Las colas del hambre de las prostitutas: «La crisis es el covid y este Ministerio de Igualdad»

Tras un año de pandemia, las trabajadoras del sexo, viven prácticamente sin ingresos y sin percibir ningún tipo de ayuda de las administraciones.

 

Por Marta Arce

20 de marzo de 2021

https://www.libremercado.com/2021-03-20/colas-del-hambre-prostitutas-crisis-es-covid-ministerio-igualdad-6720539/

 

Nina es escort en Madrid. Antes de que la covid-19 arrasase con todo, Nina satisfacía las fantasías de sus clientes en hoteles de la capital y viajaba dos veces al mes para visitar a sus «amigos» en otras ciudades. Además de los servicios obvios, Nina acompaña a sus clientes en eventos sociales y ofrece la GirlFriend Experience, actuando en ocasiones como una novia o esposa.

En el último año, la vida de Nina ha cambiado por completo: «Ha sido muy duro. He estado confinada durante meses y sin ingresos. Las trabajadoras del sexo estamos absolutamente olvidadas por parte de las administraciones, que en vez de ayudar, lo que hacen es estigmatizarnos y precarizarnos».Tampoco pagan impuestos.

Las colas del hambre de la prostitución

Al igual que Nina, las prostitutas se encuentran en una situación desesperada. Muchas de ellas son asiduas en las colas del hambre, siguen trabajando de forma clandestina y han tenido que recurrir a asociaciones como Cats (Comité de Ayuda a las Trabajadoras Sexuales) para seguir adelante. «El problema principal es que su actividad no está reconocida legalmente», explica Nacho, portavoz de Cats, «no tienen un contrato laboral, no tienen ERTE, no tienen paro, ni acceso en muchos casos a las ayudas municipales porque ni siquiera están empadronadas».

Nacho explica que en la asociación llevan un año dedicándose casi en exclusiva al reparto de comida a través de los bancos de alimentos de Cruz Roja y Cáritas. «El problema es que también hay que pagar el alquiler y las facturas, así que ellas mismas se organizaron a nivel estatal para hacer un crowdfunding. Sacaron cerca de 20.000 euros que distribuyeron de forma equitativa. Esa es la única ayuda directa que han recibido muchas de ellas».

El sindicato no oficial Otras (Organización de Trabajadoras Sexuales) ha agotado ya sus dos cajas de resistencia y en Barcelona se dedican casi en exclusiva a la recogida de alimentos. Vera, delegada de Otras en Murcia, lamenta la falta de ayuda por parte de las administraciones y se pregunta por qué «las compañeras de Nueva Zelanda sí que cobran el paro, pero nosotras aquí tenemos que arriesgarnos y salir a trabajar a pesar de la pandemia».

«No se puede hacer un francés con mascarilla»

El miedo a la covid-19 y la falta de clientes han obligado a las prostitutas a adaptarse. Nina ya no frecuenta los hoteles y ha alquilado un apartamento para encargarse ella misma de la limpieza. Otras han optado por el teletrabajo y se han pasado al sexo virtual a través de webcam. Ese es el caso de Cony: «El último año ha sido más difícil y he combinado el trabajo presencial con las videollamadas. A pesar de ello, mis ingresos han bajado bastante».

La vida también cambió de la noche a la mañana para las chicas de los clubes de alterne, obligados a cerrar en muchas comunidades autónomas durante el confinamiento más estricto. «Muchas chicas rumanas y búlgaras consiguieron irse a su país, pero otras se quedaron en la calle con una mano delante y otra detrás», explica Nacho. «Tuvieron que seguir trabajando por su cuenta, con dos o tres servicios a la semana para sacar unos duros. Lo están pasando muy mal y lo único que tienen es el ejercicio de la prostitución. En una época de miedo absoluto decían que sí a todo».

Y en las calles, la situación es incluso peor debido a la falta de clientes y a los controles policiales que implican multas de más de 300 euros para las prostitutas. Emérita trabaja como transformista cerca de una zona comercial y asegura que sus ingresos han descendido un 90% en el último año. «Tuve mucho miedo al principio. Era aterrador ver en la televisión que muchísima gente estaba muriendo. Pero es imposible pagar las facturas si no seguimos trabajando. En septiembre del año pasado me contagié de covid, pero no en el trabajo, sino en mi entorno social», explica Emérita. «Trato de tomar medidas de precaución, pero en este trabajo es imposible el distanciamiento. Tienes que subirte a un coche con un desconocido y no se puede hacer un francés con la mascarilla puesta».

«Somos víctimas de las políticas del Ministerio de Igualdad»

En los clubes con neones en la fachada, en las calles oscuras y en los pisos de alquiler por horas, las prostitutas siguen abandonadas en la alegalidad mientras soportan el estigma del oficio más viejo del mundo. «En esta pandemia todo el mundo ha sido solidario con los demás, pero nadie se ha acordado de las putas«, lamenta Emérita, que solo ve ante ella un futuro incierto debido en buena parte a «campaña de difamación contra las prostitutas por parte del Ministerio de Igualdad».

La ministra Irene Montero ha asegurado que «la prostitución es claramente una forma de explotación sexual». Emérita no está de acuerdo. «Ellos piensan que detrás de cada prostituta hay un proxeneta y eso es totalmente falso. El problema es que la ministra de Igualdad se maneja con datos totalmente erróneos de asociaciones abolicionistas. Toda la gente que conozco ejerce la prostitución porque le da la gana y porque han decidido que esa es su forma de vida.»

Emérita, y buena parte de las asociaciones de las trabajadoras del sexo,

Emérita, trabajadora sexual transformista

piden desesperadamente la regulación del sector para que se reconozcan sus derechos laborales: «Somos víctimas de las políticas del Ministerio de Igualdad. Esta señora (Montero) habla de abolir la prostitución, pero lo único que va a hacer es condenar a la gente a trabajar en la clandestinidad. No aportan ninguna solución ni alternativas. ¿Qué van a hacer con toda la gente que se dedica a esto? La crisis es el covid y este Ministerio de Igualdad, a tiempo parcial cuando interesa».

«No defendemos la prostitución ni se nos ocurriría salir con una pancarta para decir hazte puta que es lo mejor que te puede pasar», explica Nacho. «Desde Cats, queremos el reconocimiento de la actividad laboral con un régimen especial como tienen ciertos colectivos. Podrían cotizar al erario público y se evitaría muchísima explotación laboral con jornadas abusivas, despidos por enfermedad, multas aleatorias».

 

El colectivo de prostitutas murcianas lucha por sobrevivir a la pandemia: «Lo que nos importa es comer”

CATS califica de “catastrófico” el estado económico de las prostitutas debido a la devaluación que se está produciendo en sus condiciones de trabajo, pues han visto cómo la ley de la oferta y la demanda provocaba una bajada de precios en un momento crítico para ellas

 

Por Sergio de la Flor Flores

23 de enero de 2021

https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/colectivo-prostitutas-murcianas-lucha-sobrevivir-pandemia-importa-comer_1_7036192.html

 

Una activista del Colectivo de Prostitutas de Sevilla MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

 

Tras diez meses de convivencia con el virus, la fatiga pandémica se ha establecido como un elemento del día a día en nuestra Región. La crisis sanitaria no solo ha conseguido dejar asientos vacíos en las cenas de Navidad: también ha amenazado de muerte a sectores como las agencias de viajes o la hostelería. Existe otro gremio aún más afectado por la COVID-19, pues desde que comenzó el primer confinamiento las prostitutas han visto cómo peligraba su modo de vida.

Este colectivo ha necesitado elegir entre dejar de trabajar y seguir ejerciendo aún a riesgo de su salud. Tras las restricciones al contacto social impulsadas por el Gobierno de Fernando López Miras, las prostitutas deben añadir el miedo a la multa a la lista de peligros que deben correr para seguir obteniendo ingresos.

Exponen desde el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) que «la prioridad de quien no tiene ahorros es ganar dinero para poder vivir, así que hay gente a la que no le queda más remedio que ponerse a trabajar con la máxima precaución y entendiendo que es un riesgo».

CATS asegura que estas medidas no influirán demasiado en las meretrices murcianas a la hora de resolver si continúan recibiendo clientes, pues una vez que ya han asumido el riesgo al contagio el peligro de la multa no resulta un elemento decisivo.

Más rotunda se muestra María José Barrera, miembro del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), cuando señala la falta de necesidades básicas que impulsa a estas mujeres a seguir trabajando en estas condiciones: “A las putas nos importa una mierda el coronavirus, lo que nos importa es comer”. La activista también se pronuncia a este medio sobre las complicaciones sanitarias derivadas de la precariedad en la que se encuentran con casos en los que “no han podido llamar a los servicios sanitarios teniendo síntomas por miedo a ser deportadas o porque el dueño del club no les dejaba”.

Un caso diferente es el de Sara, que expone cómo ella sí ha tenido la oportunidad de seguir obteniendo dinero una vez terminado el confinamiento en un piso que comparte con otras compañeras. De esta forma, ellas han seguido ejerciendo con medidas como el uso de la mascarilla, la desinfección exhaustiva o la recepción de un único cliente al día para poder rastrear los contactos en caso de resultar positivo.

No obstante, Sara reconoce las limitaciones de estas técnicas: “Al principio empecé trabajando con mascarilla, pero al final te la quitas porque no la vas a comer por debajo. Y si es difícil negociar el tema del preservativo con el cliente, negociar lo de la mascarilla es otra movida”.

Sobre su negocio, remarca que ella ha tenido la suerte de ser independiente y haber podido permitirse una inversión inicial elevada para la puesta en marcha de su profesión, pero recuerda a las “compañeras que no tienen ni para comer” y no pueden afrontar estos gastos extra.

La situación de las meretrices tras diez meses de emergencia sanitaria

Tras estos meses de pandemia, CATS califica de “catastrófico” el estado económico de las prostitutas debido a la devaluación que se está produciendo en sus condiciones de trabajo, pues han visto cómo la ley de la oferta y la demanda provocaba una bajada de precios en un momento crítico para ellas. Asegura que se encuentran “dependientes de ayudas de emergencia municipales y del reparto de comida de los Bancos de Alimentos, Cáritas o Cruz Roja, entre otras”.

Especial mención merece la situación de las meretrices que ejercían en burdeles porque no solo se enfrentaban a la pérdida de su lugar de trabajo, sino también de su lugar de residencia. Desde que el pasado agosto cerraran todos los clubes para evitar posibles focos de contagio, la suerte de sus empleadas ha dependido en gran medida de la bondad del dueño del establecimiento. De este modo, hay mujeres que se han vuelto a su país (del este de Europa, sobre todo), algunas que se han quedado en los clubes donde vivían sin tener que pagar nada y otras que han necesitado negociar con sus jefes para evitar un desahucio sin alternativa habitacional.

La suma de todas estas dificultades también han afectado a la salud mental de las meretrices. Desde la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) recuerdan que “si económicamente no estás bien todo afecta más al estado anímico”, pues aluden a la acumulación de facturas para justificar los numerosos casos de depresión que han proliferado entre las prostitutas.

Las soluciones planteadas

Como miembros de un modelo de trabajo no reconocido, las meretrices no han podido acceder a los ERTE y han encontrado dificultades añadidas a la hora de adquirir otras prestaciones, como el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Si bien el Ministerio de Igualdad anunció que las prostitutas podrían formar parte de este programa, la realidad es que esta medida obliga a las solicitantes del gremio a identificarse como víctimas de explotación sexual para poder acceder a él. Tampoco aquellas personas que no disponen de empadronamiento, como las inmigrantes ilegales, han podido solicitar esta ayuda. En consecuencia, CATS reconoce que el acceso a esta prestación ha sido escaso.

Por otra parte, el asociacionismo sí ha resultado ser de gran ayuda para estas mujeres, pues desde OTRAS aluden a él como la “única manera de seguir adelante” y denuncian que “si fuera por los dirigentes las prostitutas habrían muerto de hambre”. Así pues, estas organizaciones han impulsado medidas como la recogida de alimentos y la campaña de crowdfunding para paliar su precaria situación.

La situación legal del llamado ‘oficio más antiguo del mundo’

En España, la prostitución se encuentra en una situación de alegalidad: no está prohibida ni reconocida, sino que está tolerada. De esta forma, el trabajo sexual no se encuentra castigado ni perseguido, pero no se considera trabajo entre otras cuestiones porque, desde un punto de vista civil, una mujer no puede ser objeto de contrato porque es ilícito a las normas o la moralidad.

El Ministerio de Igualdad ha publicado un borrador de la ley de libertad sexual que incluye la penalización de la tercería locativa. Es decir, que todo aquel que destine un espacio a “favorecer la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento, será castigado con pena de prisión de uno a tres años y multa de 6 a 18 meses”.

Las asociaciones de trabajadoras sexuales han rechazado de pleno esta medida y han comenzado a hacer campaña para evitar que se implemente. “Es una salvajada”, exclaman desde CATS: “Pone en la calle a cantidad de personas sin ningún tipo de alternativa.”

El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo afirma que la “gran mayoría” de las meretrices murcianas desconocen la existencia de este borrador que, en caso de tramitarse, supondría un cambio drástico en sus vidas.

 

Violencias hacia las personas que ejercen la prostitución en la Región de Murcia

Publicación: 10.12.2020

 

Puede descargarse el artículo completo, en formato PDF, en el siguiente enlace:

https://www.upo.es/revistas/index.php/relies/article/view/5062/4709

 

Resumen

Este estudio se centra en visibilizar las violencias perpetradas hacia las personas que ejercen la prostitución en la Región de Murcia (España), poniendo en relieve a los diferentes colectivos que las protagonizan. La hipótesis de partida es que la salud, las condiciones laborales y las relaciones interpersonales de los y las trabajadoras del sexo están determinadas por la articulación de una cadena de violencias ejercidas por diferentes agentes sociales. La metodología está basada en una serie de entrevistas semidirigidas en las que se han tenido en cuenta dos perspectivas: la de nueve personas que ejercen la prostitución y la de siete expertos/as en investigación e intervención directa con trabajadoras/es del sexo. En el análisis de resultados el contenido se organizó atendiendo a los diferentes grupos que se identificaron como responsables de los actos violentos: profesionales sanitarios/as, trabajadores/as de los servicios sociales, políticos/as, cuerpos de seguridad estatal, entidades del tercer sector, secciones feministas, empresariado de la industria del sexo, clientela, investigadores/as vinculados a la academia, medios de comunicación, familiares, parejas, exparejas, amistades y otros/as responsables.

 

1          Introducción

Cuando se habla de prostitución y de violencias se tiende a pensar en las agresiones ejercidas por los clientes y por el empresariado de la industria del sexo. Incluso, habitualmente se piensa en las mafias relacionadas con la trata, ya que no es infrecuente que se equipare la prostitución con la trata de personas con fines de prostitución forzada2. Es incuestionable la importancia de denunciar los abusos cometidos por la clientela y por los/las responsables de los pisos de contactos y de los clubes, pero el trabajo sexual está sometido a otro tipo de violencias que son menos visibles. El interés de esta investigación reside en que permite describir este tipo de violencias y sus efectos, a la vez que sitúa el foco en la identificación de los diferentes colectivos por los que están protagonizadas. La hipótesis de partida es que la salud (física y psicológica), las condiciones laborales y las relaciones sociales de las personas que deciden ejercer la prostitución (en adelante PDEP) están determinadas por la articulación de una cadena de violencias practicadas por diferentes actores y actrices sociales.

En cuanto a la situación de la prostitución en la Región de Murcia (España), a pesar su disminución en la vía pública, (debido a la proliferación de clubes de alterne y de pisos de contactos) siguen existiendo zonas de prostitución de calle bastante populares, tanto a las afueras de los pueblos como en la ciudad de Murcia. Un ejemplo relevante es el céntrico Barrio del Carmen, en el que se está aplicando la «Ordenanza para luchar contra la prostitución en el municipio de Murcia», la cual tiene por objeto:

“Luchar contra la prostitución, preservando los espacios públicos como lugares de convivencia, civismo e igualdad, evitando actividades de explotación sexual que difunden una imagen del ser humano, muy especialmente de la mujer, como mero objeto sexual y que perturban la convivencia social.” (BORM nº 234, 2013:2).

A pesar de que en dicha ordenanza se afirma que uno de los principales propósitos es el fomento y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, lo cierto es que mayoritariamente se multa a mujeres migrantes con pocos recursos que captan a su clientela en la vía pública, empeorando así su situación de vulnerabilidad. A partir de dos estudios realizados por el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS, 2014, 2018)3 se ha evidenciado que la aplicación de medidas punitivas anti-prostitución, como la ordenanza o la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana (conocida como ley mordaza), han contribuido al agravamiento de la discriminación y la precarización que ya sufrían las PDEP, tal y como podemos observar en la figura 1

Hay que mencionar, además, la dificultad de proporcionar información precisa sobre el conjunto de las personas que se dedican a una actividad tan estigmatizada y criminalizada como la prostitución, la cual se caracteriza por una gran movilidad de las PDEP y por pertenecer a la economía sumergida (CATS, 2017a). No obstante, a pesar de que no se disponen de datos fiables sobre las personas que ejercen en la Región de Murcia, se pueden tomar a modo de orientación los datos recabados por entidades como el CATS. Entre las personas trabajadoras del sexo atendidas por esta ONG en el año 2017 (1.857 usuarias/os en total), la mayoría procedían de Rumanía (468), seguidas por mujeres de nacionalidad colombiana (241) y marroquí (216). Por otro lado, en los resultados de una investigación-acción participativa desarrollada por la socióloga Sara Oñate (2009) en la Región de Murcia, se mostró un alto grado de autogestión por parte de las personas trabajadoras del sexo. Igualmente, en el presente estudio las PDEP que participaron afirmaron no sentirse obligadas/os por nadie a trabajar, aunque consideraban que era una decisión que estaba condicionada por estructuras socioeconómicas.

 

2          Consideraciones Metodológicas

(…)

3          Marco Teórico: Violencias ejercidas hacia las personas que trabajan en la prostitución.

(…)

 

4          Resultados

4.1     El estigma asociado a la prostitución: la mayor violencia y de la que todas/os somos responsables

La psicóloga Cristina Garaizabal (2007) afirma que lo que mayoritariamente genera las malas vivencias, la angustia o la baja autoestima, no son tanto las prácticas sexuales que se desarrollan en el trabajo sexual, sino la falta de derechos laborales y la devaluación social. Los resultados de esta investigación son coincidentes, ya que prácticamente la totalidad de las personas entrevistadas señalaron que lo que más perjudicaba a las PDEP era tener que llevar una doble vida a raíz del estigma. En cuanto a lo que supone, podemos hablar de un intenso temor ante la idea de que pueda trascender la vida oculta en la vida pública, por lo que las personas que ejercen la prostitución en secreto se ven sometidas a un continuo estado de alerta.

“Lo que más pesa de alguna manera como una violencia es el estigma social. Es lo que transmiten como mayor problema, más allá de la lucha económica vinculada al proyecto migratorio (…). En el estigma social todos somos responsables, porque es una construcción social que forma parte de las diferentes mentalidades que componen esa sociedad. Entonces, en el estigma social todos y todas podemos hacer algo: o incrementarlo o reducirlo” (Educadora social, PR.3)

Uno de los casos de miedo al rechazo y de ocultación del ejercicio de la prostitución es el de TS.9. Esta mujer española de veintisiete años comenzó a ejercer la prostitución cuando se mudó a Barcelona (España) en el 2017. Al cambiar de ciudad se sentía sola, y como le había supuesto mucho esfuerzo hacer amistades no quería perderlas. Por ende, tuvo que ocultar su trabajo tanto en la nueva ciudad de residencia, como ante su familia y las amistades que se encontraban en Murcia.

“Viendo cómo habían reaccionado de mal cuando les conté que me prostituía, tanto mi gente cercana como mis compañeras de piso, pues me daba miedo que las pocas amistades que había hecho me rechazaran, y con lo que me ha costado… pues me callé” (Trabajadora sexual española, TS.9)

Otro testimonio muy relevante respecto a las múltiples consecuencias que conlleva el estigma nos lo compartió TS.6, una mujer peruana de treinta y cinco años con dos hijas a cargo. Esta trabajadora del sexo, a pesar de que tiene muy presentes los beneficios que le proporciona ejercer la prostitución (mayores ingresos, facilidad en la conciliación, disfrute de diversidad de experiencias sexuales, etc.), considera que ha tenido que pagar un alto precio a nivel emocional debido al repudio asociado a su trabajo.

“¡A mí me parece el mejor trabajo del planeta! Por lo menos pa´mí. A lo mejor porque yo puedo elegir (…). Tía, yo no puedo explicar lo bondadosa, lo generosa, lo noble… la experiencia que yo he tenido en la prostitución me ha empoderado sexual y económicamente, porque es muy muy rentable” (Trabajadora sexual peruana, TS.6)

“Es un miedo perpetuo. El tener que estar ocultándoselo a mi familia es terrible. Yo sinceramente pienso que esa es la peor parte de la prostitución. La doble vida es lo peor. No sé… esa es la peor parte, la de no salir del closet [llora y le cuesta hablar] (…). En la prostitución el precio es tu libertad emocional. El precio aquí es tener una doble vida si no vas a salir del armario. Y si sales del armario el precio es aprender a vivir con el estigma. Todo tiene un precio finalmente” (Trabajadora sexual peruana, TS.6)

4.2     Miedos y mentiras durante las visitas a los servicios sociales y a los centros de salud

Algunas de las PDEP participantes evitaban acudir a los servicios sociales porque anticipaban posibles conductas discriminatorias de los/as trabajadoras/es sociales por motivos relacionados con su trabajo, como la retirada de la custodia de sus hijos/as. Ahora bien, cuando decidían asistir a los servicios sociales o a los servicios de la sanidad pública la mayoría ocultaba que se dedicaba a la prostitución, con la finalidad de protegerse de juicios y/o episodios de maltrato como el sufrido por TS.4:

“Una vez tuve una muy mala experiencia con un digestivo, porque yo he tenido siempre problemas del estómago, entonces yo le conté al médico de que yo ejercía la prostitución y me dijo: “ya ves los problemas que usted se acarrea por andar en esas sinvergonzonerías”. Entonces yo me cabreé y le dije: “¿pero usted que tiene que opinar de mi vida personal?”. Después, me levanté de la silla y me fui” (Trabajador sexual ecuatoriano, TS.4)

Situaciones como la vivida por TS.4 ocasionan importantes perjuicios, en vista de que para ciertas problemáticas relacionadas con la salud sería oportuno que las PDEP pudieran hablar con naturalidad de su ocupación. Es, por ejemplo, el caso de las revisiones ginecológicas y andrológicas. Por otro lado, aunque algunos/as entrevistadas/os afirmaron acudir a doctores/as privados/as o a la consulta ginecológica del CATS no podemos conformarnos con este hecho, debido a que no todas las PDEP pueden permitirse pagar la sanidad privada o asistir a la consulta ginecológica del CATS por motivos relacionados con la movilidad laboral.

Con respecto a la salud psicológica, varias de las personas entrevistadas declararon que los/as profesionales sanitarios/as habían relacionado sus problemas de salud mental con el trabajo sexual, por lo que la solución principal que aportaban pasaba por abandonar la prostitución. Es decir, en primera instancia se producía una problematización del trabajo sexual, y los/as profesionales de la psiquiatría y/o la psicología no indagaban en el conjunto de causas que pudieran estar afectando al bienestar psicológico de la persona.

“Sobre todo, me he sentido violentada por profesionales de la salud mental. Hicieron una lectura del tema [trabajar en prostitución] como si me estuviera autodestruyendo, lo psicopatologizaron mucho. Pues cosas de mi vida que no tenían que ver con la prostitución enseguida las relacionaron con prostitución. Con lo cual tampoco estaban yendo a la diana correcta. A raíz de haber sido prostituta psicopatologizaron mucho mi sexualidad, porque consideraban que no era lo suficientemente íntima, monógama, emocional, etcétera. Que no estaba lo suficientemente sujeta a la heteronormatividad y al proyecto de tener una relación de pareja estable con alguien.” (Trabajadora sexual española, TS.1)

4.3     Elaboración e implementación de leyes: todo por las prostitutas, pero sin las prostitutas

La combinación de política abolicionista en materia de trabajo sexual y política migratoria restrictiva limita, en gran medida, la posibilidad de que las PDEP, en especial las migrantes, puedan acceder a derechos civiles y laborales (Oso, 2008). Por otra parte, es reseñable cómo en España los poderes políticos están desoyendo la voz de las trabajadoras del sexo e impidiendo que participen como interlocutoras válidas en la elaboración de las legislaciones que les atañen (Arella et al. 2007). En este sentido, dos de las PDEP entrevistadas resaltaron cómo habían sido ignoradas cuando habían intentado iniciar diálogos con representantes políticos, concretamente se refirieron a miembros del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) a nivel regional y estatal.

“Incluso en estas elecciones [elecciones generales de España del 28 de abril de 2019] por más que se insistió en que nos invitaran a los debates, el gobierno se declaró abolicionista, pero sin nunca consultar a las trabajadoras sexuales. Está claro que no estamos dentro de la agenda, ni del feminismo, ni de la política” (Trabajadora sexual mexicana, TS.3)

Por otro lado, los/as profesionales del tercer sector manifestaron que por lo que se sienten más violentadas las mujeres que captan a la clientela en la calle es por la ordenanza para luchar contra la prostitución del municipio de Murcia y por la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. Aunque mediante la ordenanza se aduce perseguir la igualdad, se está produciendo un aumento de las desigualdades entre las trabajadoras del sexo que ejercen en la vía pública y el resto de la población.

“Ellas se encuentran en una situación de una continua ansiedad y de tener miedo a salir de su casa (…). A las mujeres les causa mucha desazón, porque ellas temen que esa multa les vaya a perjudicar a la hora de sacar sus papeles de residencia que están en trámite, que los tienen que renovar o que se van a iniciar. Eso las victimiza mucho más, por lo que no se aplica la perspectiva de género de la ordenanza.” (Abogada, PR.6)

4.4     Garantes de la seguridad: multas y persecuciones a la hora de comprar el pan

Los/as profesionales del CATS destacaron que durante los primeros meses de la ordenanza antiprostitución las mujeres que captan a su clientela en el Barrio del Carmen se vieron muy acosadas, ya que son vecinas de la zona conocidas por la policía. A raíz de la ordenanza, los/as agentes comenzaron a poner multas a estas trabajadoras cuando salían a comprar, a recoger a sus hijos/as del colegio o cuando estaban paseando. Además, la policía comenzó a realizar sus labores de paisano, con lo que se les vulnera mucho más, porque ya ni siquiera pueden identificar quién es policía y quién no, lo que hace que todavía tengan más miedo. Asimismo, algunas mujeres no pueden pagar las multas, lo cual hace más difícil su ya delicada situación socioeconómica. Es importante destacar que en el Barrio del Carmen las trabajadoras del sexo no se ocupan en la vía pública, sino que captan a la clientela en la calle y prestan sus servicios en pisos.

“Lo resultante de la ordenanza para luchar contra la prostitución es una angustia vital total, o sea, las repercusiones son bestiales. Y eso es de lo que no se da cuenta la gente, el cómo puede afectar a una persona el hecho de tener miedo a bajar a comprar el pan (…). La policía local multa muchísimas veces sin seguir el texto de la ordenanza. O sea, ya tienen nombre y apellidos de las mujeres. O sea, son cuarenta y pico mujeres que se sabe quiénes son y en cuanto bajan de la casa pues las multan, porque saben que son trabajadoras del sexo, cuando ni siquiera están captando un cliente.” (Coordinador, PR1)

Por otro lado, a lo largo de las entrevistas se compartieron testimonios que relataban abusos sexuales por parte de miembros de la policía que se aprovechaban de su posición de poder, sobre todo ante trabajadoras/es del sexo migrantes en situación administrativa irregular.

“A veces, los policías venían de paisano a la barra y toqueteaban a las chicas, sobre todo a las nuevas. Ellas, como tenían miedo de que las deportaran, se dejaban tocar.” (Trabajadora sexual brasileña, TS.8)

“Cuando llegué a España y empecé a prostituirme había un patrullero que se pasaba por la zona dónde yo captaba la clientela. En esa época yo no tenía los papeles y los policías me decían que si no me iba con ellos y se la chupaba me iban a llevar al calabozo (…). Tuve que irme con ellos varias veces en el coche y hacerles lo que me pidieran.” (Trabajador sexual ecuatoriano, TS.4)

4.5     Entidades del tercer sector: del empoderamiento al paternalismo

Las personas entrevistadas afirmaron que el juicio por ser trabajadora sexual existe desde el momento en que lo primero que te ofrecen algunas ONG es una alternativa laboral, antes siquiera de escuchar las demandas de la persona a la que están atendiendo. A lo largo del trabajo de campo se pudo constatar que el principal inconveniente de los recursos ofrecidos por algunas entidades es su carácter discriminatorio, ya que tratan a las personas que ejercen la prostitución como ignorantes, vulnerables e indisciplinadas. Como resultado, la movilidad laboral de las PDEP se dificulta por la idea transmitida de que hay que reeducarlas en habilidades básicas antes de que puedan desempeñar otras tareas diferentes a la prostitución (Juliano, 2002). Por tanto, unos recursos de orientación laboral inapropiados, unidos al rechazo social y a la escasez de empleo, provocan que la inclusión de las PDEP en el mercado laboral reglado de la Región de Murcia se convierta en un objetivo realmente complejo. Así, por ejemplo, una de las trabajadoras sexuales entrevistadas (TS.1) se mostró disgustada tras acudir a Cáritas y preguntar por proyectos dirigidos a trabajadoras sexuales. El motivo fue que le mostraron un programa en el que se les enseñaba a las PDEP a actividades tan elementales como el lavado de la ropa. A pesar de que existen personas que necesitan de este tipo de recursos, resulta inapropiado que se oferten al colectivo de trabajadoras sexuales de forma genérica.

“Fui a Cáritas, y la monja que me atendió me estuvo explicando un montón de programas que tenían y, entre ellos, había un programa para prostitutas en el que les enseñaban a lavar la ropa, a planchar, a cuidar de sus hijos y de vez en cuando las llevaban de excursión al museo. Y yo le dije: “bueno, es que el hecho de que sean prostitutas no significa que no sepan hacer todas esas cosas.” (Trabajadora sexual española, TS.1)

Además, trabajadoras del sexo politizadas sienten que incluso desde las ONG pro-derechos muestran reticencias a la hora de que se autoorganicen, debido a que temen que las PDEP logren un empoderamiento tan sublime que ya no las necesiten, lo que podría desembocar en el cierre de estas entidades y en la pérdida de los empleos vinculados.

“Lo que yo siento, todavía, por parte de las asociaciones pro-derechos es que hay un tutelaje. Todavía no hay espacio para que nosotras tomemos nuestras propias decisiones o nos organicemos, y que las propias organizaciones nos apoyen al 100% sin cuestionar lo que estamos haciendo.” (Trabajadora sexual mexicana, TS.3)

“Las ONG chupan del bote y eso sí me violenta mucho (…). A mí me parece muy fuerte que la gente de las asociaciones tenga 14 pagas al año y yo no llegue a fin de mes.” (Trabajadora sexual mexicana, TS.3).

4.6     “Toda mujer tiene derecho a decidir, mientras no decida ser prostituta”. Feminismos y negación de la capacidad de agencia

Dentro de los feminismos la prostitución se entiende de diversos modos, dando lugar a que unos sectores batallen junto a las trabajadoras del sexo por la conquista de sus derechos, mientras que otros defienden una postura abolicionista/prohibicionista de la prostitución violentando, en ocasiones, al colectivo de mujeres al que afirman proteger. Durante las entrevistas, algunas de las trabajadoras del sexo participantes expresaron que sienten que desde el feminismo más institucionalizado solo hablan de los efectos del patriarcado y el capitalismo en su profesión, como si en las demás no estuviera presente.

“Estar trabajando, como yo, 25 horas a la semana en un restaurante por 500 euros no es ser una esclava del patriarcado ni del capitalismo, ¿verdad?” (Trabajadora sexual española, TS.9)

Por otra parte, en debates y conferencias sobre prostitución se ha producido la negación de los discursos de activistas pro-derechos, debido a que no encajan en el molde del discurso demonizador de la industria del sexo propio del feminismo abolicionista. Asimismo, entidades pro-derechos como el CATS han sido tildadas de proxenetas, mientras que las trabajadoras del sexo politizadas han sido tachadas de malas mujeres al no aceptar el estatus de víctima. El resultado es que muchas PDEP sientan un profundo malestar a la hora de participar en eventos relacionados con los feminismos, como le ocurrió a TS.6 cuando participó en la manifestación del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo del año 2019.

“Cuando yo fui a la manifestación del 8M fui asustadísima, fui con una máscara porque me di cuenta de que la necesitaba (…). Además, yo me sentía muy violentada porque yo no sabía qué personas y qué sector del 8M era el que me apoyaba (…). Hay un colectivo de mujeres, además inmenso, que tiene unos mensajes de odio que lo único que hacen es asustarte de verdad. Yo tenía un montón de miedo en el 8M.” (Trabajadora sexual peruana, TS.6)

4.7     El empresariado de la industria del sexo: el summum de la vulneración de derechos

En el análisis de los datos extraídos se ha mostrado cómo en los clubes de la Región de Murcia se vulneran múltiples derechos laborales: las jornadas de trabajo suelen ser de más de 12 horas; no disponen de vacaciones ni de días libres; el porcentaje de la ganancia en la venta de las copas es cada vez más bajo; los/as empresarios/as dan de alta a las trabajadoras como camareras, pero ellas tienen que pagarse la seguridad social, etc. Por otro lado, las PDEP afirman que el mayor abuso que se comete en los pisos de contactos es que se llevan porcentajes muy altos de su trabajo: al menos del 50%. Además, los empresarios/as de la industria del sexo, en ocasiones, intentan imponer prácticas sexuales y formas de trabajar con las que las PDEP no están de acuerdo.

“Ha habido sitios en los que me han echado del trabajo por no complacer al cliente 100% como los jefes querían que lo hiciera. Me dejaron dinero sin pagar e intentaban imponerme prácticas como sexo sin condón o sexo anal, pero mis apetencias van primero.” (Trabajadora sexual brasileña, TS.8).

4.8     La clientela: dar poco y pedir mucho

Durante el trabajo de campo todas las PDEP se quejaron de que algunos de sus clientes no respetan su trabajo, e intentan regatearles las tarifas para disfrutar de extensos servicios (con todo tipo de prácticas) por muy poco dinero. Por otro lado, tampoco se sienten respetadas cuando clientes con los que acuerdan un servicio no acuden a la cita y no llaman para cancelarla (situación que se torna muy habitual). En este sentido, una de las trabajadoras entrevistadas, aunque piensa que la prostitución es un buen trabajo para ella porque le permite conciliar con su faceta de madre y esposa, en varias ocasiones destacó la falta de consideración de los clientes.

“Igual que todo trabajo, tiene unos costes y unos beneficios, y ellos se piensan que solo tenemos beneficios. No lo paran a pensar y, a veces, solo te ven como un objeto al que follar.” (Trabajadora sexual española, TS.2).

Asimismo, existe un sector minoritario de clientes que abusa sexualmente de las PDEP o intenta chantajearlas para recibir servicios gratis. Cómo comentan desde el CATS, estos comportamientos violentos pueden afectar gravemente en a la salud física y psicológica.

“Hay un sector de clientes que no trata bien a las trabajadoras sexuales y hay algunas a las que le afecta en su propia autoestima. Hablando de violencias y de clientes… estaba pensando en los clientes que se rompen el preservativo. Que por cierto salió hace poco una sentencia en la que, efectivamente, se considera abuso sexual el romper un preservativo o quitarlo cuando se ha acordado una práctica sexual con preservativo (…). Las chicas me cuentan que les pasa, aunque no frecuentemente.” (Ginecóloga, PR.2).

Otra violencia que mencionaron algunas de las personas entrevistadas se refiere a los clientes que acuden a solicitar los servicios de las trabajadoras del sexo con falta de higiene, ya que piensan que por el hecho de pagar todo está permitido.

“Como van a pagar vienen todo mugrosos después de estar todo el día trabajando. Como van a pagar su mierda de 15 o 20 euros vienen todo cochinos a que les chupes la polla.” (Trabajadora sexual ecuatoriana, TS.5).

4.9     Profesionales de los medios de comunicación y de la academia: a la caza del morbo

Los medios de comunicación y las investigaciones académicas, en algunos casos, avivan el estigma asociado a la prostitución, ya que suelen mostrar a PDEP que presentan características como el consumo de drogas, enfermedades de transmisión sexual, problemas de salud mental o conductas delictivas. Durante los encuentros, las PDEP y los profesionales del CATS aludieron a la importancia que los medios de comunicación tienen en la construcción de las imágenes sesgadas sobre las PDEP. Destacan que existe la necesidad de desactivar la carga estigmatizadora que se da en el tratamiento sensacionalista del trabajo sexual, porque se tiende a mostrar una imagen de las/os prostitutas/os asociada con la delincuencia, la drogadicción y la desviación. Asimismo, las PDEP entrevistadas se sienten ignoradas en el desarrollo de investigaciones y debates que tienen que ver con su trabajo.

“Que escuchen a las mujeres trabajadoras. Que nos escuchen. Solo pedimos eso. Que si quieren hacer algún estudio que nadie hable por nosotras. No necesitamos que nadie hable por nosotras. Si hacen algún estudio que nos tomen en cuenta.” (Trabajadora sexual ecuatoriana, TS.5).

4.10          Otros/as responsables, otras violencias

“Yo procuro que lo que hago con una mano no se entere la otra mano. Me da mucha vergüenza y mucho respeto porque tengo familia (…). Si se entera mi familia me quitan hasta el apellido.” (Trabajadora sexual española, TS.7).

En el caso de TS.7, en principio, no podríamos hablar de violencia intrafamiliar que se haya materializado, pero sí de una anticipación al rechazo, lo que desemboca en una profunda autovigilancia y estrés. Esta trabajadora vivía ejercer la prostitución con gran angustia, y destacaba que para ella era una actividad temporal que solo realizaba cuando se encontraba en fuertes apuros económicos. También, se dan situaciones de ocultamiento a parejas y exparejas, sobre todo si hay hijos/as por medio. Y es que el hecho de ejercer la prostitución en manos de padres maltratadores puede utilizarse como chantaje y como una amenaza para la retirada de custodia.

“A partir de que mi exmarido empezó a sospechar que era prostituta fue un acoso constante y a perpetuidad. Tía, no he pasado mayor ansiedad en mi vida, al verle la cara y pensar que iba a agredirme.” (Trabajadora sexual peruana, TS.6).

Habría que mencionar, además, testimonios de PDEP que debido a su trabajo han tenido problemas de convivencia con compañeras/os de piso y con vecinos/os. Personas con los/as que mantenían una buena relación hasta que salió a la luz que se dedicaban a la prostitución.

“Una vez estuve en un piso de alquiler en el que me pusieron hasta cámaras de vigilancia en el pasillo para ver si entraban clientes a mi casa. Tuve enfrentamientos muy grandes con mis vecinos y con mi casero porque estaban vulnerando mi privacidad (…). Yo no entendía tanto revuelo, porque yo sobre todo trabajaba en la calle y a mi piso solo entraban unos pocos clientes de confianza.” (Trabajadora sexual ecuatoriana, TS.5). Como hemos podido comprobar a lo largo de estos diez sub apartados la violencia hacia las PDEP está caracterizada por su complejidad, tanto a nivel de la naturaleza de las agresiones (físicas, psicológicas, sexuales…), como de las/os agentes sociales responsables (cuerpos de seguridad estatal, trabajadoras/es sociales, periodistas…), lo que inserta a las PDEP en un clima de inseguridad ya que, por el hecho de ejercer la prostitución, en ocasiones, no se sienten respaldadas ni por sus redes sociales más íntimas.

 

5          Conclusiones

En el presente estudio el objetivo fundamental ha consistido en visibilizar a los colectivos que ejercen violencias hacia las PDEP, con el fin de situar el foco en las personas estigmatizadoras y responsables de las agresiones, y no tanto en el colectivo estigmatizado: las personas que trabajan en la prostitución. Para ello, se ha abordado desde la violencia física y sexual a la relacionada con la vulneración de derechos humanos, pasando por la vinculada al despojo de la capacidad de agencia mediante la victimización de las PDEP. Como se mencionó con anterioridad, la hipótesis de partida es que las condiciones laborales, la salud y las relaciones interpersonales de las PDEP están determinadas por la articulación de una cadena de violencias ejercidas por diferentes agentes sociales. Dicha hipótesis se ha confirmado, ya que las múltiples violencias abordadas a lo largo del texto no resultan inocuas. El resultado es la exclusión, una forma de violencia estructural que se deriva de las circunstancias del sistema; se trata de un recorrido social a través del cual las personas pierden progresivamente los vínculos que les unen con la sociedad. En este proceso existen factores desencadenantes que se acumulan, y combinan desventajas en los diferentes ámbitos de la vida de las PDEP (Tezanos, 1999).

Por otra parte, la principal violencia que perjudica a las PDEP y que supone el caldo de cultivo de gran parte de las restantes formas de violencia es el estigma de puta4. El rechazo social fruto del estigma se materializa en que algunos/as miembros de los cuerpos de seguridad del estado comentan abusos de poder; en que referentes feministas difamen y silencien a las PDEP; en que las ONG sientan que pueden llevar las riendas de la vida de las PDEP, a las que consideran víctimas carentes de autodeterminación; o en que la academia y los medios de comunicación busquen acumular audiencias y logros a partir del sensacionalismo con el que abordan las vidas y las realidades de las personas que ejercen la prostitución. Para sintetizar los resultados fruto del análisis de las entrevistas podemos observar la tabla 5: una herramienta analítica que identifica el estigma como eje vertebrador de las violencias, así como a los actores y a las actrices que las protagonizan.

En cuanto a las limitaciones de este estudio, destacaría que la accesibilidad al colectivo de trabajadoras/es del sexo que ejercen o han ejercido en la Región de Murcia ha sido compleja debido a la movilidad del colectivo y a la clandestinidad en la que muchas/os ejercen su trabajo. Por ende, la muestra de personas entrevistadas no es representativa y los resultados obtenidos no pretenden ser generalizables. No obstante, se considera que esta aproximación a las violencias que sufren las PDEP puede servir como punto de partida para realizar investigaciones más profundas en el territorio murciano, y para desarrollar estrategias en dos sentidos: en primer lugar, para prevenir las violencias mediante la realización de intervenciones con los actores y actrices que las ejercen y, en segundo lugar, para el diseño de programas destinados a apoyar a las PDEP que lo necesiten en el afrontamiento de estas agresiones.

Los grandes temores de las prostitutas en Murcia

La posible retirada de la custodia de los hijos o el rechazo social de amigos o familiares son algunos de los miedos de las trabajadoras del sexo que la psicóloga murciana María Martínez recoge en un estudio

 

Por Alberto S. de la Peña

6 de enero de 2021

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/01/07/grandes-temores-prostitutas/1176949.html

 

El estigma ‘puta’ lo sepulta todo. Es el eje vertebrador que origina gran parte de las violencias hacia las trabajadoras del sexo. Tiene como fruto el rechazo social que acaba sufriendo este colectivo profesional de manos de organizaciones humanitarias que se inclinan por la abolición de la prostitución, de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o de los colectivos feministas. «Homogeneizar la realidad de las prostitutas es un error. Si se generaliza el discurso de que todas las trabajadoras están sometidas a una violencia y malos tratos, quienes escuchan ese mensaje se enfurecen y la respuesta automática es que hay que abolir y prohibir. La trata existe, la explotación existe, pero hay otras realidades y no existe una única solución».

María Martínez Cano, psicóloga especializada en políticas de igualdad, originaria de Blanca y antigua trabajadora sexual en Murcia, ha llevado a cabo un estudio que analiza las violencias que sufren las prostitutas en la Región de Murcia y que acaba de publicar en la Revista del Laboratorio Iberoamericano para el Estudio Sociohistórico de las Sexualidades de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En su estudio, la murciana ha buscado poner el foco «en las personas estigmatizadoras y responsables de las agresiones, y no tanto en el colectivo estigmatizado: las personas que trabajan en la prostitución».

La psicóloga señala que las distintas violencias ejercidas por un amplio abanico de agentes sociales determinan las condiciones laborales, de salud y las relaciones interpersonales de los trabajadores del sexo. Ha estudiado los diferentes espacios y ámbitos de trabajo, legislaciones nacionales e internacionales, investigaciones previas sobre el trabajo sexual desarrolladas en Murcia, autobiografías de trabajadoras sexuales o testimonios sobre violencias contra las prostitutas que ejercen en la comunidad.

El resultado de todo ello ha sido concluir que la multitud de violencias abordadas en su estudio llevan a la exclusión social de las prostitutas: «Podemos hablar de un intenso temor ante la idea de que pueda trascender la vida oculta en la vida pública, por lo que las personas que ejercen la prostitución en secreto se ven sometidas a un continuo estado de alerta».

Martínez, quien también fue trabajadora de la asociación CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo de Murcia), subraya el problema del acercamiento de las prostitutas a los servicios sociales o sanitarios por el estigma de reconocer la profesión a la que se dedican y qué consecuencias tiene esto. El temor a la retirada de la custodia de sus hijos, la denegación de ayudas o que los sanitarios justifiquen la prostitución como causa de enfermedades físicas son motivos que llevan a estas profesionales a evitar acudir a estos servicios porque «anticipan posibles conductas discriminatorias hacia ellas», señala la psicóloga.

Con respecto a la salud mental, varias de las personas entrevistadas declararon en el estudio que los profesionales sanitarios habían relacionado sus problemas de salud mental con el trabajo sexual, «por lo que la solución principal que aportaban pasaba por abandonar la prostitución cuando ellas no querían».

En lo referente a los problemas vividos con agentes policiales, las trabajadoras relatan abusos de poder e incluso violaciones en Murcia, sobre todo ante trabajadoras del sexo migrantes en situación administrativa irregular: «A veces, los policías venían de paisano a la barra y toqueteaban a las chicas, sobre todo a las nuevas. Ellas, como tenían miedo de que las deportaran, se dejaban tocar», relata una trabajadora brasileña.

Unos recursos de orientación laboral inapropiados, unidos al rechazo social y a la escasez de empleo, provocan que la inclusión de las prostitutas en el mercado laboral reglado de la Región de Murcia se convierta en un objetivo realmente complejo, señala el estudio. «Hay organizaciones encargadas de colaborar en la búsqueda de empleo dentro del trabajo sexual como el cambio de ejercer esta profesión en la calle a un piso, o el cambio de club de alterne, pero otras plantean alternativas laborales a la prostitución y reivindican la abolición, algo en lo que no están de acuerdo las trabajadoras».

Algo parecido ocurre con los discursos que mantienen los colectivos feministas, que a juicio de la psicóloga han logrado «tachar de malas mujeres a las prostitutas al no aceptar el estatus de víctima». María Martínez fue la encargada de organizar las Jornadas sobre Trabajo Sexual en septiembre del pasado año en la Universidad de La Coruña, donde realizaba un máster en políticas de igualdad, y que debido a la presión de distintos colectivos feministas fueron suspendidas por denunciar que el debatir esta temática «normaliza y trivializa una actividad que atenta contra los derechos humanos de las mujeres».

 

Pide a la ministra Leire Pajín (¿Irene Montero?) que escuche a las trabajadoras del sexo

 

Corría el año 2011…

 

https://www.change.org/p/pide-a-la-ministra-leire-paj%C3%ADn-que-escuche-a-las-trabajadoras-del-sexo-2

 

 

Colectivo Hetaira ha iniciado esta petición dirigida a Ministra de Sanidad y 2 otros/as

 

Las asociaciones en defensa de los derechos de trabajadoras y trabajadores del sexo AmbitPrevenciò (Barcelona); AMTTTSE (Asociación de Mujeres, Transexuales y Travestis como Trabajadoras Sexuales en España, Málaga); APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía); CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, Murcia); COGAM (Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid); CTSX (Comité de Trabajador@s del Sexo, Madrid); Genera (Barcelona); Colectivo Hetaira (Madrid); SIDALAVA (Comisión Ciudadana Anti-Sida de Álava); Stop Sida y las personas firmantes de esta petición instamos a Doña Leire Pajín, ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, a que atienda las necesidades de este sector de mujeres que es ignorado sistemáticamente y es excluido de las políticas de igualdad:

  1. Escuche a trabajadoras y trabajadores del sexo y atienda sus demandas y reivindicaciones y diferencie las situaciones de trata de la prostitución voluntaria, estableciendo políticas enfocadas a garantizar los derechos de TODAS las personas que ejercen la prostitución.
  2. Priorice y garantice los derechos de las víctimas de trata, independientemente de su colaboración con la justicia. Freno a los internamientos en centros de extranjería y freno a las expulsiones de prostitutas.
  3. Paralice las normativas municipales que conculcan la libre circulación de las prostitutas, criminalizan, estigmatizan y empeoran sus condiciones de vida y trabajo.
  4. Reconozca derechos para quienes deciden trabajar en prostitución por decisión propia.

Una explicación más detallada:

1.- A pesar de los datos manejados por instituciones internacionales de la solvencia de la ONU, que cifran que en Europa 1 de cada 7 prostitutas es víctima de trata, las autoridades de nuestro país siguen aumentando esa cifra hasta el 90% sin que exista ninguna investigación que lo avale. (El País, 30/06/2010: “Europa tiene a 140.000 mujeres esclavizadas en la prostitución… Una de cada siete prostitutas, recalca el informe —elaborado por los relatores de la ONU con sus datos y otros recopilados por los países, las fiscalías, la policía y las ONG—, es víctima de la trata en Europa. Una cifra muy inferior al 90% que baraja el Ministerio de Igualdad, que incluye a mujeres víctimas de explotación y no solo de trata”). Esta magnificación de la realidad de la trata implica negar, en la práctica, la existencia de quienes ejercen la prostitución voluntariamente, a quienes se les niega sistemáticamente la posibilidad de expresarse y ser consideradas interlocutoras válidas ante las instituciones. (Así, se extiende la idea de que prácticamente TODA la prostitución es coaccionada y se niegan los derechos de quienes ejercen la prostitución por decisión propia impidiendo que mejoren las condiciones laborales en las que lo hacen. Esta victimización extrema de las prostitutas impide responder a las necesidades tanto de las víctimas de trata como de quienes ejercen de manera voluntaria).

2.- Después de dos años de puesta en práctica del Plan Nacional contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, las víctimas de trata continúan sin ser bien atendidas pues se prioriza la persecución de las mafias por encima de los derechos y la protección de éstas (El País, el 19/10/2010: “Poca asistencia a las víctimas y un número ‘reducido’ de permisos de residencia para las damnificadas”, según Cecilia Malmström, comisaria europea”). En muchos casos, además, son consideradas exclusivamente como inmigrantes irregulares y son obligadas a volver a sus países aún cuando implique serios problemas de seguridad para ellas (Europa Press, octubre de 2010: “Se detuvieron a ocho mujeres más por estancia ilegal en España, que se encuentran en estos momentos en el CIE de Málaga, y también se llevaron a cabo seguimientos y registros en tres locales de alterne de la provincia de Huelva”).

3.- En relación a la prostitución voluntaria, las normativas municipales que están aprobando los ayuntamientos de muchas ciudades y pueblos tienen como consecuencia la criminalización (social) de esta actividad. Esto supone una mayor vulnerabilidad para las trabajadoras y un empeoramiento de las condiciones de trabajo. La persecución de los clientes implica que los tratos sean más rápidos y clandestinos repercutiendo en contra de las trabajadoras. Estas normativas, además, aumentan el estigma social contra las prostitutas y dan alas a que cualquiera se sienta con derecho a insultarlas, agredirlas o atacarlas.

4.- Por último, la medida estrella en la lucha contra la trata, anunciada a “bombo y platillo” por la ex ministra de Igualdad Bibiana Aído, de prohibir los anuncios de prostitución en la prensa escrita es una medida encaminada a combatir la prostitución en general y no la trata. La trata de seres humanos es un delito castigado en el Código Penal que no se anuncia en la prensa. Si así fuera, su existencia sería un instrumento privilegiado en la lucha contra ella. Por el contrario, quienes se anuncian suelen ser, mayoritariamente, trabajadoras del sexo voluntarias y en gran medida autónomas. Su prohibición implica un recorte de sus derechos y obligarlas bien a que capten su clientela en la calle (con la persecución que hoy se está dando al calor de las nuevas normativas municipales) bien a que trabajen en clubes, dependiendo de terceros, que frecuentemente establecen unas condiciones de trabajo abusivas para ellas, sin que se esté interviniendo para evitarlo.

Aconsejan a las trabajadoras sexuales evitar posturas de riesgo para prevenir contagios

El Gobierno regional es el encargado de establecer las condiciones sanitarias en los burdeles, que, al no estar oficialmente legalizados en España, se rigen por las mismas normas que una discoteca

 

A. L. H.

21 de junio de 2020

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/06/21/aconsejan-trabajadoras-sexuales-evitar-posturas/1122844.html

 

Desde el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo ven «recomendable no hacer el boca a boca», pues el virus va en la saliva.

Mascarillas, hidrogel, desinfectantes, distancias de seguridad, mamparas… los establecimientos hosteleros deben cumplir con un estricto protocolo de seguridad sanitaria para prevenir cualquier rebrote de coronavirus. Pero ¿qué ocurre con los clubes de alterne, donde el objetivo de los usuarios es obtener un servicio sexual? Disuelto el mando único que centralizaba las competencias sanitarias en el Gobierno central, el Ejecutivo de la Región de Murcia es el encargado de regular las condiciones sanitarias de la desescalada en estos locales, cuya definición jurídica es tan eufemística como la actividad misma.

Según indicaron fuentes de la Consejería de Salud de la Región, «estos locales oficialmente no están legalizados en España», por lo que «según el tipo de licencia otorgada, de cafeterías, ocio nocturno o similar, tendrán su regulación adecuada».

Las mujeres que ejercen la prostitución en los clubes tampoco tienen contrato como tal, puesto la prostitución en España se encuentra en una situación de alegalidad: no es directamente legal, pero tampoco es ilegal, y su ejercicio libre (es decir, cuando una persona decide ejercerlo y quedarse con el beneficio) no está penado ni en la Región de Murcia ni en el resto del territorio nacional.

La prostitución libre no está recogida en el Código Penal, que sí establece con claridad los delitos de prostitución de menores, la prostitución forzada o coaccionada en mayores de edad y el hecho de lucrarse de que otra persona ejerza la prostitución, aunque lo haga voluntariamente, si hay explotación sexual o laboral.

De esta manera, muchas chicas que ejercen trabajo sexual en clubes de la Región tienen contrato de camarera o directamente solo un acuerdo para hacer uso de una habitación con los clientes a cambio de un precio preacordado.

¿Cómo se controla sanitariamente esa actividad? La respuesta es que no se puede controlar. No se puede poner a un agente de la Policía en la cabecera de cada cama, y hay que tener en cuenta que, si alguien se da un abrazo o un beso con otra persona a quien no ve desde hace meses, incumple la distancia de seguridad de la misma manera.

Nacho Pardo, coordinador del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), asevera que, de cara a la vuelta al trabajo en los burdeles, «sí hay una serie de recomendaciones» que tienen como fin reducir en la medida de lo posible el riesgo de contagio.

En este sentido, destaca que se recomienda «que se haga el trabajo sexual con ciertas posturas» con el objetivo de evitar aquellas que se consideren «de riesgo». Por ejemplo, considera «recomendable impedir el boca a boca».

Conscientes de que el trabajo sexual implica un «altísimo riesgo» de contagio, apuestan por una «reducción de daños», aunque también apostillan que un riesgo similar existe si, por ejemplo, se da una aglomeración de personas dentro de un autobús.

25.000 euros para las más vulnerables

El confinamiento hizo mella en el negocio del sexo desde el momento en que los potenciales clientes no podían salir a la calle. Las trabajadoras sexuales, en situación de alegalidad, muchas veces se vieron con auténticas necesidades. De ahí que se organizase una colecta en la que se logró recaudar 25.000 euros, para repartir entre las prostitutas más vulnerables, comenta Nacho Pardo, coordinador del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS).

Se da la circunstancia de que estas personas «muchas veces se ven sin posibilidad de tener un recurso público disponible», puesto que no cotizan, dado de que su trabajo «no está reconocido como actividad laboral».

«Como no tienen contrato, no tienen acceso a las ayudas para el alquiler», lamenta el portavoz de CATS, colectivo que lleva años pidiendo que se regularice el trabajo sexual.

Lo que han hecho muchas profesionales durante el confinamiento ha sido, por ejemplo, cobrar por servicios online.

Detalla Pardo que en la Región «la gente de la calle ya lleva una semana y media» trabajando en, por ejemplo, la zona del Eroski en Murcia, una de las vías públicas en las que desde hace años se ponen las prostitutas, al tiempo que apunta que lo hacen «con límites horarios». También están ejerciendo ya las personas que reciben en pisos, y detalla que se espera que los clubes abran con normalidad, aunque tenga que ser nueva, a partir de este lunes.

El responsable de CATS compara la situación con la que pueden vivir en sus trabajos, por ejemplo, los jugadores de fútbol, los cuales «se tocan y sudan» y tienen un riesgo de contagiarse, «aunque ahí no haya penetración», puntualiza.

 

Cobrar por el sexo nunca fue tan difícil

 

El sexo deja grandes beneficios. Los clubes pueden asociarse, pero las prostitutas no tienen reconocido ese derecho. / Sergio García

 

Más webcam. El coronavirus ha borrado de las calles y recluido en pisos y clubes con la persiana echada a miles de prostitutas. Están ahogadas de deudas tras dos meses en blanco y obligadas a reinventarse para comer

 

SERGIO GARCÍA

31 de mayo de 2020

https://www.elcomercio.es/sociedad/cobrar-sexo-nunca-20200531195830-ntrc.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.es%2F

 

Evelyn es colombiana, tiene 45 años y su vida se ha convertido en un ir y venir entre casas de amigas desde que el club donde ejercía la prostitución echó la persiana y la dejó «en la puta calle». Ocurrió, como tantas otras cosas, hace dos meses. «Aquí no hay ERTE que valga, mi amor. Tampoco contratos ni nóminas. No estamos catalogadas como trabajadoras, ni hay un marco legal que nos permita reclamar nuestros derechos. Si reconocieran lo que hacemos como una actividad laboral en lugar de recluirnos en clubes que nos cobran 2.100 euros al mes por trabajar y dedicáramos ese dinero a pagar una Seguridad Social que nos diera derecho a cobrar el paro o a una baja por maternidad, otro gallo cantaría. Nuestros gobernantes no han acabado con la esclavitud, sencillamente la han perfeccionado».

Evelyn lleva semanas en la cuerda floja. Ella, que venía de tener «tres clientes al día», sólo ha estado en todo este tiempo, dice, con uno. Eso no le impide detallar el largo ritual que precede a estos encuentros desde que estallara la pandemia, que recuerda más al protocolo de seguridad de un hospital que a un burdel. Tomar la temperatura a los clientes, duchas integrales, desinfección del mobiliario, los zapatos en una bolsa, se esteriliza la ropa con una solución de alcohol, desde la cazadora a los pantalones… «Así están las cosas. O nos morimos de hambre o te arriesgas a contraer el virus».

Evelyn ejerce en los clubes, pero la situación no es mejor en las pisos ni en la calle. Fabiola —peruana, 48 años— se ganaba la vida en los alrededores del Camp Nou, territorio mayoritariamente trans, donde acostumbraban a ejercer medio centenar de compañeras. «Una vida dura» que ella conoce desde los 20 años, mucho antes de emigrar. «No salgo de casa. Primero por las multas, pero también porque me da miedo la situación sanitaria. Comprenderás que aquí no se trabaja con mascarilla, ni se guardan los dos metros de distancia. Con tanto asintomático por ahí, esto es una lotería». Fabiola lleva dos meses sin trabajar, y eso que «la gente está volviendo a salir, hay días que esto parece agosto».

Fabiola ocupa uno de los escalones más bajos entre los trabajadores del sexo. «Había veces que me sacaba 50 euros, otros cien, otros nada…» Lleva dos meses en blanco. Acude cada día al comedor social de Collblanc, en Hospitalet, y al casero —paga 600 euros de alquiler— le ha pedido «que tenga un poco de paciencia, que en cuanto esto pase se lo devuelvo». No descarta que acabe yendo a juicio. Lleva encadenando una racha nefasta. La inestabilidad política en las calles, la suspensión del congreso Mobile, la marcha de empresarios, citas futbolísticas que se evaporan del calendario… «menos mal que dejé las drogas hace años, no me faltaba más que eso ahora».

A 615 kilómetros de distancia, en Madrid, Lucía trata de ponerle al mal tiempo buena cara. Y la suya es preciosa. 35 años, menudita, 1,70 metros de estatura, estudios de Filología Hispánica… 200 euros la cita, 2.000 por una noche entera. Lucía es escort, prostituta de lujo. «La gente es muy reticente a salir, menos aún en ciudades que han tardado en dejar atrás la fase 0». Lucía trabajaba por cuenta propia y acostumbraba a recibir a sus citas en casa, «20 ó 25 al mes. Había veces que sólo dos por semana, y otras cuatro o cinco, según me conviniera. Soy muy selectiva». Se levantaba al mes unos 4.000 euros. El escenario ha dado un giro copernicano y sale adelante «haciendo cositas ‘online’ y alguna foto. 400 euros con suerte». Imposible pagar el alquiler, las facturas… y eso que soy una privilegiada. Al menos yo puedo recurrir a mis amigas y a una familia que tiene un huerto maravilloso».

Ante la imposibilidad de salir de su casa, esta mujer se conecta por webcam para mantener una sesión ‘online’. / AFP

«Somos trabajadoras»

La crisis del coronavirus se ha cebado con un colectivo vulnerable como pocos y que vive en el mayor de los limbos. Ni siquiera se sabe con certeza cuántas personas se dedican a ello, aunque algunas de las fuentes consultadas para el reportaje calculan que rondarán las 100.000. Igual que periodistas titulados. Lo cierto es que antes del Covid, España era el país de Europa donde había más demanda de sexo de pago, y el tercero del mundo detrás de Costa Rica y Tailandia. Incluso la ONU nos dio un tirón de orejas el año pasado, cuando afirmó que el 40% de la población masculina había tenido una experiencia de este tipo. El volumen de negocio es colosal, las últimas cifras hablan del 0,35% del PIB, unos 3.500 millones de euros al año.

Concha Borrell dirige OTRAS, sindicato de trabajadoras sexuales de España, una denominación que abarca desde prostitutas y mujeres que hacen porno hasta bailarinas exóticas o masajistas eróticas. Jura y perjura que durante el confinamiento no se está ejerciendo la prostitución. «Hay miedo a enfermar, porque muchas son inmigrantes y están solas, sin redes de apoyo ni amigos. Compartiendo habitación, no digo ya piso». La organización está impartiendo cursos de teletrabajo para que las chicas no tengan citas presenciales y puedan hacer sus pinitos con el ordenador o el móvil.


«Llevo dos meses sin salir, primero por las multas, pero también porque hay mucho miedo al contagio. Trabajar así es una lotería»

Fabiola | Trans del Camp Nou (Barcelona)


«Sí hay compañeras que han seguido trabajando de modo presencial, pero con clientes habituales, gente de confianza»

Lucía | Escort madrileña


«Las prostitutas, expuestas a sanciones por ejercer en la vía pública, no abren ni cuentas corrientes por miedo a los embargos»

Concha Borrell | Dirige el sindicato OTRAS


«El Covid ha vuelto más clandestino e inseguro el mercado del sexo, y a quienes lo ejercen, más vulnerables»

Nacho Pardo | Coordinador de CATS (Murcia)


Borrell arremete contra el Gobierno al que acusa de condenar a la marginalidad a este colectivo, incurriendo en contradicciones como la de permitir el derecho de asociación a los dueños de clubes de alterne y no a ellas. «Danos derechos laborales, poder tener un contrato, cotizar para nuestras jubilaciones, que el día de mañana estas personas van a tener que vivir de un bono social y eso es lo último que queremos». Para las inmigrantes es incluso peor. Al no estar reconocida la suya como una actividad laboral, la renovación de permisos de residencia y trabajo es una batalla donde a menudo tienen todas las de perder. El escenario actual no invita al optimismo. «Atentos, porque va a ocurrir lo mismo que tras la crisis de 2008, un repunte de españolas prostituyéndose porque se han quedado sin nada».

Muchas prostitutas, expuestas a sanciones por ejercer en la vía pública, no abren cuentas corrientes por miedo a que las embarguen. Los abusos se suman a la larga lista de agravios. «En plena crisis del Covid, un puticlub de La Junquera se acogió a un ERTE del que salieron beneficiados sesenta y tantos hombres, mientras las prostitutas, casi un centenar, eran arrojadas a la calle sin contemplaciones. Son unos sinvergüenzas».

OTRAS intenta paliar esta situación. Reparte comida entre sus asociadas, ha puesto en marcha campañas de recogida de fondos para asistir a mujeres que están en situación límite, «llevamos repartidos 100 euros a más de 120 mujeres de toda España»… También ha conseguido que muchos clubes hayan reducido sus tarifas a las prostitutas que continúan allí alojadas hasta que escampe la tormenta. 30 euros al día por alojamiento y comida, cuando antes esa cantidad ascendía a 70, 90 ó 120.

Aspecto desangelado de un local de alterne cerrado desde marzo. / Efe

«Un policía en cada balcón»

No por ello su situación deja de ser desesperada. Lo explica María José Barrera, sevillana, dieciséis años al pie del cañón. «Imagínate, dos meses y medio sin poder trabajar a razón de 30 euros diarios arrojan una deuda de 2.250. ¿Quién puede hacer frente a eso?». Barrera une su voz a la de Borrell. «Las compañeras nos llaman pidiendo auxilio. No tienen para pagar el alquiler o ducharse con agua caliente. La única manera de ir tirando es con la webcam. Cada una se arregla como puede, pero es muy difícil cuando hay un policía en cada balcón». Barrera dice que hay mucha hipocresía. «¿Dónde están ahora los servicios sociales, toda esa industria del rescate que recibe subvenciones en nuestro nombre? Las chicas se están muriendo de hambre, señores».

Con semejante horizonte hay situaciones para todos los gustos. «En Murcia —detalla Barrera— hay compañeras que se han ido a vivir con sus clientes después de que el dueño del club haya desaparecido. Eso no quiere decir que estén follando gratis. Aunque haya quien no lo crea, nosotras también somos personas, tenemos nuestras amistades y gente que de corazón nos está acogiendo».


El dato

120 euros es lo que, camuflado como alquiler, algunos clubes de alterne llegan a cobrar a diario a estas mujeres por el derecho a trabajar. Algunas siguen viviendo allí y acumulan importantes deudas.


En Murcia, precisamente, la labor asistencial a este colectivo recae en CATS, el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, declarado de Utilidad Pública y que el año pasado contactó con 2.135 personas. «El Covid ha vuelto más insegura y clandestina la prostitución, y dejado a quienes la ejercen en situación más vulnerable». ¿Cómo se sobrevive a este escenario? «Buena pregunta —dice Nacho Pardo, su coordinador—. Las que han sido previsoras y guardan algo en el calcetín pues tiran para adelante. La alternativa más habitual para quienes han podido seguir trabajando es el sexo ‘online’, auténtica tabla de salvación para un sector estigmatizado ahora más que nunca». El resto, la mayoría, vive de la caridad, cuando no arrumbada en un cajero por falta de recursos.

 


«El consumo de porno se ha disparado con el confinamiento»

Águeda López Suárez, profesora de Sociología de la Universidad de Vigo, advierte que, al contrario de lo que pueda parecer, el Covid no ha hecho desaparecer la prostitución, «sino que le está obligando a buscar otras estrategias para ofertar servicios, porque demanda existe». La también autora del libro ‘El putero español’ alerta de que el consumo de pornografía se ha disparado con la cuarentena. «Pornhub dio acceso gratis los primeros días del confinamiento a su página web y hubo medios que lo publicitaron como si aquello fuera Amazon».

A su juicio, el confinamiento ha puesto a las prostitutas en «una situación más vulnerable que nunca, con pocas o ninguna posibilidades de negociar». La renta vital mínima puede ser un primer paso para sacar a estas mujeres de su situación. «Lo ideal sería que el Gobierno hiciera lo que está haciendo Francia, habilitar una importante partida de dinero para crear alternativas laborales a las que quieran dejar atrás esta práctica», dice.

Gómez Suárez no comparte la visión de Concha Borrell sobre el reconocimiento de la prostitución como paso para mejorar la situación del colectivo. «Apoyarse en las condiciones que soportan estas mujeres —lo son la mayoría— para exigir su legalización es una falacia, es como si regulases la esclavitud. Si son sujetos sin derechos es porque así lo quieren los proxenetas, no nos engañemos. Los dueños de clubes podrían darles de alta como camareras, otra cosa es que no quieran porque así se quedan con la mitad de lo que obtienen estas personas y aumentan sus márgenes. No es la lógica del mercado lo que debe imperar aquí, sino la de los derechos humanos».

 

Prostitutas y asociaciones de apoyo impulsan un sindicato (OTRAS) en Murcia para combatir el discurso abolicionista

 

Imagen de la rueda de prensa. / NACHO GARCÍA / AGM

 

OTRAS, cuyos estatutos fueron tumbados por la Audiencia Nacional, desembarca en la Región con la intención de «romper el silencio y alzar la voz» contra «la criminalización» de las trabajadoras del sexo

 

JAVIER PÉREZ PARRA

17 de diciembre de 2019

https://www.laverdad.es/murcia/prostitutas-asociaciones-apoyo-20191217114230-nt.html

 

Vera empezó a ejercer la prostitución en su Rusia natal hasta que hace 13 años aterrizó en España con la idea de seguir dedicándose a esta actividad. Había estudiado Marketing en su país pero, asegura, decidió «libremente» optar por la prostitución. Ahora, es la representante en la Región de Murcia del sindicato OTRAS de trabajadoras sexuales, creado el año pasado para combatir el discurso abolicionista, cada vez más mayoritario en el arco político y en los movimientos feministas, y para reivindicar los derechos laborales de quienes ejercen la prostitución. OTRAS no tiene aún afiliadas en Murcia, admite Vera, aunque aspira a representar a más de mil personas y cuenta con el apoyo de asociaciones como CATS, una organización de larga trayectoria en la Región. Los objetivos de OTRAS se han topado, sin embargo, con la legislación. La Audiencia Nacional tumbó sus estatutos porque «no resulta posible con arreglo a nuestro derecho la celebración de un contrato de trabajo cuyo objeto sea la prostitución por cuenta ajena». Esto, señaló la Audiencia, sería abrir la puerta al proxenetismo. La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo. «El hecho de que todavía no se haya dictaminado si los estatutos son o no legales no implica que el sindicato sea ilegal», señala Vera.

Con motivo de la celebración, este martes, del Día Internacional contra la Violencia hacia las Trabajadoras Sexuales, CATS y OTRAS denuncian que los abolicionistas «criminalizan» la prostitución, generando «un discurso de odio que hace más daño a las prostitutas que los clientes violentos». En un manifiesto, advierten de que «la violencia contra las trabajadoras del sexo no se limita al maltrato de algunos clientes. Existen otros tipos de violencia que sufrimos por el hecho de dedicarnos a una actividad estigmatizada». Así, denuncian la «violencia social» y la «legal», que «se reproduce en ordenanzas municipales» que imponen multas a quienes ejercen esta actividad. «Estas medidas se pueden presentar como dirigidas contra los clientes, pero en la práctica van contra las trabajadoras del sexo», denuncia Nacho Pardo, coordinador del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS). Ponen como ejemplo la ciudad de Murcia, donde más del 70% de las sanciones por ejercer la prostitución en la vía pública recaen en ellas, y no en los clientes, aseguran.

CATS y OTRAS lamentan también la «violencia de algunos profesionales de los servicios sociales, que nos consideran malas madres y malas mujeres, que hemos de ser salvadas para que retomemos el camino de las buenas mujeres». Estos colectivos son muy críticos con el «feminismo institucional». «Nos considera niñas sin capacidad de decidir por nosotras mismas. Quienes quieren callar nuestras reivindicaciones principalmente pertenecen a un sector del feminismo para el que nosotras somos sujetos sin capacidad de decidir por nosotras mismas», lamentan.

Las estadísticas que manejan las organizaciones abolicionistas apuntan a que la inmensa mayoría de quienes ejercen la prostitución son víctimas de trata. Además, para el movimiento feminista esta actividad supone en sí mismo una violencia contra la mujer. Sin embargo, CATS y OTRAS defienden que la trata es minoritaria y difieren de la consideración de la prostitución como violencia patriarcal. «De las 2.000 personas a las que atendimos en 2018, solo cinco eran víctimas de trata», señala Laura Martínez, educadora social de CATS. Mientras para los abolicionistas toda explotación sobre las prostitutas es sexual y machista, para CATS y OTRAS debe diferenciarse entre la explotación sexual y la laboral. Por eso, reivindican los derechos de las trabajadoras del sexo como forma de acabar con esas situaciones de discriminación. «Nos llaman proxenetas y aliadas del patriarcado cuando una de nuestras principales reivindicaciones es la lucha contra la trata, el tráfico, la explotación laboral y los abusos de los malos clientes», se lamentan.

El abolicionismo, defienden, solo conduce a precarizar a estas mujeres. Ponen el ejemplo de Suecia o Noruega. «Son países donde tanto dicen defender a las mujeres, pero donde si nos roban o nos pegan no podemos llamar a la Policía, porque lo primero que hacen es echarnos de los apartamentos o los hoteles», denuncia Vera, que trabajó en diversos países de Europa antes de llegar a España. CATS y OTRAS dejan claro que tampoco comparten la vía de la legalización por la que se ha optado en lugares como Holanda. Allí, las trabajadoras del sexo han quedado a merced de los intereses de los empresarios, denuncian.

Retirada de ayudas públicas

De momento, quienes defienden una cobertura legal de la prostitución están perdiendo la batalla frente al abolicionismo, muy mayoritario en el movimiento feminista y en el arco parlamentario. El Gobierno del PSOE está claramente en esta línea. La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, confesó que la aprobación inicial de los estatutos del sindicato OTRAS fue «un gol» en propia puerta, motivado por un error en su departamento. Ahora, el Ministerio confía en que el Supremo tumbe estos estatutos, difícilmente encajables en la legislación actual.

Las asociaciones que como CATS defienden esta cobertura legal de la actividad de las trabajadoras del sexo están sufriendo la retirada de algunas ayudas públicas. «Nos hemos quedado sin los entre 25.000 y 50.000 euros que recibíamos de la Delegación del Gobierno para la Lucha contra la Violencia contra la Mujer», explica Fuensanta Gual, una de las coordinadoras de CATS. «Se nos acusa de estar a favor de la prostitución, pero de lo que estamos a favor es de los derechos de las prostitutas, que no es lo mismo», añade. De hecho, CATS dispone de un servicio de integración laboral para quienes quieren salir de este mundo y buscar trabajo. Además, les ofrece asistencia social y sanitaria. En la Comunidad Valenciana, donde también trabaja esta asociación, organizaciones abolicionistas intentaron sin éxito que la Generalitat retirase sus subvenciones a CATS. En el Ayuntamiento de Murcia, sin embargo, es Vox quien ha exigido que se les deje sin ayudas.

 

El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo responde a las abolicionistas sobre su labor

 

El colectivo CATS, que lucha por ayudar a las trabajadoras del sexo, se defiende de las acusaciones expresadas por el Front Abolicionista del País Valencià.

 

Nacho, Fuensanta y Vera, de la asociación CATS, durante la rueda de prensa. BEATRIZ BADENAS

 

Por BEATRIZ BADENAS

@BETI_SMITH

9 de agosto de 2019

https://www.elsaltodiario.com/trabajo-sexual/cats-responde-abolicionistas#

 

La asociación CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras Sexuales) lleva diecisiete años funcionando y hace más de seis años que fue declarada de utilidad pública. Como explica Nacho, su coordinador, la actividad de la asociación gira en torno a dos ejes: por un lado se dedica a la atención integral a las trabajadoras, que incluye asistencia sanitaria, social, jurídica y de extranjería, así como la orientación para la búsqueda de un trabajo diferente si se desea. Cuentan también con un teléfono de asistencia las 24 horas y luchan contra la trata. Para ello se apoyan en un equipo multidisciplinar con personal de medicina, de trabajo social, de educación social y jurídico. El segundo eje de trabajo de CATS es la sensibilización social, para lo que se fijan como objetivos “dar a conocer la realidad de las personas que ejercen la prostitución y luchar contra el estigma que sufre este colectivo”, precisa Nacho.

«El proyecto pretende un acercamiento a la realidad de la prostitución de la mano de las trabajadoras del sexo» explica el comunicado

Las investigaciones que llevan a cabo en la asociación son de acción participativa, una línea de trabajo en Sociología que es marco del proyecto que ha levantado el revuelo: Discriminación, estigma y discurso de odio en prostitución. Fuensanta Gual, directora de la asociación CATS, dice que es un “riguroso y ambicioso proyecto cuyo objetivo es un acercamiento a la realidad de la prostitución de la mano de quienes realmente conocen la realidad y a quienes nadie pregunta, las trabajadoras del sexo”.

No es la primera vez que reciben subvenciones, el proyecto ha tenido la puntuación necesaria y quieren aclararlo “para no tener mala prensa”, resume la directora. Como explican en el comunicado, un “lobby abolicionista que pertenece al sector más fundamentalista del feminismo está actuando para desacreditar a esta ONG y aducen que considerar la prostitución un trabajo es defender o normalizar la violencia contra las mujeres”. Además, señalan que el Front Abolicionista pide expresamente “que se excluya a CATS de recibir subvenciones de la Conselleria”.

Según el comunicado, las abolicionistas citan acuerdos que no luchan contra la prostitución sino contra la Trata y la Explotación Sexual, lucha de la que participa el movimiento abolicionista y que también forma parte del trabajo de CATS. Los acuerdos que les acusan de no cumplir son el Convenio de Estambul, el de Varsovia, o el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género.

“Recurrir al Estatuto de los Trabajadores impediría muchos abusos” explica la directora

“Intentar criminalizar —lo llaman abolir— la prostitución no acaba con la violencia, sino que expone mucho más a las trabajadoras sexuales a sufrir crímenes y abusos”, dice la asociación. Para CATS, reconocer la prostitución como un trabajo es la única manera de acceder a derechos laborales, tener instrumentos legales. “Recurrir al Estatuto de los Trabajadores impediría muchos abusos, ya que la prostitución no es un trabajo como otro cualquiera, sino que se ejerce a menudo en condiciones precarias y difíciles”, declaran.

Según esta asociación, “el neoabolicionismo pretende ayudar a estas mujeres para que abandonen la prostitución” —continúa explicando el comunicado— “sin considerar que eso implica a menudo trabajos aún más duros y peor pagados, como son los dedicados a mujeres sin estudios o inmigrantes”. Finalmente, expresan que al Front abolicionista “no le interesa preguntarles a ellas, a las trabajadoras sexuales, a pesar de que cada vez son más las que se atreven a vencer el estigma y alzar su voz”. Y añaden que “se están creando cada vez más asociaciones de trabajadoras y trabajadores sexuales”.

Nacho, su coordinador, apunta que es necesario distinguir el regulacionismo de los pro-derechos, pues “la patronal de empresarios aboga por la prohibición en calles, carreteras y pisos mientras que sí es legal en clubs de alterne, sus negocios”. Sin embargo, lo que el coordinador observa es que “ahora que se mueven las trabajadoras como sindicato, llegan las difamaciones”. Para él, el hecho de que los feminismos luchen por los derechos de las mujeres y se esté impidiendo hablar a una parte de ellas solo por ser trabajadoras sexuales “es discurso de odio”. Desde el comunicado, consideran que “este lobby abolicionista nos ha proporcionado, gratis, el primer ejemplo de discurso de odio” y esperan incluirlo en la publicación final.

“Las abolicionistas hablan de ideas subjetivas y no de datos objetivos, su lenguaje es confuso, la información falsa y hacen populismo” opina Vera

Vera, trabajadora sexual migrante no comunitaria, lleva catorce años en este oficio y lo ha ejercido en doce países distintos. Cuenta que el trabajo sexual existe en todos los países sin excepción y piensa que “las abolicionistas hablan de ideas subjetivas y no de datos objetivos, su lenguaje es confuso, la información es falsa y hacen populismo”. Declara que la violencia que ha sufrido durante su carrera no ha venido de parte de los clientes, sino de la policía, las autoridades y las abolicionistas. Para ella, CATS supone “un espacio seguro tanto para la parte médica como jurídica” y piensa que las abolicionistas “ignoran las evidencias. Es importante basarse en informaciones objetivas y no en creencias”.

Durante su experiencia en países donde se han creado leyes abolicionistas como Suecia, Noruega o Islandia, ha podido constatar la forma en que estas leyes afectan a las trabajadoras sin solucionar el problema. Tienen miedo a la policía porque “nos echan a la calle de los pisos y hoteles incluso en mitad de la noche, no tienen servicios de control de las enfermedades de transmisión sexual, los clientes son más violentos porque saben que ellas temen a la policía y, en definitiva, esta situación propicia que sea más difícil denunciar el tráfico y ayudar a esas personas”. Un ejemplo que pone Vera es que “en países como Suecia, dos prostitutas juntas ya son consideradas proxenetas”, a lo que añade que “nunca he conocido a una víctima de trata, ¿de dónde salen los números del 90% de trabajadoras sexuales obligadas?”.

“Todo el mundo tiene una opinión pero las prostitutas nunca podemos decir nada”

Fuensanta opina que hace falta “desmontar el mito de que la mayoría son víctimas de trata, esto no tiene una base estudiada y por eso se está llevando a cabo este estudio del que hablamos”. Además la directora considera que “este movimiento es imparable, pues aunque no se comprenda, se debe respetar y escuchar a las trabajadoras del sexo”.

En cuanto a las experiencias de abolicionismo, Vera indica que en países con veinte años de antigüedad “las trabajadoras sexuales no es que no se hayan eliminado, sino que las cifras han aumentado”.

La delegada territorial de Otras en València, interviene desde los asistentes a la rueda de prensa para señalar que “todo el mundo tiene una opinión pero las prostitutas nunca podemos decir nada” en protesta por la desacreditación de las abolicionistas que, dice Vera en un momento de la rueda de prensa “antes no eran nuestras enemigas”.

La asociación CATS atiende a unas 2000 personas al año en el sureste de España (Murcia y sur de Alicante) y dice la directora que «cada vez son más las que, además de buscar ayuda, quieren hablar». Con el proyectoDiscriminación, estigma y discurso de odio en prostitución quieren“acercarse a la realidad, saber si el trabajo sexual autónomo es real o no, si la trata es real o no basándonos en hechos empíricos, investigando la realidad para que hablen los datos”, concluye Fuensanta.

Ahora tienen miedo de futuras subvenciones y han pedido reunirse con Mónica Oltra.

 

Oltra: el proyecto de CATS es para combatir el estigma de la prostitución

 

https://www.lavanguardia.com/politica/20190730/463788232401/oltra-el-proyecto-de-cats-es-para-combatir-el-estigma-de-la-prostitucion.html

 

València, 30 jul (EFE).- La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha defendido este martes que la subvención de la Generalitat al Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) está dirigida a financiar un proyecto para «combatir el estigma y odio hacia estas mujeres».

Oltra, en declaraciones a preguntas de los periodistas durante su visita a la residencia y centro de día Velluters de València, ha señalado además que esta plataforma recibe también ayudas del Gobierno central, del Plan Nacional contra el Sida, de la Delegación del Gobierno en la Comunitat, del Ministerio de Empleo, del Gobierno de Murcia y de La Caixa.

La subvención concedida por la Generalitat Valenciana está destinada a un programa para conocer al colectivo de las trabajadoras del sexo, «sensibilizar» a la población y, sobre todo, a «combatir el estigma y odio hacia estas mujeres», ha defendido la vicepresidenta.

Oltra ha añadido además que en la zona donde trabaja la plataforma, al sur de Alicante, no llega ni Cruz Roja ni Medicus Mundi, por lo que con esta colaboración con CATS se cubre toda la Comunitat. EFE