Georgina Orellano: «Entre el abolicionismo y el regulacionismo, quienes estamos en medio somos las trabajadoras sexuales»

 

Por Guillermo Martínez

@Guille8Martinez

23 de agosto de 2019

«Entre el abolicionismo y el regulacionismo, quienes estamos en medio somos las trabajadoras sexuales»

 

 

¿Abolir la prostitución o regularla? El debate en torno al llamado ‘oficio más antiguo del mundo’ atraviesa la opinión pública desde todas sus aristas y posiciones, de la economía al feminismo. Georgina Orellano (Morón, Buenos Aires, 1986) procede de de una familia trabajadora y actualmente es la Secretaria General Nacional de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR). Desde esta entidad, integrada en la segunda central sindical más grande del país, reivindica que la organización del colectivo es indispensable para conseguir la despenalización del trabajo sexual.

 

Existe un alto porcentaje de trata de mujeres en torno a la prostitución.

Nosotras creemos que sí hay trata de personas. La verdad es que reducir esa discusión a que la culpa la tiene el trabajo sexual o la prostitución es quitarle la responsabilidad al Estado. Hay trata de personas porque hay una complicidad del poder judicial, policial, y del ejecutivo para que haya trata de personas en el siglo XXI. En todo caso, lo que posibilita que en el trabajo sexual haya explotación es justamente la criminalización y clandestinidad de nuestro trabajo: cuanto más clandestino sea, más se posibilita que se creen mercados paralelos que subsisten a través de la precarización de nuestras vidas. Arrogar que se va a combatir la trata de personas cuando se combata la prostitución me parece que es olvidarnos del lugar de pertenencia dentro de la clase trabajadora. La solución debería pasar por pensar,  justamente, en dar mejores condiciones laborales como herramienta transformadora de este mundo laboral. Eso lo aprendí dentro de la CTA. Por ejemplo, los compañeros que trabajan en los talleres textiles. Nunca se planteó desde el Estado ni desde el feminismo terminar con el trabajo textil como una forma de combatir la trata, sino todo lo contrario: se llegó a la conclusión de que había que combatir la trata en el trabajo textil, pero asegurando que ese combate no perjudicara el trabajo de los demás compañeros. Lo que sucede en la discusión entre trabajo sexual y trata de personas es que no se incluyen nuestras voces en la toma de decisiones, y sí se incluyen las de expertos y expertas que desde la academia y desde la teoría construyen soluciones posibles, pero no lo han vivido nunca en primera persona.

En muchos casos se puede dar la situación de que una prostituta esté dando un servicio y el cliente se sienta impune al realizar algo no consensuado. ¿Cómo salir de una situación así?

Lo primordial es romper con la idea de la víctima y de la sumisión a la que nos someten algunas miradas de la sociedad. Nosotras creemos que las mujeres, los cuerpos feminizados, en muchas relaciones que tenemos con los hombres en esta sociedad –y en múltiples espacios– no son consensuadas. Y no solamente pasa en el trabajo sexual: hay relaciones en los noviazgos que no lo son, igual que en el matrimonio o dentro de la institución familiar, en tu trabajo (jefe-empleada), incluso en ámbitos políticos (referente político-militante mujer).

Sería volver a preguntarse por qué se pone el foco en la prostitución cuando ocurre lo mismo en otros ámbitos relacionales.


«La criminalización y clandestinidad del trabajo sexual posibilita la explotación y la trata»


Claro. Lo que pasa es que la institución matrimonial y el amor romántico son dos instituciones totalmente patriarcales desiguales para la vida de nosotras porque siempre nos van a dejar relegadas. Ahí cumplimos un rol fundamental que es ceder nuestra voluntad ante el deseo siempre de otro. La idea de la sexualidad y el disfrute sexual está orientado hacia la procreación, cumpliéndose el mandato de que todas tenemos que ser madres. Por eso me parece que una forma de empoderamiento es combatir el patriarcado en todos sus ángulos, y no solamente fijándonos en un grupo y un sector. Por supuesto que reconocemos que los clientes de las trabajadoras sexuales son machistas, pero ¿quién no es machista en esta sociedad patriarcal?

El porcentaje de hombres que contratan servicios de mujeres prostitutas es mucho mayor que si lo pensamos a la inversa. ¿Debería nivelarse? ¿Qué aspectos son los que desencadenan que no haya apenas hombres que presten sus servicios a mujeres?

Los aspectos son principalmente la culpa y la vergüenza que nos ha generado el patriarcado en las mujeres, y que nosotras, las lesbianas, travestis y trans, no podemos ser las propias conductoras de nuestro placer sexual. Yo lo veo cuando vienen clientas mujeres, que son muy pocas en comparación de los hombres, porque llegan con mucha culpa: antes de pedir el servicio están argumentando el por qué están ahí, como pidiendo perdón por lo que están haciendo. Por otro lado, creo importante la desigualdad económica que hay entre los hombres y las mujeres. Los hombres ganan mucho más dinero y disponen de él, y las mujeres ganamos menos y encima el dinero que disponemos lo tenemos que invertir en mil cosas antes que en los propios placeres.

Las prostitutas no tienen derechos a día de hoy, pero tampoco pagan impuestos. ¿Crees que se podría dar el caso de aquella trabajadora sexual que prefiera seguir viviendo con un nivel de vida más alto antes que pagar impuestos?

Lo que nosotras creemos es que vamos a seguir viviendo muchos años en el sistema, y pensar que solo las trabajadoras sexuales tenemos que cambiarlo me parece que es una lucha desigual. Hay muchos trabajadores que se sientan con la patronal y no por eso están defendiendo el sistema capitalista, sino que comprendieron la lógica de que hay muchos trabajadores y trabajadoras que no pueden esperar a que lleguemos a esa sociedad utópica de vivir en una sociedad justa, libre e igualitaria. Vivimos en una sociedad desigual, machista y patriarcal, y hay muchas compañeras que no pueden esperar, que tienen 60 años y no se pueden jubilar, que tienen un montón de problemas de salud y no tienen una obra social que les blinde cobertura médica…

La pregunta estaba más orientada a si consideras que hay alguna trabajadora sexual que prefiera que el sector siga desregulado para poder tener más ingresos.

Existen distintos casos por los que una prostituta no quiere figurar como tal y todos los casos son válidos. Defendemos que el trabajo sexual tiene que estar reconocido como tal. Después, la ley no debería contemplar como obligatorio que todas se inscriban y todas se registren, porque ahí estaríamos cometiendo un grave error: hay muchas compañeras que no quieren que su nombre aparezca registrado como trabajadora sexual porque todavía no han podido contar a su entorno verdaderamente a qué se dedican. Sí tiene que haber unos mínimos para que no se persiga más a las trabajadoras sexuales y eso lo lograremos con la despenalización del trabajo sexual y con el reconocimiento. Después, quien se quiera inscribir bajo la categoría de trabajadora sexual que lo haga, pero que eso no sea un requerimiento obligatorio para todas.

Tú lo argumentas en lo que se refiere al estigma social, pero si fuera por el mero hecho de no pagar impuestos, ¿qué mecanismos podría tener la administración para discernir entre las dos posibilidades?


«Abandonamos algunos espacios por creer, desde los pocos conocimientos que teníamos entonces, que solo existía un feminismo»


Ese mecanismo es un rol que debe adquirir la propia organización, al generar conciencia de clase entre todas sus afiliadas y afiliados y entender que tenemos que aportar. Nosotras siempre lo decimos: preferimos aportar a las arcas públicas que a la policía, porque aportar nosotras siempre aportamos. Por más que seas prostitutas VIP, en algún momento pagaste una coima [soborno, en Argentina] para que no te clausuraran tu piso, y esa coima fue a parar a una caja clandestina de las fuerzas de seguridad. O sea, la trabajadora sexual siempre aportó, pero lo que queremos es clarificar que ese dinero no vaya a la policía sino que vaya al Estado. Tenemos que hacer entender que nosotras también formamos parte del Estado y exigir que, si nosotras aportamos, también debemos disfrutar de las políticas públicas que se hacen con nuestro dinero.

¿Qué crees que se impondrá? ¿La abolición o la regulación?

Yo creo que ninguna de las dos. En Argentina, el abolicionismo –en los más de 100 años que tiene de historia–, lo que ha generado ha sido precarización total de la vida de las trabajadoras sexuales, clandestinidad, peores condiciones laborales, persecución policial. En el momento en que Argentina reguló el trabajo sexual también reguló los establecimientos, lo que generó condiciones propicias para que nuestras compañeras perdieran su autonomía dentro del trabajo. Nosotras queremos que sea un gran salto: ni el abolicionismo que pretende un feminismo blanco, hegemónico, ni el regulacionismo basado en legislaciones que el Estado piensa sin incluirnos a nosotras, orientadas para beneficio de los empresarios. Para romper con esta dicotomía, las propias trabajadoras sexuales tienen que abogar por un movimiento superador. En nuestro país, teniendo en cuenta las condiciones laborales, las políticas anti trata que equipararon esta con trabajo sexual, las legislaciones vigentes… creemos que el modelo superador es la despenalización del trabajo sexual. Eso es lo que queremos: que no se persiga a las trabajadoras sexuales y que haya un mínimo de reconocimiento. El abolicionismo confronta con el regulacionismo y quienes quedamos siempre en el medio somos las trabajadoras sexuales, entonces somos nosotras las verdaderas protagonistas que tenemos que dar un gran salto.

¿Qué necesidades teníais las trabajadoras sexuales en el momento en que empezaste a ejercer la prostitución?

Lo primero que me encontré fueron historias de otras mujeres que estaban atravesadas por mucha precarización laboral y por situaciones de violencia con sus parejas o ex parejas. También vi que la gran mayoría eran madres solteras y que su mayor necesidad era poder trabajar de manera tranquila sin que la policía las persiguiera para que todos los días pudiesen volver a sus casas y estar con sus hijos. Ahí aprendí que el imaginario instalado en la sociedad con respecto a las trabajadoras sexuales responde a la pretensión de representar nuestras vidas pero desde miradas muy victimizantes. Más allá de que muchas de mis nuevas compañeras habían atravesado situaciones de violencia de género, abusos en su núcleo familiar, precarización laboral, pérdida del empleo… yo lo que veía era mucha fortaleza, y no veía que victimizaran estas historias, sino que las relataban desde la óptica de la superación.

Que AMMAR entrara en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) tuvo que suponer un gran paso a nivel mundial para el reconocimiento de la prostitución.


«En la discusión entre trabajo sexual y trata de personas no se incluyen nuestras voces, pero sí las de expertos que no lo han vivido en primera persona»


AMMAR va a cumplir 25 años. En 1995, AMMAR ingresa en la CTA, primero utilizándolo como un lugar de reuniones. Antes de utilizarlo como espacio seguro, empezaron reuniéndose en bares hasta que la policía se enteró de lo que hacían y entraban en estos bares a reprimirlas. Ese espacio de reunión en la central sindical terminó siendo un lugar de unión semanal. Es en el 2001 cuando se discute la idea de conformar AMMAR como un sindicato adscrito a la CTA porque vimos que nosotras queremos tener lo que los demás trabajadores y trabajadoras tienen. Con esto no solo me refiero a condiciones laborales, aunque sean lo principal, sino a terminar con el estigma social, donde está la gran batalla cultural. La lucha no se basa solo en presentar leyes, sino en ocupar un montón de espacios, hablar y romper con ese imaginario social instalado durante siglos en torno a nuestras vidas que dice que siempre nos tutelaron desde afuera y nos humillaron al plantear la vida de las trabajadoras sexuales como objeto de uso y como víctimas a lo largo de la historia.

En ocasiones se hace hincapié de las diferencias entre trabajadoras sexuales, en relación a aquellas que pueden elegir a sus clientes y las que no.

Quienes fundaron AMMAR hasta el presente, quienes conducen la organización, somos compañeras que venimos de los estratos más populares. Somos trabajadoras que no elegimos verdaderamente qué trabajo ejercer, sino a qué optamos de las poquitas opciones que tenemos justamente por pertenecer a la clase trabajadora y por ser mujer. Centrarnos en que hay trabajadoras sexuales que pueden elegir sus clientes y poner sus condiciones y otras que no es hacer una división dentro de todo un colectivo y un movimiento en las cuales tenemos que pensar básicamente las cosas que nos unen. Tanto la que eligen el cliente y la trabajadora sexual pobre que sufre violencia institucional no tienen reconocimiento de derechos laborales, no tiene obra social [organismo argentino encargado de prestar atención médica a los trabajadores de las diferentes ramas obreras] y no se va a poder jubilar.

Antes mencionabas la persecución policial que sufren las prostitutas. ¿En qué tipo de acciones se materializa esta persecución?

La policía apela al grado de desconocimiento que tiene la trabajadora sexual con respecto a las legislaciones vigentes en nuestro país, y esa es una de las cosas que aprendimos y desarrollamos activamente dentro de AMMAR. Damos herramientas a nuestras compañeras: así como yo sé que el trabajo sexual no es delito y conozco lo que puede y no puede hacer la policía, lo tienen que saber todas. Ese conocimiento que me dio el sindicato es el conocimiento que tienen que tener todas, porque tener conocimiento es disponer del poder.

¿Qué ha mejorado en estos últimos años y qué queda por hacer?

La organización vence al tiempo. Yo creo que lo que mejoró fue el romper con esa idea de que nadie se preocupa por los derechos de las prostitutas. Supimos hacer ver que las primeras que nos preocupamos por ello fuimos nosotras mismas. A modo de autocrítica, considero que abandonamos algunos espacios por creer, desde los pocos conocimientos que teníamos, que solo existía un feminismo, único y hegemónico en nuestro país, que tenía una postura ya tomada con respecto a nuestro trabajo. Si no hubiéramos actuado así quizá hubiera cambiado un poco la historia. Es ahora cuando la estamos cambiando, cuando vemos cómo otras feministas más jóvenes levantan la bandera de las trabajadoras sexuales.

 

¿Sería mucho soñar con una ley que regule el trabajo sexual?

 

Por Amarú Varela

3 de febrero de 2021

https://www.aimdigital.com.ar/politica/sera-mucho-soar-con-una-ley-que-regule-el-trabajo-sexual.htm

 

 

Por Amarú Varela, de Revista PPV, especial para AIM. Primero, aclaremos que se entiende al trabajo sexual como el intercambio simultáneo o inmediato y autónomo de servicios de índole sexual a cambio de una retribución para beneficio propio, pero que el concepto se modifica a través del tiempo y las sociedades.

Segundo, es necesario diferenciar la despenalización de la legalización: la primera significa eliminar las leyes y políticas que penalizan o sancionan el trabajo sexual. La legalización, por otro lado, plantea la regulación expresa de una determinada situación de hecho para darle un marco normativo, a fin de resguardar los derechos de les trabajadores sexuales.

Desde los años 70, las trabajadoras sexuales, para que su milenario oficio fuera considerado un trabajo legal, en diversas partes del mundo armaron conferencias y encuentros internacionales en diversas partes del mundo para debatir sobre sus condiciones de regulación, e incluso algunas hicieron huelgas de hambre y amenazaron con dar a conocer el nombre de sus clientes.

Hasta mediados de la década de los 80´ hubo progresos en distintos frentes: sindicalización, derogación de leyes discriminadoras, debates sobre la libertad sexual y establecimiento de alianzas con otros movimientos y grupos.

Pero a partir de los años 90, el avance se frenó en muchos países y por distintas cuestiones, en su mayoría por la presión de la Iglesia Católica y grupos de derecha, junto con los gobiernos neoliberales que se limitaban a negar derechos sociales y laborales.

Pese a que se fueron debilitando los procesos de autoorganización de les trabajadores sexuales, en varios países, algunos grupos han seguido reivindicando su quehacer como una cuestión laboral, y han desarrollado diversas estrategias para obtener los derechos correspondientes.

El por qué de la necesidad de una Ley del Trabajo Sexual

Legalizar el trabajo sexual, traería beneficios a les trabajadores sexuales y también límites para aquellos que no sólo se benefician —directa o indirectamente— de ese mismo trabajo (por ejemplo, los policías que exigen coimas a les trabajadores en una clara extorsión), sino que además violan los derechos humanos de les trabajadores sexuales mediante el maltrato al que son sometidas a diario.

Si pensamos en la normalización del trabajo sexual autónomo, mediante su regulación por una ley nacional, podemos fundamentar esta decisión por tres ejes fundamentales: primero, el trabajo sexual es una cuestión de libertad individual y autonomía de las mujeres y de les trabajadores sexuales; segundo, las mujeres y les trabajadores sexuales tienen derecho a ofrecer sus servicios sexuales (equiparándolo a cualquier otro servicio que se pueda ofrecer en un mundo capitalista donde ponemos el cuerpo a diario para ganar lo que llamamos “salario” y que sólo alcanza para subsistir) y, por último, regular este servicio garantizará el reconocimiento de derechos humanos básicos de las mujeres y trabajadores sexuales que eligen esta actividad diariamente.

Así, Georgina Orellano, como titular de Ammar (Asociación de Meretrices de la República Argentina) a nivel nacional, hace hincapié en que la lucha del colectivo es la lucha de cualquier trabajador o trabajadora: una obra social, el acceso al crédito y a una cuenta bancaria para ingresar al sistema formal de bancarización, y sobre todo una situación laboral digna, libre de discriminación y de agresiones.

En nuestro país son aproximadamente 80.000 las personas que ejercen el trabajo sexual, las que en su mayoría son jefas de hogar.

Además, la legalización llevaría a una mejora de la situación sanitaria de este colectivo y le permitiría contar con elementos de cobertura estándar del mercado laboral, como seguros, programas de salud, seguridad ocupacional, y reglas de comercio justo. Además, un reclamo que se agudizó en tiempos de pandemia, fue la necesidad de acceder a una vivienda digna que tiene el colectivo de les trabajadores sexuales, lo cual es casi imposible, ya que las condiciones para alquilar vivienda son muchos más estrictas para estas personas debido a que no cuentan con recibos de sueldo ni constancias de ingreso alguno.

Una ley en este sentido garantizaría el libre ejercicio de la actividad en el territorio nacional y separaría a la actividad lícita de delitos, como son la trata de personas y la explotación sexual por parte de proxenetas.

Además, se brindaría un marco legal al trabajo sexual donde les trabajadores podrían acceder a derechos actualmente vedados.

¿No dice nuestra Constitución Nacional en el Art. 19 que “las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”?

Haciendo una interpretación conjunta con la del art. 15 de la Ley de Profilaxis N.º 12.331 (de 1936) que explicita que “queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella, con excepción de aquellos cuyo funcionamiento fuera autorizado por la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social con aprobación del Ministerio del Interior. Estas autorizaciones sólo deberán otorgarse atendiendo a necesidades y situaciones locales, limitando su vigencia al tiempo que las mismas subsistan, con carácter precario, debiendo los establecimientos autorizados sujetarse a las normas sanitarias que se impongan por la reglamentación” y su artículo 17: “Los que sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas de tolerancia, serán castigados con una multa (…). En caso de reincidencia sufrirán prisión de 1 a 3 años, la que no podrá aplicarse en calidad de condicional”, entendemos por el simple ejercicio del trabajo sexual autónomo por la mujer u hombre en su domicilio privado, en forma individual e independiente y dentro del marco de la privacidad personal, sin afectar el orden público, la moral y las buenas costumbres, no constituye violación a los mencionados artículos.

El trabajo sexual en los Códigos Contravencionales argentinos y su anacronismo

Es sabido que a les trabajadores sexuales se les sigue deteniendo y dejando preses por muchos días (desde cinco hasta 20 o 30 días como lo prevé la contravención en Provincia de Buenos Aires) sólo por el hecho de ejercer el trabajo sexual en la calle. Este mecanismo de crimininalización del trabajo sexual tiene una base legal que está en jaque desde hace varios años y que es necesario reformar para evitar los abusos policiales actuales.

Existen grandes discusiones acerca de la constitucionalidad de los códigos contravencionales de nuestro país. A lo largo de los años, diversos actores sociales y políticos se han encargado de afirmar que los códigos contravencionales y de faltas fomentan y legitiman violaciones a los derechos humanos, vulnerando las garantías constitucionales y los Tratados Internacionales en la materia. No sólo porque criminalizan conductas que no lesionan bienes jurídicos específicos, sino porque —en algunos casos— permiten que determinadas acciones sean castigadas sin siquiera la intervención de un juez o un defensor, operando a modo de trámite administrativo e incumpliendo con el debido proceso legal.

Las faltas y contravenciones son conductas sancionadas con menos lesividad que implican una transgresión menor a los cánones de la vida común. Esta legislación está bajo la potestad de las provincias argentinas. Es decir, son estas las encargadas de su redacción, sanción y juzgamiento. En algunas provincias no existen juzgados contravencionales, por lo que el Poder Judicial no interviene en la imposición de este tipo de pena, que aunque menor, no deja de ser un castigo estatal.

El trabajo sexual ejercido libremente no es penalizado por el Código Penal de la Nación Argentina, es decir, la prostitución libre no es un delito. Sin embargo, desde el comienzo de la redacción de los Códigos de Faltas y Contravenciones provinciales, se ha incorporado el ejercicio de esta actividad como una conducta perseguida y castigada con arresto, multa y quizás —en los códigos más modernos— con trabajos comunitarios.

La realidad muestra que la mayoría de les trabajadores sexuales se ven sometidas a arbitrariedad y discriminación del poder policial y judicial mediante la imposición de la pena —en la mayoría de los casos— de arresto o multa.

Además, alrededor de la penalización de la prostitución existen otras conductas castigadas como es el hecho de “circular por la vía pública con ropa indecente, el travestismo y el homosexualismo”, conductas que claramente hablan del anacronismo que presentan los códigos y la gran carga de corrección social que sostienen. Este tipo de faltas y contravenciones, muchas veces van de la mano con la criminalización del trabajo sexual del Colectivo Travesti y Trans, que desde hace largo tiempo reclama el libre ejercicio de sus derechos y la adecuación de la legislación heteronormativa.

Por estas cuestiones, vemos que la legislación prohibicionista del trabajo sexual lo único que genera es la estigmatización y criminalización de un trabajo válido, resultado de la libre elección de las trabajadoras sexuales. En cuestión de derechos, no puede permitirse una solución moral.

Un Registro para les Trabajadores Sexuales

Como avance para el reconocimiento del trabajo sexual también es necesaria la creación de un Registro de Trabajadores Sexuales. Este registro debería tener como objeto relevar a les trabajadores sexuales y tener información sobre sus ingresos, condiciones laborales, habitacionales y de seguridad social, entre otros.

Como antecedente podemos mencionar el registro uruguayo que dio resultados positivos, ya que les trabajadores sexuales luego de inscribirse -respetando los requisitos legales para ser trabajadora sexual- obtienen una libreta sanitaria, que les permite la atención médica y que, además, sirve como documento para poder demandar en instancias judiciales a los clientes que no cumplen con la prestación en el intercambio del servicio sexual. Es un claro reconocimiento del trabajo sexual autónomo con herramientas que permiten la defensa de sus derechos.

En el mes de junio de 2020, el Ministerio de Desarrollo Social, al anunciar el lanzamiento del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep), había incluido la categoría de “trabajadores sexuales”, lo que devendría en uno de los primeros reconocimientos institucionales a esa actividad en nuestro país. A las pocas horas, el Ministerio dio marcha atrás con la medida.

Fallos con Perspectiva de género a favor de les trabajadores sexuales

En el año 2012, el Tribunal Oral Criminal de La Plata hizo lugar en la Causa 1910, a una acción de amparo interpuesta por Ammar a favor de les trabajadores sexuales de la Provincia de Buenos Aires, reconociendo el trabajo sexual como trabajo autónomo y declarando la inconstitucionalidad del art. 68 del decreto ley 8031/73 (Código de Faltas de Buenos Aires). En el fallo se exhortó al ministerio de Seguridad de esa provincia para que apliquen debidamente la ley 13.482 a fin de que el personal policial no discrimine al colectivo de les trabajadores sexuales.

Lo importante de este fallo es que el tribunal se encargó de sentenciar que la prostitución no es un delito, y que con la norma antes mencionada solamente se castiga “a quien honestamente ejerce la prostitución”. Así, la prohibición se dirige a sancionar acciones privadas y la moral pública no puede ser el patrón para medir estas acciones. El tribunal además afirmó que la “oferta de sexo por sí misma carece de entidad suficiente para configurar el daño a terceros que se debería exigir para prohibirla legítimamente sin afectar el principio de reserva ni legalidad”. Además, se dijo que el articulo 68 afectaría al artículo 18 y 19 de nuestra Constitución Nacional, en una clara violación del derecho de libertad, dignidad, por cuanto restringe la posibilidad de elección y de acción de la persona humana, avasallando la igualdad y la no discriminación.

En el año 2015, la jueza Natalia Molina, del Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, declaró ilegítimo el procedimiento del Gobierno porteño para imponer la clausura y multas en domicilios de trabajadoras sexuales y sostuvo en el fallo que la falta de regulación es una deuda con la sociedad para con este colectivo de trabajadores.

La inexistencia de una ley nacional sobre el trabajo sexual autónomo facilita la violencia policial, el abuso y la extorsión, y perpetúa el estigma y la discriminación que sufren les trabajadores sexuales a manos de funcionarios públicos, prestadores de atención médica y la comunidad en general.

Las sanciones punitivas contra el trabajo sexual también perpetúan estereotipos negativos que impiden el acceso de les trabajadores sexuales a servicios de atención médica y a una vivienda adecuada, y hacen que trabajen en condiciones más precarias. Además, el temor de les trabajadores sexuales hacia las autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes también merma su capacidad de buscar protección frente a la violencia y el delito.

Podemos elegir entre un derecho al trabajo sexual autónomo reconocido o un trabajo clandestino, con sus violencias y sus violaciones de derechos humanos; podemos elegir entre el reconocimiento de derechos o la persecución policial y judicial de les trabajadores sexuales; podemos elegir entre un trabajo registrado o la coima y la extorsión policial; podemos elegir entre reconocer y ampliar derechos o simplemente negarlos.

Dice Gerda Lerner: “cuando en el proceso de lucha, y en ciertos momentos históricos, las mujeres toman conciencia de las contradicciones de su relación con la sociedad y el proceso histórico, las perciben correctamente y las denominan privaciones que ellas comparten en cuanto a que son un colectivo. Esta toma de conciencia de las mujeres se convierte en la fuerza dialéctica que las empuja a la acción a fin de cambiar su condición y entablar una nueva relación con una sociedad dominada por los varones”. Eso misma pasa con la lucha feminista de las trabajadoras sexuales.

 

En la piel de Natasha, de prostituta a trabajadora sexual virtual

Tiene 29 años y pasó de la prostitución autogestiva a vender contenidos eróticos en las redes. Reivindica a las putas, reclama derechos y critica a un sector del feminismo que no incluye a las trabajadoras sexuales: “Me pajeo, me grabo y lucro con eso. Hay gente que tiene hasta la paja clandestina”.

 

Por Exequiel Svetliza 

26 de octubre de 2020

 
 

Natasha y su erotismo 2.0.

 

Hace seis años, Natasha subió sus fotos a una web que promociona acompañantes en Tucumán y ofreció por primera vez servicios sexuales. Lo hizo con mucho miedo y también vergüenza, por lo que había escuchado, el mundo de la prostitución era un universo oscuro y peligroso. Encuentros sin testigos en moteles de luces escarlata, el roce trémulo de dos cuerpos que se encuentran en la penumbra, las miradas inquisidoras de la sociedad y los prejuicios sobre un trabajo al que llaman el oficio más antiguo del mundo, pero sigue en la clandestinidad. Natasha cambió las citas por las pantallas y su historia marca una transformación que va de la prostitución al trabajo sexual y del trabajo sexual al trabajo sexual virtual. Tras años de aprendizaje y empoderamiento, para la joven hoy la palabra puta es motivo de orgullo.

“Mis inicios fueron de forma independiente, siempre en la autogestión. Me metí sin entender mucho y sin que nadie me explique nada. Era un mundo completamente desconocido y con muchos prejuicios. Uno piensa que es un mundo muy sombrío, con gente sombría, fea, que la vas a pasar mal y te van a hacer cosas horribles. La verdad que hay de todo, gente más agradable y menos agradable. Pude establecer vínculos copados que no dejaban de ser pagos. Es mucho más que sexo”, cuenta la mujer de 29 años que nació en Salta, pero desde hace 14 años vive en Tucumán. Con el tiempo, Natasha abandonó el rótulo de prostituta por uno con el que se identifica y al que reivindica: trabajadora sexual, categoría que incluye a strippers, trabajadoras presenciales y virtuales como ella en el presente.

En octubre pasado, Natasha dejó los encuentros personales para iniciarse como trabajadora sexual en el mundo de las redes sociales, pero no reniega de su pasado como acompañante de la vieja escuela: “Me acuerdo de ir a los hoteles del centro donde la luz era tan roja que no llegabas a divisarle la cara a la otra persona. A eso sumale esa adrenalina de no saber quién era esa persona, era una adrenalina bastante fuerte. Con la experiencia fui generando conexión con muchísimos clientes. Era importante sentirme bien yo también y en el camino dejar gente con la que no me sentía bien, aunque muchos te digan ‘¿qué mi plata no vale?’. También sé que hay compañeras que no han tenido las mismas posibilidades que yo”. La trabajadora sexual se encarga de desmitificar viejas miradas y prejuicios acerca del oficio: “No es tan fácil como lo ven desde afuera aquellos que dicen que es plata fácil, son encuentros de cuerpos, intercambios de energía. Es más complejo que sacarte la ropa, tener sexo y retirarte… Es mucho más que eso”.

“La carga social de la palabra puta es muy negativa y quitarle esa carga negativa es empoderarte. Al principio, sufría de pánico y no quería entrar a un restaurante o a un negocio por esa vergüenza que te impone la sociedad desde los mandatos. Antes decía no soy puta, hoy ya no. Cuando me liberé de eso, empecé a caminar con la cabeza erguida porque no tenía nada de malo lo que hacía. A mí me ha llevado tiempo y estaría bueno que seamos más las que digamos: sí, yo soy puta o trabajadora sexual. Es sexo consentido y un servicio por el cual nos pagan. Nosotras queremos nuestros derechos”, comenta Natasha quien desde hace cuatro años está afiliada a la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) desde donde viene militando para que se las reconozca como trabajadoras, un derecho que el Estado les viene negando desde siempre.

Hoy las trabajadoras sexuales siguen condenadas a la clandestinidad porque no pueden registrarse formalmente como trabajadoras y no tienen acceso a las obras sociales ni pueden jubilarse. En junio pasado, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación había lanzado el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP) en el que incluía entre sus categorías a trabajadores sexuales. La noticia fue celebrada entre los trabajadores del sector como el primer paso de una reivindicación histórica. Sin embargo, grupos abolicionistas de la prostitución no tardaron en presionar y la opción fue dada de baja al día siguiente. “Con el ministro (Daniel Arroyo) coincidimos de acuerdo a nuestra legislación y los convenios internacionales que la prostitución no es trabajo. El formulario ya fue bajado”, celebró desde su cuenta de Twitter Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia a las Víctimas. Para los trabajadores sexuales fue un baldazo de agua fría. “Este es un tipo de trabajo que debería reglamentarse porque es una realidad que existe y va a seguir existiendo. La clandestinidad no es un buen lugar para nadie. Eso te lleva a una situación de marginalidad porque no podés justificar ni siquiera tus ingresos y no te queda otra que mentirle al sistema. Negarnos derechos es violento y fue muy doloroso escuchar en el grupo del sindicato que pasaron de la emoción al llanto. Nos dieron los derechos sólo por un rato y después nos lo quitaron”, comenta Natasha.

Según explica la joven, como una de las pocas representantes de AMMAR en Tucumán, durante la pandemia participó de colectas para colaborar con las compañeras que trabajan en la calle y que, debido a las medidas sanitarias, no pueden salir a ejercer el oficio como lo hacían habitualmente: “Hay chicas que, si no trabajan, no comen”. Muchos clientes contribuyeron para paliar una situación que hoy es crítica para gran parte del sector. “La trata de personas existe y no lo voy a negar, pero estamos hablando de personas mayores de edad que eligen esta opción de trabajo dentro de un sistema capitalista. Yo entiendo que hay víctimas de la trata, pero no todas somos víctimas y acá hay fundaciones que no fueron a ayudar a las putas, sino que fueron contra las putas”, remarca la trabajadora sexual.

Así como las trabajadoras del rubro se sienten desamparadas por un Estado que no las reconoce como tales, según Natasha, también dentro del movimiento feminista que viene luchando por los derechos de las mujeres hay militantes que las excluyen. “Yo pensé que el feminismo era toda una hermosura, pero vi que había un feminismo que te criticaba y te degradaba por generar un dinero y capitalizarte con tu capital erótico. Dentro del movimiento hay militantes que son pro putas, pero también algunas que son muy abolicionistas y que se alteraron y la verdad, no entiendo, por qué este es un tema tan polémico. Está el lema ‘todas con las putas, nadie con la yuta’ que es de un feminismo nuevo, pero después no se acercan a las putas. Ahí veo una contradicción en el relato”, revela.

¿A vos te parece hacer eso? ¿No tenés otras opciones? ¿Si vos tuvieras una hija te gustaría que sea puta? Esas y otras más son preguntas comunes que les suelen hacer a las prostitutas y que Natasha siente que no le hacen a otras trabajadoras como una empleada doméstica o una taxista. Para ella, el debate por la regulación del trabajo sexual, en el fondo, no es muy distinto del que se lleva adelante acerca de la legalización del aborto. De acuerdo con esta perspectiva, el no reconocimiento de la prostitución como un trabajo no lo elimina, sino que lo margina a la clandestinidad: “Siento que es un movimiento que no nos incluye por el momento y desde Tucumán se hace todo más difícil y más complicado. Muchas juzgan lo que hacemos con nuestro capital erótico y nuestros cuerpos. Así como debería poder elegir respecto a la maternidad, también debería poder elegir trabajar con mi cuerpo”.

Sexo virtual: Mucho más que fotos en bolas

En un mundo donde todo parece haberse virtualizado a causa de la pandemia, el sexo no es la excepción y Natasha se adelantó a estos tiempos de erotismo en las pantallas. Para ella fue otra manera de indagar en la propia sexualidad y de explorar nuevas formas del trabajo sexual: “Vi que había toda una movida de venta de contenido sexual en las redes y dije voy a incursionar a ver qué onda. Empecé a vender contenidos pensando que era sacarme fotos en pelotas y después descubrí que no era así”.

“Las que elegimos esta modalidad estamos trabajando con el sexo, con nuestra genitalidad, con el deseo, con la fantasía, con muchas cosas que tienen que ver con lo erótico. Empecé vendiendo algunas fotos y videos cortitos. Ahora me pajeo, me grabo y lucro con eso. Hay gente que tiene hasta la paja clandestina. La verdad es que todos nos pajeamos, ya me pajié en la intimidad y ahora es público y lo vendo. Es ese goce de que yo elijo compartir esa intimidad y además la capitalizo”, comenta Natacha que, a medida que fue incursionando en la virtualidad, también fue profesionalizándose para hacer fotos y videos de mayor calidad. Y aunque para algunos puede llegar a sonar hasta utópico masturbarse para ganarse la vida, lo concreto es que las cámaras y las redes no son para cualquiera: “Es un trabajo que es muy esclavo de la tecnología, todo el tiempo tenés que estar generando contenido y te lleva muchas horas. Es algo que requiere de bastante invención para hacerlo de manera profesional”.

En la nueva normalidad impuesta por el coronavirus, aumentó de manera exponencial la demanda de contenidos sexuales pagos. Natasha estima que tiene un 50% más de clientes que antes de la pandemia. Un efecto parecido se ha producido también con la oferta, ya que muchas trabajadoras sexuales, incluso personas que nunca habían hecho trabajo sexual, se volcaron a esta modalidad: “Muchas dijeron no llego a fin de mes ¿qué hago? Y se metieron a la virtualidad”. La joven promociona sus servicios a través de su cuenta de Instagram y de Twitter y los contenidos pueden ser intercambios de videos y fotos en tiempo real a través de WhatsApp o de Telegram, videollamadas en vivo y videos personalizados. También hay plataformas especializadas en este tipo de contenidos que monetizan las vistas y suscripciones como OnlyFans y Celeb TV. Los valores varían de acuerdo a la extensión y al tipo de video y arrancan en alrededor de 2000 pesos.

Los clientes pueden cumplir algunas de sus fantasías y fetiches más ocultos, siempre y cuando Natasha acceda, claro. Pueden elegir prendas, poses y prácticas donde el límite siempre es el consentimiento: “En un momento intenté realizar dominación virtual, una variable del sadomasoquismo porque hay hombres a los que les encanta ser humillados, pero intenté y no me salió, no es mi rol”. También aclara que no es sólo cuestión de vender el material, sino que es fundamental establecer un vínculo empático con los clientes.

“Me ha pasado que los clientes me digan: para eso busco porno, pongo tal cosa y me hago una paja, pero las plataformas de porno que no es casero venden algo que es ficticio. Yo banco mucho lo que es el porno casero autogestivo porque la gente tiene muy limada la cabeza con el porno industrial y se queda con esa imagen de cosas que no pasan en la vida real. En ese porno pasan cosas muy estrambóticas, pero son cosas que son sumamente ficticias y esas actrices jamás en tu puta vida te van dedicar un minuto de su atención. Esto es otra cosa porque también está como esa adrenalina del contacto con la otra persona, siempre hay una conversación previa y se genera un vínculo”, destaca la trabajadora que pasó de los encuentros en hoteles sin testigos al sexo en banda ancha. Acaso continuará siendo el oficio más antiguo del mundo, pero como el mundo mismo también cambia. Todo cambia.

Impulsan el blanqueo de las trabajadoras sexuales

La propuesta tiene el apoyo de la Dirección de Diversidad de Neuquén.

Por Natalia Pérez Pertino

22 de octubre de 2020

https://www.lmneuquen.com/impulsan-el-blanqueo-las-trabajadoras-sexuales-n741486

 

El sobreseimiento de Teresa Godoy, “la Tere”, su hijo Líder Godoy y Alfredo Crespo abrió la puerta para el debate sobre si la prostitución debe legalizarse. Es que lo que dictaminó un juez con su fallo fue que las pruebas presentadas acreditan una forma de trabajo asociado y no que haya víctimas del delito de facilitación de la prostitución. Al respecto, tanto el director provincial de Diversidad de Neuquén como el defensor de Crespo apuntaron que la legalización es una forma de brindarles seguridad y derechos a quienes eligen libremente ejercer la prostitución como su trabajo.

 “Como referente político creo que se debe debatir, pero no clausurando las opiniones distintas. No hay que bajarles la persiana, sino escucharlas y acompañarlas. Escuchar todas las voces y encontrar una solución”, sostuvo Adrián Urrutia, el director provincial de Diversidad de Neuquén.

En este sentido, destacó que, sea por el motivo que sea, esas mujeres y también algunos hombres eligen ejercer el trabajo sexual y que el dinero obtenido es un principal o único ingreso económico, por lo que ese trabajo “debería ser regularizado”.

La propia Tere habló de la libertad de elección de las trabajadoras sexuales para ejercer la prostitución. “Los que creen que todas las trabajadoras sexuales estamos en condición de trata es porque creen que nosotras no somos mujeres pensantes”, destacó, y agregó: “Negar un derecho a una trabajadora sexual es sumergirla en la clandestinidad y es ahí donde prospera la trata de personas”.


El debate debe darse en la sociedad y entre los legisladores para buscar una solución para quienes eligen el trabajo sexual como profesión.


Sobre esta línea se expresó el defensor oficial Fernando Diez, que en esta causa ejerció la defensa de Crespo. “Hay que diferenciar la trata de personas de la facilitación de la prostitución. La primera es la falta total de libertad de elección y la segunda dice que, pese a que haya consentimiento, son víctimas. Pero hay que fundar muy bien por qué es igual víctima”, expresó.

En este caso en particular, el propio juez sostuvo en su fallo que la fiscalía no acreditó que las demás mujeres sean víctimas de ese delito. Para Diez, esa figura penal es inconstitucional porque “dice que no importa que la persona quiera. Entonces no está claro qué se tutela y termina siendo el Estado que defiende una moral, cuando no puede, sino que cada persona tiene que poder elegir”.


“No es que seamos fanáticos del trabajo sexual, pero lo cierto es que hay una realidad, una elección de querer trabajar de eso, por lo que ese trabajo debería ser regularizado” – Adrián Urrutia, director provincial de Diversidad de Neuquén


Tanto Urrutia como Diez hicieron hincapié en que la discusión de la legalización debe darse porque, de lo contrario, privar de todo a los trabajadores sexuales es llevarlos a la calle, a trabajar en solitario y sin seguridad. “Es un debate que tiene que darse. Tiene que haber una regulación que les permita derechos y seguridad, así como cierta tranquilidad para poder trabajar”, sostuvo Diez, y destacó que no hacerlo es “discriminación”.

“La mujer que elige ser prostituta y elige organizarse es para correr menos riesgos. No se las puede penar por elegir contratar a alguien para que sea encargado de la seguridad o la referente del lugar, poniendo su nombre en el contrato de alquiler o de los servicios, como Teresa Godoy en ese caso”, explicó Diez al respecto, y agregó: “El tema es que lo que está de fondo es una condena moral y, como Estado, no se puede obligar a nadie”.

Es por ello que si bien la defensa de los tres acusados no solicitó el sobreseimiento, sí habían dejado en claro esta postura sobre el trabajo asociado de las trabajadoras sexuales. Además, Diez celebró el fallo y, en caso de ir a Impugnación, insistirán en esta postura.


“El fiscal dice que el bien jurídico tutelado es la moral y ahí creo que se equivocó, porque el Estado no puede penar a nadie por una elección personal de trabajo” – Fernando Diez, defensor público, quien ejerció la defensa de Alfredo Crespo


“Creo que el sobreseimiento está bien fundado. Muchos de los fundamentos los había expuesto yo cuando se hizo la formulación de cargos, como por ejemplo el tema de que un trabajo asociativo no podría constituir un delito”, confió.

Este informe pretende abrir un debate para mostrar las distintas voces de la sociedad respecto de la legalización de la prostitución, las que son bienvenidas.

Teresa Godoy: «Somos putas y queremos trabajar de putas»

Tras ser sobreseída por promoción y facilitación de la prostitución, rompió el silenciopidió que se legalice el trabajo sexual.

Por Guillermo Elía

20 de octubre de 2020
https://www.lmneuquen.com/teresa-godoy-somos-putas-y-queremos-trabajar-putas-n740914

 

Teresa Godoy, más conocida como “la Tere”, delegada neuquina de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) rompió el silencio tras ser sobreseída en una causa por facilitación y promoción de la prostitución y disparó contra la hipocresía y discriminación que hay sobre la profesión más vieja del mundo. Además, reclamó la legalización del trabajo sexual.

“No soy ninguna regenteadora como dijo la fiscalía, soy una trabajadora sexual precarizada. Con lo que sacamos todas las compañeras pagamos los distintos gastos como alquiler, preservativos, impuestos y demás”, comenzó aclarando la referente de AMMAR.

La Tere, luego se sumergió de lleno es su histórico reclamo: “Somos puta y queremos trabajar de putas. Yo tengo trabajo, no necesito trabajo. Nos gusta ser putas, déjennos ser putas”, enfatizó la mujer que desde joven eligió vivir y trabajar con su cuerpo.

“Hay gente que sostiene que nos quieren rescatar y sacarnos de la actividad y nosotras queremos trabajar de esto, sino estamos yendo en contra de nuestras propias decisiones y elecciones”, resumió.

Luego, agregó: “no se blanquea la prostitución y se niega un derecho a un colectivo que hace rato que viene reclamando. Eso nos permitiría estar seguras y protegidas por el Estado. No entendemos por qué nos convierten en víctimas de algo que elegimos nosotras”.

Trata de personas

Uno de los ejes del debate que hay entorno a la prostitución es la trata de personas. Para la dirigente de AMMAR, la clandestinidad de la actividad es la que fomenta la trata con fines sexuales.

“Los que creen que todas las trabajadoras sexuales estamos en condición de trata, es porque creen que nosotras no somos mujeres pensantes. Es más, nosotras somos maquiavélicamente inteligentes porque sabemos vivir de la calle, elegimos y sobrevivimos todos los días pese a todas las adversidades”, destacó.

“Pero negar un derecho a una trabajadora sexual es sumergirla en la clandestinidad y es ahí donde prospera la trata de persona”, afirmó la mujer.

“No necesitamos un tutelaje, necesitamos derechos para que no continúe la violencia hacía nuestro colectivo que es una de las profesiones más viejas del mundo. Lo que ocurre, es que se cree que las partes íntimas son sagradas y no pueden ser mecanizadas como una herramienta de trabajo”, analizó Godoy.

De políticos consumidores

“Los que nos tendrían que dar derecho y sentarse en primera fila son los políticos porque ellos consumen. Ellos nos tendrían que pedir que les presentemos un proyecto de ley para analizarlo y aprobarlo. Porque hay un montón de estigma y discriminación hacía el trabajo sexual”, disparó la delegada neuquina.

“Es doloroso sobrevivir ante tanta hipocresía social, donde muchas veces se encargar de levantarte calumnias, mandarte encana y negarte derechos”, explicó.
“El sueño nuestro es que se regule nuestro trabajo, poder pagar nuestros aportes y el día de mañana cuando una compañera quiera retirarse, poder contar con una jubilación”, contó lo que hoy es prácticamente una utopía que es eje se su lucha.
Entre las incomodidades que le genera tener un trabajo no legalizado, la Tere confió: “nosotras cuando vamos a la AFIP tenemos que mentir y decir que somos economía popular. La otra vuelta, en Acción Social, en la página web, se puso en un listado el trabajo sexual y a las dos horas lo sacaron. Es como que no nos quieren en ningún lado”.

“Sería grandioso para nosotros poder ir a solicitar un crédito habitacional a partir de nuestra actividad y pagar todo como corresponde. Es un sueño muy difícil porque todavía siguen escondiendo nuestro reclamo bajo el tapete”, aseveró la trabajadora sexual.

Alquiler con favores

Salir a buscar alquilar se puede transformar en toda una odisea para las trabajadoras sexuales. Cuesta mucho conseguir una casa o un departamento en una zona más o menos accesible para poder trabajar.

A esto se suma que dar garantías o un recibo de sueldo, para las mujeres que tienen un trabajo no blanqueado es todo un tema que muchas veces se termina resolviendo con algunos favores.

“Muchas veces, cuando se alquila un local o un departamento, como no tenemos para presentar un recibo de haberes se nos complica, salvo que algún amigo o amiga nos den una mano. Pero, por nuestra actividad, los dueños suelen hace uso y abuso a la hora de alquilarnos. Como estamos tan vulneradas y necesitamos el espacio físico para trabajar terminamos accediendo a pagar mucho más caro o incluso tener que brindarle favores sexuales, pero como es tanta la necesidad encima estamos agradecidas porque nos alquila. ¡Mirá vos!», confesó con pesar.

Pandemia y ayuda social

Con el aislamiento social decretado el 20 de marzo, la situación de las trabajadoras sexuales se complicó bastante, ya que muchas viven al día.

Pese a las restricciones y el distanciamiento, lentamente las mujeres optaron por volver a la actividad a riesgo de sus vidas. Incluso muchos clientes estaban ansiosos por retomar el contacto comercial.

“Algunas compañeras han seguido trabajando en tiempo de pandemia, de hecho, hubo allanamientos de la policía a varios locales”, recordó Godoy.

“En mí caso, respeté durante casi 60 días el aislamiento, pero después tuve que salir a trabajar porque me quedé sin ahorros y como las cuentas no esperan tuve que volver a batallar a riesgo de la vida”, confió la mujer que sabe que por sacar el día podría contraer coronavirus.

Pese a la dramática situación que atraviesan las mujeres que viven de su cuerpo reciben una ayuda vital del organismo que lidera Adrián Urrutia.

“Nosotras tenemos una gran ayuda que nos da la Dirección de Diversidad que nos entrega 10 bolsones de alimentos por mes. No es mucho porque somos unas 100 trabajadoras sexuales, que están muy precarizadas, por lo que tenemos que seleccionar como los repartimos, pero es una ayuda al fin”, destacó la Tere.

Sobrevivir en la calle

Con algunos cuidados, la Tere, advirtió: “a mí me acusaron porque no accedo a las coimas, porque soy pensante. Hay que entender que soy clase obrera y encima trabajo con mi concha”.

En la actualidad, Teresa Godoy no quiere hablar de los negocios oscuros que deben soportar por vivir prácticamente en la clandestinidad ya que sobrevivir en la calle es un oficio de riesgo donde son muchas las complejidades que interactúan. “Hoy en día voy a ser más políticamente correcta, en algún momento contaré todo”, cerró la charla con la promesa de continuar.

El caso: De la acusación al sobreseimiento

El 31 de agosto de 2019 tras una investigación conjunta entre la Policía y la fiscalía que incluyó observaciones y escuchas, se allanó un prostíbulo ubicado en calle San Martín al 600. En el interior había 13 trabajadoras sexuales, argentinas y dominicanas.

Teresa Godoy y su encargado de seguridad Alfredo Crespo fueron acusados del delito de facilitación de la prostitución., fue detenida y procesada por facilitación y promoción de la prostitución. Luego, la fiscalía acusó a Líder Godoy por ser una pieza clave para prestar colaboración a su madre.

El juez Gustavo Ravizzoli los sobreseyó entendiendo que no había elementos suficientes que reforzaran la acusación de la fiscalía

 

Georgina Orellano: “Luchamos para que las políticas contra la trata de personas no criminalicen a las trabajadoras sexuales”

En el Día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños, la Secretaria General Nacional de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina reflexiona sobre el resultado de estas políticas.

 

23 de Septiembre de 2020

http://fenix951.com.ar/nuevo_2013/noticia.php?id=175093

 

 

  • «Lo que hizo fue quitar la idea del consentimiento y anular la voluntariedad de la persona a la hora de ejercer la prostitución. Eso ha generado que nuestras voces de deslegitimen y que nuestros testimonios sean puestos en duda.»
  • «Eso se tradujo a nuestras vidas como mayor criminalización y persecución. Hoy frente a cualquier denuncia anónima la policía puede ingresar al domicilio particular de las trabajadores y los trabajadores sexuales sin tener una orden judicial.»

 

Georgina Orellano es la secretaria general nacional de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) y defensora de los derechos de las trabajadoras sexuales.

Además, es una de las referentes de la posición que divide al feminismo actualmente en términos de abolicionismo y regulacionismo de la prostitución.

Y en este sentido es que en exclusiva cuestiona la efectividad de los discursos a partir del Día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños.

¿Por qué crees que a las trabajadores sexuales sólo se las reconoce como víctimas de explotación?

Las direcciones municipales, provinciales y algunos sectores del feminismo tienden a recordar este día haciendo charlas, afiches y el mensaje que lanzan, algunos intencionalmente y otras sin profundizar en el debate que existe hace muchísimo tiempo dentro de los feminismos, es que equiparan el trabajo sexual con la trata de personas.

Eso termina anulando nuestro poder de agencia, nuestra voluntariedad y poniendo en duda nuestro consentimiento. Para nosotras eso implica desconocer que hay trabajadoras y trabajadores sexuales que luchando desde hace más de 25 años por el reconocimiento de nuestro trabajo y para salir de la clandestinidad.

Y justamente para que las políticas que se implementen en la lucha para combatir la trata de personas no sean políticas que nos terminen criminalizando como ha sucedido y como sigue sucediendo. Con la modificación de la ley de trata y con todas las ordenanzas municipales y decretos provinciales de prohibición de cabarets, whiskerías y casas de cita.

De hecho la prohibición de ejercer el trabajo sexual llega a cualquier ámbito privado. Esto significa incluso los domicilios particulares de nuestras compañeras. Entonces creo que es un día para cuáles fueron los resultados de estas políticas. Para que se haga una distinción entre lo que es la trata de personas con fines de explotación sexual y el trabajo sexual.

Y se repiense y replantee qué pase con la trata en otros mercados laborales como la trata textil o la rural, que parecen ser cuestiones que a un sector del feminismo no las interpela tanto.

Haces mucho hincapié sobre la invisibilización de la trata textil y la rural…

Yo siempre hablo de la trata textil y rural, y trato de poder interpelar desde ese lugar porque creo que lo que deja en evidencia es la moral.

Esa explotación que padecen los y las trabajadoras textiles en talleres clandestinos, las formas hacinadas en la que trabajan los peones rurales, donde además en muchas oportunidades también viven, en condiciones insalubres y de casi esclavitud.

No decimos sin cliente no hay trata cuando nos compramos una indumentaria a pesar de que es sabido y de público conocimiento que detrás de grandes marcas de ropa hay mano de obra barata y de compañeros de la colectividad boliviana, paraguaya, peruana, costureras y costureros que pasan casi 24 horas cosiendo por un valor mínimo.

Este tipo de explotación no nos interpela como sociedad. Lo mismo ocurre con la trata rural, si conociéramos las condiciones de los compañeros yerbateros en Misiones, no tomaríamos más mate. Es importante que nos replanteemos cuáles son los slogans que seguimos repitiendo y criminalizando aún más a las trabajadoras sexuales.

Personalmente ¿crees que la reglamentación del trabajo sexual permitiría identificar de manera clara la trata de personas ?

Creemos que hay que separar las políticas en torno a contener las realidades y las demandas de los y las trabajadoras sexuales. Y por otro lado la lucha contra la trata de personas.

Creo que pensar que reconocer el trabajo sexual va a ser una herramienta contra la lucha para la trata es justamente poner la carga del peso de la responsabilidad hacia las trabajadoras sexuales.

Y nosotras desde hace mucho tiempo queremos salir de ese lugar, en el cual se nos responsabiliza de fomentar la trata por ejercer el trabajo sexual, en el que por demandar derechos laborales se nos acusa de que haya más trata

Además somos nosotras las que terminamos pagando con nuestras propias vidas como fue el caso de la compañera Sandra Cabrera, asesinada hace 15 años por denunciar la trata de personas, la explotación de niños y niñas y la complicidad política policial y judicial en la ciudad de Rosario.

Entonces creo que se debe reconocer el trabajo sexual para sacarnos a nosotras de la clandestinidad y por otro lado deberían implementarse otras políticas en torno a la lucha contra la trata.

Creo que se deberían reveer todas las políticas que se implementaron desde 2008 hasta 2016, qué pasó después de los cierres de los cabarets y whiskerías, dónde están esas mujeres, y ¿cuánta son las redes de trata que se desarticularon?

La justicia sus operadores y el Estado tienen una responsabilidad y una respuesta. Repensar cuáles fueron sus prácticas punitivistas, replantearnos nosotras como feministas si es el derecho penal la herramienta transformadora que queremos para combatir un problema social como lo es la trata de personas.

Además deben explicar por qué el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, dentro de los delitos federales tiene el raid más alto de mujeres criminalizadas.

Creo que ahí lo que se explica es que lejos de combatir la trata utilizaron esos mecanismos para criminalizar toda forma de trabajo sexual y son muchas trabajadoras con distintos roles dentro del mercado que están pagando con su libertad el haber decidido ser puta, organizarse, visibilizarse y defender sus derechos.

¿Cuáles fueron esas modificaciones?

Lo que hizo fue quitar la idea del consentimiento y anular la voluntariedad de la persona a la hora de ejercer la prostitución. Eso ha generado que nuestras voces de deslegitimen y que nuestros testimonios sean puestos en duda.

Hay una cuestión de tratarnos como idiotas, como seres incapaces que no podemos decidir en nuestras trayectorias de vida ejercer el trabajo sexual, en cualquier ámbito en donde lo llevemos a cabo.

Y una de las problemáticas es que se le dio más poder a las fuerzas de seguridad, todas las legislaciones que hoy por hoy tenemos en nuestro país para luchar por la trata de personas, le dio más poder a la policía y a los operadores judiciales.

Eso se tradujo a nuestras vidas como mayor criminalización y persecución. Hoy frente a cualquier denuncia anónima la policía puede ingresar al domicilio particular de las trabajadores y los trabajadores sexuales sin tener una orden judicial.

Les crea una potestad, les habilita un poder en el que no hay ningún fiscal, ni ningún juez siendo veedor de lo que la policía hace en la vida diaria de las personas que ejercen el trabajo sexual.

Y nos exponen a robos de las pertenencias de valor, a amenazas, hostigamientos, a que las compañeras tengan que pagar coimas policiales para poder trabajar de manera tranquila.

 

Argentina: las trabajadoras sexuales, en pie de guerra

Por Carlos Ventura

22 de septiembre de 2020

https://irispress.es/2020/09/22/argentina-las-trabajadoras-sexuales-en-pie-de-guerra/

http://www.facebook.com/watch/?v=2763050420636019&extid=RpwSTB6qbsceoal5

 

Diversas protestas han sacudido los cimientos de Argentina en los últimos meses mientras el país lucha por frenar la expansión de la COVID-19 en un escenario nada halagüeño para la nación dirigida por Alberto Fernández.

Argentina acumula más de 640 mil casos de coronavirus y los fallecidos por la enfermedad rozan ya los 14 mil.

El país mantuvo la cuarentena más larga impuesta en el mundo y esto, a su vez, provocó las revueltas sociales en la nación ante la desesperación de los ciudadanos por la grave crisis económica y empresarial que sacude al país desde el estallido de la pandemia.

Miles de personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, pero más grave es aún el escenario en el que se encuentran los ciudadanos que no cuentan con el respaldo de las instituciones.

Esto es lo que le ocurre a las trabajadoras sexuales de Argentina, quienes han salido a la calle manifestándose por sus derechos y por una solución urgente para resolver la delicada situación en la que se encuentran.

Las prostitutas argentinas están en pie de guerra y han tomado las calles de Buenos Aires para denunciar su situación actual.

¿Qué reclaman las meretrices argentinas? ¿Cuáles son las peticiones de este colectivo?

VIOLENCIA POLICIAL DESMEDIDA

A las puertas del Ministerio de Justicia argentino, centenares de trabajadoras sexuales se reunieron en el ente jurídico para denunciar la violencia policial a la que tienen que hacer frente las prostitutas desde que se decretase el cierre de prostíbulos en la ciudad.

Ellas, quienes afirman ser víctimas de “arrestos arbitrarios sin explicación”, comparten a través de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR)que “las meretrices que deciden ejercer el trabajo sexual se arriesgan a operativos policiales en los que les labran actas contravencionales y las detienen arbitrariamente”, señalan en un comunicado emitido por la asociación.

Unas detenciones que, en gran parte de las ocasiones, van acompañadas del uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad pese a que, en Argentina, la prostitución no está penada por la ley. 

Aseguran, además, que son las prostitutas transexuales las que más sufren estos actos, incurriendo así en un acto de transfobia para el que también piden una defensa ante la vulnerabilidad de estas mujeres.

“Sufrimos un constante hostigamiento por parte de la policía, no solo debemos soportar el maltrato físico sino lo que es más aberrante es la homofobia, no nos tratan como chicas trans que somos, nos tratan de masculinos”, comparte para el diario argentino TIEMPO, Dayana, una trabajadora sexual del barrio argentino de Constitución.

DESAMPARO ANTE LA PANDEMIA

Otro de los hechos que ha provocado esta toma de las calles argentinas por parte de las meretrices argentina tiene que ver con la petición de medidas al Gobierno argentino cuyo fin sea la mejora de las condiciones de vida de las prostitutas mientras durante la crisis sanitaria.

Además, también solicitan que se levante la restricción que existe sobre los burdeles, espacios que permanecen cerrados a causa de la pandemia.

“El cierre de albergues transitorios también nos expone a mayor vulnerabilidad al tener que ir a trabajar a domicilios particulares”, señala AMMAR en el mencionado comunicado.

La gravedad de la situación es tan extrema que, desde AMMAR, han creado un Fondo Nacional de Emergencia para ayudar en la medida de lo posible al colectivo.

Sin embargo, el volumen de peticiones ha sido tan alto, que la asociación se ha visto desbordada y no pueden dar respuesta a todas las peticiones que han registrado.

Es por este motivo por el que las trabajadoras sexuales argentinas se han movilizado para pedir un paquete de ayudas que les permita ejercer su profesión dignamente y, lo más importante, fuera de peligro y con garantías de que sus vidas van a estar protegidas.

 

Argentina. Cómo se organizaron las trabajadoras sexuales para enfrentar la crisis sanitaria y socioeconómica

 

Por Georgina Orellano y Natalia Arenas

23 de julio de 2020

Argentina – Cómo se organizaron las trabajadoras sexuales para enfrentar la crisis sanitaria y socioeconómica. [Georgina Orellano – Natalia Arenas]

 

Georgina Orellano, secretaria general nacional de la Asociación Mujeres Meretrices de la Argentina en Acción por Nuestros Derechos (Ammar), cuenta sobre las estrategias colectivas para apoyar a las mujeres más precarizadas y obviadas por el sistema de respuesta oficial.

Las trabajadoras sexuales pertenecen a uno de los sectores económicos informales que más salvajemente están padeciendo las consecuencias de la pandemia de coronavirus en Argentina. Desde el 23 de marzo, el gobierno de Alberto Fernández decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Más allá de la decisión sanitario-política frente a la inexistencia de una vacuna contra la covid-19, y con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud con respecto a que la única manera de no contagiarse es mantener una higiene extrema y, sobre todo, aislarse, la cuarentena expuso en algunos casos y recrudeció en otros la emergencia alimentaria y habitacional de las y los trabajadores informales. “Informales” porque no están registrados (ni siquiera como monotributistas), y eso hace que carezcan de todo derecho laboral.

Las y los trabajadores informales en Argentina están en todos los rubros: desde domésticas que no son registradas por sus empleadores, plomeros, gasistas, electricistas que ejercen su oficio de manera independiente, hasta trabajadores de la construcción y vendedores ambulantes, por nombrar algunos. Las trabajadoras sexuales también pertenecen a este grupo. Pero con una contra adicional: la clandestinidad.

Si bien en Argentina la prostitución no es considerada ilegal ni está penada por el Código Penal –que sí pena el proxenetismo y la trata de personas–, existen normas que criminalizan el trabajo sexual autónomo. Como los códigos contravencionales de las provincias, que les dan poder a la Justicia (y en muchos casos, a falta de fiscales en las calles, a la Policía) para multar y arrestar a las trabajadoras sexuales en la vía pública.

Esta especie de “limbo legal” es el que permite la clandestinidad. Y, como en una rueda sin fin, la clandestinidad es la que deriva en la emergencia recrudecida hoy por la pandemia.

“Todos los meses que llevamos de cuarentena se traducen en deudas. Muchas con alquileres, hoteles de familia, que superan los 60.000 pesos”, dice Georgina Orellano, secretaria general nacional de la Ammar.

Para poner en contexto: hablamos de alquileres de habitaciones o en hoteles de familia que la mayoría de las veces se dan de manera irregular: no se firma nada, se arregla de palabra, no hay recibos, se aumenta cuando el dueño quiere y se desaloja de la misma manera. Por eso, algunas trabajadoras mantienen ahora su techo entregando objetos de valor para que no las desalojen.

En la vida legal, el presidente firmó un decreto que prohíbe los desalojos por falta de pago hasta el 30 de setiembre. Pero en la clandestinidad, todo vale.

En palabras de Orellano: “Hay algo que se queda estancado en las discusiones de los feminismos en cuanto al trabajo sexual. Muy pocas veces podemos contar cuál es nuestra realidad por ejercer un trabajo que si bien no es ilegal en nuestro país, no estamos registradas en ningún lado. Hay una mirada social estigmatizada y muchas de nosotras terminamos pagando el triple de un alquiler o directamente no nos quieren alquilar por miedo, porque creen que nuestra actividad está relacionada a algo delictivo”.

“La prostitución consentida y voluntaria existe”, dicen las trabajadoras sexuales, y la diferencian de la explotación sexual y la trata de personas. En este punto el debate se vuelve similar al de la legalización del aborto en Argentina. No sólo por las cuestiones personales y morales que se ponen en juego, sino por la intención de una parte de la sociedad de querer negar lo que ya existe.

“Creemos que no hay voluntad política para legislar un tema que está atravesado por cuestiones morales”, dice Orellano. “Lo planteamos como legislación laboral, pero tenemos que comenzar a desandar antes mil prejuicios”.

¿Es la sociedad argentina abolicionista? Para Orellano ese es, más bien, un país punitivista. “Todo lo que no quiere ver y quiere ocultar lo hace apelando a endurecer las penas, dándole más poder a la Policía y aliándose con el derecho penal”.

Las putas organizadas

Los primeros días de marzo, cuando en Argentina el coronavirus todavía se consideraba un virus asiático-europeo, en la Ammar se encendieron las alarmas. “Como estamos en contacto permanente con organizaciones europeas, nos empezaron a contar casos de compañeras a las que la situación de no poder salir a trabajar las agarró de sorpresa”, cuenta Orellano.

Entonces, desde la Ammar empezaron a pensar estrategias para tener respuestas concretas a la demanda del colectivo de trabajadores sexuales. Así fue que crearon el Fondo Nacional de Emergencia, una campaña que apeló a la solidaridad de otras organizaciones y de la sociedad en general.

Con los primeros aportes que recibieron en sus propias cuentas, por Mercado Pago o Pay Pal, compraron mercadería y armaron bolsones. Las primeras semanas había 50 compañeras anotadas para recibirlos.

Actualmente están desbordadas: la demanda que están supliendo no sólo es de alimentos, sino también de remedios, frazadas, estufas, ropa. Con o sin pandemia, las más perjudicadas siempre son las trabajadoras migrantes, travestis y trans. Según el último informe de la Red Latinoamericana de Personas Trans, 80% del colectivo trans travesti se dedica a la prostitución.

En el contexto de aislamiento social durante la pandemia, varias trabajadoras sexuales se volcaron por completo a la virtualidad y así logran sobrevivir. Pero no es el caso de la mayoría: muchas trabajadoras no tienen acceso a internet y varias más, ni siquiera celular. Esto no sólo las complica a la hora de generar dinero, sino también al momento de tramitar DNI, subsidios, pensiones. Ese acompañamiento también lo están realizando desde la Ammar, con una asistente social y un abogado que una vez por semana atienden en las sedes.

Los lugares donde viven también son un riesgo en medio de una pandemia. ¿Qué pasa si vivís en un hotel donde compartís baño y cocina con otras 60 familias? Para reducir los riesgos, las delegadas de la Ammar se organizaron para hacer también jornadas semanales de limpieza en los hoteles.

La mayoría de las demandas se concentran en la Ciudad de Buenos Aires, donde está la sede principal de la Ammar, la Casa Roja, en el barrio de Constitución, y otra en el barrio de Flores. Pero también tienen sedes en otras 12 provincias y en siete municipios de la provincia de Buenos Aires.

El registro de la discordia

A principios de junio se dio una situación insólita: el Ministerio de Desarrollo Social habilitó un formulario online de Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular. Por primera vez, aparecía la categoría “trabajadores sexuales”.

“Que día Peronista, compañeras”, tuiteó Orellano. “El Ministerio de Desarrollo Social creó el Registro Nacional de Trabajadorxs de la Economía Popular y nuestro trabajo aparece en el formulario de inscripción. Ya no debemos ocultamos ni inscribirnos con categorías engañosas”.

La noticia se viralizó y el viejo debate entre abolicionistas y regulacionistas volvió a instalarse en las redes sociales. Las regulacionistas y las que van por la despenalización y el reconocimiento de derechos (como las trabajadoras sexuales agrupadas en la Ammar) celebraron el gesto político y concreto. Las abolicionistas denunciaban que el gobierno “estaba reconociendo a la explotación sexual y/o trata de personas como trabajo”.

Para las trabajadoras sexuales el festejo por la posibilidad no sólo de recibir algún tipo de subsidio, sino de por primera vez estar registradas en un formulario estatal, duró unas horas: el escándalo que se generó en las redes y las propias internas entre funcionarias y funcionarios hizo que el ministerio bajase el formulario. Antes de que lo diera de baja, en tan sólo unas horas, se habían inscrito unas 800 trabajadoras y trabajadores sexuales.

La desprolijidad del ministerio para manejar la situación también fue tema de debate en las redes y en los medios de comunicación.

Unas días después el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, recibieron a un grupo de trabajadoras sexuales. Allí les contaron que estaban armando una comisión de trabajo especial para discutir de qué manera incluirlas en el registro. Es una comisión a la que fueron invitadas a participar.

“Nosotras aprovechamos para contarles todas las dificultades con las que nos encontramos y decirles que todas las demandas que absorbimos son demandas que le corresponde al Estado absorber y que deberíamos poder canalizar a través del ministerio”, contó Orellano.

Ese canal de diálogo que se abrió es histórico y beneficioso para las trabajadoras sexuales del país. Y ya tuvo sus primeros frutos: por ejemplo, en provincias como San Juan y Mendoza, donde nunca las habían escuchado, las llamaron a los pocos días para asistirlas. Lo mismo en el municipio de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires.

 

 

 

Georgina Orellano: «La embajada de Estados Unidos financia abolicionistas»

Luego de que el Ministerio de Desarrollo Social diera marcha atrás con la categorización de trabajadoras sexuales dentro del Registro Nacional de la economía popular, la secretaria general de las prostitutas alerta sobre el posible vínculo local con la embajada estadounidense y la postura prohibicionista. Además, afirma que se inició un diálogo claro con el Estado.

 

Por Stephanie Peuscovich

10 de junio de 2020

https://marieclaire.perfil.com/noticias/sociedad/georgina-orellano-ammar-formulario-vera-freijo-abolicionistas-ammar.phtml

 

Georgina Orellano

 

El viernes pasado el Ministerio de Desarrollo Social incluyó la categoría trabajadora y trabajador sexual dentro del flamante Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP).

De esta manera el Estado reconocía por primera vez a la prostitución como un trabajo. Pero 48 horas después ese registro dejó de estar disponible en la web.

Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) y militante activa por la regulación del trabajo sexual, comenzó a evidenciar la fuerza que habían realizado abolicionistas de distintos ámbitos, que incluyó desde feministas hasta ex legisladores, que coparon las redes bajo la consigna trabajo sexual no es trabajo.

Luego del pedido de esos sectores por no reconocer a las y los trabajadores sexuales como tales el formulario se bajó del registro. Cabe aclarar dicho registro dejó de funcionar por completo y no solo para las personas que ejercen la prostitución.

Horas antes 670 trabajadoras sexuales se habían inscripto y celebraban un hecho histórico.

¿Cómo continúa la situación respecto a la baja del formulario?, ¿Qué pasa con las trabajadoras que ya se inscribieron?

La respuesta oficial del Ministerio de Desarrollo Social es que frente a todo el debate y las distintas opiniones que se generaron con respecto a las categorías que se incluyeron en ese registro del ReNaTEP van a habilitar una mesa de diálogo compuesta por cinco Ministerios y Organizaciones Sociales para poder generar un consenso. Entonces el registro queda en stand by hasta que se habilite esta mesa de diálogo y se comience a trabajar en la inclusión o no de ciertas categorías.

Desde la organización nosotras contabilizamos que hasta las 19 horas del día domingo se registraron 760 trabajadoras sexuales. La gran mayoría guardó la respuesta del Registro, muchas sacaron capturas de pantalla una vez registradas. Porque para muchas era muy emocionante y sorprendente encontrarse con la categoría trabajadora, trabajador sexual. Entonces nosotras estamos recolectando todo eso y analizando qué otra acción e iniciativa podemos llevar adelante desde el área legal de la organización.

¿Qué acciones?

Es todo tan reciente y está todo tan tensionado que decir exactamente qué vamos a hacer es muy difícil. Porque actualmente se generó un canal de diálogo con el Estado. Y nosotras apelamos a seguir teniéndolo y a que esto se resuelva de la mejor manera posible. Dialogando con todos los sectores pero con nosotras sentadas en esa mesa.

Para nosotras es impensado que se abra un canal de diálogo con el Estado en donde se dispute la categoría de trabajo sexual. El peor escenario era quedarnos con el tweet y lo que ocurrió en las redes sociales.

Pero hoy la discusión pasa por una cuestión de que nos reconozcan. Estamos en otro lugar y otro escenario y lo celebramos. Al final se discute si nosotras podemos ser trabajadoras o si tenemos que estar registradas. Ya no se discute en relación a la trata de personas o explotación. Sino que se discute un registro de trabajo informal.

Georgina Orellano es la secretaria general de AMMAR

¿Osea que a pesar de que el formulario se bajó, el hecho fue positivo porque desde el propio Estado se inició el debate? 

Totalmente.

Respecto al lobby abolicionista que se hizo sentir muy fuerte en las redes sociales, ¿por qué crees que es tan fuerte la representación de la no regulación del trabajo sexual en el país?

Me parece que quedaron totalmente reflejadas las alianzas que tiene el abolicionismo que no solamente están dentro del feminismo sino también dentro de la iglesia y el Estado, con una perspectiva arcaica y también anticlerical.

Y esta visibilidad nos da la razón. Siempre dijimos que el abolicionismo tiene alianzas con otros sectores que no vienen del lado del feminismo. Incluso la embajada de Estados Unidos financia organizaciones con perspectivas abolicionistas para que incidan en el Estado nacional y se penalicen todas las formas de trabajo sexual.

Hasta ahora que quedó claro con este funcionario que está al frente del comité de lucha contrata la trata de personas que celebra que todos los trabajadores informales estemos en la clandestinidad.

Cuando en realidad él debería celebrar el registro: que es una herramienta para luchar contra la explotación laboral, la trata de personas y la servidumbre. Entonces nos parece muy fuerte que haya personas celebrando la clandestinidad. Porque eso muestra una posición muy antiderechos y de derecha.

¿Por qué crees que Estados Unidos financia la postura abolicionista?

En Estados Unidos la perspectiva del trabajo sexual es prohibicionista. No solo financia a la Argentina en este sentido sino que también lo hace con un montón de otros países. Y de hecho es el único país que saca informes de manera anual para puntuar al resto de las naciones que recibieron financiamiento desde las Embajadas estadounidenses.

Argentina recibió una calificación y han entregado a premios a algunas referentes abolicionistas en su lucha contra la prostitución y contra la trata. Todo eso es visible. Lo conocemos quienes estamos en el tema pero hoy lo puede saber otro tipo de personas. Estas alianzas siempre existieron.

 

Día de la Trabajadora Sexual: “Las putas estamos cansadas de llenar los índices de pobreza de nuestro país”

Repasamos una entrevista con Georgina Orellano, secretaria General de Ammar, en la que da cuenta de la situación de trabajadoras y trabajadores sexuales durante la pandemia de coronavirus y la asistencia que dan a 5 mil personas en todo el país, 400 de ellas en Rosario.

 

Por Arlen Buchara

1 de junio de 2020

“Las putas estamos cansadas de llenar los índices de pobreza de nuestro país”

 

 

El 2 de junio de 1975 más de 100 prostitutas francesas tomaron la iglesia Saint-Nizier en la ciudad de Lyon y se declararon en huelga. La medida de fuerza llegaba para visibilizar la violencia y la situación en la que estaban las trabajadoras sexuales. En la década del 70 en Francia la vigilancia sobre esta actividad había crecido a tal punto que las represalias de la Policía obligaban a las mujeres a ejercer en secreto, lo que hacía que fueran un blanco fácil de violencia. La decisión de la toma llegó después de dos asesinatos y de la falta de voluntad del gobierno de generar políticas públicas que regularan la actividad. Dicen que hasta Simone de Beauvoir pasó por la iglesia de Lyon a solidarizarse con las putas. Después de 8 días de huelga la iglesia fue allanada por la Policía, que reprimió a las manifestantes. Desde entonces, el 2 de junio quedó instalado en el calendario feminista como el Día Internacional de la Trabajadora Sexual, por considerar que la fecha fue uno de los puntos de partida del movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales.

En Argentina la lucha de las trabajadoras y trabajadores sexuales tomó forma en el sindicato Ammar, que desde hace más de 25 años integra la CTA y que en la última década entró de lleno en el movimiento feminista. La llegada a los feminismos no fue fácil y sigue siendo un tema que divide aguas entre quienes apoyan la despenalización del trabajo sexual y quienes dicen que debe ser abolido porque no es un trabajo. A principios de febrero, el tema “Puta” de Jimena Barón abrió este debate no saldado. Desde algunos sectores del feminismo, criticaron las acciones que llevaba adelante Ammar y tildaron a sus integrantes de proxenetas. Desde el gremio repetían que la discusión no era trabajo sexual sí o trabajo sexual no, sino que se trataba, como en el aborto, de dar derechos a quienes lo ejercen y alternativas a quienes no quieren hacerlo.

En ese momento, nadie imaginaba que un mes y medio más tarde un virus llegaría al mundo y a la Argentina para poner en evidencia la fragilidad de las economías informales. Es que sin ningún derecho laboral, la crisis del covid-19 llegó para poner en evidencia la precaria situación de trabajadoras y trabajadores sexuales que viven del día a día. Las putas tuvieron que dejar de trabajar sin poder generar ingresos para pagar comida, alquileres, servicios y cualquier gasto. Por esta crítica situación, Ammar, desbordó de demandas: hambre, desalojos en hoteles y viviendas con condiciones insalubres, falta de insumos de salud y de elementos de higiene básicos, hijas e hijas que no pueden alimentar, violencia institucional acrecentada.

A fines de abril, El Ciudadano publicó un informe sobre la situación de trabajadoras y trabajadores sexuales en el contexto de la pandemia del coronavirus en el que Georgina Orellano, secretaria general de Ammar y referente feminista, explicó cómo hacían frente a la crisis sin derechos laborales. Para dar contención, la organización sindical creó un fondo propio de emergencia a través de una colecta de dinero, alimentos e insumos. En total, 5 mil personas que ejercen la prostitución reciben algún tipo de ayuda alimentaria, sanitaria o económica del gremio en contextos de pandemia. En Rosario, la filial local ayuda a 400 mujeres, varones, trans y travestis de distintos barrios de la ciudad.

 “Las putas estamos cansadas de llenar los índices de pobreza”

Apenas comenzó la expansión de la pandemia de Covid-19 en Europa, desde Ammar hablaron con sindicalistas de Italia, España y Francia para ver cómo afrontaban la crisis económica. “Las compañeras nos contaron la precarización a la que estaban expuestas, la violencia, la desesperación de muchas que estaban imposibilitadas de regresar a sus hogares, quedando encerradas y teniendo que vivir en cabarets, whiskerías, la casa de cita o clubes. Además, nos decían que las medidas sociales llevadas adelante por los gobiernos de la Unión Europea dejaban por fuera a las trabajadoras sexuales. En España se implementó una política pero que revictimiza a las compañeras y elimina la identidad como trabajadora sexual dándole poder de tutelaje a miradas asistencialistas, abolicionistas y punitivas sobre nuestro trabajo”, explicó Georgina Orellano.

Con ese panorama en mente, desde el sindicato decidieron adelantarse y buscar la forma de generar fondos propios para afrontar la crisis. Lanzaron el Fondo de Emergencia para Trabajadorxs Sexuales, una colecta a nivel nacional de alimentos, de insumos de salud e higiene y de dinero, que cualquier persona puede depositar en la cuenta del sindicato. Con esos fondos hoy están ayudando trabajadoras y trabajadores sexuales en todo el país. No dan abasto. Todos los días reciben llamados y mensajes de distintos lugares del país, muchos de los cuáles no tienen presencia sindical. “Un grupo de 50 trabajadoras sexuales se comunicó con nosotras porque la estaban pasando muy mal, no tenían para comer literalmente”, dijo Georgina Orellano a modo de ejemplo.

Además de la colecta, desde Ammar hacen acompañamiento ante violencia institucional, dan asesoría legal, jurídica y gratuita, y facilitan el acceso a subsidios habitacionales. Trabajan con el Inadi y con la Defensoría LGBT para impedir desalojos en hoteles porque muchos dueños y dueñas dicen desconocer que están abarcados por el decreto que suspende desalojos hasta el 30 de septiembre y muchas trabajadoras sexuales tampoco saben su alcance.

“La actual emergencia sanitaria que atravesamos a nivel mundial ha afectado enormemente a nuestro colectivo, dejando en evidencia más que nunca nuestra precarización laboral. Nos ha arrojado una realidad que queda mucho más en evidencia en este contexto de emergencia sanitaria, pero que nosotras ya sabíamos que era la situación que atraviesan nuestras compañeras por no tener un reconocimiento laboral a nuestro trabajo y por la clandestinidad del mismo. El 90 por ciento de quienes ejercemos el trabajo sexual sólo tenemos el ingreso que generamos a partir del día a día. Frente a la imposibilidad de trabajar nos enfrentamos a una precarización de nuestras vidas, nos endeudamos días, semanas y meses por los pagos de alquileres, ya sea en hoteles de familia o de las casas que sostenemos. Además, al ser informales, los alquileres nos cuestan tres veces más que a cualquier persona cuyo trabajo esté aceptado socialmente y no esté atravesado por la criminalización, el estigma y la discriminación”, explicó.

La líder sindical agregó que es particularmente crítica la situación de trabajadoras sexuales trans, travestis y migrantes: “Muchas vieron interrumpidos sus tratamientos hormonales ya que la asistencia sanitaria tiene prioridad para Covid-19. Hay un montón que necesitan acompañamiento psicológico y una respuesta ante el no acceso a su medicación, y las expone a mayor vulnerabilidad de sus derechos. También hay muchas sin documentación, que hace que sean un blanco de la Policía”.

La violencia institucional es otro de los problemas que desde el gremio vienen registrando, con un aumento y recrudecimiento de los abusos por parte de las fuerzas de seguridad. También, explica Georgina Orellano, notan un crecimiento del estigma por parte de vecinos y vecinas: “Creemos que no es esa la respuesta que tiene que llevar adelante el Estado para paliar el hambre y la incertidumbre. Nuestras compañeras han denunciado situaciones de violencia institucional cuando se dirigían a hacer filas a los comedores, en el pago fácil, para comprar barbijo o alcohol en gel o para entrar al supermercado. La mayoría son compañeras del colectivo travesti-trans migrante, que justamente son señaladas en este contexto de pánico sanitario como personas peligrosas. Nosotras ya cargábamos con un estigma, asociadas siempre a delitos criminales. En esta mirada sanitarista que está teniendo la sociedad, volvemos a ser objeto de persecución por la mirada social y por la respuesta de las fuerzas de seguridad. Hay denuncias de vecinos y vecinas que al ver a una compañera trans caminando por la calle la denuncian por incumplir la cuarentena en vez de preguntarle si necesita algo, si tiene para comer. Apelan siempre a un sistema punitivo como respuesta a todo y ese sistema se ha reforzado en este contexto”.

Para la secretaria general de Ammar, la garantía de la salud requiere de recursos económicos: “Nos preocupa la profundización de la crisis económica. Para quienes venimos de los sectores populares es una cuestión de salud vivir en una vivienda digna, tener un techo donde pasar una cuarentena en condiciones no insalubres. También es una cuestión de salud tener dinero para poder comprar un jabón, alcohol en gel y barbijo. También es salud poder garantizarle a nuestros hijos e hijas al menos un plato de comida al día. Nos preocupa mucho qué va a pasar después del levantamiento de la cuarentena. El objetivo de nuestra organización es que quedemos lo más desendeudadas posibles y no más precarizadas de lo que ya estamos y de lo que ya somos. Estamos cansadas de ser nosotras las que llenemos el índice de pobreza de nuestro país, cuando los ricos van a seguir siendo ricos y los pobres vamos a ser más pobres, con condiciones de insalubridad, precariedad, viviendas hacinadas, y en contextos donde se recrudece aún más la violencia institucional”.

 Sandra Cabrera y el sindicalismo en Rosario

En los 2000, Sandra Cabrera era la secretaria general de Ammar Rosario. Fue quien propuso por primera vez el taller “mujeres y trabajo sexual” en la comisión organizadora del Encuentro Nacional de Mujeres de 2003, que se hizo en Rosario. Hasta ese momento, todas las ediciones habían evitado hablar de prostitución en esos términos y los talleres existentes seguían una tradición abolicionista. Cuando ella hizo la propuesta, la comisión organizadora la apoyó. El taller se hizo ese año y no pudo volver a replicarse en ninguna de las ediciones siguientes por la oposición del sector abolicionista. Recién en 2016, cuando el ENM volvió a desembarcar en Rosario, el taller de “mujeres y trabajo sexual” se reeditó de la mano de la nueva conducción de Ammar.

Sandra fue asesinada el 27 de enero de 2004. Le dispararon por la espalda en la nuca frente a una casa de Iriondo al 600, a dos cuadras de la Terminal de Ómnibus, la zona en la que trabajaba. Había denunciado a la Policía por la complicidad en el crimen organizado y la explotación sexual de niñas y adolescentes. La habían amenazado con matarla a ella y a su hija Macarena, que en ese entonces tenía 8 años. El único imputado en el homicidio fue Diego Víctor Parvluczyk, ex subjefe de Drogas de la Policía Federal en Rosario. Era también el último vínculo afectivo de Sandra. Lo absolvieron por falta de pruebas y en 2007 quedó sobreseído a pesar de los testimonios de las trabajadoras sexuales que lo incriminaban. En el documental de Lucrecia Mastrángelo que relata la historia de Sandra Cabrera el abogado defensor de Parvluczyk reconoció que esos testimonios se habían desestimado porque eran de las putas y a las putas no se les creía.

Después del femicidio fue difícil sostener el gremio. Las trabajadoras sexuales tenían miedo de acercarse y participar porque no querían correr con la misma suerte. Igualmente, durante casi 10 años el grupo que quedó de la comisión directiva se juntaba y hacía recorridas. En abril de 2010 sus integrantes sintieron que llegaba un poco de recompensa cuando celebraron desde los balcones de la Legislatura de Santa Fe la derogación de los artículos del Código de Faltas que permitían llevarlas detenidas por ejercer en la calle. Para 2012 el gremio se había desintegrado. Recién en 2019 y después de varios intentos de reorganización volvió a funcionar con una nueva conducción, que surgió de la unión de integrantes de la vieja camada con las más jóvenes.

Hoy Ammar Rosario funciona en La Toma (Tucumán al 1300). Durante la pandemia da asistencia a más de 400 trabajadores y trabajadoras sexuales. Lo hace en un trabajo conjunto con amplios sectores del movimiento feminista y del colectivo travesti y trans de Rosario. La colaboración mutua entre todas estas diversidades da cuenta de la construcción transversal e inclusiva que es característica de los feminismos de Rosario.