Prostitución, feminismos y derecho penal,

de Mª Luisa Maqueda Abreu.

Granada, Comares, 2009

https://www.marcialpons.es/libros/prostitucion-feminismos-y-derecho-penal/9788498365023/

 

Recensión por

Francisco Majuelos

Universidad de Almería

España

Correspondencia: Francisco Majuelos. CEMyRI. Universidad de Almería. Ctra. De Sacramento s/n. 04120­La Cañada de San Urbano (Almería). España.

 

© Revista Internacional de Estudios Migratorios. CEMyRI. UAL (España)

 

“A modo de recapitulaciòn, Maqueda se refiere a ‘un continuum de despropòsitos legislativos en el abordaje jurídico del fenòmeno de la prostituciòn’ a causa de ‘la herencia determinante del abolicionismo. En su contexto, las víctimas no nos dejan ver a los sujetos de derechos que hay detrás, no interesa su autonomía ni el respeto a su propia subjetividad, ni su dignidad, ni su integridad ni, desde luego, su libertad’”

 

El libro que reseñamos aborda diferentes cuestiones relacionadas con la prostitución, las polémicas en relación a ella y los interrogantes que se suscitan en torno a la posible regulación de la prestación voluntaria de servicios sexuales. El texto se articula por medio de tres capítulos que, si bien poseen cierta identidad propia, mantiene una continuidad argumental y un alto nivel de conexión analítica.

En el primer capítulo, titulado „los orígenes de la prostituciòn contemporánea., se traza un bosquejo de la incorporación de la ideología abolicionista en la legislación internacio­nal y en las políticas públicas en relación con la prostitución y algunos de los fenómenos con los que habitualmente se vincula, como el tráfico o la trata. La autora nos sitúa en la segunda mitad del siglo XIX, en el contexto del desarrollo del capitalismo industrial: “la prostitución moderna vendría asociada a su vinculación con una clase social —las prostitutas eran las hijas no cualificadas de las clases no cualificadas— y el interés del estado por controlar la vida de los pobres” (p. 6). El incipiente abolicionismo, surgido como crítica a los aspectos más insoportables del reglamentarismo decimonónico, iría ganando terreno debido a diversos factores: los cambios sobrevenidos en el mercado de la prostitución, el fuerte desarrollo experimentado por ésta a finales del siglo XIX, la entrada en escena del llamado tráfico sexual de mujeres – alentado por su fuerte publicitaciòn y el „pánico moral. asociado a ella, respaldado por el abolicionismo-, etc. (p. 8). Este fenómeno provocaría la movilización en diferentes países organizándose múltiples eventos y suscribiéndose distintos convenios, hasta culminar en lo que Maqueda define como la “obra más representativa “del feminismo abolicionista: la Convenciòn de Naciones Unidas para la represión de la trata de seres humanos y de la explotación de la prostitución ajena, firmada en Nueva York el 21 de marzo de 1950 (p. 9).

En el segundo apartado de este capítulo, la autora traza el camino recorrido durante casi medio siglo hasta la firma del citado convenio, resaltando algunos aspectos de gran transcendencia: la contradicción inicial de muchos estados con políticas reglamentaristas en sus propios territorios, que suscribirían un acuerdo acusadamente abolicionista; el contenido criminalizador del entorno de la prostitución presente en el convenio; o el desconocimiento en él del principio de autonomía de la voluntad de la persona, reconocido en otros textos de carácter internacional. “Este convenio de 1950 condicionaría, de forma determinante, el devenir de las políticas sobre prostituciòn en los distintos países” (p. 13).

En el tercer apartado, Maqueda analiza los aspectos esenciales relacionados con la ideología abolicionista a partir de la finalización de la segunda guerra mundial, época a partir de la cual se iniciarían cambios profundos en los órdenes moral y sexual, particularmente en las ideas y las prácticas relacionadas con el sexo, así como su posterior vinculación a la industria del turismo y del ocio, y las ideas y hábitos sociales favorables a una normalización de la prostitución (p. 15). La evolución ideológica en el seno del propio feminismo, particularmente el feminismo cultural logrará imponer una jerarquía moral entre las mujeres en función de lo sexualmente correcto y considerará a la prostitución como una manifestación del poder de los hombres sobre las mujeres y de la imposición de la sexualidad masculina, vinculando esencialmente el placer masculino a la victimización, el daño y la explotación de la mujer. Asimismo se analizarán las influencias ejercidas por esta ideología en las políticas nacionales, en particular en el caso sueco, modelo de referencia del nuevo discurso feminista sobre la prostitución, que incorpora “otro de los grandes principios del abolicionismo radical: la negaciòn del derecho a prostituirse” (p. 20) y la penalizaciòn del cliente, consolidándose un concepto de prostitución que la conciba como explotación sexual.

También se hará un breve recorrido por el caso español, donde la tardía preocupación del feminismo por la prostitución, no ha impedido que se haya abierto paso en el ámbito institucional el ideario abolicionista: la prostitución como violencia de género, como sometimiento al deseo masculino; el sexo de pago como ausencia de libertad en el ejercicio de la sexualidad; la victimización de la prostituta y la desconsideración de su autonomía; la negación de la distinción entre prostitución libre y forzada, o su vinculación con el tráfico sexual; etc.

Su evaluación y conclusiones quedan reflejadas en los dos puntos finales respectivamente, y las aportaciones que ofrece no pueden ser más demoledoras: el mercado clandestino monopolizado por la delincuencia organizada, consecuencia de los regímenes prohibicionistas (p. 35); el incremento de la victimización, el estigma, la discriminación y la clandestinidad (p.37); concluyendo para el caso sueco que “procede levantar ‘acta de fracaso’ de la iniciativa legal sueca, cuyo principal avance ha sido garantizar la victimización de un colectivo que con ella se ha hecho más vulnerable” (p.38); y para el caso español, a los efectos invisibilizadores del prohibicionismo, habría que añadir el “amplio margen de inseguridad jurídica en la aplicaciòn de la nueva normativa penal” que los ambiguos términos de „explotaciòn sexual. provocan en relación a la difícil prueba del lucro punible (p. 40).

En el capítulo segundo, «los nuevos discursos: de la autodeterminaciòn sexual al reconocimiento de derechos», la autora realiza un análisis de los discursos en torno a la prostitución, un proceso de deconstrucción/construcción del concepto de prostitución que sea apropiado para el objetivo de “reconocimiento de la prostituciòn voluntaria como una práctica social – legal y regulada-” (p. 41).

El primer apartado se dedica a precisar los rasgos definitorios de un concepto adecuado de prostitución, necesariamente liberado de los tópicos y de las construcciones ideológicas que lo contaminan asociándole prácticas distintas a la prostitución y que, sin embargo, acaba por asimilar, insistiendo en los elementos que le son sustanciales: la prostitución como práctica social, la prostitución como sexo libremente pactado y la prostitución como actividad económica diversificada en un mercado internacionalizado.

En el segundo apartado, se aborda la construcciòn de una definiciòn “científica” de la prostituciòn: “la prestaciòn voluntaria y negociada de servicios sexuales remunerados”. A partir de esta definición, Maqueda precisa el contenido de los elementos que la componen, en relación a los discursos abolicionistas: la prostitución forzada no existe, es decir, que la prestación coercitiva de servicios sexuales no puede ser considerada prostitución; la prostitución como servicio sexual que se presta por quien recibe dinero a cambio implica que no se trata de una relación recíproca de sexo, en la medida en que quien ofrece servicios sexuales no mantiene “relaciones sexuales”; la prostituciòn como práctica y como profesiòn, que asimile la prostitución a un contexto público como trabajo sexual, que permita el reconocimiento de derechos sociales y laborales a sus protagonistas.

La voluntariedad inherente al concepto de prostitución propuesto es la clave para la opción al reconocimiento de un espacio de libertad en el ejercicio de la sexualidad, al que la autora asocia con la decisión de trabajar en el mercado del sexo y que vincula al discurso liberal: la prostitución no sería sino la expresión del derecho sexual de cualquier persona a disponer de su propio cuerpo. Es desde esta perspectiva desde la que la que se analizan las posibilidades de fundamentación de su propuesta regulatoria desde el discurso liberal, que reconoce no unívoco y que plantea diferentes problemas cuando se plasma en propuestas de intervención social: el modelo no intervencionista tanto en cuanto sitúa la libertad sexual en el terreno de lo privado; el modelo regulacionista, que intenta transformar los problemas sociales en problemas de orden público, mutando en un nuevo prohibicionismo que se vuelve contra las trabajadoras sexuales, ante la indiferencia del feminismo abolicionista respecto de los problemas humanos de las prostitutas.

El cuarto apartado analiza el discurso social de reconocimiento de derechos para el que parte de dos ideas clave: la prostitución como actividad económica y la prostitución como trabajo. Maqueda presenta diferentes aportaciones de esta perspectiva tanto desde la sociología como del derecho. Y su marco ideològico de partida “de ese reconocimiento de la prostitución como trabajo sexual no puede ser otro, por lo menos formalmente, que el estado social: sustraer de la condición de trabajadoras a las mujeres que ejercen la prostitución es sustraerlas también de los derechos asociados a los modelos de Estado de Bienestar” (p.95). A continuaciòn ejemplifica, y evalúa, esta perspectiva mediante el modelo holandés, al que reconoce su capacidad de mejora de la situación de las trabajadoras sexuales, si bien entre sus insuficiencias reconoce las dificultades de aplicación por falta de recursos, la peor posición laboral de las trabajadoras autónomas o la discriminación que supone para las trabajadoras extranjeras no comunitarias que están fuera del ámbito de protección en este modelo, al no ser fuente de reconocimiento laboral para su regularización administrativa, por razones de „interés nacional.. Otras insuficiencias del modelo laboral quedan recogidas en este apartado final del capítulo II, particularmente las que provienen del cuestionamiento de la ciudadanía laboral como fuente exclusiva del reconocimiento de derechos por parte de los estados, o las que propugnan una vía emancipadora desligada del concepto de ciudadanía. En cualquier caso la posición de la autora es clarísima al respecto: “quedarse fuera de la lògica del derecho sòlo atrae debilidades y conti­nuismo en la desprotecciòn de uno de los colectivos que más desprotegidos están” (p. 102).

En el capítulo tercero, „el discurso jurídico y la legalidad penal, se aborda esa visiòn tradicional del derecho “como portavoz de una reacciòn social contra la prostituciòn, en tanto que forma de desviaciòn” (p. 103), presentándonos el tránsito desde los regímenes reglamentaristas a los prohibicionistas, bajo la influencia del abolicionismo, desde la perspectiva del cambio en el discurso jurídico, que desplazaría el acento en la moralidad y la degradación desde la prostituta a la prostituciòn misma, un proceso cuyo resultado “ha sido el de la creaciòn de un espacio sin derechos, en el que el Derecho cada vez más explícitamente, se ha dejado ver como un instrumento de expulsión del entorno económico, político y social” (p. 107). Se abordan también diversas cuestiones acerca del estatus jurídico de la prostitución en nuestro país caracterizado precisamente por la ausencia de estatus alguno, cuya posibilidad de regulación indaga Maqueda desde distintas fuentes, buscando salvar los diferentes escollos doctrinales que impiden la regulación de la prostitución. En primer lugar, tras exponer los fundamentos jurídicos de la legalización de la actividad del alterne, intenta salvar, desde la tradición de la doctrina de la jurisprudencia, el principal escollo para la legalización de la prostitución con participación de terceros que representa el art. 188.1 del código penal tras su reforma de 2003. Frente al discur­so de la explotación sexual, iniciado en la Convención de las naciones Unidas de 1950, que justifica el reproche penal a la obtención de un aprovechamiento económico de la prostitución ajena, la autora considera que la acción punitiva sólo estaría justificada por los “abusos a esas necesarias reglas de ejercicio –voluntario- de la prostituciòn” (p.118), lo cual apoya en diferentes pronunciamientos penales, de tal manera que la interpretación del concepto de explotación sexual se aproximaría a la idea de explotación laboral derivada de la imposición de condiciones abusivas de trabajo, propuesta que considera compatible con las diferentes definiciones internacionales, apelando para ello, entre otras fuentes, al último informe criminológico de la Guardia Civil (que tal vez por ello fue el último). Respecto a la „prestaciòn coercitiva de servi­cios sexuales, la autora duda de que se pueda en tales casos hablar de prostituciòn: “si no hay consentimiento en la prestación de servicios sexuales, ni mínima reciprocidad en la obtención de beneficios, no hay prostituciòn” (p. 123), prefiriendo caracterizar tales acciones como agresiones o abusos sexuales, o rescatando la figura penal de la „servidumbre.. Paralelo recorrido realiza la autora respecto de las relaciones entre trata, tráfico y prostitución, resultado de la confusión conceptual derivada de la introducción de las variables vulnerabilidad y precariedad administrativa como elementos definitorios de dichas figuras, y la construcción de un discurso fundado en la vulnerabilidad con “una alarmante fuerza de convicción. Su componente emocional ha hecho estragos en el mundo del derecho” (p.133).

A modo de recapitulaciòn, Maqueda se refiere a “un continuum de despropòsitos legislativos en el abordaje jurídico del fenòmeno de la prostituciòn” a causa de “la herencia determinante del abolicionismo. En su contexto, las víctimas no nos dejan ver a los sujetos de derechos que hay detrás, no interesa su autonomía ni el respeto a su propia subjetividad, ni su dignidad, ni su integridad ni, desde luego, su libertad” (p. 138). Apoyándose en ello propone una revisiòn de las leyes “bajo un nuevo discurso ‘liberal’ de reconocimiento de derechos, en el que se representaran a unos actores sociales que se mueven voluntariamente en un contexto – sexual-tan digno de ser reconocido y jurídicamente tutelado como cualquier otro” (p. 139), pretensión del llamado modelo laboral y que descartó el Informe Final de la Ponencia de 2007.

Por último, la autora confía en que sea la práctica judicial, mediante una interpretación ajustada constitucionalmente, la que permita la obtención de derechos sin necesidad de que el legislador introduzca modificaciones. Aún así, quedarían por fijar los límites legales al ejercicio de la prostitución como opción individual y como actividad asalariada. Sería necesario analizar los procesos y los actores presentes en ellos, para evitar una criminalización indiscriminada de todos ellos, situando los límites de intervención penal en los casos graves de abuso en la obtención del lucro y en la imposición de las condiciones laborales abusivas en la prestación voluntaria de los servicios.

A pesar de la confianza expresada, no deja de resultarnos llamativa una de las últimas líneas del texto que comentamos: “el lenguaje ambiguo y equívoco de las leyes se ha convertido en el mejor aliado de una política criminal marcada por el eficientismo político” (p. 148).

Estamos pues, ante un texto de enorme interés, que aborda la problemática de una posible legalización de la prostitución desde una perspectiva muy sugerente y que, al margen del realismo y viabilidad de sus propuestas, informa de los múltiples elementos que dificultan o participan en tal hipotética medida, los deconstruye en lo que de artefacto ideológico sostienen, y trata de armar una definición que pueda permitir su consistente fundamentación jurídica, constitucional, y su regulación legal. Se trata de un libro abundantemente documentado desde fuentes diversas, que nos presenta de forma comprensible las claves que marcan la consideración de la prostitución y los impedimentos para tal normalización jurídica y social. Especialmente relevante es el desenmascaramiento de los condicionantes ideológicos que el abolicionismo ha impuesto no ya en el tratamiento penal de la prostitución y de otros fenómenos habitualmente asociados a ella, sino en la vida misma de las trabajadoras sexuales y de su entorno social.

Mucho nos tememos que el camino por recorrer sea más complicado de lo que la clarividencia que la autora nos muestra en este libro permitiría suponer, pero no nos cabe duda de que se trata de un instrumente valiosísimo para entender el fenómeno que analiza y las problemas que deja pendientes de resolver.

 

 

 

 

 

 

Cómo llegamos aquí: la historia del protocolo de Palermo sobre trata

La “trata de personas” no tenía por qué significar lo que significa ahora. Esta es la historia de cómo obtuvo su definición, contada por alguien que estaba en la habitación cuando sucedió.

 

Marjan Wijers

11 de febrero de 2021

https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/how-we-got-here-story-palermo-protocol-trafficking/

 

Marjan Wijers, consultora e investigadora sobre la trata de personas desde hace mucho tiempo, estaba en la sala cuando se negoció el protocolo de Palermo sobre la trata de personas hace 20 años. Nos reunimos con Marjan como parte de nuestro aniversario especial sobre el protocolo para conocer cómo cambió el campo de la lucha contra la trata de personas con Palermo, cómo se desarrollaron esas negociaciones y hacia dónde podemos ir desde aquí. Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.

 

Joel Quirk (BTS): El protocolo de Palermo se finalizó hace más de 20 años, y para muchas personas que trabajan en los campos de la trata y la explotación laboral hoy en día simplemente siempre ha estado ahí. Pero ese no es realmente el caso. ¿Cómo era el campo antes de que existiera un protocolo de Palermo?

Marjan Wijers: En la década de 1980, grupos feministas con experiencia en cooperación para el desarrollo comenzaron a trabajar en la trata de personas en los Países Bajos. De hecho, se metieron en esto porque estaban investigando el turismo sexual. A través de ese trabajo y sus contactos con organizaciones de mujeres asiáticas, se dieron cuenta de que había un segundo flujo de mujeres al revés, que venían a los Países Bajos y otros países europeos para hacer trabajo sexual, pero también como trabajadoras domésticas y novias por correo. Así fue como se fundó la Fundación contra la Trata de Mujeres (STV) en 1987.

Trabajamos principalmente con mujeres migrantes en la industria del sexo. La mayoría de ellas eran indocumentadas. Algunas originalmente planearon hacer un tipo diferente de trabajo, como trabajo doméstico o modelaje, y terminaron en la industria del sexo. Otras vinieron con la intención de realizar trabajo sexual y terminaron en condiciones laborales abusivas y forzadas. Desde el principio, para nosotras, no se trató de mujeres inocentes obligadas a prostituirse. Se trataba de abordar la explotación y el abuso de las mujeres migrantes en la industria del sexo, independientemente de si se habían visto obligadas a hacerlo o no. De hecho varias de nuestras clientas querían seguir haciendo trabajo sexual, pero ahora por sí mismas.

Si no recuerdo mal, en ese momento solo los Países Bajos y Alemania tenían grupos que trabajaban en el tema de las trabajadoras sexuales migrantes y la trata. Y, en ese momento, realmente a nadie le importaba. Hablábamos de migrantes. Hablábamos de mujeres extranjeras, principalmente del sureste de Asia y América Latina, y mujeres de color. Y estábamos hablando de prostitutas. Todavía no usamos el término trabajadora sexual, que vino después.

Nuestras clientas no tenían derechos, como mujeres, como migrantes y como prostitutas. Tenían menos derechos y oportunidades que los hombres en su país. Y no tenían derechos aquí en Europa Occidental porque la mayoría eran indocumentadas y, sobre todo, no tenían derechos porque eran putas. Utilizo explícitamente la palabra «putas», ya que realmente no importaba si tomaron su propia decisión de hacer trabajo sexual o si se vieron obligadas a hacerlo. «Una vez puta siempre puta, ¿a quién crees que le importará?», eso es lo que les decían sus explotadores.

Y eso es precisamente lo que pasó. Incluso si acudían a la policía, los casos no se tomaban en serio. Simplemente eran deportados de regreso a la situación de la que habían intentado escapar, y los casos no eran procesados. Las primeras acciones que emprendimos junto con mujeres que ahora calificarían como «víctimas de la trata» impulsaron cosas como permisos de residencia temporales, la capacidad de presentar cargos y que los casos se investiguen y enjuicien activamente. Creo que fue más o menos lo mismo en Alemania.


Si hubiéramos conocido la historia y las fallas inherentes al concepto de trata en ese entonces, nunca lo hubiéramos usado.


El interés por la trata aumentó rápidamente con la caída del Muro de Berlín en 1989. Hubo varias razones para ello. No quiero ser cínica, pero estoy convencida de que una fue que las víctimas cambiaron de mujeres de color a mujeres blancas, mujeres de Europa del Este. O sea, de «ellos» a «nosotros». La otra, creo, era que no sabíamos qué tan rápido podríamos reconstruir el muro. Una vez que cayó el muro, todos pudieron viajar libremente de nuevo. Eso estuvo bien, pero, por supuesto, nunca fue la intención. Y luego estaba el temor de que nos inundarían no solo los inmigrantes de Europa del Este, sino también la mafia rusa. La trata proporcionó la justificación perfecta para una agenda anti-migración en nombre de la lucha contra la trata, literalmente bajo la bandera de «si no pueden venir, tampoco pueden convertirse en víctimas». Se gastó mucho dinero de la trata en la reconstrucción de las fronteras polacas, por ejemplo.

Estos factores ayudaron a impulsar la trata de personas en la agenda política. No fue tanto que la gente se preocupara más por los derechos de las trabajadoras sexuales o los migrantes, o por proteger a las trabajadoras sexuales del abuso. Se debió principalmente a que el argumento de la trata servía perfectamente a varios intereses estatales, que se volvieron urgentes después de la caída del Muro de Berlín.

Al mismo tiempo, se produjo el segundo movimiento feminista. Eso llamó la atención sobre la violencia sexual y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Y desde la década de 1970, las trabajadoras sexuales habían comenzado a organizarse, ese también fue un movimiento que surgió. Entonces, por un lado, teníamos el movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales que reclamaba el derecho a elegir el trabajo que se desea hacer y no ser castigada o criminalizada por ello, y por otro lado, el movimiento contra la trata de personas que reclamaba el derecho a no ser forzada a hacer un trabajo que no quieres hacer. Ambos reclamos se refieren a los derechos humanos, la libertad de elegir la propia profesión y el derecho a ser protegido del trabajo forzoso, y ambos deben ser respetados. Así es como lo veíamos: en nuestra opinión, los derechos a favor y en contra de la violencia eran las dos caras de la misma moneda. Así que desde nuestro principio trabajamos junto con Red Thread, la organización holandesa de derechos de las prostitutas.

Antes de todo esto estaba la cuestión de cómo llamar a este tipo de abusos. Permítanme decirlo así: si hubiéramos conocido la historia y las fallas inherentes al concepto de trata en ese entonces, nunca lo hubiéramos usado. Lo que deberíamos haber hecho habría sido hablar sobre el trabajo forzoso, incluidos los servicios sexuales forzados, las prácticas análogas a la esclavitud y la servidumbre. Deberíamos haber utilizado conceptos que describan las condiciones de vida y de trabajo en las que se encuentran las personas. Estos son conceptos que están definidos en el derecho internacional de los derechos humanos y son algo neutrales. Pero en ese momento no éramos conscientes de todo eso, así que terminamos recurriendo al concepto victoriano de trata de personas del siglo XIX con su enfoque en la pureza y victimización de las mujeres y la protección de las fronteras nacionales. Al hacerlo, sin saberlo, importamos un concepto muy sesgado, dividiendo a las mujeres en víctimas inocentes que necesitan ser rescatadas y culpables que pueden ser abusadas con impunidad, pero también con tintes racistas y nacionalistas.

A pesar de los esfuerzos para contrarrestar estas fallas, esta herencia continúa definiendo el debate sobre la trata hoy, como lo ejemplifica la distinción que el Protocolo de la ONU contra la Trata hace entre la llamada ‘explotación sexual’ y la ‘explotación laboral’ y su enfoque en el reclutamiento y el movimiento en lugar de las condiciones de trabajo. Históricamente, la trata se ha utilizado para controlar la sexualidad y la movilidad de las mujeres y para justificar medidas opresivas contra las trabajadoras sexuales y los migrantes, en lugar de proteger sus derechos humanos. Ya en la década de 1990 quedó claro que esto era lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando comenzamos las negociaciones sobre el protocolo de trata, éramos muy conscientes de los problemas del concepto. Y tratamos de abordarlos.

Joel: ¿Entraste en esas negociaciones creyendo que eran una oportunidad, o las abordaste principalmente con inquietud y ansiedad? ¿Ya estaba claro cuáles serían las fallas o te sorprendieron?

Marjan: Ya había habido mucha discusión en torno a la definición de trata cuando alcanzó la cima de la agenda internacional. ¿La trata es solo de mujeres y niñas? ¿La trata solo tiene lugar a través de fronteras o también ocurre dentro de las fronteras? ¿La trata consiste únicamente en obligar a las mujeres a prostituirse o también en prácticas abusivas de contratación para el trabajo doméstico y otros tipos de trabajo? ¿Se trata solo de contratación o también de condiciones de trabajo abusivas y análogas a la esclavitud? Prácticamente todas las preguntas y cuestiones que jugaron un papel en las negociaciones sobre el protocolo de trata ya eran puntos de discusión en el debate político más amplio.

Así que hubo una enorme confusión sobre cuál era el concepto. E incluso si la gente estaba de acuerdo en que el núcleo de la trata era la coacción o la fuerza, no había consenso sobre a qué se refería «fuerza», especialmente en relación con el trabajo sexual. ¿Se refería tanto a condiciones abusivas de contratación como de trabajo? ¿O se refería únicamente a la forma en que una mujer llegó a prostituirse, como resultado de su propia decisión o forzada por otros (excluyendo así a las mujeres que decidieron conscientemente trabajar en la industria del sexo pero que fueron sometidas a la fuerza y ​​el abuso en el curso de su trabajo)? Y algunos vieron la prostitución en sí misma como una violación de los derechos humanos similar a la esclavitud. Desde este punto de vista, ninguna mujer puede dar su consentimiento voluntario para el trabajo sexual y cualquier distinción basada en el consentimiento o la voluntad de la mujer carece de sentido.

Sabíamos que todas estas discusiones estaban teniendo lugar, así que conocíamos los peligros y sabíamos cuánto se mezclaba el concepto con las agendas anti-prostitución y anti-migración. También sabíamos que era sexista en la forma en que vinculaba el derecho de las mujeres a ser protegidas contra la violencia con su inocencia o pureza sexual. Entonces sabíamos exactamente lo que estaba mal. Quizás no todo el mundo lo hizo, pero la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), que fue fundada por grupos de mujeres tailandesas y STV a lo largo de la década de 1990, ciertamente lo hizo. Varias organizaciones de derechos humanos lo hicieron y, por supuesto, las organizaciones de trabajadoras sexuales fueron muy conscientes de ello desde el principio.

Joel: ¿El protocolo de Palermo podría haber resultado diferente? ¿O parecía más o menos fijo desde el principio, y lo que obtuviste fue más o menos lo que esperabas?

Marjan: No éramos tan optimistas. Sabíamos cuáles eran los problemas y sabíamos cómo se usaba el concepto contra las trabajadoras sexuales y los inmigrantes. Así que estábamos bien preparadas en ese sentido. Teníamos varios objetivos y nos organizamos a través de movimientos. Reunimos a organizaciones y activistas contra la trata de personas, los derechos humanos y los derechos de las trabajadoras sexuales, liderados por el International Human Rights Law Group y la GAATW. Participé en nombre de la GAATW y la Fundación Holandesa contra la Trata de Mujeres, donde trabajaba en ese momento. La composición de esta alianza fue realmente importante ya que fue la primera vez que estos tres movimientos trabajaron juntos en un lobby conjunto. Especialmente la combinación de activistas y grupos de lucha contra la trata y pro-trabajadoras sexuales fue radical, ya que cerró la brecha histórica entre los dos movimientos causada por la persistente fusión de la trata y el trabajo sexual.

Para el movimiento de las trabajadoras sexuales fue una posición realmente difícil porque estaban claramente en contra del concepto de trata. Ya habían sufrido mucho por eso. Al mismo tiempo, todos sabíamos que era importante intentar controlar el daño tanto como fuera posible. Entonces, las negociaciones sobre el protocolo no fueron como, ‘Oh, esta es una hermosa oportunidad’. Ellas dijeron, ya conocemos el daño y sabemos que puede empeorar, entonces, ¿qué podemos hacer para controlar el daño e intentar para aprovecharlo al máximo? Preparamos nuestros documentos juntas, fuimos juntas a las negociaciones y presionamos juntas.

Al igual que los estados, las ONG estaban profundamente divididas sobre cómo debería definirse la trata, es decir, qué prácticas deberían combatirse. Si bien hicimos una distinción clara entre la trata y el trabajo sexual y sostuvimos que las condiciones de trabajo forzoso en todas las industrias deben abordarse, el otro bloque de ONG, liderado por la Coalición contra la Trata de Mujeres (CATW) con sede en EE.UU. consideraba todo trabajo sexual como trata y quería el protocolo para combatir la prostitución como tal.

En el momento de las negociaciones sobre el protocolo, CATW había existido por un tiempo y habían ganado mucha influencia. Asistí a una de sus conferencias en Nueva York a finales de los 80. En ese momento no tenían ni idea de la trata o la posición y las experiencias de las mujeres migrantes. Se centraron principalmente en la violencia contra las mujeres blancas y la pornografía. Recuerdo a Andrea Dworkin, como una sacerdotisa que pone histéricas a todo un salón de mujeres sobre una mujer a la que su empleador obliga a mirar Garganta profunda, una famosa película porno de la época. Pero durante la década de 1990 obtuvieron mucho dinero de los gobiernos conservadores y se convirtieron en un grupo de presión anti-prostitución rico, importante e influyente con capítulos en varios países asiáticos.

Si mal no recuerdo, no estuvieron presentes en la primera sesión de negociaciones sobre el protocolo, pero desde la segunda sesión en adelante estuvieron allí. Y a partir de ese momento, hubo dos bloques de presión de ONG opuestos. Nuestro bloque, que operaba bajo el nombre de Human Rights Caucus, abogó por una definición amplia e integral de trata con la coerción como elemento central. Queríamos incluir tanto a hombres como a mujeres y niños, para ir más allá de la prostitución e incluir todos los sectores de trabajo en los que las personas podrían terminar en condiciones de esclavitud y trabajos forzados, e incluir la trata tanto transfronteriza como interna. Queríamos ser más amplios, ya que pensamos que esto podría neutralizar las partes problemáticas del concepto tradicional de trata.

El otro bloque, que junto a CATW incluía entre otros el Lobby Europeo de Mujeres y la Federación Abolicionista Internacional Francesa, quería un protocolo que definiera toda prostitución como trata, y que solo se aplicara a mujeres y niñas. Significativamente, operaron bajo el nombre de International Human Rights Network, copiando nuestro nombre y aumentando la confusión sobre quién era quién. Esas fueron las dos posiciones opuestas, y la definición final es un claro compromiso entre esas dos posiciones. Por un lado, establece una clara distinción entre el trabajo sexual y la trata. Cubre a mujeres, hombres y niños, e incluye todos los sectores laborales en lugar de solo la industria del sexo. Por otro lado, la «explotación de la prostitución y la explotación sexual» se destaca como algo separado y diferente de lo que se denominó «explotación laboral», es decir, trabajo forzoso, prácticas análogas a la esclavitud y servidumbre en otras industrias. Y hemos visto sus efectos dañinos.

Joel: Lo que ha dicho hasta ahora refleja la historia comúnmente contada sobre las negociaciones de Palermo, que es esencialmente una discusión entre dos coaliciones opuestas de ONG y voces de la sociedad civil. Y entiendo que ese fue un punto clave de la discusión. Pero siempre me ha llamado la atención que esta descripción pierde el papel de los estados. Los gobiernos siempre tienen la última palabra en este tipo de negociaciones: la sociedad civil no puede escribir su propio derecho internacional. ¿Podrías decirnos más sobre las posiciones gubernamentales durante las negociaciones?

Marjan: La lucha entre las ONG se reflejó más o menos también en la posición de los gobiernos. Fue hace mucho tiempo, pero por lo que recuerdo, creo que hubo tres cuestiones que dividieron a los estados, y no siempre en la misma línea. Una fue la cuestión moral de la prostitución y la idea de que toda prostitución es trata. Los estados comenzaron con diferentes posiciones sobre la prostitución, pero creo que les resultó relativamente fácil decir: ‘Incluso si no estamos de acuerdo sobre la prostitución, estamos de acuerdo sobre la coerción, así que limitemos este tratado a situaciones de abuso y coerción y no a la prostitución’ como tal. ”Eso resolvió más o menos la cuestión moral, aunque la cuestión moral vuelve a aparecer en otros artículos, por ejemplo, el de combatir la demanda.

Entonces creo que hubo una diferencia con respecto a las fronteras. Los países ricos y pobres se opusieron más en lo que respecta a la migración. Para los países ricos, especialmente, era realmente importante incluir artículos en el protocolo sobre la protección de las fronteras, mientras que para los países pobres las remesas de mano de obra que los migrantes enviaban a casa constituían una parte importante de su ingreso nacional. El tercer punto fueron los derechos de las víctimas. Los países de envío estaban mucho más inclinados a incluir disposiciones de protección a las víctimas, mientras que los países de destino no estaban dispuestos a hacerlo en absoluto.

Eso también se refleja en el protocolo. Hay una serie de disposiciones sobre la protección de las víctimas, pero no son obligatorias. La protección de las víctimas queda a discreción de los estados, mientras que todas las disposiciones de aplicación de la ley son obligatorias. Y allí, creo, el lobby de las ONG realmente fracasó. Nuestra facción sintió que incluso si no estábamos de acuerdo con los demás sobre la prostitución, deberíamos poder estar de acuerdo en la necesidad de disposiciones de protección a las víctimas. Pero la otra parte no quiso cooperar.

Joel: ¿Por qué no?

Marjan: Porque no querían trabajar con nosotras, en parte por lo polarizados que estábamos todos y en parte porque, y probablemente sea desagradable decirlo, no les interesaba. Nosotras éramos las que trabajábamos con las víctimas. Nosotras éramos las que queríamos protección para las víctimas. Tenían una agenda totalmente diferente, impulsada ideológicamente. Querían combatir la prostitución. Y cuál fuere el impacto real de eso en las mujeres, las trabajadoras sexuales, las víctimas, no creo que realmente les importara.

Joel: El protocolo de Palermo es lo que nos da la definición de trata acordada internacionalmente. En el fondo está la idea de que la trata de personas tiene como finalidad la explotación, que es la bisagra de todo el tratado. Sin embargo, la explotación no está definida, solo hay una lista no exhaustiva de ejemplos. ¿Por qué el protocolo en ningún momento dice realmente qué es explotación?

Marjan: No pudieron ponerse de acuerdo.

Joel: ¿No podían ponerse de acuerdo porque la gente quería versiones muy diferentes, o no podían ponerse de acuerdo porque la explotación es muy difícil de definir?

Marjan: Lo que recuerdo es que hubo varios estados y expertos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo y nosotras, que dijimos que no uses la palabra explotación. Cíñete al trabajo forzado, la servidumbre, las prácticas análogas a la esclavitud, etc., conceptos aceptados y definidos en el derecho internacional de los derechos humanos. También abogamos por eliminar la palabra «explotación sexual» porque no está definida, es controvertida e innecesaria. La Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, por ejemplo, señaló que el término ‘explotación sexual’ podría interpretarse de formas muy diferentes, dependiendo de si crees que la prostitución constituye ‘explotación sexual’ per se, o si se refiere a situaciones de violencia forzada. trabajo, servidumbre o prácticas análogas a la esclavitud, que pueden ocurrir en la industria del sexo pero también en el trabajo doméstico o los matrimonios serviles.

Y luego estaba el otro grupo de estados, que incluía a EE.UU., que quería tener la explotación de la prostitución y la explotación sexual en el protocolo independientemente del uso del engaño, la fuerza o la coerción. Realmente querían tener eso en el protocolo. Recuerdo que le escribimos una carta a Madeleine Albright, la secretaria de Estado de Estados Unidos en ese momento, para tratar de discutir la posición de Estados Unidos con ella. Fue firmado por un montón de expertos de diferentes organizaciones en los EE. UU. y en otros lugares, y argumentó que había consenso sobre limitar el protocolo a situaciones forzadas y advirtió que expandirlo para incluir la prostitución voluntaria significaría que varios países se negarían a firmar eso.

El compromiso fue ponerlos a ambos. La frase ‘con el propósito de explotación’ era una especie de término general, y luego bajo ese encabezado se podría poner tanto la explotación de la prostitución como el trabajo forzado, etc. Los términos “explotación del la prostitución ajena” y «explotación sexual» se dejaron intencionalmente sin definir, de modo que los estados pudieran decidir por sí mismos cómo querían abordar la prostitución en sus leyes nacionales. Fue un compromiso político típico en el que ambas partes obtuvieron más o menos lo que querían.

Joel: Mencionaste los efectos dañinos de señalar la explotación sexual como algo diferente del trabajo forzado, las prácticas similares a la esclavitud y la servidumbre. ¿Qué quieres decir con eso?

Marjan: La inclusión de la explotación de la prostitución como un propósito separado del trabajo forzado, etc. reforzó la obsesión histórica por la prostitución y alimentó la vieja fusión de trata y trabajo sexual y la preocupación por la pureza de la mujer. No solo implica que el trabajo sexual no puede ser trabajo, sino que también sugiere falsamente que el trabajo forzado no puede existir en la industria del sexo, lo que priva a las trabajadoras sexuales de la protección contra esa práctica. La OIT siempre había considerado la prostitución forzada como una forma de trabajo forzado, por lo que separarla fue realmente un paso atrás.

El trabajo forzado y las prácticas análogas a la esclavitud no se definen por el tipo de trabajo sino por las condiciones laborales forzadas y no libres. Según la definición del protocolo, esto también debería aplicarse a la trata. Nadie diría nunca que una trabajadora doméstica no puede ser víctima de la trata simplemente porque sabía que haría trabajo doméstico o había trabajado antes como trabajadora doméstica. Pero cuando se trata del trabajo sexual, se ve que en la práctica muchos estados restringen la fuerza para referirse solo a obligar a alguien a prostituirse y no a condiciones de trabajo forzado.

El efecto es que en muchos casos, en lugar de que el delincuente sea juzgado, es la víctima quien tiene que demostrar su «inocencia», desplazando así el enfoque de los actos del tratante a la moralidad de la víctima. Esta distinción entre mujeres «buenas» que merecen protección y mujeres «malas» que perdieron su derecho a la protección contra el abuso es uno de los principales obstáculos para combatir la trata. No solo implica que las trabajadoras sexuales pueden ser abusadas con impunidad, sino también que el derecho de las mujeres a ser protegidas contra la violencia y el abuso está determinado por su pureza u «honor» sexual. Esto no solo es perjudicial para las trabajadoras sexuales, sino para todas las mujeres.

Este excepcionalismo del trabajo sexual también allanó el camino para estrategias completamente opuestas. Donde todo el mundo está de acuerdo en que es importante fortalecer los derechos y apoyar la sindicalización, organización, etc. para combatir el trabajo forzado o las condiciones laborales abusivas, se promueven estrategias exactamente opuestas cuando se trata de combatir la trata en la industria del sexo. Allí se aboga por una mayor criminalización, que se suma al estigma y deja a las trabajadoras sexuales con menos en lugar de más derechos. Esto se ve reforzado por el artículo del protocolo que llama a los Estados a “desalentar la demanda que fomenta todas las formas de explotación”. Por supuesto, esto se interpreta como que se aplica únicamente al trabajo sexual y sentó las bases para las llamadas campañas de «fin de la demanda» que piden la criminalización de los clientes de las trabajadoras sexuales.


La gente tiende a pensar que el protocolo es un tratado de derechos humanos, pero es obvio que no lo es.


La separación de la explotación sexual de los otros fines también hizo que fuera crucial incluir los medios coercitivos en el protocolo. Sin eso se habría convertido en un tratado contra la prostitución, porque simplemente habría sido reclutamiento, transporte, etc., con el propósito de explotar la prostitución, independientemente del uso de la fuerza o la coacción. Si el propósito solo hubiera sido el trabajo forzado, la esclavitud, etc., no habría necesitado los medios coercitivos o engañosos, ya que aquellos son inherentemente coercitivos. Lo que hemos visto en la práctica es que varios países, como México, han eliminado los medios. Y si borras los medios, conviertes el protocolo contra la trata en un protocolo contra la prostitución.

Un cuarto problema es el enfoque en el movimiento. Desvía la atención del trabajo forzado y los resultados similares a la esclavitud que constituyen las violaciones reales de los derechos humanos. Esto no solo proporciona a los estados una justificación para seguir una agenda de control fronterizo bajo el disfraz de combatir la trata, sino que también crea dos categorías de víctimas: aquellas que llegan en una situación de trabajo forzado o esclavitud a través de la trata y aquellas que llegan de otras maneras. El primer grupo tiene derecho a recibir apoyo, aunque sea bastante mínimo, mientras que el segundo está excluido de cualquier derecho porque no lo consiguió a través de la trata. Desde el punto de vista de los derechos humanos, eso es, por supuesto, inaceptable. De hecho, refleja los primeros tratados sobre la trata de personas alrededor de 1900 que abordaban el reclutamiento transfronterizo de mujeres para lo que entonces se llamaba fines inmorales, pero dejaban de lado explícitamente las condiciones coercitivas dentro de los burdeles. Se consideró que era una cuestión de legislación interna.

Joel: ¿Saliste de las negociaciones sintiéndote feliz o preocupada?

 Marjan: Pienso que un poco las dos cosas. Nos alegró que cubriera a todas las personas en lugar de solo a mujeres y niñas. Nos alegró que cubriera todos los sectores. Nos alegró que, al menos en la definición y explicación del protocolo, estuviera claro que la coacción era un elemento central de la trata. Esa había sido una gran pelea. Así que nos alegramos de que estuviera claro que la coerción, el engaño o la fuerza deben estar presentes para que algo sea trata.

Al mismo tiempo, nos preocupaba mucho la distinción que se hacía entre la explotación de la prostitución y los demás fines de trabajo forzado, etc. Y nuestras preocupaciones han demostrado estar completamente justificadas. También nos decepcionó enormemente la falta de protección de los derechos humanos de las personas objeto de trata. La gente tiende a pensar que el protocolo es un tratado de derechos humanos, pero es obvio que no lo es. Es parte de un tratado sobre la delincuencia organizada, es un instrumento de aplicación de la ley.

Joel: Parece que la gente ha trabajado mucho para ampliar la definición de trata en lo que respecta al trabajo sexual, pero se han mostrado reacios a pensar de manera más amplia en otras áreas. Se han resistido a aplicarlo a los trabajadores migrantes o a los trabajadores de las cadenas de suministro globales, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Intenta la gente aplicar la trata de manera amplia cuando se trata de trabajo sexual y luego de manera limitada cuando se trata de trabajadores migrantes porque de lo contrario es demasiado inconveniente políticamente?

 Marjan: Bueno, la explotación y la disponibilidad de mano de obra barata y explotable es, de hecho, el núcleo del sistema capitalista. Si realmente quisiéramos abordar la explotación en otras industrias, afectaría nuestros propios intereses en servicios y productos baratos. Tendríamos que pagar más por nuestros teléfonos móviles, por nuestras verduras, por la limpieza de nuestras casas y oficinas, etc. Por tanto, es mucho más atractivo centrarse en el trabajo sexual, que se ajusta a una agenda moral más que económica y es fácil de realizar separadamente de nuestras vidas e intereses diarios.

Abordar la explotación requeriría una agenda de justicia social. Requeriría mejorar la situación económica, social y legal de los migrantes, por ejemplo. Centrarse en la prostitución, por el contrario, permite reducir la cuestión a un marco de delito y castigo. No llega a intentar abordar el sistema económico. Y, por supuesto, rescatar a doncellas inocentes es mucho más sexy. Todo esto expone una vez más cuán defectuoso es todo el concepto. Gastamos millones para combatir la trata, mientras que los tratados de trabajo forzado, que ya se remontan a las décadas de 1930 y 1950, nunca han recibido tanta atención. Eso no ha sucedido por accidente.

Joel: ¿Dirías que el problema está más en el protocolo o en lo que hacen los gobiernos con el protocolo?

Marjan: No puedes separarlos. El protocolo fue un compromiso político entre dos puntos de vista e intereses opuestos. Había una razón para hacer ese compromiso, y esas razones también se reflejan en la forma en que se aplica. Así que no creo que realmente puedas hacer esa distinción. Muchos estados dependen de la mano de obra migrante y sería contrario a sus intereses abordar las condiciones abusivas de los trabajadores migrantes y otros trabajadores mal pagados. Entonces no son muy propensos a hacer eso. Además, es mucho más fácil centrarse en la prostitución, las fronteras y la moralidad de las mujeres. Eso encaja mucho mejor con los intereses del estado que abordar las condiciones laborales abusivas que experimentan los migrantes y otros grupos de trabajadores mal pagados que mantienen su economía en marcha. Entonces, ¿por qué deberías hacerlo?

Joel: ¿Te has vuelto más optimista o pesimista en el tiempo que ha pasado con respecto al valor de la trata de personas como una forma de abordar cuestiones de explotación?

Marjan: Creo que ha pasado lo que temíamos. Ha hecho muy poco para abordar las violaciones reales de los derechos humanos o las causas de la explotación de personas en condiciones de trabajo forzoso o análogas a la esclavitud. Tampoco hizo mucho por los derechos de las víctimas porque, por supuesto, existen abusos. Nadie niega que haya graves abusos contra los derechos humanos de las personas, pero el protocolo hace poco para abordarlos. Al contrario, respalda medidas que agravan los abusos. Las medidas represivas siempre tienen un impacto negativo en los grupos más vulnerables. Cuanto más criminaliza o estigmatiza a los grupos, más vulnerables los vuelve a sufrir abusos y más cierra su acceso a la justicia.


Es posible que el protocolo de Palermo hiciera un poco por una categoría muy pequeña de víctimas, pero perjudicó a grupos mucho más grandes.


Yo diría que la situación ha empeorado para muchos grupos. Eso es ciertamente cierto para las trabajadoras sexuales, pero también para muchos migrantes. El protocolo de Palermo brindó a los estados un instrumento para justificar las medidas represivas que colocan a las personas en posiciones más vulnerables. Y al mismo tiempo, no ayudó mucho a mejorar la situación de las víctimas de abuso. En la mayoría de los estados tienes que cooperar con la fiscalía para beneficiarte como víctima, lo que significa que tienes que ponerte a ti y a tu familia en mayor riesgo. Y si usted es un migrante, es probable que lo deporten una vez que ya no sea útil como testigo. También sabemos que el derecho penal no está hecho para víctimas. El derecho penal es un problema entre los estados y los perpetradores. Básicamente, las víctimas no son más que una huella digital, algo que se guarda en un cajón y se saca si necesitas pruebas. Es así. Es posible que el protocolo de Palermo sirviera un poco para una pequeña categoría de víctimas, pero no mejoró las cosas para la mayoría de ellas y perjudicó a grupos mucho más grandes.

Durante las negociaciones defendimos que la trata debería abarcar tanto las condiciones abusivas de contratación como las condiciones laborales abusivas. El protocolo no hace esto. La trata según el protocolo se limita al proceso de contratación, la forma en que las personas llegan a situaciones de explotación. Esto significa que tenemos millones de personas en condiciones de trabajo forzado en todo el mundo que no llegaron allí a través de la trata, y como no llegaron a través de la trata, carecen completamente de derechos. Es como combatir la trata de esclavos pero no la esclavitud. Si naciste esclavo porque tus padres eran esclavos, está bien, siempre y cuando no hayas llegado allí a través del comercio de esclavos. Intentamos transmitir la necesidad de combatir la explotación en sí, pero eso no sucedió.

Joel: Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? Algunas personas sugieren que debería haber una convención de seguimiento que afirme y amplíe el protocolo de Palermo. Otros argumentan que la trata ha creado tantos problemas que es mejor descartarla y probar otra cosa. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Vale la pena permanecer en el campo de lucha contra la trata y buscar reformas desde adentro? ¿O es mejor elegir un campo de batalla diferente y luchar usando un conjunto diferente de conceptos?

Marjan: Probamos esas estrategias. Intentamos deshacernos de todo el concepto de trata y no lo logramos. Una vez que has abierto la caja de Pandora, ya sabes, está fuera de tu control. Está ahí para quedarse. Hay demasiados otros intereses vinculados al concepto de trata como para deshacerse de él. Y esos no son los intereses de las personas afectadas.

También probamos el control de daños. Aún me halaga la idea de que al menos hicimos algo de control de daños en las negociaciones. Podría haber sido peor, pero eso no lo hace bueno. Y debo decir que después de 30 años de control de daños solo, estoy cansada y no soy solo yo. Hacer control de daños no es lo más inspirador que se puede hacer en la vida.

Mi conclusión es que es mucho mejor trabajar por los derechos. Veo dos caminos a seguir. Uno es trabajar por los derechos de las trabajadoras sexuales, los derechos de los migrantes, etc. Es difícil y vivimos tiempos represivos. Estamos en un período histórico conservador y represivo. No es solo trabajo sexual, son derechos sexuales y reproductivos en general. No son solo los trabajadores migrantes, son los migrantes, los refugiados, etc. Todos los derechos humanos están bajo presión. Pero al menos solían verse como algo por lo que luchar. Ahora se debate la necesidad de los derechos humanos en su conjunto.

Joel: Hablo con muchos activistas diferentes y conozco personas que trabajan en reparaciones por la esclavitud transatlántica, y nunca los invitan a los pasillos del poder. Están en el exterior haciendo afirmaciones que a los gobiernos no les gustan. Y contrasta eso con las personas que trabajan en la lucha contra la trata, que son invitadas a gabinetes y salas de juntas, a quienes se les da una plataforma, que tienen influencia y acceso a los centros de poder. Llevo un tiempo preguntándome qué tan adictivo es ese acceso. Cambiar la conversación significa renunciar a ese acceso, incluido el acceso a la financiación, y eso hace que sea difícil decir: «Esto contra la trata de personas no está funcionando. Necesito trabajar en los derechos de las trabajadoras sexuales, los derechos de los migrantes, los trabajadores sindicalizados y todo este tipo de cosas”. ¿Qué tan fácil crees que es realmente para las personas que trabajan en la lucha contra la trata de personas comenzar a trabajar en otras cosas, dado que el perfil político de esas otras cosas es mucho menos acogedor para el activismo?

Marjan: Es absolutamente cierto. Y también dentro del movimiento contra la trata hay una gran división. Está la parte progresista a la que pertenezco, que se basa en los derechos y a la que pertenece la Alianza Global contra la Trata de Mujeres. Y está el movimiento conservador contra la trata, que está muy feliz de dormir en una cama con el estado y con el poder.

Si quieres conseguir dinero, haz trata. No elijas los derechos de los migrantes o los derechos de las trabajadoras sexuales. Esa es una elección estúpida si quieres dinero e influencia. Y, por supuesto, el dinero es adictivo. Cuando empezamos, a finales de los 80, a nadie le interesaba. Una vez que se convirtió en un gran problema, no sé cuántos cientos de organizaciones se subieron al tren.

Creo que al final, no importa lo difícil que sea enfocarnos en los derechos en lugar de la represión, es lo mejor que podemos hacer. Me alegra que la Organización Internacional del Trabajo haya abordado el tema. Creo que si queremos abordar los abusos, o si queremos abordar la explotación de personas en condiciones de trabajo forzado y análogas a la esclavitud, la OIT es una mejor manera de hacerlo.

Seguiría intentando trabajar junto con la OIT. Les presionaría para que también incluyeran la industria del sexo. Pasaron años antes de que incluyesen a las trabajadoras del hogar, pero al final lo hicieron. Y no es que el mundo cambie cuando se concluye un tratado internacional. Ciertamente no para las trabajadoras domésticas, pero es un paso. Es un pequeño paso, pero al menos un paso hacia los derechos en lugar de la represión. Por tanto, creo que sería importante que la OIT incluyera también la industria del sexo como un área de preocupación sobre las normas laborales.

Si puedes tirar de la OIT, también significa que pasas a conceptos mucho más neutrales. Debemos ser conscientes de cuán corrompidos y defectuosos pueden ser los conceptos, y el gran alcance que tiene la influencia de un concepto. Como dije al principio, si hubiéramos estado al tanto de la historia de la trata y de lo que significó importar ese concepto, no lo habríamos hecho. Realmente tienes que ser muy consciente del lenguaje que usas, los conceptos que importas y tratar de buscar un lenguaje neutral.

La trata no va a desaparecer y no escaparemos a la necesidad de controlar los daños. Tenemos que seguir haciéndolo. Pero al mismo tiempo, como movimiento, es realmente importante conectarse con otros movimientos basados en los derechos. El movimiento por los derechos de los migrantes, el movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales y el movimiento por los derechos humanos deben unirse y desarrollar su propia agenda basada en los derechos.

Cómo se regula el trabajo sexual en Uruguay y qué puede aportar al debate argentino

Mientras en nuestro país la puja entre regulacionistas y abolicionistas no se zanja, desde 2002, del otro lado del charco existe una ley que reconoce la actividad y asegura derechos a quienes la ejercen. En esta nota referentes del tema cuentan los avances en la experiencia uruguaya a partir de esta norma y las actualizaciones que urge implementar.

 

Por Ariana Budasoff

25 de noviembre de 2020

Cómo se regula el trabajo sexual en Uruguay y qué puede aportar al debate argentino

 

“A partir de hoy, 29 de Noviembre de 2017, te estoy invitando a reducir tu lectura de los materiales de estudio que definen a la prostitución y cambiarlos por un charla con cualquiera de las personas que la ejercemos, porque cada una de nosotras tiene su propia teoría vivencial y ninguna de nuestras teorías están escritas en los textos que consultas”.

Así inicia un capítulo de su libro, El ser detrás de una vagina productiva, Karina Núñez: trabajadora sexual uruguaya, activista contra la trata de personas, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y defensora de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual —aunque en una entrevista advierte que esta denominación responde a la mera costumbre de ponerle etiquetas a todo: “Los que ponen ‘activista’ son ustedes. Yo soy Karina”—. La obra, que incluye sus experiencias y las de otras 300 mujeres cis y trans, es una muestra de las realidades que viven las trabajadoras sexuales uruguayas. Un oficio que si bien allí está regulado desde 2002, sigue expuesto a múltiples vulneraciones.

A diferencia de nuestro vecino cruzando el charco, en Argentina las trabajadoras sexuales siguen ejerciendo en un terreno confuso a nivel legal: sin prohibición ni regulación. Y la cinchada entre abolicionistas —quienes piensan que el trabajo sexual no es una elección y que quienes lo ejercen son víctimas de proxenetas y redes de trata por tanto debe prohibirse— y regulacionistas —quienes creen que muchas trabajadoras sí escogen libremente ese oficio, que es uno como cualquier otro, y por tanto debe ser regulado—, parece no tener fin. En ese sentido, quizás el caso uruguayo y su lucha actual, con una postura intermedia que contempla a todas las trabajadoras, pueda ser tomado como ejemplo.

Karina Núñez tiene 46 años, es de Fray Bentos, y dice cosas como: “Yo desde los 12 años que ando en la vuelta” o “yo me he domesticado un poco ahora”. Y dice, por las mujeres gracias a las que empezó su lucha, algo que se parece al título de su libro: “Ellas vieron en mí el ser humano más allá de la profesión, y no me cuestionaron por qué estaba ahí, me guiaron y acompañaron en el proceso de visibilización por fuera de esa estructura de opresión”.

Ella pelea por una actualización de la ley que regula su oficio.

Foto del libro El ser detrás de una vagina productiva, publicado en 2017.

La ley que supieron conseguir

La Ley 17.515 de Trabajo Sexual del Gobierno uruguayo intentó poner un marco normativo al oficio más antiguo —y quizás en el que se cometen más abusos— de la humanidad. Entre otras cosas, esta medida creó un Registro Nacional del Trabajo Sexual en el que aquellas personas que lo ejercen deben anotarse y completar formularios, presentar análisis y estudios que acrediten que están libres de enfermedades de transmisión sexual para recibir, luego, un carné habilitante. Y, desde 2010, todas las trabajadoras sexuales registradas y habilitadas realizan aportes para su jubilación.

Sin embargo, la ley tiene varios agujeros que, a casi dos décadas de haber sido sancionada, las trabajadoras reclaman enmendar con urgencia. Es por eso que Núñez, el 1° de mayo de 2018, hizo una convocatoria en sus redes sociales invitando a sus compañeras a sumarse a luchar para modificar la ley. Así nació la Organización de Trabajadoras Sexuales (O.TRA.S), desde donde están reclamando reformas en la normativa.

“Cuando las compañeras de la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (AMEPU) empezaron a escribir la ley, estábamos saliendo de la dictadura cívico militar que duró de 1972 a 1985. En ese entonces las compañeras eran encarceladas por el simple hecho de ser trabajadoras sexuales. De ahí a que consiguieron llevarla al parlamento pasaron algunos años”, cuenta Núñez.

Y explica que un logro que obtuvieron con la aplicación de la norma en aquel contexto histórico fue, justamente, que dejaran de detenerlas por ejercer el trabajo sexual. “Y, en el auge de la pandemia del VIH, a las compañeras se les dio la herramienta que sigue siendo la única real para la prevención del virus, que son los preservativos. Hasta entonces los tenían solo las personas que podían comprárselos”, dice.

La trabajadora social uruguaya, investigadora y docente feminista, Andrea Tuana, quien también dirige la Asociación Civil El Paso, que lucha contra el abuso y la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres y contra la violencia de género, señala que la ley marcó un punto de inflexión cuando fue sancionada: “Fue importante para reconocer la realidad de las trabajadoras sexuales en cuanto a la existencia de un oficio que socialmente era considerado como una práctica abyecta, necesaria pero indeseable. Y quienes ofertaban servicios para esa práctica eran personas totalmente estigmatizadas, excluidas, invisibilizadas, no dignas de que la sociedad se ocupe de ellas”.

“Partíamos de un piso —continúa— en el que a las mujeres en ejercicio o en condición de prostitución se les podía hacer cualquier cosa. Entonces, la ley, lo que pretendió fue lograr un reconocimiento de esa práctica e intentar colocar un mínimo de marco regulatorio. Mínimo: ‘Señor, usted no puede hacer cualquier cosa, no puede violar a una trabajadora sexual’, más allá de que eso siempre estuvo penalizado, pero obviamente nadie lo tomaba en cuenta. Así llegamos a esa ley que tenemos hoy”.

El periodista y escritor uruguayo César Bianchi (que en 2008 publicó Mujeres bonitas, una investigación con 14 historias de vida de prostitutas uruguayas) coincide en que la ley tuvo bondades como “poner el tema en el tapete y darles visibilidad [a las trabajadoras]; que haya un registro de trabajadoras sexuales y que el Ministerio de Salud Pública esté encima de su salud y les den las herramientas de trabajo. Que deje de ser un tema tabú y que por fin puedan empezar a aportar para su jubilación”. Aunque señala, “que eso llega tardísimo”. Y que la norma tiene “puntos negros bastante claros”.

¿Puntos fuertes? de la ley

El hecho de que aquellas trabajadoras registradas tengan un carnet o libreta habilitante y para obtenerlo deban hacerse controles médicos que les garanticen un buen estado de salud, aunque se lee como una medida progresista, es un punto ambiguo según explican las referentes y el periodista.

“La ley tiene una regulación epidemiológica, jurídica y punitivista, porque si no cumplen determinados requisitos son castigadas o multadas —dice Bianchi—. Por ejemplo: hasta 2015, si vivían en alguna localidad del país y querían ir a trabajar a otra pero no avisaban que se iban a mudar, podían ser detenidas. Eso muestra las falencias de la norma porque si una trabajadora tenía la necesidad de ir a otro lado porque le dijeron que había más trabajo y no avisaba a la comisaría o daba cuenta de que se había mudado podía ir presa”.

Karina Núñez

“También está el aspecto sanitario —agrega—: cada 6 meses en Montevideo y una vez por mes en el interior, tienen que ir al médico y sacarse sangre y regularizar el carnet de salud para descartar que no tengas sífilis, VIH, ni ninguna enfermedad que se transmita por el ejercicio de su trabajo. No les queda claro ni les convence la distinción de la capital con el interior”.

Además de esto, explica que la ley actual indica que las trabajadoras sexuales solo pueden ejercer en espacios habilitados por el Ministerio del Interior o las intendencias, esto las limita a ofrecer servicios o emplearse en whiskerías y casas de masajes, que son, explicarán Núñez y Tuana, negocios cooptados por proxenetas que terminan explotándolas. La norma no les permite trabajar en las calles, rutas o plazas. Lo que les quita autonomía y, en muchos casos, las devuelve a la clandestinidad.

“Creo que demasiados requisitos hacen que terminen trabajando en negro —opina Bianchi— . Si bien no les conviene porque no aportan para su jubilación, al no registrarse no son revisadas constantemente ni están bajo la lupa del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud Pública, o de las intendencias”.

Por estos motivos, en algunos casos, y por desconocimiento de la existencia de la ley y sus herramientas, en otros, muchas de las trabajadoras sexuales no se registran ni obtienen el carnet habilitante.

Aún con sus falencias, para Andrea Tuana registrarse implica cierto respaldo estatal: “Tener la libreta las coloca en un carril que indica que existe una legislación. Quienes no la tienen siguen quedando en ese otro lugar que es el no lugar en definitiva, es el lugar del desprecio, del estigma. Que no digo que las que tienen libreta no lo sufran, pero me parece que ahí hay una sensación de que existe un Estado que está respaldando esta actividad”, dice.

Y sigue: “Lo que sucede es que el tipo de exigencias que genera son totalmente desproporcionadas. Son exigencias para las trabajadoras sexuales y no para los clientes. El fuerte de esta ley es lo sanitario y la seguridad, porque es el Ministerio del Interior, es la Policía, la que regula la actividad, y no el Ministerio de Trabajo. Y lo sanitarista porque obligan a las trabajadoras a hacerse determinados exámenes en los que no interesa su salud integral y sus derechos a la salud sexual, si no que no estén esparciendo enfermedades. Esta es de las críticas más fuertes que le hacemos a la ley”.

Karina Nuñez, respecto a esto, añade: “Para ellos [los médicos] nosotras no somos sujetas que merecemos ser cuidadas”.

Otro punto ambiguo, explican, es el de la seguridad social, porque si bien desde 2010 las trabajadoras pueden aportar para su jubilación, la ley no es retroactiva, con lo cual una trabajadora sexual de 60 o 70 años solo lleva aportando una década, mientras tiene quizás otros 40 años de trabajo que no le son reconocidos.

Las demandas de actualización solicitadas

“Básicamente queremos que la ley empiece a tener en cuenta las necesidades de las mujeres en esta época. Las reivindicaciones que tienen el común de las mujeres de cualquier tipo de profesión están mucho más avanzadas que las nuestras, entonces pedimos que se nos equipare. Por ejemplo: no puede ser que nosotras quedemos con un prontuario prostitutivo de por vida como si fuéramos delincuentes”.

Núñez se refiere al Registro de Trabajo Sexual. Explica que al ser incluida allí, como está bajo la órbita del Ministerio del Interior, cada vez que debe hacer algún trámite cotidiano lo primero que salta a un lado de su cédula es que es trabajadora sexual. Y que ese registro, no caduca nunca, aunque ya no se esté en ejercicio sigue apareciendo como si fuese un antecedente penal condenatorio. Por este motivo, una de las cosas que piden es que la regulación de la actividad pase al Ministerio de Trabajo, como cualquier otro tipo de profesión.

También piden autonomía para trabajar, que no sea necesario notificar a la policía cada vez que se van a otra localidad. Según Nuñez, en un principio, esta exigencia estaba dada para que el Estado, al saber constantemente dónde estaba cada trabajadora, pudiera combatir la trata de personas. Pero dice que no funciona.

Otra de las demandas es que se elimine la cláusula que las liga únicamente a whiskerías, bares y prostíbulos.

Andrea Tuana completa, respecto a este punto, que estos espacios “funcionan como si fuesen empresas autónomas que no tienen nada que ver con las trabajadoras sexuales pero en realidad sus dueños son empresarios que las explotan y se manejan como los dueños de sus vidas”. “Entonces queremos que esta ley promueva posibilidades de autogestión — dice— , de arreglos colectivos entre ellas, que genere alternativas para aquellas mujeres que deseen salir del ejercicio prostitucional. Pero alternativas de verdad. Que realmente sea una posibilidad la salida”, enfatiza.

También piden que el Estado les brinde capacitaciones laborales para que aquellas que deseen dejar el trabajo sexual puedan hacerlo —según el Diagnóstico sobre Trabajo Sexual en Montevideo, el 92% de las mujeres que lo ejerce afirmó que quería dedicarse a otra cosa—; que se generen derechos como licencia por maternidad, por enfermedad; y distintas prestaciones sociales para ellas, sus hijos e hijas. “Para prevenir lo que sucedió con la pandemia, en la que quedaron totalmente colgadas de un hilo, cuando ni siquiera fueron reconocidas por la seguridad social del país. Ni las que no tenían libreta ni las que tenían”, dice Tuana.

Demandan también una amnistía tributaria para aquellas trabajadoras que aún con 65 años están todavía ejerciendo la profesión. “Porque si no, las compañeras tienen que pagar millones de pesos al Banco de Previsión Social (BPS) —es el instituto de seguridad social estatal de Uruguay— para que comience a pagarles una pensión. O sino quedarse con más de 70 años viviendo en las whiskerías porque no tienen con qué pagarse un alquiler”, dice Núñez.

Ni abolicionismo ni regulacionismo: reduccionismo

“Si reducimos el tiempo en que las compañeras se encuentran en éstas prácticas reduciremos las posibilidades de que lo naturalicen a sus generaciones siguientes y les sacamos la carne del cañón a los solicitantes de servicios sexuales que no son clientes y a los dueños de los locales de oferta de servicios que el Estado ampara actualmente con la Ley 17.515”, sigue Karina en el capítulo de su libro en el que explica el reduccionismo.

“No nos concentramos en por qué llega esa mujer al trabajo sexual si no en que no esté mucho tiempo ahí. Porque eso va a ayudar a que no lo naturalice y a que no generen cadenas prostitutivas”, explica ahora al otro lado del teléfono. Reducir tiempo. Reducir daños. En eso se basa su postura.

“Y es así porque a eso yo lo viví”, dice. Su bisabuela, su abuela y su madre fueron prostitutas. Sus hijas son las primeras en cortar la cadena. Una de ellas, de hecho, es la primera de su familia en ingresar a la universidad.

Núñez dice que está trabajando para no llegar a la vejez, como su madre y su abuela, en el ejercicio del trabajo sexual y concluye con una reflexión luminosa: “Si pudieras llegar en la mejor de las condiciones a hacer el trabajo en el que te sientas cómoda, bien, hacelo y rehacelo. Pero si llegás en las peores condiciones en un trabajo en el que no tenés otra alternativa más que hacerlo porque de eso depende tu día a día, no está bueno. Pero no está bueno si sos trabajadora sexual, si sos empleada metalúrgica, o escribana. Porque si bien el estigma nos pesa a nosotras, a las trabajadoras sexuales nos vulneran las mismas vulneraciones que al resto de las mujeres de bien”.

Por eso busca una ley que dignifique, proteja y brinde mejores condiciones a quienes estén en el ejercicio del trabajo sexual y, a la vez, ofrezca herramientas para que, las que deseen dedicarse a otra cosa, puedan hacerlo lo más rápido posible. Una ley que las contemple a todas.

Es optimista respecto a que sus reclamos lleguen al parlamento y las modificaciones de la ley se debatan. Hace dos meses las recibió Beatriz Argimón, vicepresidenta uruguaya, en el Palacio Legislativo. Esto, asegura, sienta un precedente. Tienen fe que sus pedidos y reivindicaciones serán tratadas pronto. Hasta tanto, seguirá adelante: “Pa’ atrás ni pa’ tomar impulso”, dice.

 

Veinte años de trata: haciendo balance del mundo que construyó el Protocolo de Palermo

 

Enviado por NSWP el 20 de noviembre de 2020

Autor:

Fuente (instituto / publicación):

Open Democracy

https://www.nswp.org/news/open-democracy-palermo-20th-anniversary-series

 

Esta semana, Open Democracy anunció la publicación de una serie de artículos de pensadores clave que reflexionarán sobre el vigésimo aniversario del Protocolo de Palermo. El Protocolo, un suplemento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, tiene como objetivo «prevenir, reprimir y castigar la trata de personas», con un enfoque específico en «mujeres y niños».

Los primeros tres artículos publicados como parte de la serie son de particular interés para las trabajadoras sexuales, ya que abordan las cuestiones de la «explotación», que no está definida en el derecho internacional ni en el Protocolo. Los artículos destacan las consecuencias para las mismas personas que el Protocolo y los responsables políticos supuestamente pretenden proteger.

Aquí hemos extraído citas que son relevantes para el trabajo sexual y hemos incluido enlaces a los artículos completos en el sitio web de Open Democracy.

 

¿Qué es la explotación, de todos modos?

“Otro problema aquí es la forma en que ciertas categorías de trabajo (como el trabajo sexual) se enmarcan como esencialmente explotadoras, con líneas claras entre lo que es ‘aceptable’ para la dignidad humana y lo que se dice que es ajeno a ella. El problema es que, una vez más, quienes trazan estas líneas lo hacen de acuerdo con marcos morales específicos de cada cultura y clase. Y estos están lejos de ser compartidos universalmente.

En segundo lugar, cuando categorías enteras de trabajo se construyen como explotadoras por defecto, pueden problematizarse estrategias de subsistencia que pueden no ser problemáticas para las personas que viven en ellas. Peor aún, cuando estas estrategias de subsistencia son consecuentemente dirigidas a la abolición, las personas cuyas vidas dependen de ellas casi siempre sufren. El trabajo sexual y el trabajo infantil son aquí los ejemplos paradigmáticos. Los legisladores y los actores de la sociedad civil de todos los continentes han intentado «salvar» a las trabajadoras sexuales y a los niños trabajadores prohibiéndoles hacer el trabajo del que dependen para vivir. Al hacerlo, solo les causan una miseria cada vez mayor. ¿Esto realmente beneficia a los explotados? »

 

El caso del trabajo sexual

“La frontera porosa entre la explotación capitalista cotidiana y el abuso criminal excepcional es especialmente evidente cuando se trata de debates sobre el trabajo sexual y la trata. El caso de la trata de personas con fines de explotación laboral sexual, que el protocolo destaca como un área de énfasis, revela que la difuminación de la frontera no es el resultado de un pensamiento o una redacción descuidados de un comité. En cambio, es una estrategia consciente de las feministas abolicionistas de la prostitución que dejaron una huella indeleble en el documento.

La fusión de trata sexual y trabajo sexual es una estrategia clave de las organizaciones abolicionistas extremistas. La Coalición contra la Trata de Mujeres, por ejemplo, insiste en que “la explotación de la prostitución y la trata no pueden separarse” y, por lo tanto, equipara el trabajo de cualquier forma de prostitución con la violencia y el abuso sexuales. El protocolo y las políticas nacionales contra la trata de personas que se inspiran en él han servido como herramientas para revitalizar la vigilancia y la persecución legal de las trabajadoras sexuales en general.

Un ejemplo claro de esta agenda en acción son los proyectos de ley SESTA / FOSTA aprobados por el Congreso de los EE.UU. y promulgados como ley en 2018. La ley está destinada a combatir tanto la prostitución como la trata sexual —ambas están constantemente fusionadas en el texto— tomando como objetivo los sitios y plataformas online que utilizan las trabajadoras sexuales para comercializar sus servicios y seleccionar a los clientes, con el argumento de que también podrían ser utilizados por tratantes. La ley pone en peligro la seguridad y los medios de subsistencia de las muchas trabajadoras sexuales que utilizan estas herramientas, como parte integrante del esfuerzo por eliminar de la plataforma el pequeño número de tratantes que también podrían utilizar estos sitios. Con la ayuda de todas las historias sensacionalistas de los medios sobre la trata sexual, la por ahora habitual fusión de trabajo sexual y trata sexual ha sido una bendición para las abolicionistas del trabajo sexual en los Estados Unidos.

Vale la pena señalar (aunque este punto merece un argumento aparte) que el alcance expansivo de las leyes de trata de personas también se utiliza como un arma contra los migrantes y las redes de ayuda a los migrantes. Así como la ley tiende a catalogar todo el trabajo sexual como trata, también la ayuda a los migrantes se ha convertido en objeto de persecución legal como «trata de personas». Como resultado, los proyectos humanitarios, como las misiones de rescate en el Mediterráneo para ayudar a los migrantes en peligro, han sido criminalizados y acusados ​​repetidamente en virtud de las leyes contra la trata.

Es irónico que las feministas abolicionistas de la prostitución, que tuvieron una enorme influencia en la redacción del protocolo, repitan realmente un aspecto del argumento de Marx, aunque de una manera distorsionada y limitada. Ellas también rechazan la división entre trabajo sexual y trata sexual. Quizás, podría pensar uno, podríamos simplemente expandir el marco más allá de «todo trabajo sexual es explotación» a «todo trabajo capitalista es explotación». Pero las abolicionistas de la prostitución no pueden aceptar que el trabajo sexual sea como cualquier otro trabajo; debe seguir siendo excepcional, en parte debido a la base fundamentalmente moral de su condena. Y, como resultado, su solución preferida debe girar en torno al procesamiento penal, como el modelo nórdico que penaliza a los consumidores de servicios sexuales en un intento por destruir el sector del trabajo sexual.

 

No rescate y enjuiciamiento, sino empoderamiento y organización

“… la estrategia adecuada para combatir la vulnerabilidad y la explotación no es el rescate y la persecución legal, sino el empoderamiento y la organización. En primer lugar, dado que la mayoría de las personas son reclutadas para trabajar debido a su vulnerabilidad económica, la forma de combatir esto es empoderarlas creando una seguridad económica genuina. Esfuerzos como iniciativas de reducción de la pobreza, programas de alivio de la deuda y proyectos para acabar con la falta de vivienda. En segundo lugar, dado que los explotados en la sociedad capitalista —los explotados en términos de jerarquías de clase pero también de género, raza, sexualidad y nacionalidad—- tienen un poder potencial, pueden organizarse políticamente. Una solución genuina al problema de la explotación tendrá que ser iniciada por modos de organización sindical de coalición que sean capaces de abordar todas estas jerarquías juntas ”.

 

La lucha contra la trata es un trabajo interno

“En segundo lugar, tenemos organizaciones que han utilizado la lucha contra la trata y el acceso e influencia que esa lucha les permite para hacer avanzar otros aspectos de su agenda. Los grupos que buscan abolir el trabajo sexual son los principales culpables aquí. Las activistas abolicionistas han logrado aprovechar la simpatía por las víctimas de trata para penalizar aún más el trabajo sexual, acosar a las trabajadoras sexuales y sus clientes, y negar rutas seguras y legales de migración interna e internacional para las trabajadoras sexuales. Bajo el disfraz de la lucha contra la trata, en muchas jurisdicciones las victorias anteriores obtenidas por las trabajadoras sexuales se han revertido y las trabajadoras sexuales se han vuelto más expuestas al poder punitivo del Estado.

Esta es una alianza mutuamente beneficiosa. El flujo de cientos de millones de dólares en los Estados Unidos a organizaciones que luchan contra la «esclavitud moderna» ha jugado un papel importante en desviar la atención de las políticas gubernamentales sobre inmigración, libre comercio, empleo, medio ambiente y bienestar público. Hablar de ‘tratantes’ y ‘traficantes’ no solo es una forma eficaz de silenciar otros debates, sino que también permite a los Estados-nación que de otro modo se definirían por sus políticas anti-inmigrantes, anti medio ambiente, anti-mujeres, anti-trabajadores y anti-pobres ser vistos como los salvadores y protectores de las ‘víctimas de trata’ ”.

El triángulo de la prostitución

La prostitución es un triángulo, estable pero sometido a tensión. El triángulo es la forma geométrica bidimensional más estable (por su sencillez) que mantiene tensión (al estar formada por elementos diferenciados): sin tensión, sería una circunferencia.

Los tres lados del triángulo de la prostitución son las trabajadoras sexuales, los clientes y la tercera parte; o, dicho en lenguaje más directo, las putas, los puteros y el proxeneta.

Cada una de las partes necesita a las otras dos y, a la vez, se opone a ellas.

Las putas somos el conjunto de las mujeres, ya que todas somos putas, en potencia o en acto, en virtud de nuestra dignidad como seres humanos, de nuestro derecho a decidir libremente sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Pero las que forman parte del triángulo sólo son las putas en activo.

Los puteros son el conjunto de los hombres, ya que todos son puteros, en potencia o en acto, por la misma razón que las mujeres somos putas. Pero solo forman parte del triángulo los activos.

El proxeneta es el Estado. La tercera parte es el elemento que crea las condiciones de la prostitución. El Estado patriarcal, capitalista, racista y colonialista ejerce su violencia condenando al hambre a quien no tenga dinero. El dinero es el alma desalmada del Estado capitalista. El Estado condiciona con sus leyes la libertad de hombres y mujeres con el único propósito que le permite su naturaleza: ganar dinero.

La libertad de hombres y mujeres es, en última instancia, su libertad sexual. La coerción de la libertad sexual de hombres y mujeres la ejerce el Estado mediante la institución del matrimonio. El matrimonio es el núcleo del Estado capitalista, donde se reproducen y perpetúan las relaciones de opresión y explotación que le son esenciales. El matrimonio es la institución fundamental del Estado patriarcal, capitalista, racista y colonialista (1)(2)(3).

El Estado es el aparato del Estado. El aparato del Estado lo constituyen hombres y mujeres. Hombres y mujeres que sostienen con todas sus fuerzas la institución caduca y agonizante del matrimonio.

¿Mujeres en el aparato del Estado patriarcal? Sí: mujeres feministas hegemónicas, radicales y abolicionistas.

El feminismo hegemónico patriarcal, radical y abolicionista defiende con todas sus fuerzas la infantilización de las mujeres, nuestra limitación genética a decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. El feminismo hegemónico defiende con todas sus fuerzas la institución del matrimonio, ese enorme “campo de concentración” (por usar su terminología) donde día a día vemos cómo se ejerce “la peor de la violencia contra las mujeres”: el asesinato.

El feminismo radical hegemónico y abolicionista, como integrante que es del Estado proxeneta, tiene un objetivo único: ganar dinero. En primer lugar, de los presupuestos del Estado, pero, en último extremo, de la explotación sexual de los hombres en el seno del matrimonio. Las feministas abolicionistas, patriarcales y hegemónicas compiten como esposas con las prostitutas por el dinero de los hombres.

Las prostitutas, las trabajadoras sexuales, las putas, son la base del triángulo. Sobre ellas, sobre su opresión, se levanta toda la máquina proxeneta estatal. El estigma de puta es la base del negocio. Sin estigma, sin negación por parte del Estado “democrático” de sus derechos fundamentales, de su dignidad, a las mujeres (en general) y a las trabajadoras sexuales (en particular) no sería posible la sobrexplotación laboral; la violencia sobre violencia que sufren las putas; su degradación a la minoría de edad.

El tercer lado, el de los puteros, es pasivo. Es el que pone el dinero. Es la auténtica “víctima” de “explotación sexual”. Pero, como son hombres, cuentan con la alianza genérica del Estado proxeneta que, a cambio de su dinero, les ofrece mujeres desprovistas de derechos, les da participación en su violencia institucional.

¿Pueden las trabajadoras sexuales liberarse de la opresión, recuperar sus derechos humanos, democráticos, fundamentales, constitucionales?

Solo si se unen.

La división de las trabajadoras sexuales, la competencia entre ellas, es la que perpetúa la opresión que sobre ellas ejerce el Estado proxeneta explotador y sus protegidos los puteros.

Sólo la percepción de lo que las une como elemento diferenciado de lo que las separa permitirá su actuación unida para recuperar sus derechos. Sólo cuando estén entre la espada y la pared, la espada del individualismo y la pared del hambre, se unirán, se organizarán y ocuparán su puesto, que no es otro que el de vanguardia en la lucha por la liberación de las mujeres.

 


1.- “Para la crítica feminista el matrimonio moderno es una institución patriarcal asentada sobre la división sexual del trabajo; la apropiación de la capacidad reproductiva, sexual, de autonomía y de trabajos domésticos de las mujeres; la atadura entre sexualidad y reproducción; la idea de complementariedad de los sexos, entendida como natural e inalterable, y la heterosexualidad obligatoria.”

El matrimonio: institución política cambiante

María José Machado Arévalo

7 de abril de 2019

Diario El Telégrafo

https://bit.ly/3dJD3Md

2.- “Respecto al matrimonio en sí, hay muchas cosas que decir ¿no ha sido durante siglos la forma de opresión más brutal, silenciosa y cotidiana para miles de mujeres, es decir, su esclavitud?”

Rosa M. Posa Guinea, Former Project Consultant for LAC Institute, IGLHRC

https://outrightinternational.org/content/una-reflexi%C3%B3n-sobre-la-instituci%C3%B3n-de-matrimonio

3.-  “La institución del matrimonio es antigua y omnipresente. Sin embargo, los economistas han realizado poco trabajo sobre por qué existe esta institución social y por qué a lo largo de la historia se ha relacionado íntimamente con la fertilidad. Explicamos la institución del matrimonio como un consenso social sobre la necesidad de frenar la infidelidad de la mujer con el propósito de la certeza de paternidad y la inversión biparental en la descendencia. Al aumentar los costos del apareamiento para las personas, el matrimonio reduce las infidelidades en la sociedad, una fuente de fracaso del mercado de apareamiento, y hace que la paternidad sea más segura. Los hombres, en consecuencia, invierten más en su presunta descendencia, un hecho que también beneficia a las madres.”

The institution of marriage

Dirk Bethmann and Michael Kvasnicka

Journal of Population Economics

Vol. 24, No. 3 (July 2011), pp. 1005-1032

https://www.jstor.org/stable/41488338?seq=1

 

Núñez: “Algunas no trabajan por miedo a que por su culpa muera un cliente muy mayor”

Líder sindical de las trabajadoras sexuales repasa una vida signada por el meretricio. Hoy “cortó cadenas” y tiene una hija universitaria.

 

 

Por César Bianchi
@Chechobianchi

Fotos: Juan Manuel López 

1 de mayo de 2020 

https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Nunez–Algunas-no-trabajan-por-miedo-a-que-por-su-culpa-muera-un-cliente-muy-mayor–uc751590

 

La bisabuela de Karina Núñez fue prostituta, su abuela fue prostituta y su madre también lo fue. Ella, Karina, siguió el oficio heredado entre Fray Bentos y Young, donde trabajó durante 22 años. Fue meretriz y hoy se reivindica trabajadora sexual, con todos los derechos que le garantizó una ley que no la satisface del todo, aunque le da garantías jurídicas y laborales que sus antepasados no tuvieron. Lo curioso es que la bisabuela no quería eso para su hija, su abuela no quiso eso para su hija (la mamá de Karina) y su madre no quiso eso para ella. Pero ninguna pudo escaparle al sino que, al parecer, tenían marcado. Como si fuera un camino sin escapatoria o una herencia de vida maldita.

La que sí rompió con el traspaso de esa posta fue Karina. Su hija Valeska hoy está estudiando primer año de facultad (quiere seguir Relaciones Laborales) y su otra hija, Soledad, trabaja en atención al cliente de una empresa. Ninguna de las dos fue explotada sexualmente ni ejerció por voluntad propia. Y son, recién, las dos primeras mujeres de la familia en escaparle al designio de la Pompayira.

Karina tiene 46 años, pero a los clientes les dice que tiene 56 porque en la calle tener más edad y más arrugas le dan otro estatus de mujer experimentada y solvente. Ella, que no terminó el liceo, dice cosas como: «el proceso que yo había deconstruido», «el empoderamiento de las compañeras», «hacemos del sexo erotizado nuestra forma de ganarnos el salario» u «opresiones culturales que van generando estigmatización». En su formación teórica, dice, mucho tuvo que ver Diana González, quien le dio un basamento teórico a su lucha.

Esta activista social y feminista, celebra precisamente hoy dos años con su colectivo OTRAS (Organización de Trabajadoras Sexuales), pero dice que todavía falta mucho por hacer. Para empezar, quitarle poder a los hombres que manejan el negocio, permitir que ellas puedan mandar sobre su cuerpo y su negocio, y seguir combatiendo la trata. Se anota en su CV haber sacado 27 chicas de ese infierno y haber desarticulado cuatro redes de trata de personas.

Y cuenta que en tiempos de coronavirus, su sindicato pasó de 64 trabajadoras a 127 y las más perjudicadas son las que viven en grandes urbes. Por otra parte, muchas tuvieron que reinventarse y se pasaron al sexo virtual, hoy de moda. Otras, aunque sea por culpa, debieron desistir de atender a clientes mayores de 60 años por no querer ser las culpables de cargar con esa cruz.

 

-Comenzaste a ejercer la prostitución a los 18 años. Pero antes tu madre, tu abuela y tu bisabuela también fueron trabajadoras sexuales. ¿Por qué pensás que fueron heredando este oficio? ¿A qué atribuís que ninguna mujer en tu familia haya tenido éxito en los estudios?

-Creo que tiene muchísimo que ver con la influencia de mi padre. Él nos sacó del círculo en que mi bisabuela, mi abuela y mi madre nos habían criado. Eso de naturalizar que eso era lo que tenías que hacer.

-¿Y por qué «eso era lo que tenías que hacer»? ¿Por qué no estudiar, ir al liceo, después seguir una carrera u otro oficio?

-Y no sé… no se me ocurre ahora por qué no. Pensando en ellas no sé. Igual mi madre siempre tuvo clarito que no era lo que quería para nosotras. Y nos hizo estudiar, a mango, ¿no? Siempre buscó otra cosa para nosotras, como lo buscó su madre para ella. A los 9 años mi bisabuela se la dio a una familia de plata de Montevideo para que la criaran bien (a mi madre). Mi abuela parió 11 gurises en proceso de trabajo sexual, pero no se quedó con ninguno. Mi bisabuela crió a mi madre y a otro hijo de ella.


«Yo no sabía la tabla del 9, pero sabía cómo desvestir a un cliente, porque veía a mi cuidadora desvestir a los tipos. Y yo nunca había visto a un varón desnudo. Me explotaron sexualmente a los 12, por una moneda de 10 pesos»


Entonces, cuando mi bisabuela estaba muy viejita, la dio a una familia donde ella trabajaba para que fuera la gurisa de compañía de la señora mayor de la casa. Y al final de cuentas mi madre terminó siendo la dama de compañía del hijo de la señora. Ya con 11 años. Cansada de las cosas que pasaba, mi madre se escapó una tarde, se fue, alguien la levantó, con esa persona se quedó, paró en una pensión y a la semana la paró en una esquina a laburar. Pero ya mi bisabuela no quería eso para mi madre. Para mi bisabuela, el mejor camino era que mi madre fuera empleada doméstica de una familia «de bien». Y al final, terminó siendo carne de cañón para los hombres de esa familia «de bien», porque primero fue el hijo de la vieja y después el nieto de la vieja los que tenían relaciones con ella.

-¿Quién te convenció de que vos también tenías que ser trabajadora sexual? ¿Tu propia madre?

-No, no, no. Ella nunca quiso eso para mí. Se me fue dando por normal. Nosotras quedamos a cargo de otras personas en el barrio cuando mamá salía a laburar. Ella le pagaba a alguien para que supuestamente nos cuidara (lo que nunca hizo). Y esas mujeres recibían clientes en casa donde nos quedábamos… Yo no sabía la tabla del 9, pero sabía cómo desvestir a un cliente, porque veía a mi cuidadora desvestir a los tipos. Y yo nunca había visto a un varón desnudo, pero ya sabía cómo se los desnudaba.

-Tú empezaste como trabajadora sexual a los 18 años, con la mayoría de edad…

-Sí, con la mayoría de edad. Pero anteriormente a esa edad era explotación sexual.

-¿Y a qué edad te explotaron sexualmente por primera vez?

-A los 12 años, por una moneda de 10 pesos, aquellas grandes que tenía un ceibo. Continué siendo explotada hasta los 18. Siempre me explotaba gente del contexto cercano. Lo único que cambió con el pasar de los años fue que ya no era que fuera por comida, sino que las compañeras me avivaron y me decían que tenía que ser por plata. Y a los 18 arranqué en la etapa del meretricio. Pero no era trabajadora sexual. Según la ley en Uruguay trabajadora sexual soy cuando tengo la libreta sanitaria.

-Cuando cumpliste 18 o incluso algún año antes, ¿no te lo cuestionaste, siendo que además tu madre no quería que repitieras su camino?

-No, porque en realidad era la forma de la independencia económica, y en ese ámbito era la forma de la libertad, porque en el ejercicio que hice fue a través de la salida del país. Lo tomaba como salir del entorno que me apremiaba y me dolía, que era estar en mi casa. Me iba con camioneros a Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile, Argentina, a trabajar. Me contactaban en el puerto de Fray Bentos y de ahí me iba, pero yo trabajaba para mí.

-¿A tus hijos le hicieron bullying por ser hijos de una meretriz?

-Sí. A mi hijo grande y ya más crecida a mi hija mayor. El gurí mío arrancó el jardín de infantes en el centro de Fray Bentos, y en las primeras llevadas estaba con él en la vereda y vino una compañerita y le mostró un molinete que tenía. Y vino la madre, la manotea a la gurisita y le dice: «¡No te dije que no te juntes con este gurí, que la madre changa en el puerto!». Así, a bocajarro. El gurí mío, con 5 años, no entendía nada. La mujer entró a llevar a su niña y yo la esperé a la salida, para que me dijera eso nuevamente. Y salió la maestra a decirme que cómo iba a hacer escándalo en la escuela y blabla… Y la madre esta dijo: «¿Qué podés esperar de las putas estas?». Cuando dijo «putas» voló maestra, voló la madre, voló todo a la mierda… Y ta, me detuvieron y me llevaron a la seccional a una cuadra y no me metieron presa por lesiones porque las otras madres salieron en defensa mía, de que ella había dicho eso. Pero el que la llevó peor fue el gurí mío, porque hacían cumpleaños, fiestitas, excursiones y al negro no me lo invitaban a ningún lado.


«Si estamos en una instancia de visibilización con personas que se dicen progre, siempre te van a decir puta, porque lo toman de las compañeras argentinas y lo toman como que es algo muy pro. En mi vida ‘puta’ está asociada a sufrimiento»


El gurí mío, Durbal, cumple el 4 de diciembre, el mismo día que la Valeska, una de mis hijas, Entonces les hice un cumple a los dos y no fue ninguno de los compañeritos de él… Entonces ahí dije: «Les va a pasar lo mismo que a mí con mamá, que como mi madre trabajaba en la noche, se creían que podían gritarme lo que se les cantara». Yo sabía lo que eso dolía, y no quería que pasaran con lo mismo. Entonces le dije a mi madre: «Mamá, todo lo que tenga que ver con el negro, andá vos con él, acompañalo vos». Y no me presenté más ni en la escuela, ni en nada.

Después pasó lo mismo con Valeska. Ella iba a la escuela con las gurisas del barrio y todo el mundo sabía en qué laburaba yo. Ella tuvo una pelea con las compañeritas y arrancaron a decirle al resto a qué me dedicaba yo. La cambié de escuela. Y con la Sole, la más grande, no porque sea mi hija pero es hermosa, y cuando nos tocaba a hacer las compras, una vuelta me para un cliente mío y me dice: «¿Cuánto me cobrás por la nena?». Y ya después de ahí nunca más salí a caminar junto con ella… porque yo ya sabía qué era lo que venía…

-¿Quién es María Lina Fontoura? Contame.

-María Lina Fontoura es la «mamá» de Valeska. Es como si fuera la mamá. María Lina es un ser de luz, ella y su esposo Miguel, son quienes cuidan y aman a Valeska desde que ella tenía un año. Se quedaban a cuidado de ella cuando yo trabajaba. Pero no solo a cuidado de Valeska, sino también me cuidaban a mí y a mis gurises cuando lo precisamos. Eso es en el barrio El Arroyito, a media cuadra de donde yo vivía con mis padres y mi abuela en Fray Bentos. Y después, cuando quedé embarazada de los mellizos, les dejé una moto en garantía, para pagarles cuando pudiera volver a laburar y nunca quisieron agarrar la moto, y no quisieron cobrarme nada. Más de una vez no pude laburar y me dieron de comer a mí y a mis gurises.

-¿Te ofendés si te dicen…?

-…¿prostituta? Sí, me ofendo, porque la prostitución es meramente una calificación de un acto impúdico. Tiene mucha moral. Tiene más moral que percepción humana.

-No quiero saber entonces cómo te ponés si te dicen «puta».

-Dependiendo de la forma en que me lo digan. Si estamos en una discusión acalorada, el puta tiene una connotación. Pero si estamos en una instancia de visibilización con personas que se dicen progre, siempre te van a decir puta, porque lo toman de las compañeras argentinas y lo toman como que es algo muy pro.

-¿Y para vos es «pro»?

-A mí todavía me duele la palabra puta, porque tiene una connotación… en mi vida está asociada a muchísimo sufrimiento, pero valoro muchísimo que las nuevas generaciones puedan tomar la rabia y transformarla en lucha.

-El periodista Antonio Álvarez escribió en el prólogo de mi libroMujere$ Bonita$ (Sudamericana, 2008) que el origen de la palabra puta viene del griego budza, un vocablo griego que significa «sabiduría». «Las esposas ignoradas por sus maridos designaban así a aquellas congéneres conocedoras de los placeres de la carne. El habla popular sustituyó la suavidad de la B por la más vigorosa P, transformándose en pudza. Durante el Imperio Romano, puta intentó retomar su senda de dignidad sin demasiada suerte», escribió él. ¿A qué va todo esto? A que en febrero ustedes un taller que se llamó «Preguntale a la puta». Que ustedes mismas se digan putas, ¿es una forma de luchar contra lo políticamente correcto? ¿O una forma de luchar contra el estigma?

-Hicimos una instancia en la calle que se llamaba «Preguntale a la puta», sí. Es que las compañeras jóvenes toman esa palabra para empoderarse, como que nombrarse a sí mismas con la palabra que para el otro es grosero o denigrante, apropiártelo y usarlo como herramienta política de lucha. A mí me parece genial por ellas, pero a mí me duele todavía la palabra… Tiene que ver con una construcción personal, porque vengo de una década dolorosa.

-«En segundos, una de mis hijas pasará a ser estudiante universitaria. Detrás de ella lloramos cuatro generaciones anteriores de mujeres trabajadoras sexuales que en ella rompimos cadenas». Eso publicaste en febrero en Twitter cuando tu hija Valeska comenzó la universidad. ¿Qué sentiste ese día?

-Rompimos cadenas con respecto al sistema educativo, ¿no? Mi bisabuela y mi abuela eran analfabetas, mi madre hizo hasta cuarto de escuela, y yo llegué hasta cuarto de liceo, no hice bachillerato. Hice quinto, pero no lo aprobé. Ese tuit lo escribí cuando Valeska se anotó en la Facultad de Derecho para hacer Relaciones Laborales.


«Tengo 72 diplomas o reconocimientos, desde talleres sobre VIH o sexualidad hasta exposiciones en Congresos de Sexología. Pero para el cliente soy ‘la gorda Karina que changa en la rotonda’. Yo soy lo que decido ser, no lo que me etiqueten»


Ese día tuve muchas ganas de llorar… muchísimas ganas de llorar porque cualquiera de nosotras anteriormente lo hubiéramos deseado, pero no se materializó y que ella pudiera ir a la universidad… es hermoso. Yo sé la diferencia que hace la educación en la vida de las mujeres, cuando todavía están en proceso de empoderamiento y aprendizaje. Pero me aguanté el llanto, porque para ella era un momento que no daba para lágrimas, de mucha alegría. Ella solo había ido cuatro veces a Montevideo y se maravillaba con los edificios. Era muy lindo lo que estaba viviendo.

-¿En qué momento te convertiste en activista y defensora de los derechos sindicales de las trabajadoras sexuales?

-¡Todo el mundo me pregunta lo mismo y yo no tengo ni idea! Eso es por la maldita costumbre de ponerle etiquetas a todo. Esto de «sos feminista de avanzada de la primera ola», «sos tal o cual cosa», entonces dependiendo de la etiqueta, con quién vos te relacionás. A mí me gusta relacionarme con todo lo que me haga bien. Ahora, si del otro lado no tengo receptividad -porque una cosa que me enseñó el trabajo sexual es que la única que no me traiciona es mi piel-, entonces eso de encajar… Yo no quiero encajar en ningún lado. Solo quiero compartir todo lo que sé en la mayor cantidad de lugares posibles. Los que ponen «activista» son ustedes. Yo soy Karina.

-Tenés 72 diplomas o reconocimientos, siete de ellos son de la Udelar. ¿Diplomas en qué?

-Acá están (abre una carpeta y busca). Son diplomas de cursos y capacitaciones, de reconocimientos de juntas departamentales, de cursos en conserjería para personas con VIH, los primeros que tengo son de motosierrista, de ITF/Sida, déjame ver (sigue buscando en la carpeta), de entrevista motivacional, sobre violencia basada en género, sobre sexualidad, sobre derechos para poblaciones LGTBIQ, sobre sífilis, sobre derechos sexuales y reproductivos, discriminación, familia LGTB, sobre sexología. Este (muestra) es cuando expuse en el Congreso de Sexología sobre el rol de los consumidores de sexo en el desarrollo de la sexualidad en niñas y niños explotados sexualmente. Este (muestra otro diploma) es de la Universidad de la República, el último que me dieron, que tiene el loguito brillante…

-Pero sin embargo, paras la gente —pienso en los lugareños de Young, donde trabajaste durante 22 años—, ¿quién eras?

-«La gorda Karina que changa en la rotonda de la ruta».

-¿Y qué moraleja sacás de eso?

-Que yo soy lo que yo decido ser, no lo que ellos me etiquetan.

-Me da la impresión que por tu personalidad, ese estigma nunca te pesó. Lo supiste sobrellevar con tu carácter y tu militancia. ¿Pero cómo lo lleva la mayoría de las trabajadoras sexuales?

-Pah… a muchas de las compañeras eso las hunde, a tal punto de que ni siquiera se permiten participar en espacios entre pares, para que no se sepa que son trabajadoras sexuales.

-En las últimas elecciones nacionales fuiste candidata a diputada por el Frente Amplio en Young. Estuviste en el quinto lugar de la lista 42020 que lideraban Oscar Andrade y Carolina Cosse, y en el puesto 11 al Senado. ¿Qué te dejó la campaña y tu paso por la política partidaria? ¿Qué aprendiste?

-Fui la primera trabajadora sexual en toda Latinoamérica en estar postulada a dos cámaras del Parlamento. ¿Qué aprendí? Yo de ellos nada. Y estar en política me dejó mucha amargura. Viste que no los podés putear… Si supuestamente la política está hecha para ayudar a que los más desfavorecidos lleguemos a nivelar la vara, yo no puedo ser obsecuente cuando me estás pisando la cabeza.

-¿Y eso te pasó con alguien de tu propio sector, del Partido Comunista?

-Sí… La gente de Montevideo se cree que es el ombligo del mundo. Ellos piensan que porque están atrás de un mostrador y tienen en Google Maps se saben todo de todos los territorios. Vos no me podés discutir a mí, que trillé las calles de los pueblos, diciéndome que acá hay tal o cual cosa, ¡si yo sé que no! Yo lo tomo como avasallar mi conocimiento del territorio. Yo con la pata en el piso, y me decían: «Pero acá el Google Maps me dice que hay tal cosa», si yo te digo que fui, golpee, hablé y la gente no está, es porque no está. Era como ningunear mi conocimiento. Pero pelearme a piñas por política, no, no… Me peleaba por mi esquina, me peleaba a las trompadas por mi lugar en la calle. ¿Por política? No.

-Como activista participaste de campañas por la legalización del aborto, contra la baja de la edad imputabilidad, promoviste la ley trans, además de ser una connotada activista feminista. Si hubieras llegado al Parlamento, ¿por dónde habrían pasado tus inquietudes, tus prioridades como legisladora?

-Por la niñez y la adolescencia. Hubiera instaurado la castración de los violadores. Incrementaría los procesos de empoderamiento de la niñez, generaría espacios de escucha activa, real, cuyo centro fueran los gurises.

-Lacalle Pou propuso en campaña y ahora creará un registro de violadores y abusadores sexuales.

-Sí, pero ¿cómo resarcís la vida de las personas que ya violó? Porque por cada víctima que identificás y lo sancionás, ya violó a siete u ocho antes. ¿Cómo reparás los casos que quedaron debajo de la alfombra? La única forma es empoderar a los gurises desde la vivencia, de su corporalidad, y desde la percepción del riesgo.

-Recién decía que sos feminista. Pero en la marcha por el Día de la Mujer del año pasado unas chiquilinas te rompieron un cartel que decía «Las trabajadoras sexuales también tenemos derechos laborales». ¿A qué lo atribuís?

-Lo atribuyo a la euforia esta que se genera con el abolicionismo del trabajo sexual, importado desde la Argentina. Cuando hablamos de abolicionismo (del trabajo sexual) lo que se trae como muestra es lo que pasa en Argentina, donde el trabajo sexual tiene una prohibición total. No se puede comparar con Uruguay, donde nunca estuvo prohibido. Vos no podés comparar un contexto de Argentina donde la trata manda y transversaliza todos los ámbitos y nadie hace nada, con Uruguay…

-«Soy la mujer que más gente presa ha metido en cuanto a redes de tratas y las que más víctimas de trata ha rescatado en este país», dijiste en Desayunos Informales. ¿Cómo es esto?

-Es así, gracias a la confianza que las compañeras me han tenido. Si ellas no te lo cuentan y te llevan a las situaciones, vos no tenés cómo denunciar, porque nuestro sistema jurídico es contra prueba. En números totales, desde el 2008 he realizado más de 600 denuncias contra la trata. Logré meter gente presa de cuatro redes de trata de personas. Y saqué 27 mujeres de ese tormento.

-Hoy -1° de mayo de 2020- se cumplen dos años del sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) que reúne más de 120 trabajadoras sexuales de varios departamentos…

-Yo el 1° de mayo de 2018 hice una convocatoria en mis redes invitando a trabajadoras sexuales que quisieran sumarse a la idea de modificar la ley de trabajo sexual. Tuve que ponerle un nombre para la instancia que hicimos el 26 de junio, cuando en la Sala Zitarrosa lanzamos la campaña por la modificación de la ley de trabajo sexual.


«Cuando hablamos de abolicionismo del trabajo sexual lo que se trae como muestra de Argentina, donde el trabajo sexual tiene una prohibición total. No se puede comparar con Uruguay, donde nunca estuvo prohibido»


Hasta este pasado 1° de marzo éramos solo 64 trabajadoras sexuales de tres departamentos (Soriano, Rivera y Flores). Con esto de la pandemia llenaron el formulario de ingreso al sindicato unas 127 trabajadoras sexuales de Rivera, Salto, Paysandú, Florida, Soriano, Flores, Colonia, Tacuarembó y Canelones.

La finalidad fue rebatir la presentación que hizo el delegado del BPS ante la Comisión Nacional de Trabajo Sexual, la que integro desde el 2010. El representante del BPS presentó una modificación (a la ley), donde a mi entender lo que hacía era validar la figura del proxeneta como patrón. Entonces, cuando lo plantee, se me dijo que era inviable cambiar eso, que se iba a presentar tal como estaba en el Parlamento, entonces por eso salí a las redes y formé OTRAS.

-¿Cuáles han sido los principales logros del sindicato en dos años? ¿Qué has logrado como defensora de los derechos de las meretrices uruguayas?

-De las trabajadoras. Yo no defiendo meretrices. No defiendo a mujeres que no pertenezcan al rango jurídico que nos da la ley. Tengo la convicción de que para llegar a ser trabajadora sexual una tiene que hacer una autopercepción personal de que hay que llevarlo de forma digna y profesional.

¿Logros? Visibilizar un núcleo de personas que estamos al margen de todo lo que tiene que ver con el derecho real, estamos visibilizadas en el papel, pero invisibilizadas en la práctica. Y visibilizar que formamos parte de la sociedad.

-En Uruguay la prostitución está regulada como trabajo sexual desde 2002, pero tú dijiste en nota con Página 12 de Argentina que la actual ley «favorece a los grandes traficantes que manejan el negocio». ¿Por qué?

-Sí, porque ellos ponen las reglas del mercado dependiendo de la cantidad de mujeres que tengan. Es como todo comercio: el que tiene mayor cantidad de stock, maneja el mercado. Tiene la misma lógica que las leyes del mercado, la oferta y la demanda.

-¿Qué cambios te gustaría hacerle a la ley 17.515 que regula el trabajo sexual?

-Hay que ponerle una bomba… Habría que adecuarla a todas las normativas internacionales de derechos humanos como se han reconocido respecto a los demás colectivos. Porque casi todos los otros colectivos han logrado ponerse a tiro con las cosas que tiene que ver con la toma de decisiones basadas en derechos humanos. A nosotras no nos pasa. Me refiero, por ejemplo, a que la autonomía sobre los cuerpos la lograron las mujeres que lucharon por el aborto seguro y gratuito. La autonomía sobre los cuerpos la lograron las compañeras trans al ser reconocidas con el cambio de nombre y sexo registral. Entonces, la autonomía sobre nuestros cuerpos, que en el ejercicio del trabajo sexual, tiene que ser administrado solo por nosotras se nos tiene que ser dado. No como la ley actual que dice que para ejercer tenés que estar en lugares que dependen de otros.

-¿Cómo ha cambiado el trabajo sexual con el Covid-19 y cómo ha afectado la pandemia a las trabajadoras sexuales?

-Para analizar el Covid-19 en clave de trabajo sexual primero tenemos que saber que el coronavirus no es lo mismo para una trabajadora virtual de la capital que para una trabajadora sexual de una whiskería en un pueblo donde ni el ómnibus entra. Se viven de diferentes formas. Hoy en día las trabajadoras que trabajan en los pueblos más alejados son las que más trabajan. Sí les afecta muchísimo a las compañeras que están en las grandes urbes o capitales departamentales. A ellas sí, y muchas tuvieron que adaptarse a esta realidad y reinventarse. Por eso muchas compañeras tuvieron que recurrir a las tecnologías, al Whatsapp, Zoom, trabajar con sexo virtual. ¡Hay muchísima gente que paga por sexo virtual!

Exposición fotográfica en la UCU


«El coronavirus les afecta muchísimo a las compañeras que están en las grandes urbes. Por eso muchas tuvieron que recurrir al Whatsapp, al Zoom, a trabajar con sexo virtual. ¡Hay muchísima gente que paga por sexo virtual!»


-Pero en el sexo presencial y nada virtual, hay un riesgo grande de contagio…

-Sí, corremos riesgo las que vamos a espacios abiertos. Y las compañeras que tienen clientes muy mayores son las que están en el horno, porque son población de riesgo. Muchas prefieren no trabajar por miedo a que por su culpa muera su cliente.

-Sos autora del libro El ser detrás de una vagina productiva para el cual te entrevistaste con casi 300 trabajadoras sexuales que contaron su experiencia en primerra persona. ¿Cuáles son los denominadores comunes, el hilo conductor, que reúne a todas esas historias de vida?

-Entrevisté a 2.000. Unas 313 llenaron un formulario con 30 preguntas. Los denominadores comunes son la explotación sexual comercial por parte de otra persona o su círculo cercano, el mercado de consumo (querer tener los últimos championes, los últimos zapatos, siendo pobre), y la invisibilización. Y el factor educativo, que transversaliza todo: bajo nivel educativo, en general.

-Tus dos hijas son las primeras mujeres de tu familia que no son prostitutas.

-Así es. Ni fueron explotadas. Primero que nada, fueron las primeras que no fueron explotadas sexualmente: no tuvieron que permitir que su cuerpo fuera tocado por necesidad económica o alimenticia.

-¿Y eso qué significa para vos?

-Uff… Nunca hubiera pensado que sería realidad. Es más que un orgullo, es una mezcla de muchas cosas lindas. Pero es más que orgullo, es como un sueño…

-¿Sos feliz?

-Sí, por ellas. Y la verdad que valió la pena todo el sacrificio y todas las puteadas que recibí.

 

 

¿Prostitución, trabajo o trata?

En un juicio contra un hombre acusado de partícipe secundario de explotación de la prostitución, el TOF de Neuquén advirtió que se persigue la prostitución cuando “este no es un delito” y “lo que se logra con este mecanismo persecutorio es invisibilizar aún más los casos de trata o de explotación laboral”.

 

Por: Diario Judicial
@diariojudicial
notas@diariojudicial.com

13 de marzo de 2020

https://www.diariojudicial.com/nota/85861/penal/prostitucion-trabajo-o-trata.html

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El juez del Tribunal Oral Federal de Neuquén, Alejandro Cabral, absolvió a un hombre acusado del delito de partícipe secundario de la explotación de la prostitución de otra persona, agravada por el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.

El hombre atendía la barra de un cabaret donde había mujeres que ejercían la prostitución, según la Fiscalía. Fue acusado del delito de explotación económica de la prostitución ajena, en calidad de participe secundario, artículo 127 inciso 1 del Código Penal. A su vez, el dueño del lugar fue acusado por el delito de trata respecto de una de las mujeres y de explotación por las otras nueve que estaban allí.

Según consta en la causa, los testigos afirmaron que el acusado sólo servía los tragos, no cobraba dinero de los tragos, sino que otra mujer “era quien recibía el dinero que las chicas habían cobrado al cliente y ésta les daba a ellas el 50%”.

De acuerdo a lo expresado por el fiscal, “el copeo integra la prostitución y, por lo tanto, la explotación”. Sin embargo, el juez no compartió la postura del representante del MPF sino “un contrato entre dos personas mayores de edad, en la que una le propone a la otra que vaya al local cuando quiera, los días que quiera —al menos eso dijeron la mayoría de las chicas— y si logra que un hombre le pague una copa, el 50% de esa copa es para la chica y el otro 50% para el local”.

“Este ‘copeo’ no implica más que acompañarlo un rato mientras la persona bebe esa copa. No está obligada a ejercer la prostitución. Si ella quiere salir con ese cliente, es un problema de ella y el dinero que cobre también es de ella”, sostuvo el magistrado y advirtió: “A mi modo de ver el copeo de ninguna manera integra la explotación”.

Sobre este punto, Cabral explicó que el bar, local o night club, pone la bebida, el lugar, el barman y se queda con el 50% y el otro 50% se lo da a la chica por acompañar al cliente, ya sea bailando o charlando con él. Y añadió “Esto es un contrato, donde se beneficia el comercio porque van hombres y beben; y también se benefician las chicas que reciben el 50% del valor de las copas”.

El magistrado destacó, además, que “hay una gran confusión entre lo que es la trata, la explotación y el trabajo sexual” y que “esta no diferenciación entre los conceptos, hace que se desconozcan los derechos humanos más básicos de las trabajadoras sexuales”.

Para el juez, se persigue la prostitución cuando “este no es un delito” y “lo que se logra con este mecanismo persecutorio es invisibilizar aún más los casos de trata o de explotación laboral”.

Advirtió, además, que el trabajo sexual, al hallarse en un intersticio legal, se encuentra “clandestinizado” y se preguntó: “¿Qué es más digno, ser trabajadora sexual o trabajar como empleada doméstica, barrendero, limpiador de cloacas, o en trabajos precarizados como los de Glovo, Uber, etc.? Algunos de estos se pagan muy mal y en negro, ¿no es eso explotación?”.

“Otros son trabajos no reconocidos, al igual que el trabajo sexual, pero que nadie dice que sean explotación. Todos estos trabajos son absolutamente dignos, el problema es la explotación laboral, pero nadie le quita el consentimiento a la persona, lo que se debe hacer es regularlos para poder ser controlados y que no haya violaciones a los derechos fundamentales”, añadió.

La decisión judicial indicó que «en un discurso absolutamente moralista, se estructura el rechazo social al ejercicio del trabajo sexual bajo el discurso de la ‘dignidad'», y nuevamente cuestionó: “¿No será que estamos juzgando en función de la dignidad que nos merecen algunos trabajos frente a otros? ¿Qué es más digno, ser una trabajadora sexual, ser empleada doméstica, ser empleado de un supermercado, siendo que en muchos de estos casos no se respetan las leyes laborales?”.


En otro tramo del fallo de 50 páginas, el sentenciante fijó postura a favor de regularizar el trabajo sexual para que “pueda ser controlado, que no existan abusos, que tengan derecho a una jubilación, a una obra social”.


“Todos son trabajos dignos, algunos mejor pagos que otros, algunos con menos explotación que otros”, sostuvo el juez y agregó: “Lo indigno es el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad (…)”.

La persona que decide ejercer la prostitución, según el magistrado, se encuentra “absolutamente imposibilitada para realizar cualquier tipo de contrato o arreglo económico con otra persona. Y consideró que el ordenamiento jurídico “sí la habilita a ser empleada doméstica, ya sea en blanco o en negro, y hacer los trabajos más denigrantes, por una suma muy inferior a la que cobra la persona que realiza un servicio sexual. La ley no dice que la empleada doméstica o un empleado en negro, no está en condiciones de consentir”.

En otro tramo del fallo de 50 páginas, el sentenciante fijó postura a favor de regularizar el trabajo sexual para que “pueda ser controlado, que no existan abusos, que tengan derecho a una jubilación, a una obra social”.

“Eso va a permitir perseguir la verdadera trata y la explotación laboral. De lo contrario, perseguimos a las trabajadoras sexuales bajo el pretexto de que las estamos defendiendo de la explotación y no se va a los verdaderos lugares que hay trata o explotación. (…) Lo que no puede hacer el Estado es quitarle a la persona su capacidad de elección, su voluntad”.

De este modo, el juez consideró que “no existe prueba alguna en la causa que acredite que el acusado se beneficiaba económicamente de la explotación sexual de otra persona y menos aún que se hubiere aprovechado de un estado de vulnerabilidad”. En la causa tampoco se acreditó que “participara aunque sea de manera secundaria”, en los términos del artículo 46 del Código Penal, de los supuestos beneficios obtenidos por el dueño de la actividad.

 

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Documento Informativo: El Trabajo Sexual no es Explotación Sexual

Enviado por NSWP el 18 de julio de 2019

Fuente: NSWP

https://www.nswp.org/es/resource/documento-informativo-el-trabajo-sexual-no-es-explotacion-sexual

 

Descarga este recurso: 

El Trabajo Sexual no es Explotación Sexual – NSWP, 2019

 

Año: 2019

 

Este documento informativo destaca los problemas con la relación del término “explotación sexual” y trabajo sexual, y como esto agrava el daño para las personas que ejercen el trabajo sexual.

“Explotación” y “explotación sexual” no tienen una definición acordada en la ley internacional, lo que lleva a la malinterpretación del término (de manera intencionada o no), y a leyes, políticas y prácticas dañinas que impactan negativamente a los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual. Algunos grupos apoyan un marco ideológico que ve todo el trabajo sexual como violencia y explotación. La relación de trabajo sexual y “explotación sexual” de esta manera ha llevado a una legislación extremadamente dañina que limita el acceso de las personas que ejercen el trabajo sexual a la justicia y a los servicios, y les impide organizarse para unas condiciones de trabajo mejor o reivindicar sus derechos laborales.

Puedes descargarte el PDF. Esta fuente está disponible en inglés, chino, francés, ruso y español.

 

Patsilí Toledo: «El abolicionismo favorece la explotación sexual»

 

Un centenar de entidades secundan un manifiesto que reclama no estigmatizar ni criminalizar a un colectivo ya de por sí vulnerable

 

REDACCIÓN CRÓNICA GLOBAL @cronicaglobal

11 de mayo de 2019

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/abolicionismo-prostitucion-explotacion-sexual_243993_102.html

 

Patsilí Toledo, una de las impulsoras del manifiesto contra la explotación sexual ‘Barcelona ciudad pro-derechos’ / UB

 

Patsilí Toledo es una de las impulsoras del manifiesto contra la explotación sexual Barcelona ciudad pro-derechos, al que se han adherido un centenar de entidades. Un texto que defiende a los que deciden ejercer la prostitución y alerta contra el uso electoralista de la marcha abolicionista que se organiza a escala estatal y que se celebrará enBarcelona. «Activistas, movimientos feministas y vecinales nos hemos unido para manifestar que esta es una ciudad en la que pedimos que se vele por los derechos de las mujeres. De las que ejercen la prostitución de manera voluntaria y también de las que son víctimas de trata», explica aCrónica Global. Además, esta doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) advierte que «el abolicionismo de la prostitución favorece la explotación sexual».

Estigma

“Las que hemos promovido este documento hemos hablado mucho del discurso que simplifica las perspectivas feministas ante los trabajos sexuales. No hay un único feminismo que sea abolicionista”, sostiene. El texto critica la deriva autoritaria que toma cierto activismo al no respetar a los que de manera libre escogen ser trabajadores sexuales, y pide no estigmatizar más a un colectivo ya de por sí «muy vulnerable».

Toledo, que es miembro del colectivo Novembre Feminista, denuncia que las posturas abolicionistas contribuyen a “criminalizar a las mujeres”, aumentan el riesgo de clandestinidad, y de explotación. «Lo que nos mueve a impulsar el manifiesto es que se respeten los derechos humanos de todas las personas que ejercen un trabajo sexual”, reivindica, y también que «se persiga las mafias que se enriquecen con la explotación de las mujeres”.

Trata de personas

“Tiene que ver con la clandestinización de la inmigración. Si el Estado cierra las fronteras, tenemos a personas más vulnerables ante mafias y traficantes que las explotan. No podemos hacer un discurso vacío en el que solo hablemos de prostitución sin hablar de la ley de extranjería. Muchas víctimas de trata están sufriendo las consecuencias de políticas y leyes que supuestamente están para defenderlas”, denuncia esta activista.

Trabajadoras sexuales

En ocasiones, se rechaza la prostitución porque se vincula a la totalidad de trabajadores sexuales con víctimas de explotación. “Esta es la perspectiva de los organizadores de la marcha abolicionista. Niegan que las mujeres tomen esa decisión. Y las acusan de forman parte del lobbyproxeneta, como acusaron al colectivo feminista Ca la Dona”, explica. No se puede meter en el mismo saco la trata de personas y el trabajo sexual. No solo hay mujeres en la calle, hay trabajo online, telefónico; muchas formas”, explica.

“Entender que todo es lo mismo; no solo es un discurso falso, sino interesado políticamente. Los discursos abolicionistas están en auge en algunos países de Europa. Los Gobiernos promueven leyes que, supuestamente, penalizan a los clientes –como el modelo sueco– que, en la práctica, hacen desaparecer la prostitución de la calle. Y eso, para mucha gente es muy agradable, porque no quieren ver a la personas racializadas, a las mujeres inmigrantes africanas en la calle». ¿Qué sucede? «Hace que las mujeres estén explotadas, pero de manera clandestina«.  Razón por la que este tipo de discursos, señala esta activista, los aprovechan los que tienen “una agenda más racista”, y lo que consiguen este tipo de políticas es que los trabajos sexuales se llevan a cabo de manera oculta y eso beneficia a las mafias.

Xenofobia

“El discurso contra la trata es que el utilizan los Estados que no quieren más inmigración. El argumento a favor de prohibir la prostitución se utiliza para intentar frenar las llegadas”, explica. Unos intereses que no están, en absoluto, enfocados al bienestar de las mujeres. Toledo explica que es lícito y lógico que exista un debate sobre si es positivo o no que exista la prostitución, pero también señala que existen intereses políticos tras esa postura: «Los discursos xenófobos se aprovechan del abolicionismo de la prostitución”.

Pone como ejemplo Estados Unidos. “Uno de los pilares de la política exterior es la lucha contra la trata, porque significa lucha contra la inmigración”, sostiene. ¿Aquí pasa lo mismo? “Mientras más bloqueas la migración puedes recubrirlo de una pátina de inocencia diciendo que es lucha contra el tráfico de personas», sostiene.

Explotación sexual

Algunas de estas mujeres que sufren explotación sexual en España “están encerradas en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs) y las deportan”, critica. «Venden que las salvan y, en ocasiones, esas mismas mujeres, contactan de nuevo con una mafia para regresar a nuestro país», sostiene.

“El problema central está relacionado con la migración, porque la ley de extranjería favorece la proliferación de mafias”, explica. Una problemática que va más allá de estar a favor o en contra del trabajo sexual. “Tenemos un problema muy grave, y esta postura abolicionista que dice que toda prostitución es explotación es muy útil para los discursos antiinmigración”, subraya.

Mujeres clandestinas

¿Cuál es la situación que las lleva a ejercer la prostitución? Ese es el problema de raíz que se debe combatir. “Una mujer sin papeles, una mujer clandestina, indocumentada, es mucho más vulnerable a la explotación que no una de aquí”, sostiene.

“Cuando los problema son complejos, no podemos aplicar soluciones fáciles. Y el abolicionismo es un discurso fácil, y no incluye matices. Dicen la prostitución es muy machista, y entonces estamos en contra y así se nos escapan muchas cosas. Primero es muy importante escuchar a la gente que está viviendo esta situación, no se trata de discutir si la prostitución es machista o no, eso lo podemos abordar desde un debate teórico, pero a pie de calle, uno ve como la explotación afecta a las mujeres y la complejidad que conlleva», relata Toledo.

Feminismo inclusivo

Esta profesora de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) reivindica unfeminismo inclusivo, en el que existan posturas diferentes acerca de la prostitución. “Es necesario garantizar los derechos de las mujeres”, revindica, “y sobretodo luchar contra la estigmatización ”.

 

Putecismo

 

 

1.- ¿Qué es la prostitución?

La prostitución es el libre intercambio de sexo por dinero u otros bienes, sin contar el matrimonio.

2.- ¿En qué se diferencia del matrimonio?

En el matrimonio se busca la reproducción y la crianza de los hijos, y no solo la satisfacción sexual. Por esa razón se limita el número de participantes y se firma un contrato a largo plazo.

3.- ¿Es mala la prostitución?

Los bienes que se intercambian en la prostitución son sexo y dinero. El sexo es bueno y el dinero también, por lo que la prostitución en sí no puede ser algo malo. Cualquier cosa que se puede hacer legítimamente de manera gratuita, se puede hacer también legítimamente cobrando por ella. 

4.- No siendo mala en sí misma, ¿hay algo que haga mala la prostitución? 

La violencia machista de algunos clientes, la violencia institucional del Estado, la explotación laboral ejercida por terceros, la discriminación social… hacen sufrir a las prostitutas. Pero este sufrimiento causado a las prostitutas no significa que la prostitución en sí sea mala, sino que la hacen mala los malvados que no nos respetan.

5.- No tener otra opción para sobrevivir que la prostitución, ¿significa que ésta es mala?

No. Eso significa que el sistema económico y social en el que vivimos es malo, ya que permite que exista la pobreza. Si la única opción para sobrevivir fuera la prostitución, prohibir ésta sería una condena a muerte.

6.- ¿Somos malas las prostitutas?

La prostitución no es mala porque no hace daño a nadie, por lo tanto las prostitutas no somos malas.

7.- ¿Es “inmoral” la prostitución?

La moralidad o inmoralidad de algo se establece con referencia a una ley moral. Algunas religiones que subestiman a la mujer consideran inmoral el sexo fuera del matrimonio y, por tanto, la prostitución. Pero, en un Estado aconfesional, las leyes morales solo obligan a quienes voluntariamente las aceptan.

8.- ¿Es ética la prostitución?

El principio básico de la ética es el respeto a los demás y, por tanto, la prostitución es ética, pues no hace daño a nadie y, por tanto, debe ser igualmente respetada por todos, por el mismo principio ético.

9.- Entonces, ¿por qué se usa “puta” como insulto para las mujeres e “hijo de puta” para los hombres?

Porque la sociedad desprecia injustamente a las prostitutas: es lo que se llama “estigma de puta.”

Además, la palabra “puta” es una herramienta que el patriarcado utiliza como insulto para oprimir y aleccionar a la mujer que se rebele ante cualquier norma que establezca lo que el sistema no considera adecuado y haga peligrar así su control sobre ella. Cualquier mujer que decida vivir su vida y su sexualidad a su manera es considerada puta.

10.- ¿Qué significa “estigma”?

Marca o señal en el cuerpo, especialmente la impuesta con un hierro candente como signo de esclavitud o de infamia. Para las prostitutas, es una marca simbólica, pero igualmente infamante y de por vida, infligida por los prejuicios de la sociedad. 

11.- ¿Por qué marca la sociedad a las prostitutas con el estigma de puta?

La sociedad se basa en la ficción hipócrita de que el sexo es algo sucio que solo debe ser usado para la reproducción dentro del matrimonio y no para buscar placer, al tiempo que necesita un mínimo de libertad sexual que permita el placer sexual que es inseparable de la vida. La solución a este dilema es cargar sobre las prostitutas toda la culpa y el desprecio de lo que realmente es la conciencia de su propia naturaleza como sociedad, para así mantener la imagen de sí misma como limpia y virtuosa. Cuanto más evidente es la mentira, con más fuerza debe la hipocresía marginar y castigar a quien es en sí misma la verdad: la prostituta.

12.- ¿Es nocivo el estigma?

Las personas estigmatizadas son aisladas, devaluadas, rechazadas y vilipendiadas. Experimentan discriminación, insultos, ataques e incluso asesinatos. La interiorización del estigma es lo que más daño hace a las prostitutas. Induce sentimientos de pérdida de valor personal, de culpa, de vergüenza, de fatalismo… Paraliza a la prostituta en su lucha por conseguir sus derechos y facilita la explotación y la aceptación resignada de leyes injustas. Limita seriamente la calidad de vida, al obligarla a llevar muchas veces una doble vida y a ocultarse como si fuera una delincuente.

13.- ¿Cómo podemos librarnos del estigma?

Como seres sociales que somos, nos vemos reflejadas en los demás. Sólo nuestras hermanas, las putas empoderadas, nos devolverán el reflejo de lo que realmente somos: mujeres luchadoras y valientes que no debemos avergonzarnos por lo que hacemos ni humillarnos ante nadie. En la soledad no nos libraremos del estigma, ni nos librarán de él las “salvadoras” que nos proponen el camino de las víctimas indefensas.

Esto en cuanto al estigma interior, el más venenoso. Del estigma exterior, del injusto castigo que nos impone la sociedad, nos libraremos cuando consigamos que las leyes sean justas con nosotras.

14.- ¿Es compatible la denominación “puta” con la liberación?

La palabra “puta” es el estigma en sí mismo. Solo venciéndola se vence el estigma. Y se la vence de dos maneras: impidiendo su uso normalizado por la sociedad, por los medios de comunicación y, a la vez, apropiándonos nosotras del mismo, es decir, transformando el “estigma de puta” en el “orgullo de puta”. Para nosotras y entre nosotras, el glorioso nombre de puta; para los de fuera, el glorioso nombre de trabajadora sexual.

15.- ¿Desde cuándo las putas somos “trabajadoras sexuales”?

A finales de la década de 1970, la activista neoyorkina Carol Leigh acuñó el término “trabajo sexual”. «El uso del término ‘trabajo sexual’ marca el comienzo de un movimiento», escribió Carol Leigh. «Reconoce el trabajo que hacemos en lugar de definirnos por nuestra condición». Desde entonces, el término ha sido progresivamente utilizado, en primer lugar por el movimiento que reivindica el reconocimiento de sus derechos, y luego por académicos, instituciones y medios de comunicación de todo el mundo.

16.- Entonces ¿el trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro?

Ningún trabajo es como cualquier otro: cada uno es según la naturaleza del servicio que presta. Pero todos tienen en común que son reconocidos como trabajo por las leyes. La naturaleza del trabajo sexual es, como su nombre indica, sexual, pues sexual es el servicio que presta; y todavía no ha sido reconocido legalmente como trabajo por eso mismo: por su naturaleza sexual, que los jueces en su sentencias han considerado que es ilícita, indigna e inmoral.

Existen relaciones laborales que reúnen todos los requisitos de la prestación de trabajo pero que, por sus especiales características, se rigen por normativas propias. Se trata de las relaciones laborales especiales. A éstas sólo se les aplicará la normativa laboral general en aquellos aspectos no contemplados en la norma específica que regula dicha relación. Estas relaciones laborales especiales son, entre otras, la alta dirección, el servicio del hogar. los deportistas profesionales y los estibadores portuarios.

El trabajo sexual sería una relación laboral especial en la que lo primero sería el respeto a la libertad sexual de la trabajadora y, por tanto, la autoridad empresarial sería limitada (horarios, etc.). Asimismo, no sería ofertado en las oficinas de empleo. Es lo que ocurre (en contra de lo que dice la propaganda abolicionista) en los países en los que la prostitución por cuenta ajena tiene consideración de trabajo. Además, sería precisa una regulación estricta de los propietarios de burdeles (según el modelo de Nueva Zelanda), que deberían obtener un certificado de validez temporal, demostrando carecer de determinados antecedentes delictivos, además de otras obligaciones.

17.- ¿Es cierto que la prostitución no puede ser considerada trabajo porque es ilícita, indigna e inmoral?

Los jueces deben administrar las leyes y basar en éstas sus sentencias.

Ilícito es igual que ilegal, luego la prostitución no es ilícita porque no es ilegal.

Dignidad es “el valor de la persona que se manifiesta en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida”, luego lo indigno es negarnos a las prostitutas nuestra dignidad en una sentencia.

Inmoral es lo que atenta contra la moral… ¿Qué moral? ¿La moral personal de los jueces? La moralidad tiene una dimensión subjetiva   mientras que la ley tiene un carácter objetivo y, en consecuencia, un acto solo se convertirá en ilícito si encaja con lo que expresa una norma jurídica.

La negación a las prostitutas de nuestros derechos laborales es un ataque al Estado de Derecho y a la Constitución. Es un ataque a nuestros derechos humanos.

18.- ¿Cuáles son los marcos legales del trabajo sexual en el mundo?

Son cuatro: prohibición, regulación/legalización, abolición y despenalización.

Estos marcos legales o modelos se dividen en dos grupos: el de aquellos en los que la prostitución se considera legítima, es decir, el regulacionismo, el abolicionismo y la despenalización y aquél en el que la prostitución es reprimida como tal, a saber, el prohibicionismo.

19.- ¿En qué consiste el prohibicionismo?

El prohibicionismo penaliza la compraventa de sexo, ya sea penalizando a la prostituta, al cliente o a ambos, y pone al margen de la ley la prostitución.

En los Estados prohibicionistas que penalizan a la prostituta, se considera a ésta una delincuente que debe ser castigada por la ley y perseguida por la policía, sufriendo castigos que llegan a la pena de cárcel. Es el caso de Estados Unidos.

En los Estados prohibicionistas que penalizan al cliente (también llamados “neoprohibicionistas” o “neoabolicionistas”), se considera a éste un agresor sexual, siendo degradada por ley la prostituta al estado de mujer sin capacidad de consentimiento. Es el caso de Suecia y otros que han seguido su ejemplo.

20.- ¿En que consiste la regulación/legalización?

Los Estados que regulan la prostitución reglamentan (legalizan) estrictamente el ejercicio de la prostitución mediante medidas que lesionan los derechos humanos de las trabajadoras sexuales estigmatizándolas negativamente, tales como el registro obligatorio, los controles sanitarios obligatorios, la limitación del derecho a la libre circulación… De hecho, la regulación puede considerarse una prohibición parcial, que afecta a todas aquellas prostitutas que, por una u otra razón, no se someten a las normas regulatorias.

21.- ¿En que consiste el abolicionismo?

El régimen abolicionista considera a la prostituta una víctima de la sociedad, pero no niega su capacidad de decisión y, por tanto, respeta su derecho a prostituirse y no la penaliza ni a ella ni al cliente.

Al mismo tiempo, considera la prostitución un mal social que debe ser erradicado (“abolido”) y, para ello penaliza a las terceras partes, es decir, a todos aquellos que la prostituta necesita para desarrollar su trabajo: es la penalización del “proxenetismo” aún con consentimiento de la prostituta.

De hecho, aunque diga lo contrario, el abolicionismo castiga (aunque no penalmente) a la prostituta, ya que la obliga a trabajar en condiciones de clandestinidad que ponen en riesgo su seguridad. Y también la castiga directamente, aunque afirme lo contrario, al separarla de sus hijos, estigmatizarla a los ojos de la sociedad e incluso, en algunos casos, privarla de libertad para su “rehabilitación”.

22.- ¿En qué consiste la despenalización?

 

Las trabajadoras sexuales en lucha por nuestros derechos en todo el mundo exigimos la plena despenalización de la prostitución como el único modelo legal compatible con el respeto a nuestros derechos humanos. 

 

Despenalización es la eliminación de todas las leyes penales y punitivas en general utilizadas contra las trabajadoras sexuales, los clientes y las terceras partes. Esto incluye las leyes que directamente penalizan el trabajo sexual y el uso de otras leyes para atacar de manera desproporcionada a las trabajadoras sexuales por motivos tales como vagabundeo, molestia pública, obscenidad, etc. Las especificaciones del marco legal que reemplace a la penalización deben ser desarrolladas en consulta con las trabajadoras sexuales locales, teniendo en cuenta el contexto específico de cada país.

 

Despenalización no debe confundirse con legalización/regulación:

“La legalización significaría la regulación de la prostitución con leyes sobre dónde, cuándo y cómo puede tener lugar la prostitución. La despenalización elimina todas esas leyes y prohibe al Estado y a la policía intervenir en cualesquiera actividades o transacciones relacionadas con la prostitución, a menos que sean de aplicación otras leyes”.

 

La despenalización total es llamada también “modelo proderechos”. Es el modelo vigente en Nueva Zelanda, único país en el mundo hasta ahora que ha despenalizado totalmente la prostitución.

 

En España, la despenalización total del trabajo sexual se concreta en cinco reivindicaciones, expresadas en los puntos 43 a 47 de este Putecismo.

 

23.- ¿Qué modelo tenemos en España?

España siguió el modelo abolicionista, con penalización del proxenetismo aún con consentimiento de la prostituta, desde 1956 hasta 1995, año en el que la prostitución fue totalmente despenalizada. Sin embargo, desde 2003 vuelve a seguir el modelo abolicionista, aunque moderado en su aplicación por los jueces, que solo castigan el proxenetismo coactivo. No obstante, en los últimos años, se han ido introduciendo medidas punitivas para algunas de las prostitutas que ejercen en la calle, mediante la Ley Mordaza y las ordenanzas municipales de algunos ayuntamientos, siguiendo una tendencia penalizadora que recuerda a la de los últimos años de la etapa abolicionista franquista con su Ley de Peligrosidad Social.

Hay una intensa actividad por parte del lobby abolicionista que intenta sustituir el actual modelo abolicionista por el modelo prohibicionista («neoabolicionista» o «neoprohibicionista») sueco, mediante la penalización de los clientes.

24.- Realmente, ¿se puede penalizar la prostitución?

Realmente, no, ya que el acto de prostitución no puede existir a los ojos de la ley, dado que pertenece de pleno derecho al ámbito de las libertades individuales, pertenece a la vida íntima de las personas y la intimidad está protegida por la ley; toda penalización necesita, por tanto, basarse de forma exclusiva en la figura de la prostituta, mujer estigmatizada a la que se le pueden retirar sus derechos fundamentales mediante un acto administrativo.

Es decir, el primer paso es marcar a una mujer como prostituta y, a continuación, negarle los derechos que tienen todas las mujeres y, en general, todos los ciudadanos.

Así, la penalización de la prostitución de calle convierte a la policía en policía controladora de la moral de las mujeres, con poderes para discriminar a simple vista a las mujeres que son putas de las que no lo son y castigar a las “inmorales” por el solo hecho de estar en la calle.

25.- ¿Qué es el abolicionismo?

El abolicionismo original fue el movimiento que luchó por la abolición de las leyes de esclavitud vigentes en los países europeos y sus colonias, en el siglo XIX. Podemos llamarlo el primer abolicionismo. 

El segundo abolicionismo fue el liderado por la inglesa Josephine Butler —más tarde en el mismo siglo XIX— por la abolición de las leyes reguladoras de la prostitución que forzaban el examen ginecológico de las prostitutas (la “violación quirúrgica” o “violación de acero”, como lo llamaba Butler) y contra la prostitución infantil. Tras una lucha de veinte años consiguió su objetivo de abolir esas leyes reguladoras y la edad de consentimiento fue elevada de 13 a 16 años.

Josephine Butler fundó la “Federación británica, continental y general por la abolición de la regulación gubernamental de la prostitución”. 

El triunfo de este segundo abolicionismo llevó a la formación de “sociedades de la pureza”, cuyo objetivo era forzar el cierre de los burdeles mediante la penalización. Butler advirtió contra estas sociedades de la pureza por su “fatua creencia de que puedes obligar a los seres humanos a ser morales mediante la fuerza, y que haciéndolo así de alguna manera promueves la pureza social”. Este fue el nacimiento del tercer abolicionismo.

El tercer abolicionismo no pretendía ya liberar a las prostitutas de la violencia del Estado, sino perseguir la prostitución como un mal social. No pudo dar el paso de penalizar a las prostitutas ni a los clientes, ya que eso habría supuesto para las primeras un castigo mayor que aquél del que las había librado el segundo abolicionismo, así que su estrategia se centró en rodear a la prostituta de una zona de “tierra quemada”, penalizando a todo aquél que ayudara a la prostituta a realizar su trabajo, es decir, el “proxenetismo aún con consentimiento de la prostituta”.

Este tercer abolicionismo fue el principal agente en la invención del mito de la “trata de blancas” y ha sido el “abolicionismo” por antonomasia hasta hace poco tiempo. Su paradigma es el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena”, firmado en el seno de Naciones Unidas, en Lake Success (Nueva York) el 2 de diciembre de 1949, al que España se adhirió en 1956.

El Estado español tiene legislación abolicionista desde 1961 hasta nuestros días, salvo el período 1995-2003.

Y llegamos al momento actual, con la aparición del cuarto abolicionismo. Este cuarto abolicionismo solo tiene de abolicionismo el nombre, ya que es prohibicionismo.

Las actuales “abolicionistas” ocultan el hecho de que España es abolicionista desde hace cincuenta años —y la evidencia de que ese modelo abolicionista ha fracasado en su objetivo de terminar con la prostitución— e intentan hacer pasar por abolicionismo su objetivo de prohibir la prostitución.

El abolicionismo siempre reconoció el derecho de las mujeres a prostituirnos en el ejercicio de nuestra libertad sexual y, por tanto, la naturaleza de sexo consensuado entre adultos de la prostitución. El cuarto abolicionismo busca penalizar la compra en una compraventa, y eso no es otra cosa que prohibir la compraventa.

Al cuarto abolicionismo algunos lo llaman “neoabolicionismo”, de forma incorrecta ya que no es abolicionismo. Más adecuado sería llamarlo “postabolicionismo”: lo que sigue al abolicionismo.

También lo llaman, de forma adecuada esta vez, “neoprohibicionismo”, para distinguirlo del prohibicionismo “clásico”, que penaliza a la prostituta.

El cuarto abolicionismo es llamado también “modelo sueco” o “modelo nórdico”, por haber sido inventado en Suecia.

 26.- ¿Todas las feministas son abolicionistas?

No, en absoluto. Aunque las abolicionistas han conseguido influir en importantes sectores del feminismo, los sectores defensores de los derechos de las mujeres, incluído el derecho a prostituirnos, mantienen su posición en defensa de las trabajadoras sexuales y son nuestras firmes aliadas.

27.- ¿Cuál es el papel de las aliadas en nuestra lucha?

Las aliadas (y los aliados) tienen su propia agenda (derechos humanos, feminismo…), más amplia que la nuestra. Ellas no luchan directamente por sus propios intereses, como nosotras, sino que lo hacen de forma totalmente altruista, por lo que merecen todo nuestro reconocimiento. Su colaboración es totalmente necesaria para el éxito de nuestra lucha, pero no debemos olvidar que sólo nosotras podemos ser las protagonistas de nuestra propia liberación. Es indispensable que creemos organizaciones constituídas y dirigidas de forma independiente por nosotras mismas.

28.- ¿Qué organizaciones de trabajadoras sexuales hay ahora mismo en España?

Asociación Feminista de Trabajadoras Sexuales (AFEMTRAS), Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), Putas Libertarias del Raval, Asociación de Profesionales del Sexo (Aprosex) y Colectivo Caye. También hay un sindicato: Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) y una sección sindical (de la IAC Catalunya): Unión Sindical de Trabajo Sexual (USTS). Organizaciones formadas por trabajadoras sexuales y aliadas hay una: Colectivo de Ayuda a Trabajadoras del Sexo (CATS).

29.- ¿Dónde reside la fuerza de la organización de trabajadoras sexuales?

En el fuerte vínculo que nos une, como compañeras que somos en el puterío. Es lo que se ha llamado “zorroridad”, fusionando las palabras sororidad (que es el sentimiento de hermandad entre todas las mujeres que defiende el feminismo) y zorra.

Somos putas feministas y la zorroridad es nuestra fuerza.

30.- ¿Qué es la «trata de personas»? 

Trata es la compraventa de mercancías.

No puede existir “trata de personas” (o “trata de seres humanos”) si esas personas no han sido reducidas previamente a la condición de esclavos (y, por tanto, de mercancías) en virtud de leyes de esclavitud vigentes en un momento y en un Estado concretos. Esas leyes respaldan el derecho de propiedad de unas personas sobre otras y garantizan con los tres poderes del Estado el derecho de las primeras a comprar y vender a las segundas: si un esclavo se escapa, la policía se encarga de detenerlo y devolverlo a su propietario.

En España la esclavitud fue abolida en el siglo XIX: hoy, no hay ni esclavitud ni trata.

Aunque la propaganda institucional abolicionista intenta hacer creer que las víctimas de lo que el actual Código Penal llama «trata de seres humanos» son mujeres secuestradas y violadas, como si esta llamada «trata» fuera una auténtica trata, la realidad es que la condición indispensable para que una mujer pueda llegar a ser considerada víctima de «trata» es que haya existido libre consentimiento ya que, si no hubiera existido el libre consentimiento, los delitos serían de secuestro y violación, claramente tipificados en el Código Penal.

Los vicios del consentimiento que pueden invalidar éste ya están contemplados en nuestro sistema jurídico: no es lo mismo un consentimiento invalidado por iniciativa de la persona titular del bien jurídico protegido —la libertad sexual, la libertad de empresa, el derecho al trabajo— que consigue demostrar que su consentimiento fue viciado que un consentimiento despreciado por la ley como “irrelevante” violando la dignidad de la persona que lo dio libremente.

La expresión “explotación sexual”  que menciona el Código Penal como finalidad de la «trata» no ha sido definida ni en la legislación internacional ni en la nacional. Eso viola el principio de legalidad, creando una situación de inseguridad jurídica incompatible con el Estado de Derecho.

Por eso, una de las reivindicaciones en que se concreta nuestra lucha por la total despenalización del trabajo sexual es la supresión del párrafo b) del artículo 177 bis del Código Penal (De la trata de seres humanos) que dice “La explotación sexual, incluyendo la pornografía.”

Basta con las leyes generales que nos protegen contra el secuestro, la violación y los vicios del consentimiento en defensa de nuestra plena y responsable libertad personal.

31.- Y ¿por qué dicen las abolicionistas que «trata sexual» y prostitución son la misma cosa?

Desde el punto de vista distorsionado de la realidad que tienen las abolicionistas se puede deducir esa afirmación, ya que las abolicionistas dicen que todas las prostitutas, por el hecho de serlo, somos vulnerables y objeto de coacción, con lo que se cumplirian las condiciones para ser consideradas víctimas de eso que el Código Penal llama «trata». Como además alientan la confusión generalizada entre los delitos que se producen en el lugar de trabajo y que llegan a los tribunales (y que pueden ser espeluznantes, como palizas, violaciones, abortos forzados, etc.) y el delito de «trata», concluyen que eso demuestra que la prostitución es en sí misma violencia y coacción, y así lo difunden en su propaganda.

Bien es cierto que, si se aceptara el dogma abolicionista de que las prostitutas no somos dueñas de nuestros actos, no se cumplirían las condiciones para ser consideradas víctimas de «trata», ya que la condición del delito de «trata» es que exista el libre consentimiento (si no, sería secuestro). Solo podríamos ser consideradas víctimas de «trata de niñas», ya que en los menores no existe la posibilidad de libre consentimiento y, de hecho, eso es lo que ocurre: que para las abolicionistas las prostitutas somos niñas.

Nuestro eslogan ¡TRABAJO SEXUAL NO ES TRATA! defiende nuestra dignidad frente al intento de las abolicionistas de negar nuestra capacidad de decidir sobre nuestros propios cuerpos y nuestras propias vidas.

32.- ¿Es delito la explotación de la prostitución ajena?

Según la actual legislación española, sólo es delito la explotación de la prostitución ajena si se hace mediante coacción (art.187 del C.P.). Exactamente, si se hace a través de la imposición de “condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas” o si se aprovechan de “una situación de vulnerabilidad personal o económica”. La apreciación acerca de cuándo concurren dichas circunstancias queda abierta a la interpretación de los jueces.

En realidad, no existe esa «prostitución coactiva» porque prostitución es sexo consensuado entre adultos, es decir, libertad sexual. Tipificar la «prostitución coactiva» como un delito distinto al de violación es decir que la violación de las prostitutas no es igual que la violación de las demás mujeres y se castiga con una pena menor. Por eso hay que derogar el art. 187 del Código Penal en el marco de la despenalización total del trabajo sexual.

Y también porque castigar a «quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma» (ibid.) es violar la libertad de empresa y el derecho al trabajo (art. 38 y 35 de la Constitución) de las prostitutas. No es delito lucrarse explotando el trabajo de otras personas: eso es el sistema capitalista en el que estamos. Lo que está penalizado, mediante las leyes laborales que defienden los derechos laborales, es el lucro abusivo

El art. 187 del C.P. bloquea el acceso a esos derechos para las trabajadoras sexuales, respaldando de esa forma el lucro abusivo. Devolvernos a las trabajadoras sexuales la plenitud de nuestros derechos humanos, entre los que se encuentran los derechos laborales, significa ¡¡ DESPENALIZACIÓN TOTAL DEL TRABAJO SEXUAL !!

33.- ¿Qué es el tráfico de personas?

El tráfico de personas es el delito consistente en facilitar el paso clandestino de la frontera a un inmigrante a cambio de una remuneración. Podría llamarse “contrabando de personas”.

En el tráfico de personas, al contrario que en la «trata», no hay víctima, pues la relación del inmigrante con el traficante se extingue una vez atravesada la frontera y no existe intención de posterior explotación, como en la «trata». Además, en la «trata» no es preciso que exista paso de fronteras, pues puede ocurrir en territorio español, sin necesidad de que éste sea lugar de origen, tránsito o destino.

Es muy frecuente la confusión entre los términos “tráfico” y “trata”, facilitada a veces porque en inglés trata se dice “trafficking” (y tráfico se dice “smuggling”). Ante la duda, recordad siempre que en el delito de tráfico de personas no existe víctima.

34.-   ¿Hasta qué punto sufren explotación las trabajadoras sexuales en los clubes y pisos?

En el sistema capitalista, todos los trabajadores sufren explotación: explotación laboral. La diferencia entre el valor de lo que producen y el salario que reciben es el beneficio con el que se lucra el empresario. Esta explotación, vista desde el punto de vista de la clase dominante que controla el Estado, es legal, legítima, decente, digna y moral.

Las trabajadoras sexuales a terceros sufren pues, como cualquier otro trabajador, explotación laboral.

Pero la explotación laboral puede ser modulada por la relación de fuerzas entre trabajadores y empresarios. La lucha de los trabajadores a lo largo de muchos años han conseguido los derechos laborales que permiten que la relación salarios y condiciones de trabajo / beneficios empresariales sea objeto de negociación.

Las trabajadoras sexuales nos vemos injustamente desposeídas de nuestros derechos laborales y de nuestra capacidad de negociación, por lo que podemos decir que nos vemos sometidas a sobreexplotación laboral.

35.- Y, las compañeras “de deuda” ¿sufren algún tipo particular de explotación?

Las trabajadoras sexuales inmigrantes —como el resto de personas inmigrantes— casi siempre tienen que endeudarse para poder financiar su proyecto migratorio. Cuando el acreedor es el mismo empresario, como suele ocurrir a las trabajadoras sexuales que trabajan en clubs, aparece la posibilidad de abusos. El empresario puede imponer unas condiciones económicas a la trabajadora que haga que su deuda no termine nunca de desaparecer e incluso aumente. Es lo que se llama “peonaje por deuda”. Este abuso es posibilitado por la Ley de Extranjería, que pone a la trabajadora sexual inmigrante en manos del empresario, que es su único “protector” frente a la policía que intentaría deportarla. Porque la deportación es lo que más teme la trabajadora sexual inmigrante, ya que la devolvería a la situación de pobreza de la que intenta escapar, agravada aún más por la deuda contraída.

La explotación particular que pueden sufrir las compañeras “de deuda” es posibilitada por la Ley de Extranjería, ley rechazada por todos los defensores de los derechos humanos. Por eso, nuestra primera reivindicación como trabajadoras sexuales, solidarizándonos con las más vulnerables de nuestro colectivo, debe ser la ¡DEROGACIÓN DE LA LEY DE EXTRANJERÍA!

El segundo factor que permite los abusos contra las prostitutas “de deuda” es la falta de derechos laborales y, en particular, del derecho a la libre sindicación. Porque en una situación de recuperación de la totalidad de nuestros derechos humanos, las condiciones laborales en los burdeles serían objeto de negociación y vigilancia por parte de los sindicatos que, además, tendrían por ley derecho al libre acceso a los clubs y a hablar libremente con las trabajadoras, lo que evitaría los abusos derivados de la falta de información.

36.- También dicen que la prostitución es “violación pagada”…

Una de las razones por las que las abolicionistas dicen que en la prostitución no existe la libre decisión es porque, según ellas, hacer algo a cambio de dinero por necesidad de dinero es actuar bajo coacción. Eso lo dicen solo para el trabajo sexual, claro. “El dinero es como el cuchillo en el cuello”, llegan a decir. Pero la coacción que realmente existe es la de quienes niegan a las mujeres pobres alimento, vestido y vivienda, para ellas y para quienes dependen de ellas, si no es a cambio de dinero. La auténtica violencia es la pobreza.

Con esta opinión, las abolicionistas revelan su ideología de clase acomodada. Se revelan como las portavoces de la clase dominante explotadora que no está dispuesta a que las mujeres se liberen del paro y de sus salarios de miseria.

37.- … y “violencia de género”.

Es lo mismo que decir que es «violación pagada». Pero como saben que ningún juez considerará a un cliente de prostitución como violador, rebajan la “violación” de las prostitutas (según defienden) a una mera “violencia de género” que puede saldarse con una multa. Esto es lo que han conseguido que vote el Parlamento Europeo en 2014 y, aunque no es más que una recomendación a los Estados, las abolicionistas españolas se aplican con entusiasmo a multar y estigmatizar a los “puteros” con la vista puesta en una Ley estatal que aplique en España el “modelo sueco”.

38.- ¿Por qué llaman siempre “puteros” a nuestros clientes?

Llamar puteros a nuestros clientes es llamarnos a nosotras putas con todo el desprecio y el odio que sienten hacia nosotras. Intentan reforzar al máximo nuestro estigma con el fin de contagiar del mismo a nuestros clientes. Porque, como nos quieren tanto, nos quieren librar de nuestros “maltratadores” y dejarnos así sin la fuente de nuestro sustento. Pero nosotras no odiamos a los hombres y, desde luego, no consideramos maltratadores a nuestros clientes. Odiamos, como mujeres, la violencia machista, y los malos clientes, y reclamamos nuestros derechos para poder defendernos de éstos. Las abolicionistas quieren enviarnos a la clandestinidad para que solo los malos clientes se atrevan a desafiar sus multas. Las abolicionistas quieren abolir la prostitución exterminando a las putas.

39.- Las putas, ¿somos agente político?

Las putas empoderadas —es decir, conscientes de nuestra dignidad, nuestros derechos y la fuerza de nuestra unidad— somos agente político de primer orden, porque nuestra causa es la causa de la liberación de las mujeres, de la liberación de las clases oprimidas y de la defensa de las libertades democráticas como garantía de derechos humanos; y porque, además, somos la piedra de toque de esas luchas:

  • estar con las putas es estar con las mujeres, con los oprimidos y con la democracia,
  • estar contra las putas es estar con el patriarcado, con el capital y con el totalitarismo fascista.

40.- Una puta empoderada, ¿debe necesariamente presentarse en público como tal?

No, de ninguna manera. El empoderamiento es un proceso personal que lleva desde la vergüenza de puta hasta el orgullo de puta. El empoderamiento es colectivo, y cada una participa en el mismo según sus circunstancias, sin que eso suponga una jerarquización de compromisos. Aquéllas que dan la cara y actúan como portavoces de todas nosotras merecen el máximo reconocimiento y son indispensables para avanzar, pero tambíén actúan con valentía las que participan en manifestaciones o ruedas de prensa bajo máscaras y, también, cualquiera de nosotras que, en su fuero interno, se atreve a desafiar el estigma.

41.- ¿Existe una jerarquia entre las trabajadoras sexuales?

No, de ninguna manera. El estigma de puta nos marca a todas por igual. Hacer distinciones entre “prostitución de supervivencia”, “prostitución bajo explotación laboral” o “prostitución autónoma” con el fin de dar más valor a la libre decisión de unas que a las de otras es un error que sólo lleva a la división. Cada una tiene sus motivaciones personales y todas son igualmente respetables. El estigma de puta que a todas nos oprime por igual también nos une a todas por igual como hermanas.

42.- ¿Cuáles son nuestras reivindicaciones políticas?

Las trabajadoras sexuales exigimos la DESPENALIZACIÓN TOTAL de la prostitución como único marco legal que garantiza el respeto a nuestros derechos humanos.

Esto significa la derogación de los artículos abolicionistas del actual Código Penal y la derogación de los artículos regulacionistas de la Ley Mordaza, lo que se concreta en los siguientes cinco puntos.

43.- (1) Supresión del párrafo b) del artículo 177 bis del Código Penal (De la trata de seres humanos) que dice “La explotación sexual, incluyendo la pornografía.”

Basta con el párrafo “a) La imposición de trabajo o de servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad.”

“Explotación sexual” es un término que no tiene definición, ni en la ley española ni en la ley internacional. Esta indefinición no es casual sino intencionada y hace que el párrafo b) viole el principio jurídico básico de legalidad.

44.- (2) Supresión del art. 187 del C. P. (“prostitución forzada” y “proxenetismo”).

Basta con los artículos del Código Penal que penalizan el secuestro y la violación.

En este caso, como en el anterior, el desprecio al consentimiento de la persona (la prostituta) expresado en ambos atenta contra la libertad sexual protegida por el mismo Código Penal, así como contra la libertad de empresa y el derecho al trabajo reconocidos por la Constitución.

Los vicios del consentimiento que pueden invalidar éste ya están contemplados en nuestro sistema jurídico: no es lo mismo un consentimiento invalidado por iniciativa de la persona titular del bien jurídico protegido —la libertad sexual, la libertad de empresa, el derecho al trabajo— que consigue demostrar que su consentimiento fue viciado que un consentimiento despreciado por la ley como “irrelevante” violando la dignidad de la persona que lo dio libremente.

No existe la “prostitución forzada” porque prostitución es sexo consensuado entre adultos, es decir, libertad sexual, según ha definido claramente el Tribunal Supremo. Tipificar la “prostitución forzada” como un delito distinto al de violación es decir que la violación de las prostitutas no es igual que la violación de las demás mujeres y se castiga con una pena menor.

Y castigar a “quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma” es violar la libertad de empresa y el derecho al trabajo (art. 38 y 35 de la Constitución) de las prostitutas. No es delito lucrarse explotando el trabajo de otras personas: eso es el sistema capitalista en el que estamos. Lo que está penalizado, mediante las leyes laborales que defienden los derechos laborales, es el lucro abusivo: el art. 187 del CP bloquea el acceso de las trabajadoras sexuales a esos derechos, respaldando de esa forma el lucro abusivo.

La supresión de este artículo (numerado entonces como art. 188.1) fue propugnada ya hace años (en 2006) por un numeroso grupo de jueces y profesores de derecho en un manifiesto que hicieron a favor de la despenalización y la regulación laboral del trabajo sexual.

45.- (3) Eliminación del párrafo 11 del art. 36 de la Ley Mordaza: “La solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público…)”

Porque viola los derechos constitucionales a la libre circulación y a la intimidad y también el principio constitucional de igualdad de todas las personas ante la ley al penalizar por el solo hecho de estar en la calle a aquellas mujeres que la policía imagina que realizan la actividad legal de venta de servicios sexuales.

46.- (4) Derogación de la Ley de Extranjería

 Aunque esta Ley no se refiere expresamente a la prostitución, si afecta al gran número de trabajadoras sexuales inmigrantes indocumentadas que, bajo la amenaza constante de detención, ingreso en CIE y deportación, deben esconderse de la policía y quedan indefensas en manos de las mafias policiales asociadas a dueños de burdeles.

47.- (y 5) Regulación estricta de los propietarios de burdeles y del funcionamiento de éstos.

Al modo de Nueva Zelanda —primer país que ha despenalizado totalmente el trabajo sexual— y con el mismo objetivo expresado en el preámbulo de su Ley de Reforma de la Prostitución :

“salvaguardar los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y protegerlas de la explotación, promover el bienestar y la salud y seguridad ocupacional de las trabajadoras sexuales y propiciar la salud pública.”

48.- Y para terminar, ¿debo creer y estar de acuerdo con todo lo que he leído en este Putecismo?

No necesariamente. Leer, reflexionar, volver a leer y debatir es el método, pero mi única maestra es mi experiencia y mi único guía, mi instinto.

 

 

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Se terminó este Putecismo el día 2 de octubre de 2018,

bajo la auspiciosa mirada de la muy veneranda,

divina entre las divinas,

Afrodita Porné.