Amnistía Internacional y SWOP-EE.UU. Desvelando los misterios de la despenalización total del trabajo sexual consensual. Somos más fuertes juntos.

 

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1 Amnistía Internacional y SWOP-USA. Desbloquear los misterios de la despenalización total del trabajo sexual consensual. Somos más fuertes juntos.

 

2 “Las trabajadoras sexuales son uno de los grupos más marginados en el mundo que en la mayoría de los casos se enfrentan a un riesgo constante de discriminación, violencia y abuso. Nuestro movimiento mundial allanó el camino para la adopción de una política de protección de los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual, lo que ayudará a conformar el trabajo futuro de Amnistía Internacional sobre este importante tema “.

 

3 En agosto de 2015, Amnistía Internacional votó a favor de recomendar la despenalización total para el trabajo sexual consentido, lo que una vez más desencadenó la controversia mundial sobre si las trabajadoras sexuales deberían o no tener garantizados sus derechos humanos. La resolución recomienda que Amnistía Internacional desarrolle una política que respalde la despenalización total de todos los aspectos del trabajo sexual consentido. La política también llamará a los Estados a garantizar que las trabajadoras sexuales disfruten de protección legal plena e igualitaria contra la explotación, la trata y la violencia. Las violencias a las que pueden estar expuestas las trabajadoras sexuales incluyen la violencia física y sexual, el arresto y la detención arbitrarios, la extorsión y el acoso, la trata de personas, las pruebas forzadas de VIH y las intervenciones médicas forzadas. También pueden ser excluidas de los servicios de atención médica y vivienda y otras protecciones sociales y legales.

 

4 ¿Cuál es la diferencia entre el trabajo sexual y la trata sexual? La trata de personas es una violación atroz de los derechos humanos que involucra la amenaza o el uso de la fuerza, el secuestro, el engaño u otras formas de coerción con el propósito de la explotación. Esto puede incluir trabajo forzado, explotación sexual, esclavitud y más. El trabajo sexual, por otro lado, es una transacción consensual entre adultos, donde el acto de vender o comprar servicios sexuales no es una violación de los derechos humanos. Las organizaciones de trabajadoras sexuales se oponen a la explotación y pueden estar bien posicionadas para derivar a las víctimas de trata a los servicios apropiados. Confundir la trata con el trabajo sexual puede ser perjudicial. Muchas iniciativas antitrata consideran a todas las trabajadoras sexuales como víctimas, reubicándolas o deteniéndolas en las llamadas casas de seguridad en contra de su voluntad. Otras iniciativas, como las que cerraron burdeles, han privado a las trabajadoras sexuales de su autonomía, ingresos y condiciones laborales seguras. Esas iniciativas han fomentado la desconfianza entre las autoridades y las trabajadoras sexuales, han empujado el trabajo sexual a la clandestinidad y dificultado el alcance de la salud pública.

 

5 Amnistía Internacional considera aborrecible la trata de personas en todas sus formas, incluida la explotación sexual, y debe tipificarse como una cuestión de derecho internacional. Esto es explícito en esta nueva política y en todo el trabajo de Amnistía Internacional.

 

6 Despenalización La despenalización significa la eliminación de las sanciones penales y administrativas que se aplican al trabajo sexual, lo que permite que se rija por la legislación laboral y las protecciones similares a otros trabajos. Se preocupa principalmente de las reglamentaciones que mejoran la salud y la seguridad de las trabajadoras. En un entorno totalmente despenalizado, una trabajadora sexual podría acceder más fácilmente a la atención médica y a la vivienda. La legalización, por el contrario, crea regímenes regulatorios estrechos basados ​​en otras preocupaciones y objetivos, como la salud de los clientes, los impuestos o la moralidad pública. La legalización puede incluir regulaciones que limitan los derechos y protecciones de las trabajadoras del sexo, como las pruebas obligatorias del VIH. Esto puede estigmatizar aún más a las personas que ejercen el trabajo sexual. La legalización también podría crear mecanismos de abuso por parte de las autoridades. Por ejemplo, en los Países Bajos, donde el trabajo sexual está legalizado, las fuerzas del orden público han allanado los hogares de trabajadoras sexuales sin una orden judicial y llevado a cabo detenciones masivas de trabajadoras sexuales veladas como operaciones antitrata.

 

7 La despenalización total del trabajo sexual consentido significa que los compradores y vendedores de servicios sexuales no pueden ser discriminados con fines de arresto, vivienda, atención médica, transporte y / o beneficios públicos. También significa que si son víctimas de un delito (como violación, violencia doméstica e incluso trata) pueden denunciar estos crímenes directamente a la policía sin temor.

 

8 Problemas con la legalización Ampliamente presentado como un enfoque más tolerante y pragmático, el modelo legalizado aún penaliza a las personas que ejercen el trabajo sexual que no pueden cumplir o no cumplirán por la razón que sea diversos requisitos burocráticos y, por lo tanto, conserva algunos de los peores daños de la criminalización. Excluye de manera desproporcionada a las trabajadoras del sexo que ya están marginadas, como las personas que usan drogas o que son indocumentadas. Esto hace que su situación sea más precaria y, por lo tanto, refuerza el poder de los gerentes inescrupulosos. Nevada tiene un sistema de prostitución altamente regulado y legalizado como lo hace Alemania. España e India tienen trabajo sexual legal no regulado. Australia y Nueva Zelanda han despenalizado las políticas en algunos lugares. Suecia y Noruega tienen implantadas dos políticas altamente polémicas.

 

9 Los modelos nórdicos despenalizan la venta de sexo, pero hacen que sea ilegal comprar servicios sexuales.

PROS El modelo nórdico muestra una reducción del daño real, que no puede ser descartado de forma aislada. La tasa de trabajadoras objeto de trata disminuye drásticamente, porque la cantidad total de comercio sexual disminuye. Al mismo tiempo, la venta de sexo se despenaliza, por lo que las leyes no victimizan más a las personas que optan por vender sus servicios. Sin temor, pueden buscar ayuda de la policía si se sienten coaccionadas o abusadas ​​de alguna manera. Las vendedoras tienen todos los derechos para determinar las condiciones en las que participan en el comercio sexual con sus cuerpos.

CONTRAS El sistema de justicia penal Suecia está diseñado para proteger a las personas que ejercen el trabajo sexual, pero en realidad no es así. Debido a que los clientes todavía son criminalizados, esto hace que el trabajo sexual sea más clandestino. Las relaciones con la policía y los propietarios a menudo son divisivas y aún existe un abuso generalizado. Cuestiones como la custodia de los hijos se han convertido en un punto de tensión. Las mujeres son despojadas de su autonomía y sus derechos para hacer con su cuerpo lo que deseen.

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¿Qué quieren estes putes?

Por Paula Vip

Miércoles 3 de enero de 2018

 

http://colectivocaye.org/DailyCaye/spip.php?article9

Las y los trabajadores sexuales (putas y putos) son seres complejos y difíciles de comprender.

Son sujetos incomprensibles para la sociedad, porque no cabe duda de que la suya es una labor desagradable y sucia. Machista y degradante. ¿Por qué entonces, algunas de ellas se empeñan en querer decirnos que es un trabajo tan digno como otro cualquiera?

¿Cómo pueden las putas hablar de dignidad si lo único que quieren de ellas los puteros, los prostituidores que compran esos cuerpos, es someterlas a sus más bajos instintos, llenarles con sus grandes y purulentos penes cuantos agujeros tengan y rebosarlos de semen putrefacto, fruto de tanto follar con otras prostituídas infectadas, claro está.

En realidad, ¿qué sabrán las putas de dignidad si lo que hacen cada día es lo más indigno que puede hacer una mujer?

¿Cómo se atreven a levantar la voz y reclamar derechos? ¿Derechos para qué?

¡Resulta incoherente pedir derechos para ser violadas. Claramente estas mujeres no saben lo que dicen!

Estas putas se han vuelto locas, son unas mentirosas y venden humo, uno tan apestoso como resultan ser ellas mismas, para que no veamos con claridad la única verdad factible y es que NO existe el mal llamado “trabajo sexual”. Es simplemente la degradación de la mujer en estado extremo, la feroz querencia y la férrea voluntad del hombre, de romper vaginas infectadas y anos sucios para poder terminar usando las bocas de esas pobres mujeres, inundándolas de semen y convirtiéndolas en contenedores de ese maloliente y asqueroso esperma de muerte e infección.

Ellos, los puteros, los prostituidores, los violadores, quieren vírgenes, niñas, embarazadas, mujeres desdentadas que no puedan morderles, de grandes tetas y pequeño cerebro, las quieren drogadas, dormidas, púberes, pelirrojas, rubias y morenas, altas y enanas, feas y bellezones, gordas y anoréxicas, pero tontas. Muy tontas. Tanto como para dejarse manipular y dejar que alguien les haga cruzar continentes engañadas mientras las van violando por el camino.

Porque los hombres sólo saben violar. Desde que despiertan por la mañana con la tienda de campaña bien montada, hasta la madrugada. Esos hombres feos, gordos, viejos, calvos, borrachos, sudados, con la camisa abierta hasta el ombligo, ésos a los que se les ve la raja del culo por mucho que se empeñen en subirse los pantalones, son los que las putas deben soportar cada hora de cada día, sometidas al patriarcado más rancio de la sociedad.

Porque esos hombres son los clientes de las mal llamadas trabajadoras sexuales. Que nadie se llame a engaño. No son nuestros maridos, ni nuestros padres, ni nuestros abuelitos y por supuesto no son nuestros hijos cuarentones o cincuentones. Ellos sí que son hombres decentes, hombres de bien. Hombres que saben cómo tratar a las mujeres, aunque las estadísticas se empeñen en decir que en 2017, 98 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas y sólo dos de ellas eran mujeres que ejercían prostitución. Ese dato es irrelevante, porque una puta asesinada vale por 50 mujeres que se dedican a cuidar de sus vaginas y no permiten que los hombres las denigren a diario convirtiéndolas en contenedores de semen pegajoso.

Ellas mueren a manos de sus prostituidores, de esos malos hombres que nosotras nunca encontraremos en nuestro paseo por la vida. Porque nosotras sí sabemos escoger nuestros trabajos -mal pagados, en los que el jefe nos mete mano, y callamos. Cuando conducimos nos gritan –mujer tenías que ser- y callamos.

Nosotras no morimos a manos de nuestros hombres, nos hallan muertas. Nadie se para a preguntar si acaso nos lo merecíamos, porque somos honradas y decentes. Muy decentes. Eso no implica que de vez en cuando tengamos nuestros rolletes, amantes y novios fuera de nuestra relación cerrada y monógama, pero no cobrar nos hace intocables. Y dignas, muy dignas.

Las mujeres que son traficadas, tratadas y explotadas con fines sexuales nos merecen una angustia especial, porque está claro que son seres no pensantes, demasiado ingenuas para ver venir que, siendo guapas y extranjeras, iban a terminar de putas.

Da un poco de rabia que ellas representen la estupidez femenina que el machismo siempre ha pregonado. Pero, por otra parte, el apabullante alegato de las mujeres libertinas que vienen a romper el discurso de las víctimas que tan bien manejamos las decentes y salvadoras mujeres de bien, no encaja en nuestro perfil. De ningún modo, vamos a permitir que estas mujeres que se auto denominan putas y que dicen que hacer sexo por dinero es lo que han elegido libremente, rompen el mercado antipatriarcal que tanto hemos luchado por conseguir –ejem- y vienen a demostrar que ellas tienen el poder de negociación y que cobran por aquello que nosotras, las decentes, hacemos gratis.

¡Neoliberales! ¡Capitalistas! ¡Impías! ‘Sucias! ¿Derechos decís?

¡Ya os daba yo vara y vaya si os ponía derechas!

Enseñando tetas y chochos sin ningún pudor, bailando, haciendo porno o de webcammer, follando en persona, o a distancia, o por teléfono…

¡Vendiendo sexo, la quintaesencia de la mujer, su vagina sagrada, su coño divino!

Las caricias que les negamos a nuestras, vosotras se las vendéis y nos jodéis el chiringuito follando y cobrando.

Es inaudito que reclamen un sitio en la sociedad limpia que hemos creado entre todas las mujeres de bien, este mundo ordenado en el que los palestinos arrojan piedras y los israelíes misiles. Éste es el mundo que hay que preservar.

Y las putas…ésas no saben ni lo que quieren. Alcohólicas, degeneradas moralmente, cocainómanas las más pudientes y heroinómanas las más precarias, drogatas todas.

Se pasan el tiempo tejiendo una maraña de mentiras sobre un trabajo que no existe en un sexo desgarrador que les rompe el alma y las arranca su, ya de por sí, poca dignidad como mujeres.

Por eso no importa lo que ellas quieran.

Importamos nosotras. Las mujeres decentes

Paula Vip
APROSEXISTA

 

#HolaAbolicionista

#HolaAbolicionista

Publicado el 22 dic. 2017

Hola abolicionista!

Así empieza esta contra campaña que hemos creado como respuesta a todas las campañas que directamente ha hablado de nosotras, sin nosotras. Las trabajadoras sexuales. Nos hemos unido unas cuantas compañeras de diferentes sectores de la prostitución para hablar directamente de NUESTRO trabajo y dar a conocer la realidad, la realidad de la apenas nadie habla. Hemos estado silenciadas durante mucho tiempo. Ahora ya no.

Así que estas somos nosotras. Las que ejercen, las que estamos con los clientes, las que conocemos la realidad y las que pedimos como se ve en el video: Que se nos escuche.

Trabajadoras sexuales en lucha.

MANIFESTE DES PROSTITUÉES DE SEVILLE

 

 

La prostitution n’est pas un crime. Nous, les prostituées, nous ne sommes pas des criminelles.

Aucune loi en Espagne n’interdit la vente de services sexuels entre des personnes adultes. La Loi Gag et les ordonnances municipales de Séville ne pénalisent pas la prostitution, puisqu’elles ne peuvent pas le faire. Pourtant, les deux règlements violent le principe de légalité, ainsi que les droits fondamentaux contenus dans la Constitution espagnole et le Statut d’Autonomie d’Andalousie, en privant les travailleuses du sexe des droits fondamentaux tels que le droit de circuler librement. Ils restreindent aussi, au travers de la répression, l’utilisation de l’espace public. Il n’y a pas de différence légale entre les prostituées, leurs clients et le reste des piétons; pour en faire la distinction, on n’utilise que des critères arbitraires de la police nationale et municipale, qui sont devenus une sorte de police morale.

Nous, les prostituées, nous sommes des femmes dignes.

La legitimité de la Constitution est basée sur la reconnaissance que “la dignité de la personne humaine, les droits inviolables qui lui sont inhérents, le libre développement de la personnalité, le respect de la loi et des droits d’autrui sont la base de l’ordre politique et de la paix sociale “.

Et la Cour Constitutionnelle définit la dignité comme «une valeur spirituelle et morale inhérente à la personne, qui se manifeste singulièrement dans l’autodétermination consciente et responsable de sa propre vie et qui s’accompagne de la prétention du respect d’autrui».

Nous, les prostituées, nous sommes des femmes dignes parce que nous déterminons nos vies de manière consciente et responsable et que nous cherchons le respect de la société dans son ensemble. Ceux qui essaient de nous faire devenir des mineures ayant besoin de tutelle s’attaquent directement à notre dignité; ils essaient de nous priver de notre capacité de décision; ils essaient, en somme, d’enlever notre liberté.

Nous, les prostituées, nous réclamons tous nos droits sexuels en tant que femmes.

Nous, les prostituées, nous ne considérons pas que le travail sexuel soit indigne ou que les relations sexuelles consenties entre des adultes hors mariage soient un fléau qui doive être éradiqué. C’est notre conviction, pour laquelle nous exigeons le même respect que nous avons envers ceux qui pensent le contraire. Nous revendiquons notre droit de vivre et de faire de notre sexe et notre sexualité ce que nous en décidons, sans interférence morale.

Nous, les prostituées, nous sommes des travailleuses du sexe.

Le travail du sexe, c’est un travail. En Espagne, la prostitution n’est pas interdite; pourtant, les droits des prostituées sont refusés. Dans cette situation, nous, les travailleuses du sexe, nous sommes assujeties à une situation de travail sans aucun droit. Cependant, l’hypocrisie de cette société ajoute le résultat de notre travail au Produit Intérieur Brut tout en nous refusant le droit du travail pour «défendre notre dignité».

La prostitution, ce n’est pas de la traite ou de la violence de genre.

Il n’est pas possible de faire des comparaisons entre les victimes d’un crime tel que la traite des êtres humains et des femmes qui pratiquent la prostitution librement et de leur propre choix. Cela ne fait que simplifier une réalité beaucoup plus complexe. Cela contribue aussi à l’ignorance sur cette réalité, ainsi qu’à la discrimination, la nuissance et la violation des droits des personnes qui pratiquent la prostitution.

La criminalisation de la prostitution perpétrée, au délà du Parlement espagnol, par le conseil municipal de Séville (entre autres) et par le gouvernement précédent du Parti Populaire avec sa Loi Gag, ne sert qu’à accroître la marginalisation et la faiblesse sociale des prostituées, nous laissant presque absoluement sans défense contre les mafias de la traite des êtres humains et menacent de nous faire devenir ce que les abolitionnistes veulent que nous devenions: des victimes ayant besoin de sauveurs.

Il est absurde de dire que la pénalisation est pour les clients et pas pour les prostituées. Aussi absurde de dire que dans une entreprise c’est l’achat qui est pénalisé, mais pas la vente. Celles qui sont finalement pénalisées, c’est nous, les prostituées, qui voyons ainsi notre survie économique mise en danger. C’est là la vraie violence contre les femmes que nous, les prostituées, nous subissons: la violence abolitionniste..

Nous, les prostituées, nous ne demandons pas de l’aide pour sortir de la prostitution: nous demandons l’abolition de la pauvreté.

Aucune femme n’est née pour être pauvre. La pauvreté est dégradante et coercitive. Une société qui accepte la pauvreté ou qui croit que la pauvreté est inévitable ne respecte pas les femmes. La pauvreté est une forme de violence, une violence qui touche de manière disproportionnée les personnes marginalisées. La pauvreté ne peut être considérée comme un choix qui garantit de la sécurité.

En conséquence, nous, les prostituées de Séville:

Nous demandons:

  • L’abrogation immédiate de la Loi Gag et des ordonnances anti-prostitution du conseil municipal de Séville.
  • La reconnaissance par l’Etat que le travail du sexe est un travail et l’application immédiate du Statut des Travailleurs et d’autres normes qui garantissent les droits des travailleuses.
  • La fin de la campagne de haine contre les prostituées du conseil municipal de Séville et l’affectation immédiate des fonds destinées à cette campagne à la lutte contre la pauvreté feminine à Séville

Nous, les prostituées, nous avons commencé à nous manifester publiquement et nous ne garderons plus le silence!

Vous ne nous embarrasserez plus jamais avec vos campagnes infâmes!

Collectif des prostituées de Séville

Cuando una puta se empodera, una abola queda desarmada.

 

 

Porque el arma de las abolas es hacerse pasar por caritativas salvadoras de víctimas de trata y aguerridas feministas en lucha contra la violencia machista sufrida por las prostitutas.

 

Pero esa careta se cae y aparece la cara de Lidia Falcón cuando una puta dice que ella no es víctima ni de trata ni de violencia ejercida por los clientes.

 

Cuando una puta se empodera y dice que es una mujer que no renuncia a ninguno de sus derechos, se viene abajo la estrategia mentirosa de las abolas y pasan, cegadas por la rabia impotente, a acusar directamente a la puta de degenerada.

 

Y eso es lo que desarma al abolicionismo: tener que reconocer que la suya es una campaña moral contra las putas degeneradas, contra las putas desvergonzadas.

 

Porque cuando el abolicionismo declara abiertamente que está contra la libertad sexual de las mujeres; que está contra los derechos laborales de las trabajadoras; que quiere imponer la moral patriarcal fundamentalista de los antiabortistas a las “malas mujeres”, se enfrenta directamente a los derechos fundamentales de las mujeres, se muestra como lo que es: un agente camuflado de la reacción antidemocrática.

 

El empoderamiento de las putas amenaza de muerte al abolicionismo y lo saben. Por eso han lanzado el señuelo de la “revuelta de las putas” y quieren introducir su caballo de Troya como representante de las putas empoderadas ante las feministas de buena fe. ¡Ella, la víctima desempoderada por antonomasia, presentándose como la líder de la revuelta de las putas!

 

La cruzada moral debe quedar oculta a los ojos de la opinión pública. No se debe permitir hablar a las putas empoderadas y, si hablan, habrá que acusarlas de estar a sueldo de los proxenetas, o de estar disociadas. Pero si siguen hablando, a las abolicionistas no les quedará más remedio que enseñar sus cartas y acusarlas abiertamente de degeneradas y desvergonzadas.

 

Cuando una puta se empodera, a la abola se le pone cara de Lidia Falcón.

Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género

 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0162&format=XML&language=ES

 

Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género

(2013/2103(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 4 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948,

–  Visto el Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y de explotación de la prostitución ajena, de 1949,

–  Visto el artículo 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, de 1979, cuyo objetivo es luchar contra todas las formas de trata de mujeres y la explotación de la prostitución de la mujer,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989,

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 1993, cuyo artículo 2 establece que la violencia contra la mujer abarca «la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada»,

–  Visto el Protocolo de Palermo, de 2000, para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, anexo a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,

–  Visto el objetivo estratégico D.3 de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 1995,

–  Visto el Convenio (nº 29) relativo al trabajo forzoso u obligatorio de la Organización Internacional del Trabajo, en cuyo artículo 2 se define el trabajo forzoso,

–  Vista la Declaración de Bruselas (11) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, que aboga por una política integral, multidisciplinar y efectivamente coordinada, que implique a los actores de todos los ámbitos en cuestión,

–  Vistas las Recomendaciones del Consejo de Europa en este ámbito, tales como la Recomendación 11 (2000) sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la Recomendación 5 (2002) sobre la protección de las mujeres contra la violencia y la Recomendación 1545 (2002) relativa a campañas contra la trata de mujeres,

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos,

–  Vista la propuesta de recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la penalización de la compra de sexo para luchar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, Doc. 12920 de 26 de abril de 2012,

–  Vista la Decisión Ministerial de Viena nº 1(12) de la OSCE, de 2000, en apoyo a las medidas de la OSCE y al Plan de Acción de la OSCE contra la trata de personas (Decisión nº 557, adoptada en 2003),

–  Vistos los artículos 2 y 13 del Tratado de la Unión Europea,

–  Vista la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativa a la lucha contra la trata de seres humanos,

–  Vista la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo, de 19 de julio de 2002,

–  Vista la Resolución del Consejo sobre iniciativas para luchar contra la trata de seres humanos, en particular de mujeres(1) ,

–  Vista la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos,

–  Vista su Resolución, de 15 de junio de 1995, sobre la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín: «Igualdad, desarrollo y paz»(2) ,

–  Vista su Resolución, de 24 de abril de 1997, sobre la Comunicación de la Comisión relativa a los contenidos ilícitos y nocivos en Internet (3) ,

–  Vista su Resolución, de 16 de septiembre de 1997, sobre una campaña europea sobre tolerancia cero ante la violencia contra las mujeres(4) ,

–  Vista su Resolución, de 24 de octubre de 1997, sobre Libro Verde relativo a la protección de los menores y de la dignidad humana en los nuevos servicios audiovisuales y de información(5) ,

–  Vista su Resolución, de 6 de noviembre de 1997, sobre la Comunicación de la Comisión sobre la lucha contra el turismo sexual que afecta a niños y el Memorándum relativo a la contribución de la Unión Europea a la intensificación de la lucha contra los abusos y la explotación sexual de que son víctimas los niños(6) ,

–  Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 1997, sobre la Comunicación de la Comisión sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual(7) ,

–  Vista su Resolución, de 13 de mayo de 1998, relativa al Libro Verde sobre la protección de los menores y de la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información(8) ,

–  Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 1998, sobre el respeto de los derechos humanos en la Unión Europea (1996)(9) ,

–  Vista su Resolución, de 10 de febrero de 1999, sobre armonización de las formas de protección complementaria al estatuto de refugiado en la Unión Europea(10) ,

–  Vista su Resolución, de 30 de marzo de 2000, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre la aplicación de las medidas de lucha contra el turismo sexual que afecta a niños(11) ,

–  Vista su Resolución legislativa, de 11 de abril de 2000, sobre la iniciativa de la República de Austria con vistas a la adopción de la Decisión del Consejo relativa a la lucha contra la pornografía infantil en Internet(12) ,

–  Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2000, sobre el seguimiento de la Plataforma de Acción de Pekín(13) ,

–  Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2000, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre nuevas medidas en el ámbito de la lucha contra la trata de mujeres(14) ,

–  Vista su Resolución, de 15 de junio de 2000, sobre la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social titulada Víctimas de delitos en la Unión Europea – Normas y medidas(15) ,

–  Vista su Resolución legislativa, de 12 de junio de 2001, sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo relativa a la lucha contra la trata de seres humanos(16) ,

–  Vista su Resolución, de 17 de enero de 2006, sobre estrategias para prevenir la trata de mujeres y niños vulnerables a la explotación sexual(17) ,

–  Vista su Resolución, de 2 de febrero de 2006, sobre la situación actual en la lucha contra la violencia ejercida contra las mujeres y futuras acciones(18) ,

–  Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2006, sobre la prostitución forzada en el marco de los acontecimientos deportivos internacionales(19) ,

–  Vista su Resolución, de 26 noviembre 2009, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer(20) ,

–  Vista su Resolución, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres(21) ,

–  Vista su Resolución, de 6 de febrero de 2013, sobre el 57º periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas: Eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas(22) ,

–  Vista su Resolución de 23 de octubre de 2013 sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo(23) ,

–  Vista la campaña de sensibilización del Foro Europeo de Mujeres «No está en venta»,

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A7‑0071/2014),

A.  Considerando que la prostitución y la prostitución forzadas son un fenómeno con un componente de género y de dimensión mundial que afecta en torno a 40 – 42 millones de personas en todo el mundo, siendo la inmensa mayoría de las personas que se prostituyen mujeres y niñas y casi la totalidad de los usuarios hombres y que, por lo tanto, es al mismo tiempo causa y consecuencia de la desigualdad de género, lo que agrava aún más el fenómeno;

B.  Considerando que la prostitución y la prostitución forzada representan formas de esclavitud incompatibles con la dignidad de la persona y con sus derechos fundamentales;

C.  Considerando que la trata de seres humanos, en particular de mujeres y niños, con fines de explotación sexual y otras formas de explotación constituye una de las violaciones de los derechos humanos más atroces, y que la trata de personas está creciendo a escala mundial debido al aumento de la delincuencia organizada y su rentabilidad;

D.  Considerando que el trabajo es una de las principales fuentes de realización humana y que, a través de él, los individuos contribuyen solidariamente al bienestar colectivo;

E.  Considerando que la prostitución y la prostitución forzada están intrínsecamente ligadas a la desigualdad de género en la sociedad y tienen un efecto en la posición social de las mujeres y los hombres en la sociedad así como en la percepción de las relaciones entre mujeres y hombres y en la sexualidad;

F.  Considerando que la salud sexual y reproductiva se promueve con un enfoque de la sexualidad sano y basado en el respeto mutuo;

G.  Considerando que la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas establece disposiciones firmes en relación con las víctimas;

H.  Considerando que toda política relativa a la prostitución repercute en la consecución de la igualdad de género, afecta a la comprensión de las cuestiones de género y transmite mensajes y normas a la sociedad, incluidos los jóvenes;

I.  Considerando que la prostitución funciona como un negocio y crea un mercado, en el que distintos actores están interconectados y los proxenetas realizan cálculos y actúan para afianzar o aumentar sus mercados y maximizar los beneficios, y que los compradores de sexo desempeñan un papel fundamental, puesto que mantienen la demanda de este mercado;

J.  Considerando que, según la OMS, la salud sexual «requiere de una actitud positiva y respetuosa hacia la sexualidad y las relaciones sexuales, además de la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de coacción, discriminación y violencia»;

K.  Considerando que en la prostitución todos los actos íntimos se rebajan a un valor mercantil y el ser humano queda reducido a mercancía o instrumento a disposición del cliente;

L.  Considerando que la gran mayoría de las personas que ejercen la prostitución proceden de grupos vulnerables;

M.  Considerando la seria relación que existe entre el proxenetismo y el crimen organizado;

N.  Considerando que en torno a la prostitución florecen la delincuencia organizada, la trata de seres humanos, los crímenes violentos y la corrupción, y que el más beneficiado con su legalización sería el proxeneta, que se convertiría en «hombre de negocios»;

O.  Considerando que los mercados de prostitución alimentan la trata de mujeres y niños(24) ;

P.  Considerando que la trata sirve como recurso para abastecer de mujeres y mujeres menores de edad los mercados de la prostitución;

Q.  Considerando que los datos de la UE indican que la actual política de lucha contra el tráfico de seres humanos no es eficaz y que hay un problema para identificar y perseguir a los traficantes, de modo que se ha de reforzar la investigación de casos de tráfico de personas con fines de explotación sexual y la persecución y condena de los traficantes de seres humanos;

R.  Considerando que cada vez más jóvenes, de los cuales resulta alarmante que muchos sean niños, son obligados a ejercer la prostitución;

S.  Considerando que la presión bajo la cual se ejerce la actividad de prostitución puede ser directa y física, o indirecta, por ejemplo a través de presiones sobre la familia en el país de origen, y puede consistir en una coacción psicológica insidiosa;

T.  Considerando que la principal responsabilidad de luchar contra la trata de seres humanos recae en los Estados miembros, y que en abril de 2013 solo seis Estados miembros notificaron la transposición íntegra de la Directiva de la UE contra la trata de personas, cuyo plazo de aplicación expiró el 6 de abril de 2013;

U.  Considerando que la Comisión, en su Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015), declara que «las desigualdades entre mujeres y hombres violan derechos fundamentales»;

V.  Considerando que hay una enorme divergencia en el modo en que los Estados miembros abordan la prostitución, con dos enfoques fundamentales: un enfoque considera la prostitución como una violación de los derechos de las mujeres ―una forma de esclavitud sexual― que da lugar y mantiene la desigualdad de género con respecto a las mujeres; el segundo enfoque sostiene que la prostitución promueve la igualdad de género al fomentar el derecho de la mujer a controlar qué desea hacer con su cuerpo; considerando que en ambos casos los Estados miembros tienen competencia para decidir cómo abordar la cuestión de la prostitución;

W.  Considerando que, si bien existe una diferencia entre prostitución «forzada» y prostitución «voluntaria»;

X.  Considerando que el asunto de la prostitución debe abordarse con una visión a largo plazo y según la perspectiva de la igualdad de género;

1.  Reconoce que la prostitución, la prostitución forzada y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género, y, por tanto, son contrarias a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el objetivo y el principio de la igualdad de género;

2.  Señala que debe respetarse la salud de todas las mujeres, incluido el derecho a disponer de su cuerpo y a una sexualidad libre de coacción, discriminación y violencia;

3.  Destaca que hay diversos vínculos entre prostitución y tráfico de personas, y reconoce que la prostitución ―a nivel y en toda Europa― alimenta el tráfico de mujeres y mujeres menores de edad vulnerables, un alto porcentaje de las cuales tiene entre 13 y 25 años; destaca que, como muestran los datos de la Comisión, la mayoría de las víctimas (62 %) son objeto de trata con fines de explotación sexual, constituyendo las mujeres y las mujeres menores de edad el 96 % de las víctimas, identificadas o supuestas, y que el porcentaje de víctimas de países no pertenecientes a la UE ha aumentado en los últimos años;

4.  Reconoce, no obstante, que la falta de datos fiables, precisos y comparables entre los países, debido principalmente a la naturaleza ilegal y con frecuencia invisible de la prostitución y la trata, da lugar a que el mercado de la prostitución siga siendo opaco y obstaculiza la toma de decisiones política, lo que significa que todas las cifras se basan exclusivamente en estimaciones;

5.  Hace hincapié en que la prostitución es también una cuestión de salud, puesto que tiene efectos perjudiciales en las personas que la ejercen, que tienen más probabilidades de sufrir traumas sexuales, físicos y mentales, ser adictas al alcohol y las drogas, perder el respeto por sí mismas y presentar un mayor índice de mortalidad que la población media; añade y destaca que muchos de los compradores de sexo piden sexo comercial sin protección, lo que incrementa el riesgo de efectos perjudiciales para la salud, tanto para las personas que ejercen la prostitución como para los compradores de sexo;

6.  Hace hincapié en que la prostitución forzada, la prostitución y la explotación en la industria del sexo tienen consecuencias físicas y sicológicas devastadoras y duraderas, incluso después de haber cesado la prostitución, para los individuos que se ven implicados en ella, especialmente niños y adolescentes, además de ser, a la vez, causa y consecuencia de la desigualdad de género y de perpetuar los estereotipos de género y el pensamiento estereotipado sobre las mujeres que venden sexo, como la idea de que el cuerpo de las mujeres y mujeres menores de edad está en venta para satisfacer la demanda masculina de sexo;

7.  Pide asimismo a los Estados miembros que introduzcan, en consonancia con el Derecho nacional, citas periódicas y confidenciales a efectos sanitarios y de orientación para prostitutas fuera de los lugares de ejercicio de la prostitución;

8.  Reconoce que las personas que ejercen la prostitución constituyen un grupo con alto riesgo de contagio del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual;

9.  Pide a los Estados miembros que intercambien mejores prácticas para reducir los riesgos asociados a la prostitución callejera;

10.  Reconoce que la prostitución y la prostitución forzada pueden tener un impacto en la violencia contra las mujeres en general, ya que las investigaciones sobre los usuarios de servicios sexuales muestran que los hombres que pagan por sexo tienen una imagen degradante de la mujer(25) ; sugiere, por consiguiente, a las autoridades nacionales competentes que la prohibición de comprar servicios sexuales vaya acompañada de una campaña de sensibilización de los hombres;

11.  Subraya que las personas prostituidas son especialmente vulnerables desde el punto de vista social, económico, físico, psíquico, emocional y familiar y corren más riesgo de sufrir violencia y daños que en cualquier otra actividad; destaca que se debe alentar, por lo tanto, a la fuerzas de policía nacionales a abordar, entre otras cosas, las bajas tasas de condena por violación de prostitutas; hace hincapié en que las personas prostituidas son asimismo objeto de oprobio público y están socialmente estigmatizadas, incluso si dejan de ejercer la prostitución;

12.  Atrae la atención sobre el hecho de que las prostitutas tienen derecho a la maternidad, y a criar y cuidar a sus hijos;

13.  Hace hincapié en que la normalización de la prostitución incide en la violencia contra la mujer; señala, en particular, que los hombres que compran sexo son más proclives a cometer actos sexuales coercitivos, así como otros actos de violencia, contra las mujeres y que, con frecuencia, muestran actitudes misóginas;

14.  Señala que entre el 80 y el 95 % de las personas que se prostituyen ha sufrido alguna forma de violencia antes de empezar a ejercer la prostitución (violación, incesto, pedofilia), el 62 % declara haber sufrido una violación y el 68 % sufre trastornos de estrés postraumático, un porcentaje similar al de las víctimas de tortura(26) ;

15.  Señala que la prostitución infantil nunca puede ser voluntaria, puesto que los niños no tienen la capacidad de «consentir» la prostitución; exhorta a los Estados miembros a que combatan la prostitución infantil (la que afecta a los menores de 18 años) tan enérgicamente como sea posible, dado que es la forma más grave de prostitución forzada; exige con carácter urgente un enfoque de tolerancia cero basado en la prevención y protección de las víctimas y el enjuiciamiento de los clientes;

16.  Destaca que la prostitución y la explotación sexual de menores es cada vez mayor, también a través de las redes sociales, en las que con frecuencia se utiliza el engaño y la intimidación;

17.  Atrae la atención sobre el fenómeno de la prostitución de menores, que no es lo mismo que acoso sexual, y que se debe a situaciones económicas difíciles o a la falta de cuidados por parte de los padres;

18.  Hace hincapié en la necesidad de medidas eficaces que permitan dedicar una especial atención a la extracción de los menores prostituidos de los llamados mercados de la prostitución, a impedir su entrada en ellos y a centrarse en actividades contrarias a los objetivos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo;

19.  Considera que la compra de servicios sexuales de personas menores de 21 años que ejercen la prostitución debe constituir un delito, en tanto que los servicios ofrecidos por estas personas no deben ser punibles;

20.  Atrae la atención sobre el fenómeno del «patrocinio», que implica la prostitución de mujeres menores de edad o que acaban de alcanzar la mayoría de edad a cambio de productos de lujo o pequeñas cantidades de dinero que constituyen una fuente de financiación para cubrir los gastos diarios o los gastos relacionados con la educación;

21.  Recuerda a los Estados miembros que la educación desempeña un importante papel en la prevención de la prostitución y la delincuencia organizada asociada a esta actividad, y recomienda, por lo tanto, que en las escuelas se lleven a cabo campañas educativas especiales de prevención y concienciación adaptadas a la edad de los participantes, así como que la educación sobre la igualdad sea un objetivo fundamental en el proceso de educación de los jóvenes;

22.  Atrae la atención sobre el hecho de que la publicidad de servicios sexuales en los periódicos y medios de comunicación sociales puede ser un modo de apoyar la trata de personas y la prostitución;

23.  Atrae la atención sobre el papel creciente que desempeñan Internet y las redes sociales en la captación de prostitutas nuevas y jóvenes por las redes de trata de seres humanos; pide que se organicen campañas de prevención, también en Internet, teniendo en cuenta los blancos vulnerables de esas redes de trata de seres humanos;

24.  Atrae la atención sobre algunos efectos, en su mayoría negativos, de la producción de los medios de comunicación de masas y la pornografía, especialmente en internet, en la creación de una imagen desfavorable de la mujer, que puede tener como efecto el desprecio de la personalidad humana de la mujer y su presentación como una mercancía; advierte de que la libertad sexual no debe interpretarse como una licencia para despreciar a las mujeres;

25.  Hace hincapié en que la normalización de la prostitución afecta a la percepción de los jóvenes de la sexualidad y de la relación entre hombres y mujeres;

26.  Subraya que no debe penalizarse a las personas que ejercen la prostitución y pide a todos los Estados miembros que deroguen la legislación represiva contra las personas que ejercen la prostitución;

27.  Insta a los Estados miembros a que se abstengan de penalizar a las personas que ejercen la prostitución y elaboren programas para ayudar a las personas que ejercen la prostitución/trabajadores sexuales a abandonar la profesión si así lo desean;

28.  Cree que la reducción de la demanda debe formar parte de una estrategia integrada contra la trata en los Estados miembros;

29.  Considera que una manera de luchar contra el tráfico de mujeres y mujeres menores de edad con fines de explotación sexual y de mejorar la igualdad de género es el modelo aplicado en Suecia, Islandia y Noruega (el denominado modelo nórdico), que se está estudiando en diversos países europeos, en el que el delito lo constituye la compra de servicios sexuales, no los servicios de las personas que ejercen la prostitución;

30.  Subraya que la prostitución es un problema transfronterizo, y que los Estados miembros deben asumir la responsabilidad de luchar contra la compra de servicios sexuales fuera de su territorio;

31.  Pone de relieve que algunos datos confirman el efecto disuasorio del modelo nórdico sobre la trata de seres humanos hacia Suecia, donde la prostitución y la trata no han aumentado, y que la población apoya cada vez más dicho modelo, especialmente los jóvenes, lo que demuestra que la legislación ha provocado un cambio en la actitud;

32.  Reconoce los resultados de un reciente informe gubernamental en Finlandia, en el que se pide la total penalización de la compra de sexo, puesto que el planteamiento finlandés, que penaliza la compra de servicios sexuales de víctimas de trata, ha demostrado que es ineficaz en la lucha contra la trata;

33.  Cree que la legislación brinda la oportunidad de aclarar cuáles son las normas aceptables en la sociedad y crear una sociedad que refleje dichos valores;

34.  Opina que considerar la prostitución como un «trabajo sexual» legal, despenalizar la industria del sexo en general y legalizar el proxenetismo no es la solución para proteger a las mujeres y las mujeres menores de edad de la violencia y explotación, sino que produce el efecto contrario y aumenta el riesgo de que sufran un mayor nivel de violencia, al tiempo que se fomenta el crecimiento de los mercados de la prostitución y, por tanto, el número de mujeres y mujeres menores de edad víctimas de abusos;

35.  Condena todo intento o discurso político basado en la idea de que la prostitución puede ser una solución para las mujeres migrantes en Europa;

36.  Insta, por tanto, a los Estados miembros a que otorguen a la policía y a las autoridades competentes de los locales donde se ejerce la prostitución, de conformidad con la legislación nacional, el derecho a acceder a dichos locales y efectuar controles aleatorios;

37.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a poner en marcha los medios y herramientas necesarios para combatir la trata y la explotación sexual y para reducir la prostitución, como violaciones de los derechos fundamentales de las mujeres, en especial de las menores de edad, y de la igualdad de género;

38.  Pide a los Estados miembros que transpongan en la legislación nacional lo antes posible, en especial en lo que respecta a la protección de las víctimas, la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JI del Consejo;

39.  Insta a la Comisión a que evalúe el impacto que el marco jurídico europeo, diseñado para acabar con la trata de personas con fines de explotación sexual, ha tenido hasta la fecha, realice nuevas investigaciones sobre los modelos de prostitución y trata de seres humanos con fines de explotación sexual así como sobre el elevado nivel de turismo sexual en la UE, con especial referencia a los menores, y promueva el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros;

40.  Hace hincapié en que la Comisión debe seguir financiando proyectos y programas para luchar contra la trata de personas y la explotación sexual;

41.  Insta a los Estados miembros a que diseñen y apliquen políticas sobre trata de personas, explotación sexual y prostitución y velen por que todas las partes implicadas, como ONG, policía y otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley, así como los servicios sociales y médicos, reciban apoyo, participen en el proceso de toma de decisiones y cooperen;

42.  Reconoce que a una inmensa mayoría de las personas que ejercen la prostitución les gustaría abandonarla, pero se sienten incapaces de hacerlo; destaca que estas personas necesitan ayuda adecuada, particularmente asistencia social y sicológica, para escapar de las redes de explotación sexual y de las dependencias a menudo asociadas a éstas; propone, por consiguiente, que las autoridades competentes establezcan programas que ayuden a las personas a abandonar la prostitución, en estrecha colaboración con las partes interesadas;

43.  Destaca la importancia de una formación adecuada de los servicios de policía y del personal del sistema judicial en general en los distintos aspectos de la explotación sexual, entre ellos la dimensión de género y la inmigración, y exhorta a los Estados miembros a que insten a las autoridades policiales a cooperar con las víctimas y a alentarlas a que testifiquen, a fomentar la existencia de servicios especializados dentro de la policía y a emplear a mujeres policía; insiste en la cooperación en materia judicial entre Estados miembros para luchar mejor contra las redes de trata de seres humanos en Europa;

44.  Atrae la atención de las autoridades nacionales sobre el impacto de la crisis económica en el creciente número de mujeres y mujeres menores de edad, incluidas mujeres migrantes, que se ven obligadas a ejercer la prostitución;

45.  Señala que los problemas económicos y la pobreza son las principales causas de la prostitución entre las mujeres jóvenes y las mujeres menores de edad, y que las estrategias de prevención específicas en materia de género, las campañas nacionales y europeas específicamente dirigidas a las comunidades socialmente excluidas y a las que se encuentran en situación de creciente vulnerabilidad (como las personas con discapacidad y los jóvenes que se encuentran en el sistema de protección infantil) y las medidas para reducir la pobreza y aumentar la concienciación entre los compradores y los proveedores de servicios sexuales, así como compartir buenas prácticas, son fundamentales para combatir la explotación sexual de las mujeres y las mujeres menores de edad, especialmente entre los migrantes; recomienda que la Comisión designe una «Semana europea de lucha contra el tráfico de seres humanos»;

46.  Hace hincapié en que la exclusión social es un factor fundamental que contribuye al aumento de la vulnerabilidad de las mujeres y las mujeres menores de edad desfavorecidas a la trata de personas; destaca asimismo que la crisis económica y social ha provocado desempleo, dando lugar a que las mujeres más vulnerables, incluidas las que se encuentran más arriba en la escala social, empiecen a ejercer la prostitución/entren en el negocio del sexo, con objeto de superar la pobreza y la exclusión social; insta a los Estados miembros a que aborden los problemas sociales subyacentes que obligan a hombres, mujeres y niños a ejercer la prostitución;

47.  Exhorta a los Estados miembros a financiar a las organizaciones que trabajan sobre el terreno con apoyo y estrategias de éxito, prestar servicios sociales innovadores a las víctimas de trata o de explotación sexual, incluidos migrantes y personas indocumentadas, evaluar sus necesidades y riesgos individuales con objeto de prestar asistencia y protección adecuadas y a aplicar políticas ―con un enfoque holístico y mediante los distintos servicios de policía, inmigración, sanidad y educación ― destinados a ayudar a las mujeres y los menores vulnerables a abandonar la prostitución, al tiempo que velan por que dichos programas dispongan de un fundamento jurídico y de la financiación necesaria para alcanzar este objetivo; insiste en la importancia del seguimiento psicológico y en la necesaria reinserción social de las víctimas de explotación sexual; destaca que este proceso requiere tiempo, así como el desarrollo de un plan de vida que constituya una alternativa creíble y válida para las personas que ejercían previamente la prostitución;

48.  Destaca que son necesarios más análisis y pruebas estadísticas para juzgar qué modelo es más eficaz para luchar contra la trata de mujeres y mujeres menores de edad con fines de explotación sexual;

49.  Insta a los Estados miembros a que evalúen tanto los efectos positivos como negativos que la penalización de la compra de servicios sexuales tiene en la reducción de la prostitución y la trata de personas;

50.  Insta a la UE y a sus Estados miembros a que establezcan políticas de prevención específicas en materia de género en los países de origen de las personas prostituidas como consecuencia de trata de seres humanos, dirigidas tanto a los compradores de servicios sexuales como a mujeres y menores, mediante sanciones, campañas de concienciación y educación;

51.  Solicita a la UE y a los Estados miembros que adopten medidas para desalentar la práctica del turismo sexual dentro y fuera de la UE;

52.  Pide que el Servicio Europeo de Acción Exterior adopte medidas para poner fin el ejercicio de la prostitución en zonas de conflicto en las que estén presentes tropas de la UE;

53.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 260 de 29.10.2003, p. 4.
(2) DO C 166 de 3.7.1995, p. 92.
(3) DO C 150 de 19.5.1997, p. 38.
(4) DO C 304 de 6.10.1997, p. 55.
(5) DO C 339 de 10.11.1997, p. 420.
(6) DO C 358 de 24.11.1997, p. 37.
(7) DO C 14 de 19.1.1998, p. 39.
(8) DO C 167 de 1.6.1998, p. 128.
(9) DO C 98 de 9.4.1999, p. 279.
(10) DO C 150 de 28.5.1999, p. 203.
(11) DO C 378 de 29.12.2000, p. 80.
(12) DO C 40 de 7.2.2001, p. 41.
(13) DO C 59 de 23.2.2001, p. 258.
(14) DO C 59 de 23.2.2001, p. 307.
(15) DO C 67 de 1.3.2001, p. 304.
(16) DO C 53 E de 28.2.2002, p. 114.
(17) DO C 287 E de 24.11.2006, p. 75.
(18) DO C 288 E de 25.11.2006, p. 66.
(19) DO C 291 E de 30.11.2006, p. 292.
(20) DO C 285 E de 21.10.2010, p. 53.
(21) DO C 296 E de 2.10.2012, p. 26.
(22) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0045.
(23) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0444.
(24) El informe elaborado en 2006 por Sigma Huda, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, destaca el impacto de las políticas sobre prostitución en la extensión de la trata de seres humanos.
(25) Pueden encontrarse estudios sobre usuarios de servicios sexuales: http://www.womenlobby.org/spip.php?article1948&lang=en.
(26) Farley, M., «Violence against women and post-traumatic stress syndrome», Women and Health , 1998; Damant, D. y otros autores, «Trajectoires d’entrée en prostitution : violence, toxicomanie et criminalité», Le Journal International de Victimologie , nº 3, abril de 2005.

 

Última actualización: 11 de julio de 2017

 

Así se aprobó la Ley de Prostitución de Nueva Zelanda

 

 

Capítulo del libro Feminism, Prostitution and the State: The Politics of Neo-Abolitionism

editado por Eilis Ward,Gillian Wylie

 

http://bit.ly/2jlRivB

 

En busca de una sociedad justa y libre

La regulación del trabajo sexual en Nueva Zelanda

Por Gillian Abel

 

Introducción

El compromiso con los derechos humanos de todos los ciudadanos es de gran importancia en Nueva Zelanda. El país ha luchado mucho por los derechos humanos y ahora trabaja para mantenerlos.

 

(Barnett, Healy et al 2010: 71)

 

Las trabajadoras del sexo de Nueva Zelanda (NZ) libraron una larga batalla por los derechos humanos y en 2003 vencieron cuando se aprobó la Ley de Reforma de la Prostitución (PRA). Lograr la despenalización del trabajo sexual ha sido problemático en el contexto global, dada la creciente dominación de un discurso neoabolicionista que equipara la prostitución con la trata. Para el resto del mundo, parecía algo sorprendente que este discurso estuviera silenciado en Nueva Zelanda. Los neozelandeses han estado tradicionalmente “cableados” por una preocupación cultural por la justicia y la necesidad de que todos puedan tener una “salida justa” (Bromell 2014). En una interesante comparación de las historias de Nueva Zelanda y los Estados Unidos de América, Fisher (2012) escribió, entre otras cosas, sobre la cuestión de los derechos de la mujer. Mientras que las defensoras de los derechos de las mujeres en los Estados Unidos se concentraron en la libertad y la autonomía en su búsqueda de la igualdad, en NZ la justicia social y política y las nociones de equidad fueron los mensajes clave que resonaron. Esta diferencia no sólo era pertinente a los derechos de las mujeres, sino a todas las cuestiones sociales. Sugirió que esta diferencia se debía a las diferentes formas en que estos países fueron colonizados. Mientras que los EE.UU. se fundaron en el siglo XVII por personas que se consideraban víctimas de la tiranía y la persecución, NZ fue ocupada en el siglo XIX por personas que se sentían víctimas de la injusticia social y la inequidad (Bromell, 2014). En consecuencia, mientras los estadounidenses luchaban por el principio de la libertad y la ausencia de la opresión, los de Nueva Zelanda estaban más concentrados en el principio de justicia y equidad. ¿Podría ser que el contexto cultural de justicia en Nueva Zelanda silenciara la voz neoabolicionista?

Es en el contexto de justicia social y política que Tim Barnett, diputado del Partido Laborista, presentó el proyecto de reforma de la prostitución al Parlamento de Nueva Zelanda en septiembre de 2000. El arquitecto de este proyecto de ley fue el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (NZPC), una organización de derechos de las trabajadoras sexuales fundada en 1987. El proyecto de ley propuso la derogación de todas las leyes que regulaban las actividades sexuales clandestinas, allanando el camino para una industria sexual despenalizada en Nueva Zelanda. El objetivo declarado del proyecto de ley era despenalizar la prostitución y al hacerlo:

 

  • Salvaguardar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y protegerlas de la explotación;
  • Promover el bienestar y la salud y la seguridad ocupacional de las trabajadoras sexuales
  • Crear un entorno propicio para la salud pública;
  • Proteger a los niños contra la explotación en relación con la prostitución.

El trabajo sexual es un tema polémico y ninguno de los principales partidos políticos (Laborista y Nacional) de Nueva Zelanda estaba preparado para introducir la despenalización como una iniciativa de partido. En cambio, entró en el parlamento como un proyecto de ley de un miembro privado y se dejó a cada diputado votar de acuerdo a su conciencia. Esto significó que el trabajo de persuación (lobbying) estuvo casi exclusivamente confinado a este grupo de personas, es decir, los diputados. No hubo debates públicos sobre este tema, ni manifestaciones ni referéndum público. El público pudo expresar su opinión a través de sugerencias a la Comisión de Justicia y Electoral del Parlamento de NZ, pero en última instancia, la decisión de despenalizar la clandestinidad sexual fue dejada a los parlamentarios. En junio de 2003, después de la lectura final del proyecto de ley, 60 diputados votaron a favor de la despenalización, 59 en contra y uno se abstuvo).

El principio de justicia estableció el escenario para la introducción del proyecto de ley al parlamento, pero como se argumentará en este capítulo, no fue suficiente para mantener su paso a través de las tres lecturas. La libertad tuvo que salir también a colación. Pero no fue libertad en el sentido de ‘liberación de la opresión’, sino que fue libertad de elección y libertad de poder tener una “salida justa”. Sigue habiendo preguntas sobre cómo la voz abolicionista dominante de la “liberación de la opresión” estuvo aparentemente ausente cuando goza de tanto poder en otros países occidentales. ¿Qué hace diferente a NZ? Un análisis del debate que tuvo lugar en el parlamento sobre el proyecto de ley parece un método útil para empezar a abordar esta cuestión.

 

Para analizar cualquier política pública es necesario primero hacer explícito el “problema” antes de analizarlo. Bacchi (2009) sostiene que los “problemas” se crean dentro del proceso de formulación de leyes y que, por lo tanto, los “problemas” pueden ser vistos como moldeados por las leyes y no resueltos por éstas. Ella plantea seis preguntas que deben ser abordadas al analizar cualquier “problema”:

  • ¿Cuál es el ‘problema’ representado?
  • ¿Cuáles son los supuestos que subyacen a la representación del “problema”?
  • ¿Cómo ha llegado a ser representado el “problema” de esta manera?
  • ¿Se puede pensar este “problema” de manera diferente?
  • ¿Qué efectos produce la representación del “problema”?
  • ¿Cómo o dónde se ha producido, difundido y defendido la representación del “problema”?

Carson y Edwards (2011) utilizaron el marco de Bacchi para analizar las leyes de trabajo sexual en Suecia y Victoria (Australia) con un enfoque particular en el “lado de la demanda” del trabajo sexual y su relación con la trata sexual. Sugirieron que esto proporcionaba un modo sistemático de separar los principales temas implicados. El presente trabajo recoge esta sugerencia, pero no pretende hacer comparaciones con ningún otro modo de regulación del trabajo sexual. Lo que sí proporciona es una idea de los argumentos que enmarcan el trabajo sexual en Nueva Zelanda como una ocupación de elección y no como un símbolo de opresión. En el resto de este capítulo, utilizaré las seis preguntas de Bacchi para analizar los debates sobre el proyecto de ley entre octubre de 2000 y junio de 2003.

Antes de emprender el análisis, es necesario posicionarme en el debate sobre la regulación del trabajo sexual ya que el enfoque que aporte al análisis no puede estar libre de valores. Mi posición ante el trabajo sexual se basa en mi compromiso con los principios de justicia social de la salud pública. Gran parte del énfasis de la salud pública en el pasado ha sido minimizar el daño, y este impulso ha estado detrás de los llamamientos para la despenalización del trabajo sexual. Pero cada vez más, la salud pública está reconociendo las cuestiones de derechos humanos asociadas con la penalización de personas que, por propia voluntad, trabajan en la industria del sexo. Los derechos humanos son esenciales para abordar los determinantes subyacentes de la salud (Organización Mundial de la Salud, 2007) y este es el enfoque de la salud pública. Cualquier respuesta al trabajo sexual debe comenzar con los puntos de vista de quienes trabajan en esta industria y todos deben asumir una responsabilidad colectiva en intervenir a través de prácticas y normas de minimización de daños (O’Neill, Beyrer, Crago et al., 2014). La despenalización del trabajo sexual es un ejemplo de política de salud pública eficaz que se desarrolló en colaboración en Nueva Zelanda (Abel, Fitzgerald et al 2010). La filosofía de salud pública de minimización de daños y derechos humanos estuvo en el corazón de este cambio regulatorio. Yo uso los términos “trabajo sexual” y “prostitución” de manera intercambiable en este capítulo dependiendo del contexto teórico del argumento.

 

¿Cuál es el problema representado?

El proyecto fue redactado por NZPC, con la ayuda de abogados, académicos y otros, para “satisfacer las necesidades de las trabajadores sexuales” (Barnett, Healy et al 2010: 62) y proteger su bienestar (Harrington 2012). Aceptó el trabajo sexual como una elección ocupacional y que las leyes que penalizaban las actividades sexuales negaban los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y las colocaban en riesgo de daño. Al analizar las intenciones del proyecto de ley (se indica en la introducción), es evidente que los supuestos eran que la vieja ley no daba a las trabajadoras sexuales el derecho a negarse a prestar ningún servicio comercial ya que eran susceptibles a la coacción de otros, como operadores de burdeles o clientes; no proporcionaba a las trabajadoras sexuales la protección laboral que se otorgaba a los trabajadores de otras ocupaciones; no fomentaba prácticas sexuales más seguras; y no protegía a los niños (menores de 18 años) de la tentación de la industria del sexo. La presunción era que estos riesgos serían minimizados por una nueva legislación que proporcionare derechos a las trabajadoras sexuales y las considerare involucradas en un trabajo legal reconocido. Los clientes se representan como un problema sólo en la medida en que pueden coaccionar o explotar a las trabajadoras sexuales que trabajan en el contexto del actual entorno legislativo.

 

¿Qué suposiciones subyacen a la representación del problema?

Las suposiciones subyacentes a la posición de que la penalización de las actividades de trabajo sexual creaban riesgos y negaban los derechos humanos se debían a la combinación de los derechos de las trabajadoras sexuales y la perspectiva de la salud pública. La investigación sobre el trabajo sexual llevada a cabo en Nueva Zelanda ha sido en su mayoría participativa, por y para las trabajadoras sexuales, y Harrington (2012) ha sugerido que esto ha producido un conocimiento que ha dado voz a las trabajadoras sexuales en la política. Sostiene que los políticos y los académicos no han problematizado la conducta sexual masculina y no han criticado la comercialización del sexo y, en gran medida, esto es correcto. Ya en la década de 1990, NZPC había desarrollado vínculos con académicos de salud pública y varios proyectos de investigación se llevaron a cabo utilizando un enfoque participativo basado en la comunidad. Aunque la mayoría de las investigaciones examinaron la salud y la seguridad de las trabajadoras sexuales en un ambiente penalizado (Chetwynd 1992, Chetwynd 1996, Plumridge y Abel 2000, Plumridge 2001, Plumridge y Abel 2001), se llevaron a cabo algunos pequeños trabajos de investigación con los clientes (Chetwynd y Plumridge 1994, Plumridge, Chetwynd y col., 1996, Plumridge, Chetwynd et al., 1997a, Plumridge, Chetwynd et al., 1997b). Esto se reflejó en la mayoría de las participantes en la investigación realizada en Nueva Zelanda, que aunque fueron capaces de citar al menos algunas experiencias desagradables con los clientes, en general dijeron que les gustaban sus clientes y disfrutaban del contacto con ellos (Plumridge y Abel 2000, Abel 2010) . La investigación proporcionó pruebas de que la penalización creaba una barrera para una industria del sexo segura, y Barnett se basó en esto en la construcción de sus discursos para las tres lecturas parlamentarias. Por lo tanto, estaban muy enfocados en temas de salud pública, de justicia social y de minimización del daño.

 

Cuando Barnett presentó el proyecto de ley en su primera lectura en octubre de 2000, se centró casi exclusivamente en la justicia social al enfatizar las injusticias “genuinas” y “reales” de la ley:

No estoy solo y mi causa es impulsada por una pasión nacida de la injusticia. Este proyecto de ley reemplaza una ley moralista por una ley justa … Las injusticias en la ley actual son claras y predecibles, y son reales. Los últimos 5 años han visto a 410 personas condenadas, innumerables horas de tiempo de la policía dedicadas a cruzadas esencialmente morales e improductivas, y la criminalidad genuina ocultada por el secreto y el misterio generados por la ley de prostitución actual. La reforma de esta ley puede ser vista como la limpieza de unos establos que llevan un siglo de desorden acumulado, la eliminación de las capas de la hipocresía victoriana, el raspado de los abusos a las trabajadoras sexuales sancionadas por nuestras leyes de prostitución actuales, el lavado de los peligros de salud pública generados por la penalización de la profesión más antigua, y el reemplazo del hedor del estigma que afecta a las trabajadoras sexuales debido a la posición en la que las pone la ley. Los diputados pueden estar en desacuerdo conmigo sobre la mejor manera de limpiar los establos, por dónde empezar, y la mejor manera de eliminar las manchas. Pero ¿alguien en esta Cámara realmente se atreve a afirmar que el establo no está sucio? Si todos los diputados creen que la ley de la prostitución necesita una limpieza, entonces el apoyo a este proyecto de ley es nuestra única opción … Las cuestiones planteadas por este proyecto de ley pueden ser difíciles, pero no deben ser vistas por nadie en esta Cámara como una amenaza. Son preocupaciones de importancia vital para algunas personas en nuestra comunidad. Es absolutamente correcto y adecuado que este Parlamento se ocupe de ellas. (Ley de reforma de la prostitución, Primera lectura, 11 de octubre de 2000)

Barnett instó a los parlamentarios a purgar las viejas leyes que penalizaban las actividades sexuales e hicieron una industria sexual no segura, para dar paso a una ley más moderna, liberal y “justa”. Desafió a los diputados a que dijeran si alguno no estaba de acuerdo con que la ley era el “problema” y ninguno se levantó para refutar esto. Las leyes moralistas y obsoletas, afirmó, hicieron que la industria fuera insegura e injusta y un peligro para la salud pública. Él y los partidarios del proyecto de ley se refirieron a esta “mala ley” como victoriana. La vinculación de la ley con los tiempos victorianos también fue reforzada por la analogía que Barnett proporcionó en su primer discurso, comparando la limpieza de la ley con la limpieza de los establos. Las metáforas se usan con frecuencia, particularmente en los medios de comunicación, para dar a entender que el trabajo sexual es sucio y malo (Stenvoll 2002, O’Neill y Campbell 2006). Fue interesante que en este caso Barnett lo diera la vuelta. Reforzando la naturaleza “sucia” del trabajo sexual, echó la culpa de esto a la ley y no al trabajo mismo. El tono del discurso evocó imágenes del movimiento sanitario de salud pública en la Inglaterra victoriana, librando las ciudades de aguas residuales, basura podrida y miasmas en un esfuerzo por combatir las enfermedades, lo que proporcionó un buen trampolín para sus posteriores argumentos de salud pública para minimizar el daño.

Diez diputados se dirigieron al Parlamento tras el discurso de apertura de Bamett: seis hablaron a favor del proyecto de ley (cinco de ellos eran mujeres) y cuatro en contra (todos hombres). Los partidarios de la despenalización siguieron el ejemplo de Barnett al destacar las injusticias y desigualdades causadas por la legislación vigente, como lo demuestran los siguientes ejemplos:

Las objeciones que he oído no tienen peso contra la injusticia básica que está escrita en nuestras leyes.

(Liz Gordon, Partido Alianza, Ley de Reforma de la Prostitución, Firs Reading, II Octubre de 2000)

Nuestras leyes actuales son inviables y simplemente discriminatorias. Estigmatizan y castigan principalmente a la fuerza laboral femenina. Ellas (las trabajadoras sexuales) pueden sufrir arbitrarias e injustas reglas de trabajo.

(Anne Tolley, portavoz del Partido Nacional de Asuntos de la Mujer, Ley de reforma de la prostitución, primera lectura, 8 de noviembre de 2000)

 

Esperamos con interés el día en que las mujeres y los hombres en este país ya no serán perseguidos debido a leyes anticuadas e inicuas.

(Sue Bradford, Partido Verde, Ley de Reforma de la Prostitución,
Primera lectura, 8 de noviembre de 2000)

Aunque la justicia social se filtró bajo la superficie en las lecturas segunda y tercera del proyecto de ley, lo que vino a primer plano fue un discurso que ponía más énfasis en la ley que protegía y minimizaba los riesgos; Un discurso que liberó a las trabajadoras sexuales de los daños que sufrían a causa de la vieja ley. No era que los diputados pro-despenalización hubieran cambiado sus ideas sobre el “derecho justo”, sino que percibían que la minimización del daño era más negociable que los derechos humanos. De hecho, Barnett reflejó que algunos diputados que tenían una antipatía personal hacia el trabajo sexual fueron persuadidos a votar a favor de la despenalización por el argumento de minimización de daños (Barnett, Healy et al., 2010).

 

¿Cómo se llegó a representar el “problema” de esta manera?

El giro a un argumento de minimización de daños se produjo después de la primera lectura cuando el proyecto de ley fue enviado a la Comisión de Justicia y Electoral. El comité examinó 222 comunicaciones de individuos y organizaciones, debatieron entre ellos y luego hicieron enmiendas que trataban directamente “los daños y riesgos potenciales exclusivos de la prostitución” (Tim Barnett, Partido Laborista, Ley de Reforma de la Prostitución, tercera lectura, 25 de junio de 2003). Presentaron la ley existente como insostenible en la medida en que disparaba los riesgos e identificaron qué riesgos podrían ser tratados por la ley y qué riesgos necesitaban una ley especial centrada en la prostitución. La justicia social era un tema muy secundario.

Los principales argumentos de los diputados que estaban contra la despenalización eran que la prostitución era moralmente corrupta, insalubre y perjudicial, y si se despenalizaba, alentaría a más gente a unirse a la industria, habría más delincuencia, más drogas, más pandillas, más tráfico y más trabajadoras menores de edad. Estos argumentos fueron bien rebatidos por la retórica de minimización de daños en las lecturas segunda y tercera, donde el enfoque se centró en la libertad y la elección individuales. Barnett recordó a los parlamentarios los argumentos contra otros cambios de la ley en el pasado, tales como la reforma del derecho homosexual y la implementación de un sistema de intercambio de agujas que “no había llevado al desastre. De hecho, esas medidas y otras han llevado a una vida más completa y menos arriesgada y han mejorado la libertad individual de los afectados. El proyecto de ley de reforma de la prostitución es sólo eso “. (Barnett, Ley de reforma de la prostitución, segunda lectura, 19 de febrero de 24203). El argumento pragmático de salud pública de que “la prostitución está aquí para quedarse” y por lo tanto es una necesidad “resolver la mejor manera de controlar estos daños” fue el fuerte mensaje de Bamett en su lectura final del proyecto de ley:

Es una medida de despenalización, similar a toda nuestra familia de leyes relacionadas con la salud pública. No trata de etiquetar la prostitución como normal, pero acepta su inevitabilidad ….. Habiendo aceptado que la prostitución está aquí para quedarse, les guste o no, lo siguiente es identificar qué problemas genera …. La siguiente etapa es elaborar la mejor forma de controlar esos daños. Eso es minimizar el daño.

(Ley de reforma de la prostitución, tercera lectura, 25 de junio de 2003)

Hubo menos oradores que se levantaron para hablar a favor de la ley (cuatro) que los que hablaron en contra (13) en la discusión final. Sue Bradford (Partido Verde) habló a favor del proyecto de ley en las tres lecturas y su discurso, como el de Barnett, había evolucionado. Citó a organizaciones respetadas como la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia que apoyaban la despenalización, “porque saben que las leyes restrictivas simplemente alientan la violencia, la trata, la violación y la propagación del VIH / SIDA, no lo contrario. La manera de combatir estas cosas es a través del enfoque de minimización de daños promovido en el proyecto de ley que tenemos ante nosotros” (Ley de reforma de la prostitución, tercera lectura, 25 de junio de 2003).

Volvió brevemente a centrarse en los derechos humanos y la justicia social al apelar a otras mujeres en el parlamento a votar por el derecho de las mujeres a optar por trabajar en la industria del sexo y poner fin al estado de cosas que privaban de poder a las mujeres en el trabajo sexual. Después combinó esto con un discurso del daño hablando a favor de la promoción de los derechos y del bienestar de grupos vulnerables y explotados, demandando que “un daño a uno es un daño a todos. Hasta que se elimine ese daño, ninguno de nosotros puede ser verdaderamente libre” ‘(Ley de reforma de la prostitución,

¿Puede el problema ser pensado de manera diferente?

El enfoque en la minimización del daño dejó inexplorado el poder de género en el debate. Las feministas radicales han destacado las desigualdades en la prostitución. La compra de sexo es vista como una violencia contra las mujeres y representa el privilegio masculino (Scoular 2004). Las mujeres son simples objetos sexuales que se pueden comprar y vender en una práctica de esclavitud sexual (Jeffreys 1997). Esto ha alimentado el argumento de que todas las mujeres que participan en la prostitución son objeto de trata y se presta poca atención a la autonomía de las mujeres y a las historias alternativas de las mujeres involucradas (Scoular 2004). Otras feministas no ven el trabajo sexual como inherentemente opresivo y reconocen la autonomía de las mujeres, aunque en algunos usos la autonomía está limitada (O’Neill 2001). Es esta última perspectiva feminista liberal la que está presente con más fuerza en Nueva Zelanda.

Cincuenta y seis de las presentaciones públicas a la Comisión de Justicia y Electoral se basaron en argumentos feministas, con 40 alegatos en defensa de la despenalización y sólo 16 en contra (Laurie 2010). La mayor parte de estas propuestas, tanto a favor como en contra de la despenalización, se basaron en el artículo 6 de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW):

“Las Partes de los Estados adoptarán las medidas apropiadas, incluida la legislación, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y la explotación de la prostitución de mujeres” (ONU Mujeres, 1979).

Esos grupos o individuos feministas que se basaron en el artículo 6 para argumentar contra la despenalización declararon que la despenalización aumentaría la trata Y la explotación de las mujeres, mientras que quienes defendían la despenalización se basaron en este artículo para afirmar que la trata de mujeres se reduciría al eliminar la ilegalidad de su trabajo. Sandra Coney, una de las más destacadas feministas radicales de Nueva Zelanda, escribió personalmente a cada diputado argumentando que la despenalización “haría de Nueva Zelanda un eslabón clave en el comercio mundial de mujeres y crearía el potencial de Nueva Zelanda para convertirse en un destino turístico de prostitución “(Laurie 2010). Proclamó que la prostitución era un símbolo de la desigualdad de género y propuso el “modelo nórdico” como un ejemplo de la manera de regular y finalmente abolir la prostitución.

Coney recibió el apoyo de una diputada del Partido Laborista, Dianne Yates, quien fue una de los nueve miembros del Partido Laborista en votar en contra del proyecto de ley. Propuso una enmienda al proyecto de ley (documento de pedido suplementario 56) para que fuere ilegal ser cliente de una prostituta. Proclamó que el “modelo nórdico” “proporcionaría una mayor igualdad entre hombres y mujeres”. Tuvo poco apoyo en el parlamento y su enmienda fue rechazada por 19 votos frente a 96. Sólo cuatro mujeres diputadas apoyaron esta enmienda. Otras mujeres diputadas se distanciaron de la postura adoptada por Yates y Coney, asumiendo la posición liberal de que las mujeres tienen derecho a la autodeterminación, especialmente en lo que respecta a sus cuerpos y sexualidad. Por ejemplo, en las palabras de Sue Bradford:

Me cuestiono fundamentalmente el derecho del Estado en el día de hoy a interferir con los derechos de las personas mayores de 18 años a tener relaciones sexuales consensuadas entre sí. No puede ser que las trabajadoras sexuales sigan estando expuestas al acoso y al enjuiciamiento por un crimen sin víctimas. Tampoco debemos recurrir al modelo sueco, que enjuicia a los hombres que pagan por el sexo. La experiencia sueca demuestra que todo lo que hace es conducir la prostitución a la clandestinidad. … Yo vengo de otro hilo de pensamiento feminista que cree que es nuestro trabajo hacer todo lo posible para mejorar la vida de las mujeres, incluso la de aquéllas que están en esta ocupación más vulnerable. A menos que realmente creamos que la prostitución va a desaparecer por completo y pronto, creo que lo mejor que podemos hacer como feministas es maximizar las condiciones que ayudarán a poner fin a los peores excesos de violencia, coerción y explotación, en lugar de permitir que la prostitución continúe como un subconjunto del mundo criminal. … Prefiero hacer todo lo que pueda, ahora mismo, para ayudar a proteger y empoderar a aquéllas que, por cualquier razón, han optado por hacer de la prostitución su ocupación.

 

(Sue Bradford, Partido Laborista, Ley de reforma de la prostitución, Segunda Lectura, 19 de febrero de 2003)

 

La principal organización liberal feminista, el Consejo Nacional de Mujeres de Nueva Zelanda (NCWNZ), una organización que agrupa a 43 grupos y asociaciones de mujeres, fue un actor clave en la despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda. Aunque sentían firmemente que la prostitución representaba un desequilibrio de poder entre hombres y mujeres, consideraban esencial que las trabajadoras sexuales fueran protegidas con independencia de si eligen o no el trabajo sexual. Indicaron en su presentación que la esclavitud sexual no era diferente de otras clases de esclavitud laboral y rechazaron el “modelo nórdico” debido a la situación de peligro en la que colocaría a las trabajadoras del sexo si fueran forzadas a esconderse. Hicieron hincapié en que la despenalización era vital para “proteger los derechos de las trabajadoras sexuales y los niños contra la explotación y la violencia” (Laurie 2010: 94). De esto se hicieron eco las diputadas que votaron a favor de la despenalización:

Se trata de dar a algunas personas los mismos derechos que tienen las demás personas de Nueva Zelanda. … Yo no disculpo la prostitución. Creo que la gente tiene derecho a una vida mejor que la que se puede tener vendiendo sexo. Yo estaría desconsolada si una de mis hijas decidiera entrar en la industria del sexo la prostitución no juega ningún papel en mis sueños para ellas— pero si lo hicieran, yo querría saber que tendrían los mismos derechos que cualquier otra neozelandesa.

(Katherine Rich, Partido Nacional, Proyecto de Ley de Reforma de la Prostitución, Segunda Lectura, 19 de febrero de 2003).

 

Muchos diputados hablaron sobre el doble estándar de penalizar a la trabajadora sexual y no al cliente. Sin embargo, para ellos la solución no era penalizar al cliente. Era una cuestión de ser tratados por igual “… la decencia común exige que otorguemos a las trabajadoras del sexo el mismo estatus en la ley que al cliente: compradores y vendedoras deben ser tratados por igual. La situación actual es sencillamente abominable” (Anne Tolley, Partido Nacional, Proyecto de Ley de Reforma de la Prostitución, Primera Lectura, 8 de noviembre de 2000).

 

Se hizo hincapié en la autodeterminación, y porque se dio prioridad a la elección individual, se hizo necesario establecer protecciones para minimizar los riesgos. Lynne Pillay dijo que apoyaba este proyecto de ley como mujer, porque se trata del derecho de elegir y de estar segura en esa elección “(Lynne PHlay, Partido Laborista, Ley de Reforma de la Prostitución, Segunda Lectura, 19 de febrero de 2003):

He hablado con una serie de prostitutas y de personas del Colectivo de Prostitutas que no ven lo que hacen como degradante para ellas. Si se trata de una actividad a la que se dedican por libre elección, entonces no hay nada degradante … si es degradante, es la decisión de la persona que se dedica a la actividad.

(Helen Duncan, Partido Laborista, Ley de reforma de la prostitución, segunda lectura, 19 de febrero de 2003)

En un ambiente neoliberal como el de NZ en el que el gobierno busca desregular y gobernar desde cierta distancia, se pone énfasis en la autorregulación y la autovigilancia (Bacchi 2009). Hubo argumentos de que el gobierno no debería dedicarse a regular la moral: los individuos deberían regularse a sí mismos. «La sociedad no tiene por qué hacer juicios morales acerca de la prostitución. Debe convertirse en una actividad autorregulada …. en mi opinión, no debe arrojarse ninguna culpa sobre esta industria. Estas cuestiones deben ser gobernadas por la moralidad individual de la gente, no por las leyes de la tierra ” (Liz Gordon, Partido de la Alianza, Ley de Reforma de la Prostitución, Primera Lectura, 11 de octubre de 2000). O ACT es una partido que cree en la libertad de las personas para dirigir sus propios asuntos” (Penny Webster, ACT Party, Prostitution Reform Bill, Primera Lectura, 8 de noviembre de 2000). 

 

¿Qué efectos produce esta representación del problema?

Bacchi y Eveline (2003: 1 1) han argumentado que “las leyes producen tipos particulares de sujetos. La Ley de Reforma de la Prostitución ha producido la trabajadora sexual de Nueva Zelanda, una trabajadora que se dedica a una ocupación con derechos similares a los de individuos que se dedican a cualquier otra forma de ocupación. A los ojos de la ley, las trabajadoras sexuales son seres auténticos, que eligen libremente ser trabajadoras sexuales. Se reconoce que tiene sus riesgos trabajar en esta ocupación, riesgos relacionados con la salud y la seguridad, la explotación y la coerción, y la ley proporciona protecciones para minimizar estos riesgos. Lo que esta ley no produce es la mujer víctima de trata, necesitada de protección.”

¿Cómo / dónde se produce y se defiende esta representación del “problema”?

La despenalización del trabajo sexual tiene sentido en el contexto de una posición filosófica neoliberal de mínima intervención estatal, autorregulación e individualización económica. También tiene sentido en un país que se enorgullece de la igualdad de género el que las trabajadoras sexuales tengan los mismos derechos y el mismo estatus que sus clientes. Más de 12 años después de la despenalización, y con un gobierno de centro derecha ahora en su tercer mandato, el Estado continúa defendiendo la posición de considerar el trabajo sexual como una opción ocupacional.

Ha habido pocas preocupaciones desde la aprobación de la Ley de Reforma de la Prostitución. La revisión de la Ley, publicada cinco años después de su promulgación, concluyó que había sido efectiva para lograr sus propósitos y que la mayoría de las trabajadoras sexuales estaban mejor que cuando sus actividades eran penalizadas. Ha habido algunas preocupaciones planteadas por dos consejos de distrito en relación con el trabajo en la calle en sus ciudades, pero hay poca voluntad política para hacer cambios a un modo de regulación que está funcionando bien para la mayoría.

Hay una minoría de grupos en Nueva Zelanda que todavía resisten, pero esto son débiles y carecen de apoyo. Por ejemplo, en 2013 el “modelo nórdico” volvió a surgir cuando Elizabeth Subritzky presentó una petición en nombre del grupo “Libres de Explotación Sexual” al Comité de Justicia y Electoral de la Cámara de Representantes (Petición 2011/60). Este es un pequeño grupo de base religiosa en Nueva Zelanda comprometido con hacer cambios en las áreas de la prostitución y la trata sexual de mujeres y niños. Los peticionarios propusieron que se cambiara la Ley de Reforma de la Prostitución (2003) para permitir el enjuiciamiento de todos los clientes de las trabajadoras sexuales y afirmó que la prostitución no debe ser visto como separada de la trata (Justicia y Comité Electoral 2013). La petición también pedía una erradicación del sector de la calle. El argumento era que la despenalización era la culpable de atraer a las mujeres (víctimas) a vender sexo. El Ministerio de Justicia apoyó la recomendación del Comité de Revisión de la Prostitución de que Nueva Zelanda no siga un enfoque que criminalice al cliente ya que esto expondría a las trabajadoras del sexo a un mayor riesgo y las haría más vulnerables. Además:

El propósito de la Ley de Reforma de la Prostitución fue permitir que las trabajadoras sexuales tuvieran las mismas protecciones otorgadas a otros trabajadores. La LRP regulaba el negocio de la prostitución sin respaldarlo o sancionarlo moralmente ni a él ni a su uso. La Ley reconoce que las trabajadoras sexuales no son necesariamente víctimas, sino que requieren las mismas protecciones que los demás trabajadores, independientemente del género o de la orientación sexual.


(Ministerio de Justicia 2013: 5)

Las trabajadoras sexuales están trabajando dentro de un marco político donde tienen derechos; sin embargo siguen negociando sus vidas dentro de un contexto cultural donde hay ambivalencia social y fuertes discursos morales hacia la industria del sexo y sus trabajadoras (Abel, Fitzgerald et al., 2010). Sullivan (2010) sugiere que incluso en un contexto despenalizado, las trabajadoras sexuales pueden tener que luchar para obtener una identidad como “trabajadora” al margen de estos discursos dominantes. Sin duda, habrá intentos periódicos de ajustar y cambiar la Ley de Reforma de la Prostitución a medida que estos discursos morales vayan disminuyendo.

 

Conclusión

Lo interesante en el pulso por la despenalización fue una alianza entre cuatro posiciones filosóficas. En primer lugar, el contexto político en el que se desarrolló el debate fue uno en el que predominaron los principios neoliberales de individualismo económico y autorregulación. Harrington (2012: 338) ha argumentado que la despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda “ejemplifica las tecnologías liberales avanzadas de autonomía”, siendo el ideal la libertad y “la presunción de que los individuos libres cuidarán de su propio bienestar”. Los estados neoliberales como NZ favorecen una “retórica de elección”, ideológicamente y también como una “estrategia generadora de legitimidad”, y al hacerlo de esa forma se ha argumentado que el género se hace invisible (Scambler 2007: 1092).

La voz de las trabajadoras sexuales fue la segunda posición importante en el debate sobre el trabajo sexual en Nueva Zelanda, ya que fue esta voz la que dio forma a la redacción del proyecto de ley. La voz de la trabajadora sexual exige que el trabajo sexual sea visto como una cuestión de trabajo; que es un trabajo de servicio que debe ser respetado y protegido como el trabajo en cualquier otra ocupación de servicio (Alexander 1997, Jenness 1993, Simmons 1999).

 

Se entiende que la mayoría de las trabajadoras sexuales optan por trabajar en la industria del sexo, y los derechos y la capacidad de estas personas para tomar esa decisión deben ser apoyados (Simmons 1999). El lado de la demanda del trabajo sexual no es un tema que produzca mucha discusión, ya que el trabajo sexual no se ve como violencia contra las mujeres. El análisis de Harrington (2012: 343) sobre el discurso sobre el sexo en Suecia y Nueva Zelanda sugiere que la red de conocimientos expertos que proporcionó información para debate sobre la ley en Nueva Zelanda privilegió la voz de las trabajadoras sexuales, puso en duda su falta de libertad y no participó en ningún análisis crítico de los “mercados del sexo comercial y su contribución a la construcción de la jerarquía social”. No hubo ninguna creencia firme en que los compradores de sexo y la explotación de las mujeres fueran la causa del problema durante los debates sobre la legislación sobre trabajo sexual en Nueva Zelanda. El debate se inició con un énfasis en las desigualdades, pero no se trataba tanto de cuestiones de desigualdad de género, sino de desigualdades en los derechos de ciudadanía que fueron consideradas injustas.

El tercer argumento a favor de la despenalización fue un argumento feminista liberal que hizo hincapié en el derecho de las mujeres a optar por trabajar en el trabajo sexual. El trabajo sexual como una opción profesional que exigía la protección de los derechos fue importante para la mayoría de las mujeres, tanto dentro como fuera del parlamento. Veinticinco por ciento de las propuestas presentadas en el proyecto de ley se basaban en argumentos feministas y sólo una cuarta parte de ellas argumentaban en contra de la despenalización, alegando que la prostitución era violencia contra las mujeres. Hubo una fuerte representación de las mujeres en el parlamento: 33 de los 120 diputados eran mujeres y 22 de estas diputadas (dos tercios) votaron a favor de la despenalización. En el momento en que el proyecto de ley estaba pasando por el parlamento, Nueva Zelanda tenía una Primera Ministra (que votó a favor del proyecto de ley), así como una Gobernadora General, una Presidenta de la Cámara y una Jefa de Justicia. Si bien la prostitución como violencia contra las mujeres no estuvo totalmente ausente del debate, fue una opinión débil y marginal al no ayudar al empoderamiento y la protección de quienes eligen trabajar en el trabajo sexual.

 

El cuarto —y en última instancia, el argumento más convincente— fue el argumento de salud pública de minimización del daño. En Nueva Zelanda se cuenta con un historial de reformas legales de salud pública exitosas, fundamentadas por principios de minimización de daños. Las más notables son la Ley de Reforma Homosexual y la implementación de intercambios de agujas en los años ochenta para ayudar a minimizar la propagación del VIH / SIDA. El punto de vista de la salud pública con relación al trabajo sexual ha sido generalmente pragmático. Las leyes prohibicionistas nunca han logrado su objetivo de erradicar la violencia sexual y sólo han servido para conducir la industria del sexo a la clandestinidad, donde las trabajadoras sexuales son vulnerables a una serie de daños (Davis y Shaffer 1994; Jordan 2005; World Health Organization 2005). Por lo tanto, el énfasis en la salud pública ha consistido en minimizar el daño reconociendo esto y despenalizando todas las actividades relacionadas con el trabajo sexual. Este fue un argumento que ganó a muchos de los diputados que estaban indecisos sobre la forma de votar.

En última instancia, el argumento neoliberal de la libertad de elección, los derechos de las trabajadoras sexuales y las posiciones feministas a favor del derecho de las mujeres a elegir, y el argumento de minimización del daño protegiendo a las mujeres que optan por trabajar en la industria del sexo, fueron consideradas como cuestiones de justicia. El argumento a favor de la despenalización del trabajo sexual comenzó y terminó en la justicia. La Ley de Derechos Humanos (1993) establece que “la intención es ayudar a asegurar que todas las personas en Nueva Zelanda sean tratadas de manera justa y equitativa”. El ex vicecanciller de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, Raewyn Dalzicl, reforzó la tradición de justicia de Nueva Zelanda al afirmar que la justicia y los derechos siempre han sido un objetivo en este país. Al hablar del sufragio de las mujeres en Nueva Zelanda, declaró que el mensaje que Nueva Zelanda transmitía al mundo exterior no era sólo sobre las mujeres de Nueva Zelanda y la vida política de Nueva Zelanda, sino sobre la justicia social y política ” (citado en Fischer, 2012: 262). La justicia efectivamente silenció la voz neoabolicionista en Nueva Zelanda y, al hacerlo, las mujeres (así como los hombres y las personas transexuales) han obtenido la libertad de elegir ser trabajadoras sexuales.

 

Nota

I El Partido Laborista estaba en el poder en el momento en que el proyecto de ley pasó por el parlamento y por lo tanto tenían la mayoría de los escaños en el parlamento: cuarenta y uno de sus 51 diputados, así como nueve del Partido Verde votaron a favor de la despenalización. Los otros diez votos procedieron de los partidos de centro-derecha ACT (4) y Nacional (6). Los que votaron contra la despenalización fueron en su mayoría de centro o centro derecha. Los únicos votos de izquierda contra el proyecto de ley vinieron de nueve miembros del Partido Laborista y de los dos del Partido Progresista. La abstención fue de un miembro del Partido Laborista.

 

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Reducir la trata de personas a través de la despenalización del trabajo sexual

 

AMA Journal of Ethics. January 2017, Volume 19, Number 1: 122-126.

 

Erin Albright, JD y Kate D’Adamo, MA

 

http: //journalofethics.ama-assn.org/2017/01/sect2-1701.html

 

Resumen

Para reducir la trata de personas, los trabajadores de la salud deberían apoyar la despenalización total de la prostitución. Al igual que la trata en otros tipos de trabajo, la prevención de la trata en el comercio sexual requiere abordar las diferentes formas de marginación que crean comunidades vulnerables. Al eliminar las leyes punitivas que impiden denunciar la explotación y el abuso, la despenalización permite a las trabajadoras sexuales trabajar de forma más segura, reduciendo así la marginación y la vulnerabilidad. La despenalización también puede ayudar a desestigmatizar el trabajo sexual y ayudar a resistir la marginación política, social y cultural de las trabajadoras sexuales.

 

 

Introducción

 

En agosto de 2016, Amnistía Internacional, manteniendo y reafirmando su enérgica condena de la trata de personas, publicó una orientación política modelo que llama a los países a despenalizar el comercio sexual para proteger mejor la salud y los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual [1]. Como explica Amnistía en la orientación política, la despenalización es el cambio de “delitos comunes que penalizan la mayoría o todos los aspectos del trabajo sexual”, incluidas las leyes que se dirigen a terceros no coercitivos que compran o facilitan el trabajo sexual, a “leyes y políticas que brindan protección a las trabajadoras sexuales de los actos de explotación y abuso “[2]. La política ha sido respaldada por la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, la Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres (GAATW), Human Rights Watch, Lambda Legal, la Unión Americana de Libertades Civiles, Freedom Network USA y muchas otras organizaciones que se enfocan en poblaciones vulnerables, incluidas las víctimas de la trata de personas [3, 4]. Lo que es más importante, es una política abrumadoramente respaldada por las personas que comercian con sexo: la comunidad afectada por estas leyes y políticas [5].

 

En contraste, las organizaciones que ven la despenalización como algo que da permiso e impunidad a los posibles explotadores han criticado esta orientación política, a pesar de la insistencia expresada en ésta en que se mantengan o establezcan leyes contra la trata y las agresiones físicas y sexuales [1]. Sin embargo, estas críticas no logran entablar una conversación matizada sobre el trabajo sexual en lo que respecta a la explotación, la pobreza, la discriminación, los derechos de las trabajadoras y la trata de personas [6]. Más importante aún, la investigación muestra lo contrario: la penalización crea condiciones de impunidad y aumenta las vulnerabilidades de las trabajadoras sexuales a la violencia y la explotación, incluida la trata.

 

Razones para oponerse a la penalización del trabajo sexual

 

El trabajo sexual y la trata sexual no son sinónimos. La participación en el comercio sexual se produce en un espectro constantemente cambiante de elección, circunstancia y coacción. Las víctimas de trata se encuentran en el otro extremo de este espectro, implicadas en el trabajo sexual por la fuerza o la coacción. Si bien es difícil cuantificar el número de personas víctimas de trata en el comercio sexual, sí sabemos, como veremos más adelante, que la penalización del trabajo sexual aumenta la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales a la violencia, la explotación y la trata [7]. De esta forma, aquí, discutimos cuatro razones por las cuales los profesionales de la salud deberían oponerse a la penalización del trabajo sexual.

 

Aumento de la violencia. En primer lugar, la penalización aumenta las oportunidades de violencia que, de facto, no se pueden denunciar [7]; es decir, debido a que el trabajo que realizan se considera una actividad delictiva, las personas que ejercen el trabajo sexual son blancos fáciles de abuso y explotación, incluido la trata. El temor a la detención y otras consecuencias significa que aquellas personas que participan en el trabajo sexual tienen menos probabilidades de denunciar casos de violencia o explotación, lo que resulta en un “clima de impunidad que fomenta que la policía, el sector de la salud y grupos no estatales abusen de los derechos de las trabajadoras sexuales”[8]. Esto es cierto incluso para los llamados marcos de “penalización parcial”, como los que penalizan sólo a los compradores de sexo. Si bien dicha estrategia parece basarse, a primera vista, en el bienestar de las personas que ejercen el trabajo sexual, su puesta en práctica a menudo significa la vigilancia de las áreas donde las trabajadoras sexuales realizan su trabajo. Esto obliga a trabajar en condiciones y lugares más aislados, lo que aumenta la vulnerabilidad física. Interrumpe las estrategias y negociaciones de seguridad críticas, incluidas las técnicas de reducción de daños, como el uso de preservativos, y las redes de pares [7]. Según un estudio publicado en The Lancet, la penalización parcial “crea daños similares a los de la penalización total al impedir la capacidad de las trabajadoras sexuales de proteger su salud y su seguridad, y creando una relación antagónica con la policía que da lugar a un clima de impunidad” [8].

 

Erosión de confianza. En segundo lugar, la penalización socava la confianza en los sistemas de apoyo, incluida la atención de la salud. El temor a ser juzagas moralmente, la discriminación, la menor calidad del servicio y las consecuencias legales impiden que muchas divulguen que están involucradas en el trabajo sexual, independientemente de si se han implicado a través de la elección, las circunstancias o la coacción [9]. Un estudio de 783 trabajadoras sexuales informó que el 70 por ciento nunca había revelado la naturaleza de su trabajo a un profesional de la salud [10]. En una evaluación de necesidades de trabajadoras sexuales que buscan clientes en espacios públicos, a menudo referidas como trabajadoras sexuales callejeras, una mujer explicó: “Fui violada y tenía miedo de ser enjuiciada por el hospital y que llamaran a la policía”. [9]. Interrumpir la relación entre un profesional de la salud y una trabajadora sexual puede significar que no se tengan en cuenta las señales de alarma importantes de la explotación, la violencia y la trata.

 

Aumento de la vulnerabilidad. En tercer lugar, la implicación en el sistema de justicia penal crea consecuencias duraderas, en términos de la evolución de la salud de una persona y la vulnerabilidad a la trata y otras formas de explotación. La incapacidad de ocultar una detención y condena por prostitución hace que la obtención de empleo formal, vivienda, prestaciones sociales y apoyo comunitario sea significativamente más difícil. Las multas y los costos asociados con una detención agravan la pobreza, lo que aumenta significativamente la vulnerabilidad de una persona a la trata y otras formas de explotación.

 

Estigma. Finalmente, la penalización refuerza el estigma, que perpetúa la marginación de las trabajadoras sexuales. Las investigaciones respaldan el hecho de que las trabajadoras sexuales son algunas de las personas más marginadas del mundo, sometidas a violaciones generalizadas de los derechos humanos que incluyen homicidio, violencia física y sexual, encarcelamiento, acoso por parte de las fuerzas del orden y discriminación en el acceso a la atención médica y otras fuentes de apoyo [1] Social, cultural, política y económicamente, las trabajadoras sexuales son estigmatizadas, ignoradas y silenciadas activamente incluso en espacios activistas que debaten sobre las mismas políticas que influyen en sus vidas [11]. Con demasiada frecuencia, se habla de las personas que ejercen el trabajo sexual en lugar de darles una plataforma para hablar por sí mismas, y el resultado es la falta de reconocimiento y cumplimiento de sus derechos humanos básicos.

 

Conclusión

 

La despenalización puede motivar un mayor reconocimiento de los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y es por tanto un mecanismo de importancia crítica para disminuir la trata. Cuando mejoramos la salud y los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual, también lo hacemos para aquellas que son víctimas de trata sexual. De hecho, los “Principios y directrices recomendados sobre derechos humanos y trata” de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que “las violaciones de los derechos humanos son a la vez causa y consecuencia de la trata de personas” y, por lo tanto, es “esencial colocar la protección de todos los derechos humanos en el centro de todas las medidas adoptadas para prevenir y poner fin a la trata “[12]. Al despenalizar el trabajo sexual, las trabajadoras sexuales que sufren violencia pueden buscar ayuda de las fuerzas de orden público, los trabajadores de la salud o incluso amigos, con menos temor a las consecuencias para ellas mismas o para otros. Pueden unirse a redes de pares y emplear técnicas de reducción de daños que les ayuden a mantenerse más seguras, de modo que ya no tengan que arrostrar las consecuencias de una ficha penal simplemente por tratar de sobrevivir.

 

 

Referencias

  1. Amnesty International. Sex workers at risk: a research summary on human rights abuses against sex workers. http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/briefing_-_sex_workers_rights_-_embargoed_-_final.pdf. Published May 2016. Accessed September 5, 2016.
  2. Amnesty International, 20.
  3. Women’s rights organization applauds new Amnesty International Policy to protect sex workers’ rights [news release]. Washington, DC: Center for Health and Gender Equity; May 26, 2016. Accessed October 19, 2016.
  4. Koster K. Does Amnesty International’s sex work resolution support “gender Apartheid”? Huffington Post. November 3, 2015. http://www.huffingtonpost.com/katherine-koster/amnesty-sex-work-resolution_b_8447106.html. Accessed October 19, 2016.
  5. Due to the myriad systems that marginalize women, including gender discrimination in the formal workplace and a higher scrutiny for policing under prostitution and loitering laws, women, both cis and transgender, are disproportionately engaged in the sex trade and may experience higher rates of exploitation. See, for example, Bobashev GV, Zule WA, Osilla KC, Kline TL, Wechsberg WM. Transactional sex among men and women in the South at high risk for HIV and other STIs. J Urban Health. 2009;86(suppl 1):32-47.
  6. Critics may also incorrectly use the terms decriminalization and legalization interchangeably, despite important differences in meaning. Legalization involves imposing state control over sex work through regulation, often in ways that perpetuate marginalization of vulnerable people.
  7. World Health Organization. Implementing Comprehensive HIV/STI Programmes with Sex Workers: Practical Approaches from Collaborative Interventions. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2013:24.
    http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/90000/1/9789241506182_
    eng.pdf?ua=1. Accessed September 12, 2016.
  8. Decker R, Crago AL, Chu SK, et al. Human rights violations against sex workers: burden and effect on HIV. Lancet. 2015;385(9963):192.
  9. Neal N, Schrader T, Hyndman, et al. Street based sex workers needs assessment: Toronto, Barrie and Oshwa. Street Health. February 2014:15. http://www.streethealth.ca/downloads/sex-workers-needs-assessment.pdf. Accessed August 25, 2016.
  10. Cohan D, Lutnick A, Davidson P, et al. Sex worker health: San Francisco style. Sex Transm Infect. 2006;82(5):418-422.
  11. Sukthankar A. Sex work, HIV and the law. Paper presented at: 3rd Annual Meeting of the Technical Advisory Group of the Global Commission on HIV and the Law; July 7-9, 2011; Geneva, Switzerland. http://hivlawcommission.org/index.php/report-working-papers?task=document.viewdoc&id=99. Accessed November 11, 2016.
  12. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf. Published 2002:3. Accessed November 18, 2016

 

Erin Albright, JD, es la directora regional de programas en Give Way to Freedom, en Boston. Sus ocho años de experiencia en el campo contra la trata incluyen trabajos para la Unidad de Trata de Personas del Departamento de Policía de Boston, gestión de una red de proveedores de servicios en Nueva Inglaterra, participación y liderazgo para Freedom Network USA y asesoramiento y liderazgo para grupos de trabajo en Nueva Inglaterra y en todo el país. Se especializa en el desarrollo de la capacidad de organización y la colaboración de servicios a través de la capacitación y la consulta con proveedores de servicios, fuerzas del orden público, grupos de trabajo y legisladores.

Kate D’Adamo, MA, es una defensora de políticas nacionales en el Proyecto de Trabajadoras Sexuales en la ciudad de Nueva York, donde trabaja en políticas y apoyo social a nivel estatal, federal e interregional sobre cuestiones que afectan a quienes participan en el comercio sexual, incluida la trata de personas y el VIH. Antes de unirse al Proyecto de Trabajadoras Sexuales, Kate fue una organizadora principal del Proyecto de Extensión de Trabajadoras Sexuales en Nueva York y Sex Workers Action New York, dos organizaciones dirigidas por mandantes que apoyan a quienes comercian con sexo en el área de la ciudad de Nueva York. También ha trabajado en temas como la trata de personas, los derechos laborales, la solidaridad internacional y la migración en la Comisión Internacional de Derechos Laborales, Global Workers Justice Alliance, Open Society Foundation y Freedom Network USA.

Reconocimientos

Los autores desean agradecer a Meg Muñoz, fundadora y directora ejecutiva de Abeni, por su aporte, sabiduría y liderazgo general sobre este tema.

Encuesta de Médicos del Mundo sobre el impacto de la ley de penalización de clientes en Francia

 

Marzo 2017

https://www.cabiria.asso.fr/Enquete-MdM-loi-penalisation

 

Del difícil equilibrio entre seguridad, precariedad e independencia después de la aprobación de la “Ley para reforzar la lucha contra el sistema de prostitución y para acompañar a las personas prostituidas”

 

« ¿Hasta cuándo podremos decir ‘no’ al cliente? »

« Me he convertido en la que dice ‘sí’ a cualquier precio »

 

Informe intermedio de la encuesta coordinada por Médicos del Mundo en colaboración con las asociaciones Acceptess-T, ARCAT, le Collectif des Femmes de Strasbourg Saint Denis, Autres Regards, Cabiria, Grisélidis, les Amis du Bus des femmes, Act Up-Paris, Syndicat du travail sexuel – STRASS, Aides y el Mouvement français pour le planning familial.

El objetivo de este estudio es documentar el impacto de la ley de fortalecimiento de la lucha contra el sistema de la prostitución, aprobada por la Asamblea nacional 6 de abril de 2016 y promulgada el 13 de abril (Ley Nº 2016-444), sobre las condiciones de ejercicio y de vida de las personas que ejercen el trabajo sexual. Dirigido por Médicos del Mundo y llevado a cabo en cooperación con las organizaciones asociadas, se trata de un estudio cualitativo, que quiere destacar la opinión de las primeras personas afectadas por esta ley y los cambios experimentados desde que se promulgó .

Este informe es una primera etapa de la documentación, ya que las entrevistas se llevaron a cabo entre julio y octubre de 2016. En ese momento, la ruta de salida de la prostitución aún no estaba establecida y solo pudimos recoger opiniones sobre el deseo de participar o no y opiniones relativas al establecimiento de dicho programa.

Por otro lado, incluso si la penalización de los clientes se aplica de forma desigual de una ciudad a otra, la posibilidad de su aplicación en todas partes ha transformado fuertemente las condiciones de práctica de las trabajadoras sexuales. La precariedad, la asunción de riesgos, el aislamiento, el uso de intermediarios y, en última instancia, el impacto en la salud y el aumento de la violencia son otros tantos comentarios que aparecen en las entrevistas.

 

Se puede descargar el documento en formato PDF aquí:

http://bit.ly/2jkiZov

 

continuación, la traducción de la

 

Conclusión

Este proyecto de investigación colectiva continuará hasta que pasen dos años desde la implantación de la ley para documentar su impacto, incluida la ruta de salida de la prostitución, que todavía no está en vigencia.

Durante los primeros seis meses de la despenalización de la solicitación pública y la criminalización de la compra de servicios sexuales, las principales observaciones obtenidas de entrevistas y testimonios de trabajadoras sexuales son las siguientes:

La ley no tiene suficientemente en cuenta la diversidad de las prácticas de prostitución.

– La ley considera que las trabajadoras sexuales (TS) son víctimas de trata. A esto, muchas responden que a menudo trabajan independientemente y que cuando hay un intermediario es más bien elegido que sufrido o impuesto.

– Las mujeres encuestadas tienen niveles de vida muy diferentes. Algunas viven en situaciones precarias (dificultades de vivienda, para alimentarse, para cuidarse), otras tienen un nivel de vida más alto. La prostitución a menudo es preferida a otro trabajo que no proporciona ingresos suficientes para vivir bien.

La aplicación de la ley no parece realista y realizada.

– A pesar de la derogación del delito de solicitación pública, las relaciones con la policía han cambiado poco y las medidas locales continúan permitiendo la represión de las trabajadoras sexuales.

– La ley tiene un efecto disuasorio sobre los clientes sin que se estén imponiendo, por lo demás, multas. Condenar al cliente es injusto para muchas de las entrevistadas, que lo consideran moralizante e inadecuado para el propósito declarado de proteger a las trabajadoras sexuales y luchar contra el proxenetismo.

La ley tiene un impacto en las condiciones de trabajo y de vida:

– Las mujeres entrevistadas observan un descenso en el número de clientes. La pérdida económica resultante modifica el equilibrio de poder establecido con el cliente. Se invierte y se convierte en una ventaja para el cliente. Las encuestadas dicen que tienen menos peso en la negociación de la tarifa con los clientes. Amenazar con denunciar al cliente en caso de dificultades no es una solución realista.

– Ante la disminución de los ingresos, las encuestadas dicen que se ven obligadas a aceptar clientes que no habrían aceptado antes. Algunos clientes luego imponen más fácilmente sus condiciones, que pueden llegar a ser prácticas maliciosas o arriesgadas.

– Por temor a ser multados, los clientes tienden a ir a lugares más apartados (aparcamientos …) o exigen runirse en su apartamento. Las entrevistadas creen que esto aumenta el riesgo de sufrir violencia.

– La ley también afecta las condiciones de vida de las mujeres entrevistadas. Al ganar menos, las mujeres deben limitar o priorizar ciertos gastos (cuidado, alimentos …) y aumentar sus horas de trabajo para compensar la falta de ingresos. Estas nuevas condiciones de ejercicio afectan su estado de salud. Están más estresadas, deprimidas y cansadas.

Se equivocan las abolicionistas

 

Se equivocan las abolicionistas si creen que van a acabar con la prostitución.

Y no porque sea imposible, sino porque no han adoptado la estrategia adecuada. Hacer la guerra a la prostitución “manu militari”, como se hace la guerra a las drogas o al terrorismo, sólo llevará a un mayor sufrimiento de las mujeres y a un mayor enriquecimiento de las mafias, estatales y no estatales, para mayor gloria del feminismo carcelario.

La única forma de acabar con la prostitución es llevar a cabo una guerra comercial que hunda los precios y arruine a la competencia. Esta guerra debería enfocarse en la demanda, por una parte, y en la oferta, por otra.

Acabar con la demanda de sexo pagado es fácil: basta con ofrecer sexo gratis. Y a esto las feministas abolicionistas no deberían objetar nada, ya que defienden el derecho a hacer con el propio cuerpo lo que se quiera y tienen muy claro que la fidelidad conyugal y la castidad virginal son instituciones patriarcales. Ahí están las Femen, usando sus tetas como arma de combate. Ya veo a las cohortes de feministas abolicionistas recorriendo los polígonos y haciendo que pagar por sexo sea lo más estúpido de este mundo.

Y en cuanto a la oferta, terminar con ella no puede ser asimismo más fácil: basta con ofrecer a cada prostituta una renta equivalente a sus ganancias y en las mismas condiciones, es decir, sin tener que hacer nada más que acostarse con quien le dé la gana y cuando le dé la gana.

Si no se pone fin a la prostitución es porque las abolicionistas no quieren.

Ellas sabrán por qué quieren llevar adelante una guerra que sólo beneficia a las mafias.