Putas con clase: intersecciones de clase, género y trabajo sexual en las ideologías del movimiento putafeminista en Brasil

 

Thaddeus Blanchette *

Ana Paula da Silva **

2018

 

 

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Resumen: El movimiento de las trabajadoras sexuales de Brasil ha cuestionado durante mucho tiempo las narrativas hegemónicas sobre la venta de sexo. En los últimos años, el sentimiento contra la prostitución ha crecido en Brasil, amenazando los derechos de las trabajadoras sexuales. Simultáneamente, la muerte de la activista Gabriela Leite ha llevado a una renovación del liderazgo y una reformulación de los enfoques teóricos del movimiento. En este contexto, el putafeminismo se está estableciendo como un enfoque interseccional de raza, clase y género enraizado en contextos históricos locales. El presente artículo, basado en 12 años de etnografía de los movimientos de trabajadoras sexuales, presenta una interpretación putafeminista de sexo, género, raza / color y trabajo. Inspiradas en la recuperación que hizo Leite del término puta como autoidentificador para las trabajadoras sexuales, y arraigadas en la antropología e historiografía feministas, las putafeministas buscan resituar el término como una categoría más amplia / profunda. Las putafeministas recuperan puta como un término aplicado a las mujeres que trabajan fuera de la familia, sin protección contra la violencia sexual. En cuanto a la historia brasileña, sitúan la venta del sexo como una inevitabilidad práctica para una población trabajadora racialmente identificada, cuyos horizontes de posibilidades estaban limitados por la mano de obra barata, el matrimonio y la prostitución. Finalmente, las putafeministas usan el término puta como un puente a las experiencias de la clase trabajadora de manera más general, cuestionando las interpretaciones pornofóbicas de “esclavitud sexual” en un contexto histórico en el que las mujeres a menudo fueron auténticas esclavas.

 

Para los moralistas, la prostitución no consiste tanto en el hecho de que la mujer vende su cuerpo como en el hecho de que lo vende fuera del matrimonio.

– Emma Goldman

Introducción 

El siguiente documento se basa en 12 años de investigación etno e historiográfica en Río de Janeiro, Brasil, así como en el trabajo de extensión realizado con el grupo de derechos de las prostitutas Davida y los movimientos brasileños contra la trata de personas a través del Observatorio de la Prostitución de la Universidad Federal de Río de Janeiro (Observatório da Prostituição). Discute un conjunto de temas relacionados con la cuestión de cómo promover para las mujeres que venden sexo una agenda de justicia social, definida, siguiendo a Nancy Fraser (2009: 16), como “desmantelar los obstáculos institucionalizados que impiden que algunas personas participen de forma igualitaria con otras, como socios plenos en la interacción social” y, en particular en este caso, que participen como actores principales en la elaboración de las leyes que las afectan. Aquí, seguimos una creciente tendencia intelectual y política en Brasil y Argentina: el putafeminismo, que postula que luchar contra el estigma social de la prostituta es una condición previa necesaria para cualquier lucha de justicia social que implique a las trabajadoras sexuales.

Comenzamos con una descripción general de cómo las batallas actuales en torno al trabajo sexual no se están desarrollando en un campo de juego equilibrado entre lados equitativamente igualados. Exploramos el concepto de putofobia y sus raíces profundamente arraigadas en el desarrollo histórico del concepto de prostituta. Observamos algunas de las deficiencias de los lentes teóricos más comúnmente empleados por el feminismo para explorar la prostitución. Describimos cómo se ha desarrollado el putafeminismo en Brasil como una alianza general de trabajadoras sexuales, académicos, feministas y otras personas que entienden el término prostituta como un término político capaz de crear puentes entre las trabajadoras sexuales y otros movimientos de la clase trabajadora que luchan contra un neoliberalismo que amenaza los derechos laborales y el urbanismo democrático. En nuestra sección final, ponemos de manifiesto lo que este movimiento estructurado en torno al putafeminismo ha hecho hasta la fecha y esbozamos lo que debe suceder, en el futuro, si queremos tener éxito en la creación de una mayor justicia social para las mujeres que venden sexo en nuestro país.

 

Sobre sandeces, putas y feminismo

El filósofo moral Harry Frankfurt le dio al mundo una herramienta analítica cuando publicó su artículo On Bullshit en 1986. Aunque el artículo en sí se convirtió en una sensación de cultura pop, esto no disminuye la utilidad de su concepto clave, especialmente cuando nos referimos a temas como trabajo sexual / prostitución / puterío.

Frankfurt definió bullshit como una forma de discurso separada de la verdad o la mentira. El discurso verdadero describe la realidad tal como le parece que es a la persona que intenta decir la verdad. Mientras que un mentiroso todavía se preocupa por la verdad. Piensan que saben lo que es y quieren ocultarlo a los demás. Tanto el discurso veraz como el mentiroso tienen, por lo tanto, una conexión básica con la verdad, al menos tal como la perciben los mentirosos y los veraces. Las sandeces, sin embargo, no tienen una conexión necesaria con la verdad, ni se ofuscan intencionalmente, como lo hace una mentira. La sandez es una forma de discurso retórico que se ocupa únicamente de persuadir a los oyentes. Con este fin, un buen bullshitter mezcla promiscuamente hechos y fantasías, verdades y mentiras, todo para convencer a una audiencia.

Gran parte de lo que se produce y populariza sobre la venta de sexo es, francamente, una sandez. En parte, esto se debe a que (como Jay Gould (1981) señaló una vez con respecto a la raza) cuando no tenemos buenos datos, la política tiende a sobrepasar a la ciencia. Hay una larga lista de dichos populares sobre el trabajo sexual que son sandeces que podríamos citar aquí. Por falta de espacio, simplemente señalaremos a los lectores interesados ​​dos artículos de la activista trabajadora sexual Maggie O’Neil (2012, 2014), que son un excelente punto de partida para desacreditar los mitos comunes de la prostitución, tales como la idea de que la edad promedio de entrada en la prostitución es trece años; que el 80% de las prostitutas son coaccionadas; y la constante confusión, en las historias periodísticas, de las categorías de “niños en riesgo de explotación sexual” y “niños explotados sexualmente”.

Con la creciente popularidad del llamado “modelo sueco” (la penalización de los clientes), las sandeces han comenzado a dominar las discusiones sobre leyes relacionadas con la prostitución. Como señala Ann Jordan (2012), no hay pruebas contundentes de que las leyes de Suecia hayan reducido la prostitución. De hecho, el gobierno sueco afirma que la trata de personas sigue aumentando en el país, a pesar de sus leyes. Pero una cosa está bastante clara: al penalizar a los clientes, las autoridades suecas han decidido ignorar las voces de las trabajadoras sexuales a favor de las voces de las “supervivientes de la prostitución”, las feministas radicales y las trabajadoras sociales. Esto ha llevado a una definición operativa de las trabajadoras sexuales como locas o de alguna otra manera inadaptadas y a su eliminación progresiva —en base a su incompetencia— de cualquier debate serio sobre las leyes de prostitución en Suecia (Edlund y Jakobbson 2017). En otro ejemplo del fenómeno, la decisión de Amnistía Internacional de apoyar la despenalización del trabajo sexual, tomada después de un análisis en profundidad de los estudios científicos sobre la prostitución (Amnistía Internacional 2016), recibió protestas de que AI deseaba legalizar la explotación de las mujeres. Una vez más, aquellos que quieren criminalizar el trabajo sexual instaron a Amnistía a “escuchar a las supervivientes” en lugar de a las mujeres que realmente se dedican al trabajo sexual o a los científicos que lo estudian. La periodista Julie Bindel, de hecho, afirmó que si tuviera una pistola y una sola bala, no le dispararía a un proxeneta, sino más bien a un investigador del trabajo sexual (Agustin 2010). La antropóloga Laura Agustin (2010), al comentar sobre la declaración de Bindel, comentó que la periodista parecía particularmente indignada con los etnógrafos:

No muchos de los que investigan la industria del sexo son técnicamente antropólogos, por lo que tal vez la crítica es contra las personas que hacen etnografía. Lo que generalmente significa no usar entrevistas formales o encuestas cuantitativas, sino pasar mucho tiempo con las personas investigadas: vivir con ellas o visitarlas con frecuencia durante mucho tiempo, mirar y escuchar, grabar lo que ves, oyes, hueles, saboreas, sientes. En estos días, los etnógrafos no suelen afirmar que sus resultados sean verdades finales sobre grupos grandes sino más bien imágenes sugerentes a pequeña escala.

¿Qué significa sugerir que no se debe investigar ningún tema? ¿Es la implicación de que la investigación perjudica a algunas personas, que están mejor atendidas por aquellos que toman una postura ideológica particular hacia ellas?

Se puede argumentar legítimamente que ambas partes en las guerras de prostitución de hoy en día lanzan sandeces y se involucran en tácticas tales como la exclusión. Sin embargo, solo una de las partes en este debate está libre de persecución legal y cuenta con el apoyo general de la policía y otras autoridades estatales. De hecho, las personas que se pronuncian a favor de la despenalización a menudo son calumniadas como “el lobby proxeneta”, lo que lleva a una trabajadora sexual activista a comentar: “Si realmente fuéramos apoyadas por proxenetas o ‘la industria sexual’, no nos llamarían así porque sabrían que tendríamos los recursos para ponerles una demanda legal” (Pye Jakobbson, entrevista de los autores, julio de 2017).

En Brasil, las acusaciones de que las trabajadoras sexuales y los investigadores del trabajo sexual son parte de una conspiración internacional bien financiada son aún más ridículas. Actualmente, casi ninguna de las más de 30 asociaciones de trabajadoras sexuales del país puede pagar sus facturas, y mucho menos presionar de manera efectiva (Murray 2018). Sin embargo, un creciente autoproclamado movimiento “radfem” (feminista radical) en Brasil está siguiendo a sus contrapartes del hemisferio norte al acusar rutinariamente a las trabajadoras sexuales activistas de violar la ley, de proxenetismo y de recibir fondos de mafias de la tenebrosa “industria del sexo”. Dichas acusaciones fueron formuladas recientemente contra de una de las autoras de este artículo por una abogada feminista radical local, que usó las páginas de una popular revista femenina para afirmar que dicha autora era una proxeneta (González 2016).

Mientras tanto, el feminismo brasileño dominante es reacio a involucrarse con la prostitución (y las prostitutas) debido a la naturaleza divisiva del tema en los círculos feministas. Como autores como Adriana Piscitelli (2012), Sonia Corr  y Jos Miguel Nieto Olivar (2010) han señalado, la prostitución no apareció mucho en la agenda feminista en Brasil hasta después del cambio de siglo. La segunda ola del feminismo en el país priorizó la lucha contra la dictadura militar durante los años setenta y ochenta. Mientras que algunas feministas se interesaron en el movimiento naciente de los derechos de las prostitutas, protagonizado por Gabriela Leite y Lourdes Barreto, el feminismo brasileño en general ignoró la cuestión. Providencialmente, esto también significó que el feminismo brasileño evitó los peores excesos de las “guerras sexuales” que sacudieron la anglosfera feminista durante esas décadas.

Sin embargo, esta situación cambió con el cambio de siglo, ya que primero el “turismo sexual” y luego la “trata de personas” se convirtieron en un verdadero pánico moral en Brasil, un pánico que se asoció indeleblemente con la prostitución en la mente del público y en gran parte de la esfera política feminista. A medida que pasaron las primeras décadas del siglo XXI, el feminismo brasileño se polarizó cada vez más en el tema de la prostitución y se mostró cada vez más reacio a permitir incluso espacios marginales en los que debatirlo en términos neutrales o positivos. Como dice la líder feminista Maria Amélia de la União de Mulheres de São Paulo, “cada vez que hablamos de la prostitución, luchamos entre nosotras y también con las putas, así que es mejor no hablar de eso, ¿de acuerdo?” (Citado en Skackauskas y Nieto Olivar 2010: 5).

Esta retirada del debate puede haber ayudado a mantener la unidad feminista, pero ha “arrojado a las prostitutas a los pies de los caballos”, particularmente durante una década en la que el feminismo se incorporó cada vez más como parte del aparato estatal en Brasil (Murray 2018). Como resultado, se pusieron pocos fondos a disposición de las organizaciones de prostitutas a través de asociaciones estatales, incluso cuando las demandas de las prostitutas se han visto cada vez más expulsadas de los debates feministas. También debe recordarse en este contexto que la Administración George W. Bush en los Estados Unidos hizo que aquellos que recibieron dinero de USAID juraran no apoyar cualquier organización o actividad que buscara despenalizar o legalizar la prostitución (Leigh 2013).

Esto ha dificultado cada vez más que las asociaciones brasileñas de trabajadoras sexuales obtengan apoyo material de fuentes internacionales. A lo largo de las primeras décadas del siglo XXI, las organizaciones de derechos de las prostitutas brasileñas y sus aliados asociados en la academia se han visto cada vez más perjudicados a la hora de producir datos científicos sobre el trabajo sexual en Brasil y transformar estos datos en políticas públicas efectivas.

Por el contrario, se han puesto fondos relativamente abundantes en Brasil para aquellos que estudian la “trata de personas”, particularmente si adoptan el enfoque a priori de que es un problema importante y proyectan su investigación para generar la mayor cantidad de casos posible. Mientras tanto, las asociaciones de trabajadoras sexuales del país (que nunca han sido invitadas a participar como socios de pleno derecho en este tipo de encuestas raramente revisadas por pares (Blanchette 2012)) se han reducido a pasar la gorra para mantener las luces encendidas en sus (a veces en cuclillas) cuarteles generales. En Europa y América del Norte, la situación parece ser peor, particularmente en los EE.UU., donde la prostitución está en gran medida penalizada. Dar a entender que las organizaciones de trabajadoras sexuales están tan bien financiadas y apoyadas como la industria del rescate global (Agustin 2007) y sus aliados anti trabajo sexual es simplemente ridículo.

En Brasil, entonces, la discusión feminista sobre el trabajo sexual (siempre un tema de interés menor y nunca un tema central de debate) ha sido marginada casi por completo, excepto por las discusiones sobre la prostitución como explotación y violencia. Los continuos pánicos morales relacionados con el turismo sexual, la trata de personas y la explotación sexual infantil han potencializado el miedo y la repulsión hacia la prostitución en muchos círculos feministas, y los llamamientos feministas radicales a la penalización del trabajo sexual están encontrando mucho más espacio y audiencias más grandes que nunca. Dicho en términos simples, el feminismo hegemónico en Brasil parece no estar dispuesto a escuchar a las trabajadoras sexuales en un momento en que son atacadas por una pequeña pero ruidosa minoría dentro del feminismo.

Lo que es peor, las trabajadoras sexuales activas enfrentan el estigma y la amenaza de violencia cuando hablan. En junio de 2016, la Marcha de las Putas (Marcha das Vadias) organizó un debate sobre turismo sexual en el que participaron cuatro trabajadoras sexuales activas. Una abogada feminista local inmediatamente amenazó a las mujeres con cargos legales de “apoyar actividades criminales”. Las páginas de Facebook de estas mujeres fueron denunciadas y cerradas. Sus datos personales, nombres de nacimiento y documentos fueron revelados públicamente. Finalmente, quienes las apoyaban fueron calumniados y amenazados físicamente (Observatorio da Prostitucao 2016).

El mismo tipo de tácticas que usan los antifeministas para atacar a personas como Anita Sarkeesian (Valenti 2015) se emplean habitualmente contra las trabajadoras sexuales que han dado la cara, a menudo por personas que se describen a sí mismas como feministas. Y aunque las activistas a favor de la penalización podrían ser el objetivo de un comportamiento similar, hay un componente crítico de “equivalencia” que falta: las activistas contra la prostitución no están penalizadas. No están sujetas a altas tasas de violencia debido a cómo se ganan la vida. Su libertad no está amenazada por su activismo. Cuando alguien como la periodista británica anti trabajo sexual Julie Bindel recibe amenazas, sabe que puede ir a la policía sin arriesgar su vida, libertad o reputación. Cuando las mujeres que venden sexo intentan hacer lo mismo, incluso en países donde la prostitución no está penalizada, no tienen ese mismo privilegio. Cualquier interacción con la policía puede resultar en violación, extorsión, encarcelamiento o, más probablemente, violencia moral y emocional. Por lo tanto, uno de los principales problemas que enfrentan las trabajadoras sexuales cuando intentan crear justicia social para sí mismas es la creencia de que hay dos lados iguales en el debate sobre la prostitución cuando este no es el caso. Esta desigualdad se basa en la putofobia: el miedo, la aversión o la discriminación contra las mujeres que venden sexo. Putofobia no es simplemente un término retórico: es un hecho estructurante de vida. Revelarlo y analizarlo es de primordial importancia en la creación de justicia social para las trabajadoras sexuales.

En Brasil y Argentina, una de las formas en que las trabajadoras sexuales activistas y sus aliados han estado abordando la putofobia y la exclusión de las voces de las trabajadoras sexuales de los círculos feministas es a través del desarrollo del putafeminismo . Esto responde a la acusación común de que los activistas por los derechos de las trabajadoras sexuales “piensan que el trabajo sexual es empoderador”. Aparentemente originario de Argentina, el putafeminismo se basa en un análisis marxista del trabajo en el que se entiende que el trabajo es alienante y una forma de dominación, pero también un campo potencial para la organización política y la lucha social. En esta visión de la prostitución, el trabajo sexual es “empoderante” solo en la medida en que, como cualquier otro trabajo, proporciona una base experimental común para la movilización sociopolítica. Esto se fusiona con un análisis feminista de las relaciones de género que considera que la prostitución es solo una de una serie de posiciones interconectadas en las que las mujeres son subordinadas y empujadas a intercambiar trabajo sexual y / o afectivo por sustento y supervivencia. El putafeminismo ve el trabajo del sector de servicios mal remunerado, el matrimonio y la prostitución como partes iguales de un complejo capitalista y patriarcal y se pregunta por qué solo una parte de este trípode, la venta abierta de sexo, es penalizada y / o injuriada. En palabras de la trabajadora sexual e intelectual putafeminista Monique Prada (citado en Drummond 2017):

Básicamente, la prostitución es algo en lo que el prejuicio común dice que ninguna mujer debería querer involucrarse, pero aún así, millones de mujeres lo han hecho durante siglos. Puede ser que esté lejos de ser lo peor del mundo para las mujeres, pero hay una sociedad entera trabajando duro para hacerlo horrible .. Y hay una clase de personas —y yo pertenezco a esta clase— para quienes vender sexo, limpiar baños o cambiar los pañales de las personas mayores es el trabajo que nos es posible. Este es un trabajo digno y es lo que hacemos. Desafortunadamente, en la sociedad en la que vivimos, debemos recordar que no todas las personas tienen el mismo horizonte de posibilidades que les permita mantenerse alejadas de los jefes abusivos. Aun así, seguimos viviendo y haciendo las elecciones que están a nuestro alcance.

La clave para la visión que el putafeminismo tiene del sexo, el trabajo y las mujeres es el intento de recuperar no solo la palabra, sino el concepto que está detrás de puta. Este es el resultado de diálogos entre trabajadoras sexuales activistas y teóricas feministas y laboralistas, muchas de las cuales provienen de las filas de la academia (y, cabe señalar, también es el resultado de un número creciente de trabajadoras sexuales activistas que son también académicas o académicamente formadas). El uso de prostituta o incluso puta por parte de las trabajadoras sexuales brasileñas como autodescriptivo es probablemente uno de los hábitos que más impacta la sensibilidad feminista de Europa occidental y América del Norte. De hecho, incluso levanta ampollas entre los grupos aliados de derechos de las trabajadoras sexuales en el hemisferio norte. Por lo tanto, vale la pena echar un vistazo a la etimología de esta palabra para preguntar por qué es tan irritante.

 

Etimologías putas

(…)

Se ha derramado mucha tinta sobre cuál es el término adecuado para quienes intercambian sexo por dinero. En el mundo de habla inglesa, las personas que apoyan la despenalización de la venta de sexo tienden a referirse a ésta como “trabajo sexual”. Aquellos que desean abolirlo y / o apoyan su penalización lo llaman “prostitución” o incluso “violación”, “esclavitud”, “trata de personas” u otros términos con carga emocional. Muchas personas involucradas con los movimientos de prostitución de Brasil lo llaman “prostitución” o “trabajo sexual” indistintamente y llaman a las personas que lo hacen “prostitutas”, “profesionales del sexo” o “putas”. Esta flexibilidad etimológica es principalmente un legado de Gabriela Leite, la legendaria activista por los derechos de las prostitutas brasileñas, que era muy consciente de los orígenes lingüísticos de puta y whore, como muchas trabajadoras sexuales activistas de los años ochenta y noventa.

Gabriela se mostró escéptica sobre lo que llamó “lenguaje políticamente correcto”, lo que vio como una distracción del objetivo principal de los movimientos de prostitutas: las personas que vendían sexo y los estigmas y la violencia que enfrentaban. Durante nuestra primera reunión con Gabriela en 2005, nos dijo que “debemos seguir siendo putas y prostitutas, a pesar de que somos profesionales del sexo, porque eso es lo que la sociedad nos llama”. Nunca conseguiremos que la persona común nos llame de otra manera. Intentarlo es una pérdida de tiempo y recursos. Lo que debemos preguntar es “¿Por qué es malo ser una puta?” Eso pone el dedo directamente en la herida, ¿no? No hay forma de evitar esa pregunta a menos que quieras ser un moralista, y una vez que la gente asume abiertamente su moralismo, ¡ah, entonces podemos hablar y tal vez cambiar las mentalidades! (Gabriela Leite, entrevista personal de los autores, noviembre de 2005) .11

Aunque muchas personas que venden sexo en Río de Janeiro se describen a sí mismas como “profesionales del sexo” (pero casi nunca como “trabajadoras sexuales”), otras repudian este término, ya que no sienten que vender sexo sea un trabajo. Algunas de ellas están de acuerdo con aquellos que desean abolir la prostitución en que el trabajo sexual es un desagradable, a menudo violento, a menudo degradante, apaño sexista que no existiría en una sociedad verdaderamente igualitaria (con quienes hemos hablado, sin embargo, difieren de los abolicionistas, en el sentido de que no desean ver penalizada la venta o compra de sexo). Más de entre ellas creen que, tan pronto como algo se define como “trabajo” en Brasil, vienen los impuestos y el Estado, en detrimento de los trabajadores. Aún más, no quieren estar oficialmente registradas como trabajadoras sexuales, lo que consideran que sería un resultado inevitable de regularse la venta de sexo como trabajo.

Pero casi todas las trabajadoras sexuales brasileñas que conocemos usan “prostituta” y “puta” (junto con una enorme lista de sinónimos) para describirse a sí mismas y a otras personas que venden sexo. Estos son los términos emic más comúnmente encontrados dondequiera que se reúnen las brasileñas que venden sexo.

El movimiento que Gabriela Leite ayudó a fundar en 1987 —la Red de Prostitutas Brasileñas (BPN – Rede Brasileira das Prostitutas)— ha adoptado en gran medida esta terminología. Sus miembros quieren que quienes venden sexo sean reconocidas como ciudadanas y trabajadoras, pero son plenamente conscientes de que están etiquetadas —y de hecho, se etiquetan a sí mismas— como prostitutas y putas. De hecho, Lourdes Barreto, una cofundadora de BPN de 76 años, tiene tatuado “Soy una puta” en su antebrazo derecho (ver Figura 1), que muestra a cualquiera que cree que no se está enterando.

Aunque se ha vuelto aceptable en los círculos de trabajo sexual de EE.UU. y Europa usar “puta”, la situación brasileña difiere, al menos por ahora, en que los aliados pueden emplear el término siempre que lo hagan con respeto. En este sentido, entonces, “puta” parece marcar una posición filosófica u ontológica (lo que Gregory Mitchell (2016) denomina “la ontología de la puta”), en lugar de una identidad de grupo cohesionada. Si uno asiste a las manifestaciones y eventos organizados por el Movimiento de Prostitutas Brasileñas, a menudo se le exhorta a pensar en uno mismo como una prostituta. Como dijo la trabajadora sexual y concejal de la ciudad, Indianara Siqueira, en un evento público reciente:

Todos ustedes también son prostitutas, lo saben. No haces lo que haces porque amas tu trabajo o eres leal a tu jefe. Lo haces por dinero. Aquellos de ustedes que son maestros, no se levantan de la cama a las 5 AM y van al trabajo en autobús porque aman a sus estudiantes y están dedicados a su profesión: lo hacen por un salario. Claro, TAMBIÉN puedes amar a tus alumnos y ocasionalmente incluso tu trabajo. Incluso las putas ocasionalmente se corren. Pero dinheiro na mão, calcinhas no chão. Todo trabajador es una prostituta y toda prostituta, un trabajador (Siqueira 2017).

Esta insistencia en la universalidad de la prostitución entre quienes ganan salarios invita a quienes no venden sexo a empatizar con quienes lo hacen como miembros de lo que Marx llamaría la “clase trabajadora” y a concentrarse en los problemas de las putas (en general) y en los problemas de las putas que venden sexo (más particularmente) en lugar de en la prostitución como un problema per se. Esto ha creado una política puta multifacética y flexible (para usar el término acuñado por Laura Murray (2014)) en el que las prostitutas se señalan a sí mismas como representantes de una gran variedad de poblaciones urbanas brasileñas que están siendo marginadas en la “ciudad de marca” neoliberal y de una clase trabajadora que está siendo rápidamente despojada de sus derechos, prestaciones y paga. Al hacer explotar la noción liberal clásica de que el trabajo es una categoría moral —algo hecho por amor o como vocación, que ennoblece al trabajador—, la política puta construye puentes hacia otras experiencias urbanas y de clase trabajadora mientras intenta reclamar espacio en la ciudad para una forma de vida pública gratuita y democrática (Sim  s 2016).

Esto, pues, se encuentra en la raíz del putafeminismo: una democratización de puta que busca una aproximación creativa e interseccional al feminismo, plenamente consciente de las inmensas divisiones dentro de ese campo político (y entre las mujeres en general) con respecto al trabajo sexual / prostitución. No ve estas divisiones como neutrales o equilibradas, sino más bien como constituidas por experiencias vividas de clase, ciudadanía y raza entre las mujeres, experiencias vividas que crean privilegios y exclusiones. Es crítico con lo que Elizabeth Bernstein llama “feminismo carcelario” y “humanitarismo militarizado”, que intentan crear justicia social mediante una mayor vigilancia y encarcelamiento (Bernstein 2010). Rechaza la sexualización promulgada por las políticas de seguridad humana posliberales dirigidas por el Estado y gestionadas por ONG del sur global, que Paul Amar describe como “poner el género en su ‘lugar tradicional’” y rescatar a la familia de las “perversiones de la globalización” en el dominio cultural (Amar 2013). Reconoce que las actividades disciplinarias y punitivas de la sociedad inevitablemente seleccionan ciertos cuerpos, ciertas personas, como su objetivo. Busca alertar a las feministas de los efectos prácticos y cotidianos de esto y de lo que significan en términos de justicia social para las trabajadoras sexuales.

Si lo principal que debe cambiar en Brasil en el camino hacia una agenda de justicia social para las trabajadoras sexuales, entonces, es la desestigmatización de la prostitución, el putafeminismo postula que la mejor manera de hacerlo es apoyando a las trabajadoras sexuales que salen públicamente a dar la cara, creando visibilidad para el trabajo sexual en su conjunto, y vinculando el activismo del trabajo sexual a una gran red de activistas diversos en otros asuntos de justicia social, particularmente aquellos relacionados con temas feministas, derechos de los trabajadores, derechos LGBT y anti-carceralismo. El objetivo es ayudar a las trabajadoras sexuales a (re) crear sus propios movimientos democráticos y hablar en su propio nombre.

 

Teoría política puta 

El putafeminismo aparece en el contexto de un feminismo que ha sido, en gran medida, “capturado” por el Estado, como lo describe Laura Murray (2018). Este es un feminismo que coquetea cada vez más con la carcelarización (Bernstein 2010), después de un largo coqueteo con el poder estatal, y que parece haber abandonado en gran medida a las trabajadoras sexuales. El putafeminismo es un enfoque interseccional, muy similar a los feminismos negros que aparecieron durante la segunda ola del feminismo. Surge porque la intersección de mujer y trabajadora sexual crea especificidades que, irónicamente, son en gran parte inexploradas por muchas de las variantes más hegemónicas del feminismo.

El feminismo es, por supuesto, un campo ideológico diverso y hay feminismos que apoyan y han apoyado mucho el trabajo sexual y a las trabajadoras sexuales. El Núcleo de Estudios de Género Pagú en la Universidad Estatal de Campinas, en Sao Paulo, es un excelente ejemplo de esta tendencia, trabajando con trabajadoras sexuales a nivel local, regional y nacional para llevarlas a debates feministas y, lo que es más importante, a la elaboración de leyes. Pero los aspectos más hegemónicos del feminismo, y, en particular, los tipos de feminismo que terminan formando parte de las agencias, leyes y agendas estatales, tienden a ignorar las especificidades del trabajo sexual, buscando resolver el problema de la prostitución en lugar de atender las demandas de las prostitutas. Como Ola Florin (2012: 273) dice en su análisis de las leyes suecas contra la prostitución, a los ojos de este tipo de feminismo, “la prostitución genera víctimas por analogía y solo desde un punto de vista estructural”.

Las vendedoras sexuales son víctimas en su calidad de mujeres debido a la simple existencia de la compra de servicios sexuales por parte de los hombres. Visto de esta manera, una mujer es víctima de violencia siempre que al menos algunos hombres compren sexo a mujeres, independientemente de si ella misma entra o sale del comercio sexual. Las trabajadoras sociales o de la salud son tan víctimas como la mujer que vende sexo a la que intentan ayudar (Florin 2012: 273).

Esta comprensión estructural de la venta del sexo crea una dinámica dentro de gran parte del pensamiento feminista donde la prostitución se entiende en gran medida (si no exclusivamente) como violencia contra las mujeres como colectivo, con mujeres individuales en la prostitución posicionadas como víctimas sin autonomía o como contribuyentes activas a esa violencia (Florin 2012: 278). Una instancia extrema de este punto de vista se puede encontrar en la declaración de la intelectual feminista radical británica Julie Burchill (1987: 9) de que “cuando se gane la guerra sexual, las prostitutas deberán ser fusiladas como colaboradoras por su terrible traición a todas las mujeres”. Mientras que pocas feministas llegarían a los extremos de Burchill, son también pocas las feministas que parecen ser capaces de ir más allá de emplear el viejo cliché de “vender el cuerpo” y la “cosificación” como lentes interpretativas primarias. Desafortunadamente, la cosificación y la venta del cuerpo son metáforas problemáticas cuando se aplican a la prostitución.

Como hemos descrito en detalle en otra parte (Blanchette, Camargo y Silva 2014), según la teórica feminista Evangelia Papadaki (2007, 2010), gran parte de la segunda ola de pensamientos del feminismo sobre la cosificación sexual, y en particular las opiniones de las feministas radicales como Catherine MacKinnon y Andrea Dworkin, se basan en Emmanuel Kant. Sin embargo, los puntos de vista de Kant sobre este asunto tienen fallas y contradicciones muy curiosas, ignoradas en gran medida por estas académicas feministas. Más particularmente, Kant no tuvo ningún problema con que los humanos usaran a otros humanos como instrumentos de su voluntad, siempre y cuando este uso fuera temporal y consensuado. En Lecturas de ética, el filósofo afirma específicamente que “el hombre ciertamente puede disfrutar del otro como un instrumento para su servicio; puede utilizar las manos y los pies de los demás para servirlo, aunque tiene que ser por la libre elección de este último” (Kant 1997: 155). Sin embargo, Kant continúa diciendo que “nunca encontramos que un ser humano pueda ser objeto del disfrute de otro, salvo a través del impulso sexual”. El sexo, para Kant, de alguna manera transforma el uso instrumental de otra persona de algo que es éticamente aceptable en algo que no lo es. Es importante tener en cuenta, en este contexto, que Kant nunca describe cómo o por qué es así y probablemente es significativo, a este respecto, que murió a los 80 años siendo virgen (Strathern 1996: 12). En otras palabras, la noción kantiana de cosificación sexual parece estar basada en una profunda ignorancia del acto sexual per se, una ignorancia que, de hecho, puede estar enraizada en el miedo al sexo mismo (y al sexo fuera de los lazos del matrimonio, en particular).

Esta noción kantiana de la cosificación sexual se potencia aún más en términos de su putofobia por la metáfora de vender el cuerpo, también utilizada por Kant y absorbida en el pensamiento científico social por teóricos como George Simmel (1971). Esta metáfora se ha vuelto tan frecuente en las discusiones sobre prostitución que habitualmente se emplea como sinónimo de prostitución. Sin embargo, incluso el más mínimo pensamiento sobre esta metáfora debería hacer obvias sus limitaciones, como dice la líder y defensora de los derechos de las trabajadoras sexuales y putafeminista Indianara Siqueira: “Cariño, si hubiera vendido mi cuerpo, no quedaría nada aquí para hablar contigo”.

Vender el cuerpo supone cosificación y alienación, pero ¿es esto necesariamente lo que sucede cuando se vende sexo? De manera reveladora, muchas feministas que escriben sobre la prostitución usando estos términos parecen haber pasado muy poco tiempo en prostíbulos, viendo trabajar a las trabajadoras sexuales. Como señala Indianara Siqueira, su cuerpo obviamente no ha sido transmitido como propiedad enajenada a otro ser humano por el solo hecho de vender sexo y esto, de hecho, es algo que casi todas las trabajadoras sexuales que entrevistamos enfatizan.

El sexo, vendido, es un proceso intenso y constante de diálogo y negociación, en el que la mujer ha renunciado a la protección de los “derechos” habituales y a las consideraciones otorgadas a las esposas y novias. Es peligroso. Está cargado. Sin embargo, no es más (o menos) necesariamente “alienante” que el matrimonio o un ligue de sábado por la noche. A menudo implica el mismo tipo de negociaciones, con mujeres que afirman el derecho a su cuerpo, establecen límites y exigen que se respeten. Es posible que estas demandas no siempre se respeten en la prostitución, pero tampoco se respetan a menudo en el matrimonio o en el sexo ocasional no remunerado. Este es un problema arraigado en el sexismo y los valores patriarcales, no en la prostitución per se.

Las prostitutas brasileñas, de hecho, tienen un nombre para el tipo de hombre que no respeta los límites que establecen: psicópata. Se distingue claramente de cliente. En palabras de una de nuestros interlocutoras que trabajan con el sexo, “un cliente negocia de buena fe y te paga por tener relaciones sexuales”.

Se atiene a lo acordado y respeta tus decisiones. Un psicópata no quiere sexo. Quiere lastimar a las mujeres y ataca a las prostitutas porque puede. La gente no cree que una prostituta pueda ser violada y, cuando lo somos, no les importa (Anónimo, comunicación personal, agosto de 2016).

Cuando las feministas se centran en la cosificación sexual y la venta del cuerpo, mientras ignoran o relativizan lo que es clave en cualquier otro punto de la ética kantiana, el consentimiento y lo que hoy llamaríamos autonomía, sin darse cuenta terminan cosificando y poniendo en primer plano la posición del psicópata que cree que el consentimiento inicial le da acceso ilimitado e incondicional a los cuerpos de las mujeres. Todas y cada una de las trabajadoras sexuales con las que hemos hablado niegan enfáticamente este punto de vista. Irónicamente, sin embargo, cuando uno lee muchos análisis feministas del trabajo sexual, a menudo parece que estas autoras miran, voyeurísticamente, por encima del hombro del psicópata, ignorando por completo lo que la mujer que vende sexo está haciendo o sintiendo. Este problema ocurre incluso en el trabajo de aquellas feministas que generalmente se consideran aliadas de las trabajadoras sexuales.

Como un ejemplo concreto de esta forma de pensar, tomemos las opiniones de Patricia Hill Collins, una feminista negra muy respetada por muchas putafeministas brasileñas, especialmente por su popularización del concepto de política de respetabilidad de Evelyn Brooks Higginbotham, que se ha convertido en una piedra de toque en muchos debates putafeministas sobre feminidad, clase y raza (Collins 2004; Higginbotham 1992). Como Mireille Miller-Young señala en su innovador libro sobre mujeres negras en el porno, A Taste for Brown Sugar (2014), Collins entiende que la pornografía y la prostitución son inherentemente violentas y peligrosas, presentando a las mujeres negras involucradas en la venta de sexo (o en la producción de imágenes sexuales) como seres totalmente alienados que están separados de sus cuerpos y no los controlan (Collins 2000: 123-144). Ella describe a estas mujeres exactamente de la misma manera que Florin critica arriba, como objetos sin autonomía englobados en una geometría estructural social inmóvil, y no como sujetos que piensan y sienten.

En particular, Collins basa su análisis con respecto a la fragmentación, dominación, cosificación y alienación del cuerpo en el trabajo sexual en el trabajo de Scott McNall (1983) sobre pornografía, y no en el contacto con las trabajadoras sexuales. Si bien podríamos estar de acuerdo con ella y McNall en que el consumo masculino de sexo (a través de imágenes pornográficas o de cuerpos femeninos) a menudo muestra una voluntad hacia la dominación, la fragmentación y la reducción de los cuerpos de las mujeres, la dominación, la fragmentación y la reducción no son necesariamente creadas por la venta de sexo más (o menos) de lo que lo son por formas de intercambio sexual que no implican dinero. Vale la pena repetirlo (con disculpas a George Simmel): no hay una cualidad mágica del dinero que transforme los cuerpos de las mujeres en mercancías enajenadas cuando el dinero se intercambia por sexo. Las relaciones patriarcales y el sexismo son los responsables de esta fetichización y de la violencia contra las mujeres en las relaciones sexuales intergénero, no las monedas que pueden deslizarse de una mano a otra antes, durante o después del sexo.

Sin embargo, el principal problema con la posición adoptada por Collins y McNall es que al enfocarse en supuestas preocupaciones estructurales y simbólicas, termina priorizando la autonomía y el punto de vista del psicópata y no los de la trabajadora sexual. Por lo tanto, se convierte en cómplice de la eliminación de las trabajadoras sexuales como sujetos. Después de años de escuchar a las trabajadoras sexuales hablar sobre lo que realmente hacen cuando venden sexo, podemos asegurar a los lectores que ciertamente ellas no son cómplices en la transformación de las fantasías masculinas en realidades de dominación, cosificación y fragmentación. Estas son algunas de las cosas que entendemos que la mayoría de las trabajadoras sexuales están haciendo cuando están en la posición “abierta y fragmentada” que Scott McNall y Patricia Hill Collins entienden como básicas para la prostitución:

  1. Están vigilando al cliente.
  2. Están aplicando procedimientos sexuales seguros y participando en una educación sexual segura.
  3. Están evaluando su cuerpo y el cuerpo del cliente en busca de limpieza y signos de enfermedad o malestar.
  4. Se están preparando para usar sanciones violentas para garantizar su autonomía corporal.
  5. Están haciendo un seguimiento del tiempo.

Sobre todo, cuando las trabajadoras sexuales trabajan para proporcionar sexo, se aseguran constantemente de que lo que está sucediendo es algo que aceptan hacer. En otras palabras, están patrullando activamente y haciendo cumplir su consentimiento.

Nada en la descripción anterior debe ser un comportamiento extraño para cualquier mujer adulta sexualmente activa. Y, sin embargo, hay demasiadas teóricas feministas que nunca se han involucrado en el trabajo sexual o lo han observado, que probablemente no conocen a muchas (si es que conocen a alguna) trabajadoras sexuales y que ciertamente no han escuchado mucho (si es que han escuchado algo) de lo que estas mujeres tienen que decir pero que se sienten completamente justificadas al referirse a las interacciones entre hombres y mujeres en el sexo remunerado como “vender el cuerpo” y retratar este comportamiento como diametralmente opuesto a lo que hacen ellas mismas como mujeres supuestamente liberadas y empoderadas. Y, sin embargo, lo que hemos escuchado de las mujeres trabajadoras sexuales, una y otra vez, es que los riesgos del intercambio heterosexual intergénero no aumentan en severidad o frecuencia porque se intercambie por dinero. Más bien, debido a que la venta de sexo está estigmatizada bajo las relaciones patriarcales, las mujeres que participan en él se convierten en objetivos de abuso sobredeterminados.

En última instancia, la visión de las mujeres prostitutas como seres sin autonomía enredados en estructuras sociales fuera de su control reitera, en el campo del género, el tipo de posición criticada rotundamente por la académica crítica de raza brasileña Denise Ferreira da Silva en el campo de la raza. En esta visión del mundo, la humanidad está dividida en dos tipos de seres: el hombre (la mujer) racional que es un sujeto autodeterminado y otros seres “determinados desde fuera” cuyas mentes y comportamientos son guiados ​​por las condiciones de su entorno (Silva 2007 ) Aquí tenemos una división dicotómica entre dos tipos de mujeres. Por un lado, la analista feminista que, aunque oprimida por el sexismo y el patriarcado, los aprehende por lo que son y busca desmantelarlos; por otro lado, la prostituta abyecta que no tiene sentido y / o no tiene poder hacia el sexismo y el patriarcado y solo puede ser “salvada” de ellos a través de las acciones de otros. Esta dicotomía parece reinscribir, en forma posmoderna, la dicotomía más antigua entre mujeres buenas y mujeres caídas, con la autonomía reemplazando la pureza. La distinción clave todavía gira, como siempre, en la variable del comportamiento sexual “adecuado” de las mujeres.

El putafeminismo desafía este marco dicotómico del trabajo sexual y busca hacerlo en el aquí y ahora, y no en alguna utopía posrevolucionaria imaginada. Busca crear un feminismo que sea útil y comprensible para las mujeres que venden sexo y que les permita hablar por sí mismas, en lugar de que se hable de ellas.

Las trabajadoras sexuales que no llevan Prada

 

Por Aashna Agarwal

16 de julio de 2020

https://www.adolescent.net/a/the-sex-workers-who-arent-wearing-prada-

 

Stella, una bailarina erótica de Rhode Island, ha trabajado en su club local durante los últimos cinco años. Comenzó a los 19 años, cuando su entonces novio fue a la cárcel y se encontró financieramente insegura. Bailar es lo que cambió su vida.

Se coló en la barra de striptease al mediodía, imitó a las artistas y, al final del día, le ofrecieron un puesto. En los años transcurridos desde que encontró la seguridad que siempre quiso, incluso abrió su propia cuenta de ahorros.

“Una vez que empecé a bailar, conseguí mi primer apartamento en una semana”, dijo Stella. “Luego conseguí mi coche. Construí una vida para mí misma. Eso es lo que fue para mí, solo se trataba de sobrevivir. Una gran parte de esto es también solo ser más independiente. Una vez que comencé a desnudarme, no tuve que pedirle nada a nadie “.

Rose, una estudiante de tercer año en la New School, comenzó a tener relaciones sexuales por dinero cuando tenía 19 años. Era su segundo año cuando se dio cuenta de que los trabajos con salario mínimo no le proporcionaban suficiente dinero para mantenerse al día con sus amigos de la Ciudad de Nueva York .

A medida que aumenta el costo de la matrícula universitaria, muchas estudiantes recurren a SeekingArrangement (una plataforma que conecta a los sugar daddies con las sugar babies) para buscar una ayuda para pagar sus préstamos y complementar sus estilos de vida. Según el sitio web, más de 3 millones de estudiantes universitarias utilizan actualmente la plataforma.

“Comencé a hacer OnlyFans recientemente, y he estado haciendo SeekingArrangement durante aproximadamente un año en la que ha sido mi plataforma más exitosa”, dijo Rose. “Mis padres todavía me ayudan con el alquiler y también me envían dinero para cubrir mis necesidades”.

A la luz de COVID-19, la desigualdad en la industria del trabajo sexual se ha vuelto cada vez más evidente. El club de Stella fue uno de los primeros en cerrar después de que un policía encubierto pilló a una de las bailarinas en violación del protocolo de distanciamiento social. Como muchos clubes de striptease y burdeles cierran, las trabajadoras están inundando plataformas en línea como OnlyFans y AdultMemberSites. El problema que enfrentan ahora las bailarinas como Stella es la monopolización de estas plataformas por parte de un grupo demográfico más joven y rico.

“Nuestro sitio definitivamente no es para trabajadoras sexuales, y si vienes al sitio por esas razones, probablemente no tendrás mucho éxito”, dijo un portavoz de SeekingArrangement, Kimberly De La Cruz. “Dicho esto, extrajimos los datos del 17 de marzo al 30 de junio, y el promedio global fue un aumento del 74% en la inscripción de miembros. Creo que, en parte, puede atribuírselo a personas que tratan de conocer a alguien que pueda ayudarlas en estos momentos difíciles. Sin embargo, no creo que esas personas hayan tenido mucho éxito. Nadie con quien no hayas estado y con quien no puedas estar en persona comenzará a pagar tus facturas “.

Stella está menos frustrada por la afluencia de recién llegadas que por la capacidad de estas recién llegadas de mantenerse al margen del estigma asociado al trabajo sexual debido a su privilegio. La idea es que las trabajadoras sexuales de bajos ingresos y con menos estudios son definidas por sus trabajos, mientras que las personas más ricas pueden separar su identidad de su trabajo.

Después de perder su fuente principal de ingresos, Stella tuvo dificultades para encontrar un nuevo trabajo. Sabiendo que los hospitales estaban contratando con urgencia, se postuló principalmente a puestos en el campo de la medicina. Muy pronto Stella se dio cuenta de que no estaban buscando el tipo de experiencia que tenía ella. En lugar de mencionar su trabajo como bailarina, escribió que no había trabajado durante esos años.

Finalmente encontró trabajo como asistente de un quiropráctico, pero gana casi una décima parte de lo que ganaba bailando. En un día normal en el club, Stella ganaba entre $ 800 y $ 1.000. Como ahora le pagan $ 13 por hora, ha tenido que reducir su nivel de vida significativamente.

“Puede ser degradante”, dijo Stella. “Sin el baile no estaría tan segura como estoy hoy. Pero la gente no ve eso, solo me ven como alguien a quien pueden comprar. Desafortunadamente, el mundo es injusto, y es aún más injusto para las bailarinas debido al estigma. Al pasar de cuatro a cinco mil dólares por semana a alrededor de trescientos, honestamente, ni siquiera puedo expresar con palabras cuán drástico ha sido el cambio “.

Rose, por otro lado, trabaja actualmente en una heladería. Está en camino de graduarse en 2022, persiguiendo una doble especialización en Medios y Cultura con una especialización en Psicología. En su tiempo libre, escribe para una revista porno con sede en Nueva York sobre sus experiencias y experimentos con diferentes looks de maquillaje en Instagram. Si bien su familia no sabe acerca de su fuente de ingresos, la mayoría de sus amigos y conocidos sí.

“En su mayor parte, la gente es muy comprensiva y muy solidaria”, dijo Rose.

“Puedo decir que a veces lo encuentran un poco cuestionable, pero en general todos mis amigos piensan que es realmente genial y empoderante… como de hecho es. Creo que hay algo que decir acerca de ser dueña de tu sexualidad y tomar dinero de estos tipos que a menudo son sexistas o racistas y ven a las mujeres como objetos “.

Si bien las trabajadoras sexuales en general son susceptibles de agresiones y acoso, el grado de autonomía que depende del dinero a menudo determina la gravedad de los delitos. Las trabajadoras como Stella que usan el trabajo sexual como su fuente principal de ingresos a menudo se encuentran en situaciones en las que son presionadas para decir sí o ir más allá de lo que les gustaría.

“Hubo un tipo que intentó hacer algo con lo que no me sentía cómoda, y se lo dije unas cuantas veces”, dijo Rose. “Finalmente se dio por enterado y nunca lo volví a ver. Más tarde me di cuenta de que la razón por la que puedo decir que no es definitivamente en parte debido a mi privilegio. No tengo que preocuparme de no conseguir el pago por haber ofendido a alguien que ha cruzado mis límites… Es decir, no dependo del dinero. Obviamente, sigue siendo igual de traumático, independientemente de lo rica que seas “.

La desigualdad económica ha persistido durante mucho tiempo en la industria del trabajo sexual, y la pandemia actual lo único que ha hecho ha sido ampliar esa brecha. A pesar de lo extenso y vasto que es internet —desde sitios pornográficos hasta chicas en cámara hasta venta de fotos—, sin trabajo sexual en persona puede que ya no haya suficiente espacio para todas.

Si la industria del trabajo sexual está de hecho gentrificada por sitios web glamorosos como SeekingArrangement y OnlyFans, surge la pregunta de dónde tendrán que ir las trabajadoras sexuales con menos estudios y de bajos ingresos para hacer su próximo centavo.

El gobierno de Maharashtra (India) ordena a los funcionarios ayudar a las trabajadoras sexuales

 

Por Jagriti Chandra

Nueva Delhi, 27 de julio de 2020

https://www.thehindu.com/news/national/other-states/maharashtra-govt-directs-officials-to-help-sex-workers/article32199125.ece

 

Las trabajadoras sexuales de Mahrashtra hacen cola para recoger raciones gratuitas en Kamathipura, Mumbai. Archivo | Crédito de la foto: Vivek Bendre

 

Ordena a las haciendas locales que les garanticen una ración gratuita y servicios esenciales.

Por primera vez, el gobierno de Maharashtra reconoció el trabajo sexual como trabajo y ordenó a todos las haciendas del Estado que garanticen “raciones gratuitas y servicios esenciales” para las mujeres que participan en él.

Aunque se retrasó varios meses, la carta admite que las trabajadoras enfrentan desafíos extraordinarios debido a la pérdida de ingresos durante el confinamiento por COVID-19 y pueden estar al borde del hambre.

“Las mujeres que hacen trabajo sexual y las mujeres que han dejado el trabajo sexual han perdido sus opciones de generación de ingresos. Debido al encierro, tampoco pueden obtener otros trabajos, lo que las lleva a ellas y a sus familias al hambre, poniendo en peligro su supervivencia. Por lo tanto, se espera que proporcione raciones gratuitas y todos los servicios esenciales a las mujeres mencionadas anteriormente ”, según un aviso del gobierno enviado por correo electrónico el 23 de julio por el Dr. Hrishikesh Yashod, Comisionado, Departamento de Desarrollo de Mujeres y Niños, Gobierno de Maharashtra .

“Esta es la primera vez bajo COVID-19 que hay un reconocimiento de la precaria situación en la que se encuentran las trabajadoras sexuales”, dijo a The Hindu Meena Seshu, fundadora de la ONG SANGRAM. “Esta es también la primera vez que un gobierno acepta en el lenguaje de un aviso del gobierno que ellas están haciendo un trabajo. Y la Red Nacional de Trabajadores Sexuales (NNSW, por sus siglas en inglés) exige que todos los Estados tomen ejemplo de esta orden y emitan instrucciones similares”.

Kiran Deshmukh, presidenta de NNSW, dijo que su organización acogió con beneplácito la decisión del gobierno a pesar de que se produjo después de un retraso de cuatro meses. “Esperamos que esta orden se implemente en el terreno. Nos gustaría que se nos condonara el alquiler de nuestra casa, así como que hubiera un alivio en las facturas de electricidad. El gobierno debería garantizar que a ninguna trabajadora sexual se le niegue ración gratuita por falta de una tarjeta de racionamiento y otros documentos “.

Hay más de 800.000 trabajadoras sexuales en India, según las estimaciones del Programa Fase 3 de la Organización Nacional de Control del SIDA de 2014. Sin embargo, según estimaciones no oficiales, el número podría ser mucho mayor.

“Así era mi mujer, Yamiled”

A Yamiled Giraldo la asesinaron en Cordovilla unos sicarios como venganza a la denuncia que interpuso contra el dueño de un club de alterne. El lunes se cumplirán dos años. Su marido, Carlos Echeveste, vecino de Ituren, decide romper su silencio.

 

IVÁN BENÍTEZ / GABRIEL GONZÁLEZ . ITUREN

24 de abril de 2011

https://www.diariodenavarra.es/noticias/hoyentuquiosco/asi_era_mujer_yamiled.html

 

ES lunes, 11 de abril, y las campanas de Ituren avisan de que son las tres y media de la tarde. José Carlos Echeveste, de 45 años, camionero autónomo, acaba de llegar de trabajar. “¿Queréis un café de puchero con leche de vaca? No sé si os gusta la nata. Está recién hervida”. La sirve. Se sienta. “Tengo 45 años pero aparento más”, sonríe en un ambiente cargado por la emoción. Fuera ha parado de llover. Bajo las faldas del Amaiur, Ituren, una localidad de unos 500 habitantes situada en lo alto del Bidasoa, se despereza del letargo de la siesta. Las nubes amenazan lluvia.

Carlos no se deja fotografiar. “La protagonista es Yami, no yo”. Yami, Yamiled Giraldo Montero era su mujer. Fue tiroteada hace ahora dos años en Cordovilla por un sicario contratado por José Lareo, el dueño de un club de alterne encarcelado por abusar sexualmente y obligar a prostituirse a mujeres. Yamiled le denunció. Declaró en el juicio contra él. Y como venganza, fue asesinada, como quedó probado en el juicio celebrado el pasado mes de febrero. Tenía 33 años y cuatro hijos: los dos mayores nacieron de una pareja anterior en Colombia.

Las cinco personas que participaron en su asesinato fueron condenadas a penas de entre 20 y 22 años de cárcel. Con la sentencia en la mano, que anhela porque sea firme en el Tribunal Supremo, Carlos decide romper su silencio. Nunca ha hablado de Yamiled con los medios, pese a la insistencia de algunas televisiones. “Estoy cansado, muy cansado. Hay veces -confiesa- que me siento culpable de haber animado a Yami a declarar en aquel juicio contra la persona que luego la mató. Esto no es Colombia, le decía, aquí hay policía, hay justicia. No temas”. Cuando Carlos habla, mira directamente a los ojos. “Por otro lado -expresa optimista-, me tranquiliza saber que ese hombre, su asesino, no está haciendo lo mismo con otras mujeres. Mis hijos lo sobrellevan… -se hace el silencio-. Cuando mi hija de ocho años me ve rascarme los ojos, intento disimular, pero me abraza con fuerza. Es su manera de expresarse”.

Yamiled llegó a España el 25 de junio de 2001. En noviembre de ese año se conocieron “en una despedida de soltero que acabó en un club de Sunbilla” y para Navidad ya estaban viviendo juntos. Aquí arranca su relato.

-“Entramos, pedimos unas copas, y cachondeo. De repente, observé que había una chica llorando sentada en una esquina. Me acerqué, aprovechando que iba al baño, y le pregunté si se encontraba bien y ella me respondió contundente: “¡Déjame en paz!”. Seguí al baño. Al volver, ella se acercó: “Perdone, señor -me dijo-, estoy pasando un mal momento. Estoy muy triste y no quiero que me molesten”. Ella trabajaba en ese momento de camarera. Me contó que se encontraba muy sola, no conocía nada ni a nadie en España. No sabía qué hacer sin papeles. Se había quedado sin dinero, porque la obligaban a pagar una deuda total de un millón de pesetas. Una deuda que estaba a punto de saldar esa misma semana. Su intención era largarse en cuanto liquidase la deuda. Me ofrecí para ayudarle. Le invité a una copa y nos quedamos media hora hablando. Me dio lástima. Soy inmigrante. He vivido en California diez años, sé lo que uno siente. Y sólo ver lo que le ocurría me produjo mucho asco. Pobres mujeres que caen en sus manos. Le dije: “Si quieres te pago el billete de vuelta a Colombia”. Su respuesta fue un no contundente. “Después de todo lo que me han hecho, sólo falta que me maten, tengo que cumplir mi promesa”. ¿Y cuál es tu promesa?, le pregunté… “Me prometí comprarme una casita y llevar algún dinero para poder rehacer mi vida dignamente, conseguir un futuro para mis hijos”. Le dejé mi teléfono. Si algún día te ves mal, llámame. Y nos despedimos”.

Promesas cumplidas

Aparte de Carlos no hay nadie en casa en este momento. Un par de horas más tarde aparecerán Sonia, su cuñada (hermana de Yamiled que reside en la misma borda de Ituren), con dos de los hijos de la fallecida, que escucharán sin parpadear las palabras de su padre adoptivo. En la balconada de la borda que da al pueblo, donde transcurre la conversación, rezuma el gusto de Yamiled en cada rincón. En un banco con una rueda de carro antiguo como respaldo que ella compró. “Aquí saldremos a tomar café usted y yo “, me decía. También en el jardín en el que tantas horas invirtió para convertir una borda asilvestrada en una coqueta casa de campo. Y Carlos sigue enviando dinero para los más necesitados a su región natal de Colombia, como hacían cuando ella estaba viva. Aquella promesa de Yamiled sigue cumplida diez años después de aquel primer encuentro, del que surgió un segundo.

-“A la semana regresé al club, se me había quedado algo de ella dentro del corazón. No lo puedo explicar. No era amor ni nada de eso, no sé, quizá lástima. Ella ya no estaba. Una compañera suya me dijo que se había ido a Madrid con otras tres amigas. Bueno, por lo menos ya ha salido de esta cárcel, pensé aliviado. Y me quedé más tranquilo. Pero a las dos semanas, me suena el teléfono. Al contestar, la escucho a ella. Me cuenta lo que le está pasando, que se encuentra en el sur de España, y que la han vuelto a engañar. Querían que se volviera a prostituir. Parecía asustada: “No tengo papeles, estoy aburrida, no sé qué hacer. Me acordé de usted y le he llamado. ¿Le molesta? Estamos buscando un apartamento, somos cuatro chicas”. A los dos días volvió a llamarme. Estaba en Pamplona. Y quedamos. Nada más vernos nos dimos un abrazo. Desde el primer día me transmitió confianza. Era muy sincera. Le dije que si quería le pagaba el billete de vuelta a Colombia, pero que no intentara sacarme dinero. “Yo no quiero robar a nadie, si piensas eso, te vuelves por donde has venido”, se defendió. Entonces se me ocurrió proponerle que viniera a mi casa a trabajar cuidando a mi abuelita y a mis padres. A ellos no les hacía falta, en realidad era una excusa para convencerla, porque ella no quería una limosna. Aceptó. Y así empezamos nuestra relación, primero como amigos, y poco a poco surgió todo”.

Las primeras fotos

Carlos saca un par de álbumes y comienza a mostrar fotos. Son las primeras que se ven de esta mujer. Nunca hasta ahora se habían publicado fotografías suyas. Y en muchas se ve a Yami con los caballos, con los perros, con el mono de trabajo para construir el jardín. Casi siempre alegre, a veces con burlas a la cámara. “Qué jodida era…”, dice Carlos con cariño y una sonrisa que ilumina su rostro. En una de las fotos, tomada en el jardín de su casa (ver página siguiente), se ve a Yamiled con su hija más pequeña en brazos. Detrás aparece una fuente en la que ahora reposan parte de sus cenizas. Otras fueron esparcidas en su Colombia natal, y otra porción en el cementerio de Ituren. Sin dejar de mirar las fotografías, Carlos continúa el relato.

-“Se ganó la confianza de mis padres enseguida. Incluso a mi padre, un hombre del norte, tradicional, algo cascarra, que encima estaba en silla de ruedas, le acabó haciendo tratamientos de estética. “Antonio, a ver las uñas, luego le daré una crema y un champú para la caspa”, le solía decir. A mi padre le terminó gustando. La quería mucho. Mi madre también, se llevaba muy bien con ella. Yamiled se ganó a todo el mundo en el pueblo durante estos años, a cualquiera que le preguntes te dirá lo mismo. Era otro mundo, muy cariñosa. Una psicóloga. Había gente de 80 años que iba al centro de estética que había montado en casa a hacerse las uñas sólo porque querían hablar con ella. Yami se quedó embarazada en marzo de 2008 y nos casamos en septiembre. En noviembre nació nuestra hija pequeña”.

Sonia entra en casa con su sobrina pequeña en brazos. Le prepara un vaso de leche con unas galletas, la sienta sobre sus rodillas y le da de merendar. Ella mete las galletas en el vaso, de dos en dos, despacio, ajena a la conversación que permanece sobre la mesa, y las saborea. Luce el mismo parecido que su madre. Cristofer, el hijo mayor, de 15 años, entra y sale de la sala. Inquieto. Él estaba junto a su madre cuando la tirotearon en Cordovilla. Termina por sentarse en la mesa. La preside. Entrecruza los dedos. Apoya la barbilla. Abre los ojos. Escucha atento a su tía. Su entereza es inusual. Habla Sonia: “Nos llevábamos muy bien, nos apoyábamos mucho. Mi hijo mayor, su sobrino, ha sufrido mucho su muerte. Era su reina, su todo. No supera la falta de su tía. Yami era la columna vertebral, la que sostenía la vida de todos, tanto la de aquí como la de allí. Ella se fue porque después del terremoto quedamos muy mal. Todo quedó en el suelo y ella siguió trabajando: de esteticién, recolectando tabaco y café… Me confesó que se venía a España dos días antes de tomar el vuelo. Como estaba separada de su pareja, me quedé a cargo de sus dos hijos.

La vida de Yamiled dio un giro radical cuando llegó a Ituren. Ahora habla Carlos: “Yami era feliz aquí. Al principio le costó, no le gustaba, decía que parecía a un pueblo de difuntos. Pero disfrutaba de lo que nunca había tenido. Enseguida sacó su carné de conducir, le encantaba la velocidad, se compró su coche… Estaba en lo mejor de su vida”. En casa de los padres de Carlos montó un negocio de esteticién, en el que trabajaba Sonia. Pronto se dio a conocer y la reclamaban en Urdax, Santesteban y Pamplona. Era una vecina más. Incluso todos los domingos acudía a misa en euskera, aunque al principio no lo entendía. “Pero no me importa, ahí estoy yo con mi Diosito”, le decía a Carlos.

Emprendedora

– “Ella era una mujer muy echada para adelante. Si Yami estuviese viva, hubiera creado un montón de negocios. Se hubiera encargado de cursillos, de dar clases. Tenía ilusión de ir de congresos. Somos muy diferentes. Yo soy de campo y ella de ciudad. Pero me decía: “¡Ay papito, le quiero tanto! ¡¡No sé cómo me he podido enamorar de usted!!”. Ella me cambió la forma de vestir. Era muy alegre. Transmitía carisma. Era cariñosa, educada, al mismo tiempo tenía su genio. Daba la cara. Sabía tratar a la gente. Las clientas iban a hablar con ella, le contaban su vida. Yami se convertía en su psicóloga particular. Como Yami no hay, solían decir. Pero su mayor ilusiónera ayudar a los más necesitados de su pueblo en Colombia -subraya Carlos-. Los últimos años, después de nuestro último viaje a Armenia (departamento donde está su pueblo natal), y comprobar la situación de pobreza de su barrio, nos quedamos impactados. Al regresar a Ituren, nos vimos en la obligación de ayudar a esos niños. A Yami le encantó la idea. En el centro de estética se lo comentó a sus clientas y todas reaccionaron. Calculamos que aportando diez euros sería suficiente. Fue maravillosa la respuesta. Ver las fotos de todos esos niños riendo, agradecidos con sus regalos de Navidad , lo que para nosotros es una miseria para ellos lo es todo. Esto animaba a Yami. Hemos mantenido su iniciativa. A ella le hubiese gustado”.

La vida de Yamiled transcurría por unos caminos muy alejados del club de alterne en el que desembarcó a la fuerza en 2001. Pero el tema seguía allí. Ella había denunciado a José Lareo por abusos sexuales y obligación a la prostitución de mujeres, y por ello el dueño del club fue condenado en 2004 a 18 años de cárcel. Yamiled no lo olvidaba, por mucho que hubieran pasado cuatro años y ahora viviera feliz en Ituren. José Lareo tampoco lo había olvidado. Y en la prisión de Pamplona, contactó con otros dos presos, que a su vez lo hicieron con un sicario y una cooperadora: 8.000 euros por matar a Yamiled.

-“Ella intuía algo -recuerda Carlos-. Creía mucho en las señales y los sueños. Presintió que le iba a suceder algo. Un año antes de su muerte, me dijo que había visto a Lareo con un descapotable en la rotonda de Santesteban. “No jodas, no puede ser, si tiene que estar en la cárcel”, le contesté. Un amigo me confirmó que le había visto comiendo con cuatro chicas. Desde entonces, estaba inquieta. Todas las noches rezaba por nosotros”.

La llamada que la mató

Dos días antes de su asesinato, Yamiled recibió una llamada a su móvil. Era una clienta. O eso pensaron. “Fue a Cordovilla porque le dio pena esa chica. Normalmente no iba a casas de particulares, pero ese día no la quiso dejar tirada. Pensó que era la novia, por eso fue”. Era jueves 23 de abril de 2008. “Aquel día, Yami empezaba a trabajar a las cuatro de la tarde en una peluquería de Burlada. Tenía tres clientes para hacerles las uñas. Antes, comimos en un restaurante chino. Nos encantaba. A las tres y cuarto, terminamos, la dejé en Burlada, y yo fui a comprar algo de ropa mientras la esperaba. Dos horas después la recogí y pasamos por El Corte Ingles a comprar una plancha. A las ocho y media volvimos a casa. Todavía me tocaba hacer los animales”. A la altura de Ostiz, Carlos recordó a su mujer el trabajo que debía concretar para el sábado. En un principio, Yami quería delegar este trabajo en una compañera, pero ésta no le cogía el teléfono, y Yami no sabía qué hacer. “Como Cristofer, nuestro hijo, jugaba a pelota en Uharte Arakil a las diez y media, le comenté que podía aprovechar y llevarle. Yami no recordaba dónde quedaba Cordovilla. Le expliqué que cerca de un bar donde solíamos comer”. Algo más convencida, Yami telefoneó a la cliente que le había llamado esa misma mañana. “Hablaron con el manos libres”.

-Soy la esteticién. ¿Qué es lo que quieres hacerte? Tengo que llevar a mi hijo a las diez y media a la pelota y podría ir yo misma.

-Sólo quiero maquillarme y hacerme las manos -dijo la clienta-. Me llamo Alicia.

Quedaron en concretar la hora el mismo viernes. Ese día, se quedó trabajando en casa. “Yo estaba de baja, a las ocho preparé la cena. Ella esperó a que viniese su última cliente. Yo me encontraba algo delicado, así que di de cenar a los niños y me acosté. “Ok papi. A las seis de la mañana levánteme”. Ella era muy perezosa. A las seis de la mañana la desperté. Preparamos el biberón a la niña. Me quedé otra vez dormido. Ella levantó al niño. A las siete y media arrancaron. A las ocho y cinco me despertó el teléfono, era una vecina de Cordovilla: “¡Han disparado a su mujer! ¡Estoy con su hijo, aquí esta el niño! ¡Por favor venga! ¡Han disparado a su mujer! A las ocho y media arranqué”.

Sonia, Cristofer y la hija pequeña de Yamiled han escuchado atentos todo el relato. Con entereza. La pequeña ya ha terminado el vaso de leche con galletas. Cristofer se derrumba pero se recompone en segundos. Es un joven con una gran fortaleza. “Me gusta mucho el fútbol”, se anima a hablar, “me gustaría jugar de lateral”. Los estudios los lleva peor. Se le escapa una sonrisa.

Y aquí termina la conversación con Carlos. Días después, envía unas líneas escritas a mano. Se ha despertado a las cinco de la mañana y se ha puesto a escribir. Como terapia.

-“Yamiled era una persona muy alegre que transmitía mucho cariño. Le gustaba estar y sentirse guapa, coqueta, y al mismo tiempo era muy sencilla. No le gustaba mucho maquillarse, pero tenía que ir siempre conjuntada, de pies a cabeza. Era muy extrovertida, simpática, pero al mismo tiempo muy directa: si no le gustaba alguien se lo hacía saber. Adoraba a sus animales, le gustaba sentirse viva y le encantaba su trabajo. Nosotros como familia la echamos mucho de menos, pero pienso que muchísimas personas que la conocían también. El vacío que nos ha dejado es algo que nos cuesta. Pero como ella decía, la vida continúa. Van pasando los días, los meses y ya dos años, y a veces me levanto pensando que todo esto es una pesadilla. La realidad es otra, y cuando abro los ojos digo: ¿por qué ella? Alguien que sólo quería vivir, disfrutar de sus hijos y cumplir sus sueños, trabajando en lo que le gustaba, y se lo arrebataron a tiros. La vida es muy injusta”.

Supervivientes de un terremoto

NO saben por qué, pero en Colombia la llamaban Mafalda o la Flaca. Le encantaba jugar al fútbol. Era una de sus muchas aficiones. En 1999, el pueblo donde vivía con su familia quedó arrasado por un terremoto. Cristofer, el mayor de sus cuatro hijos, entonces con 3 años, quedó atrapado entre los escombros, casi muere. Esta situación obligó a Yamiled a tomar una decisión. Y lo hizo…. “Nuestra economía quedó muy mal. Quería un futuro mejor para su familia. Fue nuestra columna vertebral”, Sonia recuerda su partida como si fuese ayer. Yamiled vivía con su madre, su hermana y sus sobrinos en una cabaña hecha a base de excrementos de vaca y caña, en el departamento de Armenia. Ves ese establo -Carlos señala fuera de la borda- eso era un lujo”. Sonia y Yamiled alternaban el trabajo de esteticién con el de recolectoras. “Con el terremoto lo perdieron todo”, relata Carlos, “tuvieron que empezar de nuevo, con coraje. Residían en un barrio tan pobre. Debió de ser durísimo. Las ayudas, según me contó, no se distribuían bien y la gente se mataba por una libra de arroz”. Yami dio a luz. Carlos confiesa que si a él se le está haciendo cuesta arriba , sus cuatro hijos y sus sobrinos lo están pasando peor. “Cristofer es un chaval muy fuerte”, apunta. “Ver cómo matan a su madre… cada vez que lo pienso…. Yo, con mis 45 años, después de haber vivido muchas experiencias en esta puta vida, se me ponen los pelos de punta. Cristofer sobrevivió a aquel terremoto que arrasó todo su pueblo porque quedó bajo un armario. Yamiled estaba embarazada del segundo. A los días siguientes del seísmo, sufrió todo tipo de enfermedades: dengue, paludismo, etc. Yamiled tenía claro que se quería marchar. Consiguió un contrato y viajó a España. Dos días antes de partir, el 23 de junio de 2001, se lo anunció a Sonia, su hermana, le dejó sus dos hijos, que entonces tenían 3 y dos años.

Yamiled aterrizó el 25 de junio en el aeropuerto de Fuenterrabía. Feliz porque pensaba que le habían contratado en una fábrica de seda y podría sacar a su familia de la miseria. Nada más bajarse del avión comprobó que la habían engañado. “Si llega a saber lo que le esperaba hubiera regresado a Colombia”, sostiene Carlos. A Yami le acompañaba una amiga. Eran las seis de la tarde. Le quitaron el pasaporte y la violaron. Acto seguido, le advirtieron:”A partir de ahora nos debes un millón de pesetas. Esto es lo que hay. Ese misma noche, la obligaron a prostituirse”. Yamiled quedó encadenada al miedo. “O permaneces calladita o ya sabemos donde están tus hijos”, las amenazas de muerte eran frecuentes. “¡Qué más cárcel que esa!”, expresó una vez durante el primer juicio que testificó, “¡una cárcel sin barrotes pero llena de amenazas de muerte! Yami siempre decía que daría su vida por sus hijos… y la dio, no se asustaba por nada”.

CLAVES

1 El asesinato. Yamiled Giraldo Quintero, natural de Colombia y vecina de Ituren, de 33 años, fue asesinada en Cordovilla el 25 de abril de 2009. Lo hizo un sicario contratado por José Lareo López, el dueño del club de alterne al que ella denunció en 2002 y que fue condenado a 18 años en 2004. El crimen se fraguó en la cárcel.

2 El juicio. Se celebró en febrero. Los cinco acusados de participar en el crimen fueron condenados a penas de entre 20 y 22 años de cárcel. Según el juez, el asesinato fue “un deseo” de Lareo.

 

Argentina. Cómo se organizaron las trabajadoras sexuales para enfrentar la crisis sanitaria y socioeconómica

 

Por Georgina Orellano y Natalia Arenas

23 de julio de 2020

Argentina – Cómo se organizaron las trabajadoras sexuales para enfrentar la crisis sanitaria y socioeconómica. [Georgina Orellano – Natalia Arenas]

 

Georgina Orellano, secretaria general nacional de la Asociación Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos (Ammar), cuenta sobre las estrategias colectivas para apoyar a las mujeres más precarizadas y obviadas por el sistema de respuesta oficial.

Las trabajadoras sexuales pertenecen a uno de los sectores económicos informales que más salvajemente están padeciendo las consecuencias de la pandemia de coronavirus en Argentina. Desde el 23 de marzo, el gobierno de Alberto Fernández decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Más allá de la decisión sanitario-política frente a la inexistencia de una vacuna contra la covid-19, y con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con respecto a que la única manera de no contagiarse es mantener una higiene extrema y, sobre todo, aislarse, la cuarentena expuso en algunos casos y recrudeció en otros la emergencia alimentaria y habitacional de las y los trabajadores informales. “Informales” porque no están registrados (ni siquiera como monotributistas), y eso hace que carezcan de todo derecho laboral.

Las y los trabajadores informales en Argentina están en todos los rubros: desde domésticas que no son registradas por sus empleadores, plomeros, gasistas, electricistas que ejercen su oficio de manera independiente, hasta trabajadores de la construcción y vendedores ambulantes, por nombrar algunos. Las trabajadoras sexuales también pertenecen a este grupo. Pero con una contra adicional: la clandestinidad.

Si bien en Argentina la prostitución no es considerada ilegal ni está penada por el Código Penal –que sí pena el proxenetismo y la trata de personas–, existen normas que criminalizan el trabajo sexual autónomo. Como los códigos contravencionales de las provincias, que les dan poder a la Justicia (y en muchos casos, a falta de fiscales en las calles, a la Policía) para multar y arrestar a las trabajadoras sexuales en la vía pública.

Esta especie de “limbo legal” es el que permite la clandestinidad. Y, como en una rueda sin fin, la clandestinidad es la que deriva en la emergencia recrudecida hoy por la pandemia.

“Todos los meses que llevamos de cuarentena se traducen en deudas. Muchas con alquileres, hoteles de familia, que superan los 60.000 pesos”, dice Georgina Orellano, secretaria general nacional de la Ammar.

Para poner en contexto: hablamos de alquileres de habitaciones o en hoteles de familia que la mayoría de las veces se dan de manera irregular: no se firma nada, se arregla de palabra, no hay recibos, se aumenta cuando el dueño quiere y se desaloja de la misma manera. Por eso, algunas trabajadoras mantienen ahora su techo entregando objetos de valor para que no las desalojen.

En la vida legal, el presidente firmó un decreto que prohíbe los desalojos por falta de pago hasta el 30 de setiembre. Pero en la clandestinidad, todo vale.

En palabras de Orellano: “Hay algo que se queda estancado en las discusiones de los feminismos en cuanto al trabajo sexual. Muy pocas veces podemos contar cuál es nuestra realidad por ejercer un trabajo que si bien no es ilegal en nuestro país, no estamos registradas en ningún lado. Hay una mirada social estigmatizada y muchas de nosotras terminamos pagando el triple de un alquiler o directamente no nos quieren alquilar por miedo, porque creen que nuestra actividad está relacionada a algo delictivo”.

“La prostitución consentida y voluntaria existe”, dicen las trabajadoras sexuales, y la diferencian de la explotación sexual y la trata de personas. En este punto el debate se vuelve similar al de la legalización del aborto en Argentina. No sólo por las cuestiones personales y morales que se ponen en juego, sino por la intención de una parte de la sociedad de querer negar lo que ya existe.

“Creemos que no hay voluntad política para legislar un tema que está atravesado por cuestiones morales”, dice Orellano. “Lo planteamos como legislación laboral, pero tenemos que comenzar a desandar antes mil prejuicios”.

¿Es la sociedad argentina abolicionista? Para Orellano ese es, más bien, un país punitivista. “Todo lo que no quiere ver y quiere ocultar lo hace apelando a endurecer las penas, dándole más poder a la Policía y aliándose con el derecho penal”.

Las putas organizadas

Los primeros días de marzo, cuando en Argentina el coronavirus todavía se consideraba un virus asiático-europeo, en la Ammar se encendieron las alarmas. “Como estamos en contacto permanente con organizaciones europeas, nos empezaron a contar casos de compañeras a las que la situación de no poder salir a trabajar las agarró de sorpresa”, cuenta Orellano.

Entonces, desde la Ammar empezaron a pensar estrategias para tener respuestas concretas a la demanda del colectivo de trabajadores sexuales. Así fue que crearon el Fondo Nacional de Emergencia, una campaña que apeló a la solidaridad de otras organizaciones y de la sociedad en general.

Con los primeros aportes que recibieron en sus propias cuentas, por Mercado Pago o Pay Pal, compraron mercadería y armaron bolsones. Las primeras semanas había 50 compañeras anotadas para recibirlos.

Actualmente están desbordadas: la demanda que están supliendo no sólo es de alimentos, sino también de remedios, frazadas, estufas, ropa. Con o sin pandemia, las más perjudicadas siempre son las trabajadoras migrantes, travestis y trans. Según el último informe de la Red Latinoamericana de Personas Trans, 80% del colectivo trans travesti se dedica a la prostitución.

En el contexto de aislamiento social durante la pandemia, varias trabajadoras sexuales se volcaron por completo a la virtualidad y así logran sobrevivir. Pero no es el caso de la mayoría: muchas trabajadoras no tienen acceso a internet y varias más, ni siquiera celular. Esto no sólo las complica a la hora de generar dinero, sino también al momento de tramitar DNI, subsidios, pensiones. Ese acompañamiento también lo están realizando desde la Ammar, con una asistente social y un abogado que una vez por semana atienden en las sedes.

Los lugares donde viven también son un riesgo en medio de una pandemia. ¿Qué pasa si vivís en un hotel donde compartís baño y cocina con otras 60 familias? Para reducir los riesgos, las delegadas de la Ammar se organizaron para hacer también jornadas semanales de limpieza en los hoteles.

La mayoría de las demandas se concentran en la Ciudad de Buenos Aires, donde está la sede principal de la Ammar, la Casa Roja, en el barrio de Constitución, y otra en el barrio de Flores. Pero también tienen sedes en otras 12 provincias y en siete municipios de la provincia de Buenos Aires.

El registro de la discordia

A principios de junio se dio una situación insólita: el Ministerio de Desarrollo Social habilitó un formulario online de Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. Por primera vez, aparecía la categoría “trabajadores sexuales”.

“Que día Peronista, compañeras”, tuiteó Orellano. “El Ministerio de Desarrollo Social creó el Registro Nacional de Trabajadorxs de la Economía Popular y nuestro trabajo aparece en el formulario de inscripción. Ya no debemos ocultamos ni inscribirnos con categorías engañosas”.

La noticia se viralizó y el viejo debate entre abolicionistas y regulacionistas volvió a instalarse en las redes sociales. Las regulacionistas y las que van por la despenalización y el reconocimiento de derechos (como las trabajadoras sexuales agrupadas en la Ammar) celebraron el gesto político y concreto. Las abolicionistas denunciaban que el gobierno “estaba reconociendo a la explotación sexual y/o trata de personas como trabajo”.

Para las trabajadoras sexuales el festejo por la posibilidad no sólo de recibir algún tipo de subsidio, sino de por primera vez estar registradas en un formulario estatal, duró unas horas: el escándalo que se generó en las redes y las propias internas entre funcionarias y funcionarios hizo que el ministerio bajase el formulario. Antes de que lo diera de baja, en tan sólo unas horas, se habían inscrito unas 800 trabajadoras y trabajadores sexuales.

La desprolijidad del ministerio para manejar la situación también fue tema de debate en las redes y en los medios de comunicación.

Unas días después el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, recibieron a un grupo de trabajadoras sexuales. Allí les contaron que estaban armando una comisión de trabajo especial para discutir de qué manera incluirlas en el registro. Es una comisión a la que fueron invitadas a participar.

“Nosotras aprovechamos para contarles todas las dificultades con las que nos encontramos y decirles que todas las demandas que absorbimos son demandas que le corresponde al Estado absorber y que deberíamos poder canalizar a través del ministerio”, contó Orellano.

Ese canal de diálogo que se abrió es histórico y beneficioso para las trabajadoras sexuales del país. Y ya tuvo sus primeros frutos: por ejemplo, en provincias como San Juan y Mendoza, donde nunca las habían escuchado, las llamaron a los pocos días para asistirlas. Lo mismo en el municipio de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires.

 

 

 

Por pandemia, aumentó el número de sexoservidoras en Ciudad de México

A partir de abril cuando comenzó la cuarentena, Brigada Callejera detectó otras dos mil 500 trabajadoras sexuales

 

Por Marco Fragoso

24 de julio de 2020

https://www.24-horas.mx/2020/07/24/por-pandemia-aumento-el-numero-de-sexoservidoras/

 

Durante un diagnóstico que la Organización No Gubernamental (ONG) Brigada Callejera realizó hace dos semanas, se reportaron dos mil 500 trabajadoras sexuales más en las avenidas donde se ejerce la prostitución en la Ciudad de México.

Elvira Madrid, presidenta de Brigada Callejera expuso a 24 HORAS que Calzada de Tlalpan, Merced, Puente de Alvarado y Tacuba fueron algunas de las avenidas por las que la ONG hizo dicho recorrido.

“Ya hicimos un diagnóstico de hace dos semanas y recorrimos el 70% de donde se ejerce el trabajo en la vía pública, y eran siete mil 500 (sexoservidoras) hasta el mes de abril y de esas aumentó un 30%”, señaló; es decir, la ONG detectó un total de 10 mil trabajadoras sexuales en estas avenidas.

Madrid detalló que regresaron trabajadoras sexuales que ya se habían retirado por la edad, por cuestiones de salud o porque se juntaron con alguna pareja, y debido a la crisis económica que generó el coronavirus tuvieron que regresar al trabajo sexual.

“Regresaron otra vez a ejercer, algo que ya habíamos visto del trabajo que veníamos haciendo de hace 30 años donde la abuelita era, la mamá era, la hija era, la nieta era, otra vez está volviendo a esto, al no tener para pagar la renta, la alimentación y no hay trabajo”, indicó.

También resaltó que a mediados de abril varias trabajadoras se comenzaron a enfermar de Covid-19, por lo que la brigada ayudó con medicamentos y atención médica particular para ellas; sin embargo, no se tienen cifras de cuantas se enfermaron.

Para enfrentar la pandemia y el cierre de hoteles, Madrid señaló que la organización apoyó a las prostitutas con campamentos de plástico con cartón para que se quedaran ahí, pues muchas vivían en los mismos hoteles en que trabajaban.

Desde que empezó la pandemia, la presidenta aseguró que donaron a las sexoservidoras alrededor de 15 mil despensas, 100 mil pesos en medicamento y apoyos económicos para que pudieran solventar su renta por cerca de 70 mil pesos. Además de cubrebocas y gel antibacterial.

Consultadas por 24 HORAS, algunas trabajadoras sexuales coincidieron en que la demanda de servicios bajo hasta un 80%, por lo que se han visto en la necesidad de disminuir las tarifas de sus servicios.

Tamara N., sexoservidora que ofrece sus servicios por Internet, indicó que la pandemia la impactó a tal grado que en ocasiones debe mantener relaciones sexuales con su casero para que no la corra.

“De mayo para acá tengo relaciones con mi casero de 65 años, para que no me saque del departamento; no hay servicios, no hay dinero, no me puedo quedar en la calle”, señaló.

Por otra parte, Sherlyn, otra trabajadora sexual, detalló que trabajar en estas épocas de Covid es muy peligroso, pues los pocos clientes que hay insisten en querer besarlas; señaló que muchas llevan un plástico en sus bolsas para colocarlo en la cama del hotel.

“O nos mata el COVID o nos mata el hambre, no hay más, traigo mi plástico para colocarlo en las camas de los hoteles o departamentos para cuidarme del Covid, no vaya ser la de malas”, dijo.

 

 

Declaración de Argaman Alliance y Transiyot Israel sobre la Ley de Compradores de Sexo en Israel

 

13 de julio de 2020

https://www.sexworkeurope.org/news/news-region/argaman-alliance-and-transiyot-israel-statement-sex-buyer-law-israel

 

El 10 de julio de 2020, la ley que penaliza la compra de servicios sexuales entró en vigencia en Israel. La campaña política local a favor de la penalización comenzó hace más de una década. Los borradores anteriores del proyecto de ley incluían tanto la penalización del cliente como lo que se describe como “rehabilitación” de las trabajadoras sexuales. Sin embargo, en 2018, los políticos y grupos que presionaron por la penalización de los clientes acordaron eliminar la parte de “rehabilitación” del proyecto de ley para conseguir que el gobierno lo apoyara. El proyecto de ley final, que se aprobó en la Knéset el 31 de diciembre de 2018, penaliza la compra de sexo y ofrece programas de rehabilitación solo para clientes. El programa de “rehabilitación” para trabajadoras sexuales fue anunciado en una decisión del gobierno. Los legisladores reconocieron que los programas de “rehabilitación” para las trabajadoras sexuales son una condición previa necesaria para implementar la prohibición de los clientes. Por lo tanto, la ley debía entrar en vigencia solo 18 meses después de su aprobación en la Knéset para permitir que el gobierno implementara los programas de “rehabilitación” antes de que comienzara la ejecución policial. Sin embargo, hasta el día de hoy, la mayoría de estos programas no se han llevado a cabo.

Incluso si los programas de “rehabilitación” se ejecutaran al pie de la letra, solo ofrecen algún tipo de asistencia a aproximadamente 200 trabajadoras sexuales anualmente. Además, hay grandes problemas con el programa. Primero, Argaman y Transiyot Israel, organizaciones locales de base de trabajadoras sexuales de todas las religiones, colores, géneros y ciudadanía, no han sido consultadas. En segundo lugar, los programas de “rehabilitación” no abordan las necesidades más urgentes de la mayoría de las trabajadoras sexuales en Israel: vivienda, ingreso vital, acceso a la atención médica, servicios de salud que satisfagan nuestras necesidades y protección contra la brutalidad policial. Si bien existe un programa nacional “para poner fin a la prostitución”, no hay un programa para poner fin a la transfobia, el racismo, el edadismo, el capacitismo y el apartheid. El programa de rehabilitación no ofrece nada a las trabajadoras sexuales trans *, mientras que las trabajadoras sexuales indocumentadas, incluidas las trabajadoras sexuales palestinas LGBTQ, están completamente excluidas de los servicios ofrecidos bajo el programa de “rehabilitación”.

Nosotras, en Argaman y Transiyot Israel, hemos estado luchando por los derechos de las trabajadoras sexuales y hemos formado una coalición con Maavarim, Project Gila y Achoti – para Mujeres en Israel. Siempre hemos exigido que las trabajadoras sexuales sean escuchadas en los procesos legislativos, pero las fuerzas que intentan silenciarnos han sido abrumadoras. Un lobby fuertemente financiado para “terminar con la prostitución y combatir la trata” a través del cierre de la frontera ha liderado una campaña contra nosotras, diseminando mentiras y estigmatización. Este lobby logró no solo impulsar leyes que ponen en peligro nuestras vidas, sino también expulsarnos de los círculos feministas y políticos.

La crisis de COVID-19 ha tenido los efectos más devastadores en nuestras comunidades. La mayoría de las trabajadoras sexuales no tienen derecho a la ayuda del gobierno, mientras que muchas temen ser procesadas y prefieren morir de hambre antes que ser registradas como prostitutas ante las autoridades. Muchas de nosotras hemos alcanzado niveles de pobreza sin precedentes y ahora dependemos de donaciones de alimentos. Nosotras, en Argaman y Transiyot Israel, hemos organizado y recaudado donaciones y distribuido alimentos y otras formas de asistencia durante el confinamiento por COVID-19, y continuamos brindando ayuda humanitaria a nuestras hermanas hasta el día de hoy.

En febrero, cinco meses antes de que entrara en vigencia la prohibición, presentamos un informe provisional sobre la violencia contra las trabajadoras sexuales, incluida la brutalidad policial y varios efectos negativos de la ley sobre las trabajadoras sexuales. Llamamos al gobierno a posponer la prohibición por 24 meses. También exigimos la concesión de una amnistía por delitos relacionados con la prostitución, y que nuestras organizaciones sean parte de cualquier proceso legal que nos afecte.

No tenemos ninguna posibilidad de encontrar medios de vida alternativos cuando 1 de cada 5 israelíes está desempleado y tenemos antecedentes penales que nos marcan como prostitutas. Debido a que el gobierno no creó ayuda social y otras disposiciones para minimizar los efectos negativos de la ley, muchos grupos de derechos se han unido al llamamiento para posponer la fecha de inicio de la prohibición. Estos incluyen todas las organizaciones LGBTQ israelíes, grupos feministas – Movimiento Achoti, Isha l’Isha – Centro Feminista Haifa, Foro de Mujeres de Israel, grupos de ayuda que trabajan con trabajadoras sexuales – Elem y HerAcademy, así como trabajadores sociales y profesionales del derecho. Si bien estos grupos tienen diversos puntos de vista sobre el trabajo sexual, todos comparten la preocupación de que, en las condiciones actuales, la ley condena a miles de trabajadoras sexuales a pobreza y violencia que amenazan la vida.

El 29 de junio, el Comité de Constitución, Ley y Justicia del Knesset discutió el estado de las cosas y los llamamientos para posponer la fecha de inicio de la prohibición. Nos sorprendió ver a un ex miembro de la Knesset y ex lobista sentado con miembros de la Knesset y funcionarios del gobierno alrededor de la mesa. Mientras que a ellos se les dio la oportunidad de hablar, nosotras tuvimos que ver los procedimientos por internet y no se nos permitió hablar. Nos dolió especialmente escuchar a las representantes feministas de la izquierda ansiosas por comenzar a hacer actuar a la policía, ignorando el daño que ya sufrimos por el exceso de control policial. Finalmente, sin escucharnos, el Ministro de Justicia decidió no posponer la fecha de inicio de la prohibición.

Estamos agradecidas por el apoyo que tenemos, especialmente de la comunidad LGBTQ. Sin embargo, estamos profundamente decepcionadas con muchos grupos locales de derechos que nos ignoraron a nosotras y a nuestra lucha por los derechos humanos básicos y contra la brutalidad policial. Estamos especialmente decepcionadas con las ONG israelíes que trabajan por los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados y los solicitantes de asilo que nos dieron la espalda, a pesar de que una gran cantidad de personas indocumentadas en Israel dependen del trabajo sexual para sobrevivir. La Asociación de Derechos Civiles en Israel también decidió permanecer en silencio, a pesar de la información y evidencia que presentamos. Incluso la rama israelí de Amnistía Internacional nos ignoró constantemente y mantuvo su posición en apoyo de la ley de penalización del comprador de sexo, en contra del llamamiento de Amnistía Internacional a la despenalización total.

Si bien tememos por el mañana, estamos fuertes y unidas, y seguiremos luchando por nuestros derechos. Esperamos obtener el apoyo de nuestras organizaciones hermanas en el extranjero.

 

Información de contacto:

itargenut@gmail.com ; nily.gorin@mail.huji.ac.il

https://www.facebook.com/argaman.alliance

https://www.facebook.com/Trans.org.il

 

CPS y APDHA temen un retroceso definitivo en las medidas de protección ante el COVID-19 para las trabajadoras sexuales

 

16 de junio de 2020

CPS y APDHA temen un retroceso definitivo en las medidas de protección ante el COVID-19 para las trabajadoras sexuales

 

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Comunicado elaborado por el Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA):

  •         Desde el Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) expresamos nuestro temor ante una más que posible expulsión de las mujeres que ejercen la prostitución de las medidas de protección ante la crisis del COVID-19.
  •         Queremos poner en conocimiento del Ministerio de Igualdad en particular y de la sociedad en general las consecuencias que esta exclusión supone para el colectivo de personas que ejercen la prostitución.

La situación de emergencia sanitaria actual ha impactado de manera sustancial en las vidas de las trabajadoras sexuales. Al igual que el resto del sector informal, las trabajadoras sexuales se encontraban fuera de las políticas públicas de protección contra el COVID-19, viéndose obligadas a dejar de ejercer su actividad económica, sin derecho laboral alguno al que poder acogerse ni manera de hacer frente a necesidades fundamentales tales como el pago de la vivienda, de los suministros y de la cesta de la compra, tanto de ellas como de los menores a su cargo. En consecuencia, muchas trabajadoras sexuales están sufriendo un incremento progresivo de sus deudas, cuando no desalojos arbitrarios, y un deterioro creciente de su salud. En el caso de las trabajadoras sexuales en situación administrativa irregular, la situación es incluso más crítica, pues aumenta su aislamiento y las arroja a la más absoluta clandestinidad a merced de todo tipo de abusos.

Sin embargo, el pasado 21 de abril parecía vislumbrarse un nuevo y esperanzador giro hacia el reconocimiento efectivo de la situación de las trabajadoras sexuales en España. Después de casi 40 días desde el inicio del estado de alarma, el Ministerio de Igualdad publicó un documento en el que se garantizaban alternativas habitacionales y acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) con independencia de la situación administrativa para víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución ( Ampliación del Plan de Contingencia contra la violencia de género ante la crisis del COVID-19: medidas adicionales dirigidas a víctimas de trata, explotación sexual y a mujeres en contextos de prostitución). Durante las semanas siguientes, el Ministerio continúo emitiendo nuevos documentos en los que contemplaban medidas concretas destinadas a “mujeres en contextos de prostitución”: una guía de actuación, una propuesta para la unidad de criterio de acreditación y unos indicadores para valorar las situaciones de vulnerabilidad.

A pesar del retraso de las medidas, su publicación y el eco del que se hizo la prensa han generado enormes expectativas y esperanzas en el colectivo de trabajadoras sexuales; desde el CPS y la APDHA aplaudimos la iniciativa. Al fin el Gobierno parecía admitir su responsabilidad para con este colectivo y reconocía su realidad diferenciándola de la de las personas víctimas de trata y /o explotación sexual. Sin embargo, lamentamos que en su diseño no hayan tenido en cuenta a los colectivos de trabajadoras del Estado, a quienes las medidas afectan directamente, y que como consecuencia de ello contengan importantes obstáculos para garantizar su acceso efectivo.

A este respecto, una de nuestras principales preocupaciones responde a la ausencia de garantías de confidencialidad sobre el tratamiento de los datos personales. Esta cuestión resulta especialmente peligrosa para todas aquellas trabajadoras que se encuentran en situación administrativa irregular, puesto que no existe ninguna garantía expresa de confidencialidad que les asegure que, una vez finalizado el estado de alarma, no puedan ser víctimas de persecución administraba para la apertura de expedientes de expulsión.

Además, se encuentra la incertidumbre generada ante la nula concreción sobre cómo se articularían estas medidas; una falta de información que nos trasladan las propias entidades ya designadas para su ejecución, con las cuales nos hemos mantenido en contacto.

Con el objetivo de socializar estas preocupaciones y aportar líneas para la mejora del Plan, el CPS y la APDHA solicitamos una reunión con el Ministerio, que nos concedieron para el pasado 3 de junio.

Y es a partir de este momento cuando surge nuestro mayor temor. Unos días antes de la reunión, se publica en la web del Ministerio de Derechos Sociales una guía sobre el IMV en la que ya no figuran “las mujeres en contextos de prostitución”. Finalmente, el 1 de junio se publica la resolución relativa al IMV en el BOE donde no existe alusión alguna al colectivo.

Con desasosiego, acudimos el día 3 de junio a la reunión con las representantes del Ministerio, donde, después de casi una hora de espera, nos informan de su anulación e intención de retomar en otra fecha (aún hoy continuamos a la espera). Como resultado de esta kafkiana situación, aprovechamos la fugaz comparecencia de las representantes para preguntarles cómo accederán ahora las mujeres que ejercen la prostitución al IMV. Solo obtenemos una breve y poco detallada respuesta en la que nos informan que al igual que el resto de la ciudadanía: lo harán a partir del umbral de renta. Por lo tanto, las trabajadoras sexuales han dejado de formar parte de uno de los grupos de excepción a los que se les exime de cumplir algunos requisitos para garantizar su acceso al IMV.

Desde el CPS y la APDHA queremos trasmitir con este comunicado que esta maniobra excluye a la inmensa mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución del acceso al IMV, ya que se precisa contar con permiso de residencia de un año, empadronamiento y, en el caso de encontrarse al margen de una unidad de convivencia, cotización de doce meses.

El Ministerio de Igualdad, que se ha promocionado durante la situación de crisis sanitaria actual bajo el lema #NingunaMujerDesprotegida, ha pasado de ofrecer el IMV para las trabajadoras sexuales en situación de vulnerabilidad y con independencia de su situación administrativa a su supresión sin ofrecer siquiera una explicación.

Denunciamos que las expectativas generadas son altas y solo equiparables a las carencias y privaciones que atraviesa un amplio sector de las trabajadoras sexuales. Continuar dando la espalda a estas necesidades no solo representaría una falta de compromiso por parte del Gobierno, sino también una instrumentalización perversa de un colectivo que sufre históricamente la vulneración continuada de sus derechos fundamentales y una paulatina criminalización. Desde luego, no son esta clase de actuaciones las que esperamos de un Gobierno que se define feminista y comprometido con la justicia social; mucho menos después de lo andado estas últimas semanas.

Las putas que trabajamos en España no somos un discurso ni un tema para arañar votos: somos personas, ciudadanas, votantes y feministas. La autoorganización de las trabajadoras sexuales ha aumentado en los últimos años y nuestros movimientos de base crecen sin parangón por mucho que nos estigmaticen, criminalicen y pretendan censurarnos. Por ello, vamos a continuar denunciando todas aquellas políticas que, bajo el supuesto horizonte de la protección de TODAS las mujeres, sigan invisibilizando y dando las espaldas a aquellas que ejercen la prostitución.

¡Ni una agresión, ni una invisibilización, ni un euro más a nuestra costa sin respuesta!

 

Así penaliza la maternidad: las mujeres pierden un 28% del sueldo por cada hijo

Un informe del Banco de España revela que, mientras los ingresos de los hombres apenas se ven afectados por la paternidad, las madres reducen intensamente su tiempo de trabajo, sobre todo si no tienen estudios.

 

Por Cristina Alonso

16 de julio de 2020

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/maternidad-penaliza-mujeres-pierden-sueldo-hijo/2810552/

 

La literatura económica ha constatado en numerosas ocasiones que la maternidad explica gran parte de la brecha salarial de género. Dicho de otro modo: ser madre penaliza económicamente a las mujeres trabajadoras frente a los hombres, que apenas ven afectada su carrera profesional. Ahora el Banco de España arroja algo más de luz al debate al poner cifras a esta penalización en el mercado laboral español. Según el último informe del organismo supervisor, mientras los ingresos laborales de los hombres no sufren impacto alguno tras la paternidad, los de las mujeres caen un 11% en el primer año tras el nacimiento de un hijo y llegan a sufrir un recorte de hasta el 28% diez años después. Los datos son tozudos.

El ‘gap’ entre los sueldos de los hombres y las mujeres ha sido objeto de discusión desde varias perspectivas, como el papel del capital humano y las opciones de carrera, la discriminación basada en el género o las responsabilidades de crianza de los hijos. Pues bien, los autores de este informe se basan en un estudio danés que llega a la conclusión de que la mayor parte de la brecha salarial entre los géneros está vinculada a los efectos de la maternidad y extrapolan sus resultados al mercado laboral español. Así, constatan que la penalización que sufren las mujeres por tener hijos en España es similar a la que se da en países como Suecia y Dinamarca e inferior a la de Reino Unido, Estados Unidos, Alemania o Austria.

De este modo, los economistas Alicia de Quinto, Laura Hospido y Carlos Sanz certifican que la brecha salarial de género sigue siendo, hasta la fecha, una innegable realidad en todos los países. En concreto, con datos de 2017, el salario bruto medio de las mujeres en España representaba el 78,4% del de los hombres, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE. Analizando la Muestra Continua de Vidas Laborales y la base de datos de la Seguridad Social, comprueban que los empleados femeninos y masculinos siguen una tendencia similar hasta el nacimiento de su primer hijo, sin embargo, un año antes del nacimiento, la progresión de sus ganancias se aleja abruptamente y no vuelve a converger después de una década.

Los investigadores determinan que al año siguiente del nacimiento del primer hijo, las mujeres se enfrentan una pérdida de ingresos del 11,2% respecto al nivel pre-natalidad, mientras los ingresos de los padres aumentan un 0,15%. En el año siguiente, los ingresos de las mujeres siguen disminuyendo un 19,5% y la tendencia divergente continúa incluso diez años después del primer parto. De este modo, el BdE deja una conclusión demoledora y es que “los ingresos de las mujeres nunca volver a los niveles anteriores a la maternidad”. De hecho, diez años después del nacimiento del primer hijo, los ingresos de la mujer se estabilizan en un 33% menos, mientras que los de los hombres se reducen en solo un 5%. De este modo, la estimación de la penalización infantil a largo plazo es del 28%, lo que confirma “un efecto negativo significativo y persistente”.

Hay varios factores que explican por qué las mujeres se quedan atrás después de la maternidad. Los investigadores especifican en su informe que ellas reducen considerablemente su trabajo días después de su primer parto, mientras que las jornadas de los hombres no se ven afectadas. Segundo, las mujeres tienen más probabilidades de trabajar a tiempo parcial justo después de tener el primer hijo, mientras que la probabilidad apenas cambia para ellos. En tercer lugar, la probabilidad de que las mujeres trabajen con un contrato temporal aumenta constantemente con el tiempo, mientras que, una vez más, la de los hombres no se ve afectada.

Por último, el estudio del Banco de España proporciona resultados por nivel de educación de los padres y demuestra que la disminución de los ingresos y los días de trabajo son sustancialmente mayores para las mujeres sin educación universitaria que para las que tienen estudios universitarios. Por el contrario, el incremento del trabajo a tiempo parcial es superior para las universitarias que para las que no lo son, mientras el trabajo temporal es mayor para las no universitarias. En general, estos resultados sugieren que las mujeres con estudios superiores reaccionan a la maternidad trabajando a tiempo parcial, mientras las que no tienen esta educación son más propensas a hacerlo trabajando menos días.

Los hombres cobran 612 euros más

Tras un exhaustivo seguimiento a la Muestra Continua de Vidas Laborales y a los registros de la Seguridad Social -la estimación abarca a más de medio millón de trabajadores (264.391 madres y 279.437 padres) y casi 95 millones de observaciones mensuales desde 1990 hasta 2018- los analistas llegan a la conclusión de que los salarios mensuales medios son más altos para los hombres que para las mujeres (1.893 euros frente a 1.281 euros) por varias causas: de media, los hombres trabajan aproximadamente 4 días más al mes que las mujeres; en ellas la incidencia del tiempo parcial es del 23%, frente al 4% para los hombres; y todo ello mientras son las mujeres las que tienen más educación universitaria (63% frente a 53%).

Igualmente, en el largo plazo se dan varios motivos para la brecha salarial, como por ejemplo que 10 años después del parto, las mujeres han reducido el número de días trabajados en un 23%, mientras el cambio para los hombres es insignificante. Además, la probabilidad de trabajar a tiempo parcial para los hombres disminuye después de la paternidad, mientras aumenta considerablemente para las mujeres (de hecho, la brecha relativa equivale al 34% después de 10 años); y las mujeres son más propensas al contrato temporal después del parto (un 32% más), mientras que la probabilidad de los hombres de acceder a un contrato temporal es un 5% inferior.

 

Ni cuarentena ni distanciamiento para las trabajadoras sexuales

Cerca de 26.000 mujeres de Guatemala quedan excluidas de los programas sociales del Gobierno para capear la crisis del coronavirus. Se les impide acceder a condones y pruebas médicas en centros de salud

 

Por Asier Vera Santamaría

Ciudad de Guatemala

15 de julio de 2020

https://elpais.com/elpais/2020/06/19/planeta_futuro/1592554697_012712.html

 

La música ya no suena en el club nocturno Los Cocos desde que cerrara sus puertas con la llegada de la covid-19. Tampoco se exhiben en su interior las mujeres extranjeras procedentes de Nicaragua, Honduras o El Salvador que, con sus risas forzadas, intentaban que los hombres las invitaran a una copa como paso previo a que pagaran por mantener relaciones sexuales. Ya no existe tampoco el trasiego de vehículos y motos que cada noche llegaban a este lugar, situado en medio de una carretera en el Departamento de Retalhuleu, a 340 kilómetros de Ciudad de Guatemala.

La irrupción del coronavirus en Guatemala borró de cuajo esta imagen para dar paso a otra distinta. Las mujeres se afanan ahora por lavar coches frente al lugar en el que hace unos meses ofrecían su cuerpo a cambio de dinero. Tras la clausura del establecimiento que les permitía comer y ayudar a sus familias, han creado un centro de limpieza improvisado en el que sacan brillo a los vehículos para recaudar comida, con el fin de donarla a las trabajadoras sexuales que, como ellas, se han visto privadas del ejercicio de su actividad.

Al ritmo de música latina, desde un altavoz se anima a la población a solidarizarse con el colectivo MTS (Mujeres Trabajadoras Sexuales) que han quedado en total abandono con el cierre de los bares, discotecas y casas donde desempeñaban su profesión antes de que la pandemia estallara en el país centroamericano el pasado 13 de marzo, con la aparición del primer caso de coronavirus, que ha causado ya más de 1.000 muertes. “Gracias a las personas que están apoyando incondicionalmente esta causa, porque estamos en el momento de echarnos la mano”, grita en el micrófono el animador mientras suena a todo volumen una cumbia colombiana.

Frente al club nocturno Los cocos ahora las trabajadoras sexuales han montado un centro de lavado de vehículos. Asier Vera

Guatemala se mantiene desde mediados del mes de marzo en un toque de queda desde las 18.00 a las 05.00 horas de lunes a sábado y de 24 horas los domingos, que ha dejado sin empleo a muchas de las cerca de 26.000 mujeres que, según un estudio de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex), ejercen esta labor en el país. Al no estar reconocida legalmente esta actividad, ninguna puede acceder a las ayudas sociales prometidas por el Gobierno, como los 1.000 quetzales mensuales (120 euros) para quienes se dedican al comercio informal o los 75 quetzales diarios (nueve euros) para quienes hayan sido despedidas de sus empleos.

Esta exclusión, sumada al cierre de los establecimientos habituales donde se ejerce el trabajo sexual, ha obligado a algunas mujeres a buscar alternativas para sobrevivir, como montar el centro de lavado de vehículos, que se ha convertido en un lugar de acopio de alimentos. Una de las impulsoras de esta iniciativa, Anet, originaria de Nicaragua y que lleva nueve años ejerciendo el trabajo sexual en Guatemala, se lamenta: “No hay clientes y no tenemos dinero ni para pagar un cuarto, ya que, si antes ganaba entre 500 y 1.000 quetzales diarios (60 y 120 euros), ahora solo 100 (12 euros) o a veces nada”. Anet, de 33 años, asegura que está “muy dura” la situación. “Y ayuda no tenemos porque para el Gobierno no existimos, y mucho menos las extranjeras”. Precisamente, recuerda que las trabajadoras sexuales procedentes de otros países no pueden regresar a sus casas ante el cierre de fronteras, ni tampoco pueden enviar dinero a sus familias, teniendo en cuenta la falta de ingresos, por lo que se han quedado varadas en Guatemala y sin empleo.

Ante un trabajo en el que el distanciamiento social es imposible, detalla que para esquivar al coronavirus trata de evitar los roces de los clientes, quienes muchas veces tratan de besarla. “Pero sé que, por más que intento, estoy demasiado en riesgo; si bien tenemos que buscar este trabajo porque no va a venir nadie a decirme ‘tome, aquí está el dinero para que coma día a día”. También denuncia que los centros médicos no las están atendiendo para entregarles las profilaxis y efectuarlas las pruebas de control para evitar enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, tal como sucedía antes de la pandemia cada 15 días.

Esta situación es confirmada por Adriana Carrillo, Coordinadora Nacional de la Organización Mujeres en Superación (OMES), quien señala que la covid-19 las ha dejado mucho más vulnerables. “A diferencia de otras profesiones no contamos con un seguro médico ni social, ni con un reconocimiento como trabajadoras sexuales”.


El toque de queda y el cierre de clubs de alterne saca a la luz del día a miles de trabajadoras sexuales que sufren persecución policial y el rechazo de vecinos


“La única salida que tienen las compañeras es ir a chambear a la calle bajo estas condiciones totalmente desastrosas, porque nadie en su sano juicio sale a arriesgarse si tuviera las condiciones para poder quedarse en casa”, asevera. “Hoy decimos con más fuerza que nunca que los gobiernos tienen una deuda bastante grande con las trabajadoras sexuales y es una ley que nos reconozca” remarca Carrillo, para que en una crisis como la actual puedan tener acceso a ayudas sociales. No obstante, recuerda que en los últimos años ha habido avances, pero insuficientes, como el hecho de que el Decreto Gubernativo 57-2012, que contempla el Reglamento para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH, establezca que las personas que ejercen el trabajo sexual conforman la población en más alto riesgo y vulnerabilidad.

“Aquí nos reconocen como trabajadoras sexuales”, indica, y señala que deben ir a sus exámenes de profilaxis, si bien con la llegada del coronavirus denuncia que se han cerrado los centros de salud.  “No tenemos acceso ni a condones, ni a pruebas de VIH o enfermedades de transmisión sexual (ETS), por lo que corremos el riesgo de que cuando la covid-19 termine, se puedan disparar estas enfermedades en cuanto las mujeres acudan a realizarse las pruebas”.

Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social recoge en sus estadísticas que, de enero a mayo de este año, se han realizado 1.695 pruebas rápidas de VIH a trabajadoras sexuales, así como 1.308 pruebas rápidas de sífilis y 1.329 pruebas rápidas de Hepatitis B. Asimismo, en los cinco primeros meses del año, se ha atendido a 7.611 mujeres trabajadoras sexuales en servicios de profilaxia sexual y se han entregado más de 190.000 lubricantes y más de 778.000 condones. Del total de mujeres atendidas, el 99% ha recibido charlas de información, educación y comunicación, mientras que el 25% ha obtenido paquetes de prevención, como ofertas de pruebas de VIH y entrega de condones y lubricantes.

Un grito para exigir la legalidad del trabajo sexual

“Vamos a la calle a dejar alimentos a las compañeras y nos piden que, por favor, en las bolsas pongamos condones porque no tienen y en las farmacias los precios se dispararon y, si hoy tienes 10 quetzales en el bolsillo (1,20 euros), ¿qué vas a priorizar como madre de familia: comprar alimentos o un paquete de condones?”, pregunta la coordinadora nacional de OMES. Carrillo también es socia fundadora del Sindicato Nacional de Mujeres Trabajadoras Sexuales Autónomas de Guatemala (Sintrasexgua), que en el 2016 fue inscrito en el Ministerio de Trabajo de este país. De esta manera, se reconoció explícitamente la existencia del trabajo sexual autónomo, si bien, al no estar legislado no se contemplan derechos a quienes se dedican a esta profesión. Por ello el sindicato, que cuenta con 35 mujeres, inició negociaciones con el Gobierno para que apruebe un régimen especial para este tipo de profesionales en el Código de Trabajo, aunque las reuniones se han paralizado debido al coronavirus.

Uno de los obstáculos que tiene su legalización es la trata de personas que, en ocasiones, va ligada a esta actividad. La Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) del Gobierno de Guatemala no considera que el hecho de legislar el trabajo sexual “acabe con la trata de personas en su modalidad sexual”. No obstante, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) solo recibió 12 denuncias en el 2019 relacionadas con la trata de personas en su modalidad de explotación sexual y cinco en su modalidad de prostitución ajena, en la que una o más personas se benefician de la prostitución realizada por terceras personas adultas. Mientras, la Fiscalía del país centroamericano recibió 345 denuncias de trata de personas el pasado año, incluidas las de la modalidad de explotación sexual, al tiempo que los órganos judiciales emitieron 14 sentencias condenatorias y nueve absolutorias por este delito penado con prisión de ocho a 18 años.

Así, la covid-19 ha dejado desamparadas a miles de mujeres sin la más mínima prestación social tras haberse quedado sin empleo por el cierre de establecimientos y la caída de clientes en la calle. Ello ha supuesto que algunas de ellas hayan dejado de ofrecer sus servicios sexuales, como Acsa, quien vive en La Libertad (Petén), al norte de Guatemala y que ha tenido que abandonar su trabajo después de que cerrara el bar donde iba cada día.

Esta joven de 24 años, madre de dos hijos de dos y ocho años, ha tenido que buscar otro modo de generar ingresos con la venta de comida rápida en la calle como burritos, tacos y flautas: “No me queda la gran cosa, pero sí saco para comer a diario, nada más”. Acsa, quien se dedica al trabajo sexual desde los 18 años, lamenta que esta crisis llegara justo cuando se había matriculado en la universidad para estudiar Derecho y cumplir su sueño de ser notaria: “Pude ir a clase solo dos días y ahora tengo que pagar los 3.000 quetzales (360 euros) del semestre”. Previamente, y mientras ha estado ejerciendo el trabajo sexual, se graduó de maestra a los 22 años. “Cuando me metí al trabajo sexual yo dije que quería seguir estudiando”, aclara.

Según relata, algunas de sus compañeras sí han podido seguir ejerciendo el trabajo sexual en los cuartos de un bar, dado que la jefa les ha dejado la llave de los mismos a cambio del pago de un alquiler. “Se ponen en unos banquitos en la calle a esperar a los clientes, pero a veces no ganan ni para comer y pasa mucho la policía, por lo que no se puede trabajar”, lamenta Acsa, quien, durante los últimos días, ha ido a entregar bolsas de comida a sus compañeras gracias a un fondo de la RedTraSex. Esta organización recordó, con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, celebrado el pasado 2 de junio, que el 98% de las trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe sostienen sus hogares, y que con las medidas de cuarentena se ven imposibilitadas de salir a trabajar y, al no estar reconocidas, no pueden acceder a las medidas de contención que los Gobiernos han dispuesto. Por ello, a través de un vídeo, al ritmo de la versión de la canción Resistiré del Dúo Dinámico, conmemoraron esta jornada con exigiendo la legalidad de su profesión.

El toque de queda también ha visibilizado mucho más a las trabajadoras sexuales, muchas de ellas, sobre todo las transexuales, ejercían su profesión de noche. “Las compañeras han tenido que organizarse y trabajar tres o cuatro juntas en una sola esquina para protegerse de la gente que pasa insultándolas y les gritan que tengan un poco de dignidad”, revela Ixchel Solórzano, una mujer transexual que ha fundado la Organización para el Desarrollo, la Inclusión Social y Oportunidades para Todos.

Además, añade que algunos policías les han hecho saber que tienen que correrse a callejones donde no transite tanta gente para evitar que les digan cosas y les han pedido que el trabajo sexual no lo hagan de día. Esta situación, unida a que las propias mujeres deben comprarse el gel antibacteriano y las mascarillas, provoca que “en algunos casos, algunas tengan que recurrir a trabajar sin protección de preservativo con tal de ganarse algo para llevarse a casa al día y poder comprarse un almuerzo”, asevera.  “Cuando están excluidas de las respuestas de protección social de la covi-19, las trabajadoras sexuales se enfrentan a poner su seguridad, su salud y sus vidas en mayor riesgo solo para sobrevivir”, ha advertido la Red Mundial de Proyectos de Trabajo Sexual y Onusida.

“Todas estamos aquí por nuestros hijos”

Desde que salen los primeros rayos de sol, varias calles de la zona 2 de Ciudad de Guatemala se llenan de mujeres con escasa ropa. Caminan de un lado a otro entre pequeños hoteles y viviendas con cuartos en alquiler mirando su teléfono a la espera del primer cliente que les permita comprar la comida de esa jornada. Un motorista se dirige a una de ellas y, sin quitarse el casco para no ser reconocido por los vecinos, entra junto a la chica en una casa.


“A la gente le da miedo venir donde nosotras porque piensa que estamos infectadas y tampoco sabemos con quién nos metemos”

Una trabajadora sexual de Ciudad de Guatemala


Tras entregarle 130 quetzales, de los cuales 100 son para la mujer (12 euros) y 30 (3,6 euros) para pagar el cuarto, podrá mantener relaciones sexuales con ella durante 30 minutos. Eso sí, ambos sin quitarse la mascarilla y echándose gel en las manos como única protección para un trabajo donde es imposible el distanciamiento social. “Me da miedo porque no sabemos si nos traen la enfermedad del coronavirus”, reconoce Helen, una joven de 24 años, quien desde los 20 se dedica al trabajo sexual y que teme llevar la enfermedad a su casa donde viven sus dos hijos de siete y nueve años, y su hija de dos. En cuanto se va el hombre, Helen se afana en desinfectar la cama donde trabaja y se echa alcohol y gel en las manos.

Recalca que ella se dedica al trabajo sexual por sus hijos, si bien considera que sería un “poco vergonzoso” que los dos varones se enterasen de su profesión. “Pero igual le pido a Dios que a su edad lo sepan entender”. Asimismo, asegura que le da “temor” que cuando su hija sea más mayor, quiera también dedicarse al trabajo sexual al ver que su madre lo hizo: “Es algo difícil para mí, porque yo lo he sufrido y no quisiera que ella lo pase”.

“Todas estamos aquí por nuestros hijos y a veces, el mismo Gobierno nos los quieren quitar al considerar que les estamos dando un mal ejemplo sin saber que nos están arrebatando el motivo por el cual nosotras estamos acá”, denuncia Helen. Tras volverse a perfumar, la joven regresa a talonear en la calle en busca de otro cliente, pese al temor a contagiarse: “La gente piensa que una gana un dineral y qué ando haciendo aquí, pero somos como cualquier ciudadano, tenemos deudas y tenemos que seguir con nuestro día normal trabajando para dar de comer a nuestros hijos”.

Su compañera, Debi, madre de tres hijos de ocho, 10 y 12 años, lamenta la caída de clientes. “A la gente le da miedo venir donde nosotras porque piensa que estamos infectadas y tampoco sabemos con quién nos metemos”, opina. Además, revela que la policía y los vecinos las han querido sacar de las calles, si bien remarca que no se pueden ir porque ante la falta de ayuda estatal “no nos va a matar el coronavirus como dicen, sino que nos va a matar el hambre”.

La secunda Joisy, quien critica a los policías: “Nos miran mal, pero para nosotras es un trabajo como el que ellos hacen, aunque muchas personas no lo ven así y piensan que una está en la calle porque no tiene nada que hacer o porque nos gusta estar teniendo sexo por gusto, pero no es así”. Tras asegurar que le gustaría que legalizaran el trabajo sexual, subraya que siguen cobrando los precios habituales. “No podemos denigrar nuestro cuerpo o llegar casi al límite de regalarlo solo por la pandemia del coronavirus, a pesar de que los hombres están exigiendo bajarlos”, justifica.

Por su parte, Lidia regenta una de las casas en las que nueve mujeres mantienen relaciones sexuales a cambio de dinero: “La situación está difícil y la policía incluso se han querido llevar a las señoritas por estar en la esquina y nos hostiga amenazando que quiere cerrar el lugar que lleva abierto ocho años”. Sin embargo, remarca que no tienen ningún motivo, dado que ella no recibe a menores de edad que sí han llegado a su casa con la intención de alquilar uno de los cuartos para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.

A una hora de que inicie el toque de queda y vacíe las calles de Ciudad de Guatemala por completo, Lidia reprende desde la entrada de su casa a dos chicas de unos 20 años para que se levanten de un portal donde están sentadas mirando cada una su teléfono móvil. “Así no atraen clientes y yo debo pagar los 3.000 quetzales (360 euros) del alquiler de la casa y sacar mi sueldo, ya que según lo que ganan ellas, yo gano”, concluye esta mujer de 55 años, madre soltera de seis hijos y que ejerció el trabajo sexual durante 10 años.