Empoderamiento y hermandad: la labor comunitaria de las trabajadoras sexuales luego de un año de pandemia

Varias organizaciones comunitarias han creado , a través de la creatividad y la solidaridad, redes de apoyo para uno de los grupos más vulnerados y estigmatizados del Barrio Santa Fé. 

“El enemigo número uno de la puta es la policía y el Estado, que no cuida a nadie, menos a nosotras. Pero ha sido muy duro tener que reconocer que adicional tenemos un nuevo enemigo que son las otras mujeres, que nos han querido tachar de incorrectas y servidoras del patriarcado, cuando hacemos todo lo posible para hacer lo contrario. El prejuicio ha vuelto. A mi me parece que esto es un momento histórico porque ahora la trabajadora sexual se levanta, habla, resiste, se reconoce como tal y esto es nuevo, no pasaba antes, y nos hemos levantado contra el sistema, el patriarcado, iglesia, todo, pero nos toca volver a callarnos porque algunas mujeres nos quieren silenciar”

 

Por Luz Lancheros

12 de marzo de 2021

https://www.publimetro.co/co/bogota/2021/03/12/empoderamiento-y-hermandad-la-labor-comunitaria-de-las-trabajadoras-sexuales-luego-de-un-ano-de-pandemia.html

 

Uno de los sectores más vulnerables, estigmatizados y violentados por la pandemia ha sido el de las trabajadoras sexuales, que sin apoyos, han tenido que valerse por sí mismas, ayudarse entre ellas y de paso, y alzar su voz ante la estigmatización.

Cuando Alejandra Monocuco, mujer trans de 39 años y trabajadora sexual murió el año pasado debido a la negligencia de las autoridades sanitarias y distritales y luego estas mintieron sobre su deceso, una de estas redes fue la que se encargó de velar por justicia por su caso: la Red Comunitaria Trans, que con otros colectivos fundados por trabajadoras sexuales y feministas que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales, resignifican su posición ante la sociedad e incluso les han permitido expresar su posición política a través de proyectos comerciales y creativos, más aún en un periodo tan difícil.

De esta manera, ante la violencia y abandono social y estatal la Red creó un Fondo de Emergencia para las trabajadoras sexuales en el barrio Santa Fe (en el que entregaron mercados, se ayudó con arriendo y aparte, también se dieron kits de protección) , además de una Escuela Comunitaria -que permite a las integrantes de su red adquirir conocimiento en varios temas- y hasta un calendario de moda donde ellas pudieron expresar su punto de vista ante el mundo, además de colaborar con ollas comunitarias y apoyos para las personas en situación de vulnerabilidad de ese sector.

“Si éramos invisibilizadas antes de la pandemia, ahora mucho peor, porque nos ven como personas que no importan, como cuerpos matables. Hubo muchas personas en estado de vulneración terrible. A algunas las desalojaron, otras no tenían cómo darles de comer a sus hijos, denunciar se hacía más difícil, pero gracias a la campaña del fondo de emergencia para trabajadoras sexuales y la articulación con otras organizaciones feministas que no juzgan el trabajo sexual, salimos adelante”, le expresa Yoko Ruiz a PUBLIMETRO, co- fundadora de la Red Comunitaria Trans y trabajadora sexual, que lleva ocho años haciendo trabajo comunitario en el barrio y una de las impulsoras de la campaña que visibilizó lo que había hecho el Estado con Alejandra.

#JusticiaParaAlejandra pic.twitter.com/oZq0IUxGUU

— Red Comunitaria Trans (@redcomunitariat) June 4, 2020

“ El trabajo sexual para mí es una oportunidad laboral. Este lleva una década en que la Corte Suprema lo hizo ver como un trabajo digno y las putas son autónomas en su territorio y cuerpo. Y mientras se acaba la pandemia, debemos acompañar a las personas (incluso a las que tienen otras situaciones de vulnerabilidad) a nivel económico y de justicia, para seguir denunciando estas violencias”, añade.

Uno de los colectivos feministas que es su aliado es Putamente Poderosas, que creó su tienda de moda “La tienda del putas”, donde se pueden comprar piezas para apoyar a las trabajadoras sexuales en Bogotá y en Medellín. Con mercados, dinero y hasta la participación de empresas privadas, han querido no sólo apoyar, sino resignificar una palabra que sigue siendo tabú en la sociedad colombiana.

“ Esta violencia agudizada por la pandemia empezaría a reducirse si a una trabajadora sexual le dieran un marco digno de trabajo, pero mientras más escondamos y neguemos el tema, peor para ellas, porque el trabajo sexual hay en todo el mundo y jamás se va a acabar o abolir. Tenemos que aceptarlo, reconocerlo y nombrarlo. Hay todo tipo de personas y no se puede confundir trabajo sexual con trata y con prostitución, son temas diferentes. Los derechos no se debaten: se defienden y debemos ponernos en la voz de ellas. Nosotras ponemos el tema del trabajo sexual sobre la mesa y lo resignificamos y humanizamos , no lo romantizamos. Esto se trata de un intercambio de dinero por placer, con el cuerpo como herramienta. Y ante la problemática agravada por la pandemia, hacemos acciones concretas y simbólicas, porque son las que mueven y ponen a hablar a la ciudad y el país”; le explica a PUBLIMETRO Melissa Toro, directora de la organización. Esta y las organizaciones comunitarias de trabajadoras sexuales, se han organizado para hacer actividades comunitarias y manifestaciones artísticas y simbólicas. Otro colectivo aliado es Dos Latinas, plataforma de derechos humanos que, entre otros enfoques, piensa el vestir como acto político.

Por su parte, otras trabajadoras sexuales han creado colectivos e iniciativas comunitarias para apoyar a sus mismas compañeras. Este es el caso de Marciana*, que ahora es modelo webcam y que ha hecho varias ollas comunitarias y ha dado apoyos para comunidades vulnerables como los indígenas Emberá en Bogotá que tuvieron que alojarse en el Parque Tercer Milenio, entre otros.

Esto lo hace con la plataforma Fuego de Barrio y conoce muy bien la realidad de este trabajo: ella y su mejor amiga hicieron cerrar varios sitios de trata, por lo que sufrieron varios atentados. Su amiga murió como producto de ello, pero no pudo cegarse ante las problemáticas de su entorno: “Regresé para apoyar a mis compañeras y descubrí que no solo nosotras teníamos necesidades, sino que la calle tenía muchas dinámicas y factores. Empecé el trabajo comunitario con trabajadores informales y luego con habitantes de calle, disidencias sexuales, porque el barrio aglomera a todas las personas ignoradas e invisibilizadas por mucho tiempo. En estas ollas, que llevan año y medio, vemos un compartir constante y comunitario de la comunidad, donde se intercambian historias y vivencias. Esto ha creado fraternidad en los vecinos y ha hecho que la pandemia sea menos violenta”, explica.

La olla aquí ya está encendida? pic.twitter.com/yXLBrmqMmL

— ���������������� ��️‍�� (@MarcianaPunk) March 7, 2021

En estas actividades también ha participado Carolina Calle, trabajadora sexual desde hace 16 años y directora de la organización Calle 7 Colombia, que lleva 3 años legalizada. “Hemos marchado para que se hiciera algo mínimo, para que a algunas les dieran ayudas. Si bien hay políticas públicas para nosotras, en la Secretaría de la Mujer no han hecho nada y no les importa lo que nos pase. Por eso seguimos en la lucha, que está en las calles y en los sitios donde se ejerce el trabajo sexual”, expresa.

Arte y política ante el estigma

La moda y el arte son vehículos de expresión, entre muchos otros ,de las trabajadoras sexuales trans, que comienzan a tener conciencia de sí mismas y a empoderarse desde esta posición.

Esto también lo han podido encontrar en el espacio cultural “El Olimpo”, cuyo director creativo, Juan Sebastián Reyes, fue quien lideró el calendario de moda protagonizado por las mujeres de la Red Comunitaria Trans. “Llevo cuatro años en la zona, tres trabajando unido con la Red y creamos un espacio seguro donde las personas que ejercen la prostitución aprenden patronaje, confección, dirección de arte, etc. Tenemos un grupo de trabajo donde varias personas las guían en procesos creativos”, le expresa a PUBLIMETRO.

Las integrantes de la Red idearon los conceptos del calendario y se fue creando para cada foto un fashion film. “Queríamos sacarlas de la zona de confort y queremos también poner una posición política, no solo pararnos desde el discurso de la calle sino desde el arte de y la moda y decir estamos acá, este es un trabajo como cualquier otro y por la pandemia este está siendo afectado”, añade. El calendario muestra a cada una de las trabajadoras sexuales en conceptos editoriales y de moda que van más allá de los imaginarios estereotípicos.

“Queremos mostrar que somos guerreras y que tenemos una vida, sueños, metas. Que somos dueñas de la calle y que tienen que respetar nuestro trabajo. Que guerreamos día y noche y nos exponemos a muchas violencias. Para mí el trabajo sexual es una herramienta, pero acá en la calle vivimos de manera empoderadora, porque compartimos entre las mismas hermanas y nos ayudamos y sabemos lo que nos puede llegar a pasar. El trabajo sexual es un trabajo ,estamos en contra de la explotación, pero a muchas nos ha permitido ser independientes. Y con la red nos hemos sentido protegidas y también seguir con nuestros sueños y metas”, le cuenta a PUBLIMETRO Alexa TuFantasía, trabajadora sexual de 23 años y que lleva 5 en esta actividad y que participó en el Calendario Mujer Fatal 2021.

Alexa, como muchas, sabe también el estigma que enfrenta desde algunos sectores del feminismo . Y si bien no se desconoce la problemática mundial de una industria criminal como la trata de personas y la explotación sexual incluso en contextos de conflicto armado, entre otros, varias mujeres pertenecientes a estas redes ven en esta postura otra forma de violencia: “El enemigo número uno de la puta es la policía y el Estado, que no cuida a nadie, menos a nosotras. Pero ha sido muy duro tener que reconocer que adicional tenemos un nuevo enemigo que son las otras mujeres, que nos han querido tachar de incorrectas y servidoras del patriarcado, cuando hacemos todo lo posible para hacer lo contrario. El prejuicio ha vuelto. A mi me parece que esto es un momento histórico porque ahora la trabajadora sexual se levanta, habla, resiste, se reconoce como tal y esto es nuevo, no pasaba antes, y nos hemos levantado contra el sistema, el patriarcado, iglesia, todo, pero nos toca volver a callarnos porque algunas mujeres nos quieren silenciar”, le cuenta Marciana a PUBLIMETRO.

“ A la prostitución la empaquetan en la misma maleta con la trata de personas. Y a nosotras no nos interesa decir que la trata no existe, hay compañeras víctimas, al contrario buscamos espacios seguros para nosotras, pero nos enoja que cuando buscamos, hablamos, denunciamos o somos víctimas de feminicidio los minimizan porque son ‘riesgos laborales’, es a lo que nos tenemos que atener por ser lo que somos, es el nuevo te violan por usar falda. Es utópico soñar con la abolición, porque el Estado no da garantías de nada. Muchas acá en el barrio estamos a la espera de restituciones de tierras, por guerras, desplazamiento. Si el Estado no ha respondido por ello, menos nos va a cuidar. El trabajo sexual no se va a acabar y ellas piensan en esto como algo denigrante, pero hay que dejar los moralismos sobre los cuerpos y decisiones. Muchas acá somos conscientes de que nos gusta el trabajo, de que tenemos mejores sueldos que con nuestras profesiones, ¿Por qué ahora tenemos que ser juzgadas ,acalladas y minimizadas y por qué otra persona tiene que hablar por mi por lo que puedo y tengo derecho a decir?”, expresa.

“Hay muchas formas de ser, de representarse y existir. Una de esas es este espacio”, añade Yoko Ruíz. Llevo años acá, no he sido víctima de explotación y ya hay incluso modalidades virtuales de trabajo sexual. Acá acompañamos a las mujeres que están en este espacio y velamos para que haya justicia”, expresa. Y eso es lo que importa en un año en el que se ha demostrado que los más vulnerables han sido los silenciados y olvidados.

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Y ellas luchan para que esto no siga pasando, porque luego de un año de pandemia aprendieron que no dejarían que las violentaran otra vez, pero sobre todo, no dejarán que silencien una voz que tiene una agencia y una contundencia cada vez más fuertes.

*Nombre cambiado por petición de la fuente.

PIE DE PÁGINA

Las personas entrevistadas para este artículo se reconocen a sí mismas como trabajadoras sexuales (o feministas que apoyan este tipo de actividad) y abogan porque su actividad se reconozca como un trabajo regulado y dignificado.

Sin desconocer las implicaciones de una industria criminal (trata de personas) que en Colombia desde 2013 a 2020 dejó a 686 víctimas, de acuerdo con el Ministerio del Interior (son muchas más) , y sin desconocer a las víctimas de violencia sexual que ha dejado el conflicto armado (más de 26 mil) ,este artículo cubre solo una población de personas que se dedican a la prostitución de forma voluntaria y quienes han creado redes de apoyo en su devenir cotidiano.

Muchas mujeres víctimas de trata son invisibilizadas bajo esta terminología y varias organizaciones y activistas desde varios ámbitos han luchado contra la las instituciones estatales para lograr su rescate y reivindicación, sobre todo, cuando estas prácticas se hacen bajo figuras jurídicas y la ineficiencia del Estado para tener protocolos adecuados de rescate e identificación de víctimas. Según el reporte 2020 Trafficking In Persons Report, para 2019 hubo 106 víctimas de trata de personas y el 80% de la población casos de trata sexual eran mujeres y niñas en condiciones vulnerables.

Por su parte, PUBLIMETRO trató de contactarse con grupos y figuras abolicionistas y no recibió respuesta al respecto, o la solicitud de entrevista fue declinada.

La Policía detecta 530 puntos de prostitución en Madrid en la mayor operación de rescate de la trata

La Brigada Provincial de Extranjería y las 30 comisarías de Madrid han elaborado el primer censo de pisos, locales y calles donde se esclaviza

“Solo un pequeño puñado de víctimas han decidido pensárselo, de cara a una denuncia, y tienen 90 días para tomar la decisión. Y ésta es el enorme escollo para los investigadores (y la sociedad en general) para acabar de una vez por todas con esta lacra que casi nadie quiere mirar de frente: las instancias judiciales exigen en el 99% de los casos la denuncia de la mujer.”

 

Por Carlos Hidalgo

5 de marzo de 2021

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7eQhOC89GjkJ:https://www.abc.es/espana/madrid/abci-policia-detecta-530-puntos-prostitucion-mayor-operacion-rescate-trata-202103042008_noticia.html+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=es

 

La lucha contra la trata de seres humanos continúa pese a las limitaciones de la pandemia. Según ha podido saber ABC, la Policía Nacional, tras un arduo trabajo de casi dos años, ha elaborado un censo muy aproximativo que cifra en, al menos, 530 puntos de distinto tipo donde se practica la prostitución en Madrid. Se diferencia entre clubes, calle y pisos; estos últimos son los más numerosos en la actualidad. Y los más difíciles de controlar, habida cuenta de la falta de recursos legales (que los investigadores no se cansan de reclamar a las autoridades judiciales y políticas competentes), algo de lo que son perfectamente conocedoras las decenas de mafias que se dedican a explotar a mujeres.

El dispositivo especial ha estado comandado por la Brigada Provincial de Extranjería, con la colaboración de las 30 comisarías (18 de distrito y 12 de ciudades del extrarradio) existentes en la Comunidad. El censo es el que se ha utilizado para visitar los 530 puntos en una sola jornada, en un despligue sin precedentes, y contactar con más de 800 mujeres, presuntas víctimas, para ofrecerles la oportunidad de colaborar en la labor contra la trata de seres humanos.

Las inspecciones, en las que no se pudo entrar en los domicilios, se trabajaron la jornada del 18 de febrero desde las diez de la mañana hasta las 12 de la noche. Participó un centenar de agentes de la Brigada y alrededor de 180 de la treintena de comisarías. Además de ofrecer ayuda a las chicas (los agentes acudieron con miembros de seis asociaciones que se dedican a ayudarlas a salir de ese infierno), la idea es también la de afianzar la localización de esos lugares, si cambian y dónde a las mujeres, y comprobar, ya para actuar judicialmente, si los titulares de los inmuebles conforman grupos organizados, explican a este diario fuentes policiales.

Por sectores, el censo se divide así: pisos donde se ejerce la prostitución, 330; clubes, 180, y 20 puntos callejeros. Esta triste realidad se da en absolutamente todas las zonas de Madrid, aunque, en cuanto a las viviendas (también hay chalés, sobre todo a las afueras), destacan los distritos de Centro, Tetuán, Latina, Puente de Vallecas y Carabanchel. Los locales de alterne se ubican, principalmente, además de en barrios de la capital (Centro, Castellana, Valdeacederas, Azca…), en Getafe, Leganés, Coslada, Móstoles, Alcalá y Torrejón; es decir, en la zona sur y el Corredor del Henares. Y, en cuanto a la calle, persiste la presencia de estas mujeres (aunque en menor medida por la pandemia y porque en los pisos están más controladas y les salen más rentables a las mafias, por lo que se ha producido un trasvase) en las zonas conocidas y habituales, como la Casa de Campo, Marconi, Gran Vía, Ballesta, Desengaño, Montera... Entre las más de 800 mujeres contactadas, había desde latinas (sobre todo, paraguayas, colombianas, venezolanas…) a rumanas y nigerianas, principalmente. También se intervino en algunas viviendas de Chueca, donde había chaperos y transexuales ejerciendo.

Trabas judiciales y amenazas

Solo un pequeño puñado de víctimas han decidido pensárselo, de cara a una denuncia, y tienen 90 días para tomar la decisión. Y ésta es el enorme escollo para los investigadores (y la sociedad en general) para acabar de una vez por todas con esta lacra que casi nadie quiere mirar de frente: las instancias judiciales exigen en el 99% de los casos la denuncia de la mujer. Algo muy difícil de conseguir si se tienen en cuenta las amenazas y palizas que sufren si abren la boca. La mayoría de las coacciones consisten en hacer daño a sus familiares en sus países. Hay algunos de estos parientes que incluso pasan de la situación de sus hijas y prefieren que se ‘ganen’ así la vida siempre que les llegue parte del dinero. En el caso de las nigerianas se añade el tema del vudú: rituales que siguen en su país para lanzarles una especie de maldición. En cuanto a las rumanas, muchas son víctimas de sus ‘loverboys’, sus supuestos novios que realmente lo que hacen es encandilarlas para que se dediquen a la calle y vivir de ellas sin dar palo al agua.

Uno de los edificios visitados fue el conocido burdel vertical de Delicias, 127 (el número 133 lleva años clausurado tras una operación de la Brigada de Extranjería), donde hay 16 viviendas dedicadas a la prostitución y un local comercial de «masajes no terapéuticos», según reza textualmente. En el momento en que llegó la Policía, había 30 chicas y cinco de los inmuebles vacíos. En los otros se repartían, por nacionalidades, nigerianas, paraguayas, chinas, colombianas…En otro club había más de 20 mujeres. Son solo algunos ejemplos. Uno de en los que se entró fue el La Copa del Veo Veo, un ‘showgirl’ de la calle de Bravo Murillo, número 360.

Mínimo de 10 millones al mes

Un cálculo rápido y bastante por lo bajo de lo que pueden sacar las mafias en esos 530 puntos de prostitución en Madrid ascendería a 10 millones de euros mensuales, y eso que ahora la situación está a la baja por las restricciones derivadas del Covid. En los 330 pisos, los réditos pueden ser de 120.000 por cada uno, lo que deja una media de al menos 4 millones; en los 180 clubes, más de 3,6 millones; y en las calles, un mínimo de 2,5 millones (ahora hay unas 40 chicas en Marconi; 50 en Centro, y entre 30-40 en la Casa de Campo, a unos 25 euros el servicio completo).

En cuanto al ‘modus operandi’ de estas organizaciones criminales, se han descubierto los siguientes. En el caso de los locales de alterne, están más de capa caída también porque las visitas policiales se hacen con la Inspección de Trabajo, y van a comisión.

Los pisos tienen dos maneras de funcionar. Por un lado, las que trabajan de una manera más o menos libre, con el tipo que alquila la vivienda a unos 500 euros al mes y divide la renta entre la media de cuatro chicas que suelen estar en él. Les exige unos 100 euros al día por sus servicios y, si ellas sacan más, se quedan el resto. Esto en puridad no puede considerarse trata, explican fuentes policiales.

Deudas de 70.000 euros

Luego están las viviendas en las que claramente permanecen obligadas. Tienen que pagar una deuda y las cambian de inmueble cada 21 días, para no quemarlas de cara a los clientes habituales. El dinero inicial que les pueden exigir es de unos 30.000 euros, pero que luego las mafias van engordando hasta los 60.000 o 70.000. Las muchachas jamás llegan a ver un euro. Las nigerianas, por ejemplo, son las peores; incluso se produce un relevo generacional de las ‘mamis’ (las que las custodian) y las prostitutas más expertas las sustituyen y son incluso más salvajes pese a haber estado sometidas.

En cuanto a las calles, cada grupo controla una esquina, un tramo, una rotonda, y hasta obligan a las esclavas pagar un canon semanal por ejercer. Las tarifas son las más baratas, de entre 10 y 30 euros en Marconi, dependiendo del físico, el servicio y las condiciones en que se dé (hay quien pide, por ejemplo, hacerlo sin utilizar protección, en una suerte de ruleta rusa).

Ante semejante panorama, las trabas burocráticas, la capacidad de movimiento de estas mafias y la indefensión de las víctimas, el trabajo policial continúa a tope. Una buena solución legal sería, por ejemplo, que a los pisos donde ocurre esto se les retire la calificación de uso de vivienda.

 

Claves del operativo

Principales distritos. Están por toda la capital, dividida en 21 demarcaciones, pero destacan Centro, Tetuán, Latina, Puente de Vallecas y Carabanchel.

330 viviendas. Son tanto pisos como chalés; estos últimos, ubicados normalmente en las afueras. Los domicilios son los puntos más numerosos.

Principales ciudades. En cuanto a municipios, sobresalen Getafe, Leganés, Coslada, Móstoles, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.

180 clubes. Aunque están de capa caída, todavía persisten en Centro, Valdeacederas, Castellana, Torrejón, Alcalá y alguno en Azca, además de los de carretera.

Nacionalidades. Hay muchas latinas (paraguayas, venezolanas, colombianas), chinas, rumanas y nigerianas, sobre todo.

20 puntos callejeros. Gran Vía, Ballesta, Montera, Marconi,Casa de Campo…

Trabas legales. Jueces y fiscales exigen en el 99% de los casos la denuncia de la víctima para actuar.

 

Todo por la trata, pero sin las mujeres tratadas

 

Por Patricia Simón

29 de mayo de 2019

Todo por la trata, pero sin las mujeres tratadas

 

Mientras el Estado español y los Gobiernos autonómicos enarbolan discursos en los que la protección de las supervivientes de la trata con fines de explotación sexual aparece como una prioridad, la política fronteriza española y sus acuerdos con Marruecos están dirigidos a que estas mujeres nunca pisen suelo español. Viajamos con un equipo de CEAR Euskadi a Melilla y al norte de Marruecos, paso obligado de muchas de las mujeres que migran buscando la protección de unos derechos. Solo encontrarán obstáculos y violencia. Pagados con nuestros impuestos.

 

La valla de Melilla. / Foto: Patricia Simón

 

“Las mujeres que peor llegan aquí y a España son las que vienen solas. Las que hacen el recorrido con la mafia están más protegidas porque ellas son su mercancía”, nos repiten en el norte de Marruecos varias de las personas que realizan labores humanitarias con las personas migrantes.

No podemos aclarar dónde se encuentran exactamente, ni quiénes son. El Gobierno marroquí no duda en expulsar a las voces críticas, así sean periodistas (el día en el que llegamos a una de estas ciudades acababan de deportar a un holandés que pretendía reportear sobre migraciones), o activistas por los derechos humanos (al sacerdote español Esteban Velázquez se le retiró el permiso de residencia en 2016 por sus denuncias públicas de las agresiones que sufren las personas migrantes negras en el reino alauí).

Hasta aquí todo previsible teniendo en cuenta que Marruecos sigue siendo un país regido por una monarquía parlamentaria altamente autoritaria. Más alarmante resulta que organizaciones que trabajan al otro lado de la valla, en Melilla, necesiten protegerse también bajo ese anonimato. Ha sido la conclusión a la que han llegado tras comprobar la saña con la que se ha empleado el Gobierno de la ciudad autónoma con entidades sociales como Prodein y Harraga por su trabajo con los menores que viven en sus calles, contra las que han interpuesto querellas y divulgado campañas de difamación a través de los medios de comunicación de la ciudad. El resultado: la extensión del rechazo que provoca entre gran parte de su ciudadanía a las personas migrantes y a las que defienden sus derechos.

Dado que la prioridad es poder seguir intentando garantizar los derechos de las personas migrantes en esta urbe, el resto de entidades se han decantado por desarrollar otras formas de incidencia política que no pasan por su visibilidad: sus integrantes han tenido que recuperar conocimientos y prácticas de los tiempos de la clandestinidad; y los y las periodistas aceptar que, para contribuir a que las personas migrantes vean sus derechos garantizados en Melilla, a veces, no todo se puede contar.

Por eso, esta crónica no podrá especificar muchas de las fuentes de las informaciones que contiene: porque a Marruecos no le gusta tener testigos de cómo se ejecutan –a golpe de porras e incendios– sus acuerdos con España y la Unión Europea, y porque el Gobierno de Melilla no quiere a gente en su territorio que les recuerde que el centenar de niños extranjeros que viven en sus calles son eso, niños y adolescentes; que los migrantes no son delincuentes, sino personas que ejercen su derecho a la libertad de circulación; y que el engordado presupuesto de esta ciudad de 85.000 habitantes –más de 270 millones de euros anuales–, se debe, exclusivamente, a que este resto de nuestro pasado colonial vive, se lucra y justifica su existencia misma gracias a la inmigración.

En la orilla marroquí

“El día después de que el rey Felipe VI firmase aquí el acuerdo con el marroquí [el 16 de febrero de 2019] empezó el horror. Desde entonces, la policía sube diariamente a los campamentos: los incendia, les roban las mantas y los plásticos con los que las personas migrantes se protegen del frío… Las ves cargando al caer la noche a lo alto de los montes cargados con sus mochilas”, nos dice una de las personas que mejor conocen estos pequeños poblados construidos con palos y lonas en las que hombres, mujeres, niños y niñas viven mientras consiguen subirse a una patera. Antes, también eran la antesala para el salto de la valla a Melilla, pero desde que las concertinas fueron retiradas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del lado español y situadas en el marroquí, apenas hay cruces por esta vía.

En Marruecos, la policía sube diariamente a los campamentos donde está la población migrante y los incendia, les roban las mantas y los plásticos con los que las personas migrantes se protegen del frío, nos cuentan Clic para tuitear

“Hasta 2015, había unas 4.000 entradas por Ceuta y Melilla. Ahora estamos en decenas de miles por la vía marítima. Es el resultado de la política marroquí, europea y española que con su cierre de las fronteras terrestres ha transformado una migración que venía a pie y era gratuita, a otra en la que hay que pagar por todo y que está bajo el control de las grandes redes de traficantes, que son tanto subsaharianas como marroquíes”, nos dice Omar Naji, de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, después de atender en su austera oficina en Nador a un hombre cargado de papeles. Nos autoriza a citarle con nombres y apellidos, pese a que algunos de sus colegas han sido encarcelados por la claridad con la que esta entidad se pronuncia: “Las políticas migratorias europeas no buscan disminuir la inmigración, sino reorientarla hacia circuitos de pago”, sentencia.

Nos encontramos en uno de los enclaves más importantes de la ruta subsahariana hacia Europa y no se ve a una sola persona negra en sus calles. “Los migrantes tienen prohibida la circulación por la ciudad, trabajar, alquilar una casa, incluso entrar en un bar para comprar un café”, explica Naji, quien también ha documentado cómo, desde que en octubre de 2018 la Unión Europea prometió aumentar en 140 millones de euros la partida destinada a Marruecos para impedir la salida de pateras desde sus costas, el acoso y los arrestos en los campamentos se han extendido a mujeres, niños y niñas. “Por eso las mafias alquilaron pisos en las ciudades donde esconder a las mujeres, donde permanecen hacinadas y en condiciones deplorables. Pero ahora también allanan los pisos”, sostiene el abogado, rodeado de retratos de líderes palestinos y de Rachel Corrie, la activista estadounidense de 24 años que murió aplastada por un buldócer israelí cuando intentaba impedir la demolición de viviendas palestinas.

«Con su cierres de fronteras terrestres, la política marroquí, europea y española ha transformado una migración que venía a pie y era gratuita, a otra en la que hay que pagar por todo y que está bajo el control de las grandes redes… Clic para tuitear

Varias fuentes nos confirman que el Gobierno de Marruecos está utilizando públicamente la lucha contra la trata como pretexto para desmantelar los campamentos en los montes y las viviendas en las que las redes ocultan a las mujeres, que son detenidas y deportadas en autobuses a la frontera argelina, la más violenta de la ruta.

Mientras, la trata con fines de explotación sexual adquiere cada vez más protagonismo en la opinión pública –y publicada– en España, como parte del enconamiento de la controversia en torno a la regulación legal de la prostitución. El éxito de convocatoria de las manifestaciones y la huelga del 8M amplió la visibilidad de los discursos feministas, especialmente el abolicionista, que considera trata prácticamente todas las formas de prostitución femenina. Un momento que ha coincidido con varias convocatorias electorales y que el abolicionismo ha aprovechado para que todos los partidos políticos manifestasen públicamente su posicionamiento y se comprometiesen a implantar políticas dirigidas a su erradicación.

Un cementerio en la frontera entre Marruecos y España. / Foto: Patricia Simón

Paradójicamente, el PSOE, el único partido que siempre se ha declarado sin ambages abolicionista y que ha incluido este objetivo en su programa electoral, como cada vez que ha presidido el Gobierno estatal, ha mantenido la política de destinar cada vez mayores partidas presupuestarias –cuyas cuantías totales no son públicas– a pagar a Marruecos para sellar su frontera y, por tanto, impedir por todas las vías a su alcance que estas mujeres subsaharianas lleguen a suelo español. Pero si, pese a todo, consiguen salvar todos los obstáculos interpuestos –incluida la muerte cuando se suben a una patera–, desde la llegada del PSOE al Gobierno en junio de 2018, todas ellas serán consideradas potenciales víctimas de trata. Así nos lo confirmó durante una visita al Centro de Estancia Temporal de Melilla su director, Carlos Montero, para contrariedad de parte de las mujeres, como nos señalaron muchas de las personas que trabajan con ellas, porque no todas lo son y porque les pesa el estigma de ser vinculadas con la prostitución.

“Las mujeres vienen huyendo de sus países por distintas formas de violencia: matrimonios forzosos, mutilación genital, pobreza, persecución por razones políticas… Las redes de trata y de tráfico no coaccionan para que acudan a ellas: ofrecen un producto. Si pagas, yo te llevo. Les dan la esperanza y ellas saben que tienen que pagar un precio”, nos dicen unas defensoras de derechos humanos que las cuidan cuando, por ejemplo, pierden a sus hijas e hijos en naufragios. Recuerdan el caso de “la mujer que no salía del shock durante días. Sólo repetía: un pez se comió a mi hijo [de dos años]”.

No todas las mujeres subsaharianas son víctimas de trata

“Su cuerpo es su pasaporte, así que saben que la violación o la prostitución será el precio a pagar por cruzar fronteras, para seguir avanzando en el camino. Por eso, si vienen con la mafia para la prostitución estarán más protegidas porque son su mercancía y pasarán más rápido a la Península”, explican quienes saben bien cuáles son las consecuencias de eso que hemos llamado “política de cierre de fronteras de la Europa fortaleza”. Un concepto que encierra una decisión política, como es impedir que estas personas puedan viajar de manera normalizada, y que obliga a aquellas que no se conforman con lo que sus países y contextos les ofrecen, a convertir sus cuerpos en el campo de batalla en el que se bate esa guerra que Europa mantiene contra los extranjeros y extranjeras pobres.

Por eso, las que pueden permitírselo acuden a las redes de tráfico de personas para hacer tramos del viaje –especialmente los más virulentos, como la frontera entre Argelia y Marruecos– o su totalidad. Las que tienen, ellas o sus familias, menor capacidad de endeudamiento, lo harán a través de las redes de trata, sepan o no que la actividad mediante la que tendrán que saldar su deuda será la explotación sexual.

La abogada Cristina Manzanedo es portavoz de ÖDOS, un centro creado hace un año en Córdoba para las mujeres subsaharianas que llegan en patera con menores a las costas andaluzas. Manzanedo, con amplia experiencia en el ámbito de la trata y las políticas de extranjería, nos desgrana vía telefónica los perfiles de las mujeres que suelen llegar por esta ruta: “Hay mujeres con un proyecto muy claro de reagrupación familiar, cuyos maridos están en países como Francia, y que ante la lentitud o las barreras burocráticas para la reunificación, emprenden el viaje”. Otra de las trayectorias vitales más habituales es la apuntada anteriormente: mujeres que huyeron de sus países por distintas violencias machistas, “que creen que pueden ir fácilmente a Europa y a las que les van ofreciendo ayuda por el camino, diciéndoles que no se preocupen, que ya se lo pagarán en Europa. Creen que en Europa encontrarán techo y trabajo, pero después sólo podrán ejercer la prostitución como forma de pago”. Y también, explica, mujeres que sabían que su única forma de migrar era recurrir a la mafia y ejercer la prostitución: “Estas mujeres no van a denunciar porque están muy machacadas. Algunas han pasado por Libia antes de ir a Marruecos”. Y pretender que estas mujeres se identifiquen como víctimas de trata o que soliciten ayuda cuando llegan al puerto es muestra de desconocimiento, apunta Manzanedo.

Por eso, catorce entidades –que van, entre otras, desde el Consejo General del Poder Judicial, la Universidad Loyola de Andalucía, Save the Children, Cáritas o la Delegación Diocesana de Migraciones de Tánger– se han unido para poner en marcha este proyecto piloto de ÖDOS. Allí son trasladadas mujeres con niños y niñas, donde están quedándose, según nos confirma Manzanedo, una media de tres meses, mientras que del resto de residencias humanitarias a las que suelen ser trasladadas huyen a los pocos días.

Quizás una de las claves está en tratar a cada mujer de manera personalizada, conscientes de la diversidad de situaciones que engloban. Porque Manzanedo sigue describiendo distintas historias de vida, que van mucho más allá del maniqueo retrato de la trata: “Muchas de las mujeres no son víctimas de trata cuando llegan a Europa, sino que son personas con capacidades que quieren mejorar sus vidas. Pero como consecuencia del desamparo absoluto en el que queda una mujer negra en situación administrativa irregular, el único arropo que encuentran es el de los amigos africanos a los que terminará llamando, cayendo en una trata sobrevenida. Ejercen la prostitución forzada porque ni para servicio doméstico las queremos, que para eso están las latinoamericanas”.

Los matices son señal de conocimiento, y Manzanedo lleva décadas acumulándolo trabajando a pie de terreno. Por eso sabe que sí hay algo que tienen todas en común: “Haber sufrido algún tipo de violencia durante el viaje. Y muchos de los niños que las acompañan, violencia sexual”. Subraya que no tiene nada que ver lo que ha pasado la mujer que ha podido hacer el viaje en cuatro meses, que la que ha tardado tres años. “No hay respuesta ni protección para esa violencia de género que han sufrido las mujeres en tránsito que no es trata”, concluye.

En este sentido, Marruecos es el lugar más traumático de todo el viaje. “Desde que se llegó a los nuevos acuerdos a finales de 2018, y empezó esta persecución en los campamentos y las deportaciones a Argelia, los conductores de las redes de tráfico les dejan a 15 kilómetros de Nador para no ser pillados por la policía. Ahí les cogen taxis de otras mafias, las violan, las secuestran y llaman a sus familias para que paguen el rescate”, explican personas que trabajan sobre el terreno en el país vecino.

Por eso, cuanto más articulada y fuerte sea la mafia con la que viajan, más protegidas estarán. Unas estructuras que son resultado de las mismas políticas de cierre de fronteras y que se han ido complejizando y enriqueciendo a medida que se sofisticaban los mecanismos de control fronterizos que alimentan el negocio de la xenofobia: los radares, los infrarrojos de la valla, los vigilantes de la agencia europea de control de fronteras (Frontex)…

“Las mujeres que pueden suelen emparejarse con un hombre porque así, dicen, sólo tendrán que estar con uno y no con varios”, una figura que se ha llamado lover boy, nos explican.

Pero no siempre lo consiguen. “Algunas mujeres tienen que recurrir a la prostitución, a la mendicidad, y en las pocas oportunidades que tienen, a ser explotadas en el trabajo doméstico o cocinando, para conseguir recursos para sobrevivir y poder pagarse el viaje en patera”, nos explican. Y mientras, como nos cuenta Naji de AMDH, no son extraños los asaltos sexuales por parte de las fuerzas auxiliares, “el cuerpo paramilitar dependiente del Ministerio del Interior encargado de perseguir la inmigración. En el último informe tenemos los casos de dos mujeres”. Dos mujeres que, pese a su condición de clandestinidad en Marruecos, fueron tan valientes como para contárselo a miembros de esa organización y, en el caso de una de ellas, denunciarlo en una comisaría. Por supuesto, no se investigó.

Interior del CETI de Melilla. / Foto: Patricia Simón

Las entidades que trabajan en los campamentos donde sobreviven en los montes del norte de Marruecos nos informan de que no debemos ir porque, en un Estado policial como es Marruecos, el control es permanente, y expondríamos a las personas migrantes a mayores represalias. Nos explican que el ambiente se ha entristecido mucho en los últimos meses. Las más de mil almas que, según el registro elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, murieron intentando alcanzar las costas españolas en 2018 no son una entelequia o una cifra para sus habitantes: eran sus vecinas, sus amigos y amigas, sus parejas, sus familiares. Eran quienes podían haber sido ellos y ellas, los que podrán ser: un cadáver, un número dibujado en el cemento aún fresco de un nicho en el cementerio de algún pueblo andaluz, una llamada telefónica de algún conocido a sus familias cuando se extienda el rumor en el campamento de que no llegaron, de que nunca llegarán ya.

“Ves a mucha gente con la piel en carne viva porque se han quemado con la gasolina mezclada con el agua salada en los naufragios. Cuando un grupo consigue llegar sano y salvo a la Península o cruzar la valla, hay una celebración en los campamentos. Cuando hay muertes, sólo silencio”, nos explican.

El origen de las mujeres subsaharianas que llegaron en 2018 y el primer trimestre de 2019 a territorio español son, sobre todo, de Guinea Conakry, Mali, Costa de Marfil y Camerún. Apenas llegan ya de Nigeria, el país tradicionalmente asociado a la trata con fines de explotación sexual. Y se ha notado un importante incremento del porcentaje de mujeres entre las personas migrantes que entraron en España por nuestra frontera sur: de un 7’3 por ciento en 2017 a un 17 por ciento en 2018: 10.901 mujeres, según APDHA.

Las narrativas dominantes omiten que, además de un negocio criminal, la trata es un medio para migrar para muchas mujeres. Clic para tuitear

“Los jefazos de las mafias no están en los campamentos, están en Europa o en sus países de origen. En los campamentos, siempre hay un jefecillo, que muchas veces es también una víctima de la red, es su medio para poder migrar. Los hay buenos, que cuidan y protegen a las mujeres”, explican estas defensoras de derechos humanos, arrojando grises a un discurso, el de la trata, que a menudo se construye a partir del momento en el que las mujeres llegan a los países de destino para ser explotadas sexuamente. Las narrativas dominantes omiten que, además de un negocio criminal, la trata es un medio para migrar para estas mujeres. Al dar casi todo el protagonismo a las llamadas ‘mafias’ se asume una aproximación que llevan años fomentando los Gobiernos europeos para desembarazarse de su responsabilidad en la aparición y expansión de este fenómeno.

“Las mujeres no quieren hablar de lo vivido, lo más que nos cuentan del viaje es que han sido violadas. Muchos de los niños que tienen son frutos de esas violaciones”. Por ello, algunas los rechazan cuando los paren.

En la orilla melillense

Son excepcionales los casos en los que una mujer ha conseguido acceder a suelo melillense saltando la valla en estas dos décadas de existencia. Suelen hacerlo ocultas en los bajos de los coches o en patera, como las dos embarcaciones que han llegado en 2019 a las Islas Chafarinas, territorio militar español a 50 kilómetros de Nador. Todas ellas pidieron asilo por trata tras ser rescatadas por Salvamento Marítimo, pero en cuanto se instalaron en el CETI fueron retirando las solicitudes, y sólo dos de ellas se acogieron al periodo de reflexión de 90 días al que tienen derecho para decidir si quieren solicitar asilo por su situación de trata y/o denunciar a sus responsables.

Las razones por las que no se acogen a este derecho son numerosas y diversas: por temor a las represalias contra ellas o sus familias; porque desconfían, desconocen, no les interesa o no compensa las implicaciones de un proceso judicial; porque hay un vínculo emocional con las personas que integran la red; porque consideran que, aunque el coste económico puede ser abusivo, son quienes les han prestado el servicio de traerles hasta Europa; o también, porque pagar la deuda es una cuestión de honor para ellas y sus familias. Pero también hay una razón de peso fundamental: las redes establecen un estrecho sistema de vigilancia, por lo que las mujeres siempre están siendo controladas por otros miembros de la red. Por ello, una de las personas que suelen atenderlas cuando llegan al CETI de Melilla, sostiene: “Sería tan fácil como preguntar quiénes van a ser las o los portavoces del grupo. En cuanto se postulen, habría que separarles del grupo. Resulta muy fácil saber quiénes mandan, constatar cómo todo el mundo busca con la mirada a estas personas y esperan a que sean ellas quienes se pronuncien”.

Según nos informa el director del CETI, Carlos Montero, prácticamente todas las mujeres subsaharianas que son trasladadas a la Península son enviadas a centros especializados en trata con fines de explotación sexual, pero “como les quitan el móvil cuando ingresan, se van porque eso no les gusta”. Esa fue su explicación.

Una mujer en el CETI de Melilla. / Foto: Patricia Simón

Una persona jurista especializada en esta cuestión considera que deberían aprovecharse los dos o tres meses que están pasando en Melilla estas mujeres para evitar que sigan en la red cuando sean trasladadas a la Península, pero para eso necesitarían “un espacio de intimidad y desahogo, no el CETI, donde están todas hacinadas y mezcladas”. Una entelequia para un recinto que lleva sobrepoblado desde su puesta en marcha en 1999. Su capacidad, según el Ministerio de Interior, es de 480 personas, aunque lo habitual suele ser que sobrepase la 900. En el momento de nuestra visita a finales de febrero, era de más de 1300: el 30 por ciento mujeres.

El CETI de Melilla tiene capacidad para 480 personas, aunque lo habitual es que sobrepase la 900. En el momento de nuestra visita a finales de febrero, era de más de 1300: el 30 por ciento mujeres. Clic para tuitear

Desde el pasado año, 780 hombres duermen en literas de campaña de tres alturas –con una lona haciendo las veces de colchón–, dispuestas dentro de dos gigantescas tiendas de campaña diseñadas para las emergencias humanitarias. Cuando entramos en ellas, vemos cómo muchos de ellos no tienen otra alternativa que matar tumbados en ellas las horas muertas de los meses –y hasta más de un año– que tienen que permanecer aquí antes de ser trasladados a la Península con una orden de expulsión bajo el brazo. Según un mando policial consultado, “la ocupación nunca va a bajar de 800 o 900 personas porque entonces habría que despedir a mucha gente. Cada semana el centro tiene autorización para permitir la salida de más de 200 personas. ¿Por qué, si no, la dirección sólo permite el traslado a la Península de unas 50 personas?”, nos espeta.

En cualquier caso, según Elena Fernández Treviño, responsable y única trabajadora de la Unidad de Violencia de Género del Gobierno de España en Melilla, no hay una actuación coordinada entre las instituciones de la ciudad con respecto a la trata, que no cuentan con pisos ni con casas de acogida para las mujeres afectadas por esta problemática y que los trabajadores del CETI no tienen formación específica sobre esta cuestión. También se declara impotente para actuar en este espacio porque su puesto depende de los Ministerios de Igualdad y Política Territorial, mientras que el CETI depende, paradójicamente, del Ministerio de Trabajo. Pocas evidencias mayores de que estas personas son concebidas exclusivamente como potencial mano de obra, y el espacio en el que son recluidas como un mecanismo de adoctrinamiento en la actitud sumisa que deben mantener para no ser desechados, expulsados, como desentraña en sus ensayos el investigador Eduardo Romero.

En cuanto a las presuntas víctimas de trata, según Montero, director del CETI, éstas son trasladadas a centros en Sevilla, Córdoba, Valencia y Bilbao, todos ellos enclaves destacados de las rutas de la trata en su camino al resto de Europa, a través de Francia. Especialmente esta última: “Casi todas las mujeres nos dicen que tienen un conocido en Bilbao, que quieren ir para allí”, explican en Melilla Acoge.

En Ceuta, según varias organizaciones, la mayoría de las mujeres subsaharianas tendrían sobrados argumentos para solicitar asilo, pero no lo hacen porque acarrearía quedarse estancadas en esta otra ciudad fronteriza durante meses. Esta política de castigo a los solicitantes de asilo lleva décadas aplicándose de manera irregular en las ciudades autónomas, pese a que ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y por el Defensor del Pueblo: las personas solicitantes de refugio tienen derecho a circular libremente por todo el territorio del Estado español, aunque aquí no se cumpla.

Mientras, en los puertos de Málaga, Cádiz y Almería, las mujeres que lograron llegar a la Península en patera en 2018 pasaban horas tiradas a la intemperie en los pantalanes, sin que a menudo se cumpliera con su derecho a ser informadas sobre qué iba a ser de ellas, ni recibiesen atención psicológica si habían sobrevivido a un naufragio. Las presuntas víctimas de la trata pasaban una noche tras otras tiradas en los pantalanes durante horas, muchas después de haber sobrevivido a una de las experiencias más traumáticas: cruzar un mar en una precaria lancha, sabiendo que muchos habían muerto antes así, que muchos seguirán muriendo.

Al mismo tiempo, se anunciaban y cerraban convocatorias públicas del Gobierno de España, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos para subvencionar campañas de sensibilización, talleres, cursos online, exposiciones, documentales, charlas, seminarios y películas sobre la trata con fines de explotación sexual. Se destinaban importantes presupuestos para diseñar e implementar protocolos, elaborar ordenanzas municipales, crear plazas en residencias sobre la trata con fines de explotación sexual. Sus supuestas destinatarias estaban huyendo de las porras de los policías marroquíes en los montes del norte de Marruecos, jugándose la vida en una patera, pariendo en una casa clandestina, durmiendo con su vigilante de la red de trata en el CETI, temblando de frío en las dársenas del puerto de Motril, encerradas en la sala de no admitidos del aeropuerto de Barajas, en uno de los siete Centros de Internamiento de Extranjeros que hay en España…

Las administraciones están mucho más volcadas en generar discurso contra la trata y la prostitución que en combatir sus causas: la desigualdad, el racismo, el colonialismo y las fronteras. Clic para tuitear

Y las que consiguen salir de la red –ya sea cuando han pagado la deuda que les exigen, o porque han conseguido huir– lo que necesitan para empezar a recuperarse física y psicológicamente, y empezar a construirse una vida, es un mínimo de estabilidad: un lugar tranquilo en el que estar, un permiso de residencia –al que supuestamente tienen derecho por ley, pero que no siempre se les concede–, y un puesto de trabajo. Pero para esto, las administraciones no suelen destinar presupuesto. Quizás sea porque es más cómodo pensar, desde una visión paternalista y salvadora, en eternas víctimas con un pasado terrible por la prostitución, que como supervivientes de un continuum de violencias –muchas de ellas institucionales– con todo un futuro por construir. Porque, como dicen en Fundación Amaranta Gijón, una entidad con dos décadas de experiencia trabajando con mujeres que sufrieron la trata, y más de un siglo con mujeres en situación de vulnerabilidad social, la trata no las define, es una parte de sus vidas, pero no es lo más relevante para su recuperación: lo que necesitan son oportunidades para alcanzar vidas autónomas.

Paradójicamente, no parece ser esta la prioridad de las administraciones, mucho más volcadas en generar discurso contra la trata y la prostitución que en combatir sus causas: la desigualdad, el racismo, el colonialismo y las fronteras.

Mientras no lo hagan, las mujeres que no se resignan a las condiciones que su contexto les ofrece seguirán buscando vías para hackear el sistema fronterizo: así tengan que recurrir a las redes que crearon las políticas de cierre de fronteras.

 

Cómo llegamos aquí: la historia del protocolo de Palermo sobre trata

La “trata de personas” no tenía por qué significar lo que significa ahora. Esta es la historia de cómo obtuvo su definición, contada por alguien que estaba en la habitación cuando sucedió.

 

Marjan Wijers

11 de febrero de 2021

https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/how-we-got-here-story-palermo-protocol-trafficking/

 

Marjan Wijers, consultora e investigadora sobre la trata de personas desde hace mucho tiempo, estaba en la sala cuando se negoció el protocolo de Palermo sobre la trata de personas hace 20 años. Nos reunimos con Marjan como parte de nuestro aniversario especial sobre el protocolo para conocer cómo cambió el campo de la lucha contra la trata de personas con Palermo, cómo se desarrollaron esas negociaciones y hacia dónde podemos ir desde aquí. Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.

 

Joel Quirk (BTS): El protocolo de Palermo se finalizó hace más de 20 años, y para muchas personas que trabajan en los campos de la trata y la explotación laboral hoy en día simplemente siempre ha estado ahí. Pero ese no es realmente el caso. ¿Cómo era el campo antes de que existiera un protocolo de Palermo?

Marjan Wijers: En la década de 1980, grupos feministas con experiencia en cooperación para el desarrollo comenzaron a trabajar en la trata de personas en los Países Bajos. De hecho, se metieron en esto porque estaban investigando el turismo sexual. A través de ese trabajo y sus contactos con organizaciones de mujeres asiáticas, se dieron cuenta de que había un segundo flujo de mujeres al revés, que venían a los Países Bajos y otros países europeos para hacer trabajo sexual, pero también como trabajadoras domésticas y novias por correo. Así fue como se fundó la Fundación contra la Trata de Mujeres (STV) en 1987.

Trabajamos principalmente con mujeres migrantes en la industria del sexo. La mayoría de ellas eran indocumentadas. Algunas originalmente planearon hacer un tipo diferente de trabajo, como trabajo doméstico o modelaje, y terminaron en la industria del sexo. Otras vinieron con la intención de realizar trabajo sexual y terminaron en condiciones laborales abusivas y forzadas. Desde el principio, para nosotras, no se trató de mujeres inocentes obligadas a prostituirse. Se trataba de abordar la explotación y el abuso de las mujeres migrantes en la industria del sexo, independientemente de si se habían visto obligadas a hacerlo o no. De hecho varias de nuestras clientas querían seguir haciendo trabajo sexual, pero ahora por sí mismas.

Si no recuerdo mal, en ese momento solo los Países Bajos y Alemania tenían grupos que trabajaban en el tema de las trabajadoras sexuales migrantes y la trata. Y, en ese momento, realmente a nadie le importaba. Hablábamos de migrantes. Hablábamos de mujeres extranjeras, principalmente del sureste de Asia y América Latina, y mujeres de color. Y estábamos hablando de prostitutas. Todavía no usamos el término trabajadora sexual, que vino después.

Nuestras clientas no tenían derechos, como mujeres, como migrantes y como prostitutas. Tenían menos derechos y oportunidades que los hombres en su país. Y no tenían derechos aquí en Europa Occidental porque la mayoría eran indocumentadas y, sobre todo, no tenían derechos porque eran putas. Utilizo explícitamente la palabra “putas”, ya que realmente no importaba si tomaron su propia decisión de hacer trabajo sexual o si se vieron obligadas a hacerlo. “Una vez puta siempre puta, ¿a quién crees que le importará?”, eso es lo que les decían sus explotadores.

Y eso es precisamente lo que pasó. Incluso si acudían a la policía, los casos no se tomaban en serio. Simplemente eran deportados de regreso a la situación de la que habían intentado escapar, y los casos no eran procesados. Las primeras acciones que emprendimos junto con mujeres que ahora calificarían como “víctimas de la trata” impulsaron cosas como permisos de residencia temporales, la capacidad de presentar cargos y que los casos se investiguen y enjuicien activamente. Creo que fue más o menos lo mismo en Alemania.


Si hubiéramos conocido la historia y las fallas inherentes al concepto de trata en ese entonces, nunca lo hubiéramos usado.


El interés por la trata aumentó rápidamente con la caída del Muro de Berlín en 1989. Hubo varias razones para ello. No quiero ser cínica, pero estoy convencida de que una fue que las víctimas cambiaron de mujeres de color a mujeres blancas, mujeres de Europa del Este. O sea, de “ellos” a “nosotros”. La otra, creo, era que no sabíamos qué tan rápido podríamos reconstruir el muro. Una vez que cayó el muro, todos pudieron viajar libremente de nuevo. Eso estuvo bien, pero, por supuesto, nunca fue la intención. Y luego estaba el temor de que nos inundarían no solo los inmigrantes de Europa del Este, sino también la mafia rusa. La trata proporcionó la justificación perfecta para una agenda anti-migración en nombre de la lucha contra la trata, literalmente bajo la bandera de “si no pueden venir, tampoco pueden convertirse en víctimas”. Se gastó mucho dinero de la trata en la reconstrucción de las fronteras polacas, por ejemplo.

Estos factores ayudaron a impulsar la trata de personas en la agenda política. No fue tanto que la gente se preocupara más por los derechos de las trabajadoras sexuales o los migrantes, o por proteger a las trabajadoras sexuales del abuso. Se debió principalmente a que el argumento de la trata servía perfectamente a varios intereses estatales, que se volvieron urgentes después de la caída del Muro de Berlín.

Al mismo tiempo, se produjo el segundo movimiento feminista. Eso llamó la atención sobre la violencia sexual y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Y desde la década de 1970, las trabajadoras sexuales habían comenzado a organizarse, ese también fue un movimiento que surgió. Entonces, por un lado, teníamos el movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales que reclamaba el derecho a elegir el trabajo que se desea hacer y no ser castigada o criminalizada por ello, y por otro lado, el movimiento contra la trata de personas que reclamaba el derecho a no ser forzada a hacer un trabajo que no quieres hacer. Ambos reclamos se refieren a los derechos humanos, la libertad de elegir la propia profesión y el derecho a ser protegido del trabajo forzoso, y ambos deben ser respetados. Así es como lo veíamos: en nuestra opinión, los derechos a favor y en contra de la violencia eran las dos caras de la misma moneda. Así que desde nuestro principio trabajamos junto con Red Thread, la organización holandesa de derechos de las prostitutas.

Antes de todo esto estaba la cuestión de cómo llamar a este tipo de abusos. Permítanme decirlo así: si hubiéramos conocido la historia y las fallas inherentes al concepto de trata en ese entonces, nunca lo hubiéramos usado. Lo que deberíamos haber hecho habría sido hablar sobre el trabajo forzoso, incluidos los servicios sexuales forzados, las prácticas análogas a la esclavitud y la servidumbre. Deberíamos haber utilizado conceptos que describan las condiciones de vida y de trabajo en las que se encuentran las personas. Estos son conceptos que están definidos en el derecho internacional de los derechos humanos y son algo neutrales. Pero en ese momento no éramos conscientes de todo eso, así que terminamos recurriendo al concepto victoriano de trata de personas del siglo XIX con su enfoque en la pureza y victimización de las mujeres y la protección de las fronteras nacionales. Al hacerlo, sin saberlo, importamos un concepto muy sesgado, dividiendo a las mujeres en víctimas inocentes que necesitan ser rescatadas y culpables que pueden ser abusadas con impunidad, pero también con tintes racistas y nacionalistas.

A pesar de los esfuerzos para contrarrestar estas fallas, esta herencia continúa definiendo el debate sobre la trata hoy, como lo ejemplifica la distinción que el Protocolo de la ONU contra la Trata hace entre la llamada ‘explotación sexual’ y la ‘explotación laboral’ y su enfoque en el reclutamiento y el movimiento en lugar de las condiciones de trabajo. Históricamente, la trata se ha utilizado para controlar la sexualidad y la movilidad de las mujeres y para justificar medidas opresivas contra las trabajadoras sexuales y los migrantes, en lugar de proteger sus derechos humanos. Ya en la década de 1990 quedó claro que esto era lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando comenzamos las negociaciones sobre el protocolo de trata, éramos muy conscientes de los problemas del concepto. Y tratamos de abordarlos.

Joel: ¿Entraste en esas negociaciones creyendo que eran una oportunidad, o las abordaste principalmente con inquietud y ansiedad? ¿Ya estaba claro cuáles serían las fallas o te sorprendieron?

Marjan: Ya había habido mucha discusión en torno a la definición de trata cuando alcanzó la cima de la agenda internacional. ¿La trata es solo de mujeres y niñas? ¿La trata solo tiene lugar a través de fronteras o también ocurre dentro de las fronteras? ¿La trata consiste únicamente en obligar a las mujeres a prostituirse o también en prácticas abusivas de contratación para el trabajo doméstico y otros tipos de trabajo? ¿Se trata solo de contratación o también de condiciones de trabajo abusivas y análogas a la esclavitud? Prácticamente todas las preguntas y cuestiones que jugaron un papel en las negociaciones sobre el protocolo de trata ya eran puntos de discusión en el debate político más amplio.

Así que hubo una enorme confusión sobre cuál era el concepto. E incluso si la gente estaba de acuerdo en que el núcleo de la trata era la coacción o la fuerza, no había consenso sobre a qué se refería “fuerza”, especialmente en relación con el trabajo sexual. ¿Se refería tanto a condiciones abusivas de contratación como de trabajo? ¿O se refería únicamente a la forma en que una mujer llegó a prostituirse, como resultado de su propia decisión o forzada por otros (excluyendo así a las mujeres que decidieron conscientemente trabajar en la industria del sexo pero que fueron sometidas a la fuerza y ​​el abuso en el curso de su trabajo)? Y algunos vieron la prostitución en sí misma como una violación de los derechos humanos similar a la esclavitud. Desde este punto de vista, ninguna mujer puede dar su consentimiento voluntario para el trabajo sexual y cualquier distinción basada en el consentimiento o la voluntad de la mujer carece de sentido.

Sabíamos que todas estas discusiones estaban teniendo lugar, así que conocíamos los peligros y sabíamos cuánto se mezclaba el concepto con las agendas anti-prostitución y anti-migración. También sabíamos que era sexista en la forma en que vinculaba el derecho de las mujeres a ser protegidas contra la violencia con su inocencia o pureza sexual. Entonces sabíamos exactamente lo que estaba mal. Quizás no todo el mundo lo hizo, pero la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), que fue fundada por grupos de mujeres tailandesas y STV a lo largo de la década de 1990, ciertamente lo hizo. Varias organizaciones de derechos humanos lo hicieron y, por supuesto, las organizaciones de trabajadoras sexuales fueron muy conscientes de ello desde el principio.

Joel: ¿El protocolo de Palermo podría haber resultado diferente? ¿O parecía más o menos fijo desde el principio, y lo que obtuviste fue más o menos lo que esperabas?

Marjan: No éramos tan optimistas. Sabíamos cuáles eran los problemas y sabíamos cómo se usaba el concepto contra las trabajadoras sexuales y los inmigrantes. Así que estábamos bien preparadas en ese sentido. Teníamos varios objetivos y nos organizamos a través de movimientos. Reunimos a organizaciones y activistas contra la trata de personas, los derechos humanos y los derechos de las trabajadoras sexuales, liderados por el International Human Rights Law Group y la GAATW. Participé en nombre de la GAATW y la Fundación Holandesa contra la Trata de Mujeres, donde trabajaba en ese momento. La composición de esta alianza fue realmente importante ya que fue la primera vez que estos tres movimientos trabajaron juntos en un lobby conjunto. Especialmente la combinación de activistas y grupos de lucha contra la trata y pro-trabajadoras sexuales fue radical, ya que cerró la brecha histórica entre los dos movimientos causada por la persistente fusión de la trata y el trabajo sexual.

Para el movimiento de las trabajadoras sexuales fue una posición realmente difícil porque estaban claramente en contra del concepto de trata. Ya habían sufrido mucho por eso. Al mismo tiempo, todos sabíamos que era importante intentar controlar el daño tanto como fuera posible. Entonces, las negociaciones sobre el protocolo no fueron como, ‘Oh, esta es una hermosa oportunidad’. Ellas dijeron, ya conocemos el daño y sabemos que puede empeorar, entonces, ¿qué podemos hacer para controlar el daño e intentar para aprovecharlo al máximo? Preparamos nuestros documentos juntas, fuimos juntas a las negociaciones y presionamos juntas.

Al igual que los estados, las ONG estaban profundamente divididas sobre cómo debería definirse la trata, es decir, qué prácticas deberían combatirse. Si bien hicimos una distinción clara entre la trata y el trabajo sexual y sostuvimos que las condiciones de trabajo forzoso en todas las industrias deben abordarse, el otro bloque de ONG, liderado por la Coalición contra la Trata de Mujeres (CATW) con sede en EE.UU. consideraba todo trabajo sexual como trata y quería el protocolo para combatir la prostitución como tal.

En el momento de las negociaciones sobre el protocolo, CATW había existido por un tiempo y habían ganado mucha influencia. Asistí a una de sus conferencias en Nueva York a finales de los 80. En ese momento no tenían ni idea de la trata o la posición y las experiencias de las mujeres migrantes. Se centraron principalmente en la violencia contra las mujeres blancas y la pornografía. Recuerdo a Andrea Dworkin, como una sacerdotisa que pone histéricas a todo un salón de mujeres sobre una mujer a la que su empleador obliga a mirar Garganta profunda, una famosa película porno de la época. Pero durante la década de 1990 obtuvieron mucho dinero de los gobiernos conservadores y se convirtieron en un grupo de presión anti-prostitución rico, importante e influyente con capítulos en varios países asiáticos.

Si mal no recuerdo, no estuvieron presentes en la primera sesión de negociaciones sobre el protocolo, pero desde la segunda sesión en adelante estuvieron allí. Y a partir de ese momento, hubo dos bloques de presión de ONG opuestos. Nuestro bloque, que operaba bajo el nombre de Human Rights Caucus, abogó por una definición amplia e integral de trata con la coerción como elemento central. Queríamos incluir tanto a hombres como a mujeres y niños, para ir más allá de la prostitución e incluir todos los sectores de trabajo en los que las personas podrían terminar en condiciones de esclavitud y trabajos forzados, e incluir la trata tanto transfronteriza como interna. Queríamos ser más amplios, ya que pensamos que esto podría neutralizar las partes problemáticas del concepto tradicional de trata.

El otro bloque, que junto a CATW incluía entre otros el Lobby Europeo de Mujeres y la Federación Abolicionista Internacional Francesa, quería un protocolo que definiera toda prostitución como trata, y que solo se aplicara a mujeres y niñas. Significativamente, operaron bajo el nombre de International Human Rights Network, copiando nuestro nombre y aumentando la confusión sobre quién era quién. Esas fueron las dos posiciones opuestas, y la definición final es un claro compromiso entre esas dos posiciones. Por un lado, establece una clara distinción entre el trabajo sexual y la trata. Cubre a mujeres, hombres y niños, e incluye todos los sectores laborales en lugar de solo la industria del sexo. Por otro lado, la “explotación de la prostitución y la explotación sexual” se destaca como algo separado y diferente de lo que se denominó “explotación laboral”, es decir, trabajo forzoso, prácticas análogas a la esclavitud y servidumbre en otras industrias. Y hemos visto sus efectos dañinos.

Joel: Lo que ha dicho hasta ahora refleja la historia comúnmente contada sobre las negociaciones de Palermo, que es esencialmente una discusión entre dos coaliciones opuestas de ONG y voces de la sociedad civil. Y entiendo que ese fue un punto clave de la discusión. Pero siempre me ha llamado la atención que esta descripción pierde el papel de los estados. Los gobiernos siempre tienen la última palabra en este tipo de negociaciones: la sociedad civil no puede escribir su propio derecho internacional. ¿Podrías decirnos más sobre las posiciones gubernamentales durante las negociaciones?

Marjan: La lucha entre las ONG se reflejó más o menos también en la posición de los gobiernos. Fue hace mucho tiempo, pero por lo que recuerdo, creo que hubo tres cuestiones que dividieron a los estados, y no siempre en la misma línea. Una fue la cuestión moral de la prostitución y la idea de que toda prostitución es trata. Los estados comenzaron con diferentes posiciones sobre la prostitución, pero creo que les resultó relativamente fácil decir: ‘Incluso si no estamos de acuerdo sobre la prostitución, estamos de acuerdo sobre la coerción, así que limitemos este tratado a situaciones de abuso y coerción y no a la prostitución’ como tal. ”Eso resolvió más o menos la cuestión moral, aunque la cuestión moral vuelve a aparecer en otros artículos, por ejemplo, el de combatir la demanda.

Entonces creo que hubo una diferencia con respecto a las fronteras. Los países ricos y pobres se opusieron más en lo que respecta a la migración. Para los países ricos, especialmente, era realmente importante incluir artículos en el protocolo sobre la protección de las fronteras, mientras que para los países pobres las remesas de mano de obra que los migrantes enviaban a casa constituían una parte importante de su ingreso nacional. El tercer punto fueron los derechos de las víctimas. Los países de envío estaban mucho más inclinados a incluir disposiciones de protección a las víctimas, mientras que los países de destino no estaban dispuestos a hacerlo en absoluto.

Eso también se refleja en el protocolo. Hay una serie de disposiciones sobre la protección de las víctimas, pero no son obligatorias. La protección de las víctimas queda a discreción de los estados, mientras que todas las disposiciones de aplicación de la ley son obligatorias. Y allí, creo, el lobby de las ONG realmente fracasó. Nuestra facción sintió que incluso si no estábamos de acuerdo con los demás sobre la prostitución, deberíamos poder estar de acuerdo en la necesidad de disposiciones de protección a las víctimas. Pero la otra parte no quiso cooperar.

Joel: ¿Por qué no?

Marjan: Porque no querían trabajar con nosotras, en parte por lo polarizados que estábamos todos y en parte porque, y probablemente sea desagradable decirlo, no les interesaba. Nosotras éramos las que trabajábamos con las víctimas. Nosotras éramos las que queríamos protección para las víctimas. Tenían una agenda totalmente diferente, impulsada ideológicamente. Querían combatir la prostitución. Y cuál fuere el impacto real de eso en las mujeres, las trabajadoras sexuales, las víctimas, no creo que realmente les importara.

Joel: El protocolo de Palermo es lo que nos da la definición de trata acordada internacionalmente. En el fondo está la idea de que la trata de personas tiene como finalidad la explotación, que es la bisagra de todo el tratado. Sin embargo, la explotación no está definida, solo hay una lista no exhaustiva de ejemplos. ¿Por qué el protocolo en ningún momento dice realmente qué es explotación?

Marjan: No pudieron ponerse de acuerdo.

Joel: ¿No podían ponerse de acuerdo porque la gente quería versiones muy diferentes, o no podían ponerse de acuerdo porque la explotación es muy difícil de definir?

Marjan: Lo que recuerdo es que hubo varios estados y expertos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo y nosotras, que dijimos que no uses la palabra explotación. Cíñete al trabajo forzado, la servidumbre, las prácticas análogas a la esclavitud, etc., conceptos aceptados y definidos en el derecho internacional de los derechos humanos. También abogamos por eliminar la palabra “explotación sexual” porque no está definida, es controvertida e innecesaria. La Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, por ejemplo, señaló que el término ‘explotación sexual’ podría interpretarse de formas muy diferentes, dependiendo de si crees que la prostitución constituye ‘explotación sexual’ per se, o si se refiere a situaciones de violencia forzada. trabajo, servidumbre o prácticas análogas a la esclavitud, que pueden ocurrir en la industria del sexo pero también en el trabajo doméstico o los matrimonios serviles.

Y luego estaba el otro grupo de estados, que incluía a EE.UU., que quería tener la explotación de la prostitución y la explotación sexual en el protocolo independientemente del uso del engaño, la fuerza o la coerción. Realmente querían tener eso en el protocolo. Recuerdo que le escribimos una carta a Madeleine Albright, la secretaria de Estado de Estados Unidos en ese momento, para tratar de discutir la posición de Estados Unidos con ella. Fue firmado por un montón de expertos de diferentes organizaciones en los EE. UU. y en otros lugares, y argumentó que había consenso sobre limitar el protocolo a situaciones forzadas y advirtió que expandirlo para incluir la prostitución voluntaria significaría que varios países se negarían a firmar eso.

El compromiso fue ponerlos a ambos. La frase ‘con el propósito de explotación’ era una especie de término general, y luego bajo ese encabezado se podría poner tanto la explotación de la prostitución como el trabajo forzado, etc. Los términos “explotación del la prostitución ajena” y “explotación sexual” se dejaron intencionalmente sin definir, de modo que los estados pudieran decidir por sí mismos cómo querían abordar la prostitución en sus leyes nacionales. Fue un compromiso político típico en el que ambas partes obtuvieron más o menos lo que querían.

Joel: Mencionaste los efectos dañinos de señalar la explotación sexual como algo diferente del trabajo forzado, las prácticas similares a la esclavitud y la servidumbre. ¿Qué quieres decir con eso?

Marjan: La inclusión de la explotación de la prostitución como un propósito separado del trabajo forzado, etc. reforzó la obsesión histórica por la prostitución y alimentó la vieja fusión de trata y trabajo sexual y la preocupación por la pureza de la mujer. No solo implica que el trabajo sexual no puede ser trabajo, sino que también sugiere falsamente que el trabajo forzado no puede existir en la industria del sexo, lo que priva a las trabajadoras sexuales de la protección contra esa práctica. La OIT siempre había considerado la prostitución forzada como una forma de trabajo forzado, por lo que separarla fue realmente un paso atrás.

El trabajo forzado y las prácticas análogas a la esclavitud no se definen por el tipo de trabajo sino por las condiciones laborales forzadas y no libres. Según la definición del protocolo, esto también debería aplicarse a la trata. Nadie diría nunca que una trabajadora doméstica no puede ser víctima de la trata simplemente porque sabía que haría trabajo doméstico o había trabajado antes como trabajadora doméstica. Pero cuando se trata del trabajo sexual, se ve que en la práctica muchos estados restringen la fuerza para referirse solo a obligar a alguien a prostituirse y no a condiciones de trabajo forzado.

El efecto es que en muchos casos, en lugar de que el delincuente sea juzgado, es la víctima quien tiene que demostrar su “inocencia”, desplazando así el enfoque de los actos del tratante a la moralidad de la víctima. Esta distinción entre mujeres “buenas” que merecen protección y mujeres “malas” que perdieron su derecho a la protección contra el abuso es uno de los principales obstáculos para combatir la trata. No solo implica que las trabajadoras sexuales pueden ser abusadas con impunidad, sino también que el derecho de las mujeres a ser protegidas contra la violencia y el abuso está determinado por su pureza u “honor” sexual. Esto no solo es perjudicial para las trabajadoras sexuales, sino para todas las mujeres.

Este excepcionalismo del trabajo sexual también allanó el camino para estrategias completamente opuestas. Donde todo el mundo está de acuerdo en que es importante fortalecer los derechos y apoyar la sindicalización, organización, etc. para combatir el trabajo forzado o las condiciones laborales abusivas, se promueven estrategias exactamente opuestas cuando se trata de combatir la trata en la industria del sexo. Allí se aboga por una mayor criminalización, que se suma al estigma y deja a las trabajadoras sexuales con menos en lugar de más derechos. Esto se ve reforzado por el artículo del protocolo que llama a los Estados a “desalentar la demanda que fomenta todas las formas de explotación”. Por supuesto, esto se interpreta como que se aplica únicamente al trabajo sexual y sentó las bases para las llamadas campañas de “fin de la demanda” que piden la criminalización de los clientes de las trabajadoras sexuales.


La gente tiende a pensar que el protocolo es un tratado de derechos humanos, pero es obvio que no lo es.


La separación de la explotación sexual de los otros fines también hizo que fuera crucial incluir los medios coercitivos en el protocolo. Sin eso se habría convertido en un tratado contra la prostitución, porque simplemente habría sido reclutamiento, transporte, etc., con el propósito de explotar la prostitución, independientemente del uso de la fuerza o la coacción. Si el propósito solo hubiera sido el trabajo forzado, la esclavitud, etc., no habría necesitado los medios coercitivos o engañosos, ya que aquellos son inherentemente coercitivos. Lo que hemos visto en la práctica es que varios países, como México, han eliminado los medios. Y si borras los medios, conviertes el protocolo contra la trata en un protocolo contra la prostitución.

Un cuarto problema es el enfoque en el movimiento. Desvía la atención del trabajo forzado y los resultados similares a la esclavitud que constituyen las violaciones reales de los derechos humanos. Esto no solo proporciona a los estados una justificación para seguir una agenda de control fronterizo bajo el disfraz de combatir la trata, sino que también crea dos categorías de víctimas: aquellas que llegan en una situación de trabajo forzado o esclavitud a través de la trata y aquellas que llegan de otras maneras. El primer grupo tiene derecho a recibir apoyo, aunque sea bastante mínimo, mientras que el segundo está excluido de cualquier derecho porque no lo consiguió a través de la trata. Desde el punto de vista de los derechos humanos, eso es, por supuesto, inaceptable. De hecho, refleja los primeros tratados sobre la trata de personas alrededor de 1900 que abordaban el reclutamiento transfronterizo de mujeres para lo que entonces se llamaba fines inmorales, pero dejaban de lado explícitamente las condiciones coercitivas dentro de los burdeles. Se consideró que era una cuestión de legislación interna.

Joel: ¿Saliste de las negociaciones sintiéndote feliz o preocupada?

 Marjan: Pienso que un poco las dos cosas. Nos alegró que cubriera a todas las personas en lugar de solo a mujeres y niñas. Nos alegró que cubriera todos los sectores. Nos alegró que, al menos en la definición y explicación del protocolo, estuviera claro que la coacción era un elemento central de la trata. Esa había sido una gran pelea. Así que nos alegramos de que estuviera claro que la coerción, el engaño o la fuerza deben estar presentes para que algo sea trata.

Al mismo tiempo, nos preocupaba mucho la distinción que se hacía entre la explotación de la prostitución y los demás fines de trabajo forzado, etc. Y nuestras preocupaciones han demostrado estar completamente justificadas. También nos decepcionó enormemente la falta de protección de los derechos humanos de las personas objeto de trata. La gente tiende a pensar que el protocolo es un tratado de derechos humanos, pero es obvio que no lo es. Es parte de un tratado sobre la delincuencia organizada, es un instrumento de aplicación de la ley.

Joel: Parece que la gente ha trabajado mucho para ampliar la definición de trata en lo que respecta al trabajo sexual, pero se han mostrado reacios a pensar de manera más amplia en otras áreas. Se han resistido a aplicarlo a los trabajadores migrantes o a los trabajadores de las cadenas de suministro globales, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Intenta la gente aplicar la trata de manera amplia cuando se trata de trabajo sexual y luego de manera limitada cuando se trata de trabajadores migrantes porque de lo contrario es demasiado inconveniente políticamente?

 Marjan: Bueno, la explotación y la disponibilidad de mano de obra barata y explotable es, de hecho, el núcleo del sistema capitalista. Si realmente quisiéramos abordar la explotación en otras industrias, afectaría nuestros propios intereses en servicios y productos baratos. Tendríamos que pagar más por nuestros teléfonos móviles, por nuestras verduras, por la limpieza de nuestras casas y oficinas, etc. Por tanto, es mucho más atractivo centrarse en el trabajo sexual, que se ajusta a una agenda moral más que económica y es fácil de realizar separadamente de nuestras vidas e intereses diarios.

Abordar la explotación requeriría una agenda de justicia social. Requeriría mejorar la situación económica, social y legal de los migrantes, por ejemplo. Centrarse en la prostitución, por el contrario, permite reducir la cuestión a un marco de delito y castigo. No llega a intentar abordar el sistema económico. Y, por supuesto, rescatar a doncellas inocentes es mucho más sexy. Todo esto expone una vez más cuán defectuoso es todo el concepto. Gastamos millones para combatir la trata, mientras que los tratados de trabajo forzado, que ya se remontan a las décadas de 1930 y 1950, nunca han recibido tanta atención. Eso no ha sucedido por accidente.

Joel: ¿Dirías que el problema está más en el protocolo o en lo que hacen los gobiernos con el protocolo?

Marjan: No puedes separarlos. El protocolo fue un compromiso político entre dos puntos de vista e intereses opuestos. Había una razón para hacer ese compromiso, y esas razones también se reflejan en la forma en que se aplica. Así que no creo que realmente puedas hacer esa distinción. Muchos estados dependen de la mano de obra migrante y sería contrario a sus intereses abordar las condiciones abusivas de los trabajadores migrantes y otros trabajadores mal pagados. Entonces no son muy propensos a hacer eso. Además, es mucho más fácil centrarse en la prostitución, las fronteras y la moralidad de las mujeres. Eso encaja mucho mejor con los intereses del estado que abordar las condiciones laborales abusivas que experimentan los migrantes y otros grupos de trabajadores mal pagados que mantienen su economía en marcha. Entonces, ¿por qué deberías hacerlo?

Joel: ¿Te has vuelto más optimista o pesimista en el tiempo que ha pasado con respecto al valor de la trata de personas como una forma de abordar cuestiones de explotación?

Marjan: Creo que ha pasado lo que temíamos. Ha hecho muy poco para abordar las violaciones reales de los derechos humanos o las causas de la explotación de personas en condiciones de trabajo forzoso o análogas a la esclavitud. Tampoco hizo mucho por los derechos de las víctimas porque, por supuesto, existen abusos. Nadie niega que haya graves abusos contra los derechos humanos de las personas, pero el protocolo hace poco para abordarlos. Al contrario, respalda medidas que agravan los abusos. Las medidas represivas siempre tienen un impacto negativo en los grupos más vulnerables. Cuanto más criminaliza o estigmatiza a los grupos, más vulnerables los vuelve a sufrir abusos y más cierra su acceso a la justicia.


Es posible que el protocolo de Palermo hiciera un poco por una categoría muy pequeña de víctimas, pero perjudicó a grupos mucho más grandes.


Yo diría que la situación ha empeorado para muchos grupos. Eso es ciertamente cierto para las trabajadoras sexuales, pero también para muchos migrantes. El protocolo de Palermo brindó a los estados un instrumento para justificar las medidas represivas que colocan a las personas en posiciones más vulnerables. Y al mismo tiempo, no ayudó mucho a mejorar la situación de las víctimas de abuso. En la mayoría de los estados tienes que cooperar con la fiscalía para beneficiarte como víctima, lo que significa que tienes que ponerte a ti y a tu familia en mayor riesgo. Y si usted es un migrante, es probable que lo deporten una vez que ya no sea útil como testigo. También sabemos que el derecho penal no está hecho para víctimas. El derecho penal es un problema entre los estados y los perpetradores. Básicamente, las víctimas no son más que una huella digital, algo que se guarda en un cajón y se saca si necesitas pruebas. Es así. Es posible que el protocolo de Palermo sirviera un poco para una pequeña categoría de víctimas, pero no mejoró las cosas para la mayoría de ellas y perjudicó a grupos mucho más grandes.

Durante las negociaciones defendimos que la trata debería abarcar tanto las condiciones abusivas de contratación como las condiciones laborales abusivas. El protocolo no hace esto. La trata según el protocolo se limita al proceso de contratación, la forma en que las personas llegan a situaciones de explotación. Esto significa que tenemos millones de personas en condiciones de trabajo forzado en todo el mundo que no llegaron allí a través de la trata, y como no llegaron a través de la trata, carecen completamente de derechos. Es como combatir la trata de esclavos pero no la esclavitud. Si naciste esclavo porque tus padres eran esclavos, está bien, siempre y cuando no hayas llegado allí a través del comercio de esclavos. Intentamos transmitir la necesidad de combatir la explotación en sí, pero eso no sucedió.

Joel: Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? Algunas personas sugieren que debería haber una convención de seguimiento que afirme y amplíe el protocolo de Palermo. Otros argumentan que la trata ha creado tantos problemas que es mejor descartarla y probar otra cosa. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Vale la pena permanecer en el campo de lucha contra la trata y buscar reformas desde adentro? ¿O es mejor elegir un campo de batalla diferente y luchar usando un conjunto diferente de conceptos?

Marjan: Probamos esas estrategias. Intentamos deshacernos de todo el concepto de trata y no lo logramos. Una vez que has abierto la caja de Pandora, ya sabes, está fuera de tu control. Está ahí para quedarse. Hay demasiados otros intereses vinculados al concepto de trata como para deshacerse de él. Y esos no son los intereses de las personas afectadas.

También probamos el control de daños. Aún me halaga la idea de que al menos hicimos algo de control de daños en las negociaciones. Podría haber sido peor, pero eso no lo hace bueno. Y debo decir que después de 30 años de control de daños solo, estoy cansada y no soy solo yo. Hacer control de daños no es lo más inspirador que se puede hacer en la vida.

Mi conclusión es que es mucho mejor trabajar por los derechos. Veo dos caminos a seguir. Uno es trabajar por los derechos de las trabajadoras sexuales, los derechos de los migrantes, etc. Es difícil y vivimos tiempos represivos. Estamos en un período histórico conservador y represivo. No es solo trabajo sexual, son derechos sexuales y reproductivos en general. No son solo los trabajadores migrantes, son los migrantes, los refugiados, etc. Todos los derechos humanos están bajo presión. Pero al menos solían verse como algo por lo que luchar. Ahora se debate la necesidad de los derechos humanos en su conjunto.

Joel: Hablo con muchos activistas diferentes y conozco personas que trabajan en reparaciones por la esclavitud transatlántica, y nunca los invitan a los pasillos del poder. Están en el exterior haciendo afirmaciones que a los gobiernos no les gustan. Y contrasta eso con las personas que trabajan en la lucha contra la trata, que son invitadas a gabinetes y salas de juntas, a quienes se les da una plataforma, que tienen influencia y acceso a los centros de poder. Llevo un tiempo preguntándome qué tan adictivo es ese acceso. Cambiar la conversación significa renunciar a ese acceso, incluido el acceso a la financiación, y eso hace que sea difícil decir: “Esto contra la trata de personas no está funcionando. Necesito trabajar en los derechos de las trabajadoras sexuales, los derechos de los migrantes, los trabajadores sindicalizados y todo este tipo de cosas”. ¿Qué tan fácil crees que es realmente para las personas que trabajan en la lucha contra la trata de personas comenzar a trabajar en otras cosas, dado que el perfil político de esas otras cosas es mucho menos acogedor para el activismo?

Marjan: Es absolutamente cierto. Y también dentro del movimiento contra la trata hay una gran división. Está la parte progresista a la que pertenezco, que se basa en los derechos y a la que pertenece la Alianza Global contra la Trata de Mujeres. Y está el movimiento conservador contra la trata, que está muy feliz de dormir en una cama con el estado y con el poder.

Si quieres conseguir dinero, haz trata. No elijas los derechos de los migrantes o los derechos de las trabajadoras sexuales. Esa es una elección estúpida si quieres dinero e influencia. Y, por supuesto, el dinero es adictivo. Cuando empezamos, a finales de los 80, a nadie le interesaba. Una vez que se convirtió en un gran problema, no sé cuántos cientos de organizaciones se subieron al tren.

Creo que al final, no importa lo difícil que sea enfocarnos en los derechos en lugar de la represión, es lo mejor que podemos hacer. Me alegra que la Organización Internacional del Trabajo haya abordado el tema. Creo que si queremos abordar los abusos, o si queremos abordar la explotación de personas en condiciones de trabajo forzado y análogas a la esclavitud, la OIT es una mejor manera de hacerlo.

Seguiría intentando trabajar junto con la OIT. Les presionaría para que también incluyeran la industria del sexo. Pasaron años antes de que incluyesen a las trabajadoras del hogar, pero al final lo hicieron. Y no es que el mundo cambie cuando se concluye un tratado internacional. Ciertamente no para las trabajadoras domésticas, pero es un paso. Es un pequeño paso, pero al menos un paso hacia los derechos en lugar de la represión. Por tanto, creo que sería importante que la OIT incluyera también la industria del sexo como un área de preocupación sobre las normas laborales.

Si puedes tirar de la OIT, también significa que pasas a conceptos mucho más neutrales. Debemos ser conscientes de cuán corrompidos y defectuosos pueden ser los conceptos, y el gran alcance que tiene la influencia de un concepto. Como dije al principio, si hubiéramos estado al tanto de la historia de la trata y de lo que significó importar ese concepto, no lo habríamos hecho. Realmente tienes que ser muy consciente del lenguaje que usas, los conceptos que importas y tratar de buscar un lenguaje neutral.

La trata no va a desaparecer y no escaparemos a la necesidad de controlar los daños. Tenemos que seguir haciéndolo. Pero al mismo tiempo, como movimiento, es realmente importante conectarse con otros movimientos basados en los derechos. El movimiento por los derechos de los migrantes, el movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales y el movimiento por los derechos humanos deben unirse y desarrollar su propia agenda basada en los derechos.

Por qué en materia de trata conviene no hacerse la sueca

El nuevo gobierno anuncia una ley integral contra la trata. Ojalá esta ponga los derechos humanos en el centro en lugar del punitivismo y la ideología

 

Por Paula Sánchez Perera

21 de enero de 2020

https://ctxt.es/es/20200115/Firmas/30620/prostitucion-trata-abolicionismo-paula-sanchez-gobierno-ley.htm

 

Poco después de conocer el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, varios medios resaltaron que en él se recogía la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, pero no la abolición de la prostitución. Sin embargo, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura, remarcaba de nuevo su compromiso con el abolicionismo punitivo, en la misma estela que aquel Proyecto No de Ley presentado en la última legislatura. El abolicionismo en el que hoy se inscribe el Partido Socialista no es otro que el sueco. Mientras que el abolicionismo clásico, que opera desde nuestro Código Penal, se limita a la penalización del lucro de terceras partes (proxenetismo), el neoabolicionismo nórdico amplía la criminalización hasta los clientes. Por su parte, Unidas Podemos, a cargo ahora del Ministerio de Igualdad, aglutina en su formación a feministas de ambos polos del espectro –abolicionistas y proderechos– en un debate abierto, reflejo del que se mantiene en el movimiento feminista. Entre todo aquello que puede celebrar lo que queda a la izquierda del neoliberalismo progresista se encuentra el haber respaldado el consenso fundamental que existe entre la posición abolicionista y la proderechos: elaborar una ley integral que prevenga, proteja y asista a todas las personas que se encuentran en situación de trata.

Aunque aún sea demasiado pronto para realizar valoraciones de una ley que no se ha desarrollado todavía, la manera en la que, de entrada, se encuentra formulada la propuesta de nueva legislación contra la trata en el pacto de gobierno resulta, cuanto menos, preocupante. Si ley “integral” quiere decir que comprende todas las partes que precisa para encontrarse completo, ¿puede decirse que una ley aspira a combatir de manera integral la trata de personas cuando se limita a un solo tipo? El acuerdo, recordemos, no habla de lucha contra la trata a secas, sino que demarca “con fines de explotación sexual”. Quizás pensemos que es la forma mayoritaria, pero en el último balance estadístico del centro criminológico patrio, el CITCO, vemos que las cifras comparadas entre trata sexual y laboral son ajustadas, casi paralelas. Si, a su vez, queremos hacer la operación de centrarnos en aquella forma de trata que afecta fundamentalmente a mujeres, basta recordar que la trata con fines de prostitución forzada no es la única atravesada por el género, ya que cada día se detecta con mayor frecuencia en matrimonios forzados o en el servicio doméstico. De hecho, la última evaluación del Consejo de Europa sobre los esfuerzos españoles por combatir la trata concluía denunciando que en nuestro país la trata laboral se encuentra escasamente detectada, sin apenas protocolos específicos de actuación ni suficiente intervención al respecto. Nos tiraban de las orejas para que comenzásemos a dirigir la mirada hacia otros tipos de trata, esos que no ocupan espacio en la agenda política porque aparentemente no generan votos.

Cuando hablamos de trata a secas, y no solo de aquella con fines de prostitución forzada, ocurre que ciertas fórmulas discursivas no funcionan y que, a su vez, se revelan como construcciones ideológicas. Este es el caso del famoso “sin clientes no hay trata”. Difícilmente llegaría a buen puerto el decir que “si no comprases fresas o camisetas, no existiría la trata”, a pesar de su acusada prevalencia en los sectores agrícola y textil. Tampoco tendría mucho éxito alegar que si no hubiese trabajadoras domésticas –cuidando dependientes o haciendo tareas del hogar– no habría trata en el sector, aunque en esta modalidad se explote casi en exclusiva a mujeres. Una de las razones por las que estos razonamientos se juzgarían con sospecha es porque hemos aprendido que el ejercicio de culpar al consumidor de problemas que tienen su origen en factores estructurales es un argumento propio del neoliberalismo. Una buena cantidad de causas complejas que dan lugar a la trata se suspenden cuando la culpa se coloca principalmente o en exclusiva en el consumidor –como la clandestinidad obligatoria con la que ha de producirse la migración laboral gracias al cierre de la Europa Fortaleza; las condiciones económicas dadas por la desigualdad Norte/Sur; la desregulación del trabajo informal o la feminización de la supervivencia, incrementadas, a su vez por las restricciones que impone la Ley de Extranjería para migrar de forma regular–. Este razonamiento disculpa, mistifica y oculta las estructuras económicas, políticas y legales que avivan la trata.


Una buena cantidad de causas complejas que dan lugar a la trata se suspenden cuando la culpa se coloca principalmente o en exclusiva en el consumidor


A pesar de los esfuerzos discursivos de un sector del abolicionismo, el modelo sueco no lo trajo a España la izquierda. En realidad, la primera interesada en valorar el modelo fue doña Ana Botella con sus planes contra “la esclavitud sexual” en Madrid. Ya entonces se nos vendía la idea de que este modelo, que sostenía que había conseguido reducir la trata hasta volverla irrisoria, era la panacea. En rigor, tal información no procede de investigaciones independientes –que, de hecho, la contradicen–. (Aquí algunas de ellas: este de la GAATWel de la Universidad de Derecho de WashingtonCambridgeeste de especialistas suecas, entre otras muchas).  Pero la idea se extendió a partir del resumen traducido al inglés de un informe triunfalista que difundió el propio gobierno sueco en 2010. Informe, por cierto, criticado de manera sistemática en la academia tanto por su falta de rigor científico y metodología –establecía a priori que los resultados que se publicasen tenían que confirmar la ley, sí o sí– como por la falta de evidencia empírica para sostener sus afirmaciones. El modelo sueco no ha reducido la trata por tres sencillas razones. Primero hay que poner en duda los datos porque no había estadísticas exhaustivas previas a la entrada en vigor de la ley y por tanto no se pueden realizar comparaciones. En segundo lugar, porque, a juzgar por las denuncias, estas no descienden de manera progresiva, sino que fluctúan cada año. Por último, lo que ha conseguido es desplazar la prostitución de su espacio más visible, la calle, para ocultarla en espacios cerrados, donde se trabaja para terceros como casas de masaje tailandesas, según reconoce la propia policía sueca.

Entidades como Amnistía Internacional o Médicos del Mundo Francia, en sus estudios sobre el impacto del modelo nórdico en Noruega y Francia respectivamente, señalan que este vulnera derechos humanos y repercute negativamente en la seguridad, la salud y las condiciones de vida de quienes ejercen la prostitución. Ahora bien, para comprender cuáles serían los efectos de la sanción a la clientela en nuestro contexto no hace falta cruzar la frontera, porque esta penalización al cliente que demanda servicios en el espacio público lleva en vigor en España desde julio de 2015 a través de la Ley Mordaza –e, incluso, antes, a partir de varias ordenanzas municipales–. A cuatro años de su implementación, sabemos que afecta negativamente a las mujeres en ejercicio, incrementando su precariedad y exponiéndolas a un mayor riesgo de sufrir violencia, por la ocultación que implica tener que huir de la policía para evitar que sancionen a sus fuentes de ingresos. El descenso de la clientela para quien ejerce significa, en primer lugar, bajada de los ingresos y desesperación económica. En esta tesitura, o bien deciden bajar las tarifas o bien ocuparse con clientes que en otras circunstancias hubiesen podido rechazar; es decir: les aboca hacia un escenario aun peor.

Aunque el neoabolicionismo no criminalice directamente a quien ejerce la prostitución, sí lo hace con todo el universo que le rodea y, como hasta la fecha desconocemos la existencia de una actividad económica de prestación de servicios que no requiera de clientes, resulta sencillo comprender por qué cualquier medida que criminalice su actividad les afecta necesariamente a ellas. De ahí que la investigación realizada en España por el grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona concluya que el impacto de la sanción a la clientela sobre quienes ejercen la prostitución supera con creces las consecuencias a las que se exponen los clientes. Les afecta tres veces más a ellas que a ellos.

Varias entidades especializadas con décadas de trabajo con personas en situación de trata, como Proyecto Esperanza o Genera, llevan largo tiempo indicando las insuficiencias de nuestras herramientas normativas y de nuestra actuación contra la trata. Hace falta escucharlas; antes de depositar toda nuestra esperanza en un elixir mágico, se trata de aprender de los errores de años de práctica diaria. La crítica más recurrente que realizan es que el modelo español actual tiene dos prioridades: el control migratorio y la persecución penal de los tratantes. En otras palabras, los derechos humanos de las víctimas pasan a un segundo plano. Pensemos que las víctimas son identificadas en los mismos operativos policiales que buscan migrantes en situación administrativa irregular. Reparemos en que el proceso se pone en marcha solo si la persona en situación de trata decide denunciar; esto es, nuestro sistema considera que la protección se merece “a cambio de”. Es decir, solo se garantiza protección si decides formar parte de un intercambio de favores donde el objetivo no es la recuperación de quien ha sido tratada, sino meter en prisión a los tratantes. El dinero público se invierte en campañas contra la prostitución mientras pocas personas en situación de trata consiguen reagrupar a sus familias, muchos permisos de residencia y asilo no llegan a concederse, faltan recursos habitacionales o, como denuncia Women’s Link, muchas mujeres nigerianas en situación de trata sufren la retirada de la custodia de sus hijos de manera automática. Mientras se nos vende el falso porcentaje de que el 80% o el 90% de la prostitución es trata, sin estudio alguno que lo avale, seguimos sin conocer las cifras de mujeres protegidas e indemnizadas en nuestro país. Quizá ahora por fin tengamos un gobierno con altura política para elaborar una ley que prevenga, asista y proteja a todas las personas que están en situación de trata. Una ley que ponga los derechos humanos en el centro en lugar del punitivismo y la ideología. En esto, más que nunca, conviene no hacerse la sueca.

––––––

Paula Sánchez Perera es activista e investigadora. Colaboradora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla.

 

Georgina Orellano: «Entre el abolicionismo y el regulacionismo, quienes estamos en medio somos las trabajadoras sexuales»

 

Por Guillermo Martínez

@Guille8Martinez

23 de agosto de 2019

https://ethic.es/2019/08/georgina-orellano-trabajo-sexual-clandestinidad/

 

 

¿Abolir la prostitución o regularla? El debate en torno al llamado ‘oficio más antiguo del mundo’ atraviesa la opinión pública desde todas sus aristas y posiciones, de la economía al feminismo. Georgina Orellano (Morón, Buenos Aires, 1986) procede de de una familia trabajadora y actualmente es la Secretaria General Nacional de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR). Desde esta entidad, integrada en la segunda central sindical más grande del país, reivindica que la organización del colectivo es indispensable para conseguir la despenalización del trabajo sexual.

 

Existe un alto porcentaje de trata de mujeres en torno a la prostitución.

Nosotras creemos que sí hay trata de personas. La verdad es que reducir esa discusión a que la culpa la tiene el trabajo sexual o la prostitución es quitarle la responsabilidad al Estado. Hay trata de personas porque hay una complicidad del poder judicial, policial, y del ejecutivo para que haya trata de personas en el siglo XXI. En todo caso, lo que posibilita que en el trabajo sexual haya explotación es justamente la criminalización y clandestinidad de nuestro trabajo: cuanto más clandestino sea, más se posibilita que se creen mercados paralelos que subsisten a través de la precarización de nuestras vidas. Arrogar que se va a combatir la trata de personas cuando se combata la prostitución me parece que es olvidarnos del lugar de pertenencia dentro de la clase trabajadora. La solución debería pasar por pensar,  justamente, en dar mejores condiciones laborales como herramienta transformadora de este mundo laboral. Eso lo aprendí dentro de la CTA. Por ejemplo, los compañeros que trabajan en los talleres textiles. Nunca se planteó desde el Estado ni desde el feminismo terminar con el trabajo textil como una forma de combatir la trata, sino todo lo contrario: se llegó a la conclusión de que había que combatir la trata en el trabajo textil, pero asegurando que ese combate no perjudicara el trabajo de los demás compañeros. Lo que sucede en la discusión entre trabajo sexual y trata de personas es que no se incluyen nuestras voces en la toma de decisiones, y sí se incluyen las de expertos y expertas que desde la academia y desde la teoría construyen soluciones posibles, pero no lo han vivido nunca en primera persona.

En muchos casos se puede dar la situación de que una prostituta esté dando un servicio y el cliente se sienta impune al realizar algo no consensuado. ¿Cómo salir de una situación así?

Lo primordial es romper con la idea de la víctima y de la sumisión a la que nos someten algunas miradas de la sociedad. Nosotras creemos que las mujeres, los cuerpos feminizados, en muchas relaciones que tenemos con los hombres en esta sociedad –y en múltiples espacios– no son consensuadas. Y no solamente pasa en el trabajo sexual: hay relaciones en los noviazgos que no lo son, igual que en el matrimonio o dentro de la institución familiar, en tu trabajo (jefe-empleada), incluso en ámbitos políticos (referente político-militante mujer).

Sería volver a preguntarse por qué se pone el foco en la prostitución cuando ocurre lo mismo en otros ámbitos relacionales.


«La criminalización y clandestinidad del trabajo sexual posibilita la explotación y la trata»


Claro. Lo que pasa es que la institución matrimonial y el amor romántico son dos instituciones totalmente patriarcales desiguales para la vida de nosotras porque siempre nos van a dejar relegadas. Ahí cumplimos un rol fundamental que es ceder nuestra voluntad ante el deseo siempre de otro. La idea de la sexualidad y el disfrute sexual está orientado hacia la procreación, cumpliéndose el mandato de que todas tenemos que ser madres. Por eso me parece que una forma de empoderamiento es combatir el patriarcado en todos sus ángulos, y no solamente fijándonos en un grupo y un sector. Por supuesto que reconocemos que los clientes de las trabajadoras sexuales son machistas, pero ¿quién no es machista en esta sociedad patriarcal?

El porcentaje de hombres que contratan servicios de mujeres prostitutas es mucho mayor que si lo pensamos a la inversa. ¿Debería nivelarse? ¿Qué aspectos son los que desencadenan que no haya apenas hombres que presten sus servicios a mujeres?

Los aspectos son principalmente la culpa y la vergüenza que nos ha generado el patriarcado en las mujeres, y que nosotras, las lesbianas, travestis y trans, no podemos ser las propias conductoras de nuestro placer sexual. Yo lo veo cuando vienen clientas mujeres, que son muy pocas en comparación de los hombres, porque llegan con mucha culpa: antes de pedir el servicio están argumentando el por qué están ahí, como pidiendo perdón por lo que están haciendo. Por otro lado, creo importante la desigualdad económica que hay entre los hombres y las mujeres. Los hombres ganan mucho más dinero y disponen de él, y las mujeres ganamos menos y encima el dinero que disponemos lo tenemos que invertir en mil cosas antes que en los propios placeres.

Las prostitutas no tienen derechos a día de hoy, pero tampoco pagan impuestos. ¿Crees que se podría dar el caso de aquella trabajadora sexual que prefiera seguir viviendo con un nivel de vida más alto antes que pagar impuestos?

Lo que nosotras creemos es que vamos a seguir viviendo muchos años en el sistema, y pensar que solo las trabajadoras sexuales tenemos que cambiarlo me parece que es una lucha desigual. Hay muchos trabajadores que se sientan con la patronal y no por eso están defendiendo el sistema capitalista, sino que comprendieron la lógica de que hay muchos trabajadores y trabajadoras que no pueden esperar a que lleguemos a esa sociedad utópica de vivir en una sociedad justa, libre e igualitaria. Vivimos en una sociedad desigual, machista y patriarcal, y hay muchas compañeras que no pueden esperar, que tienen 60 años y no se pueden jubilar, que tienen un montón de problemas de salud y no tienen una obra social que les blinde cobertura médica…

La pregunta estaba más orientada a si consideras que hay alguna trabajadora sexual que prefiera que el sector siga desregulado para poder tener más ingresos.

Existen distintos casos por los que una prostituta no quiere figurar como tal y todos los casos son válidos. Defendemos que el trabajo sexual tiene que estar reconocido como tal. Después, la ley no debería contemplar como obligatorio que todas se inscriban y todas se registren, porque ahí estaríamos cometiendo un grave error: hay muchas compañeras que no quieren que su nombre aparezca registrado como trabajadora sexual porque todavía no han podido contar a su entorno verdaderamente a qué se dedican. Sí tiene que haber unos mínimos para que no se persiga más a las trabajadoras sexuales y eso lo lograremos con la despenalización del trabajo sexual y con el reconocimiento. Después, quien se quiera inscribir bajo la categoría de trabajadora sexual que lo haga, pero que eso no sea un requerimiento obligatorio para todas.

Tú lo argumentas en lo que se refiere al estigma social, pero si fuera por el mero hecho de no pagar impuestos, ¿qué mecanismos podría tener la administración para discernir entre las dos posibilidades?


«Abandonamos algunos espacios por creer, desde los pocos conocimientos que teníamos entonces, que solo existía un feminismo»


Ese mecanismo es un rol que debe adquirir la propia organización, al generar conciencia de clase entre todas sus afiliadas y afiliados y entender que tenemos que aportar. Nosotras siempre lo decimos: preferimos aportar a las arcas públicas que a la policía, porque aportar nosotras siempre aportamos. Por más que seas prostitutas VIP, en algún momento pagaste una coima [soborno, en Argentina] para que no te clausuraran tu piso, y esa coima fue a parar a una caja clandestina de las fuerzas de seguridad. O sea, la trabajadora sexual siempre aportó, pero lo que queremos es clarificar que ese dinero no vaya a la policía sino que vaya al Estado. Tenemos que hacer entender que nosotras también formamos parte del Estado y exigir que, si nosotras aportamos, también debemos disfrutar de las políticas públicas que se hacen con nuestro dinero.

¿Qué crees que se impondrá? ¿La abolición o la regulación?

Yo creo que ninguna de las dos. En Argentina, el abolicionismo –en los más de 100 años que tiene de historia–, lo que ha generado ha sido precarización total de la vida de las trabajadoras sexuales, clandestinidad, peores condiciones laborales, persecución policial. En el momento en que Argentina reguló el trabajo sexual también reguló los establecimientos, lo que generó condiciones propicias para que nuestras compañeras perdieran su autonomía dentro del trabajo. Nosotras queremos que sea un gran salto: ni el abolicionismo que pretende un feminismo blanco, hegemónico, ni el regulacionismo basado en legislaciones que el Estado piensa sin incluirnos a nosotras, orientadas para beneficio de los empresarios. Para romper con esta dicotomía, las propias trabajadoras sexuales tienen que abogar por un movimiento superador. En nuestro país, teniendo en cuenta las condiciones laborales, las políticas anti trata que equipararon esta con trabajo sexual, las legislaciones vigentes… creemos que el modelo superador es la despenalización del trabajo sexual. Eso es lo que queremos: que no se persiga a las trabajadoras sexuales y que haya un mínimo de reconocimiento. El abolicionismo confronta con el regulacionismo y quienes quedamos siempre en el medio somos las trabajadoras sexuales, entonces somos nosotras las verdaderas protagonistas que tenemos que dar un gran salto.

¿Qué necesidades teníais las trabajadoras sexuales en el momento en que empezaste a ejercer la prostitución?

Lo primero que me encontré fueron historias de otras mujeres que estaban atravesadas por mucha precarización laboral y por situaciones de violencia con sus parejas o ex parejas. También vi que la gran mayoría eran madres solteras y que su mayor necesidad era poder trabajar de manera tranquila sin que la policía las persiguiera para que todos los días pudiesen volver a sus casas y estar con sus hijos. Ahí aprendí que el imaginario instalado en la sociedad con respecto a las trabajadoras sexuales responde a la pretensión de representar nuestras vidas pero desde miradas muy victimizantes. Más allá de que muchas de mis nuevas compañeras habían atravesado situaciones de violencia de género, abusos en su núcleo familiar, precarización laboral, pérdida del empleo… yo lo que veía era mucha fortaleza, y no veía que victimizaran estas historias, sino que las relataban desde la óptica de la superación.

Que AMMAR entrara en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) tuvo que suponer un gran paso a nivel mundial para el reconocimiento de la prostitución.


«En la discusión entre trabajo sexual y trata de personas no se incluyen nuestras voces, pero sí las de expertos que no lo han vivido en primera persona»


AMMAR va a cumplir 25 años. En 1995, AMMAR ingresa en la CTA, primero utilizándolo como un lugar de reuniones. Antes de utilizarlo como espacio seguro, empezaron reuniéndose en bares hasta que la policía se enteró de lo que hacían y entraban en estos bares a reprimirlas. Ese espacio de reunión en la central sindical terminó siendo un lugar de unión semanal. Es en el 2001 cuando se discute la idea de conformar AMMAR como un sindicato adscrito a la CTA porque vimos que nosotras queremos tener lo que los demás trabajadores y trabajadoras tienen. Con esto no solo me refiero a condiciones laborales, aunque sean lo principal, sino a terminar con el estigma social, donde está la gran batalla cultural. La lucha no se basa solo en presentar leyes, sino en ocupar un montón de espacios, hablar y romper con ese imaginario social instalado durante siglos en torno a nuestras vidas que dice que siempre nos tutelaron desde afuera y nos humillaron al plantear la vida de las trabajadoras sexuales como objeto de uso y como víctimas a lo largo de la historia.

En ocasiones se hace hincapié de las diferencias entre trabajadoras sexuales, en relación a aquellas que pueden elegir a sus clientes y las que no.

Quienes fundaron AMMAR hasta el presente, quienes conducen la organización, somos compañeras que venimos de los estratos más populares. Somos trabajadoras que no elegimos verdaderamente qué trabajo ejercer, sino a qué optamos de las poquitas opciones que tenemos justamente por pertenecer a la clase trabajadora y por ser mujer. Centrarnos en que hay trabajadoras sexuales que pueden elegir sus clientes y poner sus condiciones y otras que no es hacer una división dentro de todo un colectivo y un movimiento en las cuales tenemos que pensar básicamente las cosas que nos unen. Tanto la que eligen el cliente y la trabajadora sexual pobre que sufre violencia institucional no tienen reconocimiento de derechos laborales, no tiene obra social [organismo argentino encargado de prestar atención médica a los trabajadores de las diferentes ramas obreras] y no se va a poder jubilar.

Antes mencionabas la persecución policial que sufren las prostitutas. ¿En qué tipo de acciones se materializa esta persecución?

La policía apela al grado de desconocimiento que tiene la trabajadora sexual con respecto a las legislaciones vigentes en nuestro país, y esa es una de las cosas que aprendimos y desarrollamos activamente dentro de AMMAR. Damos herramientas a nuestras compañeras: así como yo sé que el trabajo sexual no es delito y conozco lo que puede y no puede hacer la policía, lo tienen que saber todas. Ese conocimiento que me dio el sindicato es el conocimiento que tienen que tener todas, porque tener conocimiento es disponer del poder.

¿Qué ha mejorado en estos últimos años y qué queda por hacer?

La organización vence al tiempo. Yo creo que lo que mejoró fue el romper con esa idea de que nadie se preocupa por los derechos de las prostitutas. Supimos hacer ver que las primeras que nos preocupamos por ello fuimos nosotras mismas. A modo de autocrítica, considero que abandonamos algunos espacios por creer, desde los pocos conocimientos que teníamos, que solo existía un feminismo, único y hegemónico en nuestro país, que tenía una postura ya tomada con respecto a nuestro trabajo. Si no hubiéramos actuado así quizá hubiera cambiado un poco la historia. Es ahora cuando la estamos cambiando, cuando vemos cómo otras feministas más jóvenes levantan la bandera de las trabajadoras sexuales.

 

Cómo se regula el trabajo sexual en Uruguay y qué puede aportar al debate argentino

Mientras en nuestro país la puja entre regulacionistas y abolicionistas no se zanja, desde 2002, del otro lado del charco existe una ley que reconoce la actividad y asegura derechos a quienes la ejercen. En esta nota referentes del tema cuentan los avances en la experiencia uruguaya a partir de esta norma y las actualizaciones que urge implementar.

 

Por Ariana Budasoff

25 de noviembre de 2020

Cómo se regula el trabajo sexual en Uruguay y qué puede aportar al debate argentino

 

“A partir de hoy, 29 de Noviembre de 2017, te estoy invitando a reducir tu lectura de los materiales de estudio que definen a la prostitución y cambiarlos por un charla con cualquiera de las personas que la ejercemos, porque cada una de nosotras tiene su propia teoría vivencial y ninguna de nuestras teorías están escritas en los textos que consultas”.

Así inicia un capítulo de su libro, El ser detrás de una vagina productiva, Karina Núñez: trabajadora sexual uruguaya, activista contra la trata de personas, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y defensora de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual —aunque en una entrevista advierte que esta denominación responde a la mera costumbre de ponerle etiquetas a todo: “Los que ponen ‘activista’ son ustedes. Yo soy Karina”—. La obra, que incluye sus experiencias y las de otras 300 mujeres cis y trans, es una muestra de las realidades que viven las trabajadoras sexuales uruguayas. Un oficio que si bien allí está regulado desde 2002, sigue expuesto a múltiples vulneraciones.

A diferencia de nuestro vecino cruzando el charco, en Argentina las trabajadoras sexuales siguen ejerciendo en un terreno confuso a nivel legal: sin prohibición ni regulación. Y la cinchada entre abolicionistas —quienes piensan que el trabajo sexual no es una elección y que quienes lo ejercen son víctimas de proxenetas y redes de trata por tanto debe prohibirse— y regulacionistas —quienes creen que muchas trabajadoras sí escogen libremente ese oficio, que es uno como cualquier otro, y por tanto debe ser regulado—, parece no tener fin. En ese sentido, quizás el caso uruguayo y su lucha actual, con una postura intermedia que contempla a todas las trabajadoras, pueda ser tomado como ejemplo.

Karina Núñez tiene 46 años, es de Fray Bentos, y dice cosas como: “Yo desde los 12 años que ando en la vuelta” o “yo me he domesticado un poco ahora”. Y dice, por las mujeres gracias a las que empezó su lucha, algo que se parece al título de su libro: “Ellas vieron en mí el ser humano más allá de la profesión, y no me cuestionaron por qué estaba ahí, me guiaron y acompañaron en el proceso de visibilización por fuera de esa estructura de opresión”.

Ella pelea por una actualización de la ley que regula su oficio.

Foto del libro El ser detrás de una vagina productiva, publicado en 2017.

La ley que supieron conseguir

La Ley 17.515 de Trabajo Sexual del Gobierno uruguayo intentó poner un marco normativo al oficio más antiguo —y quizás en el que se cometen más abusos— de la humanidad. Entre otras cosas, esta medida creó un Registro Nacional del Trabajo Sexual en el que aquellas personas que lo ejercen deben anotarse y completar formularios, presentar análisis y estudios que acrediten que están libres de enfermedades de transmisión sexual para recibir, luego, un carné habilitante. Y, desde 2010, todas las trabajadoras sexuales registradas y habilitadas realizan aportes para su jubilación.

Sin embargo, la ley tiene varios agujeros que, a casi dos décadas de haber sido sancionada, las trabajadoras reclaman enmendar con urgencia. Es por eso que Núñez, el 1° de mayo de 2018, hizo una convocatoria en sus redes sociales invitando a sus compañeras a sumarse a luchar para modificar la ley. Así nació la Organización de Trabajadoras Sexuales (O.TRA.S), desde donde están reclamando reformas en la normativa.

“Cuando las compañeras de la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (AMEPU) empezaron a escribir la ley, estábamos saliendo de la dictadura cívico militar que duró de 1972 a 1985. En ese entonces las compañeras eran encarceladas por el simple hecho de ser trabajadoras sexuales. De ahí a que consiguieron llevarla al parlamento pasaron algunos años”, cuenta Núñez.

Y explica que un logro que obtuvieron con la aplicación de la norma en aquel contexto histórico fue, justamente, que dejaran de detenerlas por ejercer el trabajo sexual. “Y, en el auge de la pandemia del VIH, a las compañeras se les dio la herramienta que sigue siendo la única real para la prevención del virus, que son los preservativos. Hasta entonces los tenían solo las personas que podían comprárselos”, dice.

La trabajadora social uruguaya, investigadora y docente feminista, Andrea Tuana, quien también dirige la Asociación Civil El Paso, que lucha contra el abuso y la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres y contra la violencia de género, señala que la ley marcó un punto de inflexión cuando fue sancionada: “Fue importante para reconocer la realidad de las trabajadoras sexuales en cuanto a la existencia de un oficio que socialmente era considerado como una práctica abyecta, necesaria pero indeseable. Y quienes ofertaban servicios para esa práctica eran personas totalmente estigmatizadas, excluidas, invisibilizadas, no dignas de que la sociedad se ocupe de ellas”.

“Partíamos de un piso —continúa— en el que a las mujeres en ejercicio o en condición de prostitución se les podía hacer cualquier cosa. Entonces, la ley, lo que pretendió fue lograr un reconocimiento de esa práctica e intentar colocar un mínimo de marco regulatorio. Mínimo: ‘Señor, usted no puede hacer cualquier cosa, no puede violar a una trabajadora sexual’, más allá de que eso siempre estuvo penalizado, pero obviamente nadie lo tomaba en cuenta. Así llegamos a esa ley que tenemos hoy”.

El periodista y escritor uruguayo César Bianchi (que en 2008 publicó Mujeres bonitas, una investigación con 14 historias de vida de prostitutas uruguayas) coincide en que la ley tuvo bondades como “poner el tema en el tapete y darles visibilidad [a las trabajadoras]; que haya un registro de trabajadoras sexuales y que el Ministerio de Salud Pública esté encima de su salud y les den las herramientas de trabajo. Que deje de ser un tema tabú y que por fin puedan empezar a aportar para su jubilación”. Aunque señala, “que eso llega tardísimo”. Y que la norma tiene “puntos negros bastante claros”.

¿Puntos fuertes? de la ley

El hecho de que aquellas trabajadoras registradas tengan un carnet o libreta habilitante y para obtenerlo deban hacerse controles médicos que les garanticen un buen estado de salud, aunque se lee como una medida progresista, es un punto ambiguo según explican las referentes y el periodista.

“La ley tiene una regulación epidemiológica, jurídica y punitivista, porque si no cumplen determinados requisitos son castigadas o multadas —dice Bianchi—. Por ejemplo: hasta 2015, si vivían en alguna localidad del país y querían ir a trabajar a otra pero no avisaban que se iban a mudar, podían ser detenidas. Eso muestra las falencias de la norma porque si una trabajadora tenía la necesidad de ir a otro lado porque le dijeron que había más trabajo y no avisaba a la comisaría o daba cuenta de que se había mudado podía ir presa”.

Karina Núñez

“También está el aspecto sanitario —agrega—: cada 6 meses en Montevideo y una vez por mes en el interior, tienen que ir al médico y sacarse sangre y regularizar el carnet de salud para descartar que no tengas sífilis, VIH, ni ninguna enfermedad que se transmita por el ejercicio de su trabajo. No les queda claro ni les convence la distinción de la capital con el interior”.

Además de esto, explica que la ley actual indica que las trabajadoras sexuales solo pueden ejercer en espacios habilitados por el Ministerio del Interior o las intendencias, esto las limita a ofrecer servicios o emplearse en whiskerías y casas de masajes, que son, explicarán Núñez y Tuana, negocios cooptados por proxenetas que terminan explotándolas. La norma no les permite trabajar en las calles, rutas o plazas. Lo que les quita autonomía y, en muchos casos, las devuelve a la clandestinidad.

“Creo que demasiados requisitos hacen que terminen trabajando en negro —opina Bianchi— . Si bien no les conviene porque no aportan para su jubilación, al no registrarse no son revisadas constantemente ni están bajo la lupa del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud Pública, o de las intendencias”.

Por estos motivos, en algunos casos, y por desconocimiento de la existencia de la ley y sus herramientas, en otros, muchas de las trabajadoras sexuales no se registran ni obtienen el carnet habilitante.

Aún con sus falencias, para Andrea Tuana registrarse implica cierto respaldo estatal: “Tener la libreta las coloca en un carril que indica que existe una legislación. Quienes no la tienen siguen quedando en ese otro lugar que es el no lugar en definitiva, es el lugar del desprecio, del estigma. Que no digo que las que tienen libreta no lo sufran, pero me parece que ahí hay una sensación de que existe un Estado que está respaldando esta actividad”, dice.

Y sigue: “Lo que sucede es que el tipo de exigencias que genera son totalmente desproporcionadas. Son exigencias para las trabajadoras sexuales y no para los clientes. El fuerte de esta ley es lo sanitario y la seguridad, porque es el Ministerio del Interior, es la Policía, la que regula la actividad, y no el Ministerio de Trabajo. Y lo sanitarista porque obligan a las trabajadoras a hacerse determinados exámenes en los que no interesa su salud integral y sus derechos a la salud sexual, si no que no estén esparciendo enfermedades. Esta es de las críticas más fuertes que le hacemos a la ley”.

Karina Nuñez, respecto a esto, añade: “Para ellos [los médicos] nosotras no somos sujetas que merecemos ser cuidadas”.

Otro punto ambiguo, explican, es el de la seguridad social, porque si bien desde 2010 las trabajadoras pueden aportar para su jubilación, la ley no es retroactiva, con lo cual una trabajadora sexual de 60 o 70 años solo lleva aportando una década, mientras tiene quizás otros 40 años de trabajo que no le son reconocidos.

Las demandas de actualización solicitadas

“Básicamente queremos que la ley empiece a tener en cuenta las necesidades de las mujeres en esta época. Las reivindicaciones que tienen el común de las mujeres de cualquier tipo de profesión están mucho más avanzadas que las nuestras, entonces pedimos que se nos equipare. Por ejemplo: no puede ser que nosotras quedemos con un prontuario prostitutivo de por vida como si fuéramos delincuentes”.

Núñez se refiere al Registro de Trabajo Sexual. Explica que al ser incluida allí, como está bajo la órbita del Ministerio del Interior, cada vez que debe hacer algún trámite cotidiano lo primero que salta a un lado de su cédula es que es trabajadora sexual. Y que ese registro, no caduca nunca, aunque ya no se esté en ejercicio sigue apareciendo como si fuese un antecedente penal condenatorio. Por este motivo, una de las cosas que piden es que la regulación de la actividad pase al Ministerio de Trabajo, como cualquier otro tipo de profesión.

También piden autonomía para trabajar, que no sea necesario notificar a la policía cada vez que se van a otra localidad. Según Nuñez, en un principio, esta exigencia estaba dada para que el Estado, al saber constantemente dónde estaba cada trabajadora, pudiera combatir la trata de personas. Pero dice que no funciona.

Otra de las demandas es que se elimine la cláusula que las liga únicamente a whiskerías, bares y prostíbulos.

Andrea Tuana completa, respecto a este punto, que estos espacios “funcionan como si fuesen empresas autónomas que no tienen nada que ver con las trabajadoras sexuales pero en realidad sus dueños son empresarios que las explotan y se manejan como los dueños de sus vidas”. “Entonces queremos que esta ley promueva posibilidades de autogestión — dice— , de arreglos colectivos entre ellas, que genere alternativas para aquellas mujeres que deseen salir del ejercicio prostitucional. Pero alternativas de verdad. Que realmente sea una posibilidad la salida”, enfatiza.

También piden que el Estado les brinde capacitaciones laborales para que aquellas que deseen dejar el trabajo sexual puedan hacerlo —según el Diagnóstico sobre Trabajo Sexual en Montevideo, el 92% de las mujeres que lo ejerce afirmó que quería dedicarse a otra cosa—; que se generen derechos como licencia por maternidad, por enfermedad; y distintas prestaciones sociales para ellas, sus hijos e hijas. “Para prevenir lo que sucedió con la pandemia, en la que quedaron totalmente colgadas de un hilo, cuando ni siquiera fueron reconocidas por la seguridad social del país. Ni las que no tenían libreta ni las que tenían”, dice Tuana.

Demandan también una amnistía tributaria para aquellas trabajadoras que aún con 65 años están todavía ejerciendo la profesión. “Porque si no, las compañeras tienen que pagar millones de pesos al Banco de Previsión Social (BPS) —es el instituto de seguridad social estatal de Uruguay— para que comience a pagarles una pensión. O sino quedarse con más de 70 años viviendo en las whiskerías porque no tienen con qué pagarse un alquiler”, dice Núñez.

Ni abolicionismo ni regulacionismo: reduccionismo

“Si reducimos el tiempo en que las compañeras se encuentran en éstas prácticas reduciremos las posibilidades de que lo naturalicen a sus generaciones siguientes y les sacamos la carne del cañón a los solicitantes de servicios sexuales que no son clientes y a los dueños de los locales de oferta de servicios que el Estado ampara actualmente con la Ley 17.515”, sigue Karina en el capítulo de su libro en el que explica el reduccionismo.

“No nos concentramos en por qué llega esa mujer al trabajo sexual si no en que no esté mucho tiempo ahí. Porque eso va a ayudar a que no lo naturalice y a que no generen cadenas prostitutivas”, explica ahora al otro lado del teléfono. Reducir tiempo. Reducir daños. En eso se basa su postura.

“Y es así porque a eso yo lo viví”, dice. Su bisabuela, su abuela y su madre fueron prostitutas. Sus hijas son las primeras en cortar la cadena. Una de ellas, de hecho, es la primera de su familia en ingresar a la universidad.

Núñez dice que está trabajando para no llegar a la vejez, como su madre y su abuela, en el ejercicio del trabajo sexual y concluye con una reflexión luminosa: “Si pudieras llegar en la mejor de las condiciones a hacer el trabajo en el que te sientas cómoda, bien, hacelo y rehacelo. Pero si llegás en las peores condiciones en un trabajo en el que no tenés otra alternativa más que hacerlo porque de eso depende tu día a día, no está bueno. Pero no está bueno si sos trabajadora sexual, si sos empleada metalúrgica, o escribana. Porque si bien el estigma nos pesa a nosotras, a las trabajadoras sexuales nos vulneran las mismas vulneraciones que al resto de las mujeres de bien”.

Por eso busca una ley que dignifique, proteja y brinde mejores condiciones a quienes estén en el ejercicio del trabajo sexual y, a la vez, ofrezca herramientas para que, las que deseen dedicarse a otra cosa, puedan hacerlo lo más rápido posible. Una ley que las contemple a todas.

Es optimista respecto a que sus reclamos lleguen al parlamento y las modificaciones de la ley se debatan. Hace dos meses las recibió Beatriz Argimón, vicepresidenta uruguaya, en el Palacio Legislativo. Esto, asegura, sienta un precedente. Tienen fe que sus pedidos y reivindicaciones serán tratadas pronto. Hasta tanto, seguirá adelante: “Pa’ atrás ni pa’ tomar impulso”, dice.

 

La desinformación sobre el trabajo sexual

Enviado por NSWP el 17 de diciembre de 2020

https://www.nswp.org/resource/nswp-briefing-notes/briefing-note-misinformation-sex-work

 

La desinformación sobre el trabajo sexual ha florecido durante siglos, alimentada por estereotipos, mitos y juicios morales ancestrales que siguen dando forma a las leyes y a las opiniones públicas. 

Ya sea que las falsedades se difundan para engañar deliberadamente o se compartan sin saberlo, la difusión de información inexacta y engañosa sobre el trabajo sexual tiene consecuencias importantes. Esta Nota Informativa describe algunas de las formas más frecuentes de desinformación en torno al trabajo sexual, proporcionando ejemplos recientes para demostrar sus impactos en los ámbitos de la política, la investigación y la protección de los derechos humanos.

 

Fusión del trabajo sexual con la trata y la explotación

A lo largo de la historia, la legislación y los discursos contra la trata se han centrado en la “prostitución” como un medio para controlar el movimiento, la migración y el comportamiento sexual de las mujeres. Hoy en día, la fusión del trabajo sexual con la trata sigue siendo una de las formas más prevalentes de desinformación en torno al trabajo sexual, respaldada por la ideología feminista y abolicionista radical que equipara todo trabajo sexual con violencia y explotación. Esta ideología, a su vez, da forma a una serie de leyes y prácticas nocivas, incluidos los modelos de “fin de la demanda” y de “redada y rescate” y servicios coercitivos de “rehabilitación” y “salida”.

Aunque los enfoques de “fin de la demanda” afirman promover la igualdad de género al reducir la prevalencia tanto del trabajo sexual como de la trata, un conjunto sustancial de pruebas ha demostrado que la penalización de los clientes exacerba la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales a la violencia, la explotación y el abuso, al tiempo que obstaculiza la identificación de las víctimas reales de trata.1 Además, no hay pruebas sustanciales que sugieran que los enfoques de “fin de la demanda” hayan reducido la prevalencia del trabajo sexual2 o de la trata.3

La fusión del trabajo sexual y la trata también refuerza las malas interpretaciones de los marcos legales internacionales que rodean la “explotación de la prostitución”, un concepto que a menudo se invoca, pero que está escasamente definido. Los defensores de los enfoques de “poner fin a la demanda” han afirmado ampliamente, por ejemplo, que tanto la CEDAW como el Protocolo de Palermo exigen a los Estados suprimir toda la “prostitución” como una forma de trata y explotación. Sin embargo, las discusiones documentadas durante la redacción de la CEDAW han demostrado que el artículo 6 de la Convención, que exige a los Estados “suprimir la explotación de la prostitución” 4, fue redactado deliberadamente para distinguirlo del deber de suprimir toda prostitución.5 La Nota Interpretativa que acompaña el Protocolo de Palermo especifica de manera similar que el Protocolo solo aborda la “explotación de la prostitución” en el contexto de la trata, y que no define lo que constituye la “explotación de la prostitución ajena” 6.

Sin embargo, las feministas y abolicionistas radicales continúan capitalizando la ambigüedad que rodea a la “explotación de la prostitución” para promover enfoques de “fin de la demanda”. En noviembre de 2020, el Comité de la CEDAW publicó la Recomendación general sobre la trata de mujeres y niñas en el Contexto de la migración global.7 A pesar de los repetidos llamamientos de las organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales para que la Recomendación General distinga claramente entre trabajo sexual, trata y explotación, el Comité de la CEDAW finalmente ignoró estos aportes para promover una agenda de políticas defectuosa arraigada en la ideología de “fin de la demanda.”

Evidencia errónea

La fusión del trabajo sexual con la explotación y la trata también ha llevado al frecuente uso indebido de datos sobre la trata de personas, el trabajo forzado y la “esclavitud moderna” para dar forma a las leyes y posiciones sobre el trabajo sexual. Esta práctica se ve agravada por la naturaleza intrínsecamente problemática de los datos relativos a la lucha contra la trata.

Las dificultades para obtener datos fiables y sólidos sobre la trata de personas y el trabajo forzado han sido reconocidas durante mucho tiempo por investigadores y académicos8, así como por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 9 y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.10 La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC) también ha señalado el potencial del sesgo estadístico para distorsionar las mediciones de la “explotación sexual”, debido al hecho de que esta forma de explotación es más visible y se informa con más frecuencia que otras.11 La práctica generalizada de poner en el punto de mira e identificar erróneamente a las trabajadoras sexuales en las intervenciones contra la trata (tales como las operaciones de “redada y rescate”), combinadas con el subregistro de otras formas de explotación laboral, comprometen aún más estos datos, fomentando un ciclo insidioso y autoperpetuante de “evidencia” defectuosa.

Los datos también se pueden tergiversar para lograr maliciosamente porcentajes más altos y reforzar afirmaciones ficticias. En un video de la campaña de reelección de febrero de 2020, el presidente del grupo de trabajo de la CEDAW que lidera el desarrollo de la Recomendación general sobre la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial afirmó que “el 90% de las mujeres víctimas de la trata han sido objeto de trata con fines de explotación sexual. ”12 Si bien la fuente de esta información no fue revelada, la estadística puede ser remodelada del Informe Global sobre la Trata de Personas (TIP) 2018 de la UNODC, que indicó que el 83% de las mujeres víctimas de la trata han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual.13 Más allá de esta discrepancia numérica, dado que las estadísticas de la UNODC se basaron en datos limitados de aproximadamente solo una cuarta parte de los países del mundo, estos hallazgos no pueden generalizarse a escala mundial.

Los datos reconfigurados del Informe TIP de la UNODC de 2018 también se utilizaron en el Borrador de la Recomendación general de la CEDAW sobre la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial14, así como en la publicación de julio de 2020 de ONU Mujeres y la Organización para la Seguridad y la Cooperación. en Europa (OSCE), Abordar las tendencias emergentes de la trata de personas y las consecuencias de la pandemia COVID-19.15 En estos documentos, se recalculó selectivamente un conjunto de 4 cifras del Informe TIP 2018 para lograr una cifra más alta en la trata con fines de explotación sexual. Esta forma de “piratería” de datos no solo oculta aún más la evidencia, sino que la falta de transparencia en torno a esta práctica genera serias preocupaciones sobre los motivos y la integridad de las partes involucradas.

Datos e intervenciones digitales

En los últimos años, el creciente enfoque en el “ciberdelito” y las intervenciones contra la trata de personas basadas en la tecnología también han ampliado enormemente el campo para cultivar información errónea sobre el trabajo sexual y promover leyes nocivas. En 2018, EE. UU. aprobó la Ley para dejar de habilitar a los tratantes sexuales (SESTA) y la Ley para permitir que los Estados y las víctimas luchen contra la trata sexual en línea (FOSTA), legislación que penaliza los sitios web utilizados por las trabajadoras sexuales para anunciar sus servicios, filtrar a los clientes y compartir información, con el pretexto de que estas plataformas facilitan la trata.

Tras una década de campañas e “investigaciones” defectuosas que retratan a la mayoría de las trabajadoras sexuales que anuncian sus servicios en línea como víctimas de trata, FOSTA-SESTA ha reducido significativamente la capacidad de las trabajadoras sexuales para trabajar de forma segura e independiente.16 Contrariamente a sus objetivos, esta legislación también ha obstaculizado los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los tratantes, quienes han trasladado sus actividades a la clandestinidad para evitar ser detectados17.

No obstante, persiste el mito de que las plataformas en línea utilizadas por las trabajadoras sexuales impulsan la trata. Algunas partes interesadas, incluidas ONU Mujeres y la OSCE en su informe de julio de 2020, también han afirmado sin fundamento que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado la vulnerabilidad a la trata facilitada en línea, con el fin de reafirmar una agenda política existente que no se basa ni en derechos ni en pruebas. .

El creciente enfoque en las intervenciones digitales contra la trata también ha impulsado el desarrollo de nuevas herramientas de recopilación de datos y vigilancia, que al mismo tiempo violan los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y contribuyen a una “base de evidencia” ya profundamente defectuosa. La herramienta Spotlight, desarrollada por el grupo antitrata Thorn para identificar a las víctimas de trata menores de edad, ha admitido haber recopilado datos de millones de anuncios de trabajo sexual en línea, compartiendo esta información con la policía basándose en la suposición de que “en algún lugar de esa pila de datos hay niños” 19. Esta descarada forma de vigilancia masiva expone a las trabajadoras sexuales a violaciones de la privacidad y al enjuiciamiento legal, al tiempo que refuerza las peligrosas ideas erróneas sobre el trabajo sexual en los espacios digitales.

Sesgo y discriminación disfrazados de neutralidad

Está claro que los conceptos erróneos más promocionados sobre el trabajo sexual se basan en prejuicios políticos e ideológicos, más que en hechos y realidades vividas. Sin embargo, estos prejuicios rara vez se reconocen y a menudo se enmarcan en un lenguaje de “neutralidad”. En octubre de 2019, en respuesta a la reacción violenta de las feministas abolicionistas contra la visibilidad del trabajo sexual en el Foro de Igualdad Generación Beijing + 25, 20 la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres afirmó la postura “neutral” de la organización sobre el trabajo sexual:

“ONU Mujeres ha adoptado una posición neutral sobre este tema. Por lo tanto, ONU Mujeres no toma posición a favor o en contra de la despenalización / legalización de la prostitución / trabajo sexual”. 21

Menos de un año después, durante un seminario web internacional de julio de 2020, la Directora Ejecutiva fue grabada en video diciendo:

“Nuestra creencia fundamental, como ONU Mujeres, es que todas las mujeres que participan en esta industria son víctimas; ya sea que se consideren trabajadoras sexuales o no, ya sea que vean esto como un trabajo, las consideramos víctimas, y a los que compran sus servicios como perpetradores de violencia contra las mujeres… Esto es la cosa más desesperada, la cosa más insana y la cosa más indigna que le puede pasar a cualquier mujer. ”22.

Las narrativas de victimización y la negación del trabajo sexual como trabajo son fundamentalmente incompatibles con una posición neutral sobre el trabajo sexual. Al abrazar creencias dañinas y discriminatorias bajo el disfraz de neutralidad, las partes comprometidas con los derechos humanos mienten y engañan conscientemente al público, socavando las protecciones universales que tienen el mandato de defender.

Varias instituciones internacionales y regionales de derechos humanos, incluida la OSCE y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), han hecho hincapié en que “la desinformación y la propaganda pueden dañar la reputación y la privacidad de las personas, o incitar a la violencia, la discriminación o la hostilidad contra grupos identificables en la sociedad ”.23 En mayo de 2020, en respuesta a la desenfrenada difusión de información errónea en medio de la crisis de la COVID-19, la ONU lanzó Verified, una campaña global dedicada a promover información precisa sobre la pandemia.24 Solo meses después, sin embargo, ONU Mujeres y la OSCE publicaron su informe sesgado y empíricamente defectuoso sobre la trata y la COVID-19, que promueve fusiones erróneas y leyes dañinas que exacerban la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales a la violencia, la discriminación y la penalización.

Ataques a defensores de derechos humanos

También se utiliza información errónea para intentar desacreditar a los defensores de los derechos humanos y otras partes comprometidas que apoyan los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Amnistía Internacional, que en 2016 adoptó su política histórica que promueve la despenalización del trabajo sexual, 25 ha sido un blanco destacado de los ataques contra el trabajo sexual respaldados por grupos abolicionistas, líderes religiosos y celebridades de Hollywood.

En una carta abierta publicada en un intento de detener la aprobación de la política de Amnistía Internacional, la Coalición contra la Trata de Mujeres (CATW) afirmó erróneamente que “la creciente evidencia muestra los efectos catastróficos de la despenalización del comercio sexual”, citando “evidencia” de Alemania y Países Bajos: dos países en los que el trabajo sexual está legalizado, no despenalizado.26 Simultáneamente, se lanzó una campaña en las redes sociales contra Amnistía Internacional utilizando el hashtag # NoAmnesty4Pimps, agregando una gama de juicios moralizantes, afirmaciones infundadas e información evidentemente falsa que buscaba retratar a Amnistía Internacional como parte de un “lobby de proxenetas”.

También se han realizado campañas contra titulares de mandatos individuales encargados de defender los derechos humanos. En julio de 2020, la Dra. Tlaleng Mofokeng, una respetada experta en salud y derechos sexuales y reproductivos, fue nombrado Relatora Especial de Salud de la ONU. Debido a su defensa de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y su apoyo manifiesto a la despenalización del trabajo sexual, la Dra. Mofokeng fue inmediatamente sometida a ataques en línea que buscaban desacreditar su experiencia, 27 incluso a través de afirmaciones ficticias de que promovía la “prostitución” de las adolescentes. 28

La Relatora Especial saliente sobre la trata de personas, Maria Grazia Giammarinaro, también fue amonestada en julio de 2020 por cooperar con la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), una organización contra la trata que pide la despenalización del trabajo sexual y la delimitación clara entre el trabajo sexual y la trata. El grupo abolicionista CATW afirmó falsamente que el ACNUDH (la oficina de la ONU que apoya a los relatores especiales) había violado el Protocolo de Palermo y la CEDAW al “alinearse” con la GAATW, demostrando cómo la mala interpretación de los marcos legales puede ser un arma en los intentos de desestabilizar las instituciones de derechos humanos.29

Conclusión

En un momento en el que es más fácil que nunca manipular y difundir información errónea, la importancia de cuestionar las narrativas, posiciones y “hechos” dominantes sobre el trabajo sexual es más clara que nunca. Cuando se aceptan sin crítica, estas falsedades perpetúan leyes y prácticas peligrosas que dañan a las trabajadoras sexuales y socavan la integridad de los mecanismos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, a pesar de estos ataques, nunca ha habido una base de evidencia más amplia y sólida disponible para contrarrestar la información errónea sobre el trabajo sexual. La investigación liderada por la comunidad ha formado un componente esencial de esta base de evidencia y debe priorizarse para garantizar que las voces y las experiencias vividas por las trabajadoras sexuales sigan siendo escuchadas.

 

Notas

1 NSWP, 2018, “The Impact of ‘End Demand’ Legislation on Women Sex Workers.”

2 Jay Levy and Pia Jakobsson, “Sweden’s abolitionist discourse and law: Effects on the dynamics of Swedish sex work and on the lives of Sweden’s sex workers,” Criminology and Criminal Justice 14(5) (2014): 593-607.

3 Susanne Dodillet and Petra Östergren, 2011, “The Swedish Sex Purchase Act: Claimed success and documented effects.”

4 UN General Assembly, 1979, “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, A/RES/34/180.”

5 Janie Chuang, “Article 6” in CEDAW Commentary, eds. Freeman et al. (Oxford: Oxford University Press, 2011), 176.

6 United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, “Travaux Préparatoires of the negotiations for the elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto,” 347.

7 UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2020, “General recommendation No. 38 (2020) on trafficking in women and girls in the context of global migration (CEDAW/C/GC/38).”

8 Elzbieta Gozdiak and Micah N. Bump, “Data and Research on Human Trafficking: Bibliography of research-based literature,” (Washington, D.C.: Georgetown University, 2008).

9 International Labour Organization, 2012, “ILO Global Estimate of Forced Labour: Results and methodology.”

10 U.S. Department of State, 2016, “Trafficking in Persons Report,” p. 10.

11 United Nations Office on Drugs and Crime, 2009, “Global Report on Trafficking in Persons,” p. 6.

12 Dalia Leinarte, “Twitter / @DLeinarte: Candidate to UN CEDAW elections June 29, 2020 New York,” 7 Feb. 2020, 8:14 a.m.

13 United Nations Office on Drugs and Crime, 2018, “Global Report on Trafficking in Persons (2018),” p. 28.

14 UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2019, “DRAFT General recommendation on Trafficking in Women and Girls in the Context of Global Migration.”

15 UN Women and OSCE, 2020, “Addressing Emerging Human Trafficking Trends and Consequences of the COVID-19 Pandemic.”

16 Danielle Blunt and Ariel Wolf, “Erased: The impact of FOSTA-SESTA and the removal of Backpage on sex workers,” Anti-Trafficking Review 13 (2020): 117-121.

17 Lura Chamberlain, “FOSTA: A Hostile Law with a Human Cost,” Fordham Law Review 87 (2019).

18 Violet Blue, “Sex, lies, and surveillance: Something’s wrong with the war on sex trafficking,” Engadget, 31 May 2019.

19 “Spotlight,” Thorn.

20 “Global letter to UN Women regarding Beijing+25 and the Generation Equality Forum,” 17 October 2019.

21 “Response from the Executive Director of UN Women to global letter dated 17 October 2019,” 25 October 2019.

22 “SWEAT’s Response to utterances by the UN Women Executive Director, Phumzile Mlambo-Ngcuka,” Sex Workers Education and Advocacy Taskforce, 23 July 2020.

23 OSCE et al., 2017, “Joint Declaration on Freedom of Expression and ‘Fake News’, Disinformation and Propaganda.”

24 “’Verified’ initiative aims to flood digital space with facts amid COVID-19 crisis,” United Nations Department of Global Communications, May 2020.

25 Amnesty International, 2016, “Amnesty International Policy on State Obligations to Respect, Protect and Fulfil the Human Rights of Sex Workers.”

26 Coalition Against Trafficking in Women, “Open Letter to Amnesty International,” 17 July 2015.

27 Barbara Crossette, “Not All Human Rights Council Specialists are Perfect: The Latest Controversy,” Passblue, 19 August 2020.

28 Lisa Correnti, “Advocate for Teen Prostitution Takes Top UN Post,” Center for Family and Human Rights, 2 September 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veinte años de trata: haciendo balance del mundo que construyó el Protocolo de Palermo

 

Enviado por NSWP el 20 de noviembre de 2020

Autor:

Fuente (instituto / publicación):

Open Democracy

https://www.nswp.org/news/open-democracy-palermo-20th-anniversary-series

 

Esta semana, Open Democracy anunció la publicación de una serie de artículos de pensadores clave que reflexionarán sobre el vigésimo aniversario del Protocolo de Palermo. El Protocolo, un suplemento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, tiene como objetivo “prevenir, reprimir y castigar la trata de personas”, con un enfoque específico en “mujeres y niños”.

Los primeros tres artículos publicados como parte de la serie son de particular interés para las trabajadoras sexuales, ya que abordan las cuestiones de la “explotación”, que no está definida en el derecho internacional ni en el Protocolo. Los artículos destacan las consecuencias para las mismas personas que el Protocolo y los responsables políticos supuestamente pretenden proteger.

Aquí hemos extraído citas que son relevantes para el trabajo sexual y hemos incluido enlaces a los artículos completos en el sitio web de Open Democracy.

 

¿Qué es la explotación, de todos modos?

“Otro problema aquí es la forma en que ciertas categorías de trabajo (como el trabajo sexual) se enmarcan como esencialmente explotadoras, con líneas claras entre lo que es ‘aceptable’ para la dignidad humana y lo que se dice que es ajeno a ella. El problema es que, una vez más, quienes trazan estas líneas lo hacen de acuerdo con marcos morales específicos de cada cultura y clase. Y estos están lejos de ser compartidos universalmente.

En segundo lugar, cuando categorías enteras de trabajo se construyen como explotadoras por defecto, pueden problematizarse estrategias de subsistencia que pueden no ser problemáticas para las personas que viven en ellas. Peor aún, cuando estas estrategias de subsistencia son consecuentemente dirigidas a la abolición, las personas cuyas vidas dependen de ellas casi siempre sufren. El trabajo sexual y el trabajo infantil son aquí los ejemplos paradigmáticos. Los legisladores y los actores de la sociedad civil de todos los continentes han intentado “salvar” a las trabajadoras sexuales y a los niños trabajadores prohibiéndoles hacer el trabajo del que dependen para vivir. Al hacerlo, solo les causan una miseria cada vez mayor. ¿Esto realmente beneficia a los explotados? ”

 

El caso del trabajo sexual

“La frontera porosa entre la explotación capitalista cotidiana y el abuso criminal excepcional es especialmente evidente cuando se trata de debates sobre el trabajo sexual y la trata. El caso de la trata de personas con fines de explotación laboral sexual, que el protocolo destaca como un área de énfasis, revela que la difuminación de la frontera no es el resultado de un pensamiento o una redacción descuidados de un comité. En cambio, es una estrategia consciente de las feministas abolicionistas de la prostitución que dejaron una huella indeleble en el documento.

La fusión de trata sexual y trabajo sexual es una estrategia clave de las organizaciones abolicionistas extremistas. La Coalición contra la Trata de Mujeres, por ejemplo, insiste en que “la explotación de la prostitución y la trata no pueden separarse” y, por lo tanto, equipara el trabajo de cualquier forma de prostitución con la violencia y el abuso sexuales. El protocolo y las políticas nacionales contra la trata de personas que se inspiran en él han servido como herramientas para revitalizar la vigilancia y la persecución legal de las trabajadoras sexuales en general.

Un ejemplo claro de esta agenda en acción son los proyectos de ley SESTA / FOSTA aprobados por el Congreso de los EE.UU. y promulgados como ley en 2018. La ley está destinada a combatir tanto la prostitución como la trata sexual —ambas están constantemente fusionadas en el texto— tomando como objetivo los sitios y plataformas online que utilizan las trabajadoras sexuales para comercializar sus servicios y seleccionar a los clientes, con el argumento de que también podrían ser utilizados por tratantes. La ley pone en peligro la seguridad y los medios de subsistencia de las muchas trabajadoras sexuales que utilizan estas herramientas, como parte integrante del esfuerzo por eliminar de la plataforma el pequeño número de tratantes que también podrían utilizar estos sitios. Con la ayuda de todas las historias sensacionalistas de los medios sobre la trata sexual, la por ahora habitual fusión de trabajo sexual y trata sexual ha sido una bendición para las abolicionistas del trabajo sexual en los Estados Unidos.

Vale la pena señalar (aunque este punto merece un argumento aparte) que el alcance expansivo de las leyes de trata de personas también se utiliza como un arma contra los migrantes y las redes de ayuda a los migrantes. Así como la ley tiende a catalogar todo el trabajo sexual como trata, también la ayuda a los migrantes se ha convertido en objeto de persecución legal como “trata de personas”. Como resultado, los proyectos humanitarios, como las misiones de rescate en el Mediterráneo para ayudar a los migrantes en peligro, han sido criminalizados y acusados ​​repetidamente en virtud de las leyes contra la trata.

Es irónico que las feministas abolicionistas de la prostitución, que tuvieron una enorme influencia en la redacción del protocolo, repitan realmente un aspecto del argumento de Marx, aunque de una manera distorsionada y limitada. Ellas también rechazan la división entre trabajo sexual y trata sexual. Quizás, podría pensar uno, podríamos simplemente expandir el marco más allá de “todo trabajo sexual es explotación” a “todo trabajo capitalista es explotación”. Pero las abolicionistas de la prostitución no pueden aceptar que el trabajo sexual sea como cualquier otro trabajo; debe seguir siendo excepcional, en parte debido a la base fundamentalmente moral de su condena. Y, como resultado, su solución preferida debe girar en torno al procesamiento penal, como el modelo nórdico que penaliza a los consumidores de servicios sexuales en un intento por destruir el sector del trabajo sexual.

 

No rescate y enjuiciamiento, sino empoderamiento y organización

“… la estrategia adecuada para combatir la vulnerabilidad y la explotación no es el rescate y la persecución legal, sino el empoderamiento y la organización. En primer lugar, dado que la mayoría de las personas son reclutadas para trabajar debido a su vulnerabilidad económica, la forma de combatir esto es empoderarlas creando una seguridad económica genuina. Esfuerzos como iniciativas de reducción de la pobreza, programas de alivio de la deuda y proyectos para acabar con la falta de vivienda. En segundo lugar, dado que los explotados en la sociedad capitalista —los explotados en términos de jerarquías de clase pero también de género, raza, sexualidad y nacionalidad—- tienen un poder potencial, pueden organizarse políticamente. Una solución genuina al problema de la explotación tendrá que ser iniciada por modos de organización sindical de coalición que sean capaces de abordar todas estas jerarquías juntas ”.

 

La lucha contra la trata es un trabajo interno

“En segundo lugar, tenemos organizaciones que han utilizado la lucha contra la trata y el acceso e influencia que esa lucha les permite para hacer avanzar otros aspectos de su agenda. Los grupos que buscan abolir el trabajo sexual son los principales culpables aquí. Las activistas abolicionistas han logrado aprovechar la simpatía por las víctimas de trata para penalizar aún más el trabajo sexual, acosar a las trabajadoras sexuales y sus clientes, y negar rutas seguras y legales de migración interna e internacional para las trabajadoras sexuales. Bajo el disfraz de la lucha contra la trata, en muchas jurisdicciones las victorias anteriores obtenidas por las trabajadoras sexuales se han revertido y las trabajadoras sexuales se han vuelto más expuestas al poder punitivo del Estado.

Esta es una alianza mutuamente beneficiosa. El flujo de cientos de millones de dólares en los Estados Unidos a organizaciones que luchan contra la “esclavitud moderna” ha jugado un papel importante en desviar la atención de las políticas gubernamentales sobre inmigración, libre comercio, empleo, medio ambiente y bienestar público. Hablar de ‘tratantes’ y ‘traficantes’ no solo es una forma eficaz de silenciar otros debates, sino que también permite a los Estados-nación que de otro modo se definirían por sus políticas anti-inmigrantes, anti medio ambiente, anti-mujeres, anti-trabajadores y anti-pobres ser vistos como los salvadores y protectores de las ‘víctimas de trata’ ”.

No somos víctimas ni estábamos secuestradas, se defienden sexoservidoras supuestamente rescatadas

De acuerdo con Página Negra, la Fiscalía General del Estado reportó como “rescatadas” a un grupo de mujeres pero todas ellas negaron ser víctimas de trata de personas y fueron liberadas.

 

Staff

@Diario_Cambio

6 de noviembre de 2020

https://www.diariocambio.com.mx/2020/secciones/codigo-rojo/item/32645-asi-fue-el-rescate-de-las-sexoservidoras-de-la-14-poniente-en-operativo-de-fiscalia-video

 

 

A pesar de que la Fiscalía General del Estado reportó operativo el 30 de octubre como exitoso, al haber desintegrado una red de trata de personas y liberado a 19 víctimas de explotación sexual en un hotel del Centro Histórico de Puebla, diez sexoservidoras relataron que los agentes ministeriales las sobajaron, pidieron que se desnudaran y pusieran “su ropa de trabajo”, les robaron su dinero y las golpearon. Además, mientras se encontraban presentadas ante la Fiscalía, fueron encerradas en un cuarto de tres metros cuadrados sin ninguna condición de seguridad ni higiene durante varias horas.

La Fiscalía General del Estado las reportó como “rescatadas”, pero todas ellas negaron ser víctimas de trata de personas y fueron liberadas. En el lugar tres personas fueron detenidas, entre ellas una mujer, Virginia N., quien, según las trabajadoras sexuales, era la encargada de rentar los cuartos del hotel; Juan N., de 41 años, quien fue identificado como el vendedor de condones y un tercer hombre Wiliulfo, que al parecer era cliente del lugar.

De acuerdo con información de PÁGINA NEGRA, la Fiscalía General del Estado presumió que en diversos operativos el 30 de octubre fueron liberadas un total de 74 mujeres originarias Puebla, Ciudad de México, Tlaxcala, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guerrero, Pachuca, Aguascalientes, Michoacán y Chihuahua.

Uno de los sitios intervenidos fue en la 14 Poniente entre la 3 y 5 Sur. Ahí fueron encontradas 19 mujeres y fueron detenidas tres personas. Además, fueron localizadas 9 bolsas con marihuana, 17 envoltorios con cocaína, preservativos, dinero en efectivo, entre otros indicios.

10 de las 19 mujeres que se encontraban en el lugar el día del operativo, fueron abusadas por parte de las autoridades ministeriales, ya que “no se consideran víctimas de trata de personas” según dijeron a PÁGINA NEGRA.

Las trabajadoras sexuales solicitaron cambiar su identidad por temor a represalias por parte de los ministeriales que participaron en el operativo. Este diario digital tomó cinco de las diez trabajadoras que solicitaron ser entrevistadas en el Centro Histórico de Puebla.

Marlen

Marlen se dedica al sexoservicio desde hace poco tiempo. Tiene apenas un año que inició en un bar. Dejó de trabajar en el sitio porque no le gusta tomar. Prefirió ir al Centro Histórico de Puebla porque había “un poquito más dinero”

“Yo llego, pido mi cuarto y me pongo a trabajar. Si quiero, pues estoy todo el día, si no quiero no vengo. Nadie me obliga. Tengo libertad”, declaró.

–¿Cómo fue que te rescataron?–se le preguntó.

–¿Rescatada? ¿Rescatada de qué? Ese día llegaron como si fueran a asaltar. Llegaron a punta de pistola y le apuntaron a la persona de la caja. Dispararon… ¿Eso es ser rescatada? Yo creo que no.

Marlen contó que cuando las metieron a todas en un cuarto les pidieron que se desnudaran y se quitaran la “ropa de trabajo”, les hicieron vestirse como llegaban al lugar. Nuevamente les pidieron ponerse los atuendos que ellas llaman “ropa de trabajo” y luego las fotografiaron una por una. Después ya les permitieron vestirse con jeans y blusas discretas, que es como llegan al hotel.

Nos apuraban para desnudarnos. Nos decían ‘órale, muévete culera’. Nos decían qué hacer con groserías. Jamás se identificaron, llegaron como ladrones”, dijo la forma en que fueron tratadas por parte de los ministeriales.

Marlen ahora trabaja en la calle donde considera que es más peligroso, pues los conflictos entre ambulantes de la última semana han hecho aún más peligroso su trabajo: “Cerraron donde estaba trabajando. ¿Ahora dónde más puedo? Pues en la calle”.

Mónica

Mónica, una mujer de 28 años lleva más de 3 años ejerciendo la prostitución. Ella dijo que se quedó sin trabajo después del operativo. Además, consideró que se les criminaliza y persigue cuando “son un mal necesario”

“Yo voy a trabajar porque necesito dinero para mis hijos. Nadie me obliga y nadie me manda. (…) Supuestamente nos rescataron, pero nos trataron bien mal. Nos jaloneaban, nos insultaban. Hubo muchas personas a las que les pegaron, algunas chicas fueron golpeadas (…) Yo nada más llegaba y pagaba la renta del cuarto. Y ya. Hasta ahí, yo no conozco a nadie. Yo creo que ni yo ni nadie de las chicas que estábamos ahí éramos obligadas”,declaró Mónica.

Sandra

Sandra tiene 20 años de su vida dedicada al trabajo sexual y que tiene tres dependientes económicos, dijo estar preocupada por no tener estudios, venir de Veracruz y tomar el oficio del sexo servicio.

“Nos dejan sin nuestra fuente de trabajo que cubre nuestros gastos del día al día. Hay a quienes nos gusta tener la protección de un techo, estar dentro. Llega la policía, llega y golpea a los clientes. Yo he estado detenida hasta 36 horas, sin comer, sin agua, sin nada. En esta vez no me detuvieron, pero nomás nos sacaron, según fui rescatada. Pero yo llego, llego libre, por mis pasos. Me meto, trabajo y me cambio y busco el sustento para mi familia”, dijo Sandra.

Para Sandra, este tipo de operativos jamás han solucionado nada pues “somos un mal necesario”:

Yo no soy víctima de trata. Soy mayor de edad desde que me empecé a dedicar a esto. Las autoridades solamente quieren quedar bien con la sociedad que nos repudia. Somos un mal necesario”.

Lety

Lety, originaria de la Ciudad de México, dijo con lujo de detalles que lleva más de cinco años dedicándose al sexo servicio, y encontró en los hoteles del Centro Histórico “un lugar seguro”, pero teme que ahora no pueda volver a trabajar.

Cada quién tiene su propia voluntad y yo soy libre, lo hago por voluntad. Yo soy libre y nadie me dice quién o qué hacer. Yo no he visto a una menor de edad, no estoy de acuerdo que lo hagan menores. No he visto, pero a mí me piden mi credencial para que sepan mi edad. El día del operativo nos sacaron a la fuerza, nos dieron de patadas. Según nos rescataron, pero nos fueron a golpear más. Vi a muchas compañeras a las que les gritaron. (…) Yo pasé dos días porque no pagué una multa y me la pasé encerrada (…) Ahora no estoy trabajando pero tengo dos niños y estoy estirando mis ahorros”.

Jaqueline

Jaqueline, dedicada al sexo servicio desde hace un año, relató que fueron muy violentos con ellas. explicó que tiene un hijo de 9 años, quien se encuentra enfermo y el único trabajo que le permite comprar los medicamentos y poder sustentar el tratamiento de su hijo es la prostitución.

“Empecé en la 14 Poniente, sobre la 7 Norte y 14 Poniente. Yo empecé en la calle y después entré ya a un hotel de la 14 Poniente. En la calle te asaltan. Hay muchos peligros y eran alrededor de las 5:30 de la tarde. Yo apenas había llegado, me cambié, tomé una silla y de repente entraron muchas personas de negro, encapuchadas”.

Jaqueline terminó con varios moretones en el cuerpo y los agentes de la Fiscalía General del Estado fueron muy morbosos con ellas. Le robaron el dinero que tenía, su bolsa y pertenencias.

“Estaban ahí viéndonos y había como 5 muchachos, cliente, que sin deberla ni temerla los aventaron como animales. No eran ni tratantes ni padrotes. No había personas de ese tipo, tampoco menores de edad. Yo nunca he visto algo así en esto. Yo tengo moretones en el cuerpo, me jalaron de los cabellos, me metieron a un cuarto, me dijeron que si conocía a alguien de los que estaban ahí y que si no hablaba que yo iba a mamar con ellos. Así me dijeron”, comentó Jaqueline.

 

Con información de: Página Negra 

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