El coste humano de “machacar” el mercado: la penalización del trabajo sexual en Noruega

 

Amnistía Internacional

 

Publicado en 2016

 

https://www.amnesty.org/es/documents/eur36/4130/2016/es/

 

RESUMEN EJECUTIVO

 

“El año pasado viví un verdadero infierno.” Así es como Mercy, una trabajadora sexual nigeriana, describió sus experiencias de discriminación, exclusión social y abusos contra los derechos humanos en Noruega. Su caso culminó con el desalojo forzoso de su casa en 2014. El hecho de que la dejasen sin hogar, sin el debido proceso ni notificación alguna, constituye una violación de derechos humanos en virtud del derecho internacional. Que el desalojo forzoso se produjera como consecuencia directa de haber denunciado una violación y un robo violento de los que había sido víctima hace aún más atroz el trato que recibió como trabajadora sexual en Noruega. Mercy contó a Amnistía Internacional:

 

“Llegó a la casa un tipo bajo que llevaba una navaja. Yo le abrí la puerta. En la casa éramos nueve. Nos amenazó con una navaja y nos robó el dinero y los teléfonos […] Nos obligó a mantener relaciones sexuales con él. La policía tardó dos o tres horas en llegar. Nos llevaron a todas al hospital y nos buscaron un hotel para dos noches. Luego volvimos a la casa y, dos días después, el arrendador nos echó a la calle […] La policía lo presionó. Nos dio medio día para irnos […] Estuve deambulando por Oslo durante horas con mi equipaje, hasta que encontré un lugar donde quedarme”.

 

El de Mercy no es un caso aislado. Amnistía Internacional supo de otro robo violento del que habían sido víctimas tres mujeres que vendían servicios sexuales alrededor de esos mismos días de marzo de 2014, a las que expulsaron rápidamente del país tras denunciar el incidente a la policía.

 

Amnistía Internacional siente honda preocupación por que las trabajadoras y los trabajadores sexuales, grupo que, según se reconoce globalmente, corre un mayor riesgo de sufrir estigmatización, marginación y violencia, puedan ser penalizados en Noruega cuando denuncia delitos graves. Noruega es un país que se jacta de su sólido historial de derechos humanos tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y es Estado Parte en todos los principales tratados de derechos humanos europeos y de la ONU pertinentes a las cuestiones que se abordan en el presente informe. Noruega es también un país que, en décadas recientes, ha debatido cuestiones relacionadas con el trabajo sexual y reformado su marco jurídico.

 

El modelo jurídico adoptado por el gobierno noruego se promociona como un modelo que fomenta la protección de las personas que venden servicios sexuales, las blinda de la penalización y, en su lugar, desplaza la carga penal de la culpa a quienes compran servicios sexuales. Pese a ello, Amnistía Internacional ha hallado indicios de abusos contra los derechos de personas que venden servicios sexuales en Noruega, que se ven agravados y, en algunos casos, están directamente causados por el marco jurídico. Amnistía Internacional habló con trabajadoras sexuales que habían sufrido violaciones del derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad de la persona, el derecho a protección igualitaria ante la ley, el derecho a la salud, el derecho a no sufrir discriminación y el derecho a la intimidad. Las cuestiones expuestas en este informe demuestran que Noruega no está cumpliendo sus obligaciones internacionales de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de las personas que venden servicios sexuales.

 

CÓMO REALIZAMOS NUESTRA INVESTIGACIÓN

 

Este informe es el resultado de una serie de entrevistas realizadas en Oslo (Noruega) durante tres semanas entre noviembre de 2014 y febrero de 2015, así como de investigaciones documentales. Amnistía Internacional realizó un total de 54 entrevistas, 30 de ellas a mujeres que venden o han vendido servicios sexuales. Tres de las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional describieron experiencias de trata. Amnistía Internacional también se reunió con representantes de diversos organismos que proporcionan servicios de apoyo social a personas que venden servicios sexuales. Se realizaron entrevistas a representantes de organismos gubernamentales, incluido el Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública noruego, el Departamento de Policía de Oslo, la Fiscalía Regional de Oslo y la Oficina de Defensa por la Igualdad y contra la Discriminación. Amnistía Internacional también se reunió con varias organizaciones de la sociedad civil, así como con profesionales de la abogacía y del ámbito de la investigación académica/social.

 

LA AMPLIACIÓN DEL MARCO JURÍDICO

 

En décadas recientes, el gobierno noruego ha realizado reformas legislativas para ampliar el ámbito de intervención y control policial en el mercado del comercio sexual. Ha ampliado el alcance de la ley contra la “promoción” del comercio sexual, lo que significa que ahora está tipificada como delito una amplia gama de actividades relacionadas con la organización del trabajo sexual, como alquilar lugares para ejercerlo o ejercerlo con otras personas. En el ámbito nacional, las nuevas iniciativas promovidas por el gobierno noruego para abordar la trata de personas se han centrado en la reducción/erradicación del trabajo sexual como medio principal para prevenir la trata en el sector de los servicios sexuales, y eso pese a la preocupación —expresada por diversos órganos de la ONU y grupos que luchan contra la trata— de que el equiparar el trabajo sexual de personas adultas realizado con consentimiento con la trata de personas ayuda poco a reducir la trata y da lugar a violaciones de derechos humanos.

 

En 2009, Noruega se convirtió en el tercer país nórdico en tipificar la compra de servicios sexuales como delito, medida que, en combinación con la derogación de legislación que penaliza el acto directo de vender servicios sexuales recibe generalmente el nombre de “modelo nórdico”. Esta medida había sido rechazada de forma sistemática durante las dos décadas anteriores. No obstante, la preocupación por los cambios en el mercado del comercio sexual —especialmente la llegada a partir de 2003 de un número creciente de mujeres migrantes nigerianas que venden servicios sexuales en las calles de Oslo— intensificó el temor a la migración no deseada, la delincuencia organizada y la trata de personas, y ayudó a impulsar el apoyo a la nueva ley.

 

LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES SEXUALES, CADA VEZ MÁS EXPUESTOS A SANCIONES Y CONTROL POLICIAL

 

Las afirmaciones según las cuales, en virtud del “modelo nórdico”, en Noruega no se penaliza ni se imponen sanciones a las trabajadoras y los trabajadores sexuales, y el grado de daño y estigma que sufren es reducido, no reflejan la realidad del terreno. Amnistía Internacional ha hallado indicios de que muchas personas dedicadas al trabajo sexual continúan siendo objeto de una actuación policial muy intensa y son acosadas y sancionadas por la policía de formas múltiples y entrecruzadas. Un proveedor de servicios sociales contó a Amnistía Internacional que:

 

“Ningún otro grupo social está sometido a un grado tan elevado de atención policial, y tiene que soportarlo pese a no estar haciendo nada ilegal. Esta atención no está ni siquiera justificada por el delito en el que incurren los clientes, menos aún cuando las trabajadoras y los trabajadores sexuales no están infringiendo la ley”.

 

En los últimos diez años la policía de Oslo ha adoptado un enfoque de “intervención preventiva” en relación con el trabajo sexual que lleva aparejada la aplicación de sanciones por infracciones menores como “métodos de estrés” para perturbar, desestabilizar y aumentar la presión sobre quienes operan en el sector de los servicios sexuales. Una investigadora académica describe que los agentes policiales “de Oslo utilizan a menudo expresiones como que van a ‘machacar’ o ‘estrangular’ el mercado [de la prostitución] y desestabilizar, presionar y estresar a la gente del sector”. Un ejemplo de este enfoque es la “Operación Sin Techo”, iniciativa que se centraba en aplicar con mayor dureza la ley contra la “promoción” del trabajo sexual, que tipifica como delito “alquilar inmuebles […] para la prostitución”. La “Operación Sin Techo” duró cuatro años, entre 2007 y 2011, y dio lugar a desalojos sistemáticos e inmediatos de trabajadoras y trabajadores del sexo de sus lugares de trabajo y sus domicilios. (Véase el capítulo 3.3. infra) Aunque la “Operación Sin Techo” se suspendió en 2011, Amnistía Internacional entrevistó a mujeres, como Mercy, que habían sido desalojadas forzosamente desde entonces.

 

Amnistía Internacional también ha hallado indicios de que muchas personas dedicadas al trabajo sexual continúan sometidas a un grado elevado de vigilancia policial, como medio para aplicar la ley contra la “promoción” —lo que da lugar a redadas y desalojos posteriores— y para identificar y “señalar” a las trabajadoras y los trabajadores sexuales con el fin de identificar a quienes compran servicios sexuales para multarlos. Esto hace recaer una carga injustificada en quienes se dedican al trabajo sexual y da lugar a posteriores redadas, desalojos y otras formas de sanción. Un abogado entrevistado por Amnistía Internacional expresó preocupación porque:

 

“La policía centra todos sus esfuerzos en desmontar a las mujeres, porque es la forma más sencilla de deshacerse del problema”.

 

Las pruebas recopiladas por Amnistía Internacional también indican que las trabajadoras y los trabajadores sexuales de la calle son sometidos periódicamente a paradas, interrogatorios y controles de identidad policiales, tras los que con frecuencia se les imponen sanciones. Esas sanciones incluyen la detención o la expulsión, el desalojo de su apartamento, la imposición de multas por no facilitar la dirección a la policía o la emisión de órdenes de alejamiento que les exigen abandonar la zona de inmediato para no ser sancionadas. Wendy, una joven de origen africano, explicó a nuestro equipo de investigación que la habían parado agentes vestidos de civil:

 

“Iba caminando por la calle. No estaba trabajando. Estaba charlando con mis amigas. Pensé que eran hombres violentos, y me asusté. La policía me pidió los papeles, y se los enseñé. Luego les hicieron preguntas a mis amigas: si tenían preservativos y por qué. Nos dijeron que nos fuéramos, y que sería mejor que no nos vieran en la calle, que como volviéramos por allí durante las siguientes 24 horas nos llevarían a comisaría”.

 

Amnistía Internacional escuchó testimonios de proveedores de servicios sociales y personas dedicadas al trabajo sexual que describían que mujeres que venden servicios sexuales habían sido interrogadas por la policía por llevar consigo preservativos, o temían llevarlos por si ello daba lugar a actuaciones policiales en su contra. Un representante del Departamento de Policía de Oslo confirmó a Amnistía Internacional que la existencia de preservativos en lugares cerrados se consideraría una prueba coadyuvante de que en el lugar se estaban vendiendo servicios sexuales. Este enfoque penaliza de facto la posesión de preservativos por las trabajadoras y los trabajadores sexuales, y representa un obstáculo a la protección efectiva de su derecho a la salud sexual y reproductiva.

 

LA VIOLENCIA CONTRA LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES SEXUALES

 

Como ocurre en muchos países, en Noruega las trabajadoras y los trabajadores sexuales corren un riesgo elevado de sufrir violencia y abusos. Sufren violencia a manos de diversos perpetradores, incluidos clientes, ciudadanos de a pie, terceros que participan en el trabajo sexual y bandas organizadas que los explotan, aprovechándose de su aislamiento y su situación de marginación. No obstante, en lugar de ser un grupo compuesto por personas con quienes la policía fomenta su relación para minimizar su marginación y ofrecerles protección, muchas de ellas, dependiendo de sus circunstancias, han de soportar ser desalojadas, sometidas a vigilancia policial, perder su medio de sustento o ser expulsadas si acuden a la policía.

 

No sorprende, pues, que muchas de las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional declararan ser sumamente reticentes a acudir a la policía para denunciar un delito. Casi todas las mujeres a las que entrevistó Amnistía Internacional dijeron que sólo considerarían acudir a la policía en última instancia, a menudo sólo en circunstancias extremas que constituyeran una amenaza inmediata para su vida. Un estudio de 2012 realizado por el mayor proveedor de servicios sociales a trabajadoras y trabajadores sexuales de Noruega halló que solo el 16% de las 123 mujeres participantes declaró haber recibido ayuda de la policía tras un incidente violento. María, trabajadora sexual en ámbitos privados, contó a Amnistía Internacional:

 

“Si un cliente se porta mal contigo, al final tienes que solucionarlo tú misma. Sólo llamas a la policía en caso de peligro de muerte. Si llamas a la policía, corres el riesgo de perderlo todo”.

 

LA SEGURIDAD, COMPROMETIDA

 

Las medidas que adoptan las propias personas que ejercen el trabajo sexual para aumentar su seguridad también se están viendo comprometidas. Las trabajadoras sexuales a las que entrevistó Amnistía Internacional mencionaron varios grados y formas de reducir los riesgos en su trabajo. Por ejemplo, Celin, trabajadora sexual en ámbitos privados noruega, contó a Amnistía Internacional:

 

“Hago distintas cosas para mantenerme segura. Nunca voy a domicilios particulares, y en ningún caso la primera vez que atiendo a un cliente. No sé quién va a estar esperándome allí. Tu propia casa y los hoteles son mucho más seguros que el apartamento de un cliente. Tampoco atiendo llamadas de números ocultos. Quiero tener los números de los clientes para que, en caso de que tenga que acudir a la policía, puedan localizarlos”.

 

Mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional que trabajaban en la calle describieron que realizaban sus propias evaluaciones cuando comenzaban a trabajar con un cliente, principalmente mediante conversaciones cortas que les permitían valorar sus motivaciones. Muchas también identificaron el desplazamiento al domicilio del cliente con correr un riesgo importante y como algo que deseaban evitar. No obstante, la mayoría de las entrevistadas afirmaron que los clientes les pedían que fueran a sus casas para evitar que la policía los detuviera. Las mujeres que trabajaban en la calle mencionaban con más frecuencia que visitaban los domicilios de los clientes. En los testimonios recogidos por Amnistía Internacional, esto se asociaba estrechamente a actos de violencia. Ninguna de las trabajadoras de la calle con las que habló Amnistía Internacional poseía un lugar en propiedad, y estaban expuestas a sufrir un desalojo si la policía descubría que llevaban a los clientes a sus propias casas. Tina, trabajadora sexual nigeriana que ejerce en la calle, dijo a Amnistía:

 

“Algunos clientes te pueden hacer daño en sus apartamentos. Y eso es porque saben que te da miedo ir a la policía. Tenemos que obedecer sus reglas porque estamos en sus casas. No los podemos traer a la nuestra”.

 

Varios de los proveedores de servicios sociales con los que habló Amnistía Internacional expresaron preocupación por que la prohibición de la compra había creado un “mercado de clientes” que comprometía la seguridad de las trabajadoras y los trabajadores sexuales. Un representante de la Policía de Oslo contó a Amnistía Internacional que creía que se había reducido el número de compradores que, con mayor probabilidad, respetaban el acuerdo con la persona que efectuaba la venta:

 

“Muchos de los clientes buenos —los que respetan la ley, la generación más joven— ya no están ahí. Pero los clientes malos siguen estando”.

 

La evaluación de la prohibición de comprar servicios sexuales, realizada por Vista Analysis, consultoría de ciencias sociales, en nombre del gobierno noruego, reconoce que:

 

“Las mujeres del mercado de la calle declaran tener menos poder de negociación y un mayor temor por su seguridad ahora que antes de que se aprobara la ley. En el mercado de espacios cerrados, las prostitutas manifiestan recelos ante las ‘llamadas para trabajar fuera’. Prefieren que los clientes las visiten en su apartamento o en su habitación de hotel”.

 

Los proveedores de servicios sociales y la policía informaron a Amnistía Internacional de que se estaba interpretando que la ley contra la “promoción” se aplicaba al uso de habitaciones de hotel, lo que significaba que los hoteles podían ser considerados responsables de “promoción” cuando el trabajo sexual se realizaba en sus instalaciones. Casi todas las trabajadoras sexuales migrantes entrevistadas por Amnistía Internacional denunciaron haber sido identificadas como tales o excluidas por los hoteles.

 

Casi todas las trabajadoras del sexo con las que habló Amnistía, con independencia de dónde prestaran sus servicios, identificaron que una forma de aumentar su seguridad sería trabajar con otras personas. No obstante, la definición de “promoción” en virtud de la ley es lo bastante amplia para penalizar a las trabajadoras y los trabajadores sexuales que trabajan juntos o con cualquier otra persona, como personal de limpieza, recepción o seguridad.

 

El objetivo del “modelo nórdico”, desplazar la carga del delito de quien vende a quien compra, no se está cumpliendo para muchas personas que venden sexo en Noruega, en particular las más marginadas. En términos de gravedad, en muchos casos, la amenaza y el impacto del desalojo forzoso, la expulsión y la pérdida de los medios de sustento en las personas que venden servicios sexuales supera con creces las implicaciones de la multa de entre 15.000 y 25.000 coronas noruegas (alrededor de entre 1.700 y 2.850 dólares estadounidenses) que se impone a los compradores. La penalización del trabajo sexual en Noruega y la consiguiente reticencia de muchas personas que ejercen el trabajo sexual a acudir a la policía para denunciar un delito también están dando lugar a una situación en la que los responsables de actos de violencia contra trabajadoras y trabajadores sexuales, entre ellos clientes maltratadores, disfrutan de relativa impunidad por delitos graves.

 

Pese a reconocer que el enfoque jurídico actual en Noruega ha socavado el poder de negociación de las personas que venden servicios sexuales en la calle y ha aumentado su dependencia de clientes maltratadores, Vista Analysis concluyó que la presión creciente en el sector de los servicios sexuales:

 

“[…] era acorde con las intenciones de la ley y […] por tanto no se consideraba un efecto secundario indeseado […]”.

 

Del mismo modo, un experto asesor del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública contó a Amnistía Internacional que:

 

“Al final la cuestión es ‘si se considera un problema que las personas que se prostituyen lo tengan difícil’. En la esfera política, nadie ha dicho que queramos que las prostitutas estén bien al mismo tiempo que intentamos erradicar la prostitución”.

 

UNA CULTURA DE ESTIGMA Y DISCRIMINACIÓN

 

Los proveedores de servicios sociales y algunas trabajadoras del sexo entrevistadas por Amnistía Internacional expresaron preocupación por el endurecimiento en años recientes de las actitudes hacia las personas que venden servicios sexuales, y citaron información publicada en los medios de comunicación, investigaciones y experiencias de personas dedicadas al trabajo sexual como pruebas de que las actitudes negativas hacia este colectivo son ahora más habituales. La trabajadora sexual en ámbitos privados Ellie describió a Amnistía Internacional el cambio que, según ella, se había producido:

 

“Cuando el gobierno ilegalizó la prostitución, hizo que la gente nos viera como ilegales. La gente empezó a mirarnos con ojos distintos”.

 

Un estudio de 2011 que exploraba el efecto que había tenido en las actitudes de la opinión pública noruega la entrada en vigor de la ley que penaliza la compra de servicios sexuales halló que, aunque había indicios de un creciente apoyo a la penalización de la compra de servicios sexuales en algunas zonas, “la sociedad noruega se hizo más propensa a pensar que debía ilegalizarse la venta de servicios sexuales frente a lo que lo habría sido de no darse el cambio jurídico”. Los autores reconocían que este cambio de actitud era “lo contrario de lo que los legisladores pretendían conseguir”.

 

Con frecuencia, las trabajadoras del sexo entrevistadas por Amnistía Internacional mencionaron experiencias negativas con ciudadanos de a pie. La discriminación que describieron las mujeres, especialmente en el caso de las trabajadoras sexuales migrantes nigerianas, estaba, a menudo, entremezclada con sentimientos racistas y contra las personas migrantes. Mary contó a Amnistía Internacional:

 

“Son sobre todo las mujeres las que nos insultan, [pero] a veces también lo hacen los hombres. Pasa muchas veces. [Dicen cosas como] ‘puta, vuelve a tu país’. ‘Quítate de una puta vez de mi vista’”.

 

LA CRECIENTE EXPOSICIÓN A LA EXPLOTACIÓN

 

Siete mujeres migrantes que ejercían el trabajo sexual contaron a Amnistía Internacional que, después de que las desalojaran, no tenían adónde ir, y tuvieron que depender de amigos, socios, extraños, refugios para personas sin techo o el espacio público para dormir hasta que encontraron otro lugar donde quedarse. Amnistía Internacional también halló indicios de que la penalización del trabajo sexual deja a algunas personas que ejercen el trabajo sexual expuestas a sufrir explotación a manos de arrendadores que ofrecen no denunciarlas a la policía a cambio de alquileres más elevados, entre otras cosas, o de socios que explotaron su situación de falta de hogar tras el desalojo. Un informe de 2012 sobre las experiencias de mujeres que ejercían la prostitución en Noruega identificaba la falta de estabilidad en la vivienda como un factor determinante para incrementar su vulnerabilidad a la explotación:

 

“La vivienda ha sido un factor clave en el desarrollo de la explotación; varias de las mujeres de Europa del Este que llegaron aquí poco después del cambio de milenio dependían de la ayuda de otras personas para algo tan básico como acceder a una vivienda, pero también para publicitarse y organizar otros aspectos de la prostitución. En cuando se hicieron con su propia red de contactos y lograron organizarse por su cuenta, varias de ellas comenzaron a operar de forma independiente.”

 

UNA RESPUESTA INEFICAZ A LA TRATA

 

Amnistía Internacional se reunió con tres mujeres sobrevivientes de trata de personas para el comercio sexual en Noruega. Relataron diversas experiencias de coacción, explotación y, en algunos casos, violencia extrema. Amnistía Internacional también se reunió con una organización que presta servicios de apoyo a sobrevivientes de trata.

 

La trata de personas constituye un grave abuso contra los derechos humanos. En virtud del derecho internacional, Noruega tiene un serie de obligaciones relativas a impedir la trata, proteger a las víctimas de trata y garantizar la investigación y el procesamiento efectivos de los delitos de trata. Para cumplir adecuadamente las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional, Noruega debe hacer efectiva su estrategia contra la trata sin violar los derechos humanos.

 

La magnitud y las formas de intervención punitiva en el mercado del comercio sexual que el gobierno y el marco jurídico noruegos apoyan actualmente comprometen la seguridad de muchas personas que venden servicios sexuales y contribuyen directamente a violaciones de sus derechos humanos. Al mismo tiempo, las pruebas en que las autoridades noruegas se han basado para justificar las medidas de represión punitivas como iniciativas efectivas contra la trata son fundamentalmente deficientes y se ven menoscabadas por pruebas alternativas que demuestran que, con frecuencia, la represión policial en el mercado del trabajo sexual tiene efectos negativos en las víctimas de trata.

 

Pese a que se promocionan como medidas contra la trata, no queda claro hasta qué punto iniciativas como la “Operación Sin Techo” han contribuido a identificar a las víctimas y a los responsables de trata. De los 280 casos de trata de personas para el comercio sexual denunciados en Noruega entre 2006 y 2014, sólo 32 han dado lugar a sentencias condenatorias de los responsables. En Oslo, la tasa anual de sentencias condenatorias ha oscilado entre cero (en 2010, 2012 y 2014) y tres (en 2011).

 

La aplicación del marco legislativo y el enfoque de “actuación policial preventiva” en el trabajo sexual están incrementando la vulnerabilidad de las personas que venden servicios sexuales en Noruega, exponiéndolas a un mayor riesgo de sufrir explotación. La expulsión estratégica de muchas mujeres migrantes que venden sexo, algunas de las cuales podrían ser víctimas de trata, también da lugar a que no se detecte la trata ni se identifique a las víctimas, lo que expone a las personas a volver a ser objeto de trata. Significa además que los responsables de esos casos no comparecen ante la justicia. La medida simplista del éxito que Noruega aplica a su trabajo contra la trata —a saber, la reducción general del mercado del comercio sexual— significa que, en la práctica, el gobierno puede presentar como exitosa la expulsión de víctimas de trata a otros países. Un representante del Departamento de Policía de Oslo reconocía lo siguiente: “Expulsa[n] a víctimas de trata. Muchas de ellas no saben que son víctimas, pero, con arreglo a la ley , lo son”.

 

Además, la conclusión general de que en Noruega la incidencia del trabajo sexual y, por asociación, de la trata, ha disminuido sustancialmente por la adopción del llamado “modelo nórdico” ha sido cuestionada sistemáticamente por especialistas en ese campo, que señalan “demasiadas incertidumbres” en los datos utilizados para argumentar el éxito de este enfoque.

 

Las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional describieron motivos diversos para dedicarse al trabajo sexual. Para muchas, el trabajo sexual constituía un medio para abordar las dificultades económicas a las que se enfrentaban ellas o sus familias. La exclusión social, la marginación y la pobreza pueden ser factores en la decisión de comenzar a ejercer el trabajo sexual. Los Estados tienen la obligación de abordar esta injusticia social y económica respetando y protegiendo los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas. Para garantizar que las personas no tienen que depender de la venta de servicios sexuales para satisfacer sus necesidades inmediatas ni las de sus familias, los Estados deben tomar medidas que garanticen que las personas disfrutan de sus derechos humanos, como el derecho a un nivel de vida adecuado, a la educación, a la salud y a no ser discriminadas, entre otros. Los Estados también deben garantizar que las personas pueden participar libremente en la sociedad, sin injerencias indebidas ni represión del Estado.

 

En lugar de dar prioridad a la realización de los derechos humanos de las personas que venden servicios sexuales como objetivo central de la elaboración de políticas en este ámbito, el gobierno noruego ha adoptado un enfoque basado en la penalización. Esencialmente, este enfoque apoya la reducción/erradicación del mercado del comercio sexual por encima de todos los demás objetivos, por lo que, con frecuencia, ignora su impacto en los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual o le concede menos importancia que al objetivo de la reducción/erradicación.

 

Por tanto, Amnistía Internacional pide a las autoridades noruegas que cambien de enfoque y basen su respuesta al comercio sexual en la protección de los derechos humanos de todas las personas que venden servicios sexuales. Amnistía Internacional pide al gobierno noruego que emprenda un programa de reformas jurídicas que despenalice el trabajo sexual de personas adultas ejercido con consentimiento y garantice a las personas que venden servicios sexuales salvaguardias jurídicas frente a la explotación que cumplan las normas internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional recomienda que el gobierno noruego desarrolle y publique un Libro Blanco que formule recomendaciones sobre el establecimiento de un marco legislativo, normativo y regulador que haga efectivos los derechos humanos de las personas que venden servicios sexuales en Noruega, y que financie un proyecto de investigación a largo plazo que proporcione conocimiento sobre las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores del sexo en Noruega.

 

Amnistía Internacional también recomienda que el próximo plan nacional de actuación sobre la trata confirme la distinción entre el trabajo sexual de personas adultas ejercido con consentimiento y la trata de personas, y garantice que las medidas contra la trata no afectan negativamente a los derechos humanos y la dignidad de ninguna persona, en particular de las víctimas de trata, las que venden servicios sexuales, las migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo. Amnistía también pide el cese inmediato en el uso de las prácticas de actuación policial como “método de estrés” contra las personas que venden servicios sexuales en Noruega.

 

Al final de la versión íntegra del presente informe figuran recomendaciones adicionales.

 

 

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EL COSTE HUMANO DE “MACHACAR” EL MERCADO:

LA PENALIZACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL EN NORUEGA

 

RESUMEN EJECUTIVO

 

En 2009 Noruega se convirtió en el tercer país nórdico en penalizar la compra de servicios sexuales. Aunque la venta directa de servicios sexuales no es ilegal, el código penal prohíbe la “promoción” del trabajo sexual. Esta prohibición se aplica a una amplia gama de actividades asociadas con la organización del trabajo sexual, como el alquiler de lugares seguros o el ejercicio junto con otras personas por seguridad.

 

Con la adopción de un enfoque de “actuación policial preventiva”, la policía ha pretendido “machacar” el mercado del comercio sexual mediante la imposición de sanciones por infracciones menores para desestabilizar a quienes operan en él. Esto dio lugar a desalojos sistemáticos e inmediatos de los lugares de trabajo y domicilios de muchas personas dedicadas al trabajo sexual . Las personas que ejercen el trabajo sexual denuncian que están obligadas a correr mayores riesgos para proteger a sus clientes frente a la detención policial, como visitarlos en sus domicilios o disponer de menos tiempo y oportunidades para evaluar los riesgos de atender a potenciales clientes maltratadores. Puesto que el denunciar abusos y actos violentos expone a las trabajadoras y los trabajadores sexuales a un posible desalojo y, en algunos casos, a la expulsión, muchos de esos actos quedan sin denunciar. En Noruega el trabajo sexual continúa estando muy estigmatizado, lo que contribuye a que quienes se dedican a él sean objeto de discriminación, marginación y explotación.

 

El presente informe formula recomendaciones para que se reforme la legislación actual y medidas que adoptar para proteger los derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores del sexo en Noruega.

 

 

 

 

 

Madrid merece putas con derechos

 

 

Por Mamen Briz (Hetaira)

 

Colectivo Hetaira·Martes, 31 de enero de 2017

 

Ponencia de Mamen, del Colectivo Hetaira, en Madrid, el 17 de diciembre de 2016 (Centro Dotacional Integrado de Arganzuela dentro de la Jornada El respeto de los derechos humanos en el trabajo sexual)

 

¿Qué hacemos con la prostitución en la ciudad de Madrid?

 

Ha pasado ya más de un año y medio desde aquel día, el 24 de mayo de 2015, en que las urnas decidieran “echar” a Ana Botella y al equipo de Gobierno del PP de Madrid.

 

Mucha gente lo celebró. Las prostitutas entre otras.

 

Lo celebraron ellas y lo celebramos quienes venimos haciendo, desde hace años, activismo en la defensa de los derechos de las prostitutas.

 

Pensábamos que, por fin, tendríamos la oportunidad de conseguir que la situación de las trabajadoras del sexo mejorase en nuestra ciudad. Pensábamos que podríamos dejar atrás años de desprecio por parte del anterior equipo de Gobierno.

 

Hetaira nunca ha tomado “partido”, ni hemos pedido el voto para ninguna formación política. Nuestra tarea ha consistido en informar sobre la situación real de las prostitutas en la ciudad y en el resto del país y en explicar qué queremos decir cuando hablamos de derechos o de la necesidad de descriminalizar el trabajo sexual. Por lo general, las formaciones políticas –de todo signo y color- nos han pedido reuniones previas a la redacción de sus programas electorales. En otros momentos, hemos sido nosotras quienes hemos solicitado reunirnos con partidos políticos concretos. Pero la realidad es que, a lo largo de nuestros 21 años de existencia, hemos coincidido, en no pocas ocasiones, con activistas de otras organizaciones que forman parte, en la actualidad, de Ahora Madrid.

 

La conformación de Ahora Madrid fue un proceso largo. Y se pidió a Hetaira que participase en diferentes reuniones para poder “repensar” qué hacer con la prostitución. Y allí estuvimos.

En las diferentes reuniones y espacios donde nos encontramos, las hetairas explicamos, por activa y por pasiva, cuáles pensábamos que podrían ser las mejores políticas municipales en materia de prostitución.

 

De todos aquellos procesos, salió una propuesta breve, pero clara, que se incorporó al programa electoral de Ahora Madrid.

 

El programa de Ahora Madrid recogía lo siguiente: “Desarrollar políticas a favor de los derechos de las prostitutas en colaboración con ellas, de forma que se garantice su integridad física, sus derechos ciudadanos, sus derechos de imagen, sus condiciones laborales y los recursos sociales necesarios para el abandono del ejercicio de la prostitución si así lo deciden”. [Programa electoral de Ahora Madrid, p.35]

 

El acuerdo PSOE-Ahora Madrid sabíams que no nos beneficiaría si la prostitución se convertía en moneda de cambio (como así parece estar ocurriendo); pero nunca pensamos que el equipo municipal de Ahora Madrid, más concretamente el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, a cargo de Marta Higueras, se manifestara a favor de un modelo victimista y de criminalización del trabajo sexual y a favor de las políticas heredadas por Ana Botella, dándolas por válidas, sin ningún sentido crítico, sin revisar qué filosofía esconden estas políticas, sin evaluar las repercusiones que han tenido sobre las personas que ejercen la prostitución en la ciudad de Madrid. Y sin trabajar, codo con codo, con las afectadas.

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Pensábamos que, por fin, podríamos mejorar las condiciones de trabajo (y por tanto de vida) de las prostitutas, sobre todo de aquellas que lo tienen más difícil: las prostitutas que captan a su clientela en la calle o de aquellas otras que, debido a las políticas de persecución y criminalización que se efectúan en la calle, deciden trabajar en pisos o clubs si poder negociar sus condiciones de trabajo.

 

Pensábamos que sería el momento de cerrar página, de esquivar el estigma que pesa sobre ellas. Por fin un Ayuntamiento que no gastase ingentes cantidades de dinero en actividades y en “supuestas” campañas de sensibilización que les venían haciendo un flaco favor a las prostitutas, ya que ahondaban en el estigma puta.

 

Pensábamos que sería el momento de negociar, por fin, espacios públicos donde las mujeres pudiesen trabajar sin molestar ni ser molestadas. No es económicamente imposible, tan sólo se necesita voluntad política para poner en marcha un proyecto piloto.

 

Pensábamos que sería el momento en que, por fin, las instituciones recibieran a las trabajadoras del sexo sin tener que soportar miradas de desprecio. Pero tampoco ha sido así, ni tan siquiera son reconocidas como lo que son: trabajadoras del sexo y se refieren a ellas como “prostituidas”.

Nunca nos recibió Manuela Carmena, algo que sí ha hecho con otros sectores sociales, con las trabajadoras domésticas organizadas, por ejemplo. Existen fotografías de ese encuentro y desde las redes sociales de Ahora Madrid se difundió por activa y por pasiva.

 

En la primera reunión de Hetaira con el equipo municipal, fuimos “redirigidas” a Marta Higueras. Tuvimos dicha reunión el 7 de septiembre de 2015, y no contó con ninguna foto “oficial”, ni se contó por las redes sociales, ni escuchamos una sola frase de compromiso en defensa de los derechos de las prostitutas. Tan sólo escuchamos en la despedida: “Ya os informaremos”; es decir, se nos cerraba la posibilidad de participación en las políticas públicas dirigidas a las prostitutas. Tras la reunión, expresamos nuestro malestar al equipo de Gobierno de Ahora Madrid.

 

Pero no desistimos, volvimos a solicitar una nueva reunión con Manuela Carmena -junto con nuestras compañeras de AFEMTRAS- en el mes de mayo de 2016; nos comunicaron que sería posible tras el verano. Estamos en diciembre y aún no hemos sido convocadas.

 

Pero volvamos al programa de Ahora Madrid: “Desarrollar políticas a favor de los derechos de las prostitutas en colaboración con ellas”. Tras aquella primera reunión, nunca más se ha vuelto a contar con las organizaciones pro derechos ni tampoco con las organizaciones propias de trabajadoras del sexo. La “colaboración” se cayó del programa.

 

Continuemos… “de forma que se garantice su integridad física, sus derechos ciudadanos, sus derechos de imagen, sus condiciones laborales”. Nada de esto ha ocurrido: no se ha hecho absolutamente nada para trabajar en la integridad física de quienes ejercen la prostitución, sobre todo de quienes captan a su clientela en la calle, en lugares apartados de los centros urbanos, que continúan abandonadas a su suerte y sufriendo, como novedad, las multas, a consecuencia de la ley mordaza.

 

Ni siquiera la denuncia de abusos policiales por parte de algunos miembros de la XI Brigada de la UCRIF hacia las prostitutas ha hecho reaccionar al equipo municipal, a pesar de que conocían estos hechos. Por eso el miércoles, día 14 de diciembre de 2016, convocamos a una cacerolada ante las puertas del Ayuntamiento de Madrid. Para volver a llamar la atención. Para que no se olviden de nuestra existencia y para que no miren hacia otro lado cuando denunciamos insultos (racistas, sexistas, tránsfobos), humillaciones y abuso de autoridad.

 

Tampoco reaccionó Purificación Causapié, concejala en el Ayuntamiento por el PSOE, con quién también nos reunimos el pasado 30 de junio de 2016. Porque, a pesar de conocer las ideas abolicionistas del PSOE, entendíamos que los abusos policiales que estaban teniendo lugar contra las prostitutas del Polígono de Villaverde debían estar por encima de sus ideas en torno al trabajo sexual. Pero no, no ha sido así.

 

Tampoco se han garantizado sus “derechos de ciudadanía”, a no ser que entendamos que la ley de seguridad ciudadana, la famosa ley mordaza, se haya empleado a gusto contra ellas. Podemos decir que por una vez se reconoce a las prostitutas como ciudadanas de pleno derecho, sí “ciudadanas multadas”.

 

Con respecto a sus “derechos de imagen” no solamente no se ha hecho nada sino que se ha perjudicado intencionadamente a algunas activistas-trabajadoras del sexo haciendo uso de sus imágenes, sin su consentimiento, en la famosa “guía de recursos para periodistas” [sobre la que volveré más tarde] titulada El abordaje de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

 

Sobre el garantizar sus “condiciones laborales” tampoco ha habido ni un solo cambio ni mejora. Las condiciones laborales continúan siendo paupérrimas y agravadas por la puesta en marcha de la ley mordaza.

 

Por último, decía el programa electoral de Ahora Madrid: “y los recursos sociales necesarios para el abandono del ejercicio de la prostitución si así lo deciden”.

 

Desde Hetaira siempre hemos puesto el foco de atención en exigir protección real para las víctimas de trata; derechos laborales y sociales para quienes deseen continuar ejerciendo y, por último, alternativas de empleo para quienes deseen, por los motivos que sea, abandonar el ejercicio de la prostitución.

 

Y aquí, sí, tenemos que decir que en éste último punto se ha hecho algo: se ha dado continuidad a algunos de los cursos puestos en marcha por Ana Botella. El Ayuntamiento de Madrid aprobó en 2015 un presupuesto de 72.000 euros y becó a 30 mujeres (600 euros mensuales por asistir a los cursos de formación, durante 4 meses). En 2016 el presupuesto ha sido de 76.500 euros y el número de becas 31. A falta de una evaluación concreta para conocer el éxito de la formación recibida y, si ésta es la más adecuada y demandada por las prostitutas, tan sólo contamos con la cifra que se ofrecía desde Concepción Arenal: 8 mujeres de 30 encontraron otra ocupación, todas en tareas de cocina y de camareras de piso.

 

Desde Hetaira entendemos que las becas han de ampliarse, es insuficiente fijar en 30/31 de forma anual. La cantidad de la beca no llega al salario mínimo interprofesional y es complicado pagar el alquiler, las facturas, la comida y el transporte en la ciudad de Madrid y llegar a fin de mes. Muchas mujeres siguen ejerciendo la prostitución al tiempo que estudian y el Ayuntamiento es conocedor de ello. Por otro lado, exigimos la diversidad de cursos ofertados, porque ofrecer trabajos precarizados y fuertemente feminizados no puede ser la única solución. Las trabajadoras del sexo cuentan con muchas otra habilidades y el abanico de posibilidades debería ampliarse: azafatas en eventos y congresos, recepcionistas de hotel… tienen don de gentes y algunas conocen varios idiomas.

 

La gestión de estos cursos y la “fase de inserción laboral” corre a cargo del proyecto Atención Víctimas Explotación Sexual Concepción Arenal, el mismo que puso en marcha Ana Botella y que continúa con su misma filosofía heredada. Porque este recurso deja bien claro quiénes son las personas beneficiarias del mismo: “Mujeres en situación de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual en el municipio de Madrid”. Ni siquiera nombra a las “prostitutas” ni a las “trabajadoras del sexo”. Quien quiera acudir al recurso, para empezar, ha de cambiar la propia forma de autonombrarse. En la información sobre dicho recurso, que aparece en la página web del Ayuntamiento de Madrid, se habla tan sólo de “mujeres víctimas de explotación sexual”. Nos preguntamos: “¿quiénes son las víctimas de explotación sexual?”

 

Recordamos que el delito de trata ya está reflejado en nuestro Código Penal, no así la “explotación sexual”.

 

“Explotación sexual” es un concepto muy discutible si nos atenemos a lo que plantea GAATW (Alianza Global contra la Trata de Mujeres): “No existe una definición internacional del término “explotación sexual”, con lo que cada país puede definir y abordar ésta como considere apropiado, teniendo así un gran margen de actuación”.

 

Lo que está sucediendo es que el término “explotación sexual” se utiliza como sinónimo de “prostitución” de forma intencionada para ahondar en la idea de que prostitución= “explotación sexual”.

 

Cuando se elaboró el Protocolo de Palermo, por el año 2000, la OIT ya recomendó eliminar este término y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, en junio de 1999, también recomendó suprimirlo para evitar las dificultades de implementación inherentemente asociadas a los términos vagos, imprecisos y emotivos (como ocurre con “explotación sexual”) cuando estos son utilizados refiriéndose a los adultos.

 

Si tal y como afirma la coordinadora del recurso Concepción Arenal: el 50% de mujeres que atienden son víctimas de redes. Nuestra pregunta es: ¿Por qué no lo denuncian ante las autoridades judiciales para que puedan recibir la protección adecuada y que se active el sistema judicial-policial para condenar a los “tratantes”?

 

Hemos tenido algunos otros encuentros y reuniones con miembros de Ahora Madrid. En concreto con Javier Barbero, delegado del Área de Salud, Seguridad y Emergencias, y con Guillermo Zapata, concejal presidente de los distritos de Fuencarral-El Pardo y Villaverde. En la reunión con Barbero, y en la que también estaba presente la Plataforma No Somos Delito, se habló de hacer una mesa de seguimiento de las vulneraciones de derechos de la ley mordaza. Hubo nota de prensa y foto, pero finalmente no se puso en marcha. Con Guillermo Zapata hemos mantenido varias reuniones tratando de conseguir una mesa en donde pudiéramos llegar a acuerdos entre comerciantes, vecindario y las mujeres que ejercen la prostitución en el Polígono de Villaverde; pero tampoco ha prosperado.

 

¿Qué otras cosas se han hecho desde el Ayuntamiento de Madrid en relación a las prostitutas, putas o trabajadoras del sexo?

 

  1. Publicidad ilícita

 

El 25 de noviembre de 2015, PP, PSOE, Ciudadanos y Ahora Madrid aprobaron en un pleno municipal considerar “publicidad ilícita” a los anuncios de prostitución que en ocasiones aparecen en los coches aparcados en las calles de Madrid, amparándose en la Ley General de Publicidad que considera “publicidad ilícita” los anuncios que presenten a las mujeres de forma vejatoria o discriminatoria: “Utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo como mero objeto”. No hay que estar muy “viva” para darse cuenta de casi el 90% de la publicidad vende sus productos a través de “cuerpos”, cuerpos jóvenes siempre, de mujeres y de hombres… Así que el PP incorporó lo siguiente: “Anuncios que muestren también al hombre ‘como una mercancía’.

 

El delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, señaló que la Policía Municipal no actuará de igual modo ante los anuncios de prostíbulos y los que realizan: “Mujeres que ejercen la prostitución por su cuenta y hacen ellas mismas las fotocopias”. Un apunte interesante por su parte y que agradecemos.

 

A fecha de hoy, no tenemos constancia de qué repercusión ha tenido esta medida sobre la publicidad que se exhibe en coches y mobiliario urbano. Desconocemos si se ha podido hacer alguna evaluación de la misma. Desconocemos si sirvió para algo. Además de para divagar sobre la publicidad.

 

  1. Guía de recursos para periodistas El abordaje de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

 

El día 23 de septiembre de 2016, fue declarado por la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas (una coalición con una filosofía abiertamente abolicionista y que no tiene en cuenta la diversidad de situaciones entre quienes ejercen la prostitución), como Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Al margen de no entender esta asimilación de mujeres (es decir, personas adultas con capacidad de decisión sobre sus propias vidas) con “Niñas y niños” (menores a quienes hay que proteger). A pesar de que “tráfico” de personas significa una cosa y “trata” otra. A pesar de que no hay una única definición de “explotación sexual”; a pesar de todo ello, el Ayuntamiento de Madrid decidió que era el día perfecto para presentar en sociedad la guía de recursos para periodistas El abordaje de la prostitución y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

 

Se nos invitó a la presentación de la misma y allí estuvimos, sin entender nada de lo que estábamos escuchando. Oyendo más de lo de siempre, ninguneando a las trabajadoras del sexo, ninguneando sus necesidades, discriminándoles y estigmatizándoles como siempre se había venido haciendo desde la corporación municipal. El cambio no ha llegado para las trabajadoras del sexo.

 

Pero entre todas las opiniones las que más indignación nos causaron fueron las que vertió la alcaldesa, ya que no representaban para nada las diferentes sensibilidades que se dan dentro de su propio grupo municipal, a la par que barrenaba su propio programa electoral. Carmena esgrimió frases como ésta:”Es muy útil para conocer el acto de explotación individual que tantas mujeres sufren sólo porque un hombre ha decidido explotarlas” o ésta otra: “Hay que profundizar en las causas de la demanda de prostitución y utilizar el periodismo de datos para desmontar la hipocresía sistemática de esta sociedad”. Palabras-humo.

 

La guía propone, entre otras cosas, sustituir las palabras “prostituta” o “puta” por “mujer en situación de prostitución, víctima de trata o de explotación sexual o mujer prostituida”. También recomienda cambiar los términos al referirnos a los clientes. Sugiere llamarlos “puteros” o “demandantes de prostitución”. Es decir, que el Ayuntamiento impide que las trabajadoras del sexo se autonombren como deseen y les indica a los medios de comunicación cómo han de referirse a ellas (1). Es determinante, conocer cómo se autonombran los diferentes colectivos y no privarles de su capacidad de decisión como si necesitaran de tutela permanente.

 

Claro que cuando algo no se nombra, no existe, esto es lo que les ocurre con frecuencia a las prostitutas; podemos considerar “invisibilidad institucional” como discriminación. Confundir “trata” y “prostitución”, además de suponer un insulto a la inteligencia, y hacerlo de forma intencionada tiene consecuencias sobre las vidas de las prostitutas. Claro que es difícil pensar en las vidas de personas concretas, cuando son personas que ni conocemos ni deseamos conocer.

 

Otra perversión más, la guía -a pesar de no haber contado para su elaboración con activistas pro derechos ni con trabajadoras del sexo, ni con periodistas especializados en derechos humanos- cita a Hetaira (no sabemos si como forma de “contentar” o de que pareciera “plural”); cita a Hetaira para contradecir sus tesis y además nos cita mal, nos cita como “corriente pro reguladora” (pág. 28, 37 y 67), cuando jamás apostamos por la “regulación de la prostitución”, somos pro derechos (que es muy distinto). En la página 72, recomiendan a los periodistas que no recojan sólo la voz de las prostitutas cuando se manifiestan (a pesar de ser ellas las protagonistas), que hay que dar voz también a quien no se manifiesta ese día y está en contra de las prostitutas, vaya. Es como recomendar a los periodistas que en las manifestaciones por el derecho al aborto pasen el micrófono a las organizaciones pro vida.

 

En las últimas páginas de la guía aparecen fotografías de putas empoderadas, mujeres que han decidido dar la cara por todas sus compañeras. Y ahí están sus fotos y se les critica por no representar a todas las prostitutas, porque son de alto standing. Jamás pretendieron representar a “todas” las prostitutas. Las escorts lo que sí han hecho ha sido solidarizarse con quienes lo tienen más difícil. En el último mes ha surgido otra crítica: algunas mujeres de quienes están dando la cara no son “auténticas mujeres”, son “transexuales”. Por tanto, tampoco son representativas. El Área LGTB de Ahora Madrid tendría que tenerlo en cuenta.

 

En definitiva, la guía sirve para continuar estigmatizando a las prostitutas y servirá de poco o nada a los y las profesionales del periodismo.

 

Ante la crítica de dicha guía, por parte de asociaciones pro derechos y de asociaciones de prostitutas de Madrid y Barcelona, la única voz que escuchamos dando explicaciones fue la de Rita Maestre, portavoz del grupo municipal, quien muy brevemente explicó, tras la pregunta de un periodista, que se trataba de un tema “muy complejo” (esto no se le escapa a nadie, por cierto) y que no valen los “brochazos gordos”.

 

Estamos de acuerdo con ella en que el tema es complejo, muy complejo, pero no tanto para decidir no estar “con ninguna postura” (ni abolicionista ni pro derechos; ésta es una nueva moda, decid que una no se decanta por ninguna, como si esto sirviera para algo). Pero el equipo municipal no es que ante la complejidad haya decidido esperar, no, ante la complejidad ha decidido continuar aplicando políticas públicas que conllevan graves consecuencias sobre la vida de las mujeres que ejercen la prostitución, por ejemplo, profundizando en el estigma. Y declarar que no valen los “brochazos gordos”, aunque la guía para periodistas, no haya usado “pinceles finos” precisamente.

 

Problemas complejos nos rodean siempre y sin embargo, a pesar de la complejidad, tomamos partido, porque tomar partido es la única vía para buscar soluciones. Así el Ayuntamiento, a pesar de lo complejo del tema, decide, por ejemplo, involucrarse en la exigencia del cierre de los CIES. Podríamos dejar de debatir y apoyar a estas mujeres que esperan de nuestra respuesta y de nuestra solidaridad. ¿Debatimos mientras denuncian que son acusadas por determinados individuos de una unidad policial de la UCRIF? ¿Debatimos mientras les aplican la ley mordaza? ¿Debatimos mientras las deportan?

 

El día 28 de septiembre de 2016, publicaba el Huffington Post (2): “De momento, el Ayuntamiento de Madrid no ha respondido al comunicado de Hetaira y AFEMTRAS. “Nuestra idea es esperar, a ver si hay algún tipo de reacción para poder seguir consensuando. Si queremos una guía que sea práctica tanto para mujeres como para periodistas, esperemos poder retomarlo”, explicábamos. Pero estamos acabando el año y nuestra entrevista con Carmena continúa a la espera.

 

  1. Ordenanza de convivencia de consenso

 

Al día siguiente, el 29 de septiembre, la portavoz municipal Rita Maestre anuncia que se está trabajando en una ordenanza de convivencia de consenso: “La ordenanza va precedida de un periodo de diálogo previo para conocer la opinión de todos los actores”. Aún no hemos sido convocadas a ninguna reunión para poder dar a conocer nuestra opinión sobre el efecto pernicioso de las ordenanzas de convivencia impuestas en otras ciudades de nuestra geografía y que criminalizan y ahondan en el estigma puta.

 

  1. Jornadas en dependencias municipales

 

Por otro lado, y en este repaso que estamos haciendo sobre qué ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en relación a la prostitución, han tenido lugar dos jornadas internacionales sobre prostitución y trata en diferentes dependencias municipales (en septiembre de 2015 y en septiembre de 2016), organizadas por la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres.

 

  1. II Plan contra la explotación sexual y la atención a la prostitución en la ciudad de Madrid

 

El II Plan contra la explotación sexual y la atención a la prostitución en la ciudad de Madrid se puso en marcha en enero de 2013 y finaliza ahora en diciembre de 2016. En su descripción dice que se elaboró teniendo en cuenta un enfoque “integral y transversal”. El plan incluye una evaluación con unos indicadores un tanto asombrosos.

 

Desde Hetaira exigimos una evaluación del plan para conocer su impacto sobre la población a la que va dirigida, en donde esta población pueda aportar su opinión. Pero entendemos que es difícil evaluar un plan con indicadores como los que incorpora. A modo de ejemplo: “Intensificar la presencia de la Policía Municipal y la Unidad Móvil “Concepción Arenal” en las cercanías de los centros educativos de la Colonia Marconi para dificultar el ejercicio de la prostitución durante los períodos de entrada y salida de los/as escolares y otros espacios de la Colonia Marconi. INDICADOR: nº de mujeres en situación de prostitución en la Colonia Marconi en horario de entrada y salida de los centros educativos”.

 

O éste otro: “Apoyar la instalación de empresas en el Polígono El Gato estableciendo un protocolo de actuación conjunta que garantice que se trata de un territorio libre de prostitución”.

Así que tal vez sea más eficaz que el Ayuntamiento actual tumbe el plan y se ponga a trabar en otro que realmente ponga por delante los derechos humanos y que cuente en la planificación y desarrollo de políticas públicas municipales que tengan en cuenta a las trabajadoras del sexo.

 

  1. Ley de Seguridad Ciudadana y el celo en su aplicación: denuncia de abusos policiales.

 

En julio de 2015, entró en vigor la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, de carácter estatal, más conocida como ley mordaza, que ofrece la misma receta para quienes ejercen la prostitución y captan su clientela en la calle: criminalización y multas. La innovación y las ideas críticas brillan por su ausencia. La Delegada de Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa dejó muy claros los objetivos de la intervención policial: “Controlar, erradicar y combatir la prostitución”. Con la ley mordaza se puso en marcha una potente maquinaria represiva contra las prostitutas.

El Ayuntamiento de Madrid dejó de tramitar las multas impuestas por la Policía Municipal y las enviaba a Delegación de Gobierno, para que resolviera. Probablemente las multas por el ejercicio de la prostitución hayan sido de las más numerosas, pero nunca se interesó el consistorio por conocer cómo estaban afectando a las prostitutas y si debía/podía intervenir de algún modo.

 

Más tarde, les hicimos llegar nuestro malestar por los abusos policiales y pusimos todos nuestros datos bajo su conocimiento, pero tampoco hubo respuesta.

 

Es la primera vez que realizamos una actividad las asociaciones que trabajamos por los derechos de las prostitutas en dependencias municipales.

 

Muchas gracias por su presentación a la concejala de Ahora Madrid del distrito de Arganzuela, Rommy Arce, por facilitar que la voz de las prostitutas se escuche.

 

  • (1) Como anécdota, la propia Marta Higueras, delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, asistía al I Congreso sobre Empleo de Hogar y Cuidados. Visibilizar para transformar y aplaudía una intervención en donde las trabajadoras del hogar/trabajadoras domésticas reivindicaban autonombrarse como mejor les parezca.

 

(2) “Dos asociaciones de prostitutas critican la guía periodística de Manuela Carmena”, de Carolina Abellán , 28/09/2016: http://www.huffingtonpost.es/2016/0…#

 

 

Grupos de trabajadoras sexuales de la India rechazan la conferencia global para la abolición de la prostitución

 

sex-workers

 

Grupos de trabajadoras del sexo de la India dicen que no todas las mujeres en el comercio sexual son víctimas de trata o esclavas sexuales
Por Nita Bhalla

 

http://news.trust.org/item/20170131133015-eobhl/?source=hpbreaking

NUEVA DELHI, 31 ene (Thomson Reuters Foundation) – Trabajadoras sexuales de la India han criticado una conferencia mundial sobre la abolición de la prostitución, diciendo que los activistas por el fin del comercio sexual no reconocieron que algunas mujeres eran prostitutas por su elección y no debido a coerción, trata o fuerza.

Los participantes en la conferencia de Delhi —incluyendo ex trabajadoras sexuales de Sudáfrica, Canadá, India y Estados Unidos— han estado compartiendo historias de esclavitud sexual y pidiendo el fin de la prostitución castigando a clientes, proxenetas y tratantes.
Pero los grupos de trabajadoras sexuales de la India dijeron que había una diferencia entre el trabajo sexual voluntario y la explotación sexual, y que no todas las mujeres en el comercio sexual eran víctimas de trata o esclavas sexuales.

“Estamos en contra de cualquier persona que no nos reconozca como seres humanos que puedan tomar sus propias decisiones”, dijo Kiran Deshmukh, trabajadora sexual de Veshya Anyay Mukti Parishad, un colectivo de trabajadoras sexuales del estado de Maharashtra, en la India.

“Hacernos víctimas sin ninguna autonomía es una violación de nuestro derecho humano a trabajar en el trabajo sexual, al ‘abolirnos’ no nos están ayudando: están ignorando nuestra necesidad de trabajar y ganarnos la vida con dignidad”.

El trabajo sexual es ilegal en la mayoría de los países del mundo, pero existe en todas partes. Se calcula que hay 40 millones de profesionales del sexo en todo el mundo, según la fundación francesa Scelles.

Los abolicionistas dicen que la mayoría han sido atraídas, engañadas o forzadas a la esclavitud sexual por los proxenetas y los tratantes, en gran medida debido a la pobreza, a la falta de oportunidades y a tener un estatus tradicionalmente marginado en la sociedad.

Una vez obligadas a trabajar en los burdeles, en las esquinas de las calles, en los salones de masaje, en los clubes de striptease o en las casas privadas, es difícil que las trabajadoras sexuales se vayan, dicen los activistas.

Para muchos es la amenaza de abuso físico de su proxeneta lo que las mantiene en la prostitución, pero algunas se quedan por su propia voluntad, rechazadas por sus familias y sin ningún lugar donde ir.

“NO SOMOS PRODUCTOS BÁSICOS”

Grupos de la Red Nacional de Trabajadoras del Sexo de la India dijeron que los abolicionistas estaban siendo moralistas y críticos. Dijeron que la legalización del comercio regularía la industria y aseguraría que no hubiera explotación de mujeres y niñas.

“La violencia que supone una actitud de enjuiciamiento ha contribuido a la indescriptible miseria de las trabajadores del sexo, alentando a elementos lumpen a justificar la violencia ejercida sobre las trabajadoras sexuales”, dijo una declaración del grupo, firmada por más de 2.000 trabajadoras sexuales, hijos de trabajadoras sexuales y veinte grupos representantes de sus derechos.

 

Sin embargo, varios oradores de la conferencia dijeron que la gran mayoría de las trabajadoras sexuales son explotadas.

“¿Y qué importa si hay mujeres por ahí que están haciendo esto por su propia voluntad?”, dijo Rachel Moran, una sobreviviente irlandesa de la prostitución y fundadora de la ong SPACE International.

“Hay 40 millones de mujeres y niñas en esta tierra que se prostituyen y aunque haya una pequeña minoría de las que dicen que lo han elegido de forma totalmente voluntaria, eso no niega la experiencia de la gran mayoría”.

La actriz de Hollywood Ashley Judd, que asistió a la conferencia como una fuerte defensora de la abolición de la prostitución, dijo que las mujeres y las niñas eran compradas y vendidas como productos básicos y que había que tomar medidas para poner fin al comercio sexual mundial.

“Tenemos que poner la carga y la vergüenza donde corresponde, esto es, en el perpetrador, el agresor y la persona que piensa que los cuerpos de las mujeres y las niñas son comprables”, dijo Judd.

“No somos mercancías, somos seres humanos y tenemos derecho a la integridad corporal, la dignidad sexual y el derecho a estar libres de toda forma de invasión corporal”.

El Congreso Mundial para la Eliminación de la Explotación Sexual de Mujeres y Niñas —que reúne a 250 organizaciones benéficas y activistas, así como académicos, sindicatos y abogados de 30 países durante tres días— termina el martes.

 

 

Canadá: las trabajadoras sexuales necesitan la despenalización

El World Policy Journal comienza cada número con la Gran Cuestión, donde pedimos a un panel de expertos que ofrezcan información sobre el tema de la portada. La pregunta para el número de invierno 2016/2017 Política Mundial Interrumpida es: ¿Qué necesitan las trabajadoras sexuales para controlar mejor sus condiciones de trabajo? A continuación, Brenda Belak explica por qué la despenalización del trabajo sexual es un modelo mejor que la legalización.

El World Policy Journal comienza cada número con la Gran Cuestión, donde pedimos a un panel de expertos que ofrezcan información sobre el tema de la portada. La pregunta para el número de invierno 2016/2017 Política Mundial Interrumpida es: ¿Qué necesitan las trabajadoras sexuales para controlar mejor sus condiciones de trabajo? A continuación, Brenda Belak explica por qué la despenalización del trabajo sexual es un modelo mejor que la legalización.

 

 

27 de enero de 2017

 

Por Brenda Belak

 

http://www.worldpolicy.org/blog/2017/01/27/canada-sex-workers-need-decriminalization

 

 

La penalización del trabajo sexual conduce directamente a la explotación. Pone a las trabajadoras del sexo en situaciones en las que tienen poco control sobre sus condiciones de trabajo porque su principal preocupación es evitar ser detenidas por la policía. Esto significa que las trabajadoras sexuales forman parte del mercado de trabajo informal, sin recurso legal cuando se infringen sus derechos laborales. Están excluidas de todas las protecciones disponibles para otras trabajadoras, incluidas las leyes laborales y las normas de salud y seguridad en el trabajo. La penalización también encadena a las trabajadoras al trabajo informal, porque con antecedentes penales o una brecha en en la vida laboral, es más difícil volver a unirse al mundo del trabajo “correcto”.

 
Los mismos problemas existen en el caso de la penalización parcial, incluido el modelo nórdico de “terminar con la demanda”, que se basa en la idea de que las trabajadoras sexuales pueden ser protegidas al otorgarles inmunidad a ellas y penalizar a sus clientes y a los terceros con los que trabajan. En los países en los que se ha empleado este modelo (Suecia, Noruega, Islandia y, más recientemente, Canadá) no ha habido una reducción marcada en el número de trabajadoras sexuales como resultado directo del cambio legal. Mientras tanto, la investigación ha demostrado que el número de trabajadoras sexuales al aire libre en muchos países disminuye debido al mayor uso de Internet para conectarse con los clientes.

 
Cuando cualquier aspecto de la industria del sexo es penalizado, las trabajadoras sexuales operan bajo condiciones de mayor riesgo. Las trabajadoras sexuales basadas en la calle son más propensas a trabajar solas y en áreas aisladas, con un tiempo mínimo en la evaluación de los clientes. Las trabajadoras de interior tienen problemas para que los clientes revelen datos personales tales como sus nombres reales, referencias o información telefónica. Esto deja a los clientes sin rastro si resultan ser violentos. Las trabajadoras del sexo tampoco pueden beneficiarse de la seguridad de tener otro personal cerca. Todas las trabajadoras sexuales temen a la policía, lo que significa que no recurrirán al sistema de justicia penal si experimentan violencia. Esto permite a los depredadores que se presentan como clientes, así como a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, abusar de las trabajadoras del sexo. Además, la represión de los compradores alienta a las trabajadoras sexuales a asumir más riesgos, trabajar por menos ingresos y participar en prácticas que podrían comprometer su salud, como las relaciones sexuales sin protección.

 
La despenalización no es legalización. La despenalización elimina todas las sanciones penales para las actividades relacionadas con el trabajo sexual, permitiendo centrarse en los derechos humanos de las trabajadoras sexuales como individuos y como trabajadoras. Los reglamentos locales de zonificación todavía se pueden usar para determinar dónde y cuándo se produce el trabajo sexual. Bajo la legalización, sin embargo, el trabajo sexual es visto como una actividad que potencialmente pone en peligro al público, y se requieren licencias y pruebas obligatorias para controlar los riesgos percibidos. Las trabajadorea sexuales que están estructuralmente marginadas —porque son pobres, racializadas, migrantes, LGBTQ o discapacitadas— a menudo no pueden cumplir con los requisitos de licencia. Esto genera un segundo nivel de trabajadoras sexuales ilegales que experimentan muchos de los peligros causados por la penalización. Obtener una licencia también puede dar lugar a violaciones de los derechos de privacidad. Debido a estos efectos negativos de la legalización, la despenalización es una opción preferible.

 
La despenalización implica eliminar todas las leyes que afectan punitivamente a la industria del sexo, aunque las leyes de aplicación general que prohíben la violencia y la trata seguirán siendo aplicadas. La despenalización permitiría a las trabajadoras sexuales disfrutar del beneficio de las protecciones laborales que disfrutan todos los demás trabajadores. Esto significaría que las trabajadoras sexuales tienen derecho a trabajar con seguridad en sus propios términos. Las trabajadoras sexuales de todo el mundo han estado pidiendo la despenalización durante décadas. Es lo que tienen que hacer los gobiernos.

 


Brenda Belak es abogada defensora de los derechos de las trabajadoras del sexo en Pivot Legal Society, una organización sin fines de lucro en Vancouver, Canadá, que hace activismo y lleva litigios estratégicos en nombre de las comunidades marginadas para lograr el cambio social. Ha trabajado extensamente en la violencia contra las mujeres como una cuestión de derechos humanos en los foros nacionales y de los Estados Unidos, y forma parte del consejo asesor de la estrategia federal de violencia de género de Canadá.

Cómo funcionan los burdeles en el Barrio Rojo de Amsterdam

 

2016-02-20-22_05_19
Felicia Anna
24 de diciembre de 2016

 

 

http://behindtheredlightdistrict.blogspot.com.es/2016/12/how-brothels-operate-in-red-light.html

 
En los últimos meses he criticado dos proyectos que intentan abrir un nuevo burdel: el My Red Light de Amsterdam y los planes de Non Nobis para un llamado “burdel humano”. La razón para criticarlos proviene del modo cómo se presentan en los medios de comunicación como algo opuesto a los burdeles existentes. En ambos casos, la cobertura mediática afirma que estos burdeles serán diferentes: más humanos, sin proxenetas, haciendo a las trabajadores sexuales menos dependientes y con más libertad. El hecho de que se presenten en los medios de comunicación así proviene del hecho de que la gente tiene muy poco conocimiento sobre lo que son los burdeles y lo que hacen, a menudo se confunden con los proxenetas y los tratantes, y son a menudo vistos como los malos de la película . Así que pensé en escribir un post sobre cómo funcionan los burdeles, para mostraros que esta imagen es incorrecta, y que los planes de los nuevos burdeles no son tan nuevos o diferentes de cómo dicen que son.

En este post me centraré en los burdeles de ventanas en Amsterdam, ya que cubrir otros tipos de burdeles requeriría más explicación, pero tened en cuenta que la mayoría de estas cosas se aplican a todos los burdeles, aunque no todo. Un burdel de ventana es básicamente nada más que una compañía que alquila los espacios de trabajo a las prostitutas de la ventana. Vedlo como un salón, donde los peluqueros pueden pagar alquiler para trabajar, o una empresa de bienes raíces que alquila espacio de negocios a una tienda, por ejemplo. Algunas personas lo comparan con un hotel, ya que los lugares de trabajo se alquilan por períodos cortos. Pero, básicamente, un operador de burdel de ventana no es más que una empresa que alquila habitaciones, eso es todo. En el Barrio Rojo de Amsterdam hay cerca de 19 diferentes operadores de burdeles de ventana que alquilan un total de 278 habitaciones, también conocidas como ventanas.

Destino del edificio
No se permite abrir un burdel en cualquier lugar. Para poner en marcha un burdel, el edificio en el que se encuentra tiene que ser asignado a un destino de la prostitución en los planes de destino de edificios de la ciudad. Sólo una cantidad limitada de edificios en Amsterdam tiene tal destino en los planes de la ciudad, basándose en la cantidad de burdeles de años atrás, pero en los últimos tiempos la cantidad de edificios con destino a la prostitución sólo ha hecho que disminuir como parte del Proyecto 1012 para cerrar burdeles en el Barrio Rojo. Una vez que el plan de destino de un determinado edificio se ha cambiado de burdel a otra cosa, el burdel actual puede permanecer en el edificio hasta que cambie de propietario, después de lo cual ya no se permite ser un burdel, a menos que el plan de destino de ese edificio sea cambiado de nuevo por el ayuntamiento.

bestemmingsplan
Como parte del proyecto 1012 en Amsterdam —el proyecto de gentrificación de la ciudad que fue vendido al público en general como un proyecto de lucha contra el crimen, pero que en realidad se trataba de un asunto de bienes raíces— muchos de los burdeles actuales en el Barrio Rojo de Amsterdam perdieron su destino de prostitución . Esto significa que si los propietarios actuales de burdeles venden sus bienes raíces, ya no se permite que sean un burdel. Ningún edificio nuevo ha sido asignado a un destino de prostitución, por lo que también es imposible que los burdeles tengan que mudarse continúen en otro lugar. En pocas palabras, están reduciendo la cantidad de lugares legales donde se permite la prostitución; no están moviendo la prostitución a otro lugar, simplemente la están obligando a ir a la clandestinidad.

Licencia

Si tienes un edificio al que se permite ser un burdel de acuerdo con los planes de construcción de destino de la ciudad, todavía necesita una licencia como operador de burdel para iniciar uno. Obtener una licencia es difícil y costoso. Sólo la solicitud de una licencia, por ejemplo, cuesta alrededor de € 1700, y no hay garantía de que sea aceptado después de solicitarlo. Una licencia es dada por la ciudad misma, después de un chequeo minucioso hecho por el gobierno en lo que se llama un procedimiento de Bibob para comprobar la integridad del operador del burdel. Este procedimiento examinará el pasado de alguien en busca de cualquier actividad o lazo criminales, para asegurar que la persona no tiene intenciones o pasado criminales.

Las historias de mierda que la gente está difundiendo acerca de los operadores de burdeles, incluyendo los de Lodewijk Asscher en el pasado, por ejemplo, sobre los operadores de burdeles que son criminales o tienen algo que ver con los crímenes es por lo tanto pura mierda. Después de todo, si esas historias fueran incluso remotamente ciertas, nunca habrían obtenido su licencia en primer lugar, y ciertamente habrían perdido su licencia si alguna de estas cosas fuera verdad. El hecho de que las personas confundan constantemente a los operadores de burdeles con los delincuentes es completamente injusto, ya que no tienen ningún vínculo o historia criminal, ¡esto ha sido completamente controlado por el propio gobierno! Por lo tanto, la limpieza del Barrio Rojo tampoco era para luchar contra el crimen, ya que si eso fuera realmente el caso, simplemente habrían perdido su licencia y la ciudad no tendría que comprar a estos operadores de burdeles por millones de euros

Las ciudades en los Países Bajos rara vez dan nuevas licencias, lo que hace casi imposible iniciar un nuevo negocio legal, mientras que al mismo tiempo muchas ciudades, incluyendo Amsterdam, están revocando las licencias de los prostíbulos existentes, creando una escasez nacional de lugares legales de trabajo para las trabajadoras sexuales. Desde que se legalizaron los burdeles en 2000 en los Países Bajos nunca se han cerrado tantos burdeles; en total, el 46% de todos los burdeles legales han cerrado desde el año 2000. Y esto ha hecho que muchas trabajadoras sexuales comiencen a trabajar de forma ilegal, ya que, aunque quieran trabajar legales, los gastos de obtener una licencia y el hecho de que a menudo se les niega hacen casi imposible conseguir una.

 

Además, los operadores de prostíbulo con control Bibob también tienen que presentar un plan de negocios completo para su burdel, que tiene que ser aprobado por la ciudad de acuerdo con sus propias leyes locales (APV). Y necesitan obtener un informe de higiene de la organización gubernamental de atención médica GGD. Por supuesto, también deben registrarse en las Cámaras de Comercio como propietarios de negocios legales, pagar impuestos y si se encuentran abusos en su burdel, la ciudad tiene el derecho de retirar inmediatamente su licencia.

 

Una prostituta menor de 21 años que trabaja en un burdel de ventanas en Amsterdam es una razón para revocar inmediatamente la licencia del operador del burdel. No seguir correctamente ninguna de las (muchas) reglas locales para los negocios de prostitución resultará en una penalización, que eventualmente puede hacer que pierdan su licencia. Estas sanciones podrían incluso ser por no reemplazar un dispensador de jabón vacío, ya que los operadores de burdeles han recibido sanciones como éstas en el pasado. Si el operador del burdel sabe que una prostituta es víctima de la trata y no lo denuncia a la policía, puede perder su licencia. Sin embargo, si lo denuncia, también puede perder su licencia, por haber permitido que una víctima de trata trabaje allí, así que realmente no hay manera de que actúen bien en una situación como ésta. Denuncien o no la víctima de la trata a la policía, en ambos casos son jodidos y arriesgan su licencia, una paradoja creada por la ciudad en busca de la sangre de los operadores de burdeles, deseosos de cerrarlos por cualquier razón.

 

Alquiler de ventanas

Los operadores de burdeles de ventana sólo pueden alquilar sus habitaciones a personas que se hayan registrado en las cámaras de comercio como prostitutas o como servicios personales, que tengan un pasaporte europeo válido y tengan por lo menos 21 años de edad. Todo es controlado por los operadores de burdeles, ya que no seguir estas reglas daría lugar a perder su licencia. El registro de las cámaras de comercio es verificado en línea todos los días por el operador de burdel para ver si sigue siendo un registro activo. Los pasaportes se verifican con un escaneo de autenticidad todos los días. Revisan su registro de la ciudad en la que viven (registro GBA) todos los días. Así que las historias de que hay prostitutas menores de edad que trabajan en el Barrio Rojo son 100% mierda.

 

Antes de que un operador de burdel de ventana te alquile una ventana, te hará una entrevista indagatoria obligatoria, algo que la ciudad ha obligado a todos los operadores de burdel . La entrevista de admisión es para asegurarse de que la prostituta en cuestión es suficientemente “autónoma” para hacer este trabajo; en definitiva, es sólo una manera de averiguar si trabajas para ti o para un proxeneta. Las preguntas violan las leyes de privacidad de los Países Bajos, pero los operadores de burdeles no tienen otra opción, ya que hacerlo es un requisito de la ciudad. Las preguntas varían desde por qué quieres hacer este trabajo, hata cuándo te fuiste de vacaciones la última vez, cómo llegaste aquí, si tienes novio, incluso preguntas sobre tu vida sexual, etc. etc. Esto se hace la primera vez que una prostituta quiere alquilar una ventana y no tiene que repetirse todos los días, a diferencia de los controles de registro. Cualquier sospecha de que la chica podría ser una víctima hará que el operador la rechace, por miedo a perder su licencia. Si una chica resulta ser una víctima más tarde, el operador del burdel debe informar a la policía, pero como eso daría lugar a perder su licencia, es problemático. Sin embargo, si no informa a la policía, también puede perder su licencia si la policía o la ciudad se enteran, por lo que los operadores de burdel están atrapados. De cualquier manera perderán su licencia, si hacen lo correcto y lo reportan a la policía o si no. Así que no hay manera de que los operadores de burdeles hagan lo correcto, debido a estas reglas de la ciudad. Es un sistema totalmente idiota, puramente construido sobre la idea de que la ciudad puede cerrar ventanas con toda facilidad, sólo buscando cualquier razón para cerrarlos.

 

Una vez que la historia de la prostituta parece bien y todos sus documentos han sido comprobados y validados, la chica firmará generalmente las reglas de la casa. Esas reglas de la casa por lo general consisten en explicar cuáles son los precios de las habitaciones para los distintos turnos, desde cuándo hasta cuándo están disponibles las habitaciones, lo que está incluido en el acuerdo, cómo hacer para tomar días libres, etc. No está permitido trabajar más de 6 días por semana, y no se les permite hacer turnos dobles. También el uso de drogas en la habitación está generalmente prohibido. La chica pagará la habitación para ese día, después de lo cual recibirá la llave de la habitación, muy parecido a como funciona un hotel. Las habitaciones se alquilan por turno, por lo que cada día ocurre el mismo ritual. La chica entra en la oficina, el operador del burdel comprueba todos los papeles y los verifica, la chica paga por la habitación, y ella consigue su llave de la habitación.

 

Las habitaciones dentro del burdel

La habitación consiste básicamente de un dormitorio; algunos son2016-02-20-22-06-31 realmente pequeños, otros son mucho más grandes, todo depende de cómo se construyó el edificio. Debido a que los edificios tienen siglos de antigüedad la mayoría de las veces, no fueron diseñados para ser burdeles. Así que básicamente lo han convertido en un burdel al dividir las diferentes habitaciones en un lugar de trabajo para una chica. Cada habitación tendrá por supuesto una cama, con un colchón de plástico por razones de higiene. Un fregadero con un grifo de agua, con toallas 2016-02-20-22_06_00de papel, un dispensador de jabón, un spray de alcohol y un spray de limpieza.

Un cubo de basura para toda la basura (toallas de papel usadas, condones usados etc.). Por lo general, los baños son compartidos con las otras habitaciones, así como la ducha. La iluminación de la habitación es gestionada por el operador del burdel; si una luz no funciona, o si desea cambiar la iluminación en su habitación, el operador de burdel puede cambiar esto por ti   , aunque muchas chicas cambian las luces de acuerdo a sus propias preferencias. A veces las chicas cambian la iluminación en la habitación, es decir, los colores de las luces, intercambiándolas con otras luces en la habitación, para lograr el mejor efecto de iluminación por sí mismas, para que la habitación tenga el mejor aspecto.

 

2016-04-23-00_13_03Cada habitación tiene una alarma y algunas, varias.. Si se presiona el botón de alarma, se notificará al operador del burdel de cualquier problema, y la regla de la ciudad es que tienen que estar presentes en 12 minutos. Algunas de estas alarmas son silenciosas, otras son increíblemente ruidosas e incluso tienen una luz amarilla en el exterior del edificio, para notificar a la gente de fuera que hay un problema. La policía también puede responder a la alarma, es básicamente una cuestión de quién llega primero. Y si el operador del burdel no puede manejar la situación (no se les permite pelear), llamarán a la policía.

 

En la habitación los operadores de burdel por lo general cuelgan una lista de reglas y líneas de guía de higiene. A menudo colgarán una lista de números de teléfono a los que pueden llamar, como el número de teléfono de la policía, la oficina del operador del burdel, atención de salud y otros números de teléfono importantes. Cosas como condones, sextoys, ropa de trabajo, lubricación, sábanas, almohadas, etc. son todas cosas que la chica tiene que traerse por su cuenta. Las habitaciones son limpiadas cada día por los limpiadores que el operador de burdel contrata, que siguen estrictas directrices de la atención de salud de la ciudad para garantizar la higiene. La mayoría de los operadores de burdeles en el Barrio Rojo son personas muy agradables, no los proxenetas que a menudo se dice que son por los medios de comunicación, políticos, formadores de opinión y personas con otros intereses. Si una chica necesita ayuda, la ayudarán, pero las reglas de la ciudad a menudo bloquean cuánto pueden ayudar a una chica. La mayoría de los operadores de burdeles tienen sus burdeles durante décadas, y a menudo son negocios familiares.

 

 

Trabajadoras sexuales de Amsterdam: las víctimas imprevistas de la gentrificación

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El plan del gobierno holandés de “limpiar” el distrito rojo de Ámsterdam y eliminar de la zona el crimen organizado ha obligado al cierre de muchas ventanas de burdeles, el desplazamiento de trabajadoras sexuales y el abandono de valiosos edificios.

 

https://www.theguardian.com/cities/2016/jan/15/amsterdam-sex-workers-unlikely-victims-gentrification-red-light-district

Viernes 15 Enero 2016

Beulah Maud Devaney

 

Un grupo de unicornios rosados se asoma a la ventana, agarrando sus teléfonos y discutiendo sobre la mejor manera de llegar a Leidseplein. Está lloviendo afuera, y los disfraces de felpa de los unicornios están empapados y fangosos en los tobillos. Las despedidas de soltero son una espectáculo frecuente en los alrededores del Oude Kerk, el corazón del barrio rojo de Amsterdam. Aparece otro grupo, vistiendo camisetas a juego diciendo “El castigo de Dave: solo pintas y stripers”. Ellos también, miran fijamente.

 
Este escrutinio es irritante pero comprensible; Estoy sentado en la ventana del Centro de Información de Prostitución de Amsterdam (PIC). A dos puertas de distancia, las mujeres escasamente vestidas se sientan en las ventanas, buscando clientes. El PIC es un café oscuro, cálido, repleto de artículos históricos sobre la prostitución, junto con brillantes decoraciones de Navidad. Al igual que el distrito de la luz roja, es una combinación de campamento sugestivo y comercialismo llamativo. Establecida por la ex trabajadora sexual y autora Mariska Majoor como un recurso de información, negocio de turismo y pastelería, es el tipo de lugar donde se puede pedir una tercera rebanada de tarta de manzana o la tarifa local de una mamada al mismo tiempo.

 
Sin embargo, cuánto durará esta política de hechos consumados hacia el seso en Amsterdam es algo que tiene a Majoor muy preocupada. Un plan gubernamental denominado Proyecto 1012 se propuso “limpiar” el distrito rojo y, desde que comenzó en 2007, se estima que se han cerrado 126 ventanas, provocando protestas de los propietarios de burdeles, una manifestación ante la alcaldía y acusaciones de que los políticos usan el comercio del sexo como chivo expiatorio para justificar un flagrante expolio de terreno. Un respiro llegó para aquellas que protestaron cuando se anunció a finales de 2015 que el ayuntamiento dejaría de cerrar las ventanas. Pero para algunas de las residentes del distrito de la luz roja, el daño ya había sido hecho.

 
Con el nombre del código postal del distrito, el proyecto 1012 pretende reemplazar las ventanas de burdeles por boutiques de lujo, cafés de lujo y proyectos de arte. La idea es hacerla menos atractiva a la ya creciente delincuencia organizada, y atraer un turismo de clase superior (bajo la suposición algo cuestionable de que la gente rica no visita a las trabajadoras sexuales). Dos nuevas empresas, la emisora de radio Red Light y el museo Red Light Secrets, son la avanzada de este proyecto gentrificador, que ha jugado bien en la prensa nacional holandesa. Pero muchos lugareños todavía necesitan ser convencidos.

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“No es tan fácil gentrificar una zona”, dice Majoor. “Todos los viejos se deben ir y toda la gente nueva y elegante debe ser atraída. [El gobierno] sabía que esto no sería fácil de hacer en un área tan famosa y complicada. Pero la trata de personas y el crimen organizado son cosas que nadie quiere, así que centraron el debate en eso “.

Cuando se anunció el Proyecto 1012, rápidamente quedó claro que muchas personas sacarían provecho del mismo, excepto las trabajadoras sexuales. Bajo la justificación de combatir el crimen, el gobierno forzó a los propietarios de burdeles a vender sus contratos de arrendamiento en este inmenso y valioso suelo. (Toda la tierra en Amsterdam es propiedad del gobierno y arrendada a los terratenientes). Si bien no hay duda de que algunos de los propietarios de burdeles estaban involucrados en actividades ilegales —gran parte del distrito rojo se cree que está controlado por el crimen organizado— Proyecto 1012 recompensó a todos, propietarios de negocios legítimos y presuntos delincuentes por igual, con una serie de beneficios multimillonarios.

 
No hay cifras disponibles públicamente sobre cuánto el gobierno pagó por edificios individuales, ni por el monto gastado en subsidiar a nuevas empresas para mudarse a los burdeles vacantes. Justificando el gasto, Joris Bokhove, coordinador del proyecto 1012, dijo: “Tratamos de apoyar a los jóvenes empresarios tanto como podamos, aunque nuestros recursos son limitados. En algunos casos hemos sido capaces de subvencionar las startups, y los socios inmobiliarios están dispuestos a bajar el alquiler para el período de inicio. Conectamos a los empresarios entre sí para alentar nuevas asociaciones, y participar activamente en el desarrollo de la vecindad “.
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Las únicas personas que no obtuvieron tierra, dinero o nuevas oportunidades fueron las mujeres que trabajaban en las ventanas —la misma gente que debía beneficiarse de la iniciativa de lucha contra la trata del Proyecto 1012. Aunque ha habido numerosos procesos contra los tratantes de personas en Ámsterdam, sólo una docena de ellos han caído dentro del alcance del proyecto, aunque se han cerrado más de 100 ventanas. Lo que sugiere que la represión del crimen o la seguridad de las trabajadoras sexuales era meramente una excusa conveniente.

La liquidación envió ondas de confusión a través del distrito rojo. Los dueños de los burdeles empezaron a preocuparse de que si no vendían inmediatamente, su negocio se cerraría forzosamente en una fecha posterior. La sospecha de quién estaba vendiendo y quién se mantendría se convirtió en algo que separó a una comunidad muy unida que hasta la década de 1990 había estado dirigida principalmente por pequeños empresarios locales. Esta comunidad resiliente fue puesta a prueba hace un par de décadas cuando un número de propietarios de prostíbulo de Europa oriental (el grupo más acusado de trata) se trasladó a la zona.

 

Varios de los trabajadores de los burdeles holandeses con los que hablé mencionaron a sus homólogos de Europa oriental como la verdadera causa del Proyecto 1012. A pesar de estas acusaciones, está claro que el Proyecto 1012 no estaba dirigido sólo a los propietarios extranjeros; los propietarios holandeses también fueron abordados por el gobierno y presionados para vender sus edificios.

 

Majoor no condena a los propietarios de burdeles que vendieron. “Cuando se recibe una gran oferta de dinero y no se tiene seguridad sobre el futuro del negocio, es muy tentador decir que sí”. Sin embargo, cree que todos han subestimado la importancia de las ventanas. “Las trabajadoras del sexo deben tener más voz en esta discusión”, dice. “El distrito de la luz roja es más que sexo, drogas y rock’n’roll, pero toda la vecindad se apoya en los burdeles de las ventanas.”

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En abril de 2015, más de 200 trabajadoras del sexo, encabezados por PIC y PROUD, los sindicatos holandeses de trabajadoras sexuales, marcharon por el centro de la ciudad de Amsterdam para protestar por la demonización de su industria y el cierre de las ventanas. La protesta más grande de la historia holandesa llamó la atención de la opinión pública sobre los posibles inconvenientes de la gentrificación del barrio rojo. Según Majoor fue como una vuelta a la solidaridad en el área.

 

“Cerrar las ventanas dificulta que las trabajadoras sexuales encuentren trabajo”, dice Felicia, una trabajadora sexual de Rumania que dirige el popular blog Behind the Red Light District y trabaja en las ventanas alrededor de Oude Kerk, a sólo unas pocas puertas de la PIC. “Hay muchas chicas ya que pasean de noche, buscando trabajo, porque ahora hay más chicas que ventanas”.

 

No todo el mundo está de acuerdo en que el barrio rojo tiene un sentido de comunidad que vale la pena preservar. Dana (no su verdadero nombre) fue trasladada a Amsterdam desde Bulgaria en 2008. Seis meses más tarde, escapó de sus captores, pero decidió seguir trabajando en las ventanas para poder enviar dinero a casa de su madre y su hermano menor. Nos conocimos en una cafetería ligera y aireada en la orilla del río Amstel, entre vecinos bronceados disfrutando del sol.

 

“¿Cómo pueden estas personas preocuparse por alguien como yo?”, pregunta Dana, señalando a nuestros compañeros clientes, uno de los cuales se da cuenta y nos da una tostada bastante incierta. “Trabajar en las ventanas es sólo un trabajo. Las personas que viven aquí no se preocupan por las prostitutas y no nos importa. Sólo nos valoran porque traemos dinero a la zona. Pero no hay comunidad aquí. A menos que usted llame ‘comunidad’ a no hablar más que con otras prostitutas porque nadie más le hablará.

 

“A pesar de su aversión a los residentes del área, Dana todavía apoya el esfuerzo del PIC para hacer campaña contra el Proyecto 1012. Puede que no le guste el distrito rojo , pero al trabajar allí paga el alquiler del apartamento de su madre en Bulgaria. Sin los ingresos fijos de los burdeles de las ventanas, Dana se preocupa de que ella tendrá que trabajar desde su propio apartamento (lo que violaría su contrato de alquiler) o mudarse a lugares más aislados, con menos clientes (y menos protección de la policía).

 

Existe un resentimiento palpable entre las trabajadoras sexuales del barrio rojo porque el gobierno utilizó el tema de la trata de personas para comprar algunos de los edificios más valiosos del área. Mujeres como Dana que han sido víctimas de trata se quedan preguntándose por qué los dueños de negocios que supuestamente traficaron con ellos se les están ofreciendo pagos masivos. Las organizaciones holandesas que trabajan con las víctimas de la trata de personas han condenado el proyecto por hacer menos accesibles a las mujeres vulnerables. Mientras tanto, los residentes como Majoor y Felicia están viendo un área que les encanta ser dividida y vendida, junto con su sentido de la comunidad.

 

¿Majoor piensa que las protestas detendrán la liquidación? “Siempre tendremos prostitución de ventanas y teatros sexuales en el distrito de la luz roja”, dice. “Se mantendrá un distrito rojo, sólo que más pequeño. Ellos quieren mantener la imagen de una ciudad excitante y seductora … Pero menos atemorizante para las personas lujosas que vengan aquí a gastar mucho dinero.”

ABOLICIONISMO vs FEMINISMO

Publicado 10 enero, 2017 | Por PaulaVip

 

http://www.aprosex.org/abolicionismo-vs-feminismo/

 

Ésta es una de esas ocasiones en las que la estupidez supera a la ficción. Sí, ya sabemos que la cita no es así, pero es irrelevante, llegados a este punto.

El feminismo busca la igualdad para todas las personas, independientemente del género binario que le ha correspondido (sí, es aburrido, somos conscientes de ello). Porque, para cuando se establecen las normas básicas del feminismo, en el mundo sólo había mujeres y hombres (sic).

Desde esta base, ahora sabemos que errónea, se ha ido creando en estas últimas décadas, un tipo de activismo perlino, presuntuoso, histriónico, exacerbado, carente de auto crítica, manipulador, resabiado, excluyente, pero sobre todo, rancio. Muy, muy, rancio.

Tanto, que no ha sabido adaptarse a la sociedad actual, tanto que denigra desde un pedestal imaginario a un gran número de mujeres, que lógicamente no cumplen con los requisitos necesarios para que ese feminismo las escuche, las defienda, las tenga en cuenta y les de la voz que tanto necesitan para poder empoderarse y luchar ellas mismas por lo que desean.

Mujeres que buscan tener al resto de mujeres por debajo, para sentir que ellas, siguen estando por encima.

No importa si son activistas de calle o de sofá, no importa si cobran de asociaciones para las que “colaboran” o lo hacen de forma desinteresada. El mecanismo es el mismo, la supremacía del insoportable ser en el que se han convertido.

Han envenenado el feminismo, lo han vendido a sus intereses, lo han tergiversado y lo han llevado a un punto de no retorno.

Y ahí es donde, desgraciadamente, se encuentra ahora. En ese punto en el que se lamen las heridas aparentes, las unas a las otras, mientras reniegan de las pobres “víctimas que no se dejan salvar”.

Porque tergiversar el discurso pro derechos, en defensa de las mujeres que ejercen prostitución de forma libre y voluntaria, intentándolo equiparar a las mujeres que están en situación de trata y explotación laboral siendo forzadas a tener relaciones sexuales, es abominable, despreciable y execrable.

Intentar escalar puestos en el “feminismo” a costa de la desgracia de millones de mujeres en todo el mundo ha sido siempre una práctica patriarcal de las más lastimosas y repugnantes. Pero parece que al adoptarla el “feminismo” institucional ya se haya blanqueado, como el dinero que se percibe por ello. Que no hay que olvidar que es público.

Es decir, las mujeres oprimidas, aquellas que no forman parte de la élite que se reúnen en grandes espacios burgueses, -construcciones emblemáticas mantenidas a nivel local o autonómico- por ejemplo, que han hecho suyos aún siendo mantenidos por todas y todos-, no son dignas de ser representadas por estas mujeres que han hecho de un movimiento de reclamo de derechos para las mujeres, su oficio y beneficio, público, que no se nos olvide, porque es relevante.

Este movimiento empozoñado, lleno de odio y enrabietado cuando no se sale con la suya, que no es la de todas, reniega de las mujeres trans (porque tienen polla). A ellas tampoco se las considera mujeres y como consecuencia, han tenido que crear sus propios espacios, ya que han sido vetados por el “feminismo” institucional. Ellas se defienden solas, como las putas.

Tampoco se han identificado con la lucha de las mujeres musulmanas o de las gitanas, porque así, en general, son pobres y tal…y puede que hasta huelan mal. Ellas se defienden solas, como las putas.

Con las mujeres limpiadoras ha pasado exactamente lo mismo, no nos engañemos que está muy bien que vengan a limpiar mi inodoro, pero de ahí a que me preocupe por sus derechos va un mundo. Y ellas se defienden solas, como las putas.

Tampoco las veganas tienen cabida en este mundo esterilizado de las abolicionistas. Que sufren TCA, que en el fondo están locas, que se representen solas. Y así lo han hecho, han emprendido su lucha solas, como las putas.

Y ahora, nos gustaría saber qué y a quién incluye, este “feminismo”. Porque tras ver las exclusiones, se nos ocurre que sólo se representan a sí mismas.

Cuando los derechos de las mujeres en minoría, no se luchan desde el centro que mueve los organismos, es que no existe más lucha, que la de los derechos adquiridos en beneficio propio.

Entendemos que haya mujeres que crean que el trabajo sexual no debiera existir, no lo compartimos, pero lo comprendemos.

Pero la putofobia, la mentira deliberada sobre mezclar el ejercicio libre de un trabajo con la trata de personas, la negación de los derechos laborales para otras, -Porque YO ya disfruto de ellos”-, es lo que nos parece que las aparta definitivamente del FEMINISMO.

Mientras tanto, la tercera ola avanza tanto que prevemos una cuarta en poco tiempo y las arrastra hacia el ostracismo y el declive que ellas mismas han andado.

Abolicionistas, vosotras no unís, no cuidáis, no atendéis y no escucháis a las compañeras de lucha que se encuentran en escalas sociales distintas a las vuestras, si no es para “ayudarlas” como vosotras queréis. Pero el hecho de ayudar, consiste en ofrecer la ayuda que cada una necesita, y ésa que vosotras vendéis, agria y enlatada, no nos sirve.

Vuestro feminismo, que lo hubo, estamos seguras de ello, murió cuando decidisteis poneros en contra de otras mujeres. Abolicionismo no es feminismo, sed conscientes de ello de una vez.

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¿Prostitución, trata o trabajo?

1 septiembre, 2014

Marta Lamas

http://www.nexos.com.mx/?p=22354

 

“Todo lo que nos incomoda nos permite definirnos”.
—Cioran

 

En 1989 empecé una relación de acompañamiento político a unas trabajadoras sexuales de vía pública en la ciudad de México, que después derivó en la realización de una investigación antropológica sobre algunos aspectos de sus vivencias y su organización del trabajo.1 De entonces a la fecha he visto cambios sorprendentes en cómo se habla y discute sobre el comercio sexual. En especial, me impacta que la propuesta de reglamentación del trabajo sexual se ha ido transformando en un alegato a favor de su total erradicación. En estas páginas intento aclarar mi posición, ante la postura de quienes insisten en “abolir” toda forma de comercio sexual, usando como excusa el combate a la trata.

Prostitución es un término que únicamente alude de manera denigratoria a quien vende servicios sexuales, mientras que comercio sexual da cuenta del proceso de compra-venta, que incluye también al cliente. Respecto a esta actividad persisten dos paradigmas: uno es el que considera que la explotación, la denigración y la violencia contra las mujeres son inherentes al comercio sexual y por lo tanto habría que abolir dicha práctica, y otro el que plantea que tal actividad tiene un rango de formas variadas de desempeño que deberían regularse así como reconocerse los derechos laborales de quienes se dedican a ella.2

A pesar de que a lo largo de los últimos 30 años muchas trabajadoras3 han reivindicado su quehacer como una cuestión laboral, desarrollando diversas estrategias para obtener derechos correspondientes, en la última década se ha multiplicado una perspectiva que califica a todas las mujeres que trabajan en el comercio sexual de “víctimas”. Hoy en día es patente el crecimiento y la expansión del comercio sexual, lo que expresa no sólo un fenómeno económico sino también una transformación cultural. Este notorio aumento viene de la mano de la liberalización de las costumbres sexuales y de la desregulación neoliberal de los mercados, que han permitido la expansión de las industrias sexuales como nunca antes, con una proliferación de nuevos productos y servicios sexuales: shows de sexo en vivo, masajes eróticos, table dance y strippers, servicios de acompañamiento (escorts), sexo telefónico y turismo sexual. Aunque la droga y el SIDA la han impactado dramáticamente, la industria mundial del sexo se ha convertido en un gran empleador de millones de personas que trabajan en ella, y que atraen igualmente a millones de clientes. Los empresarios tienen agencias de reclutamiento y sus operadores vinculan a los clubes y burdeles locales en varias partes del mundo, en un paralelismo con las empresas transnacionales de la economía formal. Y al igual que éstas, algunas se dedican a negocios criminales, como el mercado negro de la trata.

Las feministas que han reflexionado sobre el tema están divididas al respecto: hay quienes subrayan la autonomía en la toma de tal “decisión” mientras que del otro lado están quienes insisten en la “explotación” y coerción. Ahora bien, no son excluyentes: puede haber decisión y explotación, autonomía para ciertos aspectos y coerción para otros (Widdows 2013). Unas feministas argumentan que ninguna mujer “elige” prostituirse, que siempre son engañadas u orilladas por traumas infantiles de abuso sexual; otras aseguran que la mayoría lleva a cabo un análisis del panorama laboral y toma la opción de un ingreso superior a las demás posibilidades que están a su alcance. “Elegir” en este caso no implica una total autonomía, ni siquiera supone optar entre dos cosas equiparables, sino preferir, no un bien, sino el menor de los males.

En México en el contexto de la precarización laboral (el desempleo, la ausencia de una cobertura de seguridad social y la miserabilidad de los salarios) la llamada “prostitución” es una forma importante de subsistencia para muchas mujeres. Es un hecho que las necesidades económicas llevan a la gente sin recursos a hacer todo tipo de cosas, incluso algunas muy desagradables, como limpiar excusados o trabajar en los camiones de basura. La coerción económica es fundamental.4 Anne Phillips (2013a) dice que hay algo en el uso de las partes íntimas del cuerpo que vuelve la presión del dinero inaceptablemente coercitiva en el caso de la prostitución mientras que Martha Nussbaum (1999) señala que la compulsión económica es problemática, pero que la presión del dinero no se vuelve más coercitiva o inaceptablemente coercitiva sólo porque conduzca a un acceso íntimo en el cuerpo. Como las mujeres están ubicadas en lugares sociales distintos, con formaciones diferentes y con capitales sociales diversos, en ciertos casos el trabajo sexual puede ser una opción elegida por lo empoderante y liberador que resulta ganar buen dinero, mientras que en otros casos se reduce a una situación de una precaria sobrevivencia, vivida con culpa y vergüenza. Además, así como muchas mujeres ingresan por necesidad económica, otras son inducidas por la droga, y viven situaciones espantosas. Sin embargo, no hay que olvidar que también hay quienes realizan una fría valoración del mercado laboral y usan la estrategia de vender sexo para moverse de lugar, para independizarse, incluso para pagarse una carrera universitaria o echar a andar un negocio.

El trabajo sexual es la actividad mejor pagada que encuentran cientos de miles de mujeres en nuestro país, y más que un claro contraste entre trabajo libre y trabajo forzado, existe un continuum de relativa libertad y coerción. Y, al mismo tiempo que existe el problema de la trata aberrante y criminal con mujeres secuestradas o engañadas, también existe un comercio donde las mujeres entran y salen libremente, y donde algunas llegan a hacerse de un capital, a impulsar a otros miembros de la familia e incluso a casarse. Por eso, “quienes sostienen que es un trabajo que ofrece ventajas económicas tienen razón, pero no en todos los casos, y quienes insisten en que la prostitución es violencia contra las mujeres, también tienen razón, pero no en todos los casos” (Bernstein 1999: 117).

Aunque desde la perspectiva del liberalismo político no hay razón para estar en contra del comercio sexual mientras lo que cada quien haga con su cuerpo sea libremente decidido, muchas personas consideran que el comercio sexual es de un orden distinto de otras transacciones mercantiles. La venta de servicios sexuales ofende, irrita o escandaliza de una manera diferente que la situación de otras mujeres que venden su fuerza de trabajo, en ocasiones en condiciones deleznables, como las obreras de la maquila, las empleadas domésticas, incluso algunas meseras, enfermeras y secretarias. Cuando se denuncia la “explotación” de las trabajadoras sexuales no se menciona siquiera a tantas otras trabajadoras que también son explotadas. Muchas personas ven la “prostitución” como la degradación a la dignidad de la mujer. Pero no hay reacciones tan indignadas o escandalizadas ante formas aberrantes de explotación de la fuerza de trabajo en otro tipo de industrias. Tal vez porque lo que más molesta de la “prostitución” voluntaria es que atenta contra el modelo de feminidad.5

Sí, la prostitución femenina subvierte el paradigma de castidad y recato inherente a la feminidad (Leites 1990). Jo Doezema ha planteado que la distinción entre prostitución “forzada” y “voluntaria” reproduce la división entre “putas” y “santas” dentro de la propia categoría de prostituta, siendo la “puta” la que se dedica voluntariamente a dicha actividad mientras la “santa” es la forzada y, al ser una “víctima”, queda exonerada de ser despreciada (1998: 41). Como la expectativa cultural respecto de la sexualidad de las mujeres es que solamente tengan sexo dentro del marco de una relación amorosa (por lo que también se rechaza que las mujeres tengan sexo casual con “desconocidos”, aunque no cobren) la mayoría de las trabajadoras tiene dificultades para asumirse públicamente como tales. No obstante, algunas trabajadoras sexuales han caracterizado la prostitución como un acto transgresor y liberador.6 Lo que provoca el estigma, y muchas de las dificultades y discriminaciones que enfrentan las trabajadoras derivadas de él, es justamente la doble moral: la sexualidad de las mujeres es valorada de manera distinta de la de los hombres. Por eso hace muchos años Mary McIntosh dijo: “la prostitución implica, al mismo tiempo, un desafío y una aceptación de la doble moral del statu quo. Como tal, no puede ser ni condenada totalmente ni aceptada con entusiasmo” (1996: 201). Sí, la actividad sexual comercial de las mujeres es, al mismo tiempo, un desafío a la doble moral, que considera que las transacciones sexuales de las mujeres son de un orden distinto a las transacciones sexuales de los hombres, y una aceptación de dicha doble moral, porque persiste el estigma.

En el debate sobre cuál debería ser el estatus legal de la llamada “prostitución” es posible ver que las implicaciones7 para las políticas públicas que se derivan tanto de la penalización como de la despenalización pueden tener el efecto de exacerbar las desigualdades de género. Como ambas posturas tienen consecuencias en las vidas de las trabajadoras sexuales, resulta complicado hablar en abstracto del comercio sexual, sin ubicarlo en el contexto concreto e histórico en que ocurre y sin distinguir tanto el capital social de las trabajadoras como las condiciones laborales en que realizan su trabajo, en especial su libertad de movimiento. Una rápida mirada sobre la situación mundial muestra que la mayoría de las prostitutas son muy pobres. La brecha económica y social entre las de la calle y las call girls8 es sideral. Estas call girls, que no son engañadas, ni drogadas, ni secuestradas, y que seguramente podrían conseguir otro tipo de trabajo, están en el comercio sexual porque obtienen ganancias enormes. Ellas son, económicamente hablando, privilegiadas y representan una faceta distinta del fenómeno. Para las demás, que son la gran mayoría, la venta de servicios sexuales en contextos laborales de trabajos precarios, salarios miserables y gran desempleo, les permite sobrevivir y a algunas cuantas ganar en un día la misma cantidad de dinero que ganarían en semanas en otro tipo de desempeño laboral, si es que lo consiguieran.

Por eso algunas investigadoras sostienen que el comercio sexual no siempre tiene consecuencias negativas, y que con frecuencia es un medio importante de movilidad económica y de liberación personal (Agustín 2007; Day 2010; Kempadoo 2012). Sin embargo, ciertas filósofas y politólogas feministas, dentro de una reflexión sobre que algunas actividades humanas9 deberían estar fuera del mercado, piensan lo contrario (Phillips 2013a y 2013b; Widdows 2013). Ellas insisten en que el comercio sexual tiene un efecto negativo en la justicia social, en especial en cómo estructura las opciones vitales de las mujeres, pues su ejercicio obstaculiza las relaciones igualitarias.

Como se sabe, el mercado no es un mecanismo neutral de intercambio, y sus transacciones dan forma a las relaciones sociales. Si el mercado no sólo desata procesos económicos, sino que también da forma a la cultura y a la política, entonces hay que analizar cómo ciertas transacciones mercantiles frustran o impiden el desarrollo de las capacidades humanas (Sen 1996) mientras que otras determinan ciertas preferencias problemáticas. La ONU ha señalado que las creencias y mandatos de género en la economía estructuran y validan las relaciones desiguales entre los hombres y las mujeres de manera absolutamente funcional para la marcha del sistema social (ONU Mujeres 2012). Las relaciones de género “marcan el terreno sobre el que ocurren los fenómenos económicos y ponen las condiciones de posibilidad de los mismos” (Pérez Orozco 2012). De ahí que para evaluar un mercado laboral sea necesario evaluar también las relaciones políticas y sociales que sostiene y respalda, y examinar los efectos que tal transacción produce en las mujeres y los hombres, en las normas sociales y en el significado que imprime en las relaciones entre ambos. Hay mercados con consecuencias negativas para las relaciones de género, como el trabajo sexual y el servicio doméstico. La industria del sexo no toma en consideración el contexto de desigualdad social y económica entre mujeres y hombres por lo que refuerza la pauta de opresión patriarcal y contribuye a la percepción de las mujeres como objetos sexuales y, en ocasiones, incluso como seres socialmente inferiores a los hombres.

Se habla de “mercados nocivos” cuando impulsan y sostienen no sólo cuestiones económicas sino también éticas y políticas, y respaldan relaciones jerárquicas y/o discriminatorias totalmente objetables (Satz 2010).10 A los mercados que producen más desigualdad que otros se los califica de nocivos; por ejemplo, es obvio que el mercado de las verduras resulta mucho más inocuo que el del comercio sexual. Y aunque en principio muchos mercados pueden convertirse en nocivos, algunos tienen más posibilidades de hacerlo cuando hay una distribución previa e injusta de recursos, ingresos y oportunidades laborales (Satz 2010).

Pero aunque los mercados nocivos tienen efectos importantes en quiénes somos y en el tipo de sociedad que desarrollamos, no siempre la mejor política es prohibirlos. La mejor manera de acabar con un mercado nocivo es modificar el contexto en que surgió, o sea, con una mejor redistribución de la riqueza, más derechos y oportunidades laborales (Satz 2010). Las prohibiciones pueden llegar a intensificar los problemas que condujeron a que se condenara tal mercado.11 En ese sentido Satz señala que es menos peligrosa la prostitución legal y regulada que la ilegal y clandestina, pues ésta aumenta la todo tipo de peligros, tanto para las mujeres como para los clientes. Lo que en verdad debería preocupar es que en general el comercio sexual está rodeado de gran vulnerabilidad porque en muchos casos es una actividad con altos riesgos de violencia y de contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS), en especial de VIH-SIDA.12 De ahí que consideraciones fundamentales para una política de salud pública (Gruskin et al. 2013) respaldan la importancia de una regulación que saque de la clandestinidad a quienes interactúan en esa dinámica de compra-venta.

Justamente por todo lo anterior, las prohibiciones y restricciones al trabajo sexual no son una solución, además de que van contra la libertad constitucional de las mujeres y son “maternalistas”.13 Como lo que impulsa a las trabajadoras a dedicarse a tal actividad suele ser la necesidad económica, prohibirla sin garantizarles un ingreso similar, ni la más mínima seguridad social, les quita una “tablita de salvación”. Si no se resuelven las circunstancias socioeconómicas que las llevan a tal actividad, penalizar para erradicar el comercio sexual las hundiría o marginaría aún más. Regular el comercio sexual no evita los problemas de violencia ni de discriminación por el estigma, pues como señaló hace años Nanette Davis: “No puede haber una política racional hacia la prostitución mientras exista la discriminación de género” (1993: 9). Sin embargo, comprender que la regulación es la forma en que las trabajadoras están más protegidas, no impide entender que el hecho de que ellas elijan la “prostitución” como el trabajo mejor pagado que pueden encontrar no es, en sí mismo, una confirmación de que se trata de una práctica deseable.

Además la regulación ha demostrado ser una excelente estrategia para combatir la trata (Kempadoo 2012). Por eso, es un error plantear la abolición del comercio sexual, como lo hace la Coalition Against Traffic in Women (CATW). Como integrante de esa extraña alianza entre religiosos puritanos y feministas radicales unidos en su misión abolicionista (Scoular 2010), la CATW agita discursivamente contra lo que considera que es la “esclavitud sexual”, término que aplica no sólo a las mujeres víctimas de trata sino a toda mujer en el comercio sexual. Las formas que toma esta cruzada son múltiples, y dependen de las tradiciones políticas y culturales de cada país, pero el eje de la política que impulsan es “salvar a las mujeres”: rescatarlas (Agustín 2007). Aunque el discurso público sobre prostitución muestra una amplia variación entre los países (Vanwesenbeeck 2001: 274), la política alentada por las abolicionistas de CATW se ha difundido ampliamente en oposición a las investigaciones académicas que dan evidencia empírica de que tal política viola los derechos civiles y laborales de las trabajadoras, aumenta el poder de terceros sobre las trabajadoras (clientes, padrotes, traficantes) y pone en riesgo su salud y su bienestar ¡sin jamás lograr el objetivo de abolir la prostitución!

La CATW, que “pretende eliminar el comercio sexual con el argumento de que la prostitución estimula el tráfico” (O’Connell y Anderson 2006: 14) no tiene nada que ver con otra organización internacional, la Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW). Este frente mundial distingue entre trabajo y trata y hace una labor de prevención y combate a la trata entre trabajadores(as) sexuales a partir de impulsar formas de regulación que respeten sus derechos.14 Mientras las trabajadoras sexuales y los activistas de derechos humanos argumentan a favor de la regulación, señalando que si la prostitución se prohíbe o penaliza es imposible establecer estándares laborales y sanitarios, y que precisamente la ausencia de regulación alienta formas de trabajo forzado, la CATW y su sucursal latinoamericana y caribeña CATWLAC lanzan discursos flamígeros contra el comercio sexual, impulsan una cruzada moralista que alienta el “pánico moral”.15

El tráfico de seres humanos es un pavoroso flagelo criminal, del cual el tráfico con fines de explotación sexual es sólo una parte (Casillas 2013; Chang 2013). Sin embargo, de acuerdo a Kamala Kempadoo, “El tráfico sexual ha surgido como una metáfora del estado de degradación de la humanidad en el siglo XXI y se ha convertido en el eje principal de la crítica académica a una variedad de relaciones sociales de poder contemporáneas, tanto a nivel local como mundial” (2012: viii). En México están documentados casos de traslado de mujeres de un lugar a otro dentro y fuera del territorio mexicano así como las distintas formas de coerción (droga, retención de hijos, amenazas) para que den servicios sexuales. Pero aunque esa práctica nefasta es una parte mínima de la industria del sexo,16 la cobertura mediática ha magnificado el fenómeno de la trata pues es más rentable hablar de “esclavas sexuales” que de mujeres pobres. Investigaciones académicas analizan cómo el discurso incendiario de las abolicionistas sobre los cuerpos “violados” o “explotados” de las mujeres traficadas es también parte de una política xenófoba de “seguridad nacional” contra migrantes, y encuentran que el clima de miedo a la inmigración es el telón de fondo de muchas de las políticas en contra del comercio sexual (Kulick 2003; Agustín 2007; Scoular 2010; Weitzer 2010; Kempadoo 2012).

La cruzada moralista de la CATW ha logrado instalar mundialmente un discurso apocalíptico sobre la trata y el tráfico, que ya circula en nuestro país a través de la CATWLAC. Hablar solamente de mujeres víctimas de trata sin reconocer la existencia de otras trabajadoras sexuales favorece posturas fundamentalistas, que desvían la imprescindible lucha contra el tráfico hacia el absurdo proyecto de abolir todo el comercio sexual. Y así como no hay que confundir la situación de las mujeres obligadas a tener sexo a través de engaños, amenazas y violencia con la de otras mujeres que realizan trabajo sexual por razones económicas, tampoco hay que confundir a los clientes. Si bien hay cómplices indiferentes de ese atentado brutal contra la libertad y la dignidad que es la trata, en el comercio sexual también los hay respetuosos y atentos, como relatan las propias trabajadoras; algunos incluso se vuelven clientes “regulares” y desarrollan relaciones sentimentales que duran años. Es imperativo deslindar el comercio sexual de la trata con fines de explotación sexual, pues dicha confusión se expresa en actos discursivos que logran un cierto efecto en la sociedad y en el gobierno.

Hay que combatir la trata, pero respetar a las personas que se dedican al comercio sexual, y apoyar a las que quieren tener otra ocupación.17 Pero lo que priva hoy en día es lo que Kempadoo (2012) denomina “la aplanadora antitráfico”: una estrategia discursiva que tiene como fin último abolir toda forma de comercio sexual. Un elemento de dicha estrategia es el de calificar a las personas que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales como “pro prostitución” y decir que con tal postura se favorece la trata.18

Nuestra Constitución y nuestro sistema político democrático garantizan la libertad individual, incluso la de vender y de comprar servicios sexuales. Sin embargo, al revisar la situación del comercio sexual en México el panorama es deprimente pues el esquema con que funciona —al menos en el Distrito Federal— refleja los distintos y complejos intereses de los grupos organizados que están implicados en el negocio, ya que la legislación vigente está llena de omisiones e incongruencias. En la ciudad de México la prostitución es legal pero se penaliza el lenocinio. La definición de lenocinio del Código Penal Federal no ha sido modificada desde 1931: el lenocinio se comete contra personas menores de 18 años o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo. En cambio, el Código Penal del DF (reformado en 2007) declara que se castigará por cometer lenocinio al que:

  1. Habitual u ocasionalmente explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por medio del comercio sexual.
  2. Induzca a una persona para que comercie sexualmente su cuerpo con otra o le facilite los medios para que se prostituya.

III. Regentee, administre o sostenga prostíbulos, casa de citas o lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitución, u obtenga cualquier beneficio con sus productos.

¿Qué significa “explotar el cuerpo de una persona”? ¿A qué se llama “obtener un beneficio por medio del comercio sexual”? Bajo esa ambigüedad cabe cualquier cantidad de actividades. La imprecisión coincide con la deliberadamente confusa redacción del Protocolo de Palermo,19 y con ella se puede consignar a cualquier familiar, socio, empresario, hotelero o amistad que realice alguna tarea o apoyo de cualquier forma a una persona que se dedique al trabajo sexual.

De esa manera el delito de lenocinio, cuya moderna acepción es la de “trata”, sirve para manifestar discursivamente un rechazo moralista al comercio sexual, mientras que en los hechos dificulta establecer formas legales de organización del trabajo sexual de quienes quieren trabajar independientemente, sin padrotes ni madrotas. Por ejemplo, si un grupo de trabajadoras decidiera rentar un local donde dar servicios sexuales, a quien firme el contrato de alquiler se la podría acusar de “lenona” o “tratante”. Así se persigue a quien trabaja en la calle al mismo tiempo que se le impide organizarse en locales cerrados. Esta ambigüedad hipócrita obstaculiza la autoorganización de las trabajadoras y el desarrollo de formas más discretas y seguras de ofrecer el servicio. Además, a esta incongruencia legal se suma el sórdido entramado de corrupción y abuso que rodea al comercio sexual, donde no sólo los que controlan el negocio logran inmensas ganancias sino también algunas autoridades delegacionales, policiacas y judiciales. Y quienes intentan trabajar por fuera de las mafias, y sin dar mordidas, enfrentan no sólo dificultades enormes sino grandes peligros.

Para empezar a “limpiar” el terreno donde se lleva a cabo el comercio sexual y para garantizar los derechos de quienes trabajan en ese sector hay que ir más allá de las posturas fundamentalistas del abolicionismo y regular el negocio. Hay que apoyar a las trabajadoras más vulnerables para que, mientras cambian las condiciones educativas y laborales de nuestro país, puedan trabajar sin riesgos y de manera independiente de las mafias o, si lo desean, capacitar para realizar otro tipo de trabajo. Además de ampliar el marco legal con nuevas formas de organización laboral es indispensable mejorar la seguridad de la mayoría de quienes se dedican a esa actividad con formas de supervisión que no permitan la extorsión. Son muchas las cuestiones que hay que analizar y debatir, especialmente porque la postura abolicionista sostenida por la CATWLAC inhibe una discusión civilizada al responsabilizar a quienes están por la regulación de ser instrumentales en la proliferación de la trata. Esto atemoriza a cualquiera, pero más a políticos y funcionarios.

Por ello es imprescindible impulsar un debate público sobre la regulación del comercio sexual, y analizar cómo el puritanismo que se ha filtrado en la discusión alimenta lo que Elizabeth Bernstein (2012) denomina el “giro carcelario” de la política neoliberal.20

Al reconceptualizar el comercio sexual como “tráfico de mujeres”, el activismo feminista abolicionista ha transnacionalizado un discurso que alienta una política punitiva, que Bernstein denomina “carcelaria”. Esta autora analiza cómo el movimiento feminista llamado “antitráfico”, que usa un discurso sobre las víctimas, facilita un control creciente sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres y produce una “remasculinización del estado”. Bernstein encuentra que anteriormente las feministas en contra de la violencia sexual tomaron la vía del activismo de base para combatirla, pero ahora acuden cada vez más al terreno judicial. La penalización legal es concebida por esas feministas como lo más eficaz para frenar a los clientes y los padrotes: “Necesitamos leyes que hagan que los varones se lo piensen antes de entrar al negocio de la explotación sexual comercial” (2012: 241). Bernstein critica que el feminismo abolicionista le haya dado la espalda a una reflexión más crítica sobre las causas estructurales (económicas y culturales) del fenómeno, y que al denunciar la “prostitución” como una forma de violencia sexual se hayan decantado hacia la penalización otorgando un respaldo ideológico al modelo punitivo neoliberal. Ella concluye que al ampliar y fortalecer la intervención judicial, en lugar de insistir en que el Estado se enfoque en las condiciones de la explotación de la fuerza de trabajo, se desplaza la problemática de la “prostitución” de los factores estructurales a las personas “delincuentes”. Esto, que ha tenido un impacto devastador en quienes se dedican al trabajo sexual, también alimenta el ascenso del modelo carcelario.

Como se ve, el debate es complejo y abarca mucho más que los argumentos sobre “las víctimas” y los “degenerados”, que es lo que se suele ventilar cuando se discute sobre comercio sexual en nuestro país. Obvio que la compraventa de sexo seguirá produciendo conflictos y desacuerdos, y que seguiremos discutiendo y discrepando en torno a estas cuestiones. Obvio también que no hay que dejar de lado ni el combate contra la trata ni las políticas de salud contra el SIDA y las ITS. Pero en última instancia los grandes cambios económicos y la creciente fluidez en el movimiento de personas, capital y servicios que provoca la reestructuración globalizada del capitalismo no deben de hacernos olvidar lo que también significa simbólicamente el comercio sexual. Liv Jessen, una trabajadora social directora del Pro Centre, un centro nacional para prostitutas en Noruega, dice: “La prostitución es una expresión de las relaciones entre mujeres y hombres, de nuestra sexualidad y los límites que le ponemos, con nuestros anhelos y sueños, nuestro deseo de amor e intimidad. Tiene que ver con la excitación y con lo prohibido. Y tiene que ver también con el placer, la tristeza, la necesidad, el dolor, la huída, la opresión y la violencia” (2004: 201). Reflexionar sobre esto es una de las maneras de acercarnos a una mejor comprensión de la condición humana y, por ende, a mejores formas de convivencia.

 

Marta Lamas
Antropóloga. Directora de la revista Debate Feminista y profesora-investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Su más reciente libro es Cuerpo, sexo y política.

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1 De esa experiencia nacieron algunos ensayos y mi tesis de maestría en etnología “La marca del género. Trabajo sexual y violencia simbólica”, ENAH, 2003.

2 Hay muchísimo publicado desde ambas posturas. Las autoras paradigmáticas de la postura que considera que siempre es violencia contra las mujeres son Barry 1987; McKinnon 1993; Dworkin 1997; mientras que en la otra destacan Agustín 2007; Day 2010; Scoular 2010; Kempadoo 2012. Una revisión de la literatura de ciencias sociales sobre trabajo sexual de 1990 a 2000 se encuentra en Vanwesenbeeck 2001, y un análisis sociológico al respecto en Weitzer 2009.

3 Si bien también hay hombres que se dedican a la venta de sexo, la dinámica y la problemática de las mujeres es muy distinta. Tanto mi investigación como mi activismo político han sido con mujeres y fundamentalmente me referiré a ellas a lo largo de estas páginas. Para escritos de las propias trabajadoras sexuales: ver Delacoste y Alexander 1987; Pheterson 1989; y Nengeh Mensah, Thiboutot y Toupin 2011.

4 Aunque las mujeres eligen la venta de sexo fundamentalmente por cuestiones económicas, también existen casos donde son las razones psíquicas las que las impulsan. Por eso también se ha investigado y reflexionado sobre los condicionantes psicológicos. Ver Welldon 1993.

5 No ocurre lo mismo con la prostitución masculina, que no subvierte el paradigma de masculinidad. La valoración de la masculina toma como “natural” y valioso que a los varones les guste el sexo.

6 Básicamente algunas organizaciones estadunidenses, como COYOTE, y muchas trabajadoras sexuales europeas. Ver Pheterson 1989 y Nengeh Mensah et al., 2011.

7 Una implicación sustantiva es la relativa a la salud pública, que no analizaré en estas páginas pero que sin duda mueve a muchos gobiernos a tomar la postura de la regulación (Rekart 2005; Day y Ward 2009; Gruskin, Williams y Ferguson 2013).

8 Uso el término call girls para referirme a quienes trabajan en departamentos, aunque en ocasiones las acompañantes (escorts) también trabajan así.

9 Este debate se ha centrado en si permitir o prohibir transacciones vinculadas al cuerpo, como la venta de órganos, el alquiler de úteros, y también la prostitución. Ver S. Madhok, A. Phillips y K. Wilson 2013.

10 Debra Satz analiza los mercados nocivos, donde incluye al del sexo, establece cuatro parámetros relevantes para valorar un intercambio mercantil y los aplica al trabajo sexual: 1) vulnerabilidad, 2) agencia débil, 3) resultados individuales dañinos y 4) resultados sociales dañinos. La vulnerabilidad y la agencia débil aluden a lo que las personas aportan en la transacción; la vulnerabilidad aparece cuando las transacciones se dan en circunstancias de tal pobreza o desesperación que las personas aceptan cualquier condición, y la agencia débil se da cuando en las transacciones una parte depende de las decisiones de la otra parte. Los otros dos parámetros (daños individuales y sociales) son característicos de los resultados de ciertos mercados cuando posicionan a los participantes en circunstancias extremadamente malas, por ejemplo, en las que son despojados o en las que sus intereses básicos están aplastados. También eso produce resultados extremadamente dañinos para la sociedad, pues socava el marco igualitario que requiere una sociedad y alienta relaciones humillantes de subordina- ción. Ver Satz 2010.

11 Me sorprende el paralelismo que se da con el aborto. No es que a quienes luchamos por la despenalización del aborto nos parezca tal intervención la mejor de las prácticas, y propongamos su regulación para que más mujeres aborten, sino que pensamos que la penalización produce males mayores, que la regulación abate.

12 Para un panorama sobre los riesgos sanitarios que tiene el trabajo sexual y la importancia de una política de salud pública ver Rekart 2005 y Gruskin, Williams y Ferguson 2013.

13 Llamo “maternalismo” al paternalismo de las feministas abolicionistas, que pretenden “rescatar” y “salvar” a las mujeres, aun en contra de sus deseos y su voluntad.

14 En México Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C. es integrante de la Red Latinoamericana y del Caribe contra la Trata de Personas, que es el capítulo regional de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW, por su nombre en inglés).

15 Respecto al pánico moral Sophie Day (2010) establece un paralelismo entre la situación actual y la época victoriana. Day señala que durante tal época, con sus intensas transformaciones económicas y sociales, el pánico moral en torno a la prostitución, la “trata de blancas” y la enfermedad venérea (en especial la sífilis) expresó las angustias culturales respecto al cambiante papel de las mujeres y a los procesos de inmigración y urbanización. Alentadas por una amplia coalición de feministas y grupos religiosos que había decidido “rescatar” a las mujeres, aparecen las leyes sobre “enfermedades contagiosas” (1864, 1866 y 1869) que perfilaban a la prostituta como peligrosa física y moralmente al mismo tiempo que la consideraban vulnerable. Así se justificó la regulación moral, social y legal de muchas mujeres solteras de la clase trabajadora, para que la salud moral de la sociedad quedara a salvo. También Jane Scoular (2010) comparte tal equiparación y añade que el espectro de la esclavitud sexual servía como cortina de humo para tapar otras cuestiones, como la esclavitud colonial. ¿Qué estará tapando hoy en México el espectro de la trata?

16 Debido a su ilegalidad hay escasas estadísticas sobre el número de mujeres que se dedican al comercio sexual. Brigada Callejera, usando un modelo de la Organización Internacional del Trabajo sobre el sector sexual para estimar la cantidad de personas que se dedican al trabajo sexual, estima en 800 mil mujeres, de las cuales 200 mil son menores de 18 años, en nuestro país. Para ver el modelo, consultar ILO 1998.

17 Esa es justamente la postura de Brigada Callejera, que ha publicado varios manuales sobre trata dirigidos tanto a las trabajadoras sexuales como a los funcionarios que tienen a su cargo las políticas públicas. Ver Brigada Callejera 2013.

18 Este discurso intimidatorio ya se lo han aplicado a la Secretaria del Trabajo del GDF, por acatar la resolución de la Juez Primera de Distrito, que resolvió que había que reconocer el carácter de trabajadores no asalariados de quienes se dedican a ofrecer ese servicio en vía pública.

19 Es el Protocolo de la ONU que se firmó en diciembre de 2000 en Palermo, y que con la influencia del gobierno de Bush introdujo la confusión entre trata y prostitución. Ver Saunders 2004 y Weitzer 2010.

20 El análisis de Bernstein se inscribe en una tendencia crítica donde varios autores analizan la relación entre las estrategias carcelarias contemporáneas para la gobernanza social con la agenda económica neoliberal. Indudablemente hay varios aspectos del problema vinculados con otras transformaciones culturales del capitalismo tardío que ella no analiza al acotar su reflexión al comercio sexual.

 

Georgina Orellano, prostituta y feminista argentina: “El feminismo prohibicionista nos victimiza y criminaliza”

 

Daniel Hopenhayn 03 Enero, 2017

http://www.theclinic.cl/2017/01/03/georgina-orellano-prostituta-y-feminista-argentina-el-feminismo-prohibicionista-nos-victimiza-y-criminaliza/

 

Se define como “puta, feminista, peronista y anticapitalista”. Hace once años ejerce el trabajo sexual en Buenos Aires y desde 2014 lidera AMMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, que cuenta con 6500 afiliadas y una creciente visibilidad en su país. Reclaman al Estado que reconozca lo suyo como un trabajo para poder salir de la clandestinidad, evitar los abusos policiales, acceder a derechos laborales y enfrentar el estigma cultural. Y aunque enmarcan su discurso en un feminismo militante, el enemigo que les ha salido al paso no usa sotana ni corbata. Se trata del “feminismo abolicionista”, con el cual sostienen una lucha de poder de alto voltaje que a diario saca chispas en seminarios de género, redes sociales y hasta en el Congreso. Georgina (30) y sus compañeras las acusan de patriarcales y moralistas, de querer pensar por ellas y “salvarlas” mientras impulsan leyes que las reprimen y cosifican. Aquí desmenuza las contradicciones de esas “feministas de escritorio” a las que esperan arrebatar el dominio de las políticas públicas que incumben a su sector.

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AMMAR ha acuñado el eslogan “Puta y Feminista”. ¿Cómo se llevan hoy la prostitución y el feminismo?
–Mirá, hubo todo un proceso por el cual las trabajadoras sexuales hemos pasado a ver con buenos ojos el feminismo. Al principio, cuando comenzamos a pedir la palabra en espacios donde está muy tensa la discusión sobre prostitución, nosotras contábamos los problemas que nos genera trabajar en la clandestinidad y presentábamos nuestra reivindicación principal: que el Estado reconozca el trabajo sexual y nos dé un marco legal, con acceso a derechos laborales básicos. Pero al plantear esto nos veíamos enfrentadas al feminismo abolicionista, que hoy ocupa muchísimos lugares de poder en las instituciones del Estado que ven políticas de género. Ese abolicionismo ya tiene poder en la toma de decisiones, incluida la decisión de que la prostitución no pueda ser considerada un trabajo, y de arrojarnos encima el derecho penal, apelando al sistema punitivista para combatir la trata de personas sin importar que esa política nos termine criminalizando a nosotras. Entonces, cuando veíamos ese feminismo, la verdad es que sentíamos que eran nuestras enemigas. Esa fue la primera impresión que tuvimos, decíamos “si eso es el feminismo, nosotras no somos feministas”. Porque además, en las discusiones usaban argumentos súper violentos.

¿Por qué violentos?
–Porque no sólo traían el discurso teórico abolicionista, sino que descreían de nuestros testimonios. Cuando contábamos por qué habíamos elegido el trabajo sexual frente a otros trabajos por los cuales hemos pasado, se producía una fuerte discusión en la que nuestros testimonios todo el tiempo eran deslegitimados. Eso nos llevaba a comparar a ese feminismo con el aparato represivo de las fuerzas de seguridad, que también deslegitiman nuestros testimonios y así nos cobran una coima para dejarnos trabajar. Ellas hacían un poco eso: querer “policiar” el cuerpo de las demás y decirnos qué deberíamos hacer o no hacer. Y todo el tiempo hablándonos de un mundo ideal, nunca hablaban de la realidad. Yo comparto que una tiene que luchar por esa utopía de vivir en una sociedad justa, libre e igualitaria, pero creo que esa transformación pasa por darle derechos a las minorías para que no sean aplastadas por las mayorías dominantes. Y no veíamos que esa fuera la propuesta de ese feminismo.

Es que el sentido común de cierto feminismo ve en la prostitución la esencia misma del patriarcado y de la explotación de la mujer. ¿Qué respondes tú a eso?
–Yo creo que el propio feminismo abolicionista es un poco patriarcal, aunque con cara de mujer. Porque todo el tiempo nos quiere aleccionar desde un lugar superior, cómodo y muchas veces privilegiado. Sin siquiera antes sentarse a escuchar lo que la otra compañera tiene para decir, o lo que el otro sujeto político que está organizado tiene para contar de su propia experiencia. En el país hay un montón de mercados laborales en los que se explota, cosifica y mercantiliza a la mujer –también al hombre–, y muchos no eligieron libremente esos trabajos, sino coaccionados por la necesidad económica. Entonces, ¿por qué poner el foco en abolir la prostitución? En una sociedad donde las mujeres ganamos menos que los hombres, accedemos menos a lugares de poder y las de sectores populares sólo podemos realizar trabajos domésticos o manuales mal pagados, el trabajo sexual a nosotras nos remunera más y es más liberador, porque trabajamos menos horas y con mucha más autonomía. Por eso lo elegimos. Pero el feminismo abolicionista todo el tiempo está pensando por nosotras, con argumentos hasta un poco morales.

¿Crees que se enfocan en la prostitución por moralismo?
–Sí, es una cuestión moral. El empleo doméstico, por ejemplo, también es ejercido por mujeres que vienen de los sectores populares. Sin embargo, la política del Estado argentino no fue abolir ese trabajo, sino reglamentarlo y mejorar sus condiciones, reconocer derechos como las vacaciones, los días por enfermedad, la jubilación. Ahí las abolicionistas no pusieron ningún tipo de objeción, todas estuvieron a favor. Pero esas mujeres, que también están a favor de despenalizar el aborto porque cada mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, son las mismas que se oponen rotundamente a que las trabajadoras sexuales tengamos acceso a derechos.

Quieres decir que, para ellas, todas las mujeres son dueñas de su cuerpo mientras no sean putas.
–Exactamente, sí, mientras no cobren por sexo. Y creo que ese quiebre en su discurso se explica por cuestiones morales, por tabúes socioculturales todavía muy arraigados respecto del rol de la mujer en la sexualidad.

¿Cómo así?
–Históricamente la sexualidad fue un campo de batalla donde la mujer tenía que ceder. El que podía disfrutar y desear era el hombre. Y que algunas mujeres decidan ofrecer servicio sexual a cambio de una remuneración económica, desafía esos patrones al proponer que cada mujer decide qué hace con su sexualidad y qué provecho le saca. En cambio, pretender que haya una única sexualidad femenina, pura y legítima, me parece es partir de un discurso moralista que hace una división entre las mujeres buenas y las malas, entre un sexo puro y un sexo indigno.

Tienes una frase muy citada: “Mientras creamos que la concha es sagrada difícilmente combatiremos al patriarcado”.
–Sí. Lo que sostengo es que la fuerte oposición a que seamos reconocidas como trabajadoras proviene de la parte del cuerpo con la cual trabajamos. Nadie está cuestionando por qué un albañil decide poner en riesgo su integridad física y su salud, ni que el sistema capitalista se quede con la ganancia que su fuerza de trabajo produce. No hay tensión ahí. Toda la tensión aparece cuando nosotras decimos que ponerle un precio a tu sexualidad puede ser una salida laboral que te genere muchísima más independencia que otros trabajos destinados a la mujer. Ahí nos dicen “no, no se puede comercializar el sexo”. ¿Y por qué sí las manos, las piernas, la espalda? Porque se piensa que esa parte del cuerpo de la mujer es sagrada. Por eso no se le puede poner un precio. Y creo que pensar que la sacralidad de la mujer y su dignidad solamente están en su sexualidad, es seguir obedeciendo un poco al patriarcado.

Quizás ellas te contestarían que es al revés: si bien otros empleos también explotan el cuerpo, la cosificación sexual de la mujer es, en la guerra contra el patriarcado, la madre de las batallas.
–Pero hay un montón de otros trabajos en los cuales la mujer termina explotando su capital erótico. Acá en Argentina, la mayoría de los puestos laborales que una puede agarrar en los avisos clasificados te piden buena presencia y no pasar de los 35 años. La moza explota su capital erótico, las promotoras, las secretarias, las modelos, las vedettes… Y si ellas deciden hacer eso conscientemente, porque saben que así pueden ganar muchísimo más, hay que respetar la decisión de esa mujer. Cuando nosotras empezamos a formarnos un poco más en el feminismo, vimos que el abolicionismo teórico te dice que la prostitución es producto de la desigualdad de género. Pero las políticas que ellas impulsan no parten de romper con esa brecha. Acá en nuestro país se pensaron trabajos para sacarnos de la prostitución, pero eran talleres para ser peluqueras, para que hagamos carteras, toallones, bisutería… ¿Esos son los trabajos que tenemos que hacer para dejar de ser funcionales al patriarcado?

Lo que objetan algunas teóricas del feminismo es que la mujer que explota sus atributos físicos perjudica a todas las que no los tienen, porque perpetúa la figura de la mujer objeto que vale por eso.
–Sí, pero yo creo que la mujer tiene que valer por el valor que ella se pone. Algunas explotan su valor erótico, otras su valor intelectual, y lo que eso viene a reflejar es que todas somos diferentes. Si pretendemos un mundo con un solo tipo de mujer socialmente aceptado, vamos por un camino claramente incorrecto. Hay un montón de mujeres y cada una potencia su cuerpo y su placer a su manera, vende su capital erótico y sus otras capacidades a su manera. Creo que todas tienen que ser respetadas y legitimadas.

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Entre feministas jóvenes, un tema de mucho debate ha sido el reggaetón. Unas acusan a otras de obedecer al deseo masculino que las denigra o las reduce.
–Mirá, la mujer sigue obedeciendo a un montón de presiones socioculturales: mantenerse joven, ser madre, asumir ella la educación y la crianza de sus hijos, mantener todo el sistema de la limpieza y la responsabilidad de la casa. Esos puntos habría que tratar, antes que caerles a las mujeres que bailan reggaetón o les gusta perrear. Me parece que a veces el movimiento feminista se desvía en querer castigar a otras mujeres, haciendo esta división entre las buenas y las malas que recae sobre nosotras porque, supuestamente, cobramos por algo que no tiene precio. En cambio, nosotras decimos que hay un montón de situaciones en que la mujer le pone un precio a sus relaciones. El matrimonio es una de ellas, y no vemos que estén pidiendo abolir la institución matrimonial, dentro de la cual son violentadas y abusadas muchísimas más mujeres que en el trabajo sexual. En Argentina cada 36 horas muere una mujer asesinada dentro de sus entornos familiares. Y sin embargo la política de ellas no es abolir la institución matrimonial.

A propósito de eso, leí que tú antes les cobrabas más a las mujeres, por ser un servicio menos habitual, pero después decidiste hacer lo contrario.
–Sí, porque entendí que al cobrar más a las mujeres seguía fomentando esa desigualdad: que a la mujer siempre le va a costar más disfrutar su sexualidad. Y eso fue darme cuenta de un montón de cosas. Por ejemplo, de por qué la mayoría de clientes que tenemos son varones. No es porque nosotras estemos haciendo funcionar el patriarcado, sino porque el varón está mucho más legitimado para disfrutar su sexualidad. Muchas mujeres me dicen, o me escriben, que a ellas les encantaría pagar un servicio sexual, pero la culpa se los impide, se sienten haciendo algo malo al pensar sólo en su propio disfrute. Y hay más clientes varones por otra razón: en muchas familias, la mujer no gana su propio dinero. En los últimos años comenzó toda una avanzada para que la mujer salga de la casa y se inserte en el trabajo, pero va a llevar un tiempo bastante largo invertir esa cuestión y que las mujeres también se animen a pagar.

POLICÍAS Y PSICÓLOGAS

Para buena parte de la sociedad, ayudar a las prostitutas significa ofrecerles “un trabajo digno”. ¿Qué tan difícil ha sido instalar una voz que dice “nosotras queremos hacer esto”?
–Muy difícil, sobre todo por una razón: durante siglos se ha hablado y se ha escrito sobre la prostitución, pero las que tomaron la voz nunca fueron las prostitutas. Nosotras estamos organizadas hace 21 años y fue toda una lucha no sólo ser reconocidas como un sujeto político válido, sino ser escuchadas en las mismas mesas donde se discutían políticas públicas para nuestro sector. Se habían sentado ONGs, movimientos de mujeres, gente de la academia, pero a nosotras nunca nos convocaron. Tuvimos que partir por algo tan básico como conquistar una voz en nuestros espacios. Cuando los docentes o los metalúrgicos piden mejorar sus condiciones, el Estado se sienta a negociar con ellos, no con otra gente que viene a pensar por ellos. Y eso refleja lo que venimos hablando: esa actitud maternalista por parte de algunas, cercana al patriarcado, de decidir por nosotras como una especie de salvadoras, creyendo que somos mujeres no pensantes…

Sino explotadas…
–Claro, tomarnos por víctimas: lo que decimos no es legítimo porque no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Es súper violento tener que escuchar esos argumentos. Es tratarnos como mujeres incapaces, infantilizar nuestras voces. Y me parece que eso, aunque provenga de un sector que se reconoce como feminista, es una actitud claramente machista.

Y que, según reclaman ustedes, favorece al principal enemigo que tienen, la policía.
–Sí. Porque el abolicionismo te dice “no perseguimos a las mujeres”, pero una vez que institucionalizan sus posiciones, despliegan un montón de legislaciones que les entregan muchísimo más poder a las fuerzas policiales para que hostiguen a nuestras compañeras, las coimeen, las violenten, realicen detenciones arbitrarias, les allanen los departamentos, les roben el dinero y sus pertenencias, en fin.

En 2012 se modificó en Argentina la ley que penaliza la trata de personas, y ahora ustedes no pueden decir que sus servicios sexuales son consentidos. Lo que digan al respecto vale cero, ¿no?
–Exactamente. La ley anterior, del año 2008, diferenciaba trata de personas de explotación laboral y de trabajo sexual autónomo. Y la modificación que sufrimos en 2012 fue producto de un juicio muy emblemático que hubo en el país, por el caso de Marita Verón, una joven tucumana que todavía no ha sido encontrada. Los tres imputados quedaron sobreseídos y eso generó un clamor social que se tomó las calles. Entonces, un poco para apaciguar ese reclamo, un 18 de diciembre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a sesiones extraordinarias para modificar la ley sobre trata de personas. Esa ley ya se venía trabajando en el Congreso, donde nosotras ya habíamos planteado que eliminar el consentimiento de la mujer nos sería muy perjudicial. Y como no había acuerdo sobre ese punto, siempre quedaba encajonado. Pero bueno, ahí en sesiones extraordinarias se aprobó. Y la consecuencia es que hoy, para el Estado, todo es trata de personas. Muchos diputados y diputadas, a los cuales les hicimos ver que se estaba legislando sin la maduración en el debate político que merecía ese proyecto, hoy reconocen que no sabían las consecuencias de lo que estaban votando.

¿Cuáles han sido esas consecuencias?
–Bueno, a partir de esa ley se cerraron la mayoría de los lugares donde nuestras compañeras ejercían el trabajo puertas adentro, en sus domicilios particulares o en departamentos que compartían con otras compañeras.

¿Por qué?
–Porque muchos fueron allanados sin orden judicial, que es otro de los poderes que se otorgó a la policía. Y nadie es veedor de lo que la policía hace. Allanan sin orden judicial, les roban a nuestras compañeras el dinero recaudado y sus objetos de valor. Y en muchos casos, no sólo se clausuró el lugar y ellas quedaron en la calle, sino que también alguna quedó procesada como la supuesta regentora del lugar, la que explotaba a las otras.

¿Con qué pruebas?
–Simplemente por haber sido la que abrió la puerta en el allanamiento, la consideraban dueña del lugar. O en otros casos, por ser la más veterana, la justicia entendía “bueno, vos sos la mayor, vos explotás a las otras”. Nos encontramos con situaciones de muchísimo abuso y muchísima arbitrariedad. En la mayoría de los casos fuimos litigando, aunque muchas compañeras desistían de seguir con el proceso judicial, que acá es muy largo. Pero bueno, una de ellas llegó hasta el final y marcó el precedente de demostrar a la justicia que ella era trabajadora sexual autónoma y que era perseguida por los agentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los operadores judiciales. Y una jueza obligó al gobierno de la Ciudad a que deje de perseguirla, que deje de allanarle su vivienda que es también su lugar de trabajo. Y que si el gobierno quiere ser el ente regulador de la prostitución, debe primero regularla como lo que es. Ese primer fallo demostró, justamente, que las políticas antitrata no diferenciaban entre trata y trabajo sexual, que se llevaban puesto todo. Criminalizaron el trabajo sexual y empujaron a una cantidad de compañeras a terminar trabajando en la clandestinidad.

Las precarizaron al máximo.
–Así es. La que antes tenía un departamentito y lo compartía con una compañera, ahora se quedó en la calle y tiene un perfil de Facebook. Ahí se contacta con los clientes y directamente pasa al encuentro en la casa del cliente o en un hotel, pero no tiene un lugar físico. Y eso también dificultó a la organización con el alcance hacia nuestras compañeras. Antes podíamos visitarlas en el departamento, hablar con ellas, ver cómo ejercían su trabajo. Hoy por hoy, muchas de ellas no sabemos dónde están.

Aparte de estas prerrogativas que tiene ahora la policía, entiendo que la ley también creó unas brigadas de psicólogas que se llaman “rescatistas”.
–Sí, la Oficina Nacional de Víctimas de Trata. Son un grupo de psicólogas y trabajadoras sociales que ingresan en el allanamiento para, en teoría, asistir a las víctimas. Por lo que nos han contado la mayoría de nuestras compañeras que pasaron por la entrevista con la psicóloga, son preguntas inquisidoras todo el tiempo. Y son ellas las que elaboran el informe que llega al juez o al fiscal, y ese informe desestima totalmente que la decisión de las mujeres de ejercer la prostitución sea voluntaria. Siempre ven que está coaccionada, que no elige por sí misma sino víctima de una situación de vulnerabilidad. Y mientras la psicóloga las entrevista, ellas ven cómo los policías y los operadores judiciales se están llevando su dinero, sus celulares, y nadie les responde. Y también, muchas veces, cuando su lugar quedó clausurado, ellas le decían a la psicóloga que no tenían dónde más ir, que por favor las dejaran quedarse ahí, y ellas les dijeron “no, te venís conmigo al refugio o te quedás en la calle”. Nosotras decimos que ellas son las policías de la moral. Las compañeras pueden negarse a hacer la entrevista, pero ellas nunca les dicen que existe esa posibilidad, directamente las sientan y les comienzan a hacer esas preguntas que les imponen la figura de la víctima. Y después hablamos de cosificación, ¿no?

Algunos pensarán, cuando lean esta entrevista, que al negar la condición de víctima generalizas una situación tuya que para otras sí puede ser más dramática. ¿Qué les contestarías?
–Primero, que si ha habido un “discurso único” alrededor de las trabajadoras sexuales, ha sido el discurso victimizante que reduce nuestra capacidad de decisión. Y si decidimos salir a hablar es, en parte, justamente para mostrar que no todo en el mercado sexual es igual, que hay otras historias posibles, de mujeres que decidimos hacer trabajo sexual como un proyecto laboral emancipatorio. Todas las voces deben escucharse, pero hasta acá, las voces desacreditadas han sido las nuestras. Y siempre remarco que nunca presentaría mi historia como representativa de todo un colectivo. Cada una tiene su historia, su recorrido. Lo que nos une a todas son las consecuencias de trabajar en la clandestinidad y la lucha por mejorar nuestras condiciones laborales y acceder a derechos.

LA BATALLA CULTURAL

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En algún discurso decías que la gran batalla cultural, para ustedes, es ser aceptadas por sus propias familias. Y que algunas le tienen más miedo a que sus familias sepan en qué trabajan que a irse presas.
–Sí. El principal problema nuestro no es lo que la gente piensa: la violencia de nuestros clientes, o haber tenido que hacer esto como la única opción y vivirlo con mucho drama. Nosotras decimos “no, mirá, yo no tengo problemas con mis clientes ni me siento víctima por hacer esto”. El gran problema nuestro es el estigma. Todos esos prejuicios de personas que juzgan, que señalan, que discriminan, se convierten en el estigma de ser puta, de hacer un trabajo que unos denigran y otros victimizan. Se convierten en vivir muchos años de manera clandestina, mintiéndoles a las propias familias, creando un montón de barreras de ocultamiento: tener dos teléfonos, salir vestida de tu casa con una ropa y después ponerte una minifalda o un pantalón ajustado y unos zapatos en la casa de alguna amiga para poder pararte en la esquina, esconder el dinero, vivir con el temor de que algún conocido te vea en la calle y le vaya a contar a tu familia. Y el miedo a que tu propia familia, tu propio entorno te excluya, no te acepte. Porque nuestra familia también es parte de esa sociedad, ¿no?

¿Y han logrado torcerle la mano a eso, abrir el tema y que la familia apoye?
–Mirá, en el último tiempo sí. También eso se debe a que hubo muchas compañeras que hicieron camino al andar, y nos demostraron que no hay nada más liberador que poder contarle a tu alrededor verdaderamente quién sos, a qué te dedicás, y dejar de vivir todo eso con la culpa. Sacarte esa mochila súper pesada que llevás sobre la espalda porque te creés lo que la sociedad deposita sobre nosotras. Contar tu historia y que tu familia, tus hijos, tus amigos, te acepten… eso no se compara con nada. Yo lo viví en carne propia. Y también lo veo cuando mis compañeras vienen y me cuentan que se lo contaron a su novio, a sus amigas, que se lo pudieron contar a su madre, a sus hijos, y lo cuentan tan emocionadas… Porque es eso, ¿no? Es sacarnos lo que durante mucho tiempo llevábamos a escondidas, como salir del clóset.

Además, me imagino que el comentario “qué va a pensar tu hijo cuando sepa” debe ser la zona más sensible de ese estigma.
–Bueno, y si hay un actor que trabaja arduamente para potenciar ese estigma, es el abolicionismo. Porque justamente su argumento es: “si tanto defendés el trabajo sexual, ¿se lo recomendarías a tu hijo?”. Como diciéndome que si yo soy puta, quiero que mi hija sea puta, y después vengo por las sobrinas y las nietas. O decir sobre nosotras “son sólo diez, y además andan con caretas”. Y no entendés que esa mujer tiene que usar una careta porque hay discursos como el tuyo que predominan en un montón de espacios, y que recaen de tal manera sobre la vida de esa mujer que, en vez de poder contar quién es y mostrar la cara, tiene que taparse. Porque ahí está el abolicionismo diciendo todo el tiempo que nosotras no elegimos esto, que estamos mintiendo… Y ya eso de meter a nuestros hijos en el medio de un debate demuestra una actitud muy controladora, ¿no? Se supone que si vos sos feminista y querés destruir el patriarcado, no vas a defender la carga moral que se le puso durante siglos a la maternidad. Pero nos dicen “ustedes son madres que no piensan en sus hijos”.

Para sus hijos, al mismo tiempo, también debe ser todo un tema cargar con ese discurso social: “tu mamá es tal cosa”.
–Claro, ese es uno de los temores que tenemos, por lo menos las que somos mamás y jefas de hogar. Una cosa es que tus hijos sepan que sos trabajadora sexual y te acepten, y otra cosa es cómo nuestros hijos van a poder defenderse en sus ámbitos –la escuela, el club de amigos– y generar herramientas para deconstruir prejuicios. Para mí, la raíz de todo lo que recae sobre la trabajadora sexual tiene que ver con lo moral, con los prejuicios sexuales y también sociales que hay. Y después, con el enorme desconocimiento de personas que dan cosas por hecho sin siquiera ponerse a pensar.

Tu movimiento ha tenido llegada en algunos sectores del feminismo, pero la pelea con las abolicionistas ha subido mucho de tono. Ustedes denuncian que ellas les boicotean las cuentas de Facebook, convocan a quemar sus volantes publicitarios y cosas por el estilo. ¿Qué explica tanta tensión?
–El problema del sector abolicionista es que ha conquistado un montón de políticas públicas –no sólo la ley nacional sino muchas ordenanzas municipales y decretos presidenciales, como la prohibición de los avisos clasificados en los diarios– pero ya no sabe cómo mantener lo conquistado. Porque desde el otro lado se alzan cada vez más voces de mujeres que, además de reconocerse como trabajadoras sexuales, cuentan las consecuencias de las políticas que ellas han impulsado desde un feminismo de línea prohibicionista que nos victimiza y criminaliza. Y creo que al no saber cómo enfrentar la avanzada de las trabajadoras, apelan, desde la bronca, desde la impotencia, a esas acciones, como denunciar las cuentas de Facebook para que no podamos visibilizar más lo que venimos haciendo. O decir que las dirigentes de la organización no somos trabajadoras sexuales, sino que tenemos todo un discurso armado que está financiado por el proxenetismo internacional…

¿Les dicen eso?
–Nos dicen eso. A mí me dicen que no soy trabajadora sexual y que fui formada por el proxenetismo internacional. Pero todos esos argumentos reflejan, justamente, la situación incómoda en que están ellas con su discurso de la mujer víctima que no eligió y que ellas están salvando. Ahora esas mujeres están diciendo “yo no soy víctima y no quiero que nadie me salve, sino que el Estado me reconozca mi trabajo y mis derechos”. Entonces hay, por un lado, trabajadoras hablando en primera persona, y por el otro, algunas feministas institucionalizadas hablando detrás del escritorio, donde no hay nadie que pueda respaldar ese discurso.

Tú dices que están más preocupadas de construirse a sí mismas como activistas.
–Sí, y por eso están siempre preocupadas de lo que genera la organización. Porque en todos los espacios donde ellas van a hablar, hablan de nosotras. Hablan de nuestras actividades, hablan del “Puta y Feminista”, que según ellas es una movida que generamos para atraer a chicas desde una mirada más cool. Muchas veces vienen periodistas y nos preguntan “mirá, fui a una charla y dijeron que ustedes eran proxenetas, que son un invento…”. Ante su situación incómoda, lo único que surge es desacreditar a una organización social que, como todas, pasa por procesos de maduración, de debates internos, de pensar estrategias para incidir políticamente y comunicacionalmente… Y ahora que, para peor, tenemos un gobierno de derecha, ha quedado a la vista que ellas dejaron ahí un montón de dispositivos judiciales para quienes quieran perseguir a la mujer que ejerce el trabajo sexual.

Vi un cartel que decía “Te lo decimos las putas: Macri no es hijo nuestro”.
–Sí, Macri y tantos otros.

Un doble reclamo: no le digan “hijo de puta” que nos ofende.
–Claro. Durante mucho tiempo nosotras nos corríamos de la palabra puta. No queríamos ni que nos fuera mencionada. Decíamos “no, nosotras somos trabajadoras y queremos que la sociedad nos comience a respetar como clase obrera”. Pero también vimos que al dejar que la palabra puta se siga usando para estigmatizar a las mujeres y sus cuerpos, le regalamos cosas al patriarcado. Esta fue toda una discusión interna que tuvimos. Y decidimos que no queremos regalar más nada, que durante muchos años le habíamos regalado casi todo a muchísima gente que se ha aprovechado del estigma nuestro, y de nuestra clandestinidad, para hablar por nosotras, para escribir libros por nosotras y hablar desde la academia por nosotras. Y que la puja de la organización sindical también recuperar esos espacios que ganó la mirada prohibicionista. Así que resolvimos reapropiarnos colectivamente de la palabra puta para quitarle el estigma y que algún día deje de ser un insulto a la mujer. Porque incluso para insultar al hombre se sigue insultando a la mujer que hay detrás del hombre. Y la raíz de eso es que hay un colectivo de trabajadoras sexuales, de putas, que está estigmatizado. Entonces, el día que nos reconozcan como trabajadoras, y el día en que demos entre todos y todas una gran batalla cultural, seguramente la palabra puta no tendrá el tinte peyorativo y discriminatorio que hoy tiene.

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Derivas sociológicas y de las ciencias sociales sobre la prostitución

 

 

Santiago Morcillo*

 

Octubre – Diciembre 2016

 

http://produccioncientificaluz.org/index.php/espacio/article/view/22004/21731

 

Derivas sociológicas y de las ciencias sociales sobre la prostitución.

 

Santiago Morcillo*

 

Resumen

En el marco de la relación múltiple y cambiante que la Sociología ha entablado con la prostitución, este artículo busca repasar apenas algunas de las líneas más significativas en la producción de las ciencias sociales sobre el sexo comercial para comprender las claves de lectura actuales. En primer lugar se abordan algunos hitos en la construcción sociológica de la prostitución como objeto de estudio. Luego se considera el influjo del debate feminista en sus distintas posiciones y también de los movimientos de prostitutas o trabajadoras sexuales. Por último se mencionan algunos temas que se han intersectado con la prostitución y el mercado sexual para finalmente dejar planteadas las vicisitudes y necesidades de esta área.

 

Palabras clave: Prostitución; Sociología; Feminismo; Trabajadoras Sexuales

 

La Sociología y la prostitución han construido una relación compleja y que ha sufrido varias transformaciones. Dar cuenta exhaustivamente de los abordajes sociológicos de la prostitución, incluso restringiéndonos a las últimas décadas, implicaría un trabajo que excede con mucho los límites de este escrito de pretensiones más humildes. Aquí busco repasar apenas algunas de las líneas que me parecen significativas en la producción de las ciencias sociales sobre el sexo comercial a fin de comprender mejor cuáles son las claves de lectura actuales.

 

La prostitución llega a constituirse como objeto de análisis para las ciencias sociales y la sociología durante del siglo XIX y en diálogo con otros campos discursivos: la medicina –y en particular el higienismo-, la filosofía y la ética, y el derecho han sido claves en este sentido. A pesar del latiguillo de “profesión más antigua” resulta problemático construir una línea de continuidad entre la prostitución moderna y otras formas de intercambios sexo económicos en la antigüedad. Varios estudios modernos acerca de la prostitución en la antigüedad se apoyan en la noción de una “prostitución sagrada”. Más allá de su existencia empírica1, en la mayoría de los casos la imagen de la prostitución sagrada -la poderosa sacerdotisa o diosa prostituta- sirve para marcar un contraste con la figura de la prostituta

luego del cristianismo -la lujuriosa descarriada o la victimizada Magdalena arrepentida-. Este es el caso de Bataille (1997), que planteó la oposición entre la prostitución religiosa y la prostitución moderna a la que denomina la “baja prostitución”. Esta surge de la miseria, y el valor simbólico atribuido a estas prostitutas será únicamente el de la exclusión.

 

Como otros tantos objetos sociológicos, la construcción sociológica de la prostitución moderna vendrá marcada por el abordaje primigenio de la medicina higienista. Desde mediados del siglo XIX, el desarrollo urbano tuvo aparejado el crecimiento del burdel al cual los médicos higienistas buscaron transformar en “casa de tolerancia”. En este marco emerge en 1836 el estudio “De la prostitución en la ciudad de París desde el punto de vista de la higiene pública, la moral y la administración” de Alexandre Parent Duchâtelet, señalado como uno de los fundadores de la investigación en temáticas sexuales desde las ciencias sociales y del comportamiento (Bullough y Bullough, 1996). Más allá de sus sesgos, lo que cristaliza por primera vez con el estudio de Parent Duchâtelet, es la construcción de las prostitutas como una “población”, en sentido foucaultiano: se enfoca hacia la extensión de la prostitución, se necesita medirla, conocer sus rasgos como grupo. Como veremos, esta caracterización epidemiológica de las prostitutas resonará cuando irrumpa la epidemia de VIH/sida (Morcillo, 2015).

 

A su vez, en este momento histórico emerge “la prostituta” como personaje del elenco de anormales y perversos que produce el “dispositivo de sexualidad”2 (Foucault, 2002). Al situar al sexo como clave para descifrar la identidad subjetiva, el dispositivo de sexualidad genera personajes perversos, esencializando prácticas “desviadas” y postulándolas como emergentes, puntas de un iceberg que esconde un complejo sistema subjetivo pervertido. La constitución de la figura de “la prostituta” surge como uno de los efectos de este dispositivo, sumado a leyes específicas que aislaron y segregaron a las prostitutas del resto de la clase trabajadora (Guy, 1994; Walkowitz, 1980).

 

Esto permitirá entender la orientación de la sociología de la desviación en sus exploraciones sobre la prostitución. Este enfoque –que tuvo importancia en la sociología hasta la década de 1990- se mueve desde la pregunta por “¿quiénes son las prostitutas?” hasta cuáles los motivos y las formas de entrada en la prostitución (ver por ejemplo Davis, 1937). Varias investigaciones han tomado a las prostitutas como objeto para estudiar conductas desviadas (sexuales o de consumo de drogas, de propagación de enfermedades venéreas o delincuencia juvenil) sin cuestionar la construcción ideológica de “la prostituta” ni pensar en paralelo en otras formas de intercambios sexo-económicos (ver en Pheterson, 2000; Tabet, 2004)3.

 

Sin embargo, desde la sociología de la desviación también nacerá una línea que habilita a repensar el papel de la categoría “prostituta”. Acá tienen un papel importante tanto el desarrollo de la teoría del etiquetaje de Howard Becker como los desarrollos de Erving Goffman sobre el estigma. Ambos abordajes han permitido reconstruir la posición de la prostituta en una trama de relaciones sociales, dejando de lado el peso puesto a las características personales y psicológicas. En esta línea de trabajo se han desarrollado, desde mediados de los 80’ y hasta la actualidad, distintos estudios que describirán el manejo de la identidad y permiten elaborar una crítica de la estigmatización que sufren las prostitutas a partir del análisis de sus vidas cotidianas (por citar sólo algunos: Fonseca, 1996; Gaspar, 1985; Kong, 2006; Morcillo, 2011, 2014a; Pasini, 2000; Piscitelli, 2006; Sanders, 2005). En esta línea de trabajo, la socióloga Gail Petherson (2000) ha planteado un concepto clave para comprender cómo funciona la prostitución: el “estigma de puta”, que no solo controla y disciplina la sexualidad de las que venden servicios sexuales sino de todas las mujeres. Este enfoque ha permitido desarrollar todo un abordaje de la prostitución que comprende en clave crítica las relaciones de género que la atraviesan, sin por ello poner a las prostitutas en un lugar de meras víctimas sin capacidad de agencia. Pero para esta transformación, además de los desarrollos en la sociología de la desviación, serán también clave los movimientos de prostitutas (Pheterson, 1989). Nacidos a fines de los 70’, es el diálogo con estos movimientos el que permite a la sociología feminista percibir con agudeza el peso de la estigmatización entre quienes se dedican al sexo comercial. Sin embargo las posiciones del feminismo están divididas respecto a la prostitución y otras voces se han contrapuesto a esta posición.

 

Las guerras del sexo y la polarización del debate feminista.

 

Un punto ineludible para comprender el desarrollo la sociología en torno al mercado sexual en las últimas décadas son las transformaciones en el debate feminista sobre la prostitución. La prostitución ya era un tema importante desde el feminismo de la primera ola. Estas feministas hacían énfasis en dos elementos: las condiciones socio-económicas de las mujeres y una crítica del matrimonio. Según Barbara Sullivan (1995) el feminismo de la primera ola comprendía a la prostitución dentro de un continuo de intercambios sexuales-económicos que marcaban las posiciones de las mujeres. Sin embargo, las perspectivas comenzaron a trasformarse tempranamente en el marco de ligazón del movimiento feminista abolicionista de la prostitución con los movimientos religiosos de “pureza social” y su vuelco hacia la cuestión de la “trata de blancas” a fines del siglo XIX4. Más adelante, esta misma temática reflotaría a fines del siglo XX, denominada ahora como “trata de personas”5 y acicateada por los fenómenos económicos trasnacionales asociados a la globalización y trasformaciones geopolíticas (retomaré este punto más adelante).

 

A esta circunstancia se sumó también desde mediados de los 80’ el debate feminista sobre la sexualidad, que en el marco del feminismo euro-anglosajón se conoce como las guerras del sexo (sex wars). Aquí surge la oposición entre las concepciones del feminismo radical, que conceptualiza al sexo en un contexto patriarcal como un peligro, y del feminismo libertario o pro-sexo, que lo enfocará como una posibilidad de placer. De un lado, se plantea que negociar el placer sexual no conlleva a ninguna forma de libertad, ni es el placer un tema central de la sexualidad femenina; la cuestión es la dominación y la forma de detenerla (Dworkin, 1987, 1993; MacKinnon, 1987). Del otro, se sostiene que la cuestión clave de la sexualidad son los aspectos potencialmente liberadores del intercambio de placer entre individuos que consienten (ver Ferguson, 1984: 53). En estas discusiones las prostitutas ocuparon tanto el lugar de esclavas sexuales como de paradigma de la subversión sexual (Chapkis, 1997).

 

En el feminismo radical la homogeneización sobre las diversas experiencias de las mujeres en el sexo comercial puede comprenderse a partir del tono esencialista que mantiene la concepción de sexualidad. Más allá de la crítica en clave de género, las diferencias en términos de clase, de raza, de nacionalidades, de edades y de mercados sexuales son despreciadas desde este enfoque. A ello debe sumarse los señalamientos en cuanto a la escasa rigurosidad metodológica de sus investigaciones (Weitzer, 2005a).

 

Aunque el feminismo radical es la línea teórica más desarrollada dentro de las posiciones abolicionistas de la prostitución, también podemos encontrar otros enfoques que se reconocen como feministas y desarrollan una comprensión contextualizada de la comercialización del sexo, desarticulando el esencialismo de las feministas radicales. Desde estas posiciones se toma en cuenta el papel del género –pero no como una estructura de dominación dicotómica e inamovible— sin desatender el rol que juegan la clase y la raza. Si bien no abundan estudios desde estas perspectivas se puede mencionar, por ejemplo, a Julia O’Connell Davidson (2002) quien objeta tanto las miradas abolicionistas como las pro-trabajo sexual; cuestiona la concepción reificada del poder, que para unas aparece en manos de los clientes y/o proxenetas, y para otras se halla concentrado en el Estado y en la legislación que criminaliza a la prostitución.

 

La otra posición del debate feminista sostiene la noción de “trabajo sexual” como forma de conceptualizar a la prostitución. Aquí ocupan un lugar importante las feministas que en el contexto de las sex wars se han denominado “pro-sexo”. Si bien algunas feministas pro-sexo, simplemente perciben a la prostituta en un sentido diametralmente opuesto al del

feminismo radical -como un agente de subversión del orden sexual-6; la mayoría elaboran sus concepciones sobre sexualidad teniendo en cuenta un contexto cultural de dominación masculina: “el sexo se entiende como construido por esta cultura, sin ser completamente determinado por ella” (Chapkis, 1997: 23). Lo que caracteriza a esta perspectiva es la noción de que el sexo es un terreno de lucha y no un campo de posiciones fijas de género y de poder.

 

Muchas lecturas de los planteos de las feministas pro-sexo se ven perjudicadas por el juego político de polarización. En este sentido, Adriana Piscitelli sostiene la necesidad de correrse de las posiciones que tienden a la simplificación de la problemática. En Gênero no mercado do sexo –un artículo clave que sintetiza este punto de vista— Piscitelli aclara que los problemas ocurren cuando se interpreta la sexualidad como mera corporificación del género –tal como se puede leer la perspectiva de MacKinnon— o como parte de posiciones o identidades de género fijas; pero también cuando en una perspectiva de identidades fluidas se dificulta el acceso a los scripts que están siendo performados en un contexto (Piscitelli, 2005: 20).

 

Un punto ineludible para comprender el desarrollo de este debate es el surgimiento de los movimientos de prostitutas. Ya desde mediados de los 70’, algunas prostitutas habían comenzado a pelear por sus derechos por primera vez públicamente y conformando alianzas junto a otros actores. A partir de la década siguiente florecerán en todo el mundo diversas organizaciones de prostitutas (Gall, 2007; Pheterson, 1989; West, 2000). Según la activista y prostituta Carol Leigh (1997)7, la expresión “trabajo sexual” (sex work) y luego “trabajadora sexual” fueron acuñadas por ella en 1980 debido a los problemas que les causaba a las mujeres presentarse como “prostitutas” en los contextos feministas. La concepción de la prostitución como un trabajo se halla ligada desde su surgimiento a dos problemas centrales: la estigmatización y las divisiones entre mujeres.

 

En este contexto emergen nuevas formas de pensar y denominar a la prostitución, concebida ahora como “trabajo sexual”, y da el marco para que algunas feministas y académicas/os comiencen a investigar y pensar esta problemática con estudios que se visibilizarán a lo largo de la década del 90’ (Piscitelli, 2006). Como vimos antes, a partir de las colaboraciones con los movimientos de prostitutas Gail Pheterson (2000) logra desarrollar la mencionada noción de “estigma de puta” como un elemento constitutivo sin el cual no puede comprenderse a la prostitución. Para Pheterson, lo que se sanciona específicamente con el estigma de puta es el pedido explícito de dinero, pero además

se condena cualquier gesto de autonomía femenina8. Dolores Juliano (2002, 2003) ha retomado esta idea al concebir a la estigmatización de las putas como modelo de control sobre la sexualidad femenina, que refuerza la división entre mujeres puras y putas aislando a las prostitutas en un submundo. Por ello, para estas autoras, como para toda la posición pro-trabajo sexual, es clave la alianza entre putas y no putas como forma de poner en cuestión la división patriarcal entre mujeres “buenas” y “malas”. Kamala Kempadoo también ha sugerido otras alianzas posibles a partir de la redefinición de la prostitución como trabajo sexual pues se vincula con:

 

Las luchas por el reconocimiento del trabajo de la mujer, por los derechos humanos básicos y por condiciones de trabajo dignas: luchas que no son específicas de la prostitución y el comercio sexual, sino que son comunes a la lucha general de las mujeres [y a su vez esta redefinición] destaca la naturaleza variada y flexible del trabajo sexual así como sus similitudes con otras dimensiones de la vida de las/los trabajadores/as. (1998: 1).

 

El enfoque del trabajo sexual expandió tanto las nociones de trabajo como las de sexualidad. Por un lado, en el caso de la sexualidad permite ir más allá de los intercambios que usualmente se piensan como “prostitución”, es decir mero sexo a cambio de dinero y sin afecto. Por ejemplo, Piscitelli (2008) ha considerado los vínculos afectivos que las mujeres brasileras entablan con turistas sexuales, con quienes migran y pueden casarse, como parte de una estrategia para tener una movilidad social ascendente que en su contexto vernáculo les sería imposible. También Kempadoo (1996) ha examinado en las sociedades del Caribe lo que se conoce como “sexo transaccional”, es decir intercambios sexuales a cambio de bienes o mejoras diversas. Esta autora critica la homogeneización de las experiencias de las mujeres del “Tercer mundo” señalando que la mirada del feminismo radical supone valores sexuales que, al postular al sexo como aquello más íntimo y valioso, “borra otras definiciones y experiencias culturales de sexualidad y relaciones sexuales-económicas […] e impone una definición muy estrecha desde una visión de sexo feminista estrictamente occidental y burguesa”. (1998: 4). Detrás de la concepción de las mujeres del “Tercer mundo” como meras víctimas sin ninguna capacidad de agencia, existe, según Kempadoo, un neocolonialismo que acalla las voces de estas mujeres e imagina su experiencia a partir de las concepciones de género y sexualidad hegemónicas en el primer mundo occidental9.

A partir de esta expansión, el concepto de “trabajador/a sexual” da la posibilidad de conectar la prostitución, tanto con otras actividades de la industria del sexo, como con otras actividades de las mujeres trabajadoras -por ejemplo esto sucede cuando se liga al

trabajo sexual con el “trabajo emocional” como un trabajo feminizado (Adelman, 2011; Bernstein, 2007b; Hochschild, 2003; Morcillo, 2014b)-. Estas articulaciones, según Kempadoo, “puede ser la base de movilización en luchas por condiciones de trabajo, derechos y beneficios y por formas de resistencia más amplias contra la opresión de los/las trabajadores/as en general y de las mujeres en particular” pues “pone de manifiesto que los intereses comunes de las mujeres trabajadoras pueden articularse dentro del contexto de luchas (feministas) más amplias contra la devaluación del trabajo de las ‘mujeres’ y la explotación de género dentro del capitalismo.” (1998: 3).

 

Del VIH a la “trata de personas” y los desafíos abiertos

 

Desde mediados de los 80’, con mayor fuerza en los 90’ y hasta entrada la primera década del siglo XXI, ha tenido lugar una gran producción de estudios e investigaciones sobre diversos aspectos de las relaciones entre el sexo comercial y la epidemia de VIH/sida. En un principio buena parte de las investigaciones se orientan a detectar los patrones epidemiológicos de expansión del virus, donde las prostitutas jugarán el papel de “vector de contagio” hacia el resto de la sociedad. Como señalan Ward y Day (1997), ya desde el higienismo decimonónico y en toda la epidemiología clásica del tratamiento de enfermedades sexualmente transmitidas, las prostitutas son vistas como una suerte de reservorio de infección. Solo a mediados y fines de los 90’ las investigaciones comienzan a problematizar este paradigma. Entonces, múltiples estudios mostrarán que es necesario considerar para cada población específica cual es el grado de riesgo, poniendo de relieve el papel de otras problemáticas como el uso de drogas intravenosas y la estigmatización (Lazarus, et al., 2011; Rekart, 2005; Ward, H. A. S. O., 2006). Aquí es donde también comienza a marcarse la necesidad de estudiar otros actores como los clientes de sexo comercial, indagar en más allá de las prostitutas mujeres y considerar también las relaciones en sus vidas privadas. En este aspecto varias investigaciones han señalado como el uso de preservativos resulta consistente en aquellas relaciones sostenidas en el ámbito laboral, pero no sucede lo mismo por fuera de este (Allen, et al., 2003; Sanders, 2002). Al igual que sucedió desde los abordajes de otras problemáticas ligadas el sexo comercial, paulatinamente emerge la necesidad de reconstruir un conocimiento matizado sobre el mercado sexual que lo comprenda en su complejidad suspendiendo juicios morales y estereotipos.

 

Este no parece ser el caso con los actuales abordajes que analizan la prostitución a partir de perspectiva de la “trata de personas con fines de explotación sexual”. Si bien ya había cierta preocupación por la trata de personas a fines del siglo XX, será con el cambio de siglo que buena parte de la producción académica sobre la prostitución se vuelca a este fenómeno. Aunque es presentado como novedoso (“la nueva esclavitud”), varias autoras coinciden en señalar los paralelismos entre el pánico moral que impulsaba la lucha contra la “trata de blancas” y la actual lucha contra la “trata de personas” (Doezema, 2000; Kempadoo, 2015; Schettini, 2013). Se ha mostrado las deficiencias y las dificultades en la producción de datos empíricos sobre la extensión concreta del fenómeno, con lo que se hace difícil dimensionarlo (Blanchette y Da Silva, 2011; Silva, et al., 2005; Varela y Gonzalez, 2015) y para algunos la lucha anti-trata adquiere en este siglo características que la asemejan una cruzada moral (Weitzer, 2007).

 

En este marco, el enfoque del feminismo radical, que subsumir las distintas formas del sexo comercial bajo la idea de la violencia de género y la esclavitud, prefigura la operación por la cual el tipo criminal de la “trata” sirve como clave de comprensión de todo el mercado sexual (ver por ejemplo Jeffreys, 2009). Sin embargo, desde otros enfoques, los procesos que muchas veces son interpretados como casos de trata con fines de explotación sexual son reenmarcados –a partir de los relatos y las experiencias de las mujeres— dentro de diversos tipos de tránsitos transnacionales y problemáticas migratorias, sin perder de vista la agencia de estas mujeres (Agustín, 2006; Kempadoo, 2005; Piscitelli, 2008; Piscitelli, Oliveira Assis y Olivar, 2011).

 

Observar la lucha contra la trata como una cruzada permite ver su expansión territorial irradiada a partir de los Estados Unidos. Allí la “lucha contra el terrorismo”, las transformaciones en las políticas seguridad y migratorias, entre otras, articulan un escenario donde el fenómeno de la “trata de personas” sirve para canalizar estas tensiones (Chapkis, 2005). Luego el proceso de institucionalización de este fenómeno ha construido mecanismos que coaccionan a los países periféricos a posicionarse bajo el paradigma norteamericano (Varela, 2015; Weitzer, 2005b). Este movimiento norte – sur de la campaña anti-trata se complementa con los estereotipos racializados sobre las víctima y quienes deben rescatarlas (Doezema, 2000; Kempadoo, 2015). Además, la creciente atención de los medios masivos de comunicación sobre la “trata de personas” pone a circular versiones espectacularizadas y simplificadas (Justo von Lurzer, 2013; Kempadoo, 2015).

Todo ello contribuye a un escenario que propicia además cambios en las legislaciones de diversos países10. En este nuevo giro emerge una vertiente del feminismo abolicionista que se asemeja cada vez más a una forma nueva de prohibicionismo pues propone la intrervención del sistema penal para resolver los problemas de justicia social, por ello algunos la llaman “feminismo carcelario” (Bernstein, 2007a). Aunque tiene origen en los países centrales, sus propuestas tienen eco en nuestra región -por ejemplo en Argentina donde las transformaciones legales han dado cauce a un modelo punitivo del derecho para intervenir en el mercado sexual-. Una de las medidas propuestas desde este paradigma es la penalización de los clientes de prostitución como forma de luchar contra la trata y la violencia contra las mujeres. Impuesto en Suecia en 1999, este paradigma de penalización, el “modelo sueco”, ha sido mencionado como ejemplo a seguir desde el feminismo radical (ver MacKinnon, 1993, 2009; Raymond, 2003). Sin embargo, varios estudios sostienen que estas normativas, bajo argumentos supuestamente feministas, muestran connotaciones moralizantes (Carline, 2011; Sanders, 2009; Scoular y O’Neill, 2007). Además, Don Kulick (2005) ha señalado los perjuicios que ha ocasionado a las trabajadoras sexuales de Suecia afectando casi exclusivamente a las que trabajan en las calles y particularmente a las migrantes. Al mismo tiempo, Kulick advierte cómo, con las encuestas y las distintas producciones discursivas sobre los clientes de prostitución, se está generando una nueva especie de “perverso”, en el sentido foucaultiano11.

 

La perspectiva de conjunto de la dinámica de producción académica sobre prostitución en las últimas décadas ha vuelto a poner de relieve la importancia del trabajo de investigación empírica como fuente del análisis. Una crítica situada solo puede provenir de un análisis minucioso y riguroso, especialmente considerando las diferencias que existen para los distintos mercados sexuales. Las revisiones de la literatura anglosajona suelen marcar esta necesidad, planteando el desbalance entre las investigaciones que abordan la prostitución callejera de mujeres y el resto de los actores y mercados que han sido mucho menos estudiados (Vanwesenbeeck, 2001; Weitzer, 2009). Sólo recientemente en nuestra región –a excepción de Brasil que cuenta con un conjunto de estudios de mayor antigüedad- se ha comenzado a señalar esta necesidad y, a la vez, la relevancia de poner atención a las distintas narrativas de las presonas dedicadas al sexo comercial para realizar una crítica de las posiciones esencialistas respecto a la sexualidad.

 

La dinámica maniquea del debate feminista obstaculiza los abordajes matizados que respondan a la complejidad del asunto. Más aún cuando la investigación sobre prostitución se constituye como un campo minado donde el apasionamiento puede desencadenar injurias y/o estigmatización hacia las y los investigadores (Dewey y Zheng, 2013; Hammond y Kingston, 2014; Pecheny, 2013). Más que los abordajes desde la filosofía política o el derecho a los que nos ha acostumbrado la dinámica del debate feminista, se muestra la necesidad de una contextualización sociocultural e historización de las distintas formas de prostitución. El análisis empírico es el que permite diferenciar mercados y conocer las complejidades de las distintas formas de inserción en ellos. A partir de allí se podrá indagar sobre las vinculaciones con las transformaciones entre la esfera doméstica, laboral y la moral sexual. Contextualizar y enlazar las variantes de las prácticas puntuales de sexo comercial con los mercados sexuales y las estructuras culturales y económicas reinantes, más que trazar una distinción esquemática entre prostitución libre / forzada, abre a una comprensión balanceada de las distintas formas de intercambio. Este es un punto de partida fundamental para construir una crítica que permita transformar las realidades de las poblaciones subalternizadas a partir de considerar sus polifónicas voces.

 

 

NOTAS:

 

  • 1 Algunas investigaciones recientes ponen en cuestión el sustento empírico de tal figura. Por ejemplo Stephanie Budin (2006) concluye que las versiones que hablan de “prostitución sagrada” se basan en malas interpretaciones (y/o errores de traducción) de los textos antiguos. La supuesta prostitución sagrada, que siempre aparece predicada acerca de otras sociedades o en épocas remotas, funcionaría en realidad como una acusación. La prostitución sagrada no sería tanto una realidad histórica como una denuncia de la barbarie de otros pueblos, posición cara a los primeros padres fundadores del cristianismo.

 

  • 2 La extensión de dicho dispositivo en el contexto de América Latina es objeto de disputas (Olivar, 2013). Sin embargo, los efectos discursivos de este aparato y su exportación sirven como analizador para comprender algunas de las aproximaciones sociológicas a la prostitución.

 

  • 3 Paola Tabet (2004) plantea un abanico de formas en que se intercambian sexo y bienes económicos, donde se incluyen la prostitución y el matrimonio. Dichos intercambios constituyen un continuum con matices respecto a quiénes intercambian, la modalidad y temporalidad del intercambio, y las formas de retribución económica.

 

  • 4 A fines del siglo XIX en la mayoría de los países europeos se consideraba que sus mujeres –de ahí la denominación trata de blancas- eran traficadas, -entre otros países a Argentina-, para ser explotadas sexualmente. Varias historiadoras han planteado que la percepción del problema estaba sobredimensionada por un pánico moral (Guy, 1994; Walkowitz, 1980). De todas formas, el tema del tráfico de mujeres tendría gran impacto sobre el movimiento feminista.

 

  • 5 El cambio de denominación obedecía al sesgo racial y a la incorporación de otros sujetos (niños, varones, etc.) (Ezeta, 2006). Una definición precisa llegará recién en 2000 con el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” (conocido como Protocolo de Palermo), no obstante la problemática estaba en la agenda del movimiento desde antes.

 

  • 6 Por ejemplo, Camille Paglia invierte los términos del discurso victimizante del feminismo radical: son los varones quienes están desprotegidos frente a la sexualidad femenina y, en una posición de inferioridad, sólo pueden apelar al dinero frente a las prostitutas (ver en Chapkis, 1997). Esta forma de concebir las posiciones de los sujetos en abstracto reduce las interacciones a decisiones de actores individuales y hace caso omiso de los procesos sociales más amplios que las enmarcan y atraviesan.

 

  • 7 Junto a una colega hemos realizado una traducción de este texto clave para comprender el desarrollo de la idea de “trabajo sexual” (consultar Morcillo y Varela, 2016)

 

  • 8 Pheterson da una lista de actividades que supuestamente llevan a cabo las prostitutas, pero que pueden imputársele a cualquier mujer, por las cuales la sociedad las considera deshonradas: “(1) relacionarse sexualmente con extraños; (2) relacionarse sexualmente con muchas parejas; (3) tomar la iniciativa sexual, controlar los encuentros sexuales y ser una experta en sexo; (4) pedir dinero a cambio de sexo; (5) satisfacer las fantasías sexuales masculinas de manera impersonal; (6) estar sola en la calle por la noche, en calles oscuras, vestida para provocar el deseo masculino; (7) encontrarse en situaciones determinadas con hombres insolentes, borrachos o violentos que o bien una puede manejar (‘mujeres descaradas o vulgares’) o ser manejadas por ellos (‘mujeres convertidas en víctimas’)” (Pheterson, 2000: 59).

 

  • 9 No sólo se homogeneizan las miradas sobre las sexualidades, sino que, en la polarización, las lecturas abolicionistas pueden llevar a igualar un discurso del trabajo sexual como el de Kempadoo con la doctrina de la tolerancia de la iglesia católica y plantear a ambos como etiquetas estigmatizantes. (ver Nuñez, 2002)

 

  • 10 Por ejemplo en Argentina, aunque el delito ya estaba penado, se dicta en 2008 una nueva legislación sobre trata -Ley 26.364- y en 2012 se la modifica con la ley N° 26.842 que permite ampliar el espectro de lo que se concibe como “trata” incluyendo también a quienes hayan prestado consentimiento.
  • 11       Es decir, pasando de una caracterización de acciones aberrantes a delinear un personaje (tal lo como Foucault señala en referencia al pasaje del sodomita al homosexual, 2002)

 

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Recibido: 11-07-2016 / Aceptado: 16-08-2016

 

*            Universidad Nacional de San Juan. Argentina.

E-mail: santiagomorcillo@gmail.com