Pide a la ministra Leire Pajín (¿Irene Montero?) que escuche a las trabajadoras del sexo

 

Corría el año 2011…

 

https://www.change.org/p/pide-a-la-ministra-leire-paj%C3%ADn-que-escuche-a-las-trabajadoras-del-sexo-2

 

 

Colectivo Hetaira ha iniciado esta petición dirigida a Ministra de Sanidad y 2 otros/as

 

Las asociaciones en defensa de los derechos de trabajadoras y trabajadores del sexo AmbitPrevenciò (Barcelona); AMTTTSE (Asociación de Mujeres, Transexuales y Travestis como Trabajadoras Sexuales en España, Málaga); APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía); CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, Murcia); COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid); CTSX (Comité de Trabajador@s del Sexo, Madrid); Genera (Barcelona); Colectivo Hetaira (Madrid); SIDALAVA (Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava); Stop Sida y las personas firmantes de esta petición instamos a Doña Leire Pajín, ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, a que atienda las necesidades de este sector de mujeres que es ignorado sistemáticamente y es excluido de las políticas de igualdad:

1. Escuche a trabajadoras y trabajadores del sexo y atienda sus demandas y reivindicaciones y diferencie las situaciones de trata de la prostitución voluntaria, estableciendo políticas enfocadas a garantizar los derechos de TODAS las personas que ejercen la prostitución.
2. Priorice y garantice los derechos de las víctimas de trata, independientemente de su colaboración con la justicia. Freno a los internamientos en centros de extranjería y freno a las expulsiones de prostitutas.
3. Paralice las normativas municipales que conculcan la libre circulación de las prostitutas, criminalizan, estigmatizan y empeoran sus condiciones de vida y trabajo.
4. Reconozca derechos para quienes deciden trabajar en prostitución por decisión propia.

Una explicación más detallada:

1.- A pesar de los datos manejados por instituciones internacionales de la solvencia de la ONU, que cifran que en Europa 1 de cada 7 prostitutas es víctima de trata, las autoridades de nuestro país siguen aumentando esa cifra hasta el 90% sin que exista ninguna investigación que lo avale. (El País, 30/06/2010: “Europa tiene a 140.000 mujeres esclavizadas en la prostitución… Una de cada siete prostitutas, recalca el informe —elaborado por los relatores de la ONU con sus datos y otros recopilados por los países, las fiscalías, la policía y las ONG—, es víctima de la trata en Europa. Una cifra muy inferior al 90% que baraja el Ministerio de Igualdad, que incluye a mujeres víctimas de explotación y no solo de trata”). Esta magnificación de la realidad de la trata implica negar, en la práctica, la existencia de quienes ejercen la prostitución voluntariamente, a quienes se les niega sistemáticamente la posibilidad de expresarse y ser consideradas interlocutoras válidas ante las instituciones. (Así, se extiende la idea de que prácticamente TODA la prostitución es coaccionada y se niegan los derechos de quienes ejercen la prostitución por decisión propia impidiendo que mejoren las condiciones laborales en las que lo hacen. Esta victimización extrema de las prostitutas impide responder a las necesidades tanto de las víctimas de trata como de quienes ejercen de manera voluntaria).

2.- Después de dos años de puesta en práctica del Plan Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, las víctimas de trata continúan sin ser bien atendidas pues se prioriza la persecución de las mafias por encima de los derechos y la protección de éstas (El País, el 19/10/2010: “Poca asistencia a las víctimas y un número ‘reducido’ de permisos de residencia para las damnificadas”, según Cecilia Malmström, comisaria europea”). En muchos casos, además, son consideradas exclusivamente como inmigrantes irregulares y son obligadas a volver a sus países aún cuando implique serios problemas de seguridad para ellas (Europa Press, octubre de 2010: “Se detuvieron a ocho mujeres más por estancia ilegal en España, que se encuentran en estos momentos en el CIE de Málaga, y también se llevaron a cabo seguimientos y registros en tres locales de alterne de la provincia de Huelva”).

3.- En relación a la prostitución voluntaria, las normativas municipales que están aprobando los ayuntamientos de muchas ciudades y pueblos tienen como consecuencia la criminalización (social) de esta actividad. Esto supone una mayor vulnerabilidad para las trabajadoras y un empeoramiento de las condiciones de trabajo. La persecución de los clientes implica que los tratos sean más rápidos y clandestinos repercutiendo en contra de las trabajadoras. Estas normativas, además, aumentan el estigma social contra las prostitutas y dan alas a que cualquiera se sienta con derecho a insultarlas, agredirlas o atacarlas.

4.- Por último, la medida estrella en la lucha contra la trata, anunciada a “bombo y platillo” por la ex ministra de Igualdad Bibiana Aído, de prohibir los anuncios de prostitución en la prensa escrita es una medida encaminada a combatir la prostitución en general y no la trata. La trata de seres humanos es un delito castigado en el Código Penal que no se anuncia en la prensa. Si así fuera, su existencia sería un instrumento privilegiado en la lucha contra ella. Por el contrario, quienes se anuncian suelen ser, mayoritariamente, trabajadoras del sexo voluntarias y en gran medida autónomas. Su prohibición implica un recorte de sus derechos y obligarlas bien a que capten su clientela en la calle (con la persecución que hoy se está dando al calor de las nuevas normativas municipales) bien a que trabajen en clubes, dependiendo de terceros, que frecuentemente establecen unas condiciones de trabajo abusivas para ellas, sin que se esté interviniendo para evitarlo.

Prostitución y regulación

 

YSABEL TORRALBO PORTAVOZ EN EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA AHORA

 
25 enero 201611:38

 
http://www.diariosur.es/opinion/201601/25/prostitucion-regulacion-20160125004659-v.html

 

Cuando hablamos de prostitución nos adentramos en terreno resbaladizo. Para empezar, bajo ese mismo término, a veces se mezclan dos realidades bien diferentes: por un lado, el tráfico y la trata de mujeres, contra el que no hay que escatimar medios, y por otro el trabajo sexual voluntario, del que quiero hablar. Digo voluntario, y no libre, de manera consciente, puesto que con tasas de paro escandalosas y precariedad rampante como la nuestra, casi nadie elige libremente en qué trabajar.

 
Es un terreno resbaladizo también porque entran en juego muchos factores delicados: la violencia patriarcal, el abuso contra las mujeres, la moral, pero también el derecho a elegir sobre nuestro cuerpo, las regulaciones laborales, la criminalización y, sobre todo, la hipocresía. Todo el mundo tiene su opinión sobre la prostitución, incluso nos permitimos legislarla y, desde luego, muchos hombres, principalmente, hacen uso de ella. Sin embargo, casi nunca se presta atención a quienes más tienen que decir: las propias trabajadoras sexuales.

 
Las corrientes abolicionistas, que no siempre llegan desde posiciones conservadoras o el feminismo institucional, consideran el trabajo sexual como una variante más de la violencia patriarcal sobre las mujeres: bajo ese prisma, en lugar de un servicio prestado por una mujer, su cuerpo se volvería mercancía utilizada por el hombre. Partamos de que rechazo cualquier forma de abuso sexual. Sin embargo, entiendo que hay abusos que a menudo también se dan en el mercado laboral o son frecuentes dentro de la pareja, sin que por ello nos planteemos abolir el trabajo o el matrimonio. Como feminista, estoy convencida de que debemos abordar el abuso de la sexualidad subalterna en nuestra sociedad, pero no desde la criminalización -a lo que ha contribuido la Ley Mordaza-, la victimización -como ciertas corrientes abolicionistas- ni la invisibilización -en la línea conservadora- de los múltiples sujetos afectados.

 
Si no queremos caer en la condescendencia o la prepotencia, ambas caras de una misma moneda machista, debemos escuchar a las propias trabajadoras. Uno de las quejas habituales de los colectivos de trabajadoras sexuales es precisamente ese: se decide en su nombre, como si se tratara de mujeres en minoría de edad intelectual.

 
Esa fue una de las mayores preocupaciones que tuvimos en Málaga Ahora al redactar nuestra parte programática sobre feminismos. Por fortuna, en nuestra ciudad contamos con la Asociación de Mujeres Transexuales y Trabajadoras de Sexo (AMTTSE), cuyo discurso, perfectamente articulado, se me antoja más legítimo que el de tantas voces que, sencillamente, las ningunea. Decía hace poco Íñigo Errejón que habría que garantizar que las mujeres no sean discriminadas laboralmente y tengan independencia económica, de manera que la prostitución supusiera la última salida a la pobreza. Después, se deberían otorgar todos los derechos y obligaciones laborales para quienes quieran ejercer, como autónomas o en cooperativas. Son ideas en consonancias con las dos principales reivindicaciones de la AMTTSE: derogación de la actual ordenanza municipal y regulación de su actividad.

 
Regular, como vemos, no significa convertir a las trabajadoras de los clubs en falsas autónomas, como pretende Ciudadanos, o esconderlas en zonas periféricas, como intenta el PP. Por otro lado, la actual ordenanza, que en principio debería multar a clientes y trabajadoras, en la práctica persigue casi exclusivamente a estas últimas: durante la primera mitad de 2015, tan sólo 24 multas de 134 recayeron sobre clientes. En otras palabras, no solo no se garantiza salidas para las mujeres que prefieran otra opción, sino que se las criminaliza. De ahí que esa dos reivindicaciones vayan en sentido contrario al modelo de Suecia, cuya ley de 1999 prohíbe en la práctica el trabajo sexual. Este país, junto a Noruega, es el que suele citar el abolicionismo.

 
Dejemos a un lado las enormes diferencias entre nuestro país y el Estado de Bienestar y tasas de paro escandinavas. Digamos que en 2010 Suecia hubo de duplicar (de seis a doce meses) las penas para los clientes, ante la ineficacia de la ley. De hecho, esta ley ha sido reprobada por 560 ONG y organizaciones de la sociedad civil, así como 86 académicos e investigadores que instan a los otros Estados de la Unión Europea a no adoptarla. La Policía Sueca ha demostrado que el trabajo sexual ahora se ejerce en la clandestinidad y ha aumentado la vulnerabilidad de las trabajadoras. Los salones de masaje Thai que ofrecen servicios sexuales en Estocolmo, por ejemplo, han aumentado. El principal problema, de nuevo, parece ser que se mezcló la trata de mujeres con el trabajo sexual, un error legislativo de bulto, y que una vez más se despreció la voz de las trabajadoras.

 
¿Qué opinión tengo sobre las mujeres que por unos u otros motivos deciden ejercer la prostitución? Solo una: que nuestra opinión no es relevante. Empecemos por cambiar eso.

La futura Ley de Seguridad Ciudadana vulnera derechos fundamentales de las trabajadoras del sexo

NOTA DE PRENSA.

Madrid, 9 de diciembre de 2014.

Plataforma por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo: “La futura Ley de Seguridad Ciudadana vulnera derechos fundamentales de las trabajadoras del sexo”

 
La Plataforma por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo, de ámbito estatal, reunida el 4 de diciembre en Madrid, se opone a la aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que implica para la ciudadanía en general un gran recorte en derechos fundamentales y libertades.

 
Además, en lo que afecta a nuestro ámbito de trabajo, el anteproyecto criminaliza al colectivo de personas que ejercen la prostitución. Desde el Gobierno se ha argumentado que se trata de una Ley que «solo”penalizaría al cliente, sin embargo, en el redactado, vemos que son las trabajadoras del sexo que captan su clientela en los espacios públicos quienes serán penalizadas de manera más severa, ya que podrán ser acusadas de desobediencia o resistencia a la autoridad, con graves consecuencias en sus vidas. Así queda explicitado enlos artículos 36.11 y 36.6.

 
Desde la Plataforma por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo denunciamos que la ejecución de este Anteproyecto se traducirá, para quienes ejercen la prostitución en las vías públicas del Estado español, en persecución y acoso, que lejos de solucionar ningún problema social, de convivencia, o de seguridad ciudadana, empeorará más si cabe las condiciones en las que se ejerce esta actividad. Contribuirá al aumento de la vulnerabilidad porque se verán obligadas a ejercer en lugares más alejados y a negociar las condiciones del servicio sexual de manera más rápida y clandestina, lo que supondrá una pérdida de control en la negociación del preservativo, el precio, las prácticas, etc.

 
Esta Ley vulnera derechos fundamentales reflejados en la Constitución de 1978 (el derecho a la dignidad art. 10, derecho a la igualdad sin discriminación de circunstancia personal o social art. 14, derecho a la libertad y a la seguridad art. 17, derecho al trabajo art. 35, derecho al progreso social y a la formación y readaptación profesional art. 40, derecho a la salvaguardia de los derechos económicos y profesionales art. 42, derecho a la salud art. 43) y, a su vez, la penalización de una actividad que no es delito en el Estado español, ya que ni ejercer la prostitución, ni solicitar servicios sexuales remunerados están tipificados como tales en el C.P. Todo esto generará un clima de inseguridad e indefensión y, por tanto, incrementará la vulnerabilidad ante cualquier tipo de violencia. Siendo, sus consecuencias, mucho más graves cuando afecten a personas que puedan ser víctimas de trata o víctimas de cualquier otra violencia machista, sobre las que el Estado tiene una responsabilidad directa.

 
Esta Ley de “Protección” de la Seguridad Ciudadana sienta las bases de la prohibición de la prostitución en el espacio público, favoreciendo solamente los intereses de los empresarios de los locales, donde las mujeres carecen de cualquier ley que proteja sus derechos, dado que no existe un reconocimiento de la prostitución como trabajo.

Desde la Plataforma estatal por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo, reivindicamos el reconocimiento y la defensa de derechos de ciudadanía, entre ellos los derechos laborales que contribuyan a proteger a las personas que ejercen la prostitución frente a los abusos que ya sufren. Igualmente exigimos la no criminalización de su actividad, a pesar de que, recordémoslo, la prostitución no es un delito.

La plataforma por los derechos delas personas trabajadoras del sexo está conformada por:

. Ambit Prevenciò/ Ambit Dona.Cataluña. http://www.fambitprevencio.org/

. Asociación de MujeresTransexuales y Travestis Trabajadoras del Sexo en España (AMTTTSE). Málaga

. Asociación Pro Derechos Humanosde Andalucía (APDH). http://www.apdha.org/

. Asociación de Profesionales delSexo (APROSEX). Cataluña. http://www.aprosex.org/

. Associaciò en defensa dels drets de les dones- Genera. Cataluña. http://www.genera.org.es/

. Colectivo Hetaira. Comunidad deMadrid. http://www.colectivohetaira.org/

. Col.lectiu Lambda. ComunidadValenciana. http://www.lambdavalencia.org/es/

. Colectivo de Lesbianas, Gays,Trasexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM). http://www.cogam.es/

. Comité de Apoyo a lasTrabajadoras del Sexo (CATS). Región de Murcia. http://www.asociacioncats.org/

. El Lloc de la Dona. Cataluña. http://www.llocdeladona.org/es/

. Fundación Triángulo. Estatal. http://www.fundaciontriangulo.org/

. Prostitutas Indignadas. Barcelona.https://prostitutasindignadas.wordpress.com/