Estigma y vergüenza

 

 

El estigma de puta es la vergüenza de ser puta. El estigma es externo e interno: el externo es el esfuerzo de la sociedad por avergonzar y el interno, la vergüenza que puede llegar a sentir la prostituta.

El esfuerzo por avergonzar se acompaña siempre de leyes y normas que limitan los derechos ciudadanos de las trabajadoras sexuales. Esas leyes y normas ven facilitada su aplicación por la imagen degradante que de la prostituta hacen continuamente los medios de comunicación, y a su vez, esas leyes y normas refuerzan esa imagen degradante.

El avergonzamiento externo debería ser ya una reliquia del pasado, como lo son el avergonzamiento por tener sexo fuera del matrimonio, por ser esposa adúltera, por ser madre soltera, por ser homosexual, etc. Con la conquista de los derechos individuales a la intimidad y a la decisión sobre el propio cuerpo y el cambio de la concepción del sexo de ser algo sucio y pecaminoso a ser una expresión de primer orden de la naturaleza humana, y el cambio de ser fuente inevitable de infecciones a ser algo que puede ser tratado con higiene y sin menoscabo de la salud, el estigma de puta debería haber desaparecido de la sociedad.

Pero algo se interpuso en el camino hacia la liberación del control moral de los curas: la aparición del feminismo abolicionista y su asquerosa alianza con los antiabortistas. Su esfuerzo continuado a lo largo de años, fuertemente financiado, ha impedido la desaparición —y, por el contrario, ha reforzado— el estigma, el criminal intento de avergonzar a las trabajadoras sexuales y hacerles la vida imposible.

El estigma interno es consecuencia del externo y es el que más daño hace a las trabajadoras sexuales. Induce sentimientos de pérdida de valor personal, de culpa, de vergüenza, de fatalismo… Paraliza a la trabajadora sexual en su lucha por conseguir sus derechos y facilita la explotación y la aceptación resignada de leyes injustas. Limita seriamente la calidad de vida, al obligar a llevar muchas veces una doble vida y a ocultarse como si una fuera una delincuente.

El estigma interno se vence el día que la persona reflexiona en que realmente no está haciendo nada malo, que el sexo que ella practica no es diferente del que practican todos los demás y que nadie se ve perjudicado por su trabajo. Pero a veces es difícil llegar a esa conclusión sin el fuerte apoyo entre compañeras y sin el apoyo de aliadas y aliados exteriores dispuestos a decir en público que las trabajadoras sexuales son mujeres dignas.

En todo caso, la eliminación del estigma interior no se puede lograr plenamente sin que desaparezca el externo, y éste no puede desaparecer si no se hacen desaparecer las leyes y ordenanzas que tratan a las trabajadoras sexuales como delincuentes y como personas incapaces de decidir por sí mismas y necesitadas, por tanto, de tutela.

Sólo el empoderamiento de las trabajadoras sexuales conseguirá echar abajo el estigma, y ese empoderamiento solo se alcanzará organizándose y luchando por los derechos.

Desde el momento que se dé el primer paso en ese sentido, estaremos empezando a quitarnos de encima la vergüenza y a arrojarla sobre quienes realmente la merecen: las abolicionistas mafiosas y criminales.

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CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, ESTADO SOCIAL Y DERECHOS DE LAS MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN

 

Magdalena Lorenzo Rodríguez-Armas

 

Universidad Carlos III de Madrid

 

Fecha de recepción: 21-9-2008. Fecha de aceptación: 30-9-2008.

 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/11671/1/Feminismos_12_10.pdf

 

 

  1. Introducción1

 

El objeto principal del presente escrito ha sido realizar un análisis sobre la problemática que gira en torno a la regulación de la prostitución y, de manera secundaria, reflexionar acerca de si la regulación de la misma puede favorecer, o no, la protección de las personas que ejercen la prostitución frente a la infección por VIH/SIDA.

 

El ámbito de estudio principal ha sido el español, para conocer en qué situación nos encontramos actualmente en nuestro país. Para llevar a cabo este trabajo, se han analizado los distintos modelos que desde el siglo die­cinueve han ofrecido un marco de regulación, más o menos complejo, de la prostitución en España. Nota característica de todos estos modelos es que la regulación que se ha realizado en ningún caso ha castigado, a excepción de la denominada «Ley de peligrosidad» de 1970 2, el ejercicio de la prostitución por cuenta propia.

 

Pero si la constatación del dato anterior es cierta, no menos cierto es que, hasta la fecha, no se conoce en nuestro país una regulación de la prostitución que parta de una previa regulación de los derechos de contenido sexual de la mujer, que permita construir un marco jurídico de regulación específico sobre este ámbito y que, por lo tanto, la regulación histórica que recibe esta actividad jamás ha tenido en cuenta ni la voz de sus protagonistas, ni la consideración de éstas como nuevos sujetos de derechos fundamentales 3.

 

Realizadas estas aclaraciones iniciales, el enfoque que hemos querido dar a este estudio parte de la consideración de las mujeres que ejercen la prosti­tución como tales sujetos de derechos fundamentales y, por lo tanto, sujetos a los que el Estado social deberá garantizar aquellos derechos, entre los que, sin duda, deberán recogerse todos aquellos que contribuyan a dotar de plenitud, de contenido jurídico recognoscible, su dignidad como personas y, al mismo tiempo, posibiliten el desarrollo pleno de su personalidad. Entre tales derechos entendemos que es hora de que el Estado social regule en positivo los derechos sexuales; lo que se quiere decir con esto es que los derechos de las mujeres en relación a su sexualidad y capacidad reproductiva merecen un reconocimiento legal específico en positivo, y no una exclusiva regulación de conductas tipificadas por la legislación penal en relación a la libertad sexual como la que se realiza en el vigente Código Penal, dentro de su Título VIII.

 

  1. El Estado social y los derechos de los «colectivos débiles»

 

2.1. El Estado como Estado social

 

El Estado español se caracteriza como «social y democrático de Derecho», fórmula de cuño constitucional que abre la regulación de la Constitución española de 1978 (en adelante CE): Art. 1.1 CE: «España se constituye en un Estado social y democrático de derecho (…)». El enfoque desde el que abordamos el presente trabajo pone el acento en el carácter social del Estado. Por Estado social se entiende, desde la perspectiva del Derecho constitucional, aquél que, además del reconocimiento de los derechos en su texto consti­tucional, garantiza su cumplimiento a través de mecanismos normativos y jurisdiccionales, con el impulso de políticas públicas encaminadas a la consecución de los «valores superiores del ordenamiento jurídico» y en particular, en esta materia, del valor (y, a la vez, derecho fundamental y principio de actuación de los poderes públicos) de la Igualdad.

 

En segundo lugar y, como consecuencia de lo anterior, es preciso enunciar como complemento fundamental de la caracterización del Estado como social, el principio recogido en el art. 9.2 del texto constitucional de 1978, en virtud del cual, el reconocimiento de los derechos básicos de sus ciudadanos, pilar fundamental del ordenamiento constitucional, sobrepasa el recono­cimiento formal realizado en el Título I de la Constitución (arts. 10 a 55 CE) y se completa con el principio de actuación de los poderes públicos en pro de la consecución material de aquellos derechos (art. 9.2 CE). No interesa en este momento la discusión doctrinal surgida en torno a la distinción entre Igual­dad de Iure e Igualdad de facto4 y las consecuencias que se derivan respecto de deducir de ellas derechos sustantivos, pero sí nos interesa que, junto al reconocimiento y garantía de los Derechos Fundamentales operado en el Tí­tulo I de la Constitución, ésta establece en su art. 9.2 que «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».

 

En tercer lugar, si atendemos al concepto de Estado social enunciado lí­neas atrás, se aprecia una vinculación directa con la idea de la Igualdad. La Constitución española regula la igualdad desde una triple perspectiva:

 

  1. La igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico:

 

-art. 1.1: «España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político».

 

  1. La igualdad como derecho fundamental:

 

-art. 14: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discrimi­nación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

 

  1. La igualdad como principio de actuación de los poderes públicos (art. 9.2 antes citado).

 

Una manifestación reciente del impulso de políticas públicas encaminadas a la consecución de la Igualdad, en este caso de mujeres y hombres, que ha ensanchado el marco regulador y protector del actual Estado social en nues­tro país, es la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres (en adelante LOIMH). En su exposición de motivos destaca «la necesidad de la acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover la igualdad real de mujeres y hombres». Con esta regulación la LOIMH desarrolla el precepto constitucional de la igualdad como derecho fundamental, complementándolo con la plasmación en un texto normativo con rango de ley orgánica de una serie de derechos que, si bien la necesidad de su regulación trae causa de la desigualdad existente entre mujeres y hombres respecto de todos los ámbitos de la vida (social, laboral, político, económico y cultural), va a beneficiar a ambos sexos en el ejercicio y disfrute de los mismos. Es importante hacer referencia a una ley de estas características, porque incide en el catálogo de derechos de las mujeres en re­lación con la conciliación de la vida familiar y laboral, la igualdad en el ámbito laboral, paridad, etc.

 

  • 2. Estado social y derechos de los «colectivos débiles»: en especial, los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución

 

Hoy día nuestros sistemas jurídicos pueden hacer gala de haber superado fa­ses ya históricas de reconocimiento de los derechos de los ciudadanos en sus textos constitucionales. También la introducción de garantías normativas y jurisdiccionales ha contribuido a dar un salto de gigante en la historia de ese reconocimiento, y ello es, sin duda, conditio sine qua non para la modernización de los textos constitucionales vigentes. Sin embargo, si bien el Estado ha alcanzado un grado óptimo de formalización de ese reconocimiento y sus garantías, le quedan aún pasos importantes que dar respecto a la garantía de los derechos de determinados sectores sociales menos favorecidos, a los que se ha dado en llamar, colectivos débiles5. Así, si el Estado tiene la res­ponsabilidad de garantizar la realización efectiva de los derechos respecto de sus ciudadanos, esta responsabilidad se acusa aún más respecto de aquellos que, por diferentes circunstancias, se encuentran en situación de desventaja social, como es el caso de determinados colectivos como son la infancia, la tercera edad, los discapacitados, los enfermos, los homosexuales, etc. Dentro de estos grupos, parte de la doctrina constitucionalista ha catalogado al grupo formado por las mujeres, considerándolo un colectivo de los «más débiles». Desde nuestro punto de vista, las mujeres no pueden ser consideradas un colectivo, si por tal entendemos la definición recogida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: «Perteneciente o relativo a una agrupa­ción de individuos». No parece correcto, al menos no desde una perspectiva demográfica, equiparar a las mujeres con un grupo minoritario de características similares, como puede darse en los supuestos recogidos anteriormente. Las mujeres conforman la mitad de la raza humana, por lo que denominarle colectivo en el sentido de minoría, no es ajustado. Lo que sí es evidente es que en determinados grupos, las situaciones de discriminación que puedan producirse, se ven agravadas cuando se dan respecto de esa mitad de la raza humana que conforman las mujeres.

 

Volviendo al argumento anterior, aquellos ciudadanos conforman secto­res de la sociedad que, históricamente y por distintos motivos, han padecido un tratamiento social y jurídico discriminatorio, y por lo tanto, la respon­sabilidad del Estado por corregir ese desequilibrio de base que sufren estos colectivos y garantizar al mismo nivel que el resto de ciudadanos sus dere­chos y libertades, debe ser mayor6. En el apartado siguiente trataremos la discriminación sexual de la mujer de manera más específica. A continuación nos preguntamos cuáles son los derechos de las mujeres que ejercen la prosti­tución comprometidos en este estudio, y su relación con el carácter social del Estado. Pensamos que en el cuadro de derechos habría que reunir al menos los siguientes7:

Primer bloque

Derecho a la igualdad (art. 14 CE) y principio de no discriminación por razón de sexo.

Derecho a la libertad (art. 17 CE): entre los que cabe regular,

  • – Derechos a la libertad sexual (libertad de decidir sobre su sexualidad y reproducción).

Cabe hablar, respecto de la mujer, de un contenido propio de su derecho a la libertad en el que habría que incluir los derechos sexuales. Por derechos sexuales entendemos todos aquellos relativos a la sexualidad de la mujer, su capacidad engendradora y reproductora y su libertad sexual, esto es, la libertad para mantener relaciones sexuales dentro y fuera de relación afectiva más o menos duradera. Para lograr una posición social de la mujer completamente equilibrada en derechos a la del hombre y que repercuta en todas las facetas de la vida, el Estado deberá reconocer esos derechos sin subsumir dicho reco­nocimiento en normas jurídicas aparentemente neutras. Sólo desde el recono­cimiento de la igualdad y libertad sexual de las mujeres y dejando ahora a un lado las consideraciones de orden económico relativas a la prostitución (por lo que a empoderamiento de las mujeres prostitutas se refiere8) cabe entender la posición que sostenemos respecto al ejercicio de la prostitución.

Por lo demás, estos derechos sexuales deberán ser desarrollados en textos legales que contemplen un régimen de garantías (normativas y jurisdicciona­les) para su ejercicio, que beneficien a todas las mujeres.

 

Segundo bloque

 

Derechos laborales y sociales.

– Derecho al trabajo (art. 35) (y los demás del art. 35).

– Derechos asistenciales y prestaciones sociales (art. 41 CE).

– Derecho a la salud (art. 43 CE).

 

El ejercicio libre e igual de estos derechos y libertades respecto de cual­quier ser humano, y en el caso que nos ocupa, respecto de las mujeres que ejercen la prostitución, darán plenitud al dictado del art. 10. 1 CE, donde se determina, como núcleo axiológico, raíz valorativa que fundamenta el orden político y la paz social de todo el ordenamiento jurídico español, entre otros, la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad y en ningún caso, cuando se habla de la prostitución ejercida de forma libre por persona adulta, cabrá hablar ante el reconocimiento de estos derechos de atentado contra su dignidad como per­sona9. Dicho de otra forma, el reconocimiento de los derechos de las mujeres que pertenecen a la minoría de las que ejercen la prostitución, incluidos los derechos sexuales, contribuyen a dotar a la dignidad humana (a la dignidad como personas de esas mujeres) de un contenido jurídico recognoscible que en absoluto permite hablar de atentado contra esa dignidad10.

 

Por otro lado, el reconocimiento específico de derechos sexuales a las mujeres, acompañado de políticas sociales concretas de sensibilización en el ámbito educativo y en el sanitario, encaminadas a la garantía en el ejercicio de los mismos del derecho a la salud de las mujeres (entre otros), contribuirá también a que aquéllas que deciden, en un momento determinado de su exis­tencia, dar un uso económico a su sexualidad, lleven al extremo la precaución ante la posible contracción de enfermedades infecto-contagiosas como el VIH/ SIDA. Sin poder entrar a analizar los aspectos sanitarios que una regulación de la específica actividad de la prostitución podría comprender, entendemos que la regulación de la prostitución beneficiaría a la mujer prostituta con medidas sanitarias adaptadas a su actividad laboral, como controles sanitarios específicos con cobertura social, derecho a prestaciones sociales equiparables a las de otros sectores laborales, etc.

 

  • 3. Estado social, prostitución y estudios de género

 

2.3.1. Prostitución y estudios de género

 

En este estudio abordamos los derechos de las mujeres que ejercen la prosti­tución, por lo que, si a la condición de mujeres, discriminadas social, política, económica y jurídicamente a lo largo de la historia de la humanidad, suma­mos la de mujeres que ejercen la prostitución, nos encontramos todavía con una mayor dificultad para garantizar sus derechos. En este sentido la LOIMH se­ñala que el Estado deberá tener una «especial consideración con los supuestos de doble discriminación, y las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres que presentan especial vulnerabilidad, como son todas las que per­tenecen a minorías, las mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad», sin hacer mención alguna a las mujeres que ejercen la prostitución sobre las que recae no ya una doble sino, en muchos supuestos, incluso una triple discriminación (la que viene aparejada por su condición de mujer, prostituta y, en muchos casos, pobre.) 11.

 

En consecuencia con lo anterior, entendemos que al tratar de los derechos de las mujeres que se prostituyen, debemos analizar el asunto desde la pers­pectiva de los estudios de género, de manera que se aborde la problemática existente en torno a su discutida regulación desde la óptica de la Igualdad ma­terial del art. 9.2 CE, complemento necesario de la igualdad formal del art. 14 CE como sostuvimos líneas atrás. En este sentido, parece necesario introducir en el debate sobre la regulación de los derechos de quienes ejercen la pros­titución todas las categorías propias del Derecho antidiscriminatorio (trans­versalidad, carácter integral de las medidas y principio de acción proactiva de los poderes públicos) para continuar avanzando en la investigación de género (social, jurídica, económica, cultural) integrando, también, estudios acerca de la actividad de las mujeres que, de forma libre y voluntaria, optan por el ejercicio de la prostitución. Y antes de abordar el análisis de los mismos, es conveniente hacer una reflexión al menos sobre dos de los siguientes asuntos:

 

  1. El lenguaje que se emplea al hablar de la prostitución y quienes la ejercen
  2. Reflexionar sobre la estigmatización que recae sobre la prostitución
  3. Reconstrucción del rol de la mujer en la sociedad
  4. Reconstrucción del rol del hombre en la sociedad

 

Es importante realizar a continuación un breve análisis de los dos primeros elementos enunciados. Hay que recordar que el lenguaje es un vehículo transmisor de ideas, de valores, de forma de entender el mundo y la vida (esa comprensión vital-total a la que los alemanes denominan die Weltansschauung o «concepción del mundo y de la vida») que se manifiesta respecto de la pros­titución como un elemento determinante en lo que a su consideración social se refiere (plano social) y, determinante también, en el lenguaje jurídico, es decir, en el tratamiento normativo que recibe la prostitución (plano jurídico). Para empezar a discutir acerca de los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución, es necesario cuestionar los términos con que tradicionalmente se ha denominado, debido a la enorme carga estigmatizante que comportan. Baste mencionar y reflexionar sobre alguna de las denominaciones que reci­be hoy día la mujer que ejerce la prostitución: puta, ramera, mujer pública, mujer de la calle, etc. En este sentido, se afirma que es más correcto hablar de mujeres que ejercen la prostitución (por cuanto no consolida a una persona en el ejercicio de una actividad) que de prostitutas12, que parece que consolida, posiciona a la mujer en esa actividad de por vida13.

 

En el plano social, el estigma que recae sobre la mujer que ejerce la prostitución (puta, ramera, mujer pública, mujer de la calle) es tan pesado, que se afirma que no existe punto de retorno, es un status social, con independencia de que se produzca un cambio de actividad.

 

En el plano jurídico, el lenguaje que emplea el legislador en la redacción de las normas (CE y todas las demás) debe adecuarse a la distinta realidad del sujeto de derecho «mujer»14, y no quedarse en la mera extensión de la eficacia de las normas redactadas «en masculino» a sujetos de derechos diferenciados; es fundamental en este sentido y, como se ha dicho ya desde otras disciplinas del conocimiento humano, «nombrar en femenino». Es preciso recoger en la letra de la ley «la otra manera de ser» (andersartigkeit según el Tribunal Cons­titucional federal alemán) de las mujeres, de lo contrario, como la realidad jurídico-social del hombre y lo relativo a su sexualidad no son extensibles a la mujer, se adecuan las de la segunda al primero, produciendo el resultado de la desigualdad material de mujeres y hombres.

 

2.3.2. Tipos de prostitución

 

Existe hoy día debate acerca de si cabe o no hablar de distintos tipos de pros­titución. Sin la convicción acerca de la existencia de diferentes tipos de pros­titución, no cabe hablar de modelos de regulación. Desde este punto de vista, entendemos que conviene partir de una necesaria distinción entre tipos de prostitución15: a) la prostitución que supone la explotación de personas, que tiene una componente clara de discriminación sexual y, por lo tanto, se co­rresponde con la situación de sumisión de la mujer que es forzada o inducida por el hombre a prostituirse y b) la prostitución libre y voluntaria, ejercida por personas mayores de edad y capaces.

 

Por otro lado conviene definir qué entendemos por prostitución, proxe­netismo, rufianismo y actividad de alterne. Se entiende por prostitución la venta de servicios sexuales a cambio de dinero u otro tipo de retribución. Por proxenetismo entendemos la determinación a la prostitución de otra persona y lucro a costa de esa actividad; el rufianismo es sinónimo de vivir a expensas de persona que se dedica a la prostitución y, finalmente, por actividad de al­terne se entiende la encaminada a estimular a los clientes a consumir y a hacer gasto en su compañía, percibiendo a cambio un porcentaje sobre las consumi­ciones realizadas en determinados clubes, bares y salas de fiesta.

 

 

  1. prostitución y su regulación en España

 

3.1. Modelos de regulación en general

 

Se distinguen tres modelos de tratamiento de la prostitución en los Estados de nuestro ámbito euroatlántico: el prohibicionismo, el abolicionismo y el regla­mentarismo o reglamentismo en sus vertientes decimonónica y actual. El pro­hibicionismo considera delictivo el ejercicio de la prostitución pues entiende que las prostitutas son mujeres desviadas, depravadas, ruines, delincuentes. Se penaliza a todos los que intervienen en la prostitución y por lo tanto se persigue tanto la oferta (prostituta y quien organiza o fuerza la prostitución, proxeneta y/o rufián) como la demanda (cliente).

 

En el abolicionismo se persigue el proxenetismo, sea individual u organi­zado, pero no se persigue la prostitución, que es entendida como una cuestión de desequilibrio de poder entre hombres y mujeres, que refleja el dominio de los primeros sobre las segundas. La prostituta es víctima de un sistema de explotación sexual y de desigual distribución de la riqueza y los recursos. Se pena al proxeneta y al cliente, pero no a la mujer prostituta.

 

Por su parte, el modelo reglamentarista o reglamentista es el que se decan­ta por dictar normas reglamentarias puntuales para regular algunos aspectos de la prostitución. Este modelo, desarrollado a lo largo del S. XIX y primera mitad del XX considera la prostitución una realidad social inevitable, un mal para la sociedad, pero «un mal menor» que viene a cubrir determinadas ne­cesidades al amparo de la afirmación de una naturaleza sexual distinta del hombre respecto de la mujer y no satisfecha en las relaciones matrimoniales existentes durante el siglo diecinueve. Por lo tanto, la práctica de la prostitu­ción es tolerada pero se considera que hay que regularla porque su práctica genera problemas de orden público (salud pública y bienestar ciudadano).

El reglamentarismo actual considera que el Estado no debe intervenir por tratarse de un asunto sexual y por lo tanto privado. Sólo lo deberá hacer para regular el aspecto económico y para terminar con situaciones de coacción. Al mismo tiempo, establecerá la obligatoriedad de controles sanitarios y policia­les de zonificación. Las medidas que implanta este modelo son, entre otras, la inscripción de las prostitutas en un registro específico, la vigilancia y visita médica obligatoria con el registro en cartillas sanitarias específicas de los con­troles médicos y la posibilidad de la hospitalización obligatoria si la prostituta padece enfermedades de transmisión sexual. Se deberán igualmente regular las zonas, que serán discretas y convenientemente acotadas, donde podrá ubi­carse la prostitución en las ciudades. Se regulará, por último, lo relativo al establecimiento y actividad de las «casas de tolerancia» o mancebías.

 

3.2. Modelos de regulación en Europa: síntesis de los modelos sueco, francés, holandés y alemán16

 

El modelo sueco de regulación de la prostitución es el denominado neoaboli­cionista, implantado por la «Ley de prohibición de compra de servicios sexua­les» de 1 de enero de 1999. En virtud de este modelo se castiga a todo aquél que «obtenga una relación sexual ocasional a cambio de dinero», esto es, al cliente; y se mantiene la prohibición ya existente del proxenetismo. Con este modelo se prohíbe la prostitución por el lado de la demanda, con el objeto de acabar eliminando también la oferta y lograr el fin de la abolición de la prostitución. Se acompaña esta legislación con un amplio paquete de medidas de reinserción socio-laboral de las mujeres prostitutas, a las que se considera víctimas.

 

En Francia se sigue un modelo prohibicionista, que ha introducido con la Ley núm. 2003-239, de 18 de marzo importantes modificaciones en la legisla­ción penal en materia de prostitución, ampliando las conductas sancionables penalmente en relación a ella. Se introducen nuevas formas de proxenetismo y conductas afines como el rufianismo, se penaliza el racolage o «captador de clientes» y se hace prácticamente inviable cualquier modalidad de estableci­miento público dedicado a la prostitución. Asímismo, se penaliza al cliente en determinados casos, como cuando mantenga relaciones sexuales remu­neradas con personas que presenten una vulnerabilidad relacionada con una enfermedad, una deficiencia física o psíquica, o una situación de embarazo.

 

Si en los dos ejemplos anteriores el objeto de las legislaciones es terminar con la prostitución, en los dos modelos siguientes la finalidad de su normativa es el reconocimiento y garantía de los derechos de las personas que ejercen la prostitución. En Holanda, primer país de la Unión Europea en regular la pros­titución como trabajo asalariado o como trabajo ejercido de forma autónoma, se reguló a través de la Ley de 27 de septiembre de 2000, que suprimió la pro­hibición general de los burdeles, regulándose su ubicación y su autorización administrativa a través de licencias municipales. Este modelo contempla el alta de quienes ejercen la prostitución en la Seguridad Social y la sujeción de su actividad al derecho laboral. Mientras, en Alemania, la legalización de la prostitución vino de la mano de la Ley para regulación de las relaciones jurídi­cas de las personas prostituidas de 20 de diciembre de 2001, conocida común­mente como la «Ley de prostitución». Esta norma fue complementada con la modificación del Código Penal alemán, que suprimió el delito de fomento o promoción de la prostitución y lo sustituyó por el de explotación de las per­sonas prostituidas. Esta ley reconoce la validez de la relación contractual de quien ejerce la prostitución y su cliente (y por lo tanto se considera el objeto del contrato lícito) y, en línea con lo anterior, se considera la prostitución co­mo un empleo a efectos del alta en la Seguridad Social.

 

3.3. Regulación en España

 

3.3.1. Etapa reglamentarista (S. XIX y XX – 1956)17

 

Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX se sigue en España el modelo de reglamentarismo decimonónico antes expuesto. Comienza el tra­tamiento con normas de rango reglamentario que tuvieron en la mayoría de los casos un ámbito de aplicación local (municipal o provincial) y que hasta la primera década del siglo XX no será regulada en normas de carácter gene­ral o estatal. Todas ellas contenían disposiciones en materia de salud y orden público. Son ejemplo de la primera el Reglamento especial de la Sección de Higiene de la prostitución de Madrid de 1877; de la segunda es representativo el Reglamento de Higiene de la Prostitución aprobado por la Real Orden de 1 de marzo de 1908.

 

Por su parte, la legislación penal se limitaba a regular como faltas la «in­fracción de los reglamentos de policía en lo concerniente a mujeres públicas» (Códigos Penales de 1948 y 1870) y sólo a partir de 1904 los códigos penales recogerán un amplio catálogo de conductas tipificadas como delito en rela­ción a la prostitución (trata de blancas y prostitución de menores).

 

3.3.2. Etapa abolicionista (1956-1995)

 

A partir del Decreto-Ley de 3 de marzo de 1956 y de las reformas del Código Penal de 1961 y 1963 se producirá una nueva regulación de delitos relativos a la prostitución en cumplimiento del Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, firmado en el seno de Naciones Unidas, en Lake Success (Nueva York) el 2 de diciembre de 1949. En dicho convenio se prohíbe el proxenetismo y la prostitución ajena con las siguientes palabras:

 

Artículo 1: Las partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra:

  1. Concertare la prostitución de otra persona, la indujere a la prostitu­ción o la corrompiere con objeto de prostituirla, aun con el consentimiento de tal persona;
  2. Explotare la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de tal persona.

Artículo 2: Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimis­mo a castigar a toda persona que:

  1. Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento;
  2. Diere o tomare a sabiendas en arriendo, un edificio u otro local, o cual­quier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena.

 

 

Y añade en su «Artículo 6: Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cual­quier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación».

 

A la luz de este convenio, en España se declara la prostitución como actividad ilícita y se prohíben las mancebías y casas de tolerancia. Por otra parte, para supervisar el control del cumplimiento de esta nueva ley sobre prostitución, se encomienda al Patronato para la Protección de la Mujer la tutela y reeducación de las prostitutas y su reinserción laboral y se crearán instituciones especializa­das, de carácter no penitenciario, para llevar a cabo medidas de prevención en este terreno. Por último, y por lo que respecta a la legislación penal, el Código Penal sufrirá una modificación importante que incluirá, junto a la tipificación de la prostitución de menores y la prostitución coactiva, la prostitución ejerci­da por cuenta ajena y diversas formas de proxenetismo y rufianismo.

 

Así, el Código Penal, tras su última modificación18, operada en esta etapa (año 1963) castiga, en sus artículos 452 bis d) y 452 bis c), al «dueño, ge­rente, administrador o encargado del local, abierto o no al público, en el que se ejerza la prostitución u otra forma de corrupción, y toda persona que a sabiendas participe en su financiamiento»; y «a quien a sabiendas, sirviera a los mencionados fines en los referidos locales», así como a «los que dieren o tomaren en arriendo un edificio o local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución o corrupción ajenas» (proxenetismo), incluyendo en este concepto amplio de proxenetismo «cualquier forma organizada o empre­sarial del ejercicio de la prostitución»; castigaba, también, a «quien viviere en todo o en parte a expensas de la persona o personas cuya prostitución o corrupción explote» (rufianismo). Sin embargo, no se prohíbe la prostitución ejercida de forma independiente por personas adultas si bien se consideraba «tráfico ilícito», por lo que no podía ser regulada ni por el derecho público ni por el derecho privado.

 

Es significativa en esta etapa otra ley que sí avanza en la incriminación de la mujer que ejerce la prostitución. Nos referimos a Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social. En esta ley se considerará «sujeto peligroso» y por lo tanto susceptible de aplicación de determinadas «medias de seguridad», además de a los «rufianes y proxenetas», a las «perso­nas que ejerzan habitualmente la prostitución». Esta Ley, como es sabido, fue derogada con la modificación del Código Penal de 1995.

 

 

3.3.3. Etapa de tolerancia normativa (1995-2003)

 

El Código Penal de 1995 abandona la corriente abolicionista y reduce los tipos delictivos en relación a la prostitución: el artículo 187.1 Cp castiga al que «induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de una persona menor de edad o incapaz» y «la determinación a que alguien ejerza la pros­titución a través de coacción, engaño o abuso de una situación de necesidad o superioridad». Por su parte, el artículo 188 Cp castiga a quien «determine, coactivamente, mediante engaño o abusando de una situación de necesidad

o superioridad, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a man­tenerse en ella…», y a quienes lo hagan «prevaliéndose de una condición de autoridad pública, agente de éste o funcionario público».

 

Despenaliza la prostitución voluntaria, el rufianismo y las diversas formas de proxenetismo no viciado por coacción. Al amparo de este código se dictaron reglamentos que permitían la prostitución por cuenta ajena, como la Ordenanza Local sobre establecimientos públicos destinados a la prostitución, de 12 de mayo de 1999 en el Ayuntamiento de Bilbao o el Decreto 217/2002, de 1 de agosto por el que se regulan los Locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución de la Generalitat de Cataluña. A raíz de esta legislación penal se abre el debate sobre una supuesta liberalización de la prostitución por cuenta ajena, la realizada en clubes o locales de alterne.

 

Ello impulsa la creación de asociaciones de «empresarios del sexo» que reclaman el pleno reconocimiento y la regulación legal de su actividad19.

 

3.3.4. Retorno al abolicionismo

 

La modificación del Código penal introducida mediante la LO 11/1999, de 30 de abril, incorpora en el artículo 188 los conceptos de intimidación y vul­nerabilidad como nuevos elementos susceptibles de viciar el consentimiento de quien se prostituye. Así el artículo 18820 castiga al que «determine, em­pleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses». La modificación que se realiza mediante la LO 11/2003, de 29 de septiembre, incorpora el delito de lucrarse explotando la prostitución de otra persona aún con el consentimiento de ésta, aparejándole la misma pena que la prevista

para el delito de determinación a la prostitución. Establece el artículo 188 que «el que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la vícti­ma, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses». En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma.

 

Con esta última legislación se vuelve a los postulados abolicionistas del Convenio de Nueva York. Sin embargo, la legislación no es unívoca en la in­terpretación que de ellas hacen los tribunales al aplicarla, porque sólo castiga el proxenetismo que conlleva explotación y no la prostitución ejercida por cuenta propia, en la que no existe vínculo de subordinación de la prostituta con quien le sirve una infraestructura o local y le cobra por ello.

 

Los Tribunales de Justicia del orden social han hecho en su interpretación diferenciación entre la actividad de alterne (permitida) y la de prostitución por cuenta ajena (penalizada) y han entrado a la valoración acerca del carácter laboral o no de la prostitución. En términos generales se considera la activi­dad de alterne lícita y se asimila a la conducta de «quien trata a los clientes, para estimularles a consumir y hacer gasto en su compañía, percibiendo un porcentaje sobre las consumiciones (salas de fiesta, bares)».

 

Con todo, el panorama legal actual de la prostitución en España se re­sume hoy con lo siguiente: se distingue la prostitución por cuenta propia y por cuenta ajena, entendiendo que hay tolerancia legislativa respecto de la primera, esto es, la prostitución por cuenta propia ejercida de forma libre y voluntaria por persona mayor de edad y capaz. Respecto de la prostitución por cuenta ajena se interpreta como actividad de explotación (determinación, inducción, coacción, situación de especial vulnerabilidad) y por lo tanto es ilegal, si bien queda fuera de esta consideración la denominada «actividad de alterne» (como se ha visto declarada «lícita» por la jurisprudencia de ámbito social) que se interpreta ajustada a una relación laboral y por lo tanto el objeto de su actividad es considerado lícito y no equiparable a la prostitución por cuenta ajena.

 

Conviene recordar la legislación civil vigente en España en relación al objeto de los contratos y a la causa de los mismos. Establece el Código Civil en su artículo 1.271 que podrán ser «objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres» y que es ilíci­ta la causa del contrato «cuando se opone a las leyes o a la moral». En este sentido se entiende que la prostitución, que tiene por objeto la prestación de servicios sexuales, es ilícita, y por lo tanto no puede ser desarrollada como actividad laboral mediante ley, por ser dicho objeto «contrario a las buenas costumbres»… o «a la moral». En este punto nos parecería interesante que se suscitase un debate social sobre qué se entiende en la actualidad por «buenas costumbres» o por «moral».

 

En definitiva, la situación legal actual de la prostitución en España es la impunidad de la ejercida por cuenta propia, mientras que se persiguen penalmente determinados hechos cometidos por terceras personas en el entorno de las conductas mismas de prostitución. Ni la Constitución prohíbe la prostitución, ni impide su eventual prohibición legislativa, ni obliga a su reconocimiento jurídico como trabajo sino que permite una amplia libertad de configuración por parte del legislador 21. En este sentido, entiende la doctrina que la configuración/determinación de los perfiles válidos del ejercicio de la prostitución puede venir de la mano de la jurisprudencia de los tribunales ordinarios y del Tribunal Constitucional. No obstante esto, y como hemos venido afirmando a lo largo de estas páginas, una regulación en positivo de los derechos sexuales, evitaría colocar a la justicia en el papel del legislador. En este sentido, es relevante la doctrina del Tribunal Constitucional que, en su sentencia 129/1996 recuerda que «es tarea del legislador determinar la re­gulación relativa a la prostitución» y, declara que «tan conforme es a la Cons­titución… que un hecho que hasta un determinado momento es penalmente típico deje de serlo, o viceversa, o que sobre él, el legislador establezca una diferente pena en el aspecto cualitativo o en el cuantitativo. Los procesos de auténtica criminalización y descriminalización, o de aumento o reducción de penas, responden a una serie de circunstancias que generalmente afectan a la sensibilidad social frente a determinados comportamientos, que al ser captada por el legislador en cada momento histórico, da lugar a una distinta reacción del ordenamiento jurídico, desde la perspectiva penal (…)». En línea con esta doctrina, consideramos necesario que el legislador afronte su responsabilidad en esta materia, y saque del limbo jurídico el ejercicio de la prostitución libre y voluntaria, realizada por persona mayor de edad y capaz, y dé cobertura legal mediante la regulación de los derechos sexuales a dicha actividad, para garantizar los derechos del orden laboral, social y económico de las mujeres que optan por esta actividad.

 

  1. Consideraciones finales a modo de conclusión

 

Como reflexión final entendemos que el Estado de Derecho debe perseve­rar en su lucha contra la prostitución forzada y el tráfico de personas, para erradicar las situaciones de violaciones de derechos existentes en las socieda­des actuales y, en el ámbito de este estudio, debe luchar de manera especial contra la explotación sexual para acabar con la discriminación que por razón de sexo ha sufrido la mujer a lo largo de la historia. En esta línea, el Estado social del S. XXI debe reconocer y regular sobre derechos sexuales no explici­tados en el texto constitucional español, si pretende lograr la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. A este respecto, el reconocimiento de los derechos sexuales previo a la regulación sobre la prostitución libre, garantizará el ejer­cicio de los derechos fundamentales, principalmente del orden social a las personas que ejercen la prostitución, contribuyendo con ello a la protección de, entre otros, su derecho a la salud frente a la contracción de enfermedades de transmisión sexual como el VIH/SIDA.

 

En suma, consideramos que el Estado de Derecho tiene que superar la histórica aversión a la posibilidad de una regulación legal de la prostitución libre, para lo cual es necesario contribuir a generar un debate social amplio, en el que se implique a todos los actores sociales y se posibilite dialogar acerca de los valores y principios de nuestra sociedad, partiendo de los postulados propios de todo Estado social y democrático de derecho y que incluya a todos los ciudadanos, independientemente de sus creencias religiosas.

 

Para finalizar, nos sumamos a quien, como Mestre i Mestre, sostiene que la respuesta a la prostitución, en clave de igualdad, puede darse no sólo en términos de abolición, sino en términos de reconocimiento de derechos.

 

 

El nuevo gobierno holandés penaliza aún más la prostitución

 

Felicia Anna

8 de octubre de 2017

 

http://behindtheredlightdistrict.blogspot.com.es/2017/10/new-dutch-government-criminalizes.html

 

Los Países Bajos están formando un nuevo gobierno, y parece estar casi terminado con sus propuestas. Ahora se están elaborando los últimos detalles de sus acuerdos y uno de ellos se refiere a la nueva política de prostitución. La nueva política de prostitución podría haber ido en cualquier sentido, ya sea a favor de las trabajadoras del sexo o contra ellas, ya que la nueva coalición está formada por VVD (liberales) y D66 (demócratas), pero también por dos partidos cristianos, CDA y ChristenUnie. Y especialmente el ChristenUnie es de una línea dura contra la prostitución, a pesar de que hábilmente la disfraza como una política de lucha contra la trata de seres humanos.

Hoy, sin embargo, se anunció que la nueva política de prostitución incluirá una prohibición del proxenetismo, criminalizando a cualquier proxeneta sin licencia. Y sí, sé lo que estáis pensando. ¿Podrían los proxenetas obtener licencias en los Países Bajos? Bueno, no. Por lo menos, no lo que la mayoría de la gente piensa que son proxenetas. Debido a que es exactamente donde la ChristenUnie tiene la ventaja: están mucho mejor informados sobre la prostitución, y lo están usando contra nosotras. Porque otros partidos pro-prostitución en general como D66 están menos informados, y el ChristenUnie está jugando muy bien esta carta durante las negociaciones.

Ni siquiera los informes de prensa saben qué es realmente el nuevo plan. Algunos informes de noticias reportan que la prohibición de los proxenetas será reintroducida. Otros informan que los “proxenetas ilegales” no sólo serán multados, sino que incluso irán a la cárcel. Pero la pregunta, por supuesto, es ¿puede una persona ser un proxeneta legal? Porque ¿hay algo como una licencia proxeneta? Bueno, no. No hay licencia para los proxenetas en los Países Bajos, así que por definición, todos los proxenetas son ilegales.

Ahora, para aquellos de vosotros que estáis pensando: ¿cómo es que los Países Bajos nunca han penalizado a los proxenetas? Bueno, si estás pensando en personas que obligan a las mujeres a la prostitución y / o las explotan, ya están penalizados, ya que esto se llama trata de personas. Así que si esto es lo que estáis hablando, un proxeneta simplemente se llama un tratante de personas, y esa persona ya es un delincuente por la ley holandesa. En resumen, esta nueva ley no combate la trata de personas, la prostitución forzosa ni la explotación. Pero parece estar hablando de algo más que un simple tratante de personas.

Es difícil determinar qué quiere decir exactamente la nueva coalición con proxeneta, ya que a menudo la gente no tiene ni idea de cuál es la definición de un proxeneta. Pero si tenemos que creer en los informes de noticias, están hablando de “personas que se benefician financieramente de las prostitutas”. Y el nuevo plan es penalizar a las personas que hacen esto sin una licencia.

Entonces, ¿quién será exactamente el blanco de esta nueva ley? Bueno, la lista de personas que podrían considerarse “personas que se benefician financieramente de prostitutas sin licencia” es muy larga. Por ejemplo, mi contable se beneficia financieramente de prostitutas, y él no tiene una licencia de prostitución. O, por ejemplo, mi madre, a quien frecuentemente envío dinero, para ayudarla. Pero la lista se hace mucho más larga. Por ejemplo chóferes que llevan a chicas escorts. O qué pensar de los chicos de seguridad, que protegen a las prostitutas de daños: tampoco tienen una licencia de prostitución.

En resumen, hay un montón de gente que se benefician de las prostitutas financieramente sin tener una licencia. Pero eso no los convierte en personas malas. De hecho, muchas de estas personas nos ayudan. Pero eso podría ser exactamente el plan de ChristenUnie: hacer nuestro trabajo mucho más difícil y reducir lentamente la prostitución en los Países Bajos de esta manera.

Pero lo más importante, esto no ayuda a combatir la trata de personas. Después de todo, sólo por penalizar a un grupo más grande de personas, no resulta más fácil encontrar pruebas en casos de trata de personas. Lo único que hace, es meter a mucha más gente en la cárcel sin razón. La otra cosa es que sólo hace que las vidas de muchas trabajadoras del sexo sean más difíciles. Y cuanto más difíciles sean sus vidas, más dependerán de los demás, y eso las hará vulnerables a la trata de personas. En resumen, esta ley sólo aumentará drásticamente la trata de personas.

Por supuesto, esto también resultará en más personas que son detenidas y finalmente condenadas. Y una vez que eso ocurra, la ChristenUnie tendrá estadísticas que muestren que el número de personas condenadas por beneficiarse de las prostitutas ha aumentado mucho, y dirá que su enfoque funciona, y más personas terminarán en la cárcel siendo realmente inocentes. En resumen, esta ley es extremadamente peligrosa, y me hace preguntar hasta dónde llegarán para etiquetar a las personas que “se benefician de la prostitución”. Quiero decir, ¿pronto detendrán también a los empleados del banco, porque el banco se está beneficiando de mí como prostituta, y no tiene una licencia para esto? Así que eso significa que los bancos van a empezar a rechazarme por miedo a ser vistos como proxenetas ilegales.

Y las cosas pueden salirse de quicio. Por ejemplo, incluso el supermercado se beneficia de que yo sea una prostituta. ¿Van a detener a la gente del supermercado? ¿Y eso significa que ellos también me rechazarán si descubren que soy una prostituta? En resumen, ¿tengo que empezar a ocultar el hecho de que soy una prostituta, por temor a que las personas que se benefician de mí no me dejen seguir comprándoles cosas o utilizar sus servicios? ¿Y esto no nos hace mucho más vulnrables?

Si nadie quiere hacer negocios con nosotras ya, porque serían considerados criminales, las únicas personas que todavía querrán hacer negocios con nosotras, son los verdaderos criminales, porque sabrán que somos vulnerables, para poder explotarnos mucho más fácilmente. En resumen, ¿esto no es sólo un atajo para entregar toda la industria a los criminales?

Lo más extraño es que utilizan el hecho de que la prostitución ilegal está creciendo como un argumento. Después de todo, la razón por la que la prostitución ilegal está creciendo en los Países Bajos, es debido al hecho de que ciudades como Ámsterdam, ha cerrado tal cantidad de burdeles de ventanas, por ejemplo. En resumen, esto es un resultado de sus propias regulaciones, no porque haya tantas prostitutas a las que les encanta trabajar ilegal. Las trabajadoras sexuales quieren trabajar legalmente, pero las ciudades lo hacen imposible al reducir los puestos de trabajo para las prostitutas en más del 40%.

En resumen, si realmente quieren reducir la prostitución ilegal, no deben ir a por las personas que se benefician de las prostitutas, sino que deben darnos los lugares de trabajo que hemos perdido debido a proyectos de gentrificación tales como el proyecto 1012 en Amsterdam, y el cierre de las ventanas de los barcos en Utrecht.

El derecho a prostituirse resume todos los derechos de las mujeres frente al patriarcado

 

 

El derecho de las mujeres a prostituirnos —es decir, a intercambiar sexo por bienes de otra naturaleza fuera del matrimonio— está reconocido por la Constitución y las leyes españolas y no es negado por ningún organismo internacional.

 

Esto puede sorprender a quien lo lea, ya que en España los medios de comunicación, los partidos políticos y, en general, el activismo abolicionista, tanto el confesional como el laico, tienden a referirse a la prostitución como si fuera un delito, en un intento de confundir a la opinión pública. En los casos, cada vez menos frecuentes, en los que les queda un atisbo de vergüenza, se refieren a la prostitución como “alegal”, queriendo dar a entender que si no está prohibida es por un descuido o una desidia de los legisladores, aunque ellos se cuidan mucho de promover su prohibición, sabiendo como saben que para eso tendrían que cambiar la Constitución democrática y abolir las libertades civiles.

 

El derecho a la prostitución está amparado en España por la Constitución y las leyes, ya que, al ser un Estado democrático, está permitido todo lo que no está prohibido, y está prohibido impedir el libre ejercicio de todo lo que está permitido.

 

El ejercicio de la prostitución no sólo es un derecho reconocido en España, sino que es un derecho particularmente protegido. Hay leyes específicas para defender a las prostitutas de la explotación y la esclavitud, de forma que puedan actuar con total libertad y puedan disponer libremente de sus ganancias íntegras. No existe otro sector laboral que esté tan específicamente protegido como el del trabajo sexual.

 

El trabajo sexual está reconocido como trabajo por la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos internacionales. También en España, aunque sólo bajo la modalidad de trabajo autónomo. La falta de reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales por cuenta ajena es una anomalía que sólo se explica por la corrupción política que favorece los intereses de los empresarios frente a los de las trabajadoras, en este caso con la abierta complicidad de los sindicatos de clase.

 

Los derechos de las mujeres conculcados por el patriarcado pueden dividirse en derechos sexuales y derechos económicos.

 

La opresión sexual supone negar el derecho a disponer libremente del propio cuerpo. Sometidas por las leyes patriarcales, las mujeres debían conservar su virginidad hasta el matrimonio y, una vez casadas, debían mantenerse fieles y estar siempre dispuestas a cumplir su “deber conyugal”, es decir, que no existía el delito de violación dentro del matrimonio. Tampoco tenían derecho a abortar bajo ningún supuesto, grave delito castigado con severas penas de cárcel. Y la prostitución, o estaba perseguida o estaba estrictamente regulada con leyes que negaban a las prostitutas todo una serie de derechos fundamentales.

 

El derecho a disponer libremente del propio cuerpo encuentra su plena expresión en el derecho a la prostitución. Suprimidas felizmente en España las modalidades mayoritarias de opresión sexual patriarcal, subsiste sin embargo una amenaza permanente sobre el derecho a la prostitución de las mujeres. Poderosos grupos de presión que incluyen a poderosas organizaciones patriarcales antibortistas, entre otras, intentan mediante argucias prohibir de facto la prostitución. Por eso, la defensa de este derecho supone la plena defensa del derecho a la independencia sexual y al dominio sobre el propio cuerpo de las mujeres, y resume y es la garantía de las modalidades mayoritarias del mismo.

 

Los derechos económicos de las mujeres conculcados por el patriarcado encontraban su máxima expresión en el matrimonio clásico, que sometía a la esposa a la plena dependencia económica del marido, y en la legislación laboral que discriminaba negativamente a las mujeres, sometidas además a la explotación de los trabajos domésticos y reproductivos no pagados y obligadas a cargar, en el caso de las madres solteras, con todo el peso de la crianza de los hijos.

 

Ha desaparecido la dependencia obligada por ley dentro del matrimonio, pero no las otras. Castigadas especialmente por la precariedad dentro de un sistema capitalista abiertamente machista, las mujeres deben enfrentar particulares necesidades de supervivencia. Y el derecho a disponer del propio cuerpo siempre ha supuesto una posibilidad particular de supervivencia explotando las imperiosas necesidades sexuales masculinas, no siempre satisfechas con el matrimonio.

 

El derecho a disponer del propio cuerpo y el derecho al libre intercambio económico que garantizan la Constitución y las leyes en España, permite a algunas mujeres compensar la discriminación patriarcal remanente que las condena a la precariedad y, al liberarse ellas, contribuyen a la liberación de todas.

 

El derecho a prostituirnos resume todos los derechos de las mujeres frente al patriarcado y la pérdida de ese derecho, por el contrario, nos llevaría a las mujeres de vuelta bajo el dominio patriarcal, el mismo que, bajo la falacia de querer protegernos de nuestra propia sexualidad, busca perpetuar su dominación sobre las mujeres en todos los órdenes de la vida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feminismo, prostitución y Estado

 

Feminism, Prostitution and the State: The Politics of Neo-Abolitionism

(Routledge Studies in Gender and Global Politics) 1st Edition

by Eilis Ward (Editor), Gillian Wylie (Editor)

 

 

http://www.readcube.com/articles/10.4324/9781315671437?author_access_token=CxraL-EyfweRmqUaUzp2mQLBIUWHziPdsn0vlMIwK3ThNDVrYF1U09lJam69h-SodlczmV0NZUKK01qmtoYPJFef4Z75mtJ9an59l6BUqDhUsnvQESsuxF-4WBPTmZ-U

 

INTRODUCCIÓN

Ellis Ward y Gillian Wylie

Introducción al neoabolicionismo: definición, conductores y debates

Cuando el gobierno sueco adoptó su Ley de Compra de Sexo en 1999, era difícilmente imaginable que la medida daría prestigio al Estado sueco al presentarlo como un supermodelo global para las políticas de prostitución en las décadas siguientes.

Aunque tradicionalmente las políticas de prostitución no han recibido mucha atención política —con algunas notables excepciones, como Nueva Zelanda y los Países Bajos—, los Estados del mundo occidental han empezado recientemente a debatir el comercio sexual como una prioridad urgente y un ámbito de acción imperioso. Dentro de estos debates, una opinión es siempre vociferante y de hecho domina en varias organizaciones internacionales y Estados-nación: que criminalizar a los que compran sexo está funcionando en Suecia y forzosamente lo hará en otros lugares para reducir el comercio sexual y, lo que es más importante, reducir la trata con fines de explotación sexual.

Para los académicos hay mucho que analizar en este fenómeno y mucha complejidad que es necesario desenredar. Una cuestión central que requiere un análisis es la pregunta a menudo planteada: ¿cómo ha llegado a dominar este modelo neoabolicionista la forma en que muchos gobiernos y organizaciones de la sociedad civil piensan acerca de la prostitución y el comercio sexual? Esta pregunta está en el corazón de este libro.

Este libro intenta ofrecer algunas explicaciones para la influencia creciente del neoabolicionismo, documentadas en estudios de casos de activismo político y prácticas estatales en un número selecto de jurisdicciones. Nuestro interés está en una evaluación crítica del surgimiento y ascenso del neoabolicionismo y su fundamento en un conjunto de creencias sobre su éxito en el ejemplo, es decir, Suecia. La política de Suecia ha sido legitimada a su vez por un fuerte discurso internacional que ha influido con éxito en cómo actores políticos y civiles piensan en la prostitución y el comercio sexual a principios del siglo XXI.

Ahí radica el desafío tanto para los responsables de la política como para los académicos. Mientras que los defensores del neoabolicionismo —sean activistas feministas radicales, grupos de presión religiosos o políticos— afirman que ésta es la única respuesta a las cambiantes circunstancias del comercio sexual de hoy, otras voces critican tanto las suposiciones contenidas en el modelo como su idoneidad como una respuesta de ‘talla única para todos”. Por lo tanto, el debate se ha polarizado y la compleja realidad de reconocer múltiples posiciones, múltiples situaciones y la relevancia del contexto al crear políticas alrededor del comercio sexual se ha vuelto algo desorientada. De hecho, el poder ejemplar de Suecia como modelo se refleja en el foco central de este libro en sí mismo: cómo explicar la manera en que este enfoque ha llegado a establecerse como la norma contra la cual todos los demás son medidos.

Antes de entrar en las discusiones que siguen, es necesario aclarar lo que se entiende por neoabolicionismo. El neoabolilionismo puede concebirse como una nueva versión de un enfoque establecido de la prostitución, el abolicionismo, que busca cerrar los espacios y lugares donde se practica el sexo comercial. Esto funciona criminalizando las actividades relacionadas con el trabajo sexual como el proxenetismo, la especulación, el vivir de los ingresos de la prostitución, la organización, y así sucesivamente. Podemos pensar en esto como un régimen que intenta estrangular el “suministro” criminalizando sus tecnologías, humanas o de otro tipo, pero que, sobre el papel al menos, no castiga a la vendedora.

El neoabolicionismo continúa argumentando que los Estados deben intentar abolir la prostitución, pero cambia la atención hacia la demanda como el pivote para este objetivo final. Si la demanda de sexo comercial es un crimen, entonces la oferta se marchitará en la vid. Este cambio se adoptó por primera vez en el mundo occidental en Suecia como parte de su programa de feminismo radical y postuló el sexo comercial, en el cual las mujeres eran vendedoras y compradoras de hombres, como una expresión inaceptable y violenta del patriarcado, que requería una intervención estatal mejorada. Así pues, se concibió como una política destinada a abolir la prostitución per se. A través de un proceso descrito en otro lugar (véase Swanstrom en este volumen), rápidamente se reelaboró nuevamente para incluir el objetivo de combatir la trata de mujeres con fines de explotación sexual, en respuesta a la presencia de mujeres inmigrantes en el comercio sexual sueco y convirtiéndose así en una premonición de los marcos internacionales de lucha contra la trata que luego emergieron en la ONU, la UE y otros lugares.

Esta breve historia social de la idea aísla los dos temas que definen el neoabolicionismo. En primer lugar, entiende la prostitución en sí como una forma de violencia contra la mujer, de acuerdo con los relatos feministas radicales de las relaciones de género y el poder de género. En segundo lugar, considera que la prostitución y la trata sexual son inseparables tanto desde el punto de vista conceptual (cómo pensamos en ellas) como en términos de leyes (cómo los Estados responden a ellas). Por lo tanto, el neoabolicionismo desagrega la “trata sexual” de otras formas de trata (como la laboral o el tráfico de órganos) y, en términos de política, desvincula la prostitución de los marcos de política social tales como la reducción de daños y las medidas contra la pobreza y se centra en cambio en las respuestas de la justicia penal y la aplicación de la ley.

Desde que la Ley de Suecia entró en vigor en 1999, Finlandia y Noruega, Irlanda del Norte, Francia y la República de Irlanda han adoptado o están a punto de adoptar el neoabolicionismo, aunque no siempre fielmente. En Irlanda del Norte, por ejemplo, las mujeres que venden sexo en grupos de más de una persona pueden ser procesadas ​​por propietarias de prostíbulos, produciendo así una extraña variante del neoabolicionismo que concibe a la persona que vende sexo como víctima y perpetradora de un delito al mismo tiempo, lo que sin duda es una profunda contradicción.

Mientras que la defensa del neoabolicionismo debe mucho al feminismo radical, es notable que otros grupos de presión , muy diferentes, también apoyan la idea. Más obviamente en el contexto de Estados Unidos, pero también en otros lugares como Irlanda del Norte, están en juego las fuerzas religiosas conservadoras y fundamentalistas (Bernstein 2012: Weitzel 2007; Zimmerman 2013). La improbable colaboración del feminismo y el fundamentalismo se manifiesta en una forma de gobernanza feminista (Halley 2006) o “feminismo carcelario” (Bernstein 2012) y se ha convertido en un componente clave de la política exterior de Estados Unidos con implicaciones directas en las relaciones internacionales. El compromiso contra la prostitución exigido a los beneficiarios de ayuda de los EE.UU. durante la administración Bush es un ejemplo clave de este impacto.

Aquí encontramos un aspecto adicional e inicialmente quizá desconcertante de la popularidad del neo-aboficionismo: su alianza con el neoliberalismo como una forma de gobierno y un conjunto de ideas o un ideal. Evidencia de esta convergencia se encuentra, por ejemplo, en la crítica de Bumiller (2008) a la alianza del feminismo radical con el Estado neoliberal en relación con la violencia sexual y en relación con la ley y las regulaciones sexuales de manera más general (Halley 2006). Desde este punto de vista, la formulación de la prostitución como una forma de violencia contra la mujer encaja con ciertos valores neoliberales o, al menos, no causa problemas a los Estados neoliberales. Por ejemplo, la influencia del neoabolicionismo en los programas de salida de la prostitución en los Estados Unidos encaja bien con un paradigma neoliberal de desviar la responsabilidad del bienestar social del Estado hacia los individuos, a los que se hace hiperresponsables (Leon Crysanthi, Shdaimah y Corey 2012: 269) Tema también identificado en relación con el Reino Unido (Scouter y O’Neill 2007: Carlin y Scouter en este volumen). Ejemplos como éstos dan peso a un argumento convincente de que las ideas feministas radicales, en particular sobre la violencia de género (incluyendo la prostitución en sí misma), han encontrado un hogar cómodo en el Estado neoliberal punitivo (Halley 2006. BumiIler 2008: 160).

Sin embargo, aunque el neoabolicionismo parece florecer en contextos neoliberales, un examen superficial no revela ningún patrón de correspondencia entre el tipo de Estado y el tipo de régimen de prostitución. De hecho, la tesis neoliberal parece estar confundida por el caso tanto de Suecia como, al otro extremo del espectro, de Nueva Zelanda. Suecia es un Estado de bienestar “feminista de Estado” y la prohibición de compra de sexo es parte integral de su agenda de igualdad intervencionista. Entiende que el Estado puede intervenir en los actos sexuales entre adultos para reparar y reequilibrar las desigualdades de género y está profundamente arraigado culturalmente en la larga historia de Suecia (Carson y Edwards, 2011). En cambio, Nueva Zelandia tiene una política completamente diferente que no criminaliza el acto de comprar o vender sexo y, en cambio, trata de regular la actividad a través de otros temas como los relacionados con la fiscalidad, la salud y la seguridad, la violencia sexual y el acoso, etc. Nueva Zelanda, en efecto, rechazó la idea de una prohibición de compra de sexo, pero Harrington argumenta que, contra los autores citados anteriormente, su régimen se ajusta cómodamente a las ideas de la mercantilización de la economía y de la sociedad inherentes al neoliberalismo del Estado (Hanington, 2012). De hecho, a menudo se argumenta que el neoliberalismo es bueno para las trabajadoras sexuales porque su privilegio del individualismo y las fuerzas del mercado pueden racionalizar el tipo de normas sociales dentro de las cuales las mujeres que se dedican al comercio sexual pueden hacerlo sin necesariamente ser estigmatizadas. En este enfoque, la venta de sexo se convierte por lo tanto, en un acto equivalente a vender cualquier otro “producto”.

El hecho de que no exista una relación directa entre los regímenes neoliberales y el neoabolicionismo puede estar en función de las contradicciones que existen dentro de la idea del neoliberalismo en sí mismo. Wendy Brown (2015) sostiene que el neoliberalismo es un concepto polémico, caracterizado por la ambigüedad. Es un fenómeno global, pero es inconsistente y no sistemático en su manifestación. Sin embargo, la manera en que regímenes del trabajo sexual diametralmente diferentes pueden “encajar” en los marcos neoliberales tiene sentido cuando concebimos al neoliberalismo no como una ideología, un conjunto de prácticas estatales singulares, coherentes y políticamente liberales, sino como conteniendo contradicciones y dinámicas complejas (Lamer 2000) que incluyen tendencias hacia ideologías políticas conservadoras y liberales.

Dejando a un lado la gran teoría, este libro sugiere que el mejor enfoque para considerar por qué el neoabolicionismo se ha vuelto tan influyente en el mundo occidental contemporáneo es, en efecto, construir la teoría desde el principio, basándose en estudios de casos concretos. Mientras que el neoabolicionismo tiende a ofrecer las mismas prescripciones políticas donde quiera que sea escuchado, en contextos variables debe adaptarse a las condiciones, historias y subjetividades locales. Sin embargo, no siempre ha tenido éxito precisamente debido a esas condiciones locales, como ilustran algunos de nuestros casos. De este modo, la historia de la organización de las trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda seguramente es la principal barrera al neoabolicionismo allí. Mientras que las estructuras del gobierno australiano y la división relacionada de los poderes legislativos (O’Brien en este volumen) hacen extremadamente difícil para el activismo neoabolicionista tomar posiciones allí a pesar de una marea de apoyo a su agenda.

Aquí sugerimos, a partir de los estudios de caso presentados en este libro, un conjunto de conductores —factores, actores, fuerzas e instituciones— del neoabolicionismo. Sin embargo, es posible que no se encuentren en todas partes, o que de hecho funcionen de manera contraria dependiendo de las particularidades de cada contexto. Los lectores observarán que estos conductores se reflejan de una forma u otra a través de los capítulos a seguir.

 

Los conductores del neoabolicionismo

 

1 Suecia como supermodelo

Esto puede parecer un punto obvio dado la omnipresencia de las referencias al “modelo sueco” por sus defensores, pero es un punto insuficientemente reconocido y hay razones por las que la “suecidad” del modelo es particularmente influyente. Una de ellas es la percepción internacional generalizada de Suecia como una economía equitativa y justa desde el punto de vista moral. Gracias al estatus de Suecia como un “buen ciudadano internacional”, el neoabolicionismo gana legitimidad por asociación. Una segunda razón por la que el modelo se promueve tan exitosamente radica en el impacto de la acción consciente del Estado sueco. El Estado pone fondos y recursos políticos en la promoción del modelo en el extranjero (en la UE, por ejemplo) y en la acogida de delegaciones parlamentarias en el país, como lo atestiguan algunos de los capítulos del libro. El papel de Suecia en promover activamente su enfoque, como parte de su propia creación de imagen en el ámbito internacional, no puede ser subestimado al explicar la capacidad de la idea de obtener acogida en otras partes.

2 Redes transnacionales en la política internacional

La mayor parte de este libro toma como base la aproximación a la política del neoabolicionismo dentro de cada país “desde cero”. No cabe duda de que las redes transnacionales de promoción han sido actores influyentes en la difusión de la idea. Utilizando los espacios creados para ejercer presión en torno a las organizaciones mundiales y regionales, las redes de activistas neoabolicionistas han influido en marcos internacionales sobre la trata sexual, vinculando el tema estrechamente a las políticas de prostitución y abordando “el lado de la demanda”. Muchos de estos grupos de promoción transnacional están asociados con el movimiento mundial de lucha contra la violencia contra la mujer, que ha crecido cada vez más desde la Conferencia de Pekín de 1995 y ahora está integrado en grupos de presión transnacionales como el Lobby Europeo de Mujeres (EWL) cuyo papel clave en la promoción del abolicionismo en Europa es significativo. Los activistas locales de la sociedad civil, que intentan domesticar los ideales neoliberales en sus propios contextos, buscan a los aliados de la sociedad civil global como EVVL y la Coalición contra la Trata de Mujeres, para reforzar su posición.

3 Movimientos contra la violencia contra las mujeres en la política nacional

Mientras que el feminismo ha tenido un debate largo y continuo sobre sus posiciones en el trabajo del sexo, el neoabolicionismo, que postula el trabajo del sexo como intrínsecamente una forma de violencia, logró adaptarse con precisión a los avances hechos por movimientos contra la violencia contra las mujeres en diversos ambientes políticos nacionales. Si bien están vinculadas a organizaciones transnacionales como el EVVL (su Observatorio de la Violencia Contra la Mujer, por ejemplo), como se mencionó anteriormente, muchas organizaciones pequeñas y locales de mujeres han incorporado la idea de la intervención estatal y asegurado el financiamiento estatal para trabajar en contra de la violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. Estos grupos afilaron sus dientes a través de muchos años de activismo a nivel local y nacional para conseguir refugios, programas de educación pública y muchas otras iniciativas. El neoabolicionismo se basó fácilmente en estos esfuerzos y en la experiencia de los grupos de presión para legitimar y popularizar su agenda.

4 Normas de moralidad anticuadas

Un elemento importante del atractivo de la retórica abolicionista consiste en recurrir a valores simplistas del bien contra el mal en lugar de ofrecer un análisis racional de las políticas basado en datos rigurosos. El conocimiento empírico sobre la naturaleza y la extensión del sexo comercial a menudo carece de rigor, o reconocimiento de la complejidad, en muchos contextos nacionales. Por el contrario, los debates sobre la prostitución y el trabajo sexual están a menudo cargados emocionalmente, ofrecen resistencia a los hechos fehacientes, están gobernados por una ideología muy explícita, concurridos por informantes con conocimientos limitados, preeminentemente preocupados por el simbolismo, y finalmente sujetos a cambios abruptos (Wagenaar y Mink 2012). Desde esta perspectiva, por lo tanto, el éxito del neoabolicionismo puede explicarse como una función de la dinámica particular de la formación de normativas de prostitución, tal vez distintas a las de otros ámbitos normativos (como el medio ambiente o el transporte) en la que las preocupaciones morales a menudo triunfan sobre la evidencia. Este argumento sugiere, pues, que es el poder discursivo del neoabolicionismo, su carga moral, lo que le lastra, junto (como ilustran algunos capítulos) a la convergencia de la “anticuada” moralidad sexual conservadora con su primo cercano cuando se trata del comercio sexual: el más a la moda feminismo radical.

5 El imaginario de la trata

El pensamiento neoabolicionista depende en gran medida de la creación de una equivalencia irreductible entre la prostitución y la trata sexual y el poder de la idea de que la trata sexual es un fenómeno enorme y abrumador. Esto no quiere decir que la explotación de las personas que se mueven global o localmente en el comercio sexual no tenga lugar (sería absurdo negar esto) sino que la idea de “trata sexual” se ha utilizado con gran efecto político de la misma manera que la trata de blancas funcionó en la primera parte del siglo XX (Doezema 2010, Soderlund 2013). El imaginario contemporáneo traza una equivalencia entre la prostitución y lo que se denomina trata sexual, porque ambos se entienden fundados en la violencia y la imposibilidad de consentimiento. Confiar en el imaginario de la víctima de trata —inocente, mujer, explotada— supera todos los otros enfoques, incluyendo aquellos que buscan incluir debates sobre la libertad en relación con el cuerpo sexual o la autonomía corporal. A pesar de las estadísticas impugnadas y la complejidad de la “trata” (véase, por ejemplo, Sharma 2003), el poder de este imaginario apunta a las dificultades encontradas para llevar la evidencia empírica al debate. Las víctimas de la trata son, por definición, invisibles y como tal siempre presentes e irrefutables. En virtud de su supuesta inocencia y victimización, siempre triunfarán frente a una trabajadora sexual cuyo estatus es tradicionalmente, aunque con algunas excepciones, considerado política, social y moralmente problemático, incluso dentro de la teoría feminista (Beloso 2012). El imaginario de la trata ha sido particularmente poderoso en los Estados Unidos, permitiendo al Estado asumir el papel de protector benevolente para hacerlo encajar con sus propios intereses territoriales (Soderlund 2005). Sorprendentemente, Portugal está solo entre los Estados miembros más antiguos de la UE como carente de pensamiento neoabolitionista a pesar de la presencia tanto de un movimiento feminista fuerte como de un comercio del sexo. Un fenómeno posiblemente explicado por el hecho de que la “trata” no es un problema para el Estado.

6 El evangelismo religioso

Las neoabolicionistas feministas se han encontrado como extraños compañeros de cama con los cristianos evangélicos en la lucha contra la prostitución / trata sexual. En el contexto americano, los cristianos evangélicos de derecha sostienen ideales neoabolicionistas a pesar de partir de puntos de vista diametralmente diferentes a los de las feministas radicales. Los evangélicos están preocupados por apuntalar la vida familiar heterosexual nuclear y oponerse a la “esclavitud” porque niega a la gente la libertad de seguir a Cristo (Zimmerman, 2013). Se podría argumentar que esta poderosa alianza entre el feminismo radical y la derecha religiosa aseguró la prevalencia del neoabolicionismo en los Estados Unidos. Además, otras tradiciones dentro del cristianismo también pueden conducir al respaldo del neoabolicionismo, como en Francia, donde el neoabolicionismo actual implica una convergencia del feminismo y los movimientos católicos históricos de rescate y justicia social (Mathieu 2016).

7 La cultura política nacional dominante

Como se mencionó anteriormente, el pensamiento neoliberal es un ideal y un conjunto de prácticas encontrados entre las democracias avanzadas discutidas en este libro. Sin embargo, como también se admitió anteriormente, el contexto neoliberal puede funcionar en ambos sentidos en relación con el comercio sexual. El libre mercado puede legitimar el sexo comercial, así como la transferencia de la responsabilidad del bienestar desde el Estado a los individuos puede promover una confluencia entre el abolicionismo neto y los enfoques de usar la justicia penal para tratar la prostitución. Por otra parte, las contradicciones internas del neoliberalismo también son evidentes en el deseo de los Estados liberales de permitir el libre mercado de los bienes a la vez que se evitan con determinación los movimientos transfronterizos de personas. La tendencia común de los Estados capitalistas avanzados a buscar el control de la inmigración en nombre de la seguridad puede crear una causa común con aquellos que buscan criminalizar a los tratantes de sexo y a los compradores de sexo. Dentro de estas corrientes políticas globales, por lo tanto, la importancia del neoabolicionismo en lugares particulares todavía depende mucho de la intersección entre el ideal y las culturas políticas locales. Así, la resistencia al neoabolicionismo puede provenir del individualismo histórico de Nueva Zelanda, mientras que la empatía con la idea se puede encontrar en el feminismo estatal de Suecia, en la historia del regulacionismo moral en Irlanda o en el cambio hacia la responsabilidad personal en Inglaterra y Gales. Las diferencias nacionales, incluidas las culturas y las instituciones políticas, por lo tanto, jugarán un papel en cómo el neoabolicionismo es conducido y quién lo conduce.

8 Política consensuada entre partidos

Un tema llamativo del éxito del neoabolicionismo es el grado de consenso entre los distintos partidos alcanzado en diferentes sistemas políticos. En Suecia. Inglaterra y Gales, Irlanda y los Países Bajos, partidos de todo el espectro, por lo general divididos en otros temas de moralidad privada (sobre cuestiones de derechos de aborto, por ejemplo, o más tradicionalmente sobre la homosexualidad) han encontrado suficiente causa común para trascender lo que los científicos políticos habitualmente denominan escisiones políticas . Donde esto ha ocurrido, es realmente difícil que las opiniones contrarias sean aireadas y / o legitimadas.

9 La fuerza o debilidad relativa de las organizaciones de trabajadoras sexuales

Por último, cualquier discusión sobre los factores conductores del neoabolicionismo necesita referirse a la presencia o ausencia de organizaciones de trabajadoras del sexo y su influencia estratégica o política dentro de cualquier forma de gobierno. Es una tentadora simetría argumentar que cuando hay organizaciones de trabajadoras sexuales fuertes y políticamente astutas el neoabolicionismo por lo menos tendrá ante sí un hueso duro de roer. En este sentido, podríamos argumentar, para poner de manifiesto un punto obvio, que su ausencia se convierte en un impulsor del neoabolicionismo. En los países donde estos movimientos son fuertes, Nueva Zelanda, Australia y los Países Bajos, la política neoabolicionista no ha alcanzado una posición dominante.

Sin embargo, como se trata en el capítulo de los Países Bajos más adelante, se trata de una simetría que no se puede asumir. Igualmente, en los Estados Unidos (la patria, después de todo, de una de las organizaciones originales de trabajadoras sexuales, COYOTE), otros factores, como los identificados anteriormente, han eclipsado el poder y la legitimidad de las organizaciones de trabajadoras sexuales. En este sentido, podemos identificar más correctamente las organizaciones de trabajadoras sexuales quizá como una variable importante en el conjunto en lugar de un conductor diferenciado. Nuestros estudios de caso aquí de nuevo parecen indicar que la mezcla de particularidades locales, incluyendo el poder relativo y el estatus de las organizaciones de trabajadoras sexuales, será significativa en la determinación del resultado de cualquier proceso de reforma de leyes o regulaciones.

 

CONCLUSIÓN


El feminismo carcelario, el Estado y la trabajadora sexual
En una era globalizada, ¿de quién es el poder?

Eilis Ward y Gillian Wylie

Introducción

Las ideas y políticas neoabolicionistas se han vuelto omnipresentes En muchas partes del mundo, está sencillamente dado como hecho probado que criminalizar la compra de sexo reducirá el trabajo sexual y automáticamente provocará una reducción de la demanda que, según se argumenta, es trata con fines de explotación sexual. Por lo tanto, de un solo golpe, junto con la abolición de la prostitución, también se pondrá fin a la trata sexual. Como ilustran los capítulos de este libro, estas ideas en la actualidad animan marcos políticos internacionales y dan forma a muchas políticas estatales hacia el trabajo sexual. Incluso en contextos de países aparentemente inmunes al atractivo de la idea, los activistas neoabolicionistas se conectan con determinación en la esfera pública, impactando en la política local y en las sociedades civiles. Pero, como también ilustra este libro, hay muchos problemas y desafíos en esta línea de argumentación y estos problemas se vuelven a su vez más complejos por las interacciones entre los ideales neoabolicionistas y los regímenes internacionales, las culturas políticas locales y los valores en pugna. A modo de conclusión, ofrecemos algunas reflexiones sintetizadoras sobre el análisis de la trayectoria del neoabolicionismo, reflexiones que se encuentran en los capítulos de este libro, así como algunas reflexiones sobre las implicaciones políticas y sociales de este proyecto feminista radical.

 

Afirmaciones y conductores neoabolicionistas

La afirmación de que “Suecia funciona” es un importante grito de reivindicación y legitimidad para el activismo neoabolicionista, y al que nos referimos al comienzo de este libro. Sin embargo, a lo largo de los capítulos, la idea de que existe una fuerte base de evidencia para el modelo sueco o las prohibiciones de compra del sexo se demuestra repetidamente que es frágil, no menos en el capítulo de Yvonne Swanstrom que señala la falta de una evaluación apropiada de la prohibición de la compra del sexo. A lo largo del libro se cuestiona la base empírica para abogar por criminalizar la demanda masculina. Por ejemplo, el capítulo sobre Irlanda muestra que las estadísticas a menudo citadas en defensa de la posición neoabolicionista son dudosas. En general, la confluencia de la cuestión de la trata sexual con la prostitución es una presunción central del neoabolicionismo porque la imagen predominante de la víctima de la trata como una mujer violada e inocente refuerza las llamadas a criminalizar la demanda y a superar cualquier preocupación “liberal” con la reducción del daño, la libertad de elección o la autonomía personal o las llamadas de atención en cuanto a la complejidad y diversidad dentro del comercio sexual y la viabilidad de la propuesta. Pero también aquí la evidencia sobre la naturaleza y extensión de la trata sexual es altamente problemática y politizada (Feingold 2010; Vance 2011). Lo que estamos sugiriendo aquí es que la influencia generalizada del neoabolicionismo no puede ser explicada en términos de “hechos” establecidos o eficacia probada de esa normativa, sino que su ascenso indudable tiene raíces políticas e ideológicas. Este libro intentó descubrir esas raíces y la interacción entre una idea muy poderosa (el relato feminista radical del comercio sexual) con los procesos políticos y las instituciones de los Estados seleccionados aquí.

Al comienzo de este libro identificamos una serie de conductores del neoabolicionismo, derivados de una visión general de los capítulos aportados. Sugerimos que estos conductores: el ejemplo sueco; el activismo transnacional feminista radical; la violencia contra las mujeres; las normas anticuadas de moralidad; el “imaginario de la trata”; el cristianismo evangélico; las culturas políticas mundiales y locales; y la fuerza del activismo del trabajo sexual, todos se intersectan para producir diversos grados de tracción para el neoabolicionismo en diferentes contextos Esperamos que, ahora al final del libro, la forma específica en que estos conductores combinados ejercen influencia dentro de cada contexto se haya vuelto más claro para los lectores y ayude a dar un sentido analítico a por qué el neoabolicionismo florece o falla en uno u otro lugar.

 

El activismo neoabolicionista tiene un alcance global que se desprende del impacto del activismo feminista transnacional en la ONU y en la UE y en las alianzas estratégicas que los activistas llevan a cabo con los Estados nacionales impulsando su agenda internacionalmente. Después de Palermo y su seguimiento en organizaciones regionales como la UE, los Estados-nación se vieron presionados para adoptar nuevos marcos de lucha contra la trata que a menudo están estrechamente asociados con las medidas neoabolicionistas para frenar la demanda de sexo comercial. Sin embargo, las nuevas normas internacionales no se traducen exactamente a los Estados-nación (Acharya 2004). Aquí los otros conductores también son cruciales en términos de alianzas, estratégicas o de más largo plazo, entre feministas radicales, grupos religiosos y partidos políticos, la presencia o ausencia de contraofertas y la naturaleza de las estructuras políticas, las políticas predominantes y las costumbres políticas. De Suecia a Nueva Zelanda, de los Estados Unidos a Australia y de los países situados en medio, el libro ha sugerido que necesitamos estudiar cada lugar “desde cero” y, con miras a su situación internacional, analizar por qué el neoabolicionismo arraiga o no a través de una lectura contextualizada de estos factores entremezclados.

Por supuesto, es necesario introducir aquí la advertencia usual que “se necesita más investigación”. Nuestro alcance en términos de estudios de casos y contenido de cada capítulo fue necesariamente limitado por el espacio y es posible que otros conductores se estén también presentes en los contextos en estudio. El papel de los medios de comunicación, por ejemplo, se menciona a lo largo de los capítulos, pero está fuera del enfoque del libro y quizá requiere una atención específica. Por otra parte, nuestro escrito se centra en los estados democráticos liberales avanzados y dentro de ese grupo en solamente un puñado seleccionado. Es necesario explorar las experiencias de organizaciones de otros Estados como Grecia, Italia y Hungría, y de Estados de América Latina, Asia y África. Se necesita , de hecho, más investigación, pero sugerimos que los conductores identificados aquí proporcionan un marco útil para ayudar a la investigación comparativa.

Prostitución, feminismo y Estado

Si bien el énfasis en este libro está en las lecturas matizadas del impacto del neoabolicionismo en lugares y espacios particulares, existe una preocupación general, incluida en el título del libro, de explorar lo que todos estos casos nos dicen acerca de las relaciones entre “prostitución, feminismo y Estado” en las democracias contemporáneas, avanzadas y liberales. Como queda claro en cada discusión, el neoabolicionismo lee la prostitución como una encarnación de la desigualdad de género y una forma de violencia contra las mujeres. También vincula la prostitución contemporánea con el imaginario de la trata sexual que se fundamenta en un tosco binario. Este binario niega la posibilidad de consentimiento o autonomía a las que venden sexo y presenta al tratante o al comprador de sexo como siempre hombre, poderoso y criminal. Esta lectura legitima las respuestas estatales al comercio sexual punitivas y procesales, con la ira del Estado (y de las feministas) ostensiblemente dirigida a los hombres pero, más a menudo, creando situaciones cada vez más complicadas para quienes venden sexo. Como tales neoabolicionistas son ejemplos arquetípicos de feministas carcelarias (Bernstein 2010), aliándose con los Estados para criminalizar a aquellos a quienes ven como los autores de la desigualdad. Sin embargo, al hacer estas alianzas con los Estados, terminan por sumarse a políticas a) diseñadas para promover enfoques neoliberales a los problemas sociales y b) promotoras de la exclusión de los trabajadores inmigrantes.

El capítulo británico de Scoular y Carline ofrece un ejemplo de la primera de estas tendencias. Aunque no es un régimen totalmente neoabolicionista, la regulación de la prostitución en Inglaterra y Gales se está moviendo en esta dirección con medidas cada vez más punitivas contra compradores masculinos. Estas políticas son paralelas a las medidas neoliberales de responsabilidad dirigidas a las mujeres que venden sexo, con la esperanza de que se autorreformen. Sin embargo, como hemos señalado al principio, la complejidad de cada caso significa que otras formas de feminismo también pueden encontrarse compinchadas con las políticas estatales de bienestar bajo condiciones de neoliberalismo generalizado, como ilustra la larga tradición del feminismo de Estado en Suecia.

Casi todos los capítulos incluyen una enseñanza de las maneras en que el neoabolicionismo feminista juega en la segunda de estas tendencias. Sobre todo tras el entrelazamiento del pensamiento sobre la prostitución con suposiciones sobre la trata sexual transnacional, las políticas neoabolicionistas pueden terminar implicadas en la justificación de un enfoque carcelario de la política fronteriza. Esto es muy claro, por ejemplo, en el capítulo de O’Brien sobre Australia que demuestra cómo los discursos de la criminalidad y la ilegalidad de la inmigración, ejemplificados por la trata, alinean las aspiraciones neoabolicionistas con la legitimación de las políticas migratorias de exclusión. Swanstrom sugiere que el uso de la prohibición de compra de sexo para desarrollar la política de inmigración y trata no era el objetivo de sus defensoras feministas, preocupadas por sus ideales de igualdad de género. Sin embargo, Halley (2006) sugiere que la determinación de las “feministas de gobernanza” de “recorrer los pasillos del poder” y abogar por los enfoques carcelarios tiene consecuencias problemáticas que deberían haber previsto. De nuevo, sin embargo, es importante reconocer que otras influencias dentro del feminismo también pueden enfocarse como colaboradoras (intencionalmente o no) con la política de control migratorio. El capítulo de Heumann y otros sobre los Países Bajos revela que el ímpetu político para la legalización de la prostitución procedía de la intención de separar a las trabajadoras locales legales de las extranjeras irregulares en lugar de un compromiso purista con los derechos de las trabajadoras sexuales. Irónicamente, el enfoque sueco de “imagen en espejo” también puede producir una jerarquía de víctimas del comercio sexual, dividiendo a las víctimas “nativas” de las trabajadoras sexuales “extranjeras” (Skilbrei y Holmstrom, 2013).

Por lo tanto, el libro muestra cómo el feminismo radical, revitalizado como activismo neoabolicionista, ha llevado al feminismo y a muchas organizaciones y movimientos de mujeres a una conexión preocupante con las agendas estatales y neoliberales. Además, las consecuencias negativas del neoabolicionismo para las mujeres que venden sexo y para las mujeres lnmigrantes en el mundo contradictorio de la globalización neoliberal parecen claras.

 

Conclusión

Las historias contadas en este libro tratan por tanto de los movimientos y alianzas de muchas ideas grandes e instituciones poderosas. Tratan del movimiento de una idea feminista radical en el seno de los aparatos de justicia penal del Estado. Tratan de los cambios profundos que se han producido en el comercio sexual provocados por la innovación tecnológica y los desafíos que ello implica tanto a la policía como a nuestras opiniones de justicia, derechos, moralidad, inclusión y exclusión. Tratan de la toma de posición estatal ante la inmigración y las desigualdades globales. Tratan de la tensa relación entre la evidencia y la formulación de políticas en un ámbito político que se ve afectado por la producción de conocimiento. También son historias sobre cómo algunos Estados (Suecia y los Estados Unidos) utilizan ciertas ideas para sus propios propósitos de Estado en las relaciones internacionales. Sin embargo, a lo largo de todo este libro y en las preocupaciones de los autores, no se encuentra el imaginario sino la realidad de la trabajadora sexual y en particular de la trabajadora sexual inmigrante. Nuestro enfoque en lo político, lo ideológico y lo institucional en el libro, necesariamente miró más allá de esta realidad y abarcó las narrativas más sociológicas y personales necesarias para explorar este campo. Sin embargo, queremos concluir reuniendo de nuevo todos estos ámbitos, desde el cuestionamiento del poder estatal, el feminismo de gobernanza y las ideas sobre el neoliberalismo hasta la realidad cotidiana de las trabajadoras sexuales. Dada la agenda liberal e inclusiva del feminismo, su rechazo de las políticas de dominación y su valoración de la subjetividad, es más preocupante que la “lógica primaria” del feminismo radical (Sandbeck 2012) dentro del neoabolicionismo sea una agenda de orden público, de mecanismos de justicia penal, encarcelamientos, actuación estatal prioritaria y avance de la política neoliberal. El feminismo radical ha permitido al poder del Estado reducir a un estereotipo, cosificar y victimizar los cuerpos de las trabajadoras sexuales inmigrantes y de todas las trabajadoras sexuales.

Referencias

Acharya, A. (2004) ‘How Ideas Spread: Whose Norms Matte?? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism’, International Organization, 58(2): 239-275.

Bernstein, E. (2010) ‘Militarized Humanitarianism Meets Cameral Feminism: The Politics of Sex, Rights and Freedom in Contemporary Anti-trafficking campaigns’, Signs, 36(1): 45-71.

Feingold, D. (2010) ‘Trafficking in Numbers: the Social Construction of Human Trafficking Data’ in P. Andreas and K. Greenhill (eds) Sex, Drugs, and Body Counts: The Politics of Numbers in Global Crime and Conflict. New York Cornell University Press, pp. 46-74.

Halley, J. (2006) Split Decisions: How and Why to Take a Break from Ferninian. Princeton, NJ and Oxford: Princeton University Press.

Sandbeck, S. (2012) ‘Towards an Understanding of Carceral Feminism as Neo-liberal Biopower’ unpublished paper delivered at the annual conference of the Canadian Political Science Association, University of Alberta, Canada.

Skfibrei, M. L. and Holmstrom, C. (2013) Prostitution Policy in the Nordic Region: Ambiguous Sympathies Farnham and Burlington, VA: Ashgate.

Vance, C. (2011) ‘States of Contradiction: Twelve Ways to Do Nothing About Trafficking while Pretending to’, Social Research, 78(3): 933-948.

Por qué el movimiento antitrata ignora las voces de las trabajadoras sexuales

 

Por Benjamin L. Corey

3 de junio de 2016

 

http://www.patheos.com/blogs/formerlyfundie/why-the-anti-trafficking-movement-ignores-the-voices-of-sex-workers/

 

Cuando estaba a la mitad de mi doctorado que incluía una extensa investigación de campo en el mundo de la trata de personas, tuve una pequeña crisis: lo que estaba aprendiendo y descubriendo no se ajustaba a lo que yo creía que iba a estar en el estudio.

Tuve previamente unas pocas experiencias que desencadenaron inicialmente en mí la necesidad de reconsiderar la narrativa de la trata con la que había empezado. La primera fue yendo en taxi por las calles de Bombay cuando una colega me dijo que estaba dolorida porque había sido golpeada durante un rescate en un burdel la noche anterior.

“¿Quién te pegó?”, pregunté. “¿Los tratantes?¿La policía?”

Respondió: “No, la mujer me golpeó porque no quería que yo la rescatara. Pero algún día me lo agradecerá”.

Todavía recuerdo cómo bajé la cabeza y cerré los ojos al darme cuenta de que eso sonaba realmente jodido.

Ese fue mi primer momento importante en el que me di cuenta de que algo iba mal en el movimiento, pero tuve también otras experiencias.

Otro fue cuando fui a entrevistar a trabajadoras sexuales en burdeles situados en las afueras de la ciudad. Cada una tenía una historia compleja y llena de matices, circunstancias individuales y decisiones personales. Al descomprimir las entrevistas con un colega, me sorprendí a mí mismo diciéndome que necesitaba alguna forma de redefinir la trata, ya que ninguna de las trabajadoras sexuales a las que había entrevistado reunía los criterios legales de fuerza, fraude o coacción, ni quería siquiera dejar el burdel cuando las pregunté qué haría falta para que se fueran del mismo. Tenían historias complejas y a menudo tristes, pero no eran víctimas de trata, como yo había supuesto.

No había dos historias iguales y casi nada de lo que estaba aprendiendo de las trabajadoras sexuales se ajustaba a lo que yo había creído previamente: no era una situación de blanco y negro en la que todas o eran víctimas de trata o deseaban ser “rescatadas”. Así que empecé a pensar formas de hacer que sus historias se ajustaran a mis creencias: hasta que me di cuenta de que seguir por ese camino sería un error.

En cuanto a mí, sabía que sólo tenía una opción: tenía que abandonar mi sesgo de confirmación (tendencia a sólo creer / considerar la información que se ajusta a la creencia previamente sostenida), y seguir dondequiera que la investigación / datos me condujeran, para que pudiera publicar mi tesis y observaciones posdoctorales con una conciencia limpia. Ese viaje (que abarca unos cuantos años más de investigación) me dejó con puntos de vista sobre la trata de seres humanos que radicalmente no están de acuerdo con la narrativa evangélica tradicional sobre el tráfico de seres humanos, pero que así sea. He seguido los datos con honestidad, y aquí es donde aterricé.

Una de las principales observaciones de mi estudio (que se basó en gran medida en el examen de las organizaciones de trata a través de la teoría del movimiento social) fue la siguiente: muchas organizaciones anti-trata basadas en la fe habían mezclado lentamente la trata y el trabajo sexual hasta el punto de que muchos ya no son exclusivamente anti-organizaciones de trata. En su lugar, muchos se han convertido funcionalmente en organizaciones contra la trata, contra la pornografía y contra la prostitución (lo que es totalmente su prerrogativa, pero seamos honestos y al menos llamémoslo por su nombre).

Curiosamente, esto también sucedió en el siglo XIX cuando los evangélicos trataron el tema de la trata de personas: lentamente se transformó con el tiempo y finalmente se convirtió en un movimiento contra la prostitución. De hecho, incluso el término que originalmente usaron para definir la trata finalmente significó prostitución y no trata en absoluto, lo que es precisamente lo que vemos con el término moderno “trata sexual”. Lo que alguna vez fue un término para identificar “la fuerza, el fraude y la coerción” en algunos lugares se utiliza ahora para referirse al comercio sexual en general, exactamente igual como sucedió hace ciento cincuenta años.

Darme cuenta a través de la teoría del movimiento social de que gran parte del movimiento contra la trata de seres humanos se está transformando y se está convirtiendo cada vez más en un movimiento contra la industria del sexo, me llevó a otra observación interesante y más inquietante: el movimiento se está centrando rápidamente en “ayudar” a un grupo de gente que ni siquiera conocemos.

Más adelante en mi investigación empecé a entablar más diálogo con la comunidad de trabajo sexual, lo que confirmó la corazonada que tuve en la India hace años: las historias de aquellas que integran la comunidad de trabajo sexual son individuales, variadas, matizadas y complejas, y no se ajustan a algunas narrativas prefabricadas donde un tamaño vale para todos. También se hizo evidente, y atestiguado, que demasiados en el movimiento de lucha contra la trata no dialogan con la comunidad de trabajo sexual. Ni han dialogado nunca. En cambio, oigo voces que expresan sentimientos de ser silenciadas, ninguneadas, estigmatizadas, ignoradas e incluso tuteladas por extraños que piensan que saben lo que es mejor para ellas, sin siquiera conocerlas a ellas o conocer sus historias individuales.

Podrían haber escuchado algunas historias que luego fueron generalizadas y aplicadas a todo un grupo de personas, pero esto no hace que esas generalizaciones o experiencias sean verdaderas para todas, sin importar cuán sinceramente uno quiera creerlo.

Lo que está ocurriendo hoy en el movimiento antitrata / anti-inudustria del sexo sería ofensivo en cualquier otro contexto. Es una forma de colonialismo moral: “hola … estoy aquí, tengo objeciones morales a cómo estás viviendo, y sé exactamente cómo tu vida necesita cambiar sin siquiera escuchar tu historia”. La única razón por la cual esto es tolerado en este contexto es debido a la estigmatización asociada con la industria del sexo, una estigmatización que a menudo es perpetuada por las mismas personas que dicen que quieren ayudar. (Y por cierto que no son solo los evangélicos. Las feministas de izquierda están haciendo lo mismo: silenciar a las trabajadoras sexuales, reforzar los estigmas sociales y tratar a las personas de la industria del sexo como si fueran víctimas indefensas que carecen de cualquier autonomía personal. Desde luego que estos dos grupos hacen extraños compañeros de cama.)

Aquí está la conclusión: este nuevo movimiento contra la industria del sexo es un movimiento dirigido a “ayudar” a gente con la que muchos no hablarán ni siquiera escucharán. Eso me parece una pobre manera de llevar a cabo nuestra misión.

Y lo que peor es esto: si realmente queremos abordar la trata de seres humanos, las integrantes de la comunidad de trabajo sexual deberían ser nuestras aliadas más cercanas, porque son las que mejor conocen lo que pasa y las más fervientes defensoras de las que están siendo explotadas. Pero en cambio, las hemos alienado a expensas de nuestra propia misión, y eso perjudica a la gente.

Los primeros asientos en la mesa deberían ser reservados para las integrantes de la comunidad de trabajo sexual – y todos los demás deberían escuchar.

Entonces, ¿por qué tenemos un movimiento entero dedicado a “ayudar” a un grupo de personas con las que el movimiento ni siquiera está hablando? ¿Por qué las conferencias contra la trata a menudo carecen de oradores que estén en desacuerdo con la postura feminista izquierdista o evangélica acerca de la industria del sexo? ¿Por qué las voces de aquellas que están en la industria del sexo son silenciadas, ignoradas y totalmente despreciadas?

Pienso que la respuesta es compleja, pero en el fondo de ella es ésta: la realidad ensuciaría realmente nuestros sesgos de confirmación y complejos del salvador, y esos sesgos y complejos trascienden los binarios liberal contra conservador o secular contra religioso.

Pienso que la respuesta es compleja, pero en esencia es ésta: la realidad ensuciaría realmente nuestros sesgos de confirmación y complejos del salvador, y esos sesgos y complejos trascienden los binarios liberal versus conservador o secular versus religioso.

Es conveniente creer que todo el mundo es una víctima, porque hay un pago para nosotros: tenemos que desempeñar el papel que nos gusta jugar. Es más difícil entrar en el desorden y la complejidad de la vida y sentarse y escuchar las historias de las personas, especialmente cuando esas historias no terminan con nosotros salvándolas.

El trabajo contra la trata de personas es importante, por eso he dedicado cuatro años de trabajo doctoral. Pero la narración con la que empezamos no es un modelo de tamaño único; la realidad es siempre más compleja. Sí, encontraréis casos que encajan con la narrativa: personas que están atrapadas en fraude, fuerza o coerción y que necesitan ayuda. Pero también encontraréis una serie de experiencias, como personas que disfrutan de su trabajo y quieren que sus derechos y su seguridad sean protegidos, o incluso historias profundamente conmovedoras y hermosas como las de las trabajadoras sexuales que se especializan en ayudar a las personas con discapacidades severas (personas que uno llega a ver más como humanitarias que como víctimas indefensas).

Así que al final, ¿por qué una parte tan grande del movimiento contra la trata de personas ignora las voces de las trabajadoras sexuales? Es porque cuando las escuchas, la narrativa de “todo el mundo es una víctima” se desmorona, y eso nos obliga a repensar nuestro enfoque, nuestras filosofías, las leyes perjudiciales que defendemos (como el modelo nórdico), y todo lo demás. Básicamente, me temo que si escucháramos las voces de las trabajadores sexuales tendríamos que dejar de hacer lo que estamos haciendo, y empezar todo de nuevo.

Y eso es demasiado problema.

Es mucho más fácil seguir operando bajo nuestros sesgos de confirmación, porque cuando hacemos eso, nunca tenemos que salir del blanco y el negro, y adentrarnos en el gris que es la vida real.

 

La ley francesa de prostitución, un año después: “esto vuelve loco a todo el mundo”

 Por Patricia Neves

 

Publicado el 10/07/2017

 

https://www.marianne.net/societe/loi-prostitution-lille-ca-rend-fou-tout-le-monde

 

Un año después de su adopción definitiva, la ley Najat Vallaud-Belkacem sobre la prostitución, que penaliza a los clientes, sigue siendo motivo de división. Reportaje en Lille donde los actores sobre el terreno denuncian en su mayor parte una precarización del oficio.

Avenue du Peuple Belge, en la parte vieja de Lille. Un vehículo se para de repente en medio del tráfico, a algunos metros de una joven apoyada contra las puertas de un hermoso jardín. Ataviada con un vestido ceñido color carne, se aproxima al conductor. Pero el hombre vuelve a arrancar. Falsa alarma. No era un cliente. Sandy, de 35 años, prostituta desde hace un poco más de dos años, vuelve sobre sus pasos, desilusionada. Desde la adopción, en abril de 2016, de la última ley para “la lucha contra el sistema prostituyente” los clientes son, confía, cada vez más escasos.

Defendido por la antigua ministra de Derechos de las mujeres, Najat Vallaud-Belkacem, el texto —que ha derogado también el delito de captación pasiva, emblema de la era Sarkozy— penaliza, tras cuatro años de debate y controversias, a los clientes de las prostitutas con una multa que puede llegar a los 3.750 euros en caso de reincidencia. Según las cifras oficiales, cerca de un millar de ellos habrían sido ya denunciados en toda Francia. En Lille, serían sin embargo menos de una centena.

¿Es realmente disuasoria la ley? ¿Protege más a las 37.000 prostitutas con las que cuenta el país? Un poco más de un año tras su entrada en vigor, los actores sobre el terreno se muestran escépticos e incluso enfadados. Comenzando por las propias chicas. “Esta ley vuelve loco a todo el mundo, cuenta Celia, una colega de Sandy, en sus cuarenta. Hoy hay menos clientes y más agresiones, incluso entre las chicas”.

Una nueva relación de fuerzas

Es sencillo, añade Sandy, “antes yo me hacía 200 euros por día, pagaba el hotel, ahorraba dinero, compraba mis cigarrillos… Hoy, si vuelvo a casa con 60 euros puedo estar contenta”. Su teléfono suena. La joven se aleja, descalza, bajo el calor agobiante. Sobre el murete del jardín, Celia, cuya mirada aparece disimulada por lentillas de color azul y varios retoques de rimel, vuelve púdicamente sobre sus “días difíciles”.

Desde hace dos o tres meses, se lamenta, las agresiones de los clientes se han multiplicado. La culpable, según ella: la nueva ley. Intenta mostrar en su teléfono la fotografía de una placa de matrícula tomada hace unos días a la caída de la tarde. “De entrada, el hombre era muy educado. Salvo que durante la semana había agredido ya a cinco chicas y estaba armado”. Así que ahora Sandy y Celia están “todo el tiempo en pareja y fotografían las matrículas” de los coches a los que se suben por turnos. Así es más seguro. E incluso así, no siempre consiguen librarse de los golpes. “¿Te acuerdas de cuando me rompieron la nariz?”, pregunta Sandy, con cara de niña.

Menos clientes, más agresiones

“Ah, sí, volví bien averiada”, recuerda Celia antes de enumerar los insultos que reciben a diario, los hombres por ejemplo que pasan delante de ellas, en coche, “cascándosela”. “Es dura la calle”, musita. Originaria del norte de Francia, Celia, madre de tres chicos, ha llegado a la Avenue du Peuple Belge —lugar central de la prostitución de Lille— hace dos años, poco después de un divorcio marcado por violencias conyugales. En aquel momento, dejó el hogar familiar y durmió durante seis meses en su coche, estacionado delante del Ikea. Al final, “me había convertido en un esqueleto”, resume, vestida con una blusa roja sin mangas que todavía hoy deja adivinar su delgadez.

Sandy, por su parte, fue a juicio contra su marido violento “pero no hubo aplicación de pena”. Madre de siete hijos, de edades que van de los 2 a los 15 años, la joven se prostituye desde entonces para sobrevivir. Celia también. Rápidamente, cada una comenzó a ganar varios cientos de euros por día, una suma que les permitió alquilar un pequeño apartamento pero que las expone día tras día a la violencia. Y la nueva ley de prostitución no ha hecho, según ellas, más que empeorar las cosas.

Pues la relación de fuerzas ha sido diferente a partir de ese momento. Los clientes son menos numerosos —“más teniendo Bélgica al lado”— y exigen más. En la cuestión de precios, revisados a la baja, o incluso en lo referente al uso de preservativo. “Los sin-capucha son ahora nueve coches de cada diez, y esto no para”, suspira Celia. “Yo tengo una frase hecha, sonríe Sandy. Les digo que hay una nueva enfermedad que hace que se hinche la picha y meen de color amarillo fosforito”. Las dos mujeres ríen y vuelven al trabajo, por la acera del parque, bajo un sol de plomo. Sin clientes en el horizonte.

Clandestinidad de la actividad

Entre las asociaciones, algunos intervinientes llegan a la misma conclusión. “Desde finales del año pasado, en cada intervención que hacemos sobre el terreno, es decir tres veces por semana, recibimos información de una situación de violencia”, constata en Nantes Irène Aboudaram por Médecins du Monde, organización que se opone a la ley. “Ahora, como hay menos clientes, las chicas trabajan más tiempo. Pueden hacer de las 22h a las 6h. Por temor a una denuncia, prosigue, se suben al coche sin tomarse el tiempo necesario, como antes, para identificar a las personas, evaluar los riesgos, negociar los precios”.

Así que, para Irène Aboudaram, la nueva ley no permite por tanto desmantelar las redes de prostitución, ya que la propia ley empuja a los intermediarios a organizarse fuera de la vía pública, sobre todo proporcionando el alojamiento donde tendrán lugar los pases. “Esto tiene más bien el efecto de una clandestinidad de la actividad. Las mujeres se vuelven menos accesibles. Esto amenaza con comprometer el trabajo sobre el terreno de las asociaciones e incluso de las autoridades”, previene la militante.

Castigar al cliente para atacar las redes

Si Médecins du Monde se concentra en el efecto que la ley Najat Vallaud-Belkacem tiene sobre la salud de las prostitutas, otros, como la organización católica Le Mouvement du Nid, comparten por el contrario el espíritu del texto, que pretende, en última instancia, terminar con la prostitución. “Es algo bueno que el cliente sea perseguido, estima en efecto Bernard Lemettre, responsable regional del Mouvement du Nid en la región Nord-Pas-de-Calais, porque el cliente, mediante su acto, ningunea a las mujeres, y no sólo físicamente. Poque alimenta indirectamente las redes. Los tratantes no reunirían chicas en las aceras de Lille si no hubiera demanda”.

De las 300 chicas seguidas por Le Mouvement du Nid, en Lille, la gran mayoría sería de hecho de origen africano, víctimas de trata de seres humanos. Algunas de las cuales tienen que reembolsar a los que las han ayudado a pasar varios miles de euros, entre 60.000 y 90.000. Con el otro gran eje de la ley, un bono social que instaura “un circuíto de salida” de la prostitución, se da pues un primer paso “hacia otro futuro para estas mujeres”, se felicita Bernard Lemettre. Porque “la ley inventa un sistema por el que es obligatorio salir de la prostitución, detalla, mediante el pago de una prestación y un seguimiento personalizado. Lamenta sin embargo que la prestación propuesta no exceda de algunos cientos de euros. “No se puede vivir con 300 ó 400 euros”, reconoce.

Más allá de esta ayuda financiera, a la que se añade la promesa incierta de un permiso de residencia de 6 meses, la obligación para las chicas de dejar de prostituirse para poder beneficiarse del “circuíto de salida” —que todavía no se ha puesto nunca en práctica en Lille— puede suponer un obstáculo para aquellas que obtienen la totalidad de sus ingresos de la prostitución. Como Sandy y Celia, antigua empleada de un gran operador de telecomunicaciones.

De la calle a los sitios de internet

Cerca del parque, donde ellas siguen esperando, por fin se para un coche. “¿Puedo llevaros a algún sitio?”, pregunta un joven treintañero con camiseta blanca, que se describe a sí mismo como un cliente ocasional. También él ha “oído hablar” de la nueva ley, pero la verdad es que ésta no le ha hecho “cambiar sus costumbres”. En Lille, las autoridades constantan sin embargo “una disminución del fenómeno que no está necesariamente ligada a la penalización del cliente, sino más probablemente a la evolución del oficio. Desde hace dos o tres años, las chicas abandonan la calle y se pasan a internet. Basta con ir a los sitios especializados, tipo Vivastreet [objeto de una investigación por proxenetismo agravado, ndlr]. El número de anuncios se ha disparado, sencillamente porque es más discreto, en particular para los proxenetas.”

Por lo que respecta a Sandy y Celia, ellas no piensan en internet. “Demasiado peligroso, no sabes con quién vas a caer”. En su trozo de acera, prefieren escoger a sus clientes. Uno de ellos ya ha sido denunciado dos veces, le han notificado una multa y tiene cita en el juzgado. Tal vez será uno de los primeros clientes de Lille que tendrán que acudir, a partir de septiembre, a los totalmente novedosos cursos de sensibilización que se suponen que permitirán una toma de conciencia sobre la violencia ejercida sobre las prostitutas. Pero a algunos metros apenas de la salida del tribunal de última instancia de Lille, situado en la Avenue du Peuple Belge, las chicas esperan ya…

 

No es país para mujeres jóvenes: crímenes de honor e infanticidio en Irlanda

Publicado el 3 de junio de 2014 por Stephanie Lord

https://feministire.com/2014/06/03/no-country-for-young-women-honour-crimes-and-infanticide-in-ireland/

 

magdalene

 

Cuando yo estaba en primer año en la escuela secundaria en 1997, una chica del año superior al mío se quedó embarazada. Tenía 14 años. Las únicas personas a las que oí decir algo negativo sobre ella fueron un grupo de chicas mayores que llevaban con orgullo sus diminutos pines “pro-vida” en sus uniformes. Le llamaron puta a sus espaldas y dijeron que sería una mala madre. Se posicionaron como las moralmente superiores que cuidaban al bebé, pero no a la madre soltera. Son los restos de una Irlanda —un Estado fascista cuasiclerical— que nos gustaría creer que pertenece al pasado, pero que aún perdura.

La semana pasada se dio a conocer la noticia de una fosa séptica llena con los restos de 796 niños y bebés en Galway. Los restos se acumularon desde los años 1925 a 1961 y una causa común de muerte fue la desnutrición y la enfermedad prevenible. El “Hogar del Buen Socorro” había alojado a miles de madres solteras y sus hijos a través de los años. Estas mujeres habían violado el honor de sus comunidades, llevando la vergüenza a sus familias a través del embarazo “ilegítimo” y por lo tanto tuvieron que ser escondidas a toda costa y castigadas por sus transgresiones. Los niños murieron mientras vivían desechados como la basura de la sociedad que la Iglesia los consideraba, a ellos y a las madres que los dieron a luz. La mayoría de los niños que sobrevivieron fueron puestos a trabajar en escuelas industriales bajo la supervisión de pervertidos y sádicos.

Miles de los niños sanos fueron vendidos en el extranjero —en su mayoría a los Estados Unidos— para “adopción”. Para los que se quedaron, el panorama era pobre. Las tasas de mortalidad del 50% o 60% eran comunes en estos “hogares”. En el caso de los que murieron, o bien la Iglesia no sintió que fueran lo suficientemente valiosos como para alimentarles y cuidarles, o trabajó activamente para procurar su muerte. El riesgo que planteaban al orden social en virtud de las circunstancias de su concepción y nacimiento era demasiado grande para dejarlo ir sin control. Estos niños ciertamente no morían por falta de dinero o recursos por parte de la Iglesia (tenían un ingreso de los niños que vendían), y cuantos menos niños de este tipo hubiera, menos amenaza habría para el control de la Iglesia sobre la sociedad.

Si la Iglesia les hubiera permitido crecer como adultos funcionales en la sociedad irlandesa, habría corrido el riesgo de demostrar que la institución del matrimonio no era absolutamente necesaria para el bienestar moral de una persona. A las mujeres no se les permitía mantener a sus hijos porque la vergüenza que su existencia traería a la comunidad sería demasiado grande. Fueron encarceladas dentro de las lavanderías de Magdalena para expiar sus pecados de honor, y sus bebés fueron apartados de ellas como parte de su castigo: las mujeres que deshonraron a la comunidad fueron consideradas incapaces de ser madres.

La Irlanda contemporánea fingió un shock cuando surgieron las historias de las lavanderías y de las instituciones residenciales. Tal vez el choque de aquellos que eran demasiado jóvenes para haber sufrido la amenaza de ser encerrados en una de esas instituciones por “mal comportamiento” era genuino, porque las instituciones comenzaron a cerrar a medida que pasaban los años. Pero la gente de cincuenta y sesenta años recordará cómo los “niños de los hogares” vinieron a veces a las escuelas, y fueron aislados de otros niños (legítimos), y luego a veces nunca volvieron. Si bien esos escolares quizá no hayan comprendido plenamente lo que sucedió, sus padres y maestros y la comunidad de adultos que los rodeaban sí lo sabían.

Irlanda en su conjunto fue cómplice en la muerte de estos niños, y en los crímenes de honor contra las mujeres. Eran los “bebés ilegítimos” nacidos de las “mujeres descarriadas” que literalmente desaparecieron de las aldeas y pueblos de Irlanda en las lavanderías de Magdalena. Todo el mundo lo sabía, pero nadie dijo nada: “El honor debe ser restaurado. Debemos mantener el buen nombre de la familia”.

Las propias mujeres cumplían un doble propósito en las lavanderías. Eran una advertencia a las demás de lo que sucedía cuando se violaba el gobierno de la Iglesia, y eran activos financieros dedicados al trabajo duro en nombre de la Iglesia. No eran trabajadoras asalariadas; no recibieron paga. No podían irse por voluntad propia, y sus familias, en su mayor parte, no venían por ellas; la vergüenza de la familia sería demasiado grande. Irlanda tenía una estructura que usaba para encarcelar a mujeres por ser seres sexuales, por ser víctimas de violación, por no ser la incubadora idolatrada pura para el patriarcado, por no tener suficiente integridad femenina, o por ser simplemente demasiado bonitas para el gusto del sacerdote local. Irlanda tiene una larga tradición de patologizar la diferencia.

La gente sabía lo que pasaba en esas instituciones. Esa amenaza se apoderó de las mujeres de Irlanda durante décadas. En raras ocasiones, cuando la gente intentaba hablar, eran silenciados, porque la restauración del honor requiere la complicidad de la comunidad. El miedo a lo que la gente piense de la familia está incrustado en la cultura irlandesa.

El concepto de honor significa diferentes cosas en diferentes culturas, pero un hilo común es que si se rompe se puede restaurar a través de castigar a quienes lo rompen. Estamos familiarizados con los conceptos hegemónicos de “homicidio por honor” y “delitos de honor” como una forma de violencia contra las mujeres en otras culturas distintas a la nuestra. Los periódicos nos dicen que no es algo que la gente hace en Occidente. Los asesinatos de honor y los crímenes de honor son perpetuamente traídos siguiendo líneas racializadas y los medios de comunicación irlandeses y británicos los presentan felizmente en el contexto de un mito de superioridad moral.

Los crímenes de honor son actos de violencia doméstica, actos de castigo llevados a cabo por otros individuos —a veces familiares, a veces autoridades— por transgresiones reales o percibidas contra el código de honor de la comunidad. Sin embargo, sólo cuando hay una mujer que lleva un hijaab o una mujer es una persona de color, o étnica, se nombra el “honor” como una motivación para el acto de violencia. Es un término que ha sido exotizado, pero no es el acto en sí mismo o la ubicación en la que ocurre, sino la motivación que hay detrás de él, lo que es importante para definirlo.

Las mujeres de color, y las mujeres musulmanas, se construyen como el “otro”; Se nos dice que estas mujeres son dadas en matrimonio a una edad temprana por padres controladores que pasan la responsabilidad de controlarlas a los maridos. La “protección” de las mujeres se mantiene a través de un rígido sistema de control de su sexualidad en un marco de honor y vergüenza. Cuando estas mujeres transgreden los límites de la feminidad aceptable son abusadas y rechazadas por su comunidad. Los castigos van desde latigazos hasta la muerte, pero incluyen golpes físicos, secuestros y prisión.

La prisión de mujeres en las lavanderías de Magdalena merece ser nombrada como un crimen de honor debido a una obsesión cultural que creía que el buen nombre de la familia descansaba en la actividad sexual (percibida) de una mujer de la que su padre o su esposo o su hermano mayor era el cuidador. Su condena a la lavandería era para restaurar el honor familiar.

Recientemente un amigo mío twiteó cuando salió el veredicto en el juicio por asesinato de Robert Corbet. Corbet fue condenado por el asesinato de Aoife Phelan, una mujer de Laois a la que había estado viendo, quien le dijo que estaba embarazada. La golpeó y la estranguló, y luego, temiendo que no estuviera realmente muerta, le puso una bolsa negra sobre la cabeza, la cerró con dos abrazaderas y la enterró en un barril en la casa familiar. Al día siguiente subió a un avión rumbo a Nueva York para reunirse con su ex novia para intentar reparar su relación. Mi amigo había seguido el caso y en twitter se refería a Robert Corbet como tratando de pasar un “fin de semana caliente” en Nueva York.

Después de esto, mi amigo recibió correo no solicitado a su cuenta de Facebook, de una persona que dice ser el primo de la ex-novia de Robert Corbet diciendo: “… ¿Cómo te atreves a decir un fin de semana caliente en Nueva York y hablar de mi prima, que es su ex novia, de esa manera. No sabes lo que pasó cuando se fue o por qué se fue y además no conoces a mi prima, así que ¿cómo te atreves a decir que fue un fin de semana caliente. ”

La razón de mencionar esto no es, sin duda, hacer nigún tipo de juicio sobre el carácter o las acciones de la ex-novia de Robert Corbet, sino poner de manifiesto las intenciones de éste después de haber matado a una mujer, así como la mentalidad de la persona que envió este correo. Ese mensaje es un síntoma de la obsesión crónica de la Irlanda rural con la vergüenza y el mantenimiento del “buen nombre” de una persona a toda costa; Un desconocido hizo un post en Internet sobre las probables intenciones de un hombre después de asesinar a una mujer, y la reacción inmediata de otra persona no es leer lo que dijo acerca del asesinato de una mujer, sino dar fe de la pureza moral de su prima. Hay algo de malo en esto.

Había algo mal en Listowel cuando un párroco hizo una semblanza de Danny Foley, un hombre condenado por agresión sexual, cuya víctima fue rechazada después en bares y tiendas. Cuando el veredicto se hizo público, cincuenta personas (en su mayoría hombres de mediana edad) formaron una cola en el juzgado para estrechar la mano de Danny Foley. Los periodistas tomaron alegremente citas de los lugareños diciendo que era una lástima, ya que éste no era su carácter; era un buen hombre, de buena familia. La víctima no importaba. El sacerdote dijo de ella: “Bueno, ella tiene un hijo ¿sabes?, y eso no se ve bien.” John B. Keane no habría parpadeado.

No estamos tan lejos de las lavanderías de Magdalena. Robert Corbet mintió inicialmente a los guardias sobre dónde había enterrado a Aoife Phelan porque él “quiso proteger el lugar de la casa de la familia.” La necesidad de mantener el apellido intacto está incrustado en Irlanda tanto que hay incluso otras mujeres felices de ser cómplices del patriarcado y beneficiarse del mismo. Están las chicas de mi escuela que llevaban sus pines “pro-vida” (una de ellas es ahora médico,   me dicen). Están las mujeres que estrecharon la mano de Danny Foley. Están las mujeres que condenan a otras mujeres por hacer cosas que las hubieran llevado a una lavandería de Magdalena unas décadas antes. Que nadie cuestione su honor.

La cultura irlandesa se ha centrado tradicionalmente en erradicar a las mujeres problemáticas y a sus hijos. Durante años las mujeres embarazadas solteras fueron castigadas y escondidas en los reformatorios. Las mujeres que necesitan abortos viajan en silencio para tenerlos en secreto en Inglaterra, o tienen aquí abortos secretos en casa. Los ministros del gobierno participan activamente en políticas que hacen más difícil la vida a una madre soltera, y hablar en contra de ello se considera inmoral y carente de valor para la comunidad. Una persona que envía correos electrónicos no solicitados a otra persona con respecto a la pureza moral de un tercero y luego tuitea públicamente en relación a ello demuestra su propio valor para la comunidad al posicionar la importancia del papel de la mujer en la moral pública por encima del asesinato de una mujer individual; una mujer que fue enterrada en un barril para proteger la casa de la familia.

Se nos dice que guardemos silencio y no hablemos de estas cosas. En Irlanda, la diferencia y nombrar la diferencia está patologizados. Incluso aquellos que se supone que son los buenos no están exentos del efecto cultural de esto. A las mujeres, cuando son abusadas en el activismo o en internet, se les dice que no tomen represalias. Nos llaman “tóxicas y hostiles” por tener la audacia de nombrar el abuso misógino en donde lo vemos. Tenemos amenazas de muerte por hablar sobre el aborto. Pero se nos dice que “seamos amables” a toda costa. Cuando hay personas que abusan en internet de las víctimas de violencia doméstica, se nos dice que dejemos a sus abusadores solos. Las mujeres nunca deben parecer enojadas. Debemos ser amables con los que abusan de nosotras. Debemos ser siempre agradables no importa el coste que suponga para nosotras; no debemos traer vergüenza sobre la comunidad.

Esto no está tan lejos de la mentalidad que encerró a las mujeres en los reformatorios y arrojó a los niños en fosas sépticas para ser olvidados. Eso dependió absolutamente de la complicidad de toda la sociedad. No podría haber existido sin la colaboración de toda la comunidad; los maestros; los sacerdotes; las monjas; la gente que dirigía a los enterradores; los concejales locales; las personas que llevaban la ropa a las monjas; tal vez tu abuela que te arropó por la noche al ir a dormir.

Nos dicen que era un momento diferente y que las cosas son diferentes ahora.

La Defensa de la Juventud todavía vende sus pines por internet. Joan Burton continúa su cruzada para pintar a madres solteras como perezosas y sin valor. Los periódicos nacionales imprimirán libremente los artículos de opinión que las denigran. 796 niños muertos recibirán un monumento conmemorativo, pero nadie será responsable de sus muertes. A los que piden responsabilidades se les dirá que sean amables. Las órdenes religiosas que los pusieron en una fosa séptica seguirán incuestionables. Aquellos que encerraron a las mujeres en las lavanderías de Magdalena seguirán trabajando por las “mujeres descarriadas”. A las mujeres se les negará el control sobre sus propios cuerpos. Morirán por falta de atención médica.

Debe ser así. Hacer lo contrario, traería vergüenza sobre la familia. Pero cuando miramos hacia otro lado y permitimos que siga respirando la mentira de que vivimos en una democracia progresista moderna, permitimos que nuestro autoritario pasado católico continúe proyectando su sombra.

MARCHA DE MUJERES SOBRE WASHINGTON: Visión guía y definición de principios

http://bit.ly/2jgAc3N

marcha

DESCRIPCIÓN GENERAL Y FINALIDAD

La Marcha de Mujeres sobre Washington es un movimiento liderado por mujeres que reúne a personas de todos los géneros, edades, razas, culturas, afiliaciones políticas y antecedentes en la capital de nuestra nación el 21 de enero de 2017 para afirmar nuestra humanidad compartida y pronunciar nuestro valiente mensaje de resistencia y autodeterminación.

Reconociendo que las mujeres tienen identidades que se cruzan y por lo tanto son impactadas por una multitud de temas de justicia social y derechos humanos, hemos esbozado una visión representativa de un gobierno que se base en los principios de libertad y justicia para todos. Como dijo el Dr. King, “No podemos caminar solos. Y mientras caminamos, debemos hacer el compromiso de que siempre marcharemos adelante. No podemos volver atrás.

Nuestra liberación está unida entre nosotras. La Marcha de Mujeres sobre Washington incluye líderes de organizaciones y comunidades que han estado construyendo las bases para el progreso social por generaciones. Damos la bienvenida a la vibrante colaboración y honramos el legado de los movimientos que nos han precedido —las sufragistas y abolicionistas, el Movimiento por los Derechos Civiles, el Movimiento Feminista, el Movimiento Indígena Americano, Ocupar Wall Street, Igualdad Matrimonial, Black Lives Matter y otros—empleando una estructura descentralizada con un liderazgo completo, y centrándonos en una agenda ambiciosa, fundamental y global.

#WHYWEMWEMARCH

Estamos legitimados por las legiones de líderes revolucionarios que allanaron el camino para marchar y reconocemos a aquellos alrededor del mundo que luchan por nuestras libertades. Honramos a estas mujeres y muchas más. Son #WHYWEMARCH.

Bella Abzug • Corazon Aquino • Ella Baker • Grace Lee Boggs

Berta Cáceres • Rachel Carson • Shirley Chisholm

Angela Davis • Griffin Gracy • LaDonna Harris

Dorothy I. Height • bell hooks • Dolores Huerta • Marsha P. Johnson

Barbara Jordan • Yuri Kochiyama • Winona LaDuke

Audre Lorde • Wilma Mankiller • Diane Nash • Sylvia Rivera

Barbara Smith • Gloria Steinem • Hannah G. Solomon

Harriet Tubman • Edith Windsor • Malala Yousafzai

VALORES Y PRINCIPIOS

  • Creemos que los Derechos de la Mujer son Derechos Humanos y Derechos Humanos son Derechos de la Mujer. Este es el principio básico y original del cual surgen todos nuestros valores.
  • Creemos que Justicia de Género es Justicia Racial es Justicia Económica. Debemos crear una sociedad en la que las mujeres, en particular las mujeres, en particular las negras, las nativas, las pobres, las inmigrantes, las musulmanas y las mujeres queer y trans, sean libres y puedan cuidar a sus familias, cualquiera que sea su forma, en ambientes seguros y saludables libres de impedimentos estructurales.
  • Las mujeres merecen vivir una vida plena y saludable, libre de violencia contra nuestros cuerpos. Una de cada tres mujeres ha sido víctima de alguna forma de violencia física por parte de una pareja íntima durante su vida; y una de cada cinco mujeres ha sido violada. Además, cada año, miles de mujeres y niñas, en particular las negras, las indígenas y las mujeres y niñas transgénero, son secuestradas, traficadas o asesinadas. Honramos la vida de aquellas mujeres que fueron llevadas antes de tiempo y afirmamos que trabajamos por un día en que se eliminan todas las formas de violencia contra las mujeres.
  • Creemos en la rendición de cuentas y en la justicia por la brutalidad policial y la eliminación del perfil racial y la selección de comunidades de color. Las mujeres de color son asesinadas en custodia policial a tasas más altas que las mujeres blancas y son más propensas a ser agredidas sexualmente por la policía. También pedimos el fin inmediato de armar a la policía con armas de grado militar y tácticas militares que están causando estragos en las comunidades de color. Ninguna mujer o madre debe tener que temer que sus seres queridos sean dañados a manos de quienes armamos para que los protejan.
  • Creemos que es nuestro imperativo moral desmantelar las desigualdades de género y raciales dentro del sistema de justicia penal. La tasa de encarcelamiento ha crecido más rápido para las mujeres que para los hombres, aumentando en un 700% desde 1980 y la mayoría de las mujeres en prisión tienen un hijo menor de 18 años. Las mujeres encarceladas también enfrentan una alta tasa de violencia y agresión sexual. Nos comprometemos a garantizar el acceso a una programación que tenga en cuenta las cuestiones de género y una atención sanitaria específica, incluido el tratamiento del abuso de sustancias, y los servicios de salud mental y materna para las mujeres encarceladas. Creemos en la promesa de justicia restaurativa y alternativas al encarcelamiento. También estamos comprometidos a interrumpir el oleoducto de la escuela a la prisión que prioriza el encarcelamiento sobre la educación al canalizar sistemáticamente a nuestros niños —particularmente a los niños de color, los jóvenes queer y trans, los niños de crianza temporal y las niñas— al sistema de justicia.
  • Creemos en la Libertad Reproductiva. No aceptamos retrocesos, cortes o restricciones federales, estatales o locales sobre nuestra capacidad de acceder a servicios de salud reproductiva de calidad, control de la natalidad, atención y prevención del VIH / SIDA, o educación sobre sexualidad adecuada médicamente. Esto significa acceso abierto a un aborto seguro, legal y asequible y control de la natalidad para todas las personas, independientemente de sus ingresos, ubicación o educación. Entendemos que sólo podemos tener justicia reproductiva cuando la atención de la salud reproductiva sea accesible a todas las personas independientemente de su ingreso, ubicación o educación.
  • Creemos en la Justicia de Género. Debemos tener el poder de controlar nuestros cuerpos y estar libres de las normas, expectativas y estereotipos de género. Debemos liberarnos a nosotras mismas y a nuestra sociedad de la institución de otorgar poder, agencia y recursos desproporcionadamente a la masculinidad, con exclusión de otros.
  • Declaramos firmemente que los Derechos de LGBTQIA son Derechos Humanos y que nuestra obligación es elevar, expandir y proteger los derechos de nuestros hermanos y hermanas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgéneros o de género no conforme. Esto incluye el acceso a servicios de salud integral, sin excepciones ni limitaciones; acceso a cambios de nombre y género en los documentos de identidad; completa protección contra la discriminación; acceso a la educación, empleo, vivienda y prestaciones sociales; y el fin de la violencia policial y estatal.
  • Creemos en una economía impulsada por la transparencia, la rendición de cuentas, la seguridad y la equidad. Creemos que la creación de oportunidades de trabajo que reduzcan la discriminación contra las mujeres y las madres permite que las economías prosperen. Las naciones y las industrias que apoyan e invierten en el cuidado y las protecciones básicas del lugar de trabajo —incluyendo beneficios como el permiso familiar pagado, acceso asequible a cuidado de niños, días de enfermedad, asistencia sanitaria, pago justo, tiempo de vacaciones y ambientes de trabajo saludables— han mostrado crecimiento y mayor capacidad.
  • Creemos en la igualdad de remuneración por el mismo trabajo y el derecho de todas las mujeres a ser pagadas equitativamente. Debemos poner fin a la discriminación de pago y contratación que las mujeres, particularmente las madres, las mujeres de color, las lesbianas, las queer y las mujeres trans siguen enfrentando cada día en nuestra nación. Muchas madres siempre han trabajado y en nuestra fuerza de trabajo moderna; y las mujeres son ahora el 50% de todos los que llevan el pan a la familia. Estamos porque el 82% de las mujeres que se convierten en madres, en particular las madres de color, sean pagadas, juzgadas y tratadas de manera justa. La igualdad de remuneración por un trabajo igual sacará a las familias de la pobreza y aumentará la economía de nuestra nación.
  • Reconocemos que las mujeres de color tienen la carga más pesada en el panorama económico global y doméstico, particularmente en la economía del cuidado. Afirmamos además que todo el trabajo de cuidado —cuidar a los ancianos, cuidar a los enfermos crónicos, cuidar a los niños y apoyar la independencia de las personas con discapacidad— es trabajo y que la carga de la atención recae desproporcionadamente sobre los hombros de las mujeres, en particular mujeres de color. Defendemos los derechos, la dignidad y el trato justo de todas las cuidadoras no remuneradas y pagadas. Debemos reparar y reemplazar las disparidades sistémicas que permean el cuidado en todos los niveles de la sociedad.
  • Creemos que todas las trabajadoras —incluidas las trabajadoras domésticas y las trabajadoras agrícolas— deben tener el derecho de organizarse y luchar por un salario mínimo vital, y que los sindicatos y otras asociaciones sindicales son fundamentales para una economía sana y próspera para todos. Las trabajadoras indocumentadas y migrantes deben ser incluidas en nuestras protecciones laborales, y nos solidarizamos con los movimientos de derechos de las trabajadoras sexuales.
  • Creemos que los Derechos Civiles son nuestro derecho de nacimiento. Nuestro gobierno constitucional establece un marco para proveer y expandir los derechos y las libertades, no restringirlas. Para ello, debemos proteger y restituir todos los derechos consagrados por la Constitución a todos nuestros ciudadanos, incluidos los derechos de voto, la libertad de adorar sin temor a intimidación o hostigamiento, la libertad de expresión y la protección de todos los ciudadanos sin distinción de raza, sexo o edad o discapacidad.
  • Creemos que es hora de una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. La mayoría de los estadounidenses creen que la Constitución garantiza la igualdad de derechos, pero no es así. La 14 ª Enmienda ha sido socavada por los tribunales y no puede garantizar la equidad real sobre la base de la raza y / o el sexo. Y en una verdadera democracia, el voto de cada ciudadano debe contar igualmente. Todos los estadounidenses merecen garantías de igualdad en la Constitución que no pueden ser eliminadas o ignoradas, reconociendo la realidad de que las desigualdades se cruzan, se interconectan y se superponen.
  • Enraizados en la promesa de la llamada de América a las masas anhelantes de respirar libremente, creemos en los derechos de inmigrantes y refugiados sin importar su estatus o país de origen. Es nuestro deber moral mantener a las familias unidas y capacitar a todos los aspirantes a estadounidenses a participar plenamente en, y contribuir a, nuestra economía y la sociedad. Rechazamos la deportación en masa, la detención familiar, las violaciones del debido proceso y la violencia contra migrantes queer y trans. La reforma migratoria debe establecer un camino a la ciudadanía, y proveer oportunidades iguales y protecciones de trabajo para todos. Reconocemos que el llamado a la acción para amar a nuestro prójimo no se limita a los Estados Unidos, porque hay una crisis migratoria global. Creemos que la migración es un derecho humano y que ningún ser humano es ilegal.
  • Creemos que cada persona y cada comunidad en nuestra nación tiene el derecho a agua limpia, aire limpio y acceso y disfrute de las tierras públicas. Creemos que nuestro medio ambiente y nuestro clima deben ser protegidos y que nuestras tierras y recursos naturales no pueden ser explotados para ganancia o avaricia corporativas , especialmente si se pone en riesgo de la seguridad y salud pública.

ACERCA DE ESTE DOCUMENTO

La visión orientadora y la definición de principios fueron preparadas por un amplio y diverso grupo de líderes. La Marcha de la Mujer sobre Washington agradece a todos las contribuyentes, que figuran y no figuran, por su dedicación en la elaboración de esta agenda.

Monifa Bandele, Vicepresidenta, MomsRising

Zahra Billoo, Consejo de Relaciones Islámicas Estadounidenses – Área de la Bahía de San Francisco

Gaylynn Burroughs, Directora de Política e Investigación, Fundación de la Mayoría Feminista

Melanie L. Campbell, Coordinadora, Mesa Redonda de Mujeres Negras, Presidente y CEO de NCBCP

Sung Yeon Choimorrow, Directora Ejecutiva Interina, Foro Nacional de Mujeres de Asia y el Pacífico

Alida Garcia, Defensora de Derechos y Diversidad de los Inmigrantes

Alicia Garza, Alianza Nacional de Trabajadores Domésticos

Carol Jenkins, Junta de Directores, Coalición ERA

Dr. Avis Jones-DeWeever, Presidente Incite Unlimited, LLC

Carol Janet Mock, activista y autora de Redefinir la realidad y sobrepasar la certeza

Jessica Neuwirth, Presidenta de la Coalición ERA

Terry O’Neill, Presidenta de la Organización Nacional para la Mujer (NOW)

Carmen Perez, Directora de Proyecto de Trabajo para Familias Trabajadoras, Valores Familiares @ Directora Ejecutiva, Reunión para la Justicia

Jody Rabhan, Directora de Operaciones de Washington, Coordinadora Nacional de Mujeres Judías

Kelley Robinson, Directora Nacional Organizadora de la Federación de Planificación de la Familia

Kristin Rowe-Finkbeiner, Directora Ejecutiva y Fundadora, MomsRising

Linda Sarsour, Fundadora , MPower Change

Heidi L. Sieck, Co-Fundadora / CEO, #VOTEPROCHOICE

Emily Tisch Sussman, Directora de Campaña, Centro de Progreso Americano

Jennifer Tucker, Asesora Principal de Política, Mesa Redonda de Mujeres Negras

Winnie Wong, Activista, Organizadora y Cofundadora, People for Bernie

Manuela Carmena, el Papa Francisco y la prostitución

El Vaticano organizó los días 21 y 22 de julio de 2015 un foro sobre el “Cambio climático y nuevas formas de esclavitud moderna”. Sobre ecologismo y prostitución debatieron Manuela Carmena, el Papa Francisco y el alcalde de Nueva York Bill de Blasio.

 

Clara Mallo

 

Madrid | @ClaraMallo

 

Martes 28 de julio de 2015

 

http://www.izquierdadiario.es/spip.php?page=movil-nota-3510&id_article=21121

carmena-en-el-vaticano-2015

La cita estuvo organizada por Academia Pontificia Ciencias Sociales del Vaticano y por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En el foro intervinieron más de 70 participantes entre alcaldes y alcaldesas de todo el mundo como los de Nueva York, París, Bogotá, Buenos Aires, o Madrid y representantes de la ONU.

El objetivo del Papa Francisco es buscar aliados. Así en su discurso se dirigió a los más de 70 participantes con estas palabras: “La Santa Sede o tal país podrán hacer un buen discurso en la ONU, pero si no hay trabajo desde la periferia al centro, no tendrá efecto. Y ahí, en la periferia, es donde está el trabajo de los alcaldes”. Con ello Bergoglio cuenta poder influir en las decisiones de la Cumbre sobre el Clima que la ONU celebrará a finales de año.

Pero no solo el Papa pidió “conciencia ecológica” sino que el otro de los puntos del encuentro fue los “nuevos modos de esclavitud moderna”. Entre los diferentes temas, la prostitución fue uno de los debatidos en este foro vaticano.

Manuela Carmena sobre la prostitución: un tema a evitar

Manuela Carmena intervino en el foro sobre esta cuestión, centrándose en una reflexión sobre los motivos del “consumo de la prostitución”. “Si queremos evitar el terrible crimen de la esclavitud sexual, tenemos que reflexionar con sinceridad sobre las causas”, dijo la recientemente electa alcaldesa de Madrid, a la vez que señaló que “hay que entender la sexualidad desde la cultura de los cuidados“.

En el programa de Ahora Madrid presentado para las elecciones del 24M, la formación encabezada por Carmena propuso un proyecto piloto para el “reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras del sexo”, un tema en torno al que hay debates “eternos, que nunca concluyen”, según aseguró Carmena en su momento. La propuesta giraba en torno a la voluntad de “buscar algún tipo de estructura de apoyo muy grande para el sector que está en contra de la legalización y otra de ensayo de una cierta legalización y sobre todo de reconocimiento de derechos laborales de protección“, pero parecía no concretar en propuestas.

No obstante, por el momento Manuela y su equipo se han limitado a mantener el “Plan contra la Explotación Sexual” iniciado por la anterior alcaldía del PP en la anterior legislación, ya que como afirmó la portavoz del Ayuntamiento Rita Maestre (dirigente de Podemos), lo consideran “muy interesante”.

El plan impulsado por Botella y avalado por Carmena reza “erradicar la demanda de prostitución y prestar atención a las mujeres que la ejercen ofreciéndoles recursos y alternativas viables para el abandono de la prostitución”. Un plan que fue criticado por algunas asociaciones que trabajan con mujeres en situación de esclavitud sexual y que lo definían como un plan nefasto principalmente porque con él “las prostitutas han sufrido un mayor acoso policial”, como expresó Cristina Garaizabal, cofundadora de Hetaira, un colectivo que trabaja con mujeres en situación de explotación sexual.

La ingenuidad de Carmen y la frivolidad de Bergoglio

El intento de capitulación por parte del Vaticano de la lucha por los Derechos Humanos en el último periodo, ha hecho que algunos vean a esta como una nueva etapa de la Iglesia Católica. Pero el mismo Bergoglio que organiza un encuentro en el que debatir la explotación sexual hacia las mujeres es el autor de declaraciones que arremeten contra derechos básicos de las estas como el aborto, o en contra de la diversidad sexual, alegando que las personas LGTB “no reconocen el orden de la creación”.

En los últimos tiempos el Vaticano ha buscado mostrarse con un nuevo rostro. Para ello ha utilizado una serie de discursos sociales con declaraciones en los distintos foros de gestión capitalista. Sus declaraciones en el Parlamento Europeo sobre la recuperación de los “viejos valores”, la lucha contra el cambio climático en la ONU y las declaraciones en su última visita a algunos estados latinoamericanos donde expresó “ningún poder fáctico o constituido tiene derecho a privar a los países pobres del pleno ejercicio de su soberanía”, son ejemplo de ello.

Todo esto es parte de un discurso que busca lavarle la cara a la Iglesia, fuertemente desprestigiada por los casos de corrupción y abusos a menores que saltaron públicamente en los últimos años. Una Iglesia que durante años fue fiel impulsora de las políticas neo liberales y adoctrinó en base a los pilares de la familia y el patriarcado.

Este nuevo discurso de “buenas intenciones” genera unas falsas expectativas que parece han causado efecto en ciertos líderes de algunas formaciones que se reivindican herederas de los movimientos sociales. Los cuales han visto en el Papa un aliado para sus políticas de mejora social. Primero fue Pablo Iglesias que mostró en varias ocasiones su admiración y voluntad de acercamiento a Bergoglio, y ahora es Manuela Carmena que ve voluntad en las “buenas intenciones” de la Iglesia.

Resulta paradójico (y no menos cínico) que una institución como la Iglesia Católica que desde hace 2000 años niega a las mujeres sus derechos más básicos, como el derecho a decidir sobre la maternidad o sobre la orientación sexual de las personas, discuta sobre la libertad de las mujeres. La discusión sobre esta cuestión en el seno de la Santa Sede solo puede perpetuar y fortalecer la situación de opresión y explotación que sufren millones de mujeres en todo el mundo.

La Iglesia junto con los gestores locales de los negocios capitalistas y la ONU, son instituciones que sostienen el orden mundial capitalista y, como la Iglesia, apoyan las bases del sistema patriarcal que lleva a las mujeres a las peores situaciones humanas posibles como la esclavitud sexual, el feminicidio, y les niega derechos como la educación, la libre sexualidad y el derecho a decidir sobre sus propios cuerpos.

Ni con un plan redactado por el PP, ni debatiendo con el Papa, puede abrirse camino para discutir sobre la cuestión de la explotación sexual. Solo un debate amplio independiente del Estado y de los intereses de la Iglesia podrá avanzar en temas como el de la esclavitud sexual y llevar a cabo medidas para comenzar a acabar con ello.

Pero terminar definitivamente con la opresión de género no será posible sin un movimiento fuerte de trabajadoras, jóvenes, estudiantes, precarias, inmigrantes, LGTBI, que, junto al conjunto de la clase obrera, entierre definitivamente al sistema capitalista que la sostiene.