequeños, si no tendría que contratar a una cuidadora y no le daría el dinero. Además, si bien el trabajo es fijo, el sueldo no lo es. Hay días buenos, malos y peores, en los que debe irse a su casa con las manos vacías. Dice que no le gusta su trabajo, tener que, “de vieja, acostarme con cualquier tipo, negociar un precio”, pero sus hijos son su “todo”, su “motor”.

Valeria es una mujer alegre y simple, con el pelo negro largo y lacio recogido en una cola de caballo y un escote victoriano. Tiene cuatro hijos. Todos en su familia saben de qué trabaja y tampoco le importa lo que piensen. Su máxima (que repite como un mantra): “Nadie me da nada y yo no pido nada a nadie”. Si bien trabaja como prostituta desde los 19 años, ha tenido otros trabajos. Cuando queda desempleada, vuelve. “No me puedo quedar en mi casa tomando mate sabiendo que puedo hacer dinero. Antes de andar por ahí cogiendo con uno y cogiendo con otro gratuitamente, prefiero cobrarles, que los niños coman”.

“Este trabajo no es fácil, como piensa la gente; la plata es rápida, pero de fácil no tiene nada”, expresó Valeria. “Acá de repente viene un tipo y no te toca, pero te paga una hora para que lo escuches, para hacer de psicóloga. Prefiero que me toque y sacarlo rápido que estar una hora ahí adentro con el tipo comiéndote el cerebro”, dice. “Además, después hay otros que te dicen cosas que no te podés imaginar; te dan ganas de romperles la cabeza”, reconoció Caty. Valeria aseguró que a veces llegan “hombres fantaseando hasta con sus propias hijas”, que les dicen “hacete la nena”, y les cuentan por qué tienen esas fantasías.

Las trabajadoras sexuales insisten en separar su trabajo de su vida personal, como si se tratara de dos mujeres diferentes y antagónicas. “Si nos ves antes de llegar acá te querés morir, no nos reconocés”, dice Valeria. Para ella, llegar a la whiskería es como ir a una fábrica. “Vas al vestuario a cambiarte y te ponés el uniforme. En las fábricas de comida te ponés la cofia y un delantal, acá me produzco y me maquillo”, continúa. Aclara que en la calle no anda “maquillada ni ahí”, pero al llegar dijo: “Me voy a tratar de disfrazar lo más posible de mujer”. Se ríe. Sin saberlo, refuerza el estereotipo de que las mujeres que se maquillan y se “producen” son putas, mientras que las sobrias y sencillas son las madres, las mujeres buenas de hogar. No pueden ser esas dos mujeres a la vez: “Acá adentro somos prostitutas, afuera somos mujeres normales”, remató Caty.

Sin embargo las fronteras se desdibujan, no en relación con las expectativas personales, sino en lo que tiene que ver con los hombres. Caty asegura que la mujer de antes ya no es el ideal social. “Hoy ya no está la madre en la casa con los nenes y el papá laburando, la sociedad no la ve así a la mujer, es común encontrar muchas madres solas, Uruguay está lleno de madres solteras”, dijo. “Nosotras podemos hacer todo solas igual, aunque estemos hasta las cinco de la madrugada acá, no los necesitamos”, agregó.


Trabajo sexual y maternidad

Las trabajadoras sexuales revelan con sus palabras la importancia sustantiva que tienen los hijos y sus procesos de gestación y aborto en su experiencia vital. En algunos casos los hijos son la premisa que motiva la elección de la prostitución como un trabajo redituable para ejercer sus maternidades en soledad. Muchas veces mantienen, en soledad, a un núcleo familiar numeroso.

Algunas fueron violadas cuando eran niñas y tuvieron que enfrentar maternidades adolescentes prostituidas y solitarias. Otras fueron madres como consecuencia de su trabajo. El signo común es la marginalidad, el abandono y la vulnerabilidad de ejercer la maternidad en un oficio violento y expuesto, despreciado pero requerido, sin derechos laborales y bajo el estigma social.

Ocho trabajadoras sexuales consultadas señalaron el factor económico como elemento definitorio de la elección del trabajo sexual, y todas dijeron que mantener a sus hijos fue una de las razones. También, que si pudieran trabajar en otra cosa lo harían. Comenzaron en el trabajo sexual por “necesidad”, porque no conseguían trabajo y tenían que darles de comer a sus hijos, por “el dinero y el bienestar de la familia”.

¿Qué piensan sus hijos de su trabajo? “No están de acuerdo, no quieren que se sepa en mi localidad que soy trabajadora sexual”, contó una de ellas. “Piensan que soy una batalladora y que lo hago para que tengan un futuro mejor”, “que soy una luchadora”, dijeron otras.

Además, expresan una tensión en el vínculo entre ser madres y trabajadoras sexuales: “Siempre la luché por mis hijos para que salieran adelante; de día mamá y de noche tacones, minifalda y pintura”. “A pesar de ser trabajadora sexual podemos cumplir al pie de la letra con el rol de ser mamá, porque simplemente somos mamás, como la cocinera, la doctora, la maestra”. “Fue difícil, porque pasé muchas cosas y me privé muchas veces de estar con ellos para dejarlos con otras personas para darles sustento”. “A mí ser mamá y trabajadora no me afecta en mi relación con mis hijos, el amor es el mismo en la familia”. “Fue muy difícil porque los tenía que dejar con cuidadora cuando iba a trabajar a Buenos Aires. A mi hijo lo crio la abuela. Mi madre me cuestionaba, pero me apoyó siempre”.


Vivir sublevada

Karina Núñez atravesaba un tratamiento oncológico por cáncer de cuello de útero. Como es trabajadora sexual, estaba desempleada a causa de la enfermedad. Incluso así, insistió en pagar el desayuno que compartimos y no aceptó dinero por su libro El ser detrás de una vagina productiva. Karina es una mujer robusta y cálida, luce el cabello rubio oxigenado y dice muchas malas palabras sin ningún tipo de reparo. Nos acomodamos en una mesa de un McDonald’s y allí comenzó a contar su historia. Ella es conocida en Uruguay por luchar para sacar a las mujeres de la prostitución (en especial de las garras del proxenetismo) y por conquistar mayores niveles de organización y mejores condiciones laborales entre las trabajadoras sexuales cis y trans.

Nació en Young, Río Negro. A los 12 años obtuvo un regalo a cambio de su cuerpo, y recibió una paliza de su madre, quien no le creyó. A los 17 tuvo su primera penetración y recién a los 26 obtuvo la libreta de trabajadora sexual. Desde los 17 hasta los 26 no usó anticonceptivos, por lo que tuvo que practicarse múltiples abortos. “Yo tenía la ventaja de que le hacía los abortos a mi mamá, ya sabía cómo era”, explica. Dentro de su árbol genealógico hubo mujeres esclavas africanas, a las que adjudica el conocimiento “sobre cómo hacer para no tener hijos de los amos”, que pasó de generación en generación, dice.

Su padre sacó a su madre de las manos de un proxeneta, se casó con ella y la adoptó como hija. Karina siente una gran admiración por él y cree que no existen otros hombres así. Como era comunista, durante la dictadura cívico-militar fue preso político en el Penal de Libertad, y debido a que su madre había sido prostituta la familia de él “no la quiso”. De forma que la mamá de Karina comenzó a hacer “lo mismo que había hecho desde los nueve años hasta casarse con él”, quien, dentro de la cárcel, no lo sabía.

“Mi padre es un grande. Me dio los preceptos de lucha de clases que tengo, si no fuera por él yo sería una simple prostituta”, dijo. “Después de tomar conciencia ya no fui una puta normal, ya no serví para sumisa. Cuando vos te apropiás de tu dignidad y decidís dibujártela es el mayor acto político que podés hacer. Pero llegar a visibilizarte como persona… ese es el proceso difícil, porque por lo general las mujeres pobres estamos hechas para servir, no para sublevarnos”, afirma.

Karina tiene siete hijos. El más grande tiene 25 años y los más chicos, 15. Aunque reconoce que “criar gurises en el interior es más fácil”, compatibilizar su trabajo con la maternidad ha sido arduo. Todos sus embarazos los cursó como trabajadora sexual. “Embarazada fue cuando mejor trabajé, porque la temperatura corporal de la mujer aumenta, porque el morbo del varón se enerva más cuando estás embarazada. Además, tienen esa conducta paternalista de darte plata para los pañales, te dejan propina”. Estando embarazada de una de sus hijas, trabajó en la calle. Un día, cuando terminó de atender a un cliente en un camión se bajó del vehículo y rompió bolsa. “Arranqué para casa, apronté la mochila y me fui para el hospital que queda a una cuadra de mi casa”.

En otra oportunidad, se encontraba trabajando en un “quilombo” de San Gregorio de Polanco con sus dos hijos mellizos de tres meses. El lugar tenía una pieza adelante donde dormía con los bebés; había dos camas, una para ella y otra para sus hijos. “Un día estaba en la pieza de al lado atendiendo a un cliente y se largaron a llorar los dos niños. Entonces lo hago levantarse y le digo: ‘Están llorando los gurises’. Hice que se vistiera, fui con ellos, luego pasé y le dije: ‘Tomá, sujetalos que voy a prepararles la mema’. Dejé la puerta abierta y las compañeras pasaban y se mataban de la risa: él estaba así, con un bebé en cada brazo. Le tocó hacer de niñero-cliente. Traje la mema y yo le daba a uno y él a otro”.

Una de sus hijas durmió, hasta que cumplió un año, “en un cajón de bananas adaptado a una caja de galletas Famosa”. “La poníamos arriba de la mesa del comedor del quilombo y todas andábamos en la vuelta con ella”, recuerda. Sin embargo, no trabajó con sus hijos dentro de las whiskerías durante mucho tiempo, para no exponerlos. Entre las mujeres jóvenes le pagaban a la más vieja para que cuidara a los niños en la noche. “Era la forma que tenía de hacerme cargo y no cagarles la vida como me la cagaron a mí. No quería tenerlos a mi lado para que no normalizaran lo que yo normalicé y no se criaran en los espacios donde yo me crie”. Está orgullosa de que ninguna de sus hijas sea trabajadora sexual y de que una de ellas haya ganado las olimpíadas de física y química en el liceo. Será la primera mujer de su familia en estudiar en la universidad.

“Para la sociedad esta de mierda vos tenés que parir, criar de acuerdo a sus normas, y no podés salirte de ese molde. Yo asumí la maternidad y me hice cargo en la medida de mis posibilidades, con muchísima ayuda de parte de otras mujeres, para construir una nueva forma de ser mamá que no implicara tener que andar de tiro en la whiskería con los hijos”, sentencia Karina. Sus hijos nunca la vieron durmiendo con un hombre en su casa ni con un cliente, afirma; nunca los llevó a conocer a compañeras suyas de trabajo, y no permite que nadie hable de trabajo sexual en su casa.

Karina toma el celular y busca fotos de sus hijos. De a poco surgen historias dolorosas de su maternidad, como cuando tuvo que cambiar a su hija de escuela porque los compañeros la molestaban diciendo que su mamá era puta. También recordó que en uno de sus embarazos se cortó las venas. Buscaba suicidarse porque no quería volver a ser madre. Hoy ese hijo que esperaba padece consumo problemático de sustancias. Para Karina, está pagando las consecuencias de lo que ella sintió cuando estaba embarazada de él.

Su madre la echó de la casa por quedar embarazada de su tercer hijo, aunque Karina con su trabajo la mantenía a ella, a sus hijos y a sus hermanas, en total, un núcleo familiar de diez personas.

Una vez, se fue a trabajar todo un fin de semana con un objetivo en mente: comprarle una bicicleta a su hijo. Cuando se marchaba tuvo una pelea con su hermana y ella le gritó cosas horribles relativas a su oficio frente a su hijo. Cuando volvió, días después, con la bicicleta, su hijo de nueve años le contestó: “No me saludes porque a las putas no las quiere nadie, yo tampoco”. “Mi mundo se vino abajo, me dolía todo el cuerpo de la cantidad de servicios sexuales que había tenido que hacer para comprar esa maldita bicicleta, pensando que iba a poder ver la cara de felicidad de mi hijo… Yo nunca había podido tener una bicicleta, la única que tuve me la regaló mi papá a los 15 años y a los tres días me la vendió mamá para comprar vino”, recuerda.

“Yo creo que cada cual gestiona su dignidad como quiere, a mí me parece mucho más digno andar chupando pija que limpiándole la mugre a un rico”, sentencia. A los costados de la mesa del McDonald’s los comensales la escuchan callados, y se quedan más rato de la cuenta oyendo sus anécdotas de trabajadora sexual sin que ella lo note en absoluto. Saca una agenda del bolso y me muestra un poema que escribió:

Amo con la misma intensidad que lucho
Odio con la misma intensidad que estornudo
Recuerdo con la misma intensidad
que mis cicatrices se desvanecen.

 

PALABRA DE PUTA: Propuestas feministas contra el estigma y por unos derechos para todxs

Curso online

https://aula.fundaciondeloscomunes.net/curso/palabra-de-puta

Inscripción y matrícula aquí:

https://aula.fundaciondeloscomunes.net/como-matricularse#overlay-context=

Nadie puede construir un mundo mejor, más feminista, calificando como triviales las necesidades materiales actuales de las trabajadoras sexuales, su necesidad de ingresos, de garantías frente al desahucio, de seguridad ante las leyes de inmigración

El propósito de este curso sería rescatar la cuestión de la prostitución, y del trabajo sexual en general, de un debate de posiciones más o menos ideológicas y/o morales, para abordarlo como la realidad (laboral, vital, social) que es y que comparten muchas mujeres (cis y trans), así como un número creciente de hombres.

Desde un punto de vista feminista entendemos que lo fundamental es, siempre, luchar por mejorar las condiciones de vida de las mujeres en general, se dediquen a lo que se dediquen. También, por lo tanto, mejorar las condiciones de vida de aquellas personas que realizan servicios sexuales remunerados.

Pensamos, además, que no tiene sentido hablar de ningún ámbito de trabajo o de vida sin hacerlo con sus protagonistas, en este caso, las personas que viven del trabajo sexual. Por eso, en este curso, para repasar los diferentes modelos ideológicos; para entender y desmontar el estigma de la puta; para conocer los procesos de autoorganización en este sector; para analizar el cruce entre prostitución y regímenes de frontera; para ahondar en los dispositivos actuales que intentan combatir la trata, su eficacia y sus fallas; para analizar, por último, qué normas y ordenanzas contribuyen a dar más libertad, seguridad y capacidad de decidir a las mujeres que ejercen y cuáles hacen todo lo contrario, nuestras maestras serán, como no puede ser de otro modo, principalmente, las personas que más saben de esto: las putas.

De Martes, 13 Octubre, 2020 hasta Miércoles, 9 Diciembre, 2020

Metodología:

El Aula Virtual es una herramienta que busca producir inteligencia colectiva con la capacidad cooperativa de participantes y tutoras. Para ello, el curso utilizará las siguientes herramientas.

  1. Sesiones on line. En cada sesión habrá una conferencia-debate on line, con la participación de ponentes de diversos espacios que ilustrarán los contenidos del curso y situarán los debates centrales.
  2. Debates y encuentros on line. Haremos un par de encuentros on line. Uno al principio del curso para conocernos e intercambiar nuestras expectativas con el mismo; otro al final, para compartir las conclusiones de lo aprendido y debatir en torno a una pregunta relacionada con los contenidos compartidos
  3. Lecturas y material audiovisual. Se proporcionarán lecturas y materiales audiovisuales básicos para las discusiones, así como materiales complementarios para profundizar.
  4. Foros de discusión, reflexión y dudas. En cada sesión, se propondrán discusiones sobre las lecturas y vídeos, dinamizadas por la persona tutora del curso. Además, se podrán proponer subgrupos tematicos para quien quiera centrarse en cuestiones más específicas.
  5. Trabajo (opcional) de fin de curso. Proponemos la realización de un breve trabajo tutorizado de formato libre (individual o grupal, pequeño artículo estilo académico o periodístico, video-entrevista, audio, análisis de caso, post, propuesta de intervención, etc.). Estos trabajos serán difundidos, para quienes así lo deseen,  en las redes de Nociones Comunes y publicados en el blog del Aula Virtual, con el objetivo de que queden disponibles para el común.

Temática:

Private – accessible only to group members

Inscripción y matrícula, aquí

El curso dura 9 semanas. Abajo todos los detalles.

Tutorización y dinamización del curso

  • Kenia García Trabajadora sexual, integrante del Colectivo de Prostitutas de Sevilla y portavoz de la campaña Regularización Ya.

 

Perfil del participante del curso y otras informaciones

  • El curso se adaptará a diferentes perfiles de conocimiento y experiencia. Por lo general, se dirige a cualquier persona interesada en desarrollar herramientas de comprensión y/o intervención en el ámbito de los feminismos, la división sexual del trabajo, la precariedad laboral, el activismo social y político en derechos laborales, discriminaciones por extranjería, violencias machistas, etc. Más en general, el curso está pensado para estudiantes y activistas interesades y/o implicades en cuestiones de movimientos sociales, feminismo, sociología, historia, pensamiento crítico o intervención social.
  • El tiempo estimado de dedicación al curso es entre 4 horas/semana (menor disponibilidad) hasta las 8 horas/semana (mayor disponibilidad). El tiempo dedicado al trabajo final (opcional) dependerá de cada participante.
  • Al terminar el curso, se podrá obtener un Certificado de la Fundación de los Comunes (Curso de 50 horas) para quienes hayan tenido una participación activa.

Para cualquier duda, incidencia o sugerenciano dudes en contactarnos en aulavirtual@fundaciondeloscomunes.net o en el formulario de contacto de la web.

 

Programa detallado del curso

SESIÓN 1. El régimen jurídico de la prostitución. Diferentes modelos ideológicos

Introduce: Lucía Fernández (Trabajadora sexual y estudiante de derecho)

Horario de conferencia-debate: martes 20 de octubre, 19h – 20:30 (quien no pueda asistir en directo podrá verla en diferido).

Si pensamos en la violencia policial no solamente como una violencia estatal, sino también (con frecuencia) como una violencia del hombre contra las mujeres, la penalización de la prostitución se ve iluminada de una forma novedosa: como un impulso clave de la violencia masculina hacia las mujeres

En esta sesión se analizarán, en un primer momento, los diferentes modelos ideológicos -prohibicionismo, abolicionismo, modelo legalizador, reglamentista y despenalizador-, para aterrizar, después, en el marco jurídico de la prostitución en España. Nuestro enfoque será siempre el de los derechos: la prioridad de los derechos humanos para todas las personas y el acceso a las condiciones materiales y subjetivas que hacen posible proyectos de vida dignos. Y las preguntas que querríamos compartir en el debate serían, entre otras: ¿qué marco jurídico garantizaría un mayor acceso a derechos laborales, de renta o de acceso a la salud? ¿Cuál aseguraría más eficazmente el derecho a la libertad de movimiento, al uso del espacio público, a la seguridad física y material? ¿La despenalización, en países como Estados Unidos, o la salida del limbo jurídico del trabajo sexual en España serían capaces de resolver per se las dificultades de las mujeres para no recurrir a la prostitución como fuente de ingresos en caso de no desearlo?

 

SESIÓN 2. Del otro lado del estigma. Fronteras a la sororidad y formas de atravesarlas.

Introducen: Laura Lux (Trabajadora sexual) y Paula Sánchez Perera (Activista del Colectivo de Prostitutas de Sevilla)

Horario de conferencia-debate: martes 27 de octubre, 19h – 20:30 (quien no pueda asistir en directo podrá verla en diferido).

La amenaza de “ser tratada como una puta” obliga a las mujeres a mantenerse a distancia de nosotras; pero la manera en la que una puta combate contra el poder tiene valor para todas

El estigma es “una marca o señal en el cuerpo”, dice la RAE. Un elemento visible y diferenciador, un signo que nos permite reconocer con claridad los elementos integrados y/o integrables en el sistema de orden de turno y al mismo tiempo discriminar los elementos desechables. Cuenta Gerda Lerner en su libro La creación del patriarcado, que el artículo 40 de las Leyes Mesoasirias estableció una clara jerarquía entre las mujeres respetables y “las otras”. Las primeras eran aquellas cuya sexualidad y cuerpos quedaban bajo el control de un hombre concreto (casadas, hijas solteras y concubinas) y las segundas, las prostitutas del templo, las rameras y las esclavas. Para diferenciarlas de modo inconfundible, las primeras habrían de ir veladas y las segundas, no. En el segundo milenio antes de Cristo ya se había establecido, por lo tanto, una jerarquía a sangre y fuego entre mujeres domésticas y mujeres públicas. Y desde entonces se ha ido forjando el estigma de las segundas. ¿En qué afecta este estigma aquí y ahora a las mujeres que realizan servicios sexuales? ¿Por qué “ser” puta totaliza la identidad de la mujer que ejerce, mientras que trabajando como profesora, por ejemplo, una no deja de ser hermana, madre, amante, vecina, deportista, etc.? ¿Cómo afecta este estigma a la sororidad entre mujeres y entre feministas, a la solidaridad entre las personas?

 

SESIÓN 3. Las putas deciden. Autoorganización, sindicación y cooperativismo

Introduce: Lucía Mim (Trabajadora sexual y miembro del Sindicato OTRAS)

Horario de conferencia-debate: martes 3 de noviembre, 19h – 20:30 (quien no pueda asistir en directo podrá verla en diferido).

A las trabajadoras sexuales nos han obligado a escuchar; ahora es nuestro momento de hablar. No estamos esperando a que nos inviten al movimienio feminista. Siempre hemos estado ahí

La sociedad es un enredo de relaciones de poder (de género, de clase, de origen, etc.) y para las personas situadas en posiciones de subalternidad por una o varias discriminaciones anudadas, lo más difícil es, casi siempre, salir de la culpa individual (y reunirse con otras, para analizar la estructura de poder que afecta a todas); romper el silencio (y tomar la palabra, para que nadie represente el lugar propio); escapar de la invisibilidad (y llenar el espacio, para denunciar opresiones y exigir derechos). Y son exactamente estos tres pasos los que llevan a la autoorganización, partiendo de la casilla del malestar propio para llegar a la de la agencia activa y colectiva, la única capaz de detonar luchas y de arrancar derechos para todxs. ¿Qué significa organizarse para las personas que realizan servicios sexuales? ¿En qué se beneficia una sociedad en la que cualquier colectivo tiene derecho a sindicarse, independientemente de su actividad económica? ¿Cómo puede contribuir la autoorganización de las trabajadoras sexuales a la lucha contra la trata?

 

SESIÓN 4. Trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Definiciones, realidades, propuestas

Introducen: Martina Kaplún (educadora social) y Nerea García (abogada feminista)

Horario de conferencia-debate: martes 10 de noviembre, 19h – 20:30 (quien no pueda asistir en directo podrá verla en diferido).

Suele ser habitual que las personas que abogan por los derechos de las trabajadoras sexuales argumenten que el trabajo sexual es algo muy diferente de la trata. […] La realidad es a la vez más compleja y más importante

En esta sesión partiremos de la definición de trata de seres humanos para analizar las diferencias y conexiones que tiene con otros fenómenos a escala mundial, como el tráfico de personas y la prostitución. Compartiremos datos de la situación de España, tanto a nivel legal como de la realidad de las mujeres, observada desde la intervención psico-socio-jurídica. El objetivo es poder generar una foto que nos facilite entender las necesidades en juego y construir propuestas, sin caer en mitos o estereotipos, y con un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. ¿Los clientes distinguen entre personas en situación de trata y quienes realizan servicios sexuales por decisión propia? ¿Cómo funciona el sistema de identificación formal de suprevivientes de Trata de Seres Humanos y qué mejoras cabría plantear? ¿Cómo proteger, acompañar, reparar los daños sufridos por las víctimas de trata? ¿Qué medidas podrían ser más eficaces para combatir la trata?

 

SESIÓN 5. Atravesando fronteras. Migración y racismo en el trabajo sexual

Introducen: Ninfa (AFEMTRAS)

Horario de conferencia-debate: martes 17 de noviembre, 19h – 20:30 (quien no pueda asistir en directo podrá verla en diferido).

Un sistema en el que todo el mundo pudiera migrar, vivir y trabajar legalmente y con seguridad no sería un cambio enorme y radical; simplemente se tomaría en serio la realidad de que las personas ya están migrando y trabajando y que, en tanto sociedad, debemos priorizar su seguridad y sus derechos

El propósito de esta sesión sería mostrar el papel que juegan los regímenes de frontera y, en el Estado español, la ley de extranjería, a la hora de producir y reproducir unas relaciones de poder que subordinan a unas personas, las personas de origen extranjero, respecto de otras, las denominadas nacionales. Esta jerarquía determina de forma sangrante, en primer lugar, un acceso desigual a todo tipo de derechos entre las personas consideradas ciudadanas y las personas denominadas «sin “papeles”: derechos que van desde la libertad de movimiento hasta el derecho democrático al voto, pasando, por supuesto, por el acceso a renta, y el derecho a la salud o a la educación. Esta insoportable desigualdad acostumbra, además, a la sociedad a pensar a ciertas personas (personas racializadas en general) como las eternas “otras”, sean o no nacionales, hayan regularizado o no su situación de residencia. En otras palabras: los regímenes de frontera son una escuela institucional de racismo. ¿Cuál es la relación entre todas estas trabas a la libertad de movimiento y el trabajo sexual? ¿En qué situación se encuentra quienes realizan servicios sexuales y además no tienen papeles? ¿De qué formas se expresa el racismo en el ámbito laboral del trabajo sexual?

 

SESIÓN 6. Intersecciones y acuerdos feministas. Hacia una vida digna para todxs

Introducen: Marijose (Colectivo de Prostitutas de Sevilla) y María Barcons (Grupo Antígona)

Horario de conferencia-debate: martes 25 de noviembre, 19h – 20:30 (quien no pueda asistir en directo podrá verla en diferido).

Las políticas de la prostitución no deberían ser objeto de disputa entre mujeres, sino de colaboración. Tanto como lo queremos todas, las trabajadoras sexuales desean un futuro mejor, uno donde todo el mundo obtenga su ración justa de recursos y donde las supervivienies puedan tener acceso a la curación y a la justicia

Tener diferencias, incluso irreconciliables, es lo que hay. De hecho, no tenemos por qué estar de acuerdo en todo. Solo un pacto parece insoslayable en la lucha conjunta por demoler la relación de dominio patriarcal: que no solo su objetivo sino también, y muy principalmente, el propio camino hasta alcanzarlo, nos dote de las herramientas capaces de construir vidas mejores para las mujeres y para toda la sociedad. Tanto el trabajo del Grupo Antígona y su estudio de las ordenanzas sobre prostitución en diferentes municipios del Estado español, como, y sobre todo, la experiencia de las trabajadoras del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, aportan muchas claves en este sentido. Pistas para pensar de qué manera, desde posicionamientos y sensibilidades muy distintas respecto de la prostitución pero también, desde una perspectiva feminista común, sería más que posible sintonizar en cuestiones básicas. Y si algo ha venido demostrando históricamente el movimiento feminista, con sus contradicciones, corrientes, mareas altas y bajas, tensiones, encuentros, conflictos, rupturas y confluencias, es su capacidad de mutar y de crecer, de complejizarnos y de enriquecernos con las diferencias.

 

*Todas las citas en cursiva que encabezan las presentaciones han sido extraídas de la obra “Putas insolentes. La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales”, escrita por Molly Smith y Juno Mac, de Traficantes de Sueños [ed. ingl.: Revolting Prostitutes. The Fight for Sex Workers Rights, Londres y Nueva York, Verso, 2018]

 

Cobrar por el sexo nunca fue tan difícil

 

El sexo deja grandes beneficios. Los clubes pueden asociarse, pero las prostitutas no tienen reconocido ese derecho. / Sergio García

 

Más webcam. El coronavirus ha borrado de las calles y recluido en pisos y clubes con la persiana echada a miles de prostitutas. Están ahogadas de deudas tras dos meses en blanco y obligadas a reinventarse para comer

 

SERGIO GARCÍA

31 de mayo de 2020

https://www.elcomercio.es/sociedad/cobrar-sexo-nunca-20200531195830-ntrc.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2F

 

Evelyn es colombiana, tiene 45 años y su vida se ha convertido en un ir y venir entre casas de amigas desde que el club donde ejercía la prostitución echó la persiana y la dejó «en la puta calle». Ocurrió, como tantas otras cosas, hace dos meses. «Aquí no hay ERTE que valga, mi amor. Tampoco contratos ni nóminas. No estamos catalogadas como trabajadoras, ni hay un marco legal que nos permita reclamar nuestros derechos. Si reconocieran lo que hacemos como una actividad laboral en lugar de recluirnos en clubes que nos cobran 2.100 euros al mes por trabajar y dedicáramos ese dinero a pagar una Seguridad Social que nos diera derecho a cobrar el paro o a una baja por maternidad, otro gallo cantaría. Nuestros gobernantes no han acabado con la esclavitud, sencillamente la han perfeccionado».

Evelyn lleva semanas en la cuerda floja. Ella, que venía de tener «tres clientes al día», sólo ha estado en todo este tiempo, dice, con uno. Eso no le impide detallar el largo ritual que precede a estos encuentros desde que estallara la pandemia, que recuerda más al protocolo de seguridad de un hospital que a un burdel. Tomar la temperatura a los clientes, duchas integrales, desinfección del mobiliario, los zapatos en una bolsa, se esteriliza la ropa con una solución de alcohol, desde la cazadora a los pantalones… «Así están las cosas. O nos morimos de hambre o te arriesgas a contraer el virus».

Evelyn ejerce en los clubes, pero la situación no es mejor en las pisos ni en la calle. Fabiola —peruana, 48 años— se ganaba la vida en los alrededores del Camp Nou, territorio mayoritariamente trans, donde acostumbraban a ejercer medio centenar de compañeras. «Una vida dura» que ella conoce desde los 20 años, mucho antes de emigrar. «No salgo de casa. Primero por las multas, pero también porque me da miedo la situación sanitaria. Comprenderás que aquí no se trabaja con mascarilla, ni se guardan los dos metros de distancia. Con tanto asintomático por ahí, esto es una lotería». Fabiola lleva dos meses sin trabajar, y eso que «la gente está volviendo a salir, hay días que esto parece agosto».

Fabiola ocupa uno de los escalones más bajos entre los trabajadores del sexo. «Había veces que me sacaba 50 euros, otros cien, otros nada…» Lleva dos meses en blanco. Acude cada día al comedor social de Collblanc, en Hospitalet, y al casero —paga 600 euros de alquiler— le ha pedido «que tenga un poco de paciencia, que en cuanto esto pase se lo devuelvo». No descarta que acabe yendo a juicio. Lleva encadenando una racha nefasta. La inestabilidad política en las calles, la suspensión del congreso Mobile, la marcha de empresarios, citas futbolísticas que se evaporan del calendario… «menos mal que dejé las drogas hace años, no me faltaba más que eso ahora».

A 615 kilómetros de distancia, en Madrid, Lucía trata de ponerle al mal tiempo buena cara. Y la suya es preciosa. 35 años, menudita, 1,70 metros de estatura, estudios de Filología Hispánica… 200 euros la cita, 2.000 por una noche entera. Lucía es escort, prostituta de lujo. «La gente es muy reticente a salir, menos aún en ciudades que han tardado en dejar atrás la fase 0». Lucía trabajaba por cuenta propia y acostumbraba a recibir a sus citas en casa, «20 ó 25 al mes. Había veces que sólo dos por semana, y otras cuatro o cinco, según me conviniera. Soy muy selectiva». Se levantaba al mes unos 4.000 euros. El escenario ha dado un giro copernicano y sale adelante «haciendo cositas ‘online’ y alguna foto. 400 euros con suerte». Imposible pagar el alquiler, las facturas… y eso que soy una privilegiada. Al menos yo puedo recurrir a mis amigas y a una familia que tiene un huerto maravilloso».

Ante la imposibilidad de salir de su casa, esta mujer se conecta por webcam para mantener una sesión ‘online’. / AFP

«Somos trabajadoras»

La crisis del coronavirus se ha cebado con un colectivo vulnerable como pocos y que vive en el mayor de los limbos. Ni siquiera se sabe con certeza cuántas personas se dedican a ello, aunque algunas de las fuentes consultadas para el reportaje calculan que rondarán las 100.000. Igual que periodistas titulados. Lo cierto es que antes del Covid, España era el país de Europa donde había más demanda de sexo de pago, y el tercero del mundo detrás de Costa Rica y Tailandia. Incluso la ONU nos dio un tirón de orejas el año pasado, cuando afirmó que el 40% de la población masculina había tenido una experiencia de este tipo. El volumen de negocio es colosal, las últimas cifras hablan del 0,35% del PIB, unos 3.500 millones de euros al año.

Concha Borrell dirige OTRAS, sindicato de trabajadoras sexuales de España, una denominación que abarca desde prostitutas y mujeres que hacen porno hasta bailarinas exóticas o masajistas eróticas. Jura y perjura que durante el confinamiento no se está ejerciendo la prostitución. «Hay miedo a enfermar, porque muchas son inmigrantes y están solas, sin redes de apoyo ni amigos. Compartiendo habitación, no digo ya piso». La organización está impartiendo cursos de teletrabajo para que las chicas no tengan citas presenciales y puedan hacer sus pinitos con el ordenador o el móvil.


«Llevo dos meses sin salir, primero por las multas, pero también porque hay mucho miedo al contagio. Trabajar así es una lotería»

Fabiola | Trans del Camp Nou (Barcelona)


«Sí hay compañeras que han seguido trabajando de modo presencial, pero con clientes habituales, gente de confianza»

Lucía | Escort madrileña


«Las prostitutas, expuestas a sanciones por ejercer en la vía pública, no abren ni cuentas corrientes por miedo a los embargos»

Concha Borrell | Dirige el sindicato OTRAS


«El Covid ha vuelto más clandestino e inseguro el mercado del sexo, y a quienes lo ejercen, más vulnerables»

Nacho Pardo | Coordinador de CATS (Murcia)


Borrell arremete contra el Gobierno al que acusa de condenar a la marginalidad a este colectivo, incurriendo en contradicciones como la de permitir el derecho de asociación a los dueños de clubes de alterne y no a ellas. «Danos derechos laborales, poder tener un contrato, cotizar para nuestras jubilaciones, que el día de mañana estas personas van a tener que vivir de un bono social y eso es lo último que queremos». Para las inmigrantes es incluso peor. Al no estar reconocida la suya como una actividad laboral, la renovación de permisos de residencia y trabajo es una batalla donde a menudo tienen todas las de perder. El escenario actual no invita al optimismo. «Atentos, porque va a ocurrir lo mismo que tras la crisis de 2008, un repunte de españolas prostituyéndose porque se han quedado sin nada».

Muchas prostitutas, expuestas a sanciones por ejercer en la vía pública, no abren cuentas corrientes por miedo a que las embarguen. Los abusos se suman a la larga lista de agravios. «En plena crisis del Covid, un puticlub de La Junquera se acogió a un ERTE del que salieron beneficiados sesenta y tantos hombres, mientras las prostitutas, casi un centenar, eran arrojadas a la calle sin contemplaciones. Son unos sinvergüenzas».

OTRAS intenta paliar esta situación. Reparte comida entre sus asociadas, ha puesto en marcha campañas de recogida de fondos para asistir a mujeres que están en situación límite, «llevamos repartidos 100 euros a más de 120 mujeres de toda España»… También ha conseguido que muchos clubes hayan reducido sus tarifas a las prostitutas que continúan allí alojadas hasta que escampe la tormenta. 30 euros al día por alojamiento y comida, cuando antes esa cantidad ascendía a 70, 90 ó 120.

Aspecto desangelado de un local de alterne cerrado desde marzo. / Efe

«Un policía en cada balcón»

No por ello su situación deja de ser desesperada. Lo explica María José Barrera, sevillana, dieciséis años al pie del cañón. «Imagínate, dos meses y medio sin poder trabajar a razón de 30 euros diarios arrojan una deuda de 2.250. ¿Quién puede hacer frente a eso?». Barrera une su voz a la de Borrell. «Las compañeras nos llaman pidiendo auxilio. No tienen para pagar el alquiler o ducharse con agua caliente. La única manera de ir tirando es con la webcam. Cada una se arregla como puede, pero es muy difícil cuando hay un policía en cada balcón». Barrera dice que hay mucha hipocresía. «¿Dónde están ahora los servicios sociales, toda esa industria del rescate que recibe subvenciones en nuestro nombre? Las chicas se están muriendo de hambre, señores».

Con semejante horizonte hay situaciones para todos los gustos. «En Murcia —detalla Barrera— hay compañeras que se han ido a vivir con sus clientes después de que el dueño del club haya desaparecido. Eso no quiere decir que estén follando gratis. Aunque haya quien no lo crea, nosotras también somos personas, tenemos nuestras amistades y gente que de corazón nos está acogiendo».


El dato

120 euros es lo que, camuflado como alquiler, algunos clubes de alterne llegan a cobrar a diario a estas mujeres por el derecho a trabajar. Algunas siguen viviendo allí y acumulan importantes deudas.


En Murcia, precisamente, la labor asistencial a este colectivo recae en CATS, el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, declarado de Utilidad Pública y que el año pasado contactó con 2.135 personas. «El Covid ha vuelto más insegura y clandestina la prostitución, y dejado a quienes la ejercen en situación más vulnerable». ¿Cómo se sobrevive a este escenario? «Buena pregunta —dice Nacho Pardo, su coordinador—. Las que han sido previsoras y guardan algo en el calcetín pues tiran para adelante. La alternativa más habitual para quienes han podido seguir trabajando es el sexo ‘online’, auténtica tabla de salvación para un sector estigmatizado ahora más que nunca». El resto, la mayoría, vive de la caridad, cuando no arrumbada en un cajero por falta de recursos.

 


«El consumo de porno se ha disparado con el confinamiento»

Águeda López Suárez, profesora de Sociología de la Universidad de Vigo, advierte que, al contrario de lo que pueda parecer, el Covid no ha hecho desaparecer la prostitución, «sino que le está obligando a buscar otras estrategias para ofertar servicios, porque demanda existe». La también autora del libro ‘El putero español’ alerta de que el consumo de pornografía se ha disparado con la cuarentena. «Pornhub dio acceso gratis los primeros días del confinamiento a su página web y hubo medios que lo publicitaron como si aquello fuera Amazon».

A su juicio, el confinamiento ha puesto a las prostitutas en «una situación más vulnerable que nunca, con pocas o ninguna posibilidades de negociar». La renta vital mínima puede ser un primer paso para sacar a estas mujeres de su situación. «Lo ideal sería que el Gobierno hiciera lo que está haciendo Francia, habilitar una importante partida de dinero para crear alternativas laborales a las que quieran dejar atrás esta práctica», dice.

Gómez Suárez no comparte la visión de Concha Borrell sobre el reconocimiento de la prostitución como paso para mejorar la situación del colectivo. «Apoyarse en las condiciones que soportan estas mujeres —lo son la mayoría— para exigir su legalización es una falacia, es como si regulases la esclavitud. Si son sujetos sin derechos es porque así lo quieren los proxenetas, no nos engañemos. Los dueños de clubes podrían darles de alta como camareras, otra cosa es que no quieran porque así se quedan con la mitad de lo que obtienen estas personas y aumentan sus márgenes. No es la lógica del mercado lo que debe imperar aquí, sino la de los derechos humanos».

 

Si las prostitutas ganan, todas ganamos: así se organizan las trabajadoras sexuales frente a la crisis del covid-19

Ahora más que nunca, los derechos de las prostitutas son nuestros derechos.

 

Por Mirena Ossorno

29 de mayo de 2020

https://www.vice.com/es/article/ep4d3z/trabajadoras-sexuales-regularizacion-espana-coronavirus-confinamiento-crisis

 

Manifestación del Colectivo de Prostitutas de Sevilla. Imagen vía CPS

 

La noche del 13 de marzo tuve que coger un taxi desde Suanzes a Trafalgar para transportar el ordenador de la oficina a mi casa. Ya era oficial, nos habían metido el tripalium en nuestros hogares, de manera forzosa y sin vaselina. Para dar un servicio a la sociedad, supuestamente, o para salvar el capitalismo, seguramente. Porque aunque cobre por ello, el sueldo no lo gano escribiendo, lo gano atendiendo clientes consumistas, cabreados y también confinados para la web de unos grandes almacenes españoles.

Durante esos primeros días del confinamiento estaba leyendo Playing the whore de Melissa Gira Grant y una pregunta rondaba mi mente: si de normal las trabajadoras sexuales lo tienen difícil ¿Cómo se las van a arreglar con el estado de alarma? Kenia García, miembro del Colectivo de Prostitutas de Sevilla y portavoz de la campaña por la regularización de las personas migrantes en el Estado español nos lo explica:

“Después del 14 de marzo nuestra actividad cambió y pasamos a asistir a nuestras compañeras ante la situación de emergencia, tal y como están haciendo los diferentes colectivos en cada territorio. Nosotras lo estamos haciendo en Andalucía, las compañeras de Nómadas en Valencia, AFEMTRAS en Madrid y las Putas Libertarías del Raval y OTRAS en Barcelona. Cada una en su territorio intentamos ayudar a las compañeras que nos van contactando mediante redes de apoyo y asociaciones aliadas a las que vamos derivando los casos que nos van llegando”.

Básicamente, mientras la ciudadanía y el gobierno las juzga, las silencia, las castiga y las victimiza, estas mujeres se están uniendo y organizando para ayudarse entre ellas. Porque la crisis sanitaria ha magnificado sus problemas, dejándolas en la calle o encerradas en clubes acumulando deuda, sin dinero, sin papeles y sin leyes que las amparen: “Nosotras necesitamos que la sociedad nos reconozca, es una manera de superar el estigma, porque la marginalización es violencia […], debilita mucho a las mujeres para que se consideren a sí mismas sujetos activos de derecho”.

Al igual que ha sucedido con el resto de trabajos feminizados a lo largo de la historia, las prostitutas siguen estando en entredicho. Es absurdo tener que explicar en 2020 que el trabajo sexual es trabajo, cuando lo que deberíamos estar haciendo es replantearnos el trabajo en sí, implique sexo o no. Lucía Fernández, miembro y portavoz del CPS, es tajante con el tema: “Claro que es un trabajo, es una actividad económica reconocida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde el 2004. Si puede ser una actividad económica puede ser un trabajo. Podemos discutir si trabajo por cuenta propia o ajena o constituido en cooperativas, pero lo que no vamos a negociar es una cuestión de derechos y dignidad; que nos nieguen nuestro estatus de trabajadora. Ese estatus es lo que te da luego pie a poder formar parte de la sociedad. Vivimos así, te guste o no”.

Y añade: “No nos podemos olvidar que para que España recibiese el rescate bancario en la crisis de 2008 a las putas nos metieron en el PIB. Está todo el mundo comiendo pan de prostituta y cuando necesitamos que nos rescaten no nos dan nada”. Por ello, llama la atención esa actitud incoherente de “para ellas, pero sin ellas” que mantienen tanto partidos políticos como algunas organizaciones feministas, sustentándose en datos y estadísticas más que cuestionables y ofreciendo planes de ayuda de doble filo e inaccesibles para la mayoría.

Porque no es que el gobierno de Pedro Sánchez no esté haciendo nada. El Ministerio de Igualdad ha ampliado el Plan de Contingencia contra la violencia de género durante el confinamiento para reforzar la protección de las mujeres víctimas de explotación sexual, de trata con fines de explotación sexual y de las mujeres en contexto de prostitución —que no es lo mismo que mujeres que ejercen la prostitución. Lo que viene a significar que solo te ayudan si pasas su examen y te pueden considerar víctima. Como bien apunta Kenia:

“La situación en la que nos encontramos ahora ha evidenciado aún más la necesidad urgente de que este oficio sea reconocido como trabajo para que podamos hacer frente a todos los abusos que hemos sufrido desde que empezó el estado de alarma. Más que nunca el gobierno tendría que tener la voluntad de sentarse con nosotras y diseñar unas políticas o unas leyes que nos protejan realmente”.

Siendo conscientes del poco margen de maniobra que deja nuestro presente en cuestiones económicas y laborales, desde su experiencia personal, tanto Kenia como el resto de compañeras del CPS pronostican un aumento de mujeres ejerciendo: “La prostitución que se ejerce por voluntad propia no deja de ser consecuencia de la situación en la que se encuentran las mujeres —especialmente las migrantes o de clases desfavorecidas— en nuestra sociedad. Nosotras vemos que muchas de las compañeras provienen de sectores precarizados como la hostelería, el trabajo de cuidados o la limpieza, trabajos de por sí mal pagados. Además, muchas son también madres solteras, con hijos aquí y en sus países de origen, o incluso a toda su familia a cargo, por lo que la prostitución es una alternativa, una opción más para sobrevivir”.

Al inicio del estado de alarma nos tuvimos que centrar en ayudar a sanitarios y contagiados. Hemos obedecido, cada uno hemos hecho lo que hemos podido. Pero tras dos meses de confinamiento ya va siendo hora de dejar los aplausos y enfrentarse a la realidad. Si el salario medio no da para pagar el alquiler de una vivienda ¿cómo se supone que vamos a trabajar desde casa? Se nos llena la boca alabando el servicio de los llamados esenciales, pero nada cambia. Mientras los precarizados damos las gracias por mantener el puesto, los que precarizan están cogiendo la cacerola por el mango, exigiendo la permanencia de un sistema que se tambalea.

Dejemos de polarizar el debate desde los feminismos, de calificar los trabajos como buenos o malos y contribuyamos a la mejora de sus condiciones. De camino, podemos donar dinero a campañas como la recaudación de fondos auspiciada por AFEMTRAS, Aprosex, (N).O.M.A.D.A.S. y el sindicato OTRAS. Eso es el pan de hoy. Pero para el hambre de mañana vamos a tener que pedir al gobierno un modelo a la neozelandesa, que escuche, cuide y proteja a nuestras compañeras. Ahora más que nunca, los derechos de las prostitutas son nuestros derechos.

@mirenaossorno