Trabajadoras sexuales, feministas e ‘influencers’

Un grupo de mujeres brasileñas se gana la vida ejerciendo el trabajo sexual y contando en redes sociales sus experiencias, compartiendo desde consejos picantes hasta enseñanzas sobre finanzas

 

Por Joana Oliveira

SÃO PAULO – 20 de marzo de 2021

https://elpais.com/sociedad/2021-03-20/trabajadoras-sexuales-feministas-e-influencers.html

 

Patrícia Rosa, prostituta y activista feminista lee un libro de la escritora Gabriela Leite, fundadora del Movimiento de Prostitutas de Brasil.Mariana Bernardes / EL PAÍS

 

Se ganan la vida ejerciendo el trabajo sexual en Brasil y contando sus experiencias en las redes sociales, compartiendo desde consejos picantes hasta enseñanzas sobre educación financiera y, sobre todo, feminismo. Con miles (a veces millones) de seguidores, algunas prostitutas que se han convertido en influencers tratan de eliminar los numerosos estigmas de la prostitución. “Los hombres no quieren que hablemos abiertamente de la prostitución, porque estamos hablando de su vida paralela, de algo que hacen a escondidas”, dice Patrícia Rosa, una de estas mujeres, que lleva siete años ejerciendo el trabajo sexual y cuenta parte de su rutina en Instagram. Son actividades como la suya las que hacen posible la ilusión de la monogamia, bromea.

Bajo la interpretación del personaje Chica de Compañía Mentirosa, cuenta sus experiencias como sugar baby (acompañante sostenida por un hombre, normalmente mayor y más rico), lo que ella llama “prostitución tradicional”, pero plantea debates sobre la violencia contra las mujeres, la independencia económica femenina y los derechos que deberían tener las trabajadoras del sexo. Todo ello con un lenguaje simple y directo. “A veces la gente utiliza palabras muy rebuscadas para decir cosas sencillas. Nos convertimos en feministas en el momento en que cuestionamos la naturalización de la misoginia, no creo que necesitemos tener contacto con la filosofía feminista para ello”, aclara Patrícia Rosa, que participa en el Coletivo Puta da Vida.

Fotógrafa, artista y productora cultural, Patrícia comenzó a trabajar con el sexo por la dificultad de mantenerse económicamente. “Para ser una artista con cierta comodidad en Brasil hay que tener dinero”, dice. Se planteó entrar en la prostitución después de darse cuenta de que tenía valor para salir con desconocidos de la aplicación de citas Tinder. “Estas aplicaciones trajeron la popularización del sexo casual y, para mí, tienen la misma dinámica que el trabajo sexual, solo que de una forma menos protegida y no remunerada”.

Esta es una de las cosas que enseña a sus seguidores: el afecto, el cuidado y el placer que una mujer proporciona a un hombre es siempre un trabajo no remunerado. “Todo el mundo trabaja con su cuerpo. Una empleada de servicio doméstico, por ejemplo, trabaja con su cuerpo y gana mucho menos que una puta. Gracias a la prostitución empecé a entender todo el trabajo no remunerado que hacen las mujeres, como cuando se follan a sus novios y maridos gratis y sin disfrutarlo”.

Patrícia dice que la mayoría de las mujeres ven la prostitución en un lugar oscuro porque se les enseña que “ser una puta es lo peor” que puede ser una mujer. “Pero cuando se llega al subempleo, creo que la prostitución es una opción. Y, especialmente para las mujeres pobres, el trabajo sexual es una posibilidad de ascenso social”, afirma.

Patrícia Rosa, trabajadora sexual y activista feminista.Mariana Bernardes

Ese fue el caso de Mara Vale. Tras ver recortadas las dos becas que pagaban su carrera de filología inglesa, decidió abandonar el Estado de Bahía para ir a São Paulo y convertirse en prostituta. Antes, incluso vendía helados para mantenerse, pero solo ganaba 300 o 400 reales al mes (unos 75 dólares). “Si pagaba el alquiler, no comía”, recuerda. Al principio, trató de ser una sugar baby, pero gracias a la orientación de una amiga, decidió hacer su primer programa en Twitter. “Veía series y documentales sobre la prostitución, buscaba cosas para leer, pero había poco contenido al respecto”, dice c, que ahora gana entre 3.000 y 5.000 reales al mes (entre 550 y 900 dólares).

Cuando se dio cuenta de lo difícil que era encontrar material sobre la prostitución, creó un canal en YouTube, que alcanzó 15 millones de visitas y 183.000 suscriptores, para enseñar a otras mujeres cómo iniciarse en el mundo del trabajo sexual. Allí y en Instagram relata las experiencias más destacadas con sus clientes, da consejos sobre sexo oral y organización financiera, enseña a hacer programas por anuncio y advierte a las mujeres sobre las estafas más comunes de los clientes.

En los vídeos más íntimos, habla de cómo lidia con su depresión y responde a las críticas de quienes dicen que “ser una puta es el camino más fácil”. “Renuncié a mi sueño de ser profesora de inglés porque me moría de hambre. No me arrepiento de haberme abierto de piernas y de haber cobrado por ello”, dice. Vale también cuenta que el autoestima y el respeto por una misma cambian cuando una mujer empieza a cobrar por el sexo. “He tenido relaciones con hombres que no se preocupaban por mí. Ahora los chicos me tratan como una reina, me siento más valorada. No pretendo dar glamur a la prostitución, pero trabajo a la hora que quiero, sirvo a quien quiero y amueblo mi casa pagando todo en efectivo”.

Mara Vale no interpreta un personaje: aparece con la cara limpia y en pijama en muchos de sus videos. Patrícia Rosa, en cambio, encarna “la típica Bruna Surfistinha, la chica de clase media, chica de compañía” que hace trabajo sexual porque quiere, no porque lo necesita. “Es una especie de autopreservación. Cuando creen que estás ahí porque lo necesitas, piensan que vas a aceptar cualquier cosa”, explica. La mujer explica que no se priva de publicar fotos en redes con su familia y amigos. “Tenemos que mostrar que las putas también son personas, tienen vidas, tienen familias, se divierten”. En este proceso de normalización, ella misma empezó a contar a algunos miembros de su familia cuál es su sustento de vida. Cuando salen con hombres y mujeres más allá de su profesión, las prostitutas escuchadas en este reportaje no ocultan con qué trabajan, pero, siempre que es posible, prefieren dejar el romanticismo fuera de estas relaciones.

Quien también expone su vida personal y profesional en las redes es Lays Peace, una prostituta de 21 años que se hizo famosa durante la pandemia, alcanzando casi dos millones de seguidores en Instagram. Comparte desde momentos con su madre hasta informes de reuniones con clientes. En un vídeo, aparece besando a su novio, en otro corre detrás de un hombre que se negó a pagarle. En sus señales en directo, enseña a hacer cosas como la inversión —cuando la mujer penetra al hombre—. “Ayuda a otras mujeres a convertirse en prostitutas de lujo. ¿En qué otro momento del mundo una prostituta sería una influencer? Incluso hasta la visión de lo que es ser una puta, de lo que es ser una mujer empoderada de su sexo, está cambiando”, celebra Patrícia. Y Lays no oculta cuánto cobra. El pasado 17 de febrero, por ejemplo, anunció una “promoción” de sus servicios: 3.000 reales por una cena con ella, más una cita de una hora.

Al reivindicarse como prostitutas feministas, contradicen la corriente del movimiento por los derechos de la mujer que cree que la prostitución debe ser abolida, ya que la considera una “violación pagada”. Estas activistas entienden que la relación sexual, en la prostitución, implica necesariamente la violación de la persona que la ejerce, ya que el consentimiento se obtendría a través del dinero. Es el caso de QG Feminista, un grupo de mujeres de entre 18 y 45 años, de los más diversos ámbitos, que están a favor de la abolición del trabajo sexual porque entienden que, además de perpetuar el poder de los hombres, el “comercio sexual depende tanto del racismo como del colonialismo para explotar a mujeres y niñas de todo el mundo”.

La explotación sexual infantil es precisamente otro argumento utilizado por las abolicionistas. En este sentido, Patrícia Rosa es tajante: “La prostitución es diferente de la explotación sexual infantil. Los niños no trabajan y punto, en ningún contexto. La prostitución es un trabajo elegido por las mujeres adultas. La reglamentación del trabajo sexual ayudaría incluso a proteger a los niños”, afirma.

Sobre la supuesta incoherencia de ser “puta y feminista” —otro argumento utilizado por las abolicionistas, casi siempre en tono acusador—, Monique Prada, prostituta, autora del libro Putafeminista (Ed. Veneta, 2018) y una de las fundadoras de la Central Única de Trabajadoras Sexuales, que lucha por los derechos de la categoría profesional, dice que “aislar a las trabajadoras sexuales del feminismo es como condenarlas a la violencia e impedirles luchar por cambios esenciales en su entorno”. “Algunas corrientes feministas aíslan a las trabajadoras del sexo por puro moralismo, al igual que las iglesias”, añade.

“La prostitución incomoda a la sociedad porque se trata de una mujer dueña de su sexualidad que decide venderla. ¿Por qué a las feministas blancas les molesta más esto que la explotación a la que están sometidas sus empleadas de servicio doméstico negras?”, agrega Patrícia.

Las putativistas argumentan que la reglamentación del trabajo sexual protegerá a las mujeres de la violencia, facilitará la fiscalización y la lucha contra la explotación infantil, y permitirá organizar el precio de este trabajo. Para Patrícia, los casos de mayor violencia que se producen en su oficio es cuando un cliente se niega a pagar y cuando intentan mantener relaciones sexuales sin preservativo. Una vez se enfadó cuando un cliente le envió en broma el vídeo de un marido que estrangulaba a su mujer cuando se enteraba de que ella hacía programas de Youtube con otros hombres. “Lo sentí como una amenaza. Después de eso, lo bloqueé de mi vida”. Sin embargo, afirma que la violencia no puede utilizarse para estigmatizar el trabajo sexual. “Todas las mujeres sufren acoso en el trabajo. Ya no siento miedo por ser prostituta, he sufrido más violencia fuera del trabajo sexual que en la prostitución”, aclara.

Patrícia y Monique afirman que las redes sociales y la popularización de plataformas como Only Fans han facilitado el intercambio de información, incluida la económica, y las experiencias de autoprotección entre las prostitutas. “De todos los trabajos que he hecho, solo con la prostitución aprendí cuánto vale mi tiempo. E internet ayudó a fijar los precios, porque hablamos entre nosotras”, cuenta Patrícia. Como no todas las trabajadoras sexuales tienen acceso a internet o saben utilizar las redes sociales, la Articulación de Prostitutas de Brasil ha ofrecido cursos sobre herramientas digitales.

 

Las colas del hambre de las prostitutas: “La crisis es el covid y este Ministerio de Igualdad”

Tras un año de pandemia, las trabajadoras del sexo, viven prácticamente sin ingresos y sin percibir ningún tipo de ayuda de las administraciones.

 

Por Marta Arce

20 de marzo de 2021

https://www.libremercado.com/2021-03-20/colas-del-hambre-prostitutas-crisis-es-covid-ministerio-igualdad-6720539/

 

Nina es escort en Madrid. Antes de que la covid-19 arrasase con todo, Nina satisfacía las fantasías de sus clientes en hoteles de la capital y viajaba dos veces al mes para visitar a sus “amigos” en otras ciudades. Además de los servicios obvios, Nina acompaña a sus clientes en eventos sociales y ofrece la GirlFriend Experience, actuando en ocasiones como una novia o esposa.

En el último año, la vida de Nina ha cambiado por completo: “Ha sido muy duro. He estado confinada durante meses y sin ingresos. Las trabajadoras del sexo estamos absolutamente olvidadas por parte de las administraciones, que en vez de ayudar, lo que hacen es estigmatizarnos y precarizarnos”.Tampoco pagan impuestos.

Las colas del hambre de la prostitución

Al igual que Nina, las prostitutas se encuentran en una situación desesperada. Muchas de ellas son asiduas en las colas del hambre, siguen trabajando de forma clandestina y han tenido que recurrir a asociaciones como Cats (Comité de Ayuda a las Trabajadoras Sexuales) para seguir adelante. “El problema principal es que su actividad no está reconocida legalmente”, explica Nacho, portavoz de Cats, “no tienen un contrato laboral, no tienen ERTE, no tienen paro, ni acceso en muchos casos a las ayudas municipales porque ni siquiera están empadronadas”.

Nacho explica que en la asociación llevan un año dedicándose casi en exclusiva al reparto de comida a través de los bancos de alimentos de Cruz Roja y Cáritas. “El problema es que también hay que pagar el alquiler y las facturas, así que ellas mismas se organizaron a nivel estatal para hacer un crowdfunding. Sacaron cerca de 20.000 euros que distribuyeron de forma equitativa. Esa es la única ayuda directa que han recibido muchas de ellas”.

El sindicato no oficial Otras (Organización de Trabajadoras Sexuales) ha agotado ya sus dos cajas de resistencia y en Barcelona se dedican casi en exclusiva a la recogida de alimentos. Vera, delegada de Otras en Murcia, lamenta la falta de ayuda por parte de las administraciones y se pregunta por qué “las compañeras de Nueva Zelanda sí que cobran el paro, pero nosotras aquí tenemos que arriesgarnos y salir a trabajar a pesar de la pandemia”.

“No se puede hacer un francés con mascarilla”

El miedo a la covid-19 y la falta de clientes han obligado a las prostitutas a adaptarse. Nina ya no frecuenta los hoteles y ha alquilado un apartamento para encargarse ella misma de la limpieza. Otras han optado por el teletrabajo y se han pasado al sexo virtual a través de webcam. Ese es el caso de Cony: “El último año ha sido más difícil y he combinado el trabajo presencial con las videollamadas. A pesar de ello, mis ingresos han bajado bastante”.

La vida también cambió de la noche a la mañana para las chicas de los clubes de alterne, obligados a cerrar en muchas comunidades autónomas durante el confinamiento más estricto. “Muchas chicas rumanas y búlgaras consiguieron irse a su país, pero otras se quedaron en la calle con una mano delante y otra detrás”, explica Nacho. “Tuvieron que seguir trabajando por su cuenta, con dos o tres servicios a la semana para sacar unos duros. Lo están pasando muy mal y lo único que tienen es el ejercicio de la prostitución. En una época de miedo absoluto decían que sí a todo”.

Y en las calles, la situación es incluso peor debido a la falta de clientes y a los controles policiales que implican multas de más de 300 euros para las prostitutas. Emérita trabaja como transformista cerca de una zona comercial y asegura que sus ingresos han descendido un 90% en el último año. “Tuve mucho miedo al principio. Era aterrador ver en la televisión que muchísima gente estaba muriendo. Pero es imposible pagar las facturas si no seguimos trabajando. En septiembre del año pasado me contagié de covid, pero no en el trabajo, sino en mi entorno social”, explica Emérita. “Trato de tomar medidas de precaución, pero en este trabajo es imposible el distanciamiento. Tienes que subirte a un coche con un desconocido y no se puede hacer un francés con la mascarilla puesta”.

“Somos víctimas de las políticas del Ministerio de Igualdad”

En los clubes con neones en la fachada, en las calles oscuras y en los pisos de alquiler por horas, las prostitutas siguen abandonadas en la alegalidad mientras soportan el estigma del oficio más viejo del mundo. “En esta pandemia todo el mundo ha sido solidario con los demás, pero nadie se ha acordado de las putas“, lamenta Emérita, que solo ve ante ella un futuro incierto debido en buena parte a “campaña de difamación contra las prostitutas por parte del Ministerio de Igualdad”.

La ministra Irene Montero ha asegurado que “la prostitución es claramente una forma de explotación sexual”. Emérita no está de acuerdo. “Ellos piensan que detrás de cada prostituta hay un proxeneta y eso es totalmente falso. El problema es que la ministra de Igualdad se maneja con datos totalmente erróneos de asociaciones abolicionistas. Toda la gente que conozco ejerce la prostitución porque le da la gana y porque han decidido que esa es su forma de vida.”

Emérita, y buena parte de las asociaciones de las trabajadoras del sexo,

Emérita, trabajadora sexual transformista

piden desesperadamente la regulación del sector para que se reconozcan sus derechos laborales: “Somos víctimas de las políticas del Ministerio de Igualdad. Esta señora (Montero) habla de abolir la prostitución, pero lo único que va a hacer es condenar a la gente a trabajar en la clandestinidad. No aportan ninguna solución ni alternativas. ¿Qué van a hacer con toda la gente que se dedica a esto? La crisis es el covid y este Ministerio de Igualdad, a tiempo parcial cuando interesa”.

“No defendemos la prostitución ni se nos ocurriría salir con una pancarta para decir hazte puta que es lo mejor que te puede pasar”, explica Nacho. “Desde Cats, queremos el reconocimiento de la actividad laboral con un régimen especial como tienen ciertos colectivos. Podrían cotizar al erario público y se evitaría muchísima explotación laboral con jornadas abusivas, despidos por enfermedad, multas aleatorias”.

 

“¿Cómo me gano la vida?” Las prostitutas de Malaui, desesperadas por la pandemia

 

19 de marzo de 2021

https://www.swissinfo.ch/spa/–c%C3%B3mo-me-gano-la-vida—las-prostitutas-de-malaui–desesperadas-por-la-pandemia/46462328

 

Miembros de una asociación de prostitutas en Malaui manifiestan el 28 de enero en Lilongüe contra las restricciones para frenar el covid-19, que disminuyen drásticamente sus actividades afp_tickers

 

(AFP) Sin avisar, la policía dispersa con gases lacrimógenos a los rezagados delante de los bares de una barriada de la capital de Malaui para imponer el toque de queda. “Y yo ¿cómo me gano la vida?”, suelta Yvonne, una joven prostituta.

Su burdel se halla, adrede, muy cerca de uno de los bistrós más concurridos de la zona 25, en Lilongüe. Pero desde las restricciones decretadas por el covid y las redadas policiales diarias para obligar a respetarlas los clientes se van a las 20H00.

“Mi trabajo comienza al anochecer, justo cuando echan a todo el mundo”, afirma suspirando la joven de 25 años con un vestido rojo ceñido y rastas rubias para hacer resaltar su tez clara en una mesa con un refresco delante, junto a una amiga. En los tiempos que corren no puede permitirse otra cosa…

Malaui, muy pobre, fue hasta enero uno de los últimos países en no haber optado por un confinamiento para combatir la pandemia.

En abril, la justicia prohibió las restricciones para salvar una economía frágil, basada sobre todo en el empleo informal. Pero a principios de este año, debido al aumento de los contagios, el presidente Lazarus Chakwera ordenó un toque de queda nocturno, limitó la venta de alcohol y cerró los colegios durante tres semanas.

Según las cifras oficiales, Malaui cuenta con casi 33.000 casos de covid-19 y unos mil muertos, para 18 millones de habitantes.

El mes pasado, decenas de trabajadoras sexuales salieron a las calles para protestar contra las restricciones sanitarias, que las privan de su modo de sustento. “Es injusto, por culpa de las nuevas normas, no ganamos dinero”, acusan.

– “Pagar el colegio y el jabón” –

“La prostitución es un trabajo de verdad. Pagamos nuestras facturas, nuestros alquileres, enviamos a nuestros hijos al colegio con este dinero”, explica a la AFP Zinenani Majawa, del sindicato de trabajadoras sexuales.

Según la organización, que milita por extender la apertura de los bares hasta la medianoche y los fines de semana, el país tiene más de 20.000 prostitutas. En este pequeño Estado del sur de África, la ley castiga el proxenetismo pero no la prostitución.

En Chipoka, una ciudad portuaria otrora próspera a orillas del lago Malaui, Joyce Banda, de 58 años, cuenta a la AFP que ha tenido altibajos durante sus 33 años como prostituta. Pero nada comparado con los problemas causados por la pandemia.

“Tenemos niños que alimentar. Tenemos que lavarnos y lavar la ropa. ¿Cómo vamos a comprar jabón si los bares siguen cerrando a las 20H00?”, afirma angustiada.

“¿Dónde vamos a encontrar clientes?”, pregunta Martha Mzumara, también prostituta.

En este país conservador no todos se compadecen.

“Me parecen un poco egoístas. Muchas empresas se han visto afectadas, varias han cerrado. En Malaui tenemos suerte de que los bares estén abiertos”, opina el juez Madalitso Banda de la coalición de los defensores de los derechos humanos.

La asociación de abogados del país, la Law Society, estima que las reglas están “justificadas” en un contexto de pandemia mundial. “Algunos derechos pueden verse limitados para salvaguardar otros”, afirma la directora, Martha Kaukonde.

 

Prostitución, feminismos y derecho penal,

de Mª Luisa Maqueda Abreu.

Granada, Comares, 2009

https://www.marcialpons.es/libros/prostitucion-feminismos-y-derecho-penal/9788498365023/

 

Recensión por

Francisco Majuelos

Universidad de Almería

España

Correspondencia: Francisco Majuelos. CEMyRI. Universidad de Almería. Ctra. De Sacramento s/n. 04120­La Cañada de San Urbano (Almería). España.

 

© Revista Internacional de Estudios Migratorios. CEMyRI. UAL (España)

 

“A modo de recapitulaciòn, Maqueda se refiere a ‘un continuum de despropòsitos legislativos en el abordaje jurídico del fenòmeno de la prostituciòn’ a causa de ‘la herencia determinante del abolicionismo. En su contexto, las víctimas no nos dejan ver a los sujetos de derechos que hay detrás, no interesa su autonomía ni el respeto a su propia subjetividad, ni su dignidad, ni su integridad ni, desde luego, su libertad’”

 

El libro que reseñamos aborda diferentes cuestiones relacionadas con la prostitución, las polémicas en relación a ella y los interrogantes que se suscitan en torno a la posible regulación de la prestación voluntaria de servicios sexuales. El texto se articula por medio de tres capítulos que, si bien poseen cierta identidad propia, mantiene una continuidad argumental y un alto nivel de conexión analítica.

En el primer capítulo, titulado „los orígenes de la prostituciòn contemporánea., se traza un bosquejo de la incorporación de la ideología abolicionista en la legislación internacio­nal y en las políticas públicas en relación con la prostitución y algunos de los fenómenos con los que habitualmente se vincula, como el tráfico o la trata. La autora nos sitúa en la segunda mitad del siglo XIX, en el contexto del desarrollo del capitalismo industrial: “la prostitución moderna vendría asociada a su vinculación con una clase social —las prostitutas eran las hijas no cualificadas de las clases no cualificadas— y el interés del estado por controlar la vida de los pobres” (p. 6). El incipiente abolicionismo, surgido como crítica a los aspectos más insoportables del reglamentarismo decimonónico, iría ganando terreno debido a diversos factores: los cambios sobrevenidos en el mercado de la prostitución, el fuerte desarrollo experimentado por ésta a finales del siglo XIX, la entrada en escena del llamado tráfico sexual de mujeres – alentado por su fuerte publicitaciòn y el „pánico moral. asociado a ella, respaldado por el abolicionismo-, etc. (p. 8). Este fenómeno provocaría la movilización en diferentes países organizándose múltiples eventos y suscribiéndose distintos convenios, hasta culminar en lo que Maqueda define como la “obra más representativa “del feminismo abolicionista: la Convenciòn de Naciones Unidas para la represión de la trata de seres humanos y de la explotación de la prostitución ajena, firmada en Nueva York el 21 de marzo de 1950 (p. 9).

En el segundo apartado de este capítulo, la autora traza el camino recorrido durante casi medio siglo hasta la firma del citado convenio, resaltando algunos aspectos de gran transcendencia: la contradicción inicial de muchos estados con políticas reglamentaristas en sus propios territorios, que suscribirían un acuerdo acusadamente abolicionista; el contenido criminalizador del entorno de la prostitución presente en el convenio; o el desconocimiento en él del principio de autonomía de la voluntad de la persona, reconocido en otros textos de carácter internacional. “Este convenio de 1950 condicionaría, de forma determinante, el devenir de las políticas sobre prostituciòn en los distintos países” (p. 13).

En el tercer apartado, Maqueda analiza los aspectos esenciales relacionados con la ideología abolicionista a partir de la finalización de la segunda guerra mundial, época a partir de la cual se iniciarían cambios profundos en los órdenes moral y sexual, particularmente en las ideas y las prácticas relacionadas con el sexo, así como su posterior vinculación a la industria del turismo y del ocio, y las ideas y hábitos sociales favorables a una normalización de la prostitución (p. 15). La evolución ideológica en el seno del propio feminismo, particularmente el feminismo cultural logrará imponer una jerarquía moral entre las mujeres en función de lo sexualmente correcto y considerará a la prostitución como una manifestación del poder de los hombres sobre las mujeres y de la imposición de la sexualidad masculina, vinculando esencialmente el placer masculino a la victimización, el daño y la explotación de la mujer. Asimismo se analizarán las influencias ejercidas por esta ideología en las políticas nacionales, en particular en el caso sueco, modelo de referencia del nuevo discurso feminista sobre la prostitución, que incorpora “otro de los grandes principios del abolicionismo radical: la negaciòn del derecho a prostituirse” (p. 20) y la penalizaciòn del cliente, consolidándose un concepto de prostitución que la conciba como explotación sexual.

También se hará un breve recorrido por el caso español, donde la tardía preocupación del feminismo por la prostitución, no ha impedido que se haya abierto paso en el ámbito institucional el ideario abolicionista: la prostitución como violencia de género, como sometimiento al deseo masculino; el sexo de pago como ausencia de libertad en el ejercicio de la sexualidad; la victimización de la prostituta y la desconsideración de su autonomía; la negación de la distinción entre prostitución libre y forzada, o su vinculación con el tráfico sexual; etc.

Su evaluación y conclusiones quedan reflejadas en los dos puntos finales respectivamente, y las aportaciones que ofrece no pueden ser más demoledoras: el mercado clandestino monopolizado por la delincuencia organizada, consecuencia de los regímenes prohibicionistas (p. 35); el incremento de la victimización, el estigma, la discriminación y la clandestinidad (p.37); concluyendo para el caso sueco que “procede levantar ‘acta de fracaso’ de la iniciativa legal sueca, cuyo principal avance ha sido garantizar la victimización de un colectivo que con ella se ha hecho más vulnerable” (p.38); y para el caso español, a los efectos invisibilizadores del prohibicionismo, habría que añadir el “amplio margen de inseguridad jurídica en la aplicaciòn de la nueva normativa penal” que los ambiguos términos de „explotaciòn sexual. provocan en relación a la difícil prueba del lucro punible (p. 40).

En el capítulo segundo, “los nuevos discursos: de la autodeterminaciòn sexual al reconocimiento de derechos”, la autora realiza un análisis de los discursos en torno a la prostitución, un proceso de deconstrucción/construcción del concepto de prostitución que sea apropiado para el objetivo de “reconocimiento de la prostituciòn voluntaria como una práctica social – legal y regulada-” (p. 41).

El primer apartado se dedica a precisar los rasgos definitorios de un concepto adecuado de prostitución, necesariamente liberado de los tópicos y de las construcciones ideológicas que lo contaminan asociándole prácticas distintas a la prostitución y que, sin embargo, acaba por asimilar, insistiendo en los elementos que le son sustanciales: la prostitución como práctica social, la prostitución como sexo libremente pactado y la prostitución como actividad económica diversificada en un mercado internacionalizado.

En el segundo apartado, se aborda la construcciòn de una definiciòn “científica” de la prostituciòn: “la prestaciòn voluntaria y negociada de servicios sexuales remunerados”. A partir de esta definición, Maqueda precisa el contenido de los elementos que la componen, en relación a los discursos abolicionistas: la prostitución forzada no existe, es decir, que la prestación coercitiva de servicios sexuales no puede ser considerada prostitución; la prostitución como servicio sexual que se presta por quien recibe dinero a cambio implica que no se trata de una relación recíproca de sexo, en la medida en que quien ofrece servicios sexuales no mantiene “relaciones sexuales”; la prostituciòn como práctica y como profesiòn, que asimile la prostitución a un contexto público como trabajo sexual, que permita el reconocimiento de derechos sociales y laborales a sus protagonistas.

La voluntariedad inherente al concepto de prostitución propuesto es la clave para la opción al reconocimiento de un espacio de libertad en el ejercicio de la sexualidad, al que la autora asocia con la decisión de trabajar en el mercado del sexo y que vincula al discurso liberal: la prostitución no sería sino la expresión del derecho sexual de cualquier persona a disponer de su propio cuerpo. Es desde esta perspectiva desde la que la que se analizan las posibilidades de fundamentación de su propuesta regulatoria desde el discurso liberal, que reconoce no unívoco y que plantea diferentes problemas cuando se plasma en propuestas de intervención social: el modelo no intervencionista tanto en cuanto sitúa la libertad sexual en el terreno de lo privado; el modelo regulacionista, que intenta transformar los problemas sociales en problemas de orden público, mutando en un nuevo prohibicionismo que se vuelve contra las trabajadoras sexuales, ante la indiferencia del feminismo abolicionista respecto de los problemas humanos de las prostitutas.

El cuarto apartado analiza el discurso social de reconocimiento de derechos para el que parte de dos ideas clave: la prostitución como actividad económica y la prostitución como trabajo. Maqueda presenta diferentes aportaciones de esta perspectiva tanto desde la sociología como del derecho. Y su marco ideològico de partida “de ese reconocimiento de la prostitución como trabajo sexual no puede ser otro, por lo menos formalmente, que el estado social: sustraer de la condición de trabajadoras a las mujeres que ejercen la prostitución es sustraerlas también de los derechos asociados a los modelos de Estado de Bienestar” (p.95). A continuaciòn ejemplifica, y evalúa, esta perspectiva mediante el modelo holandés, al que reconoce su capacidad de mejora de la situación de las trabajadoras sexuales, si bien entre sus insuficiencias reconoce las dificultades de aplicación por falta de recursos, la peor posición laboral de las trabajadoras autónomas o la discriminación que supone para las trabajadoras extranjeras no comunitarias que están fuera del ámbito de protección en este modelo, al no ser fuente de reconocimiento laboral para su regularización administrativa, por razones de „interés nacional.. Otras insuficiencias del modelo laboral quedan recogidas en este apartado final del capítulo II, particularmente las que provienen del cuestionamiento de la ciudadanía laboral como fuente exclusiva del reconocimiento de derechos por parte de los estados, o las que propugnan una vía emancipadora desligada del concepto de ciudadanía. En cualquier caso la posición de la autora es clarísima al respecto: “quedarse fuera de la lògica del derecho sòlo atrae debilidades y conti­nuismo en la desprotecciòn de uno de los colectivos que más desprotegidos están” (p. 102).

En el capítulo tercero, „el discurso jurídico y la legalidad penal, se aborda esa visiòn tradicional del derecho “como portavoz de una reacciòn social contra la prostituciòn, en tanto que forma de desviaciòn” (p. 103), presentándonos el tránsito desde los regímenes reglamentaristas a los prohibicionistas, bajo la influencia del abolicionismo, desde la perspectiva del cambio en el discurso jurídico, que desplazaría el acento en la moralidad y la degradación desde la prostituta a la prostituciòn misma, un proceso cuyo resultado “ha sido el de la creaciòn de un espacio sin derechos, en el que el Derecho cada vez más explícitamente, se ha dejado ver como un instrumento de expulsión del entorno económico, político y social” (p. 107). Se abordan también diversas cuestiones acerca del estatus jurídico de la prostitución en nuestro país caracterizado precisamente por la ausencia de estatus alguno, cuya posibilidad de regulación indaga Maqueda desde distintas fuentes, buscando salvar los diferentes escollos doctrinales que impiden la regulación de la prostitución. En primer lugar, tras exponer los fundamentos jurídicos de la legalización de la actividad del alterne, intenta salvar, desde la tradición de la doctrina de la jurisprudencia, el principal escollo para la legalización de la prostitución con participación de terceros que representa el art. 188.1 del código penal tras su reforma de 2003. Frente al discur­so de la explotación sexual, iniciado en la Convención de las naciones Unidas de 1950, que justifica el reproche penal a la obtención de un aprovechamiento económico de la prostitución ajena, la autora considera que la acción punitiva sólo estaría justificada por los “abusos a esas necesarias reglas de ejercicio –voluntario- de la prostituciòn” (p.118), lo cual apoya en diferentes pronunciamientos penales, de tal manera que la interpretación del concepto de explotación sexual se aproximaría a la idea de explotación laboral derivada de la imposición de condiciones abusivas de trabajo, propuesta que considera compatible con las diferentes definiciones internacionales, apelando para ello, entre otras fuentes, al último informe criminológico de la Guardia Civil (que tal vez por ello fue el último). Respecto a la „prestaciòn coercitiva de servi­cios sexuales, la autora duda de que se pueda en tales casos hablar de prostituciòn: “si no hay consentimiento en la prestación de servicios sexuales, ni mínima reciprocidad en la obtención de beneficios, no hay prostituciòn” (p. 123), prefiriendo caracterizar tales acciones como agresiones o abusos sexuales, o rescatando la figura penal de la „servidumbre.. Paralelo recorrido realiza la autora respecto de las relaciones entre trata, tráfico y prostitución, resultado de la confusión conceptual derivada de la introducción de las variables vulnerabilidad y precariedad administrativa como elementos definitorios de dichas figuras, y la construcción de un discurso fundado en la vulnerabilidad con “una alarmante fuerza de convicción. Su componente emocional ha hecho estragos en el mundo del derecho” (p.133).

A modo de recapitulaciòn, Maqueda se refiere a “un continuum de despropòsitos legislativos en el abordaje jurídico del fenòmeno de la prostituciòn” a causa de “la herencia determinante del abolicionismo. En su contexto, las víctimas no nos dejan ver a los sujetos de derechos que hay detrás, no interesa su autonomía ni el respeto a su propia subjetividad, ni su dignidad, ni su integridad ni, desde luego, su libertad” (p. 138). Apoyándose en ello propone una revisiòn de las leyes “bajo un nuevo discurso ‘liberal’ de reconocimiento de derechos, en el que se representaran a unos actores sociales que se mueven voluntariamente en un contexto – sexual-tan digno de ser reconocido y jurídicamente tutelado como cualquier otro” (p. 139), pretensión del llamado modelo laboral y que descartó el Informe Final de la Ponencia de 2007.

Por último, la autora confía en que sea la práctica judicial, mediante una interpretación ajustada constitucionalmente, la que permita la obtención de derechos sin necesidad de que el legislador introduzca modificaciones. Aún así, quedarían por fijar los límites legales al ejercicio de la prostitución como opción individual y como actividad asalariada. Sería necesario analizar los procesos y los actores presentes en ellos, para evitar una criminalización indiscriminada de todos ellos, situando los límites de intervención penal en los casos graves de abuso en la obtención del lucro y en la imposición de las condiciones laborales abusivas en la prestación voluntaria de los servicios.

A pesar de la confianza expresada, no deja de resultarnos llamativa una de las últimas líneas del texto que comentamos: “el lenguaje ambiguo y equívoco de las leyes se ha convertido en el mejor aliado de una política criminal marcada por el eficientismo político” (p. 148).

Estamos pues, ante un texto de enorme interés, que aborda la problemática de una posible legalización de la prostitución desde una perspectiva muy sugerente y que, al margen del realismo y viabilidad de sus propuestas, informa de los múltiples elementos que dificultan o participan en tal hipotética medida, los deconstruye en lo que de artefacto ideológico sostienen, y trata de armar una definición que pueda permitir su consistente fundamentación jurídica, constitucional, y su regulación legal. Se trata de un libro abundantemente documentado desde fuentes diversas, que nos presenta de forma comprensible las claves que marcan la consideración de la prostitución y los impedimentos para tal normalización jurídica y social. Especialmente relevante es el desenmascaramiento de los condicionantes ideológicos que el abolicionismo ha impuesto no ya en el tratamiento penal de la prostitución y de otros fenómenos habitualmente asociados a ella, sino en la vida misma de las trabajadoras sexuales y de su entorno social.

Mucho nos tememos que el camino por recorrer sea más complicado de lo que la clarividencia que la autora nos muestra en este libro permitiría suponer, pero no nos cabe duda de que se trata de un instrumente valiosísimo para entender el fenómeno que analiza y las problemas que deja pendientes de resolver.

 

 

 

 

 

 

Empoderamiento y hermandad: la labor comunitaria de las trabajadoras sexuales luego de un año de pandemia

Varias organizaciones comunitarias han creado , a través de la creatividad y la solidaridad, redes de apoyo para uno de los grupos más vulnerados y estigmatizados del Barrio Santa Fé. 

“El enemigo número uno de la puta es la policía y el Estado, que no cuida a nadie, menos a nosotras. Pero ha sido muy duro tener que reconocer que adicional tenemos un nuevo enemigo que son las otras mujeres, que nos han querido tachar de incorrectas y servidoras del patriarcado, cuando hacemos todo lo posible para hacer lo contrario. El prejuicio ha vuelto. A mi me parece que esto es un momento histórico porque ahora la trabajadora sexual se levanta, habla, resiste, se reconoce como tal y esto es nuevo, no pasaba antes, y nos hemos levantado contra el sistema, el patriarcado, iglesia, todo, pero nos toca volver a callarnos porque algunas mujeres nos quieren silenciar”

 

Por Luz Lancheros

12 de marzo de 2021

https://www.publimetro.co/co/bogota/2021/03/12/empoderamiento-y-hermandad-la-labor-comunitaria-de-las-trabajadoras-sexuales-luego-de-un-ano-de-pandemia.html

 

Uno de los sectores más vulnerables, estigmatizados y violentados por la pandemia ha sido el de las trabajadoras sexuales, que sin apoyos, han tenido que valerse por sí mismas, ayudarse entre ellas y de paso, y alzar su voz ante la estigmatización.

Cuando Alejandra Monocuco, mujer trans de 39 años y trabajadora sexual murió el año pasado debido a la negligencia de las autoridades sanitarias y distritales y luego estas mintieron sobre su deceso, una de estas redes fue la que se encargó de velar por justicia por su caso: la Red Comunitaria Trans, que con otros colectivos fundados por trabajadoras sexuales y feministas que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales, resignifican su posición ante la sociedad e incluso les han permitido expresar su posición política a través de proyectos comerciales y creativos, más aún en un periodo tan difícil.

De esta manera, ante la violencia y abandono social y estatal la Red creó un Fondo de Emergencia para las trabajadoras sexuales en el barrio Santa Fe (en el que entregaron mercados, se ayudó con arriendo y aparte, también se dieron kits de protección) , además de una Escuela Comunitaria -que permite a las integrantes de su red adquirir conocimiento en varios temas- y hasta un calendario de moda donde ellas pudieron expresar su punto de vista ante el mundo, además de colaborar con ollas comunitarias y apoyos para las personas en situación de vulnerabilidad de ese sector.

“Si éramos invisibilizadas antes de la pandemia, ahora mucho peor, porque nos ven como personas que no importan, como cuerpos matables. Hubo muchas personas en estado de vulneración terrible. A algunas las desalojaron, otras no tenían cómo darles de comer a sus hijos, denunciar se hacía más difícil, pero gracias a la campaña del fondo de emergencia para trabajadoras sexuales y la articulación con otras organizaciones feministas que no juzgan el trabajo sexual, salimos adelante”, le expresa Yoko Ruiz a PUBLIMETRO, co- fundadora de la Red Comunitaria Trans y trabajadora sexual, que lleva ocho años haciendo trabajo comunitario en el barrio y una de las impulsoras de la campaña que visibilizó lo que había hecho el Estado con Alejandra.

#JusticiaParaAlejandra pic.twitter.com/oZq0IUxGUU

— Red Comunitaria Trans (@redcomunitariat) June 4, 2020

“ El trabajo sexual para mí es una oportunidad laboral. Este lleva una década en que la Corte Suprema lo hizo ver como un trabajo digno y las putas son autónomas en su territorio y cuerpo. Y mientras se acaba la pandemia, debemos acompañar a las personas (incluso a las que tienen otras situaciones de vulnerabilidad) a nivel económico y de justicia, para seguir denunciando estas violencias”, añade.

Uno de los colectivos feministas que es su aliado es Putamente Poderosas, que creó su tienda de moda “La tienda del putas”, donde se pueden comprar piezas para apoyar a las trabajadoras sexuales en Bogotá y en Medellín. Con mercados, dinero y hasta la participación de empresas privadas, han querido no sólo apoyar, sino resignificar una palabra que sigue siendo tabú en la sociedad colombiana.

“ Esta violencia agudizada por la pandemia empezaría a reducirse si a una trabajadora sexual le dieran un marco digno de trabajo, pero mientras más escondamos y neguemos el tema, peor para ellas, porque el trabajo sexual hay en todo el mundo y jamás se va a acabar o abolir. Tenemos que aceptarlo, reconocerlo y nombrarlo. Hay todo tipo de personas y no se puede confundir trabajo sexual con trata y con prostitución, son temas diferentes. Los derechos no se debaten: se defienden y debemos ponernos en la voz de ellas. Nosotras ponemos el tema del trabajo sexual sobre la mesa y lo resignificamos y humanizamos , no lo romantizamos. Esto se trata de un intercambio de dinero por placer, con el cuerpo como herramienta. Y ante la problemática agravada por la pandemia, hacemos acciones concretas y simbólicas, porque son las que mueven y ponen a hablar a la ciudad y el país”; le explica a PUBLIMETRO Melissa Toro, directora de la organización. Esta y las organizaciones comunitarias de trabajadoras sexuales, se han organizado para hacer actividades comunitarias y manifestaciones artísticas y simbólicas. Otro colectivo aliado es Dos Latinas, plataforma de derechos humanos que, entre otros enfoques, piensa el vestir como acto político.

Por su parte, otras trabajadoras sexuales han creado colectivos e iniciativas comunitarias para apoyar a sus mismas compañeras. Este es el caso de Marciana*, que ahora es modelo webcam y que ha hecho varias ollas comunitarias y ha dado apoyos para comunidades vulnerables como los indígenas Emberá en Bogotá que tuvieron que alojarse en el Parque Tercer Milenio, entre otros.

Esto lo hace con la plataforma Fuego de Barrio y conoce muy bien la realidad de este trabajo: ella y su mejor amiga hicieron cerrar varios sitios de trata, por lo que sufrieron varios atentados. Su amiga murió como producto de ello, pero no pudo cegarse ante las problemáticas de su entorno: “Regresé para apoyar a mis compañeras y descubrí que no solo nosotras teníamos necesidades, sino que la calle tenía muchas dinámicas y factores. Empecé el trabajo comunitario con trabajadores informales y luego con habitantes de calle, disidencias sexuales, porque el barrio aglomera a todas las personas ignoradas e invisibilizadas por mucho tiempo. En estas ollas, que llevan año y medio, vemos un compartir constante y comunitario de la comunidad, donde se intercambian historias y vivencias. Esto ha creado fraternidad en los vecinos y ha hecho que la pandemia sea menos violenta”, explica.

La olla aquí ya está encendida? pic.twitter.com/yXLBrmqMmL

— ���������������� ��️‍�� (@MarcianaPunk) March 7, 2021

En estas actividades también ha participado Carolina Calle, trabajadora sexual desde hace 16 años y directora de la organización Calle 7 Colombia, que lleva 3 años legalizada. “Hemos marchado para que se hiciera algo mínimo, para que a algunas les dieran ayudas. Si bien hay políticas públicas para nosotras, en la Secretaría de la Mujer no han hecho nada y no les importa lo que nos pase. Por eso seguimos en la lucha, que está en las calles y en los sitios donde se ejerce el trabajo sexual”, expresa.

Arte y política ante el estigma

La moda y el arte son vehículos de expresión, entre muchos otros ,de las trabajadoras sexuales trans, que comienzan a tener conciencia de sí mismas y a empoderarse desde esta posición.

Esto también lo han podido encontrar en el espacio cultural “El Olimpo”, cuyo director creativo, Juan Sebastián Reyes, fue quien lideró el calendario de moda protagonizado por las mujeres de la Red Comunitaria Trans. “Llevo cuatro años en la zona, tres trabajando unido con la Red y creamos un espacio seguro donde las personas que ejercen la prostitución aprenden patronaje, confección, dirección de arte, etc. Tenemos un grupo de trabajo donde varias personas las guían en procesos creativos”, le expresa a PUBLIMETRO.

Las integrantes de la Red idearon los conceptos del calendario y se fue creando para cada foto un fashion film. “Queríamos sacarlas de la zona de confort y queremos también poner una posición política, no solo pararnos desde el discurso de la calle sino desde el arte de y la moda y decir estamos acá, este es un trabajo como cualquier otro y por la pandemia este está siendo afectado”, añade. El calendario muestra a cada una de las trabajadoras sexuales en conceptos editoriales y de moda que van más allá de los imaginarios estereotípicos.

“Queremos mostrar que somos guerreras y que tenemos una vida, sueños, metas. Que somos dueñas de la calle y que tienen que respetar nuestro trabajo. Que guerreamos día y noche y nos exponemos a muchas violencias. Para mí el trabajo sexual es una herramienta, pero acá en la calle vivimos de manera empoderadora, porque compartimos entre las mismas hermanas y nos ayudamos y sabemos lo que nos puede llegar a pasar. El trabajo sexual es un trabajo ,estamos en contra de la explotación, pero a muchas nos ha permitido ser independientes. Y con la red nos hemos sentido protegidas y también seguir con nuestros sueños y metas”, le cuenta a PUBLIMETRO Alexa TuFantasía, trabajadora sexual de 23 años y que lleva 5 en esta actividad y que participó en el Calendario Mujer Fatal 2021.

Alexa, como muchas, sabe también el estigma que enfrenta desde algunos sectores del feminismo . Y si bien no se desconoce la problemática mundial de una industria criminal como la trata de personas y la explotación sexual incluso en contextos de conflicto armado, entre otros, varias mujeres pertenecientes a estas redes ven en esta postura otra forma de violencia: “El enemigo número uno de la puta es la policía y el Estado, que no cuida a nadie, menos a nosotras. Pero ha sido muy duro tener que reconocer que adicional tenemos un nuevo enemigo que son las otras mujeres, que nos han querido tachar de incorrectas y servidoras del patriarcado, cuando hacemos todo lo posible para hacer lo contrario. El prejuicio ha vuelto. A mi me parece que esto es un momento histórico porque ahora la trabajadora sexual se levanta, habla, resiste, se reconoce como tal y esto es nuevo, no pasaba antes, y nos hemos levantado contra el sistema, el patriarcado, iglesia, todo, pero nos toca volver a callarnos porque algunas mujeres nos quieren silenciar”, le cuenta Marciana a PUBLIMETRO.

“ A la prostitución la empaquetan en la misma maleta con la trata de personas. Y a nosotras no nos interesa decir que la trata no existe, hay compañeras víctimas, al contrario buscamos espacios seguros para nosotras, pero nos enoja que cuando buscamos, hablamos, denunciamos o somos víctimas de feminicidio los minimizan porque son ‘riesgos laborales’, es a lo que nos tenemos que atener por ser lo que somos, es el nuevo te violan por usar falda. Es utópico soñar con la abolición, porque el Estado no da garantías de nada. Muchas acá en el barrio estamos a la espera de restituciones de tierras, por guerras, desplazamiento. Si el Estado no ha respondido por ello, menos nos va a cuidar. El trabajo sexual no se va a acabar y ellas piensan en esto como algo denigrante, pero hay que dejar los moralismos sobre los cuerpos y decisiones. Muchas acá somos conscientes de que nos gusta el trabajo, de que tenemos mejores sueldos que con nuestras profesiones, ¿Por qué ahora tenemos que ser juzgadas ,acalladas y minimizadas y por qué otra persona tiene que hablar por mi por lo que puedo y tengo derecho a decir?”, expresa.

“Hay muchas formas de ser, de representarse y existir. Una de esas es este espacio”, añade Yoko Ruíz. Llevo años acá, no he sido víctima de explotación y ya hay incluso modalidades virtuales de trabajo sexual. Acá acompañamos a las mujeres que están en este espacio y velamos para que haya justicia”, expresa. Y eso es lo que importa en un año en el que se ha demostrado que los más vulnerables han sido los silenciados y olvidados.

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Y ellas luchan para que esto no siga pasando, porque luego de un año de pandemia aprendieron que no dejarían que las violentaran otra vez, pero sobre todo, no dejarán que silencien una voz que tiene una agencia y una contundencia cada vez más fuertes.

*Nombre cambiado por petición de la fuente.

PIE DE PÁGINA

Las personas entrevistadas para este artículo se reconocen a sí mismas como trabajadoras sexuales (o feministas que apoyan este tipo de actividad) y abogan porque su actividad se reconozca como un trabajo regulado y dignificado.

Sin desconocer las implicaciones de una industria criminal (trata de personas) que en Colombia desde 2013 a 2020 dejó a 686 víctimas, de acuerdo con el Ministerio del Interior (son muchas más) , y sin desconocer a las víctimas de violencia sexual que ha dejado el conflicto armado (más de 26 mil) ,este artículo cubre solo una población de personas que se dedican a la prostitución de forma voluntaria y quienes han creado redes de apoyo en su devenir cotidiano.

Muchas mujeres víctimas de trata son invisibilizadas bajo esta terminología y varias organizaciones y activistas desde varios ámbitos han luchado contra la las instituciones estatales para lograr su rescate y reivindicación, sobre todo, cuando estas prácticas se hacen bajo figuras jurídicas y la ineficiencia del Estado para tener protocolos adecuados de rescate e identificación de víctimas. Según el reporte 2020 Trafficking In Persons Report, para 2019 hubo 106 víctimas de trata de personas y el 80% de la población casos de trata sexual eran mujeres y niñas en condiciones vulnerables.

Por su parte, PUBLIMETRO trató de contactarse con grupos y figuras abolicionistas y no recibió respuesta al respecto, o la solicitud de entrevista fue declinada.

“Nos niegan derechos por el hecho de ser putas y mantenernos encima de los tacones”

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) ha llevado a cabo acciones por la capital hispalense para conmemorar el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales

 

Carmen Marchena

4 de marzo de 2021

https://www.lavozdelsur.es/ediciones/sevilla/prostitucion-nos-niegan-derechos-por-ser-putas-y-mantenernos-encima-de-los-tacones_256775_102.html

 

María José Barrera (Colectivo de Prostitutas de Sevilla) en el encuentro por el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en la Alameda de Hércules. JOSÉ LUIS TIRADO

 

El 3 de marzo de 2001, más 25.000 trabajadoras sexuales acudieron a un festival en Calcuta (La India), a pesar de los grupos prohibicionistas, para reivindicar sus derechos laborales como ciudadanas. Desde entonces, cada 3 de marzo, se celebra el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales. 20 años después, este colectivo sigue sin tener reconocidos sus derechos como cualquier trabajador/a y continúa fuertemente estigmatizado por la sociedad.

“Si las putas de países no tan privilegiados como el nuestro salieron a la calle pidiendo derechos en situaciones muchísimo peores, será porque vivir sin derechos no es vida”, exclamaba ayer María José Barrera, la portavoz del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) en mitad de la Alameda de Hércules de Sevilla. Las trabajadoras sexuales organizadas, o como ellas mismas se llaman con orgullo “las putas organizadas”, convocaron varias acciones para informar sobre su situación y exponer cuáles son sus peticiones, con el fin de generar empatía para que se las ayude a conseguir “los mismos derechos que el resto de personas como ciudadanxs de pleno derecho”.

María José, ataviada con su camiseta de “Sin trabajadoras sexuales no hay feminismo”, expuso la cruda realidad a la que se han enfrentado miles de trabajadorxs sexuales durante el confinamiento. “En el último año hemos sido ignoradas tanto por el Gobierno como por el resto de las instituciones, no hemos accedido al Ingreso Mínimo Vital ni a ningún tipo de ayuda, a pesar de nuestro trabajo”, revela su manifiesto. El círculo alrededor de Barrera se hizo cada vez más numeroso, pero siempre guardando las distancias de seguridad. “Mientras las mujeres vivan en un sistema capitalista y patriarcal, seguirán viéndose abocadas a ejercer la prostitución”, espetaba elevando el tono con una aclaración: “Somos pro derechos, no somos regulacionistas. Estamos luchando por los derechos laborales, no estamos engañando a nadie”.

María José durante su intervención previa a las acciones. JOSÉ LUIS TIRADO

Durante su exposición aprovechó para agradecer el apoyo “cada vez mayor”, ya que “somos conscientes de que no resulta fácil acercarse a un colectivo como el nuestro, cuando ni siquiera las putas pueden dar la cara precisamente por la violencia que recibimos al exponer nuestra realidad”. Seguidamente clamó por “la protección real para las víctimas de trata” y por “alternativas efectivas para las compañeras que quieran dejar la prostitución”. En este sentido, la portavoz del CPS manifestó que “las putas no queremos salvaoras, queremos derechos reconocidos y no vernos abocadas a ejercer la prostitución, para que nadie tenga que venir a salvarnos”, en alusión a la “industria del rescate”.

En el manifiesto también denuncian que “el proyecto de Ley Orgánica de Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad quiere perseguirnos a través de la clausura de nuestros espacios de trabajo, incluyéndose en esta ley la tercería locativa (que prohibiría que un tercero se lucre del trabajo de las prostitutas), el llamado proxenetismo no coactivo, que no podamos trabajar en clubs y agencias, o incluso que quien nos lleve en taxi a trabajar pueda llegar a ser considerado nuestro ‘proxeneta’, y por supuesto a través de la Ley Mordaza, con multas a aquellas que trabajen en la calle”.

Minutos antes de salir a la pegada de pegatinas y la colocación de paraguas rojos por monumentos históricos de la ciudad, María José insistió en que “nos niegan derechos por el hecho de ser putas y mantenernos encima de los tacones”. E ilustró con firmeza: “Nosotras hemos decidido dónde ponemos el coño en esta mierda de patriarcado y lo cobramos”. Porque no solo hay mujeres que quieren dejar la prostitución, advirtió, “también las hay que quieren dejar de limpiar casas y de cuidar a domicilio, porque estamos hartas de trabajos feminizados de mierda”. Finalizó su exposición con una llamada a la acción: “No acordaros de las putas para el victimismo, sino preguntémonos qué podemos hacer por ellas, ¿o es que alguien se preocupa por lo que comemos o en qué condiciones están nuestros lugares de trabajo?”. Además de criticar la desprotección que implica no tener derechos laborales de cara a la sanidad pública.

Colocación de la pancarta en la muralla frente al Parlamento andaluz. JOSÉ LUIS TIRADO

La noche terminó con la colocación de una pancarta en la muralla de la ronda frente al Parlamento de Andalucía con el lema: “Putas con derechos”. Para el 7 de marzo tienen prevista una acción estatal en redes con las fotografías de todos los monumentos históricos retratados con paraguas rojos para reivindicar los derechos de todas las personas que “ejercen el trabajo sexual y transgreden la norma social”.

Asimismo, los objetivos que proponen desde los colectivos pro derechos de trabajadoras sexuales en su manifiesto son, además de conseguir los derechos sociolabores como cualquier ciudadana o ciudadano, “frenar todas aquellas medidas punitivas que quieren acabar con nuestro trabajo; eliminar los artículos 187.2 y 187 bis del proyecto de ley (tercería locativa y proxenetismo no coactivo); la derogación de todas las ordenanzas municipales que las criminalizan, así como los preceptos de la ley mordaza que nos persiguen; el cese de redadas persecutorias contra las compañeras migrantes para tramitar órdenes de expulsión, así como su acceso a la salud y empadronamiento, y la protección real y efectiva (protección, asilo e indemnización) para las víctimas de trata, y que estas no sean instrumentalizadas”.

 

La pandemia deja a miles de prostitutas en Turquía abandonadas a su suerte

 

3 de marzo de 2021

https://www.swissinfo.ch/spa/turqu%C3%ADa-prostituci%C3%B3n_la-pandemia-deja-a-miles-de-prostitutas-en-turqu%C3%ADa-abandonadas-a-su-suerte/46416042

 

Estambul, 3 mar (EFE).- El cierre de burdeles y los toques de queda como medida preventiva contra la pandemia del coronavirus ha provocado una gran precarización de la prostitución en Turquía, una actividad legal pero aún carente de muchos derechos.

“El coronavirus ha dejado a muchas trabajadoras sexuales en una posición muy difícil. La mayoría no tiene derechos laborales, como seguro de desempleo o baja remunerada, y sufren económicamente por el coronavirus, el cierre de burdeles y la disminución de clientes”, denuncia Pembe Hayat, una ONG que apoya a las prostitutas.

Pese a ser una actividad legal, de las cerca de 150.000 trabajadoras sexuales que hay en Turquía, solo 2.600 trabajan en burdeles con contrato laboral, según un estudio de la Universidad de Ankara.

Tras un año de restricciones por la pandemia, las asociaciones de defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales denuncian que las que tienen contrato no reciben ayudas de sus empleadores ni del Estado, por lo que se han visto obligadas a trabajar de forma precaria.

“Dejaba este trabajo cuando encontraba uno normal. Tenía un buen trabajo pero durante la pandemia me despidieron y no pude encontrar otro, así que he vuelto al trabajo sexual”, señala una joven que se identifica como Narin, al diario Gerçek Gündem.

La mayoría de trabajadoras sexuales que ejercían en bares clandestinos y en la calle, intentan sobrevivir encontrando clientes en redes sociales.

Cansel Derya Karagöz, de 45 años y que ejerce la prostitución desde hace veinte, considera que contactar clientes así es más seguro para muchas trabajadoras sexuales.

“Estás en casa, tienes el teléfono del cliente que va a venir, lo puedes identificar. Es mejor que estar en la calle”, comenta a EFE.

Basta con poner el nombre de una ciudad o barrio de Turquía en el buscador de cualquier red social como Twitter, Instagram o TikTok, y enseguida aparecen anuncios de trabajadoras sexuales, aunque las cuentas se ven constantemente canceladas por las políticas de privacidad y censura de las plataformas.

“Yo uso Instagram. Allí no puedo poner nada sexual, tan pronto como lo pongo me cancelan la cuenta. Si la abres de nuevo, te la vuelven a bloquear”, explica Karagöz.

“No podemos trabajar en la calle por el coronavirus, no podemos comer de Twitter, entonces, ¿De qué comemos?”, se queja.

Karagöz explica que ella y sus compañeras “han tocado fondo” y que nunca se han encontrado en una situación tan precaria.

“Antes teníamos una red de ayuda y cuando una no podía pagar (el alquiler) nos ayudábamos entre nosotras, pero ahora eso no funciona. No me puedo pagar ni mi propio alquiler, me tengo que proteger”, lamenta Karagöz.

A la falta de ingresos se le añade la exposición al contagio del coronavirus cuando ejercen su trabajo.

Pembe Hayat ha publicado una guía de técnicas para evitar la infección durante su actividad laboral, como desinfectarse antes y después de ver un cliente y ofrecer alternativas al acto sexual como masajes o shows eróticos vía online.

“Usamos líquidos desinfectantes, te lo aplicas, se lo aplicas al cliente. Se mantiene la distancia entre las bocas… pero los cuerpos se tocan. Así nos protegemos. Tenemos que trabajar, pero hay un riesgo”, lamenta Karagöz.

Karagöz comenta que muchas de sus compañeras han pasado el coronavirus y que siguen trabajando pese al riesgo de contagio.

“Un amiga mía muy cercana, se llamaba Gül. Tenía 64 años y estaba obligada a trabajar como trabajadora sexual porque necesitaba sobrevivir. Murió de covid-19, es muy doloroso”, añade.EFE

 

Todo por la trata, pero sin las mujeres tratadas

 

Por Patricia Simón

29 de mayo de 2019

Todo por la trata, pero sin las mujeres tratadas

 

Mientras el Estado español y los Gobiernos autonómicos enarbolan discursos en los que la protección de las supervivientes de la trata con fines de explotación sexual aparece como una prioridad, la política fronteriza española y sus acuerdos con Marruecos están dirigidos a que estas mujeres nunca pisen suelo español. Viajamos con un equipo de CEAR Euskadi a Melilla y al norte de Marruecos, paso obligado de muchas de las mujeres que migran buscando la protección de unos derechos. Solo encontrarán obstáculos y violencia. Pagados con nuestros impuestos.

 

La valla de Melilla. / Foto: Patricia Simón

 

“Las mujeres que peor llegan aquí y a España son las que vienen solas. Las que hacen el recorrido con la mafia están más protegidas porque ellas son su mercancía”, nos repiten en el norte de Marruecos varias de las personas que realizan labores humanitarias con las personas migrantes.

No podemos aclarar dónde se encuentran exactamente, ni quiénes son. El Gobierno marroquí no duda en expulsar a las voces críticas, así sean periodistas (el día en el que llegamos a una de estas ciudades acababan de deportar a un holandés que pretendía reportear sobre migraciones), o activistas por los derechos humanos (al sacerdote español Esteban Velázquez se le retiró el permiso de residencia en 2016 por sus denuncias públicas de las agresiones que sufren las personas migrantes negras en el reino alauí).

Hasta aquí todo previsible teniendo en cuenta que Marruecos sigue siendo un país regido por una monarquía parlamentaria altamente autoritaria. Más alarmante resulta que organizaciones que trabajan al otro lado de la valla, en Melilla, necesiten protegerse también bajo ese anonimato. Ha sido la conclusión a la que han llegado tras comprobar la saña con la que se ha empleado el Gobierno de la ciudad autónoma con entidades sociales como Prodein y Harraga por su trabajo con los menores que viven en sus calles, contra las que han interpuesto querellas y divulgado campañas de difamación a través de los medios de comunicación de la ciudad. El resultado: la extensión del rechazo que provoca entre gran parte de su ciudadanía a las personas migrantes y a las que defienden sus derechos.

Dado que la prioridad es poder seguir intentando garantizar los derechos de las personas migrantes en esta urbe, el resto de entidades se han decantado por desarrollar otras formas de incidencia política que no pasan por su visibilidad: sus integrantes han tenido que recuperar conocimientos y prácticas de los tiempos de la clandestinidad; y los y las periodistas aceptar que, para contribuir a que las personas migrantes vean sus derechos garantizados en Melilla, a veces, no todo se puede contar.

Por eso, esta crónica no podrá especificar muchas de las fuentes de las informaciones que contiene: porque a Marruecos no le gusta tener testigos de cómo se ejecutan –a golpe de porras e incendios– sus acuerdos con España y la Unión Europea, y porque el Gobierno de Melilla no quiere a gente en su territorio que les recuerde que el centenar de niños extranjeros que viven en sus calles son eso, niños y adolescentes; que los migrantes no son delincuentes, sino personas que ejercen su derecho a la libertad de circulación; y que el engordado presupuesto de esta ciudad de 85.000 habitantes –más de 270 millones de euros anuales–, se debe, exclusivamente, a que este resto de nuestro pasado colonial vive, se lucra y justifica su existencia misma gracias a la inmigración.

En la orilla marroquí

“El día después de que el rey Felipe VI firmase aquí el acuerdo con el marroquí [el 16 de febrero de 2019] empezó el horror. Desde entonces, la policía sube diariamente a los campamentos: los incendia, les roban las mantas y los plásticos con los que las personas migrantes se protegen del frío… Las ves cargando al caer la noche a lo alto de los montes cargados con sus mochilas”, nos dice una de las personas que mejor conocen estos pequeños poblados construidos con palos y lonas en las que hombres, mujeres, niños y niñas viven mientras consiguen subirse a una patera. Antes, también eran la antesala para el salto de la valla a Melilla, pero desde que las concertinas fueron retiradas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del lado español y situadas en el marroquí, apenas hay cruces por esta vía.

En Marruecos, la policía sube diariamente a los campamentos donde está la población migrante y los incendia, les roban las mantas y los plásticos con los que las personas migrantes se protegen del frío, nos cuentan Clic para tuitear

“Hasta 2015, había unas 4.000 entradas por Ceuta y Melilla. Ahora estamos en decenas de miles por la vía marítima. Es el resultado de la política marroquí, europea y española que con su cierre de las fronteras terrestres ha transformado una migración que venía a pie y era gratuita, a otra en la que hay que pagar por todo y que está bajo el control de las grandes redes de traficantes, que son tanto subsaharianas como marroquíes”, nos dice Omar Naji, de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, después de atender en su austera oficina en Nador a un hombre cargado de papeles. Nos autoriza a citarle con nombres y apellidos, pese a que algunos de sus colegas han sido encarcelados por la claridad con la que esta entidad se pronuncia: “Las políticas migratorias europeas no buscan disminuir la inmigración, sino reorientarla hacia circuitos de pago”, sentencia.

Nos encontramos en uno de los enclaves más importantes de la ruta subsahariana hacia Europa y no se ve a una sola persona negra en sus calles. “Los migrantes tienen prohibida la circulación por la ciudad, trabajar, alquilar una casa, incluso entrar en un bar para comprar un café”, explica Naji, quien también ha documentado cómo, desde que en octubre de 2018 la Unión Europea prometió aumentar en 140 millones de euros la partida destinada a Marruecos para impedir la salida de pateras desde sus costas, el acoso y los arrestos en los campamentos se han extendido a mujeres, niños y niñas. “Por eso las mafias alquilaron pisos en las ciudades donde esconder a las mujeres, donde permanecen hacinadas y en condiciones deplorables. Pero ahora también allanan los pisos”, sostiene el abogado, rodeado de retratos de líderes palestinos y de Rachel Corrie, la activista estadounidense de 24 años que murió aplastada por un buldócer israelí cuando intentaba impedir la demolición de viviendas palestinas.

«Con su cierres de fronteras terrestres, la política marroquí, europea y española ha transformado una migración que venía a pie y era gratuita, a otra en la que hay que pagar por todo y que está bajo el control de las grandes redes… Clic para tuitear

Varias fuentes nos confirman que el Gobierno de Marruecos está utilizando públicamente la lucha contra la trata como pretexto para desmantelar los campamentos en los montes y las viviendas en las que las redes ocultan a las mujeres, que son detenidas y deportadas en autobuses a la frontera argelina, la más violenta de la ruta.

Mientras, la trata con fines de explotación sexual adquiere cada vez más protagonismo en la opinión pública –y publicada– en España, como parte del enconamiento de la controversia en torno a la regulación legal de la prostitución. El éxito de convocatoria de las manifestaciones y la huelga del 8M amplió la visibilidad de los discursos feministas, especialmente el abolicionista, que considera trata prácticamente todas las formas de prostitución femenina. Un momento que ha coincidido con varias convocatorias electorales y que el abolicionismo ha aprovechado para que todos los partidos políticos manifestasen públicamente su posicionamiento y se comprometiesen a implantar políticas dirigidas a su erradicación.

Un cementerio en la frontera entre Marruecos y España. / Foto: Patricia Simón

Paradójicamente, el PSOE, el único partido que siempre se ha declarado sin ambages abolicionista y que ha incluido este objetivo en su programa electoral, como cada vez que ha presidido el Gobierno estatal, ha mantenido la política de destinar cada vez mayores partidas presupuestarias –cuyas cuantías totales no son públicas– a pagar a Marruecos para sellar su frontera y, por tanto, impedir por todas las vías a su alcance que estas mujeres subsaharianas lleguen a suelo español. Pero si, pese a todo, consiguen salvar todos los obstáculos interpuestos –incluida la muerte cuando se suben a una patera–, desde la llegada del PSOE al Gobierno en junio de 2018, todas ellas serán consideradas potenciales víctimas de trata. Así nos lo confirmó durante una visita al Centro de Estancia Temporal de Melilla su director, Carlos Montero, para contrariedad de parte de las mujeres, como nos señalaron muchas de las personas que trabajan con ellas, porque no todas lo son y porque les pesa el estigma de ser vinculadas con la prostitución.

“Las mujeres vienen huyendo de sus países por distintas formas de violencia: matrimonios forzosos, mutilación genital, pobreza, persecución por razones políticas… Las redes de trata y de tráfico no coaccionan para que acudan a ellas: ofrecen un producto. Si pagas, yo te llevo. Les dan la esperanza y ellas saben que tienen que pagar un precio”, nos dicen unas defensoras de derechos humanos que las cuidan cuando, por ejemplo, pierden a sus hijas e hijos en naufragios. Recuerdan el caso de “la mujer que no salía del shock durante días. Sólo repetía: un pez se comió a mi hijo [de dos años]”.

No todas las mujeres subsaharianas son víctimas de trata

“Su cuerpo es su pasaporte, así que saben que la violación o la prostitución será el precio a pagar por cruzar fronteras, para seguir avanzando en el camino. Por eso, si vienen con la mafia para la prostitución estarán más protegidas porque son su mercancía y pasarán más rápido a la Península”, explican quienes saben bien cuáles son las consecuencias de eso que hemos llamado “política de cierre de fronteras de la Europa fortaleza”. Un concepto que encierra una decisión política, como es impedir que estas personas puedan viajar de manera normalizada, y que obliga a aquellas que no se conforman con lo que sus países y contextos les ofrecen, a convertir sus cuerpos en el campo de batalla en el que se bate esa guerra que Europa mantiene contra los extranjeros y extranjeras pobres.

Por eso, las que pueden permitírselo acuden a las redes de tráfico de personas para hacer tramos del viaje –especialmente los más virulentos, como la frontera entre Argelia y Marruecos– o su totalidad. Las que tienen, ellas o sus familias, menor capacidad de endeudamiento, lo harán a través de las redes de trata, sepan o no que la actividad mediante la que tendrán que saldar su deuda será la explotación sexual.

La abogada Cristina Manzanedo es portavoz de ÖDOS, un centro creado hace un año en Córdoba para las mujeres subsaharianas que llegan en patera con menores a las costas andaluzas. Manzanedo, con amplia experiencia en el ámbito de la trata y las políticas de extranjería, nos desgrana vía telefónica los perfiles de las mujeres que suelen llegar por esta ruta: “Hay mujeres con un proyecto muy claro de reagrupación familiar, cuyos maridos están en países como Francia, y que ante la lentitud o las barreras burocráticas para la reunificación, emprenden el viaje”. Otra de las trayectorias vitales más habituales es la apuntada anteriormente: mujeres que huyeron de sus países por distintas violencias machistas, “que creen que pueden ir fácilmente a Europa y a las que les van ofreciendo ayuda por el camino, diciéndoles que no se preocupen, que ya se lo pagarán en Europa. Creen que en Europa encontrarán techo y trabajo, pero después sólo podrán ejercer la prostitución como forma de pago”. Y también, explica, mujeres que sabían que su única forma de migrar era recurrir a la mafia y ejercer la prostitución: “Estas mujeres no van a denunciar porque están muy machacadas. Algunas han pasado por Libia antes de ir a Marruecos”. Y pretender que estas mujeres se identifiquen como víctimas de trata o que soliciten ayuda cuando llegan al puerto es muestra de desconocimiento, apunta Manzanedo.

Por eso, catorce entidades –que van, entre otras, desde el Consejo General del Poder Judicial, la Universidad Loyola de Andalucía, Save the Children, Cáritas o la Delegación Diocesana de Migraciones de Tánger– se han unido para poner en marcha este proyecto piloto de ÖDOS. Allí son trasladadas mujeres con niños y niñas, donde están quedándose, según nos confirma Manzanedo, una media de tres meses, mientras que del resto de residencias humanitarias a las que suelen ser trasladadas huyen a los pocos días.

Quizás una de las claves está en tratar a cada mujer de manera personalizada, conscientes de la diversidad de situaciones que engloban. Porque Manzanedo sigue describiendo distintas historias de vida, que van mucho más allá del maniqueo retrato de la trata: “Muchas de las mujeres no son víctimas de trata cuando llegan a Europa, sino que son personas con capacidades que quieren mejorar sus vidas. Pero como consecuencia del desamparo absoluto en el que queda una mujer negra en situación administrativa irregular, el único arropo que encuentran es el de los amigos africanos a los que terminará llamando, cayendo en una trata sobrevenida. Ejercen la prostitución forzada porque ni para servicio doméstico las queremos, que para eso están las latinoamericanas”.

Los matices son señal de conocimiento, y Manzanedo lleva décadas acumulándolo trabajando a pie de terreno. Por eso sabe que sí hay algo que tienen todas en común: “Haber sufrido algún tipo de violencia durante el viaje. Y muchos de los niños que las acompañan, violencia sexual”. Subraya que no tiene nada que ver lo que ha pasado la mujer que ha podido hacer el viaje en cuatro meses, que la que ha tardado tres años. “No hay respuesta ni protección para esa violencia de género que han sufrido las mujeres en tránsito que no es trata”, concluye.

En este sentido, Marruecos es el lugar más traumático de todo el viaje. “Desde que se llegó a los nuevos acuerdos a finales de 2018, y empezó esta persecución en los campamentos y las deportaciones a Argelia, los conductores de las redes de tráfico les dejan a 15 kilómetros de Nador para no ser pillados por la policía. Ahí les cogen taxis de otras mafias, las violan, las secuestran y llaman a sus familias para que paguen el rescate”, explican personas que trabajan sobre el terreno en el país vecino.

Por eso, cuanto más articulada y fuerte sea la mafia con la que viajan, más protegidas estarán. Unas estructuras que son resultado de las mismas políticas de cierre de fronteras y que se han ido complejizando y enriqueciendo a medida que se sofisticaban los mecanismos de control fronterizos que alimentan el negocio de la xenofobia: los radares, los infrarrojos de la valla, los vigilantes de la agencia europea de control de fronteras (Frontex)…

“Las mujeres que pueden suelen emparejarse con un hombre porque así, dicen, sólo tendrán que estar con uno y no con varios”, una figura que se ha llamado lover boy, nos explican.

Pero no siempre lo consiguen. “Algunas mujeres tienen que recurrir a la prostitución, a la mendicidad, y en las pocas oportunidades que tienen, a ser explotadas en el trabajo doméstico o cocinando, para conseguir recursos para sobrevivir y poder pagarse el viaje en patera”, nos explican. Y mientras, como nos cuenta Naji de AMDH, no son extraños los asaltos sexuales por parte de las fuerzas auxiliares, “el cuerpo paramilitar dependiente del Ministerio del Interior encargado de perseguir la inmigración. En el último informe tenemos los casos de dos mujeres”. Dos mujeres que, pese a su condición de clandestinidad en Marruecos, fueron tan valientes como para contárselo a miembros de esa organización y, en el caso de una de ellas, denunciarlo en una comisaría. Por supuesto, no se investigó.

Interior del CETI de Melilla. / Foto: Patricia Simón

Las entidades que trabajan en los campamentos donde sobreviven en los montes del norte de Marruecos nos informan de que no debemos ir porque, en un Estado policial como es Marruecos, el control es permanente, y expondríamos a las personas migrantes a mayores represalias. Nos explican que el ambiente se ha entristecido mucho en los últimos meses. Las más de mil almas que, según el registro elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, murieron intentando alcanzar las costas españolas en 2018 no son una entelequia o una cifra para sus habitantes: eran sus vecinas, sus amigos y amigas, sus parejas, sus familiares. Eran quienes podían haber sido ellos y ellas, los que podrán ser: un cadáver, un número dibujado en el cemento aún fresco de un nicho en el cementerio de algún pueblo andaluz, una llamada telefónica de algún conocido a sus familias cuando se extienda el rumor en el campamento de que no llegaron, de que nunca llegarán ya.

“Ves a mucha gente con la piel en carne viva porque se han quemado con la gasolina mezclada con el agua salada en los naufragios. Cuando un grupo consigue llegar sano y salvo a la Península o cruzar la valla, hay una celebración en los campamentos. Cuando hay muertes, sólo silencio”, nos explican.

El origen de las mujeres subsaharianas que llegaron en 2018 y el primer trimestre de 2019 a territorio español son, sobre todo, de Guinea Conakry, Mali, Costa de Marfil y Camerún. Apenas llegan ya de Nigeria, el país tradicionalmente asociado a la trata con fines de explotación sexual. Y se ha notado un importante incremento del porcentaje de mujeres entre las personas migrantes que entraron en España por nuestra frontera sur: de un 7’3 por ciento en 2017 a un 17 por ciento en 2018: 10.901 mujeres, según APDHA.

Las narrativas dominantes omiten que, además de un negocio criminal, la trata es un medio para migrar para muchas mujeres. Clic para tuitear

“Los jefazos de las mafias no están en los campamentos, están en Europa o en sus países de origen. En los campamentos, siempre hay un jefecillo, que muchas veces es también una víctima de la red, es su medio para poder migrar. Los hay buenos, que cuidan y protegen a las mujeres”, explican estas defensoras de derechos humanos, arrojando grises a un discurso, el de la trata, que a menudo se construye a partir del momento en el que las mujeres llegan a los países de destino para ser explotadas sexuamente. Las narrativas dominantes omiten que, además de un negocio criminal, la trata es un medio para migrar para estas mujeres. Al dar casi todo el protagonismo a las llamadas ‘mafias’ se asume una aproximación que llevan años fomentando los Gobiernos europeos para desembarazarse de su responsabilidad en la aparición y expansión de este fenómeno.

“Las mujeres no quieren hablar de lo vivido, lo más que nos cuentan del viaje es que han sido violadas. Muchos de los niños que tienen son frutos de esas violaciones”. Por ello, algunas los rechazan cuando los paren.

En la orilla melillense

Son excepcionales los casos en los que una mujer ha conseguido acceder a suelo melillense saltando la valla en estas dos décadas de existencia. Suelen hacerlo ocultas en los bajos de los coches o en patera, como las dos embarcaciones que han llegado en 2019 a las Islas Chafarinas, territorio militar español a 50 kilómetros de Nador. Todas ellas pidieron asilo por trata tras ser rescatadas por Salvamento Marítimo, pero en cuanto se instalaron en el CETI fueron retirando las solicitudes, y sólo dos de ellas se acogieron al periodo de reflexión de 90 días al que tienen derecho para decidir si quieren solicitar asilo por su situación de trata y/o denunciar a sus responsables.

Las razones por las que no se acogen a este derecho son numerosas y diversas: por temor a las represalias contra ellas o sus familias; porque desconfían, desconocen, no les interesa o no compensa las implicaciones de un proceso judicial; porque hay un vínculo emocional con las personas que integran la red; porque consideran que, aunque el coste económico puede ser abusivo, son quienes les han prestado el servicio de traerles hasta Europa; o también, porque pagar la deuda es una cuestión de honor para ellas y sus familias. Pero también hay una razón de peso fundamental: las redes establecen un estrecho sistema de vigilancia, por lo que las mujeres siempre están siendo controladas por otros miembros de la red. Por ello, una de las personas que suelen atenderlas cuando llegan al CETI de Melilla, sostiene: “Sería tan fácil como preguntar quiénes van a ser las o los portavoces del grupo. En cuanto se postulen, habría que separarles del grupo. Resulta muy fácil saber quiénes mandan, constatar cómo todo el mundo busca con la mirada a estas personas y esperan a que sean ellas quienes se pronuncien”.

Según nos informa el director del CETI, Carlos Montero, prácticamente todas las mujeres subsaharianas que son trasladadas a la Península son enviadas a centros especializados en trata con fines de explotación sexual, pero “como les quitan el móvil cuando ingresan, se van porque eso no les gusta”. Esa fue su explicación.

Una mujer en el CETI de Melilla. / Foto: Patricia Simón

Una persona jurista especializada en esta cuestión considera que deberían aprovecharse los dos o tres meses que están pasando en Melilla estas mujeres para evitar que sigan en la red cuando sean trasladadas a la Península, pero para eso necesitarían “un espacio de intimidad y desahogo, no el CETI, donde están todas hacinadas y mezcladas”. Una entelequia para un recinto que lleva sobrepoblado desde su puesta en marcha en 1999. Su capacidad, según el Ministerio de Interior, es de 480 personas, aunque lo habitual suele ser que sobrepase la 900. En el momento de nuestra visita a finales de febrero, era de más de 1300: el 30 por ciento mujeres.

El CETI de Melilla tiene capacidad para 480 personas, aunque lo habitual es que sobrepase la 900. En el momento de nuestra visita a finales de febrero, era de más de 1300: el 30 por ciento mujeres. Clic para tuitear

Desde el pasado año, 780 hombres duermen en literas de campaña de tres alturas –con una lona haciendo las veces de colchón–, dispuestas dentro de dos gigantescas tiendas de campaña diseñadas para las emergencias humanitarias. Cuando entramos en ellas, vemos cómo muchos de ellos no tienen otra alternativa que matar tumbados en ellas las horas muertas de los meses –y hasta más de un año– que tienen que permanecer aquí antes de ser trasladados a la Península con una orden de expulsión bajo el brazo. Según un mando policial consultado, “la ocupación nunca va a bajar de 800 o 900 personas porque entonces habría que despedir a mucha gente. Cada semana el centro tiene autorización para permitir la salida de más de 200 personas. ¿Por qué, si no, la dirección sólo permite el traslado a la Península de unas 50 personas?”, nos espeta.

En cualquier caso, según Elena Fernández Treviño, responsable y única trabajadora de la Unidad de Violencia de Género del Gobierno de España en Melilla, no hay una actuación coordinada entre las instituciones de la ciudad con respecto a la trata, que no cuentan con pisos ni con casas de acogida para las mujeres afectadas por esta problemática y que los trabajadores del CETI no tienen formación específica sobre esta cuestión. También se declara impotente para actuar en este espacio porque su puesto depende de los Ministerios de Igualdad y Política Territorial, mientras que el CETI depende, paradójicamente, del Ministerio de Trabajo. Pocas evidencias mayores de que estas personas son concebidas exclusivamente como potencial mano de obra, y el espacio en el que son recluidas como un mecanismo de adoctrinamiento en la actitud sumisa que deben mantener para no ser desechados, expulsados, como desentraña en sus ensayos el investigador Eduardo Romero.

En cuanto a las presuntas víctimas de trata, según Montero, director del CETI, éstas son trasladadas a centros en Sevilla, Córdoba, Valencia y Bilbao, todos ellos enclaves destacados de las rutas de la trata en su camino al resto de Europa, a través de Francia. Especialmente esta última: “Casi todas las mujeres nos dicen que tienen un conocido en Bilbao, que quieren ir para allí”, explican en Melilla Acoge.

En Ceuta, según varias organizaciones, la mayoría de las mujeres subsaharianas tendrían sobrados argumentos para solicitar asilo, pero no lo hacen porque acarrearía quedarse estancadas en esta otra ciudad fronteriza durante meses. Esta política de castigo a los solicitantes de asilo lleva décadas aplicándose de manera irregular en las ciudades autónomas, pese a que ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y por el Defensor del Pueblo: las personas solicitantes de refugio tienen derecho a circular libremente por todo el territorio del Estado español, aunque aquí no se cumpla.

Mientras, en los puertos de Málaga, Cádiz y Almería, las mujeres que lograron llegar a la Península en patera en 2018 pasaban horas tiradas a la intemperie en los pantalanes, sin que a menudo se cumpliera con su derecho a ser informadas sobre qué iba a ser de ellas, ni recibiesen atención psicológica si habían sobrevivido a un naufragio. Las presuntas víctimas de la trata pasaban una noche tras otras tiradas en los pantalanes durante horas, muchas después de haber sobrevivido a una de las experiencias más traumáticas: cruzar un mar en una precaria lancha, sabiendo que muchos habían muerto antes así, que muchos seguirán muriendo.

Al mismo tiempo, se anunciaban y cerraban convocatorias públicas del Gobierno de España, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos para subvencionar campañas de sensibilización, talleres, cursos online, exposiciones, documentales, charlas, seminarios y películas sobre la trata con fines de explotación sexual. Se destinaban importantes presupuestos para diseñar e implementar protocolos, elaborar ordenanzas municipales, crear plazas en residencias sobre la trata con fines de explotación sexual. Sus supuestas destinatarias estaban huyendo de las porras de los policías marroquíes en los montes del norte de Marruecos, jugándose la vida en una patera, pariendo en una casa clandestina, durmiendo con su vigilante de la red de trata en el CETI, temblando de frío en las dársenas del puerto de Motril, encerradas en la sala de no admitidos del aeropuerto de Barajas, en uno de los siete Centros de Internamiento de Extranjeros que hay en España…

Las administraciones están mucho más volcadas en generar discurso contra la trata y la prostitución que en combatir sus causas: la desigualdad, el racismo, el colonialismo y las fronteras. Clic para tuitear

Y las que consiguen salir de la red –ya sea cuando han pagado la deuda que les exigen, o porque han conseguido huir– lo que necesitan para empezar a recuperarse física y psicológicamente, y empezar a construirse una vida, es un mínimo de estabilidad: un lugar tranquilo en el que estar, un permiso de residencia –al que supuestamente tienen derecho por ley, pero que no siempre se les concede–, y un puesto de trabajo. Pero para esto, las administraciones no suelen destinar presupuesto. Quizás sea porque es más cómodo pensar, desde una visión paternalista y salvadora, en eternas víctimas con un pasado terrible por la prostitución, que como supervivientes de un continuum de violencias –muchas de ellas institucionales– con todo un futuro por construir. Porque, como dicen en Fundación Amaranta Gijón, una entidad con dos décadas de experiencia trabajando con mujeres que sufrieron la trata, y más de un siglo con mujeres en situación de vulnerabilidad social, la trata no las define, es una parte de sus vidas, pero no es lo más relevante para su recuperación: lo que necesitan son oportunidades para alcanzar vidas autónomas.

Paradójicamente, no parece ser esta la prioridad de las administraciones, mucho más volcadas en generar discurso contra la trata y la prostitución que en combatir sus causas: la desigualdad, el racismo, el colonialismo y las fronteras.

Mientras no lo hagan, las mujeres que no se resignan a las condiciones que su contexto les ofrece seguirán buscando vías para hackear el sistema fronterizo: así tengan que recurrir a las redes que crearon las políticas de cierre de fronteras.

 

La prostitución que trajo la pandemia

La crisis económica aboca a madres sin ingresos y desempleadas de la hostelería a hacer la calle por primera vez o después de años reinsertadas

 

Por Mayte Amorós

Palma de Mallorca, 20 de febrero de 2021

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A plena luz del día, los clientes buscan prostitutas en el centro de Palma – Alberto Vera

 

Tenían un trabajo digno. Muchas cuidaban de ancianos, trabajaban en la hostelería o incluso regentaban pequeños negocios ahora declarados en ruina que les aseguraba un salario fijo a final de mes. Pero con la llegada de la pandemia, la extensión de los ERTE y la crisis económica, muchas mujeres se han visto abocadas a asomarse al mundo de la prostitución, que les permite conseguir dinero al final del día y cuidar, en muchos casos, de sus familias. Unas son reincidentes y otras, en cambio, la ejercen por primera vez.

En organizaciones como Médicos del Mundo o asociaciones como el Casal Petit de Palma han notado un incremento de las ‘recaídas’ en tiempos de pandemia, y observan incluso mujeres

que sucumben por primera vez. «Piden en las colas del hambre porque no pueden comer o pagar el alquiler», alertan desde estas asociaciones que trabajan en Baleares.

En el resto de España el panorama tampoco es alentador. Desde Médicos del Mundo informan de que en territorios como Madrid, Asturias o Andalucía por primera vez están ayudando a estas mujeres con bienes de primera necesidad, repartiéndoles comida o con los gastos del transporte público, una situación que nunca antes habían tenido que atajar.

Menos clientes

La debacle del turismo en regiones como Baleares ha azotado especialmente a los colectivos vulnerables y ha precarizado más el negocio de la prostitución. Menos turistas, menos clientes. Miedo a los contagios, menos servicios. Toque de queda, noches a cero. Menos demanda, precios low cost.

Las colas del hambre están repletas de personas que vuelven a ejercer la prostitución para llenar la nevera o pagar el alquiler. «Han perdido sus empleos en la hostelería o en la limpieza de hoteles, y las que trabajaban en la economía sumergida —sin permiso de trabajo— vieron suspendida su actividad por miedo al contagio de los empleadores en las casas en las que cuidaban a ancianos, niños o limpiaban», explica Inma Mas, miembro de la junta directiva y vocal de Prostitución de Médicos del Mundo en Baleares.

Es «difícil» cuantificar cuántas personas volvieron a la calle porque el ritmo de trabajo ha sido «frenético» en 2020. Médicos del Mundo atendió en el archipiélago balear a 1.168 personas. La mayoría de mujeres son extranjeras de entre 35 y 44 años, con hijos a su cargo y sin sustento económico familiar.

Las cifras son frías pero clarificadoras: el 91,7% son mujeres y un 4,11% mujeres trans, el resto son hombres. El 92% son migrantes de entre 35 y 44 años (33%), aunque las hay más jóvenes, de entre 25 a 34 años (26%). El 66% tiene cargas familiares y de ellas el 78% son «familias monomarentales», sin ningún apoyo económico por parte ni de sus familias ni de los padres de sus hijos.

El Casal Petit de la capital balear cifra las ‘recaídas’ en un 30% de los casos. «Son camareras de pisos o ayudantes de cocina que se han quedado sin trabajo, que ya les habíamos atendido y cerramos el expediente porque se reinsertaron laboralmente», asegura Magdalena Alomar, coordinadora de esta asociación, donde casi se ha duplicado la atención a este colectivo desde el inicio de la pandemia, al pasar de 250 casos anuales a 470 solo en 2020. También confirma esta tendencia a nivel nacional la presidenta del Comité de Apoyo a la Trabajadoras del Sexo (CATS), Fuensanta Gual, cuya asociación ha pasado de acompañar a unas 1.400 mujeres al año a más de 2.000 en 2020.

«Durante el estado de alarma, de marzo a mayo, muchas mujeres dejaron de ejercer por el toque de queda y el confinamiento. Se quedaron sin ingresos económicos y contactaron con nosotras para pedir ayuda económica, de alimentación e incluso atención psicológica», argumenta Alomar. En junio, tras el fin del estado de alarma, volvieron a la calle.

Adaptada al toque de queda

En Palma, pese a que la prostitución está prohibida, la Porta de Sant Antoni es un punto de encuentro a plena luz del día. Las chicas han adaptado sus horarios y ejercen desde las nueve de la mañana hasta las siete de la tarde. Los precios se han desplomado y ahora ofrecen servicios completos por 15 o 20 euros. Apenas sacan 100 euros a la semana con jornadas que pueden superar las 10 horas.

A primera hora de la mañana Laila (no sabemos si es su nombre verdadero) se aposta en la calle Ferreria de Palma. Antes trabajaba de pinche de cocina pero se quedó sin trabajo. Es la primera vez que hace la calle y su familia no lo sabe: «Les mando dinero a Marruecos porque necesitan ayuda». Joana, en cambio, es una de las reincidentes. A sus 55 años, esta mallorquina había conseguido ganarse la vida limpiando casas pero los problemas familiares la han empujado de nuevo a la prostitución. No quieren dar la cara. «Nos avergonzamos. No hacemos esto por gusto».

Mientras en Médicos del Mundo han detectado un aumento de mujeres que vuelven a la prostitución, en el Casal Petit notan que llegan chicas que no ejercían y lo hacen por primera vez. Son trabajadoras en ERTE o personas sin derecho a prestación porque «las condiciones del gobierno son demasiado estrictas» y se han quedado sin sustento.

La crisis sanitaria y económica ha aumentado todas las vulnerabilidades y «el putero renegocia, más si cabe, los precios y exige prácticas de riesgo», denuncia Inma Mas. El proxeneta también se ha aprovechado del confinamiento domiciliario para solicitar servicios a domicilio e incluso forzar a que pasen toda una noche saltándose las restricciones impuestas por el toque de queda. Ellas se ven presionadas a realizarlos para no aumentar sus deudas con los pisos, casas y clubes.

La prostitución mueve, sólo en Baleares, un negocio ilícito de más de 70 millones de euros al año. Alrededor de 90.000 hombres pagan cada año para prostituir a mujeres y, en 2020, había 2.350 mujeres ejerciéndola. Un dato preocupante es la alta vinculación entre la trata de personas y la prostitución, ya que se calcula que entre el 30 % y el 50 % de las mujeres prostituidas son víctimas de trata, según un estudio reciente del Instituto Balear de la Mujer de Baleares.

La prohibición de la prostitución ante la incompatibilidad de adoptar medidas preventivas frente a la pandemia ha hecho que los clubes públicos, «los que se anuncian con rótulos y luces de neón», hayan cerrado las puertas y las mujeres hayan sido trasladadas a pisos y casas. «Este hecho las invisibiliza y permite a los proxenetas ejercer mayor control sobre ellas», señala la portavoz de Médicos del Mundo. Esto obliga a hacer constantes búsquedas de nuevas ubicaciones. «Actualmente desconocemos qué tipo de situaciones están viviendo muchas de estas personas». Y eso les inquieta y preocupa.

 

El Tron, testigo de una operación contra la prostitución: “Nunca he visto nada igual”

Ángel Expósito y el equipo de La Linterna se han empotrado en un equipo de la policía en una macrooperación contra la trata de mujeres

 

https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/el-paseillo-del-tron/noticias/tron-testigo-una-operacion-contra-prostitucion-nunca-visto-nada-igual-20210219_1148849