Las colas del hambre de las prostitutas: «La crisis es el covid y este Ministerio de Igualdad»

Tras un año de pandemia, las trabajadoras del sexo, viven prácticamente sin ingresos y sin percibir ningún tipo de ayuda de las administraciones.

 

Por Marta Arce

20 de marzo de 2021

https://www.libremercado.com/2021-03-20/colas-del-hambre-prostitutas-crisis-es-covid-ministerio-igualdad-6720539/

 

Nina es escort en Madrid. Antes de que la covid-19 arrasase con todo, Nina satisfacía las fantasías de sus clientes en hoteles de la capital y viajaba dos veces al mes para visitar a sus «amigos» en otras ciudades. Además de los servicios obvios, Nina acompaña a sus clientes en eventos sociales y ofrece la GirlFriend Experience, actuando en ocasiones como una novia o esposa.

En el último año, la vida de Nina ha cambiado por completo: «Ha sido muy duro. He estado confinada durante meses y sin ingresos. Las trabajadoras del sexo estamos absolutamente olvidadas por parte de las administraciones, que en vez de ayudar, lo que hacen es estigmatizarnos y precarizarnos».Tampoco pagan impuestos.

Las colas del hambre de la prostitución

Al igual que Nina, las prostitutas se encuentran en una situación desesperada. Muchas de ellas son asiduas en las colas del hambre, siguen trabajando de forma clandestina y han tenido que recurrir a asociaciones como Cats (Comité de Ayuda a las Trabajadoras Sexuales) para seguir adelante. «El problema principal es que su actividad no está reconocida legalmente», explica Nacho, portavoz de Cats, «no tienen un contrato laboral, no tienen ERTE, no tienen paro, ni acceso en muchos casos a las ayudas municipales porque ni siquiera están empadronadas».

Nacho explica que en la asociación llevan un año dedicándose casi en exclusiva al reparto de comida a través de los bancos de alimentos de Cruz Roja y Cáritas. «El problema es que también hay que pagar el alquiler y las facturas, así que ellas mismas se organizaron a nivel estatal para hacer un crowdfunding. Sacaron cerca de 20.000 euros que distribuyeron de forma equitativa. Esa es la única ayuda directa que han recibido muchas de ellas».

El sindicato no oficial Otras (Organización de Trabajadoras Sexuales) ha agotado ya sus dos cajas de resistencia y en Barcelona se dedican casi en exclusiva a la recogida de alimentos. Vera, delegada de Otras en Murcia, lamenta la falta de ayuda por parte de las administraciones y se pregunta por qué «las compañeras de Nueva Zelanda sí que cobran el paro, pero nosotras aquí tenemos que arriesgarnos y salir a trabajar a pesar de la pandemia».

«No se puede hacer un francés con mascarilla»

El miedo a la covid-19 y la falta de clientes han obligado a las prostitutas a adaptarse. Nina ya no frecuenta los hoteles y ha alquilado un apartamento para encargarse ella misma de la limpieza. Otras han optado por el teletrabajo y se han pasado al sexo virtual a través de webcam. Ese es el caso de Cony: «El último año ha sido más difícil y he combinado el trabajo presencial con las videollamadas. A pesar de ello, mis ingresos han bajado bastante».

La vida también cambió de la noche a la mañana para las chicas de los clubes de alterne, obligados a cerrar en muchas comunidades autónomas durante el confinamiento más estricto. «Muchas chicas rumanas y búlgaras consiguieron irse a su país, pero otras se quedaron en la calle con una mano delante y otra detrás», explica Nacho. «Tuvieron que seguir trabajando por su cuenta, con dos o tres servicios a la semana para sacar unos duros. Lo están pasando muy mal y lo único que tienen es el ejercicio de la prostitución. En una época de miedo absoluto decían que sí a todo».

Y en las calles, la situación es incluso peor debido a la falta de clientes y a los controles policiales que implican multas de más de 300 euros para las prostitutas. Emérita trabaja como transformista cerca de una zona comercial y asegura que sus ingresos han descendido un 90% en el último año. «Tuve mucho miedo al principio. Era aterrador ver en la televisión que muchísima gente estaba muriendo. Pero es imposible pagar las facturas si no seguimos trabajando. En septiembre del año pasado me contagié de covid, pero no en el trabajo, sino en mi entorno social», explica Emérita. «Trato de tomar medidas de precaución, pero en este trabajo es imposible el distanciamiento. Tienes que subirte a un coche con un desconocido y no se puede hacer un francés con la mascarilla puesta».

«Somos víctimas de las políticas del Ministerio de Igualdad»

En los clubes con neones en la fachada, en las calles oscuras y en los pisos de alquiler por horas, las prostitutas siguen abandonadas en la alegalidad mientras soportan el estigma del oficio más viejo del mundo. «En esta pandemia todo el mundo ha sido solidario con los demás, pero nadie se ha acordado de las putas«, lamenta Emérita, que solo ve ante ella un futuro incierto debido en buena parte a «campaña de difamación contra las prostitutas por parte del Ministerio de Igualdad».

La ministra Irene Montero ha asegurado que «la prostitución es claramente una forma de explotación sexual». Emérita no está de acuerdo. «Ellos piensan que detrás de cada prostituta hay un proxeneta y eso es totalmente falso. El problema es que la ministra de Igualdad se maneja con datos totalmente erróneos de asociaciones abolicionistas. Toda la gente que conozco ejerce la prostitución porque le da la gana y porque han decidido que esa es su forma de vida.»

Emérita, y buena parte de las asociaciones de las trabajadoras del sexo,

Emérita, trabajadora sexual transformista

piden desesperadamente la regulación del sector para que se reconozcan sus derechos laborales: «Somos víctimas de las políticas del Ministerio de Igualdad. Esta señora (Montero) habla de abolir la prostitución, pero lo único que va a hacer es condenar a la gente a trabajar en la clandestinidad. No aportan ninguna solución ni alternativas. ¿Qué van a hacer con toda la gente que se dedica a esto? La crisis es el covid y este Ministerio de Igualdad, a tiempo parcial cuando interesa».

«No defendemos la prostitución ni se nos ocurriría salir con una pancarta para decir hazte puta que es lo mejor que te puede pasar», explica Nacho. «Desde Cats, queremos el reconocimiento de la actividad laboral con un régimen especial como tienen ciertos colectivos. Podrían cotizar al erario público y se evitaría muchísima explotación laboral con jornadas abusivas, despidos por enfermedad, multas aleatorias».

 

Entrevista a Kenia García: «Con el 187 bis del Código Penal sufriremos desahucios y persecución»

 

Por Gloria Marín

16 de febrero de 2021

https://vientosur.info/entrevista-a-kenia-garcia/

 

Las trabajadoras sexuales llevan años organizándose y defendiendo sus derechos. Entrevistamos a Kenia García, trabajadora sexual y miembro del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) para hablar de la situación actual, del movimiento y de los retos más inmediatos. [Aquí se pueden encontrar otros materiales sobre este movimiento publicados en viento sur]

¿Cuál es la situación de las trabajadoras sexuales en el Estado español? Háblanos en primer lugar de los aspectos que ya estaban antes de la pandemia.

Es una situación de falta de derechos. El movimiento de las trabajadoras sexuales en el Estado español hace décadas que viene reivindicando derechos humanos y laborales. Los derechos son herramientas para defendernos ante los abusos y los atropellos. No tenerlos es no tener esas herramientas. Su ausencia provoca explotación, clandestinidad, abusos…

En concreto, la falta de reconocimiento de nuestra actividad como trabajo impide acceder a derechos tan básicos como la vivienda, porque sin nómina no se puede acceder a un alquiler, no se puede pedir una hipoteca…

Además padecemos incluso persecución. Especialmente las compañeras que trabajan en los espacios públicos, que son perseguidas por los Ayuntamientos por medio de las Ordenanzas municipales y por el Estado por la Ley Mordaza…

En resumen la situación era, y es, de abandono, exclusión, marginación y persecución.

¿Y qué ocurre cuando llega la pandemia? ¿Cómo os afecta?

Se añade la violencia económica. Pero no solo para las trabajadoras sexuales, sino en general para trabajadores y trabajadoras precarizadas y de la economía sumergida. Colectivos que quedamos excluidos del escudo social, entre ellos las trabajadoras sexuales.

¿Qué pasa cuando te confinan y no tienes derecho a paro, a ERTE…? Tienes que seguir trabajando, y lo tienes que hacer a costa de poner en peligro tu salud y la salud de la sociedad, porque tienes que elegir entre no comer o arriesgarte a enfermar. Muchas trabajadoras sexuales tienen familia que depende de ellas. Al no estar incluidas en la protección social no les quedó más remedio que seguir trabajando, en una actividad en la que no es posible aplicar las medidas para protegerse de la covid.

Es violencia económica porque se nos dejó sin ingresos. Tenemos un estado negligente. El «Nadie se va quedar atrás» fue solo un lema. Miles de personas se quedaron atrás, entre ellas las trabajadoras sexuales.

Además muchas han vivido otras situaciones añadidas. Hay muchísimas compañeras que viven en los lugares de trabajo porque no pueden alquilar, por no tener nómina, otras por estar en situación administrativa irregular. Esta supone un estado de no persona, de no derecho, no poder tener ni siquiera una cuenta bancaria… lo que les hace depender totalmente de estos sitios. Al cerrarse los clubes se dieron varias situaciones. Algunas negociaron seguir viviendo en ellos, en muchos casos pagando menos que cuando trabajaban, pero en cualquier caso acumulando deudas con los propietarios. En otros, como el del Club Olimpo, quedaron sin agua y sin luz. Y hay otro caso que es paradigmático de lo que supone la falta de reconocimiento como trabajo y de a quién beneficia. Es el caso del Club Paradise de La Jonquera. En marzo se adhirió a un ERTE para 69 empleados: cajeras, guardias de seguridad, limpiadoras… mientras las 90 mujeres que eran la base del negocio se quedaron fuera de él y en la calle —literalmente— porque no estaban reconocidas como trabajadoras. Muchas de las mujeres que trabajan en clubes son migrantes que no tienen una red familiar o social que las acoja.

Otras alquilamos pisos donde vivimos y trabajamos. Algunas conseguimos pagar menos o aplazar el pago, pero otras muchas al no poder pagar se quedaron en situación de sinhogarismo y tuvimos que buscarles albergues. Como los contratos que tenemos son verbales, no tenemos protección legal ni estamos cubiertas por las medidas para proteger los alquileres o evitar los desahucios.

Hablabas de la ley de Extranjería y del estatus de no persona que genera en mucha gente, entre ella las trabajadoras sexuales. ¿Cómo afecta la ley de Extranjería al trabajo sexual?

La ley de Extranjería es un mecanismo perverso que fomenta la economía sumergida; da poder a los delincuentes, a los abusadores; fomenta la trata…

Las mujeres migran por necesidad y por su derecho legítimo a buscar una vida mejor. Ante la imposibilidad de hacerlo por su cuenta tienen que recurrir a traficantes. No pueden pagarse el billete de avión y migrar, las fronteras no son permeables para ellas. Pero sí lo son para las redes. Por eso tienen que pagar muchísimo dinero y endeudarse con las redes para poder cruzar. Ahí empieza el círculo de vulneración de derechos. La Ley de Extranjería da a los proxenetas mucha más oportunidad de explotar a las mujeres, de abusar de ellas. Si una persona pudiera llegar y tener un trabajo, tener una cuenta bancaria, pagar alquiler, pagar impuestos… disminuiría mucho no solo la prostitución, también la economía sumergida. Habría menos abusos.

Esta ley hace que podamos optar solo a trabajos irregulares, entre ellos el trabajado sexual, durante al menos tres años, que suelen convertirse en siete, diez o más. Por una parte porque los ayuntamientos no cumplen su obligación legal de empadronar a todas las personas que realmente viven en él, independientemente de su situación legal o de que tengan contrato de alquiler, por lo que no pueden demostrar la residencia. Además se requiere un contrato de trabajo, que tiene que ser de un año a tiempo completo. Si soy trabajadora sexual, ¿dónde lo consigo? Todo esto más la burocracia prolonga la situación irregular, lo que va ligado a continuar en la prostitución, porque no se puede optar a otros empleos.

Además obliga a las mujeres a «buscar cobijo» en los clubes, porque no pueden alquilar una vivienda. Y eso da poder a los propietarios de los clubes para explotarlas. Esa es la perversidad del círculo vicioso en que nos mete la Ley de Extranjería. Gracias a ella los propietarios pueden explotar más a las mujeres.

El segundo Anteproyecto de ley de Libertad Sexual que está preparando el gobierno incluye como disposición adicional la introducción en el Código Penal del artículo 187 bis que castiga con prisión la tercería locativa, proporcionar un espacio donde se ejerce la prostitución. ¿Qué piensas de esta propuesta?

La idea general de la Ley de Libertad sexual, más conocida como ley del Solo sí es sí, es algo que hace tiempo que el movimiento feminista viene pidiendo y que las trabajadoras sexuales apoyamos. Pero esta ley basa la libertad sexual en el consentimiento de las mujeres y a la vez ignora, no da valor, al consentimiento de las trabajadoras sexuales. El Art. 187 bis criminaliza todo nuestro entorno, «aun con nuestro consentimiento».

No sabemos en qué se basa el Ministerio de Igualdad para recuperar esta medida, que no es nada novedosa, es lo que había hasta la reforma del Código Penal de 1995. ¿Cuáles son las razones? No se han dado. Ni siquiera ha habido debate público de esta medida que no estaba en el primer Anteproyecto. Con las trabajadoras sexuales, que somos las principales afectadas, no se han reunido en ningún momento. Lo que sabemos es que organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la OMS… recomiendan a los gobiernos despenalizar la prostitución eliminando cualquier normativa que la criminalice directa o indirectamente, porque esto pone en peligro los derechos fundamentales de las personas que la ejercen.

En otros países, debido a medidas similares a estas, las mujeres están sufriendo desalojos forzosos, se quedan en la calle, porque los propietarios se ven amenazados de proxenetismo y no les queda más remedio que desalojarlas. En Argentina, que tiene una Ley de Trata —son medidas similares que se insertan en leyes diferentes— hay muchas compañeras que están siendo encarceladas, porque si varias alquilan juntas por seguridad es acusada de proxeneta la compañera que tiene el contrato a su nombre.

Las que trabajamos en pisos que alquilamos estamos con muchísima preocupación. Yo tengo mucho miedo, porque tengo un contrato verbal del estudio donde vivo y trabajo y si sale la ley el propietario me puede decir: tienes que dejar el estudio. ¿Dónde voy si yo no tengo una nómina para poder alquilar? Nos va costar mucho más encontrar un espacio donde trabajar de manera autónoma.

Con la ley Mordaza y con las Ordenanzas han ido contra las compañeras que están en los espacios públicos, con este proyecto de ley van contra las que trabajamos de manera autónoma.

En resumen, la consecuencia va a ser: desalojos, persecución vecinal, persecución policial… Va a estar más en peligro nuestro derecho a la vivienda y nuestra seguridad.

El  movimiento de las trabajadoras sexuales en el Estado español ha dado un salto adelante en los últimos años. El Colectivo de Prostitutas de Sevilla es uno de los más activos. ¿Cómo os organizáis y con qué objetivos?

Es cierto, el movimiento va tomando impulso, poco a poco vamos fortaleciéndonos, pero aún somos pocas. El gran reto que tiene el movimiento a nivel internacional, no solo en el Estado español, es superar el estigma. Es muy difícil dar la cara. Si no hay más mujeres reivindicando, denunciando, es por culpa de esa violencia social que es el estigma, ese es un obstáculo muy grande. No obstante, poco a poco, las trabajadoras sexuales se van organizando.

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla nace en 2017 en Sevilla. Desde su inicio busca tejer, articular con otros colectivos, y eso le lleva a conformarse como una plataforma que une a mujeres de Sevilla,  A Corunha, Canarias, Madrid, Almería, Valencia, Asturias, el País Vasco…

Es un experimento social de lo que yo creo que debería ser el feminismo. Es un colectivo de y por las trabajadoras sexuales, somos nosotras quienes tomamos las decisiones y quienes tenemos la voz y el discurso. Pero también hay compañeras de otros ámbitos profesionales, mujeres que se unen porque creen en nuestros derechos. Pienso que eso debería ser el feminismo, que las mujeres deberíamos tejer desde todos los ámbitos sociales.

El CPS nace para hacer una incidencia social y política. Para conseguirlo, para poner en la agenda política el debate sobre la prostitución que necesitamos, primero hay que hacer una concienciación, porque es la sociedad la que tiene que presionar a las y los políticos, tiene que haber un interés en la sociedad. Ese es nuestro objetivo y nuestro trabajo habitual, pero el estado de alarma nos puso patas arriba. Ante las peticiones de auxilio que nos llegaban, nos dedicamos a formar redes de apoyo a nuestras compañeras que se habían quedado en la calle o no tenían ya para comer, para pagar el butano… No tenemos recursos propios y los tuvimos que buscar en nuestras redes.

Has hablado de problemas específicos de las trabajadoras sexuales, como el estigma, y de otros compartidos con otros sectores de la sociedad como la exclusión del escudo social y la Ley de Extranjería. ¿Cómo entendéis la articulación con estos sectores? Más en concreto, eres coportavoz de Regularización Ya, ¿qué significado tiene esta portavocía?¿cómo se llega a ella?

En efecto, muchos de los problemas que sufrimos los sufren también otras trabajadoras, pero la gran diferencia es que su trabajo sí está reconocido. Mientras las compañeras trabajadoras del hogar luchan por mejores condiciones y más derechos, nosotras no tenemos ninguno.

La portavocía es el resultado de un trabajo prolongado. Al CPS nos importan las luchas de las mujeres precarizadas de todos los sectores. Creemos que la manera de tener fuerza es articular los colectivos. Desde la fundación en 2017 siempre estuvimos apoyando a otros colectivos, como reflejan nuestras redes sociales. Esta es la base que ya teníamos. En abril, durante el estado de alarma, se lanza la campaña #RegularizaciónYa, que luego se convierte en movimiento. Las compañeras de SEDOAC, con quien ya teníamos lazos, nos propusieron participar, y también a las Prostitutas Libertarias del Raval. Y ahí entramos. Las portavocías se eligieron por votación de los colectivos, la propuesta de que una de ellas fuera para el CPS fue una de las más votadas.

Para mí este es un movimiento valiente, porque las prostitutas siempre somos consideradas agentes contaminantes. Por eso ni los políticos, ni los colectivos sociales, ni las asociaciones se quieren involucrar con nosotras, por miedo a ser señalados, difamados, por el hecho de apoyarnos. Pero a estas compañeras y compañeros eso no les importó. Creyeron que las trabajadoras sexuales necesitaban también tener voz en el movimiento y tuvieron la valentía de votar esta propuesta, que transmite un mensaje social muy potente: nosotras también formamos parte de las personas que estamos sufriendo esta situación de no persona, de exclusión, de empobrecimiento, de precarización, que provoca la Ley de Extranjería.

¿Cuáles son vuestros planes inmediatos?

Hay mucha incertidumbre y resulta difícil hacer planes. La mayor preocupación en este momento es el debate de la Ley de Libertad Sexual. Nos estamos organizando para pedir el apoyo del movimiento feminista, de las mujeres, de quienes crean que este artículo 187 bis lo que va a hacer es vulnerar nuestros derechos y ponernos en peligro, que es intolerable que una ley que supuestamente pone en el centro el consentimiento de las mujeres, anule el consentimiento de las trabajadoras sexuales. Nos hemos dirigido a la Relatora sobre Derecho a la Salud de Naciones Unidas para manifestarle nuestra preocupación.

Esto es fundamental porque sabemos las consecuencias que va a tener esta medida. Sabemos que con ella va a ser mayor la clandestinidad, el empobrecimiento, la persecución. Dicen que quieren combatir la explotación sexual, pero paradójicamente, lo que van a hacer es fomentarla, porque si no puedes trabajar de manera autónoma, al final buscas la ayuda de terceros. De ahí surge la explotación.

Pero además esto no nos afecta solo a nosotras, es algo que nos compete a todas las mujeres, porque con esto se están recortando libertades sexuales, se jerarquiza a las mujeres, se reproduce la división entre ellas: tú no puedes consentir porque eres una víctima, tú si puedes. Por eso nuestro objetivo es que se retire el 187 bis, y lo tenemos que enfrentar entre todas.

Por otra parte seguimos pidiendo lo mismo que siempre: el Ministerio de Igualdad debería dejar el camino del punitivismo y hacer lo posible para que la Ley Mordaza y las Ordenanzas —aunque estas sabemos que no son su competencia— dejen de penalizar a las trabajadoras sexuales.

Para acabar, ¿quieres añadir algo?

Mandaría un mensaje al Ministerio de Igualdad. Les diría que bajen a hablar con las mujeres de los sectores precarizados. Tenemos una ministra que no ha hablado con las jornaleras, las Kellys, las trabajadoras del hogar, las envasadoras, las aparadoras, las trabajadoras sexuales… Y está diseñando políticas equivocadas en nuestro caso, porque esta política nos va a vulnerar derechos. Las políticas se tienen que diseñar con las personas a quienes afectan, no desde arriba ignorándolas.

Gloria Marín

16/02/2021

 

No es la Ley trans, es la lucha por el control del feminismo

¿Por qué un sector del feminismo vinculado al PSOE ha emprendido una guerra contra la Ley trans con argumentos propios de la ultraderecha?

 

Por Raúl Solís

4 de febrero de 2021

https://www.huffingtonpost.es/entry/no-es-la-ley-trans-es-la-lucha-por-el-control-del-feminismo_es_601bf1e6c5b6c0af54d14d87

 

En 2014 Andalucía se convirtió en la primera comunidad autónoma de España en aprobar una Ley trans que contemplaba la autodeterminación del género. Se ponía así fin al tutelaje psiquiátrico y médico de las personas trans que las obliga a tener que presentar un certificado de que no son enfermas mentales para poder acceder a tener un DNI acorde a su identidad sexual o de género. La ley andaluza salió aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos que en ese momento tenían representación en el Parlamento andaluz: PSOE, PP e IU.

“El Parlamento andaluz da hoy a luz una ley muy esperada, reconocida, tramitada en tiempo récord, con una palabra inexplorada en estos tiempos, unanimidad. Hemos conseguido el mejor texto que este colectivo se merece”, decía en la tribuna de la soberanía del pueblo andaluz la diputada socialista Soledad Pérez, ponente junto con Alba Doblas (IU) de la ley de transexualidad que se aprobó en 2014, a su vez inspirada en la ley argentina de 2011.

Gracias a la Ley trans de Andalucía y dentro del ámbito competencia de la comunidad autónoma, las personas trans han podido cambiar su tarjeta sanitaria o universitaria y la Junta puso en marcha un protocolo pionero en las escuelas, universidades e institutos que ha garantizado el respeto a las infancias trans y evitado mucho sufrimiento, mucha discriminación y muchos suicidios, a la vez que ha educado a toda la comunidad educativa en el respeto a la diversidad. Con que sólo la familia de un menor informe a un centro educativo de que su hijo o hija es trans y notifique el cambio de nombre, la ley obliga a cambiar el nombre en los listados de clase y en el boletín de notas y permite al menor usar los baños y vestuarios deportivos acordes a su género.

Después de Andalucía han venido doce comunidades autónomas más a incluir la autodeterminación del género en sus legislaciones: Comunidad Valenciana, Madrid, Extremadura, Murcia, Navarra, Aragón, Baleares, País Vasco, Canarias, Cantabria, Cataluña y La Rioja –esta última en trámite parlamentario en estos momentos–. Salvo Galicia, Asturias, Castilla y León y Castilla-La Mancha, todas las CCAA cuentan con legislaciones que contemplan la autodeterminación del género. En todas estas comunidades las leyes han salido adelante con la participación activa, cuando no con el impulso, del PSOE. La última comunidad donde se ha aprobado ha sido Cantabria, donde Podemos no tiene representación en su parlamento autonómico.

Es más, desde el año 2006, por orden de la exdirectora de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, las personas trans pueden elegir, en el momento de su ingreso, el módulo en el que van a querer cumplir condena. No se conoce ni un solo caso de mujer trans que haya violado a mujeres no trans en centros penitenciarios. Ni un solo caso de niñas o universitarias trans que hayan usado los baños o vestuarios deportivos para abusar de sus compañeras valiéndose del derecho que le otorgan las leyes autonómicas. Entonces, ¿por qué un sector del feminismo vinculado al PSOE ha emprendido una guerra contra la Ley trans con argumentos propios de la ultraderecha que afirman que esta normativa borra a las mujeres y las pone en peligro de “futuros violadores vestidos de mujeres?”.

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Un viejo feminismo institucional y académico se enfrenta al nuevo feminismo popular e interseccional.

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La autodeterminación del género está reconocida por el PSOE en su último congreso federal, donde se aprobó la idoneidad de reformar la ley de rectificación registral de 2007 que, aunque en su momento fue un avance importante, ya no sirve porque somete a un proceso psiquiátrico y obliga a las personas trans a un ‘vaciado’ de sus órganos reproductores para obtener el DNI. La alternativa es un pleito judicial costoso y largo que no todo el mundo puede costear ni está dispuesto a esperar para que un juez le diga quién es después de pasar por un peritaje forense y proceso de años. ¿Se imaginan que a los gais, lesbianas o bisexuales nos dijeran desde fuera cuál es nuestra orientación sexual porque de partida fuéramos tratados como enfermos mentales? Esto es lo que se hace actualmente con las personas trans y es intolerable en un Estado democrático, social y de derecho.

Este consenso a favor de la Ley trans –con autodeterminación del género– no se rompe en mayo de 2017, cuando se registra en el Congreso la Ley LGTBI impulsada por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (FELGTB) que contempla la autodeterminación del género. Ni en febrero de 2018, cuando se registra la ley integral de transexualidad, inspirada en la ley andaluza de 2014, promovida por la Plataforma Trans. Ni una sola crítica del movimiento feminista y, mucho menos, del PSOE a ninguna de las dos leyes en el momento de su registro. Tampoco críticas mediáticas, al contrario. Se dedicaron piezas monográficas sobre que España se podía convertir en el país más progresista de Europa en el respeto y reconocimiento a las personas trans.

Sin embargo, en 2018 tiene lugar un fenómeno que lo cambia todo. El 8-M de 2018 se convierte en el año del estallido del feminismo popular, una especie de 15-M del feminismo donde, por primera vez, ni el PSOE ni sus asociaciones  satélites son hegemónicas. Una nueva generación ha ensombrecido a las feministas históricas y, en lugar de responder con alegría y generosidad porque ahora son más mujeres para defender la igualdad, las feministas vinculadas al PSOE reaccionan de forma furibunda en clave identitaria. La diputada socialista Ángeles Álvarez hace filibusterismo parlamentario para boicotear la tramitación en el Congreso de la ley registrada en 2017. La Ley trans de 2018 ni siquiera llega a la Mesa del Congreso porque el PSOE la paraliza por orden de Ángeles Álvarez, hoy una de las portavoces más ilustres del feminismo transfóbico.

En 2019 el 8-M vuelve a ser masivo, pero el 25-N de ese mismo año, Día Internacional contra la Violencia de Género, se producen divisiones de las manifestaciones y manifiestos. El feminismo se balcaniza. Por un lado, las asociaciones vinculadas al PSOE introducen disensos en los manifiestos, como la abolición de la prostitución, para romper la unidad; por otro, las organizaciones feministas más jóvenes, politizadas alrededor del 15-M y del 8-M de 2018.

Un viejo feminismo institucional y académico se enfrenta al nuevo feminismo popular e interseccional que, además de reconocimiento, defiende redistribución de la riqueza y aboga por un feminismo transversal para cambiarlo todo, que beneficie a todas las mujeres, y que el feminismo no funcione únicamente como un lobby para los objetivos de las mujeres con poder. En verano de 2019 llega una nueva edición de la Escuela Rosario Acuña de Gijón, dirigido por la filósofa feminista y militante del PSOE Amelia Valcárcel, que lo recordarán porque se hizo viral un vídeo con risas, comentarios jocosos e insultos transfóbicos que a su vez saltó a los medios de comunicación generalistas. La Escuela Rosario Acuña no es una jornada feminista más, es el encuentro anual más importante que, desde 2003, tiene el feminismo vinculado al PSOE y donde se dan debates que luego ocuparán la agenda feminista en los próximos años. Es el gran think tank del feminismo español y en 2019 se convierte en el think tank de un feminismo genitalista que afirma que las mujeres trans no son sujetos del feminismo “porque son tíos”.

En la Escuela Rosario Acuña de 2019 se decidió que la agenda feminista del PSOE de los próximos años tenía que girar en torno a la oposición a la Ley trans que PSOE y Unidas Podemos llevaban en sus respectivos programas electorales y que se incluyó en el documento por el cual se firmó el acuerdo de coalición. Todo en base a un supuesto borrado de las mujeres que no ocurría, sorpresivamente, cuando las leyes trans se aprobaron por el PSOE en los parlamentos autonómicos. Las feministas del PSOE se divorcian de la línea del partido porque piensan que Pedro Sánchez les ha fallado por darle el Ministerio de Igualdad a Unidas Podemos y dejar fuera de las políticas feministas a las socialistas que creen ser las dueñas del movimiento. El monstruo ya no se puede parar y acaba incluso por crear un serio problema interno que divide al PSOE en dos mitades.

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En el fondo está el interés por hacer caer a la ministra de Igualdad, a la que consideran una okupa del feminismo.

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Luego viene la creación de la Plataforma contra el Borrado de las Mujeres que promueven Alicia Miyares, exjefa de gabinete de Amelia Valcárcel en el Gobierno asturiano y exasesora de María Teresa Fernández de la Vega en la Vicepresidencia del Gobierno de España, y Ángeles Álvarez, exdiputada del PSOE que es sacada de las listas por Madrid tras apoyar el golpe de Estado contra Pedro Sánchez y votar la investidura de Mariano Rajoy en el Congreso. Después de esta plataforma vienen cientos de artículos, conferencias, tertulias, jornadas universitarias, bulos y tuits de claro contenido transfóbico donde se niega que las personas trans tengan derecho a decidir quiénes son.

Y ya como colofón, llega el 8-M de 2020. Las feministas del PSOE marchan por su cuenta, llegan a las manos con la comisión organizadora de la manifestación de Madrid, rompen el cordón de seguridad y se lían a tortazos por situarse en cabeza durante la lectura del manifiesto. Para poner la guinda al pastel, y por si a alguien le queda duda, en junio de 2020 se hace público un argumentario transfóbico firmado por Carmen Calvo, y enviado a todas las agrupaciones del PSOE, en el que se les dice a los militantes socialistas que las personas trans son “ficciones jurídicas” y que se opongan a la autodeterminación del género porque borra a las mujeres.

Groso modo, esto es el resumen de lo que ha ocurrido en los últimos años hasta llegar al momento presente de guerra total entre las feministas vinculadas al PSOE, el Ministerio de Igualdad, el movimiento LGTBI y la mayoría del movimiento feminista que ha firmado un manifiesto con 11.000 firmas a favor de la Ley trans para diferenciarse de otros manifiestos contrarios a la ley que han promovido desde las organizaciones feministas que son satélites de los intereses de Carmen Calvo.

En el fondo está el interés por hacer caer a la ministra de Igualdad, a la que consideran una okupa del feminismo y una traidora a las políticas feministas del PSOE. Aún más en el fondo, lo que subyace en esta guerra es la lucha sin cuartel por el control del movimiento feminista con los argumentos, mentiras y retórica de la reacción habitual de la ultraderecha. Las asociaciones LGTBI, históricamente muy afines al PSOE, siguen sin dar crédito de que el partido que históricamente más ha apoyado las reivindicaciones de la diversidad sexual sea felicitado incluso por Vox por reproducir los mensajes de la organización ultraderechista Hazte Oír: “Los niños tienen pene y las niñas tienen vulvas”.

El PSOE se enfrenta a una ruptura emocional con el movimiento LGTBI que no perdonará que la Ley trans no se apruebe y que podría incluso acarrear como consecuencia la prohibición de que los socialistas desfilen en el próximo Orgullo LGTBI. Las feministas contrarias a la Ley trans, con argumentos tan peregrinos como que los hombres querrán ser mujeres para no ser condenados por violencia de género, tendrán que explicar muy bien su posición para que no parezca burda transfobia al servicio de la lucha por el control de un movimiento que ya no controlan y de un ministerio que está gobernado por una nueva generación de feministas porque el PSOE ya no saca mayorías absolutas. No es la Ley trans, sino la lucha encarnizada del PSOE por intentar controlar un movimiento feminista que se ha independizado de sus sedes.

 

No es violación, es abuso: contra la reforma del Código Penal

El presunto autor deja de ser presunto para ser considerado culpable hasta que demuestre lo contrario. Ante la ley, ante los tribunales y ante la opinión publica

 

• «Es cuanto menos curioso que quienes abominan de la prostitución libre porque convierte el cuerpo de la mujer en mercancía vengan ahora a convencernos de que lo mejor para nosotras es que mercantilicemos el sexo convirtiéndolo en un intercambio de prestaciones».

• «Lo que es innegable es el pestiño paternalista subyacente: como las mujeres no somos capaces de expresarnos por nosotras mismas, ni los hombres de interpretar nuestra voluntad, el Estado viene a imponernos una manera de consentir».

 

Por Guadalupe Sánchez

9 de febrero de 2021-02-09

https://www.vozpopuli.com/opinion/violacion-abuso-codigo-penal.html

 

Irene Montero en la manifestación del 8-M

 

El sexo no consentido ya es delito en nuestro país. Lo era antes de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, agitase su primera pancarta. Es falso que haya que modificar el Código Penal porque sea necesario colocar el consentimiento “en el centro”. Si mantienen una relación sexual no consentida, sean hombres o mujeres, pueden denunciar al culpable ante los tribunales para que lo (o la) condenen por un delito contra la libertad sexual. Da igual si manifestaron su rechazo explícitamente, porque al igual que sucede con el consentimiento, la negativa también puede ser tácita.

El lenguaje no siempre se verbaliza, los seres humanos somos capaces de expresarnos más allá del idioma, mediante actitudes o gestos, más aun en un ámbito tan íntimo y privado como el del sexo. Podríamos decir que hay tantas maneras de consentir —o rechazar— como individuos. Y aquí es donde entra la labor de jueces y magistrados: cuando una persona acusa a otra de haber atentado contra su libertad sexual, ellos deben valorar las pruebas practicadas durante el juicio para decidir si hubo o no consentimiento y, caso de no haberlo, tener en cuenta la concurrencia de otros factores que podrían atenuar o agravar la pena.

Una de las labores del legislador penal es, precisamente, facilitar esta tarea al juzgador, tipificando aquellas conductas que, con carácter general, son constitutivas de delito (tipo básico) y las circunstancias o actos del autor que, si concurren, suponen una mayor o menor lesividad y, por lo tanto, deben determinar una condena superior o inferior (tipos atenuados o agravados). Una vez el juez tiene claro cuáles son los hechos probados, debe acudir al Código Penal y decidir si la conducta del acusado es subsumible en uno de los delitos que en él se regulan, para que la pena que se imponga al autor sea proporcional a la gravedad del acto que cometió.

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Tanto la agresión como el abuso sexual parten de la ausencia de consentimiento de la víctima, pero el primero lleva aparejada una mayor pena que el segundo

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En materia de delitos contra la libertad sexual, el Código Penal distingue entre agresión y abuso, aunque en el lenguaje de la calle se suela incluir todo dentro del saco de la violación. Pero desde el punto de vista jurídico esta distinción no es baladí y tiene su razón de ser. Tanto la agresión como el abuso sexual parten de la ausencia de consentimiento de la víctima, pero el primero lleva aparejada una mayor pena que el segundo porque, a la falta de anuencia, se suman otros factores que agravan la conducta del autor: la concurrencia de violencia o de intimidación. De esta forma, si el acceso carnal se consigue, por ejemplo, empleando un arma o amenazando con el despido, el castigo al culpable será mayor que cuando se obtiene aprovechando el estado de embriaguez total de la víctima. Ambos comportamientos son del todo repugnantes, eso no se discute. Pero estarán conmigo en que tiene todo el sentido que la ley distinga entre ellos y los agrupe en distintos tipos con diferentes penas, no sólo para cumplir con las exigencias derivadas de los principios de proporcionalidad y de tipicidad en los que se sustenta el Derecho Penal democrático, sino también para ayudar al juzgador en esa tarea de subsunción de los hechos en un tipo concreto que les he comentado antes.

Entonces ¿a qué viene todo este revuelo que, desde el Ministerio de Igualdad, se está generando en torno al consentimiento? ¿Por qué afirman que en España el sexo no consentido no es delito y repiten eso de que “no es abuso, es violación”? La respuesta pone los pelos de punta a quienes, como yo, tenemos claro que la subversión de los principios rectores del Derecho Penal conduce sin remisión a la destrucción de las democracias liberales y anuncia el advenimiento de regímenes totalitarios.

Feminismo e igualdad

Lo primero que pretenden la gran mayoría de quienes defienden la necesidad de un consentimiento explícito, incluida la ministra, es que la mera palabra de la víctima sirva como prueba de cargo, lo que determinaría una inversión de la carga de la prueba. Si una persona acusa a otra de haber mantenido una relación sexual sin haber ella explicitado su consentimiento, será el acusado quien tenga que demostrar su inocencia ante los tribunales. Es decir, el presunto autor deja de ser presunto para ser considerado culpable hasta que demuestre lo contrario. Ante la ley, ante los tribunales y ante la opinión publica. Algo que atenta frontalmente contra un derecho humano fundamental como es la presunción de inocencia y que, por lo tanto, es manifiestamente inconstitucional. Un feminismo que pretende dotar a las mujeres de un plus de credibilidad por razón de sexo, que persigue conferirnos un privilegio que prevalezca sobre los derechos inherentes a la persona, no merece ser respetado ni hacer gala de ese nombre. El feminismo es y será igualdad ante la ley. Lo de estas señoras —y señores— es otra cosa: identitarismo de género, una de las herramientas de las que se valen los antisistema para propiciar un cambio de régimen.

Otra derivada de la explicitación del consentimiento, muy del gusto de los enemigos de la libertad, es la burocratización de las relaciones sexuales. Si las mujeres tenemos que consentir expresamente para obtener un préstamo, para permitir la difusión de nuestra imagen o para someternos a una intervención médica ¿por qué no para tener sexo?

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Al igual que sucede en materia de consumo, en caso de desavenencia corresponderá al hombre como empresario demostrar que se suministró a la mujer toda la información necesaria antes de asentir

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Convierten así el acto sexual en una prestación de servicios, en la que el varón asume el rol de empresario y la fémina el de consumidora vulnerable a la que le tienen que explicar la letra pequeña de aquello que va a firmar. Y al igual que sucede en materia de consumo, en caso de desavenencia corresponderá al hombre como empresario demostrar que se suministró a la mujer toda la información necesaria antes de asentir.

Es cuanto menos curioso que quienes abominan de la prostitución libre porque convierte el cuerpo de la mujer en mercancía vengan ahora a convencernos de que lo mejor para nosotras es que mercantilicemos el sexo convirtiéndolo en un intercambio de prestaciones.

Lo que es innegable es el pestiño paternalista subyacente: como las mujeres no somos capaces de expresarnos por nosotras mismas, ni los hombres de interpretar nuestra voluntad, el Estado viene a imponernos una manera de consentir. Quienes creen que la cruzada contra lo privado de esta banda se limita a la esfera económica se equivocan: el Estado no sólo ha de ser dueño de nuestras posesiones materiales, sino también de nuestra voluntad y nuestra privacidad. Es lo que define a las tiranías, que los individuos nos convertimos en siervos.

 

Déjeme que le cuente algunas vidas trans, señora Carmen Calvo

 

Por Raúl Solís

Periodista, europeísta, andalucista, de Mérida, con clase y el hijo de La Lola. Independiente, que no imparcial.

6 de febrero de 2021

https://www.lavozdelsur.es/opinion/dejeme-cuente-algunas-vidas-trans-senora-carmen-calvo_255680_102.html

 

Carmen Calvo, en una imagen reciente. FOTO: PSOE

 

Me gustaría que lo que va a leer en adelante se lo hubiese escrito Soraya, una mujer trans de 70 años que vota al PSOE hasta cuando lo hace mal y que me encantaría que usted la conociese para entender que nunca eligió su género, jamás eligió lo que es, porque de haber podido elegir su vida hubiese sido mucho más fácil de lo que ha sido. Conocer a Soraya le ayudaría a entender que las teorías sin empatía son fanatismo y que el género no se elige, se manifiesta a muy temprana edad. Las personas trans, así como las personas que somos gais, lesbianas o bisexuales, lo único que decidimos desde que somos bien pequeñas es cómo intentar que no se note lo nuestro para evitar un destino lleno de piedras que supone nuestro camino a la libertad.

Soraya fue expulsada de su hogar familiar a los 13 años, con una paliza de por medio, porque un amigo de su padre le dijo a éste que la había visto con los ojos pintados por el centro de Sevilla. Pasó tres meses durmiendo debajo del puente de Triana por el pavor que le daba regresar a casa. A los 14 años, esta señora fue violada por un vecino y en un solo día llegó a ser detenida más de 20 veces sólo por andar con sus andares y mover las caderas a un ritmo prohibido por el franquismo.

En una de esas detenciones fue trasladada a la prisión a cumplir condena durante seis meses en aplicación de la ley de vagos y maleantes. Soraya no eligió las palizas que le pegó su padre, ni dormir durante tres meses debajo de un puente, ni que la violara un hombre a los 14 años. Mucho menos eligió pasar seis meses de los mejores años de su vida en una prisión inmunda ni soportar las torturas de un régimen que le pegaba palos pensando que así dejaría de ser mujer y se haría un hombre  hecho y derecho, que era la expresión machista que se usaba y se usa para corregir a las personas que se salen de las normas de género hegemónicas impuestas por el patriarcado.

Soraya ahora cobra un pensión no contributiva y vive en un apartamento de 25 metros cuadrados. Ha trabajado toda su vida, pero gran parte de ella ha sido en el espectáculo, haciendo reír y divirtiendo a una sociedad hipócrita que le aplaudía de noche y de día la encarcelaba. Vive sola, sola como la una, y aún hay miembros de su familia que la siguen llamando en masculino, cuando la llaman, a pesar de que es una mujer como usted. Está sola también porque en el amor ha tenido poca suerte. Los hombres la querían para el sexo, pero no para presentarla en sociedad porque ser trans era un motivo de vergüenza y deshonra para la masculinidad hegemónica. Me gustaría que este artículo lo hubiese escrito Soraya, pero no puede, Carmen, a los nueve años fue expulsada de la escuela por alterar la moral de la época.

Esta mujer, a la que yo quiero y admiro, no ha elegido casi nada en su vida. No ha elegido las hostias que le pegó la policía franquista, ni la pensión de miseria que cobra, ni haber sido una paria de la sociedad y un objeto sexual para los hombres que luego le negaban el amor. Soraya no eligió nunca ser mujer, lo es desde que tiene conciencia, a pesar de las palizas de su padre, de las hostias de la policía, del abandono familiar, de los trabajos de miseria, de los codazos y de la soledad que sufre a sus 70 años. ¿Usted se imagina que alguien en su sano juicio iba a elegir una vida tan amarga por puro capricho?

Este artículo se lo podría haber escrito también Silvia, otra mujer trans, canaria, que abandonó su isla en el año 73 y, a los seis meses de llegar a Barcelona, se encontró con la cárcel y la prostitución, de la que todavía no ha podido salir porque, a sus 68 años, se ve obligada a aceptar servicios para ir ganándose la vida y sortear la situación de extrema vulnerabilidad social que sufre. Nunca pudo recuperar la relación con sus padres, Carmen, y su vejez se avecina sola, pobre y con secuelas en todo su cuerpo de tratamientos médicos clandestinos y procesos de autohormonación sin control alguno. Silvia se intentó matricular en la Universidad de la Laguna para estudiar Medicina pero no pudo ser: “O te vistes como un hombre o no serás admitida”, le dijeron el día que quiso matricularse. Rechazó disfrazarse de hombre porque no podía elegir ser lo que no era, Carmen.

Dirá que me remonto a muy atrás y que la situación de las personas trans en España ha cambiado mucho. Le diré que lleva razón, pero aún hay casos de maltrato hacia las personas trans que estremecen y no se cuentan. Este artículo se lo podría también  haber escrito Oscar, un joven trans de 25 años de Jerez de la Frontera, que a los 19 años tuvo que huir de su casa. Su padre lo encerró con llaves en su habitación porque no toleraba que hubiese comenzado su transición. Hoy este chico vive en Madrid, laboralmente navega en la precariedad más absoluta y no cuenta con el apoyo de su familia. ¿De verdad piensa que este chico ha elegido el abandono familiar, la pobreza y el desarraigo como forma de vida?

En Córdoba vive una chica trans de unos 20 años, Carmen, que me gustaría que la conociese en una de las veces que baje a su tierra. Esta chica ha contado con el apoyo de su familia desde que tiene 16 años. Hoy está estudiando y su futuro no será en nada parecido al de Soraya, Silvia u Óscar. Alma, que así se llama la chica cordobesa, ha tenido la suerte de tener unos padres que la han apoyado, pero hay miles de personas trans que no tienen esa suerte y sus vidas son una continua cuesta arriba. ¿De verdad cree que una persona trans elige la exclusión laboral, que no le alquilen un piso, la expulsen de bares o discotecas, la echen de vestuarios y baños públicos o recibir insultos, humillaciones y palizas sólo por poner un pie en la calle?

Imagínese qué ha sentido estos días Soraya, Silvia, Oscar o Alma al escucharle decir que han elegido su género, ser lo que son, y que todo lo que les ha pasado en la vida, poco más o menos, se debe a una decisión caprichosa que lo único que persigue es borrar a las mujeres, cargarse el movimiento feminista y querer acabar con la leyes de igualdad y de violencia de género. No dudo que sepa teoría feminista, señora Calvo, pero estaría bien que entendiera que la vida real tiene muchas más aristas que las teorías y que imponer teorías como si fueran moldes de hormigón es un ejercicio de ausencia absoluta de empatía que está más cerca de los regímenes totalitarios que de un Estado democrático.

Aprobar la ley trans es una urgencia porque bien sabe, tanto como jurista y como política con varios trienios en las instituciones, que las leyes sirven para educar a la población y esta ley servirá para lanzar un mensaje rotundo a la sociedad de que las vidas trans importan, que no son un chiste, ni un capricho, ni una performance y que se merecen un Estado que las acompañe y reconozca su identidad para que ser feliz no dependa de la suerte de nacer en una familia o en otra.

Seguramente sepa usted mucha teoría feminista, pero me temo que no conoce a ninguna persona trans, que no se ha sentado nunca delante de una de ellas y las ha mirado a los ojos, sin  medios de comunicación de por medio, para conocer sus recorridos vitales y el mucho sufrimiento que llevan en las mochilas desde que se presentan al mundo como lo que son. Sería interesante que lo hiciera a la mayor brevedad posible, señora vicepresidenta del Gobierno.

Las personas trans no son una teoría, son realidad y a usted, que es ministra, le pagamos por hacer política, por gestionar la realidad, y no para imponer sus dogmas teóricos a ninguna vida. Créame, las personas trans son un colectivo vulnerable, desde que manifiestan su identidad descienden a los sótanos de la sociedad y sus vidas están repletas de muros difíciles de saltar. No han elegido su género, lo único que han elegido en la vida es a esconderse de la violencia, del abandono familiar, de los insultos, de las humillaciones y de los codazos a su paso. Más empatía y menos teoría, señora Calvo.

 

Sofía Rincón: “Las feministas como Irene Montero y Lidia Falcón presuponen que las mujeres son unas frígidas”

La artista y dominatrix, coautora de ‘Hombres y sombras: contra el feminismo hegemónico’ (ED Libros, 2020), sostiene que «las feministas radicales son reaccionarias como los ultraconservadores», y explica las implicaciones políticas de las nuevas políticas de género en la política

 

Por Economía Digital

5 de enero de 2021

Sofía Rincón: “Las feministas como Irene Montero y Lidia Falcón presuponen que las mujeres son unas frígidas”

 

La artista y dominatrix Sofía Rincón, coautora de ‘Hombres y sombras: contra el feminismo hegemónico’ (ED Libros, 2020) | Economía Digital

 

Sofía Rincón, de 26 años, artista y dominatrix, ha saltado a la arena ‘política’ en los últimos meses como una de las voces más frescas contra la propagación política de las nuevas ideologías de género promovidas por el Gobierno y lo que llama “el feminismo radical”. Recientemente construye su discurso desde Praga, a donde se mudó en 2020 por dos motivos: los bajos niveles de impuestos y de moralismos.

Es coautora de Hombres y sombras: contra el feminismo hegemónico publicado ahora por ED Libros y coordinado por Miriam Tey, donde una decena de autores diseccionan los vicios y falsedades que, a su juicio, contiene la ideología de género imperante, que tiene como máximo exponente político la nueva ministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos). “Las feministas como Irene Montero y Lidia Falcón parten de la premisa de que las mujeres son unas frígidas”, apunta Rincón en esta entrevista con Economía Digital.

 

Para la artista, este feminismo, representado en parte por la ministra, está en contra del trabajo sexual porque presuponen que “a las mujeres no les gusta el sexo como a los hombres”. “Las feministas radicales están apoyadas por los ultraconservadores, en su batalla contra la prostitución y los transexuales”, sostiene Sofía Rincón. “Esta clase de feministas son machistas, por eso los ultraconservadores las apoyan”, resume.

Rincón describe en el libro lo que considera uno de los grandes males de nuestro tiempo: “El gran enemigo de la sociedad ahora mismo es el puritanismo”, afirma. Un puritanismo, donde suman feministas radicales y ultraconservadores, que es el desenlace reaccionario ante un escenario de progreso moral en nuestra sociedad. “La inercia económica va a hacer que esta forma de puritanismo caiga sola”, explica la artista.

Félix Ovejero, Pablo de Lora o Carmen Posadas

Hombres y sombras: contra el feminismo hegemónico recoge los textos también de Carmen Posadas, Teresa Freixas, Félix Ovejero, Pablo de Lora, Alfonso M. Gañán, Rebeca Argudo, Mónica Oriol y la propia Miriam Tey.

Ovejero, por ejemplo, señala en esta entrevista con ED a raíz de su participación en el libro, que el feminismo imperante políticamente está, a pesar de las consignas políticas, muy alejado del concepto del socialismo clásico, ya que “no es universal”, y apunta que este movimiento ha tenido a recluirse en círculos “endogámicos y dogmáticos”.

La batalla cultural del feminismo

El libro entra de lleno en la batalla cultural sobre la idea de feminismo, desde un tono desenfadado y a través de sus “pensamientos, preguntas y sugerencias”.

El manuscrito también critica una hegemonía que “lejos de entroncarse en la ciencia y en la filosofía universal, apañan teorías para que encajen en el pequeño hueco que nos dejan”.

“Y quiere hacerlo antes de que las mujeres (y los hombres) desaparezcamos como tales por causa de ese magma neo-conceptual interesado”, explicó Teresa Freixes en redes sociales sobre el manuscrito con su coautoría.

El libro de la ED Libros invita a la reflexión crítica, en un momento donde la hegemonía cultural ha frenado la serenidad de un debate cerrado en falso.

 

Matar de hambre a las prostitutas: la vía criminal para acabar con “el problema de la prostitución”

 

La reducción drástica del número de clientes que han sufrido las trabajadoras sexuales como consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia ha supuesto un adelanto —un ensayo general— de la penalización de clientes que promueven las abolicionistas. A la vista está el resultado: ninguna ayuda para las prostitutas, que han sido abandonadas a su suerte. O peor, han sido boicoteadas en sus esfuerzos por sobrevivir: la ministra “feminista” de Unidas Podemos, la señora Irene Montero, dio orden con entusiasmo abolicionista de cerrar los burdeles, de enviar a las prostitutas a la calle.

La señora Irene Montero dice que no es partidaria de penalizar a los clientes: ella prefiere el viejo método abolicionista de penalizar a todo el que proporcione los medios indispensables para su trabajo a las trabajadoras sexuales. Con su Ley de Libertad Sexual pretende el desahucio general de las prostitutas en España; pretende impedirles su medio de vida, condenarlas al hambre.

Esta política genocida de mujeres no puede ser llamada feminismo. Las feministas debemos denunciar como antifeministas a esta horda totalitaria que agrupa a las fuerzas más reaccionarias de la sociedad.

La única política feminista es la total despenalización del trabajo sexual tal como está concretada en el

Manifiesto Político de las Trabajadoras Sexuales del Estado español

 

 

El toque de queda saca la prostitución a plena luz del día: «Montero aprovecha la pandemia para asfixiarnos»

Con la visibilidad, las meretrices también se levantan en armas: «Seas abolicionista o no, nosotras tenemos que comer»

 

Érika Montañés@emontanes´

30 de noviembre de 2020

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uOqSyGTd-aMJ:https://www.abc.es/sociedad/abci-toque-queda-saca-prostitucion-plena-montero-aprovecha-pandemia-para-asfixiarnos-202011261412_noticia_amp.html+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es

 

María José Barrera, prostituta que representa al colectivo en Sevilla, cuenta el abandono total que han sufrido en tiempos del coronavirus – REPORTAJE GRÁFICO: VANESSA GÓMEZ / PEP DALMAU / ALFREDO AGUILAR (IDEAL)

 

Sabrina Sánchez, Linda «Porn» (así se hace llamar, no siendo su apellido real) y María José Barrera son tres mujeres que ejercen la prostitución en distintos rincones de España. Normalmente, las meretrices se esconden al ver un micrófono, una grabadora o una cámara. Los periodistas no son muy bienvenidos. Con ciertos resquemores, acceden a hablar en ABC porque, denuncian, las tres representan a colectivos de mujeres que, aunque suene atrevido, están viviendo «su peor momento». Son, respectivamente, las representantes del sindicato Otras –no legalizado y pendiente de recurso por resolver en la Audiencia Nacional–, Aprosex (colectivo que agrupa a unas 8.000 prostitutas en Cataluña) y el colectivo de Mujeres Prostitutas de Sevilla, que ejercen en la capital hispalense.

La pandemia ha sacado a la luz (aún más si cabe) las miserias de este trabajo. Miles de mujeres ocultas en clubes de alterne, pisos, polígonos y barrios interpretan que el Covid-19 ha supuesto la estocada final a su trabajo. Con lo que se ven privadas del sustento. Por ello, la visibilidad también les devuelve a la «lucha» contra sus condiciones y la hipocresía en que se mueve el Estado. Se levantan en armas. Algunas, como Sabrina, van más allá y ponen nombres y apellidos al desaire: Irene Montero, ministra de Igualdad y abolicionista confesa que quiere poner fin a la prostitución en España, el que es, por otra parte y según Naciones Unidas, el tercer país donde más prostitución hay y reclaman los clientes del mundo.

La portavoz de Otras colige que el Ministerio de Igualdad y su titular, a quien han pedido un encuentro en numerosas ocasiones, ha aprovechado la pandemia para «asfixiarlas», para llevar hasta el final sus ansias abolicionistas, que tantas veces ha pregonado ante el altavoz mediático. María José Barrera, andaluza de 46 años, es de la misma opinión. Sus compañeras, en más de un 80% de los casos son inmigrantes, apela, no tienen para subsistir ni para enviar parte del dinero que ganan al otro lado del charco, así que se han visto abocadas a pedir en las llamadas «colas del hambre» de las organizaciones humanitarias. Y aun con todo, estas mujeres no tienen para comer, ni para alimentar a sus hijos o a sus familias fuera de España. Ella, aliada con algunos ayuntamientos sevillanos, han podido «auxiliar» de algún modo a 80 prostitutas y sus familias, pero, añade, «evidentemente no es suficiente. La ayuda es temporal y nuestras necesidades no caducan».

Linda tiene 40 años y es mexicana. Tras 15 años en el país, ha podido «ser independiente», reconoce a este periódico, y establecerse para trabajar sin necesidad de estar atada a un lugar específico. También asiente cuando se le pregunta por las penurias que están pasando cientos de mujeres en este país. Descartadas aquellas que están en manos de mafias y redes de trata (que son la inmensa mayoría, más del 80% según la Unidad de la Policía Nacional contra la Trata) las que ejercen la prostitución «consentida» se están lanzando ahora a las calles a plena luz del día, «obligadas», afirman, porque el toque de queda impuesto en todas las regiones no les permite estar en las calles, polígonos, barrios y carreteras en ningún caso más allá de la medianoche.

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Las meretrices y sus colectivos acusan al Gobierno de dejarlas «en la cuneta» y desprotegerlas

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A las cuatro de la tarde

En Barcelona, donde Linda reside y dirige la asociación de trabajadoras sexuales Aprosex, las prostitutas se están colocando a las cuatro y cinco de la tarde en el entorno del Camp Nou. Sabrina, portavoz del sindicato Otras que persigue la regularización de este trabajo con Seguridad Social, seguro médico, condiciones laborales reconocidas y cotización, ratifica que en dicha ciudad, donde ella también reside, están comprobando que a media tarde decenas de mujeres se colocan en torno a la Ciudad Universitaria. La imagen se ha trasladado de la madrugada a la tarde. Varias ordenanzas municipales, como en la ciudad de Granada, ya se han hecho eco de esta nueva realidad y han tratado de poner coto con un refuerzo de agentes policiales en los lugares donde se colocan. Lo mismo ha sucedido en la capital, en Madrid, con once nuevos focos donde comienza a recalar la prostitución a pleno día.

En un discreto paseo, el fotógrafo de ABC en Barcelona Pep Dalmau así lo atestigua en sus imágenes. Los estudiantes pasean por este enclave y algunos se asombran de ser interceptados por estas mujeres ofreciéndoles sus servicios. «Nos están empobreciendo cada día un poco más», se duele Linda, que ya no sabe cómo ayudar a salir de esta situación «tan grave». «Estamos marginadas, nos han puesto la banderilla para darnos la estocada final» por la pandemia, repite. El estigma social no las favorece. «Siempre nos hemos tenido que esconder, porque lidiamos con el rechazo general de la ciudadanía, pero esta situación es insostenible. Tenemos que mantener a nuestros niños, solo queremos un kilo de arroz», simplifica. «Este Gobierno que se dice feminista ha ido a por nosotras. Nos han cerrado todo; no son abolicionistas, son desaparicionistas, quieren que nos esfumemos y desaparezcamos. ¿Qué pretende hacer con nosotras si no? Estamos desesperadas», se queja.

Muchos clubes han cerrado

María José y sus compañeras describen a ABC que les están empujando poco a poco a una situación que se torna dramática. Antes del estallido de la pandemia, 1.200 clubes de alterne jalonaban las carreteras de este país. «Cerraron durante el verano los lupanares de Castilla-La Mancha y otras comunidades autónomas, como Cataluña, no nos han concedido ayudas específicas por la hipocresía que rodea a este oficio, desde el Gobierno no se nos quiere hacer ningún guiño para ayudarnos y nos dejan en la cuneta», dicen estas prostitutas. Presumen desde el Ejecutivo de que «no quieren dejar a nadie atrás, pero algunas no les interesamos y seguimos siendo personas», objetan.

El resultado es «que nos dejan morir»; «la gente tiene que buscarse la vida y el Estado ha decidido mirar hacia otro lado porque somos personas incómodas», infiere Sabrina Sánchez. Linda coge el testigo y asiente en su discurso también Barrera, desde Sevilla: «La mayoría de las prostitutas son personas que no tienen papeles y su situación es irregular. Sin la documentación en regla, tampoco pueden moverse mucho ni hacer ruido, así que están abocadas a ejercer clandestinamente en pisos o a no tener sus necesidades cubiertas». «Lo venimos denunciando desde marzo –agrega Sánchez–, pero no nos han hecho ningún caso. En Cataluña, por ejemplo, sigue todo cerrado y así es imposible trabajar y tener algo para comer».

Pese a las dificultades, estos colectivos dicen que no se van a callar y advierten de que se manifestarán contra un Gobierno que, lejos de proteger a toda la ciudadanía, está dejando caer a quienes no le interesan demasiado. El abandono que dicen sufrir las envalentona pero tienen miedo. La era del coronavirus (y, sobre todo, están pensando en la era del postcoronavirus ) les ha hundido en la incertidumbre. En una situación totalmente alegal en España, saben que muy difícilmente van a poder salir de este agujero en el sistema.

 

Irene Montero (Unidas Podemos) quiere desahuciar por ley a decenas de miles de trabajadoras sexuales

 

A través de la “Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual”, pretende cambiar el Código Penal para castigar el proxenetismo no coactivo y la tercería locativa, esto es, alquilar locales donde se ejerce la prostitución.

De esta forma, vuelve a la forma original del abolicionismo implantado por Franco en España en 1961 tras su adhesión al Convenio de Lake Success.

Esta ley supondrá la expulsión de sus domicilios de decenas de miles de prostitutas que ahora viven en clubes y pisos. Sólo aquellas trabajadoras sexuales que tengan piso en propiedad podrán conservar trabajo y vivienda; las demás, perderán ambas cosas.

Es una ley contra las mujeres: todas seremos sometidas a escrutinio por los eventuales arrendadores que intentarán descubrir si somos o no putas, ya que un error les puede llevar a la cárcel. No podrán recurrir a un registro oficial de prostitutas, ya que ese registro está expresamente prohibido por el mismo convenio citado.

El abolicionismo (históricamente fracasado) no tiene cabida en nuestra democracia constitucional. Atenta contra los derechos humanos (fundamentales, constitucionales) de las mujeres. Es violencia contra las mujeres.

¿Abolir la prostitución? Sólo Ciudadanos está en contra: «La regulación protege a las trabajadoras»

EL ESPAÑOL pregunta a los principales partidos con implantación nacional. El Gobierno busca «un acuerdo transversal» para erradicarla.

 

Marcos Ondarra @MarcosOndarra

14 de septiembre de 2020

https://www.elespanol.com/espana/politica/20200914/abolir-prostitucion-solo-ciudadanos-regulacion-protege-trabajadoras/520198611_0.html

 

Laura Berja (PSOE), Irene Montero (Podemos), Marga Prohens (PP) y Sara Giménez (Ciudadanos).

 

El Gobierno de España quiere abolir la prostitución. Así lo anunció Pedro Sánchez el pasado 7 de septiembre en una entrevista concedida a TVE: «Forma parte del acuerdo de Gobierno» que el PSOE contrajo con Unidas Podemos. No obstante, debido a que el Ejecutivo sólo suma 155 escaños, el presidente admitió la necesidad de llegar a un «acuerdo transversal».

Bajo esta premisa, la gran pregunta es: ¿cuáles de los principales partidos estarían dispuestos a sumarse a ese «gran acuerdo» por la abolición de la prostitución? EL ESPAÑOL ha charlado con representantes de los principales partidos para que expliquen su postura.

Ciudadanos es el único que se confiesa abiertamente regulacionista —es decir, defiende que la prostitución es un trabajo y promueve regular la forma en la que se lleva a cabo—, mientras que tanto el PSOE como el PP se muestran abolicionistas —consideran la prostitución, además de la trata, violencia contra la mujer—.

Unidas Podemos se sitúa en un término medio. Por un lado, admite que distintas posturas conviven en su seno, aunque recalca que la abolición de la prostitución es «el horizonte al que queremos llegar». La formación de izquierda radical establece además una distinción entre la «trata con fines de explotación sexual» y «la prostitución» porque ésta última «atiende a otras lógicas».

Vox, por último, prosigue con su veto a este medio y no ha querido responder a las preguntas planteadas. En su programa electoral, la única alusión indirecta a la prostitución es una propuesta que reza: «Prohibición de los vientres de alquiler y toda actividad que cosifique y utilice como producto de compra-venta a los seres humanos».

Cs: regular como en Alemania

Sara Giménez, diputada de Ciudadanos por Madrid en el Congreso de los Diputados, considera que se trata de una cuestión «muy compleja y en gran parte oculta, porque no existe ningún establecimiento público con licencia de ‘prostíbulo’, aunque sí existen establecimientos públicos en los que se ejerce de manera más o menos abierta la prostitución».

En este sentido, la diputada considera que «hay que afrontar la cuestión con realismo y de manera pragmática, huyendo del populismo y de las grandes proclamas irrealizables, igual que de los anuncios oportunistas e interesados a los que lamentablemente estamos acostumbrados».

«En Cs, por supuesto, tenemos el compromiso firme de combatir a las mafias y erradicar la trata y la explotación sexual. Esa es nuestra prioridad, pero somos conscientes de que la prostitución no va a desaparecer con una iniciativa parlamentaria o simplemente con cerrar los ojos: hace falta valentía y realismo para abordar esta actividad como lo hacen otros países de nuestro entorno», arguye Giménez.

En este sentido, la diputada liberal asegura que su partido aboga por regular la prostitución «como se ha hecho ya en Alemania, Países Bajos, Austria o Suiza» ya que «protege a las trabajadoras y trabajadores sexuales, garantiza sus derechos y lucha de manera efectiva contra las mafias».

«Además, está claro que este debate no puede quedarse encorsetado en posturas maximalistas que no dan solución a la situación de personas vulnerables, para las que habría que poner atención desde una perspectiva amplia que busque garantizar su plena inclusión», concluye la representante de Ciudadanos.

PSOE: abolición

Laura Berja, portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso de los Diputados, es tajante cuando habla con este diario de la postura de su partido: «Nosotras somos abolicionistas de la prostitución, lo hemos dicho muchas veces y en el programa electoral llevamos medidas que van en esa dirección».

Medidas que, según anuncia la portavoz de Igualdad, pasarían por la «tipificación de todas las formas de proxenetismo», así como por añadir «responsabilidad penal a los dueños de los prostíbulos«.

La prostitución, según la diputada socialista, es una «forma de explotación sexual, una esclavitud y una grave vulneración de los derechos humanos» porque «se aprovecha muchas veces de la situación de extrema pobreza». «La prostitución se sirve de la feminización de la pobreza», arguye.

En este sentido, recalca que la prostitución «es el escaparate de la trata» porque «siempre hay un sistema opresivo detrás del ejercicio de la prostitución». «Hay redes y mafias detrás de ese ejercicio».

En su programa electoral para las últimas elecciones, los socialistas abogaban por sanciones por la demanda y compra de esta práctica. Asimismo, son partidarios de introducir una figura jurídica que permita «sancionar penalmente a quienes contribuyan o se beneficien de la prostitución ajena». De este modo, el PSOE pretende «desmantelar» la industria de la prostitución.

PP: Pacto de Estado

Marga Prohens, portavoz de Igualdad del Partido Popular, explica que desde su partido, «como impulsores del Pacto de Estado contra la Violencia de Género», son partidarios de «luchar contra la prostitución, que está muy ligada a la trata con fines de explotación sexual».

«El 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España lo hacen siendo víctimas de explotación sexual», asegura Prohens. Por ello, la diputada popular pide que «como está recogido en el Pacto, se trabaje en una ley integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual«.

-¿Y si una mujer desea libremente dedicarse a la prostitución?

-Cuando legislas, debes mirar por el interés general. Las cifras son muy claras: la mayoría de las mujeres que ejercen la prostitución no lo hacen de forma libre. Por tanto, no podemos vivir en una sociedad que da pasos hacia la igualdad y hacia la erradicación de la violencia, pero luego permanecer impasibles ante esta actividad. El cliente paga un precio por usar el cuerpo de una mujer durante un tiempo determinado. Esta actividad conlleva muchas veces maltrato físico o prácticas abusivas hacia una mujer que no tiene poder para decidir qué labor quiere realizar.

«Todo el resto es palabrería y parches, como la medida de cerrar los prostíbulos con la pandemia», critica la diputada del PP por Baleares. En este sentido, dice estar «extrañada» por la postura del Gobierno: «La ministra de Igualdad dijo en una comparecencia a principio de legislatura que ella se consideraba abolicionista, pero que no se aboliría la prostitución durante este mandato, que no era prioritario».

Unidas Podemos: división

Unidas Podemos, en conversación con este medio, se remite al documento de feminismos presentado en la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos —Vistalegre III—. En éste, la formación admite que dentro de su seno conviven distintas posiciones en materia de prostitución. Quizá por eso la redacción del documento resulte ambigua.

Por un lado, la formación sostiene que «las medidas punitivas solo refuerzan el estigma» y que las instituciones públicas «deberían ofrecer alternativas de vida a las mujeres». No obstante, también recalca que la abolición de la prostitución es «el horizonte al que queremos llegar».

Podemos también distingue entre «trata con fines de explotación sexual» y «la prostitución» porque ésta última «atiende a otras lógicas». Con respecto a ésta última, el partido morado defiende medidas como «la derogación de la directiva europea de retorno, el cierre de los CIE —Centro de Internamiento de Extranjeros— y la derogación de la ley mordaza».

Todas estas medidas, según Podemos, son «fundamentales a la hora de abordar la prostitución por la vinculación que tienen con los procesos migratorios y la prostitución que se ejerce en la calle».