Capítulo del libro Feminism, Prostitution and the State: The Politics of Neo-Abolitionism
editado por Eilis Ward,Gillian Wylie
http://bit.ly/2jlRivB
En busca de una sociedad justa y libre
La regulación del trabajo sexual en Nueva Zelanda
Por Gillian Abel
Introducción
El compromiso con los derechos humanos de todos los ciudadanos es de gran importancia en Nueva Zelanda. El país ha luchado mucho por los derechos humanos y ahora trabaja para mantenerlos.
(Barnett, Healy et al 2010: 71)
Las trabajadoras del sexo de Nueva Zelanda (NZ) libraron una larga batalla por los derechos humanos y en 2003 vencieron cuando se aprobó la Ley de Reforma de la Prostitución (PRA). Lograr la despenalización del trabajo sexual ha sido problemático en el contexto global, dada la creciente dominación de un discurso neoabolicionista que equipara la prostitución con la trata. Para el resto del mundo, parecía algo sorprendente que este discurso estuviera silenciado en Nueva Zelanda. Los neozelandeses han estado tradicionalmente «cableados» por una preocupación cultural por la justicia y la necesidad de que todos puedan tener una «salida justa» (Bromell 2014). En una interesante comparación de las historias de Nueva Zelanda y los Estados Unidos de América, Fisher (2012) escribió, entre otras cosas, sobre la cuestión de los derechos de la mujer. Mientras que las defensoras de los derechos de las mujeres en los Estados Unidos se concentraron en la libertad y la autonomía en su búsqueda de la igualdad, en NZ la justicia social y política y las nociones de equidad fueron los mensajes clave que resonaron. Esta diferencia no sólo era pertinente a los derechos de las mujeres, sino a todas las cuestiones sociales. Sugirió que esta diferencia se debía a las diferentes formas en que estos países fueron colonizados. Mientras que los EE.UU. se fundaron en el siglo XVII por personas que se consideraban víctimas de la tiranía y la persecución, NZ fue ocupada en el siglo XIX por personas que se sentían víctimas de la injusticia social y la inequidad (Bromell, 2014). En consecuencia, mientras los estadounidenses luchaban por el principio de la libertad y la ausencia de la opresión, los de Nueva Zelanda estaban más concentrados en el principio de justicia y equidad. ¿Podría ser que el contexto cultural de justicia en Nueva Zelanda silenciara la voz neoabolicionista?
Es en el contexto de justicia social y política que Tim Barnett, diputado del Partido Laborista, presentó el proyecto de reforma de la prostitución al Parlamento de Nueva Zelanda en septiembre de 2000. El arquitecto de este proyecto de ley fue el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (NZPC), una organización de derechos de las trabajadoras sexuales fundada en 1987. El proyecto de ley propuso la derogación de todas las leyes que regulaban las actividades sexuales clandestinas, allanando el camino para una industria sexual despenalizada en Nueva Zelanda. El objetivo declarado del proyecto de ley era despenalizar la prostitución y al hacerlo:
- Salvaguardar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y protegerlas de la explotación;
- Promover el bienestar y la salud y la seguridad ocupacional de las trabajadoras sexuales
- Crear un entorno propicio para la salud pública;
- Proteger a los niños contra la explotación en relación con la prostitución.
El trabajo sexual es un tema polémico y ninguno de los principales partidos políticos (Laborista y Nacional) de Nueva Zelanda estaba preparado para introducir la despenalización como una iniciativa de partido. En cambio, entró en el parlamento como un proyecto de ley de un miembro privado y se dejó a cada diputado votar de acuerdo a su conciencia. Esto significó que el trabajo de persuación (lobbying) estuvo casi exclusivamente confinado a este grupo de personas, es decir, los diputados. No hubo debates públicos sobre este tema, ni manifestaciones ni referéndum público. El público pudo expresar su opinión a través de sugerencias a la Comisión de Justicia y Electoral del Parlamento de NZ, pero en última instancia, la decisión de despenalizar la clandestinidad sexual fue dejada a los parlamentarios. En junio de 2003, después de la lectura final del proyecto de ley, 60 diputados votaron a favor de la despenalización, 59 en contra y uno se abstuvo).
El principio de justicia estableció el escenario para la introducción del proyecto de ley al parlamento, pero como se argumentará en este capítulo, no fue suficiente para mantener su paso a través de las tres lecturas. La libertad tuvo que salir también a colación. Pero no fue libertad en el sentido de ‘liberación de la opresión’, sino que fue libertad de elección y libertad de poder tener una “salida justa”. Sigue habiendo preguntas sobre cómo la voz abolicionista dominante de la «liberación de la opresión» estuvo aparentemente ausente cuando goza de tanto poder en otros países occidentales. ¿Qué hace diferente a NZ? Un análisis del debate que tuvo lugar en el parlamento sobre el proyecto de ley parece un método útil para empezar a abordar esta cuestión.
Para analizar cualquier política pública es necesario primero hacer explícito el «problema» antes de analizarlo. Bacchi (2009) sostiene que los «problemas» se crean dentro del proceso de formulación de leyes y que, por lo tanto, los «problemas» pueden ser vistos como moldeados por las leyes y no resueltos por éstas. Ella plantea seis preguntas que deben ser abordadas al analizar cualquier «problema»:
- ¿Cuál es el ‘problema’ representado?
- ¿Cuáles son los supuestos que subyacen a la representación del «problema»?
- ¿Cómo ha llegado a ser representado el «problema» de esta manera?
- ¿Se puede pensar este “problema” de manera diferente?
- ¿Qué efectos produce la representación del “problema”?
- ¿Cómo o dónde se ha producido, difundido y defendido la representación del «problema»?
Carson y Edwards (2011) utilizaron el marco de Bacchi para analizar las leyes de trabajo sexual en Suecia y Victoria (Australia) con un enfoque particular en el “lado de la demanda” del trabajo sexual y su relación con la trata sexual. Sugirieron que esto proporcionaba un modo sistemático de separar los principales temas implicados. El presente trabajo recoge esta sugerencia, pero no pretende hacer comparaciones con ningún otro modo de regulación del trabajo sexual. Lo que sí proporciona es una idea de los argumentos que enmarcan el trabajo sexual en Nueva Zelanda como una ocupación de elección y no como un símbolo de opresión. En el resto de este capítulo, utilizaré las seis preguntas de Bacchi para analizar los debates sobre el proyecto de ley entre octubre de 2000 y junio de 2003.
Antes de emprender el análisis, es necesario posicionarme en el debate sobre la regulación del trabajo sexual ya que el enfoque que aporte al análisis no puede estar libre de valores. Mi posición ante el trabajo sexual se basa en mi compromiso con los principios de justicia social de la salud pública. Gran parte del énfasis de la salud pública en el pasado ha sido minimizar el daño, y este impulso ha estado detrás de los llamamientos para la despenalización del trabajo sexual. Pero cada vez más, la salud pública está reconociendo las cuestiones de derechos humanos asociadas con la penalización de personas que, por propia voluntad, trabajan en la industria del sexo. Los derechos humanos son esenciales para abordar los determinantes subyacentes de la salud (Organización Mundial de la Salud, 2007) y este es el enfoque de la salud pública. Cualquier respuesta al trabajo sexual debe comenzar con los puntos de vista de quienes trabajan en esta industria y todos deben asumir una responsabilidad colectiva en intervenir a través de prácticas y normas de minimización de daños (O’Neill, Beyrer, Crago et al., 2014). La despenalización del trabajo sexual es un ejemplo de política de salud pública eficaz que se desarrolló en colaboración en Nueva Zelanda (Abel, Fitzgerald et al 2010). La filosofía de salud pública de minimización de daños y derechos humanos estuvo en el corazón de este cambio regulatorio. Yo uso los términos «trabajo sexual» y «prostitución» de manera intercambiable en este capítulo dependiendo del contexto teórico del argumento.
¿Cuál es el problema representado?
El proyecto fue redactado por NZPC, con la ayuda de abogados, académicos y otros, para «satisfacer las necesidades de las trabajadores sexuales» (Barnett, Healy et al 2010: 62) y proteger su bienestar (Harrington 2012). Aceptó el trabajo sexual como una elección ocupacional y que las leyes que penalizaban las actividades sexuales negaban los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y las colocaban en riesgo de daño. Al analizar las intenciones del proyecto de ley (se indica en la introducción), es evidente que los supuestos eran que la vieja ley no daba a las trabajadoras sexuales el derecho a negarse a prestar ningún servicio comercial ya que eran susceptibles a la coacción de otros, como operadores de burdeles o clientes; no proporcionaba a las trabajadoras sexuales la protección laboral que se otorgaba a los trabajadores de otras ocupaciones; no fomentaba prácticas sexuales más seguras; y no protegía a los niños (menores de 18 años) de la tentación de la industria del sexo. La presunción era que estos riesgos serían minimizados por una nueva legislación que proporcionare derechos a las trabajadoras sexuales y las considerare involucradas en un trabajo legal reconocido. Los clientes se representan como un problema sólo en la medida en que pueden coaccionar o explotar a las trabajadoras sexuales que trabajan en el contexto del actual entorno legislativo.
¿Qué suposiciones subyacen a la representación del problema?
Las suposiciones subyacentes a la posición de que la penalización de las actividades de trabajo sexual creaban riesgos y negaban los derechos humanos se debían a la combinación de los derechos de las trabajadoras sexuales y la perspectiva de la salud pública. La investigación sobre el trabajo sexual llevada a cabo en Nueva Zelanda ha sido en su mayoría participativa, por y para las trabajadoras sexuales, y Harrington (2012) ha sugerido que esto ha producido un conocimiento que ha dado voz a las trabajadoras sexuales en la política. Sostiene que los políticos y los académicos no han problematizado la conducta sexual masculina y no han criticado la comercialización del sexo y, en gran medida, esto es correcto. Ya en la década de 1990, NZPC había desarrollado vínculos con académicos de salud pública y varios proyectos de investigación se llevaron a cabo utilizando un enfoque participativo basado en la comunidad. Aunque la mayoría de las investigaciones examinaron la salud y la seguridad de las trabajadoras sexuales en un ambiente penalizado (Chetwynd 1992, Chetwynd 1996, Plumridge y Abel 2000, Plumridge 2001, Plumridge y Abel 2001), se llevaron a cabo algunos pequeños trabajos de investigación con los clientes (Chetwynd y Plumridge 1994, Plumridge, Chetwynd y col., 1996, Plumridge, Chetwynd et al., 1997a, Plumridge, Chetwynd et al., 1997b). Esto se reflejó en la mayoría de las participantes en la investigación realizada en Nueva Zelanda, que aunque fueron capaces de citar al menos algunas experiencias desagradables con los clientes, en general dijeron que les gustaban sus clientes y disfrutaban del contacto con ellos (Plumridge y Abel 2000, Abel 2010) . La investigación proporcionó pruebas de que la penalización creaba una barrera para una industria del sexo segura, y Barnett se basó en esto en la construcción de sus discursos para las tres lecturas parlamentarias. Por lo tanto, estaban muy enfocados en temas de salud pública, de justicia social y de minimización del daño.
Cuando Barnett presentó el proyecto de ley en su primera lectura en octubre de 2000, se centró casi exclusivamente en la justicia social al enfatizar las injusticias «genuinas» y «reales» de la ley:
No estoy solo y mi causa es impulsada por una pasión nacida de la injusticia. Este proyecto de ley reemplaza una ley moralista por una ley justa … Las injusticias en la ley actual son claras y predecibles, y son reales. Los últimos 5 años han visto a 410 personas condenadas, innumerables horas de tiempo de la policía dedicadas a cruzadas esencialmente morales e improductivas, y la criminalidad genuina ocultada por el secreto y el misterio generados por la ley de prostitución actual. La reforma de esta ley puede ser vista como la limpieza de unos establos que llevan un siglo de desorden acumulado, la eliminación de las capas de la hipocresía victoriana, el raspado de los abusos a las trabajadoras sexuales sancionadas por nuestras leyes de prostitución actuales, el lavado de los peligros de salud pública generados por la penalización de la profesión más antigua, y el reemplazo del hedor del estigma que afecta a las trabajadoras sexuales debido a la posición en la que las pone la ley. Los diputados pueden estar en desacuerdo conmigo sobre la mejor manera de limpiar los establos, por dónde empezar, y la mejor manera de eliminar las manchas. Pero ¿alguien en esta Cámara realmente se atreve a afirmar que el establo no está sucio? Si todos los diputados creen que la ley de la prostitución necesita una limpieza, entonces el apoyo a este proyecto de ley es nuestra única opción … Las cuestiones planteadas por este proyecto de ley pueden ser difíciles, pero no deben ser vistas por nadie en esta Cámara como una amenaza. Son preocupaciones de importancia vital para algunas personas en nuestra comunidad. Es absolutamente correcto y adecuado que este Parlamento se ocupe de ellas. (Ley de reforma de la prostitución, Primera lectura, 11 de octubre de 2000)
Barnett instó a los parlamentarios a purgar las viejas leyes que penalizaban las actividades sexuales e hicieron una industria sexual no segura, para dar paso a una ley más moderna, liberal y «justa». Desafió a los diputados a que dijeran si alguno no estaba de acuerdo con que la ley era el «problema» y ninguno se levantó para refutar esto. Las leyes moralistas y obsoletas, afirmó, hicieron que la industria fuera insegura e injusta y un peligro para la salud pública. Él y los partidarios del proyecto de ley se refirieron a esta «mala ley» como victoriana. La vinculación de la ley con los tiempos victorianos también fue reforzada por la analogía que Barnett proporcionó en su primer discurso, comparando la limpieza de la ley con la limpieza de los establos. Las metáforas se usan con frecuencia, particularmente en los medios de comunicación, para dar a entender que el trabajo sexual es sucio y malo (Stenvoll 2002, O’Neill y Campbell 2006). Fue interesante que en este caso Barnett lo diera la vuelta. Reforzando la naturaleza «sucia» del trabajo sexual, echó la culpa de esto a la ley y no al trabajo mismo. El tono del discurso evocó imágenes del movimiento sanitario de salud pública en la Inglaterra victoriana, librando las ciudades de aguas residuales, basura podrida y miasmas en un esfuerzo por combatir las enfermedades, lo que proporcionó un buen trampolín para sus posteriores argumentos de salud pública para minimizar el daño.
Diez diputados se dirigieron al Parlamento tras el discurso de apertura de Bamett: seis hablaron a favor del proyecto de ley (cinco de ellos eran mujeres) y cuatro en contra (todos hombres). Los partidarios de la despenalización siguieron el ejemplo de Barnett al destacar las injusticias y desigualdades causadas por la legislación vigente, como lo demuestran los siguientes ejemplos:
Las objeciones que he oído no tienen peso contra la injusticia básica que está escrita en nuestras leyes.
(Liz Gordon, Partido Alianza, Ley de Reforma de la Prostitución, Firs Reading, II Octubre de 2000)
Nuestras leyes actuales son inviables y simplemente discriminatorias. Estigmatizan y castigan principalmente a la fuerza laboral femenina. Ellas (las trabajadoras sexuales) pueden sufrir arbitrarias e injustas reglas de trabajo.
(Anne Tolley, portavoz del Partido Nacional de Asuntos de la Mujer, Ley de reforma de la prostitución, primera lectura, 8 de noviembre de 2000)
Esperamos con interés el día en que las mujeres y los hombres en este país ya no serán perseguidos debido a leyes anticuadas e inicuas.
(Sue Bradford, Partido Verde, Ley de Reforma de la Prostitución,
Primera lectura, 8 de noviembre de 2000)
Aunque la justicia social se filtró bajo la superficie en las lecturas segunda y tercera del proyecto de ley, lo que vino a primer plano fue un discurso que ponía más énfasis en la ley que protegía y minimizaba los riesgos; Un discurso que liberó a las trabajadoras sexuales de los daños que sufrían a causa de la vieja ley. No era que los diputados pro-despenalización hubieran cambiado sus ideas sobre el «derecho justo», sino que percibían que la minimización del daño era más negociable que los derechos humanos. De hecho, Barnett reflejó que algunos diputados que tenían una antipatía personal hacia el trabajo sexual fueron persuadidos a votar a favor de la despenalización por el argumento de minimización de daños (Barnett, Healy et al., 2010).
¿Cómo se llegó a representar el «problema» de esta manera?
El giro a un argumento de minimización de daños se produjo después de la primera lectura cuando el proyecto de ley fue enviado a la Comisión de Justicia y Electoral. El comité examinó 222 comunicaciones de individuos y organizaciones, debatieron entre ellos y luego hicieron enmiendas que trataban directamente «los daños y riesgos potenciales exclusivos de la prostitución» (Tim Barnett, Partido Laborista, Ley de Reforma de la Prostitución, tercera lectura, 25 de junio de 2003). Presentaron la ley existente como insostenible en la medida en que disparaba los riesgos e identificaron qué riesgos podrían ser tratados por la ley y qué riesgos necesitaban una ley especial centrada en la prostitución. La justicia social era un tema muy secundario.
Los principales argumentos de los diputados que estaban contra la despenalización eran que la prostitución era moralmente corrupta, insalubre y perjudicial, y si se despenalizaba, alentaría a más gente a unirse a la industria, habría más delincuencia, más drogas, más pandillas, más tráfico y más trabajadoras menores de edad. Estos argumentos fueron bien rebatidos por la retórica de minimización de daños en las lecturas segunda y tercera, donde el enfoque se centró en la libertad y la elección individuales. Barnett recordó a los parlamentarios los argumentos contra otros cambios de la ley en el pasado, tales como la reforma del derecho homosexual y la implementación de un sistema de intercambio de agujas que “no había llevado al desastre. De hecho, esas medidas y otras han llevado a una vida más completa y menos arriesgada y han mejorado la libertad individual de los afectados. El proyecto de ley de reforma de la prostitución es sólo eso «. (Barnett, Ley de reforma de la prostitución, segunda lectura, 19 de febrero de 24203). El argumento pragmático de salud pública de que «la prostitución está aquí para quedarse» y por lo tanto es una necesidad «resolver la mejor manera de controlar estos daños» fue el fuerte mensaje de Bamett en su lectura final del proyecto de ley:
Es una medida de despenalización, similar a toda nuestra familia de leyes relacionadas con la salud pública. No trata de etiquetar la prostitución como normal, pero acepta su inevitabilidad ….. Habiendo aceptado que la prostitución está aquí para quedarse, les guste o no, lo siguiente es identificar qué problemas genera …. La siguiente etapa es elaborar la mejor forma de controlar esos daños. Eso es minimizar el daño.
(Ley de reforma de la prostitución, tercera lectura, 25 de junio de 2003)
Hubo menos oradores que se levantaron para hablar a favor de la ley (cuatro) que los que hablaron en contra (13) en la discusión final. Sue Bradford (Partido Verde) habló a favor del proyecto de ley en las tres lecturas y su discurso, como el de Barnett, había evolucionado. Citó a organizaciones respetadas como la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia que apoyaban la despenalización, “porque saben que las leyes restrictivas simplemente alientan la violencia, la trata, la violación y la propagación del VIH / SIDA, no lo contrario. La manera de combatir estas cosas es a través del enfoque de minimización de daños promovido en el proyecto de ley que tenemos ante nosotros» (Ley de reforma de la prostitución, tercera lectura, 25 de junio de 2003).
Volvió brevemente a centrarse en los derechos humanos y la justicia social al apelar a otras mujeres en el parlamento a votar por el derecho de las mujeres a optar por trabajar en la industria del sexo y poner fin al estado de cosas que privaban de poder a las mujeres en el trabajo sexual. Después combinó esto con un discurso del daño hablando a favor de la promoción de los derechos y del bienestar de grupos vulnerables y explotados, demandando que “un daño a uno es un daño a todos. Hasta que se elimine ese daño, ninguno de nosotros puede ser verdaderamente libre” ‘(Ley de reforma de la prostitución,
¿Puede el problema ser pensado de manera diferente?
El enfoque en la minimización del daño dejó inexplorado el poder de género en el debate. Las feministas radicales han destacado las desigualdades en la prostitución. La compra de sexo es vista como una violencia contra las mujeres y representa el privilegio masculino (Scoular 2004). Las mujeres son simples objetos sexuales que se pueden comprar y vender en una práctica de esclavitud sexual (Jeffreys 1997). Esto ha alimentado el argumento de que todas las mujeres que participan en la prostitución son objeto de trata y se presta poca atención a la autonomía de las mujeres y a las historias alternativas de las mujeres involucradas (Scoular 2004). Otras feministas no ven el trabajo sexual como inherentemente opresivo y reconocen la autonomía de las mujeres, aunque en algunos usos la autonomía está limitada (O’Neill 2001). Es esta última perspectiva feminista liberal la que está presente con más fuerza en Nueva Zelanda.
Cincuenta y seis de las presentaciones públicas a la Comisión de Justicia y Electoral se basaron en argumentos feministas, con 40 alegatos en defensa de la despenalización y sólo 16 en contra (Laurie 2010). La mayor parte de estas propuestas, tanto a favor como en contra de la despenalización, se basaron en el artículo 6 de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW):
«Las Partes de los Estados adoptarán las medidas apropiadas, incluida la legislación, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y la explotación de la prostitución de mujeres» (ONU Mujeres, 1979).
Esos grupos o individuos feministas que se basaron en el artículo 6 para argumentar contra la despenalización declararon que la despenalización aumentaría la trata Y la explotación de las mujeres, mientras que quienes defendían la despenalización se basaron en este artículo para afirmar que la trata de mujeres se reduciría al eliminar la ilegalidad de su trabajo. Sandra Coney, una de las más destacadas feministas radicales de Nueva Zelanda, escribió personalmente a cada diputado argumentando que la despenalización “haría de Nueva Zelanda un eslabón clave en el comercio mundial de mujeres y crearía el potencial de Nueva Zelanda para convertirse en un destino turístico de prostitución “(Laurie 2010). Proclamó que la prostitución era un símbolo de la desigualdad de género y propuso el «modelo nórdico» como un ejemplo de la manera de regular y finalmente abolir la prostitución.
Coney recibió el apoyo de una diputada del Partido Laborista, Dianne Yates, quien fue una de los nueve miembros del Partido Laborista en votar en contra del proyecto de ley. Propuso una enmienda al proyecto de ley (documento de pedido suplementario 56) para que fuere ilegal ser cliente de una prostituta. Proclamó que el «modelo nórdico» «proporcionaría una mayor igualdad entre hombres y mujeres». Tuvo poco apoyo en el parlamento y su enmienda fue rechazada por 19 votos frente a 96. Sólo cuatro mujeres diputadas apoyaron esta enmienda. Otras mujeres diputadas se distanciaron de la postura adoptada por Yates y Coney, asumiendo la posición liberal de que las mujeres tienen derecho a la autodeterminación, especialmente en lo que respecta a sus cuerpos y sexualidad. Por ejemplo, en las palabras de Sue Bradford:
Me cuestiono fundamentalmente el derecho del Estado en el día de hoy a interferir con los derechos de las personas mayores de 18 años a tener relaciones sexuales consensuadas entre sí. No puede ser que las trabajadoras sexuales sigan estando expuestas al acoso y al enjuiciamiento por un crimen sin víctimas. Tampoco debemos recurrir al modelo sueco, que enjuicia a los hombres que pagan por el sexo. La experiencia sueca demuestra que todo lo que hace es conducir la prostitución a la clandestinidad. … Yo vengo de otro hilo de pensamiento feminista que cree que es nuestro trabajo hacer todo lo posible para mejorar la vida de las mujeres, incluso la de aquéllas que están en esta ocupación más vulnerable. A menos que realmente creamos que la prostitución va a desaparecer por completo y pronto, creo que lo mejor que podemos hacer como feministas es maximizar las condiciones que ayudarán a poner fin a los peores excesos de violencia, coerción y explotación, en lugar de permitir que la prostitución continúe como un subconjunto del mundo criminal. … Prefiero hacer todo lo que pueda, ahora mismo, para ayudar a proteger y empoderar a aquéllas que, por cualquier razón, han optado por hacer de la prostitución su ocupación.
(Sue Bradford, Partido Laborista, Ley de reforma de la prostitución, Segunda Lectura, 19 de febrero de 2003)
La principal organización liberal feminista, el Consejo Nacional de Mujeres de Nueva Zelanda (NCWNZ), una organización que agrupa a 43 grupos y asociaciones de mujeres, fue un actor clave en la despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda. Aunque sentían firmemente que la prostitución representaba un desequilibrio de poder entre hombres y mujeres, consideraban esencial que las trabajadoras sexuales fueran protegidas con independencia de si eligen o no el trabajo sexual. Indicaron en su presentación que la esclavitud sexual no era diferente de otras clases de esclavitud laboral y rechazaron el «modelo nórdico» debido a la situación de peligro en la que colocaría a las trabajadoras del sexo si fueran forzadas a esconderse. Hicieron hincapié en que la despenalización era vital para «proteger los derechos de las trabajadoras sexuales y los niños contra la explotación y la violencia» (Laurie 2010: 94). De esto se hicieron eco las diputadas que votaron a favor de la despenalización:
Se trata de dar a algunas personas los mismos derechos que tienen las demás personas de Nueva Zelanda. … Yo no disculpo la prostitución. Creo que la gente tiene derecho a una vida mejor que la que se puede tener vendiendo sexo. Yo estaría desconsolada si una de mis hijas decidiera entrar en la industria del sexo —la prostitución no juega ningún papel en mis sueños para ellas— pero si lo hicieran, yo querría saber que tendrían los mismos derechos que cualquier otra neozelandesa.
(Katherine Rich, Partido Nacional, Proyecto de Ley de Reforma de la Prostitución, Segunda Lectura, 19 de febrero de 2003).
Muchos diputados hablaron sobre el doble estándar de penalizar a la trabajadora sexual y no al cliente. Sin embargo, para ellos la solución no era penalizar al cliente. Era una cuestión de ser tratados por igual «… la decencia común exige que otorguemos a las trabajadoras del sexo el mismo estatus en la ley que al cliente: compradores y vendedoras deben ser tratados por igual. La situación actual es sencillamente abominable» (Anne Tolley, Partido Nacional, Proyecto de Ley de Reforma de la Prostitución, Primera Lectura, 8 de noviembre de 2000).
Se hizo hincapié en la autodeterminación, y porque se dio prioridad a la elección individual, se hizo necesario establecer protecciones para minimizar los riesgos. Lynne Pillay dijo que apoyaba este proyecto de ley como mujer, porque se trata del derecho de elegir y de estar segura en esa elección «(Lynne PHlay, Partido Laborista, Ley de Reforma de la Prostitución, Segunda Lectura, 19 de febrero de 2003):
He hablado con una serie de prostitutas y de personas del Colectivo de Prostitutas que no ven lo que hacen como degradante para ellas. Si se trata de una actividad a la que se dedican por libre elección, entonces no hay nada degradante … si es degradante, es la decisión de la persona que se dedica a la actividad.
(Helen Duncan, Partido Laborista, Ley de reforma de la prostitución, segunda lectura, 19 de febrero de 2003)
En un ambiente neoliberal como el de NZ en el que el gobierno busca desregular y gobernar desde cierta distancia, se pone énfasis en la autorregulación y la autovigilancia (Bacchi 2009). Hubo argumentos de que el gobierno no debería dedicarse a regular la moral: los individuos deberían regularse a sí mismos. «La sociedad no tiene por qué hacer juicios morales acerca de la prostitución. Debe convertirse en una actividad autorregulada …. en mi opinión, no debe arrojarse ninguna culpa sobre esta industria. Estas cuestiones deben ser gobernadas por la moralidad individual de la gente, no por las leyes de la tierra » (Liz Gordon, Partido de la Alianza, Ley de Reforma de la Prostitución, Primera Lectura, 11 de octubre de 2000). O “ACT es una partido que cree en la libertad de las personas para dirigir sus propios asuntos” (Penny Webster, ACT Party, Prostitution Reform Bill, Primera Lectura, 8 de noviembre de 2000).
¿Qué efectos produce esta representación del problema?
Bacchi y Eveline (2003: 1 1) han argumentado que «las leyes producen tipos particulares de sujetos. La Ley de Reforma de la Prostitución ha producido la trabajadora sexual de Nueva Zelanda, una trabajadora que se dedica a una ocupación con derechos similares a los de individuos que se dedican a cualquier otra forma de ocupación. A los ojos de la ley, las trabajadoras sexuales son seres auténticos, que eligen libremente ser trabajadoras sexuales. Se reconoce que tiene sus riesgos trabajar en esta ocupación, riesgos relacionados con la salud y la seguridad, la explotación y la coerción, y la ley proporciona protecciones para minimizar estos riesgos. Lo que esta ley no produce es la mujer víctima de trata, necesitada de protección.”
¿Cómo / dónde se produce y se defiende esta representación del «problema»?
La despenalización del trabajo sexual tiene sentido en el contexto de una posición filosófica neoliberal de mínima intervención estatal, autorregulación e individualización económica. También tiene sentido en un país que se enorgullece de la igualdad de género el que las trabajadoras sexuales tengan los mismos derechos y el mismo estatus que sus clientes. Más de 12 años después de la despenalización, y con un gobierno de centro derecha ahora en su tercer mandato, el Estado continúa defendiendo la posición de considerar el trabajo sexual como una opción ocupacional.
Ha habido pocas preocupaciones desde la aprobación de la Ley de Reforma de la Prostitución. La revisión de la Ley, publicada cinco años después de su promulgación, concluyó que había sido efectiva para lograr sus propósitos y que la mayoría de las trabajadoras sexuales estaban mejor que cuando sus actividades eran penalizadas. Ha habido algunas preocupaciones planteadas por dos consejos de distrito en relación con el trabajo en la calle en sus ciudades, pero hay poca voluntad política para hacer cambios a un modo de regulación que está funcionando bien para la mayoría.
Hay una minoría de grupos en Nueva Zelanda que todavía resisten, pero esto son débiles y carecen de apoyo. Por ejemplo, en 2013 el «modelo nórdico» volvió a surgir cuando Elizabeth Subritzky presentó una petición en nombre del grupo «Libres de Explotación Sexual» al Comité de Justicia y Electoral de la Cámara de Representantes (Petición 2011/60). Este es un pequeño grupo de base religiosa en Nueva Zelanda comprometido con hacer cambios en las áreas de la prostitución y la trata sexual de mujeres y niños. Los peticionarios propusieron que se cambiara la Ley de Reforma de la Prostitución (2003) para permitir el enjuiciamiento de todos los clientes de las trabajadoras sexuales y afirmó que la prostitución no debe ser visto como separada de la trata (Justicia y Comité Electoral 2013). La petición también pedía una erradicación del sector de la calle. El argumento era que la despenalización era la culpable de atraer a las mujeres (víctimas) a vender sexo. El Ministerio de Justicia apoyó la recomendación del Comité de Revisión de la Prostitución de que Nueva Zelanda no siga un enfoque que criminalice al cliente ya que esto expondría a las trabajadoras del sexo a un mayor riesgo y las haría más vulnerables. Además:
El propósito de la Ley de Reforma de la Prostitución fue permitir que las trabajadoras sexuales tuvieran las mismas protecciones otorgadas a otros trabajadores. La LRP regulaba el negocio de la prostitución sin respaldarlo o sancionarlo moralmente ni a él ni a su uso. La Ley reconoce que las trabajadoras sexuales no son necesariamente víctimas, sino que requieren las mismas protecciones que los demás trabajadores, independientemente del género o de la orientación sexual.
(Ministerio de Justicia 2013: 5)
Las trabajadoras sexuales están trabajando dentro de un marco político donde tienen derechos; sin embargo siguen negociando sus vidas dentro de un contexto cultural donde hay ambivalencia social y fuertes discursos morales hacia la industria del sexo y sus trabajadoras (Abel, Fitzgerald et al., 2010). Sullivan (2010) sugiere que incluso en un contexto despenalizado, las trabajadoras sexuales pueden tener que luchar para obtener una identidad como «trabajadora» al margen de estos discursos dominantes. Sin duda, habrá intentos periódicos de ajustar y cambiar la Ley de Reforma de la Prostitución a medida que estos discursos morales vayan disminuyendo.
Conclusión
Lo interesante en el pulso por la despenalización fue una alianza entre cuatro posiciones filosóficas. En primer lugar, el contexto político en el que se desarrolló el debate fue uno en el que predominaron los principios neoliberales de individualismo económico y autorregulación. Harrington (2012: 338) ha argumentado que la despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda “ejemplifica las tecnologías liberales avanzadas de autonomía”, siendo el ideal la libertad y «la presunción de que los individuos libres cuidarán de su propio bienestar». Los estados neoliberales como NZ favorecen una «retórica de elección», ideológicamente y también como una «estrategia generadora de legitimidad», y al hacerlo de esa forma se ha argumentado que el género se hace invisible (Scambler 2007: 1092).
La voz de las trabajadoras sexuales fue la segunda posición importante en el debate sobre el trabajo sexual en Nueva Zelanda, ya que fue esta voz la que dio forma a la redacción del proyecto de ley. La voz de la trabajadora sexual exige que el trabajo sexual sea visto como una cuestión de trabajo; que es un trabajo de servicio que debe ser respetado y protegido como el trabajo en cualquier otra ocupación de servicio (Alexander 1997, Jenness 1993, Simmons 1999).
Se entiende que la mayoría de las trabajadoras sexuales optan por trabajar en la industria del sexo, y los derechos y la capacidad de estas personas para tomar esa decisión deben ser apoyados (Simmons 1999). El lado de la demanda del trabajo sexual no es un tema que produzca mucha discusión, ya que el trabajo sexual no se ve como violencia contra las mujeres. El análisis de Harrington (2012: 343) sobre el discurso sobre el sexo en Suecia y Nueva Zelanda sugiere que la red de conocimientos expertos que proporcionó información para debate sobre la ley en Nueva Zelanda privilegió la voz de las trabajadoras sexuales, puso en duda su falta de libertad y no participó en ningún análisis crítico de los «mercados del sexo comercial y su contribución a la construcción de la jerarquía social». No hubo ninguna creencia firme en que los compradores de sexo y la explotación de las mujeres fueran la causa del problema durante los debates sobre la legislación sobre trabajo sexual en Nueva Zelanda. El debate se inició con un énfasis en las desigualdades, pero no se trataba tanto de cuestiones de desigualdad de género, sino de desigualdades en los derechos de ciudadanía que fueron consideradas injustas.
El tercer argumento a favor de la despenalización fue un argumento feminista liberal que hizo hincapié en el derecho de las mujeres a optar por trabajar en el trabajo sexual. El trabajo sexual como una opción profesional que exigía la protección de los derechos fue importante para la mayoría de las mujeres, tanto dentro como fuera del parlamento. Veinticinco por ciento de las propuestas presentadas en el proyecto de ley se basaban en argumentos feministas y sólo una cuarta parte de ellas argumentaban en contra de la despenalización, alegando que la prostitución era violencia contra las mujeres. Hubo una fuerte representación de las mujeres en el parlamento: 33 de los 120 diputados eran mujeres y 22 de estas diputadas (dos tercios) votaron a favor de la despenalización. En el momento en que el proyecto de ley estaba pasando por el parlamento, Nueva Zelanda tenía una Primera Ministra (que votó a favor del proyecto de ley), así como una Gobernadora General, una Presidenta de la Cámara y una Jefa de Justicia. Si bien la prostitución como violencia contra las mujeres no estuvo totalmente ausente del debate, fue una opinión débil y marginal al no ayudar al empoderamiento y la protección de quienes eligen trabajar en el trabajo sexual.
El cuarto —y en última instancia, el argumento más convincente— fue el argumento de salud pública de minimización del daño. En Nueva Zelanda se cuenta con un historial de reformas legales de salud pública exitosas, fundamentadas por principios de minimización de daños. Las más notables son la Ley de Reforma Homosexual y la implementación de intercambios de agujas en los años ochenta para ayudar a minimizar la propagación del VIH / SIDA. El punto de vista de la salud pública con relación al trabajo sexual ha sido generalmente pragmático. Las leyes prohibicionistas nunca han logrado su objetivo de erradicar la violencia sexual y sólo han servido para conducir la industria del sexo a la clandestinidad, donde las trabajadoras sexuales son vulnerables a una serie de daños (Davis y Shaffer 1994; Jordan 2005; World Health Organization 2005). Por lo tanto, el énfasis en la salud pública ha consistido en minimizar el daño reconociendo esto y despenalizando todas las actividades relacionadas con el trabajo sexual. Este fue un argumento que ganó a muchos de los diputados que estaban indecisos sobre la forma de votar.
En última instancia, el argumento neoliberal de la libertad de elección, los derechos de las trabajadoras sexuales y las posiciones feministas a favor del derecho de las mujeres a elegir, y el argumento de minimización del daño protegiendo a las mujeres que optan por trabajar en la industria del sexo, fueron consideradas como cuestiones de justicia. El argumento a favor de la despenalización del trabajo sexual comenzó y terminó en la justicia. La Ley de Derechos Humanos (1993) establece que «la intención es ayudar a asegurar que todas las personas en Nueva Zelanda sean tratadas de manera justa y equitativa». El ex vicecanciller de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, Raewyn Dalzicl, reforzó la tradición de justicia de Nueva Zelanda al afirmar que la justicia y los derechos siempre han sido un objetivo en este país. Al hablar del sufragio de las mujeres en Nueva Zelanda, declaró que el mensaje que Nueva Zelanda transmitía al mundo exterior no era sólo sobre las mujeres de Nueva Zelanda y la vida política de Nueva Zelanda, sino sobre la justicia social y política » (citado en Fischer, 2012: 262). La justicia efectivamente silenció la voz neoabolicionista en Nueva Zelanda y, al hacerlo, las mujeres (así como los hombres y las personas transexuales) han obtenido la libertad de elegir ser trabajadoras sexuales.
Nota
I El Partido Laborista estaba en el poder en el momento en que el proyecto de ley pasó por el parlamento y por lo tanto tenían la mayoría de los escaños en el parlamento: cuarenta y uno de sus 51 diputados, así como nueve del Partido Verde votaron a favor de la despenalización. Los otros diez votos procedieron de los partidos de centro-derecha ACT (4) y Nacional (6). Los que votaron contra la despenalización fueron en su mayoría de centro o centro derecha. Los únicos votos de izquierda contra el proyecto de ley vinieron de nueve miembros del Partido Laborista y de los dos del Partido Progresista. La abstención fue de un miembro del Partido Laborista.
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