Las mentiras, las grandes mentiras y las estadísticas sobre prostitución

Glòria Poyatos Matas*

24.08.2014

 

https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2014-08-24/las-mentiras-las-grandes-mentiras-y-las-estadisticas-sobre-prostitucion_179597/

 

“Sólo me creo las estadísticas  que yo, personalmente, he manipulado” (atribuida a Winston Churchill).

 

“Prostitución, drogas y tráfico de armas dejan la ilegalidad estadística para entrar en el PIB”. Con ese titular se supo a principios de año que, a la vuelta del verano, el INE tendría en cuenta estas actividades ilegales a la hora de calcular el PIB. El 10 de mayo, la Junta Directiva de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado aprobaba a este respecto un extenso informe titulado Reforma fiscal española y agujeros negros del fraude. Propuestas y recomendaciones, en el que abogaba por la incorporación en el sistema tributario español de actividades denominadas ‘ilícitas’, como la prostitución, y se aplaudía esa inclusión, aunque sea estadísticamente, en la contabilidad europea.

Los países de la Unión estarán obligados a incluir en la medición del PIB el impacto del consumo de drogas, el contrabando y la prostitución en virtud del SEC 2010 (Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales), que reemplaza al SEC 1995. Se trata de una nueva metodología en la elaboración de la contabilidad nacional de los Estados de la UE -impuesta a través del Reglamento  nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 21 de mayo de 2013- aunque no en el mundo, pues este sistema ya funciona desde hace años en Japón, Estados Unidos, Australia, Canadá e incluso en países de nuestro entorno, como Suecia, Noruega, Austria, Estonia, Eslovenia u Holanda.

El INE ya se ha puesto en marcha para acometer esta ardua tarea aplicada al paradigma de uno de los negocios más sumergidos, el de la prostitución. Los datos estadísticos resultantes saldrán a la luz el 25 de septiembre, pero provisionalmente se prevé un aumento del PIB que oscilará entre un 2,7% y un 4,5%, con la consecuente repercusión sobre el déficit nacional.

Sin embargo, las estadísticas son una constelación de tentaciones a la manipulación. Por ello, en el presente caso, deben seguir las recomendaciones metodológicas que desde el Eurostat, la oficina estadística de la UE, se han establecido para armonizar la actuación de los Estados miembros, exigiéndose el consentimiento entre ambas partes en este tipo de transacciones para poder ser objeto de valoración económica, esto es, quedan fuera de esta nueva metodología de medición económica las actividades delictivas, como la trata de personas o el proxenetismo coactivo.

Datos fiables… y otros no tanto

Personalmente, me sorprendió el estruendo mediático que se dio a esta noticia, pues la prostitución es uno de los negocios más ‘estadisticados’, eso sí, en esta espinosa materia deben diferenciarse las estadísticas serias, esto es, las avaladas por estudios y organismos reconocidos por la comunidad internacional, de aquellas otras que siempre se aportan hueras de fuentes que las sostengan. Estas últimas suelen acompañarse de nudas valoraciones y un grave déficit transversal de argumentación racional.

Un ejemplo sería el eterno porcentaje de que más del 95% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen bajo coacción o bien son víctimas de trata. Esta ‘estadística’ colisiona frontalmente con los datos obtenidos por la ONU en un extenso estudio llevado a cabo en 2010 en Europa (Trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual), entre cuyas conclusiones se asevera que una de cada siete mujeres que ejercen la prostitución en Europa son víctimas de trata, esto es, aproximadamente un 15%. Sin duda alguna, es una cifra abominable y demasiado elevada, en un entorno autocalificado de progresista y protector de la mujer frente a una de las delincuencias más repugnantes y, desgraciadamente, mejor organizadas, pero un 15% no es un 95%. Hay, por tanto, un 80% de mujeres desterradas a la invisibilidad y al ostracismo de derechos, lo que aumenta su fragilidad frente al empoderamiento de los clientes y la patronal del sexo.

Siguiendo con las estadísticas serias, debe destacarse el informe de la OIT The Sex Sector: The economic and social bases of prostitution in Southeast Asia, de 1998, diseñado por Lin Lean Lim sobre el sector del sexo en Asia sudoriental. Tal informe fue el resultado de un laborioso trabajo de investigación sobre la prostitución en cuatro países asiáticos: Filipinas, Tailandia, Malasia e Indonesia. De él se extrajeron conclusiones como que, a pesar de no hallarse regularizada, la industria sexual en dichos países alcanzaba económicamente el 14% del PIB. Y se concluyó con una recomendación clara a los países para regularizar la prostitución, porque sólo si se obtiene un rendimiento fiscal de esa actividad podrá incluirse en programas de ayuda y protección social, y solo si se visibiliza se permitirá a las trabajadoras sexuales acceder a toda la protección del sistema y a disponer de derechos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El caso español

Ya en nuestro país, en 2006, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales subvencionó un extenso y detallado informe (firmado por Graciela Malgeseni, del Escode) sobre el impacto de una posible normalización profesional de la prostitución en la viabilidad y sostenibilidad futura del sistema de pensiones. El resultado fue que la regularización de la actividad (autónoma) de la prostitución conllevaría un potencial incremento de afiliaciones a la Seguridad Social del 0’6%; el impacto recaudatorio de cuotas elevaría el existente en un 0’4% ; el IRPF, en un 0’85%; y el IVA en un nada desdeñable 0’78%.

En 2007 tuvo lugar otro abordaje estadístico de la actividad sexual remunerada, con motivo de la creación de una comisión parlamentaria para el estudio de la situación actual de la prostitución en España, en cuyo informe final, de fecha 13 de marzo de 2007, se concluye que los españoles se gastan 50 millones de euros todos los días en prostitución, que hay unas 400.000 prostitutas y que, según los datos aportados por los propietarios de los clubs de alterne, el negocio mueve en España 18.000 millones de euros. Los ingresos por prostituta y año ascienden a unos 45.000 euros.

Por último, entre los trabajos de investigación sobre el tema debe hacerse referencia necesariamente (a pesar de la escasa publicidad que se le dio, quizás porque los resultados obtenidos no fueron los inicialmente pretendidos) al extenso estudio teórico y práctico titulado La prostitución femenina en la Comunidad de Valencia, patrocinado por la Conselleria de Bienestar. Se realizó entre 2006 y 2007, con la participación de cuatro universidades valencianas públicas. En él, se cuestionan seriamente algunos de los datos estadísticos obtenidos hasta el momento, y se concluye que en la comunidad trabaja el 10% (10.000 mujeres) del total de las que ejercen la prostitución en nuestro país; la demanda está constituida por 130.000 clientes, es decir, algo más del 6% de la población valenciana de sexo masculino mayor de 15 años; la oferta anual de servicios sexuales se cuantifica aproximadamente en 3.120.000 servicios; y el volumen del negocio de la prostitución en la comunidad ascendió en 2006 a 230.462.353 euros, lo que en relación al PIB valenciano para ese mismo año (que era de casi 95.000 millones), suponía un 0’24%.

Las estadísticas y datos contables que se conocerán en unas semanas nos indicarán, finalmente, el impacto que tiene la actividad de la prostitución en el PIB español. No es un secreto que el personal del INE se encuentra actualmente confeccionando sus datos, lo que incluye visitas a los locales de alterne, las calles y las sedes de las asociaciones de trabajadoras sexuales más importantes de este país. Todo apunta a que las esperadas estadísticas se situarán en el grupo de las serias (esperemos que sea así), al igual que las que se citan en este artículo.

*Glòria Poyatos Matas es jueza decana de Lanzarote y autora de ‘La prostitución como trabajo autónomo’ (ed. S.A. Bosch).

 

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APDHA Sevilla: El Ayuntamiento de Sevilla “no tiene excusas” cuando identifica prostitución y trata

https://www.apdha.org/ayuntamiento-sevilla-no-excusas-cuando-identifica-prostitucion-y-trata/

 

Sevilla, 22 de septiembre de 2017-. Una vez más vuelve a ser noticia la campaña del Ayuntamiento de Sevilla, en esta ocasión por el Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata.

El 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Esta fecha fue instaurada por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en 1999, como estrategia para sensibilizar sobre necesidad de luchar contra esta grave vulneración de derechos fundamentales. Este año, el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido por su propia cuenta, añadir la prostitución a la celebración de este día, decidiendo de esta manera conmemorar el Día Internacional contra la Explotación Sexual, la Trata y, también en esta ocasión, la Prostitución. De esta forma, se apropia de un llamamiento acordado a través de una conferencia mundial para adecuarlo a sus propias políticas e intereses anti prostitución.

Y NO HAY EXCUSAS para ello. No sólo por el atrevimiento de esta apropiación, sino porque esta equiparación entre trata y prostitución no tiene ningún tipo de rigor objetivo, es fruto de un punto de vista sesgado y plagado de prejuicios morales, y lo que es aún peor, tiene graves consecuencias sobre las personas que ejercen la prostitución de manera voluntaria y supone una negación de su condición como sujetos de derechos.

Desde la delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, insistimos en que no se puede legislar confundiendo trata con prostitución, porque no beneficia a las víctimas reales y supone una fuerte discriminación y vulneración de derechos para quienes la ejercen de forma voluntaria.

No hay excusas, legislar a través del acoso y criminalizar a los clientes no los resta, y solo favorece a la estigmatización de quienes ejercen el trabajo sexual. Desde APDHA, animamos al ayuntamiento a probar con campañas en positivo  por la educación, más que por la represión.

No hay excusas, y tenemos conocimiento que el propio Ayuntamiento de Sevilla reconoce en una evaluación tardía del Plan para Promover la Erradicación de la Trata, la Prostitución y otras formas de Explotación Sexual, que las medidas tomadas han llevado a la clandestinidad a las personas trabajadoras del sexo, suponiendo así, un agravamiento a su situación de marginalidad.

No hay excusas. Sin contar con las voces de las personas trabajadoras del sexo no se puede tener conocimiento de la realidad. El acoso invisibiliza, estigmatiza y provoca que se desplacen a zonas del extrarradio de la ciudad, más inseguras, o a esconderse en clubes de alterne o ‘salas de fiesta’ donde son más propensas a prestar los servicios para terceros, con condiciones precarias e infrahumanas, donde son más difíciles de atender y de detectar vulneraciones de derechos humanos.

No hay excusas para que la administración ataque a las personas que ejercen el trabajo sexual en la calle, las más visibles y vulnerables, mientras da la espalda y no atiende ni se preocupa por las condiciones de trabajo ni el cumplimiento de derechos laborales en clubes y empresas.

No hay excusas, no hay medidas o recursos efectivos suficientes para aquellas personas que quieran dejar de ejercer la prostitución. No basta con la realización de pruebas del VIH y el reparto de preservativos.

No hay excusas, establecer el miedo y la represión solo aleja a las personas que ofrecen servicios sexuales de las administraciones y las fuerzas de seguridad, por temor a ser estigmatizadas.

No hay excusas. Basta de criminalizar a las personas que libremente prestan servicios sexuales, porque sin dignidad no hay derechos.

 

Nuevas leyes en EE.UU.: escuchas telefónicas a las trabajadoras sexuales, castigo previo al delito y estrategia nacional para detener a los compradores de sexo

 

El Congreso actúa para otorgar a la administración Trump vastos nuevos poderes policiales, con el pretexto de combatir la “trata sexual”.

Elizabeth Nolan Brown | 15 , Sept. 2017

http://reason.com/blog/2017/09/15/trafficking

En medio de las conmemoraciones nacionales del 11 de septiembre, los senadores estadounidenses aprobaron calladamente dos importantes expansiones del poder federal.

Ambos proyectos de ley fueron presentados por los republicanos, pero atrajeron a los copatrocinadores bipartidistas. Ambos fueron aprobados por el Senado por unanimidad. Ambos están disfrazados de intentos de luchar contra la trata sexual, el trabajo forzado y la “esclavitud moderna” (hay incluso un guiño a Frederick Douglass en un proyecto de ley). Pero, vistos de cerca, son simplemente un pretexto para otorgar nueva autoridad al Procurador General Jeff Sessions, al Presidente Trump y a la policía de todo el país. Incluso hay alguna financiación reservada para las iniciativas de control fronterizo que el presidente elija.

Bajo estas nuevas medidas, el FBI y los agentes de inmigración, así como la policía estatal y local, pueden interceptar en secreto las comunicaciones de las trabajadoras sexuales sospechosas o de quienes se asocien con ellas. La autorización de escuchas telefónicas se extiende mucho más allá de los tratantes de sexo, incluyendo adultos que consienten en cualquiera de los dos lados de un intercambio sexual comercial.

Los proyectos de ley hacen un llamamiento a una nueva estrategia nacional para reducir la “demanda” de prostitución, ordenan que todas las fiscalías de los Estados Unidos sean capacitadas para tratar el comercio sexual como “una forma de violencia de género”, y hacen que el entrenamiento antitrata de la policía incluya “detener y perseguir a los compradores de sexo comercial”. Un objetivo principal en ambas leyes son los clientes de la prostitución.

Pero también hay muchas cosas cuya finalidad es perjudicar a las trabajadoras sexuales, incluyendo una norma de que ningún fondo federal pueda ir a cualquier organización sin fines de lucro que ayude a las personas que se benefician del sexo, y una ampliación del término “banda criminal callejera” que podría incluir a cinco o más trabajadoras sexuales que viajaren juntas. Los miembros de bandas criminales callejeras se enfrentan a 10 años más de tiempo de prisión de lo que lo harían por el mismo delito.

Y si bien la creación de una Oficina de Asistencia a Víctimas dentro de la Oficina de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos puede sonar agradable, refleja el papel creciente de los agentes de inmigración en las investigaciones de trata. O, como se podría decir, es un pretexto para que ICE e Investigaciones de Seguridad Interior se unan a las redadas de prostitución en ciudades pequeñas y salones de masajes a través de Estados Unidos.

Estos son algunos de los otros cambios contenidos en la nueva legislación del Senado sobre trata:

 

La Ley de Protección de las Víctimas de la Trata (TVPA) de 2017

Este es el último heredero de un proyecto de ley aprobado en 2000 y reautorizado, con expansiones significativas, cada pocos años. A pesar de que no hay datos creíbles que demuestren un aumento en la trata de personas durante este tiempo, ni evidencia de que el enfoque de los federales haya estado funcionando, cada reautorización se ha expandido en las mismas estrategias, definiendo una gama cada vez más amplia de actividades como constitutivas de trata sexual, dedicando a librar una guerra contra la prostitución recursos federales destinados a combatir la trata, y derrochando cada vez más dinero en el intento.

Presentado por el Senador de Iowa Chuck Grassley, el proyecto de ley (S.1312) otorga al Procurador General el poder para entablar una demanda civil contra cualquier persona sospechosa de cometer o planear cometer “cualquier acción que constituya o pueda llegar a constituir” una violación de varios estatutos federales. Si un tribunal está de acuerdo, la persona o entidad tendría que parar cualquier actividad que supuestamente contribuya a un delito actual o futuro.

Se trata de un poder superior al de los procedimientos policiales y penales normales. Podría permitir a los federales cerrar de forma preventiva los sitios web, los motores de búsqueda, las aplicaciones sociales, los navegadores, los servicios de cifrado o las empresas con presencia física porque los criminales (ampliamente definidos) podrían comunicarse allí.

El poder se aplica a las presuntas violaciones de la Ley Mann (que prohíbe conducir a trabajadoras sexuales adultas a través de las fronteras estatales, entre otras cosas), estatutos federales de conspiración y las secciones 77 y 110 del código penal de los EE.UU . Esta es una categoría masiva de delitos que lo incluye todo, desde el trabajo forzado y la trata sexual al uso de palabras, imágenes o nombres de dominio engañosos para hacer que alguien vea la obscenidad, el sexo con un menor (incluso si es menor de edad), atraer a alguien para cruzar las fronteras estatales con fines de sexo ilícito, albergar a un inmigrante indocumentado en un lugar de prostitución, publicar cualquier detalle sobre un menor que se utilice para promover un delito sexual, conducta ilegal con documentos de inmigración por motivos laborales o sexuales, o conspirar para cometer cualquiera de los anteriores.

El nuevo TVPA también hará que la lucha contra el envío por teléfono móvil de imágenes de contenido sexual y su uso para extorsionar y contra el ciberbullying formen parte del mandato del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), un grupo cuasi gubernamental que funciona con dinero federal y trabaja en estrecha colaboración con la policía federal. Luchar contra la extorsión sexual (que alguien propague o amenace con propagar fotos sexuales de otra persona sin su consentimiento) es una invitación para que el gobierno federal se involucre en casos de envío de contenido sexual por teléfono móvil entre adolescentes.

Todo esto, dejando a un lado un montón de dinero para programas de dudoso valor destinados a detener la explotación sexual. Como los $ 7,5 millones por año para iniciativas presidenciales relacionadas con “alternativas económicas para disuadir la trata”, programas de detección de fronteras y videos de propaganda para mostrar en el extranjero. Esto es a cargo de los $ 7,5 millones destinados para inespecificados proyectos presidenciales “dedicados a prevenir la trata” y a “promover respeto por los derechos humanos”.

 

Ley para abolir la trata de personas

 

Esta Ley (S. 1311), permitiría a los jueces dictar penas de prisión de duración tres veces superior a lo que sería de otra manera para los delincuentes sexuales reincidentes de cualquier tipo (incluidos los delincuentes por primera vez a nivel federal con cualquier delito de sexo estatal o local en su registro). La medida prohíbe a las agencias federales y a cualquier persona que use fondos o recursos federales asociarse con cualquier programa que proporcione recursos a cualquier persona que “obtenga beneficios del comercio sexual comercial”. En otras palabras, nadie que reciba dinero de la subvención federal (para ayudar a las víctimas de la trata de seres humanos o cualquier otra cosa) puede trabajar a sabiendas con cualquier trabajadora sexual o cualquier organización sin fines de lucro que ofrezca apoyo a las trabajadoras sexuales.

 

Mientras tanto, las memorias federales antitrata deberán tener que incluir información sobre “la detención y el enjuiciamiento de compradores de sexo comercial”, como parte del creciente consenso federal de que “cualquier enfoque integral para eliminar la trata de personas incluirá un componente de reducción de la demanda”.

 

Personal de seguridad nacional, fiscales estadounidenses y policías que participan en grupos de trabajo contra la trata estarían capacitados para procesar a los compradores sexuales por delito de trata de personas. Y las subvenciones en virtud de la Ley contra la Violencia contra la Mujer y varios estatutos de abusos a los niños podrían utilizarse para luchar contra la prostitución en general.

 

En conjunto, estas leyes no son del todo horribles. Requieren que el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y otras agencias recopilen datos sobre detenciones y sus motivos en sus iniciativas de lucha contra la trata. Por primera vez, el Departamento de Justicia debe rastrear cuántas personas son detenidas por la Operación Cross Country, por ejemplo, y de qué se les acusa. Los funcionarios también tendrán que hacer un seguimiento no sólo del número de llamadas a la línea directa nacional contra la trata de personas sino también de cuántos terminan llevando a la denuncia de delitos federales.

 

Pero los puntos positivos de estas leyes son pocos, comprimidos como están entre el grotesco edificio burocrático y las imposiciones sobre las libertades civiles

 

 

Elizabeth Nolan Brown es una editora asociada en la revista Reason.

Con trabajo sexual es como apoyo a mi familia

Por Una Madre | Escritora invitada

Nueva Zelanda

4 de septiembre de 2017

 

https://thespinoff.co.nz/parenting/04-09-2017/sex-work-is-how-i-support-my-family/#.WbKX36aCLCp.facebook


¿Cómo se ganaría usted la vida si usted y su hija tuvieran una discapacidad severa? Una madre comparte cómo ella ha encontrado un trabajo que hace su vida apenas un poco más fácil.

Soy joven, maorí y trabajadora sexual, y mi vida es más difícil de lo que puedas imaginar, pero no por las razones que estás pensando. Algunas mañanas me despierto en la cama llorando. Sé que mi día será doloroso, y así será todos los días hasta lo que puedo ver en el futuro.

He vivido con dolor crónico en mi cuerpo desde que era una niña, y la discapacidad severa de mi hija significa que seguiré cuidándola a tiempo completo para el resto de mi vida. No es sólo un trabajo físico duro, es un trabajo duro emocionalmente, y algunos días no puedo soportarlo.

Como mucha gente, quiero trabajar duro ahora para poder retirarme cómodamente cuando sea anciana. Me imagino descansando en una pequeña cabaña rústica junto al mar, con un jardín lleno de plantas y flores silvestres. Pienso en sentarme al sol con amigos y hacer cadenas de cuentas y conchas para colgar en los árboles. Pienso en los adolescentes riéndose y diciendo lo atrasada que estoy. No es el objetivo de todos en la vida, pero no puedo esperar a quedarme atrasada.

Pero la realidad, sin embargo, es que vivo en una economía capitalista donde todo es de propiedad privada, y si no eres dueño de nada, no te queda más remedio que trabajar para la gente que sí tienen posesiones. Mi cuerpo no es capaz de trabajar una semana de 40 horas, ni permitir que me califique en algo que esté bien pagado. Estoy discapacitada para trabajar, y soy parte de una sociedad que no cuida a gente como yo, a gente como mi hija.

Tanto mi hija como yo nos vamos haciendo gradualmente más y más discapacitadas, pero ella mucho más deprisa que yo.

Ella ya necesita atención individualizada en todo momento, y todavía es sólo una niña pequeña. Las personas con su nivel de necesidades no se adaptan bien, ni siquiera en los centros de atención especializada.

No puedo soportar la idea de acortar su vida. Tengo que planear para su futuro — y me imagino que me sobrevivirá— así que necesito planear para eso también.

Pero, ¿cómo puedo planificar su futuro cuando apenas puedo pagar el alquiler?

¿Qué le pasará si no tengo una casa cuando no pueda trabajar?

Estas son las preguntas que contemplo mientras lloro en silencio en mi cama. Sé que mi vida siempre será difícil tanto física como emocionalmente, pero el trabajo sexual me ha dado esperanza para el futuro.

Ser una trabajadora del sexo significa que puedo trabajar cuando puedo y tener días libres cuando no. Puedo encajar mi trabajo en torno a mi discapacidad, elijo cuándo y cómo trabajo, y no hay presión en mi lugar de trabajo. Nunca tengo que hacer más horas de las que quiero, así que puedo pasar mucho tiempo cuidando de mi hija.

Lo más difícil de mi trabajo es ser organizada para colocar anuncios, contestar llamadas telefónicas, y tener un lugar conveniente para trabajar. Pago el impuesto sobre el dinero que hago, y ahorro todo lo que puedo para que mi sueño de una casa de campo se haga realidad un día.

Algunas personas argumentan que ninguna mujer que necesite dinero es libre de elegir el trabajo sexual, sino que se ve obligada a la prostitución por las circunstancias. Dicen que el trabajo sexual no es potenciador, es explotación. Dicen que mis clientes deben ser detenidos, y quieren que se me impida trabajar.

Dicen que estoy en un aprieto sin otras opciones, pero yo digo que el trabajo sexual me está sacando de un aprieto de por vida, y me alegro de tener la opción de hacerlo legalmente.

Después de luchar durante años en una situación desesperada de pobreza y dolor, abandonada por los servicios sociales y carente de redes de seguridad, finalmente encontré el trabajo sexual. Es un trabajo que puedo hacer, me permite trabajar y ahorrar, y está haciendo mi vida mucho mejor. El trabajo sexual me proporciona salud mental y felicidad, porque proporciona a mi hija un futuro, y cada día que pasa sin que ni mis clientes ni yo seamos detenidos es un día en el que mi vida se hace un poco más fácil.

¿Es empoderante? Te dejo decidir a ti .

Bella Robinson: de prostituta adolescente a defensora de los derechos de las trabajadoras sexuales

7 de febrero de 2015

Por Tara Burns

http://www.vice.com/en_ca/read/how-the-justice-system-pimped-me-out-969

Foto cortesía de Bella Robinson

La activista Bella Robinson se siente victimizada por las leyes que pretenden ayudar a personas como ella.

 

Bella Robinson entró en la industria del sexo siendo una chica de 18 años sin hogar que escapaba de un matrimonio abusivo que la había rescatado del sistema de acogimiento familiar de menores. Es exactamente la clase de “víctima” para la que se han inventado las leyes contra la trata sexual. Pero Robinson —que ahora es una activista de derechos humanos que ha sido puta (su término preferido) durante treinta años— no piensa en sí misma como una víctima de la industria del sexo. Dice que ha sido objeto de trata sexual por el Estado y victimizada por leyes que pretendían ayudar a personas como ella.

En 2012, ella contó parte de su historia en la película American Courtesans, apareciendo con el nombre de Gina. En la actualidad, emplea su tiempo hablando en residencias de estudiantes, acudiendo a eventos de formación laboral, reuniéndose con políticos y aceptando clientes.

La mamá de Bella sufría de esquizofrenia y alcoholismo. Cuando Bella tenía tres o cuatro años, su mamá se emborrachó, cogió del sótano el viejo rifle de caza de su abuelo, subió escaleras arriba y disparó a través de las ventanas de la cocina mientras Bella y sus tres hermanos dormían en el piso de arriba. A pesar de incidentes como éste, no fueron sacados de su casa y colocados bajo acogimiento familiar hasta que ella era ya adolescente. Como dice ella: “Solíamos escaparnos. No nos gustaba que nos hubieran arrojado entre extraños”.

A los 15 años, Bella se encontró en su domicilio más duradero, una casa de grupo dirigida por un sacerdote protestante retirado y su esposa. Ella no había vuelto a la escuela desde que se metió en problemas en el octavo grado, pero consiguió su GED, comenzó el instituto, y pronto tuvo su propia motocicleta y un trabajo haciendo cuidado en el hogar. También comenzó a acudir a un bar donde se apuntó a la liga de billar y se reunió con el hombre de 41 años de edad que se convertiría en su marido.

La casa de grupo estaba en una parte difícil de la ciudad, y todas las otras chicas quedaron embarazadas cuando tenían 16 años. “Mierda,” dice Bella, “no creo que se preocuparan por nosotros, ya que la mayoría de las chicas ni siquiera iban a la escuela.Recuerdo que las otras niñas solían robar todas mis cosas y yo era la única chica que tenía un trabajo.Sabía que tenía que salir de allí y yo no ganaba suficiente dinero para vivir sola. Además, era menor de edad.

Por aquella época, el matrimonio comenzó a parecer una opción viable para una chica de dieciséis años. “No era un matrimonio real, era un matrimonio para sacarme de un hogar de acogida, era más como un arreglo de negocios”, dice Bella. Hoy en día el gobierno considera que si los tutores intercambian algo de valor a cambio de permitir tener acceso sexual a menores de edad es una forma de tráfico sexual, pero en 1981 el Estado estaba ansioso por dejar que Bella se casara con un hombre de 41 años con antecedentes de violencia doméstica.

Les casó un juez de paz que encontraron en las páginas amarillas, sin anillo ni luna de miel, dos semanas después de que Bella cumplió 17 años. Su abuela les invitó a una cena-teatro a modo de banquete. Más tarde esa noche, Bella tuvo sexo por segunda vez en su vida. Era tan ingenua que cuando él le pidió una mamada pensó que se trataba de “alguna cosa rara”.

“Supongo que este fue mi primer acto de prostitución. Supongo que legalmente fui víctima de trata de menores de edad y me casé con un hombre de la misma edad que mi madre”, dijo Bella. Según la ley federal, cualquier menor que tenga relaciones sexuales como estrategia de supervivencia o a cambio de un lugar para vivir se considera víctima de trata sexual.

Bella tardó sólo unos pocos días en darse cuenta de que su esposo era un abusivo “alcohólico rabioso” que trató de aislarla y manipularla. Bella recuerda que la gritaba todos los días, por todo. Un día ella le devolvió el grito y él levantó la mano. No la golpeó, pero supo que lo haría la próxima vez.

El marido de Bella la convenció de que dejarlo significaba volver a la custodia estatal y ella optó por permanecer en un matrimonio abusivo en vez de regresar al cuidado estatal. La investigación en ciencias sociales muestra que muchos adolescentes encuentran sexo y abuso de supervivencia preferible al sistema de acogida temporal. En un informe de investigación de 2009, el Proyecto de Empoderamiento de las Mujeres Jóvenes escribió: “Nos sorprendió cuantas historias escuchamos de niñas, incluidas las niñas transgénero, y las mujeres jóvenes, incluyendo mujeres trans, sobre sus experiencias violentas con proveedores de servicios sin fines de lucro. Esto nos molestó porque los adultos y los trabajadores sociales a menudo nos dicen que la búsqueda de servicios mejorará nuestras vidas. Pero cuando hacemos, los sistemas creados para ayudarnos al final pueden empeorar las cosas. Esto estuvo claro cuando miramos el sistema de acogida”.

En 2011, un criminólogo, comentando sobre la investigación de John Jay College que mostró que el 70 por ciento de los jóvenes involucrados en el sexo transaccional había estado involucrado anteriormente con “agencias de asistencia” y sólo el 10 por ciento tenía proxenetas, dijo a Village Voice, “La cuestión es la siguiente: si [esta investigación] es correcta, ¿qué hacemos con ese 90 por ciento? ¿Lo ignoramos ? ¿Con qué interés miramos cómo se metieron en esa circunstancia? Podrías argumentar que para el 90 por ciento para quien no pudieron encontrar ningún proxeneta, bueno, ¿cómo sucede?

Así es como sucede.

Bella escapó de su esposo pocos días después de cumplir 18 años, cuando fue liberada de la amenaza de la custodia estatal. Durmiendo en su coche y trabajando a tiempo parcial por el salario mínimo, pronto se dio cuenta de que tener una casa sería casi imposible. Fue entonces cuando conoció a dos drag queens (que era el término que preferían en ese momento), lo que resultó ser su salvación.

Una de las drag queens, Joey (abreviatura de Joanne) estaba levantando clientes en el strip, pero Bella no lo sabía todavía. “Nunca pregunté dónde Joey había conseguido el dinero para poner gasolina en mi coche o comprarme cigarrillos y comida”, dice Bella. “Pronto lo averigüé. Me quedé sin gasolina y tuve que caminar unas pocas manzanas hasta una gasolinera y un tipo vestido de camuflaje rojo se ofreció a darme un paseo. Me invitó a salir. Le dije que NO, que estaba casada, y él sacó su placa y dijo que estaba detenida por prostitución “.

Bella llama a este capítulo de su vida: “Cómo un policía me acechó y selló mi destino con mi primera acusación y convicción de prostitución porque no quise salir con él”.

El tipo de incidente que Bella describe es deprimentemente común: las mujeres han sido detenidas por caminar por la calle tan a menudo que se ha acuñado la expresión “parar y cachear mujeres” o “andar por la calle siendo trans”. ¿Pero la detención de jóvenes por prostitución conduce a la prostitución?

Joanna Morse, licenciada en matrimonio y terapeuta familiar, dice que ciertamente podría ser así. “Los jóvenes en esa etapa de la vida, conocida como “identidad versus confusión de roles”, deberían estar tratando activamente de responder a preguntas importantes como: ‘¿Quién soy yo? ¿Qué puedo ser? ‘”, explica.”Los jóvenes están significativamente influenciados no sólo por los compañeros, sino también por los modelos de conducta, lo que sin duda podría, para bien o mal, incluir la aplicación de la ley. Es lógico que etiquetas de peso, como las que se imponen a través de los sistemas de justicia penal, podrían llegar a ser poderosa y negativamente deterministas.”

Siendo realista, dice Bella, probablemente se habría convertido en una prostituta de todos modos. Ser detenida por prostitución simplemente hizo más fácil tomar la decisión, porque ella estaba enojada por haber sido acusada antes de empezar.

Habiendo sido pública y permanentemente identificada con un registro criminal, se volvió a Joey para aprender a convertirse en una prostituta. Joey le dio condones a Bella y le enseñó a concertar las citas y a cobrar $ 20 por sexo oral y $ 40 por sexo en los hoteles.Le dijo que siempre tenía que hacer que el hombre pagara la habitación. Joey también le enseñó a realizar un seguimiento de las matrículas y las marcas, modelos y colores de los coches de los clientes. Luego ambos comprobarían sus datos. Joey nunca le pidió dinero, y Bella pronto se enteró de que era mucho más fácil para ella concertar citas de lo que era para Joey.

Sólo un par de semanas antes, cuando tenía 17 años , las leyes actuales habrían llamado a Bella una víctima de una forma severa de trata de seres humanos, pero para ella era un cuento de hadas: “Me di cuenta de que si levantaba sólo uno o dos clientes pagaba mi hotel, comida y tabaco por un día. Entonces me puse a vivir en mi castillo y no tener que besar el culo de ningún hombre.”

“Esta enorme diferencia entre cómo los jóvenes ven sus circunstancias en el comercio sexual y cómo son percibidas por las fuerzas del orden y las organizaciones sin ánimo de lucro ha llevado a una gran cantidad de tiempo de cárcel para las “víctimas” juveniles de esta “severa forma de trata de seres humanos”. Jolene Goedin, una agente del FBI que dirige el programa Inocencia Perdida de Alaska, dijo en una conferencia sobre la trata sexual de 2013 que considera necesario encarcelar a jóvenes que están en el comercio sexual si no entienden que son víctimas o “admiten” que tienen proxenetas. Dice que mantenerlos en un centro de detención juvenil es por su propia seguridad.

“Cuando tenía 19 años”, dice Bella, “descubrí los anuncios de escort en las páginas amarillas y vi que era lo mío. En ese entonces la tasa era de 100 dólares por hora y la chica se quedaba con 60. Con dos días a la semana ganaba más que trabajando a tiempo completo por el salario mínimo. Era lo mío, e incluso después de 30 años, y todas las cosas por las que he pasado, nunca me he arrepentido de haber tomado la decisión de ser trabajadora sexual. Tuve que soportar el sistema de justicia penal muchas veces, con policías violentos. Fui violada como trabajadora callejera una vez. En general, tengo mucha suerte de que nada realmente, realmente malo me haya pasado. Algunos días fueron malos, pero la mayor parte de ellos fueron OK, y muchos días fueron asombrosamente buenos.”

 

Cuando escapó de Florida y aterrizó en Nueva Jersey después de una ejecución hipotecaria y perder una cita en un tribunal en 2007, Bella había estado fuera del comercio sexual, trabajando en cuidado de salud a domicilio y criando a su hija durante años. Consciente de que necesitaba mantenerse “fuera de la red” para evitar el sistema legal, Bella volvió a trabajar en el sexo y se enfrentó a una curva de aprendizaje abrupta para volver a entrar en la industria del sexo como una escort independiente en internet, pero se las arregló durante diez meses. Luego se hizo amiga de una señora local que había estado haciendo salidas porque tenía hijos en casa y trabajaron juntas en la casa de Bella durante unas seis semanas antes de que el equipo de SWAT diera la patada a la puerta.

Bella fue acusada de prostitución. Se declaró culpable y pasó 90 días en la cárcel. Cuando fue liberada, después de haber estado encerrada y no haber podido pagar sus facturas durante tres meses durante las vacaciones, se le ordenó pagar una multa de 3.720 dólares o volver a la cárcel. Ese veredicto le pareció a Bella como la definición de trata sexual: usar la coacción —la amenaza de la cárcel— para inducir a una persona a la prostitución de la cual los tribunales recibieron dinero. “Sentí que [el juez] me estaba diciendo que fuera a levantar algunos clientes más para pagar o si no emitiría una orden de arresto”, explica Bella.

Sienna Baskin, abogada del Proyecto de Trabajadoras del Sexo del Centro de Justicia Urbana, también pensó que podría ser un caso de trata sexual. “Podría decirse que el sistema judicial ‘no se dio cuenta imprudentemente’ del hecho de que ella tendría que conseguir los fondos a través del trabajo sexual, y definitivamente hay coerción, amenaza de encarcelamiento. Creo que la cuestión es quién sería criminalmente responsable … puede ser difícil imputar la responsabilidad criminal al ‘sistema’”.

Cuando salió, Bella supo que la prostitución estaba despenalizada en Rhode Island, así que hizo las maletas y se mudó de inmediato. En el ambiente descriminalizado, se sintió completamente libre por primera vez en su vida. Si alguien intentaba hacerle daño, sabía que podía marcar el 9-1-1 sin ir a la cárcel. Luego, en noviembre de 2009, Rhode Island recriminalizó la prostitución. La razón dada para la criminalización fue que la policía estatal insistió en que no podrían investigar la trata sin criminalizar la prostitución.

“Rhode Island tenía más menores detenidos por prostitución cada año antes de 2009, cuando nos criminalizaron”, dice Bella.

En 2009, la policía comenzó a encontrar los cuerpos de escorts que habían sido asesinadas y arrojadas en la playa de Gilgo en Long Island. Ahí es cuando Bella dice que decidió convertirse en una activista. Pero como crítica declarada de la industria del rescate que es, ha sido acusada de no preocuparse lo suficiente por las víctimas de trata,

Tales insultos son a menudo lanzados contra activistas por los derechos de las trabajadoras sexuales, dice Alana Massey, escritora y activista pro trabajo sexual. “Lss activistas pro trabajo sexual son regularmente —y yo diría intencionadamente— caracterizados por grupos anti trabajo sexual como irritadas, interesadas ​​y manipuladoras con el fin de defeminizarlas,” dice.”Es una estrategia que hace más fácil caracterizar a las activistas pro trabajo sexual como tratantes y proxenetas que caracterizarlas como lo que realmente son: mujeres vulnerables que abogan por sí mismas dentro de un sistema que se configura para marginarlas y deshumanizarlas “. Irónicamente, Bella es exactamente el tipo de mujer vulnerable con una historia de trata del que ha sido acusada de no preocuparse suficientemente.

“Dudo que se preocupen lo más mínimo por las víctimas”, dice Bella de aquellos que la critican. “Creo que nos odian [a las víctimas] por ser prostitutas”.

Bella ha hecho revivir la sección de Rhode Island de Call off Your Old Tired Ethics (COYOTE) y se unió a la junta directiva del Proyecto de Investigación y Educación Legal del Proveedor de Servicios Eróticos. Trabaja duro para educar a la gente sobre los derechos de las trabajadoras sexuales, hacer activismo y presentarse a los organizadores de trabajo, estudiantes universitarios y políticos. Lo principal que Bella quiere que la gente sepa es que incluso si desaprueban la prostitución, “toda mujer necesita sentirse segura al marcar 9-1-1, y si eres una delincuente o una inmigrante ilegal es fácil robarte, violarte, amenazarte , golpearte, explotarte, arrestarte, o asesinarte [porque no se puede confiar en la policía].”

La vida de Bella hoy está lejos de sus comienzos como niña novia y prostituta adolescente sin hogar. Es como un cuento de hadas, dice Bella, “pero un cuento verdadero, con un final feliz, ya que sobreviví a todo”.

Sigue a Bella Robinson y Tara Burns en Twitter.

Para más información ir a http://coyoteri.org/wp/

 

 

Feminismo, prostitución y Estado

 

Feminism, Prostitution and the State: The Politics of Neo-Abolitionism

(Routledge Studies in Gender and Global Politics) 1st Edition

by Eilis Ward (Editor), Gillian Wylie (Editor)

 

 

http://www.readcube.com/articles/10.4324/9781315671437?author_access_token=CxraL-EyfweRmqUaUzp2mQLBIUWHziPdsn0vlMIwK3ThNDVrYF1U09lJam69h-SodlczmV0NZUKK01qmtoYPJFef4Z75mtJ9an59l6BUqDhUsnvQESsuxF-4WBPTmZ-U

 

INTRODUCCIÓN

Ellis Ward y Gillian Wylie

Introducción al neoabolicionismo: definición, conductores y debates

Cuando el gobierno sueco adoptó su Ley de Compra de Sexo en 1999, era difícilmente imaginable que la medida daría prestigio al Estado sueco al presentarlo como un supermodelo global para las políticas de prostitución en las décadas siguientes.

Aunque tradicionalmente las políticas de prostitución no han recibido mucha atención política —con algunas notables excepciones, como Nueva Zelanda y los Países Bajos—, los Estados del mundo occidental han empezado recientemente a debatir el comercio sexual como una prioridad urgente y un ámbito de acción imperioso. Dentro de estos debates, una opinión es siempre vociferante y de hecho domina en varias organizaciones internacionales y Estados-nación: que criminalizar a los que compran sexo está funcionando en Suecia y forzosamente lo hará en otros lugares para reducir el comercio sexual y, lo que es más importante, reducir la trata con fines de explotación sexual.

Para los académicos hay mucho que analizar en este fenómeno y mucha complejidad que es necesario desenredar. Una cuestión central que requiere un análisis es la pregunta a menudo planteada: ¿cómo ha llegado a dominar este modelo neoabolicionista la forma en que muchos gobiernos y organizaciones de la sociedad civil piensan acerca de la prostitución y el comercio sexual? Esta pregunta está en el corazón de este libro.

Este libro intenta ofrecer algunas explicaciones para la influencia creciente del neoabolicionismo, documentadas en estudios de casos de activismo político y prácticas estatales en un número selecto de jurisdicciones. Nuestro interés está en una evaluación crítica del surgimiento y ascenso del neoabolicionismo y su fundamento en un conjunto de creencias sobre su éxito en el ejemplo, es decir, Suecia. La política de Suecia ha sido legitimada a su vez por un fuerte discurso internacional que ha influido con éxito en cómo actores políticos y civiles piensan en la prostitución y el comercio sexual a principios del siglo XXI.

Ahí radica el desafío tanto para los responsables de la política como para los académicos. Mientras que los defensores del neoabolicionismo —sean activistas feministas radicales, grupos de presión religiosos o políticos— afirman que ésta es la única respuesta a las cambiantes circunstancias del comercio sexual de hoy, otras voces critican tanto las suposiciones contenidas en el modelo como su idoneidad como una respuesta de ‘talla única para todos”. Por lo tanto, el debate se ha polarizado y la compleja realidad de reconocer múltiples posiciones, múltiples situaciones y la relevancia del contexto al crear políticas alrededor del comercio sexual se ha vuelto algo desorientada. De hecho, el poder ejemplar de Suecia como modelo se refleja en el foco central de este libro en sí mismo: cómo explicar la manera en que este enfoque ha llegado a establecerse como la norma contra la cual todos los demás son medidos.

Antes de entrar en las discusiones que siguen, es necesario aclarar lo que se entiende por neoabolicionismo. El neoabolilionismo puede concebirse como una nueva versión de un enfoque establecido de la prostitución, el abolicionismo, que busca cerrar los espacios y lugares donde se practica el sexo comercial. Esto funciona criminalizando las actividades relacionadas con el trabajo sexual como el proxenetismo, la especulación, el vivir de los ingresos de la prostitución, la organización, y así sucesivamente. Podemos pensar en esto como un régimen que intenta estrangular el “suministro” criminalizando sus tecnologías, humanas o de otro tipo, pero que, sobre el papel al menos, no castiga a la vendedora.

El neoabolicionismo continúa argumentando que los Estados deben intentar abolir la prostitución, pero cambia la atención hacia la demanda como el pivote para este objetivo final. Si la demanda de sexo comercial es un crimen, entonces la oferta se marchitará en la vid. Este cambio se adoptó por primera vez en el mundo occidental en Suecia como parte de su programa de feminismo radical y postuló el sexo comercial, en el cual las mujeres eran vendedoras y compradoras de hombres, como una expresión inaceptable y violenta del patriarcado, que requería una intervención estatal mejorada. Así pues, se concibió como una política destinada a abolir la prostitución per se. A través de un proceso descrito en otro lugar (véase Swanstrom en este volumen), rápidamente se reelaboró nuevamente para incluir el objetivo de combatir la trata de mujeres con fines de explotación sexual, en respuesta a la presencia de mujeres inmigrantes en el comercio sexual sueco y convirtiéndose así en una premonición de los marcos internacionales de lucha contra la trata que luego emergieron en la ONU, la UE y otros lugares.

Esta breve historia social de la idea aísla los dos temas que definen el neoabolicionismo. En primer lugar, entiende la prostitución en sí como una forma de violencia contra la mujer, de acuerdo con los relatos feministas radicales de las relaciones de género y el poder de género. En segundo lugar, considera que la prostitución y la trata sexual son inseparables tanto desde el punto de vista conceptual (cómo pensamos en ellas) como en términos de leyes (cómo los Estados responden a ellas). Por lo tanto, el neoabolicionismo desagrega la “trata sexual” de otras formas de trata (como la laboral o el tráfico de órganos) y, en términos de política, desvincula la prostitución de los marcos de política social tales como la reducción de daños y las medidas contra la pobreza y se centra en cambio en las respuestas de la justicia penal y la aplicación de la ley.

Desde que la Ley de Suecia entró en vigor en 1999, Finlandia y Noruega, Irlanda del Norte, Francia y la República de Irlanda han adoptado o están a punto de adoptar el neoabolicionismo, aunque no siempre fielmente. En Irlanda del Norte, por ejemplo, las mujeres que venden sexo en grupos de más de una persona pueden ser procesadas ​​por propietarias de prostíbulos, produciendo así una extraña variante del neoabolicionismo que concibe a la persona que vende sexo como víctima y perpetradora de un delito al mismo tiempo, lo que sin duda es una profunda contradicción.

Mientras que la defensa del neoabolicionismo debe mucho al feminismo radical, es notable que otros grupos de presión , muy diferentes, también apoyan la idea. Más obviamente en el contexto de Estados Unidos, pero también en otros lugares como Irlanda del Norte, están en juego las fuerzas religiosas conservadoras y fundamentalistas (Bernstein 2012: Weitzel 2007; Zimmerman 2013). La improbable colaboración del feminismo y el fundamentalismo se manifiesta en una forma de gobernanza feminista (Halley 2006) o “feminismo carcelario” (Bernstein 2012) y se ha convertido en un componente clave de la política exterior de Estados Unidos con implicaciones directas en las relaciones internacionales. El compromiso contra la prostitución exigido a los beneficiarios de ayuda de los EE.UU. durante la administración Bush es un ejemplo clave de este impacto.

Aquí encontramos un aspecto adicional e inicialmente quizá desconcertante de la popularidad del neo-aboficionismo: su alianza con el neoliberalismo como una forma de gobierno y un conjunto de ideas o un ideal. Evidencia de esta convergencia se encuentra, por ejemplo, en la crítica de Bumiller (2008) a la alianza del feminismo radical con el Estado neoliberal en relación con la violencia sexual y en relación con la ley y las regulaciones sexuales de manera más general (Halley 2006). Desde este punto de vista, la formulación de la prostitución como una forma de violencia contra la mujer encaja con ciertos valores neoliberales o, al menos, no causa problemas a los Estados neoliberales. Por ejemplo, la influencia del neoabolicionismo en los programas de salida de la prostitución en los Estados Unidos encaja bien con un paradigma neoliberal de desviar la responsabilidad del bienestar social del Estado hacia los individuos, a los que se hace hiperresponsables (Leon Crysanthi, Shdaimah y Corey 2012: 269) Tema también identificado en relación con el Reino Unido (Scouter y O’Neill 2007: Carlin y Scouter en este volumen). Ejemplos como éstos dan peso a un argumento convincente de que las ideas feministas radicales, en particular sobre la violencia de género (incluyendo la prostitución en sí misma), han encontrado un hogar cómodo en el Estado neoliberal punitivo (Halley 2006. BumiIler 2008: 160).

Sin embargo, aunque el neoabolicionismo parece florecer en contextos neoliberales, un examen superficial no revela ningún patrón de correspondencia entre el tipo de Estado y el tipo de régimen de prostitución. De hecho, la tesis neoliberal parece estar confundida por el caso tanto de Suecia como, al otro extremo del espectro, de Nueva Zelanda. Suecia es un Estado de bienestar “feminista de Estado” y la prohibición de compra de sexo es parte integral de su agenda de igualdad intervencionista. Entiende que el Estado puede intervenir en los actos sexuales entre adultos para reparar y reequilibrar las desigualdades de género y está profundamente arraigado culturalmente en la larga historia de Suecia (Carson y Edwards, 2011). En cambio, Nueva Zelandia tiene una política completamente diferente que no criminaliza el acto de comprar o vender sexo y, en cambio, trata de regular la actividad a través de otros temas como los relacionados con la fiscalidad, la salud y la seguridad, la violencia sexual y el acoso, etc. Nueva Zelanda, en efecto, rechazó la idea de una prohibición de compra de sexo, pero Harrington argumenta que, contra los autores citados anteriormente, su régimen se ajusta cómodamente a las ideas de la mercantilización de la economía y de la sociedad inherentes al neoliberalismo del Estado (Hanington, 2012). De hecho, a menudo se argumenta que el neoliberalismo es bueno para las trabajadoras sexuales porque su privilegio del individualismo y las fuerzas del mercado pueden racionalizar el tipo de normas sociales dentro de las cuales las mujeres que se dedican al comercio sexual pueden hacerlo sin necesariamente ser estigmatizadas. En este enfoque, la venta de sexo se convierte por lo tanto, en un acto equivalente a vender cualquier otro “producto”.

El hecho de que no exista una relación directa entre los regímenes neoliberales y el neoabolicionismo puede estar en función de las contradicciones que existen dentro de la idea del neoliberalismo en sí mismo. Wendy Brown (2015) sostiene que el neoliberalismo es un concepto polémico, caracterizado por la ambigüedad. Es un fenómeno global, pero es inconsistente y no sistemático en su manifestación. Sin embargo, la manera en que regímenes del trabajo sexual diametralmente diferentes pueden “encajar” en los marcos neoliberales tiene sentido cuando concebimos al neoliberalismo no como una ideología, un conjunto de prácticas estatales singulares, coherentes y políticamente liberales, sino como conteniendo contradicciones y dinámicas complejas (Lamer 2000) que incluyen tendencias hacia ideologías políticas conservadoras y liberales.

Dejando a un lado la gran teoría, este libro sugiere que el mejor enfoque para considerar por qué el neoabolicionismo se ha vuelto tan influyente en el mundo occidental contemporáneo es, en efecto, construir la teoría desde el principio, basándose en estudios de casos concretos. Mientras que el neoabolicionismo tiende a ofrecer las mismas prescripciones políticas donde quiera que sea escuchado, en contextos variables debe adaptarse a las condiciones, historias y subjetividades locales. Sin embargo, no siempre ha tenido éxito precisamente debido a esas condiciones locales, como ilustran algunos de nuestros casos. De este modo, la historia de la organización de las trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda seguramente es la principal barrera al neoabolicionismo allí. Mientras que las estructuras del gobierno australiano y la división relacionada de los poderes legislativos (O’Brien en este volumen) hacen extremadamente difícil para el activismo neoabolicionista tomar posiciones allí a pesar de una marea de apoyo a su agenda.

Aquí sugerimos, a partir de los estudios de caso presentados en este libro, un conjunto de conductores —factores, actores, fuerzas e instituciones— del neoabolicionismo. Sin embargo, es posible que no se encuentren en todas partes, o que de hecho funcionen de manera contraria dependiendo de las particularidades de cada contexto. Los lectores observarán que estos conductores se reflejan de una forma u otra a través de los capítulos a seguir.

 

Los conductores del neoabolicionismo

 

1 Suecia como supermodelo

Esto puede parecer un punto obvio dado la omnipresencia de las referencias al “modelo sueco” por sus defensores, pero es un punto insuficientemente reconocido y hay razones por las que la “suecidad” del modelo es particularmente influyente. Una de ellas es la percepción internacional generalizada de Suecia como una economía equitativa y justa desde el punto de vista moral. Gracias al estatus de Suecia como un “buen ciudadano internacional”, el neoabolicionismo gana legitimidad por asociación. Una segunda razón por la que el modelo se promueve tan exitosamente radica en el impacto de la acción consciente del Estado sueco. El Estado pone fondos y recursos políticos en la promoción del modelo en el extranjero (en la UE, por ejemplo) y en la acogida de delegaciones parlamentarias en el país, como lo atestiguan algunos de los capítulos del libro. El papel de Suecia en promover activamente su enfoque, como parte de su propia creación de imagen en el ámbito internacional, no puede ser subestimado al explicar la capacidad de la idea de obtener acogida en otras partes.

2 Redes transnacionales en la política internacional

La mayor parte de este libro toma como base la aproximación a la política del neoabolicionismo dentro de cada país “desde cero”. No cabe duda de que las redes transnacionales de promoción han sido actores influyentes en la difusión de la idea. Utilizando los espacios creados para ejercer presión en torno a las organizaciones mundiales y regionales, las redes de activistas neoabolicionistas han influido en marcos internacionales sobre la trata sexual, vinculando el tema estrechamente a las políticas de prostitución y abordando “el lado de la demanda”. Muchos de estos grupos de promoción transnacional están asociados con el movimiento mundial de lucha contra la violencia contra la mujer, que ha crecido cada vez más desde la Conferencia de Pekín de 1995 y ahora está integrado en grupos de presión transnacionales como el Lobby Europeo de Mujeres (EWL) cuyo papel clave en la promoción del abolicionismo en Europa es significativo. Los activistas locales de la sociedad civil, que intentan domesticar los ideales neoliberales en sus propios contextos, buscan a los aliados de la sociedad civil global como EVVL y la Coalición contra la Trata de Mujeres, para reforzar su posición.

3 Movimientos contra la violencia contra las mujeres en la política nacional

Mientras que el feminismo ha tenido un debate largo y continuo sobre sus posiciones en el trabajo del sexo, el neoabolicionismo, que postula el trabajo del sexo como intrínsecamente una forma de violencia, logró adaptarse con precisión a los avances hechos por movimientos contra la violencia contra las mujeres en diversos ambientes políticos nacionales. Si bien están vinculadas a organizaciones transnacionales como el EVVL (su Observatorio de la Violencia Contra la Mujer, por ejemplo), como se mencionó anteriormente, muchas organizaciones pequeñas y locales de mujeres han incorporado la idea de la intervención estatal y asegurado el financiamiento estatal para trabajar en contra de la violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. Estos grupos afilaron sus dientes a través de muchos años de activismo a nivel local y nacional para conseguir refugios, programas de educación pública y muchas otras iniciativas. El neoabolicionismo se basó fácilmente en estos esfuerzos y en la experiencia de los grupos de presión para legitimar y popularizar su agenda.

4 Normas de moralidad anticuadas

Un elemento importante del atractivo de la retórica abolicionista consiste en recurrir a valores simplistas del bien contra el mal en lugar de ofrecer un análisis racional de las políticas basado en datos rigurosos. El conocimiento empírico sobre la naturaleza y la extensión del sexo comercial a menudo carece de rigor, o reconocimiento de la complejidad, en muchos contextos nacionales. Por el contrario, los debates sobre la prostitución y el trabajo sexual están a menudo cargados emocionalmente, ofrecen resistencia a los hechos fehacientes, están gobernados por una ideología muy explícita, concurridos por informantes con conocimientos limitados, preeminentemente preocupados por el simbolismo, y finalmente sujetos a cambios abruptos (Wagenaar y Mink 2012). Desde esta perspectiva, por lo tanto, el éxito del neoabolicionismo puede explicarse como una función de la dinámica particular de la formación de normativas de prostitución, tal vez distintas a las de otros ámbitos normativos (como el medio ambiente o el transporte) en la que las preocupaciones morales a menudo triunfan sobre la evidencia. Este argumento sugiere, pues, que es el poder discursivo del neoabolicionismo, su carga moral, lo que le lastra, junto (como ilustran algunos capítulos) a la convergencia de la “anticuada” moralidad sexual conservadora con su primo cercano cuando se trata del comercio sexual: el más a la moda feminismo radical.

5 El imaginario de la trata

El pensamiento neoabolicionista depende en gran medida de la creación de una equivalencia irreductible entre la prostitución y la trata sexual y el poder de la idea de que la trata sexual es un fenómeno enorme y abrumador. Esto no quiere decir que la explotación de las personas que se mueven global o localmente en el comercio sexual no tenga lugar (sería absurdo negar esto) sino que la idea de “trata sexual” se ha utilizado con gran efecto político de la misma manera que la trata de blancas funcionó en la primera parte del siglo XX (Doezema 2010, Soderlund 2013). El imaginario contemporáneo traza una equivalencia entre la prostitución y lo que se denomina trata sexual, porque ambos se entienden fundados en la violencia y la imposibilidad de consentimiento. Confiar en el imaginario de la víctima de trata —inocente, mujer, explotada— supera todos los otros enfoques, incluyendo aquellos que buscan incluir debates sobre la libertad en relación con el cuerpo sexual o la autonomía corporal. A pesar de las estadísticas impugnadas y la complejidad de la “trata” (véase, por ejemplo, Sharma 2003), el poder de este imaginario apunta a las dificultades encontradas para llevar la evidencia empírica al debate. Las víctimas de la trata son, por definición, invisibles y como tal siempre presentes e irrefutables. En virtud de su supuesta inocencia y victimización, siempre triunfarán frente a una trabajadora sexual cuyo estatus es tradicionalmente, aunque con algunas excepciones, considerado política, social y moralmente problemático, incluso dentro de la teoría feminista (Beloso 2012). El imaginario de la trata ha sido particularmente poderoso en los Estados Unidos, permitiendo al Estado asumir el papel de protector benevolente para hacerlo encajar con sus propios intereses territoriales (Soderlund 2005). Sorprendentemente, Portugal está solo entre los Estados miembros más antiguos de la UE como carente de pensamiento neoabolitionista a pesar de la presencia tanto de un movimiento feminista fuerte como de un comercio del sexo. Un fenómeno posiblemente explicado por el hecho de que la “trata” no es un problema para el Estado.

6 El evangelismo religioso

Las neoabolicionistas feministas se han encontrado como extraños compañeros de cama con los cristianos evangélicos en la lucha contra la prostitución / trata sexual. En el contexto americano, los cristianos evangélicos de derecha sostienen ideales neoabolicionistas a pesar de partir de puntos de vista diametralmente diferentes a los de las feministas radicales. Los evangélicos están preocupados por apuntalar la vida familiar heterosexual nuclear y oponerse a la “esclavitud” porque niega a la gente la libertad de seguir a Cristo (Zimmerman, 2013). Se podría argumentar que esta poderosa alianza entre el feminismo radical y la derecha religiosa aseguró la prevalencia del neoabolicionismo en los Estados Unidos. Además, otras tradiciones dentro del cristianismo también pueden conducir al respaldo del neoabolicionismo, como en Francia, donde el neoabolicionismo actual implica una convergencia del feminismo y los movimientos católicos históricos de rescate y justicia social (Mathieu 2016).

7 La cultura política nacional dominante

Como se mencionó anteriormente, el pensamiento neoliberal es un ideal y un conjunto de prácticas encontrados entre las democracias avanzadas discutidas en este libro. Sin embargo, como también se admitió anteriormente, el contexto neoliberal puede funcionar en ambos sentidos en relación con el comercio sexual. El libre mercado puede legitimar el sexo comercial, así como la transferencia de la responsabilidad del bienestar desde el Estado a los individuos puede promover una confluencia entre el abolicionismo neto y los enfoques de usar la justicia penal para tratar la prostitución. Por otra parte, las contradicciones internas del neoliberalismo también son evidentes en el deseo de los Estados liberales de permitir el libre mercado de los bienes a la vez que se evitan con determinación los movimientos transfronterizos de personas. La tendencia común de los Estados capitalistas avanzados a buscar el control de la inmigración en nombre de la seguridad puede crear una causa común con aquellos que buscan criminalizar a los tratantes de sexo y a los compradores de sexo. Dentro de estas corrientes políticas globales, por lo tanto, la importancia del neoabolicionismo en lugares particulares todavía depende mucho de la intersección entre el ideal y las culturas políticas locales. Así, la resistencia al neoabolicionismo puede provenir del individualismo histórico de Nueva Zelanda, mientras que la empatía con la idea se puede encontrar en el feminismo estatal de Suecia, en la historia del regulacionismo moral en Irlanda o en el cambio hacia la responsabilidad personal en Inglaterra y Gales. Las diferencias nacionales, incluidas las culturas y las instituciones políticas, por lo tanto, jugarán un papel en cómo el neoabolicionismo es conducido y quién lo conduce.

8 Política consensuada entre partidos

Un tema llamativo del éxito del neoabolicionismo es el grado de consenso entre los distintos partidos alcanzado en diferentes sistemas políticos. En Suecia. Inglaterra y Gales, Irlanda y los Países Bajos, partidos de todo el espectro, por lo general divididos en otros temas de moralidad privada (sobre cuestiones de derechos de aborto, por ejemplo, o más tradicionalmente sobre la homosexualidad) han encontrado suficiente causa común para trascender lo que los científicos políticos habitualmente denominan escisiones políticas . Donde esto ha ocurrido, es realmente difícil que las opiniones contrarias sean aireadas y / o legitimadas.

9 La fuerza o debilidad relativa de las organizaciones de trabajadoras sexuales

Por último, cualquier discusión sobre los factores conductores del neoabolicionismo necesita referirse a la presencia o ausencia de organizaciones de trabajadoras del sexo y su influencia estratégica o política dentro de cualquier forma de gobierno. Es una tentadora simetría argumentar que cuando hay organizaciones de trabajadoras sexuales fuertes y políticamente astutas el neoabolicionismo por lo menos tendrá ante sí un hueso duro de roer. En este sentido, podríamos argumentar, para poner de manifiesto un punto obvio, que su ausencia se convierte en un impulsor del neoabolicionismo. En los países donde estos movimientos son fuertes, Nueva Zelanda, Australia y los Países Bajos, la política neoabolicionista no ha alcanzado una posición dominante.

Sin embargo, como se trata en el capítulo de los Países Bajos más adelante, se trata de una simetría que no se puede asumir. Igualmente, en los Estados Unidos (la patria, después de todo, de una de las organizaciones originales de trabajadoras sexuales, COYOTE), otros factores, como los identificados anteriormente, han eclipsado el poder y la legitimidad de las organizaciones de trabajadoras sexuales. En este sentido, podemos identificar más correctamente las organizaciones de trabajadoras sexuales quizá como una variable importante en el conjunto en lugar de un conductor diferenciado. Nuestros estudios de caso aquí de nuevo parecen indicar que la mezcla de particularidades locales, incluyendo el poder relativo y el estatus de las organizaciones de trabajadoras sexuales, será significativa en la determinación del resultado de cualquier proceso de reforma de leyes o regulaciones.

 

CONCLUSIÓN


El feminismo carcelario, el Estado y la trabajadora sexual
En una era globalizada, ¿de quién es el poder?

Eilis Ward y Gillian Wylie

Introducción

Las ideas y políticas neoabolicionistas se han vuelto omnipresentes En muchas partes del mundo, está sencillamente dado como hecho probado que criminalizar la compra de sexo reducirá el trabajo sexual y automáticamente provocará una reducción de la demanda que, según se argumenta, es trata con fines de explotación sexual. Por lo tanto, de un solo golpe, junto con la abolición de la prostitución, también se pondrá fin a la trata sexual. Como ilustran los capítulos de este libro, estas ideas en la actualidad animan marcos políticos internacionales y dan forma a muchas políticas estatales hacia el trabajo sexual. Incluso en contextos de países aparentemente inmunes al atractivo de la idea, los activistas neoabolicionistas se conectan con determinación en la esfera pública, impactando en la política local y en las sociedades civiles. Pero, como también ilustra este libro, hay muchos problemas y desafíos en esta línea de argumentación y estos problemas se vuelven a su vez más complejos por las interacciones entre los ideales neoabolicionistas y los regímenes internacionales, las culturas políticas locales y los valores en pugna. A modo de conclusión, ofrecemos algunas reflexiones sintetizadoras sobre el análisis de la trayectoria del neoabolicionismo, reflexiones que se encuentran en los capítulos de este libro, así como algunas reflexiones sobre las implicaciones políticas y sociales de este proyecto feminista radical.

 

Afirmaciones y conductores neoabolicionistas

La afirmación de que “Suecia funciona” es un importante grito de reivindicación y legitimidad para el activismo neoabolicionista, y al que nos referimos al comienzo de este libro. Sin embargo, a lo largo de los capítulos, la idea de que existe una fuerte base de evidencia para el modelo sueco o las prohibiciones de compra del sexo se demuestra repetidamente que es frágil, no menos en el capítulo de Yvonne Swanstrom que señala la falta de una evaluación apropiada de la prohibición de la compra del sexo. A lo largo del libro se cuestiona la base empírica para abogar por criminalizar la demanda masculina. Por ejemplo, el capítulo sobre Irlanda muestra que las estadísticas a menudo citadas en defensa de la posición neoabolicionista son dudosas. En general, la confluencia de la cuestión de la trata sexual con la prostitución es una presunción central del neoabolicionismo porque la imagen predominante de la víctima de la trata como una mujer violada e inocente refuerza las llamadas a criminalizar la demanda y a superar cualquier preocupación “liberal” con la reducción del daño, la libertad de elección o la autonomía personal o las llamadas de atención en cuanto a la complejidad y diversidad dentro del comercio sexual y la viabilidad de la propuesta. Pero también aquí la evidencia sobre la naturaleza y extensión de la trata sexual es altamente problemática y politizada (Feingold 2010; Vance 2011). Lo que estamos sugiriendo aquí es que la influencia generalizada del neoabolicionismo no puede ser explicada en términos de “hechos” establecidos o eficacia probada de esa normativa, sino que su ascenso indudable tiene raíces políticas e ideológicas. Este libro intentó descubrir esas raíces y la interacción entre una idea muy poderosa (el relato feminista radical del comercio sexual) con los procesos políticos y las instituciones de los Estados seleccionados aquí.

Al comienzo de este libro identificamos una serie de conductores del neoabolicionismo, derivados de una visión general de los capítulos aportados. Sugerimos que estos conductores: el ejemplo sueco; el activismo transnacional feminista radical; la violencia contra las mujeres; las normas anticuadas de moralidad; el “imaginario de la trata”; el cristianismo evangélico; las culturas políticas mundiales y locales; y la fuerza del activismo del trabajo sexual, todos se intersectan para producir diversos grados de tracción para el neoabolicionismo en diferentes contextos Esperamos que, ahora al final del libro, la forma específica en que estos conductores combinados ejercen influencia dentro de cada contexto se haya vuelto más claro para los lectores y ayude a dar un sentido analítico a por qué el neoabolicionismo florece o falla en uno u otro lugar.

 

El activismo neoabolicionista tiene un alcance global que se desprende del impacto del activismo feminista transnacional en la ONU y en la UE y en las alianzas estratégicas que los activistas llevan a cabo con los Estados nacionales impulsando su agenda internacionalmente. Después de Palermo y su seguimiento en organizaciones regionales como la UE, los Estados-nación se vieron presionados para adoptar nuevos marcos de lucha contra la trata que a menudo están estrechamente asociados con las medidas neoabolicionistas para frenar la demanda de sexo comercial. Sin embargo, las nuevas normas internacionales no se traducen exactamente a los Estados-nación (Acharya 2004). Aquí los otros conductores también son cruciales en términos de alianzas, estratégicas o de más largo plazo, entre feministas radicales, grupos religiosos y partidos políticos, la presencia o ausencia de contraofertas y la naturaleza de las estructuras políticas, las políticas predominantes y las costumbres políticas. De Suecia a Nueva Zelanda, de los Estados Unidos a Australia y de los países situados en medio, el libro ha sugerido que necesitamos estudiar cada lugar “desde cero” y, con miras a su situación internacional, analizar por qué el neoabolicionismo arraiga o no a través de una lectura contextualizada de estos factores entremezclados.

Por supuesto, es necesario introducir aquí la advertencia usual que “se necesita más investigación”. Nuestro alcance en términos de estudios de casos y contenido de cada capítulo fue necesariamente limitado por el espacio y es posible que otros conductores se estén también presentes en los contextos en estudio. El papel de los medios de comunicación, por ejemplo, se menciona a lo largo de los capítulos, pero está fuera del enfoque del libro y quizá requiere una atención específica. Por otra parte, nuestro escrito se centra en los estados democráticos liberales avanzados y dentro de ese grupo en solamente un puñado seleccionado. Es necesario explorar las experiencias de organizaciones de otros Estados como Grecia, Italia y Hungría, y de Estados de América Latina, Asia y África. Se necesita , de hecho, más investigación, pero sugerimos que los conductores identificados aquí proporcionan un marco útil para ayudar a la investigación comparativa.

Prostitución, feminismo y Estado

Si bien el énfasis en este libro está en las lecturas matizadas del impacto del neoabolicionismo en lugares y espacios particulares, existe una preocupación general, incluida en el título del libro, de explorar lo que todos estos casos nos dicen acerca de las relaciones entre “prostitución, feminismo y Estado” en las democracias contemporáneas, avanzadas y liberales. Como queda claro en cada discusión, el neoabolicionismo lee la prostitución como una encarnación de la desigualdad de género y una forma de violencia contra las mujeres. También vincula la prostitución contemporánea con el imaginario de la trata sexual que se fundamenta en un tosco binario. Este binario niega la posibilidad de consentimiento o autonomía a las que venden sexo y presenta al tratante o al comprador de sexo como siempre hombre, poderoso y criminal. Esta lectura legitima las respuestas estatales al comercio sexual punitivas y procesales, con la ira del Estado (y de las feministas) ostensiblemente dirigida a los hombres pero, más a menudo, creando situaciones cada vez más complicadas para quienes venden sexo. Como tales neoabolicionistas son ejemplos arquetípicos de feministas carcelarias (Bernstein 2010), aliándose con los Estados para criminalizar a aquellos a quienes ven como los autores de la desigualdad. Sin embargo, al hacer estas alianzas con los Estados, terminan por sumarse a políticas a) diseñadas para promover enfoques neoliberales a los problemas sociales y b) promotoras de la exclusión de los trabajadores inmigrantes.

El capítulo británico de Scoular y Carline ofrece un ejemplo de la primera de estas tendencias. Aunque no es un régimen totalmente neoabolicionista, la regulación de la prostitución en Inglaterra y Gales se está moviendo en esta dirección con medidas cada vez más punitivas contra compradores masculinos. Estas políticas son paralelas a las medidas neoliberales de responsabilidad dirigidas a las mujeres que venden sexo, con la esperanza de que se autorreformen. Sin embargo, como hemos señalado al principio, la complejidad de cada caso significa que otras formas de feminismo también pueden encontrarse compinchadas con las políticas estatales de bienestar bajo condiciones de neoliberalismo generalizado, como ilustra la larga tradición del feminismo de Estado en Suecia.

Casi todos los capítulos incluyen una enseñanza de las maneras en que el neoabolicionismo feminista juega en la segunda de estas tendencias. Sobre todo tras el entrelazamiento del pensamiento sobre la prostitución con suposiciones sobre la trata sexual transnacional, las políticas neoabolicionistas pueden terminar implicadas en la justificación de un enfoque carcelario de la política fronteriza. Esto es muy claro, por ejemplo, en el capítulo de O’Brien sobre Australia que demuestra cómo los discursos de la criminalidad y la ilegalidad de la inmigración, ejemplificados por la trata, alinean las aspiraciones neoabolicionistas con la legitimación de las políticas migratorias de exclusión. Swanstrom sugiere que el uso de la prohibición de compra de sexo para desarrollar la política de inmigración y trata no era el objetivo de sus defensoras feministas, preocupadas por sus ideales de igualdad de género. Sin embargo, Halley (2006) sugiere que la determinación de las “feministas de gobernanza” de “recorrer los pasillos del poder” y abogar por los enfoques carcelarios tiene consecuencias problemáticas que deberían haber previsto. De nuevo, sin embargo, es importante reconocer que otras influencias dentro del feminismo también pueden enfocarse como colaboradoras (intencionalmente o no) con la política de control migratorio. El capítulo de Heumann y otros sobre los Países Bajos revela que el ímpetu político para la legalización de la prostitución procedía de la intención de separar a las trabajadoras locales legales de las extranjeras irregulares en lugar de un compromiso purista con los derechos de las trabajadoras sexuales. Irónicamente, el enfoque sueco de “imagen en espejo” también puede producir una jerarquía de víctimas del comercio sexual, dividiendo a las víctimas “nativas” de las trabajadoras sexuales “extranjeras” (Skilbrei y Holmstrom, 2013).

Por lo tanto, el libro muestra cómo el feminismo radical, revitalizado como activismo neoabolicionista, ha llevado al feminismo y a muchas organizaciones y movimientos de mujeres a una conexión preocupante con las agendas estatales y neoliberales. Además, las consecuencias negativas del neoabolicionismo para las mujeres que venden sexo y para las mujeres lnmigrantes en el mundo contradictorio de la globalización neoliberal parecen claras.

 

Conclusión

Las historias contadas en este libro tratan por tanto de los movimientos y alianzas de muchas ideas grandes e instituciones poderosas. Tratan del movimiento de una idea feminista radical en el seno de los aparatos de justicia penal del Estado. Tratan de los cambios profundos que se han producido en el comercio sexual provocados por la innovación tecnológica y los desafíos que ello implica tanto a la policía como a nuestras opiniones de justicia, derechos, moralidad, inclusión y exclusión. Tratan de la toma de posición estatal ante la inmigración y las desigualdades globales. Tratan de la tensa relación entre la evidencia y la formulación de políticas en un ámbito político que se ve afectado por la producción de conocimiento. También son historias sobre cómo algunos Estados (Suecia y los Estados Unidos) utilizan ciertas ideas para sus propios propósitos de Estado en las relaciones internacionales. Sin embargo, a lo largo de todo este libro y en las preocupaciones de los autores, no se encuentra el imaginario sino la realidad de la trabajadora sexual y en particular de la trabajadora sexual inmigrante. Nuestro enfoque en lo político, lo ideológico y lo institucional en el libro, necesariamente miró más allá de esta realidad y abarcó las narrativas más sociológicas y personales necesarias para explorar este campo. Sin embargo, queremos concluir reuniendo de nuevo todos estos ámbitos, desde el cuestionamiento del poder estatal, el feminismo de gobernanza y las ideas sobre el neoliberalismo hasta la realidad cotidiana de las trabajadoras sexuales. Dada la agenda liberal e inclusiva del feminismo, su rechazo de las políticas de dominación y su valoración de la subjetividad, es más preocupante que la “lógica primaria” del feminismo radical (Sandbeck 2012) dentro del neoabolicionismo sea una agenda de orden público, de mecanismos de justicia penal, encarcelamientos, actuación estatal prioritaria y avance de la política neoliberal. El feminismo radical ha permitido al poder del Estado reducir a un estereotipo, cosificar y victimizar los cuerpos de las trabajadoras sexuales inmigrantes y de todas las trabajadoras sexuales.

Referencias

Acharya, A. (2004) ‘How Ideas Spread: Whose Norms Matte?? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism’, International Organization, 58(2): 239-275.

Bernstein, E. (2010) ‘Militarized Humanitarianism Meets Cameral Feminism: The Politics of Sex, Rights and Freedom in Contemporary Anti-trafficking campaigns’, Signs, 36(1): 45-71.

Feingold, D. (2010) ‘Trafficking in Numbers: the Social Construction of Human Trafficking Data’ in P. Andreas and K. Greenhill (eds) Sex, Drugs, and Body Counts: The Politics of Numbers in Global Crime and Conflict. New York Cornell University Press, pp. 46-74.

Halley, J. (2006) Split Decisions: How and Why to Take a Break from Ferninian. Princeton, NJ and Oxford: Princeton University Press.

Sandbeck, S. (2012) ‘Towards an Understanding of Carceral Feminism as Neo-liberal Biopower’ unpublished paper delivered at the annual conference of the Canadian Political Science Association, University of Alberta, Canada.

Skfibrei, M. L. and Holmstrom, C. (2013) Prostitution Policy in the Nordic Region: Ambiguous Sympathies Farnham and Burlington, VA: Ashgate.

Vance, C. (2011) ‘States of Contradiction: Twelve Ways to Do Nothing About Trafficking while Pretending to’, Social Research, 78(3): 933-948.

No retrocedamos en el tema del trabajo sexual

Editorial

8 Ago 2017

El Espectador

 

http://www.elespectador.com/opinion/editorial/no-retrocedamos-en-el-tema-del-trabajo-sexual-articulo-707012

 

En el Congreso se debate un proyecto de ley, presentado por la representante a la Cámara Clara Rojas, que significaría un retroceso en los pocos avances que Colombia ha tenido en la regulación del trabajo sexual, y que adopta la posición condescendiente y poco efectiva de quienes no diferencian entre la trata de personas y la prostitución. El resultado, de aprobarse, es que no se solucionarían los problemas graves que enfrenta el país en estos temas y se pondría aún en mayor riesgo a las mujeres que ejercen el trabajo sexual.

La propuesta de Rojas es sancionar a los clientes de las trabajadoras sexuales con multas desde $98.300 en los primeros dos años y que llegarán hasta $786.900. El dinero recaudado estaría destinado a un fondo de atención para las personas que ejerzan la prostitución, administrado por el Ministerio de Salud. El objetivo, según la representante, es minimizar la ocurrencia de esta práctica y evitar que Colombia sea un destino de turismo sexual.

La idea de un fondo en el área de la salud pública es la muestra de la condescendencia que motiva a la posición de la representante y sus partidarios. En entrevista con El Tiempo, Rojas dijo que la prostitución “es realmente una explotación, porque atenta contra los derechos humanos”. Es decir, que las trabajadoras sexuales bajo ninguna condición son mujeres libres que ejercen control sobre su cuerpo. Esta idea no es aislada. El proyecto de Rojas viene inspirado por la legislación sueca, donde opera la sanción a los clientes. También abundan las posiciones en el mundo que creen que por las condiciones de desigualdad de género no hay forma de que las mujeres sean libres en el momento de elegir el oficio del trabajo sexual.

Sin embargo, incluso bajo estas razones, sancionar a los clientes resulta inútil. La experiencia en otros países demuestra que esto fomenta que el trabajo sexual se vuelva aún más clandestino. La regulación, entonces, se vuelve cómplice del silencio que las trabajadoras deben adoptar para no perder su fuente de ingresos. Esto genera que los múltiples abusos que son comunes en esta población se queden en la impunidad.

Además, aprobar la propuesta de Rojas genera una disonancia cognitiva no menor: ¿qué hacemos con las mujeres que reivindican el trabajo sexual como una forma de vida? También en El Tiempo, Fidelia Suárez, líder de un sindicato de trabajadoras sexuales, dijo: “No podemos igualar el trabajo sexual, que es una actividad legal, con la trata de personas, que es un delito. La población que ejerce trabajo sexual tiene bien claro cuál es su oficio”.

Por eso, en Colombia la Corte Constitucional ha venido llenando los vacíos legislativos en cuanto al trabajo sexual, reconociéndolo como oficio y pidiendo que se proteja como tal. Las autoridades y el Congreso, como es habitual en temas similares, han demostrado ser ineficientes en su deber de regulación, dejando a esta población en el limbo jurídico, lo que facilita los abusos que se vienen denunciando. El año pasado fueron asesinadas 51 trabajadoras sexuales.

La trata de personas es un problema que Colombia debe enfrentar, pero no sirve unirlo a la prostitución. Al contrario: una regulación clara, integral y eficiente del trabajo sexual podría proteger a las mujeres que lo ejerzan, así como ayudar permitir que las autoridades se concentren en interrumpir las dinámicas perversas de la trata. La condescendencia de Rojas en este debate es un retroceso que le haría daño al país.

 

La criminalización de los clientes

 

 

Se puede descargar el PDF completo aquí:


http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Criminalisation_Spanish.pdf

 

La criminalización de los clientes de las personas que ejercen el trabajo sexual se reivindica normalmente por ser parte de un nuevo marco legal para erradicar el trabajo sexual y la trata de personas con “el fin de la demanda”. En 1999, Suecia criminalizó a los clientes de las personas que ejercen el trabajo sexual y mantuvo la criminalización a terceras partes como propietarios/as de burdeles, encargados/as, y empleados de seguridad y de apoyo1. Los individuos vendiendo sexo permanecieron legales. Este modelo es normalmente llamado el modelo “sueco”, “nórdico” o el “fin de la demanda”. Hay una fuerte presión en muchos países para promover estas medidas legales y políticas. Las consecuencias dañinas de este modelo en la salud, los derechos o las condiciones de vida de las personas que ejercen el trabajo sexual son raramente discutidas.

 

La lógica equivocada detrás del “fin de la demanda”

 

La premisa básica para criminalizar la compra de sexo es que la demanda de los clientes es la responsable de la entrada y de que la mujer se quede en el trabajo sexual. En este marco, los hombres y las personas transgénero que ejercen el trabajo sexual son raramente reconocidas, mientras que las mujeres trabajadoras sexuales son frecuentemente mezcladas con niños/as2 o “proxenetas” y traficantes humanos3 en lo que son a menudo relatos anti-migrantes4. Simultáneamente, las mujeres trabajadoras sexuales son etiquetadas como víctimas sin opción – y perjudiciales para todas las mujeres, familias y toda la nación5.

 

Muchos defensores de la criminalización del cliente la promueven como parte del “neo-abolicionismo-feminista”6 o de la ideología del “feminismo fundamentalista”7 donde el trabajo sexual es equiparado a la violencia en contra de las mujeres, la explotación y la trata. Los clientes son vistos como “abusadores” que deben ser arrestados y penalizados. Esta lógica deriva de los marcos legales del “abolicionismo” de finales del siglo XIX, que aún está presente en algunos países europeos y de Latinoamérica. Los “abolicionistas” creían que criminalizando a aquellos que reclutaban o se aprovechaban de las mujeres trabajadoras sexuales, la prostitución sería erradicada. Se suponía que ninguna mujer aceptaría un intercambio sexual por sí misma. Dado que esto no ha tenido éxito, las feministas neoabolicionistas/fundamentalistas han extendido su objetivo a los clientes, relacionándolos como la raíz última de la causa del trabajo sexual.

 

Esta visión se superpone con las visiones de los grupos prohibicionistas, incluyendo a los conservadores religiosos y a los grupos anti-feministas. Los prohibicionistas tradicionalmente han estado a favor de la criminalización de todas las partes relacionadas con el trabajo sexual, ahora están fomentando el modelo sueco y se llaman a si mismos “neoabolicionistas”8. Esta amplia selección de facciones políticas comparten la creencia básica que el trabajo sexual es inherente a la degradación, a la violencia y a lo incorrecto y consideran al estado responsable de la erradicación del trabajo sexual.

 

La línea que separa a las feministas fundamentalistas y los grupos prohibicionistas es borrosa. A menudo trabajan juntos para promover leyes y políticas en contra del trabajo sexual, un ejemplo claro son las coaliciones americanas para acabar con la demanda9. La superposición en sus posiciones se puede explicar. Los prohibicionistas a menudo consienten evitar la criminalización de las personas que ejercen el trabajo, pero están de acuerdo con una rehabilitación obligatoria. En cambio, los abolicionistas han tendido a mantener propuestas que continúan penalizando o encarcelando a las personas que ejercen el trabajo sexual que rechazan la rehabilitación. El resultado de esto está resumido por Pye Jakobsson, una trabajadora sexual sueca: “Queremos salvarte. Y si no lo aprecias, te castigaremos”.10

 

El impacto de la ley y de la política basada en esta propuesta tiene consecuencias devastadoras para las personas que ejercen el trabajo sexual.

 

Variaciones del modelo sueco y la presión para su implementación.

 

La criminalización de los clientes no es ni mucho menos un fenómeno nuevo. En muchos países, medidas legales para eliminar el trabajo sexual se han implementado durante más de un siglo. Estas incluyen leyes que directamente criminalizan la compra de sexo11. Otras leyes criminalizan o penalizan a los clientes indirectamente. A través de leyes que criminalizan a gente que se encuentra en burdeles o a través de leyes en contra de pedir limosna, comunicar el propósito de la prostitución o de pedir servicios desde el coche12. Las leyes relacionadas con la conducta en espacios públicos, enmarcadas como “la reducción de la molestia social” o “la protección del orden público”, también son frecuentemente usadas para penalizar a los clientes13. Mientras que el marco teórico del modelo sueco es bastante único, las experiencias de las personas que ejercen el trabajo sexual sobre la criminalización de los clientes en diferentes contextos se unen al gran número de datos sobre las consecuencias vividas de tales medidas.

 

Suecia, en 1999, fue le primer país en usar un argumento radical feminista – Ej.: El trabajo sexual es inherente a la violencia masculina en contra de las mujeres – para justificar la nueva legislación que criminaliza comprar sexo, mientras que vender sexo sigue siendo legal14. El gobierno sueco ha mantenido las leyes que criminalizan los burdeles si se benefician del trabajo sexual15. Desde su implantación, a través del Instituto Nacional Sueco, el país ha invertido extensamente en exportar este marco legal a otros países16. De acuerdo con Gunilla Ekberg, la actual agente del gobierno responsable de la política de prostitución en Suecia,

 

Una de mis tareas es también “exportar” las estrategias suecas de antiprostitución – o sea, influenciar a los legisladores y grupos de mujeres en otros países para hacer campaña a favor de leyes similares. Y hemos visto grandes cambios. Por ejemplo, Corea del Sur, Sudáfrica, Noruega y otros países han promulgado la misma legislación que criminaliza al comprador 17.

 

Ciertamente en los últimos años, la criminalización (o el aumento de criminalización) de los clientes se ha discutido entre los legisladores en India, Francia, Estonia, Finlandia, Croacia, Filipinas, España, Italia, el Reino Unido y Canadá18. Las justificaciones han diferido a veces de la conceptualización sueca, pero todas están basadas en la creencia que las personas que ejercen el trabajo sexual están dañadas por el trabajo sexual, y a su vez, dañan a la sociedad.

 

El gobierno de Estados Unidos es otro y una fuente más influyente de presión internacional en la represión del trabajo sexual. En 2003 el gobierno americano se convirtió en un gran adherente al fin de la demanda para luchar contra lo que se denomina la “esclavitud sexual”. Nueva York e Illinois han adoptado desde entonces leyes que penalizan severamente a los clientes. El mismo año el Departamento de Estado de los Estados Unidos empezó a publicar un Índice Anual de Trata de Personas. Es un sistema de tres categorías, que evalúa a los países aparentemente de acuerdo con sus acciones de prevención de trata. Muy a menudo, sin embargo, premia a los países por intensificar sus ofensivas sobre trabajo sexual y migración ilegal19. Cuando un país es clasificado en la categoría más baja puede tener su ayuda internacional revocada. Este índice ha puesto mucha presión a muchos gobiernos para reprimir el trabajo sexual20. En 2011 el índice hizo una llamada para la criminalización de los clientes en todo el mundo21.

 

Muchos países, incluyendo Guatemala, Camboya y Corea del Sur, han aprobado las leyes de trata sobre las premisas tanto de un punto de vista abolicionista o prohibicionista, que mezcla el trabajo sexual con la trata. Éstas están siendo despiadadamente implantadas, para cerrar burdeles e inhabilitar a las personas que ejercen el trabajo sexual a trabajar22. En estos casos de Corea del Sur y Guatemala, han criminalizado también algunas o todas las formas de pagar por sexo.

 

A veces, las leyes han cambiado como resultado de fuerzas combinadas de presiones por parte de actores locales, del apoyo sueco y de la presión americana. Cada vez más, la noción del fin de la demanda está ganado sitio en las Naciones Unidas, parcialmente debido a las presiones suecas y americanas23

 

Las leyes emergentes no son uniformes. A pesar de una investigación de la policía noruega refutando los éxitos del modelo sueco, Noruega ha criminalizado la compra de sexo24 y ha preservado sus leyes existentes en contra de los burdeles25. En 2009, Islandia criminalizó la compra de sexo mientras mantuvo las leyes existentes en contra de los burdeles26. Además, en 2010 el gobierno islandés prohibió los clubs de strip.

 

A veces, los clientes son perseguidos para cerrar burdeles. Guatemala introdujo nuevas leyes en contra de los burdeles y criminalizó clientes que pagan a un intermediario para trabajo sexual. Vender sexo sigue decriminalizado27.

 

Mientras se hace la compra de sexo ilegal, muchos países han mantenido o han aumentado la criminalización de las personas que ejercen el trabajo sexual. Por ejemplo,

 

◗ Las nuevas leyes de Corea del Sur criminalizan a los clientes y a los/ as propietarios/as a la vez que mantienen la criminalización de las personas que ejercen el trabajo28.

 

◗ Sudáfrica ahora criminaliza a los clientes pero ha mantenido las leyes que criminalizan a los/as propietarios/as de los burdeles y a las personas que ejercen el trabajo sexual29.

 

◗ Lituania extendió la penalización a los clientes, mientras que la mantuvo a las personas que ejercen el trabajo sexual30.

 

◗ En los EEUU, la Coalición del Fin de la Demanda tuvo éxito al incrementar la sentencia tanto para clientes como para personas que ejercen el trabajo sexual en el estado de Illinois31. Las sanciones por comprar sexo han aumentado en Nueva York mientras aquellas para los que vendían sexo se han mantenido32.

 

◗ Los clientes de las personas que ejercen el trabajo sexual son ahora criminalizados en Escocia e Italia. Las personas que ejercen el trabajo sexual siguen criminalizadas a través de delitos relacionadas con pedir limosna.

 

Un nuevo número de leyes también se aplican transnacionalmente33. Por ejemplo Noruega ha hecho ilegal la compra de sexo en el extranjero, incluyendo a aquellos en el servicio militar. El Departamento de Defensa Americano ha reescrito el Código de Uniforme de la Justicia Militar para incluir el “patrocinio de una prostituta” como un delito criminal para los/ as soldados34. La ONU ha prohibido a las fuerzas de paz comprar servicios sexuales, y de frecuentar zonas o establecimientos donde pueda haber trabajo sexual35

 

El impacto de los marcos legales del fin de la demanda en las personas que ejercen el trabajo sexual

 

Aumento de la represión de las personas que ejercen el trabajo sexual

 

Muchos seguidores del modelo sueco dicen que la decriminalización del trabajo sexual es un principio básico de su visión. Sin embargo está claro que la mayoría de los países que están implementando el modelo sueco han ido más allá declarando ilegal el trabajo sexual. En el estado de Illinois por ejemplo, las leyes para acabar con el fin de la demanda han resultado en elevar el vender sexo a un delito grave de ofensa, penalizado con hasta un año de prisión36. En 2002, casi 3.500 personas que ejercen el trabajo sexual fueron arrestadas en Corea del Sur. Después de las reformas de ley inspiradas en Suecia, este número llegó a 16.951 en 2004 y a 18.508 en 200537

 

Tanto en Corea del Sur como en EEUU, la única manera para que una persona que ejerce el trabajo sexual evite el encarcelamiento es aceptando la rehabilitación. En Corea del Sur, el poder judicial o el agente de policía decide si la mujer es digna de rehabilitación, basado en su “carácter” y en los motivos del caso38.

 

Incluso en los contextos donde vender sexo es legal, si las mujeres trabajan en un local cerrado, y pagan por el alquiler o gastos, pueden ser criminalizadas bajo las leyes en contra de mantener un burdel o beneficiarse de la prostitución39

 

Es común para las personas que ejercen el trabajo sexual a ser desproporcionadamente objeto de arrestos bajo leyes no relacionadas. En Suecia y Noruega, a pesar de que vender sexo no es un delito criminal, la intensidad de la represión de la policía en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual ha llevado a que un gran número sea

arrestada y deportada por inmigración ilegal40. De hecho, durante el primer año de la nueva ley en Suecia, los fiscales no pudieron acusar a numerosas personas que ejercían el trabajo sexual porque habían sido deportadas antes de que sus declaraciones fueran grabadas.41

 

Además, las personas que ejercen el trabajo sexual experimentan niveles más altos de acoso debido a la vigilancia de los clientes en la calle42. Los agentes de policía en Suecia a menudo graban clandestinamente a las mujeres teniendo relaciones sexuales para obtener pruebas en contra de los clientes. Las mujeres están por lo tanto sujetas a investigaciones invasivas43. Las personas que ejercen el trabajo sexual no tienen los derechos del acusado ni de las víctimas en los juicios en contra de los clientes44. En Suecia y en Corea del Sur, la policía registra las casas y los lugares de trabajo de las mujeres sospechosas de ejercer el trabajo sexual45

 

El aumento de la violencia y la discriminación.

 

La mayor afirmación del gobierno sueco es que la criminalización de los clientes ha reducido significantemente el número de personas que ejercen el trabajo sexual. Esta reafirmación está basada en el declive del número de personas que ejercen el trabajo sexual en la calle, un hecho que numerosos investigadores atribuyen a la crecida de otras formas “escondidas” de trabajo sexual46.

 

Ciertamente, en muchos países, se ha observado que la vigilancia de la policía y el arresto de los clientes ha desplazado a las personas que ejercen el trabajo sexual. Las personas que ejercen el trabajo sexual han informado del aumento del uso de Internet para buscar clientes o de tener que moverse a lugares que se hacen pasar por otros negocios como salones de masajes, peluquerías u hoteles47.

 

Sin embargo, las personas que ejercen el trabajo sexual que viven en condiciones precarias son habitualmente incapaces de trabajar en sectores de la industria del sexo que requieren establecer rutinas, poner en marcha inversiones o familiarizarse con la tecnología. En Suecia, las mujeres que trabajan en la calle han informado de una competencia mayor, un declive de los precios o condiciones más duras48. Para compensar que hay menos clientes, las mujeres aceptan clientes que están borrachos, agresivos o que rechazan el uso del preservativo49. Desde la criminalización del cliente en Suecia, las personas que ejercen el trabajo sexual están expuestas a un riesgo más alto de violencia50 y de enfermedades infecciosas51.

 

La vigilancia de las patrullas de policía centrada en localizar a clientes conlleva a las personas que ejercen el trabajo sexual a desplazarse a lugares menos públicos donde pueden ser más vulnerables a la violencia. En el caso de que ocurriese violencia, no conseguirían tener ayuda52. En la ciudad de Edimburgo, Escocia, las personas que ejercen el trabajo sexual informaron de 66 incidentes de violencia en 2006, comparado con 126 después de la implantación de las medidas en contra de solicitar los servicios de una persona que ejerce el trabajo sexual desde el coche del siguiente año53. En Montreal, durante un periodo de tres meses de amplios barridos anti-clientes en 2001, las personas que ejercen el trabajo sexual informaron de tres veces más de incidentes violentos, y de cinco veces más de incidentes violentos con armas mortales que en los previos barridos54

 

Las personas que ejercen el trabajo sexual se enfrentan a más obstáculos para reportar violencia y coerción, dado que revelarse como personas que ejercen el trabajo sexual a la policía puede llevar a más acoso y al riesgo de deportación55. Del mismo modo, un cliente que encuentra a una persona que ejerce el trabajo sexual que ha sido coaccionada, o que está en peligro, es poco probable que lo reporte a la policía por miedo a incriminarse a si mismo. La Junta Nacional de Policía Noruega descubrió que la ley sueca ha hecho más complicado reunir pruebas en contra de individuos que han coaccionado o explotado a las personas que ejercen el trabajo sexual56. Además, la Junta Nacional de Salud y de Bienestar Sueca demostró que la criminalización de los clientes puede llevar a un incremento en la explotación de las personas que ejercen el trabajo sexual por terceros57

 

Las personas tailandesas que ejercen el trabajo sexual han informado igualmente que desde la prohibición a comprar sexo de los soldados americanos, sus condiciones de trabajo se han vuelto más peligrosas. A menudo, los soldados sólo se reunen con las personas que ejercen el trabajo sexual en sitios aislados o piden que una mujer dé servicio a múltiples soldados para evitar llamar la atención58.

 

No hay pruebas de que la ley sueca haya reducido la trata de personas en la industria del sexo59. En una evaluación de la ley sueca en 2010, siete personas que ejercen el trabajo sexual fueron entrevistadas. Todos declararon que el estigma en contra de ellas había aumentado desde la implantación de la ley. Desafortunadamente, fue reportado como un desarrollo positivo ya que podría disuadir a las mujeres a ejercer el trabajo sexual60.

 

Reducción al acceso de servicios de salud y sociales

 

Las leyes criminalizando a los clientes, y las leyes en contra de los burdeles, impiden la habilidad de las personas que ejercen el trabajo sexual a proteger su salud en el trabajo. En Suecia, un estudio de la Junta Nacional de Policía Noruega desmostró que muchas de las personas que ejercen el trabajo sexual en la calle compensan la pérdida de ingresos, como resultado de la criminalización de los clientes, no usando preservativos61. En Corea del Sur, los locales como salones de masajes tienden a no tener preservativos porque puede ser relacionado como prueba de trabajo sexual62.

 

Los acosos de la policía obligan a muchas personas que ejercen el trabajo sexual a cambiar frecuentemente de áreas o a trabajar en lugares escondidos. Esto dificulta su habilidad para contactar con servicios de salud y sociales. En Corea del Sur y Suecia, las autoridades de salud han expresado preocupación sobre las consecuencias negativas de la ley en la salud de las personas que ejercen el trabajo sexual63. Además, los investigadores en Corea del Sur han descubierto una correlación entre las nuevas leyes de prostitución y un aumento de las infecciones de transmisión sexual64.

 

La financiación de los proyectos de salud que apoyan los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual está seriamente comprometido por la tendencia del fin de la demanda. Las intervenciones más exitosas contra el VIH hasta la fecha han sido aquellas que son dirigidas por pares, apoyándose en el empoderamiento individual o colectivo para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las personas que ejercen el trabajo sexual65. Sin embargo, estos tipos de proyectos reciben muy poca o ninguna financiación o apoyo de los gobiernos, o de otras agencias que han sido delatadas con modelos que interpretan el trabajo sexual como violencia. En Corea del Sur y Suecia, sólo los proyectos que están dirigidos a que las mujeres abandonen el trabajo sexual reciben fondos. Estos proyectos son inherentemente discriminatorios ya que el acceso a cursos educacionales y vocacionales, servicios de asesoramiento y de salud dependen del abandono del trabajo sexual.

 

Reducción del acceso a la vivienda y a la protección

 

Las leyes en contra de la compra de sexo, del beneficio del trabajo sexual, o en contra del alquiler a un espacio para trabajo sexual, pueden hacer a los dueños/as de apartamentos y hoteles susceptibles de ser perjudicados/as. En muchos países, los dueños/ as tienen el derecho legal de rescindir el alquiler y desalojar sin previo aviso a los individuos sospechosos de ejercer el trabajo sexual – incluso cuando vender sexo no es un crimen66. Esto también afecta a los individuos que viven con ingresos bajos en viviendas sociales, en los cuales puede tener un impacto particularmente importante67. En Noruega, se sabe que la policía se hace pasar por clientes y llaman a los anuncios de las personas que ejercen el trabajo sexual para saber donde viven. Entonces amenazan a los propietarios/as bajo la ley de proxenetismo si no desahucian a la persona que ejerce el trabajo sexual de manera inmediata. Las mujeres normalmente pierden sus depósitos, lo cuales pueden ser la cantidad del alquiler de tres meses68. Una vez en la lista de personas que ejercen el trabajo sexual desalojadas, es difícil alquilar una nueva casa. En 2011, esto fue parte de una campaña organizada por la policía de Oslo llamada Acción Sin Techo69

 

En Noruega, la policía ha notificado a todas las cadenas de hoteles que se enfrentarán a cargos por alquilar habitaciones a mujeres que son conocidas como trabajadoras sexuales. Como resultado, las cadenas de hoteles han prohibido a las personas que ejercen el trabajo sexual registrarse en ninguno de sus hoteles. Algunos han sido denunciados que no permiten la admisión a mujeres que creen trabajadoras sexuales de forma racialmente sesgada70.

 

En resumen, no hay pruebas evidentes para sugerir que las medidas legales que criminalizan a los clientes, a los propietarios/as de los burdeles, a los encargados/as y al personal de apoyo en la industria del sexo, eliminen o reduzcan significantemente el trabajo sexual. Las pruebas disponibles sugieren lo contrario, que estas medidas incrementan la represión, la violencia y la discriminación en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual. Esto disminuye el acceso a los servicios de salud, cuidado, vivienda y sociales de las personas que ejercen el trabajo sexual.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ley francesa de prostitución, un año después: “esto vuelve loco a todo el mundo”

 Por Patricia Neves

 

Publicado el 10/07/2017

 

https://www.marianne.net/societe/loi-prostitution-lille-ca-rend-fou-tout-le-monde

 

Un año después de su adopción definitiva, la ley Najat Vallaud-Belkacem sobre la prostitución, que penaliza a los clientes, sigue siendo motivo de división. Reportaje en Lille donde los actores sobre el terreno denuncian en su mayor parte una precarización del oficio.

Avenue du Peuple Belge, en la parte vieja de Lille. Un vehículo se para de repente en medio del tráfico, a algunos metros de una joven apoyada contra las puertas de un hermoso jardín. Ataviada con un vestido ceñido color carne, se aproxima al conductor. Pero el hombre vuelve a arrancar. Falsa alarma. No era un cliente. Sandy, de 35 años, prostituta desde hace un poco más de dos años, vuelve sobre sus pasos, desilusionada. Desde la adopción, en abril de 2016, de la última ley para “la lucha contra el sistema prostituyente” los clientes son, confía, cada vez más escasos.

Defendido por la antigua ministra de Derechos de las mujeres, Najat Vallaud-Belkacem, el texto —que ha derogado también el delito de captación pasiva, emblema de la era Sarkozy— penaliza, tras cuatro años de debate y controversias, a los clientes de las prostitutas con una multa que puede llegar a los 3.750 euros en caso de reincidencia. Según las cifras oficiales, cerca de un millar de ellos habrían sido ya denunciados en toda Francia. En Lille, serían sin embargo menos de una centena.

¿Es realmente disuasoria la ley? ¿Protege más a las 37.000 prostitutas con las que cuenta el país? Un poco más de un año tras su entrada en vigor, los actores sobre el terreno se muestran escépticos e incluso enfadados. Comenzando por las propias chicas. “Esta ley vuelve loco a todo el mundo, cuenta Celia, una colega de Sandy, en sus cuarenta. Hoy hay menos clientes y más agresiones, incluso entre las chicas”.

Una nueva relación de fuerzas

Es sencillo, añade Sandy, “antes yo me hacía 200 euros por día, pagaba el hotel, ahorraba dinero, compraba mis cigarrillos… Hoy, si vuelvo a casa con 60 euros puedo estar contenta”. Su teléfono suena. La joven se aleja, descalza, bajo el calor agobiante. Sobre el murete del jardín, Celia, cuya mirada aparece disimulada por lentillas de color azul y varios retoques de rimel, vuelve púdicamente sobre sus “días difíciles”.

Desde hace dos o tres meses, se lamenta, las agresiones de los clientes se han multiplicado. La culpable, según ella: la nueva ley. Intenta mostrar en su teléfono la fotografía de una placa de matrícula tomada hace unos días a la caída de la tarde. “De entrada, el hombre era muy educado. Salvo que durante la semana había agredido ya a cinco chicas y estaba armado”. Así que ahora Sandy y Celia están “todo el tiempo en pareja y fotografían las matrículas” de los coches a los que se suben por turnos. Así es más seguro. E incluso así, no siempre consiguen librarse de los golpes. “¿Te acuerdas de cuando me rompieron la nariz?”, pregunta Sandy, con cara de niña.

Menos clientes, más agresiones

“Ah, sí, volví bien averiada”, recuerda Celia antes de enumerar los insultos que reciben a diario, los hombres por ejemplo que pasan delante de ellas, en coche, “cascándosela”. “Es dura la calle”, musita. Originaria del norte de Francia, Celia, madre de tres chicos, ha llegado a la Avenue du Peuple Belge —lugar central de la prostitución de Lille— hace dos años, poco después de un divorcio marcado por violencias conyugales. En aquel momento, dejó el hogar familiar y durmió durante seis meses en su coche, estacionado delante del Ikea. Al final, “me había convertido en un esqueleto”, resume, vestida con una blusa roja sin mangas que todavía hoy deja adivinar su delgadez.

Sandy, por su parte, fue a juicio contra su marido violento “pero no hubo aplicación de pena”. Madre de siete hijos, de edades que van de los 2 a los 15 años, la joven se prostituye desde entonces para sobrevivir. Celia también. Rápidamente, cada una comenzó a ganar varios cientos de euros por día, una suma que les permitió alquilar un pequeño apartamento pero que las expone día tras día a la violencia. Y la nueva ley de prostitución no ha hecho, según ellas, más que empeorar las cosas.

Pues la relación de fuerzas ha sido diferente a partir de ese momento. Los clientes son menos numerosos —“más teniendo Bélgica al lado”— y exigen más. En la cuestión de precios, revisados a la baja, o incluso en lo referente al uso de preservativo. “Los sin-capucha son ahora nueve coches de cada diez, y esto no para”, suspira Celia. “Yo tengo una frase hecha, sonríe Sandy. Les digo que hay una nueva enfermedad que hace que se hinche la picha y meen de color amarillo fosforito”. Las dos mujeres ríen y vuelven al trabajo, por la acera del parque, bajo un sol de plomo. Sin clientes en el horizonte.

Clandestinidad de la actividad

Entre las asociaciones, algunos intervinientes llegan a la misma conclusión. “Desde finales del año pasado, en cada intervención que hacemos sobre el terreno, es decir tres veces por semana, recibimos información de una situación de violencia”, constata en Nantes Irène Aboudaram por Médecins du Monde, organización que se opone a la ley. “Ahora, como hay menos clientes, las chicas trabajan más tiempo. Pueden hacer de las 22h a las 6h. Por temor a una denuncia, prosigue, se suben al coche sin tomarse el tiempo necesario, como antes, para identificar a las personas, evaluar los riesgos, negociar los precios”.

Así que, para Irène Aboudaram, la nueva ley no permite por tanto desmantelar las redes de prostitución, ya que la propia ley empuja a los intermediarios a organizarse fuera de la vía pública, sobre todo proporcionando el alojamiento donde tendrán lugar los pases. “Esto tiene más bien el efecto de una clandestinidad de la actividad. Las mujeres se vuelven menos accesibles. Esto amenaza con comprometer el trabajo sobre el terreno de las asociaciones e incluso de las autoridades”, previene la militante.

Castigar al cliente para atacar las redes

Si Médecins du Monde se concentra en el efecto que la ley Najat Vallaud-Belkacem tiene sobre la salud de las prostitutas, otros, como la organización católica Le Mouvement du Nid, comparten por el contrario el espíritu del texto, que pretende, en última instancia, terminar con la prostitución. “Es algo bueno que el cliente sea perseguido, estima en efecto Bernard Lemettre, responsable regional del Mouvement du Nid en la región Nord-Pas-de-Calais, porque el cliente, mediante su acto, ningunea a las mujeres, y no sólo físicamente. Poque alimenta indirectamente las redes. Los tratantes no reunirían chicas en las aceras de Lille si no hubiera demanda”.

De las 300 chicas seguidas por Le Mouvement du Nid, en Lille, la gran mayoría sería de hecho de origen africano, víctimas de trata de seres humanos. Algunas de las cuales tienen que reembolsar a los que las han ayudado a pasar varios miles de euros, entre 60.000 y 90.000. Con el otro gran eje de la ley, un bono social que instaura “un circuíto de salida” de la prostitución, se da pues un primer paso “hacia otro futuro para estas mujeres”, se felicita Bernard Lemettre. Porque “la ley inventa un sistema por el que es obligatorio salir de la prostitución, detalla, mediante el pago de una prestación y un seguimiento personalizado. Lamenta sin embargo que la prestación propuesta no exceda de algunos cientos de euros. “No se puede vivir con 300 ó 400 euros”, reconoce.

Más allá de esta ayuda financiera, a la que se añade la promesa incierta de un permiso de residencia de 6 meses, la obligación para las chicas de dejar de prostituirse para poder beneficiarse del “circuíto de salida” —que todavía no se ha puesto nunca en práctica en Lille— puede suponer un obstáculo para aquellas que obtienen la totalidad de sus ingresos de la prostitución. Como Sandy y Celia, antigua empleada de un gran operador de telecomunicaciones.

De la calle a los sitios de internet

Cerca del parque, donde ellas siguen esperando, por fin se para un coche. “¿Puedo llevaros a algún sitio?”, pregunta un joven treintañero con camiseta blanca, que se describe a sí mismo como un cliente ocasional. También él ha “oído hablar” de la nueva ley, pero la verdad es que ésta no le ha hecho “cambiar sus costumbres”. En Lille, las autoridades constantan sin embargo “una disminución del fenómeno que no está necesariamente ligada a la penalización del cliente, sino más probablemente a la evolución del oficio. Desde hace dos o tres años, las chicas abandonan la calle y se pasan a internet. Basta con ir a los sitios especializados, tipo Vivastreet [objeto de una investigación por proxenetismo agravado, ndlr]. El número de anuncios se ha disparado, sencillamente porque es más discreto, en particular para los proxenetas.”

Por lo que respecta a Sandy y Celia, ellas no piensan en internet. “Demasiado peligroso, no sabes con quién vas a caer”. En su trozo de acera, prefieren escoger a sus clientes. Uno de ellos ya ha sido denunciado dos veces, le han notificado una multa y tiene cita en el juzgado. Tal vez será uno de los primeros clientes de Lille que tendrán que acudir, a partir de septiembre, a los totalmente novedosos cursos de sensibilización que se suponen que permitirán una toma de conciencia sobre la violencia ejercida sobre las prostitutas. Pero a algunos metros apenas de la salida del tribunal de última instancia de Lille, situado en la Avenue du Peuple Belge, las chicas esperan ya…

 

La indefensión de las prostitutas

Por Ninfa

 

19 de Mayo de 2017 (19:04 h.)

 

 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/indefension-prostitutas/20170519175159140006.html

 

 

Soy trabajadora del sexo. Desde hace algunos años contacto con mis clientes en la calle. Empecé en esta actividad allá por el año 1997, en los tiempos en que la Casa de Campo de Madrid estaba abierta a todas horas al público. En aquellos tiempos, recuerdo, trabajábamos sin más problemas que los que se pudieran presentar en la cotidianidad: que si la lluvia, que si el cliente borracho, que si el maleducado… La Policía estaba continuamente pidiendo la documentación y no todas tenían “los papeles en regla”, eran frecuentes las redadas en busca de “sin papeles”.

Las trabajadoras del sexo captábamos a la clientela al pie de la vía y los servicios los realizábamos, como norma general, en los propios vehículos, cerca de donde nos ubicábamos. Después, poco a poco, nos lo pusieron más difícil. Primero colocaron vallas de maderas. Las autoridades explicaron que se trataba de “barreras protectoras”. La consecuencia fue que los coches ya no podían parar al lado de la vía. Nos trasladamos entonces a las zonas de parking, a un lugar más alejado. Pero las vías fueron cerrándose poco a poco. Cada vez contábamos con menos espacio para trabajar y lo hacíamos en lugares menos seguros, menos transitados.

Las incursiones policiales se acrecentaron. Actuaban conjuntamente la Policía Municipal y la Policía Nacional, concretamente de migración. Sufrimos cortes de tráfico y desvíos caprichosos de la circulación, calles cortadas a determinadas horas, redadas a las mujeres que se encontraban en “situación irregular”, insistentes controles de alcoholemia a los clientes, multas de tráfico injustificadas a horas intempestivas, etc. Es decir, poco a poco, las autoridades consiguieron poner en marcha la “diáspora” de prostitutas por Madrid. Tuvimos que desplazarnos a otros lugares como por ejemplo Capitán Haya y Paseo de la Castellana, Pintor Rosales y Parque del Oeste, Polígono de Villaverde (conocido también como Polígono Marconi), Montera y zona centro. Sitios, como éste último, que contaban con los inconvenientes consabidos: enfrentamientos y discrepancias con el vecindario, comerciantes, etc. Por si fuera poco, se colocaron cámaras en la vía pública que ahuyentaron a nuestros clientes. Las prostitutas nos vimos obligadas a demandar nuestras reivindicaciones ante el consistorio municipal y nos manifestamos exigiendo nuestros derechos en la calle de la Montera, en la zona centro de Madrid.

Particularmente, decidí desplazarme a trabajar hasta la localidad de Torrejón de Ardoz (Madrid) y estuve en sus inmediaciones cerca de 3 años. El inicio de obras de acceso a Torrejón, en la parte Este, me obligó a trasladarme al polígono conocido como Electrolux de Alcalá de Henares, donde se ejercía desde años antes. Poco duró la calma. El Ayuntamiento alcalaíno, liderado por el Partido Popular en aquel entonces, preparó una ordenanza municipal y entre sus puntos había uno que asestaba un golpe duro a la prostitución callejera y que contemplaba la prohibición de “ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirectamente de servicios sexuales retribuidos en el espacio público de la ciudad de Alcalá de Henares, en todo su término municipal.”  Las sanciones van de 300 a 3.000 euros de multa tanto para los clientes como para las trabajadoras del sexo. Esta ordenanza municipal, que entró en vigor en diciembre de 2010, desembocó en hostigamiento, persecución y acoso permanentes hacia nosotras. Ni siquiera podemos subirnos a un coche, a veces ni al propio. Desde entonces estamos penalizadas por ser prostitutas, independientemente de si estamos ejerciendo en ese momento o no.

La normativa trajo como consecuencia una mayor precarización:  A partir de ahí, al no contar con tiempo y tranquilidad para negociar los servicios, debemos apurar los acuerdos, desplazarnos más lejos para realizar los servicios sexuales acordados (con el consabido peligro que eso conlleva), estar pendientes de nuestros móviles porque, entre nosotras, nos alertamos mediante llamadas perdidas de la presencia policial.

Por las condiciones geográficas, no podemos subir a un coche ni para ir a tomar algo a las cafeterías próximas a la zona (cosa muy común) porque los efectivos policiales dan por sentado que vamos a dar un servicio. De nada sirve pararse a explicarles nada. Las multas van tanto para el conductor como para nosotras. Estamos absolutamente estigmatizadas por ejercer nuestro oficio. El Colectivo Hetaira ha sido testigo en directo, a veces, y vía telefónica, otras, de estas experiencias. Hubo una ocasión, en que por el solo hecho de encontrarme dentro de mí vehículo aparcado en el lugar, matando el tiempo de aburrimiento y jugando con mi dispositivo móvil, fui multada. Además nos influye mucho la intimidación que sufren los clientes; nos sentimos impotentes e indefensas.

 

La ley mordaza

Algunas compañeras, debido a la presión, cambiamos de lugar de trabajo. Decidí trasladarme al polígono de Villaverde, pero allí también se estaba preparando una normativa municipal similar a la de Alcalá de Henares que no llegó a aplicarse porque el Gobierno del Partido Popular aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, que penaliza tanto a clientes como a trabajadoras del sexo. Dicha ley, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, ha venido acompañada de consecuencias terribles: más estigmatización para nosotras, más hostigamientos, más actas de denuncias constantes por cualquier cosa: por pararnos aquí, por pararnos allá, por nuestras vestimentas (da igual cómo vistas, cualquier escote, falda, pantalón corto, largo o ceñido al cuerpo, blusa, vestido). Todo vale y justifica su denuncia impuesta, tanto si vas vestida como si no, si te encuentra en la acera como si no, si estás hablando, si vas en coche con alguien, si estás esperando el bus para marcharte, si estás parada o si estás en sitios estratégicos de la zona realizando servicios. Nosotras, las prostitutas somos juzgadas, en ocasiones, por la policía, juzgadas como “males madres”. Pueden soltarte tranquilamente la dichosa frase de “¿qué dirán tus hijos?”, porque la carga moral está presente en el momento que extienden la denuncia. Aquí no se salva nadie, ni el señor que vende los preservativos, ni el señor al que compramos los bocadillos, ni el cunda que nos hace de taxi. Todos son calificados de “puteros”, tratados como “criminales”… Y nosotras, vapuleadas, y nuestros datos personales utilizados para rellenar las denuncias hechas contra nuestros clientes o contra las personas que tratan de buscarse la vida en el polígono vendiendo bocadillos.

 

Reacción

Con esta ley en ejecución las putas llegamos a comprender lúcidamente que siempre se ha perseguido la prostitución, que se ha utilizado la ley de migración como excusa para perseguirnos y expulsarnos del país. Ahora ya hay un instrumento a nivel estatal. Días antes de la entrada en vigor de la ley mordaza, algunos policías de migración, concretamente del Grupo XI, nos lo advertían de manera pletórica y triunfal: “la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana acabaría con nuestra actividad”. Y se cumplió lo que nos habían prometido: las denuncias impuestas contra nosotras, las monsergas y reproches -casi peores‒ que acompañaban a las mismas.

En esta difícil situación –con más de 30 denuncias en una sola tarde‒ vimos la necesidad de protestar, gritar y hacernos escuchar. Así nació la Agrupación Feminista de Trabajadoras Sexuales (AFEMTRAS), conformada por mujeres cis, mujeres trans y travestidos. El colmo fue que el foco mediático sólo apuntaba hacia un objetivo: la denuncia de que una “posible víctima de trata” pudiera estar siendo multada. Porque para las autoridades sólo existen las “víctimas de trata”, nosotras no existimos. Y para los medios de comunicación, en ocasiones, tampoco. Y cuando existimos, se nos criminaliza por nuestra actividad.

Como AFEMTRAS estamos dando a conocer nuestra situación y nuestro descontento a medidas injustas, desproporcionadas e ineficaces. Ponemos el acento en las consecuencias negativas de la aplicación de leyes injustas sobre nuestras vidas. Asistimos, asombradas e indignadas, al descrédito que se hace de nuestro oficio y a la perversión que supone confundirla -intencionadamente‒ con la trata de personas.

Las trabajadoras del sexo apoyamos sin fisuras a las víctimas de trata y somos las primeras en ver “indicios” de trata y ponerlo en conocimiento de las asociaciones con quienes colaboramos. Quiero señalar también que son muchas veces los clientes quienes contactan con las autoridades y las asociaciones cuando detectan posibles casos de trata.

Pero, nosotras, profesionales del sexo estamos demandando a los consistorios espacios donde podamos trabajar sin molestar y sin ser molestadas. Las multas nos perjudican y las multas a nuestros clientes nos perjudican de manera flagrante (podemos no castigar a un comerciante por su actividad, pero si multamos a quienes entren en su establecimiento, le estamos perjudicando directamente). Tenemos la obligación de defender y “desdemonizar” a nuestros clientes porque entendemos que existe un contrato verbal de intercambio de servicios sexuales por dinero con el consentimiento de dos personas adultas y el Estado no debería de intervenir -y menos hacerlo con una moralidad propia de otros siglos-.

Por tanto, exigimos que las autoridades diferencien entre “trabajo sexual” y “trata de personas”. Si no es así, las víctimas de trata reales continuarán desprotegidas y nosotras soportando la indefensión y sin que nuestros derechos sociales y laborales sean reconocidos. Acaso, ¿alguien vive mejor sin derechos?