¿Qué es la trata?

 

 

Hasta finales del siglo XIX, la trata era “la trata”: el comercio de esclavos subsaharianos (1).

A partir de esas fechas, surgió una nueva trata: la “trata de blancas” (“white slavery”) (2). Este nuevo tipo de comercio de esclavos —esclavas— habría aparecido subrepticiamente en Estados Unidos y otras partes y consistiría en el secuestro y violación reiterada de mujeres blancas por bandas de tratantes que, igual que ocurrió con la trata de negros, se beneficiarían de la compraventa de dichas esclavas.

La creencia en la incidencia masiva de ese nuevo fenómeno fue propalada entre la multitud por un esfuerzo combinado de prensa, agencias antivicio e industria del cine, en particular ésta última (3). Sin aportar ninguna evidencia, se logró crear un estado de “pánico moral” en el que no habría padre ni madre que no temiera que sus hijas corrieran un riesgo real de ser secuestradas y condenadas a prostituirse en un burdel clandestino.

Por supuesto que había leyes en EE.UU. contra el secuestro y la violación, pero el estado de “pánico moral” propició la aprobación de una ley especial, la ley Ley Mann de 1910 (4), que prohibió el transporte interestatal de mujeres para el trabajo sexual o “cualquier otra práctica inmoral”. Durante los siguientes siete años, los casos judiciales ampliaron el alcance de la ley hasta que funcionó para criminalizar todas las relaciones sexuales no maritales. De esta forma, la “lucha contra la trata” comenzó su andadura permitiendo la intromisión del Estado en la vida privada de las personas; además de la creación de una base de datos centralizada de “prostitutas conocidas” y la constitución del FBI.

Siguieron años de acuerdos y protocolos internacionales contra la trata (5), acuerdos y protocolos que me permito saltar olímpicamente —aunque no sin dejar de reseñar que en ninguno de ellos se puso en cuestión el derecho de las mujeres a prostituirse por libre decisión— hasta llegar a su consecuencia inmediata y práctica: la introducción del artículo 177 bis, en el que se tipifica el delito de trata de seres humanos, en la reforma del Código Penal de 2010 (6).

El bien jurídico protegido por dicho artículo es la libertad (la dignidad) y la indemnidad sexual de las víctimas (7).

El delito de trata consiste, pues, en el secuestro y violación de mujeres, a los que se añade el objetivo de lucro, dicho sea en lenguaje llano, no estrictamente jurídico (8).

No es un delito muy frecuente, afortunadamente, lo que no resta un ápice a su gravedad, ya que constituye sin duda uno de los peores crímenes contra las mujeres. Desde la entrada en vigor, en diciembre de 2010, de la reforma del Código Penal y hasta noviembre de 2016, se contabilizaban 49 sentencias condenatorias firmes (9). Y no cabe achacar este bajo número a falta de celo por parte de la policía, ya que en solo tres años, entre 2013 y 2015, la policía remitió a la Fiscalía 900 atestados por este supuesto delito.

La libertad que protege el artículo 177 bis del Código Penal es, en concreto, la libertad de prostituirse o no. Las sentencias reconocen en buen número de casos el derecho de las mujeres a prostituirse, sin perder por ello el derecho a no ser obligadas a prostituirse (10).

Es evidente que el caso contrario, es decir, el derecho de las mujeres que han decidido prostituirse a no ser obligadas a abandonar la prostitución constituye parte inseparable del bien jurídico al que me he referido. Porque es obvio que la libertad de decir “sí” o “no” no puede ser solamente la libertad de decir “no”, por absurdo.

La ideología extremista del abolicionismo (11) es la imagen en espejo de la trata. Mediante violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima (12), el abolicionismo pretende forzar a las mujeres que han decidido vivir de la prostitución a dejar ésta, atacando directamente su derecho consitucional a la dignidad (no así su indemnidad sexual, es cierto). Se lucran de ello, también, a través de generosas subvenciones sin obligación de demostrar resultados.

En resumen:

  • La trata es secuestro y violación de mujeres
  • El abolicionismo es la imagen en espejo de la trata
  • Urge una ley que tipifique el abolicionismo como delito contra la dignidad y la libertad de las personas.

1.- https://es.oxforddictionaries.com/definicion/trata

2.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2014/04/25/esclavas-sexuales-y-estado-vigilante/

3.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2017/12/23/la-trata-de-blancas-y-el-control-policial-de-la-vida-domestica/

4.- https://en.wikipedia.org/wiki/Mann_Act

5.- http://www.oas.org/atip/reports/annot_prot_spanish.pdf

6.- https://juiciopenal.com/delitos/contra-la-libertad/la-trata-personas-segun-codigo-penal-delito-la-libertad-las-personas/

7.- “ El art. 177 bis del C. Penal castiga la trata de seres humanos, sea en España o desde España, empleando violencia, intimidación o engaño…. cuyas conductas típicas son la captación, el traslado, el transporte, el acogimiento, la recepción o el alojamiento con distintas finalidades, en el caso de autos la explotación sexual, siendo irrelevante el consentimiento de la víctima. Dado el bien jurídico protegido, libertad e indemnidad sexual de las víctimas, de naturaleza personal, se cometieron tantos delitos de trata de seres humanos como víctimas reseñadas en el factum”. (STS 178/2016, de 3 de marzo)

8.- GRETA considera que las autoridades españolas deberían incluir en la definición legal de trata de seres humanos los conceptos de “secuestro”   (…).http://www.colectivohetaira.org/WordPress/informe-greta/

9.-http://cadenaser.com/emisora/2016/11/23/radio_sevilla/1479910151_088769.html

10.- De forma, que cuando ese ejercicio [de la prostitución] se realiza bajo coacción, integra el tipo del actual art. 187.1 CP, al margen de que la víctima, ocasional o habitualmente, lo realice también voluntariamente. Precisamente el bien jurídico tutelado es la libre toma de decisiones en la esfera de autodeterminación sexual del sujeto, capacidad de autodeterminación que no desaparece, al margen de las veces y concretas situaciones en que voluntariamente lo haya aceptado; y que se conculca por tanto, cuando cesa esa voluntariedad y son los medios coactivos los que determinan esa dedicación en un episodio concreto más o menos temporalmente extenso. Del mismo modo que cuando el acceso carnal se obtiene con violencia, aunque el sujeto pasivo ejerza la prostitución, se comete agresión sexual del art. 179 C.P. En definitiva, es el objetivo ejercicio de la prostitución, coactivamente logrado, la conducta tipificada, al margen de si el sujeto pasivo ejercita esa actividad o no, en ocasiones diversas. (STS nº680/2016, de 26 de julio)

11.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2016/11/03/el-abolicionismo-es-el-patriarcado-de-nuestros-tiempos/

http://www.diariodesevilla.es/sevilla/Detenidas-personas-redadas-prostitucion-callejera_0_511449499.html

http://www.diariodesevilla.es/sevilla/Dispositivo-policial-prostitucion-Sevilla_0_509349216.html

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/02/andalucia_sevilla/1314963821.html

http://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-ayuntamiento-sevilla-declara-guerra-pisos-burdeles-201710292328_noticia.html

12.- “En general casi todos los servicios que plantean una ayuda a las víctimas conllevan el abandono de la prostitución, entre otras razones porque resulta más difícil ofrecerles protección si están ejerciendo la prostitución ya que pueden ser localizadas con mayor facilidad. Este es un problema que han planteado informantes de distintas provincias.

“Pues hay un problema económico. Es decir, una chica que está gastando 3.000€, que esté ganando 3.000€, que tenga una…sobre todo en el caso de las sudamericanas, que tengan unas cargas familiares en su país de origen, si van a un Centro de Protección, va a ganar cero. Sobre todo que ahí suele haber bastante control. (Policía)

Y en ese sentido, cuando las chicas ponen una denuncia sí, pero no quieren dejar de ejercer la prostitución porque tienen que mandar dinero a su país…Este es el caso, que nos pasa con chicas, principalmente, nigerianas. Y las ONG no las cogen si siguen ejerciendo. Con lo cual…eso lo tienen clarísimo y es una norma del centro. (Policía)” Pág 118

Lo que “tienen clarísimo y es una norma del centro” esas organizaciones  es que su objetivo fundamental es erradicar la prostitución y no proteger a las víctimas de trata, y por tanto no dudan en usar los medios que el Estado ha puesto a su disposición con este último fin para extorsionar a las mujeres que quieren practicar libremente su trabajo –libres ya de explotadores– para subvenir a sus necesidades y a las de sus familias. “O bajo nuestra protección y sin prostitución, o con prostitución y bajo la ‘protección’ de los tratantes”, parece ser su lema.

https://elestantedelaciti.wordpress.com/2016/03/07/el-tiempo-de-los-reformatorios-de-mujeres-ha-pasado-no-es-lo-mismo-trata-que-prostitucion/

 

 

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La “trata de blancas” y el control policial de la vida doméstica

 

LIVIA GERSHON

 

21 DE DICIEMBRE DE 2017

 

https://daily.jstor.org/white-slavery-policing-domestic-life/

 

¿Es la venta de sexo un asunto privado o una crisis pública? Si bien muchas trabajadoras sexuales dicen que los anuncios eróticos en línea las ayudan a realizar una transacción consensuada con el máximo control y seguridad, un poderoso movimiento de reforma las vincula con los temores de la trata de personas.

Hace un siglo, el pánico por la trata de personas transformó el papel del gobierno en la vida “privada”, como explica Christopher Diffee en un artículo que se centra en una película popular de esa época.

A principios del siglo XX, cuando las mujeres se estaban moviendo hacia la fuerza de trabajo urbana y la vida pública se estaba expandiendo, los informes periodísticos, las novelas y los informes de la comisión del vicio difundieron los temores sobre la “trata de blancas” que barría el país. El pánico alcanzó su punto máximo en 1913, con el lanzamiento de la exitosa película Traffic in Souls.

Un cartel de la película de 1913 Traffic in Souls (via Wikimedia Commons)

En la película, un miembro de una banda de trata de blancas seduce y secuestra a una joven trabajadora de una tienda de dulces, una mujer trabajadora representada como irresponsable y demasiado ansiosa por ir a bailar con un hombre. La hermana mayor de la chica, Mary, trabaja heroicamente con la policía para salvarla.

“Mary muestra la energía y la preocupación social agresiva de un reino moral expandido y transicional, no siendo ni un avatar pasivo de la domesticidad ni la Nueva Mujer liberada de la era del jazz”, escribe Diffee.

La trama de la película refleja los esfuerzos de los reformadores progresistas del mundo real, en su mayoría mujeres de clase media, para “proteger” a las mujeres jóvenes de la clase trabajadora de los depredadores y de su propio comportamiento. Esto implicó una mezcla de apoyos sociales y medidas punitivas. Los reformadores ayudaron a crear escuadrones antivicio, reformatorios y un sistema judicial juvenil. Algunos trataron de elevar la edad de consentimiento a 18 ó 21 años, y algunos presionaron por una ley de salario mínimo, que esperaban que protegiera a las mujeres jóvenes de tener que recurrir al trabajo sexual ilegal.

Reprimir la “trata de blancas” también significó la expansión del poder federal. La Ley Mann de 1910 prohibió el transporte interestatal de mujeres para el trabajo sexual o “cualquier otra práctica inmoral”. Durante los siguientes siete años, los casos judiciales ampliaron el alcance de la ley hasta que funcionó para criminalizar todas las relaciones sexuales no maritales. La aplicación de la Ley Mann recayó en el incipiente FBI, que abrió su primera gran oficina de campo y alcanzó el reconocimiento nacional por la fuerza de sus esfuerzos antivicio.

La respuesta al trabajo sexual bajo la situación de pánico trató a las mujeres jóvenes como víctimas en lugar de puramente como criminales, pero continuó utilizando el poder punitivo del gobierno como elemento central para su rehabilitación. También dio poca credibilidad a la idea de que podrían estar tomando decisiones racionales sobre cómo responder a sus circunstancias. Esa misma fórmula continúa hoy en gran parte de la discusión pública sobre el tema.

MANIFESTE DES PROSTITUÉES DE SEVILLE

 

 

La prostitution n’est pas un crime. Nous, les prostituées, nous ne sommes pas des criminelles.

Aucune loi en Espagne n’interdit la vente de services sexuels entre des personnes adultes. La Loi Gag et les ordonnances municipales de Séville ne pénalisent pas la prostitution, puisqu’elles ne peuvent pas le faire. Pourtant, les deux règlements violent le principe de légalité, ainsi que les droits fondamentaux contenus dans la Constitution espagnole et le Statut d’Autonomie d’Andalousie, en privant les travailleuses du sexe des droits fondamentaux tels que le droit de circuler librement. Ils restreindent aussi, au travers de la répression, l’utilisation de l’espace public. Il n’y a pas de différence légale entre les prostituées, leurs clients et le reste des piétons; pour en faire la distinction, on n’utilise que des critères arbitraires de la police nationale et municipale, qui sont devenus une sorte de police morale.

Nous, les prostituées, nous sommes des femmes dignes.

La legitimité de la Constitution est basée sur la reconnaissance que “la dignité de la personne humaine, les droits inviolables qui lui sont inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d’autrui sont la base de l’ordre politique et de la paix sociale “.

Et la Cour Constitutionnelle définit la dignité comme «une valeur spirituelle et morale inhérente à la personne, qui se manifeste singulièrement dans l’autodétermination consciente et responsable de sa propre vie et qui s’accompagne de la prétention du respect d’autrui».

Nous, les prostituées, nous sommes des femmes dignes parce que nous déterminons nos vies de manière consciente et responsable et que nous cherchons le respect de la société dans son ensemble. Ceux qui essaient de nous faire devenir des mineures ayant besoin de tutelle s’attaquent directement à notre dignité; ils essaient de nous priver de notre capacité de décision; ils essaient, en somme, d’enlever notre liberté.

Nous, les prostituées, nous réclamons tous nos droits sexuels en tant que femmes.

Nous, les prostituées, nous ne considérons pas que le travail sexuel soit indigne ou que les relations sexuelles consenties entre des adultes hors mariage soient un fléau qui doive être éradiqué. C’est notre conviction, pour laquelle nous exigeons le même respect que nous avons envers ceux qui pensent le contraire. Nous revendiquons notre droit de vivre et de faire de notre sexe et notre sexualité ce que nous en décidons, sans interférence morale.

Nous, les prostituées, nous sommes des travailleuses du sexe.

Le travail du sexe, c’est un travail. En Espagne, la prostitution n’est pas interdite; pourtant, les droits des prostituées sont refusés. Dans cette situation, nous, les travailleuses du sexe, nous sommes assujeties à une situation de travail sans aucun droit. Cependant, l’hypocrisie de cette société ajoute le résultat de notre travail au Produit Intérieur Brut tout en nous refusant le droit du travail pour «défendre notre dignité».

La prostitution, ce n’est pas de la traite ou de la violence de genre.

Il n’est pas possible de faire des comparaisons entre les victimes d’un crime tel que la traite des êtres humains et des femmes qui pratiquent la prostitution librement et de leur propre choix. Cela ne fait que simplifier une réalité beaucoup plus complexe. Cela contribue aussi à l’ignorance sur cette réalité, ainsi qu’à la discrimination, la nuissance et la violation des droits des personnes qui pratiquent la prostitution.

La criminalisation de la prostitution perpétrée, au délà du Parlement espagnol, par le conseil municipal de Séville (entre autres) et par le gouvernement précédent du Parti Populaire avec sa Loi Gag, ne sert qu’à accroître la marginalisation et la faiblesse sociale des prostituées, nous laissant presque absoluement sans défense contre les mafias de la traite des êtres humains et menacent de nous faire devenir ce que les abolitionnistes veulent que nous devenions: des victimes ayant besoin de sauveurs.

Il est absurde de dire que la pénalisation est pour les clients et pas pour les prostituées. Aussi absurde de dire que dans une entreprise c’est l’achat qui est pénalisé, mais pas la vente. Celles qui sont finalement pénalisées, c’est nous, les prostituées, qui voyons ainsi notre survie économique mise en danger. C’est là la vraie violence contre les femmes que nous, les prostituées, nous subissons: la violence abolitionniste..

Nous, les prostituées, nous ne demandons pas de l’aide pour sortir de la prostitution: nous demandons l’abolition de la pauvreté.

Aucune femme n’est née pour être pauvre. La pauvreté est dégradante et coercitive. Une société qui accepte la pauvreté ou qui croit que la pauvreté est inévitable ne respecte pas les femmes. La pauvreté est une forme de violence, une violence qui touche de manière disproportionnée les personnes marginalisées. La pauvreté ne peut être considérée comme un choix qui garantit de la sécurité.

En conséquence, nous, les prostituées de Séville:

Nous demandons:

  • L’abrogation immédiate de la Loi Gag et des ordonnances anti-prostitution du conseil municipal de Séville.
  • La reconnaissance par l’Etat que le travail du sexe est un travail et l’application immédiate du Statut des Travailleurs et d’autres normes qui garantissent les droits des travailleuses.
  • La fin de la campagne de haine contre les prostituées du conseil municipal de Séville et l’affectation immédiate des fonds destinées à cette campagne à la lutte contre la pauvreté feminine à Séville

Nous, les prostituées, nous avons commencé à nous manifester publiquement et nous ne garderons plus le silence!

Vous ne nous embarrasserez plus jamais avec vos campagnes infâmes!

Collectif des prostituées de Séville

MANIFESTO OF THE PROSTITUTES OF SEVILLA

 

 

 

Prostitution is not a crime. Prostitutes are not criminals.

No law prohibits in Spain the sale of sexual services between adults.

The Gag Law and the municipal ordinances of Seville do not sanction prostitution, which they can not do. Both regulations violate the principle of legality, as well as basic rights contained in the Spanish Constitution and the Statute of Autonomy of Andalusia, by depriving sex workers of fundamental rights such as the right to free movement and restricting the use of space. public through repression. There is no legal difference between prostitutes, their clients and the rest of the pedestrians; only the arbitrary criteria of national and municipal police turned into a kind of moral police.

Prostitutes are worthy women.

The Constitution legitimizes itself by recognizing that “the dignity of the human person, the inviolable rights that are inherent to it, the free development of the personality, respect for the law and the rights of others are the foundation of the political order and of social peace “.

And the Constitutional Court defines dignity as “a spiritual and moral value inherent in the person, which manifests itself singularly in the conscious and responsible self-determination of one’s own life and which carries with it the claim to respect by others”.

Prostitutes are worthy women because we self-consciously and responsibly determine our own lives and seek respect from society as a whole. Those who try us to become underage girls in need of guardianship are directly attacking our dignity, they are trying to deprive us of our decision-making capacity, they are trying, in short, to take away our freedom.

Prostitutes claim all of our sexual rights as women.

Prostitutes do not consider sex work to be unworthy nor consensual sexual relations between adults outside of marriage as a blight that must be eradicated. That is our conviction, for which we demand the same respect that we have towards those who think otherwise. We claim our right to live and do with our sex and sexuality what we decide, without moral interference.

Prostitutes are sex workers.

Sex work is work. In Spain, prostitution is not prohibited; they only deny us the rights to prostitutes. Under this situation, we sex workers are subjected to a work situation lacking any right. However, the hypocrisy of this society adds the result of our work to the Gross Domestic Product while denying us labor rights to “defend our dignity”.

Prostitution is not trafficking or gender violence

It is not possible to equal the victims of a crime such as trafficking in persons with women who practice prostitution freely and by their own decision. Doing this only simplifies a reality that is much more complex, contribute to ignorance of this reality and discriminate and harm people who practice prostitution by violating their rights.

The criminalization of prostitution carried out outside the Parliament by the City of Seville (among others) and by the previous government of the Popular Party with its Gag Law, only serves to increase the marginalization and social weakness of prostitutes, leaving us almost absolutely defenseless against the mafias of human trafficking and threatening to become what the abolitionists want us to become: victims in need of saviors.

It is absurd to say that clients are penalized and not prostitutes. It is absurd to say that in a business the purchase is penalized, but not the sale. Those who are ultimately penalized are the prostitutes, which we see endanger our economic survival. That is the real violence against women that prostitutes suffer: abolitionist violence.

Prostitutes do not ask for help to get out of prostitution: we demand the abolition of poverty.

No woman is born to be poor. Poverty is degrading and coercive. A society that accepts poverty or believes that poverty is inevitable does not respect women. Poverty is a form of violence, a violence that disproportionately affects the marginalized. Poverty can not be considered a safe place.

Consequently, the prostitutes of Seville:

We demand:

  • Immediate repeal of the Gag Law and anti-prostitution ordinances of the City of Seville
  • Recognition by the State of the labor nature of sex work and immediate application of the Statute of Workers and other standards that guarantee the rights of women workers.
  • The end of the hate campaign against the prostitutes of the City of Seville and immediate allocation of the funds allocated to that campaign to the fight against poverty among women in the city of Seville.

 

Prostitutes have begun to speak and we will not be silent!

 

You will no longer be ashamed of yours infamous campaigns!

 

Collective of Prostitutes of Seville

Reducir la trata de personas a través de la despenalización del trabajo sexual

 

AMA Journal of Ethics. January 2017, Volume 19, Number 1: 122-126.

 

Erin Albright, JD y Kate D’Adamo, MA

 

http: //journalofethics.ama-assn.org/2017/01/sect2-1701.html

 

Resumen

Para reducir la trata de personas, los trabajadores de la salud deberían apoyar la despenalización total de la prostitución. Al igual que la trata en otros tipos de trabajo, la prevención de la trata en el comercio sexual requiere abordar las diferentes formas de marginación que crean comunidades vulnerables. Al eliminar las leyes punitivas que impiden denunciar la explotación y el abuso, la despenalización permite a las trabajadoras sexuales trabajar de forma más segura, reduciendo así la marginación y la vulnerabilidad. La despenalización también puede ayudar a desestigmatizar el trabajo sexual y ayudar a resistir la marginación política, social y cultural de las trabajadoras sexuales.

 

 

Introducción

 

En agosto de 2016, Amnistía Internacional, manteniendo y reafirmando su enérgica condena de la trata de personas, publicó una orientación política modelo que llama a los países a despenalizar el comercio sexual para proteger mejor la salud y los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual [1]. Como explica Amnistía en la orientación política, la despenalización es el cambio de “delitos comunes que penalizan la mayoría o todos los aspectos del trabajo sexual”, incluidas las leyes que se dirigen a terceros no coercitivos que compran o facilitan el trabajo sexual, a “leyes y políticas que brindan protección a las trabajadoras sexuales de los actos de explotación y abuso “[2]. La política ha sido respaldada por la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, la Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres (GAATW), Human Rights Watch, Lambda Legal, la Unión Americana de Libertades Civiles, Freedom Network USA y muchas otras organizaciones que se enfocan en poblaciones vulnerables, incluidas las víctimas de la trata de personas [3, 4]. Lo que es más importante, es una política abrumadoramente respaldada por las personas que comercian con sexo: la comunidad afectada por estas leyes y políticas [5].

 

En contraste, las organizaciones que ven la despenalización como algo que da permiso e impunidad a los posibles explotadores han criticado esta orientación política, a pesar de la insistencia expresada en ésta en que se mantengan o establezcan leyes contra la trata y las agresiones físicas y sexuales [1]. Sin embargo, estas críticas no logran entablar una conversación matizada sobre el trabajo sexual en lo que respecta a la explotación, la pobreza, la discriminación, los derechos de las trabajadoras y la trata de personas [6]. Más importante aún, la investigación muestra lo contrario: la penalización crea condiciones de impunidad y aumenta las vulnerabilidades de las trabajadoras sexuales a la violencia y la explotación, incluida la trata.

 

Razones para oponerse a la penalización del trabajo sexual

 

El trabajo sexual y la trata sexual no son sinónimos. La participación en el comercio sexual se produce en un espectro constantemente cambiante de elección, circunstancia y coacción. Las víctimas de trata se encuentran en el otro extremo de este espectro, implicadas en el trabajo sexual por la fuerza o la coacción. Si bien es difícil cuantificar el número de personas víctimas de trata en el comercio sexual, sí sabemos, como veremos más adelante, que la penalización del trabajo sexual aumenta la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales a la violencia, la explotación y la trata [7]. De esta forma, aquí, discutimos cuatro razones por las cuales los profesionales de la salud deberían oponerse a la penalización del trabajo sexual.

 

Aumento de la violencia. En primer lugar, la penalización aumenta las oportunidades de violencia que, de facto, no se pueden denunciar [7]; es decir, debido a que el trabajo que realizan se considera una actividad delictiva, las personas que ejercen el trabajo sexual son blancos fáciles de abuso y explotación, incluido la trata. El temor a la detención y otras consecuencias significa que aquellas personas que participan en el trabajo sexual tienen menos probabilidades de denunciar casos de violencia o explotación, lo que resulta en un “clima de impunidad que fomenta que la policía, el sector de la salud y grupos no estatales abusen de los derechos de las trabajadoras sexuales”[8]. Esto es cierto incluso para los llamados marcos de “penalización parcial”, como los que penalizan sólo a los compradores de sexo. Si bien dicha estrategia parece basarse, a primera vista, en el bienestar de las personas que ejercen el trabajo sexual, su puesta en práctica a menudo significa la vigilancia de las áreas donde las trabajadoras sexuales realizan su trabajo. Esto obliga a trabajar en condiciones y lugares más aislados, lo que aumenta la vulnerabilidad física. Interrumpe las estrategias y negociaciones de seguridad críticas, incluidas las técnicas de reducción de daños, como el uso de preservativos, y las redes de pares [7]. Según un estudio publicado en The Lancet, la penalización parcial “crea daños similares a los de la penalización total al impedir la capacidad de las trabajadoras sexuales de proteger su salud y su seguridad, y creando una relación antagónica con la policía que da lugar a un clima de impunidad” [8].

 

Erosión de confianza. En segundo lugar, la penalización socava la confianza en los sistemas de apoyo, incluida la atención de la salud. El temor a ser juzagas moralmente, la discriminación, la menor calidad del servicio y las consecuencias legales impiden que muchas divulguen que están involucradas en el trabajo sexual, independientemente de si se han implicado a través de la elección, las circunstancias o la coacción [9]. Un estudio de 783 trabajadoras sexuales informó que el 70 por ciento nunca había revelado la naturaleza de su trabajo a un profesional de la salud [10]. En una evaluación de necesidades de trabajadoras sexuales que buscan clientes en espacios públicos, a menudo referidas como trabajadoras sexuales callejeras, una mujer explicó: “Fui violada y tenía miedo de ser enjuiciada por el hospital y que llamaran a la policía”. [9]. Interrumpir la relación entre un profesional de la salud y una trabajadora sexual puede significar que no se tengan en cuenta las señales de alarma importantes de la explotación, la violencia y la trata.

 

Aumento de la vulnerabilidad. En tercer lugar, la implicación en el sistema de justicia penal crea consecuencias duraderas, en términos de la evolución de la salud de una persona y la vulnerabilidad a la trata y otras formas de explotación. La incapacidad de ocultar una detención y condena por prostitución hace que la obtención de empleo formal, vivienda, prestaciones sociales y apoyo comunitario sea significativamente más difícil. Las multas y los costos asociados con una detención agravan la pobreza, lo que aumenta significativamente la vulnerabilidad de una persona a la trata y otras formas de explotación.

 

Estigma. Finalmente, la penalización refuerza el estigma, que perpetúa la marginación de las trabajadoras sexuales. Las investigaciones respaldan el hecho de que las trabajadoras sexuales son algunas de las personas más marginadas del mundo, sometidas a violaciones generalizadas de los derechos humanos que incluyen homicidio, violencia física y sexual, encarcelamiento, acoso por parte de las fuerzas del orden y discriminación en el acceso a la atención médica y otras fuentes de apoyo [1] Social, cultural, política y económicamente, las trabajadoras sexuales son estigmatizadas, ignoradas y silenciadas activamente incluso en espacios activistas que debaten sobre las mismas políticas que influyen en sus vidas [11]. Con demasiada frecuencia, se habla de las personas que ejercen el trabajo sexual en lugar de darles una plataforma para hablar por sí mismas, y el resultado es la falta de reconocimiento y cumplimiento de sus derechos humanos básicos.

 

Conclusión

 

La despenalización puede motivar un mayor reconocimiento de los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y es por tanto un mecanismo de importancia crítica para disminuir la trata. Cuando mejoramos la salud y los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual, también lo hacemos para aquellas que son víctimas de trata sexual. De hecho, los “Principios y directrices recomendados sobre derechos humanos y trata” de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que “las violaciones de los derechos humanos son a la vez causa y consecuencia de la trata de personas” y, por lo tanto, es “esencial colocar la protección de todos los derechos humanos en el centro de todas las medidas adoptadas para prevenir y poner fin a la trata “[12]. Al despenalizar el trabajo sexual, las trabajadoras sexuales que sufren violencia pueden buscar ayuda de las fuerzas de orden público, los trabajadores de la salud o incluso amigos, con menos temor a las consecuencias para ellas mismas o para otros. Pueden unirse a redes de pares y emplear técnicas de reducción de daños que les ayuden a mantenerse más seguras, de modo que ya no tengan que arrostrar las consecuencias de una ficha penal simplemente por tratar de sobrevivir.

 

 

Referencias

  1. Amnesty International. Sex workers at risk: a research summary on human rights abuses against sex workers. http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/briefing_-_sex_workers_rights_-_embargoed_-_final.pdf. Published May 2016. Accessed September 5, 2016.
  2. Amnesty International, 20.
  3. Women’s rights organization applauds new Amnesty International Policy to protect sex workers’ rights [news release]. Washington, DC: Center for Health and Gender Equity; May 26, 2016. Accessed October 19, 2016.
  4. Koster K. Does Amnesty International’s sex work resolution support “gender Apartheid”? Huffington Post. November 3, 2015. http://www.huffingtonpost.com/katherine-koster/amnesty-sex-work-resolution_b_8447106.html. Accessed October 19, 2016.
  5. Due to the myriad systems that marginalize women, including gender discrimination in the formal workplace and a higher scrutiny for policing under prostitution and loitering laws, women, both cis and transgender, are disproportionately engaged in the sex trade and may experience higher rates of exploitation. See, for example, Bobashev GV, Zule WA, Osilla KC, Kline TL, Wechsberg WM. Transactional sex among men and women in the South at high risk for HIV and other STIs. J Urban Health. 2009;86(suppl 1):32-47.
  6. Critics may also incorrectly use the terms decriminalization and legalization interchangeably, despite important differences in meaning. Legalization involves imposing state control over sex work through regulation, often in ways that perpetuate marginalization of vulnerable people.
  7. World Health Organization. Implementing Comprehensive HIV/STI Programmes with Sex Workers: Practical Approaches from Collaborative Interventions. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2013:24.
    http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/90000/1/9789241506182_
    eng.pdf?ua=1. Accessed September 12, 2016.
  8. Decker R, Crago AL, Chu SK, et al. Human rights violations against sex workers: burden and effect on HIV. Lancet. 2015;385(9963):192.
  9. Neal N, Schrader T, Hyndman, et al. Street based sex workers needs assessment: Toronto, Barrie and Oshwa. Street Health. February 2014:15. http://www.streethealth.ca/downloads/sex-workers-needs-assessment.pdf. Accessed August 25, 2016.
  10. Cohan D, Lutnick A, Davidson P, et al. Sex worker health: San Francisco style. Sex Transm Infect. 2006;82(5):418-422.
  11. Sukthankar A. Sex work, HIV and the law. Paper presented at: 3rd Annual Meeting of the Technical Advisory Group of the Global Commission on HIV and the Law; July 7-9, 2011; Geneva, Switzerland. http://hivlawcommission.org/index.php/report-working-papers?task=document.viewdoc&id=99. Accessed November 11, 2016.
  12. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf. Published 2002:3. Accessed November 18, 2016

 

Erin Albright, JD, es la directora regional de programas en Give Way to Freedom, en Boston. Sus ocho años de experiencia en el campo contra la trata incluyen trabajos para la Unidad de Trata de Personas del Departamento de Policía de Boston, gestión de una red de proveedores de servicios en Nueva Inglaterra, participación y liderazgo para Freedom Network USA y asesoramiento y liderazgo para grupos de trabajo en Nueva Inglaterra y en todo el país. Se especializa en el desarrollo de la capacidad de organización y la colaboración de servicios a través de la capacitación y la consulta con proveedores de servicios, fuerzas del orden público, grupos de trabajo y legisladores.

Kate D’Adamo, MA, es una defensora de políticas nacionales en el Proyecto de Trabajadoras Sexuales en la ciudad de Nueva York, donde trabaja en políticas y apoyo social a nivel estatal, federal e interregional sobre cuestiones que afectan a quienes participan en el comercio sexual, incluida la trata de personas y el VIH. Antes de unirse al Proyecto de Trabajadoras Sexuales, Kate fue una organizadora principal del Proyecto de Extensión de Trabajadoras Sexuales en Nueva York y Sex Workers Action New York, dos organizaciones dirigidas por mandantes que apoyan a quienes comercian con sexo en el área de la ciudad de Nueva York. También ha trabajado en temas como la trata de personas, los derechos laborales, la solidaridad internacional y la migración en la Comisión Internacional de Derechos Laborales, Global Workers Justice Alliance, Open Society Foundation y Freedom Network USA.

Reconocimientos

Los autores desean agradecer a Meg Muñoz, fundadora y directora ejecutiva de Abeni, por su aporte, sabiduría y liderazgo general sobre este tema.

Prostitución y Trabajo: La Legislación Española.

 

José Fernando Lousada Arochena

 

Madrid, 26, 27 y 28 de octubre, 2005

 

http://pmayobre.webs.uvigo.es/pop/archi/profesorado/teresa_conde/prostitucion.pdf

 

SUMARIO: I. UNA APROXIMACIÓN A LOS MODELOS IDEOLÓGICOS Y A LOS SISTEMAS LEGALES SOBRE LA PROSTITUCIÓN. II. EL TRATADO DE LAKE SUCCESS COMO EL PARADIGMA INTERNACIONAL DEL SISTEMA ABOLICIONISTA. III. LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA. IV. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA SOCIAL: A) LA PROSTITUCIÓN COMO ACTIVIDAD NO LABORALIZABLE. B) PROSTITUCIÓN Y ALTERNE EN LA JUSTICIA SOCIAL. V. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. VI. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA CIVIL. VII. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL. VIII. ALGUNAS CONCLUSIONES: LA NECESIDAD DE REFORZAR LA POSICIÓN JURÍDICA DE LAS PROSTITUTAS.

 

I. UNA APROXIMACIÓN A LOS MODELOS IDEOLÓGICOS Y A LOS SISTEMAS LEGALES SOBRE LA PROSTITUCIÓN.

Al analizar las respuestas jurídicas al fenómeno social de la prostitución, los/as autores/as enumeran distintos sistemas legales, inspirados en distintos modelos ideológicos, y, aunque no siempre coinciden las categorías utilizadas por unos/as y otros/as autores/as, las categorías más utilizadas –las cuales enunciaremos con una breve explicación con el ánimo de situar dentro de su contexto la legislación española y su aplicación judicial- son las 4 siguientes: el prohibicionismo, la despenalización / reglamentación, la laboralización y el abolicionismo.

1ª. El prohibicionismo obedece a un modelo ideológico donde se mezclan la Moral y el Derecho. La prostitución se concibe como un vicio moral y su ejercicio se prohibe, criminalizando a las prostitutas. Para el prohibicionismo la prostituta es una delincuente, como lo es el proxeneta. Sin embargo, el cliente resulta impune, e incluso su testimonio es válido en algunos países –así en Egipto- como prueba de cargo contra la prostituta.

Trátase el prohibicionista, por incompatible con los principios de un Estado de Derecho, de un sistema superado en los países avanzados –es Irlanda el único país de la Unión Europea donde se criminaliza a la prostituta-, aunque conservado en los no desarrollados, donde, en no pocas ocasiones, se mantiene la doble moral de prohibir la prostitución salvo en centros controlados oficialmente y/o destinados a los turistas extranjeros.

2ª. La despenalización de la prostitución voluntaria es un sistema legal sustentado en una ideología liberal que, hasta el abolicionismo, se ha alternado históricamente con el prohibicionismo, y que se empareja con el reglamentismo, o regulación cuasi-policial de la prostitución despenalizada, aunque el reglamentismo a veces aparezca en países prohibicionistas permisivos del turismo sexual o en países formalmente abolicionistas.

Países reglamentistas son los que, por motivos de salud pública, someten la prostitución a controles oficiales –como en Grecia o en Turquía-, o los que, por motivos de seguridad ciudadana, prohiben la prostitución callejera –como en Inglaterra y, recientemente, en Francia e Italia-, o los que sólo admiten, por motivos de salud pública y por motivos de seguridad ciudadana, la prostitución en prostíbulos registrados –como en Austria-.

3ª. Mientras el sistema despenalizador / reglamentista contempla a la prostituta como un sujeto de deberes derivados del riesgo de daño de otros bienes jurídicos –como la salud pública o la seguridad ciudadana-, la laboralización –un sistema culminación de la ideología liberal-, aparte esos deberes, le atribuye a la prostituta derechos laborales, incluso de Seguridad Social –como ocurre en Holanda o, más recientemente, en Alemania-.

4ª. El abolicionismo equipara la prostitución a la esclavitud –de ahí incluso su denominación- y, en consecuencia, criminaliza a todo lo que rodea a la prostituta, aún si media su consentimiento, pero no criminaliza a la prostituta que, a diferencia del sistema prohibicionista, no es considerada como una delincuente, sino como una víctima, que no debe ser sometida a ningún control oficial y que se debe intentar integrar en la sociedad.

Puede considerarse el sistema abolicionista como el imperante en la normativa internacional, plasmándose sus postulados en el Convenio para la represión de la trata de personas y de la prostitución ajena, adoptado el 2.12.1949 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, habitualmente llamado Tratado de Lake Success. Ratificado por más de 70 países, aunque éstos no suelen ahondar en sus principios y a veces incluso los incumplen.

Suecia representa, desde 1999, una variante del abolicionismo consistente en penalizar a los clientes de las prostitutas. Paralelamente, la legislación sueca profundiza en la política de integración social de las prostitutas. La peculiaridad ideológica del sistema sueco radica en la consideración de la prostitución, no sólo como una forma de esclavitud, sino como una forma de violencia de género, buscando su erradicación.

Resumiendo, la diferencia última de los sistemas legales se encuentra en la consideración de la prostituta derivada de su modelo ideológico inspirador: como una delincuente en el sistema prohibicionista, como una creadora de riesgo para otros bienes jurídicos en el sistema reglamentista, como una trabajadora legítima en el sistema de laboralización, o como una víctima de esclavitud o de violencia de género en el sistema abolicionista.

 

II. EL TRATADO DE LAKE SUCCESS COMO EL PARADIGMA INTERNACIONAL DEL SISTEMA ABOLICIONISTA.

El Convenio para la represión de la trata de personas y de la prostitución ajena, adoptado el 2.12.1949 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, habitualmente llamado Tratado de Lake Success, es la culminación internacional del sistema abolicionista, de ahí que, sin permitir la pena de las prostitutas, sí obliga a las partes contratantes a criminalizar:

 

a) “A toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra (1) concertare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona (ó 2) explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona” (artículo 1 del referido Convenio).

 

b) “A toda persona que (1) mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento (ó 2) diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio o un local, o cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena” (art. 2).

Se criminaliza “en la medida en que lo permitan las leyes nacionales … toda tentativa de cometer las infracciones mencionadas … y todo acto preparatorio de su comisión” (art. 3) y “la participación intencional en cualquiera de los actos delictuosos mencionados”, añadiéndose que “los actos de participación serán considerados como infracciones distintas en todos los casos en que ello sea necesario para evitar la impunidad” (art. 4).

Para facilitar la punición, y atendiendo a la existencia de tramas internacionales, se regulan cuestiones relativas a reincidencia internacional (art. 7), a extradición (arts. 8 a 10), a comisiones rogatorias (art. 13), a servicios de coordinación (arts. 14 y 15), a control de migración (art. 17), o a repatriación de personas extranjeras dedicadas a la prostitución (art. 19).

El Convenio incluye, aparte de diversas normas técnicas sobre su aplicación (arts. 21 a 28), otras, desperdigadas, sobre la situación jurídica de las prostitutas, y que suponen reconocer una serie de derechos:

 

1º. El “derecho, con arreglo a las leyes nacionales, a constituirse en parte civil en cualquiera de las infracciones mencionadas”, derecho el cual, si se reconociere, se reconocerá igual a extranjeros y nacionales (art. 5).

 

2º. El derecho a la privacidad de las prostitutas, determinante de la imposibilidad de establecer normas para que, quienes se dediquen o se sospeche se dediquen a la prostitución, “tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación” (art. 6).

 

3º. La obligación de las partes –determinante del nacimiento de derechos a favor de las víctimas de la prostitución- “a adoptar medidas para la prevención de la prostitución y para la rehabilitación y adaptación social de las víctimas de la prostitución … o a estimular la adopción de tales medidas por sus servicios públicos o privados de carácter educativo, sanitario, social, económico y otros servicios conexos” (art. 16).

 

4º. El derecho a la repatriación si “desearen ser repatriadas” o si “fueren reclamadas por personas que tengan autoridad sobre ellas”, sin perjuicio de la repatriación cuando la ley establezca la expulsión (art. 19).

Por lo demás, según su Protocolo final, “nada en el presente Convenio podrá interpretarse en perjuicio de cualquier legislación que, para la aplicación de las disposiciones encaminadas a obtener la reprensión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, prevea condiciones más severas que las estipuladas por el presente Convenio”.

 

III. LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA.

España ratificó, a 18.6.1962, el Tratado de Lake Success, y ello motivó la reforma del Código Penal –acaecida en 24.1.1963-, adecuando los tipos legales al compromiso internacional. Sin embargo, España nunca ha cumplido adecuadamente con las exigencias del sistema abolicionista, introduciendo aspectos propios del prohibicionismo –especialmente en la época franquista anterior a la Constitución de 1978- o del reglamentismo.

Aunque las prostitutas no estaban penalizadas, la Ley 16/1970, de 4 de agosto, de peligrosidad y rehabilitación social –derogada por el Código Penal de 1995, aunque inaplicada desde la Constitución de 1978-, consideraba peligrosos a “los que habitualmente ejerzan, promuevan, favorezcan o faciliten la prostitución”, imponiéndoles medidas de seguridad de una aflicción cuasipenal –como los arrestos de fin de semana-.

También incumplió los compromisos internacionales –aunque en un sentido totalmente distinto- el Código Penal de 1995, despenalizador de la prostitución voluntaria –véase su artículo 188-, situación corregida a través de las Leyes Orgánicas 11/1999, de 30 de abril, y, sobre todo, 11/2003, de 29 de septiembre, al castigar ésta a “el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma”.

La situación de despenalización motivó la intervención reglamentista de algunos poderes públicos, y así surgieron la Ordenanza Local sobre establecimientos públicos dedicados a la prostitución, aprobada el 12.5.1999 por el Pleno del Ayuntamiento de Bilbao, o el Decreto 217/2002, de 1 de agosto, por el que se regulan los locales de pública concurrencia donde se ejerce la prostitución, aprobado por la Generalitat de Cataluña.

Durante esa etapa –de 1995 a 2003- de despenalización –e incipiente reglamentismo-, los tribunales debieron enfrentarse, desde distintos puntos de vista, a reclamaciones donde se debía dilucidar la laboralidad de la prostitución. Examinaré separadamente en mi exposición la respuesta ofrecida en la justicia social, en la contencioso administrativa, en la civil y en la penal, con la intención de alcanzar algunas conclusiones finales.

 

IV. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA SOCIAL:  

A) LA PROSTITUCIÓN COMO ACTIVIDAD NO LABORALIZABLE.

Ninguna resolución judicial laboral ha considerado la prostitución como prestación de servicios canalizable a través de un contrato de trabajo, si bien, como ocurre en los demás ámbitos judiciales, las argumentaciones utilizadas no son siempre acordes con el sistema abolicionista, en especial durante esa etapa –de 1995 a 2003- de despenalización –e incipiente reglamentismo-. Así, una STSJ/Galicia de 10.6.2002, JUR 2002 240936, y una STSJ/Andalucía – Sevilla de 23.7.2003, JUR 2004 141849, se limitan a declarar la ausencia de las notas de la relación laboral, cuando podrían haber dicho, sin más argumentación, que no sería lícita la relación laboral. Pero lo decisivo es su solución, totalmente compartible, sin que, de inidóneos argumentos, se derive una posible laboralidad de la prostitución.

Argumentaciones más acordes con el sistema abolicionista son las que vinculan la cuestión a los derechos fundamentales. Resultan interesantes al respecto las SSJS 2 Vigo de 9.1.2002, AS 2002 260, y de 7.5.2004, AS 2004 1276, ésta no sólo confirmada sino ratificada en sus argumentos, en STSJ/Galicia de 10.11.2004, Recurso 3598/2004, donde se afirma “ser la explotación de la prostitución ajena una forma de violencia de género, de esclavitud de las mujeres y de actividad contraria a la moral”.

También es interesante la STSJ/Cataluña de 22.3.1996, AS 1996 646, donde se argumenta que “el artículo 15 de la CE garantiza el derecho fundamental a la integridad física y moral, que se vulnera con la decisión de la empresa de proceder a la extinción del vínculo contractual en razón exclusivamente de la negativa de la trabajadora a ejercer la prostitución”, de ahí sea ratificada la calificación de nulidad del despido de la trabajadora.

Siendo la prostitución una actividad ilícita, no es accidente de trabajo el sufrido por una prostituta al ser trasladada a su domicilio desde el local donde ejercía la prostitución –STSJ/Baleares de 9.1.1992, AS 1992 201-. No obstante sí se ha reconocido, al amparo del artículo 9.2 del ET, la posibilidad de reclamar salarios y liquidación –STSJ/Cataluña de 2.1.1997, AS 1997 340-, solución ésta más justa al hacer pechar a la parte fuerte –el prostituidor-, no a la débil –la prostituta-, con la consecuencia de la ilicitud.

Indudablemente lo más idóneo sería que, por el legislador, se salvasen, en lo posible, las consecuencias de la ilicitud perjudiciales para la parte más débil –la prostituta-, y, en todo caso, esas consecuencias no deberían nunca beneficiar a la parte más fuerte –el prostituidor-. No haciéndolo el legislador –quien podría regular lo que se puede pedir, cómo pedirlo y ante quién pedirlo-, las soluciones judiciales, por su intrínseca eficacia a cada caso concreto, resultarán siempre soluciones insuficientes.

B) PROSTITUCIÓN Y ALTERNE EN LA JUSTICIA SOCIAL

Si la doctrina social ha sido –en sus soluciones prácticamente siempre, en sus argumentaciones más ocasionalmente- coherente con el sistema abolicionista, no debemos de dejar constancia de una importante vía de escape, que es la actividad de alterne, considerada laboral en una reiterada jurisprudencia social que, superando otra anterior donde la ilicitud se derivaba de normas de sobre moral en espectáculos públicos, se remonta a una STS, Sala Social, de 3.3.1981, RJ 1981 1301, y después fue reiterada en diversas SSTS, Sala Social, de 25.2.1984, RJ 1984, 923, de 14.5.1985, RJ 1985 2712, de 21.10.1987, RJ 1987 7172, y de 4.2.1988, RJ 1988 571.

Las referencias judiciales se podrían ampliar con numerosas sentencias dictadas en el ámbito del recurso de suplicación –citando algunas de las más modernas, SSTSJ/Euskadi de 16.6.1998, AS 1998 2024, y de 13.11.2001, AS 2002 1237, SSTSJ/Andalucía – Málaga de 14.7.2000, AS 2000 5724, y de 5.10.2001, JUR 2002 91007, STSJ/Baleares de 28.5.1998, AS 1998 2122, STSJ/Navarra de 15.10.2003, AS 2003 4009, y STSJ/Andalucía – Sevilla de 4.12.2003, AS 2003 3638, con Voto Particular donde se aprecia la muy débil separación entre la prostitución y el alterne-.

Ciertamente –y al margen de otras apreciaciones-, esta jurisprudencia no es contraria a la conciencia social imperante, que admite el elemento de atracción sexual en el sinalagma contractual de profesiones como las de modelo o de actor / actriz. El problema es práctico. La actividad de alterne no suele ser, en la práctica, actividad pura de alterne, sino actividad de alterne asociada a la de prostitución, y la ilicitud de ésta lleva la de aquélla.

Pero los órganos judiciales se suelen limitar a verificar la actividad de alterne, sin entrar a discernir si hay la de prostitución, e incluso –lo que es criticable- llegan a admitir la acumulación de ambas actividades, olvidando que la ilicitud de la actividad de prostitución debiera llevar a la ilicitud de la actividad de alterne –como ocurre en la SJS 1 Granollers de 22.11.2002, confirmada en la STSJ/Cataluña de 17.9.2003, AS 2003 3211-.

 

Una ceguera judicial ante la actividad de la prostitución habitualmente asociada a la actividad de alterne creadora de un resquicio de licitud favorecedora de un asociacionismo de empresarios de locales de alterne permitido en la SAN, Sala Social, de 23.12.2003, AS 2003 3692, confirmada en la STS, Sala Social, de 27.11.2004, RJ 2004 8063, la cual salva, eso sí, las medidas oportunas si la asociación fomenta la prostitución.

 

V. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

Los tribunales del orden contencioso-administrativo se han enfrentado a la cuestión de la laboralidad de la prostitución a propósito de la aplicación de la antigua legislación de extranjería, donde se exigía al extranjero, para no ser expulsado, un medio lícito de vida, dándosele esa calificación, a los efectos de evitar su expulsión, a la actividad de alterne –SSTS, Sala de lo Contencioso, de 21.7.1995, RJ 1995 3591, de 12.11.2002, RJ 2003 955, de 7.4.2003, RJ 2003 3420, o de 28.4.2003, RJ 2003 4929-.

Pero la actividad de prostitución no se consideró como medio lícito de vida –STS, Sala de lo Contencioso, de 12.11.1999, RJ 1999 10004, en un supuesto donde la constancia del ejercicio de la prostitución se derivó de unas actuaciones penales, circunstancia difícil de engarzar con la atipicidad del ejercicio de la prostitución y con la imposibilidad consiguiente de investigar a las mujeres extranjeras inmigrantes sobre si se prostituyen-.

Conviene precisar que, desde la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, se ha eliminado esta causa de expulsión de la regulación legislativa, debiéndose ahora justificar la expulsión en otras causas legales diferentes, y, además, de manera más coherente con el sistema abolicionista, se establece, en el artículo 59, la posibilidad de dejar de aplicar órdenes de expulsión a víctimas de explotación sexual que colaboran con la Justicia.

Otro acercamiento a la cuestión se ha producido desde la perspectiva de otorgamiento de la nacionalidad española por residencia, al exigir el artículo 22.4 del Código Civil, una buena conducta cívica. Una STS, Sala de lo Contencioso, de 12.11.2002, RJ 2003 955, denegó la nacionalidad por ausencia de esa buena conducta a una dominicana, casada con un español y con hijos españoles, que había sido encausada por un delito de prostitución, del cual se la absolvió, que se había dedicado a la prostitución, siendo en su día expulsada, y que, después de regresar sin cumplir el periodo de expulsión, regentaba un bar de alterne donde había extranjeras sin papeles. Quizás pesó la sospecha de ser, más que una prostituta, una prostituidora.

 

VI. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA CIVIL

Los tribunales del orden civil no se han enfrentado directamente a la cuestión de la laboralidad de la prostitución, pero sí a la de su ilicitud, considerando su ejercicio por parte del arrendatario como una causa de resolución del contrato de arrendamiento –véase el artículo 27.1.e) de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos-, en atención a su calificación como actividad inmoral –STS, Sala de lo Civil, de 22.5.1993, RJ 1993 3724, y SAP Coruña de 13.10.1993, AC 1993 2166-, o, más actualmente, en atención a su calificación como un ilícito civil, aunque no fuese delito –SAP Guipúzcoa de 19.10.2000, JUR 2001 44291-.

 

VII. LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL

Los tribunales del orden penal se han enfrentado a la cuestión de la laboralidad de la prostitución a propósito de la aplicación del artículo 312 del Código Penal sobre delitos contra los derechos de los trabajadores, aplicándolo cuando se explota a inmigrantes irregulares en actividad de prostitución –SSTS, Sala de lo Penal, de 30.1.2003, RJ 2003 2027, y de 30.5.2003, RJ 2003 4390-, o en actividad de alterne, considerándola como actividad laboral –STS, Sala de lo Penal, de 8.3.2004, RJ 2004 2678-.

Pero estas sentencias no reconocen la laboralidad de la prostitución, cuestión que eluden en todo momento –salvo en el caso de la actividad de alterne-, utilizando, para eludir ese reconocimiento, una definición de trabajador/a, en los supuestos de migraciones fraudulentas, claramente de futuro, incluyendo tanto a quienes lo sean según las leyes laborales, como a “los extranjeros que desean obtener un puesto de trabajo en nuestro país”.

Incluso la virtualidad práctica de estas sentencias obedece a un sentido radicalmente contrario al reconocimiento de la laboralidad de la prostitución, a saber el de llenar las lagunas de penalidad creadas en los delitos relativos a la prostitución a consecuencia del Código Penal de 1995.

Aunque las argumentaciones utilizadas sean ocasionalmente algo chirriantes con la perspectiva abolicionista, no es así con sus soluciones, ya que, de permitir la impunidad de los tratantes de mujeres por un delito contra los derechos de los trabajadores, se haría de menos la situación de las prostitutas frente a la situación de los trabajadores irregulares, cuando es que unas y otros son igualmente explotados/as por terceras personas.

Dicho en otras palabras y a manera de resumen, esas soluciones, siquiera sustentadas en argumentos diferentes a los utilizados en esas sentencias, son defendibles en una perspectiva abolicionista, no resultando incompatibles con los tratados internacionales, y el camino idóneo para alcanzar esas soluciones es más el legislativo, a través de las oportunas reformas de la legislación penal mejorando las tipicidades, que el judicial.

 

VIII. ALGUNAS CONCLUSIONES: LA NECESIDAD DE REFORZAR LA POSICIÓN JURÍDICA DE LAS PROSTITUTAS

El Derecho es Poder y si, desde siempre, los hombres son quienes ostentan el Poder, la conclusión será la masculinidad del Derecho, y, si esto es así, el Derecho, cuya función básica es satisfacer intereses, satisface los intereses de los que tienen el Poder, esto es los hombres, lo que supone, o que –algo desgraciadamente aún no totalmente erradicado- a las mujeres se les niega a través del Derecho la satisfacción de sus intereses, o que –en el mejor de los casos- el Derecho satisfaga los intereses que piensan los hombres que tienen las mujeres, y no siempre coinciden con los que tienen.

 

No es momento de estudiar las estrategias para acabar con la masculinidad del Derecho, aunque sí de destacar que, si la prostitución es un supuesto de violencia de género, su regulación debe ser abordada aplicando esas estrategias, y, entre ellas, hay dos que nos parecen idóneas:

1ª. Una primera, aplicable al momento de elaboración de la norma jurídica, supone visibilizar la cuestión de género a través de un mayor empoderamiento de las mujeres, algo que se debe entender tanto en el sentido de oír a las prostitutas como directas interesadas como en el sentido de oír a las asociaciones de mujeres como sujetos colectivos interesados.

2ª. Otra segunda, aplicable al momento de aplicación de la norma jurídica, supone atribuir a las prostitutas mayores posibilidades de reclamación –especialmente judicial- frente a la situación de explotación, un terreno inexplorado tanto con relación a las acciones civiles en procesos penales como con relación a las acciones de daños en procesos civiles.

Tal reforzamiento de la posición jurídica de las prostitutas, tanto en el momento de elaboración como en el momento de aplicación de la norma jurídica, es una medida totalmente acorde con el abolicionismo, lo cual nos interesa ahora destacar, ya que, en el actual debate sobre el sistema prostitucional, se ha implantado una tan interesada como errónea contraposición entre laboralización y reconocimiento de derechos a las prostitutas frente a abolicionismo y negación de derechos a las prostitutas.

Cuestión diferente es que, desgraciadamente, los países abolicionistas se limitan –y, en ocasiones, ni eso hacen bien- a transcribir las figuras penales del Tratado de Lake Success –aplicándolas después, las más de las veces, de manera errática a través de ocasionales redadas policiales-, olvidándose los aspectos de política preventiva, las medidas sociales de reinserción o la regulación de acciones judiciales de daños a favor de las víctimas, unos olvidos generadores de sensación de alegalidad.

Defectos expuestos en los cuales incurre nuestro sistema legal prostitucional, que es fragmentario y muy poco efectivo, y eso explica, en gran medida, una aplicación judicial de argumentos inidóneos –aunque, afortunadamente, ello no siempre conduzca a un error en las soluciones-, y a veces errónea en sus soluciones. Corregir esa aplicación judicial obligaría a instaurar un sistema legal coherente que ahondase en el reforzamiento de la posición jurídica de las prostitutas desde una perspectiva abolicionista.

 

BIBLIOGRAFIA UTILIZADA: Benlloch Sanz, Pedro, “¿Trabajadores del sexo?. En torno al carácter laboral de la actividad de alterne”, Aranzadi Social, Número 17, 2003, y Aequalitas, Número 14, 2004. Bonilla, Ana, “Actividad de alterne y carácter laboral de la relación. Comentario a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 4 de diciembre de 2003”, Aequalitas, Número 14, 2004. Gay, Silvia / Otazo, Eñaut /Sanz, Marian, “¿Prostitución=Profesión?. Una relación a debate”, Aequalitas, Número 13, 2003. Hava García, Esther, “Prostitución y delitos contra los derechos de los trabajadores”, Revista de Derecho Social, Número 11, 2000; “La lucha contra la trata de personas para su explotación sexual. Instrumentos punitivos disponibles y factores criminógenos derivados del sistema”, en el libro colectivo “Mujer y Trabajo”, Editorial Bomarzo, Albacete, 2003. Rey Martínez, Fernando / Mata Martín, Ricardo / Serrano Argüello, Noemí, “Prostitución y Derecho”, Editorial Aranzadi, Navarra, 2004. Sánchez Trigueros, Carmen, “El Tribunal Supremo zanja el Caso Mesalina”, Aranzadi Social, número 21, 2005. Serrano Espinosa, Germán María, “Prostitución y Justicia: el caso español”, Intervención escrita en el Seminario Isadora “La prostitución femenina: propuestas e intervención”, Servicio Galego de Igualdade, Santiago de Compostela, 1 a 3 de Julio 2004.

Las citas de sentencias judiciales se realizan con alusión a la referencia de los Repertorios de Aranzadi con sus habituales abreviaturas (RJ, JUR, AC o AS). Si no estuvieren publicadas en dichos repertorios, las citas de sentencias judiciales se completan, aparte de la fecha, con la referencia al número de recurso.

 

Trabajo sexual frente a trabajo

 

Morgane Merteuil

 

1 de septiembre de 2014

 

http://revueperiode.net/le-travail-du-sexe-contre-le-travail/

 

Para algunos y algunas, el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo es un enfoque liberal, equivalente a la mercantilización de los cuerpos. Contrariamente a esta idea errónea, Morgane Merteuil propone examinar el trabajo sexual como una dimensión del trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo y reconstituir los vínculos que unen la producción capitalista, la explotación del trabajo asalariado y la opresión de las mujeres. Demuestra que la lucha de las trabajadoras del sexo es una poderosa palanca para desafiar el trabajo en su conjunto y que la represión del trabajo sexual no es más que un instrumento de la dominación de clase, de la división internacional (racista) del trabajo y del estigma de puta que alimenta al patriarcado.


Mientras que en los países de habla inglesa, el término “sexwork” se ha vuelto bastante común, hay una considerable renuencia a hablar de “trabajo sexual” entre los intelectuales y activistas francófonos. Ya sea entre los prohibicionistas, para quienes la prostitución no es un oficio ni un trabajo, sino violencia, un ataque a la dignidad de la mujer1 —como si el “trabajo” y la “violencia” fueran mutuamente excluyentes— o entre aquéllas y aquéllos que, al igual que Lilian Mathieu, se oponen a esta prohibición, manteniendo cierto “escepticismo” frente a la exigencia de reconocimiento del “trabajo sexual”2, esta negativa a hablar de trabajo sexual parece sintomática de las dificultades encontradas por una parte de la izquierda y las feministas al pensar en el trabajo de las mujeres.

Aunque hay un interés creciente en el tema, estas dificultades no son nuevas. Por ejemplo, cuando muchos colectivos feministas lanzaron la campaña de “salarios para el trabajo doméstico” en los años setenta, gran parte del movimiento izquierdista y feminista permaneció hostil a esta demanda. Los salarios para el trabajo de la casa estaban lejos de ser meramente una reclamación programática, sino que eran más bien una invitación a desafiar radicalmente no sólo al sistema capitalista en su conjunto —en la medida en que es al capital al que beneficia la gratuidad del trabajo reproductivo efectuado por las mujeres— sino también a la familia nuclear, como lugar donde se realiza esta explotación.

Mientras que la campaña “Wages for Housework” fue lanzada a principios de los años setenta, hay que tener en cuenta que fue en 1978, cuando las discusiones sobre el trabajo doméstico seguían siendo fuertes, que Carole Leigh, trabajadora sexual y activista feminista estadounidense, creó el término “sexwork”; y si la reivindicación de «Wages for housework» ya no parece tener la misma relevancia hoy que gran parte del trabajo doméstico ha sido mercantilizado —al haber las antiguas amas de casa incorporadas al trabajo delegado en parte en las más pobres y en particular en las mujeres inmigrantes—, la reivindicación de «Sexwork is Work», en vista de los vivos debates que suscita, parece por el contrario más relevante que nunca.

Aquí, teniendo en cuenta los cambios en la configuración del sector reproductivo, será necesario mostrar cómo “el trabajo sexual es trabajo” es una continuación de las luchas por “un salario para el trabajo doméstico”, en otras palabras, para comprender mejor los problemas comunes de las luchas de las mujeres en el hogar y de las trabajadoras del sexo, y reafirmar, pues, tanto la necesaria solidaridad entre mujeres explotadas como el carácter indisociable de las luchas feministas y anticapitalistas. Esto nos permitirá comprender mejor las relaciones entre el trabajo sexual y el capitalismo y afirmar así la necesidad, especialmente para la izquierda y el feminismo, de apoyar estas luchas en nombre del proceso revolucionario al que nos invitan.

El trabajo sexual como trabajo reproductivo

Hay varias razones para afirmar el parentesco de las luchas emprendidas por aquellas que clamaban “Salarios para el trabajo doméstico” y las que se llevan a cabo hoy para hacer reconocer que “el trabajo sexual es trabajo”. En primer lugar, cada una de estas luchas emana de la fuerte movilización, tanto teórica como práctica, del movimiento feminista. Mientras que la pertenencia del movimiento “Salarios para el trabajo doméstico” al movimiento feminista siempre ha parecido obvio, no es el caso para el movimiento de las trabajadoras sexuales. Debe recordarse que fue en una conferencia feminista donde Carole Leigh sintió la necesidad de hablar de “trabajo sexual” 4. Téngase también en cuenta que, según Silvia Federici, el movimiento feminista no sólo ha permitido la aparición del concepto de trabajo sexual, sino que también está vinculado con el aumento del número de prostitutas:

 

Creo que en una una cierta medida […] pero […] en una medida limitada, el aumento del número de mujeres que recurren al trabajo sexual también tiene que ver con el movimiento feminista. Ha ayudado a sacudir esta forma de estigma moral vinculada al trabajo sexual. Creo que el movimiento de mujeres también ha dado el poder, por ejemplo a las prostitutas, de verse a sí mismas como trabajadoras sexuales.

 

No es por casualidad si a continuación del movimiento feminista tenéis el comienzo de un movimiento de trabajadoras del sexo, por ejemplo en Europa. Con el estigma, las feministas atacaron realmente esta hipocresía: la madre santa, esta visión de las mujeres, todo autosacrificio, y la prostituta, que es la mujer que hace el trabajo sexual, pero por dinero 5.

La definición aquí dada de la prostituta como “la mujer que hace el trabajo sexual pero por dinero” nos lleva a las otras razones que justifican la conexión entre las luchas de las mujeres en el hogar y las de las profesionales del sexo: el hecho de que puede haber trabajo allí donde no hay dinero, y el hecho de que el trabajo sexual no es exclusivo de las prostitutas.

 

Una de las grandes aportaciones de las teóricas feministas, especialmente aquéllas de inspiración marxista, ha sido demostrar que no porque una actividad no sea remunerada no es un trabajo funcional en relación con el capitalismo. En otras palabras, no es porque un intercambio parezca gratuito que escapa a la dinámica del capitalismo, sino todo lo contrario. Mediante el análisis de “la historia del capitalismo desde el punto de vista de las mujeres y de la reproducción 6”, teóricas feministas marxistas, como Silvia Federici, han demostrado que el trabajo doméstico realizado por las mujeres —de forma voluntaria, como se considera que su naturaleza les lleva a hacer por amor— sirve, más allá de los que se benefician directamente —los trabajadores, los futuros trabajadores o los extrabajadores— a los intereses de los capitalistas, que no tienen desde ese momento que tener en cuenta el coste de esta reproducción en el valor de la fuerza de trabajo que compran.

 

A partir de nosotras mismas en tanto que mujeres, sabemos que la jornada de trabajo para el capital no produce necesariamente un sueldo y no comienza ni termina a las puertas de la fábrica, y volvemos a encontrar en primer lugar, la naturaleza y extensión de las tareas domésticas en sí mismas. Porque tan pronto como levantamos la cabeza de los calcetines que remendamos y de la comida que cocinamos, y miramos la totalidad de nuestra jornada de trabajo, vemos claramente entonces que no da lugar a un sueldo por nosotras mismas; nosotras producimos el producto más valioso que aparece en el mercado capitalista: la fuerza de trabajo7.

 

Las diferentes tareas y actividades realizadas en el hogar por las mujeres, desde el cuidado de los niños a las comidas que esperan al trabajador que regresa de su jornada de trabajo, pasando por el cuidado de las personas ancianas o enfermas, constituyen claramente un trabajo real que, si no produce mercancías al modo de los proletarios, produce y reproduce lo que es necesario, sin embargo, a cualquier capitalista, lo que le es incluso “lo más preciado”: la fuerza de trabajo que compra al trabajador. Bajo este enfoque, no hay ninguna diferencia fundamental desde la perspectiva de sus funciones en relación con el capitalismo, entre la plancha, la cocina y el sexo: actividades todas que se reagrupan en la categoría más general de trabajo reproductivo; así, continúa Silvia Federici:

 

El trabajo doméstico, de hecho, consiste en mucho más que mantener la casa. Se trata de servir al asalariado físicamente, emocionalmente, sexualmente, lo que lo hace apto para trabajar día tras día por el salario. Se trata de cuidar de nuestros hijos —los futuros trabajadores— ayudarles desde el nacimiento hasta sus estudios y garantizar que se cumpla el papel que se espera de ellos en el capitalismo. Esto significa que detrás de cada fábrica, detrás de cada escuela, detrás de cada oficina o de cada mina, existe el trabajo invisible de millones de mujeres que consumieron su vida, su fuerza de trabajo, para producir la fuerza de trabajo que trabaja en esta fábrica, esta escuela, esta oficina o esta mina.

 

Y aunque se podría pensar que, desde el movimiento de liberación sexual traído por la emergencia del movimiento feminista, el sexo aparece cada vez menos como un servicio que la mujer presta a su consorte, esta “liberación” lo que ha hecho sobre todo es aumentar el peso de la carga que pesaba sobre las mujeres:

 

La libertad sexual no ayuda. Es obviamente importante que no seamos apedreadas hasta la muerte si somos “infieles” o si se constata que no somos “vírgenes”. Pero la “liberación sexual” ha intensificado nuestro trabajo. En el pasado, se suponía que debíamos criar hijos. Ahora se supone que tenemos un trabajo remunerado y además limpiar la casa y tener hijos y, al final de un doble día de trabajo, estar listas para saltar en la cama y ser sexualmente atractivas. Para las mujeres, el derecho a tener relaciones sexuales es el deber de tener relaciones sexuales y disfrutar de ellas (algo que no se espera de la mayor parte de los trabajos), lo que explica por qué ha habido tanta investigación en los últimos años, para saber qué partes de nuestro cuerpo —la vagina o el clítoris— son las más sexualmente productivas.

 

Por último, cabe señalar que si Silvia Federici se refiere principalmente a la familia nuclear heterosexual, tampoco ve salida alguna a la función del sexo como trabajo en la homosexualidad:

 

La homosexualidad y la heterosexualidad son ambas condiciones de trabajo… pero la homosexualidad es el control de la producción por los trabajadores y no el fin del trabajo.10

 

Este enfoque del sexo como parte integral del trabajo reproductivo nos invita a desafiar la idea de que habría una diferencia fundamental entre el llamado sexo gratuito, que tiene lugar dentro de la pareja, y lo que ahora se denomina trabajo sexual, la prostitución. Más exactamente, y recuperando las palabras de Leopoldina Fortunati, “la familia y la prostitución son los principales sectores, la columna vertebral, de todo el proceso [reproductivo]” 11:

 

En los dos sectores principales, los procesos fundamentales de trabajo son: (1) el proceso de producción y reproducción de la fuerza de trabajo y (2) la reproducción específicamente sexual de la fuerza de trabajo masculina. Esto no quiere decir que la familia no incluya la reproducción sexual de la fuerza de trabajo masculina, pero (aunque a menudo se postula como central) es de hecho sólo uno de los muchos “trabajos” comprendidos en el trabajo doméstico.  

 

Fortunati nos invita a pensar en la familia y la prostitución como instituciones no opuestas sino complementarias:” Su función [de la prostitución] debe ser apoyar y completar el trabajo doméstico”.

 

Este enfoque de la prostitución en términos de trabajo reproductivo no sólo nos permite plantear una condición común para las mujeres —más allá de la división entre la madre y la puta, ya que aunque una lo hace de forma gratuita y la otra exige explícitamente dinero, tanto para una como para otra el sexo es un trabajo— pero sobre todo, este enfoque nos permite comprender mejor el lugar del trabajo sexual —remunerado— dentro del sistema capitalista. Mientras que la mayoría de las teorías contemporáneas se centran en la dinámica capitalista dentro de la industria del sexo —a través del análisis de las relaciones de producción y explotación entre las trabajadoras del sexo y sus jefes-proxenetas y / o sus clientes— este enfoque nos invita a no considerar finalmente estas dos figuras más que como intermediarios de una explotación que en última instancia se lleva a cabo en favor del capital. Por lo tanto, es necesario interpretar la represión de las trabajadoras sexuales no como una represión exclusivamente sexual (dinámica obviamente de género y racista), sino como una represión que básicamente sirve a los intereses económicos, que se realizan a través de dinámicas de sexo, de clase y de género

 

Un ejército de putas

 

La posición aparentemente común de las amas de casa y de las trabajadoras sexuales hacia el capital, en tanto que trabajadoras reproductivas, no debe hacernos olvidar una distinción fundamental entre sus situaciones: al contrario que el trabajo doméstico, el trabajo sexual es estigmatizado y criminalizado. Ya sea a través de un régimen prohibicionista como en la mayoría de los Estados estadounidenses, un régimen regulador como Alemania o el llamado régimen abolicionista como en Francia, el trabajo sexual se penaliza en casi todos los países del mundo, con la excepción de Nueva Zelanda y Nueva Gales del Sur (Australia) —dos países que ejercen sin embargo fuertes restricciones sobre el trabajo de las mujeres inmigrantes. Esta situación particular del trabajo sexual dentro de la categoría más amplia de trabajo reproductivo no carece de consecuencias no sólo para las trabajadoras sexuales sino también para todas las mujeres y todos los trabajadores: el tratamiento específico del trabajo sexual, o más precisamente sus evoluciones, entre la criminalización y la liberalización, debe leerse en el contexto más general de las tensiones causadas por las dinámicas del capitalismo, del patriarcado y del racismo, que estructuran nuestra sociedad,

 

Así, Silvia Federici nos invita a un acercamiento histórico según el cual la represión de las prostitutas desde el siglo XVI debe ligarse al surgimiento del modo de producción capitalista, en el seno del cual la gratuidad del trabajo de las mujeres es un fundamento esencial,

 

Pero tan pronto como la prostitución se convirtió en la principal forma de subsistencia de gran parte de la población femenina, cambió la actitud de las instituciones. Mientras que al final de la Edad Media se había admitido oficialmente como un mal necesario, y las prostitutas se habían beneficiado del régimen de salarios elevados, en el siglo XVI la situación se invirtió. En un clima de intensa misoginia, marcado por la progresión de la Reforma Protestante y la caza de brujas, la prostitución fue sometida primero a nuevas limitaciones y luego criminalizada. Por todas partes, entre 1530 y 1560, los prostíbulos municipales fueron cerrados y las prostitutas, especialmente las que trabajaban en las calles, fueron sometidas a nuevos castigos: el destierro, la flagelación y otras formas crueles de castigo. […]

 

¿A qué atribuir este ataque radical contra las trabajadoras? ¿Y cuál es la conexión entre la exclusión de las mujeres de la esfera del trabajo socialmente reconocido y

de las relaciones monetarias, la coacción a la maternidad forzada que se ejerció sobre ellas y la masificación de la caza de brujas?

 

Cuando se observan estos fenómenos desde una perspectiva contemporánea, después de cuatro siglos de sujeción capitalista de las mujeres, las respuestas parecen salir por sí mismas. Incluso si el trabajo asalariado femenino, el trabajo doméstico y el trabajo sexual (remunerado) se estudian demasiado a menudo de manera aislada unos de otros, estamos ahora en una mejor posición para entender cómo la segregación que las mujeres han experimentado dentro de la mano de obra asalariada se originó directamente en su función como trabajadoras en domicilio no remuneradas. Por lo tanto, podemos relacionar la prohibición de la prostitución y la expulsión de las mujeres de los lugares de trabajo organizados con la creación del mujer en casa y la reconstrucción de la familia como lugar de producción de la fuerza de trabajo.

 

En la Francia revolucionaria de1791, que vio extender el dominio del consumo, la prostitución fue despenalizada. Un especialista en prostitución en el período revolucionario, Clyde Plumauzille, señala, con respecto a la organización de la prostitución en el Palais-Royal:

 

La prostitución del Palais-Royal es entonces parte de un conjunto más grande de dispositivos relacionados con la “revolución del consumo que afecta a la sociedad en su conjunto” (Roche, 1997, Coquery, 2011): desarrollo de técnicas publicitarias con directorios de prostitutas, diversificación de la oferta para llegar a un público más amplio, ventanas-escaparates y “mercantilización” de la sexualidad de la prostitución. […] Primer mercado sexual de la capital, el Palais Royal ha facilitado así la creación de una forma de prostitución decididamente consumista, entre la emancipación sexual y económica y la comercialización del cuerpo de las mujeres.15

 

Esta aparente liberalización revela pues mucho menos un debilitamiento del control del cuerpo de las mujeres que una adaptación del mercado a lo que parece inevitable incluso aunque la condición de las mujeres las deja sin otra alternativa que la dependencia de los hombres. Sin embargo, si las cortesanas de los distritos distinguidos son toleradas o incluso apreciadas, no es lo mismo con las prostitutas de las clases trabajadoras, y es sobre todo para responder a esta masificación de la prostitución de las mujeres de las clases trabajadoras que el control policial y el confinamiento de las prostitutas se intensifican nuevamente

 

Para comprender esta represión de la prostitución de masas es preciso aprovechar el nexo entre una prostitución regulada y las relaciones capitalistas de producción. Entre la Revolución Francesa y la Belle Epoque hubo un largo período en que la sociedad francesa adoptó todas las instituciones características del modo de producción capitalista: el Directorio, los dos Imperios y los comienzos de la Tercera República, consolidan las formas de explotación modernas que habían surgido en las últimas décadas del antiguo régimen, ya fueran los sectores agrícolas más avanzados del norte de Francia, o las innovaciones en el sector químico, textil o de extracción del carbón. El siglo XIX estuvo marcado por la generalización de las instituciones de mercado y la dependencia de las clases trabajadoras del mercado y de los empleadores. La prostitución, y la condición de las mujeres en general, no escapan a esta lógica. Con la separación del lugar de trabajo y el lugar de vida, la mecanización del trabajo y la regulación de las industrias, las mujeres están atrapadas entre sectores mal regulados (trabajo en casa, talleres de costura) y su exclusión de la mayoría de los sectores regulados. Cuando están presentes en el mercado de trabajo, las mujeres desempeñan un papel de mano de obra de apoyo para el capital, lo que Marx llama el “ejército industrial de reserva”:

 

Al aplastar la pequeña industria y el trabajo en casa , suprime el último refugio de una masa de trabajadores, convertidos cada día en sobrantes y, por lo tanto, la válvula de seguridad de todo el mecanismo social.17

 

Como muestra un estudio reciente sobre la prostitución en La Goutte d’Or en la Belle Epoque 18, la regulación de la prostitución se enfrentaba a una resistencia considerable por parte de las trabajadoras sexuales, a través de su creciente negativa a trabajar para un empleador exclusivo. La prostitución callejera de las “insumisas” se entiende así como una forma de insubordinación obrera: permitió a las mujeres proletarias adquirir un complemento de renta en el caso de que ejercieran al mismo tiempo un trabajo asalariado y obtener unos ingresos a corto plazo cuando no estaban empleadas. En ambos casos, la prostitución desreglamentada representaba un punto de apoyo para las mujeres trabajadoras, una potencial mejora de su poder de negociación frente al capital y el patriarcado,

 

Este papel de la regulación en relación con el trabajo sexual y de cara a la insubordinación obrera de las prostitutas es revelador. Indica que el trabajo sexual y el trabajo en general no pueden separarse; muestra que las luchas de los profesionales del sexo tienen una dimensión de género y de clase muy precisa; está claro que no puede haber una oposición estricta entre un régimen regulador y un régimen abolicionista / prohibicionista: se trata en ambos casos (y en las formas híbridas entre los dos sistemas) de formas de disciplina y de acción de las mujeres prostituidas, ante las cuales éstas últimas hacen valer sus intereses y tratan de fortalecer su poder de negociación. Antes de regresar a estos aspectos a propósito del período contemporáneo, debemos volver a las razones y al surgimiento de los movimientos abolicionistas:

 

Fue originalmente para denunciar este regulacionismo que, a finales del siglo XIX, grupos de mujeres comenzaron a luchar contra la prostitución: mientras que un pánico moral con respecto a un supuesto comercio de esclavas blancas tuvo éxito internacionalmente, el movimiento abolicionista se encontró con un fuerte eco, llevando en 1946 a la ley Marthe Richard, que ordenaba el cierre de burdeles. El Convenio de la ONU de 1949 para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución de otros establece en su famoso preámbulo que “la prostitución y el mal que la acompaña, a saber, la trata de seres humanos con fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad humana y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad”. Según esta misma convención, para ser víctima de la trata, basta con ser engañado, coaccionado o desviado para fines de prostitución. El Protocolo de Palermo (adoptado por las Naciones Unidas en 2000) propone una definición alternativa de trata, definida como “la captación, el transporte, la transferencia, el alojamiento o la recepción de personas, por la amenaza de la fuerza o el uso de la misma u otras formas de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de autoridad o vulnerabilidad, o por la oferta o aceptación de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tiene autoridad sobre otra para fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución de terceros u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o extracción de órganos”. Si esta definición es más amplia (cualquier forma de explotación puede ser el propósito de la trata) y más restrictiva (se habla de “explotación de la prostitución” y ya no de “prostitución”, y se tiene en cuenta el ejercicio de alguna forma de coerción o el abuso de una situación vulnerable a las víctimas mayores de edad) que la definición de 1949, permanece deliberadamente imprecisa al no definir el concepto de explotación. Esta difuminación permitió a Francia, cuando introdujo en su código penal y adaptó la definición del Protocolo, traducir la “explotación de la prostitución” por “proxenetismo”. Al ser en Francia la definición del proxenetismo particularmente amplia — permite castigar cualquier tipo de asistencia a la prostitución ajena— el nuevo delito francés de trata no desautoriza por lo tanto la concepción de trata adoptada por la Convención de 1949. En otras palabras, mientras que existen las herramientas del derecho común para responder a la voluntad de sancionar el trabajo forzoso, ya sea en la prostitución o en otro lugar, la prostitución sigue siendo objeto de medidas específicas que la penalizan como tal.

 

¿Cuál es el papel de esta penalización específica? ¿En qué dinámica encaja? ¿Cuáles son las consecuencias? Muchas respuestas se han dado a estas preguntas, pero con demasiada frecuencia, las respuestas se refieren a la represión de la prostitución si no esencializada, al menos ideal, de forma que están luchando para dar cuenta de las tensiones que atraviesan la industria del sexo. Además, una síntesis de las principales teorías sobre la represión del trabajo sexual, con relación a la dinámica general que atraviesa el dominio del trabajo reproductivo, debería permitirnos diagnosticar con precisión los retos de la lucha de las trabajadoras sexuales. Más allá de los enfoques puramente históricos, también es interesante tener en cuenta la función de la represión del trabajo sexual y la estigmatización de las que practican en relación con la economía sexual como tal. Si la represión de la prostitución tiene una función específica en un sistema capitalista que se basa entre otras cosas en la apropiación del trabajo no remunerado de las mujeres, este contexto económico no es suficiente para dar cuenta de las tensiones dentro de las cuales tiene lugar esta represión. El trabajo de Paola Tabet demuestra así que si es el estigma lo que define la prostitución, éste no necesita del sistema capitalista para expresarse. En numerosas sociedades no capitalistas, las mujeres son estigmatizadas como prostitutas, no necesariamente porque participan en un intercambio economico-sexual, sino debido a que participan en un intercambio que escapa a las reglas establecidas del intercambio de mujeres en un sistema patriarcal. Estas obras son una reminiscencia de las llevadas a cabo antes por Gayle Rubin y publicadas bajo el título de “Traffic in Women” en 1975 donde, de nuevo, el reto es explicar la opresión de las mujeres sin subordinarla a su función potencial en el capitalismo. Por encima de todo, es en “Pensar el Sexo” donde Gayle Rubin estudia con más detalle los sistemas de jerarquías sexuales de que estructuran nuestras sociedades:

 

Las modernas sociedades occidentales valoran los actos sexuales según un sistema jerárquico de valor sexual. […] Las personas cuyo comportamiento sexual está en la parte superior de esta jerarquía son recompensadas ​​con un certificado de buena salud mental, respetabilidad, legalidad, movilidad social y física, el apoyo institucional y beneficios de carácter material. A medida que los comportamientos o intereses de los individuos están en un nivel más bajo de esta escala, éstos últimos son objeto de presunción de enfermedad mental, falta de respetabilidad, criminalidad, de una restricción de la libertad de movimiento físico y social, la pérdida de apoyo institucional y sanciones económicas.

 

Un estigma extremo y punitivo mantiene algunos comportamientos sexuales en el nivel más bajo de esta escala, y constituye una sanción eficaz contra los que tienen este tipo de prácticas. La intensidad de este estigma tiene sus raíces en la tradición religiosa occidental. Pero lo esencial de su contenido actual proviene de la estigmatización médica y psiquiátrica”.19

 

En este sentido, la prostitución es castigada y estigmatizada en tanto que desviación, por la misma razón que la homosexualidad, en virtud de un sistema que se opone a diferentes tipos de prácticas sexuales tales como homosexual/heterosexual, gratuito/de pago, etc. La teoría de Gayle Rubin presenta así la represión del trabajo sexual como teniendo una función no necesariamente subordinada a un orden económico, sino teniendo lugar en un sistema sexual autónomo, en el seno del cual convergen intereses externos (económicos, sí, pero también religiosos o médicos).

 

.Elizabeth Bernstein, especialista del neoliberalismo, analiza por su parte la represión del trabajo sexual como una forma de reafirmar las fronteras entre lo íntimo y lo público 20, y por lo tanto considera las campañas del abolicionismo contemporáneo como formando parte de una ” agenda sexual neoliberal”:

 

Yo sitúo estas políticas neoabolicionistas en términos de una agenda sexual neoliberal (en lugar de tradicionalista), que sitúa los problemas sociales en la escala de los individuos desviados en lugar de en la de los niveles de las instituciones oficiales, que busca los remedios sociales a través de intervenciones de justicia penal y no a través del Estado providencial redistributivo, y que defiende la beneficencia de los privilegiados más que el empoderamiento de los oprimidos.

 

De esta forma, la eliminación de la prostitución no aparece sólo como una forma de consolidar un cierto orden económico, sino más bien como un medio para imponer la lógica neoliberal hasta en la misma economía sexual. Y es precisamente porque el trabajo sexual, al igual que otras áreas del trabajo reproductivo o productivo, no es una excepción al neoliberalismo, por más que pueda ser interesante considerarlo a la luz del tratamiento de otras áreas de trabajo reproductivo .En su investigación sobre lo que ella llama el “feminacionalismo”, Sara Farris señala que la inmigración de las mujeres para el sector reproductivo, a diferencia de la de los hombres inmigrantes, es más bien estimulada por el Estado, en un contexto de desentendimiento de éste en relación a servicios tales como el cuidado de niños, y en un contexto de aumento de las mujeres “nacionales” en el sector productivo:

 

No siendo ya percibidas como las que roban el trabajo o se aprovechan de los beneficios de la asistencia social, las mujeres inmigrantes son las “sirvientas” que ayudan a mantener el bienestar de las familias e individuos europeos. Son proveedoras de trabajo y de intereses, ells que al ayudar a las mujeres europeas a liberarse de las diferencias de género al sustituirlas en el hogar, lo que permite a estas mujeres “nacionales” a convertirse en trabajadoras en el mercado de trabajo “productivo “. Además, ellas son los que contribuyen a la educación de los niños y al cuidado físico y emocional de las personas mayores, proporcionando así un estado de bienestar, cada vez menos a cargo del Estado. […] El papel “útil” que las trabajadoras inmigrantes desempeñan en la reestructuración contemporánea de los regímenes de bienestar, y la feminización de los sectores clave de la economía de servicios, gozan de una cierta complacencia de los gobiernos neoliberales y de la compasión engañosa de los partidos nacionalistas hacia las mujeres inmigrantes, en comparación con los hombres inmigrantes. […] En la medida en que se consideran como los cuerpos al servicio de las generaciones futuras, en tanto que madres que juegan un papel crucial en el proceso de transmisión de los “valores sociales”, en tanto que suplentes de las mujeres nacionales en el sector reproductivo, pero también en tanto que posibles esposas para los hombres europeos, las mujeres inmigrantes parecen convertirse en objetivo de una campaña benevolencia engañosa en la que ellas son “necesarias” en tanto que trabajadoras, “toleradas” en tanto que inmigrantes y “animadas” a ajustarse a los valores occidentales en tanto que mujeres22

 

El feminacionalismo, tal como lo define Sara Farris, significa “la movilización contemporánea de las ideas feministas por los partidos nacionalistas y los gobiernos neoliberales bajo la bandera de la guerra contra el patriarcado, que se supone que es del Islam en particular, y de los inmigrantes del Tercer Mundo en general”. En otras palabras, la retórica de los discursos que defienden la integración de las mujeres inmigrantes por el trabajo, tiene finalmente mucho menos por objeto los intereses de las mujeres en cuestión que los de la economía nacional para la que estas trabajadoras a aseguran la reproducción de la fuerza de trabajo a menor coste. En este contexto, las mujeres inmigrantes constituyen no un “ejército de reserva, constantemente amenazado por el desempleo y la expulsión y utilizado para mantener la disciplina salarial”, como era costumbre decir en los años 1970 y 1980 para describir a “las mujeres en tanto que empleadas extra-domésticas”, sino más bien un “ejército regular de mano de obra extremadamente barata”.

 

Así, si el fomento de la inmigración de mujeres destinadas al sector reproductivo parece a primera vista ser una política opuesta a las severas restricciones a la inmigración en contra de las trabajadoras sexuales, estas dos políticas distintas en realidad pueden ser vistas como complementarias: en primer lugar, cabe destacar que el discurso contra la trata y la contra la prostitución en general, con el objetivo de salvar a las mujeres de las redes de migración que se supone que las explotan, insistiendo en la necesidad de “reinserción”, es decir, de inserción en la economía nacional legal (lo que significa, para mujeres que son en su mayoría inmigrantes, una inserción en el sector del trabajo doméstico, de los cuidados, etc.) participan plenamente de los que Sara Farris definió con el término de “feminacionalismo”. A pesar de que el capitalismo globalizado supone desposeer a a las mujeres de sus medios de supervivencia, especialmente hoy en día en los países de África y Asia, y por lo tanto conduce a una masificación de la inmigración (y de la prostitución), la represión de las trabajadoras del sexo, en un contexto de mercantilización del trabajo reproductivo realizado por las inmigrantes, por tener el efecto de mantener a las trabajadoras del sexo en una situación precaria, las constituye, al igual que a las trabajadoras domésticas, como “un ejército regular de mano de obra extremadamente barata”.

 

En otras palabras, la represión de las trabajadoras sexuales, en la medida en que conduce a la precariedad de las trabajadoras sexuales, no sólo da como resultado un equilibrio de poder en favor de clientes, terceros y proxenetas, sino que sirve a todo un sistema económico capitalista, patriarcal y racista que se beneficia del menor costo de este sector de trabajo reproductivo. Más precisamente, es incluso posible analizar el mantenimiento en la precariedad de las trabajadoras sexuales como el medio para su constitución institucionalizada en un ejército de reserva de trabajadoras domésticas y ver así instaurarse un sistema de tres niveles en el trabajo de las mujeres: en un primer nivel, la mano de obra femenina del sector productivo, que sigue cobrando menos que los hombres, es parte de un sistema que sigue imponiendo un modelo heterosexista a las mujeres, ya que el matrimonio aparece como un medio para lograr un nivel de vida que un salario femenino por sí sólo no permite. En el segundo nivel, las políticas migratorias que mantienen bajos precios de la mano de obra doméstica también refuerzan los menores niveles salariales de las mujeres empleadas en el sector productivo. Por último, las trabajadoras sexuales son reprimidas y estigmatizadas como una amenaza para las mujeres que no aceptan las condiciones de explotación del trabajo asalariado, el trabajo doméstico o el matrimonio.

 

En este sentido, los discursos anti trabajo sexual, que no ven más salida a la explotación sexual de las mujeres que el sexo no comercial, y la emancipación económica sólo a través del trabajo legal, y en particular el trabajo en el sector productivo, nos parecen alentar, —contrariamente a lo que anuncian— esta explotación a través de un trabajo que es tanto más explotado porque se presenta como libre, espontáneo, natural. Por el contrario, la reivindicación del trabajo sexual como trabajo nos invita a repensar las relaciones de reproducción con el objetivo de terminar con la explotación, ya sea pagada o no.

 

 

Trabajo sexual frente a trabajo

 

Como hemos intentado demostrar hasta aquí, la cuestión de la “prostitución” no puede ser objeto de una reflexión simplista con el único prisma de las relaciones de género. Por el contrario, es más que necesario que la izquierda aproveche los aspectos políticos del trabajo sexual entendido como un sector del trabajo reproductivo. Es cierto, como señala Silvia Federici en su texto “Reproducción y lucha feminista en la nueva división internacional del trabajo”, que el tema del trabajo reproductivo ha sido demasiado poco investigado por el propio movimiento feminista:

 

No cabe duda de que si el movimiento feminista en Europa y los Estados Unidos se hubiera concentrado en el hecho de que el Estado reconociera el trabajo de reproducción como trabajo y asumiera la responsabilidad financiera por él, no habríamos asistido al desmantelamiento de los pocos servicios disponibles en este campo y a una solución colonial al “problema del hogar”. 24

 

Pero es precisamente por esta razón que los debates sobre el trabajo sexual deberían ser una nueva oportunidad para (re)pensar este tema , y poder construir una oposición real a las políticas liberales que se han hecho dominantes desde hace mucho, con las consecuencias conocidas (feminacionalismo, liberalización de la industria del sexo en beneficio exclusivo de los empleadores y de terceros, el aumento general del trabajo que deben realizar las mujeres tras la retirada del Estado de los servicios públicos, etc.)

 

Afirmar que el trabajo sexual es un trabajo parece en efecto consituir una etapa necesaria tanto en lo que concierne a la lucha contra el capitalismo como en la emancipación de las mujeres y en particular su emancipación sexual. Recuperamos así para calificar la pertinencia política del eslogan “trabajo sexual es trabajo” las palabras utilizadas por Kathi Weeks cuando se refiere al movimiento “Salarios para el trabajo doméstico”: “fue un proyecto reformista con aspiraciones revolucionarias”. Si la lucha contra la penalización del trabajo sexual puede parecer al principio más bien reformista, ya que consiste esencialmente en exigir un cambio legislativo que permita a las trabajadoras trabajar en mejores condiciones, la aprehensión del sexo como trabajo abre por el contrario una perspectiva bastante más ambiciosa en términos de emancipación.

 

Respecto a la lucha contra la criminalización, debe recordarse sin embargo que si bien las trabajadoras sexuales pueden definirse como el ejército de reserva de mujeres explotadas en el trabajo asalariado, del hogar o del matrimonio, entonces mejorar sus condiciones de trabajo sólo puede ser beneficioso para éstas últimas. De la misma manera, si la persistencia del estigma de puta representa una amenaza para todas las mujeres, ya que no se contenta tan sólo con restringir sus libertades, sino que sobre todo, legitima la violencia contra ellas, entonces la lucha contra la estigmatización de las trabajadoras sexuales debería estar por esta razón entre las prioridades de la agenda feminista. Por otra parte, en la medida en que a escala global la lucha contra la “prostitución” tiene lugar esencialmente en forma de lucha contra la “trata” (tal como se define en la Convención de 1949), mediante la financiación por los gobiernos occidentales de las ONGs que trabajan en los países del Sur para “salvar” a las posibles víctimas de la trata, el final de estas políticas significaría el derecho a la autonomía para las trabajadoras sexuales afectadas, víctimas hoy de forma sistemática, en numerosos países, de una forma de imperialismo humanitario a través de las personalidades y ONGs de la “industria del rescate”.

 

Por otra parte, mientras que la gran mayoría de las trabajadoras sexuales de los países occidentales son inmigrantes o trabajadoras no blancas, al igual que la mayoría de aquellas y aquellos que “apoyan” su actividad y por lo tanto son condenables por proxenetismo, la lucha contra la prostitución toma una forma particular en estos países la forma de una ofensiva racista, que participa del encarcelamiento sistémico de las poblaciones no blancas. Si algunos o algunas pueden utilizar este estado de hecho de división racista del trabajo sexual para argumentar que es precisamente necesario penalzar a los hombres que se supone mayoritariamente blancos beneficiarios del trabajo sexual —los clientes27— nos parece por el contrario peligroso querer reequilibrar la balanza reforzando el propio instrumento de este racismo sistémico. Sin embargo, no se trata de plantear una defensa acrítica de terceros y de otros beneficiarios de la industria del sexo: la despenalización del trabajo sexual debe por el contrario ser entendida como un medio de reforzar la autonomía de las trabajadoras sexuales frente a situaciones de clandestinidad más propicias para su explotación. En este contexto, los temores expresados ​​con regularidad de que el reconocimiento del trabajo sexual sólo se daría más peso a la división sexista y racista del trabajo nos parecen no sólo carentes de fundamento, sino sobre todo, creemos que este reconocimiento constituye la condición sine qua non de lucha contra esta división y contra las opresiones que resultan de ella.

 

Negarse a reconocer el trabajo sexual es, en efecto, reforzar la división entre el trabajo “real”, específicamente asalariado, que tiene derecho de ciudadanía en el espacio público, y el “no trabajo”, que se desarrolla en el ámbito privado. Por lo tanto, se trata de dejar de oponer la esfera productiva del trabajo asalariado a los intercambios considerados como pertenecientes a la esfera privada no comercial, ya que esta oposición, que sólo sirve para enmascarar el trabajo realizado pero no compatibilizado en el salario, es rentable sólo para el capital:

 

Marx hace mucho tiempo explicó que el salario ocultaba todo el trabajo no remunerado en el origen del beneficio económico. Pero medir el trabajo por los salarios también vela la extensión de la subordinación de todas nuestras relaciones sociales a las relaciones de producción, el grado en que cada momento de nuestra vida participa en la producción y reproducción del capital. Los salarios, de hecho (y esto incluye la ausencia de salarios), permitieron que el capital oscureciera la duración de nuestro día laborable. El trabajo aparece así como un compartimiento único de la vida cotidiana, que sólo existe en ciertos lugares. El tiempo que pasamos en la fábrica social, preparándonos para el trabajo, o yendo a trabajar, la restauración de nuestros “músculos, nervios, huesos y cerebro” con comidas rápidas, sexo rápido, películas, etc., son otros tantos instantes que se nos presentan como distracciónes, tiempo libre, aficiones individuales.28

 

En otras palabras, se trata de ampliar el alcance del lema “el personal es político” para incluir no sólo reproducción de la dominación masculina dentro del dominio privado, sino también la reproducción de las dinámicas favorables al capitalismo. Esto se debe a que, como nos recuerda Lise Vogel en el trabajo doméstico, la división entre la esfera del trabajo asalariado y la de lo que se considera privado no hace, especialmente en una sociedad patriarcal, más que reforzar las estructuras de dominación:

 

La distinción altamente institucionalizada entre el trabajo doméstico y trabajo asalariado en un contexto de supremacía masculina, forma la base de una serie de potentes estructuras ideológicas, que adquieren una autonomía significativa.29

 

En este contexto, la afirmación de que “el trabajo sexual es trabajo”y, por tanto, que el sexo, pagado o no, puede ser un trabajo, debe abrir la posibilidad de un proceso de desidentificación —tomando prestado el término usado por Kathi Weeks en referencia a la campaña “salarios para el trabajo doméstico— por parte de las mujeres de la sexualidad a la que a menudo están obligadas, en una sociedad capitalista patriarcal ,

 

Reclamar un salario para una práctica “tan identificada con una práctica femenina” nos permite comenzar un proceso de desidentificación: ” Nada más que exigir un salario ya está afirmando que no nos identificamos con este trabajo” (Edmond y Flemming) . Así, “en la medida en que por la lucha [ellas] obtienen el poder de romper [su] identificación capitalista”, las mujeres pueden, según Cox y Federici, al menos determinar lo que “no son”.

 

De la misma manera con “trabajo sexual es trabajo”, si no se trata todavía de saber qué sexualidad (re)construir en el marco de una lucha feminista, se trata por lo menos de saber cuál no se quiere: una sexualidad de servicio organizada según la división sexista del trabajo. Como señala Silva Federici:

 

queremos llamar trabajo a lo que es un trabajo para que eventualmente pudiéramos redescubrir lo que es el amor a fin de crear nuestra sexualidad, cosa que nunca hemos conocido31.

 

No se trata pues, a través del lema “trabajo sexual es trabajo”, de exigir que el trabajo sexual sea considerado como un trabajo “como los demás”, y que, como tal, su despenalización sea considerada como un fin en sí misma. La aplicación de esta política liberal, como hemos visto con los ejemplos alemanes o holandeses, sólo sirve a los intereses de los patronos de la industria del sexo, de modo que estas políticas sólo tienen el efecto de volver a poner en manos de los capitalistas la remuneración de las trabajadoras sexuales. Por el contrario, se trata de reafirmar que si este reconocimiento del trabajo sexual es necesario, es precisamente porque sólo identificándolo claramente como trabajo las mujeres podrán negarse a realizarlo, en el marco de una lucha más general de rechazo del trabajo y por una refundación radical de la sociedad y de sus dinámicas de reproducción.

 

Conclusión

 

El análisis del trabajo sexual en términos de trabajo reproductivo tiene así varias ventajas. En primer lugar, al invitarnos a no considerar la industria del sexo solamente como una mera industria en el seno de la cual se despliegan dinámicas capitalistas, sexistas y racistas, nos permite considerar el papel fundamental de la industria del sexo dentro del sistema capitalista . En otras palabras, no se trata solamente de considerar la explotación de las trabajadoras sexuales por parte de los beneficiarios directos del trabajo sexual —los proxenetas, los terceros, los clientes—, sino más bien de no considerar a éstos más que como los mediadores de la explotación más global de las mujeres por el capital. En segundo lugar, al permitirnos analizar las dinámicas que intervienen en la represión del trabajo sexual —represión que está específicamente relacionada con las cuestiones de la gestión de la inmigración— la introducción de las trabajadoras sexuales en la categoría más general de trabajadoras reproductivas, codo a codo con las trabajadoras domésticas y de cuidados, nos permite comprender los retos de la lucha de las trabajadoras sexuales en términos de lucha contra el neoliberalismo y especialmente contra sus efectos sobre las mujeres inmigrantes o del Tercer Mundo. Finalmente, al invitarnos a repensar la noción misma de “trabajo”, estos análisis nos ofrecen la oportunidad de restablecer una nueva dinámica en la lucha contra la apropiación de éste, una dinámica que nos permite tener en cuenta a los trabajadores y las trabajadoras tradicionalmente excluidos de estas luchas y que, a menudo, se ven reducidos a luchar aisladamente, a pesar y en consecuencia de los efectos desastrosos del capitalismo en sus vidas (trabajadores por cuenta propia precarios, madres solteras, trabajadoras del sexo, trabajadoras domésticas, comadronas, etc.) con miras a un replanteamiento radical de la división del trabajo y de las ideologías —especialmente sexistas y racistas— en las que se basa.

 


 

  1. Este argumento es desarrollado con asiduidad en los textos de autores/as abolicionistas; ver, por ejemplo, para aquéllos que lo formulan de la forma más explícita, un comunicado del AIVI: “¡la prostitución no es un trabajo sino una violencia!”, o la obra de Janice Raymond, “not a choice, not a job”. []
  2. Lilian Mathieu, La fin du tapin, Sociologie de la croisade pour l’abolition de la prostitution, Bourin, 2013, p. 17. []
  3. Para un estudio de los debates entre el movimiento Wages for Housework y los movimientos feministas y de izquierda, ver por ejemplo Silvia Federici et Nicole Cox, « Counterplanning from the Kitchen », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p. 28-40, réponse au « Women and Pay for Housework » de Carol Lopate. []
  4. Carole Leigh, « inventer le travail du sexe », in Luttes XXX – inspirations du mouvement des travailleuses du sexe, Maria Nengeh Mensah, Claire Thiboutot et Louise Toupin, éd. du remue-ménage, 2011, p. 267-270. []
  5. https://www.youtube.com/watch?v=enpTFJsswWM à partir de 1:10:23.Transcription Ellis Suzanna Slack, traduction Morgane Merteuil. []
  6. Voix du jaguar. []
  7. Silvia Federici et Nicole Cox, « Counterplanning from the Kitchen », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.31. []
  8. Silvia Federici et Nicole Cox, « Counterplanning from the Kitchen », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.31. []
  9. Silvia Federici, « Why Sexuality is work », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.25. []
  10. Silvia Federici, « Wages against Housework », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.15. []
  11. Leopoldina Fortunati, The Arcane of Reproduction : housework, prostitution, labour and capital, Autonomedia, p.17. []
  12. Leopoldina Fortunati, The Arcane of Reproduction : housework, prostitution, labour and capital, Autonomedia, p.17. []
  13. Leopoldina Fortunati, The Arcane of Reproduction : housework, prostitution, labour and capital, Autonomedia, p.18. []
  14. Silvia Federici, Caliban et la sorcière : Femmes, corps et accumulation primitive, Entremondes et Senonevero, 2014 pour la traduction française, p.191-192. []
  15. Clyde Plumauzille, Le « marché aux putains » : économies sexuelles et dynamiques spatiales du Palais-Royal dans le Paris révolutionnaire, Revue Genre, Sexualités et Sociétés, n°10 Automne 2013, p. 21/26. []
  16. Voir Henry Heller, The Bourgeois Revolution in France. 1789-1815, Berghahn Books, 2009. []
  17. Karl Marx, Le Capital, Livre I, « Machinisme et grande industrie ». http://www.marxists.org/francais/marx/works/1867/Capital-I/kmcapI-15-9.htm []
  18. Voir Alexandre Frondizi, Histoires de trottoirs. Prostitution, espace public et identités populaires à la Goutte – d’Or, 1870 – 1914, Mémoire de thèse, 2007. []
  19. Gayle RUBIN, “Penser le sexe”, in Surveiller et jouir – Anthropologie politique du sexe, Epel, 2010, traduction Flora Bolter, Christophe Broqua, Nicole-Claude Mathieu et Rostom Mesli, p. 156-157. []
  20. Voir : Elizabeth Bernstein, Temporarily Yours, Intimacy, Authenticity and the Commerce of Sex, The University of Chicago, 2007. []
  21. Elizabeth BERNSTEIN, “the sexual politics of the new abolitionnism”, in Differences : a journal of feminist cultural studies, 18/3, 2007, p. 137 . []
  22. Sara Farris, « Les fondements politico-économiques du fémonationalisme ». []
  23. Sara Farris, « Les fondements politico-économiques du fémonationalisme ». []
  24. Silvia Federici, « reproduction et lutte féministe dans la nouvelle division internationale du travail ». []
  25. Kathi Weeks, The problem with work : feminism, marxism, antiwork politics and postwork imaginaries, Duke University Press, 2011, p. 136. []
  26. Laura Agustin, « Kristof and the Rescue industry, the soft side of imperialism ». []
  27. Yasmin Vafa, « Racial Injustice: The case for prosecuting buyers as sex traffickers » []
  28. Silvia Federici et Nicole Cox, « Counterplanning from the Kitchen », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.35-36. []
  29. Lise Vogel, Marxism and the opression of women : Toward a unitary theory, Brill, 2013, p.160. []
  30. Kathi Weeks, The problem with work : feminism, marxism, antiwork politics and postwork imaginaries, Duke University Press, 2011, p.130. []
  31. Silvia Federici, « Wages against Housework », in Silvia Federici, Revolution at Point Zero, PM Press, 2012, p.20. []

 

 

La prostitución por cuenta ajena es una profesión laboral

http://www.alfredogarcialopez.es/la-prostitucion-por-cuesta-ajena-es-una-profesion-laboral/

El ejercicio de la prostitución por cuenta ajena constituye relación laboral. La sentencia del Juzgado de lo Social nº 10 de Barcelona, de fecha 18 de febrero de 2015, dictada por el magistrado señor Agustí Maragall, es pionera al reconocer por primera vez el carácter laboral de la prostitución, abriendo la puerta a que se les reconozca por tanto derechos laborales.
De esta forma, se les podría reconocer el derecho a formalizar un contrato con el empresario para el que trabajen con la correspondiente alta en la Seguridad Social y el cobro de la prestación de desempleo.

La sentencia argumenta la inexistencia de obstáculo legal o de constitucionalidad para el reconocimiento de laboralidad, aún desde la obligada perspectiva de género.

La sentencia no es firme ya que se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), pero sienta jurisprudencia que podrá alegarse para reclamar por la vía judicial la equiparación en derechos con cualquier otro trabajador.La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) interpuso demanda contra la propietaria de un centro de masajes eróticos de Barcelona y tres empleadas de este local, en la que se instaba al Juzgado que declarase que la que la prestación de servicios de las trabajadoras codemandadas para la empresaria demandada tenía “carácter laboral”.

La empresaria demandada negó la concurrencia de relación laboral, alegando que las codemandadas ejercían su profesión por cuenta propia.

Una de las trabajadoras codemandadas se allanó a la demanda, afirmando el carácter laboral de la prestación de sus servicios.

La sentencia del Juzgado de lo Social estima la petición de la TGSS y concluye declarar que la relación existente entre la una y otras tiene o tuvo carácter laboral.

Comienza el magistrado señalando que la relación de hechos probados se ha establecido en base al acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo que ha originado la posterior demanda de oficio a cargo de la TGSS, plenamente corroborados en juicio.

Analiza posteriormente si concurren los rasgos esenciales de laboralidad, señalando las siguientes circunstancias que lo afirman:

  • Los servicios se ofrecían a través de una página web del centro de masajes propiedad de la empresaria demandada.
  • Las codemandadas prestaban sus servicios en su local, por cuenta y bajo la dependencia y organización de la misma.

Por ello el magistrado concluye que se dan los rasgos esenciales de una relación de carácter laboral “prestación voluntaria de servicios, retribución, dependencia y ajenidad en los frutos”; continua, “el único e importante obstáculo para la estimación de la demanda radica en el posible carácter ilícito del objeto del contrato, al tratarse de servicios de prostitución”.

Los juzgados y tribunales de lo social han negado categóricamente la posibilidad de que exista y pueda ser válido un contrato de trabajo que dé cobertura a las situaciones de explotación lucrativa de la prostitución, al considerar que para que el contrato de trabajo pueda reputarse válido es imprescindible que su objeto y causa sean lícitos.

  • Distinción jurisprudencial entre relación de alterne y prostitución:

El magistrado refiere haber realizado un análisis exhaustivo de la jurisprudencia para concluir que no existen precedentes jurisprudenciales que hayan reconocido como relación laboral la libre prestación de servicios de prostitución por cuenta ajena, aunque sí numerosos pronunciamientos que sí la han apreciado en la denominada “relación de alterne”.

  • Primer obstáculo al reconocimiento de laboralidad: la ilicitud de la prostitución libremente ejercida por cuenta ajena.

El magistrado argumenta que este obstáculo se fundamenta en los arts. 1271 y 1275 del Codigo Civil, ya que -según el primero- sólo se admitiría como “objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres”, mientras que el segundo dispone que “Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral”.

El art. 188.1 del Código Penal, incorpora en el delito, denominado “de determinación a la prostitución” también a la ejercida por cuenta ajena, a pesar del libre consentimiento.

Considera el magistrado sin embargo, que la evolución de la doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Penal del TS y la aplicación de un criterio restrictivo en relación con tal delito de prostitución por cuenta ajena no coercitiva, conduciría a concluir que sólo cabría hablar del delito de “explotación laboral” cuando se detectan condiciones abusivas de trabajo.

  • Segundo obstáculo al reconocimiento de laboralidad: la posible lesión de derechos fundamentales y atentado a la dignidad de la persona.

El juez se refiere a una Resolución del Parlamento Europeo, Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género, que considera que toda prostitución (no sólo la forzada) tiene un gran componente de género y constituye una violación de la dignidad humana, pero argumenta que mientras España no erradique todas las formas de prostitución, el no reconocimiento de los derechos laborales agrava aún más la situación.

“Mientras el Estado español siga ofreciendo cobertura legal al proxenetismo –vía reglamentación administrativa y despenalización aplicativa– sin ofrecer cobertura jurídica específica al ejercicio de la prostitución se agrava el atentado a la dignidad, a la libertad y la discriminación por razón de sexo”, argumenta.

Por todo ello, el juez concluye que no hay obstáculo legal o de constitucionalidad para el reconocimiento de laboralidad en el caso enjuiciado, aún desde la obligada perspectiva de género, estimando la demanda del TGSS.

 

 

El derecho a prostituirse resume todos los derechos de las mujeres frente al patriarcado

 

 

El derecho de las mujeres a prostituirnos —es decir, a intercambiar sexo por bienes de otra naturaleza fuera del matrimonio— está reconocido por la Constitución y las leyes españolas y no es negado por ningún organismo internacional.

 

Esto puede sorprender a quien lo lea, ya que en España los medios de comunicación, los partidos políticos y, en general, el activismo abolicionista, tanto el confesional como el laico, tienden a referirse a la prostitución como si fuera un delito, en un intento de confundir a la opinión pública. En los casos, cada vez menos frecuentes, en los que les queda un atisbo de vergüenza, se refieren a la prostitución como “alegal”, queriendo dar a entender que si no está prohibida es por un descuido o una desidia de los legisladores, aunque ellos se cuidan mucho de promover su prohibición, sabiendo como saben que para eso tendrían que cambiar la Constitución democrática y abolir las libertades civiles.

 

El derecho a la prostitución está amparado en España por la Constitución y las leyes, ya que, al ser un Estado democrático, está permitido todo lo que no está prohibido, y está prohibido impedir el libre ejercicio de todo lo que está permitido.

 

El ejercicio de la prostitución no sólo es un derecho reconocido en España, sino que es un derecho particularmente protegido. Hay leyes específicas para defender a las prostitutas de la explotación y la esclavitud, de forma que puedan actuar con total libertad y puedan disponer libremente de sus ganancias íntegras. No existe otro sector laboral que esté tan específicamente protegido como el del trabajo sexual.

 

El trabajo sexual, sin embargo, sólo está reconocido hasta ahora como trabajo por la Organización Internacional del Trabajo. En España, es aceptado por la Seguridad Social como trabajo autónomo, pero no explícitamiente, sino bajo el apartado de “otros”. La falta de reconocimiento de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales por cuenta ajena es una anomalía que sólo se explica por la corrupción política que favorece los intereses de los empresarios frente a los de las trabajadoras, en este caso con la abierta complicidad de los sindicatos de clase.

 

Los derechos de las mujeres conculcados por el patriarcado pueden dividirse en derechos sexuales y derechos económicos.

 

La opresión sexual supone negar el derecho a disponer libremente del propio cuerpo. Sometidas por las leyes patriarcales, las mujeres debían conservar su virginidad hasta el matrimonio y, una vez casadas, debían mantenerse fieles y estar siempre dispuestas a cumplir su “deber conyugal”, es decir, que no existía el delito de violación dentro del matrimonio. Tampoco tenían derecho a abortar bajo ningún supuesto, grave delito castigado con severas penas de cárcel. Y la prostitución, o estaba perseguida o estaba estrictamente regulada con leyes que negaban a las prostitutas todo una serie de derechos fundamentales.

 

El derecho a disponer libremente del propio cuerpo encuentra su plena expresión en el derecho a la prostitución. Suprimidas felizmente en España las modalidades mayoritarias de opresión sexual patriarcal, subsiste sin embargo una amenaza permanente sobre el derecho a la prostitución de las mujeres. Grupos de presión que incluyen a poderosas organizaciones patriarcales antibortistas, entre otros, intentan mediante argucias prohibir de facto la prostitución. Por eso, la defensa de este derecho supone la plena defensa del derecho a la independencia sexual y al dominio sobre el propio cuerpo de las mujeres, y resume y es la garantía de las modalidades mayoritarias del mismo.

 

Los derechos económicos de las mujeres conculcados por el patriarcado encontraban su máxima expresión en el matrimonio clásico, que sometía a la esposa a la plena dependencia económica del marido, y en la legislación laboral que discriminaba negativamente a las mujeres, sometidas además a la explotación de los trabajos domésticos y reproductivos no pagados y obligadas a cargar, en el caso de las madres solteras, con todo el peso de la crianza de los hijos.

 

Ha desaparecido la dependencia obligada por ley dentro del matrimonio, pero no las otras. Castigadas especialmente por la precariedad dentro de un sistema capitalista abiertamente machista, las mujeres deben enfrentar particulares necesidades de supervivencia. Y el derecho a disponer del propio cuerpo siempre ha supuesto una posibilidad particular de supervivencia rentabilizando las necesidades sexuales masculinas insatisfechas.

 

El derecho a disponer del propio cuerpo y el derecho al libre intercambio económico que garantizan la Constitución y las leyes en España, permite a algunas mujeres compensar la discriminación patriarcal remanente que las condena a la precariedad y, al liberarse ellas, contribuyen a la liberación de todas.

 

El derecho a prostituirnos resume todos los derechos de las mujeres frente al patriarcado, y la pérdida de ese derecho, por el contrario, nos llevaría a las mujeres de vuelta bajo el dominio patriarcal, el mismo que, bajo la falacia de querer protegernos de nuestra propia sexualidad, busca perpetuar su dominación sobre las mujeres en todos los órdenes de la vida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bella Robinson: de prostituta adolescente a defensora de los derechos de las trabajadoras sexuales

7 de febrero de 2015

Por Tara Burns

http://www.vice.com/en_ca/read/how-the-justice-system-pimped-me-out-969

Foto cortesía de Bella Robinson

La activista Bella Robinson se siente victimizada por las leyes que pretenden ayudar a personas como ella.

 

Bella Robinson entró en la industria del sexo siendo una chica de 18 años sin hogar que escapaba de un matrimonio abusivo que la había rescatado del sistema de acogimiento familiar de menores. Es exactamente la clase de “víctima” para la que se han inventado las leyes contra la trata sexual. Pero Robinson —que ahora es una activista de derechos humanos que ha sido puta (su término preferido) durante treinta años— no piensa en sí misma como una víctima de la industria del sexo. Dice que ha sido objeto de trata sexual por el Estado y victimizada por leyes que pretendían ayudar a personas como ella.

En 2012, ella contó parte de su historia en la película American Courtesans, apareciendo con el nombre de Gina. En la actualidad, emplea su tiempo hablando en residencias de estudiantes, acudiendo a eventos de formación laboral, reuniéndose con políticos y aceptando clientes.

La mamá de Bella sufría de esquizofrenia y alcoholismo. Cuando Bella tenía tres o cuatro años, su mamá se emborrachó, cogió del sótano el viejo rifle de caza de su abuelo, subió escaleras arriba y disparó a través de las ventanas de la cocina mientras Bella y sus tres hermanos dormían en el piso de arriba. A pesar de incidentes como éste, no fueron sacados de su casa y colocados bajo acogimiento familiar hasta que ella era ya adolescente. Como dice ella: “Solíamos escaparnos. No nos gustaba que nos hubieran arrojado entre extraños”.

A los 15 años, Bella se encontró en su domicilio más duradero, una casa de grupo dirigida por un sacerdote protestante retirado y su esposa. Ella no había vuelto a la escuela desde que se metió en problemas en el octavo grado, pero consiguió su GED, comenzó el instituto, y pronto tuvo su propia motocicleta y un trabajo haciendo cuidado en el hogar. También comenzó a acudir a un bar donde se apuntó a la liga de billar y se reunió con el hombre de 41 años de edad que se convertiría en su marido.

La casa de grupo estaba en una parte difícil de la ciudad, y todas las otras chicas quedaron embarazadas cuando tenían 16 años. “Mierda,” dice Bella, “no creo que se preocuparan por nosotros, ya que la mayoría de las chicas ni siquiera iban a la escuela.Recuerdo que las otras niñas solían robar todas mis cosas y yo era la única chica que tenía un trabajo.Sabía que tenía que salir de allí y yo no ganaba suficiente dinero para vivir sola. Además, era menor de edad.

Por aquella época, el matrimonio comenzó a parecer una opción viable para una chica de dieciséis años. “No era un matrimonio real, era un matrimonio para sacarme de un hogar de acogida, era más como un arreglo de negocios”, dice Bella. Hoy en día el gobierno considera que si los tutores intercambian algo de valor a cambio de permitir tener acceso sexual a menores de edad es una forma de tráfico sexual, pero en 1981 el Estado estaba ansioso por dejar que Bella se casara con un hombre de 41 años con antecedentes de violencia doméstica.

Les casó un juez de paz que encontraron en las páginas amarillas, sin anillo ni luna de miel, dos semanas después de que Bella cumplió 17 años. Su abuela les invitó a una cena-teatro a modo de banquete. Más tarde esa noche, Bella tuvo sexo por segunda vez en su vida. Era tan ingenua que cuando él le pidió una mamada pensó que se trataba de “alguna cosa rara”.

“Supongo que este fue mi primer acto de prostitución. Supongo que legalmente fui víctima de trata de menores de edad y me casé con un hombre de la misma edad que mi madre”, dijo Bella. Según la ley federal, cualquier menor que tenga relaciones sexuales como estrategia de supervivencia o a cambio de un lugar para vivir se considera víctima de trata sexual.

Bella tardó sólo unos pocos días en darse cuenta de que su esposo era un abusivo “alcohólico rabioso” que trató de aislarla y manipularla. Bella recuerda que la gritaba todos los días, por todo. Un día ella le devolvió el grito y él levantó la mano. No la golpeó, pero supo que lo haría la próxima vez.

El marido de Bella la convenció de que dejarlo significaba volver a la custodia estatal y ella optó por permanecer en un matrimonio abusivo en vez de regresar al cuidado estatal. La investigación en ciencias sociales muestra que muchos adolescentes encuentran sexo y abuso de supervivencia preferible al sistema de acogida temporal. En un informe de investigación de 2009, el Proyecto de Empoderamiento de las Mujeres Jóvenes escribió: “Nos sorprendió cuantas historias escuchamos de niñas, incluidas las niñas transgénero, y las mujeres jóvenes, incluyendo mujeres trans, sobre sus experiencias violentas con proveedores de servicios sin fines de lucro. Esto nos molestó porque los adultos y los trabajadores sociales a menudo nos dicen que la búsqueda de servicios mejorará nuestras vidas. Pero cuando hacemos, los sistemas creados para ayudarnos al final pueden empeorar las cosas. Esto estuvo claro cuando miramos el sistema de acogida”.

En 2011, un criminólogo, comentando sobre la investigación de John Jay College que mostró que el 70 por ciento de los jóvenes involucrados en el sexo transaccional había estado involucrado anteriormente con “agencias de asistencia” y sólo el 10 por ciento tenía proxenetas, dijo a Village Voice, “La cuestión es la siguiente: si [esta investigación] es correcta, ¿qué hacemos con ese 90 por ciento? ¿Lo ignoramos ? ¿Con qué interés miramos cómo se metieron en esa circunstancia? Podrías argumentar que para el 90 por ciento para quien no pudieron encontrar ningún proxeneta, bueno, ¿cómo sucede?

Así es como sucede.

Bella escapó de su esposo pocos días después de cumplir 18 años, cuando fue liberada de la amenaza de la custodia estatal. Durmiendo en su coche y trabajando a tiempo parcial por el salario mínimo, pronto se dio cuenta de que tener una casa sería casi imposible. Fue entonces cuando conoció a dos drag queens (que era el término que preferían en ese momento), lo que resultó ser su salvación.

Una de las drag queens, Joey (abreviatura de Joanne) estaba levantando clientes en el strip, pero Bella no lo sabía todavía. “Nunca pregunté dónde Joey había conseguido el dinero para poner gasolina en mi coche o comprarme cigarrillos y comida”, dice Bella. “Pronto lo averigüé. Me quedé sin gasolina y tuve que caminar unas pocas manzanas hasta una gasolinera y un tipo vestido de camuflaje rojo se ofreció a darme un paseo. Me invitó a salir. Le dije que NO, que estaba casada, y él sacó su placa y dijo que estaba detenida por prostitución “.

Bella llama a este capítulo de su vida: “Cómo un policía me acechó y selló mi destino con mi primera acusación y convicción de prostitución porque no quise salir con él”.

El tipo de incidente que Bella describe es deprimentemente común: las mujeres han sido detenidas por caminar por la calle tan a menudo que se ha acuñado la expresión “parar y cachear mujeres” o “andar por la calle siendo trans”. ¿Pero la detención de jóvenes por prostitución conduce a la prostitución?

Joanna Morse, licenciada en matrimonio y terapeuta familiar, dice que ciertamente podría ser así. “Los jóvenes en esa etapa de la vida, conocida como “identidad versus confusión de roles”, deberían estar tratando activamente de responder a preguntas importantes como: ‘¿Quién soy yo? ¿Qué puedo ser? ‘”, explica.”Los jóvenes están significativamente influenciados no sólo por los compañeros, sino también por los modelos de conducta, lo que sin duda podría, para bien o mal, incluir la aplicación de la ley. Es lógico que etiquetas de peso, como las que se imponen a través de los sistemas de justicia penal, podrían llegar a ser poderosa y negativamente deterministas.”

Siendo realista, dice Bella, probablemente se habría convertido en una prostituta de todos modos. Ser detenida por prostitución simplemente hizo más fácil tomar la decisión, porque ella estaba enojada por haber sido acusada antes de empezar.

Habiendo sido pública y permanentemente identificada con un registro criminal, se volvió a Joey para aprender a convertirse en una prostituta. Joey le dio condones a Bella y le enseñó a concertar las citas y a cobrar $ 20 por sexo oral y $ 40 por sexo en los hoteles.Le dijo que siempre tenía que hacer que el hombre pagara la habitación. Joey también le enseñó a realizar un seguimiento de las matrículas y las marcas, modelos y colores de los coches de los clientes. Luego ambos comprobarían sus datos. Joey nunca le pidió dinero, y Bella pronto se enteró de que era mucho más fácil para ella concertar citas de lo que era para Joey.

Sólo un par de semanas antes, cuando tenía 17 años , las leyes actuales habrían llamado a Bella una víctima de una forma severa de trata de seres humanos, pero para ella era un cuento de hadas: “Me di cuenta de que si levantaba sólo uno o dos clientes pagaba mi hotel, comida y tabaco por un día. Entonces me puse a vivir en mi castillo y no tener que besar el culo de ningún hombre.”

“Esta enorme diferencia entre cómo los jóvenes ven sus circunstancias en el comercio sexual y cómo son percibidas por las fuerzas del orden y las organizaciones sin ánimo de lucro ha llevado a una gran cantidad de tiempo de cárcel para las “víctimas” juveniles de esta “severa forma de trata de seres humanos”. Jolene Goedin, una agente del FBI que dirige el programa Inocencia Perdida de Alaska, dijo en una conferencia sobre la trata sexual de 2013 que considera necesario encarcelar a jóvenes que están en el comercio sexual si no entienden que son víctimas o “admiten” que tienen proxenetas. Dice que mantenerlos en un centro de detención juvenil es por su propia seguridad.

“Cuando tenía 19 años”, dice Bella, “descubrí los anuncios de escort en las páginas amarillas y vi que era lo mío. En ese entonces la tasa era de 100 dólares por hora y la chica se quedaba con 60. Con dos días a la semana ganaba más que trabajando a tiempo completo por el salario mínimo. Era lo mío, e incluso después de 30 años, y todas las cosas por las que he pasado, nunca me he arrepentido de haber tomado la decisión de ser trabajadora sexual. Tuve que soportar el sistema de justicia penal muchas veces, con policías violentos. Fui violada como trabajadora callejera una vez. En general, tengo mucha suerte de que nada realmente, realmente malo me haya pasado. Algunos días fueron malos, pero la mayor parte de ellos fueron OK, y muchos días fueron asombrosamente buenos.”

 

Cuando escapó de Florida y aterrizó en Nueva Jersey después de una ejecución hipotecaria y perder una cita en un tribunal en 2007, Bella había estado fuera del comercio sexual, trabajando en cuidado de salud a domicilio y criando a su hija durante años. Consciente de que necesitaba mantenerse “fuera de la red” para evitar el sistema legal, Bella volvió a trabajar en el sexo y se enfrentó a una curva de aprendizaje abrupta para volver a entrar en la industria del sexo como una escort independiente en internet, pero se las arregló durante diez meses. Luego se hizo amiga de una señora local que había estado haciendo salidas porque tenía hijos en casa y trabajaron juntas en la casa de Bella durante unas seis semanas antes de que el equipo de SWAT diera la patada a la puerta.

Bella fue acusada de prostitución. Se declaró culpable y pasó 90 días en la cárcel. Cuando fue liberada, después de haber estado encerrada y no haber podido pagar sus facturas durante tres meses durante las vacaciones, se le ordenó pagar una multa de 3.720 dólares o volver a la cárcel. Ese veredicto le pareció a Bella como la definición de trata sexual: usar la coacción —la amenaza de la cárcel— para inducir a una persona a la prostitución de la cual los tribunales recibieron dinero. “Sentí que [el juez] me estaba diciendo que fuera a levantar algunos clientes más para pagar o si no emitiría una orden de arresto”, explica Bella.

Sienna Baskin, abogada del Proyecto de Trabajadoras del Sexo del Centro de Justicia Urbana, también pensó que podría ser un caso de trata sexual. “Podría decirse que el sistema judicial ‘no se dio cuenta imprudentemente’ del hecho de que ella tendría que conseguir los fondos a través del trabajo sexual, y definitivamente hay coerción, amenaza de encarcelamiento. Creo que la cuestión es quién sería criminalmente responsable … puede ser difícil imputar la responsabilidad criminal al ‘sistema’”.

Cuando salió, Bella supo que la prostitución estaba despenalizada en Rhode Island, así que hizo las maletas y se mudó de inmediato. En el ambiente descriminalizado, se sintió completamente libre por primera vez en su vida. Si alguien intentaba hacerle daño, sabía que podía marcar el 9-1-1 sin ir a la cárcel. Luego, en noviembre de 2009, Rhode Island recriminalizó la prostitución. La razón dada para la criminalización fue que la policía estatal insistió en que no podrían investigar la trata sin criminalizar la prostitución.

“Rhode Island tenía más menores detenidos por prostitución cada año antes de 2009, cuando nos criminalizaron”, dice Bella.

En 2009, la policía comenzó a encontrar los cuerpos de escorts que habían sido asesinadas y arrojadas en la playa de Gilgo en Long Island. Ahí es cuando Bella dice que decidió convertirse en una activista. Pero como crítica declarada de la industria del rescate que es, ha sido acusada de no preocuparse lo suficiente por las víctimas de trata,

Tales insultos son a menudo lanzados contra activistas por los derechos de las trabajadoras sexuales, dice Alana Massey, escritora y activista pro trabajo sexual. “Lss activistas pro trabajo sexual son regularmente —y yo diría intencionadamente— caracterizados por grupos anti trabajo sexual como irritadas, interesadas ​​y manipuladoras con el fin de defeminizarlas,” dice.”Es una estrategia que hace más fácil caracterizar a las activistas pro trabajo sexual como tratantes y proxenetas que caracterizarlas como lo que realmente son: mujeres vulnerables que abogan por sí mismas dentro de un sistema que se configura para marginarlas y deshumanizarlas “. Irónicamente, Bella es exactamente el tipo de mujer vulnerable con una historia de trata del que ha sido acusada de no preocuparse suficientemente.

“Dudo que se preocupen lo más mínimo por las víctimas”, dice Bella de aquellos que la critican. “Creo que nos odian [a las víctimas] por ser prostitutas”.

Bella ha hecho revivir la sección de Rhode Island de Call off Your Old Tired Ethics (COYOTE) y se unió a la junta directiva del Proyecto de Investigación y Educación Legal del Proveedor de Servicios Eróticos. Trabaja duro para educar a la gente sobre los derechos de las trabajadoras sexuales, hacer activismo y presentarse a los organizadores de trabajo, estudiantes universitarios y políticos. Lo principal que Bella quiere que la gente sepa es que incluso si desaprueban la prostitución, “toda mujer necesita sentirse segura al marcar 9-1-1, y si eres una delincuente o una inmigrante ilegal es fácil robarte, violarte, amenazarte , golpearte, explotarte, arrestarte, o asesinarte [porque no se puede confiar en la policía].”

La vida de Bella hoy está lejos de sus comienzos como niña novia y prostituta adolescente sin hogar. Es como un cuento de hadas, dice Bella, “pero un cuento verdadero, con un final feliz, ya que sobreviví a todo”.

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