Por Greggor Mattson
Oberlin College
18 de enero de 2016
Prostitution Policy and the Unraveling of the European Union
¿Se está desarmando el proyecto europeo?, gritaban titulares de prensa recientes al cronificarse la crisis europea de refugiados. Los observadores atentos de la Unión Europea (UE) pueden haber perdido la memoria por la fatiga de la crisis, porque el proyecto europeo ha estado desarmándose al menos desde el desastroso fracaso en 2005 de la Constitución Europea.
Pero antes de eso, la política hacia la prostitución ya había dejado al desnudo las diferencias entre las políticas estatales, la gobernanza supranacional y las culturas nacionales. Entre 1998 y 2004, once parlamentos de los por entonces quince países de la UE debatieron si regular la prostitución a nivel nacional, algo que había sido regulado de facto, hasta entonces, por los ayuntamientos. Estas reformas incidieron en dos direcciones diferentes, sin embargo, dejando a la vista profundas divisiones en el seno del proyecto europeo, como quedó demostrado por los cuatro primeros países que adoptaron nuevos estándares nacionales. Holanda y Alemania legalizaron el “trabajo sexual” desde una perspectiva laboral, imponiendo estándares de seguridad en el trabajo para remediar la explotación en un trabajo peligroso. Suecia y Finlandia, por su parte, intentaron abolir la prostitución apartándola de la esfera pública para proteger la igualdad de género.
Estas diferencias fueron sorprendentemente diferentes entre países que, desde una perspectiva norteamericana, parecen llamativamente similares: democracias pluripartidistas del norte de Europa con poblaciones seculares, fuertes estados sociales y fuertes protecciones de los derechos humanos. Aunque la soluciones reglamentarias fueron claramente diferentes, respondieron a similares realidades y, paradójicamente, tuvieron efectos similares. La caída del “telón de acero” liberó oleadas de migración a través de Europa y las prostitutas de los países no miembros de la UE dominaron el mercado del sexo en los cuatro países. Dado que estas prostitutas inmigrantes no podían optar a ningún beneficio social como consecuencia de esas reformas, su destino era la “repatriación” bajo el abolicionismo y la “deportación” allí donde el trabajo sexual fue legalizado. Aunque las reformas de la prostitución se justificaron en base a preocupaciones locales, llegaron pisando los talones a los planes de la UE para armonizar la justicia penal y las políticas de bienestar social. La prostituta, un potente símbolo de criminalidad y vulnerabilidad, galvanizó a los Estados miembros para reforzar sus normas nacionales antes de verse obligados a cumplir con compromisos de la UE no bienvenidos por ellos.
Mi argumento es que los conflictos europeos a propósito de la prostitución dejaron a la vista ideologías culturales implícitas relativas al bienestar social y la ciudadanía. Estas ideologías preestablecidas enmarcaron el problema de la prostitución de formas muy diferentes: como una crisis de igualdad de género en Suecia y Finlandia, y como una falta de derechos laborales en Alemania y Holanda. Esto se corresponde con las bien documentadas diferencias entre los Estados de bienestar socialdemócratas nórdicos y los así llamados Estados de bienestar corporativistas de Alemania y Holanda. Los estudiosos del Estado de bienestar están acostumbrados a pensar acerca en tres “mundos” de enfoques políticos (liberal, conservador y socialdemócrata) pero raramente articulan las relaciones entre las prestaciones económicas y la cultura nacional.
Los Estados de bienestar también institucionalizan el sentido común nacional acerca de lo que es una buena vida, es lo que yo argumento; sentido que es particularmente potente en relación a los roles de género adecuados o las vidas sexuales. Más que paquetes de políticas sociales con efectos económicos, los Estados de bienestar enmarcan los problemas sociales y estampan sus marcas nacionales en las políticas culturales y los movimientos sociales feministas. El debate acerca de la prostitución de cada una de las naciones fue coherente con un repertorio cultural general integrado en las políticas sociales y las expectativas ciudadanas, formando las herramientas culturales mediante las que los ciudadanos se hicieron una idea de las amenazas que requerían soluciones por parte del Estado.
Las reformas de la prostitución fueron métodos mediante los que los gobiernos aprehendieron a las mujeres que estaban “sueltas” en el sentido de que carecían de conexiones formales o claras con los beneficios del Estado, los mercados de trabajo nacionales o las protecciones de derechos humanos internacionales. En mi libro, muestro cómo la ansiedad por la globalización creó sus propias realidades y consecuencias políticas, incluso cuando las causas prácticas fueron los procesos voluntarios de la unificación europea y las diferentes políticas de los antiguos aliados. Los miedos a la globalización y a la transferencia de soberanía a la UE crearon un contexto en el que los parlamentos nacionales se reafirmaron a sí mismos imponiendo estándares nacionales para proteger a las mujeres vulnerables. Reforzaron por tanto sus Estados ante presiones ostensiblemente globales, incluso a costa de socavar su proyecto europeo colectivo. La prostitución, pues, saboteó la expansión de la UE a la “dimensión social” de la política social, las leyes de asilo, y las leyes penales. La ansiedad ante amenazas exteriores a las naciones individuales se articuló con el desencanto con la UE, saboteando su objetivo de elaborar una estrategia contra la trata coherente.
La política hacia la prostitución sigue siendo una mina que tiene también el potencial de socavar el Mercado Común que está en el núcleo de la UE. Un grupo de expertos concluyó que el conflicto acerca de la prostitución podría justificar sanciones comerciales por parte de un Estado del euro contra otro.
El riesgo de compartimentalizar el mercado interno podría justificar el uso de un artículo para imponer sanciones comerciales contra un Estado miembro en una situación tal… este ejemplo no es una pura fantasía, dados los enfoques cada vez más diferentes adoptados por los Estados miembros respecto a la prostitución. (Red europea de expertos independientes en Derechos fundamentales 2003, 14-15).
Lo que el informe no hizo fue señalar que la causa del problema fue precisamente dilucidar qué derechos fundamentales tenían prioridad . Reconocer que los derechos laborales de las trabajadoras sexuales en Holanda y Alemania entraban en conflicto claramente con el reconocimiento por parte de los países nórdicos de la prostitución como una violación de los derechos humanos de las mujeres.
Mientras que muchos observadores echaron la culpa de la crisis de deuda griega a una demasiado escasa integración política, la política hacia la prostitución ha expuesto ya la falta de integración a nivel de conceptos: de vulnerabilidad, ciudadanía y bienestar social. Estas diferencias se hicieron patentes durante la crisis de los refugiados del año pasado. Si Europa no pudo ofrecer una ayuda coordinada a un puñado de víctimas de trata en épocas de prosperidad, no es sorprendente que se paralice en épocas de austeridad ante millones de víctimas menos simpáticas.
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Greggor Mattson es Profesor asociado de Sociología en el Oberlin College, donde imparte cursos de sexualidad, cultura, ciudades y ley. Es el autor de The Cultural Politics of European Prostitution Reform: Governing Loose Women (Palgrave 2016). Bloguea en greggormattson.com y twitea en @greggormattson.
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