“Un falso mito es que cada vez se consume más prostitución”

Hilario L. Muñoz

22 de diciembre de 2019

Ciudad Real

https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/ZA2B96263-DFC1-6356-FECCFC634361C8FC/201912/Un-falso-mito-es-que-cada-vez-se-consume-mas-prostitucion

 

Entrevista al coordinador de In Género

 

Miguel del Olmo – Foto: Pablo Lorente

 

Del Olmo es una de las tres personas con las que nació In Género hace casi 15 años. La entidad lleva ese tiempo trabajando de primera mano con las prostitutas de la región y conoce la realidad a fondo de un mundo en el que intervienen alejados de posicionamientos salvo «trabajar con las mujeres y luchar por los derechos humanos de las mujeres que ejercen la prostitución». In Género se encuentra en expansión, por las provincias limítrofes a petición de las mujeres que ejercen la prostitución y esta semana ha publicado una serie de datos sobre su trabajo a lo largo del año en el que muestran que la prostitución tiene edad, unos 30 años, es inmigrante y que Ciudad Real fue la provincia donde más actuaron.

¿Cómo empieza una asociación como esta en Castilla-La Mancha?
Arrancamos con pequeños proyectos. Licitamos en un proyecto sanitario, ya que habíamos trabajado con salud pública y estaban contentos con el trabajo que hicimos y pensaron en hacer un proyecto de intervención en salud pública con prostitución en Castilla-La Mancha.

¿Cómo es la intervención con las prostitutas?
En la plataforma de la prostitución y de la trata en Albacete explicamos el otro día que llevamos cuatro o cinco años exigiendo que haya medidas de intervención social para proteger a las víctimas y que no se gaste todo el dinero en sensibilización, que es donde se gasta. Además, se emplea en una sensibilización en la que no creemos, es fantástico que sensibilicemos a toda la población para que no consuma prostitución pero eso es una parte después de que se haya protegido a las personas que la ejercen y que pueden ser víctimas de trata.

¿Qué problemas hay al atender a quienes trabajan en la prostitución?
Chocamos con la realidad. Al final, la prostitución está muy vinculada con la inmigración y dentro de la política migratoria no se reconoce ninguna cuestión administrativa a menos que tengas un arraigo, algo que se tarda en conseguir casi tres años. Cuando las mujeres llegan y hacen su proceso migratorio y llegan a España lo hacen pensando que van a tener trabajo y lo que menos esperan es que van a estar tres años esperando a tener la documentación. Al explorar posibles trabajos o actividades a realizar encuentran ese trabajo sumergido como cuidar niños, cuidar mayores o limpiar una casa. En Albacete veíamos que se están ofreciendo puestos de interna por 300 euros al mes. Al final ellas dicen que si ejercen la prostitución es por su familia. Muchas mujeres deciden ingresar en la prostitución por la incapacidad de sobrevivir con las condiciones de los inmigrantes de aquí. Luego hay otra gente, que sube el tramo de edad a los 32 años, porque hay mujeres que ejercieron la prostitución cuando llegaron hace unos años y que fueron entrando al mercado laboral, pero que cuando les echaron del trabajo y tras cobrar los desempleos llegó un momento en que no hay más oportunidades y deciden regresar a la prostitución tras muchos años.

En In Género comentan que les abren las puertas en el 99% de las casas, prostíbulos o clubes ¿cómo se llega a esa situación?
La clave es la información en salud y nuestra filosofía es entrar a través de ella porque es bueno para las personas que ejercen la prostitución, para los dueños de los clubes y para los pisos, para todo el mundo. El trabajo preventivo es clave pero también lo es la cercanía y que llevamos 15 años en el territorio. A mí no me da vergüenza ni tengo ningún miedo de entrar a ningún club. Hemos tenido tres o cuatro percances a lo largo de los 15 años con clientes o gente que estaban borracha y además cuando hay determinados dueños que se niegan a que entremos eso nos da las claves de que pasan cosas raras. Si alguien no tiene problemas de abrirte las puertas o entrar a cualquier hora en el club hasta los dormitorios, seguramente no tenga nada que esconder o tendrá menos que el que hace desagradable la visita.

¿Cómo es ese diálogo con las personas que ejerce la prostitución?
En casi todos los clubes nos conocen mujeres porque hay personas que llevan 10 o 12 años en un club. A veces, cuando cambian los dueños son las mujeres las que explican a los nuevos que estas personas somos los de In Género, que vienen con los condones y demás. Ellas abren las puertas a otras y son también las que llaman por las compañeras si tienen un problema de salud o jurídico. Surgen intermediarias y trabajamos, de hecho, el tema de mediadoras con ellas. Hacemos pequeños ciclos de formación para que tengan las herramientas suficientes que permitan detectar problemas y tienen un teléfono de 24 horas al que pueden acudir para aspectos, tan sencillos, como solicitar una cita en un centro de salud. Igual que lo utilizan para una cita también lo hacen para denunciar que en tal sitio hay cosas raras.

¿Se pone en conocimiento de la policía estas situaciones?
Tenemos contacto con la Policía y no hay problema en decir que haya una víctima de trata. Otra cosa es lo que ocurra luego después. No vale que se diga en ese lugar hay trata porque se necesita una denuncia, que sea real y efectiva y después de ese trámite surge ese documento de protección a la víctima. Muchas mujeres piensan que con señalar a un lugar y decir que ahí hay trata es suficiente pero hace falta corroborar los hechos. La dificultad está ahí y muchas veces detectamos y denunciamos y esto puede desembocar en que se levante y se pille una pero igual que hay veces que llevamos muchos años trabajando con un club y la misma persona y levantan que hay una red de trata, y pensabas que no la había.

¿Hay mucha trata en la región?
Creo que hay menos porque la Policía ha hecho un gran trabajo en los clubes, han asustado a las mafias y actúan menos en España, aunque no desaparecen. Ha habido una cosa terrible y es que se ha ejercido y priorizado el control migratorio con miles de mujeres expulsadas del territorio sin saber si eran víctimas de trata o no. Que la trata ha bajado, lo dicen las mismas mujeres y los dueños de los clubes. Antes pasaban mafias con archivadores con fotos de mujeres e iban diciendo por los clubes que vendían. Había momentos en que las mujeres decían ‘a mí me vendieron, me vendió mi hermano por 600 euros’ o ‘me vendió mi primo por 1.500 euros’. Eso ha sucedido en España y en Castilla-La Mancha y ahora eso no se ve tanto.

En su estudio se apuntaba que desde In Género se había atendido este año a 1.721 mujeres. ¿Es mayor la cifra igual o similar a la que había hace años?
Creo que la prostitución más o menos ha estado siempre alrededor de 2.000 o 2.500 mujeres atendidas en un año en Castilla-La Mancha pero si se hace una foto fija, a lo mejor hay 1.200 o 1.300, quizá menos. Esta foto fija es inferior a las personas que atendemos a lo largo del año.

Porque hay gente que entra y sale.
Una de las características de la prostitución es la alta movilidad. Las propias mujeres son las que deciden que si aquí no hay actividad se van a otro sitio u otro lugar. Otro falso mito es que cada vez se consume más prostitución, pero nosotros vemos cada día más vacíos los clubes. Vamos algunos lunes, martes o miércoles a los clubes de alterne y son las ocho o nueve de la noche y las mujeres nos dicen ‘aún no ha llegado ningún cliente, yo aquí no me quedo dos o tres días porque no hay negocio para mí’.

¿Hay algún cambio en ese mundo de la prostitución, por ejemplo, con el tema de los pisos?
La prostitución en los pisos se ejerce por mujeres españolas y por mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular. Como hay mucho control, cuando pasan los tres meses que las mujeres tienen el visado de turista en vigor se tienen que ir de los clubes porque tampoco quieren mujeres indocumentadas, ya que eso les causa problemas con la Policía y se van a los pisos. Las mujeres españolas prefieren ejercer la prostitución en un piso donde las va a ver menos gente.

¿Cómo funcionan estos pisos?
Los pisos en Castilla-La Mancha no funcionan como los pisos de Madrid, donde el dueño va a un porcentaje en función del servicio que realizan. Lo que hemos observado en los pisos de aquí es que hay una persona que se ocupa de conseguir el piso, de contratar el alquiler, y subcontrata las habitaciones a las personas que ejercen la prostitución. Son las mujeres las que administran los servicios a través de internet.

¿Qué pasa en Ciudad Real para liderar la estadística en el número de prostitutas atendidas?
Casi todos los años, Toledo y Ciudad Real están a la par, pero no hay un motivo claro para ser líderes. Quizás hay elementos como las casas de Tomelloso por que hay mucha movilidad. Esto no significa que haya más prostitución en Ciudad Real, sino más movilidad. En Toledo hay muchos más clubes y con la cercanía de Madrid se han movilizado menos mujeres.

¿Qué ocurre con los jóvenes y la prostitución?
Hay un mito en que los jóvenes cada vez consumen más prostitución. Nosotros no observamos eso, ya que el 80 por ciento de las intervenciones que tenemos son en clubes y algún fin de semana puede haberlos pero nosotros pensamos que los jóvenes van a los clubes a otras cosas, no a consumir sexo.

¿Para cuándo un estudio similar al publicado esta semana pero con los clientes?
Nadie quiere interactuar con los clientes aunque es fundamental que se intervenga con todos los actores. Si en la prostitución hay tres actores principales, los dueños, los clientes y mujeres que ejercen la prostitución, y si se quiere sensibilizar contra la trata se comete un fallo si no se sensibiliza a todas las partes. Hay redes de trata que se han levantado porque la chica le ha dicho a un cliente que está en contra de su voluntad y se han ido a la Comisaría. Además, por qué no trabajar con ellos el tema de la salud, ya que nosotros trabajamos en concienciar que no se pueden tener relaciones sexuales sin condón, pero si el cliente insiste…

¿Qué otros problemas os encontráis en vuestro día a día?
Vemos que hay rechazo a estas mujeres en el acceso a la salud y en los servicios sociales. Hay trabajadores sociales que se preguntan cómo voy a trabajar con una prostituta si no se si es víctima de trata o no. Eso debe dar igual, porque hay que atender a la persona sea como sea o provenga de donde provenga. Hay muchos juicios de valor, mucho moralismo e ideología tras el tema de la prostitución pero, si somos capaces dejar al margen estos temas y centrarnos en los problemas que puedan tener estas personas, podemos mejorar su vida. Al final lo que perseguimos es mejorar la vida de estas personas y que sean autónomas y que tengan los derechos humanos como cualquier persona en el mundo.

LA CUESTIÓN DEL CONSENTIMIENTO EN LOS CONVENIOS CONTRA LA TRATA DE LA ONU DE 1949 Y 2000

 

 

Ésta es una traducción parcial de la tesis doctoral de Jennie Alexandra Williams de 2017

 

LA CUESTIÓN DEL CONSENTIMIENTO EN LOS CONVENIOS CONTRA LA TRATA DE LA ONU DE 1949 Y 2000 Y LAS RAMIFICACIONES SOBRE LOS DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES FEMENINAS EN TAILANDIA

 

https://www.academia.edu/32997619/THE_ISSUE_OF_CONSENT_IN_THE_UNS_ANTI-TRAFFICKING_CONVENTIONS_OF_1949_AND_2000_AND_THE_RAMIFICATIONS_ON_FEMALE_SEX_WORKERS_RIGHTS_IN_THAILAND

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN

Introducción

Si se midiera el estándar de moralidad o el nivel de los derechos humanos en cualquier sociedad, entonces habría que examinar cómo esa sociedad trata a su grupo más marginado. Las trabajadoras sexuales existen en todas las sociedades. Por lo tanto, estas mujeres representan el grupo mayoritario más marginado, explotado y vulnerable. Los términos “prostitutas” y “trabajadoras sexuales” se usan indistintamente. “Prostitutas” y “prostitución” se utilizan en la terminología de redacción de la legislación. “Trabajadoras sexuales” y “trabajo sexual” son los términos acuñados por Carol Leigh como una descripción más favorable del servicio prestado y de las mujeres que se dedican a la industria del sexo. Los activistas proprostitución han adoptado estos últimos términos, mientras que los activistas antiprostitución conservan el uso de los primeros.

Las trabajadoras sexuales son problemáticas; en primer lugar porque son mujeres y enfrentan discriminación de género diaria en la sociedad y en el lugar de trabajo; y en segundo lugar porque trabajan dentro de la industria quizás más estigmatizada y explotadora del mundo. A pesar de la demanda extraordinariamente alta de servicios sexuales y la cantidad de mujeres que los prestan, todavía no hay leyes laborales que las protejan y no hay aceptación de un marco legislativo o social que garantice sus derechos humanos o el acceso a la justicia. Durante el proceso de redacción de cualquier legislación internacional y nacional tailandesa que haga referencia a la prostitución, no se ha consultado nunca a las trabajadoras sexuales sobre su necesidad o relevancia. El resultado ha sido exacerbar una plataforma legal ya con sesgo de género, discriminatoria y opresiva que efectivamente tolera el abuso arbitrario y la explotación cometidos por las autoridades y la sociedad contra ellas y que las hace menos humanas. El discurso de la trata de personas ha agravado este problema considerablemente a través de su referencia específica a la explotación de la prostitución, que los legisladores y los encargados de formular políticas interpretan como una fusión de la prostitución y / o la explotación de la prostitución con la trata sexual y socava la autonomía de las mujeres al incluir la “irrelevancia del consentimiento”.

Lo que parece ser un problema significativo es la naturaleza de género de las Convenciones de la ONU que alientan una correlación entre la trata sexual y la prostitución que enfoca la atención principalmente en las mujeres. La inclusión del concepto de consentimiento, que es el derecho humano a la autodeterminación, y la determinación de que éste es “irrelevante”, invoca una presunción moralmente negativa de que todas las mujeres son vulnerables a la trata de personas con fines sexuales, y criminaliza el acto y el propósito de la migración femenina. El discurso polarizado de víctima / prostituta, defendido por los proabolicionistas (Barry, 1979, 1995; Mackinnon, 1991, 1997; O’Connor y Healy, 2006), ha sido un desafío persistente a un enfoque más socioeconómico que aboga por el trabajo y derechos humanos para las trabajadoras sexuales (Doezema, 1998, 2000, 2001, 2002, 2010; Obataka, 2006; Boonchalaksi y Guest, 1994; Jeffrey, 2002). La legislación que oprime la prostitución, junto con las leyes de inmigración que restringen la libertad de circulación de las mujeres en general, y la legislación sobre la trata que apoya la percepción de que las mujeres son incapaces de consentir, han contribuido al deterioro de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y las mujeres migrantes a nivel mundial.

La fusión sugerida o real de la trata sexual y la prostitución para abordar ambos fenómenos está fallando; Tailandia se rebajó al Nivel 3 para 2014/15 a pesar de tener e implementar una legislación expansiva de trata, inmigración y prostitución. Según el informe TIP de 2016, Tailandia todavía solo está en la Lista de vigilancia de Nivel 2, lo que refleja que existe una persistente falta de éxito en la erradicación de la trata sexual, con la prostitución siendo una industria en crecimiento, pero que carece de estructura y es altamente explotadora de mujeres trabajadoras sexuales 1 Seguramente se debe considerar y administrar un nuevo enfoque para liberar a las mujeres de la situación insostenible de necesidad económica y proporcionar un servicio sexual que está en constante demanda; mientras sufren las consecuencias de explotación de trabajar dentro de una industria criminalizada que es culpada y oprimida como la causa de la trata sexual.

Esta tesis propone que se debe alentar una revisión del concepto de consentimiento para reconocer su importancia y sus consecuencias, no solo reconociendo la autonomía de la mujer, sino también en su comprensión y aplicación de la legislación, la formulación de políticas y los programas de base, para hacer cumplir y sostener la autonomía socioeconómica y los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y de todas las mujeres.

Este estudio considera en primer lugar el significado del consentimiento y su relevancia para identificarse como humanos en la ley y la sociedad, tanto desde una perspectiva occidental como tailandesa. Revisa el espectro del consentimiento informado, coaccionado y forzado y cómo se perciben; que van desde un contexto moralmente sexual con alegaciones de que la prostitución es una forma de violencia de género y que el consentimiento es irrelevante, hasta el contexto liberal que asigna una estructura más socioeconómica, reconociendo y respetando la autonomía y el consentimiento de las mujeres . Discutirá la relevancia de reforzar el consentimiento afirmativo e informado y crear conciencia sobre el principio del consentimiento para hombres y mujeres en cuanto a su pertinencia y relevancia para elevar el estatus de las trabajadoras sexuales y las mujeres en general.

En segundo lugar, explorará las críticas sobre por qué el concepto de consentimiento se incluyó en las convenciones de trata y se consideró irrelevante, en particular teniendo en cuenta que el consentimiento está inextricablemente vinculado a la autodeterminación y es un derecho humano fundamental (Obataka, 2006; Jeffrey, 2002). Hubo mucho debate sobre si debería formar parte de la definición de trata como se señala en los travaux préparatoires, con preocupación sobre las consecuencias para las mujeres si lo fuera. Por ejemplo, puede oscurecer la identidad de la víctima si una mujer que consiente en ser prostituta también se considera víctima de trata sexual. ¿No es esto diferente a una mujer que no da su consentimiento y es una verdadera víctima de trata, o es mejor errar por el lado de la precaución y presumir que todas las mujeres, especialmente las migrantes, son víctimas? ¿Su inclusión en la legislación sobre la trata de personas ha beneficiado a las víctimas femeninas previstas al alentar políticas proteccionistas, o ha causado más daño tanto a ellas como a las mujeres migrantes? Otras complejidades que rodean las definiciones de trata, explotación y el concepto de consentimiento han exacerbado la ambigüedad legal con evidencia que sugiere que el concepto de consentimiento es de hecho relevante y necesita ser reconocido y aplicado para garantizar un sistema legal democrático y justo.

En tercer lugar, una revisión de la legislación tailandesa sobre prostitución, trata e inmigración explorará cómo el concepto de consentimiento ha afectado estas leyes. Si bien hay un claro enfoque en las mujeres y específicamente en las trabajadoras sexuales, examinará las consecuencias para sus derechos legales y humanos, ya que su identidad a menudo es borrosa y potencialmente ignorada como resultado de que el consentimiento se considere irrelevante.

Finalmente, a modo de conclusión, se discutirá la cuestión de si el consentimiento debe considerarse relevante en la legislación y las políticas existentes o futuras que afectan la trata sexual y las trabajadoras sexuales. Esto incluirá evaluar los beneficios de despenalizar a las prostitutas y la prostitución; políticas alternativas de inmigración y permitir a las trabajadoras sexuales acceder al bienestar social y a la reparación legal por prácticas laborales explotadoras y abuso.

(…)

CAPITULO DOS 

CONSENTIMIENTO, CONCEPTO, RELEVANCIA E IRRELEVANCIA

 

Introducción

En Occidente, el consentimiento es un asunto complejo que involucra muchas ideas emotivas y conflictivas que afectan una multitud de asuntos relacionados con la gobernanza de las mujeres, el sexo, el género, la sociedad, la legislación y la política. Para entender por qué el consentimiento se incluyó finalmente en las Convenciones de la ONU sobre la trata de personas de 1949 y 2000, primero es necesario comprender qué se entiende por consentimiento y cuán importante es como concepto. Este capítulo seguirá una deconstrucción completa del concepto de consentimiento principalmente de la filosofía occidental y su lugar en un contexto legal. Luego considerará la comprensión tailandesa y el uso del concepto utilizando el mismo formato.

La exploración del consentimiento en este capítulo resaltará la importancia crítica del concepto en Occidente, incluidos sus orígenes como un aspecto vital de lo que significa ser humano y como un derecho humano fundamental; una forma de empoderamiento del individuo (y específicamente de las mujeres) contra el poder del Estado; y los desafíos que el derecho al consentimiento trae a la igualdad de género dentro de una sociedad patriarcal. Este capítulo analizará el consentimiento a través de los paradigmas de los contextos filosóficos y legislativos históricos y contemporáneos, incluidas las teorías sexuales liberales y de género. Sin embargo, hay muy pocos documentos disponibles en tailandés o en inglés sobre el consentimiento desde la perspectiva tailandesa. Las conclusiones se han basado en una interpretación de los códigos penales y las entrevistas de Tailandia.

 

  1. Filosofía del Consentimiento y Derechos Humanos

El artículo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) establecen que “Todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural”. Estos derechos deben estar “protegidos por el Estado de Derecho”.

El hecho de que la cuestión de la “dignidad” y la autodeterminación se incluyan en los primeros artículos de la Declaración de Derechos indica su importancia significativa. Algunos pueden interpretar este artículo como relevante para un grupo de “pueblos”, sin embargo, si a un grupo se le puede asignar el derecho de autodeterminación, entonces es lógico que cada individuo dentro de ese grupo también debe tener ese derecho inherente. 1 La autodeterminación es un concepto clave que nos permite ser considerados humanos y determina nuestros derechos.

El Oxford English Dictionary explica que la “autodeterminación” es un “proceso por el cual una persona controla su propia vida”, de modo que uno es autónomo. Al otorgarle autodeterminación, tiene la autonomía y la capacidad de consentir. “Consentimiento” significa dar “permiso para que algo suceda o acuerdo para hacer algo”. La autonomía, la autodeterminación y el consentimiento están, por lo tanto, inextricablemente vinculados y, en filosofía y derecho, se consideran esencialmente humanistas.

La idea de John Locke de que “cada hombre tiene una propiedad en su propia persona” (Locke, 1988, p. 305) refuerza la idea de que todo el mundo tiene la propiedad de uno mismo con la idea de no dominar el uno sobre el otro. El filósofo Angyl como se cita en Weheymer, et al (2003) va más allá y dice que son una fuerza de la naturaleza:

“Sin autonomía, sin autogobierno, el proceso de la vida no podría entenderse. Selección, elección, autorregulación, adaptación, regeneración son fenómenos que lógicamente implican la autonomía del organismo. “(Weyheymer, 2003, p. 14)

Para que un ser humano funcione con sus capacidades más altas requiere autonomía, autodeterminación y la capacidad de consentir. Esta esencia de control de la vida debe ser respetada y protegida por la ley. Si se eliminara este autocontrol, entonces la carga moral de esa restricción recae sobre quienes la instigaron. “Las personas deberían ser libres de elegir y actuar sin restricciones controladoras impuestas por otros”. (Faden, Beauchomp y King, 1986, p. 8).

Sin embargo, ¿debería el derecho de todos a la autodeterminación y el consentimiento no tener restricciones y, de ser así, qué significaría esto para el Estado de Derecho? El artículo 1 del PIDESC y el PIDCP establece que todos pueden “perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural” (Faden, Beauchomp y King, 1986, p. 14) sugieren que esta decisión debería depender del beneficio máximo para el bienestar de la persona. Por lo tanto, mientras la persona consienta en algo de lo que se beneficia, no debe haber restricciones en la capacidad de consentir o el acto consentido. ¿Pero quién debería tomar esta decisión y con base en qué criterios? Aunque el respeto a la autonomía es una afirmación prima facie, posiblemente no tiene un derecho absoluto sobre todos los demás y aún debe sopesarse frente a los desafíos que pueden socavar este derecho. Por ejemplo, si algo consentido es perjudicial para la moralidad de las mujeres, entonces eso podría anular el consentimiento de esa persona. Benedet (2013) y Barry (1979; 1995) sostienen que una mujer no puede consentir en la prostitución, ya que equivale a una violación de su dignidad. En esta situación, el concepto de consentimiento debe restringirse y la ley debe restringir el acto.

En una situación de conflicto sobre si algo es inmoral o un derecho, y si requiere la intervención de la ley, ¿cómo debería decidirse esto? Ciertamente, la cuestión de si anular el consentimiento de alguien huele a paternalismo y sugiere que la persona conoce su propia mente menos que las autoridades que le han quitado esa opción. Bergelson (2008) afirma que en una situación de Estado frente a individuo, se debe considerar el daño o daño a corto o largo plazo. Por lo tanto, podría decirse que el que el derecho internacional simplemente establezca que “el consentimiento es irrelevante” podría ser demasiado dogmático y demasiado protector. Aunque esta intención puede no ser incorrecta, debe estar sujeta a preocupaciones genuinas por la seguridad de las mujeres involucradas. Sin embargo, a menudo con medidas de protección excesivas viene la implementación que crea la supresión de aquellas personas que se supone que debe proteger. (Esto se discutirá más adelante en el Capítulo 3)

Cuando exista un desequilibrio entre el derecho autónomo de la persona contra las consecuencias potencialmente perjudiciales, ¿se les debe permitir que ejerzan su consentimiento? Bergelson piensa que no, “en casos de conflicto entre autonomía y dignidad, el primero debe ceder” (Bergelson, 2008, p. 122). La dignidad está tan inherentemente asociada con la humanidad que el consentimiento no puede defender su violación. La dignidad debe considerarse como una construcción social y, por lo tanto, es subjetiva. W.D Ross (1930) sugiere que el “deber prima facie se refiere a un deber que se debe cumplir siempre a menos que entre en conflicto en una ocasión particular con un deber igual o más fuerte”. Sin embargo, no existen reglas acordadas sobre la jerarquía de los diversos deberes o principios, ni quién debería decidirlos en última instancia, por lo que continúa el debate sobre qué tiene el estándar más alto y qué debe tener prioridad.

Weyheymer, et al (2003) argumentan que deben considerarse factores socioeconómicos externos que, en consecuencia, pueden restringir el nivel de autonomía de una persona. Sin embargo, concluyen que incluso en esta situación, todos deberían conservar esa autonomía; entonces las leyes y la estructura de la sociedad deberían proteger el derecho a la autonomía y al consentimiento, y no deberían reducir o eliminar ese derecho. Esto lo respalda Perske (1972), quien afirma que los gobiernos no deberían restringir o prohibir a sus ciudadanos que consientan a pesar de los riesgos potenciales o evidentes asociados con él. Hacerlo sería una forma de opresión; y en consecuencia, las leyes que limitan o consideran irrelevante el consentimiento son, por lo tanto, opresivas.

Un representante de una agencia de la ONU está de acuerdo en que “usted puede dar su consentimiento a las condiciones de trabajo de explotación … si hay una divulgación transparente … como lo hacen muchos trabajadores migrantes y otras comunidades en esta región y más allá en el día a día” 2 Annie Dieselberg está de acuerdo, ” la legislación producida para proteger, en realidad les resta autonomía “. 3 Sunee Chaiyarose está de acuerdo en que” si eligen [ser prostitutas], entonces se les debe respetar sus derechos “. 4

Por lo tanto, las mujeres deben ver respetado su derecho a emigrar, independientemente de la razón, y si una mujer acepta ser prostituta o trabajar en condiciones de explotación, entonces es su derecho hacerlo, y es la obligación de la sociedad y de la ley respetar y proteger ese derecho y elección. Sin embargo, los opositores no estarían de acuerdo y defenderían que la ley proteja la dignidad de las personas y anule la autonomía automática. De hecho, aunque la explotación per se es inaceptable y debe continuar siendo combatida, el punto aquí es si el consentimiento de las mujeres para evaluar y aceptar la explotación debe ser irrelevante.

Un ejemplo de este debate es si la prostitución debe ser despenalizada. Se ha convertido en una dicotomía polarizada donde los partidarios de la legalización lo ubican dentro de un contexto económico que reconoce el consentimiento como un derecho humano de esas mujeres a la autodeterminación y al desarrollo económico. Los oponentes sitúan la prostitución directamente dentro de un marco moral y argumentan que cualquier consentimiento no puede ser válido considerando su inmoralidad esencial y el impacto negativo en la sociedad; Annie Dieselberg dice que “dada otra opción decente, nunca consentirían en la prostitución”. 5 Entonces, ¿la prostitución debe ser respetada o restringida por la ley? La cuestión del consentimiento y su validez es el núcleo de esta disparidad y se discutirá para mayor claridad a continuación considerando el espectro del consentimiento, en particular el consentimiento informado, coaccionado y forzado, dentro de un contexto socioeconómico y de moralidad.

  1. Consentimiento informado, coaccionado y forzado

Consentimiento informado

Según Weyheymer, et al (2003) y Jones (2012), la autodeterminación y, por lo tanto, el consentimiento, es tomar una decisión con libre albedrío y conocer la propia mente, pero con la capacidad de reconocer el impacto de numerosos determinantes, incluidos los factores externos, es decir, fuerzas / circunstancias económicas. Faden, Beauchomp y King (1986) explican que el respeto a la autonomía es un principio moral asociado con el consentimiento informado, manteniendo la importancia de la libertad individual de elección. En el ámbito personal, ha llegado a significar una comprensión de las circunstancias y tomar una decisión basada en esos factores.

Un representante de una agencia de la ONU dice que el consentimiento “es una expresión de acuerdo basada en una divulgación transparente de información”. 6 El funcionario de la OIT, “cuando no puede controlar libremente sus propias decisiones … entonces el consentimiento se vuelve menos relevante”. 7 Usa Lerdsrisuntad de FFW está de acuerdo8 en que es “importante reconocer el consentimiento de las mujeres para el trabajo sexual” y que era importante reconocer el concepto de consentimiento. Empower declaró que “Si tiene la capacidad y la libertad de rechazar, entonces tiene la capacidad de consentir o rechazar el consentimiento. Cualquier cosa que decidan, incluidas las trabajadoras sexuales, debería ser respetado “.9 Jurgen Thomas dijo que ” hay una gama de consentimiento con el que tienen experiencia … pero no se encuentran con nadie que esté allí para disfrutarlo ” y mujeres que” pueden decir que dan su consentimiento … pero en realidad no es algo que desearían hacer “. 10

Shroedar (2009) declaró que hay cuatro elementos necesarios para obtener el consentimiento informado: (a) capacidad de consentimiento; (b) divulgación completa de toda la información relevante; (c) comprensión adecuada de la información revelada por la parte receptora; y (d) una decisión voluntaria de aceptar. La premisa es que tanto la persona que recibe como la que brinda la información tienen el mismo estatus; ambos conjuntos de valores se respetan y no se utilizan para promover los intereses de otra persona en detrimento de esa otra persona.

Las Pautas de la Asociación Sociológica Británica11 (2002) dicen que “puede ser necesario para la obtención del consentimiento, no como un evento previo de una vez por todas, sino como un proceso, sujeto a renegociación a lo largo del tiempo”. Por lo tanto, no solo se trata de obtener el consentimiento para una determinada situación con una presunción de continuidad a perpetuidad; es algo que se basa en reconocer el derecho de esa persona a cambiar de opinión de acuerdo con las circunstancias cambiantes a medida que se perciben. Por lo tanto, el consentimiento de una mujer debe obtenerse durante estos tiempos de cambio en caso de que se haya retirado. Esto reconocería y respetaría su autonomía y autodeterminación para decidir qué es lo mejor para ella en esa nueva situación.

Hasta la fecha, colocar el consentimiento en un contexto sexual parece oscurecer su verdadero significado y validez, como se puede ver en numerosos casos de violación de mujeres dormidas o comatosas, o trabajadoras sexuales que han aceptado un acto sexual pero se ven obligadas a realizar otro, casos en los que los hombres han reclamado un consentimiento ilimitado debido a una presunción o expectativa de una existencia continua del que se haya proporcionado previamente. Sin embargo, colocar el consentimiento en un contexto no sexual puede aclarar un poco las cosas. Por ejemplo, le preguntas a alguien si le gustaría una taza de té y está de acuerdo, así que le haces una taza. Sin embargo, a su regreso se han quedado dormidos, pero no procede verter el té por la garganta pensando y asumiendo que todavía lo quieren. Del mismo modo, si cambian de opinión cuando les presentas el té, no los obligas a beberlo de todos modos. O, si luego les preparas un café que no aceptaron, no insistas en que lo consuman. 12 Presentado de esta forma, parece absurdo continuar presumiendo que existe el consentimiento, entonces, ¿por qué es este el caso en cualquier situación que involucre a una mujer y sexo? Un cambio en las circunstancias requiere una reevaluación automática de la existencia del consentimiento y bajo ninguna circunstancia debe ignorarse o considerarse irrelevante.

Entonces, en términos sexuales, esto significa que la mujer debe ser consciente de lo que va a suceder y, al llegar a un acuerdo, debe obtener algún tipo de beneficio del encuentro, así como el hombre, ya sea en forma de deseo y / o cultural y / o financiero.   Esencialmente, esto coloca el consentimiento informado dentro de un marco económico y legal y es un formato respaldado por Amnistía Internacional, que aboga por la libertad de negociar los términos y condiciones de trabajo.

Piyanut Kotsan comentó que “las trabajadoras sexuales y los clientes acuerdan el servicio de pago, [y son] libres de aceptar el trato” .13 Usa Lerdsrisuntad estuvo de acuerdo: “Consentimiento significa elegir, tomar una decisión y considerar la razón detrás del consentimiento”. 14; como lo hizo Mallie de Empower, “consentimiento significa tener espacio para negociar, comprender sus circunstancias y poder aceptar, rechazar o renegociar sus términos” 15.

El consentimiento filosófico de un ser autónomo desde una perspectiva tanto tailandesa como occidental es fundamental para ser identificado y evidenciado en cualquier situación. La falla de la cual puede demostrar que no hay consentimiento y, como se verá ciertamente en el contexto legal occidental, puede ser la diferencia entre un acto sexual de mutuo acuerdo o ser pasada de contrabando como inmigrante ilegal, y un delito grave como la violación o la trata.

O’Connell Davidson (2008) opina que el consentimiento contractual es fundamental para las relaciones políticas y económicas en una sociedad liberal;

“Permite a las personas autónomas, interesadas en sí mismas, establecer conexiones entre sí que son mutuamente autosuficientes, pero conservar el poder de cortar esas conexiones una vez que el contrato se ha ejecutado y / o la relación ya no es de su interés. “(O’Connell Davidson, 2008, p. 62)

Sin embargo, existe preocupación en cuanto al tipo de contrato que una persona puede aceptar, el tipo de persona que puede aceptarlo y en qué condiciones lo acordaron o se esperaba que lo hicieran. La cuestión de la capacidad de consentimiento generalmente se presume para los adultos que se consideran legalmente capaces, pero se revoca para los menores y aquellos que caen por debajo del estándar de una persona razonablemente competente, es decir, las personas con discapacidad mental, aunque históricamente y en la práctica esto ha afectado a las mujeres en general, los pobres y los de una minoría racial y étnica, todos considerados incapaces de consentir y necesitados de un representante legal generalmente masculino (Kennedy, 2005; Doezema, 2001). Esto es importante porque históricamente a las mujeres no se las consideraba razonablemente competentes y, como consecuencia, a menudo no se les permitía celebrar contratos legales, por lo que su capacidad de consentimiento se consideraba legal y socialmente de valor limitado. Esta privación de derechos deja a las mujeres vulnerables, ya que luego se les exige que confíen en las autoridades estatales dominadas por los hombres para representar sus mejores intereses. Cuestionar e ignorar el consentimiento constantemente socava la credibilidad de las mujeres.

Por lo tanto, es imperativo que el concepto de consentimiento se vuelva a asociar y restaurar a todas las mujeres, como una forma clara de empoderamiento de su autonomía e independencia. Las mujeres no necesitan una representación autorizada, masculina o de otro tipo, para determinar sus elecciones de vida.

Usa Lerdsrisuntad cree que “respeta el derecho de las mujeres a elegir y a estar interesadas en sus mejores intereses” 16 y Piyanut Kotsan “nunca apoyaría ingresar [a la prostitución] sin consentimiento o ser forzada a hacerlo”. 17 Mallie de Empower, “el derecho consentir es vital para una trabajadora sexual, ya que implica el derecho a aceptar, pero también el derecho a rechazar a un cliente … e incluye evaluar el mejor trabajo por la mayor cantidad de dinero ”.18 Empower apoya la opinión de que elegir el trabajo sexual, tener la independencia de sus horas de trabajo, con quién trabajar y cómo, es empoderador, por lo que reconocer el consentimiento es crucial para que su autonomía sea reconocida.

Sullivan (2007) reconoce una naturaleza construida del consentimiento dentro de un marco legal contractual para que los términos y condiciones sean claros y acordados. Cualquier desviación debe ser consentida antes del acto, o ser perseguida como un incumplimiento de contrato y / o un cargo penal. Leigh (2004) argumenta que las leyes contra la prostitución socavan la autonomía sexual, ya que evitan que las trabajadoras sexuales realicen contratos sexuales que brinden protección y estipulen los términos y condiciones.

Chulasak Kaewkan cree que “si se reconoce el consentimiento, ayuda a legitimar el trabajo sexual y establecer sus derechos”. 19 Empower, “Ayudaría a despenalizar el trabajo sexual y es un paso en la dirección correcta hacia el trabajo sexual como trabajo y también podría ayudar a reducir las penalidades del trabajo sexual “. Piyanut Kotsan dice que es importante que ” las trabajadoras sexuales y los clientes acuerden un servicio y pago y que las trabajadoras sexuales puedan entrar libremente en el negocio “. 20

Por lo tanto, es una sociedad liberal y democrática la que apoya la capacidad de los adultos de consentir para celebrar un contrato que ellos consideran beneficioso. Junto con el derecho humano a autodeterminar su propio destino económico y político, el trabajo sexual comercial debe interpretarse como un contrato legal y vinculante y uno que proporciona un recurso legal a ambas partes en caso de ser violado.

Consentimiento forzado / coaccionado

El consentimiento informado reconocido dentro de un marco económico democrático proporciona un argumento muy persuasivo para reconocer, respetar y proteger legalmente el derecho humano de la mujer a la autodeterminación. Sin embargo, ¿qué sucede si las fuerzas externas se confabulan para manipular ese consentimiento en la medida en que el consentimiento otorgado es forzado y, por lo tanto, inválido? ¿O que el acto al que la mujer está dando su consentimiento es tan nefasto y explotador que se considera forzado?

Annie Dieselberg opinó que al ejercer el consentimiento, aunque “es estar de acuerdo con algo, no necesariamente tiene que ser una elección sincera, y no significa que consienta todo lo que tienen que experimentar. Incluso si consiente, no significa que sea lo que realmente quiere. Es posible que vea que no tiene otra opción debido a la presión, o la vida es una mierda y no sabe qué otra cosa hacer “. La cultura tailandesa también puede ser una fuerza abrumadora para convertirse en prostituta,” a menudo las familias los convencen de que regresen a trabajan en los bares a medida que ganan más dinero, pero hay una mezcla de familias que saben exactamente lo que hacen y hacen la vista gorda o están en negación “. 21 Somchai Homlaor opinó que una mujer” debe tener alguna dificultad o necesidad que la fuerce a convertirse en prostituta “.22 Chulasak Kaewkan confirmó que el gobierno tailandés” todavía no reconoce el consentimiento como un concepto para las trabajadoras sexuales “.23 Sunee Chaiyarose estuvo de acuerdo en que ‘como adulto, tienes derecho a consentir’ pero que “ninguna mujer debería trabajar como prostituta lo consienta o no” 24 debido a su amenaza a la moral social y al daño que ocasiona a las mujeres.

El consentimiento forzado, incluidas las amenazas, el fraude y las mentiras y tergiversaciones para inducir el consentimiento, no tiene base legal y se considera no consensuado (Stinchcombe y Nielson, 2009; Wertheimer, 2003). Cualquier acto de violencia física o psicológica contra una mujer, ya sea que supuestamente implique su consentimiento, es un delito y el autor debe ser castigado de forma adecuada. Significativamente, la prostitución ha sido vista como una forma de violencia contra las mujeres por la Unión Europea desde 2014 junto con la violencia doméstica, el matrimonio de menores de edad, el matrimonio forzado y los asesinatos por honor. Esto sugiere que la prostitución y la violencia sexual no solo son de género, sino que existen graves preocupaciones de que la sociedad las considere menos graves debido al aumento en el apoyo a la elección de las mujeres y a las demandas de autonomía individual que condonarían a ambos (Raymond, 1999 y CATW). Por lo tanto, no existe una base para el consentimiento en la prostitución (Benedet, 2013; Barry, 1979; 1995; MacKinnon, 1998). Además, en países como Tailandia donde la prostitución es ilegal, si reconoces el consentimiento para la prostitución, entonces estás aceptando que estas mujeres son delincuentes voluntarias y no puedes consentir un delito26.

Sin embargo, ¿debe considerarse el acto de prostitución como intrínsecamente violento y un abuso si no se comete violencia y las mujeres consienten, según un contrato legal? Stinchcombe y Nielson (2009) sugieren que considerando la prostitución en un contexto etnográfico, existe un espectro de consentimiento en una escala que toma en consideración los factores socioeconómicos y culturales que aún podrían ser equivalentes a la coerción. Jeffries argumenta que en la sociedad tailandesa, existe una importante presión cultural sobre las hijas para mantener a sus familias y mejorar su estatus social. La industria del sexo es un señuelo atractivo para ganar una cantidad significativa de dinero y ciertamente más de lo que se podría ganar en otros sectores, como la agricultura, el servicio doméstico, la construcción y la pesca (Boonchalaksi y Guest, 1994). Annie Dieselberg entiende que “las hijas son preparadas para creer que la prostitución es la respuesta … ya que es lo mejor para su familia …” 27 Esto sugiere que las presiones puramente socioeconómicas empujan a las mujeres en Tailandia a consentir el sexo comercial, lo que sería suficiente para equiparar esto. al consentimiento forzado o coaccionado.

Sin embargo, Usa Lerdsrisuntad declaró que no existe el concepto de consentimiento forzado, “es una circunstancia forzada, no consentimiento” .28 Si es forzado, entonces no está dando su consentimiento ya que no hay libre albedrío involucrado. Don Herzog está de acuerdo (como se considera en Jones, 2012) en que si dar el consentimiento se debe a la falta de otra alternativa viable, entonces es inefectivo. El Estudio sobre la trata de personas y la prostitución de 1959,29 declaró que “la promiscuidad a menudo conduce a la prostitución; de hecho, a menudo se argumenta que entre la promiscuidad y la prostitución hay una diferencia solo de grado”. Recomienda la reforma y la reeducación y es una política que se adoptó y todavía se aplica en la sociedad contemporánea, basándose en connotaciones negativas del estatus de las prostitutas y sus trasfondos inmorales y desagradables. Este enfoque sugiere que la mayoría de las prostitutas son pobres, sin educación, drogadictas; abusadas ​​y, por lo tanto, como era de esperar, tienen perspectivas de trabajo limitadas.

Esta ideología es expresada por Annie Dieselberg “si se les da otra opción decente, nunca consentirían en la prostitución … Si alguien realmente se respeta a sí mismo, no elige la prostitución. Si la eligen, se debe a que están en una situación desesperada; hambre, violación, abandono, abuso, falta de educación o habilidades laborales, o simplemente terminan en ella “.30 Jurgen Thomas “Las que son prostitutas lo son por una razón, como violación o abuso sexual “; 31

Benedet (2013) y Barry (1995) sostienen el punto de vista de que si la prostitución es la única opción disponible para ellas, cualquier forma de consentimiento es inválida. Esto también fue respaldado por el informe del Relator Especial sobre la trata de seres humanos de 2006 que confirma que la prostitución “satisface los elementos de la trata”, ya que implica “un abuso de poder y / o .. vulnerabilidad” y que estas “disparidades de poder [se basan] en el género, la raza, el origen étnico y la pobreza”. También es “rara vez marcada por el empoderamiento o las opciones adecuadas”. 32 Por lo tanto, las mujeres son retratadas como un grupo homogéneo y automáticamente consideradas vulnerables a factores externos que están fuera de su control; “el consentimiento no es una defensa frente a la discriminación porque el valor de la elección individual o la autonomía no anula la necesidad de luchar contra los daños colectivos”. (Benedet, 2013, p. 187) El consentimiento de una mujer individual no debe considerarse como una aceptación de la prostitución para mujeres per se y significaría la “omisión de la igualdad de las mujeres con la autonomía individual, y el empobrecimiento concomitante del concepto de autonomía al equipararlo con la “elección”” (Benedet, 2013, p. 164)

También surgen preguntas pertinentes de que las mujeres pueden haberse visto obligadas a dar su consentimiento o negarse a hacer una declaración por temor a sufrir daños o la pérdida de un trabajo y que “a menudo se les enseña qué decir” 33 es la preocupación de Jurgen Thomas, por lo que puede ser poco fiable como prueba. La legislación de la ONU contra la trata de personas permite presumir que el consentimiento de una mujer es irrelevante en estas circunstancias, por lo tanto, niega la necesidad de considerar cualquier posible factor externo y la confirma como una víctima de trata sexual en lugar de una prostituta con consentimiento. Es una herramienta legal competente para garantizar la protección de los miles de víctimas de la trata.

Curiosamente, Jurgen Thomas y Usa Lerdsrisuntad comentaron que, de hecho,

“esta fue la prueba de que se les reconoció su consentimiento, ya que ninguna declaró que fuera víctima y [en cambio] optaron por ser deportadas, ya que este sistema era mucho más rápido en comparación con el proceso de víctima que suponía estar años en un refugio” ( Thomas), y que muchas mujeres “pueden consentir en no ser víctimas [de la trata] y optar por ser inmigrantes ilegales” (Lerdsrisuntad) 34.

Es un procedimiento más simple y rápido admitir que son inmigrantes ilegales, ya que luego son deportadas y, por lo tanto, pueden regresar a trabajar antes, en lugar de ser colocadas en un refugio y pasar por el arduo y prolongado proceso de rehabilitación / enjuiciamiento penal. Aunque esto sugiere que las mujeres son conscientes de su situación y se reconoce su consentimiento, esto quizás sea más relevante para un proceso autoritario expedito y despectivo en lugar de reconocer el consentimiento en su contexto de identificación de víctima y agencia correctas.

Los activistas antiprostitución sostienen la posición de que la prostitución es, por lo tanto, un abuso abominable del cuerpo de las mujeres, y comenzar a reconocerlo como una forma de trabajo es una disminución adicional del empoderamiento y la autonomía de las mujeres y representaría un método gobernado por el Estado para tolerar la violencia femenina. Del mismo modo, es inconcebible que cualquier mujer consienta en el delito fusionado de trata sexual y debe ser presunta víctima. Por lo tanto, las autoridades deben abolir la prostitución y promulgar leyes para proporcionar la protección y rehabilitación esenciales que las propias mujeres no pueden o son incapaces de hacer.

Pero, ¿deberían considerarse todas las formas de coerción como forzadas y, por lo tanto, negar automáticamente el consentimiento, o deberían considerarse las circunstancias individuales al evaluar si el consentimiento es realmente válido? Quizás de forma controvertida, Wertheimer (2003) considera que el consentimiento coercionado tiene el mismo efecto que el consentimiento forzado solo si afecta los derechos morales o legales de esa persona; así que incluso en circunstancias muy estresantes, esto puede no necesariamente negar el consentimiento de una mujer. Los defensores de las prostitutas argumentan que, en lugar de adoptar una presunción homogénea de falta de opciones, las mujeres deben considerarse como individuos y esto incluiría considerar las circunstancias socioeconómicas que rodean su situación. El funcionario de la OIT confirmó que “debemos escuchar lo que dice el migrante” 35.

Ciertamente, la cuestión de si una mujer puede consentir en el trabajo sexual comercial continúa siendo debatida. Lo que se entiende como coerción y, por lo tanto, consentimiento forzado para una mujer, es una forma de elección basada en sus circunstancias para otra. Sigue siendo un hecho que incluso con un consejo considerado y competente cualquiera puede tomar una mala decisión, pero ¿significa esto que debe ser negada o ignorada? Hacerlo coloca autoridad en un tercero para juzgar moralmente e ignorar el consentimiento para supuestamente salvarlas de sí mismas. Es específicamente paternalista y Jones (2012) considera este enfoque como una paradoja, ya que ofende la dignidad humana del individuo e infringe sus derechos humanos de elección y autodeterminación, a la vez que afirman protegerlo. Jones argumenta que también existe un daño social si se adopta eso; “Cuando un individuo consiente libremente en realizar cierto trabajo, su consentimiento es virtualmente imposible de ignorar o descartar en base a la percepción de la rectitud moral del acuerdo”. (Jones, 2012, pp. 505) Los acuerdos acordados pueden no siempre beneficiar a ambos partes desde la perspectiva de un tercero, pero se debe considerar que ambas partes tienen sus propios intereses específicos como una prioridad y, por lo tanto, reemplazan cualquier otro juicio.

Otros críticos de un enfoque paternalista, como Heidi Fleiss (2003), afirman que trivializa las iniciativas y considera que el consentimiento es irrelevante, lo que niega sin razón que algunas personas consideren que las formas de trabajo sexual son necesarias y favorables. De hecho, ¿por qué no se puede considerar que una mujer acepta el sexo comercial, independientemente de si es explotador o no? El hecho es que las circunstancias socioeconómicas dictan predominantemente la necesidad de trabajar para sobrevivir. La mayoría de la población mundial que vive por debajo del umbral de pobreza son mujeres, que están en desventaja debido a la discriminación de género36 y aunque una variedad de opciones sería favorable, a menudo no hay ninguna. Es cuestionable equiparar la pobreza con “la fuerza como una forma de establecer la inocencia de las” víctimas de la trata “y, por lo tanto, su elegibilidad para la protección de los derechos humanos” (Doezema, 2001, p. 44). De hecho, ¿no es la estructura social y tener que trabajar en sí mismos una forma de consentimiento forzado? ”    Si el sistema de asistencia social está tan organizado que el nivel de vida de quienes obtienen asistencia social se mantiene sistemáticamente bajo el de las personas que realizan los trabajos peor remunerados, el sistema en su conjunto está organizado de modo que uno sea “forzado al trabajo”.” (Stinchcombe y Nielson, 2009, p. 74)

Esta opinión es relevante para la sociedad histórica y contemporánea, ya que son las circunstancias socioeconómicas las que llevan a las mujeres a emprender un trabajo que puede considerarse desalmado y moralmente reprensible, pero que no necesariamente debe ser equiparado a ser una víctima. Lo que parece ser un cambio en la percepción del consentimiento y la prostitución es que aunque Somchai Homlaor y Sunee Chaiyarose creen que ninguna mujer sería voluntariamente prostituta, su consentimiento debe ser respetado y no ser castigado como consecuencia; 

“La prostitución debe ser despenalizada. Ella es la víctima de explotación y, en cambio, es considerada como una delincuente “.37 Existe la” necesidad de crear una situación en la que las mujeres puedan ser aceptadas … luego puedan obtener beneficios, asistencia social, educación, capacitación, etc. “38 Piyanut Kotsan afirma que incluso si las mujeres tienen “opciones limitadas, no deberían ser criminalizadas”.

Esto podría tener un efecto sobre cómo se consideran los derechos humanos de las prostitutas en el futuro cercano, con la propuesta de despenalización.

Parece que todo el mundo se considera obligado a trabajar y obligado a consentir para ganar dinero de cualquier manera que pueda. La moral y la ética no apoyan a las mujeres y niños hambrientos. La vida es una serie de decisiones prácticas tomadas en el mejor interés de la persona que las toma y deben ser respetadas. No hacerlo desafiaría la autonomía y soberanía del individuo y requeriría que el Estado asumiera obligatoriamente la responsabilidad de la vida de sus ciudadanos, sin ningún recurso. Existe una realidad de personas vulnerables en posiciones insostenibles debido a la jerarquía patriarcal y social. Ignorar el consentimiento solo ignora la responsabilidad. Se prefiere la teoría de Robert Nozick (1974) en “Anarquía, Estado y Utopía”, ya que refuta la afirmación de que el consentimiento debería ser considerado viciado solo por la falta de presuntas alternativas razonables; siempre que el consentidor no sea el que está creando los factores perjudiciales que conducen a otorgar el consentimiento. Las mujeres son consideradas víctimas porque algunos elementos de la sociedad consideran que la prostitución es inmoral y, por lo tanto, permite que las autoridades estatales presuman su incapacidad para consentir y asumir el control de sus vidas.

  1. La ley y el consentimiento

Históricamente y de hecho en la actualidad, la jurisprudencia tiene sesgo de género (Kennedy, 2005; Sullivan, 2007) y el consentimiento dentro de ese marco se basa en una escala móvil proporcional a la etnia, raza, clase y valor económico. Las prostitutas en particular fueron (y en muchos casos aún lo son) vilipendiadas como promiscuas, poco confiables y sin ningún valor moral; “Se vio que cualquier evidencia de prostitución comprometía su credibilidad y, por lo tanto, era directamente relevante para la cuestión del consentimiento “(Sullivan, 2007,pags. 129) y ciertamente este es el consenso general de opinión de todos los entrevistados. También acordaron que la actitud de los hombres hacia la sexualidad y la moralidad de las mujeres se reflejaba constantemente en la ley en una medida que afectaba negativamente sus derechos y protección legales. Annie Dieselberg afirma que “las mujeres tienen un comportamiento aprendido para ser serviles … los hombres son dominantes sobre las mujeres y hacen que las mujeres hagan lo que ellos quieren. Las opiniones misóginas de los hombres sobre las mujeres se perpetúan con la prostitución. Nunca se erradicará la violencia y el abuso mientras exista la prostitución ”.40 Este desequilibrio se traduce en un prejuicio inherente en la ley; “Como mujeres que estaban ‘comúnmente disponibles’ para los hombres, se las consideraba carentes de discriminación y de capacidad de consenso. Por lo tanto, se consideró que no podían ser violadas. ”(Sullivan, 2007, p. 132) Lamentablemente, este es todavía el enfoque de los tribunales en muchos estados donde estos abusos son tolerados por la ley y exacerban un prejuicio social patriarcal arraigado.

En su artículo, Sullivan (2007) notó que alrededor de las décadas de 1980 y 1990, los hombres comenzaron a ser condenados por violar a una prostituta. Esto sugirió un cambio de actitud y de la ley con respecto a las trabajadoras sexuales y el consentimiento, desde una presunta falta de capacidad de consentir o agencia por parte de la mujer, a una en la que fueron consideradas como “individuos capaces de dar y negar consentimiento sexual”. “. (Sullivan, 2007, pág.

127) La sentencia declaró que “tenía derecho a estipular con precisión las formas de actividad sexual en las que estaba dispuesta a participar y las condiciones de dicha participación” .41

Sullivan (2009, p. 139) “En relación con las prostitutas, no hay duda de que el consentimiento es un tema difícil; el poder económico y social claramente restringe la autonomía de las trabajadoras sexuales … [b] pero la solución es no intentar cerrar todas las posibilidades de autonomía o consentimiento “. Hubo una mayor comprensión de lo que significaba el consentimiento y los tribunales estuvieron menos inclinados a asociar falta de capacidad de consentimiento simplemente porque la víctima era una prostituta. Benedet (2013) argumenta que el consentimiento implica ser reconocido y valorado como un ser humano en lugar de un objeto, particularmente en sus propias experiencias sexuales, ya sean moralmente aceptables o no. Esto es respaldado por Justice Laforme, 42 “La autonomía es la capacidad de ejercer la elección sin restricciones, libres de control y sin interferencias. Pertenece al individuo y no puede ser … delegada en otro “. (Benedet, 2013, p. 171)

Según Wertheimer (2003), la opinión legal estándar es que el fraude cometido debido a ciertos hechos es ilegal, por ejemplo, cuando una mujer consiente en lo que cree que es un examen médico utilizando un instrumento, no un pene. Al contrario que ser atraído de manera fraudulenta a las relaciones sexuales, lo cual es más una obligación moral y generalmente no ofrece ninguna protección. Podría decirse que si una mujer acepta relaciones sexuales que son mutuamente aceptables, ella consintió legalmente. Por ejemplo, una trabajadora sexual que acepta tener relaciones sexuales por $ 50, pero el hombre se va sin pagar; ella aceptó el acto y así lo consintió, a pesar de ser inducida por la promesa de pago. Sin embargo, si se induce a aceptar el sexo oral, pero luego se realiza el sexo anal, entonces no hay consentimiento legal. En el primer caso, si la prostitución es legal, entonces esto es un incumplimiento de contrato; en el segundo caso, se trata de un delito penal de violación. Ambas instancias dependen de las interpretaciones del sistema de justicia penal y la percepción del consentimiento que a menudo puede ser contradictorio, con posibles consecuencias perjudiciales para los derechos de las trabajadoras sexuales.

Debido a la incertidumbre y la naturaleza subjetiva del consentimiento en general, pero particularmente en casos de consentimiento sexual y la identidad polarizada vulnerable / culpable de las mujeres, esto puede sugerir que un acuerdo contractual entre los participantes en una relación sexual sería beneficioso para garantizar que todas las partes tengan pleno conocimiento de lo que sucederá y quién puede consentir o no en consecuencia. Curiosamente, el principio de “consentimiento positivo” está creciendo en popularidad en Estados Unidos, como resultado de la creciente cobertura de los medios de comunicación sobre los incidentes frecuentes de violaciones en el campus universitario. El estado de California ha promulgado desde septiembre de 2014 la “ley de consentimiento afirmativo” que significa “acuerdo afirmativo, consciente y voluntario … [siendo la] responsabilidad de cada persona involucrada … debe estar en curso … y puede ser revocada en cualquier momento”. Consentimiento afirmativo ”significa un acuerdo afirmativo, consciente y voluntario para participar en actividades sexuales. Es responsabilidad de cada persona involucrada en la actividad sexual asegurarse de que él o ella tenga el consentimiento afirmativo de la otra u otras personas para participar en la actividad sexual. La falta de protesta o resistencia no significa consentimiento, ni el silencio significa consentimiento. El consentimiento afirmativo debe ser continuo durante una actividad sexual y puede ser revocado en cualquier momento. La existencia de una cita entre las personas involucradas, o el hecho de relaciones sexuales pasadas entre ellas, nunca debe suponerse por sí misma como un indicador de consentimiento. ”43 Esto es relevante porque aumenta la conciencia de hombres y mujeres sobre el consentimiento real que se necesita obtener. y siempre y cuando sea una situación continua que pueda ser revocada en cualquier momento y refuerce los principios del consentimiento informado. Este es un concepto muy enriquecedor y un principio bastante radical para ser introducido particularmente en un contexto constante de casos legales de agresión sexual que ignoraron o consideraron que el consentimiento de las mujeres fue aceptado simplemente porque eran prostitutas / borrachas / inconscientes / sexualmente activas / vestido provocador, etc. todo lo cual es completamente irrelevante para los hechos del acto en cuestión. También coloca un adelanto de responsabilidad en el hombre que cuestiona el comportamiento previamente aceptado que permite a los hombres actuar impunemente en cuanto a las consecuencias.

Además, en situaciones de posible trata sexual, estas circunstancias que contribuyen a una comprensión contractual de lo que se va a llevar a cabo, podrían ser pruebas cruciales de si la mujer puede ser identificada correctamente como víctima. Por lo tanto, la evidencia para apoyar el consentimiento activo, positivo y continuo es vital para que una mujer pueda proporcionar y confirmar su estado e intención. No poder hacerlo, o que esto se ignore o se considere irrelevante, socava sus derechos legales y humanos.

(…)

Conclusión

La prostitución y la trata sexual a menudo se fusionan porque es más fácil lidiar con ambos problemas presentándolos como su única causa y efecto: abolir uno erradicará al otro. Esta teoría es incorrecta, ya que confunde las definiciones e ignora las necesidades, derechos y autonomía de las mujeres individuales. Persistir en penalizar la prostitución niega a las mujeres su libertad económica de elección (a menudo por necesidad) y las hace vulnerables a la explotación. Continuar haciendo referencia a la trata sexual como prostitución forzada, está blanqueando los crímenes viles y violentos de violación, tortura y secuestro y asigna una parte de la culpa a las víctimas reales.

Podría decirse que las Convenciones de la ONU contra la trata no se centran únicamente en los casos extremos de trata sexual que implican actos de fuerza, coerción, violencia y engaño, y cuyas consecuencias son condiciones de trabajo abusivas y similares a la esclavitud. En cambio, la Ley de Trata de Tailandia vincula la Irrelevancia del Consentimiento a la explotación y podría proporcionar una erradicación más competente de las condiciones de trabajo inaceptables que la legislación de trata está tratando de prevenir. Sin embargo, su inclusión de la prostitución como una forma específica de explotación, supone el entendimiento de que la trata sexual incluye toda la migración informal para todas las formas de prostitución, ya sea por elección o no. Básicamente, elimina el elemento de consentimiento de las mujeres que eligen participar en el trabajo sexual, lo que confunde erróneamente la trata sexual con el trabajo sexual. Además, corre el riesgo de reenfocar cualquier evaluación y remedio de las condiciones de explotación en la prostitución al acto criminal de prostitución que se está cometiendo, y así suplantar cualquier responsabilidad de los gerentes / propietarios sobre las mujeres. Al ignorar el concepto de consentimiento, viola los derechos humanos de las mujeres para elegir su ocupación y su autonomía como seres humanos. Tampoco hace respetar los derechos laborales de las trabajadoras sexuales que, aunque consintieron en el comercio sexual, no dieron su consentimiento a las condiciones de explotación del trabajo. Por lo tanto, la legislación actual no define claramente la diferencia entre el delito de trata sexual a través de actos de fuerza y el consentimiento de la migración de mujeres para el comercio sexual. Al hacerlo, no protege a estas mujeres que consienten de las prácticas de explotación y, en cambio, refuerza la eliminación de sus derechos humanos y las expone a ser explotadas aún más. También oscurece el establecimiento de un sistema correcto para identificar a las víctimas genuinas de los delitos de trata abusivos y se apropia indebidamente de las políticas efectivas de rescate y rehabilitación.

¿Qué es la trata?

 

 

30.- ¿Qué es la “trata de personas”? 

Trata es la compraventa de mercancías.

No puede existir “trata de personas” (o “trata de seres humanos”) si esas personas no han sido reducidas previamente a la condición de esclavos (y, por tanto, de mercancías) en virtud de leyes de esclavitud vigentes en un momento y en un Estado concretos. Esas leyes respaldan el derecho de propiedad de unas personas sobre otras y garantizan con los tres poderes del Estado el derecho de las primeras a comprar y vender a las segundas: si un esclavo se escapa, la policía se encarga de detenerlo y devolverlo a su propietario.

En España, la esclavitud fue abolida en el siglo XIX: hoy, no hay ni esclavitud ni trata.

Aunque la propaganda institucional abolicionista intenta hacer creer que las víctimas de lo que el actual Código Penal llama “trata de seres humanos” son mujeres secuestradas y violadas, como si esta llamada “trata” fuera una auténtica trata, la realidad es que la condición indispensable para que una mujer pueda llegar a ser considerada víctima de “trata” es que haya existido libre consentimiento, ya que, si no hubiera existido el libre consentimiento, los delitos serían de secuestro y violación, claramente tipificados en el Código Penal.

Los vicios del consentimiento que pueden invalidar éste ya están contemplados en nuestro sistema jurídico: no es lo mismo un consentimiento invalidado por iniciativa de la persona titular del bien jurídico protegido —la libertad sexual, la libertad de empresa, el derecho al trabajo— que consigue demostrar que su consentimiento fue viciado que un consentimiento despreciado por la ley como “irrelevante” violando la dignidad de la persona que lo dio libremente.

La expresión “explotación sexual”  que menciona el Código Penal como finalidad de la “trata” no ha sido definida ni en la legislación internacional ni en la nacional. Eso viola el principio de legalidad, creando una situación de inseguridad jurídica incompatible con el Estado de Derecho.

Por eso, una de las reivindicaciones en que se concreta nuestra lucha por la total despenalización del trabajo sexual es la supresión del párrafo b) del artículo 177 bis del Código Penal (De la trata de seres humanos) que dice “La explotación sexual, incluyendo la pornografía.”

Basta con las leyes generales que nos protegen contra el secuestro, la violación y los vicios del consentimiento en defensa de nuestra plena y responsable libertad personal.

Del Putecismo

 

Sexo, esclavas y ciudadanas: la política de la lucha contra la trata

 

Bridget Anderson y Rutvica Andrijasevic

Diciembre de 2008

https://www.researchgate.net/publication/42796528_Sex_Slaves_and_Citizens_The_Politics_of_Anti-Trafficking

 

 

Centrarse en los males de la trata es una forma de despolitizar el debate sobre la migración.

 

La trata de personas está en las noticias. Está en la agenda política, tanto a nivel nacional como internacional. Miles de personas, cientos de grupos, docenas de periódicos están decididos a eliminarla. Este enfoque en la trata consistentemente refleja y refuerza la profunda preocupación pública sobre la prostitución / trabajo sexual, y también sobre la inmigración, y el abuso y la explotación que tan frecuentemente implica. Así que, oponerse a esta expresión, o a algunas de las acciones tomadas como respuesta a esta preocupación, es similar a decir que uno respalda la esclavitud o está en contra de lo que todo el mundo considera correcto. La trata de personas es un tema que se supone que nos unirá a todos. Pero creemos que es necesario atravesar la línea de oponerse a lo que todo el mundo considera correcto sin que eso suponga respaldar la esclavitud, porque el pánico moral acerca de la trata está desviando la atención de las causas estructurales del abuso que sufren las trabajadoras migrantes. La preocupación se centra en los malvados malhechores más que en factores más sistémicos. En particular, ignora el enfoque del Estado respecto a la migración y el empleo, enfoque que construye efectivamente grupos de no ciudadanos que pueden ser tratados como desiguales con impunidad.

¿Qué es la trata? Definiciones y la Convención de la ONU

En noviembre de 2000, la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El propósito de esta convención era promover la cooperación interestatal en la lucha contra el crimen organizado transnacional y eliminar los “refugios seguros” para sus perpetradores. Se complementa con tres protocolos adicionales, que tratan sobre el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas —especialmente mujeres y niños— y el tráfico de armas de fuego. La definición de trata de personas en el Protocolo contiene tres elementos: se define como una acción, que consiste en “el reclutamiento, transporte, transferencia, albergue o recepción de personas”; como una acción que ocurre mediante ‘la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coerción, de secuestro, de fraude, de engaño, de abuso de poder o de una posición de vulnerabilidad o de dar o recibir pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tiene control sobre otra persona”; y como una acción que se lleva a cabo ‘con el propósito de explotación … (que) … incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución de otros u otras formas de explotación sexual, trabajo o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, servidumbre o extracción de órganos “.

Es importante recordar que el Protocolo de Palermo, como se le conoce, no es un instrumento de derechos humanos. Es un instrumento diseñado para facilitar la cooperación entre Estados para combatir el crimen organizado, más que para proteger o dar una compensación a las víctimas del crimen. Los Estados deben fortalecer los controles fronterizos para evitar la trata y el tráfico. Los controles fronterizos y la cooperación policial, no la protección de los derechos humanos, se encuentran en el centro de ambos protocolos de tráfico y trata. El énfasis está en interceptar a los tratantes y traficantes y en castigarlos y enjuiciarlos. Si bien se alienta a los Estados a ofrecer protección a las personas tratadas, en particular a considerar brindar a las víctimas de trata la posibilidad de permanecer, temporal o permanentemente, en su territorio, las obligaciones reales son mínimas y las disposiciones de protección son débiles. Aunque existen otros instrumentos legales más progresivos que rigen la trata, incluso en estos la protección de las personas tratadas depende de su cooperación con las autoridades.

Las preocupaciones del Protocolo de Palermo con el crimen y las fronteras surgieron en parte de una preocupación más particular sobre la prostitución de mujeres y menores, y hay una referencia especial hecha en el protocolo a la explotación sexual y la explotación de la prostitución de otros. Los medios, las políticas y la investigación sobre la trata se han centrado en su mayor parte exclusivamente en el trabajo sexual, y la trata se asocia comúnmente con la “esclavitud sexual” y el crimen organizado. Periodistas, políticos y académicos representan rápidamente a las mujeres migrantes en la industria del sexo como víctimas de abuso y violencia, y a los tratantes como personas y/u organizaciones mafiosas similares a las que esclavizan a las mujeres en la prostitución. Esto ayuda a instalar la imagen de la trata dentro de un binario simplista y estereotipado de víctima engañada / inocente (mujeres extranjeras) y tratantes malvados (generalmente hombres extranjeros). La trata aparece como una actividad que tiene lugar fuera de cualquier marco social: son los individuos criminales los responsables.

Los gobiernos, particularmente en Europa, también culpan a los tratantes por la proliferación de la migración irregular y el abuso de los trabajadores migrantes. Por ejemplo, en su prólogo al documento del Ministerio del Interior “Reforzando las reglas” (2007), el entonces Ministro del Interior del Reino Unido, John Reid, dijo:

Si no se hace frente a los tratantes de personas que están detrás de las tres cuartas partes de la migración ilegal a este país, las personas vulnerables y a menudo desesperadas quedan a merced de los delincuentes organizados.

La imagen de la Víctima de Trata se utiliza para invocar una reacción emocional y una imagen de grandes cifras, haciéndose eco de los temores de “oleadas” y “hordas” de migrantes (“ilegales”). (Ha habido un cambio reciente en el discurso, por el que la emoción dominante se ha convertido en lástima en lugar de miedo, pero los efectos son muy similares). La representación de la trata como el principal impulsor de la migración ilegal es un desarrollo relativamente nuevo: – contrástense las declaraciones de John Reid con las declaraciones del Ministerio del Interior de 2002, cuando el número de víctimas de trata era “pequeño” y la mayoría de los inmigrantes ilegales se encontraban en el Reino Unido “con su consentimiento” .2 Hay poca evidencia que respalde las cifras que se esgrimen. Por ejemplo, el Departamento de Estado de los EE. UU. estima que entre 600.000 y 800.000 personas son tratadas anualmente a través de las fronteras internacionales, pero la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los EE. UU. ha criticado severamente éstas y otras estimaciones, describiéndolas como ‘cuestionables’ y basadas en metodologías débiles.3 Señala que, desde 1999, menos de 8.000 migrantes en 26 países han recibido asistencia a través de la Organización Internacional para las Migraciones (que es una de las principales organizaciones intergubernamentales que se ocupan del tema). Hay una brecha significativa entre números estimados y víctimas identificadas, y las estimaciones resuenan con el temor de ser sobrepasados por “ilegales”. Así, en el Reino Unido hay unos 35 lugares para mujeres identificadas como víctimas de trata sexual, y en 2007 solo hubo 17 condenas por delitos de trata, todos por trata sexual. 4

Esta equiparación de migración ilegal y trata no está respaldada por el Protocolo de Palermo. De hecho, los protocolos de la ONU establecen que la entrada a un Estado puede ser legal o ilegal en el caso de la trata (mientras que el tráfico solo puede referirse a la entrada ilegal). También afirman que la trata puede tener lugar dentro de las fronteras nacionales. No es necesario ser “ilegal” para ser tratada, así como tampoco es necesario ser “prostituta”. Por lo tanto, en la práctica, hay problemas de definición cruciales sobre lo que realmente constituye trata que no se han resuelto. Esta falta de claridad no ha impedido el éxito del Protocolo de Palermo; quizás incluso lo haya facilitado. Mientras que la Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y sus Familias, aprobada por la ONU en 1990, tenía solo 15 signatarios en julio de 2008, el Protocolo de Palermo tenía en ese momento 117 signatarios.

La trata como “antipolítica”

Esta falta de claridad definitoria permite un deslizamiento constante entre “inmigración ilegal”, “prostitución forzada” y “trata”. Todos están de acuerdo en que la trata y la explotación (sexual) están mal, a pesar del problema sobre lo que realmente significan estas palabras. Esto ayuda a crear un consenso humano fuera del debate político; nadie puede dudar de que la “trata” debe ser eliminada. El deslizamiento sirve para despolitizar las intervenciones contra la trata y evitar que se fije la atención sobre el papel del Estado en la creación de las condiciones en las que ocurre la explotación. Nuestro argumento es que esta despolitización es en realidad una forma de “antipolítica”: 5 introduce de contrabando la política bajo una “agenda humanitaria” aparentemente orientada a la asistencia y protección de las víctimas. La víctima de la trata no es una figura apolítica, como hemos visto: es una que ha sido adoptada por el Estado. La pregunta entonces es: ¿cuáles son las políticas que se están introduciendo de contrabando? Al abordar esto, consideraremos tres áreas clave: la política del sexo, la política del trabajo y la política de la ciudadanía. (El hecho de que éstas puedan ser imaginadas como terrenos separados de compromiso político es quizás en sí mismo el punto más digno de mención).

Politica del sexo

Las negociaciones sobre el Protocolo de Palermo reunieron a Estados y feministas que estaban particularmente preocupados por la prostitución, y hasta hace poco las discusiones políticas y la investigación sobre el trata se han centrado mucho en las actitudes hacia el trabajo sexual en lugar de hacia la migración. Las discusiones sobre el Protocolo en sí mismas se vieron afectadas por el debate polarizado entre quienes podrían denominarse “abolicionistas feministas” y quienes argumentaron desde la perspectiva de los “derechos de las trabajadoras sexuales”. Las abolicionistas argumentan que la prostitución reduce a las mujeres a objetos comprados, y siempre y necesariamente es degradante y perjudicial para las mujeres. Por lo tanto, no reconocen ninguna distinción entre la prostitución “forzada” y la “libre elección”, y sostienen que al tolerar, regular o legalizar la prostitución, los Estados permiten la violación reiterada de los derechos humanos a la dignidad y la autonomía sexual. La prostitución es un “crimen de género”, parte del dominio patriarcal sobre la sexualidad femenina, y su existencia afecta negativamente a todas las mujeres al consolidar los derechos de acceso de los hombres a los cuerpos de las mujeres. Toda prostitución es una forma de esclavitud sexual, y la trata está intrínsecamente relacionada con la prostitución. Desde este punto de vista, las medidas para erradicar el mercado del sexo comercial son simultáneamente medidas contra la trata y viceversa.

Las feministas que adoptan lo que podría denominarse una perspectiva de “derechos de las trabajadoras sexuales” rechazan la idea de que toda prostitución es forzada e intrínsecamente degradante. Ven el trabajo sexual como un trabajo en el sector de servicios y ven las acciones estatales que penalizan o castigan de alguna otra forma a quienes toman la decisión individual de ingresar en la prostitución como una negación de los derechos humanos a la autodeterminación. También desafían fuertemente la simple equiparación de las abolicionistas feministas de la demanda de trata y la demanda de prostitución. Desde este punto de vista, es la falta de protección para las trabajadoras de la industria del sexo, ya sea migrante o no, en lugar de la existencia de un mercado para el sexo comercial en sí mismo, lo que deja espacio para la explotación extrema, incluida la trata. Por lo tanto, la solución al problema radica en sacar de la clandestinidad el sector sexual y regularlo de la misma manera que otros sectores de empleo están regulados.

La mayoría de los Estados de la UE adoptan un enfoque prohibicionista: prohibir la prostitución y penalizar a las trabajadoras sexuales. Sin embargo, el gobierno sueco tiene un modelo “neoabolicionista”, que el gobierno británico ha estado considerando adoptar. Este penaliza a los compradores de servicios sexuales y prohíbe la compra y el intento de compra de servicios sexuales. Dentro de esta lógica, la prostitución y la trata sexual se consideran una cuestión de oferta y demanda: la oferta es creada por la demanda de los hombres por los servicios sexuales de las mujeres. La solución entonces es restringir la demanda.

La propuesta de penalizar la prostitución para combatir la trata sexual y la explotación de las trabajadoras migrantes en el sector sexual a menudo se basa en una visión simplista de la industria del sexo y la forma en que opera el sector. Centrar los esfuerzos y políticas antitrata en los compradores como aquellos que causan la demanda, y / o en los “tratantes” como explotadores del trabajo de los migrantes, desvía la atención del contexto económico, social y político mucho más amplio dentro del cual se encuentra la industria del sexo; y en particular, para los propósitos de nuestro argumento aquí, desvía la atención del papel que juegan las regulaciones de residencia y empleo en los Estados de destino. Este enfoque también reduce la migración y la participación de las mujeres en la industria del sexo a la idea de la esclavitud (sexual), y simplifica las relaciones sociales al verlas exclusivamente en términos de opresión patriarcal o actividad criminal, sin dejar espacio para la autonomía de las trabajadoras sexuales. Además, agrega fuerza a la idea de que la trata es igual a la migración forzada e ilegal, y fomenta una separación total imaginaria entre las formas de migración “legales” e “ilegales”.

Finalmente, un enfoque en el trabajo sexual como la característica principal de la trata de personas hace poco para disipar el pánico moral que alimenta los temores a la migración ilegal. Por el contrario, refuerza fuertemente la idea de que se requiere una restricción creciente. Quienes defienden la penalización de los clientes no consideran que es precisamente el endurecimiento de los controles de inmigración y las leyes laborales restrictivas lo que crea las condiciones para la proliferación de la ilegalidad y la explotación laboral.

Politica de trabajo

La preocupación del Estado por la trata parece ofrecer un espacio para quienes están preocupados por los derechos humanos y / o laborales de los migrantes; existe una creciente presión para ampliar el debate desde su enfoque en la trata sexual hasta una preocupación más amplia con el trabajo forzado. Aquí, académicos, organizaciones de migrantes y algunos sindicatos, así como la Organización Internacional del Trabajo, han tratado de explotar el terreno común que aparentemente comparten con los gobiernos en su deseo de erradicar la trata y el trabajo forzado.

Un enfoque en los derechos de los trabajadores resalta una serie de contradicciones en el pensamiento del gobierno. Aquí surge un problema clave de lo que en realidad se entiende por “fuerza” y “explotación”. ¿Cómo distinguir la trata de los contratos de trabajo legalmente tolerados (también de las formas legalmente toleradas de explotación de mujeres y niños dentro de las familias)? Las preguntas sobre qué constituye una práctica laboral explotadora son muy controvertidas; de hecho, históricamente han sido y siguen siendo un foco central de la lucha del movimiento laboral organizado para proteger a los trabajadores. En ausencia de un consenso político global sobre los derechos mínimos de empleo, o de las normas transnacionales e intersectoriales con respecto a las relaciones laborales, es extremadamente difícil llegar a un criterio para medir la “explotación”. La mano de obra migrante con bajos salarios está permitida y buscada por los empleadores, precisamente porque puede ser explotada. ¿Cómo trazar una línea en la arena entre los migrantes “tratados” y los migrantes “no tratados sino sometidos al tipo corriente de explotación”? De hecho, dado que el movimiento a través de las fronteras internacionales no es un requisito para que tenga lugar la trata, ¿cómo puede hacerse esta distinción entre los migrantes con trata y los trabajadores explotados en general, y por qué hacerlo? Los abusos pueden variar en severidad, lo que significa que generan un continuo de experiencia en lugar de ser definibles mediante una simple dicotomía. Las ideas sobre el punto preciso en este continuo en el que terminan las formas tolerables de migración laboral y comienza la trata variarán de acuerdo con nuestros valores políticos y morales. Independientemente de si son migrantes o no, los trabajadores no pueden dividirse en dos grupos completamente separados y distintos: aquellos tratados que son sometidos involuntariamente a la miseria de las condiciones de esclavitud en un sector económico ilegal o no regulado, y aquellos que trabajan voluntaria y legalmente en la felicidad y la protección del mundo de la economía formal. Violencia, confinamiento, coerción, engaño y explotación pueden ocurrir y ocurren tanto dentro de los sistemas de trabajo regulados legalmente como en los irregulares, y tanto dentro de los sistemas de migración legales como de los ilegales.

Entonces surge la pregunta de por qué el desplazamiento importa en absoluto en estos debates. ¿Por qué ser forzada a prostituirse o a trabajar en su ciudad natal es menos atroz que ser forzada a prostituirse o trabajar en otro lugar? Es el resultado—la explotación y el abuso— lo que constituye el problema, no dónde tiene lugar. Es aquí donde entra en juego la fusión entre la inmigración ilegal y la trata. Porque permite eludir la cuestión que es clave para los activistas pero que los Estados quieren evitar: ¿cuál es el papel que juegan los controles de inmigración para aumentar la vulnerabilidad a la explotación y el abuso? Ciertos estatus de inmigración crean grupos marginados sin acceso al mercado laboral formal, ni a ninguna de las protecciones generalmente ofrecidas por los Estados a ciudadanos y trabajadores. De este modo, el propio Estado equipa a los empleadores con mecanismos de control y retención laboral que de otro modo no estarían disponibles para ellos y que tienen el potencial de ser fuente de abusos. Pero la atención casi siempre se desvía de esta pregunta hacia los “empleadores malvados”.

La figura del malvado empleador y tratante arroja una sombra sobre el papel del Estado en la construcción de la vulnerabilidad. Para la víctima individual de trata o la víctima de explotación, es el empleador, proxeneta o tratante quien niega el acceso a los derechos sociales básicos, como el tratamiento hospitalario. Pero si estos individuos no negaran el acceso, el Estado lo haría. De hecho, una de las principales fuentes de vulnerabilidad es la restricción del acceso a los derechos sociales legitimada por el Estado. Una realidad altamente política sobre el papel del Estado en la construcción de la vulnerabilidad para los no ciudadanos —una realidad con posibles soluciones políticas— se oscurece al pedir a los Estados que protejan los derechos humanos de las víctimas de la trata. Es notable que no haya una petición similar al Estado para que proteja los “derechos humanos” de los “inmigrantes ilegales”.

Politica de ciudadania

El discurso de la trata debe verse como parte de un intento más general de despolitizar la cuestión de la migración. Los discursos gerenciales también son una parte importante de este proceso: la cuestión pasa a ser la de administrar lo que tiene sentido económico, de nombrar expertos para determinar las sutilezas de la oferta y la demanda de mano de obra. Por lo tanto, la política de migración se convierte en una cuestión de operacionalizar los juicios técnicos en lugar de un proceso político, y la “tranquilidad” consiste en asegurar al público que se tomarán las decisiones técnicas correctas. De hecho, la migración es una de las cuestiones políticas más fundamentales de todas: ¿quién constituye la política?

Esta no es simplemente una pregunta formal: aborda preguntas sobre cómo se crea una política, qué implicaciones tiene.6 La ciudadanía no es simplemente un estatus legal otorgado por el Estado. Es un proceso dinámico y se construye activamente. La ciudadanía es representada por una variedad de actores, y sus actos están habilitados o restringidos por las estructuras sociales y las condiciones materiales de sus vidas. Como argumenta Balibar, podemos ver las demandas de derechos de los trabajadores migrantes como “expresiones parciales pero directas del proceso de creación de derechos, una dinámica que permite que la constitución política sea reconocida como ‘soberanía popular’ o democracia”.

La ciudadanía no es una manifestación abstracta del poder del Estado; está encarnada y representada por individuos que disfrutan, negocian o no negocian los privilegios y / o barreras de la pertenencia a la misma. Es un tema de discusión y se constituye a través de una interacción continua entre las prácticas de ciudadanía y su codificación institucional. La cuestión de los derechos de los trabajadores migrantes es parte de esta interacción política. La negación de que éste es un campo de disputa política, ya sea tratando la migración como una cuestión económica, o considerando los abusos de derechos como originados por individuos independientes, cierra el debate.

Si bien la inmigración ilegal y la trata son frecuentemente presentadas como si fueran la misma cosa por los medios de comunicación y por los sucesivos Ministros del Interior, solo las más victimizadas —aquellas que no pueden actuar por sí mismas— pueden ser calificadas como víctimas de trata y tener derecho a la asistencia y protección del Estado. Para pasar la “prueba” de trata, una debe ser una víctima “verdadera”: herida, sufriente y esclavizada. Dado que las víctimas se definen como aquellas que necesitan ayuda (por parte del Estado, las ONG, la policía o los clientes), no son vistas como sujetos políticos sino como objetos de intervención. Las víctimas no pueden participar en el ámbito de lo político. Otros deben actuar en su nombre, y de hecho ha habido una gran cantidad de organizaciones e iniciativas contra la trata. El lenguaje de la trata borra cualquier idea de lucha y trabaja para estabilizar las transformaciones políticas y sociales provocadas por la migración, ya que confina a los migrantes en la victimización. Esto refuerza la noción de que uno no puede comprometerse con la ciudadanía como un proceso, sino solo con la ciudadanía como un estatus legal formal administrado por un Estado omnisciente.

Sin embargo, incluso la ciudadanía como un estatus legal formal está muy lejos para las víctimas de trata. En primer lugar, es extremadamente difícil obtener el estatus de víctima de trata. En contraste con las grandes cifras que se invocan, el Estado reconoce a muy pocas personas como víctimas de trata. Además, ese estatus conlleva solo derechos temporales. El período de reflexión de treinta días —una oportunidad para que la víctima de trata considere si va o no a tomar acciones legales contra los tratantes y, por lo tanto, evitar la expulsión o la deportación— solo se implementó después de una considerable presión de las ONG. El estatus de víctima de trata no garantiza un derecho automático a permanecer en el Reino Unido; simplemente indica un derecho temporal a la asistencia y a permanecer en el país, que se elimina después de que la víctima ha colaborado con las autoridades para ayudar al procesamiento de los tratantes. Lo que sigue, en el idioma del Ministerio del Interior, es la reintegración y reasentamiento de las víctimas, eufemismo por deportación. La categoría legal de víctima de trata no tiene como objetivo la protección de las víctimas, sino más bien el enjuiciamiento de los tratantes. En su asignación de derechos temporales y condicionales, el estatus de víctima de trata normaliza la exclusión producida a través de políticas laborales y de inmigración restrictivas, y sirve para mantener la organización jerárquica de acceso a los derechos y la ciudadanía.

La referencia a los abusos cometidos por actores individuales —tratantes brutales y empleadores explotadores— oscurece la importancia de la ciudadanía formal / estatus legal, y el papel del Estado en la construcción de la vulnerabilidad a través de la negación del estatus legal. Las medidas y la retórica contra la trata convierten el conflicto político en un parcheo de contradicciones o ajustes negociados de intereses, y la negociación y el parcheo generalmente no son hechos por los migrantes.

Conclusión

Muchas personas sienten una profunda preocupación por la injusticia generalizada que padecen tantas personas, especialmente cuando ocurre cerca de casa y es una clara manifestación de las desigualdades mundiales. Y el entusiasmo con el que se apoyan las campañas y políticas “contra la trata” es una manifestación de tal preocupación. Pero si se quiere terminar con la explotación y el abuso, se deben buscar soluciones que vayan más allá de identificar a las víctimas y encarcelar a los tratantes. Al apuntarse a políticas y campañas contra la trata, existe el peligro de ser engañados por un juego de manos que fusiona ilegalidad y trata, y presenta controles de inmigración cada vez más duros como siendo a favor de los intereses de los migrantes. Los controles de inmigración producen grupos de personas que son “deportables” y, por lo tanto, particularmente vulnerables al abuso. El Estado es responsable del mantenimiento de un marco legal dentro del cual ciertas ocupaciones y sectores están desregulados, y existen fuera de las reglas de protección laboral; y es cómplice al permitir que terceros obtengan ganancias del trabajo de los migrantes, ya sea en el sexo comercial u otros sectores. Por lo tanto, es importante volver a poner al Estado en el análisis y abordar el papel desempeñado por las regulaciones laborales y de inmigración del Estado en la creación de las condiciones en las que la trata y la explotación de la mano de obra migrante pueden florecer.

 

Notas

  1. Por ejemplo, el Convenio del Consejo de Europa sobre la acción contra la trata de seres humanos y la Directiva del Consejo sobre el corto plazo

Sexo, esclavos y ciudadanos

El permiso de residencia hace hincapié en los planes de protección de las víctimas, pero también están condicionados a la cooperación con las fuerzas del orden.

 

  1. Ministerio del Interior, fronteras seguras, refugio seguro. Integración con la diversidad en la Gran Bretaña moderna, HMSO 2002.

 

  1. Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos, Trata de seres humanos: se necesitan mejores datos, estrategias e informes para mejorar los esfuerzos de Estados Unidos contra la trata en el extranjero, US GAO 2006.

 

  1. Hansard, Col. 1263W, respuesta escrita de Vernon Coaker, Subsecretario Parlamentario del Ministerio del Interior, a la Sra. Dari Taylor, MP, 19.3.08.

 

  1. E. Balibar, ¿Nosotros, los pueblos de Europa? Reflexiones sobre ciudadanía transnacional, Princeton University Press 2004.

 

  1. Ibid.

“Enviarlas de vuelta”: trabajadoras sexuales migrantes deportadas de Europa

 

Las políticas contra la trata de personas afirman que apoyan a las mujeres vulnerables; sin embargo, su implementación conduce al encarcelamiento y deportación de trabajadoras sexuales migrantes en Europa.

 

Por Boglárka Fedorkó

19 de agosto de 2019

https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/send-them-back-migrant-sex-workers-deported-from-europe/?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter&utm_term=globalsexwork&utm_content=c45fe4ff -4c51-a6ec-dc7b3140c2d0

 

La policía escolta a personas que van a ser subidas a un avión para ser deportadas en Alemania.
Michael Kappeler / DPA / PA Imágenes. Todos los derechos reservados.

 

 

En junio de 2019, dos trabajadoras sexuales, una de las cuales estaba embarazada, fueron encarceladas durante nueve meses en Irlanda. Las dos mujeres rumanas vendían servicios sexuales en un piso que compartían por seguridad cuando la policía lo allanó. Vender sexo es legal en Irlanda, que ha implementado el llamado modelo sueco de regulación del trabajo sexual. Pero debido a que había dos juntas, la policía pudo acusar a ambas de mantener un burdel, lo cual no es legal.

Este es solo un ejemplo de los riesgos complicados que enfrentan hoy en Europa las trabajadoras sexuales. Esos riesgos no desaparecen bajo el modelo sueco —un marco legal promovido como una forma perfecta de que los estados protejan a las trabajadoras sexuales mientras castigan a sus clientes— como se acaba de demostrar. Independientemente del modelo utilizado, las trabajadoras sexuales, especialmente las trabajadoras sexuales migrantes indocumentadas, siguen estando en alto riesgo de penalización en Europa y, en consecuencia, de encarcelamiento y deportación.

La vigilancia, la elaboración de perfiles y la vigilancia discriminatoria por parte de las autoridades afectan a muchas comunidades de trabajadoras sexuales en Europa. Las trabajadoras sexuales que son migrantes, personas sin hogar, no conformes con el género o personas de color entran en contacto con la policía con más frecuencia que la media. Como resultado, también enfrentan niveles desproporcionados de detención y prisión.

Acoso constante

En países donde la venta de sexo es un delito administrativo o penal, la policía ataca rutinariamente tanto a las trabajadoras sexuales de la calle como a sus clientes. Las trabajadoras sexuales que solicitan en zonas críticas o zonas de ligue son particularmente vulnerables al acoso policial. La evidencia de Serbia muestra un patrón de detención arbitrario por actividades tan leves como merodear en lugares donde las trabajadoras sexuales generalmente solicitan clientes, ofrecer servicios a los transeúntes o incluso poseer condones. . Las leyes no relacionadas con el trabajo sexual, como las regulaciones de tráfico o los delitos de moralidad y orden público, también se usan rutinariamente contra las trabajadoras sexuales en lugares donde vender sexo en sí no es ilegal.

Las trabajadoras sexuales no solo son acosadas en sus lugares de trabajo. El perfil racial y de género las hace vulnerables independientemente de dónde se encuentren o qué estén haciendo. Las mujeres romaníes en los Balcanes, por ejemplo, denuncian el acoso constante de la policía en su vida cotidiana, mientras que las trabajadoras sexuales chinas en París informan que a menudo tienen miedo de abandonar sus hogares y lugares de trabajo. Temen que la policía las acose por su situación migratoria.

En Suecia, la mera suposición de que una persona migrante no se mantendrá por “medios honestos” es motivo suficiente para denegarle la entrada.

Ser perseguidas por la policía es parte de la realidad cotidiana de las trabajadoras sexuales, incluso en países con el modelo sueco. De acuerdo con la evaluación de 2018 de la ley de penalización de clientes en Francia, las ordenanzas municipales que restringen el trabajo sexual a nivel local y los controles regulares de identificación dirigidos a quienes venden sexo hacen que las trabajadoras sexuales sigan siendo penalizadas con mayor frecuencia que sus clientes. Las trabajadoras sexuales a menudo denuncian intimidación por parte de la policía, incluida la presión para que denuncien a los clientes. Si son indocumentadas, con frecuencia son amenazadas con deportación si no obedecen.

Lucha contra la trata: una excusa para las redadas y la vigilancia

Los funcionarios del gobierno con frecuencia justifican este tipo de intervención policial como parte de la lucha contra la trata. En la práctica, sin embargo, está claro que el objetivo principal es vigilar, asaltar y deportar a las trabajadoras sexuales migrantes. En algunos países, las personas sospechosas de ser potenciales trabajadoras sexuales son detenidas y devueltas en la frontera. En Suecia, la mera suposición de que una persona migrante no se mantendrá por “medios honestos” es motivo suficiente para denegarle la entrada. Como las normas suecas declaran abiertamente que las víctimas de trata no deben reintegrarse a la sociedad en Suecia, sino más bien en su país de origen, incluso las personas clasificadas como víctimas de este delito son devueltas a sus países. Estas no son políticas de cuidados. Son políticas de identificación, obstrucción y eliminación.

Sin embargo, no es así como se presentan. Las feministas abolicionistas han abogado por un modelo que utiliza principalmente la justicia penal para “proteger” a las mujeres de la prostitución. El modelo sueco tiene sus raíces en estas campañas. Pero para las trabajadoras sexuales, la policía desempeña un papel represivo más que protector. Es esta discrepancia entre las realidades vividas de las trabajadoras sexuales (migrantes) y una esperanza de clase media blanca en la policía como la salvadora de las mujeres lo que nos ha llevado a políticas contra la trata que exacerban las vulnerabilidades de las trabajadoras sexuales en lugar de apoyarlas. .

La evidencia es clara sobre el impacto de abordar el trabajo sexual como un asunto de justicia penal. Según una nueva investigación, las trabajadoras sexuales que operan en un contexto de vigilancia represiva tienen una probabilidad tres veces mayor de experimentar violencia sexual o física que aquellas a las que se les permite realizar su trabajo. Por lo tanto, las trabajadoras sexuales exigen que los legisladores y las feministas abolicionistas reconsideren su forma de ver la intervención policial con gafas rosadas y, en cambio, escuchen a quienes tienen que hacer frente a las consecuencias de estas políticas todos los días.

 

Reconocimiento

Este artículo ha sido desarrollado por el Comité Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en Europa (ICRSE) como parte de su proyecto ‘RnR- Rights not Rescue’, con el objetivo de capacitar a las trabajadoras sexuales migrantes para abordar la explotación y la trata en la industria del sexo. El programa, financiado por la Fundación OAK, reúne a trabajadoras sexuales y aliados de organizaciones de derechos de las trabajadoras sexuales en 10 países europeos para el intercambio, la defensa nacional y europea y la generación de conocimiento. Para más detalles sobre el proyecto, visite el sitio web de ICRSE: http://www.sexworkeurope.org

“El problema de la prostitución”: políticas represivas en nombre del control de la migración, el orden público y los derechos de las mujeres en Francia

 

 

http://www.antitraffickingreview.org/index.php/atrjournal/article/view/383/323?fbclid=IwAR1BI1BUB26NaggS68ytgLssGJuZ1q0qJCYQktHfJZ8ND8I083ZD78mNSiM

 

Charlène Calderaro y Calogero Giametta

 

Resumen

Este artículo se enfoca en los debates políticos que llevaron a la adopción de la prohibición de compra de sexo (comúnmente conocida como el modelo sueco o nórdico) en Francia en abril de 2016. Examina la convergencia de las feministas francesas y los actores neoabolicionistas tradicionales en la lucha contra la prostitución y su impacto en los derechos y el bienestar de las trabajadoras sexuales. Argumentamos que existe una continuidad entre los efectos producidos por la prohibición de solicitar promulgada en 2003 y los creados por la ley que penaliza a los clientes en 2016. Al discutir la represión actual del trabajo sexual en Francia, destacamos cómo la construcción del “problema’ de la prostitución” debe verse a la luz de preocupaciones políticas más amplias sobre el sexismo en los barrios pobres y el control de la inmigración, que justifican las prioridades nacionales de seguridad y orden público.

Palabras clave: trabajo sexual, migración, modelo sueco, Francia, derechos de las mujeres, orden público.

Cite, por favor, este artículo como: C Calderaro and C Giametta, ‘“The Problem of Prostitution”: Repressive policies in the name of migration control, public order, and women’s rights in France’, Anti-Trafficking Review, issue 12, 2019, pp. 155-171,www.antitraffickingreview.org.

 

 

Contextualizando el “problema de la prostitución” en Francia

 

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Francia ha participado en la lucha contra la trata de personas y la prostitución, especialmente tras la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena en 1960. En Francia, como en muchos otros países, los debates políticos y las normativas han fusionado sistemáticamente la trata de personas con la prostitución. [1] Con el fortalecimiento de las fronteras de Europa en la década de 1990, los migrantes se han visto obligados a recurrir a terceros para acceder al área de Schengen. [2] Durante este tiempo, las trabajadoras sexuales migrantes se hicieron mucho más visibles en ciudades francesas, pueblos y aldeas más pequeñas, siendo sometidas a un mayor control estatal [3]. En este sentido, era de esperar una atención política renovada al “problema de la prostitución” [4]. Como señala Lilian Mathieu, el momento en que la clase política francesa consideraba que tratar de la prostitución era “indigno” de las preocupaciones de la Asamblea Nacional había terminado. [5] En las últimas dos décadas, de hecho, ha habido un aumento constante en el número de informes parlamentarios, iniciativas legislativas y debates públicos sobre el tema.

La cuestión de cómo lidiar con la prostitución surgió en el ámbito político nacional en 2003 a través de la implementación de una ley sobre seguridad doméstica, Loi pour la sécurité intérieure (LSI), presentada por Nicolas Sarkozy, el entonces Ministro del Interior. Esta ley se incluyó en una serie más amplia de medidas relacionadas con el orden público y la seguridad y se dirigió directamente a las trabajadoras sexuales. Amplió la tipificación de solicitar de falta (contravention) a delito (délit); también amplió los actos que estarían sujetos a sanciones de “solicitud activa” para incluir “solicitud pasiva”. Como resultado de estos cambios, se introdujo un nuevo artículo en el Código Penal (art. 225-10-1). Cabe destacar que el delito de solicitud había sido eliminado previamente del Código Penal en 1994.

La cuestión de cómo lidiar con la prostitución volvió a surgir en 2011 cuando dos parlamentarios —Danielle Bousquet y Guy Geoffroy— realizaron un informe detallado sobre la prostitución en Francia y lo presentaron a la Asamblea Nacional para su debate parlamentario. Este informe se basó en una postura represiva sobre el trabajo sexual [6] que articuló la “lucha contra el sistema de prostitución” como una cuestión de derechos de las mujeres. Lo que distinguió el informe Bousquet-Geoffroy de los informes anteriores fue su enfoque en los derechos de las mujeres, en el sentido de que los autores sugirieron que las trabajadoras sexuales no deberían ser penalizadas, sino que la responsabilidad debería recaer en los clientes, ya que deberían responder por el hecho de que su demanda de servicios sexuales pagados fomentaba la explotación y la trata. En todo el espectro político, la gran mayoría de los políticos franceses acogieron con satisfacción la propuesta de crear un delito en el Código Penal que se centrara en las personas que pagaban por los servicios sexuales, lo que finalmente se aprobó en abril de 2016 (ley n ° 2016-444). Aunque uno de los objetivos declarados de la ley era brindar a las mujeres la oportunidad de dejar el trabajo sexual, una investigación reciente muestra que la penalización de los clientes ha sido aún más perjudicial para las trabajadoras sexuales que las medidas anteriores contra la solicitud, [7] que ya habían resultado en el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de las trabajadoras sexuales [8].

Este artículo pretende arrojar luz sobre el desarrollo particular de las leyes represivas sobre el trabajo sexual en Francia. Si bien destaca las especificidades del contexto francés, argumenta que la construcción de la prostitución como un problema social debe verse a la luz de las inquietudes políticas más amplias sobre el sexismo en los barrios pobres (quartiers populaires) y el control de la inmigración. El análisis se basa en dos conjuntos de datos principales: la investigación en curso sobre las intervenciones humanitarias dirigidas a las trabajadoras sexuales migrantes (Giametta) y las entrevistas con las feministas institucionales de la corriente dominante y otros grupos neoabolicionistas [9] (Calderaro) que apoyaron las leyes represivas de prostitución en Francia. La primera información surgió del proyecto de investigación Sexual Humanitarianism (2016-2020), que explora la relación entre la migración, el trabajo sexual y la trata en la industria sexual mundial. [10] Centrándose en la ley y los debates políticos actuales, Giametta ofrece un análisis de los discursos humanitarios y las prácticas de seguridad dirigidas a las trabajadoras sexuales en Francia. Este análisis se ve respaldado por los datos etnográficos que surgen de las entrevistas con 25 trabajadoras sexuales migrantes (trans, cis, mujeres y hombres) y diez informantes clave, como trabajadores de la salud comunitaria, trabajadores sociales y abogados de inmigración en París y Marsella que se realizaron entre enero de 2016 y marzo de 2018. Este último surge del trabajo de campo que Calderaro realizó para una tesis de maestría sobre las políticas represivas de trabajo sexual en Francia. En el invierno de 2018, realizó 15 entrevistas con el objetivo de comprender el papel de los diferentes actores involucrados en la redacción de la ley de 2016. Se entrevistaron cuatro categorías diferentes de actores: dos parlamentarios clave a cargo del desarrollo de la ley y miembros del comité especial de la Asamblea Nacional; miembros de instituciones públicas, como la oficina para la igualdad de género en el Ayuntamiento de París, el organismo de vigilancia parisino sobre la violencia contra las mujeres (Observatoire Parisien des Violences faites aux Femmes), y dos oficinas para la igualdad de género en Saint-Denis y Bagnolet en el Sena – Área de Saint-Denis; activistas neoabolicionistas, incluidos dos miembros del Mouvement du Nid y el presidente de la Fondation Scelles; y trabajadoras sexuales, activistas y personal de organizaciones comunitarias de salud que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales. Se les preguntó a todos sobre su participación en los procesos de consulta y toma de decisiones antes de la promulgación de la ley de 2016.

Política sexual, orden público y seguridad nacional

Aunque el modelo de acabar con la demanda no ha dado los resultados prometidos de eliminar la prostitución y la trata en Suecia, todavía se presenta como la solución a los problemas de la prostitución y la desigualdad de género. La funcionaria electa a cargo de la igualdad de género en el ayuntamiento de París (Mairie de Paris), Hélène Bidard, nos dijo que: “en retrospectiva, su éxito realmente tuvo que ver con las organizaciones que subrayan el vínculo entre la violencia contra las mujeres y la prostitución”. Según el paradigma neoabolicionista, las trabajadoras sexuales ya no son delincuentes, sino víctimas. En el contexto sueco, la ley se promovió como parte de un conjunto más amplio de leyes llamadas Kvinnofrid, o Ley de Violencia contra las Mujeres (Kvinnofrid se traduce como “paz o serenidad para las mujeres”). [11]

Siguiendo la dimensión de género del debate sobre la prostitución que emana de las instituciones suecas, el antropólogo Don Kulick examinó cómo el discurso de la sexualidad, o cómo se trata la sexualidad en la vida privada, nos dice algo sobre los valores de la sociedad en general. En el referéndum de la UE de 1994, Suecia votó para unirse a la Unión Europea por un margen estrecho, ya que circulaban temores en el país de que, al acceder a la UE, el país “se vería inundado por decenas de miles de prostitutas extranjeras que clamaban a las puertas, y se vería infectado por una visión liberal de la prostitución que, según se decía, se estaba extendiendo por toda Europa”. [12] Desde entonces, los parlamentarios suecos en Bruselas han hecho actividad de lobby a favor de lo que se conoció como el “modelo sueco” para la abolición de la prostitución, con el objetivo de exportar la imagen distintiva de Suecia como paraíso de igualdad de género a otros estados miembros. Hoy, a nivel de la UE, vale la pena mencionar los vínculos fortalecidos que han surgido entre las feministas de la corriente dominante suecas y francesas como resultado de las actividades del Lobby de Mujeres Europeas. [13] Sin embargo, para entender el camino particular de Francia hacia la adopción del enfoque de acabar con la demanda, debemos analizar otros factores que van más allá de las preocupaciones morales de los políticos sobre la desigualdad de género y la trata.

 

Sexualidad, valores nacionales y cuestiones raciales.

A principios de la década de 2000, hubo un cambio en la forma en que se discutió el género y la sexualidad en la esfera política francesa, ya que comenzaron a vincularse explícitamente con las cuestiones raciales [14]. En ese momento, los medios de comunicación centraron su atención en los actos de violencia sexual en los banlieues (suburbios) parisinos cometidos por hombres jóvenes de origen norteafricano [15]: la cantidad de artículos periodísticos sobre este tema se multiplicó por diez entre 2000 y 2001. [16 ] Esta visión de la violencia sexual como endémica en ciertas áreas geográficas no puede ser entendida, argumenta Myriam Ticktin, sin considerar los debates sobre inmigración y seguridad nacional, y la intensificación de la islamofobia en el país [17].

Dos discursos notables coexistieron en Francia a principios de la década de 2000. El primero se centró en la lucha contra el sexismo a través del racismo, movilizando “el archivo colonial que codifica la raza / clase a través de la sexualidad” [18] (es decir, el Otro migrante o racial visto como un desviado sexual). El segundo fue el discurso institucionalizado de violencia contra las mujeres que emanaba de las Naciones Unidas desde la década de 1990, que permitió una mayor visibilidad de las cuestiones relacionadas con el género y la violencia sexual (es decir, mutilación genital femenina, violencia doméstica, sati, asesinatos de honor, etc.). En ese momento, las prohibiciones de la solicitud pasiva y el hijab, así como el enfoque en la violencia sexual en los banlieues, “cobraron importancia en un discurso sobre la protección de las mujeres contra la violencia y la opresión; se mantenga o no actualmente esta retórica en la práctica”. [19] La economía moral que está detrás de los debates y la implementación de las leyes que controlan la sexualidad creó un pánico que se centró en los migrantes y los no migrantes racializados que viven en Francia.

Este contexto creó una animosidad y división significativas entre las feministas en Francia [20] y dio lugar a la consolidación de lo que la socióloga estadounidense Elisabeth Bernstein ha denominado “feminismo carcelario”, un tipo de feminismo que se basa en gran medida en las formas estatales de poder, como la policía e instituciones legales, para combatir el patriarcado. [21] La convergencia de un cierto tipo de feminismo hegemónico con el Estado y sus políticas contra la inmigración ha creado una política contra la trata en Francia que puede denominarse “femonacionalista”. [22] Este término, acuñado por Sara Farris, señala cómo prominentes feministas y mujeres burócratas —Farris las denomina “femócratas”— han promovido leyes y actitudes que estigmatizan a la población musulmana en Francia, fortaleciendo así las posiciones anti-Islam en nombre de los derechos de las mujeres.

Desde el punto de vista femonacionalista, el problema de la misoginia y la dominación patriarcal está muy a menudo relegado a áreas específicas (pobres) en ciudades francesas donde viven muchas personas racializadas. En los debates recientes sobre la prohibición del trabajo sexual, los clientes pobres y de clase trabajadora de las trabajadoras sexuales son patologizados como sujetos sexuales “malos” que no tienen lugar en el espacio civilizado de la República: éste es el argumento moral con respecto a ideales de ciudadanía francesa. Al mismo tiempo, los clientes suelen ser racializados como sujetos sexuales “regresivos” que no saben cómo tratar a una mujer con respeto y que son muy propensos a explotar (a sus) mujeres comprando sexo de ellas, haciendo de proxenetas o sometiéndolas a trata: este es el argumento racista dirigido a minorías y migrantes. En los principales medios de comunicación, las personas que viven en quartiers populaires  (barrios de clase trabajadora) son estigmatizadas por sus actitudes sexistas hacia las mujeres y los hombres homosexuales, y se considera que ambos grupos necesitan ayuda. Este tipo de discurso de rescate ha impactado en la forma en que el gobierno ha adoptado simultáneamente políticas represivas para eliminar el velo de las mujeres musulmanas y abolir la prostitución, en nombre de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. En una de nuestras entrevistas, Yves Charpenel del grupo neoabolicionista Fondation Scelles, cuando hablaba de la prostitución en los barrios parisinos más pobres, dijo: “estas mujeres son utilizadas por sus propias comunidades, generalmente éstas son minorías étnicas en los banlieues, a menudo son violadas por pandillas (tournantes), son desclasadas socialmente, se vuelven completamente silenciosas e invisibles, y pueden ser vendidas a las pandillas en los banlieues cercanos” (entrevista, febrero de 2018). La convergencia de las inquietudes políticas sobre el orden público, la seguridad y la libertad de las mujeres ha tenido el efecto de radicalizar la postura de las feministas francesas en general sobre la abolición de la prostitución y, con ello, el fenómeno de la trata. La mayor visibilidad de las migrantes en el sector del trabajo sexual —especialmente en las calles y espacios públicos— ha exacerbado estas preocupaciones.

 

Control migratorio: orden público y seguridad nacional.

La presencia de trabajadoras sexuales migrantes en toda Francia ha sido vista como una molestia pública. Algunas ciudades, como Lyon, comenzaron a aplicar leyes contra la solicitud en el centro de la ciudad incluso antes de LSI, la ley de seguridad doméstica de 2003. Como en otras partes de Europa, los centros de las ciudades y las áreas gentrificadas tenían que ser “salvaguardadas” y las ordenanzas contra las solicitudes comenzaron a ser promulgadas en todo el país a nivel municipal ya en 2002. [23] El mantenimiento del orden público a través de la penalización de la solicitud se convirtió en una cuestión de seguridad nacional en el marco del entonces ministro del interior Nicolas Sarkozy. Esto ocurrió porque se consideraba que las trabajadoras sexuales migrantes estaban conectadas a redes de trata; encarnaban una forma de criminalidad transnacional enraizada en Francia. Bajo el LSI (y la implementación del Protocolo de Trata de las Naciones Unidas), las trabajadoras sexuales migrantes que fueron detenidas por solicitar tuvieron la oportunidad de acceder a mecanismos contra la trata y recibir permisos de residencia temporales con la condición de que informaran de sus proxenetas y / o tratantes.

El control del número de migrantes es fundamental para la seguridad en Francia. La llamada “crisis de refugiados” de Europa, los ataques terroristas de 2015 en Francia y Bélgica y los dos años de emergencia que siguieron, y la subsiguiente ley antiterrorista implementada en 2017 por el gobierno del presidente Macron, provocaron un aumento en los controles de identidad , redadas y mayor estigmatización del Islam, todos los cuales se dirigen a personas racializadas y migrantes. Estas extraordinarias medidas policiales y administrativas se han justificado como parte del modus operandi convencional en el marco de la emergencia. [24] Los migrantes han sido descritos cada vez más como depredadores y sujetos a niveles sorprendentemente altos de control policial. Como lo indicó nuestra investigación etnográfica, la agenda de igualdad de género del gobierno que emana de las feministas institucionales no ha desafiado las lógicas racistas de sus medidas de seguridad; por el contrario, ha legitimado prácticas carcelarias como una forma de promover la abolición de la prostitución.

 

Nuevas alianzas y la redefinición del “problema de la prostitución”

 

Las alianzas emergentes entre diversos actores han influido en la politización del “problema de la prostitución”, así como en su lugar en la agenda institucional en Francia [25]. La alianza de organizaciones neoabolicionistas, feministas institucionales y movimientos feministas tradicionales ha redefinido la prostitución a través del paradigma neoabolicionista, fusionándola con la violencia contra las mujeres [26]. Además, los discursos antineoliberales y antiglobalización se han movilizado ampliamente para redefinir la prostitución como un problema político tanto a nivel nacional como internacional. [27]

 

La convergencia de neoabolicionistas, feministas e instituciones públicas.

La primera alianza a la que queremos apuntar es la de los propios actores neoabolicionistas, es decir, los grupos de activismo feminista y las organizaciones neoabolicionistas tradicionales. Los neoabolicionistas a los que nos referimos incluyen organizaciones que entran en la categoría legal de “organizaciones de utilidad pública” (associations reconnues d’utilité publique), es decir, organizaciones con un objetivo de interés público que pueden beneficiarse de fondos públicos, donaciones y legados. Nos referimos a estos actores como “empresarios morales”, [28] porque enfatizan su postura moral y la tradición católica de la que emanan sus políticas. [29] Entre estas organizaciones, Mouvement du Nid y Fondation Scelles han jugado un papel central. De hecho, junto con organizaciones feministas, establecieron Abolition 2012, un colectivo de todos los neoabolicionistas que están a favor de la erradicación de la prostitución en Francia. Cuando se le preguntó sobre los vínculos entre Mouvement du Nid y Fondation Scelles, Yves Charpenel, presidente de esta última, declaró:

Y. Charpenel: Creamos Abolición 2012 juntos y creamos la PAC [Coalición para la Abolición de la Prostitución], que reúne a 23 organizaciones de 23 países diferentes e intercambiamos conocimientos sobre diferentes leyes nacionales, y también trabajamos con organizaciones de sobrevivientes [ ‘sobrevivientes’ aquí se refiere a ex trabajadoras sexuales, nota de los autores]. 

C: Entonces, ¿Abolición 2012 fue creada al principio por …?

Y. Charpenel: La Fondation [Scelles] y el Mouvement du Nid, sí. Y luego se unieron las feministas.

Abolición 2012 fue el resultado de la alianza de unos 80 neoabolicionistas y feministas provenientes de grupos de activistas e instituciones públicas. Se reunieron para organizar reuniones y manifestaciones para apoyar la ley de acabar con la demanda. Los parlamentarios entrevistados mencionaron el apoyo indispensable de las organizaciones feministas. Catherine Coutelle, ex diputada y vicepresidenta del comité especial encargado del desarrollo de la ley, declaró: “ Abolition 2012 ha sido un movimiento muy útil, nos involucramos regularmente con ellos cuando sentimos que la opinión pública y la prensa no estaban lo suficiente a favor, luego escribieron editoriales en periódicos, etc…” (entrevista, enero de 2018). Abolition 2012 no es solo un grupo de activistas compuesto por organizaciones que intentan presionar a las instituciones públicas; funcionarios e instituciones son una parte central del colectivo. Hélène Bidard, la funcionaria a cargo de la igualdad de género en París, confirmó, durante una entrevista, la importancia de este colectivo y el papel de la Mairie de Paris y otras instituciones públicas en el desarrollo de la ley de acabar con la demanda, afirmando que: “se reunieron en repetidas ocasiones y organizaron manifestaciones frente a la Asamblea y el Senado para que se incluyera en la agenda” (entrevista, abril de 2018).

En este proceso, el Mouvement du Nid se convirtió en lo que Kingdon llama un “participante oculto” [30], ya que jugó un papel principal detrás de la escena a través de la acción de lobby persistente. En nuestra entrevista, Catherine Coutelle señaló el compromiso implacable del Mouvement:

Te lo explicaré desde el principio, ya que nadie lo sabe [risas]. El Mouvement du Nid organizó un almuerzo en la universidad de verano de La Rochelle en 2012, con Najat Vallaud-Belkacem [entonces Ministra de Asuntos de la Mujer]. Grégoire Théry [el presidente del Movimiento] quería que viniera, ya que acababa de ser presidenta de la delegación de los derechos de las mujeres, por lo que sabían que podía ser un actor estratégico. Y sentí que este almuerzo era como una trampa [risas], quiero decir, él [Théry] estaba al lado de Najat, diciendo: ‘Najat, esta ley debe ser aprobada necesariamente, tienes que adoptarla, debes ponerla en la agenda, ¿Cuándo empieza a discutirla el parlamento? ‘Me quedé asombrada, pensando’ pero, ¿qué está haciendo esta organización, dictándonos nuestra agenda? … ’.

El Mouvement logró ejercer presión sobre los parlamentarios y los funcionarios durante las reuniones formales e informales, enfatizando continuamente la relevancia y la urgencia de la ley. Al describir la práctica de lobby del Mouvement, Lorraine Questiaux, abogada del Mouvement, usó la expresión “hostigar a los políticos” (entrevista, abril de 2018). En todos los niveles, el Mouvement desempeñó un papel clave en la redefinición del problema y su inclusión en la agenda institucional.

 

La redefinición ideológica del “problema de la prostitución”: el uso de la retórica anticapitalista

 

Vale la pena señalar que la política represiva del gobierno francés sobre el trabajo sexual es el resultado de las convicciones y los esfuerzos de los políticos socialistas, a diferencia de otros países donde el modelo de acabar con la demanda se implementó bajo gobiernos conservadores, como en el caso de Canadá e Irlanda del Norte. De hecho, la redefinición política del “problema de la prostitución” desde un punto de vista izquierdista ha sido esencial para el éxito de la visión feminista y neoabolicionista en Francia. El uso del argumento antiglobalización, [31], así como otras ideas marxistas sobre la mercantilización de la fuerza laboral, ha servido para afirmar que la ley no solo es progresiva sino también anticapitalista.

Las feministas de la izquierda radical contribuyeron a la consolidación del apoyo para el modelo de acabar con la demanda. Por ejemplo, el comité de género del grupo antiglobalización Attac ha argumentado que la prostitución fomenta la mercantilización de los cuerpos de las mujeres y que representa el mejor ejemplo de trabajo forzado globalizado, por lo que encaja en una ideología neoliberal. [32] La socióloga Marie-Victoire Louis, presidenta de la AVFT (Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail), fue la primera en vincular el anticapitalismo y el neoabolicionismo en los años noventa. Ella definió la prostitución como el fruto de la violencia patriarcal, que llevaba a la mercantilización de los cuerpos de las mujeres en beneficio de los clientes, los proxenetas y el estado [33]. Siguiendo esta lógica, la represión se convierte en la posición necesaria que debe adoptarse para reafirmar la “no propiedad” del cuerpo humano, que está vinculada a la noción legal de la dignidad humana, como lo ejemplifica el título del informe Attac 2008: “La globalización de la prostitución, una violación global de la dignidad humana”.

Algunos de los actores neoabolicionistas que apoyaron o se movilizaron en torno a la ley de 2016 tenían carreras y roles públicos en grupos neoabolicionistas, organizaciones feministas y partidos políticos de izquierda radical. Por ejemplo, en nuestra entrevista, Lorraine Questiaux, del Mouvement, argumentó que la ley de 2016 representó una “auténtica revolución”:

Es una revolución; es para mí la ley más revolucionaria de los últimos 40 años. Es el último progreso social que hemos ganado: es la primera vez que afirmamos de manera tan clara que el trabajo no puede ser una explotación total del individuo. Afirmamos que no podemos explotar por completo al individuo, su cuerpo y su psique. Es una ley anticapitalista. Una ley marxista, profundamente marxista.

Cuando se le pidió que explicara por qué esta ley es “profundamente marxista”, afirmó que “la culminación del capitalismo es la prostitución”, ya que explota de manera integral a la persona. Luego inscribió el abolicionismo en la historia de los movimientos para el progreso social:

Toda ley y reforma laborales tenían un único objetivo: prevenir la prostitución. Desde principios de siglo, exigimos la protección del cuerpo, que los accidentes de trabajo deberían cubrirse, horas de trabajo flexibles para que las personas no mueran en el lugar de trabajo, para que el cuerpo no pueda ser dañado, consumido por la necesidad individual del explotador capitalista.

Así, los actores neoabolicionistas utilizan la retórica anticapitalista para defender su posición ideológica. La inscripción de la ley neoabolicionista en el marco histórico de las reformas sociales se ve reforzada por la participación de actores de la izquierda radical francesa en el debate sobre la prostitución, pero también por actores que gozan de una posición múltiple: participando simultáneamente en organizaciones feministas, instituciones públicas, y partidos de izquierda radicales.

 

La deslegitimación de las trabajadoras sexuales: violencia simbólica y daños colaterales.

Las actuaciones políticas y los legisladores perpetúan la inaudibilidad histórica de las trabajadoras sexuales y las trabajadoras sexuales siguen hablando a través de organizaciones, sindicatos, representantes individuales, pero nadie escucha. [34] En particular, las migrantes que trabajan en el sector del trabajo sexual están sujetas a estrategias de silenciamiento institucional de maneras específicas. Primero, esto se logra a través de la categoría víctima de trata, ya que se aplica sistemáticamente a ellas. El caso de las trabajadoras sexuales chinas en París es significativo, ya que desafía esta clasificación. Florence Lévy y Marylène Lieber muestran que las mujeres chinas que venden sexo en París trabajan, en gran parte, de manera independiente y que comienzan el trabajo sexual después de evaluar las posibilidades de contrarrestar la pobreza y acceder a los recursos, es decir, su capacidad para hacer planes, tener estrategias, y actuar dentro de una estructura limitante. [35] Sin embargo, durante nuestra entrevista, el político neoabolicionista Maud Olivier declaró categóricamente que las trabajadoras sexuales chinas dependen de “mafias chinas muy violentas, son violadas y brutalizadas”, por lo que borran por completo cualquier forma de autonomía que este grupo de mujeres migrantes pueda tener. En segundo lugar, cuando las trabajadoras sexuales migrantes se movilizan para reclamar sus derechos y luchan por mejorar sus condiciones de trabajo a través de manifestaciones públicas, están expuestas a una mayor vigilancia policial y su estatus migratorio puede hacer que estén sujetas a detención y deportación. Por ejemplo, incluso después de la movilización de trabajadoras sexuales chinas a través del Lotus Bus, un programa de apoyo que la ONG Médecins du Monde lanzó en 2002, la represión policial que experimentaron siguió siendo alta. [36] Además, durante nuestro trabajo de campo, también aprendimos que tanto las trabajadoras sexuales como Médecins du Monde dejaron de recibir subsidios públicos de la Marie de Paris. Por lo tanto, en nombre de la protección, las trabajadoras sexuales migrantes a menudo son blanco de políticas represivas y punitivas. Estos mecanismos son parte integrante de una lógica “humanitaria sexual”, un concepto que Nicola Mai utiliza para describir la interacción específica entre protección y control que experimentan los migrantes cuando son considerados vulnerables por el discurso y las intervenciones humanitarias debido a sus comportamientos, orientaciones y trabajo sexuales [37].

Más generalmente, la deslegitimación de los argumentos y del trabajo de las trabajadoras sexuales, ya sean migrantes o no migrantes, se basa en la noción de “violencia simbólica”, que se refiere a “la violencia ejercida contra un agente social con su complicidad”. [38] En Francia, este concepto se usó ampliamente tanto en la prohibición del hijab como en los debates sobre el trabajo sexual, permitiendo a los legisladores afirmar que las personas dominadas —en este caso, las mujeres con velo y las trabajadoras sexuales— aceptan inconscientemente ser dominadas e incluso reclaman el derecho a serlo. Un ejemplo destacado de esto fue cuando, en 2016, la entonces ministra de los derechos de las mujeres, Laurence Rossignol, comparó a las mujeres musulmanas que vestían el hijab con los “[esclavos africanos en los Estados Unidos] que estaban a favor de la esclavitud” en un programa de radio francés. [39] Además, el paradigma represivo del trabajo sexual no puede concebir que las trabajadoras sexuales puedan hablar por sí mismas. Thierry Schaffauser, miembro de STRASS, el sindicato francés de trabajadoras sexuales, nos dijo que “porque soy un hombre, porque puedo desafiar sus argumentos, los abolicionistas no me ven como trabajador sexual; dicen que lo elijo o que soy un proxeneta ‘. Desde su inicio en 2009, STRASS ha sido el objetivo en la prensa y en los medios nacionales de los argumentos neoabolicionistas que dicen que las trabajadoras sexuales activistas son proxenetas, mentirosas o “facilitadoras de explotadores y tratantes”. [40]

Se pueden observar importantes similitudes en el proceso de redacción que condujo a la ley de 2004 que prohíbe el velo en las escuelas y el que condujo a la ley de 2016 que penaliza a los clientes de las trabajadoras sexuales, en particular a través de la deslegitimación de las mujeres con velo y de las trabajadoras sexuales y su supuesta incapacidad para hablar por sí mismas. 41] En ambos casos, los comités especiales de la Asamblea Nacional se encargaron de realizar audiencias con grupos e individuos seleccionados, que se entendieron como “expertos” en el asunto respectivo. En cuanto a la prohibición de 2004, las mujeres con velo no estuvieron presentes en el comité especial, [42] y tampoco los portavoces, científicos sociales y maestros en contra de la prohibición [43].

En 2013, el comité especial convocó a los opositores de la ley de acabar con la demanda todos al mismo tiempo y en un solo día (30 de abril), permitiéndoles solo unas pocas horas para debatir con los parlamentarios. Sin embargo, organizaciones y personas que apoyaban la ley participaron en todo el proceso de redacción. Maud Olivier, el entonces diputado relator de la ley, dijo que los parlamentarios “también tenían que escucharlas [a las organizaciones de trabajadoras sexuales] para no parecer sectarios, partidarios o no objetivos”, y que “los parlamentarios ya sabían que no serían convincentes”. Al mismo tiempo, las organizaciones de trabajadoras sexuales eran conscientes de que su invitación a la discusión era simplemente una forma de tokenismo. La entonces secretaria de STRASS, Morgane Merteuil, nos dijo que: “el objetivo de los parlamentarios era establecer una situación en la que se pudieran usar palabras contra nosotras; necesitaban nuestros argumentos para terminar su informe y para legitimar lo que habían estado diciendo desde el principio” (entrevista, abril de 2018). Esto significaba que la decisión ya había sido tomada.

La composición de los comités especiales del gobierno sobre estos dos temas (el velo y la prostitución) reflejó las posiciones ideológicas de sus miembros; estos comités se convirtieron efectivamente en el sitio estratégico para “la construcción de una narrativa planificada de antemano para justificar la necesidad de la prohibición”. [44] Aquí, el velo se presenta fácilmente como un símbolo de la opresión de las mujeres y la prostitución es vista como una violencia inherentemente de género. Esta es la lógica que excluyó a las mujeres con velo del debate político y parlamentario en 2004 y, más adelante, a las trabajadoras sexuales de los debates en 2013-2016.

El marco neo-abolicionista ha producido inevitablemente daños colaterales, es decir, el impacto negativo de estas políticas no se tiene en cuenta. En este contexto, la figura de la trabajadora sexual se considera digna de ser rescatada y, al mismo tiempo, aceptada como daño colateral dada su posición en un espacio político-económico criminalizado. Entre los legisladores, coexisten el discurso sexual humanitario de intervenir para poner fin a la violencia simbólica y la conciencia del daño causado a las poblaciones objetivo. Actúan en funciones de “violencia simbólica” a nivel discursivo, y su consecuencia resultante es el impacto perjudicial en el sustento de las trabajadoras sexuales, quienes siguen siendo las más afectadas por las medidas de penalización. En este proceso, las vidas de las trabajadoras sexuales se vuelven “desechables”, [45] en el sentido de que pueden ser sacrificadas por el bien de intentar crear un mundo sin prostitución. A nivel gubernamental, este daño causado a las trabajadoras sexuales está justificado por el control de las fronteras, la seguridad nacional, el orden público y los derechos de las mujeres.

Conclusión

El pánico moral sobre la trata lleva a la perpetuación de los mitos sobre su escala y las circunstancias bajo las cuales ocurre. [46] En un estudio realizado en Francia en 2015, antes de la implementación de la ley de abril de 2016, Mai y Giametta realizaron una encuesta con 500 trabajadoras sexuales en las principales ciudades francesas [47], que mostró que el 98 por ciento de las encuestadas estaba en contra de la adopción de la ley y que alrededor del 7 por ciento podría ser identificado como víctimas potenciales de trata.

La forma en que Francia ha decidido abordar el “problema de la prostitución” resuena con posiciones ideológicas más amplias sobre la guerra contra las drogas y la prostitución en otras partes del mundo. Primero, rechaza el conocimiento empírico producido por los científicos sociales que estudian los fenómenos. [48] En segundo lugar, utiliza imágenes racializadas para promover formas de gobierno afectivas y humanitarias basadas en el odio (a los tratantes y otros “explotadores”) y la compasión (hacia las trabajadoras sexuales / víctimas). Finalmente, produce leyes que son altamente perjudiciales para el sustento de las mismas personas que pretende proteger, ya que hace que el trabajo sea mucho más oculto y peligroso. Las investigaciones académicas sobre el ‘modelo sueco’ y su impacto en Suecia han demostrado que este marco ha sido perjudicial para el sustento de las trabajadoras sexuales, incrementando su aislamiento y estigmatización, así como su exposición a la violencia. [49] Los activistas y académicos también han cuestionado en repetidas ocasiones la dimensión antitrata intrínseca al enfoque de acabar con la demanda. Las trabajadoras sexuales, tanto migrantes como no migrantes, son más vulnerables a la explotación, el abuso y la coacción como consecuencia de la “lucha contra la trata”. [50] Además, como argumentan Anderson y O’Connell Davidson, la penalización de la demanda no aborda los problemas socioeconómicos estructurales que producen y sostienen la trata de personas y la explotación [51].

La exclusión de las trabajadoras sexuales de los debates políticos que les conciernen es el resultado de ser construídas como “desviadas socialmente” a través del prisma del género y la raza [52] y se sitúa dentro del marco de mayores inquietudes nacionales sobre el orden público, la seguridad y el control de la inmigración. Como hemos demostrado, las mujeres musulmanas con velo comparten una situación similar en Francia: la prohibición del velo no puede separarse de las políticas racistas y antiinmigrantes que describen a los hombres musulmanes como “opresores” y a las mujeres musulmanas como “víctimas” que hay que salvar. Del mismo modo, las políticas represivas del trabajo sexual no se pueden aislar de las preocupaciones nacionales sobre inmigración y seguridad [54]. La taxonomía legal se sirve de categorías sociales de desviación que circulan a través de discursos sociopolíticos y culturales en la sociedad en general. [55] Las leyes represivas sobre la prostitución no solo consolidan las “categorías desviadas”, sino que también las ponen al servicio de estrategias más amplias de control estatal.

 

Los dos autores contribuyeron igualmente al análisis desarrollado en este artículo y se enumeran alfabéticamente.

Charlène Calderaro es estudiante de doctorado en el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Lausana, Suiza. Su trabajo actual se centra en los movimientos y conflictos sociales feministas. En su tesis de maestría, que completó en el EHESS (París), examinó la construcción del problema de la prostitución y el proceso de redacción de la ley neoabolicionista. También ha trabajado en la ley que prohíbe el velo en las escuelas de Francia, destacando así las alianzas entre las instituciones públicas francesas y algunos grupos feministas. Correo electrónico: charlene.calderaro@unil.ch.

Calogero Giametta es sociólogo de la Universidad de Aix-Marseille. Su investigación actual se centra en el género, la sexualidad y la economía política de la migración, examinando cómo funciona el control de la migración a través de intervenciones humanitarias (sexuales) en Francia y el Reino Unido. Estudia las intervenciones contra la trata de personas y el derecho de asilo. Es becario postdoctoral en el proyecto de investigación financiado por ERC ‘Humanitarian Sexual: Migration, Sex Work and Trafficking’ (2016-2020) para Francia, y autor del libro The Sexual Politics of Asylum (Routledge, 2017). Correo electrónico: calogiame@gmail.com.

 

Notas:

[1]     R Andrijasevic and N Mai, ‘Editorial: Trafficking (in) representations: Understanding the recurring appeal of victimhood and slavery in neoliberal times’, Anti-Trafficking Review, issue 7, 2016, pp. 1—10, https://doi.org/10.14197/atr.20121771.

[2]     F Guillemaut, ‘Femmes Africaines, migration et le travail du sexe’, Sociétés, vol. 1, no. 99, 2008, pp. 91-106,https://doi.org/10.3917/soc.099.0091.

[3]     C Deschamps, ‘La figure de l’étrangère dans la prostitution’, Autrepart, vol. 2, no. 42, 2007, pp. 39-52,https://doi.org/10.3917/autr.042.0039.

[4]       La frase “problema de la prostitución” aquí señala el proceso a través del cual las instituciones públicas francesas han construido la prostitución como un problema social que debe abordarse con urgencia. El uso de esta terminología nos permite referirnos a la sociología de los problemas sociales, que desde la década de 1970 ha analizado los factores y los actores que deciden que una actividad o fenómeno social particular debe entenderse y tratarse como un problema. Ver M Spector and J I Kitsuse, Constructing Social Problems, Cummings, Menlo Park, 1977; J Gusfield, The Culture of Public Problems: Drinking-driving and the symbolic order, University of Chicago Press, Chicago, 1981.

[5]     L Mathieu, ‘Genèse et logiques des politiques de prostitution en France’, Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 3, no. 198, 2013, pp. 5-20.

[6]     Para un análisis de las categorías utilizadas en la literatura para definir los regímenes de normativas de trabajo sexual, VER:: P Östergren, ‘From Zero-tolerance to Full Integration. Rethinking prostitution policies’, Demand AT Working paper, 2017b, p. 13, retrieved 5 November 2018, http://www.demandat.eu/publications/zero-tolerance-full-integration-rethinking-prostitution-policies.

[7]     H Le Bail and C Giametta, Que pensent les travailleur.ses.s du sexe de la loi prostitution?, Médecins du Monde, Paris, 2018.

[8]     Estos hallazgos son consistentes con la investigación realizada en otros países. Véase, por ejemplo: Amnesty International,Policy on State Obligations to Respect, Protect and Fulfil the Human Rights of Sex Workers, AI, 2016; S K Chu and R Glass, ‘Sex Work Law Reform in Canada: Considering problems with the Nordic Model’, Alberta Law Review, vol. 51, no. 1, 2013, pp. 101-124, http://dx.doi.org/10.29173/alr59; C Holmström and M Skilbrei, ‘The Swedish Sex Purchase Act: Where does it stand?’, Oslo Law Review, vol. 4, no. 2, 2017, pp. 82-104, https://doi.org/10.18261/issn.2387-3299-2017-02-02; J Levy and P Jacobsson, ‘Swedish Abolitionist Discourse and Law: Effects on the dynamics of Swedish sex work and on the lives of Sweden’s sex workers’, Criminology and Criminal Justice, vol. 5, no. 14, 2014, pp. 593-607,https://doi.org/10.1177/1748895814528926; P Östergren ‘Sweden’ in S Jahnsen, and H Wagenaar (eds.), Assessing Prostitution Polices in Europe, Routledge, London and New York, 2017; UNAIDS, Guidance Note on HIV and Sex Work, UNAIDS, 2009.

[9]     Como H Wagenaar et al. describen, ‘neoabolicionismo’ es el término usado ‘para indicar el movimiento dominante actual para erradicar o suprimir la prostitución en la sociedad mediante la aplicación de la ley penal a clientes y terceros … su expresión en la política pública —la criminalización del cliente y el uso de la ley como herramienta pedagógica— fue diseñada en Suecia ‘. Ver: H Wagenaar et al., Designing Prostitution Policy: Intention and reality in regulating the sex trade, Policy Press, Bristol and Chicago, 2017, pp. 11-12. Generally speaking, neo-abolitionist actors view sex workers as victims of the patriarchal social order.

[10]     The research project is titled ‘Sexual Humanitarianism: Migration, Sex Work and Trafficking’ SEXHUM (ERC CoG 682451). It is a four-year project (2016-2020) funded by the European Research Council. SEXHUM is directed by Nicola Mai and based at Kingston University, London (Department of Criminology and Sociology) and at Aix-Marseille University (LAMES – Mediterranean Laboratory of Sociology). See: El proyecto de investigación se titula “Humanitarismo sexual: migración, trabajo sexual y trata de personas” SEXHUM (ERC CoG 682451). Es un proyecto de cuatro años (2016-2020) financiado por el Consejo Europeo de Investigación. SEXHUM está dirigido por Nicola Mai y reside en la Universidad de Kingston, Londres (Departamento de Criminología y Sociología) y en la Universidad de Aix-Marsella (LAMES – Laboratorio Mediterráneo de Sociología). Consulte: https://sexualhumanitarianism.wordpress.com.

[11]     D Kulick, ‘Sex in the New Europe: The criminalization of clients and Swedish fear of penetration’, Anthropological Theory, vol. 3, no. 2, 2003, pp. 199-218, https://doi.org/10.1177/1463499603003002005.

[12]     D Kulick, ‘Four Hundred Thousand Swedish Perverts’, GLQ, vol. 11, no. 2, 2005, pp. 205-235, p. 221.

[13]     El Lobby Europeo de Mujeres, fundado en 1990, es una organización paraguas de ONG de mujeres en toda la Unión Europea con una secretaría con sede en Bruselas. Incluye la Coordinación Francesa para el Lobby Femenino Europeo (CLEF) y el Lobby Femenino Sueco. Esta ONG tiene un enfoque neoabolicionista de la prostitución.

[14]     E Fassin, ‘The Rise and Fall of Sexual Politics in the Public Sphere: A transatlantic contrast’, Public Culture, vol. 18, no. 1, 2006, pp. 79–92, https://doi.org/10.1215/08992363-18-1-79; E Macé and N Guénif Souilamas, Les Féministes et le Garçon Arabe, Aubes, Paris, 2004.

[15]     C Hamel, ‘De la racialisation du sexisme au sexisme identitaire’, Migrations Société, vol. 17, no. 99-100, 2005, pp. 91-104.

[16]     L Mucchielli, Le Scandale des ‘Tournantes’: Dérives médiatiques, contre-enquête sociologique, La Découverte, Paris, 2005.

[17]     M Ticktin, ‘Sexual Violence as the Language of Border Control: Where French feminist and anti-immigrant rhetoric meet’, Signs, vol. 33, no. 4, 2008, pp. 863-889, https://doi.org/10.1086/528851.

[18]     A L Stoler, Race and the Education of Desire: Foucault’s history of sexuality and the colonial order of things, Duke University Press, Durham, 1995.

[19]     Ticktin, p. 873.

[20]     J W Scott, The Politics of the Veil, Princeton University Press, Princeton, 2007; N Dot-Pouillard, ‘Les recompositions politiques du mouvement féministe français au regard du hijab’, SociologieS (Online), 2017, available athttp://journals.openedition.org/sociologies/246.

[21]     E Bernstein, ‘The Sexual Politics of the New Abolitionism’, Differences, vol. 18, no. 3, 2007, pp. 128–143,https://doi.org/10.1215/10407391-2007-013.

[22]     S Farris, ‘Femonationalism and the “Regular” Army of Labor Called Migrant Women’, History of the Present, vol. 2, no. 2, 2012, pp. 184–199, https://doi.org/10.5406/historypresent.2.2.0184.

[23]     Mathieu, 2013.

[24]     D Fassin, ‘Short Cuts’, London Review of Books, vol. 38, no. 5, 2016, p. 23.

[25]     Para más información sobre la inclusión de los problemas sociales en la agenda y sobre la distinción entre agendas institucionales y políticas, ver: R Cobb and C Elder, Participation in American Politics: The Dynamics of Agenda-Building, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1972.

[26]     D Bousquet, ‘Prostitution: des violences du corps à l’esprit’, Après-demain, vol. 2, no. 26, 2013.

[27]     Mathieu.

[28]     H Becker, Outsiders: Studies in the sociology of deviance, Free Press, New York, 1973.

[29]     El Mouvement du Nid fue creado en 1946 por un predicador, Jean-Marie Talvas, y se encuentra dentro del movimiento católico de izquierda Acción Católica Obrera. Fondation Scelles se registró como una organización de utilidad público en 1994 y está menos implantada que el Mouvement du Nid. Sus miembros provienen de entornos sociales burgueses, con altos funcionarios y magistrados que forman parte de la fundación. Publican materiales y organizan seminarios para sensibilizar al público sobre los peligros de la prostitución.

[30]     J Kingdon, Agendas, Alternatives and Public Policies, Little, Brown, 1984.

[31]     Mathieu.

[32]     Attac, Mondialisation de la Prostitution, Atteinte Globale à la Dignité Humaine, Mille et une nuits, Paris, 2008.

[33]     Mathieu.

[34]     G Pheterson, ‘At long last, listen to the women!’, Open Democracy, 2 March 2016,https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/sws/gail-pheterson/at-long-last-listen-to-women.

[35]     F Lévy and L Marylène, ‘Sex and Emotion-Based Relations as a Resource in Migration: Northern Chinese women in Paris’, Revue française de sociologie, vol. 52, no. 5, 2011, pp. 3-29, https://doi.org/10.3917/rfs.525.0003.

[36]     H Le Bail, ‘Mobilisation de Femmes Chinoises Migrantes se Prostituant à Paris. De l’invisibilité à l’action collective’,Genre, sexualité & société, no. 14, 2015, https://doi.org/10.4000/gss.3679.

[37]     N Mai, ‘Assembling Samira: Understanding sexual humanitarianism through experimental filmmaking’, antiAtlas Journal, vol. 1, 2016.

[38]     P Bourdieu and L Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, University of Chicago Press, Chicago, 1992, p. 167.

[39]     ] Programa de radio de RMC el 30 de marzo de 2016 (consulte el artículo de prensa: K Lewis, ‘El ministro francés Laurence Rossignol compara a las mujeres musulmanas que usan velos con “negros en favor de la esclavitud”, The Independent, 31 de marzo de 2016, https: / /www.independent.co.uk/news/world/europe/french-minister-laurence-rossignol-compares-muslim-women-who-wear-veils-to-negroes-in-favour-of-a6961121.html).

[40]     Véase, por ejemplo, una entrevista televisiva con Lorraine Questiaux: ‘“Vous mentez!”: vif échange entre une avocate des travailleuses du sexe et l’une d’entre elles’, LCI, 13 April 2016, retrieved 14 November 2018, https://www.lci.fr/france/vous-mentez-vif-echange-entre-une-avocate-des-travailleuses-du-sexe-et-lune-dentre-elles-1255046.html.

[41]     C Calderaro, La ‘Problématique du Voile’ et son Entrée dans le Cadre Juridique Français: Genèse et évolution, Master dissertation, Presses Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 2017.

[42]     A Gresh, L’Islam, la République et le Monde, Fayard, Paris, 2004; I Chouder, M Latrèche, P Tevanian, Les Filles Voilées Parlent, La Fabrique, Paris, 2004.

[43]     P Tevanian, Le Voile Médiatique. Un faux débat : “L’affaire du foulard islamique”, Raisons d’agir, Paris, 2005, pp. 44-46.

[44]     P Portier, ‘La Politique du Voile en France: Droits et valeurs dans la fabrique de la laïcité’, Revue du droit des religions, Presses Universitaires de Strasbourg, no. 2, 2016.

[45]     J Butler, Frames of War: When is life grievable?, Verso, New York, 2009.

[46]     N Mai, ‘Between Embodied Cosmopolitanism and Sexual Humanitarianism: The fractal mobilities and subjectivities of migrants working in the sex industry’ in V Baby-Collins and L Anteby (eds.), Borders, Mobilities and Migrations: Perspectives from the Mediterranean in the 21st century, Peter Lang, Brussels, 2014, pp. 175–192.

[47]     N Mai, Sondage sur la Pénalisation de Clients en France, Marseille, 2015,http://www.lames.cnrs.fr/IMG/pdf/RESUME_ETUDE_PENALISATION-2.pdf.

[48]     N Mai, C Giametta and H Le Bail, ‘The Impact of the Swedish Model in France: Chronicle of a disaster foretold’, Open Democracy, 25 April 2018, https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/nicola-mai-calogero-giametta-h-l-ne-le-bail/impact-of-swedish-model-in-france-chronicl.

[49]     Levy and Jacobsson; Östergren.

[50]     P G Macioti and G Garofalo Geymonat, ‘Sex Workers Speak: Who listens?’, Open Democracy, 29 February 2016,https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/sws/giulia-garofalo-geymonat-pg-macioti/sex-workers-speak-who-listens.

[51]     B Anderson and J O’Connell Davidson, Is Trafficking in Human Beings Demand Driven? A multi-country pilot study, IOM, Geneva, 2003.

[52]     N Heitzeg, ‘Differentials in Deviance: Race, class, gender and age’ in B D Clifton (ed.), Routledge Handbook of Deviant Behavior, Routledge, London and New York, 2011, pp. 53-60.

[53]     S Farris, In the Name of Women’s Rights: The rise of femonationalism, Duke University Press, Durham, 2017.

[54]     G Pheterson, The Prostitution Prism, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1996; L Oso Casas, ‘Prostitution et immigration des femmes latino-américaines en Espagne’, Cahiers du genre, no. 40, pp. 91-113,https://doi.org/10.3917/cdge.040.0091.

[55]     C Rinaldi, Diventare normali. Teorie, analisi e applicazioni interazioniste della devianza e del crimine, McGraw-Hill Education, New York, 2016.

 

En el quicio de La Merced: mercado sexual y regulación del espacio público

 

Por Luz Jiménez

11 de junio de 2019

En el quicio de La Merced: mercado sexual y regulación del espacio público

 

En días pasados la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México votó para suprimir las sanciones al ejercicio y la solicitud de servicios sexuales en las calles de la ciudad. Estas sanciones apenas habían sido propuestas en el artículo 27 de la nueva Ley de Cultura Cívica, publicada el pasado ocho de junio de 2019. Los debates abiertos sobre este nuevo intento de sancionar el comercio sexual en la ciudad, en los que favorablemente participaron los grupos de trabajadoras sexuales organizadas, enmarcan mi reflexión en torno a la regulación sexual del espacio público.

Para localizar mi análisis, retomo el caso del barrio de La Merced ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se sitúa uno de los mercados sexuales callejeros más antiguos de la ciudad. En este espacio, altamente politizado y disputado, se han operado diversas normativas —administrativas y penales— de la mano de un conjunto de intereses económicos que se hicieron más evidentes a finales del siglo XX y principios del XXI, cuando el gobierno de la Ciudad de México inició el proyecto de “rescate integral” del Centro Histórico. Una de las acciones impulsadas para apoyar este proyecto económico fue el reforzamiento de la seguridad pública en la zona, que contribuyó a construir al Centro Histórico como un espacio “seguro” para la gentrificación y turistificación, es decir para la obtención de beneficios comerciales y financieros mediante la apropiación de los escenarios urbanos.

En este sentido, no fue casual que el desarrollo del proyecto de recuperación del Centro Histórico sucediera de manera paralela a la publicación, en 2004, de la antigua Ley de Cultura Cívica, en la cual se sancionaba administrativamente el acto de “invitar a la prostitución o ejercerla” con el objetivo explícito de vigilar el orden público y la convivencia urbana. Si bien el ordenamiento legal intervino en la creación y modificación del ordenamiento espacial, en tanto delimitó las áreas para la realización de transacciones sexo-económicas, éste se transmutó en un ordenamiento moral y sexual del espacio que contribuyó a expulsar a las trabajadoras sexuales de las zonas comprometidas con el proyecto de rescate urbano.

Ilustración: Patricio Betteo

Al igual que la recién publicada, la anterior Ley de Cultura Cívica fue criticada porque introdujo políticas represivas dirigidas a las trabajadoras sexuales de la calle, quienes viven de manera directa los efectos del capitalismo neoliberal, como la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a servicios sociales y la flexibilización laboral. Pareciera que la normativa creada para regular el espacio público ha funcionado también como estrategia para justificar la inexistencia de políticas estatales de justicia social dirigidas a las personas que se dedican al comercio sexual callejero.

No obstante, la Ley de Cultura Cívica no es la única legislación cuyo efecto colateral ha sido la criminalización y discriminación de las trabajadoras sexuales de la calle. Esto también ha sucedido con la legislación relativa a la trata de personas y sus mecanismos de operación, que si bien tienen el objetivo de “rescatar, proteger y atender a las víctimas o posibles víctimas del delito”, han tenido efectos concretos en la organización espacial del mercado sexual de La Merced.

Durante los primeros años del siglo XXI, el barrio de La Merced transitó de ser considerado el corazón de la prostitución a ser construido discursivamente como uno de los focos rojos de la trata de personas, específicamente de la trata sexual de mujeres. Tanto en notas periodísticas como en declaraciones oficiales, La Merced fue representada ante la sociedad mexicana —y alrededor de todo el mundo— como el prostíbulo de América Latinael centro de la trata infantil y de mujeres de México o el mayor corredor de prostitución y trata de personas de América Latina.

Para atender la demanda de atención de la trata de personas, en el 2000 se elaboró el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, conocido como Protocolo de Palermo, que forma parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Este es el instrumento legal más importante a nivel internacional para combatir la trata alrededor del mundo en el que se establecieron los lineamientos para la elaboración de políticas institucionales dirigidas a su prevención, atención, sanción y erradicación.

En México, la legislación sobre trata de personas fue elaborada por primera vez en 2007, y desde su creación planteó una ambigüedad sobre lo que debe ser considerado prostitución forzada y otras formas de explotación sexual, ya que ninguna de éstas es definida en el Protocolo. No obstante, las disputas alrededor del comercio sexual como una forma de esclavitud sexual o como un trabajo que debe ser reconocido como tal, han enmarcado la producción de una narrativa dominante que subraya la no distinción entre comercio sexual y trata de personas, lo que ha contribuido a una mayor criminalización de las trabajadoras sexuales.

En el caso mexicano, la operación de la ley antitrata en el espacio de comercio sexual callejero de La Merced comenzó en 2007 con los primeros operativos realizados en los hoteles y cuartos acondicionados para la realización de las transacciones sexoeconómicas. El cierre de hoteles y otros establecimientos donde se realizaba comercio sexual en nombre del combate a la trata sexual de mujeres ha sido interpretado como una “cacería de brujas” para expulsar a las trabajadoras sexuales de zonas comprometidas con el rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México, pues a partir de las acciones impulsadas por el gobierno local se han cerrado y procesado una cantidad significativa de inmuebles que podrían ser vendidos a particulares para obtener el dinero que supuestamente estaría destinado para resarcir el daño a las víctimas.

Esto se suma a que en 2012 la legislación anti trata en México se modificó para eliminar la noción de consentimiento, lo que trajo como efecto que todas las personas que se dedican al comercio sexual —así fuera de manera autónoma— fueran consideradas víctimas de trata. Estos cambios fortalecieron la mezcla discursiva entre el comercio de servicios sexuales autónomo y la trata sexual, convirtiendo a la organización del comercio sexual en un delito y a las personas que se dedican a éste automáticamente en víctimas.

En lo que va del siglo XXI, los efectos de las viejas regulaciones alrededor del comercio sexual en las calles de la Ciudad de México, junto con estas nuevas políticas anti trata creadas con el objetivo de proteger a las personas víctimas de este delito, han vulnerado el ejercicio de derechos de las mujeres que comercian servicios sexuales en el espacio público. Estas normativas han traído consigo una mayor clandestinización de los mercados sexuales que ha favorecido la ausencia de condiciones laborales adecuadas y justas; la obstaculización o imposibilidad de constituir sindicatos de trabajadoras sexuales o la organización política y social informal para exigir derechos del gremio; y el aumento de la criminalización del trabajo sexual.

Sin embargo, las trabajadoras sexuales organizadas también han desplegado diversas formas la apropiación, ocupación y uso de los espacios públicos donde se realiza comercio sexual callejero. Una muestra de esta resistencia frente a su criminalización y victimización fue la obtención en 2014, vía un litigio jurídico, de las licencias de trabajadoras no asalariadas para las mujeres que se dedican al comercio sexual callejero por parte de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México. Estas licencias certifican a las mujeres como personas que realizan su actividad laboral en la vía pública sin necesidad de que exista una relación formal obrero-patronal o que reciban un salario fijo, como los lustrabotas, los cuidacoches, los músicos callejeros.

En un contexto en el que se privilegia el aumento del número de mujeres situadas en los márgenes del sistema económico neoliberal, resulta necesario que el proyecto intelectual y político del feminismo se cuestione los efectos que tienen las normativas para regular el espacio público y la legislación antitrata —que promueve la confusión entre comercio sexual y trata—, en el ejercicio de derechos de las personas que comercian servicios sexuales en las calles. Estas estrategias represivas no solo buscan sacar del espacio público al comercio sexual, sino encapsularlo o incluso volverlo cada vez más clandestino, mas no abolirlo como supuestamente argumentan las feministas abolicionistas-prohibicionistas.

Este encapsulamiento y clandestinización impide que las trabajadoras sexuales sean reconocidas como sujetos de derecho e interlocutoras políticas, capaces de dialogar y definir estrategias que atiendan sus necesidades concretas y respeten su derecho a transitar y trabajar en el espacio público. En este sentido, comparto el llamado elaborado por el Grupo Latinoamericano de Análisis/Acción sobre los Mercados Sexuales (GLAMSex), a apoyar una petición en la plataforma Change.com  para que las y los diputados de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y la Jefa de Gobierno tomen en cuenta las voces de las trabajadoras sexuales organizadas en la discusión sobre sus necesidades y demandas y en la definición de la legislación y las políticas orientadas al reconocimiento del trabajo sexual con total respecto a sus derechos humanos.

 

Luz Jiménez
Feminista. Doctorante en Ciencias Políticas y Sociales, orientación en Sociología, de la UNAM. Integrante del Grupo Latinoamericano de Análisis/Acción sobre Mercados Sexuales (GLAMSex).

 

“Percibo cierta falta de sensibilidad hacia la trata de personas”

 

NATIVIDAD PLASENCIA, FISCAL COORDINADORA DE DELITOS DE TRATA

 

  • “No hay que penalizar la prostitución sino regularla administrativamente”
  • “Hay desconocimiento de los mecanismos de protección de las víctimas”

 

  • Natividad Plasencia, en su despacho de la Fiscalía de Sevilla 

 

Por AMANDA GLEZ. DE ALEDO

20 de mayo de 2019

https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/entrevistas/Percibo-cierta-falta-sensibilidad-personas_0_1356164667.html

 

Natividad Plasencia, fiscal coordinadora para delitos de trata de personas y extranjería en Sevilla, expone en esta entrevista los problemas de sacar adelante una acusación por la vulnerabilidad de las víctimas, su riesgo de retractación y por la“falta de sensibilidad” que percibe, incluso entre los profesionales del Derecho,hacia este tipo de delitos. Es una situación que le recuerda a los primeros tempos de la violencia de género.

— ¿Qué problemas plantean los delitos de trata de personas?

Uno de los principales problemas que tiene la investigación de estos delitos es que las víctimas han vivido una experiencia tan traumática que lo primero que hay que hacer es convencerles para que colaboren y denuncien. Hay mecanismos de tutela como el periodo de reflexión para que durante al menos 90 días decidan si desea colaborar con las autoridades y en ese tiempo se suspende el procedimiento administrativo de repatriación. Aún así, los tiempos de la víctima no siempre coinciden con los del proceso penal. Hay víctimas que necesitan apoyo psicológico y un periodo importante para decidir si realmente desean colaborar.

Hay otros mecanismos en el proceso penal, como la figura del testigo protegido y, más recientemente, las medidas del Estatuto de la Víctima como su declaración por videoconferencia o con un acompañante, que suele ser personal de las ONG que las acogen  porque son personas con las que ya han desarrollado cierto vínculo. Eso les da una mayor serenidad para la declaración. A ello se une que muchas de estas personas vienen de países con cierta desconfianza hacia la policía y la judicatura.

— ¿Qué papel hacen las ONG?

Un papel fantástico. En España hay un protocolo-marco para la protección de víctimas de trata y algunas comunidades han hecho su propio protocolo de actuación. Andalucía todavía no lo tiene. Se prevé que exista en todas las provincias una comisión provincial de coordinación con representación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las administraciones y las ONG.

Prestan una colaboración muy importante y de hecho en muchas ocasiones son ellas quienes alertan a la Policía o a la Fiscalía cuando tienen acogida a una chica que presenta indicadores de trata.

— ¿Las medidas de protección son mejorables?.

Son medidas que amparan bastante bien a la víctima, pero estamos poco acostumbrados a manejarlas. Existen los mecanismos, pero hay un cierto desconocimiento de sus posibilidades.

—¿Los resultados son buenos?.

No tan buenos como deseamos. Se inician muchas investigaciones pero en ocasiones la víctima declara en fase de instrucción y luego se retracta a la hora del juicio, o se marcha y no volvemos a saber de ella. Además la prueba de estos delitos es realmente complicada porque suele ser la declaración de la víctima contra la de los acusados.

Tienes que buscar elementos que corroboren lo que ha declarado la víctima y muchas veces esas pruebas se consiguen a través de medios restrictivos de libertades fundamentales, intervenciones telefónicas, balizamiento de coches o  registros, y detecto una cierta falta de sensibilidad incluso en los profesionales del Derecho hacia este tipo de delitos, aunque cada vez menos.

Creo que necesitamos madurar un poco la cultura jurídica en relación a este delito, es como cuando comenzó el tema de la violencia de genero, yo detectaba ciertas insensibilidades y ahora parece que ya estamos más en esa cultura, incluso los profesionales.

— ¿Sucede que a veces la Fiscalía acusa por muchos delitos y luego se quedan reducidos?

Cuanto más tiempo pasa desde que se libera a la víctima, van creciendo las posibilidades de que la testigo se esfume y no contemos con ella en el juicio. Yo lo entiendo, porque una vez liberada de sus captores lo que quieren es no quedarse sino volver a su país de origen.

Aquí en Sevilla nos ocurrió en el primer caso que tuvimos de trata con fines de cometer delitos, era un grupo de rumanos a los que captaban en su país y les ofrecían un trabajo digno en la construcción o en un taller y cuando llegaban a España les obligaban a robar catalizadores de vehículos. Teníamos un testigo protegido, el tribunal no pudo localizarlo para el juicio pero, qué curioso, sí que lo trajeron los acusados, es fácil imaginar cuál fue el resultado: esa  persona cambió radicalmente su declaración y la sentencia fue absolutoria.

— ¿Qué casos son más frecuentes en Sevilla?

Sobre todo trata con fines de prostitución, donde un 99% de las víctimas son mujeres, principalmente  subsaharianas,  rumanas y búlgaras. En la trata con fines de explotación laboral las víctimas son hombres, normalmente trabajadores agrícolas a los que se les promete que van a tener un trabajo con convenio y luego trabajan de sol a sol, siete días a la semana, le retienen la documentación y viven hacinados en  condiciones infrahumanas. En este caso son sobre todo rumanos y búlgaros.

— ¿Habría que penalizar la prostitución?.

En España pasamos del código penal de 1973, que penalizaba muchísimas conductas relacionadas con la prostitución, al de 1995, que supuso la despenalización de prácticamente todas ellas y luego se puso de manifiesto que ese no era el camino.

Yo creo que el argumento de que “yo ejerzo la prostitución libremente porque quiero” no es cierto, la mayor parte de las personas se ven abocadas a esa situación.

La solución no estaría en la penalización pero sí en una regularización administrativa, por ejemplo que en el Impuesto de Actividades Económicas hubiera que tributar por ese tipo de actividades u obligar a los empresarios a que tengan de alta a estas personas.

— ¿Cómo es la experiencia de esas mujeres?

Sobre todo cuando son víctima de explotación sexual su desvalimiento es total. Se ponen los vellos de punta, te preguntas como puede estar ocurriendo eso en pleno siglo XXI. Son chicas con condiciones de vida muy duras en su país, que cruzan África, las violan y son vendidas de unos tratantes a otros. Cuando llegan a España no es que empleen violencia física contra ellas pero se han quedado embarazadas en el camino, tienen un bebé muy pequeño, no hablan español, no tienen contactos y les piden 30.000 euros de deuda por haberlas traído. Además les piden restos biológicos para amenazarlas con el vudú.

 

Psicólogos denuncian la escasa credibilidad que otorga la justicia a las víctimas de trata

 

MADRID, 28 de mayo de 2019 (SERVIMEDIA)

https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9905849/05/19/Psicologos-denuncian-la-escasa-credibilidad-que-otorga-la-justicia-a-las-victimas-de-trata.html

 

Un grupo de psicólogos presenta este martes en la sede de la Comisión Europea en España una serie de orientaciones para evitar la “revictimización” de las mujeres en redes de trata, cuyo relato, según denuncian, es puesto en entredicho por jueces y fiscales ante las “contradicciones” en las que acaban cayendo fruto de su “estrés postraumático”.

“Tienen una ansiedad generalizada que hace que su discurso no sea coherente; esto dificulta mucho que sean creídas, al caer en contradicciones y vacíos en la narrativa. No es que lo que denuncien no haya pasado, sino que no pueden narrarlo como esperaríamos”, explicó a Servimedia el psicólogo Markus González, director del proyecto Psychological Health Impact Of Trafficking in Human Beings (PHIT).

Un grupo de investigadores con él a la cabeza se ha entrevistado con varias mujeres víctimas de trata. Según sus datos, alrededor del 80% no recibieron ningún tipo de atención psicológica ni médica. Esta vulnerabilidad, defienden los investigadores, debe ser comprendida por el sistema judicial, por lo que reclaman una mayor formación para evitar una “victimización secundaria” desde las propias instituciones.

Según indicó Markus González, las mafias suelen captar a estas mujeres en sus países de origen aprovechándose de su situación. De hecho, se caracterizan por normalizar la violencia. Como ejemplo, la mitad de las mujeres que han participado en la investigación fueron violadas en su primera relación sexual, mientras que entre el 70 y el 80 por ciento han sufrido violencia física o psicológica desde la infancia.

“La realidad de que bajo la apariencia de prostitución libremente ejercida se esconden esclavas sexuales es cada vez más conocida. No obstante, poco se sabe del impacto psicológico que esas situaciones de violencia física y sexual o intimidación, humillación y cuestionamiento tienen sobre las víctimas”, agregó González.

En este sentido, los psicólogos confían en que la Ley integral de Trata que inició el Gobierno siga su curso en el Congreso de los Diputados e incluya más formación para los operadores jurídicos, así como una mayor atención psicológica para las víctimas.

(SERVIMEDIA)

28-MAY-19

GIC/caa

 

Documento de Política: El impacto de la legislación e iniciativas contra la trata sobre las personas que ejercen el trabajo sexual

 

Enviado por NSWP el 3 de abril de 2019

https://www.nswp.org/es/resource/documento-de-politica-el-impacto-de-la-legislacion-e-iniciativas-contra-la-trata-sobre-las

Fuente: NSWP

 

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El impacto de la legislación e iniciativas contra la trata sobre las personas que ejercen el trabajo sexual, NSWP – 2019

 

Año: 2019

 

La trata de personas ha llamado la atención mundial en las últimas décadas, en gran medida como resultado del desarrollo de marcos internacionales, de la presión de grupos de feministas fundamentalistas y abolicionistas y como reacción ante el incremento en la migración laboral.

Las políticas internacionales sobre la trata con frecuencia se redactan con lenguaje confuso o ambiguo, lo cual puede causarle daño a las personas que ejercen el trabajo sexual de distintas maneras. El lenguaje de diferentes protocolos, incluyendo documentos como el CEDAW, puede ser aprovechado por las feministas fundamentalistas y los grupos abolicionistas para promover políticas que violan los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual. La amalgama entre el trabajo sexual y la explotación y la amalgama entre condiciones laborales explotadoras en la industria del sexo y la trata conlleva a legislaciones dañinas que alienan a las personas que ejercen el trabajo sexual de los recursos materiales y les impide organizarse para exigir mejores condiciones o para afirmar sus derechos laborales.

Este documento de políticas examina los patrones emergentes en la legislación y las iniciativas contra la trata que dañan a las personas que ejercen el trabajo sexual e ilustra estos daños a través de estudios de caso. Comienza con un resumen de las políticas internacionales sobre la trata y sigue con un análisis de las políticas y patrones regionales de legislaciones e iniciativas contra la trata. Finalmente, detalla el impacto de la amalgama entre el trabajo sexual y la trata sobre la salud, la seguridad y la capacidad de auto organizarse de las personas que ejercen el trabajo sexual y comparte algunas recomendaciones.

El contenido incluye:

  • Políticas internacionales sobre la trata​
  • Informe Sobre la Trata de Personas de los EEUU
  • La amalgama entre el trabajo sexual y la trata dentro de la legislación contra la trata a nivel regional y nacional
  • Incremento en la criminalización de los clientes de las personas que ejercen el trabajo sexual
  • Incremento en la criminalización de terceras personas
  • Incremento en la regulación
  • Redadas de rescate y la ‘rehabilitación’ forzada
  • La exclusión de las personas que ejercen el trabajo sexual de los servicios
  • Leyes y restricciones migratorias discriminatorias
  • Condiciones laborales peligrosas y el incremento en la violencia contra las personas que ejercen el trabajo sexual
  • El impacto de la legislación e iniciativas contra la trata sobre la organización de personas que ejercen el trabajo sexual
  • Respuestas de las personas que ejercen el trabajo sexual ante las dañinas leyes e iniciativas contra la trata
  • Conclusión
  • Recomendaciones

Puedes descargarte el PDF. Esta fuente está disponible en inglés, chino, francés, ruso y español. Este recurso ha sido traducido del inglés por Nicola Chávez Courtright.