LA TRATA DE SERES HUMANOS

 

Intervención ante la Asamblea de Madrid

 

Cristina Garaizabal

Colectivo Hetaira

Mayo 2013

 

http://www.colectivohetaira.org/web/images/docs/asamblea%20de%20madrid%202013.pdf

 

Buenas tarde señoras y señores parlamentarios:

En primer lugar quiero agradecerles, desde Hetaira (Colectivo en Defensa de los Derechos de las Prostitutas), la invitación a esta Comisión. Una Comisión que nos llena de esperanza pues creemos que las Comunidades Autónomas tienen una gran labor por delante en la protección de las víctimas de Trata así como en la persecución de este delito.

Mi intención es valorar cómo se ha llevado la lucha contra la trata en estosúltimos años desde que se implementó el Plan Integral aprobado en diciembre de 2008, viendo los retos que se nos plantean en la actualidad.

La trata de seres humanos es una grave violación de los derechos humanos, una lacra en sociedades democráticas como la nuestra y un vestigio horrible de los tiempos en que la esclavitud era tolerada. Además, la trata de mujeres y niñas con el fin de obligarlas a prostituirse es una forma extrema de violencia de género.

El Convenio aprobado por la UE en 2005 es el que ha inspirado las políticas públicas en nuestro país. Además este Convenio tiene un gran valor porque pone los derechos humanos de las víctimas en primer plano. Eso implica, como ya se señaló en el año 2002 por parte del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que debe cuidarse que las medidas concretas contra la trata no conculquen los derechos humanos, especialmente de las víctimas. Y esto, en las leyes de nuestro país y sobre todo en su aplicación práctica no siempre se tiene en cuenta.

 

El Plan Integral Contra la trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual

En nuestro país, para combatir la Trata y proteger a las víctimas, contábamos desde diciembre de 2008 con El Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, así como con una serie de reformas legislativas que el Plan contemplaba y que ya han sido desarrolladas (art. 59 bis de la LOEX y art. 177 bis del Código Penal). Y un primer problema es que este Plan duraba hasta finales de 2012 y, de momento, no sabemos si se está elaborando otro Plan o una Ley integral que cubra el hueco legislativo que en la actualidad existe.

El Plan era un instrumento necesario ya que contemplaba una serie de medidas sociales, policiales y legislativas positivas para la protección y defensa de las víctimas de trata, así como para la persecución de este delito. Entre ellas las más importantes son: la coordinación internacional de los estamentos judiciales y policiales; el decomiso de los bienes de las organizaciones mafiosas y la creación de un fondo que luego pudiera servir de ayuda a las propias víctimas; el aumento de los díasde reflexión para que éstas decidan si denuncian ante la policía (aunque, como se ha demostrado, no está claro el procedimiento para ofrecerlo y sigue siendo un tiempo excesivamente corto para las dos fases de restablecimiento y .reflexión); las medidas de información a las víctimas, de servicios de atención, de asistencia jurídica y de protección integral (aunque, en principio solo fueran para las que han denunciado); las medidas legislativas y procedimentales que tratan de perfeccionar los mecanismos legales para la atención inmediata de las víctimas, entre ellas la de que éstas puedan testificar antes del juicio y, por lo tanto, no tengan que encontrarse en la situación violenta de estar presentes en él ante los mafiosos; la tipificación concreta del delito de trata en el C.P. o la posibilidad de que las víctimas de trata que son inmigrantes y se hallan en situación irregular en nuestro país sean protegidas y se paralice su expulsión…

No obstante, el Plan presentaba una serie de deficiencias y unilateralidades que han socavado su eficacia. En ello ha influido, por un lado, la presencia muy visible de un alto porcentaje de mujeres inmigrantes que ejercen la prostitución y que frecuentemente es considerado homogéneamente víctima de los tratantes, permaneciendo invisibles otros sectores en los que también se trata con personas, porejemplo, el campo o los talleres de confección clandestinos.

Junto al Plan hay que tener en cuenta, también, las conclusiones de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio de la prostitución de abril de 2007. Conclusiones en las que se planteaba que no tenía sentido diferenciar la prostitución coaccionada y la prostitución voluntaria, ya que la prostitución voluntaria era muy minoritaria o prácticamente inexistente. Estos prejuicios, basados fundamentalmente en la idea de que la prostitución es algo deleznable que no puede ser ejercida por voluntad propia y no en datos objetivos (las propias conclusiones reconocen que no existen estudios fiables que demuestren esta afirmación) han estado muy presentes en la lucha contra la trata de manera que a pesar de que en 2010 un estudio de Naciones Unidas concluía que “1 de cada 7 prostitutas son víctimas de trata en Europa”, esto no se ha tenido presente y se han realizado redadas y acosado a las trabajadoras del sexo inmigrantes aunque no existieran indicios previos de que hubiera trata.

Esta permanente asimilación de la prostitución con la trata de seres humanos lleva a que las medidas de concienciación sobre la existencia de trata hayan quedado totalmente desdibujada en la lucha contra la prostitución.

Así, por ejemplo, se hizo de la prohibición de anuncios de prostitución un elemento importante en la lucha contra la trata pero esto ha sido completamente ineficaz porque hay que ser serios ¿Cuándo se ha visto que una actividad ilegal se publicite? ¿Realmente se piensa que la mayoría de las que se anuncian son víctimas de Trata? Nuestra experiencia nos dice que no es así y los datos que se dan de las redadas policiales así lo corroboran: la mayoría de personas detenidas en las supuestas redadas contra la trata, acaban siendo acusadas de “explotación sexual”. Un concepto, por otra parte, más que discutible si nos atenemos a lo que plantea GAATW (Alianza Global contra la Trata de Mujeres) “No existe una definición internacional del término”explotación sexual”, con lo que cada país puede definir y abordar ésta como considere apropiado, teniendo así un gran margen de actuación”. Por su parte la OIT cuando se elaboró el Protocolo de Palermo ya recomendó eliminar este término o El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de NNUU que en junio de 1999 también recomendó suprimir el término “explotación sexual” para “evitar las dificultades de implementación inherentemente asociadas a los términos vagos, imprecisos y emotivos como “explotación sexual” cuando estos son utilizados refiriéndose a los adultos”.

Pero siguiendo con el Plan contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, otro de los problemas que se planteaba era que estaba dirigido a combatir, de manera exclusiva, la trata con fines de explotación sexual. Esto implica dejar desasistidas a las víctimas de trata que son explotadas en régimen de servidumbre en otros sectores laborales como la agricultura, el servicio doméstico, la construcción, la mendicidad, los matrimonios forzosos, etc.

Ahora bien, el problema mayor del Plan es que no está elaborado teniendo una perspectiva completa de defensa de los derechos humanos. Aunque en la declaración de intenciones así se plantea, las medidas propuestas no están del todo en consonancia con esta declaración inicial y no colocan a las personas objeto de trata en el centro de atención ni se valoran las estrategias a seguir en función del efecto que pueden tener sobre ellas.

Por el contrario, la política de este país ha sido la de poner el acento en el papel que las víctimas de trata pueden cumplir como testigos y, en general, no han sido consideradas como personas que han sufrido un grave atentado a sus derechos más fundamentales, y que, por lo tanto, deben ser protegidas y merecen una reparación por parte del Estado.

Los Convenios internacionales1, establecen que «una víctima en un delito es una víctima de delito siempre, independientemente de que colabore o no con la policía». En contra de estas recomendaciones el Gobierno español ha optado por anteponer la persecución de las redes criminales a la defensa total de las víctimas, planteando la denuncia y la colaboración con la policía como condición para poder acceder a las medidas de asistencia y protección que el Plan contempla.

En correspondencia con ello, la identificación de las víctimas se deja en manos de las Fuerzas de Seguridad, dependiendo la participación de las ONG’s del requerimiento de la policía. 2

Desde nuestro punto de vista, la defensa de las víctimas, tal y como contemplan los art. 10 y 12 del Convenio Europeo, implicaría protección y derechos, independientemente de su colaboración con la justicia; implicaría mecanismos eficaces de detección de las víctimas a través de agentes sociales y no solo de la policía o la judicatura; implicaría permisos de residencia y de trabajo para las víctimas, y derecho de asilo sin todas las trabas que hoy existen para ello; y, especialmente, potenciar la autonomía y la capacidad de decisión de las víctimas. De hecho, algunas recomendaciones internacionales instan a contemplar el principio de proporcionalidad en las medidas, es decir, tener en cuenta que las medidas restrictivas y represivas en la lucha contra la trata no redunden en contra de los derechos, de la autonomía y de la libertad de las personas que son objeto de trata. Creo que la vía por la que se está yendo en nuestro país deja muchos interrogantes en relación con esto que acabo de decir.

No poner los derechos de las víctimas en primer plano implica, como ha denunciado GAATW (Alianza Global Contra la Trata de Mujeres), que en ocasiones las medidas antitrata provoquen una serie de “daños colaterales”, así llamados porque estas medidas se acaban volviendo contra las personas que pretenden proteger, en este caso, las mujeres que ejercen la prostitución bajo coacción y en una condiciones parecidas a la esclavitud.

En la actualidad, después de casi 5 años desde la aprobación del Plan, los daños colaterales sobre las víctimas de trata son patentes, así como las insuficiencias de la actuación institucional. Las medidas sociales y judiciales encaminadas a una mayor protección de las víctimas casi no han sido implementadas. Lo más visible ha sido el aumento de las redadas en clubes de alterne para la detención y desarticulación de redes relacionadas con la prostitución. En algunos de los clubes que han sido cerrados, es discutible que sus trabajadoras fueran víctimas de trata, como se ha podido ver en el caso del macro club de Castelldefels (Catalunya) o en la operación Afrodita en Madrid en julio de 2010. Operación cuyo resultados fueron: 315 mujeres “liberadas” (según las instituciones y la prensa) o sin lugares donde poder trabajar (según las trabajadoras del sexo); 34 mujeres en situación administrativa irregular a quienes se ha aplicado la ley de extranjería; 1 mujer denunció encontrarse en situación de trata (no sabemos si finalmente se la protegió o no) y una decena de personas, detenidas por proxenetismo tras la redada y que se encuentran desde mediados de septiembre de ese año en libertad con cargos.

En ambos casos, las trabajadoras del sexo implicadas salieron públicamente afirmando que su trabajo en esos lugares era voluntario y que no se daban coacciones por parte de los empresarios. Pero incluso en los casos en los que realmente se han desarticulado redes de trata existen enormes dudas sobre el destino que han sufrido las presuntas víctimas y si realmente han sido protegidas por el estado como deberíahaberse hecho3. Por las noticias de la prensa, más bien parece que muchas de las mujeres detenidas en las redadas han sido detenidas por estancia ilegal, enviadas a los CIES y posteriormente retornadas a su país, sin que esté claro su voluntariedad para ello.

Es decir, que no sólo no se protege a las víctimas de trata sino que, en la mayoría de ocasiones, éstas son tratadas como delincuentes.

La lucha contra la trata, en nuestro país, se ha instrumentalizado para combatir la inmigración, especialmente de mujeres, y para intentar acabar con la prostitución en general y especialmente aquella más visible, la que capta su clientela en la calle. Al calor de las ideas y los planteamientos institucionales sobre la trata se han desarrollado normativas municipales en la mayoría de ciudades de nuestro país, que persiguen la prostitución que capta la clientela en la calle, bien penalizando a clientes y prostitutas bien penalizando sólo a los primeros. Estas Normativas incrementan, revalorizan y favorecen el mercado clandestino del sexo, en detrimento de las trabajadoras que ven así cómo aumenta su vulnerabilidad. Así lo reconoce un informe del Parlamento Europeo del año 2000 que considera que “el régimen de prohibición directa e indirecta de la prostitución vigente en la mayoría de Estados miembros crea un mercado clandestino monopolizado por la delincuencia organizada que expone a las personas implicadas, sobre todo a los inmigrantes, a la violencia y la marginación”4

 

Propuestas

Para Hetaira es fundamental diferenciar entre prostitución coaccionada (Trata) y prostitución voluntaria para poder defender y garantizar de manera realista y consecuente los derechos de unas y otras. El no reconocimiento legal de la prostitución voluntaria implica, como decía antes, abonar el terreno para que los traficantes de mujeres con fines de prostitución forzada campen a sus anchas en el magma de la alegalidad del conjunto de la prostitución. En este sentido creemos que el Gobiernoautonómico debería instar al Gobierno Central a elaborar una Ley integral de lucha contra la trata de seres humanos:.

  • Que contemple todo tipo de trata, independientemente del sexo de las víctimas y del sector laboral al que va encaminada.
  • Que diferencie la trata de la prostitución voluntaria y de la explotación sexual, un concepto tan opaco que da pie a todo tipo de interpretaciones..
  • Que ponga los derechos de las víctimas en el centro de la actuación

Así mismo, desde el Gobierno autonómico debería de contemplarse el desarrollo de todos los recursos sociales que se preveían en el Plan vigente hasta el año pasado y que no han sido desarrollados. Contemplando que para acceder a ellos no sea necesaria la denuncia previa, como han hecho otros gobiernos autonómicos con la Violencia de Género.

En relación a la detección e identificación de víctimas se debería contemplar que las ONG’s fueran el instrumento imprescindible para la detección y la identificación de víctimas, en colaboración con la policía, pues tal y como demuestran diversos informes que valoran la implementación de las políticas anti-trata en nuestro país, queda mucho por avanzar en la consideración, información sobre sus derechos y tratamiento a las posibles víctimas de trata5.

También consideramos fundamental la transparencia en la información sobre la situación en la que se encuentran las víctimas de trata identificadas para saber cuántas se han acogido al periodo de reflexión y si éste ha sido concedido. Tan sólo en el II Informe del Plan Integral de Lucha contra la Trata, a pie de página, se recoge que, en el año 2010, a “523 mujeres víctimas potenciales en situación irregular se les ofreció el Período de Restablecimiento y Reflexión, únicamente 43 aceptaron su tramitación”. En esta información se echan de menos datos sobre a cuántas víctimas de las 43 que solicitaron dicho período les fue concedido. En 2011, según datos facilitados por laSecretaría de Estado de Seguridad, se ofrecieron 763 periodos de restablecimiento y reflexión, de los que 680 fueron denegados o rechazados por las víctimas y 98 concedidos. Como se puede ver la información de 2011 es más explícita sobre el nº de permisos concedidos pero no está claro de los 680 cuantos fueron denegados y cuantos rechazados. En general, es costoso acceder a la información sobre este particular ya que según hemos podido saber a través de entrevistarnos con la UCRIF y con la Delegada para la Violencia de Género en Madrid, los datos no están disponibles ni tan siquiera para ellos.

Otro aspecto que nos suscita enormes dudas es cómo se ha informado a las mujeres de sus derechos. Los procesos de identificación son largos y complejos y la información debe darse en un ambiente de comodidad y seguridad para las víctimas. Las comisarías o los juzgados o los CIES son los sitios menos apropiados para ello, dada la comprensible desconfianza que tienen estas mujeres.

Para que las víctimas de trata puedan ejercer realmente sus derechos es necesario un buen proceso de identificación y para ello es fundamental la formación de los profesionales que pueden entrar en contacto con posibles víctimas: Fuerzas de Seguridad, profesionales de la medicina, abogacía, trabajo social… así como la coordinación real y efectiva de todos los agentes sociales que intervienen con las víctimas: ONG’s, Fuerzas de Seguridad, jueces, Fiscalía, servicios de asistencia, etc..siendo esta la única manera de garantizar la eficacia de las medidas de protección.

Por último quisiera mencionar el aspecto económico, necesario para quecualquier Plan se pueda llevar a cabo. En el Plan integral que ha vencido se contemplaba el decomiso de los bienes de las mafias y la creación, con este dinero, de un Fondo destinado a la protección de las víctimas. También sabemos que la política del Gobierno central anterior fue la de potenciar, a través de subvenciones, la creación de los servicios sociales necesarios para la atención a estas mujeres, en lugar de crearlos directamente. Teniendo en consideración estos dos factores nos preocupa especialmente por un lado que no se haya creado este Fondo y por otro la falta de transparencia en la concesión de las subvenciones. En relación a esto último consideramos que no están claros los criterios por los cuales se conceden subvenciones a organizaciones que nunca han trabajado ni con mujeres víctimas de trata ni en contextos, como el de la prostitución, donde puede ser más probable la existencia de indicios de trata. Esta falta de transparencia nos parece especialmente preocupante. Mucho nos tememos que una buena parte del dinero que supuestamente está destinado a la prevención, atención y protección de las víctimas está siendo malgastado con fines ideológicos, concediéndoselo a organizaciones que solo hacen “incidencia política” como dicen. En esta línea, buena parte del dinero de las subvenciones no repercute directa y positivamente en aquellas mujeres que lo que necesitan no son proclamas ideológicas sino una atención desprejuiciada, profesional, basada en la escucha y el respeto y que tenga como finalidad su empoderamiento y no su revictimización.

Sabemos que la prostitución es un tema muy controvertido. Pero la trata es una grave vulneración de los derechos humanos de las personas. Y no podemos dar la espalda a todas aquellas mujeres, niñas, niños y hombres que son víctimas de trata con fines diferentes a la prostitución y que según recoge el Informe del Departamento de Estado del Gobierno de EEUU de 2010  “Algunos estudios recientes demuestran que la mayor parte de la trata de personas en el mundo se realiza con fines de trabajos forzados. La OIT calcula que por cada víctima de trata sometida a la prostitución forzada, hay nueve personas que son forzadas a trabajar”.

Y en relación a la que tiene por fines la prostitución forzada es necesario implementar políticas públicas que defiendan de manera eficaz a las mujeres que están en una situación más vulnerable. Y para que esto sea posible es necesario garantizar los derechos de todas las trabajadoras del sexo, diferenciando quienes están en situación de trata de quiénes están explotadas laboralmente aunque hayan decidido trabajar en ello. Para estas segundas, asimilar su situación a la de las víctimas de trata o considerarlas víctimas de un delito tan vago y poco concreto como el de “explotación sexual”, no es la solución. Se necesitan leyes laborales que les reconozcan sus derechos y reduzcan las posibilidades de ser explotadas por los dueños de clubes. La actual situación de confusión entre trata, prostitución voluntaria, explotación sexual y explotación laboral deja desprotegidas a todas las mujeres que ejercen la prostitución, aumenta la vulnerabilidad de éstas y dificulta enormemente la identificación de las víctimas de trata. Son necesarias leyes que ayuden a este sector de mujeres luchar contra las terribles injusticias que hoy siguen sufriendo.

Muchas gracias por su atención

 


1 El artículo 12.6 del propio Convenio europeo y la Declaración de Naciones Unidas de 1985 sobre principios fundamentales de justicia para las víctimas de delito y abusos de poder

2 Aunque en la Reforma de la Ley de Extranjería se incluyó en el último momento la propuesta de la Red española contra la Trata, de que se podrá detener la expulsión y conceder permisos excepcionales de residencia y trabajo también atendiendo a “la situación personal de la víctima” esta consideración en la práctica no está siendo contemplada en las actuaciones concretas ni de las Fuerzas de Seguridad ni de la Fiscalía. Plantear la protección en función del proceso judicial implica una presión muy fuerte para las personas víctimas de trata, muchas de las cuales no pueden afrontar ese proceso porque es el momento de mayor riesgo.

3 Así, Europa Press (2 de febrero de 2010) informaba que en la desarticulación de una red de prostitutas brasileñas en Andalucía “según fuentes de la Subdelegación del Gobierno se habían detenido a ocho mujeres por estancia ilegal en España, que se encuentran en estos momentos en el CIE de Málaga”. O El País (29/7/2010) ante la operación de Madrid recogía que según fuentes del Mº de Interior “a estas personas se les ha incoado el procedimiento administrativo para expulsarlas de España. En los casos más graves, en los que ya tenían el decreto judicial aprobado y estaban pendientes de que se les asignase un vuelo, han ingresado en el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Aluche hasta que abandonen el país.”

4 Informe del Parlamento Europeo. Mayo 2000

5 Informe sobre trata de personas 2011. España elaborado por el Gobierno de EEUU

La falacia paternalista del “modelo nórdico” de prostitución

 

Por Cas Mude

Profesor asociado en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales (SPIA) de la Universidad de Georgia e investigador en el Centro para la Investigación del Extremismo (C-REX) de la Universidad de Oslo.

 

04/08/2016

 

http://www.huffingtonpost.com/cas-mudde/the-paternalistic-fallacy_b_9644972.html

 

 

Esta semana Francia se convirtió en el quinto país europeo que hace ilegal la compra de sexo. Este así llamado “modelo nórdico” —que en efecto está solo implementado por algunos páises nórdicos— está ganando impulso en todo el continente y sus defensores están intentando, hasta ahora sin éxito, que se convierta en una realidad en toda la Unión Europea.

El así llamado “modelo nórdico” es una vuelta a los períodos más oscuros del paternalismo de izquierdas, en el que unos autodenominados progresistas luchan por utopías de clase media a expensas de los socialmente débiles. En el modo clásico, las opiniones de los “protegidos” son o ignoradas o despreciadas por los “protectores”. Las trabajadoras sexuales, que en su gran mayoría se oponen a la penalización de las personas que compran sexo (los así llamados “puteros”), son despojadas de su autonomía, reducidas a “víctimas” de la “industria del sexo” que padecen “falsa conciencia”.

Un reciente editorial de The Guardian, el portaestandarte británico de la progresía europea, proporciona un interesante comprensión de las crecientes dificultades que los progresistas tienen para justificar la penalización del trabajo sexual. Es una llamativa combinación de confusión y desesperación. Aunque es verdad que hace referencia a algunos de los poco fiables estudios que existen, ignora ampliamente sus implicaciones y recomendaciones. Esto se debe a que los estudios más serios muestran que el “modelo nórdico” ni ha mejorado la situación de las trabajadoras sexuales ni ha reducido de forma significativa la “industria del sexo”. En cambio, como de alguna forma reconoce The Guardian, el “modelo de Nueva Zelanda” (de despenalización) ha conseguido por lo menos lo primero.

The Guardian basa su petición de prohibir el trabajo sexual primordialmente en el “principio del daño”, esto es “la afirmación de que el único uso justo del poder en una comunidad civilizada es el uso para prevenir el daño”. Entonces, ¿de qué daño se trata? Los progresistas suelen ser imprecisos en esto, dando por supuesto que “todos sabemos” de qué están hablando. No hay duda de que los abusos físicos y verbales son un problema de primer orden para las trabajadoras sexuales, pero esto no es exclusivo de este grupo específico. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, las violaciones están incontroladas entre los estudiantes y entre los militares, ¡y todavía no ha propuesto nadie prohibir los ejércitos y las universidades (o sus reclutadores)!

No, el “daño” al que se refieren está en el acto mismo del trabajo sexual, es decir, en la venta de sexo. Esta es una postura que podría tener sentido desde un punto de vista religioso conservador, pero mucho menos desde una perspectiva progresista. Aunque los progresistas pueden (y quizás deberían) oponerse a la mercantilización del sexo, la pregunta es: ¿por qué solo a la del sexo? ¿Por qué no también a la de la educación y la salud? De la misma forma, aunque puede ser verdad que “en todo sexo pagado existe, puede decirse, una dimensión inherentemente explotadora”, esto puede decirse también de muchas otras profesiones: desde el mundo del espectáculo a la minería o los deportes profesionales (como el boxeo o el fútbol).

El auténtico argumento parece ser que la sexualidad es algo “personal” que está intrínsecamente unido a emociones (intensas). Obviamente, esta es una posición muy discutible, y por lo menos dependerá de cada persona. Más aún, tiene un claro (aunque a menudo expresado de forma solo implícita) fundamento sexista, ya que es la mujer vendedora la que es dañada, no el hombre comprador, reflejando una inveterada noción sexista de la sexualidad, según la cual la sexualidad femenina es inherentemente problemática.

Pero incluso aunque las mujeres fueran dañadas por el trabajo sexual —y por el trabajo en sí mismo, más que por las condiciones y el estigma asociados a su penalización— ello seguiría constituyendo un caso de autodaño (el trabajo sexual forzado es siempre ilegal y constituye violación, no sexo). La única forma de argumentar que es daño y no autodaño es despojar a las trabajadoras sexuales de autonomía. Y esto es exactamente lo que se está haciendo, incluso por feministas y progresistas que normalmente defienden la autonomía de las mujeres.

En palabras del editorial de The Guardian: “Las circunstancias sociales y económicas en las que una mujer ve el trabajo sexual como la mejor opción disponible representan, en sí mismas, un entorno de coacción”. Desde luego, esto se aplica sin duda a muchas, quizás incluso la mayoría, de las trabajadoras sexuales (que, dicho sea de paso, ¡no son todas mujeres!). Pero se aplica también a muchas otras profesiones. Pocas personas se desplazan a los campos de petróleo de Dakota del Norte porque amen el trabajo duro y sucio y los largos inviernos remotos. Y muchos, si no la mayoría, de los que se alistan en el ejército, en particular en países que se ven implicados a menudo en conflictos militares (como el Reino Unido y los Estados Unidos), lo hacen por falta de alternativas sociales y económicas. Más aún, los soldados pueden no solo perder sus vidas, sino que también ¡corren mayor riesgo de ser violados!

Si los progresistas quieren realmente ayudar a las trabajadoras sexuales y debilitar los aspectos explotadores de la “industria del sexo”, deberían legalizar el trabajo sexual, o por lo menos despenalizarlo. Esto aumentará de forma espectacular la salud y la seguridad de las trabajadoras sexuales, como se ha visto en Nueva Zelanda. Deberían cambiar también el clima social que rodea al trabajo sexual. Obviamente, esto supondrá un reto mucho mayor, y una razón no menor de ello será porque requiere que cambien sus propios puntos de vista tradicionales sobre la sexualidad en general, y sobre la sexualidad femenina en particular.

Si quieren realmente legislar algo, que se centren en empoderar a las trabajadoras sexuales frente a la industria del sexo “explotadora”. Que creen una infraestructura educativa y una estructura legislativa que permita a las trabajadoras sexuales (a sus colectivos) dirigir sus propios asuntos, haciéndolas independientes de chulos y terceros. Que castiguen la discriminación de las trabajadoras sexuales por otros negocios, tales como los bancos y otras instituciones financieras, que a menudo rehusan abrir cuentas a las trabajadoras sexuales, ¡incluso si no están implicadas en actividades ilegales!

Incluso si el objetivo final es vivir en un mundo sin trabajo sexual, la primera preocupación debería ser por las (supuestas) víctimas de la industria del sexo. Como las trabajadoras sexuales han dejado claro en todo el mundo, se oponen a la penalización tanto de la venta como de la compra de sexo. Quieren ver su comercio despenalizado (o legalizado). Como muestran los estudios, la vida de las trabajadoras sexuales mejora solo cuando el trabajo sexual es despenalizado. Y este debería ser el primer objetivo para todos, incluso para aquellos que están sinceramente preocupados por las “víctimas” de la “industria del sexo”.

 

Por primera vez se propone en Estados Unidos derogar la prohibición de la prostitución

 

Derogar la prohibición de la prostitución: vídeo completo de la audiencia y la conferencia de prensa

 

por Ian | 30 de enero de 2016 |

 

http://freekeene.com/2016/01/30/repealing-prohibition-on-prostitution-full-hearing-video-and-press-conference/?subscribe=success#467

 

Elizabeth Edwards es una de las primeras promotoras del Proyecto por un Estado Libre y representante por el Partido Demócrata que ha llevado adelante con valentía la única propuesta de derogación de la prohibición de la prostitución de la que yo he tenido noticia en los aproximadamente diez años que llevo en New Hampshire.

 
Si se aprueba la ley HB 1614, los adultos de NH podrían intercambiar sexo por dinero sin miedo a detenciones, procesamientos y cárcel. NO crea una estructura reguladora (legalización), solo va contra los estatutos que penalizan la prostitución y mantiene la prohibición para la esclavitud sexual.

 
Es una ley excelente y, sorprendentemente, todos los que han testificado han testificado a favor. Sin embargo, los cobardes jefes de policía entregaron un testimonio en contra por escrito. Aquí está el vídeo completo (en inglés) de la conferencia de prensa y la audiendia ante el comité de Justicia Penal:

 

¿Tiene la ley alguna probabilidad de ser aprobada en el primer año? Probablemente no, pero hay que felicitar a la representante Edwardas por proponerla para ser sometida a consideración. Esta es una conversación que la gente necesita tener en la casa del Estado acerca de la libertad económica y la autonomía personal. Seguid conectados a Free Keene para estar al día.

 
Si queréis ayudar a llevar adelante cambio políticos prolibertad, uníos por favor a la New Hampshire Liberty Alliance, viváis o no en NH: podéis ayudar.

“Trata de personas” se ha vuelto un término carente de significado

 

Políticos y activistas a menudo abusan de él para impulsar leyes punitivas o incitar al pánico moral

Por Noah Berlatsky @hoodedu
http://www.newrepublic.com/article/123302/human-trafficking-has-become-meaningless-term

trata

 

Como todo el mundo conoce, el presidente Barack Obama ha declarado que la “trata de seres humanos“ es la esclavitud de nuestros días. Dijo también que “es un crimen que puede adoptar muchas formas”.

 
La segunda definición es mucho más precisa. La “trata”, en la práctica, es menos un delito claramente definido que una llamada al pánico moral. La vaguedad de la definición permite o incluso anima a los gobiernos, organizaciones e investigadores a afirmar que hay decenas de millones de víctimas de trata en todo el mundo sobre la base de poco más que conjeturas hiperbólicas. Los políticos usan la retórica de la trata para retratarse a sí mismos como defensores de los oprimidos, y generar cobertura de prensa laudatoria, como ha hecho el sherif del condado de Cook Tom Dart con su cruzada contra Backpage.com y otros sitios que anuncian servicios para adultos. Y algunas figuras de alto perfil han recurrido a cuentos acerca de la trata para ganar fama. Somali Mam, la celebrada defensora antitrata camboyana, fue desenmascarada por hacer afirmaciones fraudulentas acerca de si misma y de otras mujeres a las que ayudó.

 
El origen exacto del término “trata sexual” no está claro, pero según Alison Bass, autor de “Salir perdiendo: las trabajadoras sexuales y la ley”, parece haber sido creado por las feministas antiprostitución en los noventas. Bass me dijo que el término “trata” fue usado especialmente para describir la inmigración de las mujeres de la colapasada Unión Soviética a los Estados Unidos. El artículo seminal de 2.000 de Donna Hughes “El mercadeo de Natasha” definió específicamente la trata como “cualquier práctica que implique desplazar a personas hacia dentro y a través de fronteras locales o nacionales con fines de explotación sexual”.

 
Pero los activistas antiprostitución como Hughes a menudo usan el término “explotación sexual” para incluir cualquier clase de prostitución o trabajo sexual; de hecho, Hughes insiste en su artículo en que “la trata se produce incluso si la mujer consiente”. En otras palabras, la trata puede incluir a trabajadoras sexuales que deciden emigrar ilegal o semiilegalmente desde la Europa del Este a los Estados Unidos. Esto describe a la mayoría de mujeres de las que se dijo que habían sido “víctimas de trata”, según los investigadores Robert M. Fuffington y Donna J. Guy. “Lo más frecuente”, escriben en “Una historia global de la sexualidad”, “es que estas mujeres estuvieran implicadas en alguna forma de trabajo sexual en sus países de origen y vieran la posibilidad de trabajar en el extranjero como una oportunidad de mejorar sus circunstancias”.

 
Mientras Hughes define la trata como “explotación sexual”, Obama usa también el término para referirse a los niños obligados a hacer servicio militar y a los obreros agrícolas forzados a trabajar en malas condiciones o sin paga alguna. Esta definición ha sido a veces respaldada por las organizaciones pro derechos de las trabajadoras sexuales, que “esperaban redirigir lo que históricamente había sido un enfoque represivo antiprostitución hacia un enfoque que mirara el sector del sexo como uno más de muchos sectores laborales”, me dijo Carol Leigh, una activista por los derechos de las trabajadoras sexuales y cineasta.

 
La definición más amplia de trata como explotación laboral no ha hecho mucho para cambiar la percepción pública, sin embargo. Cuando dices “trata” la gente todavía piensa en esclavitud sexual. La entrada de Wikipedia para trata de personas, por ejemplo, comienza afirmando, “La trata de personas es el comercio de seres humanos, casi siempre con fines de explotación sexual, trabajo forzado o explotación sexual comercial”: una definición que comienza y termina con sexo. En realidad, el trabajo forzado de otras clases —como el trabajo doméstico, la construcción y la agricultura— es mucho más común, según la OIT, que estima que 4,5 millones de los 21 millones de personas víctimas de trata en todo el mundo lo son de trata sexual (aunque hay que volver a decir que todas las cifras de trata son muy poco fiables y escasamente probadas).

 
Más aún, el término “trata” a menudo se usa para referirse a casos en los que no hay migración en absoluto. Por ejemplo, los tribunales de intervención en trata de personas de Nueva York se dedican básicamente a procesar a cualquier persona detenida por prostitución o cargos relacionados, hayan sido o no sometidos a coacción y provengan o no del extranjero. La mayor parte de las personas que pasan por los tribunales de trata de personas han sido detenidas por vagabundeo y prostitución, según un estudio realizado por Truthout.

 
Según Bass, “la trata se ha convertido en un nuevo nombre para un viejo problema, que es principalmente la huída de casa de adolescentes”. Los jóvenes que escapan de situaciones de abuso en sus domicilios, y que venden sexo para sobrevivir, son considerados por defecto víctimas de trata bajo muchas leyes federales y estatales. Esto, a pesar del hecho de que casi ningún adolescente fugitivo tiene proxenetas o tratantes, según un estudio del Colegio John Jay de Justicia Criminal. La mayor parte de ellos ven el trabajo sexual como la mejor forma de subsistir en la calle, dadas las limitadas opciones legales y de servicios sociales disponibles para los niños que escapan de casa. Y la mayor parte de ellos, me dijo Bass, no viajan fuera de su propio pueblo o ciudad, y mucho menos fuera del país.

 
Así, en la práctica, el término “trata” no significa “la esclavitud de nuestros días”. Ni significa ser transportado a través de fronteras con fines de explotación sexual. En cambio, habitualmente se refiere a una o más de las siguientes cosas:

  • ser menor de edad y vender sexo
  • inmigrar ilegalmente
  • ser sometido a cualquier clase de trabajo forzado o prácticas laborales abusivas
  • practicar trabajo sexual consensuado.

 
“El público parece creer que la trata sexual significa prostitución forzada”, me dijo la investigadora Tara Burns, “pero cuando te sientas y lees los documentos acusatorios por cargos de trata sexual, muy muy raramente es ese el caso”. Las trabajadoras sexuales a menudo son procesadas por haberse sometido a trata a sí mismas, dice Burns. “Bajo diferentes leyes estatales, trata sexual puede significar también los anuncios que ponen las trabajadoras sexuales de sus propios servicios o el alquiler de sus propias habitaciones de hotel, o el abuso de niños por parte de adultos sin relación alguna con la industria de sexo comercial”.

 
La palabra “trata”, pues, se convierte en una manera de aprovechar la imagen de mujeres jóvenes raptadas y vendidas como esclavas sexuales. Después del 11S, dice Bass, el Departamente de Estado se mostró ansioso por adoptar el lenguaje de la trata como otra manera de justificar las restricciones y la vigilancia de la inmigración inspiradas en primer lugar por el antiterrorismo, lo que es la razón por la que iniciativas como el “Centro de tráfico de personas y terroristas” del Departamento de Estado mezcla “Tráfico de seres humanos, trata de personas y viajes terroristas clandestinos” como “asuntos transnacionales que amenazan la seguridad nacional”. “Trata” puede ser usada también para hacer que las leyes antiprostitución parezcan compasivas, más que punitivas, como ocurre en los tribunales de trata de Nueva York, que enmarca a las personas detenidas como víctimas de trata necesitadas de ayuda, aunque en la práctica lo que al final siga ocurriendo es que la policía detiene a personas (especialmente mujeres de la minorías) por cargos de prostitución. En cualquier caso, la palabra es una forma de poner en el punto de mira a grupos marginados como inmigrantes y trabajadoras sexuales en nombre de un (confundido o cínico) humanitarismo.

 
¿Entonces, cual sería la mejor denominación? Laura Agustín, autora de “Sexo en los márgenes: migración, mercados laborales y la industria del rescate”, dice que no hay solo una. “El tema no es ‘mejorar el lenguaje’ porque el marco de presentación de los problemas sirve al control policial, no a las personas”, me dijo. “No existe término sustitutorio para trata porque usar un único término sencillamente hace desaparecer todas esas situaciones diferentes, estimula el reduccionismo y se alimenta directamente de una agenda moralista de ‘bueno contra malo’. Esta categoría fue una invención y no describe realidades”.

 

Si vamos a hablar de trabajadoras sexuales menores de edad con pocas opciones distintas de supervivencia, deberíamos decir que vamos a hablar de trabajadoras sexuales menores de edad con pocas opciones distintas de supervivencia, una discusión que debería centrarse en recursos y ayuda de servicios sociales, no en aplicación de la ley. De la misma forma, si el tema son las condiciones de trabajo forzado, entonces habría que prestar más atención a las principales industrias en las que ocurre. Si el tema es el trabajo consensuado entre adultos, entonces los legisladores deberían ser honestos en cuanto a usar la policía para acosar a las personas que practican trabajo sexual consensuado. No deberían pretender que están llevando a cabo una noble cruzada contra “la trata”.

 

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Noah Berlatsky es un escritor colaborador de The Atlantic, editor del sitio de comics y cultura Hooded Utilitarian, y autor de Mujer maravillosa: bondage y feminismo en los comics de Marston/Peter.

Prohibir la prostitución es un crimen

Por Steve Chapman

26 de agosto de 2015

 
http://www.chicagotribune.com/news/opinion/chapman/ct-prostitution-amnesty-international-cindy-mccain-sex-workers-trafficking-rape–20150826-column.html

 
Prohibir cosas que no te gustan tiene una larga historia, aunque no es una historia feliz. Los estadounidenses han intentado prohibir el alcohol, la marihuana, la pornografía y la homosexualidad. Sin embargo, todas esas cosas siguen hoy ahí.

 
Así que hemos aprendido no solo a tolerarlas, sino también a permitirlas. Hoy día, te puedes tomar un vaso de whisky en un bar gay mientras miras porno en tu iPad, y la policía no te dirá nada. En Colorado y Washington, puedes ir a comprar hierba a una expendeduría autorizada por el Estado.

 
La prohibición ha fracasado también con el sexo comercial. Encontrar un “salón de masaje erótico” en internet es casi tan difícil como encontrar una pizzería. Los sitios web ofrecen página tras página de escorts, tanto mujeres como hombres.

 
Un catorce por ciento de hombres estadounidenses admiten haber sido clientes de una prostituta al menos una vez en su vida, lo que supone alrededor de diecisiete millones de clientes. Se estima que un millón de mujeres se han dedicado a la prostitución en Estados Unidos.

 
Enfrentados a esta realidad, los activistas de Amnistía Internacional han ratificado recientemente la despenalización del “trabajo sexual”. Esta posición es defendida por la Organización Mundial de la Salud, Anti-Esclavitud Internacional y la Alianza Global contra la Trata de Mujeres.
Entienden que la prohibición de la prostitución no termina con esta. Tan solo la empuja a la clandestinidad, donde son más probables los abusos y estos son más difíciles de detectar. Mientras siga siendo un delito, dice el Comité Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en Europa, “las trabajadoras sexuales estarán en riesgo de sufrir violencia policial, detenciones, violaciones, chantajes y deportaciones, y no tendrán posibilidad de denunciar los abusos”.

 
En los lugares donde su trabajo es despenalizado, las prostitutas pueden trabajar con más facilidad en entornos en los que las condiciones estén controladas, los clientes sean seleccionados y las medidas de prevención de salud sean obligatorias. Tampoco tienen que preocuparse de ser detenidas o chantajeadas por la policía.

 
Pero la postura de Amnistía Internacional ha provocado un aluvión de críticas. Una carta firmada por feministas, clérigos y celebridades acusó al grupo de reforzar a los proxenetas y defender un “apartheid de género”. Cindy McCain, presidenta del Consejo Consultivo sobre Trata de Seres Humanos en el Instituto McCain para el Liderazgo Internacional, denominó la decisión “un abandono desgarrador de aquellas mujeres que son vendidas por sexo todos y cada uno de los días”.

 
Lo que molesta a los críticos es la idea de que adultos en perfecto uso de sus facultades mentales decidan alquilar sus cuerpos para la obtención de una gratificación erótica. McCain insistió: “la decisión de vender el propio cuerpo para la obtención de sexo en ausencia de mejores alternativas no es un derecho humano”. Pero este mismo razonamiento podría aplicarse a aquellas personas que se dedican a toda una serie de trabajos desagradables, desde matar pollos hasta vigilar presos.

 
La prostitución puede ser un modo terrible de ganarse la vida. Pero las mujeres (y los hombres) que la escogen consideran sus otras opciones aún menos atractivas. Apartarles del trabajo sexual, por definición, les hace ir a peor.

 
Los oponentes de Amnistía Internacional insisten en que el negocio se basa en la esclavización de las mujeres. Pero esto ocurre raras veces. La administración de George W. Bush estableció cuarenta y dos grupos de trabajo en el Departamento de Justicia y gastó unos ciento cincuenta millones de dólares en intentar encontrar mujeres y chicas forzadas a ejercer la prostitución, según informó el Washington Post. A lo largo de siete años, todo esto esfuerzo solo consiguió 148 procesamientos.

 
La revista Time dice que los datos sugieren que “la mayoría de las personas que trabajan en la industria del sexo lo hacen contra su voluntad”, una afirmación que el sociólogo de la Universidad George Washington Ronald Weitzer, autor del libro “Legalización de la prostitución”, editado en 2012, dice que es “una majadería. No hay encuestas representativas de trabajadoras sexuales, encuestas que serían necesarias para confirmar que ‘una mayoría’, o un porcentaje cualquiera, de trabajadoras sexuales lo hacen contra su voluntad”.

 
Los criminólogos de la Universidad Rutgers James Finckenauer y Ko-lin Chin entrevistaron a 149 mujeres chinas que emigraron para dedicarse al trabajo sexual. “Ninguna de las mujeres a las que entrevistamos dijeron haber sido sometidas a rapto, fuerza o coacción”, informaron. Muchas lo hicieron “para ganar un dinero que nunca habrían ganado por otros medios”.

 
Se ha descubierto trata de seres humanos en muchas industrias en todo el mundo, incluyendo salones de uñas en Manhattan. Pero nadie piensa que deberíamos ilegalizar a las manicuras.

 
Los ataques a la despenalización provienen de una extraña alianza de feministas que miran a todas las trabajadoras sexuales (incluídas las estrellas porno y las strippers) como víctimas de opresión y cristianos que las ven como sumidas en la depravación. Ambos grupos explotan la idea de que algunos tipos de sexualidad son vergonzosos, peligrosos e intolerables, una actitud que siempre alimentó la persecución de los homosexuales.

 

Pero una cosa que hemos aprendido es que personas diferentes tienen diferentes tipos de sexo por toda una serie de razones que a nadie más le importan. Hacerlo por dinero no es algo distinto.

 

Steve Chapman, miembro del Consejo del Tribune, bloguea en http://www.chicagotribune.com/chapman.

 
schapman@tribpub.com

 
Twitter @SteveChapman13

Campañas contra la trata, trabajadoras sexuales y los orígenes del daño

10838005_10153040570259310_8739568871256665347_oCarol Leigh

26 de marzo de 2015
https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/carol-leigh/antitrafficking-campaigns-sex-workers-and-roots-of-damage

 

Las campañas contra la trata tienen sus orígenes en las luchas del siglo diecinueve por “salvar” a las mujeres blancas de la “trata de blancas”. Las estrategias contemporáneas amplían la estigmatización y criminalización, afectando a una gama de comunidades vulnerables.

 
Los efectos adversos que las leyes y políticas contra la trata producen sobre los derechos de las trabajadoras sexuales han sido documentados extensamente durante la última década. A pesar de las reclamaciones de cambio hechas por trabajadoras sexuales, activistas de derechos humanos, académicos y una gama de otros agentes, los estados a lo largo y ancho del mundo han sido reticentes y lentos en su respuesta. Algunos analistas ponen el acento en que el uso que hacen los estados de las leyes contra la trata para limitar la inmigración es la principal causa de esta reticencia. Yo añadiría que el análisis del desarrollo histórico de las políticas contemporáneas contra la trata es crucial para entender la creciente criminalización y estigmatización de trabajadoras sexuales, inmigrantes y otras poblaciones vulnerables. Argumento que cualquier entramado legal basado en el “crimen”, en lugar de en los derechos y las causas estructurales de los males sociales, está ligado a efectos desproporcionados y sistemáticos sobre los pobres y vulnerables.

 

Salvar a las mujeres de la “trata de blancas”: los orígenes de la lucha contra la trata

 

Los orígenes de las leyes contemporáneas contra la trata pueden situarse firmemente en la ideología abolicionista de la prostitución de finales del siglo diecinueve, un período durante el cual la trata fue también denominada “trata de blancas”. Las campañas contra la trata de blancas retrataban un mundo lleno de peligro sexual para las jóvenes blancas, seducidas y explotadas por siniestros hombres de piel oscura. Por lo tanto estas campañas fueron impulsados por la xenofobia, el racismo y el clasismo en el momento culminante del imperialismo británico.

 
A mediados de la década de 1800 las leyes contra la solicitación (dirigidas a las prostitutas) se habían convertido en un elemento básico de las ordenanzas municipales. Los abolicionistas de la prostitución se unieron a otros cruzados contra el vicio en el siglo diecinueve, introduciendo una nueva estrategia. Como un precedente del enfoque legislativa adoptado en nuestros días por Suecia y otros países, los abolicionistas de la prostitución sostuvieron que las mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución y eran, por tanto, víctimas y no criminales. También se opusieron a legalizar la prostitución, objetando “… el doble rasero de la moral sexual reforzada por la actuación policial y el control de los cuerpos de las mujeres” y lucharon para expandir la definición de trata de forma que incluyera la implicación de terceros, que argüían que deberían ser penalizados o criminalizados. Entonces, como hoy, esta estrategia legislativa y de campaña fue presentada ostensiblemente como un acto de simpatía hacia las trabajadoras sexuales. Sin embargo, la criminalización de las terceras partes llevó el sexo comercial a la clandestinidad y ocasionó un aislamiento extremo y peligroso de las trabajadoras sexuales, ya que las terceras partes podrían incluir a caseros, servicio doméstico, miembros de la familia, propietarios de burdeles e incluso el apoyo mutuo entre las mismas trabajadoras sexuales.

 
El cierre de los burdeles coincidió también con un aumento en el valor de las propiedades inmobiliarias. El estatus legal de la prostitución fue así sometido a las políticas de desarrollo territorial, y un elemento activo de la represión de la prostitución. En los Estados Unidos, las poblaciones urbanas marginalizadas, desde los inmigrantes a los recién emancipados afroamericanos, fueron el objetivo de estatutos tales como la Ley Mann de 1910 o la Ley de Trata de Blancas. Este estatuto estableció una base de datos centralizada de “prostitutas conocidas” y llevó a la constitución del FBI, en un claro ejemplo de cómo las políticas contra la trata amplían las competencias de la policía. Tales represión y criminalización de casi todos los aspectos de la prostitución pronto se extendió por todo el globo. Esto recolocó firmemente la prostitución profundamente dentro de la economía sumergida, exacerbando y causando vulnerabilidad. La tasa de asesinatos de trabajadoras sexuales ha aumentado continuamente desde entonces, junto con el abuso de la policía contra adultos y jóvenes.

 
La criminalización de las terceras partes y la definición de la prostitución como un “mal” en sí mismo fueron aún más cimentadas a nivel global por el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de la ONU de 1949. Como Kamala Kempadoo argumentó en su artículo “Trata para el mercado global: terror estatal y corporativo”, la preocupación por el nexo trata-prostitución aumentó incluso tras el colapso del Bloque del Este:

 
Aparentemente, la aparición de mujeres de los antiguos países dependientes de la URSS en las industrias del sexo de la Europa Occidental fue una razón de primer orden por la que los gobiernos europeos prestaron atención al problema de la trata. En muchos aspectos, este enfoque es un eco de la cruzada de finales del diecinueve y principios del siglo veinte… Parecería también otra vez que la atención por las vidas de la mujeres blancas… ha impulsado la acción internacional.

 

La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales

 

A finales de los años 70, los movimientos por los derechos de las trabajadoras sexuales sugirieron de forma radical que las trabajadoras sexuales eran una clase de trabajadores totalmente meritorias de derechos humanos, civiles y laborales. Esto llevó a la organización de convenciones internacionales de trabajadoras sexuales y activistas por los derechos humanos, comenzando con el Comité Internacional por los derechos de las prostitutas en los años 80. Los análisis presentados por estos grupos reflejaron la teoría de desarrollo, justicia social y reducción de daños. Hubo un creciente reconocimiento de los defectos de las estrategias de los abolicionistas de la prostitución, en estas conferencias y en los medios académicos, así como llamamientos a la autorrepresentación de las trabajadoras sexuales, como se hizo realidad con la formación de la Red de Proyectos de Trabajo Sexual.

 
En los anos 90, en respuesta a la creciente atención hacia los temas de inmigración, y con información de los activistas por los derechos de las trabajadoras sexuales, una oolaboración de grupos defensores de derechos estableció los Estándares de derechos humanos para el tratamiento de las personas víctimas de trata. Su intención era presionar por el establecimiento de un protocolo de lucha contra la trata que combatiera el abuso de todos los trabajadores —incluídas las trabajadoras sexuales— principalmente en el contexto de la inmigración. El desacuerdo entre este grupo colaborativo y los abolicionistas de la prostitución fue evidenciado a finales de los 90, cuando estas diversas facciones fueron invitadas a participar en la redacción del nuevo Protocolo contra la trata de la ONU. Lo que siguió fue una batalla.

 
Quedó claro que los abolicionistas de la prostitución no tenían interés en incluir el trabajo forzado en el Protocolo contra la trata de la ONU. Por el contrario, insistieron en que el Protocolo fuera usado como una herramienta para abolir la prostitución. En el compromiso que se alcanzó al final, el nuevo Protocolo contra la trata de la ONU se refería a los abusos laborales que implicaran el uso de fuerza, fraude, coerción, etc. con fines de explotación. De forma más significativa, el Protocolo decidió específicamente no definir el concepto de “explotación sexual”. Esto dejaba al criterio de cada estado definir esta como les pareciera mejor, haciendo equivalentes prostitución y explotación sexual o definiendo la explotación sexual como un abuso dentro de la prostitución. De este modo, el Protocolo podría ser interpretado como que respalda tanto a los que defienden la legalización de la prostitución como a los que buscan su abolición.

 
Estas estrategias dentro del Protolo de la ONU han supuesto en gran medida un fracaso para las trabajadoras sexuales y para los inmigrantes y las víctimas de trata. Además, mientras que las protecciones de los derechos humanos son opcionales, la criminalización y el control de las fronteras son obligatorios. En consecuencia, la respuesta judicial penal predominante busca principalmente detener el sexo comercial mediante redadas y detenciones de inmigrantes, aunque eso se acompaña de una ayuda limitada para una amplia gama de víctimas. Así, como ha dicho Marjan Wijers, “Este enfoque en la pureza y la victimización de las mujeres, unido a la protección de las fronteras nacionales, no solo impide cualquier esfuerzo serio para combatir los auténticos abusos de derechos humanos a los que nos enfrentamos… sino que de hecho hace daño a personas reales”.

 
Bajo la presión de coaliciones de abolicionistas de la prostitución, muchos países han aprobado ahora leyes nacionales contra la trata que se fijan exlusivamente en la prostitución, retrocediendo a estrategias de siglos pasados. En los Estados Unidos, el lobby abolicionista de la prostitución, en alianza con fundamentalistas religiosos, presionó hasta el agotamiento para que todas las trabajadoras sexuales fueran consideradas víctimas de trata, a fin de prevenir la opción de legalizar la prostitución y reconocer derechos laborales a las personas implicadas. Estos grupos también recomendaron una definición bifurcada de la trata, una definición que separa la “trata sexual” de otras formas de trata laboral. La Ley de protección de víctimas de trata de los Estados Unidos, que refleja parcialmente este propósito, define la trata sexual como “el reclutamiento, alojamiento, transporte, provisión u obtención de una persona con el propósito de realizar un acto sexual comercial”. No se estipula ninguna condición de fuerza, fraude o abuso. Aunque la “trata sexual” no está incluida en las leyes penales de Estados Unidos, la ley mencionada ciertamente allana el camino para esa posibilidad.

 
La aplicación de la ley en Estados Unidos se ha centrado principalmente en suprimir el sexo comercial, en lugar de combatir los abusos que se producen dentro del comercio sexual. Estas ideologías represoras también se han promovido activamente y se han exportado mediante canales tales como el “Juramento de lealtad contra la prostitución”, que requiere a los beneficiarios de ayuda monetaria de los Estados Unidos que garanticen su oposición a la legalización de la prostitución. Las subvenciones dentro de los Estados Unidos siguieron la misma dirección, haciendo que las organizaciones de trabajadoras sexuales fueran excluidas de las subvenciones. Las trabajadoras sexuales fueron también excluidas de más participaciones en la elaboración de la política, tanto de forma sistemática como informal.

 

Situación actual

 

El actual movimiento neoabolicionista ha expandido sus estrategias para incluir el “modelo sueco” de represión de la prostitución. Los clientes son ahora incluidos en la larga lista de objetivos de la criminalización, aumentando el aislamiento de las trabajadoras sexuales. Aunque la filosofía abolicionista ostensiblemente se opone a la penalización de las trabajadoras sexuales, a nivel internacional tales campañas se han lanzado allí donde la prostitución es legal, como un medio de criminalizar aún más las industrias del sexo, en lugar de como un medio de despenalizar a las trabajadoras sexuales. Es este enfoque criminalizador el que promueve tambíen controles más estrechos de las fronteras, así como el creciente castigo y persecución de inmigrantes, jóvenes y gente de color. Estas “soluciones” exacerban la violencia y la vulnerabilidad en muchas poblaciones, de la misma forma que la criminalización de los burdeles en el siglo diecinueve ocasionó una centuria de aislamiento y mayor violencia contra las trabajadoras sexuales.

 
Las trabajadoras sexuales han explicado extensamente que una de las muchas condiciones que se necesitan para prevenir los abusos a menudo amalgamados como “trata” es la despenalización del trabajo sexual. Este principio es apoyado por el Observatorio de Derechos Humanos, la Comisión global sobre el VIH y la legislación, el Relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud, el Programa de desarrollo de las Naciones Unidas, ONU Mujeres y ONUSIDA, entre una creciente lista de organismos internacionales.

 
Claramente, algunos resultados de las políticas de lucha contra la trata han sido positivos para aquellos individuos que han resultado calificados para merecer protección, permitiéndoles pasaportes y residencias específicos, entre otros avances humanitarios. Al mismo tiempo, se han hallado pruebas sustanciales de efectos adversos a raíz de la investigación llevada a cabo por la Alianza Global contra la trata de mujeres. Desde una perspectiva basada en la defensa de derechos, cualquier entramado legal que se centre en el “crimen” en lugar de en los derechos y en las causas estructurales de los males sociales está ligado a unos efectos desproporcionados y sistemáticos sobre los pobre y vulnerables. Mientras tanto, la espada de doble filo de la lucha contra la trata sitúa a las poblaciones vulnerables en situación de competir por obtener justicia, porque aquellos calificados como víctimas de trata pueden obtener recursos de los mismos sistemas que castigan a otros, individuos igualmente vulnerables.

 

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Acerca de la autora

 

Carol Leigh ha sido artista y activista trabajadora sexual durante décadas. Es miembro de COYOTE (Call Off Your Old Tired Ethics), miembro fundador de ACT UP (AIDs Coalition To Unleash Power) y de SWOP-USA (Sex Workers Outreach Project), y cofundadora de Bay Area Sex Worker Advocacy Project. Leigh acuñó el término “trabajo sexual” a finales de los 70. En 1999 fundó el San Francisco Sex Worker Film & Arts Festival. Leigh fue organizadora principal del San Francisco Board of Supervisor’s Task Force on Prostitution. Fue consultora de The RighT Guide, una herramienta de influencia sobre la política contra la trata en Holanda. Desde 2003 ha administrado el Trafficking Policy Research Project recolectando material sobre los efectos de las políticas de Estados Unidos contra la trata. Durante varios años se ha centrado en un trabajo en progreso, Collateral Damage: Sex Workers and the Anti-Trafficking Campaigns.

Esclavas sexuales y Estado vigilante

 Por qué “trata de seres humanos” es un término peligroso

 

Thaddeus Russell en el número de  Mayo de 2014 de reason

 

http://reason.com/archives/2014/04/22/sex-slaves-and-the-surveillanc

 

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Su nombre, igual que el de casi todas las víctimas, es desconocido. No mayor de veinte años, tiene ojos grandes y tristes, larga y ondulante cabellera y pálida piel. Lleva un recatado vestido blanco, que sugiere que la vida que llevaba antes de verse en esa mazmorra era una vida de inocencia. MIra a través de los barrotes de su jaula y, ya que no puede salvarse por sí misma, implora rescate. Tras ella, un hombre con sombrero de bombín y mirada lasciva mira a su presa a través del humo de su cigarro. Ha pagado por violarla y ella no puede hacer nada por detenerle. Es una “esclava blanca”.

Esta chica no es más que un dibujo. Existió solo en una imagen que formó parte de una avalancha de afirmaciones hechas a comienzos del siglo veinte acerca de legiones de chicas y mujeres americanas blancas que eran retenidas contra su voluntad y forzadas a prostituirse. Miles de artículos de periódico, libros, sermones, discursos, obras de teatro y películas retrataron una vasta economía sumergida de raptores y proxenetas que ejercían un poder casi divino sobre jóvenes esclavas sexuales. Los historiadores están hoy en general de acuerdo en que aquellas descripciones eran invenciones en todo o en casi todo. Existe escasa evidencia verificable de mujeres americanas que hubieran sido raptadas y obligadas físicamente a practicar la prostitución, o de que la chica de la ilustración existiera alguna vez.

Esto no fue sólo una mera mitificación inofensiva. Las afirmaciones hechas por el movimiento contra la “trata de blancas” ayudaron a crear, expandir y reforzar los poderes de la policía en una serie de agencias gubernamentales. Desde el comienzo del pánico, esas agencias encarcelaron y esterilizaron a cientos de miles de mujeres que trabajaban como prostitutas, les quitaron los hijos, las obligaron a echarse a las calles y a establecer relaciones de dependencia con hombres criminales, e hicieron que sus trabajos estuvieran entre los más peligrosos del mundo.

Esas mismas agencias gubernamentales persiguieron también a hombres negros, judíos, latinos y asiáticos por el simple hecho de haber tenido relaciones íntimas con mujeres blancas; hicieron más estrictas las restricciones a la inmigración; establecieron precedentes de algunas de las peores violaciones gubernamentales de la privacidad y las libertades civiles de la historia de los Estados Unidos; y constituyeron la base del moderno Estado vigilante.

El movimiento contemporáneo contra la “trata de seres humanos”, también descrita como la “esclavitud moderna”, es sorprendentemente similar a la cruzada contra la trata de blancas de hace un siglo, tanto en su retórica como en sus implicaciones con la libertad individual y el poder del Estado.

En 1907, el gobierno federal lanzó su primera respuesta concertada al pánico de la trata de blancas cuando la Comisión de Inmigración de los Estados Unidos —conocida como la Comisión Dillingham por su presidente, el senador William P. Dillingham de Vermont— puso en marcha una investigación en doce ciudades sobre la “importación y alojamiento de mujeres con fines inmorales”. La comisión encontró a numerosas prostitutas de origen extranjero que practicaban voluntariamente su oficio, y encontraron también a algunas mujeres de las que los investigadores dijeron que estaban “prácticamente forzadas” a ejercer la prostitución mediante la violencia o amenazas de violencia, pero no encontraron a ninguna como la chica del dibujo.

Los investigadores admitieron también que “para guardarse de las creencias sensacionalistas que se están volviendo prevalentes, es mejor repetir que los agentes de esta comisión no han tenido conocimiento de que todas, ni siquiera la mayoría, de las mujeres y chicas extranjeras que practican la prostitución en los Estados Unidos… hubieran sido oblidadas o engañadas para hacer esa vida”. Sin embargo, el gobierno respondió a estos descubrimientos con una inmensa represión de las libertades de comercio, de movimiento y sexuales tanto de los ciudadanos americanos como de aquellos que deseaban vivir en los Estados Unidos.

Llevados por la suposición de que ninguna mujer mentalmente sana decidiría vender sexo de no mediar una coerción abrumadora, los activistas contra la trata de blancas amalgamaron la trata de blancas imaginaria con todas las formas de prostitución y sexualidad inmoral. Aunque nunca descubrieron una sola mujer que hubiera sido introducida contra su voluntad en el país para vender sexo, los funcionarios de inmigración recibieron instrucciones de frenar esta supuesta avalancha negando la entrada no solo a cualquier mujer de la que sospecharan que era una prostituta, sino también a cualquier mujer que hubiera tenido hijos o relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Entre 1907 y 1911, a cerca de 80.000 mujeres de las que se sospechó que eran prostitutas o sexualmente inmorales se las prohibió entrar a los Estados Unidos. La Oficina de Inmigración comisionó también a agentes para trabajar de incógnito en salones, cafés y estaciones de tren donde se creía que trabajaban prostitutas, haciéndose pasar por agentes del censo y atrapando a prostitutas pidiéndolas relaciones en la calle.

Por lo general, las mujeres inmigrantes detenidas por prostitución eran deportadas. Según la historiadora de la Universidad del Estado de Texas Jessica R.Pliley, autora del libro de próxima aparición Policing Sexuality, para la Oficina de Inmigración “el problema de la trata de blancas era realmente un problema con la prostitución extranjera”. En 1909, la Oficina de Inmigración envió a su principal investigador de la trata de blancas, un hombre llamado Marcus Braun, a Europa para averiguar las causas del flujo de prostitutas extranjeras a Estados Unidos. Braun se quedó atónito al encontrar que en Londres, París, Berlín, Moscú y Bruselas, las prostitutas eran consideradas por las autoridades y la sociedad en general como trabajadoras asalariadas corrientes. Fue aún más sorprendido por las mismas prostitutas, que le dijeron que veían a los Estados Unidos sobre todo como un mercado lucrativo, ya que la moralidad americana limitaba el suministro de competidoras, haciendo así que subieran los precios de su trabajo. Braun concluyó de su investigación que —contrariamente a lo que decía la entonces dominante narrativa de la trata de blancas— no existía una organización internacional de raptores y proxenetas operando para “explotar a las mujeres inocentes y virtuosas”.

Sin embargo, en 1910 el congreso respondió a la incesante histeria aprobando la Ley de Trata de Blancas de los Estados Unidos, mejor conocida como la Ley Mann (por su autor, el congresista de Illinois James Robert Mann), que convirtió en delito transportar mujeres a través de las fronteras de los estados “con fines de prostitución o libertinaje, o con cualquier otro propósito inmoral”. Mann, como los principales defensores de la ley, era un republicano progresista incondicional que defendió la regulación de las líneas férreas, el sufragio de las mujeres y la Ley de Alimentos y Medicamentos Puros. Muchos segregacionistas demócratas del Sur, galvanizados por las historias de hombres negros que comerciaban con mujeres blancas y las compraban, se unieron a los progresistas en apoyo de la ley.

En poco tiempo, cuarenta y cinco estados aprobaron leyes contra la trata de blancas, que fueron usadas (junto con las leyes contra casas desordenadas) para cerrar la mayor parte de los barrios rojos del país, clausurar burdeles en los que las prostitutas gozaban normalmente de la protección de las madamas, y colocar a las trabajadoras sexuales en un circuíto entre asilos, reformatorios, cárceles y calles.

“Dadas estas condiciones” —escribe Ruth Rosen en The Lost Sisterhood (1983), la historia seminal del trabajo sexual en los Estados Unidos— “no es sorprendente que los proxenetas comenzaran a dominar la práctica de la prostitución”. Prohibido legalmente, el trabajo sexual fue transferido de la propiedad femenina al poder masculino. Aunque ciertamente fueron a veces explotadas en los burdeles, “madamas y prostitutas habían ejercido un poder considerable en sus relaciones con los clientes”, escribe Rosen. “Ahora las prostitutas se convirtieron en blancos fáciles tanto de proxenetas como del crimen organizado. En ambos casos, la violencia física sufrida por las prostitutas creció rápidamente”.

Entre las agencias gubernamentales reforzadas por la histeria de la trata de blancas estaba el Bureau of Investigation (BOI), que fue creado en 1008 en parte para investigar la importación y transporte entre estados de prostitutas. Con el mandato ampliado de la Ley Mann, el Bureau creció rápidamente, de unos 60 agentes a más de 350, abriendo una División de Trata de Blancas y operando en todas las principales ciudades del país en tan solo cinco años.

Durante este período, los casos de trata de blancas constituyeron cerca de la tercera parte del trabajo del Bureau. Cuando fue renombrado como Federal Bureau of Investigation en 1935, la agencia había investigado a decenas de miles de americanos por supuesta violación de la Ley Mann. Pliley ha encontrado que una parte considerable de estos casos se trataban no de vicio comercial, sino de relaciones entre hombres mayores y chicas, adulterios, quinceañeas promiscuas y parejas interraciales.

“El movimiento contra la trata de blancas constituyó un eslabón importante del activismo de la Era Progresista”, escribe Pliley, “que buscó purificar el dormitorio de la misma forma que los activistas buscaban limpiar la política, el mercado y las relaciones laborales”. Específicamente, la investigación hecha por el BOI de casos de inmoralidad sexual “sometió los antecedentes de americanos medios de todas las clases sociales al escrutinio del Bureau”.

El caso más famoso de la Ley Mann fue el proceso del campeón de boxeo de pesos pesados negro Jack Johnson, cuyas impúdicas relaciones con mujeres blancas atrajo la ira de los agentes del BOI y del fiscal general de Illinois. Johnson fue declarado culpable de transportar a una prostituta, con la que había estado teniendo relaciones, a través de las fronteras del estado, y fue sentenciado a un año de cárcel y una multa de 1.000 dólares.

Piles aduce que el moderno FBI fue configurado a partir del trabajo de su División de Trata de Blancas, que “transformó el BOI en una auténtica agencia nacional”. La aplicación de la Ley Mann “justificó la petición por parte del Bureau al Congreso de más fondos y estableció su autoridad en la cultura popular”. Y lo más importante, las investigaciones de la trata de blancas “establecieron un   modelo más agresivo para la aplicación de la ley federal que el que existía previamente, buscando tanto prevenir la infracción de la ley como investigar a ciudadanos corrientes, estableciendo por tanto importantes precedentes” de lo que llegó a ser el FBI.

Cuando J. Edgar Hoover asumió la dirección del BOI en 1924, hizo redoblar los esfuerzos del Bureau para controlar policialmente la “inmoralidad interestatal”, más allá del vicio comercial. A lo largo de los años veinte y treinta, el Bureau puso en marcha decenas de miles de investigaciones y logró más de 7.000 condenas por casos de bigamia, de adulterio, de relaciones con “mujeres o chicas previamente castas o muy jóvenes”, o relaciones entre mujeres blancas y hombres no blancos. Tales casos constituyeron la mayor parte del trabajo del Bureau durante ese período. Como señala Pliley, “el crecimiento del Estado norteamericano del siglo veinte se produjo en no pequeña medida mediante el control policial de los cuerpos de las mujeres”.

La histeria de la trata de blancas dio lugar también a uno de los usos más espantosos del poder estatal en la historia de los EE. UU. En varios estados, una condena por “trata de blancas” hacía a una mujer automáticamente elegible para la esterilización. Entre 1907 y 1950, unas 40.000 mujeres fueron esterilizadas a la fuerza, la mayor parte por prostitución o inmoralidad sexual.

Tras la Segunda Guerra Mundial, tanto el término “trata de blancas” como la vigilancia de la sexualidad inmoral perdieron su reputación, y los procesamientos por violaciones de la Ley Mann virtualmente cesaron. Pero en los primeros 2000 surgió una nueva causa que tenía un asombroso parecido con el pánico de los primeros 1900. Después de haber sido mencionada solo esporádicamente durante los noventa, la “trata de seres humanos” explotó en informativos y artículos académicos al comienzo de la era de George W. Bush.

Una búsqueda de Google Académico muestra sólo 50 resultados para el término en 1998, pero 161 resultados en 2000, 293 en 2001, 496 en 2002, 758 en 2003 y 1.100 en 2004. La cifra sigue creciendo hasta aproximadamente 6.000 en cada uno de los últimos tres años. El movimiento contra la trata de seres humanos, o “esclavitud moderna”, es ahora un fenómeno global que supera con creces el alcance de la causa contra la trata de blancas.

Veintisiete millones de personas, se nos dice desde las Naciones Unidas, decenas de ONGs, y el Departamento de Estado de los EE.UU., están sometidas a esclavitud en todo el mundo. Aunque hay un consenso académico general en que la mayor parte de las personas que son coaccionadas a emigrar y trabajar son trabajadores agrícolas y domésticos, la parte del león de la atención de la campaña contra la trata de seres humanos se centra en las trabajadoras sexuales.

Como ocurrió con la trata de blancas, no hay razón para creer que el número real de esclavos en el mundo se aproxime en absoluto a la cifra proclamada. El origen de esta cifra ha sido rastreado por una serie de académicos y periodistas, en particular Laura Agustin, Elizabeth Bernstein, Maggie McNeill, and Ronald Weitzer, y se ha hallado que está relacionado con el trabajo de un solo hombre, Kevin Bales, el fundador del grupo de presión Free the Slaves, que llegó a esa cifra mediante estimaciones, adivinaciones y una definición extensiva de “esclavitud”.

En otro paralelismo con lo que ocurrió hace un siglo, varios académicos han identificado una confluencia del discurso de la trata de seres humanos con peticiones de restricciones a la inmigración. El nuevo pánico ha hecho aparecer también nuevas agencias en los gobiernos municipales y estatales cuya misión de perseguir a los “tratantes” ha dado lugar a la persecución de un número mayor de mujeres que venden sexo por dinero voluntariamente. En Florida, la legislatura del estado está considerando una ley que permitiría la hospitalización psiquiátrica involuntaria de las “víctimas” de trata sexual.

En 2000, la Ley de Protección de Víctimas de Trata creó dentro del Departamento de Estado una Oficina para Monitorizar y Combatir la Trata de Personas, que promueve la cifra de los 27 millones de “esclavos” en su web y en su “objetivo de asistencia en el extranjero e implicación pública en la trata de personas”. Parte de esta asistencia en el extranjero ha llevado a programas en Asia en los que ONGs y gobiernos locales “rehabilitan” a trabajadoras sexuales detenidas obligándolas a trabajar en una fábrica.

La historia del primer pánico sexual de Estados Unidos debería hacernos pensar antes de embarcarnos en una nueva causa cuyos beneficios probablemente serán mínimos en el mejor de los casos pero que casi con toda certeza llevará a más mujeres a la cárcel y pondrá más policías en nuestras vidas.

 

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Thaddeus Russell enseña historia y estudios americanos en el Occidental College. Su libro más reciente es A Renegade History of the United States (Free Press).

Espacio habitable

 Maggie McNeill, 23 de marzo de 2014

 

http://www.cliterati.co.uk/2014/03/habitable-room/

 

“Vestal condenada a muerte”, atribuído a Pietro Saja (circa 1800)

“Vestal condenada a muerte”, atribuído a Pietro Saja (circa 1800)

 

Las vírgenes vestales contaban entre las personas más importantes en la sociedad romana clásica; estaban encargadas de mantener los fuegos sagrados y a cambio disfrutaban de numerosos privilegios. Uno de los más importantes era que sus personas eran sacrosantas; en otras palabras, nadie podía tocarlas sin su permiso, bajo pena de muerte. Y nadie significaba absolutamente nadie, ni siquiera los altos dignatarios del estado; una vestal no podía ser tocada ni siquiera si resultaba convicta del mayor crimen del que podía ser acusada: romper sus votos teniendo sexo o permitiendo que se apagaran los fuegos sagrados. Porque estas faltas se creía que irritaban a los dioses y ponían por tanto en peligro la seguridad de Roma entera, la pena por ellas era la muerte; pero como nadie podía tocar a las vestales para ejecutar la sentencia, solo había una forma de hacerlo: la sacerdotisa deshonrada era enterrada viva. A fin de evitar infringir otra ley contra los entierros dentro de la ciudad, en la tumba se colocaba una candela y una pequeña provisión de comida y agua a fin de establecer la ficción legal de que se trataba de un “espacio habitable” y no de un sepulcro, y se entregaba a la desdichada mujer a una lenta muerte por asfixia para preservar la ilusión de piedad que se habría desvanecido de derramarse su sangre.

Las putas somos en muchos sentidos todo lo contrario que las vestales: estamos tan lejos de ser vírgenes como se puede estar, somos estigmatizadas y rechazadas por nuestras sociedades en lugar de ser honradas por ellas, y somos las responsables de amortiguar los fuegos sexuales de los hombres en lugar de mantenerlos en llamas. Pero en las últimas décadas, ha surgido una doctrina legal que representa a todas las mujeres como indefensas, puras y sagradas; se supone que somos delicadas flores que resultamos irremediablemente dañadas por las malvadas lujurias de hombres brutales, de las que  debe “protegernos” el Sagrado Estado. Las rameras pecan contra este mandamiento por ser seres fuertes y obstinados que tratan con los hombres de igual a igual y hacen de la lujuria masculina una forma de ganarse la vida en lugar de verse “arruinadas” por ella, como el catecismo dice que debería ser. Debemos ser, por tanto, castigadas, pero  como la Sagrada Escritura nos ha declarado víctimas sin culpa, ¿cómo hacerlo? La respuesta es por lenta asfixia, como a las vestales… aunque en este caso por asfixia económica y social, en lugar de asfixia literal.

La tumba disimulada como “espacio habitable” en la que los prohibicionistas quieren sellar a las trabajadoras sexuales se llama el “modelo sueco”; exactamente igual que las personas de las vestales permanecían técnicamente invioladas, las mujeres sometidas a este régimen abominable no son técnicamente penalizadas. Nuestras escasas provisiones consisten en el hecho de que podemos, sobre el papel, realizar nuestro trabajo sin obstáculos. Pero igual que a las vestales la tierra que cubría su “habitación” las impedía conseguir más comida, agua o aire, la prohibición sueca intenta matar de hambre y asfixia a sus víctimas persiguiendo a sus clientes, echándolas de sus casas, acosándolas con vigilancia policial, negándoles las ayudas sociales e incluso robándoles los hijos. Los defensores del modelo sueco llegan incluso a proclamar que las trabajadoras sexuales son “despenalizadas”… exactamente igual que los romanos podrían haber dicho que las vestales condenadas no habían sido directamente ejecutadas.

En toda la historia romana, solo diez vestales fueron condenadas a este horrible destino. Pero desafortunadamente para los locos sueños totalitarios de los prohibicionistas, hay millones de putas en el mundo; sería absolutamente imposible para ellos llegar a enterrarnos a todas alguna vez, independientemente de con cuánto fervor deseen hacerlo. Para llevar adelante su plan de extinguir a tantas de nosotras como sea posible, deben hallar y cerrar cualquier posible rendija por la que pueda fluir sustento económico, y esto significa eliminar nuestros medios de atraer clientes y contactar con ellos. Un aumento de la vigilancia policial debería llevar a las trabajadoras de calle a lugares oscuros y peligrosos donde los Puros y Santos no tengan que verlas, pero el trabajo de calle ha sido siempre una parte menor de todo el trabajo sexual y eso es todavía más cierto ahora gracias a internet (que permite anunciarse de una forma increíblemente barata y con mayor difusión incluso que la que se conseguía hace veinte años en los locales más caros). Prohibir los anuncios de escorts no tiene ninguna efectividad; no hay forma de impedir que la gente oculte anuncios de sexo comercial dentro de otras formas no prohibidas, y no hay casi forma de impedir que los compradores que viven bajo tales regímenes de censura accedan a sitios web alojados fuera de su jurisdicción. Esto irrita totalmente a los prohibicionistas, que son bien conscientes de que las trabajadoras sexuales y los clientes estamos haciendo nuestro negocio justo bajo sus narices; se han embarcado por tanto en una lucha sin cuartel para destruir sus manifestaciones más visibles, sin importarles los costes en derechos humanos. Los prohibicionistas irlandeses han propuesto dar a la policía la potestad de robar los números de teléfonos de las trabajadoras sexuales a fin de convertirlos en trampas para clientes. Los prohibicionistas escoceses, derrotados en su intento de imponer el modelo sueco, están tratando de conseguir apoyo para la censura publicitaria demonizando a los clientes. Y los prohibicionistas americanos están queriendo destruir totalmente internet, como hemos sabido:

…miembros del Congreso han pedido al Fiscal General de los EE.UU., Eric Holder, que procese a Backpage.com por su papel en la prostitución y la trata sexual o que recomiende cambios legislativos que hagan posible el procesamiento… dicen que… decenas de miles de niños son vendidos para el sexo cada año en el país… la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996 protege a los sitios web de ser procesados por el contenido posteado por terceros. Esto significa que un sitio web no puede ser procesado cuando alguien postea un anuncio ilegal en él…

De ser los sitios web responsables del contenido de terceros, no tendrían otra opción que cerrar. Todos: revisiones de Amazon, vídeos de YouTube, comentarios en sitios web, alojamientos gratuitos de sitios como el mío en entidades mayores como WordPress… todos fuera, barridos de la noche a la mañana. Si pensáis que esto solo se aplica a los sitios web americanos, adivinad otra vez; una gran parte de la columna vertebral de internet está en suelo americano, y el gobierno de los EE.UU. se ha dado a sí mismo la potestad de cerrar cualquier sitio web en cualquier país cuando decide que ha violado alguna ley estadounidense, mediante el sencillo expediente de cerrar todo el tráfico hacia el mismo que pase por los Estados Unidos. Y mientras que el artículo citado más arriba restringe su lenguaje a “niños”, otros son más honestos en cuanto a las intenciones de los políticos: 

…la legislación propuesta… permitiría presentar cargos criminales contra los operadores de sitios web que alentaren el comercio sexual ilícito mediante anuncios comerciales… Bajo la Ley de Cese de Anuncios de Víctimas de Explotación, los individuos tendrían que afrontar cargos criminales por promover un anuncio… que… facilite cualquiera de los numerosos crímenes que se producen en el comercio sexual contra niños y adultos, incluyendo… proxenetismo y prostitución. La legislación permitiría también a las autoridades federales eliminar anuncios…

Lo que estos megalomaníacos buscan es nada menos que poder eliminar cualquier anuncio de escort y procesar al sitio web que lo aloje; incluso los sitios web de fuera de los EE.UU. podrían ser atacados, como se describe arriba. Probablemente hay poco riesgo de que se apruebe una ley del tipo de “quemar la casa para asar el cerdo”, o de que supere un recurso, si llegare a ocurrir; los jueces de EE.UU. han demostrado repetidamente que son más inteligentes que los políticos, echando abajo tales leyes cada vez que lo han intentado. Pero el hecho de que sigan intentándolo es una muestra de su odio y su desdén por las mujeres que desean asfixiar en nombre de “proteger” nuestros sagrados cuerpos de la “violación” del sexo consensuado.

El mito de las 40.000 prostitutas en el fútbol

 

Desde el Mundial de Alemania, el fútbol arrastra el mito de que estos eventos deportivos mueven decenas de miles de esclavas sexuales. Diversos estudios desmienten esta falsa suposición, que se reprodujo también en Sudáfrica

 “Los medios deben dirigir la atención sobre las experiencias cotidianas de abuso que estas trabajadoras sexuales sufren bajo un marco jurídico que las criminaliza”

 

(Este artículo se publicó en el número 6 de la revista Líbero)

 

“Es realmente escandaloso. Se habla de importar mujeres para satisfacer los bajos instintos de gente relacionada con el fútbol. Se habla de seres humanos como si fueran ganado, y el fútbol vinculado con ello”. El seleccionador nacional francés, Raymond Domenech, se mostraba consternado: se sabía que el Mundial de Alemania de 2006 provocaría la llegada de 40.000 mujeres, trasladadas contra su voluntad principalmente desde Europa del Este, para comerciar con su cuerpo y su dignidad. Un número tan espectacular que provocó innumerables titulares de prensa, declaraciones institucionales de la UE, la FIFA e incluso una amonestación desde el Congreso de EEUU contra el soccer, como lo llaman. El silogismo era inapelable: un Mundial de fútbol atrae a cientos de miles de hombres, en su versión más troglodita, que querrán satisfacer sus bajos instintos con sexo fácil, de pago.

Pasado el revuelo, un informe de la Organización Internacional para las Migraciones sobre la trata de blancas en aquel torneo concluía que “la estimación de 40.000 [víctimas] carecía de fundamento y era poco realista” (pdf). Esencialmente, porque Alemania había legalizado la prostitución en 2001 y porque el público resultó ser bien distinto del estereotipo de animales sedientos de borracheras y sexo barato: “En cuanto a los fans, muchos expertos señalaron que no había sido un evento predominantemente masculino. Ha habido muchos grupos mixtos, parejas y familias”, decía el texto. A lo largo de aquel Mundial, el Gobierno alemán tuvo noticia de cinco casos de explotación sexual como consecuencia directa del evento: dos búlgaras, un chico húngaro, una checa y una alemana. Muy lejos de lo que hubiera supuesto una avalancha de decenas de miles de “mujeres y niños” como la que anunciaron los medios. De los muchos trabajos publicados sobre aquel evento, sólo uno, realizado por la ONG canadiense The Future Group, concluyó rotundo que sí “hubo un aumento de la demanda [de prostitutas]” pero no de la trata de blancas hacia el país: “Si bien la prostitución aumentó, el número de casos de trata de personas no aumentó sustancialmente”. Sin embargo, en los días previos al Mundial la idea de las 40.000 prostitutas enviadas como ganado a Alemania se había consolidado de tal modo que hasta el Parlamento Europeo aprobó una declaración que obligaba a Berlín a tomar una serie de medidas para evitar que tal mercadeo inmoral tuviese lugar. Incluso la FIFA tuvo que negar, avergonzada, estar manteniendo una “pasividad” permisiva, y defendió que como organización deportiva no tenía mucho que hacer frente al problema del tráfico de seres humanos. Una vez pasado el torneo, Alemania redactó un informe oficial con sus conclusiones: no hubo “aumento significativo” en el número de “estancias ilegales en relación con la práctica de la prostitución”.

EEUU contra el ‘soccer’

EEUU aprovechó aquellos días para distanciarse del soccer, este deporte que supera en popularidad global a los que allí practican: el Congreso dedicó en Washington DC una sesión monográfica de su Comisión de Derechos Humanos, titulada Los burdeles del mundial de Alemania: 40.000 mujeres y niños en riesgo de explotaciónEn aquella sesión, celebrada un mes antes de que corriera la pelota por el Allianz Arena de Múnich, la medalla más grande se la colocó el congresista republicano por Nueva Jersey Chris Smith: “Alemania, al legalizar el proxenetismo y la prostitución en 2001, hace legalmente posible que los fans del Mundial violen libremente a mujeres en burdeles o en unidades móviles diseñadas específicamente para este tipo de explotación”. Hace unos meses, Smith votó en contra de la nueva Ley de Violencia de Género impulsada por Barack Obama.

Lo cierto es que la mayoría de estudios concluyen que ese estereotipo de fútbol arrastrando machos insensibles se diluye año a año; más aún con motivo de los grandes eventos, que convocan a un público más familiar que el que podría darse en un partido de Champions, por ejemplo. Lo cierto es que, aunque los datos son escasos y el problema es difícil de abordar fríamente, ya se venían recogiendo algunas informaciones sobre la influencia de los Mundiales en la trata de blancas desde hace años con resultados alejados del tópico. Las autoridades francesas (Mundial de 1998) y portuguesas (Eurocopa de 2004) concluyeron que no hubo cambios notables en el ecosistema de la prostitución en las ciudades en que se celebraron partidos.

No obstante, el primer evento deportivo que ofreció datos firmes de aumento de la prostitución fueron los Juegos Olímpicos de Atenas de 2004: alertadas previamente, las autoridades multiplicaron la persecución de la trata y el número de casos de personas explotadas sexualmente creció un 95% con respecto al mismo periodo de 2003. Muchos autores consideran que el dato se explica sobre todo por el aumento de la presión policial, ya que en 2005 el número de casos volvió a crecer un 43%.

No hubo más prostitutas en Sudáfrica

La última experiencia del desfase entre expectativa y realidad se vivió en 2010, en el ya mítico Mundial de las Vuvuzelas que ganó el derechazo de Iniesta. ¿Qué cifra de mujeres obligadas a prostituirse se publicó antes de que tuviera lugar el evento? De nuevo, 40.000 esclavas sexuales llegarían a Sudáfrica, según aventuró incluso su Ministerio de Sanidad, lo que provocó una alarma mayor si cabe al tratarse de un país especialmente golpeado por el sida. Tanto es así que, por ejemplo, el Reino Unido envió 42 millones de condones tras la advertencia del presidente Zuma de que harían falta mil millones de preservativos para atender la avalancha de prostitutas y futboleros ávidos de sexo.

Un estudio previo sobre lo que cabía esperar de esos días de torneo, realizado por la sudafricana Universidad de Stellenbosch, se tituló Sexo, Sol y Soccer, ilustrando bastante bien lo que se pensaba de los aficionados al fútbol. La investigadora Birgit Sauer, de la Universidad de Viena, resumió con estas palabras la percepción que se instaló en todo el mundo a partir del Mundial de Alemania: “Políticos y organizaciones de mujeres asumieron una estrecha relación entre fútbol, masculinidad y prostitución. Florecieron fantasías sobre la demanda de sexo de pago durante la Copa del Mundo; donde hay hombres rodeados por la euforia del deporte, debe haber demanda de prostitución: ya sea para disfrutar de la hombría victoriosa o para aliviar la frustración tras el partido”.

Afortunadamente, en el caso africano sí se realizaron estudios concluyentes que permitieron leer de forma fiable lo sucedido. Varios trabajos se han publicado desde entonces, la mayoría conducidos por la investigadora Marlise Richter, del African Centre for Migration and Society. A través de entrevistas con más de 1.800 prostitutas locales realizadas antes, durante y después del torneo, Richter pudo determinar que, en realidad, no hubo apenas cambios en el mercado del sexo en Sudáfrica. Antes, durante y después del Mundial, sin alteraciones, las prostitutas se vieron con una media de 12 clientes por semana; un máximo del 5%-7% de la clientela quiso tener sexo sin condón; y el servicio costaba en torno a 13 dólares. Y sólo un residual 1% o 2% de las prostitutas eran de fuera de la ciudad. La principal diferencia, también detectada en Alemania, es que las trabajadoras del sexo sufrían mayor presión policial.

“Los programas de salud pública centrados en el trabajo sexual y la prevención del VIH durante eventos deportivos internacionales deben basarse en evidencias científicas, y no en el sensacionalismo mediático que realza aún más la discriminación contra las trabajadoras sexuales y aumenta su vulnerabilidad”, explica Richter. Desde su perspectiva, los medios de comunicación generan alarma social al hacer amarillismo sobre la expansión de la industria del sexo durante torneos internacionales, poniendo el énfasis en un lugar equivocado: “Los medios deben dirigir la atención sobre las experiencias cotidianas de abuso que estas trabajadoras sexuales sufren bajo un marco jurídico que las criminaliza”, denuncia la investigadora.

 

 

 

 

Respuesta de Bella Robinson al Congreso de los Estados Unidos

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Respuesta de Bella Robinson al Congreso, ya que no parece que me vaya a dejar  opinar

http://www.voanews.com/content/us-lawmakers-introduce-child-sex-trafficking-bill/1715991.html

 

¿Por qué no le preocupa al Congreso que todas y cada una de las principales ciudades tenga miles de chicos de entre diez y veinte años de edad sin hogar, y después de que estos chicos entren en el comercio del sexo para sobrevivir, mágicamente se preocupen y encuentren camas en centros de acogida que suelen estar vacíos el 90% del tiempo?

¿Por qué seguimos confundiendo trabajo sexual con trata sexual, ya que en esta última redada nacional también se detuvo a más de 800 adultos con libertad de decisión, pero sólo mencionan a 101 víctimas y 100 chulos? Y ya que chóferes, recepcionistas, novios y cualquiera que ayude a una trabajadora sexual es considerado un chulo y cualquier acto de sexo comercial es considerado trata, nos preguntamos cuántas de estas 101 personas eran, incluso, auténticas víctimas.

En los últimos 20 años, más de 14,5 millones de estadounidenses han sido detenidos por prostitución y conducta desordenada, y sin embargo hubo menos de 4.500 víctimas de trata en estos 20 años. El Departamento de Justicia y el FBI siguen publicando información falsa diciendo que 300.000 menores son explotados en los EE.UU., pero al parecer no pueden encontrarlos. Estas políticas irresponsables deben cesar para proteger tanto a las víctimas como a las trabajadoras sexuales. La criminalización lo único que hace es crear el escenario perfecto para que los predadores y los malos policías roben, violen, exploten y asesinen a las trabajadoras sexuales y a las víctimas. A las trabajadoras sexuales se les niega también asistencia como víctimas cuando denuncian actos de violencia, ya que son consideradas criminales.

¿No ha visto el Congreso la película recientemente estrenada “American Courtesans” que es el único documental hecho por las mismas trabajadoras sexuales?

¿Por qué no estamos hablando de los 300 policías que han cometido abusos sexuales contra menores y han sido condenados a menos de 3 años, o de los curas que violan a nuestros chicos bajo apariencia de religión? Mi investigación ha demostrado que el número de escorts que se anuncian por Internet se ha doblado en los últimos 2 ó 3 años. Si tienes una edad entre 15 y 30 años, hay una probabilidad del 80% de que estés desempleado, e incluso aquellos que tienen empleo trabajan por un sueldo de esclavo que no les llega para vivir. Así que pregunto al CONGRESO por qué gasta al año 250 millones de dólares en campañas de concienciación cuando ni siquiera ha implementado la provisión de servicios directos a las víctimas. La solución está en proporcionar a los menores y a las mujeres casa, sanidad, consejo y educación a largo plazo, lo que les permitirá conseguir trabajos con sueldos que les permitan vivir. Se necesita que estos servicios estén disponibles para todas las mujeres y niños, independientemente de que quieran salir de la industria del sexo. ¿Qué es esta enfermiza necesidad de avergonzar y culpar a las personas por intentar sobrevivir? Debemos empezar por decir al público la VERDAD: que los policías pueden tener legalmente sexo con mujeres y menores y les arrestan por prostitución bajo guisa de trata. Qué pasaría si permitiéramos a las víctimas y a las trabajadoras sexuales llamar y denunciar a quien nos está amenazando, está intentando explotarnos, está violándonos y robándonos o a aquellos que han intentado asesinarnos. Para respaldar mis afirmaciones, aquí están algunos enlaces con las estadísticas correctas tomadas de los sitios web del FBI y del Departamento de Justicia, estadísticas que no son lo que se está informando al público. http://www.iswface.org/

http://www.policeprostitutionandpolitics.com/pdfs_all/Truth_about_sex_trafficking/Cops_prostitutes_child_sexual_exploitation_Sex_Trafficking.pdf

Cualquiera que no apoye los derechos de las trabajadoras sexuales está promoviendo la violencia contra las trabajadoras sexuales y las víctimas de trata. Si quieres ser parte de la solución y no del problema, apoya, por favor, nuestro demanda judicial,

Nuestra demanda judicial  (esplerp.org)
http://www.youtube.com/watch?v=NwBbtUu_oTI

En Rhode Island, la prostitución de interior fue despenalizada de 1979 a 2009, cuando los que aplican la ley insistieron en que criminalizarnos era el único modo de rescatar a las víctimas de trata sexual, pero han pasado casi 5 años y todavía no han encontrado a ninguna víctima de trata en Rhode Island. Durante más de 30 años las trabajadoras sexuales tuvieron libertad para trabajar en casa, en hoteles o en spas, y esos negocios pagaban impuestos y gastaban su dinero en los comercios locales. Atraparon al asesino de Craigslist porque después de que mató a la chica en Boston fue a Rhode Island y robó a una escort, y ésta llamó al 911, ya que no tenía miedo de ser detenida, y así fue atrapado.

Es hora de que dejemos de intentar abolir la prostitución bajo el disfraz de trata, ya que la policía no puede controlar ni siquiera el 1% de la industria del sexo en un buen día.

Aquí está mi experiencia de cuando intenté informar de una auténtica víctima que estaba siendo explotada y nadie se molestó en investigar.

http://legalizetoprotect.blogspot.com/2012/08/common-nightwalkers-disabled-escorts.html

Así que pregunto al CONGRESO: ¿cuántas trabajadoras sexuales hace falta que sean asesinadas antes de que veáis las ENORMES violaciones de derechos humanos? No olvidemos que incluso la cláusula antiprostitución fue derogada por ser inconstitucional. Sin duda, muchas otras leyes referidas a la prostitución de interior son también inconstitucionales. El congreso ha hecho algunas afirmaciones bastante tontas, “necesitamos acabar con la trata y con toda la prostitución para detener el VIH”, que no son ciertas sólo porque lo haya dicho el Congreso.

Las trabajadoras sexuales son vuestras hermanas, madres, primas, tías, hijas y vecinas y son PERSONAS que merecen el derecho de llamar al 911 y denunciar la violencia. La policía se refiere a las trabajadoras sexuales como NPI, por “No Personas Implicadas”, y está promoviendo la violencia contra los miembros más vulnerables de la sociedad.

El otro problema es que, si yo puedo descubrir la verdad, ¿por qué los medios siguen publicando todos estos mitos y falsedades acerca del trabajo sexual y lo llaman trata? ¿Por qué se permiten los medios formar parte de la Caza de Brujas Moral?

¿Quizás es porque la promoción de los crímenes de odio contra las trabajadoras sexuales es lo que vende en los medios?

Es hora de cambiar la percepción social de que “ella no era una persona, ella era una ‘prostituta’”. Nadie quiere tener un sentimiento de comunidad o semejanza con ella.  Ella era algo distinto a nosotros y por tanto no necesitamos sentir miedo o pena por el hecho o el modo de su muerte.

Para más información, contactar con bella@coyoteri.org
http://coyoteri.org/index.php