CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, ESTADO SOCIAL Y DERECHOS DE LAS MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN

 

Magdalena Lorenzo Rodríguez-Armas

 

Universidad Carlos III de Madrid

 

Fecha de recepción: 21-9-2008. Fecha de aceptación: 30-9-2008.

 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/11671/1/Feminismos_12_10.pdf

 

 

  1. Introducción1

 

El objeto principal del presente escrito ha sido realizar un análisis sobre la problemática que gira en torno a la regulación de la prostitución y, de manera secundaria, reflexionar acerca de si la regulación de la misma puede favorecer, o no, la protección de las personas que ejercen la prostitución frente a la infección por VIH/SIDA.

 

El ámbito de estudio principal ha sido el español, para conocer en qué situación nos encontramos actualmente en nuestro país. Para llevar a cabo este trabajo, se han analizado los distintos modelos que desde el siglo die­cinueve han ofrecido un marco de regulación, más o menos complejo, de la prostitución en España. Nota característica de todos estos modelos es que la regulación que se ha realizado en ningún caso ha castigado, a excepción de la denominada «Ley de peligrosidad» de 1970 2, el ejercicio de la prostitución por cuenta propia.

 

Pero si la constatación del dato anterior es cierta, no menos cierto es que, hasta la fecha, no se conoce en nuestro país una regulación de la prostitución que parta de una previa regulación de los derechos de contenido sexual de la mujer, que permita construir un marco jurídico de regulación específico sobre este ámbito y que, por lo tanto, la regulación histórica que recibe esta actividad jamás ha tenido en cuenta ni la voz de sus protagonistas, ni la consideración de éstas como nuevos sujetos de derechos fundamentales 3.

 

Realizadas estas aclaraciones iniciales, el enfoque que hemos querido dar a este estudio parte de la consideración de las mujeres que ejercen la prosti­tución como tales sujetos de derechos fundamentales y, por lo tanto, sujetos a los que el Estado social deberá garantizar aquellos derechos, entre los que, sin duda, deberán recogerse todos aquellos que contribuyan a dotar de plenitud, de contenido jurídico recognoscible, su dignidad como personas y, al mismo tiempo, posibiliten el desarrollo pleno de su personalidad. Entre tales derechos entendemos que es hora de que el Estado social regule en positivo los derechos sexuales; lo que se quiere decir con esto es que los derechos de las mujeres en relación a su sexualidad y capacidad reproductiva merecen un reconocimiento legal específico en positivo, y no una exclusiva regulación de conductas tipificadas por la legislación penal en relación a la libertad sexual como la que se realiza en el vigente Código Penal, dentro de su Título VIII.

 

  1. El Estado social y los derechos de los «colectivos débiles»

 

2.1. El Estado como Estado social

 

El Estado español se caracteriza como «social y democrático de Derecho», fórmula de cuño constitucional que abre la regulación de la Constitución española de 1978 (en adelante CE): Art. 1.1 CE: «España se constituye en un Estado social y democrático de derecho (…)». El enfoque desde el que abordamos el presente trabajo pone el acento en el carácter social del Estado. Por Estado social se entiende, desde la perspectiva del Derecho constitucional, aquél que, además del reconocimiento de los derechos en su texto consti­tucional, garantiza su cumplimiento a través de mecanismos normativos y jurisdiccionales, con el impulso de políticas públicas encaminadas a la consecución de los «valores superiores del ordenamiento jurídico» y en particular, en esta materia, del valor (y, a la vez, derecho fundamental y principio de actuación de los poderes públicos) de la Igualdad.

 

En segundo lugar y, como consecuencia de lo anterior, es preciso enunciar como complemento fundamental de la caracterización del Estado como social, el principio recogido en el art. 9.2 del texto constitucional de 1978, en virtud del cual, el reconocimiento de los derechos básicos de sus ciudadanos, pilar fundamental del ordenamiento constitucional, sobrepasa el recono­cimiento formal realizado en el Título I de la Constitución (arts. 10 a 55 CE) y se completa con el principio de actuación de los poderes públicos en pro de la consecución material de aquellos derechos (art. 9.2 CE). No interesa en este momento la discusión doctrinal surgida en torno a la distinción entre Igual­dad de Iure e Igualdad de facto4 y las consecuencias que se derivan respecto de deducir de ellas derechos sustantivos, pero sí nos interesa que, junto al reconocimiento y garantía de los Derechos Fundamentales operado en el Tí­tulo I de la Constitución, ésta establece en su art. 9.2 que «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».

 

En tercer lugar, si atendemos al concepto de Estado social enunciado lí­neas atrás, se aprecia una vinculación directa con la idea de la Igualdad. La Constitución española regula la igualdad desde una triple perspectiva:

 

  1. La igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico:

 

-art. 1.1: «España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».

 

  1. La igualdad como derecho fundamental:

 

-art. 14: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discrimi­nación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

 

  1. La igualdad como principio de actuación de los poderes públicos (art. 9.2 antes citado).

 

Una manifestación reciente del impulso de políticas públicas encaminadas a la consecución de la Igualdad, en este caso de mujeres y hombres, que ha ensanchado el marco regulador y protector del actual Estado social en nues­tro país, es la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante LOIMH). En su exposición de motivos destaca «la necesidad de la acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real de mujeres y hombres». Con esta regulación la LOIMH desarrolla el precepto constitucional de la igualdad como derecho fundamental, complementándolo con la plasmación en un texto normativo con rango de ley orgánica de una serie de derechos que, si bien la necesidad de su regulación trae causa de la desigualdad existente entre mujeres y hombres respecto de todos los ámbitos de la vida (social, laboral, político, económico y cultural), va a beneficiar a ambos sexos en el ejercicio y disfrute de los mismos. Es importante hacer referencia a una ley de estas características, porque incide en el catálogo de derechos de las mujeres en re­lación con la conciliación de la vida familiar y laboral, la igualdad en el ámbito laboral, paridad, etc.

 

  • 2. Estado social y derechos de los «colectivos débiles»: en especial, los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución

 

Hoy día nuestros sistemas jurídicos pueden hacer gala de haber superado fa­ses ya históricas de reconocimiento de los derechos de los ciudadanos en sus textos constitucionales. También la introducción de garantías normativas y jurisdiccionales ha contribuido a dar un salto de gigante en la historia de ese reconocimiento, y ello es, sin duda, conditio sine qua non para la modernización de los textos constitucionales vigentes. Sin embargo, si bien el Estado ha alcanzado un grado óptimo de formalización de ese reconocimiento y sus garantías, le quedan aún pasos importantes que dar respecto a la garantía de los derechos de determinados sectores sociales menos favorecidos, a los que se ha dado en llamar, colectivos débiles5. Así, si el Estado tiene la res­ponsabilidad de garantizar la realización efectiva de los derechos respecto de sus ciudadanos, esta responsabilidad se acusa aún más respecto de aquellos que, por diferentes circunstancias, se encuentran en situación de desventaja social, como es el caso de determinados colectivos como son la infancia, la tercera edad, los discapacitados, los enfermos, los homosexuales, etc. Dentro de estos grupos, parte de la doctrina constitucionalista ha catalogado al grupo formado por las mujeres, considerándolo un colectivo de los «más débiles». Desde nuestro punto de vista, las mujeres no pueden ser consideradas un colectivo, si por tal entendemos la definición recogida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: «Perteneciente o relativo a una agrupa­ción de individuos». No parece correcto, al menos no desde una perspectiva demográfica, equiparar a las mujeres con un grupo minoritario de características similares, como puede darse en los supuestos recogidos anteriormente. Las mujeres conforman la mitad de la raza humana, por lo que denominarle colectivo en el sentido de minoría, no es ajustado. Lo que sí es evidente es que en determinados grupos, las situaciones de discriminación que puedan producirse, se ven agravadas cuando se dan respecto de esa mitad de la raza humana que conforman las mujeres.

 

Volviendo al argumento anterior, aquellos ciudadanos conforman secto­res de la sociedad que, históricamente y por distintos motivos, han padecido un tratamiento social y jurídico discriminatorio, y por lo tanto, la respon­sabilidad del Estado por corregir ese desequilibrio de base que sufren estos colectivos y garantizar al mismo nivel que el resto de ciudadanos sus dere­chos y libertades, debe ser mayor6. En el apartado siguiente trataremos la discriminación sexual de la mujer de manera más específica. A continuación nos preguntamos cuáles son los derechos de las mujeres que ejercen la prosti­tución comprometidos en este estudio, y su relación con el carácter social del Estado. Pensamos que en el cuadro de derechos habría que reunir al menos los siguientes7:

Primer bloque

Derecho a la igualdad (art. 14 CE) y principio de no discriminación por razón de sexo.

Derecho a la libertad (art. 17 CE): entre los que cabe regular,

  • – Derechos a la libertad sexual (libertad de decidir sobre su sexualidad y reproducción).

Cabe hablar, respecto de la mujer, de un contenido propio de su derecho a la libertad en el que habría que incluir los derechos sexuales. Por derechos sexuales entendemos todos aquellos relativos a la sexualidad de la mujer, su capacidad engendradora y reproductora y su libertad sexual, esto es, la libertad para mantener relaciones sexuales dentro y fuera de relación afectiva más o menos duradera. Para lograr una posición social de la mujer completamente equilibrada en derechos a la del hombre y que repercuta en todas las facetas de la vida, el Estado deberá reconocer esos derechos sin subsumir dicho reco­nocimiento en normas jurídicas aparentemente neutras. Sólo desde el recono­cimiento de la igualdad y libertad sexual de las mujeres y dejando ahora a un lado las consideraciones de orden económico relativas a la prostitución (por lo que a empoderamiento de las mujeres prostitutas se refiere8) cabe entender la posición que sostenemos respecto al ejercicio de la prostitución.

Por lo demás, estos derechos sexuales deberán ser desarrollados en textos legales que contemplen un régimen de garantías (normativas y jurisdicciona­les) para su ejercicio, que beneficien a todas las mujeres.

 

Segundo bloque

 

Derechos laborales y sociales.

– Derecho al trabajo (art. 35) (y los demás del art. 35).

– Derechos asistenciales y prestaciones sociales (art. 41 CE).

– Derecho a la salud (art. 43 CE).

 

El ejercicio libre e igual de estos derechos y libertades respecto de cual­quier ser humano, y en el caso que nos ocupa, respecto de las mujeres que ejercen la prostitución, darán plenitud al dictado del art. 10. 1 CE, donde se determina, como núcleo axiológico, raíz valorativa que fundamenta el orden político y la paz social de todo el ordenamiento jurídico español, entre otros, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad y en ningún caso, cuando se habla de la prostitución ejercida de forma libre por persona adulta, cabrá hablar ante el reconocimiento de estos derechos de atentado contra su dignidad como per­sona9. Dicho de otra forma, el reconocimiento de los derechos de las mujeres que pertenecen a la minoría de las que ejercen la prostitución, incluidos los derechos sexuales, contribuyen a dotar a la dignidad humana (a la dignidad como personas de esas mujeres) de un contenido jurídico recognoscible que en absoluto permite hablar de atentado contra esa dignidad10.

 

Por otro lado, el reconocimiento específico de derechos sexuales a las mujeres, acompañado de políticas sociales concretas de sensibilización en el ámbito educativo y en el sanitario, encaminadas a la garantía en el ejercicio de los mismos del derecho a la salud de las mujeres (entre otros), contribuirá también a que aquéllas que deciden, en un momento determinado de su exis­tencia, dar un uso económico a su sexualidad, lleven al extremo la precaución ante la posible contracción de enfermedades infecto-contagiosas como el VIH/ SIDA. Sin poder entrar a analizar los aspectos sanitarios que una regulación de la específica actividad de la prostitución podría comprender, entendemos que la regulación de la prostitución beneficiaría a la mujer prostituta con medidas sanitarias adaptadas a su actividad laboral, como controles sanitarios específicos con cobertura social, derecho a prestaciones sociales equiparables a las de otros sectores laborales, etc.

 

  • 3. Estado social, prostitución y estudios de género

 

2.3.1. Prostitución y estudios de género

 

En este estudio abordamos los derechos de las mujeres que ejercen la prosti­tución, por lo que, si a la condición de mujeres, discriminadas social, política, económica y jurídicamente a lo largo de la historia de la humanidad, suma­mos la de mujeres que ejercen la prostitución, nos encontramos todavía con una mayor dificultad para garantizar sus derechos. En este sentido la LOIMH se­ñala que el Estado deberá tener una «especial consideración con los supuestos de doble discriminación, y las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres que presentan especial vulnerabilidad, como son todas las que per­tenecen a minorías, las mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad», sin hacer mención alguna a las mujeres que ejercen la prostitución sobre las que recae no ya una doble sino, en muchos supuestos, incluso una triple discriminación (la que viene aparejada por su condición de mujer, prostituta y, en muchos casos, pobre.) 11.

 

En consecuencia con lo anterior, entendemos que al tratar de los derechos de las mujeres que se prostituyen, debemos analizar el asunto desde la pers­pectiva de los estudios de género, de manera que se aborde la problemática existente en torno a su discutida regulación desde la óptica de la Igualdad ma­terial del art. 9.2 CE, complemento necesario de la igualdad formal del art. 14 CE como sostuvimos líneas atrás. En este sentido, parece necesario introducir en el debate sobre la regulación de los derechos de quienes ejercen la pros­titución todas las categorías propias del Derecho antidiscriminatorio (trans­versalidad, carácter integral de las medidas y principio de acción proactiva de los poderes públicos) para continuar avanzando en la investigación de género (social, jurídica, económica, cultural) integrando, también, estudios acerca de la actividad de las mujeres que, de forma libre y voluntaria, optan por el ejercicio de la prostitución. Y antes de abordar el análisis de los mismos, es conveniente hacer una reflexión al menos sobre dos de los siguientes asuntos:

 

  1. El lenguaje que se emplea al hablar de la prostitución y quienes la ejercen
  2. Reflexionar sobre la estigmatización que recae sobre la prostitución
  3. Reconstrucción del rol de la mujer en la sociedad
  4. Reconstrucción del rol del hombre en la sociedad

 

Es importante realizar a continuación un breve análisis de los dos primeros elementos enunciados. Hay que recordar que el lenguaje es un vehículo transmisor de ideas, de valores, de forma de entender el mundo y la vida (esa comprensión vital-total a la que los alemanes denominan die Weltansschauung o «concepción del mundo y de la vida») que se manifiesta respecto de la pros­titución como un elemento determinante en lo que a su consideración social se refiere (plano social) y, determinante también, en el lenguaje jurídico, es decir, en el tratamiento normativo que recibe la prostitución (plano jurídico). Para empezar a discutir acerca de los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución, es necesario cuestionar los términos con que tradicionalmente se ha denominado, debido a la enorme carga estigmatizante que comportan. Baste mencionar y reflexionar sobre alguna de las denominaciones que reci­be hoy día la mujer que ejerce la prostitución: puta, ramera, mujer pública, mujer de la calle, etc. En este sentido, se afirma que es más correcto hablar de mujeres que ejercen la prostitución (por cuanto no consolida a una persona en el ejercicio de una actividad) que de prostitutas12, que parece que consolida, posiciona a la mujer en esa actividad de por vida13.

 

En el plano social, el estigma que recae sobre la mujer que ejerce la prostitución (puta, ramera, mujer pública, mujer de la calle) es tan pesado, que se afirma que no existe punto de retorno, es un status social, con independencia de que se produzca un cambio de actividad.

 

En el plano jurídico, el lenguaje que emplea el legislador en la redacción de las normas (CE y todas las demás) debe adecuarse a la distinta realidad del sujeto de derecho «mujer»14, y no quedarse en la mera extensión de la eficacia de las normas redactadas «en masculino» a sujetos de derechos diferenciados; es fundamental en este sentido y, como se ha dicho ya desde otras disciplinas del conocimiento humano, «nombrar en femenino». Es preciso recoger en la letra de la ley «la otra manera de ser» (andersartigkeit según el Tribunal Cons­titucional federal alemán) de las mujeres, de lo contrario, como la realidad jurídico-social del hombre y lo relativo a su sexualidad no son extensibles a la mujer, se adecuan las de la segunda al primero, produciendo el resultado de la desigualdad material de mujeres y hombres.

 

2.3.2. Tipos de prostitución

 

Existe hoy día debate acerca de si cabe o no hablar de distintos tipos de pros­titución. Sin la convicción acerca de la existencia de diferentes tipos de pros­titución, no cabe hablar de modelos de regulación. Desde este punto de vista, entendemos que conviene partir de una necesaria distinción entre tipos de prostitución15: a) la prostitución que supone la explotación de personas, que tiene una componente clara de discriminación sexual y, por lo tanto, se co­rresponde con la situación de sumisión de la mujer que es forzada o inducida por el hombre a prostituirse y b) la prostitución libre y voluntaria, ejercida por personas mayores de edad y capaces.

 

Por otro lado conviene definir qué entendemos por prostitución, proxe­netismo, rufianismo y actividad de alterne. Se entiende por prostitución la venta de servicios sexuales a cambio de dinero u otro tipo de retribución. Por proxenetismo entendemos la determinación a la prostitución de otra persona y lucro a costa de esa actividad; el rufianismo es sinónimo de vivir a expensas de persona que se dedica a la prostitución y, finalmente, por actividad de al­terne se entiende la encaminada a estimular a los clientes a consumir y a hacer gasto en su compañía, percibiendo a cambio un porcentaje sobre las consumi­ciones realizadas en determinados clubes, bares y salas de fiesta.

 

 

  1. prostitución y su regulación en España

 

3.1. Modelos de regulación en general

 

Se distinguen tres modelos de tratamiento de la prostitución en los Estados de nuestro ámbito euroatlántico: el prohibicionismo, el abolicionismo y el regla­mentarismo o reglamentismo en sus vertientes decimonónica y actual. El pro­hibicionismo considera delictivo el ejercicio de la prostitución pues entiende que las prostitutas son mujeres desviadas, depravadas, ruines, delincuentes. Se penaliza a todos los que intervienen en la prostitución y por lo tanto se persigue tanto la oferta (prostituta y quien organiza o fuerza la prostitución, proxeneta y/o rufián) como la demanda (cliente).

 

En el abolicionismo se persigue el proxenetismo, sea individual u organi­zado, pero no se persigue la prostitución, que es entendida como una cuestión de desequilibrio de poder entre hombres y mujeres, que refleja el dominio de los primeros sobre las segundas. La prostituta es víctima de un sistema de explotación sexual y de desigual distribución de la riqueza y los recursos. Se pena al proxeneta y al cliente, pero no a la mujer prostituta.

 

Por su parte, el modelo reglamentarista o reglamentista es el que se decan­ta por dictar normas reglamentarias puntuales para regular algunos aspectos de la prostitución. Este modelo, desarrollado a lo largo del S. XIX y primera mitad del XX considera la prostitución una realidad social inevitable, un mal para la sociedad, pero «un mal menor» que viene a cubrir determinadas ne­cesidades al amparo de la afirmación de una naturaleza sexual distinta del hombre respecto de la mujer y no satisfecha en las relaciones matrimoniales existentes durante el siglo diecinueve. Por lo tanto, la práctica de la prostitu­ción es tolerada pero se considera que hay que regularla porque su práctica genera problemas de orden público (salud pública y bienestar ciudadano).

El reglamentarismo actual considera que el Estado no debe intervenir por tratarse de un asunto sexual y por lo tanto privado. Sólo lo deberá hacer para regular el aspecto económico y para terminar con situaciones de coacción. Al mismo tiempo, establecerá la obligatoriedad de controles sanitarios y policia­les de zonificación. Las medidas que implanta este modelo son, entre otras, la inscripción de las prostitutas en un registro específico, la vigilancia y visita médica obligatoria con el registro en cartillas sanitarias específicas de los con­troles médicos y la posibilidad de la hospitalización obligatoria si la prostituta padece enfermedades de transmisión sexual. Se deberán igualmente regular las zonas, que serán discretas y convenientemente acotadas, donde podrá ubi­carse la prostitución en las ciudades. Se regulará, por último, lo relativo al establecimiento y actividad de las «casas de tolerancia» o mancebías.

 

3.2. Modelos de regulación en Europa: síntesis de los modelos sueco, francés, holandés y alemán16

 

El modelo sueco de regulación de la prostitución es el denominado neoaboli­cionista, implantado por la «Ley de prohibición de compra de servicios sexua­les» de 1 de enero de 1999. En virtud de este modelo se castiga a todo aquél que «obtenga una relación sexual ocasional a cambio de dinero», esto es, al cliente; y se mantiene la prohibición ya existente del proxenetismo. Con este modelo se prohíbe la prostitución por el lado de la demanda, con el objeto de acabar eliminando también la oferta y lograr el fin de la abolición de la prostitución. Se acompaña esta legislación con un amplio paquete de medidas de reinserción socio-laboral de las mujeres prostitutas, a las que se considera víctimas.

 

En Francia se sigue un modelo prohibicionista, que ha introducido con la Ley núm. 2003-239, de 18 de marzo importantes modificaciones en la legisla­ción penal en materia de prostitución, ampliando las conductas sancionables penalmente en relación a ella. Se introducen nuevas formas de proxenetismo y conductas afines como el rufianismo, se penaliza el racolage o «captador de clientes» y se hace prácticamente inviable cualquier modalidad de estableci­miento público dedicado a la prostitución. Asímismo, se penaliza al cliente en determinados casos, como cuando mantenga relaciones sexuales remu­neradas con personas que presenten una vulnerabilidad relacionada con una enfermedad, una deficiencia física o psíquica, o una situación de embarazo.

 

Si en los dos ejemplos anteriores el objeto de las legislaciones es terminar con la prostitución, en los dos modelos siguientes la finalidad de su normativa es el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas que ejercen la prostitución. En Holanda, primer país de la Unión Europea en regular la pros­titución como trabajo asalariado o como trabajo ejercido de forma autónoma, se reguló a través de la Ley de 27 de septiembre de 2000, que suprimió la pro­hibición general de los burdeles, regulándose su ubicación y su autorización administrativa a través de licencias municipales. Este modelo contempla el alta de quienes ejercen la prostitución en la Seguridad Social y la sujeción de su actividad al derecho laboral. Mientras, en Alemania, la legalización de la prostitución vino de la mano de la Ley para regulación de las relaciones jurídi­cas de las personas prostituidas de 20 de diciembre de 2001, conocida común­mente como la «Ley de prostitución». Esta norma fue complementada con la modificación del Código Penal alemán, que suprimió el delito de fomento o promoción de la prostitución y lo sustituyó por el de explotación de las per­sonas prostituidas. Esta ley reconoce la validez de la relación contractual de quien ejerce la prostitución y su cliente (y por lo tanto se considera el objeto del contrato lícito) y, en línea con lo anterior, se considera la prostitución co­mo un empleo a efectos del alta en la Seguridad Social.

 

3.3. Regulación en España

 

3.3.1. Etapa reglamentarista (S. XIX y XX – 1956)17

 

Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX se sigue en España el modelo de reglamentarismo decimonónico antes expuesto. Comienza el tra­tamiento con normas de rango reglamentario que tuvieron en la mayoría de los casos un ámbito de aplicación local (municipal o provincial) y que hasta la primera década del siglo XX no será regulada en normas de carácter gene­ral o estatal. Todas ellas contenían disposiciones en materia de salud y orden público. Son ejemplo de la primera el Reglamento especial de la Sección de Higiene de la prostitución de Madrid de 1877; de la segunda es representativo el Reglamento de Higiene de la Prostitución aprobado por la Real Orden de 1 de marzo de 1908.

 

Por su parte, la legislación penal se limitaba a regular como faltas la «in­fracción de los reglamentos de policía en lo concerniente a mujeres públicas» (Códigos Penales de 1948 y 1870) y sólo a partir de 1904 los códigos penales recogerán un amplio catálogo de conductas tipificadas como delito en rela­ción a la prostitución (trata de blancas y prostitución de menores).

 

3.3.2. Etapa abolicionista (1956-1995)

 

A partir del Decreto-Ley de 3 de marzo de 1956 y de las reformas del Código Penal de 1961 y 1963 se producirá una nueva regulación de delitos relativos a la prostitución en cumplimiento del Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, firmado en el seno de Naciones Unidas, en Lake Success (Nueva York) el 2 de diciembre de 1949. En dicho convenio se prohíbe el proxenetismo y la prostitución ajena con las siguientes palabras:

 

Artículo 1: Las partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra:

  1. Concertare la prostitución de otra persona, la indujere a la prostitu­ción o la corrompiere con objeto de prostituirla, aun con el consentimiento de tal persona;
  2. Explotare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona.

Artículo 2: Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimis­mo a castigar a toda persona que:

  1. Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento;
  2. Diere o tomare a sabiendas en arriendo, un edificio u otro local, o cual­quier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena.

 

 

Y añade en su «Artículo 6: Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cual­quier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación».

 

A la luz de este convenio, en España se declara la prostitución como actividad ilícita y se prohíben las mancebías y casas de tolerancia. Por otra parte, para supervisar el control del cumplimiento de esta nueva ley sobre prostitución, se encomienda al Patronato para la Protección de la Mujer la tutela y reeducación de las prostitutas y su reinserción laboral y se crearán instituciones especializa­das, de carácter no penitenciario, para llevar a cabo medidas de prevención en este terreno. Por último, y por lo que respecta a la legislación penal, el Código Penal sufrirá una modificación importante que incluirá, junto a la tipificación de la prostitución de menores y la prostitución coactiva, la prostitución ejerci­da por cuenta ajena y diversas formas de proxenetismo y rufianismo.

 

Así, el Código Penal, tras su última modificación18, operada en esta etapa (año 1963) castiga, en sus artículos 452 bis d) y 452 bis c), al «dueño, ge­rente, administrador o encargado del local, abierto o no al público, en el que se ejerza la prostitución u otra forma de corrupción, y toda persona que a sabiendas participe en su financiamiento»; y «a quien a sabiendas, sirviera a los mencionados fines en los referidos locales», así como a «los que dieren o tomaren en arriendo un edificio o local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución o corrupción ajenas» (proxenetismo), incluyendo en este concepto amplio de proxenetismo «cualquier forma organizada o empre­sarial del ejercicio de la prostitución»; castigaba, también, a «quien viviere en todo o en parte a expensas de la persona o personas cuya prostitución o corrupción explote» (rufianismo). Sin embargo, no se prohíbe la prostitución ejercida de forma independiente por personas adultas si bien se consideraba «tráfico ilícito», por lo que no podía ser regulada ni por el derecho público ni por el derecho privado.

 

Es significativa en esta etapa otra ley que sí avanza en la incriminación de la mujer que ejerce la prostitución. Nos referimos a Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social. En esta ley se considerará «sujeto peligroso» y por lo tanto susceptible de aplicación de determinadas «medias de seguridad», además de a los «rufianes y proxenetas», a las «perso­nas que ejerzan habitualmente la prostitución». Esta Ley, como es sabido, fue derogada con la modificación del Código Penal de 1995.

 

 

3.3.3. Etapa de tolerancia normativa (1995-2003)

 

El Código Penal de 1995 abandona la corriente abolicionista y reduce los tipos delictivos en relación a la prostitución: el artículo 187.1 Cp castiga al que «induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de una persona menor de edad o incapaz» y «la determinación a que alguien ejerza la pros­titución a través de coacción, engaño o abuso de una situación de necesidad o superioridad». Por su parte, el artículo 188 Cp castiga a quien «determine, coactivamente, mediante engaño o abusando de una situación de necesidad

o superioridad, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a man­tenerse en ella…», y a quienes lo hagan «prevaliéndose de una condición de autoridad pública, agente de éste o funcionario público».

 

Despenaliza la prostitución voluntaria, el rufianismo y las diversas formas de proxenetismo no viciado por coacción. Al amparo de este código se dictaron reglamentos que permitían la prostitución por cuenta ajena, como la Ordenanza Local sobre establecimientos públicos destinados a la prostitución, de 12 de mayo de 1999 en el Ayuntamiento de Bilbao o el Decreto 217/2002, de 1 de agosto por el que se regulan los Locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución de la Generalitat de Cataluña. A raíz de esta legislación penal se abre el debate sobre una supuesta liberalización de la prostitución por cuenta ajena, la realizada en clubes o locales de alterne.

 

Ello impulsa la creación de asociaciones de «empresarios del sexo» que reclaman el pleno reconocimiento y la regulación legal de su actividad19.

 

3.3.4. Retorno al abolicionismo

 

La modificación del Código penal introducida mediante la LO 11/1999, de 30 de abril, incorpora en el artículo 188 los conceptos de intimidación y vul­nerabilidad como nuevos elementos susceptibles de viciar el consentimiento de quien se prostituye. Así el artículo 18820 castiga al que «determine, em­pleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses». La modificación que se realiza mediante la LO 11/2003, de 29 de septiembre, incorpora el delito de lucrarse explotando la prostitución de otra persona aún con el consentimiento de ésta, aparejándole la misma pena que la prevista

para el delito de determinación a la prostitución. Establece el artículo 188 que «el que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la vícti­ma, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses». En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma.

 

Con esta última legislación se vuelve a los postulados abolicionistas del Convenio de Nueva York. Sin embargo, la legislación no es unívoca en la in­terpretación que de ellas hacen los tribunales al aplicarla, porque sólo castiga el proxenetismo que conlleva explotación y no la prostitución ejercida por cuenta propia, en la que no existe vínculo de subordinación de la prostituta con quien le sirve una infraestructura o local y le cobra por ello.

 

Los Tribunales de Justicia del orden social han hecho en su interpretación diferenciación entre la actividad de alterne (permitida) y la de prostitución por cuenta ajena (penalizada) y han entrado a la valoración acerca del carácter laboral o no de la prostitución. En términos generales se considera la activi­dad de alterne lícita y se asimila a la conducta de «quien trata a los clientes, para estimularles a consumir y hacer gasto en su compañía, percibiendo un porcentaje sobre las consumiciones (salas de fiesta, bares)».

 

Con todo, el panorama legal actual de la prostitución en España se re­sume hoy con lo siguiente: se distingue la prostitución por cuenta propia y por cuenta ajena, entendiendo que hay tolerancia legislativa respecto de la primera, esto es, la prostitución por cuenta propia ejercida de forma libre y voluntaria por persona mayor de edad y capaz. Respecto de la prostitución por cuenta ajena se interpreta como actividad de explotación (determinación, inducción, coacción, situación de especial vulnerabilidad) y por lo tanto es ilegal, si bien queda fuera de esta consideración la denominada «actividad de alterne» (como se ha visto declarada «lícita» por la jurisprudencia de ámbito social) que se interpreta ajustada a una relación laboral y por lo tanto el objeto de su actividad es considerado lícito y no equiparable a la prostitución por cuenta ajena.

 

Conviene recordar la legislación civil vigente en España en relación al objeto de los contratos y a la causa de los mismos. Establece el Código Civil en su artículo 1.271 que podrán ser «objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres» y que es ilíci­ta la causa del contrato «cuando se opone a las leyes o a la moral». En este sentido se entiende que la prostitución, que tiene por objeto la prestación de servicios sexuales, es ilícita, y por lo tanto no puede ser desarrollada como actividad laboral mediante ley, por ser dicho objeto «contrario a las buenas costumbres»… o «a la moral». En este punto nos parecería interesante que se suscitase un debate social sobre qué se entiende en la actualidad por «buenas costumbres» o por «moral».

 

En definitiva, la situación legal actual de la prostitución en España es la impunidad de la ejercida por cuenta propia, mientras que se persiguen penalmente determinados hechos cometidos por terceras personas en el entorno de las conductas mismas de prostitución. Ni la Constitución prohíbe la prostitución, ni impide su eventual prohibición legislativa, ni obliga a su reconocimiento jurídico como trabajo sino que permite una amplia libertad de configuración por parte del legislador 21. En este sentido, entiende la doctrina que la configuración/determinación de los perfiles válidos del ejercicio de la prostitución puede venir de la mano de la jurisprudencia de los tribunales ordinarios y del Tribunal Constitucional. No obstante esto, y como hemos venido afirmando a lo largo de estas páginas, una regulación en positivo de los derechos sexuales, evitaría colocar a la justicia en el papel del legislador. En este sentido, es relevante la doctrina del Tribunal Constitucional que, en su sentencia 129/1996 recuerda que «es tarea del legislador determinar la re­gulación relativa a la prostitución» y, declara que «tan conforme es a la Cons­titución… que un hecho que hasta un determinado momento es penalmente típico deje de serlo, o viceversa, o que sobre él, el legislador establezca una diferente pena en el aspecto cualitativo o en el cuantitativo. Los procesos de auténtica criminalización y descriminalización, o de aumento o reducción de penas, responden a una serie de circunstancias que generalmente afectan a la sensibilidad social frente a determinados comportamientos, que al ser captada por el legislador en cada momento histórico, da lugar a una distinta reacción del ordenamiento jurídico, desde la perspectiva penal (…)». En línea con esta doctrina, consideramos necesario que el legislador afronte su responsabilidad en esta materia, y saque del limbo jurídico el ejercicio de la prostitución libre y voluntaria, realizada por persona mayor de edad y capaz, y dé cobertura legal mediante la regulación de los derechos sexuales a dicha actividad, para garantizar los derechos del orden laboral, social y económico de las mujeres que optan por esta actividad.

 

  1. Consideraciones finales a modo de conclusión

 

Como reflexión final entendemos que el Estado de Derecho debe perseve­rar en su lucha contra la prostitución forzada y el tráfico de personas, para erradicar las situaciones de violaciones de derechos existentes en las socieda­des actuales y, en el ámbito de este estudio, debe luchar de manera especial contra la explotación sexual para acabar con la discriminación que por razón de sexo ha sufrido la mujer a lo largo de la historia. En esta línea, el Estado social del S. XXI debe reconocer y regular sobre derechos sexuales no explici­tados en el texto constitucional español, si pretende lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. A este respecto, el reconocimiento de los derechos sexuales previo a la regulación sobre la prostitución libre, garantizará el ejer­cicio de los derechos fundamentales, principalmente del orden social a las personas que ejercen la prostitución, contribuyendo con ello a la protección de, entre otros, su derecho a la salud frente a la contracción de enfermedades de transmisión sexual como el VIH/SIDA.

 

En suma, consideramos que el Estado de Derecho tiene que superar la histórica aversión a la posibilidad de una regulación legal de la prostitución libre, para lo cual es necesario contribuir a generar un debate social amplio, en el que se implique a todos los actores sociales y se posibilite dialogar acerca de los valores y principios de nuestra sociedad, partiendo de los postulados propios de todo Estado social y democrático de derecho y que incluya a todos los ciudadanos, independientemente de sus creencias religiosas.

 

Para finalizar, nos sumamos a quien, como Mestre i Mestre, sostiene que la respuesta a la prostitución, en clave de igualdad, puede darse no sólo en términos de abolición, sino en términos de reconocimiento de derechos.

 

 

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Estrella y la prostitución, con eso paga las quimioterapias de su papá en Oaxaca

Detrás de la sonrisa, existe la tristeza de la soledad

 

Julio César Sánchez García

 

Sáb, 10/07/2017

 

http://www.nvinoticias.com/nota/72552/estrella-y-la-prostitucion-con-eso-paga-las-quimioterapias-de-su-papa-en-oaxaca

 

Una Estrella destinada a la soledad…

Sus muslos fuertes y atractivos se moldearon al paso del tiempo y constante taconeo de sus zapatillas.

Para ella, son pocos los momentos en que la felicidad la hace llorar, ya que la tristeza la embarga, desde que decidió su destino: ser muxe.

Su nombre es Estrella, su padre lo dejó desde que tenía diez años de edad, él trabajaba en una refinería en Salina Cruz y todo lo que ganaba era para el trago y las mujeres, gastando su dinero a manos llenas.

Ahora, los años le han cobrado la cuota, por lo que ya enfermo regresó a su casa para que Estrella se haga cargo de él, quien por el compromiso que siente con su padre, lo aceptó y ahora se ha visto en serios problemas económicos, ya que para pagar las medicinas pide prestado. Su padre pacede cáncer en la garganta.

Estrella tiene que ver la forma para pagar las quimioterapias, por lo que tiene que estar viajando de Juchitán a Oaxaca, tres veces al mes junto con su padre, para que pueda recibir su tratamiento a tiempo.

Tiene que dejar su trabajo y pedir prestado para poder hacerlo, teniendo como una opción para pagar sus deudas, la prostitución, a la cual no quiere dedicarse; sin embargo, la suerte está en su contra.

El terremoto del pasado siete de septiembre, le hizo ver su negra suerte, ya que su casa quedó agrietada, por lo que ahora duerme en el patio junto con su padre, para lo cual instaló dos hamacas que consiguió gracias al apoyo y comprensión de algunos de sus amigos.

Ahora, con las constantes lluvias, tiene que soportar, aparte del calor, la presencia del lodo.

Para cuidarse del sol y protegerse de los aguaceros, unió bolsas negras de las que son utilizadas para tirar la basura, y de esta forma es que la utiliza como lona.

Estrella ve con tristeza a su padre, le agradecé haberle dado la vida, no le reprocha su abandono, consciente de que por ser muxe, tendrá que pasar lo que le resta de vida en la soledad.

 
Aún rechazan a los muxes en la familia

Esteban León Melchor, integrante de la Fundación “Ángeles por la Vida” A.C., mencionó que los muxes son una comunidad a la cual le han puesto limitantes, y que a pesar de que son respetados y reconocidos por sus logros, son rechazados en su núcleo familiar.

A diferencia de los gay, ellos no pueden tener una pareja estable, “si ellos tienen un puesto donde venden productos alimenticios, los consideran insalubres; entonces, son respetados, pero a la vez, tienen que pagar un precio muy alto: la soledad”.

Además que la familia abusa de ellos, porque los consideran como quienes deben de llevar la carga de toda la familia, “ellos son los pilares de la casa, manteniendo al papá, a la mamá, a los hermanos más pequeños, aparte de que cuando sus hermanas y hermanos tienen hijos, van y los dejan con ellos, que parece que tienen un kinder a su cuidado”.

Por ello, es triste su existencia, ya que para llevar las riendas de sus hogares, algunos tienen que dedicarse a la prostitución, “esto, porque a veces el trabajo que ellos desarrollan, ya que ellos son los encargados de elaborar los hermosos trajes regionales, reconocidos mundialmente, como es el de las tehuanas, ellos son los que los crean los modelos”.

También, son los que producen el tradicional totopo, “por lo que, cuando no hay ventas, ellos tienen que salirse a prostituir, para llevar el sustento a sus casas”, lamentó León Melchor.

Refirió que los muxes tienen el derecho de prostituirse, de estar con una persona u otra, “pero lo que no pueden hacer es tener una pareja normal, ya que de hacerlo, automáticamente les dejan de comprar todos los productos que venden, porque son vistos como antisociales”.

“La sociedad no ve mal que puedan tener relaciones con otras personas, pero no pueden tener una pareja estable, ya que al hacerlo, son rechazados y se tienen que ir del pueblo a otros lugares lejanos, donde no los conozcan”, reiteró.

A veces, por la necesidad de llevar el dinero diario a sus familias, se ven en la necesidad de emigrar, lo cual lo hacen a la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, regresando infectados de VIH, “esto, porque muchas veces no hay las ventas suficientes para llevar el dinero a sus casas, como es el caso de Estrella, por lo que tienen que trabajar en otras cosas para solventar los gastos que esto conlleva”.

Apoya a los muxes

León Melchor apoya a aquellos muxes que están infectados, “tanto económicamente como con medicamentos, les damos conferencias sobre el uso del condón y todas las enfermedades de transmisión sexual”.

Otro de los peligros que deben enfrentar los muxes, es el trabajar en las cantinas, “hay un caso de una muchacha que se llama Michell, la cual está trabajando en la ciudad de Oaxaca de Juárez, porque en Juchitán se la llevaron, la golpearon, la violaron y la dejaron desnuda en la calle, a todo eso se exponen al trabajar en el sentido de la prostitución, pero a veces es necesario que ellas lo hagan, porque no tienen los suficientes ingresos ni apoyo gubernamental ni de su casa ni de ninguna organización”.

Explicó que existe una gran diferencia entre el muxe y el gay, “este último tiene otra mentalidad, son más abiertos, pelean más por sus derechos, el muxe es más arraigado a sus costumbres, porque vienen desde el ramo familiar que se los vienen inculcando, de repente se dan cuenta que son muxes, los van formando para que ellos sigan respetando la familia, y se dejen llevar por todas las costumbres familiares”.

Por ello, es que, las costumbres destruyen a estas personas que lo entregan todo, con el firme propósito que a sus seres queridos no les falte nada, sin embargo, cuando ellos necesitan de los mismos, les dan la espalda.

 

El mito del empoderamiento de las mujeres

 

Por RAFIA ZAKARIA

5 de octubre de 2017

https://www.nytimes.com/2017/10/05/opinion/the-myth-of-womens-empowerment.html?smid=fb-share

Crédito Cristina Spanò

Por sólo 100 dólares, puedes empoderar a una mujer en la India. Esta cantidad asequible, de acuerdo con el sitio web de la organización India Partners, proporcionará a una mujer su propia máquina de coser, lo que le permitirá dar el primer paso en la marcha hacia el empoderamiento.

O puedes enviar un pollo. La avicultura, según Melinda Gates, da poder a las mujeres de los países en desarrollo al permitirles “expresar su dignidad y tomar el control” (1).

Si los pollos no son tu herramienta de empoderamiento de elección, Heifer International, por 390 dólares, entregará una “canasta de emprendedora” (2) a una mujer en África. Incluye conejos, peces juveniles y gusanos de seda.

La suposición detrás de todas estas donaciones es la misma: el empoderamiento de las mujeres es una cuestión económica, que puede separarse de la política. De ello se deduce que puede ser resuelto por un benévolo donante occidental, que proporciona máquinas de coser o pollos, y así rescatar a las mujeres de la India (o de Kenia o de Mozambique o de cualquier parte de lo que se conoce como el “sur global”) de sus vidas faltas de poder.

El empoderamiento no siempre ha representado kits de iniciación empresarial. Como Nimmi Gowrinathan, Kate Cronin-Furman y yo escribimos en un trabajo reciente (3), el término fue introducido en el léxico del desarrollo a mediados de la década de 1980 por feministas del Sur Global. Estas mujeres entendieron que el “empoderamiento” era la tarea de “transformar la subordinación de género” y la ruptura de “otras estructuras opresivas” y la “movilización política” colectiva. Obtuvieron algo de lo que querían cuando la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer adoptó en 1995 una “agenda para el empoderamiento de las mujeres ” (4).

Sin embargo, en los 22 años transcurridos desde esa conferencia, el “empoderamiento” se ha convertido en una palabra de moda entre los profesionales occidentales del desarrollo, pero la parte crucial de la “movilización política” ha sido eliminada. En su lugar está una definición estrecha y restringida expresada a través de la programación técnica que busca mejorar la educación o la salud con poca atención a las luchas más amplias por la igualdad de género. Este “empoderamiento” despolitizado sirve a todos excepto a las mujeres que se supone que debe ayudar.

Al distribuir pollos o máquinas de coser, las feministas occidentales y las organizaciones de desarrollo pueden identificar a las mujeres no occidentales que han “empoderado”. Los sujetos no occidentales de sus esfuerzos se pueden mostrar en conferencias y aparecer en sitios web. Los profesionales del desarrollo pueden referirse a sesiones de capacitación, talleres y hojas de cálculo llenas de “rescatables” como evidencias de otro proyecto de empoderamiento exitoso.

En este sistema hay poco espacio para las complejidades de las receptoras. Las mujeres no occidentales son reducidas a sujetos mudos y pasivos en espera de rescate.

Tomemos, por ejemplo, los proyectos avícolas de la Fundación Gates. Bill Gates ha insistido (5) en que debido a que los pollos son pequeños animales mantenidos cerca del hogar, son particularmente adecuados para “empoderar” a las mujeres. Pero los investigadores no han encontrado que dar pollos conduzca a ganancias económicas a largo plazo; mucho menos a emancipación o igualdad para la mitad de la población.

Para mantener la recepción de dinero, la industria del desarrollo ha aprendido a crear métricas que sugieren mejoras y éxito. Las estadísticas de U.S.A.I.D. sobre Afganistán, por ejemplo, suelen centrarse en el número de niñas “matriculadas” en las escuelas, aunque rara vez asistan a clases o se gradúen. Los grupos que promueven el pollo miden el impacto a corto plazo de los pollos y el aumento momentáneo en el ingreso de los hogares, no los cambios sustanciales a largo plazo en la vida de las mujeres.

En tales casos, no se quiere reconocer la verdad de que sin cambio político las estructuras que discriminan contra las mujeres no pueden ser desmanteladas y cualquier avance que hagan será insostenible. Los números nunca mienten, pero a veces omiten.

A veces las organizaciones de desarrollo en realidad hacen a las mujeres invisibles para que así sirvan a sus narrativas. Uno de mis coautores escuchó de un trabajador de un grupo de lucha contra la trata de personas en Camboya que una organización de donantes occidentales estaba filmando un video para recaudar fondos y rechazaron a una mujer porque no encajaba con la imagen que querían los donantes de una joven superviviente indefensa.

Cuando las mujeres no occidentales ya tienen fuertes identidades políticas, a veces se exige que renuncien a ellas, incluso si con ello se las empuja de nuevo a los papeles mismos de los que el empoderamiento estaba destinado a rescatarlas. En Sri Lanka, una exsoldado de los Tigres de Liberación de Tamil Eelam dijo a uno de mis coautores que ella y otras excombatientes recibieron clases de decoración de pasteles, peluquería y costura. Un funcionario del gobierno confesó que a pesar de años de programas de entrenamiento, nunca había visto a ninguna de las mujeres ganarse la vida con estas habilidades.

Es hora de un cambio en el discurso del “empoderamiento”. Los programas de las organizaciones de desarrollo deben evaluarse en función de si permiten a las mujeres aumentar su potencial de movilización política, de forma que puedan crear una igualdad de género sostenible.

 

En el escenario global, el retorno a este modelo original de empoderamiento requiere una moratoria en la práctica de reducir a las mujeres no occidentales a las circunstancias de su victimización: la superviviente de violación, la viuda de guerra, la niña novia. La idea de que los objetivos y las agendas de desarrollo deben ser apolíticas debe ser descartada.

 

El concepto de empoderamiento de las mujeres necesita un rescate inmediato y urgente de las garras de los salvadores de la industria del desarrollo. En el corazón del empoderamiento de las mujeres está la demanda de una hermandad global más robusta, en la que ninguna mujer sea relegada a la pasividad y al silencio y sus opciones limitadas a las máquinas de coser y los pollos.

 

Rafia Zakaria (@rafiazakaria) es columnista de Dawn y la autora de “The Upstairs Wife: Una historia íntima de Pakistán”.


 

1.- https://medium.com/bill-melinda-gates-foundation/the-small-animal-thats-making-a-big-difference-for-women-in-the-developing-world-15d31dca2cc2

 

2.- https://www.heifer.org/gift-catalog/empowerment/enterpriser-gift-basket-donation.html

 

3.- https://www.ccny.cuny.edu/sites/default/files/Emissaries%20of%20Empowerment%202017.pdf

 

4.- https://www.ccny.cuny.edu/sites/default/files/Emissaries%20of%20Empowerment%202017.pdf

 

5.- https://www.gatesnotes.com/Development/Why-I-Would-Raise-Chickens

 

 

 

 

 

 

El derecho a prostituirse resume todos los derechos de las mujeres frente al patriarcado

 

 

El derecho de las mujeres a prostituirnos —es decir, a intercambiar sexo por bienes de otra naturaleza fuera del matrimonio— está reconocido por la Constitución y las leyes españolas y no es negado por ningún organismo internacional.

 

Esto puede sorprender a quien lo lea, ya que en España los medios de comunicación, los partidos políticos y, en general, el activismo abolicionista, tanto el confesional como el laico, tienden a referirse a la prostitución como si fuera un delito, en un intento de confundir a la opinión pública. En los casos, cada vez menos frecuentes, en los que les queda un atisbo de vergüenza, se refieren a la prostitución como “alegal”, queriendo dar a entender que si no está prohibida es por un descuido o una desidia de los legisladores, aunque ellos se cuidan mucho de promover su prohibición, sabiendo como saben que para eso tendrían que cambiar la Constitución democrática y abolir las libertades civiles.

 

El derecho a la prostitución está amparado en España por la Constitución y las leyes, ya que, al ser un Estado democrático, está permitido todo lo que no está prohibido, y está prohibido impedir el libre ejercicio de todo lo que está permitido.

 

El ejercicio de la prostitución no sólo es un derecho reconocido en España, sino que es un derecho particularmente protegido. Hay leyes específicas para defender a las prostitutas de la explotación y la esclavitud, de forma que puedan actuar con total libertad y puedan disponer libremente de sus ganancias íntegras. No existe otro sector laboral que esté tan específicamente protegido como el del trabajo sexual.

 

El trabajo sexual está reconocido como trabajo por la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos internacionales. También en España, aunque sólo bajo la modalidad de trabajo autónomo. La falta de reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales por cuenta ajena es una anomalía que sólo se explica por la corrupción política que favorece los intereses de los empresarios frente a los de las trabajadoras, en este caso con la abierta complicidad de los sindicatos de clase.

 

Los derechos de las mujeres conculcados por el patriarcado pueden dividirse en derechos sexuales y derechos económicos.

 

La opresión sexual supone negar el derecho a disponer libremente del propio cuerpo. Sometidas por las leyes patriarcales, las mujeres debían conservar su virginidad hasta el matrimonio y, una vez casadas, debían mantenerse fieles y estar siempre dispuestas a cumplir su “deber conyugal”, es decir, que no existía el delito de violación dentro del matrimonio. Tampoco tenían derecho a abortar bajo ningún supuesto, grave delito castigado con severas penas de cárcel. Y la prostitución, o estaba perseguida o estaba estrictamente regulada con leyes que negaban a las prostitutas todo una serie de derechos fundamentales.

 

El derecho a disponer libremente del propio cuerpo encuentra su plena expresión en el derecho a la prostitución. Suprimidas felizmente en España las modalidades mayoritarias de opresión sexual patriarcal, subsiste sin embargo una amenaza permanente sobre el derecho a la prostitución de las mujeres. Poderosos grupos de presión que incluyen a poderosas organizaciones patriarcales antibortistas, entre otras, intentan mediante argucias prohibir de facto la prostitución. Por eso, la defensa de este derecho supone la plena defensa del derecho a la independencia sexual y al dominio sobre el propio cuerpo de las mujeres, y resume y es la garantía de las modalidades mayoritarias del mismo.

 

Los derechos económicos de las mujeres conculcados por el patriarcado encontraban su máxima expresión en el matrimonio clásico, que sometía a la esposa a la plena dependencia económica del marido, y en la legislación laboral que discriminaba negativamente a las mujeres, sometidas además a la explotación de los trabajos domésticos y reproductivos no pagados y obligadas a cargar, en el caso de las madres solteras, con todo el peso de la crianza de los hijos.

 

Ha desaparecido la dependencia obligada por ley dentro del matrimonio, pero no las otras. Castigadas especialmente por la precariedad dentro de un sistema capitalista abiertamente machista, las mujeres deben enfrentar particulares necesidades de supervivencia. Y el derecho a disponer del propio cuerpo siempre ha supuesto una posibilidad particular de supervivencia explotando las imperiosas necesidades sexuales masculinas, no siempre satisfechas con el matrimonio.

 

El derecho a disponer del propio cuerpo y el derecho al libre intercambio económico que garantizan la Constitución y las leyes en España, permite a algunas mujeres compensar la discriminación patriarcal remanente que las condena a la precariedad y, al liberarse ellas, contribuyen a la liberación de todas.

 

El derecho a prostituirnos resume todos los derechos de las mujeres frente al patriarcado y la pérdida de ese derecho, por el contrario, nos llevaría a las mujeres de vuelta bajo el dominio patriarcal, el mismo que, bajo la falacia de querer protegernos de nuestra propia sexualidad, busca perpetuar su dominación sobre las mujeres en todos los órdenes de la vida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con trabajo sexual es como apoyo a mi familia

Por Una Madre | Escritora invitada

Nueva Zelanda

4 de septiembre de 2017

 

https://thespinoff.co.nz/parenting/04-09-2017/sex-work-is-how-i-support-my-family/#.WbKX36aCLCp.facebook


¿Cómo se ganaría usted la vida si usted y su hija tuvieran una discapacidad severa? Una madre comparte cómo ella ha encontrado un trabajo que hace su vida apenas un poco más fácil.

Soy joven, maorí y trabajadora sexual, y mi vida es más difícil de lo que puedas imaginar, pero no por las razones que estás pensando. Algunas mañanas me despierto en la cama llorando. Sé que mi día será doloroso, y así será todos los días hasta lo que puedo ver en el futuro.

He vivido con dolor crónico en mi cuerpo desde que era una niña, y la discapacidad severa de mi hija significa que seguiré cuidándola a tiempo completo para el resto de mi vida. No es sólo un trabajo físico duro, es un trabajo duro emocionalmente, y algunos días no puedo soportarlo.

Como mucha gente, quiero trabajar duro ahora para poder retirarme cómodamente cuando sea anciana. Me imagino descansando en una pequeña cabaña rústica junto al mar, con un jardín lleno de plantas y flores silvestres. Pienso en sentarme al sol con amigos y hacer cadenas de cuentas y conchas para colgar en los árboles. Pienso en los adolescentes riéndose y diciendo lo atrasada que estoy. No es el objetivo de todos en la vida, pero no puedo esperar a quedarme atrasada.

Pero la realidad, sin embargo, es que vivo en una economía capitalista donde todo es de propiedad privada, y si no eres dueño de nada, no te queda más remedio que trabajar para la gente que sí tienen posesiones. Mi cuerpo no es capaz de trabajar una semana de 40 horas, ni permitir que me califique en algo que esté bien pagado. Estoy discapacitada para trabajar, y soy parte de una sociedad que no cuida a gente como yo, a gente como mi hija.

Tanto mi hija como yo nos vamos haciendo gradualmente más y más discapacitadas, pero ella mucho más deprisa que yo.

Ella ya necesita atención individualizada en todo momento, y todavía es sólo una niña pequeña. Las personas con su nivel de necesidades no se adaptan bien, ni siquiera en los centros de atención especializada.

No puedo soportar la idea de acortar su vida. Tengo que planear para su futuro — y me imagino que me sobrevivirá— así que necesito planear para eso también.

Pero, ¿cómo puedo planificar su futuro cuando apenas puedo pagar el alquiler?

¿Qué le pasará si no tengo una casa cuando no pueda trabajar?

Estas son las preguntas que contemplo mientras lloro en silencio en mi cama. Sé que mi vida siempre será difícil tanto física como emocionalmente, pero el trabajo sexual me ha dado esperanza para el futuro.

Ser una trabajadora del sexo significa que puedo trabajar cuando puedo y tener días libres cuando no. Puedo encajar mi trabajo en torno a mi discapacidad, elijo cuándo y cómo trabajo, y no hay presión en mi lugar de trabajo. Nunca tengo que hacer más horas de las que quiero, así que puedo pasar mucho tiempo cuidando de mi hija.

Lo más difícil de mi trabajo es ser organizada para colocar anuncios, contestar llamadas telefónicas, y tener un lugar conveniente para trabajar. Pago el impuesto sobre el dinero que hago, y ahorro todo lo que puedo para que mi sueño de una casa de campo se haga realidad un día.

Algunas personas argumentan que ninguna mujer que necesite dinero es libre de elegir el trabajo sexual, sino que se ve obligada a la prostitución por las circunstancias. Dicen que el trabajo sexual no es potenciador, es explotación. Dicen que mis clientes deben ser detenidos, y quieren que se me impida trabajar.

Dicen que estoy en un aprieto sin otras opciones, pero yo digo que el trabajo sexual me está sacando de un aprieto de por vida, y me alegro de tener la opción de hacerlo legalmente.

Después de luchar durante años en una situación desesperada de pobreza y dolor, abandonada por los servicios sociales y carente de redes de seguridad, finalmente encontré el trabajo sexual. Es un trabajo que puedo hacer, me permite trabajar y ahorrar, y está haciendo mi vida mucho mejor. El trabajo sexual me proporciona salud mental y felicidad, porque proporciona a mi hija un futuro, y cada día que pasa sin que ni mis clientes ni yo seamos detenidos es un día en el que mi vida se hace un poco más fácil.

¿Es empoderante? Te dejo decidir a ti .

La ley de Alemania pone en peligro a las trabajadoras sexuales

Por un grupo diverso de trabajadoras sexuales activistas con sede en Berlín

8 julio 2016

Https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/diverse-group-of-berlin-based-sex-worker-activists/german-law-endangers-sex-workers

La “ley de protección a las prostitutas”, aprobada el 7 de julio de 2016 por el parlamento alemán, es un enorme retroceso para los derechos de las trabajadoras del sexo.

 

Photo by Hydra. All Rights Reserved.

El 7 de julio es un día triste en la historia de los derechos de las trabajadoras sexuales en Alemania. El gobierno aprobó la ProstSchG (ley de protección de prostitutas) en el Bundestag alemán.

Somos trabajadoras del sexo de una variedad de lugares de trabajo y de ambientes. Entre nosotras hay profesionales del sexo en las calles y los burdeles, practicantes tántricas, escorts independientes, trabajadoras del BDSM y muchas más, afiliadas o no a uno o más de los grupos de derechos de las trabajadoras sexuales existentes.

Como profesionales del sexo y expertas en nuestro trabajo, condiciones y vidas, hemos sido inflexibles desde el principio: la nueva ley es muy peligrosa para aquellas a las que se supone que va a “proteger”, es decir, nosotras mismas.

Juntas tratamos de luchar contra la futura ley alemana y sus implicaciones. He aquí por qué: a pesar de las severas advertencias de grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional, Deutsche Aidshilfe, Hydra, la organización profesional nacional de profesionales del sexo, y muchos más expertos, la nueva ley hará obligatorio el registro obligatorio de las trabajadoras sexuales en todo el país.

La ley pretende luchar contra la trata de personas. Pero en lugar de ayudar a las víctimas de este crimen, eleva la estigmatización de las trabajadoras sexuales a un nuevo nivel. El registro forzado a través del asesoramiento obligatorio incluye la evaluación del estado mental por una autoridad estatal e implica que las trabajadoras sexuales (casi exclusivamente referidas como mujeres) son percibidas como seres irresponsables, mentalmente incapaces. Nos oponemos a esta opinión discriminatoria y reclamamos nuestra autonomía para tomar decisiones bien informadas sobre nuestras elecciones de vida y nuestra sexualidad. Somos adultas y nos dedicamos al trabajo sexual consensuado.

“¿Es mentalmente capaz de entender lo que el trabajo sexual le hace a usted?”

Nuestro carnet personal de prostituta será un documento emitido por el Estado incluyendo nuestra foto; nuestra profesión (que es “prostituta”, ya que la palabra “trabajadora sexual” es un poco demasiado moderna para el Estado alemán), nuestro verdadero nombre y dirección, y nos identificará como profesionales del sexo aprobadas por el Estado. Para conseguirlo, nos veremos forzadas a visitar un organismo estatal y a recibir asesoramiento. La autoridad gubernamental que tendrá que tratar con nosotras todavía no se ha revelado, pero lo más probable es que sea la policía o el Ordnungsamt (orden público) los que se encargarán de juzgar si somos lo suficientemente estables mentalmente como para asumir la profesión. Lo estáis leyendo bien: un funcionario decidirá en una charla obligatoria si tienes el cerebro suficientemente amueblado para ser una trabajadora del sexo.

Genial.

No olvidemos también esto: sólo se podrá obtener el carnet de puta si se tiene un permiso de trabajo oficial. Esto excluye por completo a las inmigrantes, las solicitantes de asilo y muchas personas de los otros grupos más vulnerables de la sociedad que participan conscientemente en el trabajo sexual para sobrevivir. No tienes permiso de trabajo, no tienes carnet de puta. Si te pillan haciendo trabajo sexual con el fin de sostenerte a tí misma y a tu familia, serás deportada, muy probablemente a un país en el que el trabajo sexual siga siendo criminalizado y judicializado.

Una vez trabajadora sexual, siempre trabajadora sexual. Nuestro estigma ignorado

Genial, imaginad que conseguimos un carnet de puta. Ahora ya estamos oficialmente registradas como prostitutas en una base de datos del Estado. Todos sabemos que las bases de datos protegidas por el Estado que contienen información confidencial nunca se filtran, ni se piratean, ni se usan mal. Bueno, en realidad, sí que lo son.

Todas nos sentimos muy seguras ahora que hay una gran oportunidad de que, por ahora y por siempre, se nos descubra como trabajadoras sexuales. Esperemos que nunca planeemos trabajar en otro campo profesional, adoptar niños, convertirnos en políticos, viajar libremente o reservar alojamiento en unas vacaciones.

Obligar a las trabajadoras del sexo independientes a volverse dependientes

Pretendiendo “salvar” a las trabajadoras sexuales precarias, la nueva ley suprimirá activamente pequeños lugares de trabajo auto-organizados obligando a los propietarios de burdeles a obtener permiso para sus establecimientos. Tan útil como sería asegurarse sencillamente de que los burdeles cumplieran con los estándares básicos de la industria como la higiene o la seguridad de sus trabajadores, esta parte de la ley también hará imposible que las trabajadoras sexuales auto-organizadas trabajen juntas en equipos de dos o tres en pequeños lugares. Las trabajadoras que decidan compartir un pequeño espacio de trabajo serán consideradas como burdeles. Bajo la nueva ley, las trabajadoras sexuales en interiores tendrán sólo tres opciones:

Una, el trabajo en nuestras propias casas, ya sean alquiladas o en propiedad, e invitar a los clientes a nuestros dormitorios privados, lo que nos volverá potencialmente más vulnerables a los clientes abusivos, la violencia y las redadas policiales.

Dos, solicitar una habitación en un burdel regulado y certificado. Es fácil predecir que sólo unos cuantos burdeles podrán obtener la certificación necesaria por parte de las autoridades estatales. Esto conducirá a una escasez artificial de lugares de trabajo legales. Pensemos un momento en la oferta, la demanda, la explotación laboral y quién será el eslabón más vulnerable de esta cadena capitalista. Probablemente no serán los grandes propietarios de burdeles, sino más bien las trabajadoras. Estaremos atrapadas entre las prácticas de explotación de los grandes burdeles y la ilegalidad, donde nos arriesgamos al abuso y al chantaje de terceros.

 

De hecho, la tercera opción, seguramente la menos deseada, será trabajar ilegalmente. Compartir un piso con una colega para garantizar la independencia y la seguridad estará prohibido, a menos que se obtenga una licencia para poseer un burdel. Lástima que esta decisión será muy costosa y por lo tanto increíblemente difícil de lograr. Las leyes alemanas de regulación de edificios no son fáciles de manejar, pensad tan solo en el papeleo. Sólo las trabajadoras sexuales más capacitadas, pudientes y con conocimientos legales podrán obtener permiso.

 

Aquellas de nosotras que sean más vulnerables, pobres y precarias, aquellas que no tengan permiso de trabajo legal y aquellas que no pasen la prueba mental por falta de alfabetización y habilidades de lenguaje se quedarán en gran parte sin otra opción que terminar en la ilegalidad..

 

La nueva ley probablemente también empujará a muchas de nosotras a trabajar en condiciones inseguras e incluso a ofrecer servicios sin protección. Los clientes que buscan servicios desprotegidos o inhumanamente baratos probablemente buscarán trabajadoras sexuales precarias ilegalizadas en lugar de ir a burdeles legales enormes y controlados.

 

Como trabajadoras sexuales y expertas en nuestro trabajo, condiciones y vidas, hemos sido inflexibles desde el principio: la nueva ley es muy peligrosa para aquellas de nosotras que se supone que serán “protegidas” por esta misma ley y sus creadores. Si nos hubieran escuchado, esta ley nunca habría sido aprobada. Pero seguramente no se pide a los que se quiere proteger qué tipo de protección necesitan. Seguramente, los legisladores y los políticos de partido lo saben mejor. Bueno, en realidad, no.

Prostitución en la calle: multar no es una solución

El gobierno de Barcelona no multará a las mujeres que ejercen la prostitución en el espacio público. Al contrario, defenderemos los derechos de todas las mujeres, también de las trabajadoras sexuales.

 

Laura Pérez

 

03/06/2017

 

http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/Prostitucion-calle-multar-solucion_6_650294982.html

 

La Ordenanza del Civismo de la ciudad de Barcelona ha sido una norma altamente punitiva. En sus artículos 39 y 40 establece multas por el ofrecimiento, la demanda y el ejercicio del acto sexual en la vía pública, aunque en este último caso sólo si es de manera retribuida. Así, en base a la Ordenanza que establece nuestra conducta “deseable” en el espacio público, si queremos practicar sexo en la vía pública, no hay ningún problema, ni de noche ni de día, incluso en medio de la plaza Cataluña, siempre y cuando no haya intercambio económico.

Lo que se ha perseguido con esta normativa, aprobada en su momento con el voto a favor del PSC, CIU, ERC y el PP es eliminar de las calles la cara visible de la prostitución en la ciudad de Barcelona. En cambio, la prostitución que se ejerce en locales y clubes de la ciudad está permitida y así se reglamentó en Cataluña por parte de CiU bajo el Decreto 217/2002 y por el tripartito bajo la ley 11/2009 por la que quedan regulados los locales de alterne, las barras americanas o sex-shops. Esta doble vara de medir no es más que una muestra de las incongruencias políticas de partidos que regulan a favor del empresariado, al tiempo que persiguen a las trabajadoras sexuales. La ordenanza ha impuesto un castigo a una forma de ejercer la prostitución, no a la prostitución en sí misma.

A menudo se ha argumentado de manera inconsistente que estas acciones de imponer correctivos buscaban salvaguardar la integridad de las mujeres en su conjunto, o incluso estaban dirigidas a luchar contra las situaciones de tráfico en que estas mujeres pueden estar sometidas. Una forma cuando menos perversa de salvaguardar la integridad de todas las mujeres a través de criminalizar y estigmatizar a un grupo de mujeres en concreto o de luchar contra el tráfico multando a las mismas mujeres traficadas. Además incumple con la Directiva 2011/36 / UE, que obliga a los Estados miembros a proteger y atender a las mujeres que puedan estar en situación de tráfico y explicita la obligación de no imponer penas a las víctimas.

Más allá de todas las incoherencias mencionadas, cuando llegamos al gobierno nos encontramos con varios informes y documentos que nos señalan la poca efectividad de la norma y la vulneración de derechos que provoca. Después de 10 años de vigencia de la Ordenanza los datos nos dicen que la ordenanza no ha conseguido reducir el número de mujeres que ejercen en el espacio público, a pesar de la promesa hecha en el vecindario de la zona de Robadors por el gobierno de Trias (desde del 2009 hasta el día de hoy se está atendiendo entre 390 y 450 mujeres aproximadamente).

Asimismo se ha situado a las mujeres en una posición de mayor vulnerabilidad: muchas de estas mujeres han contraído, a través de las multas, una deuda con la administración, ya que menos de un 10% de las multas impuestas a las mujeres se podían hacer efectivas. Esto ha tenido consecuencias negativas para las mujeres, como por ejemplo el no poder acceder a ningún tipo de ayuda y prestaciones sociales. De manera añadida la vigilancia policial constante conduce a las mujeres a negociar más rápido, los clientes tienen más margen en la negociación y pueden hacer uso de la amenaza de avisar a la policía, según explican ellas mismas en diferentes informes. Además, se ha reforzado el estigma que las hace sentir desprotegidas y avergonzadas.

A día de hoy, el Ayuntamiento de Barcelona ha dejado de multar a las mujeres por la entrada en vigor de la Ley de Seguridad ciudadana. La conocida como Ley mordaza, a diferencia de la ordenanza del civismo, no prevé como infracción el ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública. Por ello, desde finales de 2015, aquellos artículos de la Ordenanza que prevén la sanción del ofrecimiento de servicios sexuales se han dejado de aplicar. Este hecho, que ha pasado desapercibido por los grupos de la oposición que hacen bandera del abordaje punitivo de la prostitución, no ha tenido ninguna incidencia en el día a día de la gestión del espacio público en Barcelona. Por tanto, ni las sanciones no han tenido el efecto disuasorio esperado, ni dejar de sancionar ha supuesto un aumento de trabajadoras sexuales en las calles de la ciudad.

Con la experiencia de estos 10 años de Ordenanza del Civismo podemos asegurar que el abordaje punitivo de la prostitución ha fracasado. Más allá de constatar que multar no es ninguna solución, ahora es el momento idóneo para replantear las políticas y normas fallidas, de involucrar a la ciudadanía, a todos los grupos municipales y a las mujeres que ejercen la prostitución en una reflexión más amplia que nos permita avanzar en la mejora de la convivencia, que nos lleve a nuevos consensos sobre el uso del espacio público. En definitiva, tenemos que encontrar una solución bajo un marco de garantía de derechos para todos, para las mujeres en su conjunto, por todas, y por los vecinos y vecinas que conviven con el ejercicio de la prostitución en la calle.

 


Laura Pérez (Barcelona, 1982) és regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI a l’Ajuntament de Barcelona.

https://barcelonaencomu.cat/es/candidatura-persona/laura-perez-castano

Confesiones de una ex SWERF

 

Taryn De Vere

 

29 de marzo de 2017

 

https://medium.com/@taryndevere/confessions-of-a-former-swerf-be0892f0fd30

Ok, puede que no fuera del todo una SWERF, ya que no quería quitar derechos a las trabajadoras del sexo, pero yo pensaba que el trabajo sexual era explotador y un resultado directo de siglos de patriarcado. Pensaba que cualquier persona que intentara comprar sexo de otra persona debía ser criminalizada, porque yo ingenuamente creía que eso acabaría con la demanda. También pensaba que todo el mundo que trabajaba en la industria estaba allí bajo coacción. Y todas estas suposiciones estaban basadas en una ignorancia completa y absoluta.

Desde entonces he tenido la suerte de conocer a mucha gente que trabaja en la industria del trabajo sexual (la mayoría de ellas mujeres). ¡Cómo me ha abierto eso los ojos! He visto destrozadas muchas de mis ideas e ilusiones. Una de mis amigas se vio obligada a trabajar en el sexo cuando era una adolescente y su experiencia fue horrible. Pero aparte de esa amiga —y yo diría que ella fue víctima de esclavitud sexual, no una trabajadora sexual— todas las otras mujeres que conozco que son trabajadoras sexuales han elegido su línea de trabajo.

Para algunas mujeres la elección es financiera. A otras mujeres lo único que les pasa es que les gusta jodidamente (disculpen el juego de palabras). Algunas mujeres que conozco encuentran que el trabajo sexual es un trabajo enormemente gratificante y agradable. ¡Lo sé! ¿No es asombroso? Yo también me sorprendí cuando me di cuenta de que no todo el mundo es como yo! (Estoy siendo sarcástica, por supuesto, pero sobre todo hacia mi antiguo yo).

Reunirme con trabajadoras sexuales y ex trabajadoras del sexo y escucharlas me abrió los ojos sobre por qué la gente trabaja en el trabajo sexual, y cómo la gente se siente al respecto, pero ¿qué pasa con el patriarcado? ¿Cómo reconciliar la venta del cuerpo femenino siguiendo siglos de degradación, sexualización y explotación de género? Como actualmente vivimos en un mundo patriarcal, es casi imposible saber si el trabajo sexual todavía existiría si viviéramos en un mundo equitativo, o incluso en un mundo que no fuera tan dependiente de la vergüenza, el miedo y el secreto. Tengo la sensación de que incluso si la sociedad fuera equitativa en todos los sentidos y no hubiera miedo o vergüenza en torno al sexo, todavía habría personas que querrían ser trabajadoras sexuales. Estoy basando este sentimiento en la sensación genuina de alegría y satisfacción que algunas trabajadoras sexuales dicen que obtienen de su trabajo y porque la mayoría de las mujeres que conozco que son trabajadoras sexuales me dicen que están contentas con el trabajo que han elegido.

Nunca olvidaré la pregunta que hice a una trabajadora sexual (que ahora se ha convertido en una amiga) cuando la conocí por primera vez:

    “¿Estás diciendo que algunas personas eligen activamente el trabajo sexual?”

“Sí”, dijo ella.

“Pero ¿algunas mujeres no lo hacen porque no pueden permitirse no hacerlo?”, le pregunté.

“Sí. Hay gente a la que no les gusta su trabajo, no importa qué trabajo estén haciendo, como hay limpiadoras que no quieren ser limpiadoras, pero que son forzadas por la pobreza “, dijo.     “Sólo porque usamos otras partes de nuestro cuerpo para hacer nuestro trabajo, ¿significa que no debemos tener los mismos derechos y la misma seguridad que tú?”

No pude rebatir eso. Y ese fue el final de mi SWERFenismo.

Sé que muchas mujeres son anti trabajo sexual y para mí estas personas son muy parecidas a las antielección. Desean negar a las mujeres su propia autonomía y experiencias y muestran poco interés en abordar los temas centrales que hacen que algunas mujeres asuman el trabajo sexual, tales como pobreza, elevadas tasas universitarias o costos de cuidado infantil. ¿Por qué las SWERFs no luchan duro para acabar con la pobreza, para proporcionar más apoyos a las madres solas o para bajar los costes universitarios? ¿Por qué en su lugar atacan a las mujeres que — como el resto de nosotras— sólo están tratando de ganarse la vida? Sé de mujeres que no elegirían el trabajo sexual si tuvieran suficiente seguridad financiera, pero como no la tienen, el trabajo sexual es la opción que han elegido para llevar la comida a la mesa. Y por supuesto están las mujeres que quieren ser trabajadoras sexuales y disfrutan siéndolo. ¿Por qué estas mujeres deben ser criminalizadas, estigmatizadas y negadas, sólo por el tipo de trabajo que han elegido hacer (y sin importar por qué lo han elegido)?

Hay una paradoja esencial en ser una SWERF: ¿cómo puedes realmente ser una feminista si no escuchas y crees en las experiencias de otras mujeres? ¿Cómo puedes adoptar una visión tan paternalista de las trabajadoras del sexo y pensar que sabes lo que es mejor para ellas, incluso cuando están claramente diciendo lo contrario? Mis propios puntos de vista de SWERF vinieron de la ignorancia y de una clase condescendiente de ambiente de cruzada moral: “sé lo que es lo mejor para vosotras, mujeres caídas. Vamos y os ayudaremos a salir de vuestra terrible vida”. Nunca dije eso o lo pensé, pero estaba en la raíz de las creencias que tenía sobre el trabajo sexual y las trabajadoras sexuales. Me estremece pensarlo ahora: qué condescendiente, qué arrogante, qué ofensivo. Estoy expiando públicamente por mis anteriores y espantosas maneras de SWERF y esperando que al hacerlo pueda llegar a algunas personas que están abiertas a nuevas ideas sobre las trabajadoras del sexo.

Había un montón de voces de SWERF encantadas por la implantación del modelo sueco/nórdico en Irlanda. Y, sin embargo, este modelo no ha reducido la venta de sexo en Suecia y sólo lo ha hecho más peligroso para las trabajadoras sexuales, por lo que se plantea la pregunta ¿a quién está sirviendo y por qué se sentiría nadie feliz por su implantación? Las SWERFs parecen felices de ignorar la evidencia y la investigación que muestran las muchas fallas peligrosas del modelo sueco/nórdico. He argumentado anteriormente que las SWERFs deberían ser llamadas SWERs, ya que no puedo encontrar ningún rastro de feminismo en un dogma que elimina las voces y la autonomía de las mujeres objeto de discusión y que son las más afectadas. Nuestras hermanas trabajadoras del sexo no deben ser arrojadas bajo el autobús por el bien de unos pocos moralizantes.

 

Me encantaría saber cómo las SWERFs reconcilian su “feminismo” con creencias que están perjudicando y en algunos casos matando mujeres. Tal vez, como me pasaba a mí, la mayoría de las SWERF nunca han conocido a una trabajadora del sexo o han pensado mucho en lo peligrosas e hirientes que son sus ideas. Espero que algunas de vosotras consideréis uniros a mí para apoyar los derechos de todas las mujeres, independientemente de la profesión que hayan elegido para sí.

 

 

  • Una nota sobre la trata: La trata y el trabajo sexual son discutidos a menudo juntos como si las dos cosas fueran lo mismo, pero las trabajadoras sexuales consensuales no son lo mismo que alguien forzado a la esclavitud sexual. No conozco a nadie que piense que la trata de seres humanos está bien. Y ninguna trabajadora sexual que conozca quiere obligar a nadie a trabajar en el trabajo sexual contra su voluntad. El consentimiento es clave en el trabajo sexual (y en el sexo). Luchar por la despenalización del trabajo sexual y la seguridad de las trabajadoras sexuales no es una victoria para los traficantes. Se sale un poco de los límites de este artículo el tema, pero podéis encontrar un gran trabajo sobre los problemas con el modelo nórdico vinculándolo a la trata aquí (1) y la diferencia fundamental entre el trabajo sexual y el tráfico humano explicada maravillosamente aquí (2).

 

Quiero reconocer y agradecer a todas las mujeres que han dado tanto de su tiempo y su energía a enseñarme a mí y a otros acerca del trabajo sexual, (con un agradecimiento especial a Lucy Smith de Ugly Mugs que es una Shero total).

 

 

 

 

1.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2017/02/14/asi-que-no-quieres-creer-a-amnistia-internacional-pues-mira-esto/

 

2.- http://thoughtsonliberty.com/stop-using-the-terms-sex-trafficking-and-sex-work-interchangeably

Trabajadoras sexuales en Ciudad de México, una lucha contra la represión

 

DÍA MUJER MÉXICO (Crónica)

07/03/2017

Paula Ericsson

http://www.lavanguardia.com/vida/20170307/42607303356/trabajadoras-sexuales-en-ciudad-de-mexico-una-lucha-contra-la-represion.html

 

México, 7 mar (EFE).- “Damaris” tiene 26 años, abundante melena negra y ojos oscuros de mirada segura e inquisitiva; es madre soltera y ejerce desde hace cuatro años como trabajadora sexual en Ciudad de México, luchando día a día contra la discriminación y el acoso policial. “Pedimos que no se nos juzgue”, declara.

“La persecución policial es horrible. Te dicen que eres una puta y eres de lo peor y casi te tratan como animal. Te dicen ‘Si quieres negociar tu libertad, ¿cómo nos arreglamos? Dices que no traes dinero, ¿pues cuánto cobras tú en La Merced? ¿Traes condones? ¿Y cuánto el oral? ¿Y sin condón?'”, relata a Efe Damaris, que no es su verdadero nombre.

Después de que a 19 sexoservidoras se les denegara una credencial de trabajadoras no asalariadas que solicitaron al gobierno local o en 2007, la titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Paula García, ordenó a la Secretaría del Trabajo en 2014 concedeérselas.

Sin embargo, el artículo 189 del Código Penal de la capital mexicana sanciona con prisión de dos a 10 años y multas a quien “explote el cuerpo de una persona por medio del comercio sexual”, “induzca a una persona para que comercie sexualmente su cuerpo con otra o le facilite” o “sostenga lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitución”.

“Un cliente no ocasiona que haya trata de personas. Si criminalizan a los clientes, van a hacer la trata aun más clandestina”, afirmó a Efe Elvira Madrid, una de las dirigentes de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez.

A partir del fallo judicial, la juez García ordenó la supresión del Artículo 24 VII de la Ley de Cultura Cívica de la capital, que considera falta administrativa “invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio” y denunció que el Gobierno local fracasó “porque no da alternativas reales” a este trabajo, recordó Madrid. Hasta ahora, dicho artículo sigue en vigor.

Madrid explicó que desde los inicios de la Brigada, fundada hace 28 años y que en 2016 atendió a 7.500 trabajadores sexuales, ya había mujeres obligadas a ejercer la prostitución, pero subrayó que la mayoría que se dedican a este trabajo lo hacen voluntariamente.

Para la activista, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Persona, promulgada en 2012 y que equipara la prostitución a la explotación, así como la clausura de zonas de tolerancia (en las que se permite el ejercicio del sexoservicio) llevaron a las mujeres “a lugares más inseguros, porque las chicas no dejan de trabajar”.

Frente a esta ambigüedad legal, una de las consecuencias más oscuras para este sector es la persecución policial, ya que los cuerpos de seguridad pueden llegar a abusar de ellas.

Para “La Suspiros”, natural del estado de Michoacán, de 50 años, que ejerció durante 30 años en la capital mexicana y que actualmente es ama de casa, uno de sus recuerdos más dolorosos se refiere a los abusos sexuales de los granaderos (policías antidisturbios).

“Yo recuerdo que cuando estaba chava pasaba una camioneta de granaderos, unos 12. Siempre pasaban por donde yo trabajaba y todos tenían sexo conmigo sin pagarme. Me decían ‘Si no, te vamos a encerrar porque andas moneando (drogando)'”, contó esta mujer que logró dejar las drogas tras muchos años de adicción.

Pese a los abusos que sufren por ser mujeres y trabajadoras sexuales, las propias autoridades las menosprecian y en algunas ocasiones rechazan sus denuncias, como es el caso de “La Suspiros”, quien intentó reportar las violaciones que sufrió, sin éxito.

“La ignorancia rebasa límites y muchas veces no saben lo que uno pasa o lo que uno vive; por eso no se puede juzgar. Pedimos que no se nos juzgue. No venimos aquí por gusto, sino por necesidad”, lamentó Damaris.

En ese sentido, Madrid aseguró que las trabajadoras sexuales casi generan el 2 % del Productor Interno Bruto de México, y que pese a que hay víctimas de trata, “hay gente que vive día a día para poder sobrevivir” y pidió que “no vean a la trabajadora sexual como un objeto, sino como una mujer que sobrevive y que lucha”.

Frente a las desigualdades que sufren las mujeres, Damaris pidió que “le echemos ganas, porque todas somos fuertes” y, en el caso de las trabajadoras sexuales, señaló que “es muy difícil pero todas las que lo hemos vivido somos guerreras”. EFE

 

Bill y Melinda Gates elogian la fortaleza de las trabajadoras sexuales de la India

 

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14 de febrero de 2017

 

https://www.gatesnotes.com/2017-Annual-Letter?WT.mc_id=02_14_2017_02_AL2017GFO_GF-GFO_&WT.tsrc=GFGFO

 

Melinda: En la actualidad, aproximadamente 75 millones de mujeres participan en grupos de autoayuda en la India. Queremos aumentar ese número. Los grupos se pueden formar para ayudar a las mujeres a obtener préstamos o compartir prácticas de salud, pero después de que las cosas comiencen, las mujeres lo toman en la dirección que quieren ir. ¡Eso es empoderamiento!

 
Bill: Lo más conmovedor que hemos hecho fue ayudar a crear grupos comunitarios en la India donde las trabajadoras sexuales tenían un lugar donde ir y hablar sobre la prevención del VIH. Lo hicimos para que pudieran ayudarse mutuamente a insistir en el uso del condón por parte de sus clientes. Pero nuestra visión era demasiado estrecha. Lo que hicieron los grupos desde el punto de vista humano por esas mujeres fue fenomenal, independiente de la prevención del VIH.

 
Melinda: Una de las primeras cosas que los grupos hicieron fue aliviar el estigma. Estas mujeres eran excluidas por todos menos entre ellas mismas, y suavizar el estigma comenzó la curación. Es por eso que cuando Bill me dijo hace unos años que había programado una reunión con un grupo de prostitutas, estuve orgullosa de él. Yo habría hecho lo mismo. Nunca imaginé, como una niña de escuela católica que creció en la conservadora Dallas, Texas, que alguna vez tendría una reunión con las trabajadoras del sexo y llegaría a admirarlas. Pero lo hice.

 

Bill: Warren, si Melinda y yo pudiéramos llevarte a cualquier parte del mundo para que pudieras ver tu inversión funcionando, probablemente te llevaríamos a conocer a las trabajadoras sexuales. Me reuní con un grupo de ellas en Bangalore, y cuando hablaron de sus vidas, me hicieron llorar. Una mujer nos dijo que recurrió al trabajo sexual después de que su marido la dejara: era la única manera de alimentar a sus hijos. Cuando la gente de la comunidad se enteró, forzaron a su hija a abandonar la escuela, lo que hizo que la niña se volviera contra su madre y amenazara con suicidarse.

Esa madre enfrentaba el desprecio de la sociedad, el resentimiento de su hija, los riesgos del trabajo sexual y la humillación de ir al hospital a hacerse la prueba del VIH y descubrir que nadie la miraba, la tocaba o le hablaba. Sin embargo, allí estaba ella, contándome su historia con dignidad. Las mujeres que surgieron como líderes en esa comunidad fueron duras como el infierno, y todas las mujeres se beneficiaron de eso.

 
Melinda: Estas comunidades amplían su misión para satisfacer las necesidades de sus miembros. Lo hacen todo una para otra. Establecieron redes de marcación rápida para responder a ataques violentos. Establecen sistemas para fomentar el ahorro. Usan servicios financieros que ayudan a algunas de ellas a iniciar nuevos negocios y salir del trabajo sexual.

 
Bill: Hay grandes beneficios que provienen de que estas mujeres se reúnan y se apoyen mutuamente. Y el propósito original de prevenir el VIH fue un éxito fenomenal. Está bien documentado que la decisión de las trabajadoras sexuales de la India de insistir en el uso del condón por parte sus clientes evitó que el VIH penetrara en la población general. El empoderamiento de estas mujeres benefició a todos.