La juez del mayor caso sobre prostitución imputa a un guardia civil más de 70 delitos

 

La instructora propone a la Xunta personarse como acusación y avisa al Estado de que es responsable subsidiario de la actuación del agente que demandaba sexo a cambio de papeles

 

SILVIA R. PONTEVEDRA

26 de marzo de 2019

https://elpais.com/sociedad/2019/03/25/actualidad/1553538224_348830.html

 

La testigo protegida DPA 123 B llegó a España, desde Brasil, en situación irregular el 19 de octubre de 2006 y el 29 de noviembre conoció su primera redada. Pero aquella no era una auténtica inspección y de ella no quedó constancia policial alguna. El cabo primero de la Guardia Civil Armando Lorenzo Torre, miembro del Equipo de Personas y Emume (mujeres y menores) de Lugo, se presentó presuntamente en el Club Sirena proclamando que era “jefe de extranjería” y ordenó a un compañero fotografiar a las mujeres de una en una. Ellas iban pasando a la cocina para ser retratadas y dar sus datos personales. Y cuando le tocó el turno a DPA 123 B, Lorenzo le preguntó: “¿Qué hace una chica tan guapa ejerciendo la prostitución?”. Ella respondió que lo hacía “por necesidad”. Y el cabo mandó a su compañero que le tomara fotos de cuerpo entero. Después, le pidió a la mujer su número de móvil. Y ahí empezó todo.

Lo siguiente fueron las reiteradas llamadas a la chica y la visita al domicilio de esta, el 18 de diciembre, por parte de Armando Lorenzo. Según un par de testigos él sacó su pistola; la posó sobre una mesa. Le dijo “vengo de deportar a 20 o 30 compatriotas tuyas”, “tus días en España como legal se están terminando, dame el pasaporte que yo te arreglo para tres meses más”. A continuación, aunque ella se negaba, cuenta que la obligó a practicarle una felación y luego la penetró “sin preservativo”. Todo esto se relata en la Operación Carioca, la mayor investigación contra las mafias de proxenetismo que ha tenido lugar en España (310 tomos, 377 testigos) y que hunde sus raíces precisamente en la denuncia de esta joven. Después de una década de instrucción, la juez hace repaso de las actividades del agente (uno de los principales entre los 89 imputados que llegó a sumar la causa desguazada en 50 piezas) y propone en un auto de más de 200 folios el procesamiento del cabo por más de 70 delitos.

La magistrada Pilar de Lara ordena, además, notificar a otras 23 mujeres que tienen derecho a ayudas para personarse en calidad de víctimas de violencia de género. Ofrece a la Xunta de Galicia ejercer la acusación popular y toma una medida nunca aplicada hasta ahora: avisar al abogado del Estado de que la Dirección General de la Guardia Civil es responsable subsidiaria de los presuntos delitos cometidos por este agente y también por su jefe, el brigada Julio Baquero, al que atribuye omisión y cohecho. La juez se basa en que sus actividades eran “ampliamente conocidas por sus superiores jerárquicos”.

El auto de transformación de las actuaciones en proceso sumario dispone el inminente procesamiento de estos dos agentes y de tres proxenetas, entre ellosJosé Manuel García Adán, dueño de los clubes Queen’s y Colina, situado en el epicentro de la trama Carioca. Después el caso pasará a manos de la Audiencia Provincial de Lugo, que debe ratificar la conclusión y ordenar la apertura de juicio oral. La detención de Armando Lorenzo, que entró en prisión y luego quedó en libertad provisional con la prohibición de residir en Galicia, convulsionó a la sociedad lucense.

Una veintena larga de delitos que le atribuía la juez han prescrito o se sobreseen por falta de pruebas, pero entre los que todavía siguen en pie están la supuesta agresión sexual con intimidación y amenaza a la testigo protegida, y 21 delitos de cohecho en relación a otras mujeres a las que presuntamente requería favores sexuales a cambio de regularizarlas para no ser deportadas. De Lara también lo considera autor de delitos de extorsión y de cohecho con respecto a los dueños de los burdeles, por brindarles trato de favor si recibía a cambio beneficios económicos. Le atribuye igualmente revelación de secretos, tráfico de influencias o falsedad documental en la elaboración, por ejemplo, de denuncias falsas contra propietarios de prostíbulos que supuestamente se negaban a pagarle. Por último, la juez tiene en cuenta una docena de supuestos delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos y varios cargos vinculados al “favorecimiento de la prostitución”.

Según la titular del juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, el guardia civil no solo hacía funciones de “taxista” en el coche oficial del cuerpo al transportar a mujeres hasta el Queen’s para evitar posibles controles y deportaciones. También se encargaba de derivar a este y al otro burdel que regentaba el proxeneta García Adán a muchas trabajadoras de los clubes en los que había redadas, en vez de llevarlas a “una casa de acogida o una ONG”, reprocha la instructora.

“La actividad presuntamente delictiva del cabo Armando Lorenzo se remonta a su anterior destino en la Unidad Orgánica de Policía Judicial adscrita a la Audiencia Provincial de Lugo, en el que se habría granjeado la confianza y amistad de algún magistrado”, apunta la juez. En el otro mundo que frecuentaba el agente, había mujeres que “rozaban la indigencia”, señala. “La inmensa mayoría eran extranjeras”, jóvenes, “vulnerables”, “se encontraban en España en situación irregular, necesitaban enviar dinero a sus hijos, padres, hermanos y uno de sus principales temores eran las redadas, en las que podrían ser detenidas y expulsadas del país”.

En los clubes trabajan mujeres que “han sufrido violaciones o malos tratos, o simplemente han tratado de escapar de la pobreza de sus países y labrarse un futuro mejor”, recuerda. En consecuencia, defiende De Lara, Lorenzo “abusaba de su superioridad”, pedía favores sexuales para él, para amigos e incluso para los “socios de su hijo”, a veces en fiestas en pisos y otras veces en los clubes. Y se valía, supuestamente, de su estrecha relación con responsables de Extranjería de la Policía Nacional para amañar las órdenes de expulsión y los permisos.

El sumario recoge seguimientos, pinchazos telefónicos y SMS que revelan su supuesta debilidad por mujeres legalmente vulnerables. Mensajes en los que combina las referencias físicas con sus presuntas gestiones burocráticas.

La testigo protegida relató que desde el momento en el que se negó a mantener más contactos con el guardia civil “comenzó a sufrir una situación de acoso por parte de la policía nacional”, hasta que en septiembre de 2008 fue identificada en su domicilio y se le incoó un expediente de expulsión, que se llevó a efecto en marzo de 2009. Armando Lorenzo, asegura la juez, ejercía su influencia, especialmente, en una docena de clubes de la provincia y llegó a cobrar dinero de unos siete. En algunos casos, apunta De Lara, parecía uno más, “como si estuviera en nómina”. Y así, durante años, “construyó una creencia generalizada de que él tenía capacidad para arreglar todo tipo de papeles y documentación relativa a la situación administrativa de extranjeros en España”.

“Antes de acostarme con usted me meto en cemento”

Una mujer venezolana que trabajaba como encargada de un prostíbulo declaró en el juzgado que se sintió “humillada por el abuso de poder”: “¿Cómo es posible que a los que tienes que pedir auxilio sean los que abusan de ti? Es como si vas a tu madre a pedir ayuda y te mete una puñalada”; “no se puede hundir más a los que ya estamos hundidos”. Según esta supuesta víctima del cabo primero, el hombre reclamó sus servicios sexuales y ella se negó. “Tú no quieres colaborar, no te quieres portar bien… pues se te va a acabar el negocito”, la amenazó él presuntamente. “Máteme, pero antes de acostarme con usted me meto en cemento”, asegura ella que le respondió en una ocasión. “Armando cumplió finalmente sus amenazas”, concluye la juez, “porque ella sufrió una redada de la Inspección de Trabajo, que impuso al local una multa elevada, tras lo cual siguieron las redadas y su detención”.

Los clubes que no accedían a las demandas de Armando Lorenzo sufrían “persecución”, “extorsión” y “amenazas”, asegura De Lara. Según la juez, el cabo utilizó a algunas mujeres, en ocasiones bajo “presiones insoportables”, para que testificasen hechos falsos contra propietarios de burdeles y así “eliminar a la competencia en una guerra entre clubes”. Otra testigo venezolana declaró que un día el agente la llevó al cuartel, le dijo que si no cooperaba con una denuncia (falsa) la expulsaría. Y que si lo hacía le daría los papeles, la haría testigo protegida, cobraría una pensión de 300 euros al mes y recibiría ayuda para conseguir un piso.

 

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Por un movimiento feminista donde quepamos todas  (Colectivo de Prostitutas de Sevilla)

 

Los pasados 9 y 10 de febrero se celebró en Granada el Primer encuentro de la Coordinadora Andaluza Feminista, en el que estaban invitadas a participar todas las asociaciones feministas de Andalucía, así como mujeres independientes sin pertenencia a ningún colectivo. No estaba permitida la participación en representación de partidos políticos ni sindicatos, así como la de hombres compañeros feministas.

 

COLECTIVO DE PROSTITUTAS DE SEVILLA

21 de febrero de 2019

 

I Encuentro Feminista Andaluz, celebrado en Granada COLECTIVO DE PROSTITUTAS DE SEVILLA

 

El objetivo del encuentro era la organización de la huelga feminista del 8 de marzo, que también se ha ido trabajando a nivel estatal y en otras autonomías, y se seguirá trabajando a nivel local por las distintas asambleas y plataformas. Otros objetivos han sido los de establecer líneas y acuerdos comunes, ir dando pasos para una organización estable como movimiento y poner los acentos en lo que nos une como feministas, y no en lo que nos separa.

Casi 300 mujeres de toda Andalucía, pertenecientes a diversas realidades y colectivos (también a partidos y sindicatos, aunque no vinieran en nombre de ellos) nos encontramos en un clima que se preveía tenso y que discurrió, para nuestra sorpresa y agrado, sin mayores sobresaltos.

Tras los acontecimientos ocurridos recientemente en varias ciudades españolas, donde grupos abolicionistas han intentado imponer a la fuerza su visión del feminismo y han provocado situaciones violentas para nuestras compañeras y aliadas, las representantes del Colectivo de Prostitutas de Sevilla acudíamos con mucha tensión, preocupadas hasta tal punto que una de nuestras compañeras con problemas de conciliación no se atrevió a asistir con su hijo de 8 años. Entendíamos que podía ser un espacio inseguro para niñes, especialmente para hijes de prostitutas. Es vergonzoso que esto ocurra en espacios feministas y, por ello, celebramos que Andalucía haya sido un ejemplo de feminismo asambleario e inclusivo: un lugar seguro para todas las mujeres y también sus hijes.

El espíritu de incluir a todas las mujeres en el encuentro estuvo especialmente presente en la mesa redonda “Retos del feminismo en Andalucía: Transversalidad e Interseccionalidad”. Fueron protagonistas de esta mesa diferentes cuestiones tales como: el control y la represión de los cuerpos en el espacio público que se permite gracias a la conocida como “Ley Mordaza”; la necesidad de abordar el binarismo sexual y romper con los esencialismos, asumiendo que las identidades, deseos y cuerpos sexuales son diversos; las dificultades que las mujeres del medio rural encuentran a la hora de organizarse y visibilizar sus demandas; la situación del trabajo doméstico y la normalización de la precariedad en este sector altamente feminizado; y, por último, el estado de explotación de las mujeres migrantes y racializadas, y como éste es legitimado a través de la Ley de Extranjería, impidiendo su plena ciudadanía y la organización y creación de redes de resistencia entre éstas.

Todas estas demandas, reivindicaciones y protestas a las que se les ha dado especial protagonismo se presentan absolutamente necesarias dentro del movimiento feminista andaluz, para así dar cuenta de la pluralidad, heterogeneidad y complejidad que le caracteriza. Sin embargo, y pese a estar absolutamente en sintonía con todas las demandas expuestas en la mesa, desde nuestro Colectivo entendemos que dentro de este marco teórico que intenta romper las fronteras de la lucha feminista, hablar de la ausencia de derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual y su situación de precariedad se torna absolutamente imprescindible. Tal y como se desarrolla en la metodología aplicada en el encuentro “no nos reconocemos en el feminismo institucional, nos reconocemos como un feminismo autónomo, anticapitalista, interseccional, antifascista, antirracista”, y es justo este análisis interseccional el que permite introducir, contextualizar y entender las problemáticas de las putas en general y de las putas andaluzas en particular.

A las mujeres que ejercemos la prostitución nos afectan todas las opresiones y desigualdades anteriormente denunciadas, nos atraviesan todos los posibles ejes de opresión: somos pobres, migrantes, racializadas, con diversidad funcional, sexual y de género. La posibilidad de control en los espacios públicos es mayor en nuestra comunidad debido a cambios en la leyes autonómicas y ordenanzas municipales que criminalizan y legitiman la violencia institucional contra nosotras, un ejemplo claro es el hostigamiento y persecución que hoy sufren las prostitutas en Sevilla o en Málaga. Éstas son las tendencias punitivas que se están dando para abordar problemáticas sociales y en Andalucía se han materializado en forma de una Ley Mordaza disfrazada de Ley de Igualdad, que castiga y sanciona como infracción grave los actos culturales, artísticos o lúdicos que desde ese lugar institucional se considere que “justifiquen o inciten a la prostitución o la violencia de género”, lo cual representa un intento brutal de silenciar nuestros espacios de debate y encuentro.

Somos el colectivo de mujeres atravesado por todos los ejes de opresión y, sin embargo, se nos ha mantenido al margen de toda consideración, presencia y análisis. Tal y como sostiene Dolores Juliano en “La prostitución, el espejo oscuro”, sobre las putas se mantienen diversas atribuciones peyorativas y desvalorizantes que hasta hace poco se extendían a todas las mujeres y, por lo tanto, en ámbitos en los que las mujeres como grupo han batallado durante años para la consecución de los derechos, las putas continúan estando discriminadas.

Felicitamos y agradecemos tanto a las organizadoras como a las participantes el respeto que recibimos, y cómo se canalizó de forma firme y respetuosa el intento muy minoritario de dos participantes por romper dos de los consensos de base; a saber: la no participación de sindicatos en la Comisión y el no debatir sobre prostitución. No era ese el objetivo del encuentro, nadie quería que se repitieran situaciones como las sucedidas en las asambleas de Madrid, Valencia y Barcelona.

Pero queremos hacer hincapié en que no hace falta llegar a acuerdos sobre si el feminismo debe ser abolicionista o pro-derechos para incluir a las putas en el movimiento feminista. El feminismo es diverso, hay desacuerdos y posiciones divergentes en muchos asuntos. Las prostitutas somos un colectivo marginado y atravesado por el estigma, por ser putas. ¿Acaso no queremos todas la protección y mejores condiciones para la vida de las mujeres que ejercemos la prostitución? Tenemos la certeza que dentro del movimiento feminista podemos llegar a acuerdos, por ejemplo en las siguientes propuestas:

  • Alternativas laborales reales para las mujeres que quieren salir de la prostitución.
  • Cursos de formación pagados y de calidad, que no condenen a las mujeres a empleos precarios, feminizados, donde van a ser explotadas y empobrecidas.
  • Recuperar la figura de la mediadora establecida por el Convenio de Salud Andaluz (prostituta/ex-prostituta) ahora ocupado por mujeres sin ninguna experiencia o vinculación con la prostitución. Esta es una alternativa laboral que les ha sido robada a las prostitutas.
  • Tarjeta sanitaria para las mujeres que ejercen la prostitución.El Convenio de Salud aprobado por la Junta de Andalucía en el 2011 acordaba conceder la tarjeta sanitaria a las prostitutas sin necesidad de estar empadronadas. El ayuntamiento de Sevilla reconoce en su evaluación contra la prostitución que esta medida no ha sido puesta en marcha y nos consta que a nuestras compañeras que trabajan en clubes o en pisos no se les ofrece, tampoco desde las entidades que las atienden. También pedimos que nuestras compañeras migrantes sin documentación puedan acceder a la tarjeta sanitaria sin necesidad de empadronamiento.
  • Eliminar las multas a las mujeres por ejercer las prostitución en la calle a través de las ordenanzas municipales, como está sucediendo en Málaga. Estaremos de acuerdo en que estas prácticas criminalizan y empobrecen más a las mujeres y las condena a mayor vulnerabilidad al tener que ir a lugares más aislados, con poco tiempo o capacidad de negociación, para evitar las multas. O a trabajar para terceros ya sean en clubes o pisos donde la explotación económica y laboral es mayor por carecer de derechos frente a los empresarios. En Sevilla, se las penaliza a través de hostigamiento, desacato a la autoridad, por llevar objetos de autodefensa, etc.
  • Que cesen las redadas dirigidas a las migrantes irregulares que ejercen la prostitución. Actualmente, las mujeres de origen nigeriano son mayoritariamente trasladadas a CIE y posteriormente deportadas, mientras que a las mujeres de origen latino-americano les son dadas órdenes de expulsión. Esta jerarquía de trato fluctúan dependiendo de las subvenciones destinadas de/a determinados países. Y además, si son supuestamente víctimas de trata: ¿por qué se las expulsa en lugar de protegerlas?
  • Protección real a las víctimas de trata. Cese de deportaciones y órdenes de expulsión, apoyo real sin límite de tiempo con garantías sociales y jurídicas para que las compañeras puedan denunciar.
  • Asilo político a las víctimas de trata: en los 10 últimos años sólo se han concedido 25 asilos para las víctimas de trata de todos los sectores : agricultura, servicio doméstico, textil, prostitución.
  • Acabar con los 20 días de “reflexión” para las víctimas de trata(sin ningún tipo de atención) para que recapaciten si proseguir con la denuncia de trata, en caso de que no lo sean o decidan no denunciar, son trasladadas a los CIES. El funcionamiento del sistema carcelario de los CIES incide de manera diferente entre mujeres y hombres. Las mujeres son también usadas como mano de obra en estos centros de internamiento y pueden permanecer arrestadas durante un tiempo ilimitado si las necesidades de mantenimiento de estos centros así lo requieren.
  • Cierre inmediato de los CIE, por las razones expuestas anteriormente.
  • Derogación de la Ley de Extranjería. Esta ley es responsable de las situaciones de abuso que viven las prostitutas migrantes, que son la inmensa mayoría. Sufren continuamente controles de extranjería, llevados a cabo por motivos de discriminación racial. Como la prostitución no tiene estatus legal, no pueden cumplir con las restricciones que impone la ley y, por lo tanto, se ven obligadas a permanecer en un círculo de clandestinidad del que no pueden salir y acceder a otros trabajos si así lo desearan.
  • Derogación de la ley Mordaza. Las prostitutas somos el colectivo con más multas impuestas por esta ley, con más de 500 multas hasta la fecha.
  • Derogación del artículo 76 de la ley de igualdad de Andalucía.Tanto los colectivos de prostitutas organizados como las asociaciones pro derechos podemos ser multados con hasta 60.000€ por “organizar o desarrollar actos culturales, artísticos o lúdicos” si la posición de las participantes no es claramente abolicionista, ya que se puede considerar que “justifica o incita la prostitución”.

Si bien estamos de acuerdo con no abordar el asunto y con que, en este estado de las cosas, mejor no incluir el tema dentro de las reivindicaciones del 8M para así manifestarnos todas con base en acuerdos mínimos, creemos que es necesario sentar bases y criterios para que el debate sobre prostitución se pueda dar, podamos escucharnos y llegar a acuerdos que nos parecen posibles. Sin embargo, hace falta metodología respetuosa con todas las voces y, sobretodo, es imprescindible que en estos actos y debates siempre estemos las prostitutas. Somos nosotras las que conocemos la realidad y las máximas afectadas por las medidas y políticas que se plantean. Tenemos voz, tenemos criterio, nos estamos organizando y queremos que se nos escuche. Nos parece indignante cuando se habla de feminismo sin las mujeres, ¿cómo es posible que nos planteemos hablar de prostitución sin las prostitutas?

En el Manifiesto del 8 de marzo de 2018 defendíamos que “Nuestra identidad es múltiple, somos diversas. Vivimos en el entorno rural y en el entorno urbano, trabajamos en el ámbito laboral y en el de los cuidados. Somos payas, gitanas, migradas y racializadas. Nuestras edades son todas y nos sabemos lesbianas, trans, bisexuales, inter, queer, hetero… Somos las que no están: somos las asesinadas, somos las presas. Somos TODAS.” Soñamos con que ese TODAS en el movimiento feminista también incluya a las putas algún día.

 

Facebook: Colectivo de Prostitutas de Sevilla

Twitter: @ProstitutasSev

e-mail: Colectivo.prosev@gmail.com

India: El 77% de las mujeres llevadas a la fuerza a casas de acogida regresan al comercio sexual voluntario, según un informe

 

 

En lo que aparece como un gran avance, el informe cuestiona la racionalidad de unirse a esta industria. Se opone a la creencia actual de que la mayoría de las mujeres en el comercio sexual son mujeres tratadas “empujadas a la prostitución”.

 

Por Debayan Roy

8 de febrero de 2019

https://www.news18.com/news/india/77-women-forced-into-shelter-homes-return-to-voluntary-sex-trade-ays-report-2029797.html?fbpcid.p.p.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.

 

 

Nueva Delhi: en una encuesta innovadora, cuatro organizaciones que trabajan con mujeres y trabajadoras sexuales tratadas publicaron un informe que afirma que cerca del 77% de las mujeres regresan voluntariamente al trabajo sexual después de ser rescatadas y llevadas a casas de acogida.

Los grupos, encabezados por la Red Nacional para la Asociación de Trabajadoras Sexuales (NNSWA) y UMKO, Saheli – VIH / SIDRA Karyakarta Sangh, SANGRAM y Veshya Anyay Mukti Parishad (VAMP), publicaron el informe “Redadas – cómo las estrategias contra la trata aumentan la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales a las prácticas de explotación “.

Según el informe, el 79% de las mujeres documentadas en el estudio volvieron al trabajo sexual, “escapando” de su rescate en hogares de acogida, mientras que casi el 11% de las mujeres continuaron viviendo en estos hogares.

Kusum, Presidente de la Red de Trabajadoras Sexuales de Toda la India explicó la condición “horrorosa” de los refugios y por qué las mujeres quieren escapar.

“¿Las personas que quieren que vayamos y vivamos en estos hogares alguna vez han ido a uno? Las condiciones son horribles. Mira lo que sucedió en Muzaffarnagar y Devariya recientemente. No hay comida, y cuando hay comida, está infestada de insectos que enferman a las personas. No hay asistencia sanitaria para cuidar a las residentes. Y ningún apoyo para las personas con VIH que requieren terapia antirretroviral e, incluso si se proporciona éste, el estigma que existe hacia las personas con VIH dentro de estas casas es lo suficientemente malo como para matar a alguien mucho antes de tiempo,” dijo Kusum.

En lo que aparece como un gran avance, el informe cuestiona la racionalidad de unirse a esta industria del rescate. Se opone a la creencia actual de que la mayoría de las mujeres en el comercio sexual son mujeres tratadas “empujadas a la prostitución”.

La encuesta, que abarca desde 2005 hasta 2017, documenta los casos de 243 mujeres que fueron trasladadas a casas de acogida de conformidad con la Ley de prevención de la trata inmoral. El 51% de estas mujeres estaban en el grupo de edad de 21 a 30 años en el momento del rescate.

“Ahora, casi 168 mujeres han regresado al trabajo sexual, y solo 18 no son localizables después de ser liberadas de las casas de acogica”, señala el informe.

Devi, de la Red Nacional de Trabajadoras Sexuales, afirma que las casas de acogida sirven exactamente para el propósito opuesto para el cual se supone que han sido creados. Estas casas presentan un ambiente de aislamiento y privan a las mujeres de identidad e ingresos.

En la mayoría de los casos, una mujer asume el trabajo sexual voluntariamente, predominantemente, para escapar de la pobreza. Después de ser rescatada en casas de acogida, una mujer que trabaja como trabajadora sexual pierde su fuente de ingresos. Esto deja a toda su familia muerta de hambre, además de estar en el extremo de recibir abusos sociales y humillaciones.

“Las mujeres pierden la comunicación con sus familias y con el mundo exterior. Las familias y la comunidad descubren que son trabajadoras sexuales y las rechazan. Y las condiciones son terribles. Muchas de estas mujeres tienen hijos y ninguna pareja que los cuide, así que mientras están dentro, los niños sufren tremendamente. “Hemos escuchado que muchos niños tienen que pasar por el abuso sin que sus madres los protejan y los cuiden”, dijo Devi.

 

Puede descargarse aquí el resumen editorial del estudio (en inglés):
https://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/raided-executive-summary_0.pdf

Miel Guernica: “Mientras se ‘debate’, nadie garantiza que en el trabajo sexual haya ciertos mínimos”

 

Desde su perspectiva como trabajadora sexual y activista pro-derechos, Miel Guernica señala la necesidad de atender los matices que configuran el mundodel que, en la actualidad, se vale su sustento. Reconociendo su posición de poder, da su visión sobre los hechos que han venido estimulando la polémica sobre el trabajo sexual y advierte de la importancia de no caer en estigmas que potencien el aislamiento de los colectivos sociales más vulnerables del sector.

Miel Guernica, trabajadora sexual en el ámbito del masaje y a la asistencia a personas con diversidad funcional. Fotografía de PACO LUNA

 

EL SALTO PAÍS VALENCIÀ

VIOLETA CORTIJO

11 de febrero de 2019-02-12

https://www.elsaltodiario.com/trabajo-sexual/miel-guernica-mientras-se-debate-nadie-garantiza-que-en-el-trabajo-sexual-haya-ciertos-minimos

 

Miel Guernica [pseudónimo] se considera una persona “trabajadora” y “activa”. Desde hace tres años se dedica al trabajo sexual, y lo compagina con otras ocupaciones que van desde el ámbito rural hasta el artístico. Su interés personal por la psicología del contacto y los afectos, junto con la burbuja inmobiliaria, le animaron a que, tras acabar la carrera de filología, hacer un máster, y haber trabajado en sectores precarizados por alrededor de cinco euros la hora, decidiera probar en el mercado del sexo.

A sus treinta años, ejerce en un piso autogestionado de València, que mantienen entre las personas que trabajan en él. Se trata de una iniciativa en la que M.G. empezó a trabajar un tiempo después de que hubiera empezado a funcionar y asegura que su organización se basa en la premisa de que “nadie se queda el dinero del trabajo de nadie”, más allá de los gastos derivados de la manutención del piso, como pagar el alquiler, reformas o necesidades de trabajo.

Oficialmente, forma parte de la iniciativa (N)Ó.M.A.D.A.S – Oficina de migración y atención a la diversidad afectivo-sexual, aunque también ha participado en otras organizaciones de trabajadoras sexuales. Desde ahí, reivindican el reconocimiento de la profesión y exigen derechos laborales para que las personas más vulnerables dejen de estar condenadas a la trata y a la explotación.

(N)Ó.M.A.D.A.S, al igual que diversos colectivos pro-derechos, tanto de trabajadoras sexuales como de trabajadoras y aliadas, sindicatos y asociaciones, estarán presentes en unas Jornadas de trabajo sexual, disidencia y feminismo, organizadas para el próximo 1 de marzo en Can Vies (Barcelona), en las que, según explica M.G., se tratarán de escuchar y atender las diferentes posiciones y propuestas con respecto al trabajo sexual.

¿Por qué te dedicas al trabajo sexual? ¿Por qué de esta manera? 
El tema de la sexualidad me ha interesado siempre y es un ámbito al que he dedicado mucho tiempo en mi vida en general, tanto a nivel práctico como a nivel teórico. En un momento dado consideré que estaba preparada para trabajar de esto, para poner el cuerpo, para marcar los límites, para acompañar a la gente que lo necesite, para muchas cosas… Y decidí utilizar esta herramienta, que cuesta mucho desarrollarla.

Dentro del trabajo sexual me dedico a la prostitución en el ámbito del masaje y a la asistencia a personas con diversidad funcional.

¿En qué consiste y qué tipo de acciones lleváis a cabo en (N)Ó.M.A.D.A.S.?
Dentro del trabajo sexual hay muchísimas realidades diferentes. Yo quiero ser cada vez más consciente de mis privilegios y es por eso que me he acercado al colectivo (N)Ó.M.A.D.A.S. En (N)O.M.A.D.A.S se entiende el trabajo sexual desde la perspectiva migratoria y de fronteras. Creemos en la necesidad de organización para sobrevivir al control de los cuerpos más vulnerables que migran de países empobrecidos por el norte global, trabajando por una red de apoyo mutuo. Se llevan a cabo estrategias de devolución y de reparación desde una perspectiva antirracista y decolonial, comprendiendo que el privilegio blanco también opera dentro de la realidad de la industria del sexo.

Dentro de los términos del debate pro-derechos v.s. abolicionistas, desde tu punto de vista, ¿la prostitución es problema, solución, consecuencia…?

En primer lugar, el abolicionismo es un movimiento que pide la abolición del sistema penal, del sistema carcelario, etc. No vale hablar sólo de la abolición de la prostitución y no hablar de la abolición de todo el trabajo asalariado, porque tumbas toda una corriente política. Precisamente, nuestra aliada Andrea Corrales nos regaló el término “feminismo criminalizador” para devolver el término “abolicionista” a donde le corresponde.

Lo que sabemos de la historia de la prostitución es que esta práctica ha sido atravesada por factores como la clase social desde los inicios. En las primeras legislaciones al respecto, se intenta diferenciar a las mujeres que son propiedad de algún hombre, destinadas a la reproducción, de las que no lo son. Las prostitutas estaban obligadas a ir con el cabello descubierto; las mujeres fértiles y ricas estaban en la escala más alta de respetabilidad entre las mujeres; las prostitutas de clase alta, les andaban cerca, y las prostitutas de clase baja no eran nada. El tema es que se tenía que reconocer de forma visible cuál era la relación de las mujeres con respecto a los hombres.

Es importante, hoy en día, que se nos deje de categorizar en función de nuestra sexualidad, que una prostituta pueda denunciar si un cliente la viola, porque su “no” vale lo mismo que el de cualquiera. Queremos respeto para todas.

El hecho de intercambiar un acto sexual por bienes ha sido utilizado por la cultura patriarcal en beneficio masculino, pero no creo que sea el único prisma desde el que este intercambio pueda darse

Esta clasificación de las mujeres la conocemos a través de los rastros escritos de la historia de la humanidad, durante un periodo de imperialismo patriarcal, pero la prehistoria realmente es mucho más amplia. ¿Qué había antes? ¿Qué es intercambiar bienes por el acto sexual fuera del matrimonio? ¿Por qué dentro del matrimonio sí que es lícito?

El hecho de intercambiar un acto sexual por bienes ha sido utilizado por la cultura patriarcal en beneficio masculino, pero no creo que sea el único prisma desde el que este intercambio pueda darse. La trata es un problema, la macro-industria y el proxenetismo son un problema, muchas trabajadoras sexuales estamos intentando poner soluciones encima de la mesa.

¿Qué opinas sobre la anulación de los estatutos del sindicato OTRAS por parte de la Audiencia Nacional?
Era de esperar. Ese estatuto será reelaborado y reescrito. Dudo bastante que consigan tumbar el sindicato, sería un despropósito, teniendo en cuenta que ANELA está legalizado —Anela, Asociación de Empresarios de Locales de Alterne—. La propia Concha Borrell dijo que los estatutos se redactaron con cierta “prisa”, porque hay una urgencia social: De repente, el feminismo criminalizador ha cogido muchas posiciones en las esferas de poder, a nivel político, en los medios de comunicación y difusión, etc., y lleva una campaña bastante agresiva que ha provocado que tengamos que hacer movimientos precipitados muchas de nosotras.

Ahora se nos quiere callar a golpe de ley, como en Andalucía, que se ha prohibido incluso cualquier manifestación cultural que justifique la prostitución. Lo mezclan todo en una palabra: prostitución; la explotación sexual y laboral, la trata, la asistencia sexual, el trabajo sexual…, todo en uno.

¿Es importante garantizar la posibilidad de asociacionismo entre las trabajadoras sexuales?
Totalmente. De hecho, el estigma del trabajo sexual te lleva con muchas facilidades al aislamiento social y desde el aislamiento social no se puede hacer nada, especialmente, si vienes de una clase empobrecida, migrante, etc. Es como el mayor de los aislamientos posibles. Las redes, el asociacionismo, la sindicalización, etc. a mi me parecen fundamentales ahora mismo.

En caso de aceptar el trabajo a terceros, hay que limitar mucho el poder del empresariado 

Las demandantes a la inscripción de OTRAS como sindicato se basaron principalmente en el artículo 4 de sus estatutos, que habla de “trabajo sexual en todas sus vertientes”. Se refirieron a que el trabajo por cuenta ajena podía ir ligado al proxenetismo, que es ilegal. ¿Hablar de “trabajo sexual en todas sus vertientes” puede blanquear el proxenetismo?
No soy partidaria de fomentar el trabajo sexual a terceros, pero he de decir que es el tema más complicado de tratar dentro del trabajo sexual. En un sindicato de trabajo sexual entran actrices, webcamers, masajistas, etc.; entran muchos oficios distintos relacionados con la sexualidad que trabajan para terceros. El problema específico está en la prostitución, porque existe la figura del proxeneta y está penado por ley.

En principio, lo que sí se acepta es lo que se llama “tercería locativa”: tú puedes brindar el espacio para que una trabajadora sexual haga su trabajo. Le alquilas una habitación y hasta ahí todo bien. ¿Qué pasa realmente? Pues que a la hora de la verdad, a pesar de ser ilegal, se cobra un porcentaje del servicio que hace la trabajadora sexual, o se le pone un horario, o se crea una dependencia tal que tienen que incluso pernoctar en clubes que no tienen licencia para ello.

La industria se ha consolidado y la patronal está legalmente asociada, pero nadie garantiza que dentro del mundo del trabajo sexual haya ciertos mínimos. De hecho, nadie podría imponerle un horario de trabajo a una persona a la que sólo le estás alquilando un espacio para que trabaje, y estos horarios son de 12 o 24 horas hoy al día. Por otro lado, las prostitutas deberían tener garantizado el acceso a la seguridad social, bajas, etc. Pagarse un autónomo es imposible para la mayoría. Quizás si hacerse autónomo fuera más accesible y hubiera una renta mínima garantizada, una parte del problema que existe alrededor del trabajo sexual se solucionaría.

La industria se ha consolidado y la patronal está legalmente asociada, pero nadie garantiza que dentro del mundo del trabajo sexual haya ciertos mínimos. De hecho, nadie podría imponerle un horario de trabajo a una persona a la que sólo le estás alquilando un espacio para que trabaje, y estos horarios son de 12 o 24 horas hoy al día. Por otro lado, las prostitutas deberían tener garantizado el acceso a la seguridad social, bajas, etc. Pagarse un autónomo es imposible para la mayoría. Quizás si hacerse autónomo fuera más accesible y hubiera una renta mínima garantizada, una parte del problema que existe alrededor del trabajo sexual se solucionaría.

Muchas de nosotras tenemos dudas con respecto al trabajo a terceros, pero cada vez estamos escuchando más testimonios de compañeras que han encontrado ahí su manera de hacer y no formamos parte del sector punitivista del feminismo, por encima de todo. En caso de aceptar el trabajo a terceros, hay que limitar mucho el poder del empresariado. Principalmente, nos dedicamos a fomentar el cooperativismo y el trabajo independiente. Y no creemos necesaria la ampliación de la figura del proxeneta, sino que dejen de quedar impunes los delitos que se cometen y que ya están tipificados como delito.

Muchos partidos políticos, incluso el propio PSOE, han dado licencia a clubes y macroclubes, y que ahora el feminismo criminalizador haya copado sus filas no les exime de lo que han hecho. Esta situación de drama actual viene porque le interesa así a la casta política. Y mientras se debate si es legítimo o aceptable moralmente pagar por el sexo, hay un montón de personas trabajando 12 y 24 horas a las que se les podrían, por lo menos, garantizar unos mínimos, como decía anteriormente.

Me gustaría ver a las cuidadoras de ancianos, copando las primeras planas de periódicos, explicándole a los ancianos europeos que quieren dejarse ese trabajo esclavo, que prefieren limpiarle el culo a sus propios padres

¿Conocías a la parte demandante, la Plataforma 8 de marzo y la Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres, que forman parte de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución? ¿Por qué crees que abogan por esa postura?
La verdad es que se juntan muchos factores. Es muy mesiánico esto de buscar siempre a alguien a quien salvarle la vida, sin saber quién es y sin mirarle a la cara y preguntarle qué tiene detrás. Hay un montón de personas que han venido conscientemente a ejercer el trabajo sexual en el Estado español y se les niega esa capacidad de agencia. Muchas de esas mujeres no saben las condiciones con las que se van a encontrar cuando llegan y ese es el problema, que son exageradamente abusivas. Son un crimen.

También da mucho morbo hablar de sexualidad y ahí hay un filón mediático muy grande. Me gustaría ver a las cuidadoras de ancianos, a las internas 24 horas, copando las primeras planas de periódicos y noticiarios, explicándole a los ancianos europeos que quieren dejarse ese trabajo esclavo, que prefieren limpiarle el culo a sus propios padres. Silvia Federici explica perfectamente lo que ocurre con los cuidados en el marco de la construcción del capitalismo, y ella reconoce que el trabajo sexual es trabajo.

Ser puta es muchas cosas. Hay trabajadoras sexuales que están reforzando la heteronorma y hay trabajadoras sexuales que vienen de sexualidades disidentes y se han empoderado a través del trabajo sexual. Hay muchas cosas… Lo que pasa es que hay una industria muy fuerte, que puede ser algo parecido al porno mainstream, que sí que está reforzando determinadas prácticas. Creo que lo que hace que se posicionen en el lado criminalizador con tanta vehemencia es que es más fácil reducir la realidad que atenderla en su complejidad. Han elaborado un discurso que cala fácilmente.

¿Cuál es tu opinión sobre el sindicato OTRAS? ¿Qué opinas de que entre sus promotores aparezcan nombres vinculados a responsables de empresas o asociaciones como Aprosex  —Asociación de Profesionales del Sexo—, entre cuyas actividades se encuentran “talleres de sexo” o “cursos de inglés para putas”? 
Yo siempre voy a decir que estoy a favor de cualquier forma de sindicalización. El sindicato OTRAS es un sindicato gremial, es una entre varias de las propuestas que se han hecho, quizás la más ambiciosa, muy valiente. AFEMTRAS, que es la asociación de trabajadoras sexuales del polígono de Villaverde, está dentro de OTRAS. Hay escorts y trabajadoras de calle y de distintos sectores. Me parece muy bien y espero que se vaya enraizando poco a poco. Es posible que ese hombre, Joaquín, que no es puta y está entre los promotores, haya sido una de las pocas personas que se ofreciera a gestionar un proyecto tan difícil cuando parecía una locura.

Otra de las propuestas consiste en encontrar lugar en los sindicatos más tradicionales para que abran la posibilidad de sindicarse a las trabajadoras sexuales, esto significaría que otros gremios están reconociendo el trabajo sexual como trabajo. Así ha ocurrido en la IAC —Intersindical Alternativa de Catalunya—. Esta estrategia se coordina desde la USTS —Unión Sindical del Trabajo Sexual—. Luego hay personas que simplemente prefieren asociarse, como CATS o el Colectivo de Prostitutas de Sevilla, o agrupaciones como las Putas Libertarias del Raval. Yo en general voy a estar a favor de cualquier manera de agrupación de trabajadoras sexuales con intención reivindicativa.

El trabajo sexual incluye a asistentes sexuales, masajistas eróticas, escorts, trabajadoras de calle, de club, web cammers, atrices porno… En todos estos sectores estamos faltas de derechos y atravesadas por un estigma

En cuanto a lo de las actividades… Mira, “los cursos de inglés para putas” son importantes sobre todo porque si quieres trabajar en el extranjero, si no tienes el idioma, tienes un problema. Las trabajadoras sexuales muchas veces no acceden a cursos por motivos económicos o de estigma (u otros) y ahí encuentran un lugar específico en el que hacer un curso de inglés. Esto es formación, al fin y al cabo.

Respecto a los cursos de cuestiones relacionadas con la sexualidad en concreto, decir que no solo desde Aprosex se han hecho cursos de sexualidad. Hay cursos de BDSM, cursos de tantra, hay sex coaches… Hay un montón de talleres y cursos de sexualidad en el Estado español. Aprosex se encarga de unos, y a quien le guste cómo lo hacen irá ahí y quien quiera otro tipo de aprendizaje entorno a la sexualidad irá a otro sitio. Y ya está.

Por encima de todo eso creo que lo más importante que hay que decirle a las trabajadoras sexuales es que son trabajadoras y que no tienen porqué ser discriminadas sistemáticamente. Ahí sí que hace falta una formación política fuerte.

Los colectivos y sindicatos abolicionistas hacen referencia a los porcentajes oficiales de mujeres que ejercen la prostitución, que establecen que alrededor de un 80% de ellas son víctimas de la trata. ¿Qué diferencias hay entre el trabajo sexual y la trata?
Hay mucha confusión en el lenguaje y creo que es súper importante tener en cuenta que trabajar para terceros no es necesariamente haber sido víctima de trata. Por ejemplo, muchas trabajadoras sexuales activistas de Argentina han sido contadas varias veces como víctimas de trata, en función de haber reducido cualquier tipo de prostitución a ser víctima de trata. Cuando esa moral y esa terminología no están claras en el punto de partida, todo resulta ser un producto de la manipulación y eso es un desastre político.

Hay trata en la calle, hay trata en clubes y he oído que, incluso, hay trata en algún sector de alto nivel. También hay trata en el campo y en otros sectores laborales. También es abrumadora la explotación en el sector textil. La ONU cifra la trata con fines de explotación sexual en un 14%. No es realista que el colectivo pro-derechos maneje unas cifras del 14% y que el criminalizador tenga unas cifras del 80 y del 90%.

Yo creo que no hay mejor aliado para detectar casos de trata que la información, tanto a trabajadoras sexuales, como a clientes, etc., para que se pueda detectar desde dentro, en principio. Hace tiempo se hizo una campaña de sensibilización dirigida al cliente, que promovió la APDHA, para que hubiera una contratación de servicios sexuales respetuosa. En Barcelona, por ejemplo, la inversión para detectar víctimas de trata ha sido la más alta del Estado español. La ha llevado a cabo Ada Colau, que está perfectamente enterada de todo el tema de la prostitución, de cómo funciona y, aparte de haber puesto más recursos que nadie para acabar con la trata, defiende la libre asociación de las trabajadoras sexuales.

A nosotras nos afecta la trata, pero te diré más: nos afecta cualquier persona que por ser cliente piense que siempre tiene la razón. Nos afecta la supremacía del consumidor en general. La supremacía cultural, la supremacía de clase, eso nos afecta. Ahí es dónde, las que tenemos la posibilidad de pararles los pies, lo hacemos muy bien y estamos haciendo, pese a quien le pese, un montón de pedagogía.

El trabajo sexual incluye a asistentes sexuales, masajistas eróticas,escorts, trabajadoras de calle, de club, web cammers, atrices porno… En todos estos sectores estamos faltas de derechos y atravesadas por un estigma. Nos reconocemos las unas a las otras como parte de lo mismo, por eso nos juntamos bajo el término trabajadoras sexuales.

Cuando se desmantela un piso, a las personas migrantes directamente se las mete en un CIE o se las manda a su país y solo se quedan en el Estado si son testigos necesarios para enjuiciar a proxenetas o redes de mafia. 

¿Qué diferencias, en lo relativo a la regulación legal del trabajo sexual, existen entre despenalización, regulación, etc.? Según tú, ¿cómo afectaría cada regulación a la trata?
Yo no soy experta en leyes, otras compañeras y aliadas sí, Lucía Fernández, o Paula Sánchez Perera, o Ruth Mestre. Yo te puedo hablar a grandes rasgos: con la despenalización se busca que la prostitución se asimile a cualquier tipo de trabajo. Es decir, que tú tengas acceso a la salud pública, a determinados derechos, a unas bajas, que tengas tu paro y que tengas tu jornada laboral y tu pensión. Eso es lo que implicaría despenalizar la prostitución. Con la despenalización del trabajo sexual pasaría a formalizarse una relación laboral. Ahora mismo, cuando se desmantela un piso, a las personas migrantes directamente se las mete en un CIE o se las manda a su país, y solamente se pueden quedar en el Estado español si son testigos necesarios para enjuiciar a cualquier proxeneta o a cualquier red de mafia.

La regulación lo que contempla es el modelo alemán. El modelo alemán es un poco mierda. En Alemania te pueden vender hamburguesas y servicios sexuales en la misma carta. Creo que todo en la vida tiene límites y el trabajo sexual también. A nadie le gusta trabajar con borrachos, las camareras de discoteca lo han explicado en muchas entrevistas. El trabajo sexual no tiene por qué ser parte solo del ocio nocturno. ¿Qué tipo de industria se está fomentando en general?

El modelo de la despenalización se ha aplicado en Nueva Zelanda. Ahora está despenalizado tanto ser independiente como trabajar para terceros. Entonces, la mayoría de las trabajadoras sexuales se asocian entre sí y, aunque el trabajo para terceros exista, es minoritario y nadie quiere trabajar para terceros. De nuevo, son los sectores más desfavorecidos los que lo hacen.

De todos los modelos posibles, el neozelandés es un poco el que más nos interesa, pero nos gustaría llegar a desarrollar la capacidad de plantear un modelo adecuado a la realidad del Estado español. Cómo afectaría cada regulación a la trata con fines de explotación sexual es algo que no tienen claro ni en Suecia, que es un estado criminalizador del trabajo sexual.

¿Sabes cómo os afecta la Ley Mordaza?
Pues por ejemplo a las trabajadoras de calle las ha tirado de la calle, a la mayoría. Se les multa. Se han multado hasta víctimas de trata que trabajaban en la calle…

Hay toda una cultura, que no tenemos, alrededor del contacto físico que tiene que ver con el bienestar emocional. […] Creo que lo que hay es una exhibición machista de la sexualidad y es a eso a lo que hay que darle la vuelta

¿Se debe definir la conducta sexual de la gente? ¿Crees que es necesario enseñar sobre ello?
A mí lo que me gustaría, especialmente, es que la gente se dé cuenta de que hemos caído en una identidad de género binaria que nos encorseta, y en una sexualidad coito-centrista por motivos, probablemente, de control de la población, y no es interesante para muchos cuerpos ese coitocentrismo. Muchas veces las prácticas sexuales son absolutamente precarias a nivel fisiológico, en general, y creo que la peor parte se la llevan los adolescentes. Para tener una vida sexual sana hace falta prestarle atención, querer saber, y es algo que no se aprende sin poner el cuerpo. A mucha gente le da vértigo y, a estas alturas, vienen muy bien algunas personas que facilitan talleres.

Hay toda una cultura que no tenemos alrededor del contacto físico que tiene que ver con el bienestar emocional. A mí no me gustaría dejar a la gente sin ningún tipo de educación ni referencia sobre la sexualidad. Creo que lo que hay es una exhibición machista de la sexualidad y es a eso a lo que hay que darle la vuelta.

A mí me gustaría que, en términos generales, la palabra “puta” dejara de ser un insulto, que dejara de funcionar como sistema de control de la sexualidad femenina. Hay que desactivarla, y creo que ya se está haciendo.

Según tú, ¿cómo han contribuido los medios de comunicación, la literatura, el cine y, en general, la multitud de expresiones culturales existentes, a distorsionar la realidad de la prostitución?
La mayoría de las producciones culturales hasta el día de hoy están hechas solo por hombres. Solo está la voz masculina. Me da igual que estés hablando de la prostituta que de la mujer de alguien, de una mujer maravillosa o de una bruja. Todas las voces son de hombres. El canon artístico, en general, está marcado por hombres, así que tienen toda la responsabilidad de haber distorsionado la realidad de todas las mujeres. Tengo que recordar que nos estaba prohibido hasta firmar los libros que escribíamos. De ahí venimos. Nadie se esperaba que ahora las brujas y las bolleras y las putas coparan librerías.

Hay sectores muy vulnerables y otros muy acomodados, y quien quiera acercarse deberá quitarse primero una venda de los ojos, porque, si no, verá drama donde no lo hay, o verá solo glamour donde hay drama.

Desde tu punto de vista, ¿cuál es la realidad sobre el trabajo sexual?
El trabajo sexual no debe ser algo que se idealice por oposición a denigrarlo. El otro día en el programa TOFUria de Radio Malva, una compañera, @Cero BDSM, explicó que siempre estamos contraargumentando al sector criminalizador y no tenemos espacio para nombrar los aspectos negativos de nuestro trabajo. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, y un montón de matices. Yo estoy conforme con mi trabajo y no quiero otro, y no creo que sea un trabajo que puede hacer cualquiera. Igual que no puede ser médico quien vomita si ve sangre. Ahora mismo, hay sectores muy vulnerables y otros muy acomodados, y quien quiera acercarse deberá quitarse primero una venda de los ojos, porque si no, verá drama donde no lo hay, o verá sóloglamour donde hay drama.

Por otro lado, me gustaría comentar que las trabajadoras sexuales diferenciamos perfectamente cuándo estamos haciendo un intercambio económico y cuándo estamos utilizando la sexualidad para crear cualquier otro tipo de vínculo afectivo. Hay muchas trabajadoras sexuales que ocultan a sus parejas, hijes o familiares a lo que se dedican. Nadie sabe si conoce o no conoce a alguna puta. Si queréis perpetuar esa realidad, seguid alimentando el estigma.

¿Cómo consideras que está llevando a cabo a nivel mediático el debate abolicionismo vs. reconocimiento de las trabajadoras sexuales? ¿Te sientes representada con alguna postura en concreto de las que se están planteando?
No hay debate. Está habiendo una exhibición de poder del feminismo criminalizador. La manifestación feminista del 25N [Día contra la violencia machista] se declaró criminalizadora directamente. Eso hace que ni siquiera podamos ir las trabajadoras sexuales a una manifestación feminista, cuando nos consideramos feministas. No somos bien recibidas. Eso no es un debate, es punitivismo.

Entre las formaciones políticas, Podemos está abriendo conversación ahora mismo con las trabajadoras sexuales, de hecho, se nos ha convocado y se agradece. Aunque hay feministas criminalizadoras muy agresivas dentro de Podemos también.

Al hombre cis medio, el porno le viene grande

Desde algunas corrientes del feminismo abolicionista se hace referencia a la realidad cotidiana de las personas, el peligro al que se pueden ver expuestas, entre otras cosas, por la reproducción de tópicos del porno o, precisamente, por la cultura patriarcal. ¿Cómo os defendéis de estos posibles abusos? ¿Cómo os organizáis para evitar esto?
Al hombre cis medio, el porno le viene grande. La masculinidad que se exhibe en el porno mainstream no es la realidad del hombre cis medio. De hecho, se frustran un montón ellos mismos y tienen un montón de ansiedad porque no se ajustan a las expectativas sobre lo que ellos piensan que deberían hacer. Realmente y sabiendo que ejerzo la prostitución desde una posición de poder, veo muy claramente cómo no se corresponde la representación de la sexualidad en este pornomainstream con la realidad de la sexualidad humana. No tiene nada que ver. No todos los hombres son grandes o tienen fuerza o pulmones de atleta, ni la tienen tan grande, ni aguantan tanto, y ni siquiera a todos les gusta ese tipo de sexualidad.

Yo nunca me he sentido en peligro, y mis compañeras del piso tampoco. Habrá algunos sectores en los que será más habitual y otros en los que menos, pero hay medidas de seguridad posibles para todes. De ahí la importancia de la red. Nosotras nos cuidamos. Si una compañera tiene un cliente nuevo y no está segura, pues otra compañera va y la espera en la sala de al lado hasta que termine, por ejemplo. Tenemos muchos mecanismos de seguridad.

Esto me recuerda a que, hace no mucho, una chica en València mató a un cliente que intentó abusar de ella y fue condenada a la cárcel. Es muy siniestro decir que nos violan sistemáticamente porque entonces no podemos denunciar una agresión sexual o alegar una defensa propia.

Graciela Atencio, periodista responsable de Feminicidio.net, afirmó para un artículo de este mismo periódico que “hay un vínculo entre feminicidio y prostitución debido a que la prostituta en el patriarcado es el cuerpo más desechable de las mujeres”. ¿Crees que existe cierta relación entre ambas cosas?
¿Cuántas mujeres que no son prostitutas han sido asesinadas a manos de sus parejas y exparejas este año? Decir que, el de una prostituta, es el cuerpo más desechable invisibiliza que hay un montón de mujeres que están muriendo a manos de sus parejas, por tener ligada de manera indisoluble la propiedad privada y el “amor”. Seguir diciendo que la puta “es el cuerpo más desechable” es lo que hace que siga funcionando esa palabra como amenaza social. La puta necesita derechos y plena ciudadanía.

 

El mito de la trata de blancas. Investigación sobre la fabricación de un flagelo.

 

 

Jean-Michel Chaumont, El mito de la trata de blancas. Investigación sobre la fabricación de un flagelo, The Discovery, 2009, 321 p., @Ean: 9782707158093.

 

 

https://journals.openedition.org/lectures/883?lang=es#references

 

 

Presentación del editor

Secuestro de jóvenes inocentes, prostitución y esclavitud sexual, redes criminales internacionales: durante más de un siglo, la “trata de blancas” ha sido considerada como un verdadero flagelo. El “Comité Especial de Expertos” de la Sociedad de Naciones tiene la reputación de haber demostrado científicamente la existencia de este fenómeno: activistas antitrata e historiadores contemporáneos siempre se refieren a su trabajo fundador (1924-1927). Jean-Michel Chaumont analizó las 20.000 páginas de archivo de este comité. Revelan una realidad aún más aterradora, pero no la que se creía. En efecto, su libro analiza las operaciones intelectuales que los expertos han hecho para fabricar pieza a pieza un flagelo disfrazando los resultados de su propia investigación. Examina cuidadosamente cómo, llevados por su cruzada moral, manipularon datos, documentos y cifras para lograr sus fines: demostrar la existencia de la trata de mujeres extranjeras y la responsabilidad de la regulación de la prostitución en este estado de cosas, y obtener la implementación de leyes liberticidas de represión y vigilancia. Al hacerlo, han ocultado y agravado de forma duradera las ya difíciles condiciones de vida de las prostitutas que buscan emigrar, hoy como ayer. Sin mencionar la amalgama que hicieron entre la trata de negros y la trata de blancas, que abrió el camino a una verdadera banalización del comercio de esclavos y la esclavitud. De manera más general, Jean-Michel Chaumont interroga sobre la cuestión (política y científica) de los mecanismos de elaboración de la experiencia social y la responsabilidad de los sociólogos en la “construcción social de la realidad”.

 

 

-1-

Desde 1924 hasta 1927, un grupo internacional formado por una docena de hombres y mujeres, salidos de la mejor sociedad y ostentando los títulos más honorables, se reunieron en el palacio ginebrés de la Liga de las Naciones. Las razones de esta reunión no pueden ser más nobles y generosas y al mismo tiempo imbuidas de una gran ambición intelectual. Se trata de participar en una lucha despiadada contra el flagelo formidable de la “trata de blancas”. Muchas mujeres jóvenes ingenuas e inocentes caen en la red de seductores viles que se revelan como proxenetas peligrosos y que, después de haberlas hecho transitar por varios países, las venden a los propietarios de los burdeles, donde son obligadas a prostituirse. . No basta con expresar una denuncia vehemente de la trata: para darse los medios para erradicar este flagelo de manera efectiva, es necesario, para empezar, tener un buen conocimiento del mismo. Por esta razón, el grupo ha reclutado a un equipo de investigadores, encargado de hacer un inventario global de la realidad y las formas de trata. Elogiado por unanimidad por su calidad y rigor, el informe redactado por el grupo conoce una forma de logro y consagración por la promulgación de convenciones internacionales para luchar contra la esclavitud con el propósito de la prostitución: no solo la existencia de la trata está científicamente probada, sino que en adelante tendremos los medios legales para combatirla.

 

-2-

El libro que Jean-Michel Chaumont dedica a este grupo, sus reflexiones y conclusiones, no tiene apelación. Sus miembros “constituyen una banda de individuos deshonestos y peligrosos” (p.12), “tramposos … mucho más peligrosos para la gente común que los ‘criminales’ de los que decían querer protegernos” (p. 84). De hecho, es a un verdadero engaño a lo que estos honorables burgueses y aristócratas, académicos y altos funcionarios se han entregado, con plena conciencia, bajo la dirección del temible Isidore Maus, profesor de derecho y presidente del Comité Belga de Defensa contra trata de mujeres y niños. De hecho, si bien los resultados de las investigaciones que habían comisionado convergieron para atestiguar que el movimiento internacional de prostitutas no tenía la forma de una moderna trata de esclavos, aquellos que la Liga consideró sus “expertos” conformaron, truncaron y modificaron, generalizando abusivamente o, a la inversa, minimizando, censurando u oscureciendo, en pocas palabras manipularon, la información que tenían a su disposición para que pudieran reforzar la representación de la “trata de blancas” que querían (y lograron) imponer. Esto podría no haber sido tan grave si su informe se hubiera contentado con trazar simplemente una imagen falsa del mundo de la prostitución de la época, y si no hubiera legitimado el establecimiento de dispositivos legislativos liberticidas contra todas las mujeres, y especialmente contra las extranjeras. Bajo el pretexto de protegerlas de ser objeto de trata, su circulación estaría a partir de ese momento más sometida a la tutela de los hombres y, “menores o mayores, todas las extranjeras serían consideradas incapaces y, por lo tanto, tratadas como irresponsables” (p.14).

 

-3-

Jean-Michel Chaumont ha podido actualizar esta tremenda manipulación accediendo a ese inestimable material de archivo que son las actas de las sesiones de trabajo del grupo de expertos. Éstas revelan de la manera más clara las relaciones de poder internas al grupo, los puntos de convergencia o desacuerdo entre sus miembros, los cambios en el significado de las propuestas recurrentes de enmiendas, adiciones o eliminaciones, y dejan transparentarse los prejuicios (de clase, de género o de “raza”) 1 o las intenciones políticas (hostilidad o apoyo a la prostitución regulada, promoción de la higiene social y moral, etc.) que motivaron las diversas posiciones. Así vemos cómo la noción misma de “trata” es el objeto de una manipulación que conduce no a una definición estricta (que habría dejado ver su inadecuación a la realidad) sino a un halo nocional susceptible de reunir las formas más diversas de prostitución, incluida la de mujeres mayores de edad y con consentimiento. Es esta riqueza documental lo que hace que el libro sea fascinante: una rara vez tiene la oportunidad de ver la mala fe segura de sí misma, la falta de honradez intelectual satisfecha o la arrogancia moralizante tan claramente como en este libro, ocultándose además tras un proyecto que se pretende progresista.

 

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Este trabajo está destinado a convertirse en una referencia para diferentes áreas de las ciencias sociales. En primer lugar, es una contribución importante a la historia de las organizaciones supranacionales, por supuesto a la de la Sociedad de Naciones, pero al mismo tiempo nos invita a identificar lo que queda de su patrimonio en las instituciones contemporáneas. También es una contribución a la sociología de la experiencia al mostrar cómo, desde una selección y manipulación de datos, se puede construir un punto de vista que presenta todas las apariencias de autoridad y rigor; si bien no todos los grupos de expertos producen, afortunadamente, tales imposturas, sigue siendo raro ver cómo, en la práctica, la “experiencia” se construye e impone como tal. Finalmente, ningún sociólogo de la prostitución podrá prescindir ya de este libro —sociológico y no solo histórico— porque es también del presente de lo que nos habla Chaumont. Es, con pequeños retoques, el mismo mito de la “trata de blancas” que reciclan hoy algunos movimientos abolicionistas y feministas, incapaces de percibir a las prostitutas extranjeras de otra forma que como ingenuas víctimas fáciles de proxenetas internacionales. Y es este mismo mito reactivado el que, hoy como ayer, legitima la instauración de leyes liberticidas contra las/os migrantes.

 

-5-

El “mito de la trata de blancas”, muestra Chaumont, se impuso con mayor facilidad porque fue producido desde “arriba”, porque los que lo crearon provinieron de las capas dominantes y presentaban todos los signos de autoridad intelectual y moral. Esto es ciertamente cierto, pero probablemente sea un poco parcial y es en este punto que nos permitiremos expresar una reserva. Un mito tal probablemente no habría prosperado si no se hubiera encontrado con un antiguo fondo de creencias populares, las mismos que Edgar Morin estudió en su Rumor d’Orléans 2, pero también las que podían, ya en el siglo XVIII, hacer creer al pueblo de París que los aristócratas hacían que les robaran los niños para que curarse con su sangre. Recordar esto no quita ninguna responsabilidad a los “expertos” de la Sociedad de Naciones en la fabricación de un mito con consecuencias liberticidas, pero ayuda a comprender mejor cómo se construyen las mitologías modernas.

 

 

NOTAS

1 Si la trata de esclavos negros es la referencia con la cual se compara la “trata de blancas”, ésta última se considera peor que la primera: “Fue peor de entrada y simplemente porque sus víctimas eran blancas, a la vez blancas de piel y blancas por su inocencia virginal. Era peor después porque, se pensaba, los negros esclavizados aprendían a pesar de sí mismos las virtudes civilizadoras del trabajo y la religión, mientras que las blancas estaban condenadas a una segura doble perdición física y espiritual “(p. 7).

2 En 1969, se difundió un rumor entre las jóvenes de Orleans: las jóvenes clientes de tiendas de ropa de propiedad judía serían drogadas en los vestidores y luego secuestradas y obligadas a prostituirse como parte de la “trata de blancas “. Fue estudiado sobre el terreno por Edgar Morin: La rumeur d’Orléans, Paris, Seuil, 1969.

3 Arlette Farge, Jacques Revel, Logiques de la foule. L’affaire des enlèvements d’enfants Paris 1750,, París, Hachette, 1988.

La prostitución a debate: el abolicionismo desde la perspectiva de la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales.

 

 

Puede descargarse en PDF aquí:

http://www.milenta.org/datos/2351/la_prostitucion_a_debate_article_de_danie_7645.pdf

 

Daniela Heim

 

“…la experiencia demuestra que la puesta en práctica de políticas abolicionistas profundiza el abismo entre las prostitutas y el resto de la sociedad, aumentando el estigma,   la exclusión y la marginación social que muchas padecen (…) Desde nuestro punto de vista, las posiciones abolicionistas, por impracticables e impositivas, son las que más favorecen las mafias, pues, como se ha demostrado también en otros asuntos, son precisamente las condiciones de clandestinidad y de falta de derechos reconocidos, las que favorecen que los poderosos campen por sus respetos y los sectores más desfavorecidos (en este caso las mujeres y los niños), queden totalmente desprotegidos frente a los abusos y la explotación”

Cristina Garaizábal.Colectivo Hetaira  

 

 

  1. Introducción.

Manifestarse en favor de la defensa de los derechos de las personas insertadas en la industria del sexo puede significar tomar parte en una especie de “guerra civil” (Garófalo, 2005), en la cual aparecen enfrentados dos bandos que, paradójicamente, luchan contra un (aparente) enemigo común: la vulneración de los derechos fundamentales del sector más vulnerable de ese colectivo1.

Por un lado, encontramos a quienes consideran que la falta de reconocimiento jurídico de la prostitución como trabajo constituye, al mismo tiempo, causa y efecto de la violación de tales derechos y, por ende, consideran que la solución pasa porque se reconozcan derechos laborales a las personas que se dedican a esta actividad. Por otro, se sitúan quienes entienden que la prostitución (e incluso la pornografía) son, por sí mismas, formas de explotación y violencia sexual contrarias a los derechos fundamentales de quienes se ven “obligados”2 a ejercerlas, manifestándose, en consecuencia, a favor de la desaparición de estas prácticas e, incluso, de su penalización (identificaremos de aquí en más esta corriente como abolicionista).

Ese (aparente) objetivo común de ambas posturas las hace converger en otro punto: en tanto que son mujeres quienes mayoritariamente ejercen la actividad3, la variable de género no puede pasar desapercibida.

Ahora bien, de qué manera influye esta variable en el tratamiento de la materia no sólo da lugar a más divisiones, sino que hace a estas posturas irreconciliables, porque detrás de sus posicionamientos se sitúan puntos de vista muy diferentes sobre: 1) el derecho al autogobierno, a la autodeterminación y a hacer un uso social y sexual del cuerpo al margen del mandato monogámico, del orden sexual patriarcal y/o de las formas convencionales de exploración de la sexualidad; 2) los límites a la injerencia del Estado en la conducta erótica de los ciudadanos y en su libertad sexual; y 3) la manera de pactar las normas de convivencia ciudadana y el uso de los espacios públicos que con la definición de aquellos límites se vinculan.

En su confrontación con la corriente abolicionista, quienes bogan por el reconocimiento jurídico de la prostitución como trabajo no sólo ponen en evidencia que el debate actual no suele incluir los aspectos mencionados en 1); sino que también denuncian el ostracismo social, la hipocresía y la doble moral que, históricamente, han presidido todo tipo de acercamiento a la cuestión (sea teórico, político o, simplemente, de sentido común), con relación a lo dicho en 2) y 3).

Una breve retrospectiva sobre la evolución de este enfrentamiento nos ayudará a entender las consecuencias del abolicionismo de cara al ejercicio y la protección de los derechos de las personas insertadas en la industria del sexo, las cuales, en el estado español, sumarían una cantidad aproximada de medio millón (LICIT, 2004).

2. Breve excursus sobre el abolicionismo: de sus orígenes a la actualidad.

El surgimiento histórico del movimiento abolicionista se ubica en Gran Bretaña, en la segunda mitad del siglo XIX, y en pleno auge de la implementación del modelo francés de reglamentación de la prostitución4.

En medio de una atmósfera de crispación por la paulatina relajación de la moral sexual victoriana, coincidente con la aparición de los primeros movimientos feministas5, las primeras grandes crisis del capitalismo, las primeras movilizaciones obreras, el acelerado aumento de la pobreza y la creciente idea de “peligro en las calles”, el parlamento británico sancionó, en 1864, las llamadas “leyes de enfermedades contagiosas” (Contagious Diseases Acts), denominación eufemística para las enfermedades de transmisión sexual.

Inspiradas en la incipiente doctrina de la defensa e higiene social y en la epistemología positivista de la época, estas leyes impusieron estrictas medidas médico-policiales y sanitarias para hacer frente a la “lacra social” de la prostitución, las cuales convirtieron a las prostitutas en el paradigma de las conductas sexuales inmorales y en las únicas responsables de la transmisión y contagio de las enfermedades venéreas.

En un orden social en el que la sexualidad femenina no se concebía fuera del matrimonio y de la función reproductora, la prostituta, y toda aquella mujer que adoptara una “actitud masculina” (en tanto “activa”) frente al sexo, era vista como un ser peligroso, atávico, anormal o desviado6, ante el cual debían adoptarse medidas de control, encierro y vigilancia (Laqueur, 1994, Bonal, 1988, Walkowitz, 1992, entre otros).

La famosa campaña iniciada en 1869 por la líder feminista Josephine Butler contra las leyes de enfermedades contagiosas7, mientras tuvo por objeto principal cuestionar los mecanismos misóginos, opresivos y estigmatizantes de estas normas8, proponiendo su abolición, reclamó la necesidad de un cambio en los valores sociales de igualdad, respeto y libertad de la mujer, incluso en el terreno sexual. En tal sentido, la campaña se enmarcaba en un programa de emancipación femenina más general, que exigía una mayor participación de las mujeres en la vida social y económica y más derechos civiles para ellas (Barry, 1988). También alentaba una reeducación sexual, proponiendo una actitud más activa de la mujer frente al sexo y una actitud más pasiva, o de mayor continencia, por parte de los hombres (Guereña, 2003).

El hecho de que las medidas de higiene y profilaxis de las enfermedades de transmisión sexual se tomaran sólo con relación a las mujeres y nada se hiciera con los hombres, era considerado una medida especialmente injusta, porque dejaba fuera de control a los clientes, tanto o más responsables que las propias prostitutas de la transmisión de enfermedades venéreas, al tiempo que se cuestionaba que fuera tan sólo la prostitución la causa y el efecto de las mismas.

Aunque las ideas de Butler tuvieron mucho éxito, también encontraron numerosos detractores, no sólo entre los grupos más conservadores de la sociedad (en cuyos parámetros morales los derechos de las prostitutas no tenían cabida) sino también dentro del propio movimiento abolicionista, que desarrolló varios grupos disidentes. Esto último salió a la luz a propósito de la sonada disputa entre la nombrada Butler y otra de las feministas más destacadas del momento: Elisabeth Garrett Anderson.

Esta controversia, además de haber sido la primera en hacerse pública entre dos feministas de renombre, sentó las bases de la actual (aunque muy diferente) discusión entre las partidarias de la abolición de la prostitución y las defensoras de los derechos de l@s trabajador@s del sexo.

En efecto, Elisabeth Garrett Anderson opinaba que las leyes de enfermedades contagiosas no configuraban un mecanismo de represión, como aseguraban Butler y sus socias9, sino un sistema de protección de las mujeres, de los niños y de la familia en general, útil, por consiguiente, a la sociedad y a los derechos de las mujeres.

A partir de ese momento, las filas del abolicionismo feminista (que ya habían ganado adeptos a nivel internacional10), fueron inclinándose hacia extremos más conservadores, con la consecuente pérdida de su identidad originaria y de su fundadora, quien junto a otras partidarias del movimiento, al ver desnaturalizados los objetivos que le habían dado vida, renunció a él, poniendo fin de esta manera a la primera alianza de solidaridad –que no de intereses comunes- entre feministas y prostitutas.

Las leyes de enfermedades contagiosas se derogaron en 1889, tras un período de suspensión iniciado en 1883, pero el abolicionismo continuó su lucha. En su versión actual, aunque mayoritariamente se expresa en contra de la penalización de las personas que ejercen la prostitución, el objetivo final del movimiento abolicionista no es combatir la desaparición de los demás mecanismos estatales que criminalizan, oprimen y estigmatizan a l@s trabajador@s del sexo, sino lograr la propia erradicación de la prostitución y, en su vertiente más radical, también de la pornografía.

Las medidas que promueve están básicamente orientadas a promover la represión penal de toda forma de explotación sexual, con particular énfasis en el tráfico de personas para la prostitución, como así también el desarrollo de políticas asistencialistas destinadas a rescatar a las mujeres del mundo de la prostitución, a “readaptarlas” y a “resocializarlas”.

La ideología que lo sustenta se basa en diferentes formas de determinismo, en el sentido de que la prostitución es siempre entendida como resultado de la dominación masculina, la feminización de la pobreza, la falta de opciones de las mujeres, la relación entre el mundo de la prostitución con el mundo de las drogas, la denominada inmigración ilegal, el tráfico de personas, etc.

El discurso abolicionista no distingue las múltiples realidades que se encuentran detrás de la globalizada industria del sexo (Agustín, 2003) y presenta una imagen estereotipada de la prostituta, en tanto víctima indefensa de cualquiera de aquellas determinaciones. Ello refuerza el estigma de “puta” (Pheterson, 1989), del cual hablaremos más adelante, haciéndolo prevalecer por encima de cualquier otra circunstancia vital, para crear categorías diferenciadas de mujeres (putas y no putas) que establecen una clara línea divisoria entre unos hipotéticos “ser” y “deber ser” de las mujeres, funcionales al control de la sexualidad y la autonomía femeninas (Tartafiore, 2000). Asimismo, apoya la creación o el sostenimiento de regímenes legales que desconocen a l@s trabajador@s sexuales como sujetos jurídicos, negándoles sus derechos subjetivos y civiles y, también, una gran variedad de derechos humanos, tal como lo ponen de manifiesto las propias trabajadoras sexuales, las entidades que trabajan para la defensa y protección de sus derechos y numerosos trabajos de investigación, entre los que caben destacar los realizados, en el ámbito catalán, por el grupo LICIT y el informe publicado a finales de 2005 del OSPDH, sobre la vulneración de derechos humanos de los trabajadores sexuales en la ciudad de Barcelona.

Sin perjuicio de ello, el movimiento tiene mucha fuerza, tanto a escala estatal como mundial. Según diversas fuentes consultadas, se estima que, en España, la gran mayoría de las entidades públicas o privadas que tienen por objeto desarrollar programas para la prostitución, lo hacen desde una perspectiva abolicionista. En Europa occidental, el porcentaje de tales entidades, calculado en el año 2000, ascendía a un 88%, (Danna, 2000) y se estima que no ha variado hasta la fecha.

Semejante éxito se debe, por una parte (y como lo ha demostrado el respaldo del movimiento feminista sueco a la Sexköpslag11), a un importante sector del feminismo contemporáneo, que considera la prostitución como una forma de explotación y violencia contra las mujeres (al que nos referiremos en el siguiente ítem). Y, por otra, a la vinculación de este discurso con políticas de seguridad ciudadana que convierten a esta práctica, entre otras cuestiones, en un fenómeno característico de la sociedad del riesgo (Beck, 1997), especialmente atractivo para la aplicación de estrategias de control social represivas y arbitrarias, desafortunadamente en expansión en las sociedades autodenominadas “democráticas” modernas y que se están configurando como las nuevas políticas criminales de exclusión social (Bergalli, 2006).

3. El feminismo abolicionista.

En el pensamiento feminista contemporáneo, el abolicionismo encuentra su mayor expresión en lo que se conoce como feminismo radical, que ha desarrollado el concepto de prostitución como una de las formas más intolerables de violencia contra las mujeres, que niega prácticamente la totalidad de sus derechos civiles y el derecho fundamental a la dignidad e integridad de las personas.

Desde esta perspectiva, la prostituta es vista como víctima por partida doble: por su propia condición de prostituta (víctima de la lascivia de los hombres y de la antigua exigencia patriarcal de satisfacción inmediata del deseo masculino), y porque dentro de la estructura social ocupa uno de los escalones más bajos y marginales12 (víctima del poderío social y económico de los hombres).

Sus partidarias consideran que la prostitución no puede ser entendida como una actividad económica elegida libre y voluntariamente (dentro de sus posibilidades de elección) por quienes la ejercen, por lo que excluyen de su discurso a l@s trabajador@s sexuales y/o, cuando lo hacen, sólo toman el testimonio de ex-prostitutas que han padecido situaciones de violencia y explotación.

Tampoco conciben que el trabajo sexual pueda realizarse en un ambiente no violento, idea que suelen justificar con testimonios de quienes han vivido de una forma muy negativa su experiencia en el mundo de la prostitución. Así, un “Informe para el Relator Especial sobre Violencia Contra la Mujer”, elaborado en mayo de 1995 por Janice Raymond (entonces co­directora ejecutiva de la “Coalición contra el Tráfico de Mujeres”), cita un artículo de Jane Anthony, “Prostitución como elección”, en el que la ex prostituta considera que las mujeres en la prostitución están tan acostumbradas a la explotación y a la violencia, que probablemente por ello reportan menos violencia y la subestiman, expresando que “a veces, cuando las mujeres en la prostitución hacen énfasis en violaciones y golpes, es debido a que no tenemos un nombre para esa otra violencia, menos visible y más duradera, ese aturdimiento acumulado día a día y esa sensación de monotonía interminable”.

Al analizar la cuestión desde el punto de vista específico del trabajo sexual y de la defensa de los derechos de l@s trabajador@s sexuales nos detendremos más en este aspecto. Aquí nos interesa resaltar que, a partir del trabajo conjunto con profesionales de la psicología, la antropología, el derecho y el trabajo social con trabajadoras sexuales de diferentes orígenes, en distintas organizaciones de defensa de los derechos de estas personas13, hemos podido constatar que estas situaciones, aunque en ocasiones se den, no definen por sí mismas este tipo de trabajo ni representan las condiciones normales en las que se realiza14.

En ese sentido, el discurso de la violencia intrínseca a la prostitución deviene tan inválido para explicar el fenómeno en sí mismo, como para deducir de él un modelo para combatirlo. Y tampoco es capaz de asumir que la propia falta de reconocimiento jurídico de la actividad, al condenar a las prostitutas a la clandestinidad y a la desprotección frente a los eventuales abusos que pudieran sufrir, opera como mecanismo performador de esa violencia, constituyendo así una de las principales causas de quebrantamiento de un amplio abanico de derechos humanos (en igual sentido opinan LICIT, 2004; OSPDH, 2005).

Asimismo, detrás de este discurso encontramos una concepción del cuerpo femenino y de la vivencia de su sexualidad, que resulta absolutamente funcional a los intereses que pretende combatir porque, entre otras cuestiones:

a) excluye social y políticamente a la prostituta, ubicándola en un lugar de sumisión, de incapacidad de decisión y de autogobierno, como si se tratara de una víctima indefensa que se limita a hacer lo que le mandan, sin sentir otra cosa que no sea impotencia, sufrimiento o resignación y sin voluntad ni poder para salir de esa situación;

b) excluye jurídicamente a la prostituta, porque la contempla tan sólo como objeto de intervención de políticas de asistencia que exigen, para hacerse efectivas, el abandono de la actividad, vedándole el derecho a permanecer en ella y a dignificar su tarea o a dejarla cuando realmente quiera hacerlo. Esta exclusión, además de responder a un criterio altamente moralizador, niega o limita los derechos inherentes a su condición de sujetos jurídicos, su capacidad de trabajo y su capacidad para reclamar, tanto para sí mismas como para sus compañeras, condiciones más justas y equitativas de labor, como así también el resto de derechos laborales que el Estado reconoce para los demás trabajadores y trabajadoras.

c) concibe como imposible un intercambio de sexo por dinero en condiciones equitativas, olvidando que es realmente difícil encontrar cualquier otro tipo de intercambio comercial que pueda cumplir con ellas;

d) muestra la prostitución como parámetro indiscutible de la desigualdad y la explotación, cuando la realidad de otras ocupaciones puede, en ese sentido, ser tan o más desoladora.

Como dijera Anne Sourys, impulsora del movimiento francés de feministas pro-sexo: “Todas las relaciones de poder y de dominio se instauran y se fabrican a través de algún tipo de coacción. Y eso es así tanto si hacemos la calle como si somos grafistas, traductores o periodistas; si vendemos nuestro sexo o nuestra fuerza de trabajo. Pero en cada uno de nosotros hay una capacidad de autonomía que queremos reforzar ¡Sólo se habla de violencia cuando se habla de prostitución, o casi, como si las relaciones laborales no fuesen violentas! (El país, 18 de mayo de 2003).

Creemos que todo ello puede deberse a que el feminismo radical ha desarrollado una teoría de la dominación que se limita a juzgar la sexualidad en su dimensión de dominación política (como mera forma de poder de un sexo o género sobre otro), dejando de lado su dimensión erótica (como mera forma de expresión de comportamientos sexuales) y su expresión lúdica (como mera forma de expresión de un juego erótico-sexual, incluso placentero para la mujer). En esta tarea, ha sobredimensionado un concepto de la identidad femenina definido a partir de su “otredad”, de lo que el hombre no es (Beauvoir, 1961; (Yrigaray, 1985), que revela una imagen de autonomía bastante ilusoria (o reservada sólo a unas pocas).

Creemos también que, al entender la liberación de la mujer de la dominación y la opresión masculina, en términos de absoluta negación de la sexualidad masculina y de la cultura falocrática15, este feminismo convierte a las prostitutas en el paradigma por excelencia de tal opresión, lo cual impide, como hemos adelantado, su inclusión como sujetos político-jurídicos y como agentes de cambio social, en igualdad de condiciones con el resto de las mujeres que, hoy día, son reconocidas como tales. También coarta cualquier intento de política de empoderamiento (empowerment), no sólo para las trabajadoras sexuales sino también para todas las mujeres, porque plantea una división intra-género, entre mujeres “libres” y “esclavas” o, lo que es lo mismo, ente sujetos de derecho (las primeras) y objetos de intervención (las segundas) que resulta inconcebible en los Estados de Derecho, que cuentan entre sus bases con el principio de igualdad de las personas.

En los últimos años, la perspectiva de la dominación patriarcal como construcción estructural de la violencia sexual o de género ha sido bastante criticada, no sólo por su excesiva dependencia del sujeto masculino como parámetro de identidad, sino también porque no ha sabido dar cuenta “del funcionamiento de la opresión de género en los contextos culturales concretos en los que existe” (Butler, 2001:36). No obstante, aún es el punto de partida del análisis del feminismo abolicionista (de hondo arraigo en la tradición feminista norteamericana) cuyas expositoras internacionalmente más conocidas son Kathleen Barry, Andrea Dworkin y Catherine MacKinnon.

La primera de ellas, autora del famoso libro “La esclavitud sexual femenina” y activa militante abolicionista, con funciones jerárquicas en la citada “Coalición contra el tráfico de mujeres” (“Coalition Against Trafficking in Women”), considera que la prostitución es la puesta en acto del dominio sexual masculino, que objetiva y humilla a las mujeres, viola sus cuerpos y sus almas y las convierte en esclavas sexuales. Las segundas (que también cuentan en su haber con numerosos escritos sobre feminismo y teoría política), comparten el análisis de la prostitución en términos de alienación y de esclavitud, la vinculan igualmente con la violación y otros delitos de violencia de género, y dedican especial atención a la pornografía, actividad contra la cual se muestran particularmente comprometidas16.

En los países nórdicos y anglosajones, la vigencia de estas ideas se expresa en el apoyo que las leyes de persecución penal de los clientes han recibido por parte de muchas fuerzas políticas feministas. Su ejemplo paradigmático lo encontramos en la citada Sexköpslag sueca y en la actuación de la organización abolicionista ROKS, a la que se le asigna una notoria influencia en la opinión generalizada de los suecos de que la prostitución es una forma de violencia de género (Heim y Monfort, 2003).

En resumida síntesis, el ideario del feminismo abolicionista no concibe el ejercicio libre y voluntario de la prostitución. En palabras de Andrea Dworkin: “Prostitution is intrinsecally abusive. Let me be clear. I am talking to you about prostitution per se, without a woman being pushed. Prostitution in and of itself is an abuse of a woman’s body” (1993).

Como corolario de ello, estas autoras tampoco conciben que pueda hablarse de la actividad en términos de trabajo sexual. En esta tarea, como ya hemos adelantado, limitan la esfera de autodeterminación de la prostituta en función de las características estructurales de dominio sexual masculino que definen el comercio sexual, negándole su libertad contractual y, con ello, su propia subjetividad (social, política y jurídica).

De esta manera se confunde el concepto de dignidad de la persona (en tanto atributo inherente a la personalidad), con la actividad económica que ésta ejerce, olvidándose que lo único que debe ser motivo de preocupación, de cara a la afectación de los derechos fundamentales, son las circunstancias y las condiciones en las que tal actividad se realice, las cuales, como ya hemos adelantado, no deben darse libremente por supuestas.

4. La alianza entre feministas y prostitutas.

Hacia mediados de la década de 1970, principios de los años ‘80, el pensamiento feminista, en general, se preguntaba qué es la prostitución o por qué la prostitución existe. Y lo hacía dando respuestas desde tres perspectivas, conectadas muy íntimamente entre sí: a) expresión de la violencia contra las mujeres (tal como explicamos en el punto anterior); b) expresión de las relaciones sociales de poder (enfoque estructuralista); b) epifenómeno del patriarcado (Järvinen, 1993).

Todas ellas coincidían en punto a que la prostitución vendría a reflejar, como pocas otras actividades, la desigualdad social en clave de género y, por ello, daban por supuesta la calidad de víctimas de las prostitutas (de los hombres, del sistema económico, del sistema patriarcal, o de todos juntos). Lo lógico era, entonces, manifestarse en contra de la prostitución. La paradójico era que las prostitutas (o una buena representación del colectivo) no opinaban lo mismo.

Cuando las feministas comenzaron a ver esta realidad, entendieron que sus visiones de la prostitución, en términos generales de esclavitud y explotación sexual, partían de un presupuesto erróneo: considerar a todas las prostitutas como víctimas (Boutellier, 1991).

En 1973 Kate Millett, publicó el libro Prostitution Papers, reconocido como el primer intento, por parte de una intelectual feminista, de dar pie a que las mismas prostitutas hablaran sobre ellas mismas y sobre el ejercicio de su profesión. Pocos años más tarde, Gail Pheterson publicó, aunque desde otra perspectiva, su ya célebre Nosotras, las putas (A vindication of the Rights of Whores, en su versión original), en el que da a conocer las principales reclamaciones del movimiento de prostitutas y analiza lo que denomina el “estigma” de la prostitución (1989).

Desde un punto de vista histórico-político, las publicaciones de Millet y Pheterson, aparecieron en el contexto de dos importantes sucesos: a) el surgimiento del movimiento de reivindicación de los derechos de las prostitutas, que se ubica en 1973, en San Francisco, de la mano de Margo St. James, primera prostituta de nuestra época que se manifestó públicamente como tal, reclamando el respeto de los derechos de las personas que ejercen la prostitución, tanto como prostitutas cuanto como ciudadanas; y b) la celebración del primer y segundo congreso internacional de prostitutas, realizados en Holanda y Bélgica, en los años 1985 y 1986, respectivamente.

A partir de estos sucesos se produjo un vuelco definitivo en la manera de enfrentar el tema: ya no resulta tan urgente saber por qué la prostitución existe, sino más bien determinar qué significa esta actividad para las personas que la ejercen (y para las que no, pero fundamentalmente para las primeras); cuáles son sus necesidades concretas; qué les pasa; qué problemas tienen; qué se puede hacer para remediarlos. Todo esto, ya no desde opiniones concebidas a­priori, desde una particular y unilateral manera de entender la realidad, sino a partir del intercambio entre “observadores/as” y “observados/as”, esto es, entre quienes opinan sobre una determinada realidad y quienes la viven (la disfrutan, la soportan y/o la sufren) cada día, todo lo cual no sería posible sin el trabajo y la reflexión conjunta entre las mujeres que ejercen la prostitución y las que no lo hacen.

Más adelante dedicaremos especial atención al desarrollo del movimiento de defensa de los derechos de l@s trabajador@s sexuales y al análisis de sus reivindicaciones, como así también a los desarrollos teóricos a los que estas prácticas han dado lugar. Aquí nos interesa destacar que a partir de las demandas de estas personas, de su identificación, por parte de muchas, como feministas, y de la especial sensibilidad de estos sectores del feminismo (que, como el llamado feminismo pro-sexo, defiende enérgicamente el concepto de prostitución como trabajo), la tradicional división entre feministas y prostitutas comenzó a quedar atrás. Y aunque el feminismo abolicionista continúa dominando el tratamiento de la cuestión, sus presupuestos se encuentran en crisis, lo cual lo está obligando a repensarse (Nicolás, 2005).

Las reivindicaciones de las personas trabajadoras del sexo constituyen un fuerte desafío para las feministas radicales y para las organizaciones abolicionistas que, en su lucha contra lo que consideran el reflejo por excelencia de la explotación masculina, muchas veces se olvidan que las prostitutas son también, y ante todo, sujetos pensantes con capacidad para articular, incluso, un discurso político emancipador.

Afortunadamente, cada día se suman más esfuerzos para desvelar muchos mitos construidos alrededor de la prostitución, para formar un pensamiento teórico y político orientado a afianzar un proceso de empoderamiento, de reconocimiento y respeto de los derechos subjetivos, civiles y humanos, de reconocimiento y respeto de la capacidad de auto-determinación y auto-organización de las personas insertadas en la industria del sexo y de su legitimidad como agentes políticos y jurídicos, tanto en los asuntos que les conciernen, como en cualquier otro proceso social, como actores legítimos de una vía de cambio, hacia una sociedad más justa.

Ese esfuerzo conjunto parte de la asunción de la prostitución como lo que en la mayoría de los casos representa: una actividad económica y laboral (sea permanente o transitoria, a tiempo completo o parcial), una forma voluntaria de obtención de libertad e independencia de quienes la ejercen, que –al igual que otras elecciones que tienen que ver con la sexualidad- no merece ser juzgada en términos morales negativos.

Desde esta perspectiva se ha planteado la necesidad de un reconocimiento legal de la prostitución, que asegure la defensa de los derechos de quienes se dediquen a ella, no sólo en cuanto trabajadoras, sino —y por encima de todo— en cuanto ciudadanas. No más medidas reglamentistas, que todavía hoy pretenden excluir, estigmatizar y controlar a estas personas en beneficio de terceros; basta del abolicionismo, que las acalla y las condena a la indiferencia; y, mucho más aún, no más penalización de la prostitución y de quienes la ejercen. Lo que la prostitución necesita, según las personas que intentan dignificar esta actividad, en tanto actividad económica y en tanto trabajo, es reconocimiento, y que ese reconocimiento no sólo sea jurídico, sino también social: el estigma de la prostitución, junto con las leyes que obstaculizan su ejercicio, es lo que debería desaparecer (Pheterson, 1989; Osborne, 1989; Garaizábal, 2004; Juliano, 2004, 2005; LICIT, 2004; OSPDH, 2005, entre otras).

5. El movimiento de defensa de los derechos de l@s trabajador@s del sexo. Principales reivindicaciones.

Al igual que el feminista, este movimiento no constituye un todo homogéneo, sino que presenta características diversas, según el grado de organización alcanzado, de los colectivos que represente (trabajador@s de locales de alterne, transexuales, trabajador@s de cine pornográfico, trabajador@s en las calles, etc.) y, ante todo, del contexto social, jurídico y político en el que se desarrolle.

Su primera expresión organizada se ubica, como ya dijéramos, en EE.UU, en 1973, de la mano de Margo St. James y de la asociación COYOTE17, que desde entonces ha desarrollado un fuerte liderazgo, tanto a nivel nacional como internacional, en el movimiento por los derechos civiles de las prostitutas. Sus metas principales fueron, en principio, dar a conocer los abusos a los que eran sometidas por parte del Estado (en particular, por parte de la policía) para, posteriormente, luchar por conseguir un cambio en las actitudes hacia ellas, tanto de la sociedad, en general, como de las leyes, en particular.

El movimiento ha ido expandiéndose por el mundo, sobre todo en Europa Occidental, donde su surgimiento se asocia a una enérgica protesta que tuvo lugar en 1975, cuando un grupo de prostitutas francesas, todavía no formalmente organizadas, se encerraron en la iglesia de Sr. Nizier, en Lyón, Francia, para protestar por la situación de violencia que sufrían. Este movimiento se extendió por otras ciudades de Francia, como Marsella, Montpellier, Grenoble y París, donde ese mismo año, un gran número de prostitutas tomaron masivamente las calles, reclamando contra el asedio policial y judicial al que eran sometidas, que las sumía en la más completa indefensión e inseguridad18.

La demanda principal de estas mujeres era tan sólo “reconocimiento”, dejar de ser hostigadas y maltratadas y poder ejercer su trabajo con toda dignidad (Ulla, 1977). Estas manifestaciones llevaron, posteriormente, a la creación de la “Association Nationale des Prostitutées”, que desde los años ‘80 se ocupó de canalizar, aunque sin mucho éxito, las distintas demandas de los movimientos de prostitutas de Francia19. Aunque el movimiento iniciado en 1975 fue salvajemente reprimido y sus reivindicaciones rechazadas, aún se conmemora su fecha de inicio (2 de junio), habiéndose establecido como el día de l@s trabajador@s sexuales.

Durante las últimas tres décadas, fueron apareciendo diversas organizaciones de defensa de los derechos de las personas trabajadoras del sexo en los Países Bajos, Inglaterra, Alemania, Italia, Suiza, Canadá, Australia, Austria, Bélgica, España y, más tímidamente, en los llamados países del tercer mundo. Como consecuencia de esta movilización, se fueron creando numerosas organizaciones que —con la excepción de Los Países Bajos, en donde la asociación nacional de prostitutas El Hilo Rojo (De Rode Draad), recibe también subsidio financiero estatal— se sustentan principalmente gracias a los aportes de las propias trabajadoras.

Ejemplos de ellas, en Europa, son el colectivo de prostitutas inglesas (English Collective of Prostitutes, ECP); la organización sueca por los derechos de las trabajadoras sexuales (Swedish Sex Workers Rights, ROSEA); las rusas organizadas a través de Infoshare; las organizaciones alemanas HYDRA y Doña Carmen; el Comité por los Derechos Civiles de las Prostitutas de Italia (Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute), la Asociación de Prostitutas Húngaras; el

Colectivo HETAIRA (Madrid), la Asociación de Mujeres que ejercen la Prostitución (AMEP, España), la Asociación Libre de Mujeres de Alterne (ALMA, España) y distintas iniciativas de sindicalización de trabajadoras sexuales en diversos países de cultura occidental.

Muchas de estas organizaciones forman parte o colaboran con otras de carácter internacional (de carácter formal o informal). Entre ellas encontramos la Red Europea para la Prevención de la Salud de Prostitutas Inmigrantes (TAMPEP), la Red internacional de proyectos sobre trabajo sexual (International Network of Sex Work Projects, SWP) y el Comité Internacional por los Derechos de las/os Trabajadoras/es Sexuales (International Committee on the Rights of Sex Workers, ICRSW). En la mayoría de estas organizaciones participan, también, personas y entidades aliadas20.

Gracias a este tipo de iniciativas, se celebraron el Primer y Segundo Congresos Internacionales de Putas (Holanda, 1985 y Bélgica, 1986, respectivamente), el Congreso Europeo de Prostitutas (Frankfurt, 1991) y la Conferencia Europea sobre Trabajo sexual, Derechos Humanos, Trabajo e Inmigración, realizada durante los días 15, 16 y 17 de octubre de 2005 en Bruselas, la cual contó con una numerosa representación de trabajadoras sexuales y de personas y organizaciones aliadas provenientes de una veintena de países europeos.

Todos estos eventos acabaron con la aprobación de documentos conteniendo sus principales reclamaciones y declaraciones de derechos. En la Conferencia de Bruselas, se aprobó un Manifiesto de l@s Trabajador@s del Sexo, una Declaración de los Derechos de l@s Trabajador@s del Sexo, y una serie de recomendaciones, elaboradas por l@s trabajador@s participantes en la Conferencia y sus aliados, no sólo durante los días en los que se celebró el evento, sino también a lo largo de toda su preparación.

En esos documentos se reivindica el carácter laboral de la actividad y la necesidad de que las leyes protejan y reconozcan jurídicamente a quienes la ejercen, como así también de que se elaboren teniendo en cuenta las necesidades y demandas concretas del colectivo. Entre muchas otras cosas, reclaman el derecho a condiciones justas y favorables de trabajo; el derecho a la salud y al cuidado del cuerpo como derechos inherentes a su trabajo; el derecho a la seguridad social, a percibir prestaciones sociales por incapacidad y desempleo, a que los gastos en salud y en productos para el cuidado y la mejora de la salud sean deducibles de sus declaraciones de impuestos, etc.

6. Los desafíos de la alianza: la prostitución como trabajo y la transformación del discurso sobre tráfico en una reflexión sobre migración, trabajo y derechos humanos

La andadura conjunta entre feministas y trabajadoras sexuales ha dado lugar a un interesante intercambio de experiencias, prácticas y reflexiones, de una fuerte capacidad transformadora. Mencionaremos, a continuación, algunas de las propuestas más interesantes que se discuten en ese contexto.

6.1. La prostitución como trabajo. El concepto de trabajo sexual.

Hacia finales de 1970, esto es, con bastante antelación a su teorización en investigaciones científicas21, tanto en EE.UU como en Europa Occidental, el movimiento de defensa de los derechos de las personas trabajadoras sexuales comenzó a utilizar el término “trabajo sexual”, con una doble finalidad: a) actuar de contrapeso a la carga estigmatizante y ofensiva del término prostitución y, b) reafirmar su carácter de actividad económica y laboral.

Desde esta perspectiva, el trabajo sexual se plantea, lisa y llanamente, como un asunto social. Se trata de una cuestión relacionada con el empleo, que comparte, con otros trabajos de bajo status y de escasa o nula protección legal (“trabajos olvidados por el derecho”, Mestre, 2001), su experiencia de explotación, condiciones precarias y discriminaciones hacia las mujeres.

Esta mirada rompe con la ideología dominante que plantea la prostitución en términos de desviación (la prostituta vista como delincuente o desviada), de salud (la prostituta vista como agente de propagación de enfermedades de transmisión sexual), de reformismo social (la prostituta vista como víctima que necesita ser rehabilitada). Y, al mismo tiempo, desestructura la ideología feminista radical hegemónica que ve en esta actividad una forma de esclavitud sexual, sin importar que la persona tenga absoluto dominio para decidir cuándo, cómo y por cuánto tiempo se dedicará a ella, pudiendo dejarla en cualquier momento.

Los estudios que tratan la actividad desde la perspectiva laboral, coinciden en señalar que en la vida de una persona, el trabajo sexual suele ser temporal, una actividad refugio (Juliano, 2004), a la que raramente una persona se dedica durante toda su vida y que, como lo habíamos señalado anteriormente (en el desarrollo del punto 3), aunque puedan darse situaciones asimilables a la esclavitud (que pueden estar presentes tanto en esta actividad como en otras), las condiciones normales en las que se realiza nada tienen que ver con ella.

El movimiento de defensa de los derechos de las personas trabajadoras del sexo, define como trabajo sexual el intercambio consensuado de sexo por dinero, por parte de personas mayores de edad. Cualquier otro intercambio (no consensuado o con personas menores de edad) lo considera una forma de violencia sexual, esclavitud, explotación o abuso, que debe ser perseguida y sancionada penalmente (ICRSW, 2005). En este sentido, el reconocimiento de la prostitución como actividad laboral, se basa en el derecho a la auto-determinación, a la libertad de empresa y al uso del cuerpo como herramienta trabajo22.

Como ya hemos señalado, una de las características más destacadas del trabajo sexual, es que su demanda está básicamente dominada por hombres, mientras que su oferta está a cargo de mujeres, transgéneros y transexuales mujeres, en una proporción muy elevada en comparación con la oferta masculina (gay y heterosexual). Ello nos obliga a ubicar las reivindicaciones laborales de este colectivo en un contexto más general, signado por dos grandes ejes: a) el de lucha contra la violencia normativa de género y, b) el de la lucha por el reconocimiento del trabajo femenino23, de condiciones dignas y equitativas de trabajo y de los derechos humanos básicos. Cuestiones inherentes, por lo demás, a la causa común de las mujeres y a la organización de sus esfuerzos para lograr una mayor justicia social y económica.

6.2. La deconstrucción del estigma de puta.

El calificativo “puta” es (y ha sido a lo largo de la historia) un poderoso instrumento de control de las mujeres y de su sexualidad. Connota una imagen negativa y estereotipada de la autonomía femenina que, como es de suponer, pone bajo sospecha el uso autónomo de las partes sexuales del cuerpo como fuerza de trabajo.

La palabra puta es sinónimo de mujer ilegítima, malvada, pecadora o víctima. Divide el género femenino entre “buenas” y “malas”, “honestas” y “deshonestas”, “puras” e “impuras”, “putas” y “esposas”, “putas” y “madres”, “sujetos de derecho” y “objetos de intervención”. Opera como un estigma desacreditador de la identidad femenina, cuya amenaza recae sobre todas.

El estigma de puta es señalado en una gran cantidad de estudios sobre la materia, como el principal factor de exclusión social de las personas insertadas en la industria del sexo (Pons, 2004), que no necesariamente debe asociarse a la pobreza24.

El estigma de “puta”, de hecho, oprime a quienes trabajan en la industria del sexo, por encima de cualquier otro instrumento formal o informal de control social (Petherson, 1989, 1996) y ha servido para condenar a l@s miembr@s de este colectivo a la condición de seres socialmente invisibles, carentes de todo derecho o, lo que es lo mismo, a la condición de no personas.

La deconstrucción de este estigma se considera esencial, desde la perspectiva de la defensa de los derechos de las/os trabajadoras/es del sexo, para la inclusión social de este colectivo; inclusión que les asegure, en primer lugar, la posibilidad de participar de las decisiones sociales, políticas y jurídicas que se tomen a su respecto.

Campañas de sensibilización y de visibilización del colectivo, de empoderamiento (empowerment) de acercamiento, de conocimiento, de comprensión, de educación en favor de la no discriminación y del respeto de estas personas, se consideran muy útiles para combatir este perverso mecanismo (LICIT, 2004).

6.3. El trabajo sexual no se agota en la prostitución.

Existe una gran variedad de actividades laborales relacionadas con el sexo. Hoy día es común utilizar la expresión “industria del sexo”, para hacer referencia a esta amplitud.

Como especifica Agustín, el término incluye “burdeles o casas de citas, clubes de alterne, ciertos bares, cervecerías, discotecas, cabarets y salones de cóctels, líneas telefónicas eróticas, sexo virtual por internet, sex shops   con cabinas privadas, muchas casas de masaje, de relax, del desarrollo del `bienestar físico´ y de sauna, servicios de acompañantes (call girls), unas agencias matrimoniales, muchos hoteles, pensiones y pisos, anuncios comerciales y semi-comerciales en periódicos y revistas y en formas pequeñas para pegar o dejar (como tarjetas), cines y revistas pornográficos, películas y vídeos en alquiler, restaurantes eróticos, servicios de dominación o sumisión (sadomasoquismo) y prostitución callejera: una proliferación inmensa de formas de pagar una experiencia sexual o sensual (2000)”.

Con la excepción de quienes ejercen de manera más visible la prostitución, ninguna de las personas dedicadas a la industria sexual es sistemáticamente perseguida, reprimida ni encuentra tantas trabas a la hora de desarrollar su trabajo. En la ciudad de Barcelona, por ejemplo, son incontables los espacios y las personas que se vinculan con la industria del sexo y, aunque la última reforma del Código Penal español convierte en típicas muchas de las conductas relacionadas con el mercado sexual (excepto el propio ejercicio de la prostitución), desde que ha entrado en vigor no se constatado una sola condena en su contra. Ello demuestra que la hipocresía y la doble moral que atraviesan el mundo de la prostitución (incansablemente denunciadas por las personas que la ejercen), no se debe sólo a lo que la sociedad condena (los mismos servicios que consume), sino también a lo que deja de condenar: la explotación, la especulación y la manipulación de millonarias sumas de dinero clandestino, del cual las trabajadoras sexuales se benefician tan sólo en una mínima parte (y la sociedad también).

Desde el colectivo de defensa de los derechos de las personas que realizan trabajo sexual, existen voces que afirman que sólo cuando lo que se denomina “prostitución voluntaria” es reconocida legalmente, esto es, cuando el delito (proxenetismo, tráfico, abusos, explotación) está claramente diferenciado de la legalidad (el ejercicio voluntario de la prostitución), es cuando más eficazmente se puede combatir la violencia, la explotación y la esclavitud sexual (Garaizábal: 2006). De esta manera, cualquier conducta que escapara a lo que se entiende como trabajo sexual (de acuerdo al concepto que hemos dado más arriba), sería más fácilmente identificable y, por tanto, reprimida. En este sentido, el propio reconocimiento de la actividad como trabajo, operaría como garantía contra la violencia, pues quedarían fuera de este concepto y, por ende, más fácilmente identificables y perseguibles, las formas criminales de explotación y esclavitud sexual.

6.4. Del discurso sobre tráfico a una reflexión sobre migración, trabajo y derechos humanos.

Desde finales del sigo pasado, pero más enérgicamente desde comienzos del presente, ciertas organizaciones anti-tráfico, organizaciones de derechos humanos y organizaciones de defensa de los derechos de trabajador@s sexuales, han puesto de manifiesto que uno de los mayores problemas del tráfico es que las estrategias utilizadas para combatirlo, no son compatibles con una política de protección de los derechos humanos y laborales de las personas y, mucho menos, con una política de defensa de los derechos humanos de las mujeres y su autonomía.

Uno de los varios motivos que acusan para explicar esta situación, es que el tema del tráfico se relacione siempre, de manera directa, con la prostitución, de modo que permanecen al margen de este concepto otras actividades igualmente atractivas para el mercado de personas, sea por no estar reconocidas jurídicamente como trabajo (como la prostitución misma), sea porque tienen una escasa protección (como el trabajo doméstico). Una vez más, la propia falta de reconocimiento y/o protección legal de la prostitución como trabajo, se establece como el principal motivo de que el comercio sexual sea un área especialmente vulnerable a las conductas criminales que tienen por objeto la explotación de personas (ICRSW, 2005).

Como señalan Marjan Wijers & Marieke van Doominck (2005), citando a Mary Robinson (Alto Comisionado por los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1997 a 2002), el tráfico de personas constituye, al mismo tiempo, causa y consecuencia de violaciones a los derechos humanos. Causa, porque viola derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la dignidad y a la seguridad, el derecho a justas y favorables condiciones de trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la igualdad, el derecho de la persona a ser reconocida como tal ante la ley. Consecuencia, porque se arraiga en la pobreza, la desigualdad y la discriminación25.

A partir de esa constatación, las perspectivas de defensa de los derechos de las personas que realizan trabajo sexual, promueven un tratamiento diferente para esta problemática. Por un lado, entienden que las políticas anti-tráfico deben orientarse a la prevención del trabajo forzado y/o en condiciones asimilables a la esclavitud (no sólo limitado a la prostitución, sino también a otras actividades laborales); y por otro, que deben centrarse en la situación concreta de las personas traficadas, esto es, en la efectiva protección de sus derechos y necesidades (de ahí que se identifique esta corriente como “enfoque de los derechos humanos”).

Aunque la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional de Naciones Unidas, de 2000, al menos en la letra, reconoce que el tráfico no sólo se limita a la prostitución, y que las personas traficadas merecen una protección especial, las prácticas represivas están todavía muy arraigadas en los mecanismos que contempla. Las investigaciones policiales y judiciales se dirigen a conocer (lo cual está bien) cómo las personas han sido traficadas, dejando un margen muy reducido para la efectiva protección de los derechos de las víctimas de estas conductas, supeditándola, por lo general, a la evolución de aquellos procedimientos y, como en el caso español, a que la víctima de este delito aporte “datos esenciales” a la investigación o atestigüe en el proceso contra los autores (art. 59 de la Ley de Extranjería). En idéntica línea se orienta la Directiva del Consejo Europeo 2004/81/CE, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia para nacionales extranjeros, destinado a las víctimas del tráfico de seres humanos o que hubieran sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, “que cooperen con las autoridades competentes”.

Todo ello genera una lógica perversa, que no sólo crea una categoría especial de género (la de mujer traficada) sino también de víctima. Una víctima que subvierte el orden de las presunciones legales, pues para alcanzar ese status debe demostrar su inocencia. La prensa española nos proporciona a diario numerosos ejemplos de hasta qué punto esto es así. Las noticias que hablan de operativos en los clubes de alterne, se presentan, invariablemente, con titulares del tipo “Golpe a la prostitución(…). La Policía Nacional detiene a 30 chicas extranjeras” (La Vanguardia, 3 de julio de 2006). No se necesita ir al cuerpo de la nota para entender lo que pasa. Primero, detienen a las víctimas, luego (si ellas dicen cómo), encontrarán a los culpables. Así, mientras las víctimas son convertidas en victimarias, mediante la estrategia del arresto y el internamiento en los “centros de extranjeros” (o, más bien, “centros de criminalización de la miseria”, como acertadamente los denomina Carla Corso), los lugares en donde fueron encontradas continúan reclutando más mano de obra (presuntamente barata) y ofreciendo satisfacción a las demandas de sus clientes, de la forma más impune.

Creemos que, aparte de dotar de impunidad a los traficantes y a los empresarios de la industria sexual, el discurso del tráfico y el status jurídico que se asigna a la mujer traficada, pretenden, también, cumplir otras funciones. Entre ellas:

a) disuadir la migración femenina, pues supone que, para las mujeres, “es mejor quedarse en casa que abandonarla y meterse en problemas” (Agustín, 2005: 1);

b) infantilizar a la mujer, pues no sólo aparece siempre mencionada junto con los niños, como si fueran una unidad inescindible, sino que la considera como a una tonta, fácilmente engañable y engañada, arrancada de su tierra contra su voluntad y sin posibilidad de defenderse;

c) desacreditar un proyecto autónomo de migración femenina que incluya entre sus objetivos el trabajo sexual, como así también acudir a una red que le facilite la salida de su país y/o le consiga trabajo en el extranjero (situación a la que muchas personas se ven compelidas, ante la dificultad de entrada a la “Europa Fortaleza”), todo lo cual supone, como hemos visto, una muy compleja gama de violaciones a sus derechos fundamentales, dentro de la cual el trabajo sexual, por sí mismo, tiene un valor muy relativo;

d) limitar la circulación de mujeres, contribuyendo a crear un clima en el que las violaciones a los derechos humanos “se toleran oficialmente o incluso son alentadas o en algunos casos cometidas por elementos del Estado” (del citado informe de la Relatora Especial de la ONU, Radhika Coosmaraswamy):

e) justificar el irónicamente denominado “re-tráfico”, esto es, unas políticas de deportación nada sutiles, que no tienen en absoluto en cuenta la situación en la que se encuentra la persona que se considera víctima de tráfico, ni su voluntad de querer o no volver a su país de origen, ni los peligros que puede suponer su repatriación con el mote de “puta” en la frente (en particular, el rechazo familiar o social que pudiera recibir), o las represalias que los miembros de la red a la que hubiera acudido o que la hubiera compelido a emigrar, pudieran tomar contra ella, no sólo por la sospecha de colaboración con la policía, sino también, simplemente, por haber sido arrestada.

Esta lógica supone, en definitiva, que cualquier mujer extranjera que trabaja en el mercado del sexo lo hace contra su voluntad, lo cual se inscribe en la tendencia, cada vez más pronunciada, “a describir las migraciones como fenómenos criminales”, que tiene claramente un género: “el migrante es `delincuente´ y la migrante `víctima´” (Agustín, 2005).

Desde la perspectiva crítica al discurso del tráfico, si la problemática que lo circunda se ubicara dentro del marco más general del trabajo forzado y protección de los derechos humanos, las políticas orientadas a combatirlo deberían partir del presupuesto de que no es la prostitución en sí la causa de la violación de derechos humanos, sino las condiciones de engaño, fraude, abuso, violencia, privación de la libertad de movimientos, etc., presentes en la situación concreta en la que esta actividad se realice. En este sentido, la protección de los derechos de las personas que se consideraran víctimas de tráfico no debería depender del acto de constricción de las víctimas, sino de que cesaran las propias condiciones de explotación.

En los casos de tráfico de personas insertadas en la industria del sexo, es donde mejor se ve la diferencia de criterios para definir lo se entiende por prostitución, esto es: a) si se cree que la prostitución es, en sí misma, una violación de los derechos humanos de las mujeres, similar a la esclavitud (lo que nos llevaría al viejo enfoque moral, en el que las prostitutas son estigmatizadas, tanto como víctimas como por desviadas); o b) si se considera que la prostitución es un trabajo.

Desde esta segunda perspectiva, se propone que el tráfico de personas sea tratado desde un punto de vista que, lejos de la tendencia estigmatizante y criminalizadora que rige su actual tratamiento, y de los criterios morales a los que se subordina la protección (arraigados en la cultura inquisitorial de la delación y el arrepentimiento), asuma las múltiples realidades que la actividad comporta, en particular: a) la del trabajo forzado o en condiciones similares a la esclavitud; b) la de los derechos humanos de las personas víctimas de estas actividades; c) la de la migración forzada o tráfico propiamente dicho; d) la de los derechos humanos de las personas traficadas.

 

Conclusiones.

Si damos por cierto que el mercado del sexo se encuentra en permanente expansión, que periódicamente aparecen nuevas formas de trabajo sexual y que cientos de miles de hombres y mujeres en el mundo (por no contarlos por millones) viven en (insertados en) él y de él, es evidente que el abolicionismo y las políticas a que ha dado lugar, han fracasado.

Frente a este fracaso, el movimiento de defensa de los derechos de las personas trabajadoras sexuales, ofrece un marco más amplio para entender el fenómeno y propone nuevas soluciones. Este marco está dado por la problemática general del trabajo, los derechos y las libertades humanas y, fundamentalmente, por la falta de ellos.

Este punto de vista no excluye el análisis de la violencia normativa de género, en la cual se inscriben, por cierto, la llamada feminización de la pobreza, la falta de reconocimiento jurídico de las actividades económicas femeninas y la falta de protección de sus derechos económico-sociales. Tampoco legitima, como sostienen las abolicionistas, la cosificación de la mujer, su tratamiento como objeto, su deshumanización. Tan sólo pretende aportar herramientas de análisis más realistas, que posibiliten una mirada que no resulte ni moralizadora ni estigmatizante y que, fundamentalmente, potencien la autonomía femenina, allá donde la hubiera llevado su necesidad económica, su ambición… o su deseo.

 

NOTAS

1 Nos referimos al grupo integrado por las personas que ejercen prostitución callejera y las que se consideran víctimas de tráfico. Es cada vez más acusado el sesgo de las investigaciones en materia de prostitución. Normalmente, las mismas se centran en estos dos grupos, que son los más visibles pero también los menos representativos del gran mundo del mercado sexual. Por ello, sus resultados corren el riesgo de formar parte, aún sin proponérselo, de lo que Pons denomina “la estategia ideológica”, que “supone la exclusión de la parte mayoritaria de la prostitución en sus análisis y estudios, para incluirla en las características de la parte minoritaria, con el fin de preconizar su futura exclusión-desintegración total y su presente permanencia en el estigma y las exclusiones derivadas de él” (Pons, 2004:322).

2 Esta perspectiva no concibe que una persona pueda elegir libremente esa actividad.

3 Aunque la demanda femenina de servicios sexuales existe y   pareciera ir en aumento, su representatividad, en comparación con la demanda masculina de prostitución (tanto gay como heterosexual) es irrisoria (Meccia, Metlika y Raffo, 2003)

4 Este modelo se aplicó por primera vez en Francia en 1802 y gracias a las invasiones napoleónicas, se extendió rápidamente por el resto de Europa Occidental, a lo largo de todo el siglo XIX. En líneas generales, supuso la imposición de rígidos controles higiénico-sanitarios a las mujeres que ejercían la prostitución, y la criminalización de estas mujeres, cuando eran acusadas de quebrantar los controles o escaparse de los mismos.

5 Se trata del llamado feminismo de primera ola, cuyas representantes más populares fueron las líderes del famoso movimiento sufragista.

6 Estudios de la época caracterizaban a las prostitutas como enfermas mentales, oligofrénicas, imbéciles, psicóticas, esquizofrénicas, débiles de voluntad o con deseo de imponerse, histéricas, etc. (Mergen, 1969).

7 Campaña no sólo famosa por su valor intrínseco, sino también porque dio oportunidad a que una mujer expresara, por primera vez en la historia moderna, opiniones públicas relativas a la sexualidad femenina, en contra de su control en interés de los hombres.

8 La campaña se centraba en cuatro puntos principales: a) cuestionar las facultades ilimitadas de la policía que, encargada de identificar y detener a todas aquellas mujeres que pudiesen estar ejerciendo la prostitución, actuaba de manera sumamente arbitraria; b) denunciar el carácter sexista de la reglamentación, porque eran únicamente las mujeres las afectadas por la normativa; c) calificar de intolerables los registros médicos a los que se sometía a las prostitutas, no sólo por su obligatoriedad, sino también por los medios denigrantes que comportaba para las mujeres su realización; d) acusar tales prácticas como mecanismos de estigmatización de la mujer y de la prostituta, que una vez afectada por la normativa era registrada en un registro policial específico.

9 Entre ellas, otra famosa feminista de la época, Elisabeth Wolstenholme, co-fundadora de la “Asociación de mujeres contra las leyes de enfermedades contagiosas”, cuya primera presidenta fue la propia Butler.

10 En 1875 se había creado la “British Continental and General Federation for the Abolition of Government Regulation of Prostitution”, posteriormente transformada en la “International Abolicionist Federation” (Federación Abolcionista Internacional). En España, las ideas abolicionistas de Josephine Butler fueron importadas, en principio, por pastores protestantes extranjeros y, con posterioridad, adoptadas durante la I República, fundamentalmente por grupos republicanos vinculados a la masonería y el protestantismo, que defendían, entre otras cuestiones, la abolición definitiva de la prostitución y la asunción de derechos de la mujer en una sociedad más justa. Otra importante difusora de las ideas de Butler fue Concepción Arenal, a través de la revista “La voz de la Caridad” (Guereña, 2003).

11 Ley de compra de sexo, que entró en vigor en Suecia el 1 de enero de 1999, convirtiendo a este país en el primero en el mundo en implementar un sistema de principios prohibicionistas que deja impune el ejercicio mismo de la prostitución, motivo por el cual preferimos ubicarlo dentro de los paradigmas emergentes de modelos de intevención estatal denominado neo­prohbicionismo, semi-prohibicionismo o, más precisamente, como modelo de criminalización del cliente (Heim y Monfort, 2005).

12 Los estudios enmarcados en esta perspectiva suelen ubicar a las prostitutas en un contexto de pobreza estructural, adicción a las drogas, relaciones violentas o de extrema dependencia con los proxenetas, etc. (Järvinen, 1993), lo cual significa que suelen orientarse hacia el sector más minoritario y marginal de la industria sexual (LICIT, 2004).

13 La autora ha colaborado con LICIT y Àmbit Dona, y actualmente participa del equipo de trabajo de GENERA, entidades no gubernamentales, todas, fuertemente comprometidas con la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales y que integran, junto con otras organizaciones, la PLATAFORMA COMUNITARIA TRABAJO SEXUAL Y CONVIVENCIA de la ciudad de Barcelona y una plataforma del mismo nombre, integrada por distintas entidades españolas, que tiene alcance en todo el Estado español. El trabajo diario de estas entidades consiste en dar apoyo y asistencia a las mujeres insertadas en la industria del sexo, sea de tipo social, sanitario o jurídico. Aunque ninguna de estas entidades cuenta con datos estadísticos sobre el porcentaje de usuarias de sus servicios que son controladas por alguna red de tráfico, se considera que se trata de una minoría. El colectivo Hetaira de Madrid (que trabaja en idéntica línea y también integra la Plafaforma de alcance estatal) sí lo ha hecho, calculando que aproximadamente alcanza un 5% (Garaizábal, 2006).

14 Esta cuestión también ha sido puesta de manifiesto por l@s trabajador@s del sexo que se reunieron en la Conferencia Europea sobre Trabajo sexual, Derechos Humanos, Trabajo e Inmigración, realizada durante los días 15, 16 y 17 de octubre de 2005 en Bruselas.

15 En su vertiente más extrema, el feminismo radical llegó incluso a propugnar la mera heterosexualidad conyugal como esclavitud sexual femenina (Osborne, 1993).

16 Han liderado varias campañas anti-pornografía en Estados Unidos y fueron las autoras del comentado proyecto de ordenanza de los derechos civiles contra la pornografía de Minneápolis (1983), que nunca entró en vigor por haber sido vetado por el Alcalde.

17 Coyote es el nombre del animal que se ve obligado a emigrar por los rancheros que le persiguen, y que teniendo una fama de promiscuidad se empareja para toda la vida. Al mismo tiempo es un acrónimo, que se desglosa como “Call Off Your Old Tired Ethics” – termina con tu vieja y cansada ética – lo que supone un cambio de mirada hacia el fenómeno y sus protagonistas (Pheterson, 1989: 38).

18 La normativa les impedía incluso el derecho a la vivienda, cuando esta era considerada un burdel.

19 Es triste ver cómo, sobre todo en los últimos años, todos estos esfuerzos han sido despreciados, condenados y reprimidos por el gobierno francés. El desarrollo de las políticas públicas francesas en la materia, en el año 2003, dio lugar a la sanción de una ley, conocida como “Ley Sarkozy”, que penaliza el trabajo sexual con prisión de hasta dos meses y multas de hasta 3750 euros.

20 Las llamadas organizaciones aliadas son aquellas que llevan a cabo distintos programas de apoyo a las personas insertadas en la industria del sexo y bogan por la protección y elreconocimiento de sus derechos. Es el claro ejemplo de LICIT, ÁMBIT DONA, GENERA y EL LLOC DE LA DONA-OBLATAS, en la ciudad de Barcelona. El ICRSW, por su parte, ha iniciado un proyecto encaminado a reforzar el movimiento de defensa de los derechos de l@s trabajador@s del sexo, en el que participan conjuntamente trabajadores del sexo y numerosas organizaciones, tanto asociadas como independientes, dedicadas a la defensa de los derechos humanos, el trabajo y los inmigrantes.

21 En el ámbito académico, el uso de la expresión tuvo un amplio desarrollo a partir de dos importantes publicaciones: la de Priscilla Alexander y Frédérique Delacoste, de 1987, titulada “Sex Work: Writings by Women in the Sex Industry” y la de Than Dam Truong, de 1990, titulada “Sex, money and morality: the political economy of prostitution and tourism in South East Asia”. En ambos estudios, entre otras múltiples cuestiones, se hace hincapié en que la prostitución no es una identidad, sino una mera actividad que genera ingresos (muchas veces, combinada con otras), y que no hay formas universales de trabajo sexual, sino que se trata de una categoría sujeta a continuos cambios y redefiniciones, según los contextos personales, históricos y/o las políticas sociales, jurídicas y económicas que se apliquen.

22 Siguiendo a Kempadoo (2000), el concepto de trabajo sexual introduce la idea de que las zonas sexuales del cuerpo son fuerza de trabajo, al igual que la mente u otras fuerzas de trabajo manual, por lo que deberían ser tratadas con idéntico respeto.

23 Teresa San Román ha clasificado el trabajo femenino en cuatro grandes grupos: a) Trabajadoras integradas: las realizan una actividad laboral estando regularizadas normativamente tanto la trabajadora como la actividad; b) Trabajadoras sumergidas: realizan una actividad regularizada normativamente sin estarlo ellas mismas; c) Trabajadoras marginales o excluidas: no sólo no están regularizadas para ejercer la actividad sino que la actividad misma carece de regularización; d) Trabajadoras ilegales: realizan una actividad prohibida o delictiva (San Román, 2004: 74). Siguiendo esta clasificación, dentro de los regímenes que, como el español, no sancionan como delito el ejercicio de la prostitución, las as trabajadoras sexuales serían trabajadoras marginales o excluidas.

24 A pesar de la gran variedad de servicios, intereses y cantidades de dinero se pueden involucrar con la industria del sexo, el estigma de puta y la discriminación que comporta, es común a todas las personas que los representan, lo que indica una vez más, que no se trata sólo de una cuestión de pobreza, sino más bien de exclusión social (Manifiesto de l@s trabajador@s del sexo, Bruselas, 2005).

25 Durante la gestión de Mary Robinson, se realizaron varios informes que desarrollaron estas ideas. El confeccionado por Radhika Coosmaraswamy,   Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causas y consecuencias sobre la trata de mujeres, la migración de mujeres y la violencia contra la mujer, presentado de conformidad con la resolución 1997/44 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, publicado en 2000 “La trata de personas debe considerarse en el contexto de los movimientos y migraciones nacionales e internacionales que tienen cada vez mayor intensidad a causa de la mundialización económica, la feminización de la migración, los conflictos armados, la desintegración o reconfiguración de los Estados y la transformación de las fronteras políticas”.

 

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El camino hacia el abolicionismo prostitucional en la II República Española

 

Rivas Arjona, Mercedes

Departamento Ciencias de la Educación, el Lenguaje, la Cultura y las Artes

Universidad Rey Juan Carlos

mercedes.rivas@urjc.es

 

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RESUMEN

Transcurrido cerca de medio siglo de férreo reglamentarismo en materia prostitucional en España, a principios del siglo XX comienza a abrirse paso con fuerza la necesidad de adoptar una nueva política que tenga por objetivo la desaparición de la prostitución. La campaña abolicionista desarrollada por Josephine Butler en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XIX y su repercusión en otros países, el desarrollo del movimiento feminista, y las grietas y numerosas críticas que comienzan a vertirse en torno al sistema de férreo control de la prostitución,   darán como consecuencia la aprobación, en la Segunda República, del Decreto de 28 de junio de 1935 por el que se suprime el sistema reglamentarista imperante en nuestro país desde mediados del siglo XIX, al tiempo que la prostitución pasa a considerarse como un medio no lícito de vida. La ley se inscribirá dentro del denominado “abolicionismo mixto” por algunos autores y sus efectos serán escasos como consecuencia de la crisis económica, las discrepancias entre los partidos progresistas, la ambivalencia de la ley, su tardanza en aprobarse y el comienzo de la Guerra Civil que trastocará profundamente el Estado de Derecho y la convivencia social. Ahora bien, las escasas repercusiones del Decreto, no deben ocultar la labor que, en materia prostitucional, desarrollará la II República antes de 1935. 

 

PALABRAS CLAVES

II República, prostitución, reglamentarismo, abolicionismo.

 

Al comenzar el siglo XX, el sistema reglamentarista en España estaba vigente pero con síntomas claros de decadencia, la prostitucion clandestina iba en aumento, el reformismo sexual había hecho acto de presencia en nuestro país en los años veinte, los abolicionistas estaban ganando adeptos y, a nivel internacional, dos grandes asociaciones: la Asociación Internacional para la Trata de Blancas y la Federación Abolicionista Internacional creada por Josephine Butler, llevaban algún tiempo organizando conferencias y congresos para instar a los gobiernos a adoptar medidas en torno a la prostitución y todo lo que ello llevaba aparejado de trata de blancas2, pornografía,   alcoholismo y consumo de estupefacientes3.

Aparte de las feministas, se esgrimirán argumentos contra las casas de prostitución desde diversos sectores reformistas entre los que se encontrarán médicos, eugenistas, criminólogos, psiquiatras, moralistas, partidos de izquierda, sindicalistas y anarquistas.   Por aquella época, la mayoría de los médicos de la Lucha Oficial Antinvenérea se declaraban, al menos en Madrid y en las grandes ciudades, abolicionistas (Castejón Bolea: 2001).

Es en ese contexto de clara presión internacional y crisis del sistema reglamentarista, que se empezarán a tomar medidas en relación con la prostitución que derivarán en la aprobación, en el verano de 1935, del decreto abolicionista que pondrá fin a la reglamentación del sistema prostitucional existente en España desde 1845.

Una de esas medidas, será la creación en España de El Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas y la lucha antivenérea que funcionará desde 1902 a 19314. Su puesta en marcha se llevará a cabo dentro del Ministerio de Justicia bajo la protección de la reina regente Mª Cristina y presidido por la infanta Mª Isabel. Estará compuesto de una Junta Directiva y una Comisión Ejecutiva masculina, estructurándose a nivel provincial y local en Delegaciones, cuya misión será la de proveer información y recursos a las autoridades centrales en su lucha contra la actividad prostitucional5.

El Patronato, se inscribirá en el marco de una legislación internacional orientada a prevenir y reprimir el tráfico de mujeres. La finalidad primera será la de ayudar a la represión de la   trata de blancas 6 e impedir ese tráfico inmoral (Guereña: 2003).

Tal como rezará en un Decreto de 10 de febrero de 1903, el objetivo del Real Patronato quedaba descrito de la siguiente forma:

“(…) El Patronato Real tiene personalidad suficiente para ejercer, dentro de los medios y los recursos legales necesarios, las funciones de vigilancia, reintegración y tutela, a fin de reprimir en sus diferentes manifestaciones la trata de mujeres, amparando, sobre todo, a las menores de edad de que deben de ser protegidas hasta contra sus mal aconsejadas determinaciones”7

Sin embargo, pese a la buena voluntad del Patronato, integrado en su seno con personalidades del ámbito político y religioso, la acción de la Institución no será muy eficaz, de ahí las continuas reorganizaciones para mejorar su actuación8. En la práctica, su actividad se centrará en auxiliar a las jóvenes abandonadas o “pervertidas” retirándolas del mundo de la prostitución, siendo, por tanto, sólo algo más que las casas de acogida que existieron en España desde la época moderna. Contaba únicamente con un pequeño asilo en San Fernando del Jarama y otro en El Pardo para recoger a las mujeres auxiliadas. Para aquellas a las que no podía atender,   acudía a instituciones religiosas dedicadas a dichos menesteres como era el caso de las Adoratrices y las Oblatas con presencia en diversas provincias españolas.

A lo largo de su existencia, el Real Patronato recibirá abundantes críticas por parte de sectores progresistas. No se estaba de acuerdo con los fines del mismo, tampoco con su composición y mucho menos con su funcionamiento interno y su vinculación con la monarquía. Su fracaso se deberá a toda una serie de factores entre los que destacarán su carácter moralista y católico y la falta de preparación de las personas encargadas de hacer cumplir sus objetivos. Por otra parte, estará la nula formación profesional de los centros relacionados con él, amén del   mal tratamiento dado a las mujeres como si fueran presas y el abuso de su mano de obra. También será objeto de crítica su carácter burocrático y filantrópico. Filantrópico,   por su composición, similar a una “junta de señoras”; burocrático, por la continua producción de memorias e informes a nivel nacional e internacional que ligaban su actuación más al plano teórico que práctico. No estará tampoco la Institución sobrada de recursos para atender a las mujeres rescatadas lo que le obligará a acudir a centros religiosos con una filosofía anticuada a la hora de atender a las desvalidas9. A todo lo dicho, se añadirá además su fijación, fundamentalmente, en los efectos de la prostitución más que en   la búsqueda de las causas que provocaban la existencia de tal actividad, lo que limitará mucho su marco de actuación y conllevará la no adopción de las medidas realmente necesarias para su erradicación. Por último, estará la gran dependencia del Patronato de las autoridades provinciales y locales, ya que su buen funcionamiento dependía en gran medida del apoyo económico y moral que éstas le prestasen (Nicolás Lazo: 2007).

Entre las representantes del feminismo de izquierdas, Margarita Nelken, Clara Campoamor y Hildegart Rodríguez, se acusará al Real Patronato y al Consejo Superior de Protección de la Infancia de servir a una concepción conservadora y católica de la mujer, la familia y la infancia (Nicolás Lazo: 2007). Maragarita Nelken en concreto, criticará duramente al Patronato describiéndolo como una asociación benéfica a la que se debía gran parte de los problemas de la prostitución.   Denunciará su composición, formada por mujeres aristocráticas realmente no comprometidas con el asunto.   Calificará al Patronato de monstruoso por adoptar una postura ineficaz a la hora de luchar contra ella, sin ver en las prostitutas a mujeres faltas de cariño, de educación y de medios económicos. Para esta feminista, el problema de la prostitución no se arreglaría en tanto en cuanto permaneciera el problema en manos de el Patronato y de las órdenes religiosas (Nelken: 1919). Según ella, las medidas más convenientes para hacer frente al problema pasaban por mejorar las condiciones laborales de las mujeres, autorizar la investigación de la paternidad, aplicar más estrictamente las leyes existentes sobre seducción y tráfico de menores, ayudar más a las madres solteras, sacar a las prostitutas de la tutela del Real Patronato confiándolas a especialistas, y sustituir la reclusión forzosa en conventos por estancias voluntarias en hogares donde las mujeres recibiesen una educación básica y adquiriesen los medios para ganarse la vida. El problema más importante, a su entender, sería reeducar a la opinión pública y convencerla de que “la prostitución de un país, antes que para las mismas mujeres que la practican, es una vergüenza para todo el país, socialmente culpable y responsable” (Nelken: 1931).

En resumen, la acción del Patronato será muy controvertida y polémica y sus efectos prácticos más bien escasos (Scanlon: 1986). Ahora bien, tampoco conviene minusvalorar su labor en ese camino que llevará a la abolición de la prostitución reglamentada en la II República. Por una parte, servirá para dejar claro lo que no se debía de hacer, pero, también llevará a cabo acciones positivas, como las realizadas en relación con la Federación Abolicionista creada por Josephine Butler. En concreto, para el Congreso de Ginebra de 1908, se redactará por el Patronato una pequeña memoria y, Julián Juderías, publicará una reseña del mismo en el Boletín de la Institución que ampliará posteriormente en un artículo titulado: “sobre la reglamentación de la prostitución y la trata de blancas” (Guereña: 2003). En este artículo, el autor pondrá de realce como la Federación Abolicionista venía a demostrar la íntima relación existente entre la reglamentación de la prostitución y la trata de blancas, y el contrasentido que resultaba de la existencia de la primera como institución, ya no tolerada, sino autorizada, y la represión de la segunda que era, precisamente, el hecho por virtud del cual se alimentaban las casas de mal vivir. La conclusión era clara: ¿Qué es la trata de blancas sino el hecho por virtud del cual se reclutan las mujeres que ha menester el vicio reglamentado? ¿Y si esto es así, por qué se la persigue?10

Tampoco se le puede negar, la búsqueda de una cierta humanización del reglamentarismo a través de medidas como el establecimiento de la “libertad completa” de las pupilas para abandonar los prostíbulos, o la recomendación de que se extremara la vigilancia en torno a las estaciones y a los puertos para evitar la “Trata de Blancas”11.

Por otra parte, el Real Patronato vendría a ser la respuesta a lo que estaba sucediendo a nivel internacional, donde se estaba luchando por   adoptar medias adecuadas para combatir el comercio con mujeres (Scanlon: 1986) . El primer congreso para el tratamiento del tema se celebrará en Londres en 1899 y, en 1902, los delegados de 16 naciones se reunirán en París para discutir sobre la legislación internacional, llegándose a un acuerdo que después se firmará en mayo de 1904 y se ratificará en enero de 1905.   En España, a tenor de dichos acuerdos se aprobará la ley de mayo de 1904 que   modificará los artículos 456, 459 y 466 del Código Penal de 1870 para adecuarlos a las normas establecidas por la Federación12.

El hecho será, que España lo tendrá cada vez más difícil para mantener un sistema reglamentarista cuando, a nivel internacional, estará en claro declive.   De hecho, en la Exposición de Motivos del Decreto abolicionista de 28 de junio de 1935, se expresará lo siguiente:

“Al acometer la honrosa empresa de dotar al país de una nueva organización antivenérea, el Gobierno se apresura a proclamar que desea incorporarse al movimiento abolicionista que impera desde hace años en los países más avanzados desde el punto de vista sanitario”13

A nivel estatal, es también de destacar, la aprobación de las “Bases para la Reorganización de la Profilaxis Pública de las Enfermedades Venero-Sifilíticas” adoptadas en mayo de 1930. A partir de dicha fecha, la lucha antivenérea quedará planteada con completa independencia de los servicios de “higiene especial” de la prostitución creados por el reglamentarismo. En efecto, el tratamiento de las enfermedades venéreas se pasará a realizar con independencia de su origen. Sólo en caso de “negligencia, desidia, incultura, debilidad mental o mal intención manifiesta”, un médico podía proceder a un reconocimiento forzoso. Otra novedad, consistirá en la búsqueda de las fuentes de contagio, que podía realizarse por medio del cuerpo de enfermeras visitadoras o a través de los médicos especializados en enfermedades venéreas14.

Sin embargo, no todo se reducirá al ámbito oficial en el camino hacia el abolicionismo comenzado el siglo XX. En 1922, se creará la Sociedad Española del Abolicionismo, siendo su Presidente Cesar Juarrós (1874-1942)15 y su secretario el médico Jesús Hernández Sampelayo. Dicha asociación, será partidaria de la supresión de la prostitución reglamentada y de la inclusión del delito sanitario en el código penal.

Contribuirán a la fundación destacadas feministas como Pilar Oñate, Dolores García de la Vega, Clara Campoamor16 y Elisa Soriano; miembros de la Juventud Universitaria Feminista y de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas. Su primer acto de propaganda se producirá el 26 de mayo de 1922 en la Escuela de Veterinaria de Madrid donde intervendrán Clara Campoamor, Elisa Soriano (médico) y María Martínez Sierra.   Entre sus actos, también destacará el apoyo a la campaña llevada a cabo en la primavera de 1932 por feministas abolicionistas para instar al Gobierno republicano a acelerar la abolición de la reglamentación en España ante la falta de contundencia por parte de éste (Nicolás Lazo: 2007).

En otros ámbitos, es también de destacar el papel desempeñado por la Liga Española de Higiene Mental que, en su 2ª reunión nacional celebrada en Bilbao en septiembre de 1928, se pronunciará en torno al tema de la prostitución, llamando la atención sobre la relación existente entre enfermedades venéreas y enfermedad mental (Guereña: 2003). Amplia difusión también abolicionista, a través de la Revista de Pedagogía en la que se publicarán artículos como el de Fernando José de Larra titulado: “La Educación de la mujer en España y el abolicionismo”17.

Por último, un papel esencial contra el reglamentarismo y a favor del sistema abolicionista, lo jugará el movimiento defensor del “reformismo sexual” (Nash: 1995) que, en 1932, ya en plena República, fundará la Liga Española para la Reforma Sexual, de la que será su primer Presidente el Dr. Gregorio Marañón y, después, Juan Noguera. La Liga se dividirá en cinco secciones: eugenesia, feminismo y matrimonio, pedagogía sexual, prostitución y profilaxis venérea y legislación18.

La finalidad de la Liga será   contribuir a que la cuestión sexual no fuera un tema tabú por excelencia y dejar la cuestión sometida en todos sus términos al ámbito meramente científico pero, al mismo tiempo, tratado con toda publicidad.

Entre los eugenistas, la prostitución será un tema de gran preocupación,   y así se demostrará en el primer Congreso Nacional de Sanidad que tendrá lugar en Madrid del 6 al 12 de mayo de 1934. Entre los temas que se trataron, destacará la lucha antivenérea, teniendo el Congreso un enfoque claramente abolicionista.

Entre los participantes, es de destacar la intervención de Julio Bejarano, ex Director-General de Sanidad y Director del Dispensario madrileño de Azúa. En su ponencia, abogará por el tratamiento obligatorio de los enfermos contagiosos, la implantación del delito de contagio venéreo y la supresión de la reglamentación de la prostitución. Otro ponente, Ricardo Bertoloty, médico numerario de los Dispensarios Oficiales Antivenéros de Madrid y Vicepresidente de la Academia de Dermatología y Sifilografía, propondrá organizar la lucha venérea sobre métodos científicos y medios solventes y programar una educación sexual para los jóvenes antes de que tuvieran la primera relación sexual (Nicolás Lazo: 2007).

Es evidente que las cosas estaban cambiando y, este ambiente ya de marcado tono abolicionista, llegará a su máxima expresión con la II República.

En 1931, los republicanos, valedores de una perspectiva modernizadora, no podrán dejar de asumir el rechazo a la prostitución y, sobre todo, a la prostitución reglamentada. La nueva moral que implícitamente quería instaurar el nuevo estado se fundará en el amor libre, en donde cada ser era independiente y dueño para entregar a otro su cuerpo en las condiciones libremente pactadas y consentidas por ambos, lo cual para sus defensores no implicaba degeneración de las costumbres sino todo lo contrario. El objetivo final era generalizar y extender una misma moralidad para varones y mujeres tanto en la teoría como en la práctica, unas nuevas costumbres que venían propiciadas e impulsadas por la igualdad que las mujeres iban consiguiendo en los diversos ámbitos de la vida social. Los republicanos progresistas propugnarán, por tanto, la necesidad de la   desaparición de la actividad prostitucional porque ello implicaba la degradación de la mujer, al poner su cuerpo en venta. Creían que para conseguir el fin de la prostitución, el primer paso era abolir su reglamentación oficial.

Ante este convencimiento, los preparativos del Decreto de junio del 1935 se situarán ya al principio de la República, cuando, además, los datos apuntaban a un aumento de la prostitución notable desde el verano de 1931. Si el Censo de 1930 catalogaba a 9.150 mujeres bajo el epígrafe: mendigos, vagabundos y prostitutas, en 1933, Lafora estimaba en más de 40000 las prostitutas en Madrid y   Barcelona (Lafora: 1933), y según María Recasens, en 1931 había unas 70000 prostitutas sólo en Barcelona (Nash: 1981)19

Los datos no podían ser más convincentes y había que actuar de forma diligente, por lo que las primeras medidas sobre la materia, empezarán ya a detectarse en los primeros años de acción del gobierno republicano.

En este contexto, en el cual seguía vigente el sistema reglamentarista20, y como consecuencia, se continuaba empadronando a las prositutas en un registro especial, en las fichas de empadronamiento se empezarán a detectar cambios evidentes hacia un trato más humano y condescendiente con la prostituta. En este sentido, en La Línea (Cádiz) se especificará lo siguiente ante el registro de una solicitante:

“En la Ciudad de la Línea a… de mil novecientos, se presentó voluntariamente en esta Sección la que dijo llamarse.. natural de.. provincia de… hija de… y de … cuyas señas personales al margen se expresan, manifestando vehementemente deseos de ser inscrita en los registros generales de la prostitución, de cuyo inmoral tráfico subsiste; y como quiera que han sido inútiles cuantas advertencias y consejos se le han dado, con el fin de que abandondonando la peligrosa y reprobada vida que lleva y se dedique a un trabajo honroso, se procede a su inscripción, porque además manifiesta ser mayor de edad. Sometida a reconocimiento sanitario, resultó…, según certificado que se presenta” (Guereña: 2003).

A este trato más benevolente, se sumará la aprobación del   Decreto de   abril 1932, el cual suprimirá cualquier impuesto sobre la actividad prostitucional y la financiación con ésta de los servicios antivenéreos21.

Con fecha todavía anterior, el gobierno provisional ya había actuado promulgando normas como el Decreto de junio de 1931 que suprimirá el Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas que se consideraba asociado al Antiguo Régimen, con preponderancia de elementos aristocráticos y demasiado ligado a la Casa Real. El fin será crear un nuevo organismo más operativo22. En primer lugar,   nombrará una Comisión Provisional Central que debía estudiar y proponer disposiciones para reprimir la trata de mujeres y amparar a la mujer. Compondrán la Comisión Provisional Central, un grupo de personas en razón de su cargo —los Directores Generales de Sanidad, Seguridad, Prisiones y el Inspector General de Emigración— y representantes femeninos de distintos sectores como María Martínez Sierra y Matilde Huici como representantes de la clase liberal, Regina García y Victoriana Herrero como representantes de la clase obrera, y Clara Campoamor por la Asocicación Universitaria Femenina. Esta abogada será nombrada delegada de España en la Sociedad de Naciones durante las reuniones que la Comisión de la SN, ocupada de la trata de blancas y niños, celebrará en Ginebra durante el verano de 1931. Clara Campoamor destacará allí que la nueva legislación republicana en torno a la prostitución iba encaminada a solucionar el problema desde una perspectiva amplia y de forma gradual. Unos meses después, el decreto de 11 de septiembre de 1931 creará el Patronato de Protección a la Mujer con las siguientes atribuciones: adoptar medidas protectoras para las mujeres que se desenvolvieran en medios nocivos o peligrosos; investigar y denunciar hechos delictivos en relación con la Trata de Blancas y publicaciones pornográficas; vigilar y tutelar a las menores que le encargasen autoridades o particulares, y velar por los acuerdos ratificados por España23. Las funciones serían desempeñadas por un Consejo Superior compuesto por el ministro de Justicia, varios directores generales, el fiscal de la República… y diez vocales entre los que debía tratarse que hubiera equilibrio entre los sexos. Atendiendo a este requisito, serán nombradas como vocales las mujeres que componían la suprimida Comisión Provisional Central, Ascensión Madariaga Rojo y Victoria Kent.

El Patronato de Protección a la Mujer, sin embargo, no conseguirá alcanzar las metas que se había propuesto. Una de sus vocales, María Martínez Sierra, aducirá que el presupuesto era muy escaso y apenas se podía hacer nada (Núñez , Mª Gloria:1998), lo que posiblemente explique su disolución por Decreto de 25 junio de 1935, pasando sus funciones al Consejo Superior de Protección de Menores24

En este camino hacia el abolicionismo, otro hecho a destacar,   será el debate que tendrá lugar en enero de 1932 en el seno de las Cortes republicanas sobre la abolición de la prostitución donde, varios diputados, intervendrán para forzar al Gobierno a que se comprometiera a abolir la reglamentación de la prostitución con la máxima celeridad (Nicolás Lazo: 2007; Scanlon: 1986). Las intervenciones más destacadas se llevarán a cabo por parte de   Rico Avelló, César Juarrós, Clara Campoamor y Sánchez Covisa25.

En el debate parlamentario se esgrimirán varios argumentos feministas y se vinculará la necesidad de la abolición de la reglamentación con los derechos de las mujeres. El reglamentarismo atentaba contra la dignidad humana y, en este sentido, se manifestará el diputado Rico Avelló:

“… hecho mostruosamente cierto de que este Parlamento, que ha otorgado a la mujer la plenitud de sus derechos políticos muy recientemente y acaso muy prematuramente, no se ha cuidado hasta el presente de suprimir esa institución nauseabunda que es la prostitución reglamentada26.

Este diputado pondrá de manifiesto que la reglamentación impedía que las mujeres pudieran dedicarse a otras profesiones, ya que la prostitución les marcaba para toda la vida. Eso, no era justo ni legítimo en un Estado que se declaraba igualitario para mujeres y hombres27.

Por su parte, el Diputado César Juarrós, se opondrá a la reglamentación por varios motivos. El primero de ellos era que el sistema era discriminatorio para las mujeres, principal argumento del feminismo abolicionista. La Ley tan sólo acosaba y perseguía a las mujeres, mientras que dejaba a los hombres libres de toda responsabilidad. Además, como segundo argumento, afirmaba que la reglamentación afectaba principalmente a aquellas mujeres sin recursos económicos que no habían podido o no habían sabido mejorar su situación. En cambio, como ya había apuntado el Diputado Rico Avelló, la abolición de la reglamentación otorgaría a las mujeres el derecho a optar por otra profesión si deseaba dejar la actividad, así como elegir hacerse una revisión sanitaria, algo mucho más eficiente para la lucha antivenérea que la inspección obligatoria periódica:

”El problema es, como veis, serio y trascendental: miles de mujeres sufren una ley de excepción; miles de mujeres son explotadas por las amas de casa y por los que acuden a esas casas; miles de mujeres son trasladadas como ganado en vagones de una ciudad a otra durante las ferias, para calmar la rijosidad de los que acuden a ellas”28

Otros argumentos contra la reglamentación de la prostitución que utilizará Juarrós en su intervención, serán el de la corrupción de los médicos y los policías poco escrupulosos que obtenían pluses de ganancias con la prostitución y el argumento médico. Este último acabará centrando la cuestión sobre la abolición de la reglamentación que no mejoraba en absoluto el contagio venéreo. Por este motivo, al mismo tiempo que reivindicará la abolición de la reglamentación, solicitará una serie de medidas dirigidas a luchar contra las enfermedades venéreas. Era urgente crear una legislación general sanitaria, ya en proyecto, para esta cuestión, cuyas medidas proveyesen el tratamiento gratuito a toda la población sin preguntar a nadie ni quién era ni de dónde venía. El delito de contagio venéreo también sería una buena herramienta en la lucha antivenérea y no sería discriminatoria, según su opinión, ya que se castigaría a los hombres y a mujeres por igual. En este sentido se pronunciará con las siguientes palabras:

“Este delito supone que toda persona que contagie a otra debe pagar los gastos de la curación de esa enfermedad y la indemnización correspondiente.   Sea prostituta o no”29.

Respecto al aspecto médico, también se pronunciará al respecto el Doctor y diputado Sánchez Cosiva, quien considerará que la salud del pueblo español, sumamente deficiente, debería ser una prioridad de la República. Dentro de esa salud tan precaria, las enfermedades venéreas, principalmente la sífilis, eran una de las principales causas que provocaban la despoblación de las naciones. Por ello era necesario que el Gobierno favoreciese una instrucción médica adecuada para diagnosticar y tratar estas enfermedades y dispusiese de recursos materiales suficientes. Solicitará destinar partidas presupuestarias convenientes para organizar la lucha antinvenérea de manera más adecuada, y especialmente cuando se aboliese la reglamentación o se suspendiese el cobro de impuestos, ya que con ello descenderían los ingresos que percibiera el Estado para hacer frente a los gastos de profilaxis30.

También se pedirá, en la lógica de la reforma sexual, una educación sexual que transmitiera al “pueblo este nuevo sentido educacional, alegre, optimista y sano de la sexualidad”, ya que “el problema de la sexualidad aparece de una manera brutal y tajante como causa determinante de aspectos múltiples de todos los órdenes de la vida31.

A estas intervenciones, Jiménez de Asúa contestará que estaba en tramite una nueva Ley de Sanidad a cuya elaboración él mismo estaba contribuyendo.

En efecto, la reforma que se estaba solicitando en las Cortes estaba siendo tratada por Marcelino Pascual al frente de la Dirección General de Sanidad entre 1931-1933, el cual intentará llevar a cabo una profunda reforma sanitaria incluyendo la lucha antivenérea.

En el verano de 1931, a propuesta de la Dirección General de Sanidad, se creará una Comisión que se pondrá a elaborar un primer proyecto ley para la lucha contra las enfermedades venéreas con un contenido claramente abolicionista que llegará a ser aprobado por dicha Dirección32.

La Comisión encargada de elaborar dicho proyecto, estará integrada por destacados médicos especialistas en enfermedades venéreas, formando parte también de la misma Jiménez de Asúa. Entre los puntos básicos del proyecto destacarán: 1) imposición de un criterio abolicionista puro; 2) necesidad de que el Estado, con sus propios recursos, sostuviera todos los medios precisos para la lucha antivenérea y, 3) consignación expresa del tratamiento obligatorio de dichas enfermedades33.

El proyecto, sin embargo, no verá la luz, según Guereña, por la gran cantidad de problemas que tenía que afrontar la República y por propia voluntad de Jiménez de Asúa, amén de que en 1933 se pondrá fin al bienio reformista, dándose paso al bienio derechista. El hecho será, que el proyecto no llegará ni siquiera a discutirse en las Cortes (Guereña: 2003; Lidón: 1982).

Todo lo apuntado viene a demostrar que, la supresión de la reglamentación en materia prostitucional no estaba siendo nada fácil, teniéndose   que esperar al 28 de junio de 1935 para la aprobación de un Decreto que pusiera fin a la prostitución reglamentada. Dicho Decreto, constará de un preámbulo y 19 artículos, se tramitará con carácter de urgencia y vendrá firmado por el Ministro de Trabajo, Sanidad y Asistencia Social Federico Salmón Amorín, miembro de la CEDA (Nicolás Lazo: 2007)34.

Inspirado por el doctor Bermejillo, en el Preámbulo de la ley se especificará que las bases fundamentales de la lucha antivenérea serían: la igualdad del hombre y de la mujer ante las leyes35, la profilaxis por la terapéutica y la cultura sanitaria del pueblo:

“porque la reglamentación del vicio comercializado repugna al espíritu, conciencia e ideales de médicos, sociólogos y legisladores, que consideran como las bases fundamentales de lucha antivenérea la igualdad del hombre y la mujer ante las leyes, la profilaxis por la terapéutica y la cultura sanitaria del pueblo”36.

También se precisará el deseo del Gobierno de incorporarse al movimiento abolicionista que imperaba desde hacía años en los países más avanzados desde un punto de vista sanitario37. Con el decreto, quedaba pues suprimida toda forma de reglamentación de la prostitución: “el ejercicio de la cual no se reconoce en España a partir de este decreto como medio lícito de vida” (art.1). Por otra parte, se prohibirá “toda clase de publicidad que de manera más o menos encubierta tienda a favorecer el comercio sexual” (art. 13)38.

Ahora bien, junto a esas declaraciones en la línea del abolicionismo,   el Decreto introducirá preceptos que recordarán mucho al sistema reglamentarista. Según rezará en la norma, cualquier persona enferma de las dolencias venéreas (enumeradas en el artículo 2), quedaban “obligadas a someterse periódicamente (…) a vigilancia y tratamiento pertinentes” (art.3), comprometiéndose el Estado a facilitar gratuitamente mediante dispensarios y hospitales públicos el tratamiento adecuado para los enfermos (art. 5). Al mismo tiempo, existía una obligación de denuncia por parte de los médicos si algún paciente no seguía el tratamiento adecuado de manera continuada y su situación generaba una “evidente peligrosidad social” (art. 9). En este caso, y aquí residirá el aspecto más controvertido de esta ley, las autoridades podían ordenar el tratamiento obligatorio y la hospitalización forzosa de las personas contagiadas (art. 10). Además, en algunos casos, las autoridades sanitarias podían “decretar la vigilancia médica periódica de aquellas personas que por su conducta resulten sospechosas, como posibles focos de transmisión venérea “ (art. 11)39. Esta última prerrogativa recordaba, evidentemente, al reglamentarismo.

Ante esta dualidad, como no podía ser de otro modo, las críticas no se harán esperar y feministas (Lidón: 1982), comunistas y socialistas   manifestarán su desacuerdo con la norma (Nash: 1983). En concreto, la prensa socialista, criticará el decreto abolicionista porque consideraban era una mezcla de abolicionismo y reglamentarismo, ya que facultaba a las autoridades sanitarias a vigilar a las personas sospechosas de ser focos de trasmisión venérea, al tiempo que no se había llevado a cabo ninguna medida práctica para suprimir realmente la prostitución (Núñez, Mº Gloria: 1998). A título individual, Jiménez de Asúa se expresará del siguiente modo:

“Perdonemos la pésima sintaxis: pero lo que no se puede disculpar es que al amparo de este precepto (art. 11), se reglamente la prostitución, que se declara libre de reglamento y, lo que es peor, se forje un medio de explotación de la prostituta, no por rufianes profesionales, sino por los que ostentan otro oficio (Guereña: 2003; Lidón (1982)).

Las críticas serán tan contundentes, que el gobierno se verá obligado a emitir una Orden de 11 de julio de 1935 que intentará atemperar lo estipulado, estableciéndose unos requisitos procedimentales que pretenderán otorgar garantías a las revisiones obligatorias de las personas consideradas focos de transmisión. Por si acaso, en la misma norma se derogarán expresamente las viejas inscripciones de prostitutas y sus reconocimientos médicos:

“Ninguna persona, a partir de la fecha, y sea cual sea su sexo o condición, estará obligada en todo el territorio español a llevar documento ni certificado alguno relativo a su estado de salud, por lo que respecta a las enfermedades venéreas” (Guereña: 2003).

A renglón seguido, en octubre de ese mismo año, saldrá una Orden aclaratoria del decreto en la que se precisará que no se pretendía instaurar entonces en España un abolicionismo rígido y total (como algunos lo pensaban), sino que la finalidad del decreto era mucho más modesta, reduciéndose tan sólo a constituir un régimen transitorio, mientras se preparaba una nueva ley de sanidad que de hecho nunca verá la luz (Guereña: 2003).

A tenor de todo lo apuntado, la lucha antivenérea será el objetivo prioritario de este decreto republicano que establecía reglas técnicas, sanitarias y médicas para el tratamiento de las enfermedades venéreas. La vinculación entre prostitución, por mucho que la norma declarase el sistema abolicionista, y enfermedades venéreas seguía dándose con toda la fuerza. La reglamentación había sido concebida de manera expresa para controlar las enfermedades venéreas de la población (Nicolás Lazo: 2007). El abolicionismo debía de tener la misma misión de protección de la ciudadanía porque: “el abolicionismo no representa anarquía sanitaria, sino una forma distinta de reglamentarismo”40

En la búsqueda de conciliación de la profilaxis de enfermedades venéreas y la supresión de la reglamentación de la prostitución en un contexto como el español, se acabó configurando lo que ha sido llamado un “abolicionismo no puro” o “mixto” (Guereña: 2003; Lidon: 1982) según confesó el propio legislador:

“sería no sólo aventurado, sino peligroso, poner en vigor disposiciones de tipo abolicionista que no tuviesen en cuenta la realidad española”41

Por ello, pese a derogarse los reglamentos de prostitución y la normativa estatal homogeneizadora (Bases para la Reglamentación de la Profilaxis Pública de las Enfermedades Venéreo-Sifilíticas de 1918), el Estado iba a seguir interviniendo en los ciudadanos con medidas controladoras como las que se aplicaban en otros países abolicionistas:

“… la notificación obligatoria de la enfermedad, la investigación de las fuentes de contagio, reconocimiento médico periódico cuando las circunstancias lo requieren y hasta hospitalización forzosa si el caso lo exige”42 .

El objetivo de la normativa era evitar que cualquier enfermo venéreo rehuyese la asistencia médica competente y no curase su enfermedad con el consecuente contagio de más personas. En la ley también se hará alusión a su carácter humano, a su no excesiva rigidez, a la imposibilidad de hacer una norma que sirviese por igual al campo y la ciudad, a la no introducción del delito de contagio por contraproducente e ineficaz, y a la necesidad de instruir al enfermo venéreo para no rehuir la asistencia profesional y evitar así su apelación a personas no expertas en la materia43.

Evidentemente, como ya se ha apuntado, el Decreto del 28 de junio de 1935 no responderá a un sistema abolicionista puro, es más, compartirá elementos de los tres sistemas tradicionales reconocidos a la hora de hacer frente a la prostitución: el prohibicionismo, el reglamentarismo y el abolicionismo.

En esta línea de argumentación, se detecta un carácter prohibicionista en su reconocimiento de la prostitución como un medio no lícito de vida (art. 1), declaración que no cabría hacerse dentro del modelo abolicionista, el cual no entiende la prostitución en sí como algo ilegal aunque anhele su desaparición; sólo la explotación, el proxenitismo, etc., cabrían ser perseguidos por la justicia. Por otro lado, se infiere una vocación reglamentarista en su afán de ordenar el tratamiento obligatorio y la hospitalización forzosa de las personas enfermas (art. 10) y en decretar la vigilancia médica periódica de aquellas personas que por su conducta resultasen sospechosas como posibles focos de transmisión venérea (art. 11)44. Y, ¿qué personas podían resultar más sospechosas?, no cabe duda que las prostitutas, las cuales podían nuevamente verse hostigadas por el sistema según se deducirá de la letra de la nueva normativa. Por último, si cabría dentro del imaginario abolicionista: 1) su declaración taxativa de poner fin a la reglamentación y su deseo de incorporarse al movimiento abolicionista, aunque después se contradiga en algunos de sus preceptos (art. 1); 2) la igualdad del hombre y la mujer en la lucha antivenérea, cuando el reglamentarismo ponía únicamente el acento en el sexo femenino (Exposición de Motivos); 3) la prohibición de todo tipo de publicidad que de manera más o menos encubierta tendiera a favorecer el comercio sexual” (art. 13)45; 4) la asistencia gratuita para las personas sin recursos (art. 5) y, 5) la utilización de un lenguaje en la norma que habla de humanidad y de instruir al enfermo sobre su enfermedad para someterse libremente a la profilaxis necesaria para su curación (art. 12).

Con referencia al carácter humano de la norma, en la Exposición de Motivos se harán reiteradas alusiones en dicho sentido:

“La Ley debe de ser justa, pero no conviene que sea impopular; respetable pero no temible; y para ello no hay como hacerla humana, que tenga en cuenta la psicología del enfermo venéreo, que no es la misma en todos los países, ni en todos los lugares y circunstancias; que se haga cargo de prejuicios sociales más difíciles de combatir que el propio mal, y a pesar de los cuales, pero mejor contando con los cuales, se pueda llegar a un feliz resultado… . Pero la razón más poderosa para dar sentido humano a la Ley antivenérea es la necesidad absoluta de que el enfermo venéreo rehuya la asistencia médica competente y se eche en manos de charlatanes… . Mediante el presente Decreto, del que, al afirmar que huyendo de lirismos irrealizables, está inspirado en un criterio de humanidad y atento a la realidad práctica de los españoles”46.

En conclusión, una Ley que incluye elementos del abolicionismo pero que teme dejar sin vigilancia todo lo relacionado con las enfermedades venéreas en un contexto, como ya se ha citado anteriormente, de aumento de la prostitución clandestina. Este posicionamiento, le llevará ineludiblemente a mantener esa parte del reglamentarismo de control, se puede decir exhaustivo, del enfermo venéreo. Ahora bien, según se deduce de la norma, el acercamiento al afectado debía realizarse en un tono más humano, más comprensivo, más confidencial y más asequible, con un objetivo claro: intentar que el enfermo se sometiera a su tratamiento de forma voluntaria, de ahí que la Ley obligue al médico a actuar con discreción y a instruir a los pacientes sobre su enfermedad y la terapéutica de la misma (art. 12).

El paso hacia el abolicionismo, es cierto, que podría haber sido más contundente, pero no hay que despreciar los avances producidos en materia prostitucional durante la II República.

A modo de resumen, en este período se suavizará el sesgo misógino que había caracterizado a la reglamentación; se eliminará la regulación de las casas de prostitución sobre su correcta ubicación, sobre los requisitos para su conformación, sobre los deberes de las amas, sobre los impuestos a pagar, sobre la prohibición de las mujeres prostitutas de frecuentar espacios públicos, amén de prohibirse la inscripción forzosa en el registro de las prostitutas.

En materia sanitaria, aunque sea el aspecto más controvertido, ya antes del decreto del verano del 35, los servicios profilácticos se ofrecerán a la ciudadanía sin distinción de sexo. Su personal será seglar y profesional de la medicina y las prácticas de los programas públicos eliminarán mayoritariamente el carácter de encierro de las antiguas reglamentaciones. Por otra parte, el espíritu social y asistencial de la República, también inspirará las políticas profilácticas. Los programas para luchar contra las enfermedades venéreas incluirán algunos servicios sociales para los enfermos venéreos y, el Decreto del 35, incluirá el desarrollo de servicios de asistencia social en su articulo 8º cuyas funciones eran de control. Les eran adjudicadas las competencias de recopilación de datos, de investigación de las fuentes de contagio, de estímulo discreto entre los pacientes de cumplimiento del decreto, de descubrimiento de las infecciones ignoradas y de divulgación de las instrucciones sanitarias antivenéreas47.Además, durante los primeros años de la República,   se ampliarán los servicios de profilaxis de las enfermedades venéreas que se habían configurado anteriormente, aumentándose substancialmente el presupuesto destinado a los mismos, así como los recursos materiales y humanos. En 1932, se aumentará la provisión de plazas de la lucha antivenérea y se modificará el reglamento y el programa de oposiciones para el ingreso en la misma. Los tratamientos también mejorarán. El descubrimiento de la penicilina, en los años 30 y 40, permitirá la efectiva y segura cura de la sífilis, la gonorrea y el chancro venéreo. Por otra parte, los dispensarios republicanos fueron creciendo en número y, por lo tanto, también lo hicieron los enfermos atendidos. En 1931 había 73 dispensarios de enfermedades venéreas y en 1934 había 116. En tan sólo tres años casi se habían duplicado (Nicolás Lazo: 2007).

En virtud de estas políticas sociales inspiradoras de la República, el Hospital de Lluita Antivenérea de Barcelona48, pondrá en marcha una escuela-taller. Este servicio, desarrollado por el propio personal sanitario, contaba con una escuela para aprender a leer y escribir, con un taller de labores manuales, con un programa de rehabilitación poniendo en contacto a la persona con su familia y con una bolsa de trabajo para cuando saliesen del hospital.   En 1936, había tenido ya doscientas usuarias, la casi totalidad de las cuales habían aprendido a leer y escribir. El Dr. Peyri admitía que la bolsa de trabajo no había llegado a dar buenos resultados, sin embrago, de todas las mujeres que asistieron a la escuela-taller tan sólo el 8% había vuelto a la prostitución (Nicolás Lazo: 2007 ).

Además de lo apuntado, durante la República se desarrollarán también numerosos programas sanitarios de difusión de propaganda antivenérea y de educación sexual. Serán numerosos los carteles de la época que buscarán inculcar la responsabilidad a los hombres respecto del contagio y enfatizarán su responsabilidad en el cuidado de la familia. Se intentaba con ello concienciar a la población de las repercusiones sumamente negativas de las enfermedades venéreas a través de la propaganda. Por ejemplo, en un cartel de la època, se culpaba a los padres de los males con que nacían algunos hijos e hijas, como ceguera, malformaciones en las extremidades, etc (Nicolás Lazo: 2007).

Los carteles insistían en el autocontrol y la continencia masculinas, hecho que resquebrajaba el sistema de doble moral. Este programa, también tenía el objetivo de hacer conocer los tratamientos antivenéreos que ofrecía el Estado y promover su utilización49.

El último empuje a la mejora y a la sistematización de los servicios de la lucha antivenérea tendrá lugar con el Decreto abolicionista de 28 de junio de 1935. Con él se prohibirá el intrusismo en el tratamiento sanitario de las enfermedades venéreas. Tan sólo médicos, privados o públicos dispuestos por el Estado, serían los autorizados para curar científicamente a los enfermos de venéreo (art. 13). Asimismo, en varios artículos se describirá el organigrama de los dispensarios oficiales antivenéreos, que dependerían de la autoridad sanitaria provincial. En cada provincia, habría un dispensario antivenéreo central, cuyo director sería el Jefe Provincial de la Lucha Antivenérea50

Por último, conviene enfatizar que, en lo relativo a la prostitución, es más lo que se hizo antes de la República (desde principios del siglo XX hasta 1931) y, durante la República hasta 1935, que las consecuencias que se derivarán de la entrada en vigor del Decreto abolicionista de 1935 que se aprobará muy tarde y a poco más de un año de dar comienzo la Guerra Civil española, la cual alterará profundamente el Estado de Derecho y el sistema prostitucional.

En realidad, lo que hará dicho decreto, es dar mayor cobertura legal a comportamientos que ya estaban realizándose en la práctica, como así se inferirá de la letra de la propia Ley:

“Al acometer la honrosa empresa de dotar al país de una nueva organización antivenérea, el Gobierno se apresura a proclamar que desea incorporarse al movimiento abolicionista que impera desde hace años en los países más avanzados desde el punto de vista sanitario. Que este deseo es auténtico, nada hay que pueda demostrarlo mejor que la tolerancia que sigue prestando a la realidad presente. En efecto, España es en la actualidad oficialmente reglamentarista, pero, prácticamente abolicionista, pues su reglamentarismo se ejerce de un modo tan laxo que apenas merece el nombre de tal”51

Efectivamente, antes de aprobarse el Decreto del 35, ya se había establecido la libertad de las prostitutas para abandonar los burdeles; se habían adoptado medidas para luchar contra la trata de blancas; se había reformado el Código Penal de 1870 en sus artículos 456, 459 y 466 para adecuarlo a las normas internacionales en la lucha contra el comercio ilegal de mujeres (mayo 1904); se habían establecido leyes para hacer de la emigración un acto libre (ciruclares de 7 octubre de 1902; 26 de febrero de 1903 y 8 de abril de 1903); se había legislado para evitar la caída en la prostitución de artistas y camareras de espectáculos públicos; se habían aprobado las “Bases para la Reorganización de la Profilaxis Pública de las Enfermedades Venéreas” que dejaba la lucha antivenérea al margen de los servicios de “higiene especial” propios del reglamentarismo (mayo 1930); se había levantado la mano en la obligación de la inscripción en el registro de las prostitutas que había comenzado ya a ser algo más voluntario; se había suprimido el Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas por un organismo más profesional (El Patronato de Protección de la Mujer); se había aprobado el Decreto de abril de 1932 que suprimía cualquier impuesto sobre la actividad prostitucional y la financiación con éste de los servicios antivenéreos; se había   aprobado la ley del divorcio que contemplaba el contagio venéreo como causa justificada para la disolución del matrimonio; se habían aumentado los centros de atención a las enfermedades venéreas y, los hombres, estaban empezando a compartir con las mujeres la responsabilidad en la adquisición y contagio de dichas patologías.

Es evidente que se podría haber hecho más, pero no hay que despreciar lo que se hizo. Derrotada la República en la Guerra Civil española, lamentablemente, el reglamentarismo se volverá a implantar en España por Decreto de 27 de marzo de 1941 que rezaba con las siguientes palabras:

“El aumento de la morbilidad por enfermedades venéreas, ocasionado principalmente a causa de la relajación moral que se padeció en la zona roja y por falta de la debida atención al problema por las sedicentes autoridades de la misma, obligan al Poder Público a adoptar determinadas medidas, para cuya ejecución es indispensable dejar sin efecto textos legales todavía subsistentes, cuya aplicación no han tenido los resultados deseables”.

En su virtud, previa deliberación del Consejo de Ministros, Dispongo:

Artículo único. Se deroga el Decreto del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión de veintiocho de junio de 1935, relativo a la reorganización de la Lucha Antivenérea.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de marzo de mil novecientos cuarenta y uno”. Firmado: Francisco Franco

Con la llegada de la Dictadura, la mujer experimentará un gran retroceso en las conquistas sociales y políticas conseguidas hasta ese momento.

 

NOTAS

1 Este artículo se inscribe dentro del Proyecto de Investigación cofinanciado por la Universidad Rey Juan Carlos y la Comunidad de Madrid. El proyecto ha estado dirigido por Doña Ana de Miguel y se ha centrado en un análisis sobre la prostitución desde diferentes ramas del conocimiento.

2 Multidud de publicaciones de la época denunciaron entonces el tráfico de mujeres entre Europa y América del Sur, el llamado “Camino de Buenos Aires”. Mártinez Olmedilla, Augusto (1902): “La Trata de Blancas”, La España Moderna, XVI, núm. 192. Madrid;   López Bago, Eduardo (1891): Carne Importada (Costumbres de Buenos Aires), novela médico-social, primera parte de la Trata de Blancas, Buenos Aires, Urbano Rivero “La Maravilla Literaria”, s.f.

3 Gaceta de Madrid, 2 de junio de 1931, pág. 1123.

4 Real Decreto de 11 de julio de 1902.

5 A nivel central, el Patronato estuvo regido en sus   comienzos por una Junta Directiva presidida por la infanta Mª Isabel, asistida de una vicepresidenta ocupada por la condesa de Siruela y compuesta por nueve vocales nombrados por el Gobierno, todas mujeres, y por lo general, aristócratas (duquesa del Almodóvar del Río, marquesa de Comillas, marquesa de Perinat, condesa de Romanones,   duquesa de Santo Mauro, etc). También formaban parte de la Junta,   señoras que presidieran o dirigieran en Madrid asociaciones en defensa de la mujer, la directora de la Escuela Normal Central de Maestras, el presidente y fiscal del Tribunal Supremo, el obispo de Madrid-Alcalá, el gobernador civil de Madrid y dos escritores con conocimientos sobre el tema como: el conde de San Bernardo y Rafael Salillas. Estaban además previstos como secretarios dos funcionarios elegidos por los Ministerios de Estado y de Justicia: Manuel de Uriarte y Badía y Octavio Cuartero y Cifuentes. En noviembre de 1902, se formó además en el seno de la Junta una Comisión Ejecutiva masculina, formada por el presidente y fiscal del Tribunal Supremo, el obispo de Madrid-Alcalá, el gobernador civil de Madrid, Francisco Javier Ullarte y Rafael Salillas.

6 En 1921 se sustituirá el término “Trata de Blancas” por el de “Trata de mujeres y niños” en el Convenio Internacional para la supresión de la Trata de Mujeres y Niños, celebrado el 30 de septiembre de 1921. Se decide su sustitución por considerarse el primero reductivo y racista.

7 Decreto de 10 de febrero de 1903, en Disposiciones generales, doc. Núm.   13, Disposición 1ª.

8 Se llevaron a cabo reorganizaciones en 1904,   1909 y 1910 para mejorar su actuación.   En el primer caso, se elevará el número de vocales a 32, 20 nombrados por el Gobierno, 4 por parte de la Presidencia de la Junta entre responsables de asociaciones madrileñas en defensa de la mujer y 8 designadas en función de su cargo. La reforma de 1909 será de más calado, facultando al Patronato para denunciar ante los tribunales “los hechos de Trata de Blancas y corrupción de menores que llegaran a su conocimiento e intentaba facilitarle los medios. En 1910, se elevará el número de vocales a indefinido.

9 Por otra parte, la publicación del Patronato: el Boletín del Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas (1907-1929), tendrá serias dificultades para su publicación, lo que venía a indicar los problemas económicos que le acompañaron.

10 “Memoria del Secretario de la Junta Directiva, D. Julián Juderías, acerca del Congreso de la Federación Abolicionista“, Boletín del Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas, año II, núm. 17, Madrid, noviembre-diciembre de 1908, págs. 161-172. Posteriormente intervendrá en un sentido abolicionista en el Congreso de Valencia de la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias y ante la Sociedad Española de Higiene.

11 Circulares de 5 de septiembre de 1902, 9 de septiembre y 30 de octubre de 1902 (vigilancia de las estaciones) y 7 de octubre de 1902, 26 de febrero de 1903 y 8 de abril de 1903 (reglas para la emigración), en Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas, Disposiciones generales docs. núms..3, 4, 8, 9 y 17.

12 Con esta ley se establecerán penas para los que promovieren   y protegiesen la prostitución de menores y para aquellos que obligaran a prostituirse a mayores de edad en contra de su voluntad o las obligasen a seguir en la prostitución por haber contraído deudas que tenían que pagar. La persona bajo cuya potestad legal estuviera una menor dedicada a la prostitución incurriría en la pena de arresto mayor e inhabilitación para el ejercicio del cargo de tutela si no se hacían cargo de la menor o la ponían bajo la tutela de las autoridades. Las sanciones también eran aplicables para los delitos cometidos fuera de España. Otras leyes en relación con el asunto serán: la ley de 21 de diciembre de 1907 (art. 5), que intentará atajar el peligro de que los tratantes de blancas encubriesen sus actividades amparándose en la emigración mediante la siguiente disposición: “Las mujeres solteras no podrán emigrar, cuando, por no ir acompañadas de sus padres, parientes o personas respetables, se sospeche fundadamente que pueden ser objeto del tráfico que el Código Penal castiga en sus artículos 456, 459 y 466; Real Orden de 16 de marzo de 1909, que tratará de evitar la prostitución y la explotación de artistas y camareras que trabajaban en teatros y espectáculos públicos prohibiendo dichos empleos a las menores de dieciséis años, estipulando que los contratos de las menores de veintitrés años tenían que ser firmados por sus padres o por sus tutores legales y, prohibiendo que las prostitutas registradas trabajasen en esos lugares. Por último, el Real Decreto de 15 de abril de 1909 unificará   todas estas medidas y otras más,   y definirá los objetivos y facultades del Real Patronato para la Represión de la Trata de Blancas. En este contexto de vorágine legislativa, el Congreso Internacional para la Represión de la Trata de Blancas se reunirá en Madrid en 1910.

13 Decreto de 28 de junio de 1935, Gaceta de Madrid, 30 de junio de 1935.

14 Real Orden de 27 de marzo de 1930, Gaceta de Madrid, 28 de marzo de 1930.

15 César Juarrós era psiquiatra, Académico de la Real Academia de Medicina y escritor. Formó parte del Cuerpo de Sanidad Militar y estuvo en África durante una etapa de su vida. Formará parte también del movimiento a favor del reformismo sexual. Entre sus libros cabe destacarse: El amor en España: características masculinas (1927), Madrid, donde resume las ideas básicas de cómo el hombre entendía el amor según su punto de vista: 1) la infidelidad de la mujer es un deshonor; 2) La mujer es inferior al hombre; 3) cuantas más mujeres se hayan poseído más mérito varonil; 4) quien bien ama tiene celos y, 5) comprar el amor no es humillante, págs. 46 y 47.

16 Clara Campoamor dimitirá de la asociación en 1923 por desavenencias con la Junta Directiva.

17 El artículo responde a un discurso pronunciado por Fernando José Larra en un mitin de la Sociedad Española del Abolicionismo en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Revista de Pedagogía, núm.30, Madrid, junio de 1924, págs.1­8.

18 El movimiento eugenésico reformista español se incardinó en la tradición del eugenismo británico y alemán, promovido por la Organización Eugenésica Internacional más relevante: la Liga Mundial para la Reforma Sexual creada en Copenhague en 1928.   Ligada al movimiento estuvo la revista sexus dirigida por Hildergart Rodríguez. Del Comité de Redacción formaron parte: Gregorio Marañón, Jiménez de Asúa y César Juarrós.

19 Las causas apuntadas para el aumento de la prostitución serán varias: la crisis económica de los 30, la disminución de los empleos femeninos, los bajos salarios y la falta de subsidio   de desempleo de las trabajadoras.

20 El sistema reglamentarista estará en vigor hasta la aprobación del Decreto Abolicionista de 28 de junio de 1935, si bien, el gobierno republicano, no dedicará muchos esfuerzos   en hacer cumplir los reglamentos sobre la prostitución, dejando que su aplicación se hiciera de forma bastante laxa según se explicitará en la Exposición de Motivos del Decreto de 28 de junio de 1935. Aún así, en el Código Penal reformado en 1932, se seguirán imponiendo multas a los que infringieran las disposiciones sanitarias de policía sobre prostitución.

21 Gaceta de Madrid, 9 de abril de 1932

22 Gaceta de Madrid 2 de junio de 1931

23 Gaceta de Madrid de 12 de septiembre de 1931.

24 Gaceta de Madrid de 28 de junio de 1931. En Cataluña, en virtud de su autonomía se creará también un Patronat Catalá de Proteccio a la Dona en 1934

25 Diario de Sesiones de las Cortes Republicanas, 12, 15 y 26 de enero de 1932. La abolición de la reglamentación se planteará en las Cortes como una cuestión de humanidad y de modernidad. Los países desarrollados y la Nueva Sociedad de Naciones optaban claramente por el sistema abolicionista; la España republicana no podía ser menos.

26 Diario de Sesiones de las Cortes Republicanas, 12 de enero de 1932, pág. 3105.

27 Diario de Sesiones…. 12 de enero de 1932, pág. 3105.

28 Diario de Sesiones…, 15 de enero de 1932, pág. 3215

29 Diario de Sesiones…, 15 de enero de 1932, pág. 3215.

30 Diario de Sesiones …, 26 de enero de 1932, pág. 3404.

31 Diario de Sesiones…, 15 de enero de 1932, pág. 3215.

32 Ministerio de la Gobernación, La Sanidad en la Republica. Dos años de gestión, Madrid, Imp. Gráfica Universal, 1933, págs. 65-70.

33 La reglamentación quedaría pues derogada (art. 1) y la prostitución no sería aceptada como medio lícito de vida (art.2). En caso de enfermedad venérea,   el tratamiento sería obligatorio (art.3), así como el reconocimiento médico antes de contraer matrimonio en caso de antecedentes (art. 4 bis). Se imponían también sanciones penales para el mantenimiento de casa de lenocinio, proxenitismo y rufianismo, contagio venéreo doloso y culposo, incumplimiento doloso y culposo del tratamiento médico y contagio venéreo por vía lactante entre niños/as y nodrizas.

34 En Inglaterra la abolición de la reglamentación se produrirá en 1886, si bien ya se había suspendido en 1883. En Italia no se abolió totalmente hasta 1958 con la Ley Merlín, en 1888, 1891 y 1905 se promulgaron normas intermedias que derogaban las medidas de control sobre las prostitutas pero no sobre los burdeles. En Francia, será en 1946 cuando se implante el abolicionismo.

35 El abolicionismo se declaraba en beneficio de la igualdad entre hombres y mujeres y establecía el tratamiento igual para ambos sexos en la lucha contra las enfermedades venéreas. Es decir, la nueva reglamentación sobre estas enfermedades iba dirigida a todas las personas, ya fuesen hombres o mujeres.

36 Decreto de 28 de junio de 1935, Gaceta de Madrid de 30 junio de 1935. Exposición de Motivos, págs. 2556-2557

37 Ibíd., pág.. 2556.

38 Ibíd., págs. 2557 –2558.

39 Ibíd., págs 2.557-2558.

40 Gaceta de Madrid, 30 de junio de 1935, pág. 2557.

41 Gaceta de Madrid, 30 de junio de 1935, Exposición de Motivos,   pág. 2557.

42 Ibíd., pág. 2557.

43 Ibíd., pág. 2557.

44 Ibíd., págs. 2.557-2558.

45 Ibíd., págs. 2557 –2558.

46 Decreto de 28 de junio…, Gaceta de Madrid de 30 de junio de 1935, Exposición de Motivos.

47 Decreto de 28 de junio…, Gaceta de Madrid de 30 de junio de 1935

48 El personal sanitario del hospital era consciente de que la mitad de las personas ingresadas eran analfabetas. Por eso el Dr. Peyri, en el convencimiento de que al Estado le correspondía poner fin a la prostitución y rehabilitar a la prostituta y que el Patronat Catalá de Protecció a la Dona solo iba dirigido a menores, decidió fundar una escuela-taller anexa a la institución sanitaria.

49 Un cartel del Ministerio de Instrucción Pública y Sanidad informaba a la ciudadanía de que la curación científica de enfermedades de la piel y venérea era gratuita en los dispensarios oficiales del Estado. En la imagen aparecía un hombre entrando en un dispensario y una enfermera con un bebé.   No se identificaba en este caso enfermedad venérea con prostitución.

50 Decreto de 28 de junio de 1935, Gaceta de Madrid de 30 de junio, ,   art. 15, pág. 2558.

51 Decreto de 28 de junio…, Gaceta de Madrid de 30 de junio de 1935, Exposición de Motivos, pág. 2555.

 

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NÚÑEZ ROLDÁN, Francisco (1995): Mujeres públicas. Historia de la prostituicón en España. Temas de Hoy, Madrid..

PLAVOET, Leo (2007): Prostitución ¿Qué postura tomar?, Informe Comisión de Equidad y Género, Doc. 11352.

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PULEO, Alicia (1993): La Ilustración olvidada: La polémica de los sexos en el siglo XVIII, Madrid,Anthropos Madrid, Presentación de Celia Amorós. -(1992): La dialéctica de la sexualidad, Cátedra, Madrid.

RUIZ FRANCO, María del Rosario (2000): “ transformaciones, pervivencias y estados de opinión en la situación jurídica y social de las mujeres en España (1931-1939)”, Historia y Comunicación Social, n. 5, págs. 229-254.

SANCHIS, Enric (2008): “La Ponencia sobre la prostitución en España”, Claves de Razón Práctica, noviembre, nº. 187.

SCANLON, Geraldine (1986): La Polémica feminista en la España Contemporánea 1868-1974, Akal, Madrid.

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VÁZQUEZ, Francisco (coord.) (1998): Mal menor. Políticas y representaciones de la prostitución. Siglos XVI-XIX, Editorial Cádiz Universidad, Cádiz.

 

 

 

Entrevista a “Putas Libertarias del Raval”

 

 

Diciembre de 2018

https://www.todoporhacer.org/putas-libertarias/

 

El colectivo Putas Libertarias de Barcelona se ha desmarcado del clima punitivista imperante poniendo de relieve la necesidad de derogar la Ordenanza de Civismo y denunciar la exclusión a la que la marca Barcelona condena a la capital catalana. Insisten en que las trabajadoras sexuales comparten gran parte de las reivindicaciones vecinales que azotan al barrio, apuestan por la convivencia y señalan el nuevo marco legal como promotor de intolerancia, persecución y criminalización del espacio público.

¿Por qué “libertarias”? A qué hace referencia ese apelativo dentro de la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales? ¿Qué modelo de organización y toma de decisiones tiene el colectivo?

A modo de reclamar nuestro espacio en los movimientos libertarios. Porque hay una parte que nos ve como “lumpen” y se niega a reconocer que somos clase obrera.

Nosotras formamos parte de la Campaña Putas Indignadas que nace desde la perspectiva del 15M. Ante la creación de la Ordenanza Cívica, la presión institucional, policial y social nos vemos obligadas a dar la cara, rompiendo con el estigma de PUTA.

Nuestra organización es asamblearia horizontal, hay representantes a nivel político, jurídico, social. No tenemos presidenta ni secretarias generales…

¿Cuáles son vuestros objetivos a corto plazo y quienes son vuestras aliadas potenciales y reales a día de hoy?

Nuestros objetivos son políticos, laborales, sociales. Venimos realizando esto desde hace 6 años, dando la cara y participando en diferentes proyectos, a nivel académico, de pedagogía social y exigimos garantías igual que la mayoría de las ciudadanas.

Logramos tener una Consellera en la CUP: la trabajadora sexual Paula Ezkerra.[…] A lo largo estos 12 años de Ordenanza Cívica hemos tenido diferentes escenarios. Fue creada por la bendita izquierda, que sólo busca crear Marca Barcelona y al principio, a modo “higienista”, buscaba sacar de las calles la realidad que a algunas molesta, la brecha social esa que el sistema capitalista trata de ocultar, perseguir, criminalizando a los diferentes colectivos que utilizan la vía pública a modo de supervivencia con economía de precariedad.

Luego, con el gobierno de Xavier Trias, se endurece con una violencia policial extrema. Fuimos desahuciadas, expulsadas de nuestros hogares y espacios, algunos a modo de ocupación con clientes. Ya que antes de la aplicación de la Ordenanza, fueron cerrados los inmuebles alegando la no renovación de licencia para dicha actividad. Pero no contaron con nuestra capacidad de adaptación y autogestión, y logramos construir una estrategia de resistencia para evitar la expulsión de nuestro barrio y en definitiva la defensa de nuestra zona laboral.

Pero era evidente que tratarían de ejercer más presión a nuestro colectivo, al que de pronto comienzan a exigir licencia de actividad, la cual no existe, porque a la prostitución no se le reconoce el status de actividad laboral.
Aun así se aplica y se multa, comienza el contencioso administrativo el cual obliga al precinto de la vivienda en preventiva, hasta el momento del juicio, que siempre daba la razón a la institución, dejando fuera y con multas de 30.000 a 40.000 euros a la persona titular del contrato de alquiler y de hasta 90.000 euros a la propietaria por ejercer su derecho a alquilar.

Hasta que llega la política del cambio. Es verdad que teníamos la esperanza de conseguir derogar la Ordenanza, pero lamentablemente no fue así, tampoco se logró cambiar el plan de usos que el gobierno de CIU vendió a los diferentes lobbys, terrazas, bares, en el que, para ocupar el espacio público, debía ser pagando […] Ahí es cuando la Marca Barcelona se convierte en el “parque turístico”, donde la gentrificación golpea con fuerza a la comunidad vecinal, que de la noche a la mañana se encuentra fuera de su hábitat natural, aquel que le daba seguridad y le permitía convivir con otras culturas, con otras realidades, las cuales dan una gran oportunidad de crear y tejer redes de solidaridad y respeto.

Nuestra conclusión, a modo de resumen, es que Xavier Trias está en la oposición y nosotras seguimos en Robadors.

¿Cuáles son los problemas cotidianos hoy por hoy en el marco barcelonés para las trabajadoras sexuales? ¿Cómo abordáis como colectivo esos problemas y qué conflictos encontráis en el camino?

El grave problema es la falta de la posibilidad de hacer política dentro del contexto, el reconocimiento de que somos un sujeto político. Más allá del debate de prostitución “sí” o “no”, formamos parte de la sociedad y como tal exigimos garantías y derechos humanos. No podemos ser discriminadas por la actividad laboral, porque dentro del sistema capitalista todas estamos obligadas a trabajar, para tener un techo y un plato de comida, porque ninguna institución ni el sistema te protegerá para cubrir las necesidades básicas.

Sí que se aplica a nuestro colectivo una censura de ética moralista e hipócrita, da igual a qué actividad nos dediquemos, siempre utilizamos nuestro cuerpo y quien crea lo contrario niega la evidencia. Luego está la otra parte: “ninguna mujer nace para Puta”. Pero tampoco para ser víctima de la violencia institucional, jurídica, laboral o social.

Tenemos una brecha salarial de más del 30%, trabajamos gratis a partir del 31 de octubre, pero parece que no importa, tenemos datos que así lo reflejan, pero no nos rebelamos. Ahora bien, si decidimos ejercer prostitución ahí todo el mundo se alborota, comienza la auténtica caza de brujas, la inquisición renace con más fuerza, gritos: “abolición, abolición, no saben lo que hacen, debemos salvarlas de su locura, están alineadas con el patriarcado, con los proxenetas, con los lobbys de la industria del sexo, con los puteros, son violadas, son las culpables de alimentar las violencias machistas, son cómplices de La Manada…” Hacemos apología del porno, obligamos a nuestra sociedad a meterse en internet para recibir educación sexual, ya que ni en el colegio ni en los hogares se habla de ello por ser tabú…

Bendita ignorancia, siempre hemos sido las mujeres las que hemos cargado con todas las culpas de lo horrible de nuestra sociedad, desde que Eva comió la manzana, hasta este siglo XXI, en que se nos prohíbe ser adultas, reconocer nuestras capacidades y nuestro empoderamiento para vivir como nos dé la gana, una única vida… solo una oportunidad… y debemos vivirla obedientes, calladas…

La nueva regulación tiene su origen en la normativa implantada en Barcelona, en 2005. A principios de otoño, en Madrid, el PSOE anunciaba también una propuesta de ordenanza municipal. ¿Qué consecuencias tendrán, en vuestra experiencia, estas medidas sobre vuestra seguridad, vuestras condiciones laborales y vuestra capacidad de autodefensa?

Nefastas porque se nos obliga a la clandestinidad, se criminaliza, se ejerce más violencia institucional, dando barra libre a que cualquiera tenga poder sobre nosotras. Somos excluidas de las garantías y derechos constitucionales, ya que la prostitución es alegal.

Hace unos meses, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, anunciaba que estudiaría cómo revertir el visto bueno de su departamento a la constitución de “Otras”. En la misma línea que otros colectivos que se han fundado recientemente en el Estado como pueden ser el de lateros o el de manteros o las Kellys, este sindicato nace para promover el reconocimiento de derechos, la auto-organización de las trabajadoras sexuales, la lucha contra el estigma y la precariedad. ¿Os parece que tiene sentido la lucha sindical en el seno de un movimiento como el vuestro?

Nosotras formamos parte de la Sección sindical de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales de la Intersindical Alternativa de Catalunya que se firmó el 30 de mayo de 2018 y se presenta de forma pública el 23 de julio de 2018 y es la primera a nivel estatal.

Nace con visión de que en cada autonomía, las trabajadoras sexuales se organicen en los diferentes sindicatos y así poder llevar al plano político nuestras reivindicaciones.

Tenemos que ser capaces de utilizar todas las herramientas a nuestro alcance, si queremos conseguir derechos laborales, jurídicos y sociales. Para dejar de ser utilizadas como víctimas, y que se reconozca nuestro estatus de clase obrera.

Uno de los clásicos argumentos abolicionistas y que justifica, en el papel, la actual regulación municipal de Barcelona es la existencia del negocio de la trata. Lo cierto es que las cifras del Ministerio, asociaciones, entidades y colectivos sobre este tipo de violencias bailan y las políticas públicas de protección fallan. ¿Cuál es la mejor estrategia y qué intervenciones son más efectivas desde vuestro punto de vista, a la hora de identificar, prevenir y combatir situaciones de trata?

Es evidente que la utilización de las víctimas siempre es a modo de legitimar cualquier argumento, dando así morbo, sufrimiento, carnaza para la opinión pública. Dejando desamparadas a las auténticas víctimas.
Existe un código penal que lo recoge, la pregunta es ¿por qué no se aplica?…
Sin embargo pretenden que las propias trabajadoras sexuales hagan esa labor que ni el Estado como tal es capaz de solucionar.

Hay una ley de extranjería que es la verdadera culpable de que esta realidad actúe con impunidad. Toda Europa se alimenta de la trata, pero no sólo con fines de explotación sexual, también en todos los ámbitos laborales, es la mano de obra de la economía sumergida, pero nadie habla de ello. Las auténticas víctimas no son reconocidas como tales si no denuncian, con lo que conlleva esa responsabilidad, solas ante el peligro de enfrentarse a las mafias.

Siempre les persigue el estigma de PUTA, tendrán esa marca porque la sociedad no dejará de recordarles que cometieron un grave error por poner precio a su sexualidad, porque “lo lógico” es que se dé gratis, por amor… nuestros coños llevan dentro los rosarios del las diferentes religiones.

Decía Georgina Orellano, -Puta, sindicalista y feminista- que“la gran batalla (es) […] interpelar al feminismo que no nos reconoce como un sujeto de derechos para que se comprenda que, más allá de que cada una pueda tener una posición sobre la prostitución, abolicionista o a favor del reconocimiento de derechos, lo importante es que el sujeto debe decidir por sí mismo”. ¿Creéis que hay algún punto de encuentro entre estas argumentaciones polarizadas que pueda revertir en una barricada común contra la violencia machista institucionalizada dentro del mundo laboral que atañe a vuestro trabajo?

Compartimos los argumentos de nuestra compañera Georgina, en estos momentos donde vivimos la globalización, reconocemos que las voces de las trabajadoras sexuales son más fuertes y se atreven a romper con el estigma de PUTA, pasamos directamente a la acción, exigimos ser protagonistas de la lucha, también dentro del movimiento feminista, donde las minorías comienzan a exigir espacios. Sólo avanzaremos cuando exista la verdadera solidaridad. Que las mujeres dejen de mirarse con desconfianza y comprendan que juntas somos capaces de romper con el sistema patriarcal capitalista.

Desde algunas posturas también antiautoritarias y feministas se plantea la controversia de que el cliente se atribuya el derecho a disfrutar del cuerpo de las mujeres como consecuencia y a su vez, reforzando el dominio patriarcal y, que “alquilarlo” coloque a las mujeres como género en una situación de inferioridad como para establecer un contrato en términos de igualdad pese a que éste sea voluntario y la relación cliente-puta, no sea violenta ni agresiva. A esto se suma la cuestión de que, salvo en experiencias concretas, el imaginario más extendido sobre el tipo de cliente clásico sea el de un perfil más bien machista y homófobo. ¿Qué opinión os merece esto? ¿Cuál es vuestra experiencia general en el trato con los clientes?

Lamentablemente las mujeres en general estamos en una posición inferior, a veces somos conscientes y otras no. Cuando manifiestan que la relación de puta-cliente no es igual que la de las parejas, creemos que dan por hecho esa relación en la que el hombre asume la posición de poder y la mujer de sumisión. Antes de tener una relación sexual, existe un contrato verbal entre dos personas adultas, en la que se desea y espera recibir sexo a cambio de una aportación económica. El cliente expone, la trabajadora sexual acepta o no. Es mucho más simple. El imaginario colectivo da por hecho que tener una relación con personas desconocidas es una aberración. Pero cuántas de nosotras hemos hecho esto, después de tomar unas copas, o de salir de bailar… Puede ser el polvo de nuestra vida o el trauma que tenemos que enterrar, o simplemente nos da la risa cuando se lo contamos a las amigas. Cuando los hombres dicen, vámonos de putas, esto puede herir sensibilidades en muchas personas, pero para nosotras significa TRABAJO. […] todas estamos expuestas a la violencia ya sea institucional, jurídica, social… aunque estés trabajando de cajera en el Mercadona, todas las que trabajamos de cara al público lo estamos.

Podemos ser violentadas verbalmente o ser víctimas de un atraco, o ser acosadas en el entorno familiar, laboral o personal.

 

Putas Liberarias del Raval está en Twitter: @PutasLibRaval

Discurso de Helena Maleno en la entrega de Premios Derechos Humanos 2018 APDHE

 

13 de diciembre de 2018

Premio Periodismo HELENA MALENO

 

 

“Y no quiero terminar sin pensar en las compañeras que me han escrito durante estos meses: las que están en el Polígono de Villaverde, las que están en los Eroskis de Murcia y de otras ciudades, las compañeras que están en las calles de Barcelona. Sé que sufren ellas también día a día la criminalización de la UCRIF, de esa policía de control de fronteras, y me imagino, compañeras, lo duro que tiene que ser. Sé que durante estos años se ha usado la trata para que la policía de control de fronteras os siguiese criminalizando y persiguiendo. Muchas hemos pedido que esa policía no os toque nunca más, ya que la trata se la vence trabajando por los derechos humanos. Gracias, por tanto, compañeras.”

 

 

 

Puede verse aquí el vídeo completo de la entrega de premios. La entrega del Premio Periodismo Derechos Humanos a Helena Maleno y su discurso, a partir de 1:23:45

 

Legislación y normativas del trabajo sexual en Holanda

 

 

 

Lo que sigue es un extracto del trabajo Sex Work, Stigma and Violence in the Netherlands, que puede descargarse completo en formato PDF y en inglés aquí: http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/sex_work_stigma_and_violence_in_the_netherlands_reportdigital.pdf

También puede obtenerse información básica en español sobre legislación laboral, seguridad social, pago de impuestos, salud, y dejar la prostitución en los Países Bajos aquí:
https://www.soaaids.nl/es/bienorganizado/bienvenidos

 

 

2.3 Legislación y normativas

 

En este apartado, explicamos la legislación y las normativas en los Países Bajos con respecto al trabajo sexual.

 

Levantamiento de la prohibicón de burdeles

El 1 de octubre de 2000, después de décadas de no haberse aplicado la prohibición de los burdeles, lo que facilitó el rápido crecimiento de una industria sexual en todo el país, y después de casi veinte años de discusiones legislativas, la prohibición, que tenía 90 años de antigüedad, se eliminó del Código Penal. Desde entonces, administrar un negocio sexual dedicado a la prostitución voluntaria por parte de personas adultas es legal y está regulado localmente. Todavía no existe una ley general de prostitución. La normativa de la prostitución, así como la implementación de sistemas locales de concesión de licencias, se dejaron, y siguen siendo dejados, en manos de los municipios. En los Países Bajos, el trabajo sexual en general y las trabajadoras sexuales individuales en particular no están penalizados.

Las primeras discusiones sobre el levantamiento de la prohibición de los burdeles se remontan a la segunda ola feminista en los años ochenta. Sobre la base del derecho a la autodeterminación, se debería permitir a las mujeres decidir individualmente si querían o no trabajar en la prostitución. No había que contrarrestar la prostitución, sino la coerción y la violencia. Más tarde, los municipios vieron una creciente necesidad de regulación del sector comercial del sexo en expansión. También se creía que el abuso sería más fácil de contrarrestar si la operación de un negocio sexual con licencia se desconectara de la explotación ilegal en la prostitución. Así, levantar la prohibición de los burdeles tenía, en general, tres objetivos: regular la prostitución voluntaria; contrarrestar el abuso de seres humanos, tales como la trata de personas y la prostitución de menores; y mejorar la posición de las trabajadoras sexuales.

 

Trata de personas, menores y reclutamiento de trabajadoras sexuales extranjeras

Simultáneamente con el levantamiento de la prohibición de los burdeles, se reforzó el artículo sobre la trata de personas en el Código Penal y se reforzaron las sanciones. El artículo 273f prohíbe todas las formas de coerción, (amenaza de) violencia, extorsión, engaño o abuso de autoridad con la intención de explotar a una persona que trabaja en la prostitución. También prohíbe beneficiarse de la prostitución de alguien que trabaja en condiciones forzadas. Para la ley, la trata de personas se produce tanto si las personas involucradas han sido (conscientes) de que trabajarían en la prostitución como si no, si han trabajado anteriormente en la prostitución, o si quieren trabajar o seguir trabajando en la prostitución en circunstancias libres. En caso de enjuiciamientos, la policía o un fiscal de vez en cuando exigen a las personas tratadas que dejen de trabajar en la prostitución, ya que esto facilitaría la prueba de los casos. Sin embargo, la ley no ofrece ningún fundamento para esta práctica.

En el caso de los menores (personas menores de 18 años), el artículo 273f no requiere pruebas de coerción, ya que cualquier forma de reclutamiento y explotación de la prostitución de menores es un delito, ya sea que se utilice o no el engaño, la coacción o la violencia. Inicialmente, la penalización también se aplicaba a todas las contrataciones de trabajadoras sexuales adultas en el extranjero. Incluso si no existe ninguna forma de coerción o engaño, la ley holandesa de trata de personas dice que reclutar o transportar a alguien de otro país a los Países Bajos para trabajar en la prostitución es un delito. Sin embargo, esto contradice el principio en el que se basó el levantamiento de la prohibición de los burdeles. El principio dice que la explotación de la prostitución solo es ilegal cuando la persona trabaja involuntariamente. Esta discordia tuvo que ser juzgada en los tribunales más de una vez hasta que, en 2015, el Tribunal Supremo de los Países Bajos decidió en última instancia que ‘reclutar o traer’ trabajadoras sexuales extranjeras al país es solo un delito cuando hay explotación involucrada. Aunque La ley de trata de seres humanos no establece esto explícitamente, la intención de explotación debe estar implícita. Por ejemplo, la reserva de un billete de avión para que una trabajadora sexual húngara trabaje en los Países Bajos no representa en sí misma motivos suficientes para una condena por trata de personas.

Finalmente, los clientes de trabajadoras sexuales de dieciséis y diecisiete años de edad ahora son punibles, mientras que los clientes de trabajadoras sexuales menores de dieciséis años de edad ya estaban penalizados.

 

Trabajadoras sexuales inmigrantes

Levantar la prohibición de los burdeles significó que el trabajo sexual pasó a ser legalmente reconocido como trabajo. Desde entonces, las trabajadoras sexuales de todos los países de la Unión Europea pueden trabajar legalmente en los Países Bajos en las mismas condiciones que las trabajadoras sexuales holandesas. Sin embargo, las trabajadoras sexuales de fuera de la Unión Europea (UE) no pueden obtener un permiso de trabajo sexual holandés. Según la Ley holandesa de empleo para extranjeros, la prostitución es el único sector laboral en los Países Bajos que prohíbe a los extranjeros.

 

El sistema de licencias

La mayoría de los municipios cuentan con un sistema de licencias para empresas sexuales. Inicialmente, se otorgaría una licencia principalmente a las empresas que existían antes de levantar la prohibición de los burdeles, y su número total en ese momento se fijó como el máximo futuro. En consecuencia, los operadores existentes ocuparon una posición de monopolio. Casi no había espacio para la innovación, por ejemplo, para las trabajadoras sexuales que querían iniciar sus propios negocios. Para obtener y mantener una licencia, las empresas deben cumplir con los requisitos de salud y seguridad y mantener un historial policial limpio. Los requisitos de la licencia se establecen en la Ordenanza General de la Municipalidad (APV) . Una empresa que no cumpla con los requisitos de la licencia puede cerrarse. No todos los municipios tienen una normativa de licencias y las normativas no son idénticas. En algunas ciudades, las agencias de escorts deben tener licencia, mientras que en otras no necesitan licencia. Hay municipios que intentan de hecho prohibir los negocios sexuales con requisitos que no se pueden cumplir. Casi una cuarta parte de todos los municipios tienen una política de cero prostitución, lo que significa que todas las formas de negocios sexuales están prohibidas.

La prostitución callejera ha sido prohibida en casi todas partes. Sólo quedan unas pocas ciudades con una zona de prostitución callejera. Típicamente, las trabajadoras sexuales deben tener un permiso para trabajar allí.

Al igual que todas las personas que trabajan por cuenta propia, las trabajadoras sexuales que trabajan por cuenta propia, por ejemplo las que se encuentran en un burdel de ventanas, deben registrarse en la Cámara de Comercio. Pueden usar la categoría de “servicios personales” para proteger su privacidad.

 

Trabajar en o desde casa

En muchas ciudades, es ilegal trabajar en o desde la residencia particular, por ejemplo, como escort de recepción o de salida. Las trabajadoras sexuales que trabajan en o desde su casa corren el riesgo de ser multadas, ser expulsadas y, posiblemente, ser amenazadas con desalojos. Algunas ciudades permiten “trabajo en casa” si no se asemeja al funcionamiento de un negocio. Lo que esto quiere decir exactamente no está claro y puede diferir en cada municipio. Por lo general, la conclusión es que las personas que ejercen el trabajo sexual deben estar empadronadas en la dirección donde trabajan, deben trabajar estrictamente solas y no deben publicitarse, o hacerlo solo ocasionalmente. Trabajar mientras una colega o una pareja está en la residencia, por ejemplo por razones de seguridad, se considera un negocio y requiere un permiso. Otras ciudades requieren que las trabajadores en domicilio soliciten un permiso, lo que significa que sus nombres y direcciones se hacen públicos en los periódicos locales y en los sitios web municipales, a costa de su privacidad y seguridad. En cualquier caso, la probabilidad de obtener un permiso es mínima. Los municipios establecen las normativas de trabajo en casa en su APV. Las regulaciones de zonificación también pueden prohibir el trabajo en casa (u otras formas de trabajo sexual).

La policía trata de localizar a las trabajadoras en domicilio en sitios de publicidad como Kinky y Hookers. Oficialmente, esto está destinado a rastrear a las personas tratadas, pero en realidad, afecta principalmente a las trabajadoras en domicilio independientes. Por lo tanto, las trabajadoras a domicilio no están ansiosas por llamar a la policía para pedir ayuda cuando algo sale mal. Después de todo, se arriesgarían a perder sus ingresos o su residencia.

 

La regulación Opting-in

Desde 2008, la mayoría de los operadores en la rama de la prostitución de interior deben trabajar con la llamada regulación Opting-in. El Opting-in es un acuerdo entre los operadores y la oficina de impuestos que pone a las trabajadoras sexuales independientes en una posición laboral intermedia entre el empleo asalariado y el empleo autónomo. Los clientes pagan a los operadores. Los operadores pagan a las trabajadoras sexuales después de retener el 21% de IVA y el impuesto a la renta, y después de retirar su parte (generalmente el 40-50% de lo que pagan los clientes). Las trabajadoras sexuales ni están empleadas por el operador ni son autónomas. No están aseguradas por desempleo ni por incapacidad, ni gozan de protección laboral como lo hacen otros empleados regulares. Tampoco tienen los derechos de las personas que trabajan por cuenta propia, por ejemplo, las desgravaciones fiscales para las personas que trabajan por cuenta propia. En cambio, como una especie de asignación de gastos, las trabajadoras sexuales no pagan impuestos sobre el primer 20% de sus ingresos brutos (la llamada “regla del 20%”). La regulación Opting-in para la rama organizada de la industria del sexo viene con un conjunto de “condiciones” que no permiten a los operadores interferir con el trabajo de las trabajadoras sexuales. Las trabajadoras sexuales tienen la libertad de establecer sus horas de trabajo y sus tarifas, aceptar o rechazar clientes, determinar qué servicios ofrecen o no ofrecen y elegir su atuendo. En realidad, no hay control sobre el cumplimiento de esta no interferencia y las trabajadoras sexuales se quejan de estar mal informadas acerca de sus derechos tal y como se detallan en las condiciones. Una ventaja del Opting-in para las trabajadoras sexuales es que son los operadores quienes deben declarar y pagar sus impuestos. Las trabajadoras sexuales no tienen tales deberes administrativos.

Las regulaciones de Opting-in también existen para otros grupos profesionales independientes, entre otros para pastores y miembros del parlamento. Lo extraordinario para la rama de la prostitución es que las trabajadoras sexuales en el sector con licencia no tienen otra opción que esta relación laboral híbrida, etiquetada como “ficticia” (asalariada pero desempleada), porque la oficina de impuestos obliga a la regulación Opting-in a los operadores. Sin embargo, desde 2015, la oficina de impuestos permite a las trabajadoras sexuales trabajar como contratistas independientes en unos pocos clubes y casas particulares simplemente alquilando una habitación allí. En teoría, la elaboración de una nómina es una opción en negocios sexuales con licencia, pero no se aplica.

 

Un nuevo proyecto de ley de prostitución: registro, aumento de la edad mínima y requisito de permiso para el trabajo en casa

Desde 2008, hay un nuevo proyecto de ley de prostitución en discusión. Esta ley, denominada “Regulación de la prostitución para contrarrestar los abusos en el sector sexual”, se conoce por su acrónimo WRP (Wet regulering prostitutie). Se supone que se debe garantizar que todos los municipios sigan una política de licencias uniforme. En el proyecto de ley original fueron centrales la introducción de un registro nacional de trabajadoras sexuales, el registro obligatorio para las trabajadoras sexuales y la penalización de las trabajadoras sexuales no registradas y sus clientes. El requisito de registro se encontró con tantas críticas de trabajadoras sexuales, profesionales de la salud, trabajadores sociales, investigadores y abogados (el Consejo de Estado también lo consideró negativo) que el proyecto de ley finalmente quedó varado en el Senado, entre otras razones debido a un conflicto entre la legislación de privacidad holandesa y la europea. Además, el proyecto de ley exigía una licencia para todas las formas de trabajo sexual, así como un aumento de la edad mínima para las trabajadoras sexuales de 18 a 21 años. En este momento, el proyecto de ley, enmendado sin el requisito de registro, se ha estancado en el Senado y el gobierno actual quiere enmendarlo una vez más. Todavía empeñado en el registro de trabajadoras sexuales, trata de exigir a las trabajadoras sexuales una entrevista de admisión en el Servicio Municipal de Salud (GGD). Otro requisito es la obligación de licencia para todas las formas de trabajo sexual, incluído el trabajo en casa independiente y los servicios de escort. Además, hay planes para una llamada “prohibición de proxenetas” que, además de lo que ya contempla la ley de trata de seres humanos, “penalizaría a todos los involucrados en obtener beneficios financieros con el negocio sin licencia de servicios sexuales”, como el gabinete actual anunció. Y, finalmente, se presentó un proyecto de ley para penalizar a los clientes de las probables víctimas de la trata de personas.

A pesar de que el Senado rechazó el requisito de registro, varios municipios intentaron implementarlo a nivel local. Sin embargo, dado que involucraría datos personales confidenciales, se requeriría el permiso de la Autoridad de Protección de Datos Personales. Hasta ahora, este permiso ha sido rechazado. Por lo tanto, a los municipios ni siquiera se les permite registrar a las trabajadoras sexuales a través de una entrevista de admisión obligatoria en la policía o en el GGD. Adelantándose a la nueva ley, muchos municipios ya elevaron la edad mínima para el trabajo sexual a 21 años.

 

La posición de las trabajadoras sexuales

Varias evaluaciones muestran que de los tres objetivos que buscaba el levantamiento de la prohibición de los burdeles, el objetivo de mejorar la posición social y laboral de las trabajadoras sexuales no se está alcanzando. Por ejemplo, las trabajadoras sexuales todavía tienen problemas con la apertura de cuentas bancarias de negocios o con la obtención de hipotecas. Trabajar de forma independiente, es decir, sin un operador como intermediario, también se ha vuelto más difícil. El énfasis de las autoridades en la lucha contra la trata de personas aumenta el estigma del trabajo sexual y hace que las trabajadoras sexuales (mujeres) sean cada vez más vistas como víctimas indefensas que deben ser controladas, protegidas y rescatadas. Además, desde el año 2000, cuando se levantó la prohibición de los burdeles, el número de empresas sexuales con licencia ha disminuido considerablemente. Casi un tercio de los burdeles de ventanas se han cerrado, a menudo con el pretexto de evitar la trata de personas. Muchas medidas que supuestamente se toman para contrarrestar la trata tienen un impacto adverso en toda la rama legal de las empresas del sexo, causan más ilegalidad, aumentan el riesgo de abuso y hacen que las condiciones laborales sean menos seguras. Como resultado, las trabajadoras sexuales se oponen cada vez más a tales normativas. Hacen valer su derecho a ser reconocidas como profesionales normales y ver reconocidos los mismos derechos que se aplican a otros ciudadanos trabajadores.