Cómo llegamos aquí: la historia del protocolo de Palermo sobre trata

La “trata de personas” no tenía por qué significar lo que significa ahora. Esta es la historia de cómo obtuvo su definición, contada por alguien que estaba en la habitación cuando sucedió.

 

Marjan Wijers

11 de febrero de 2021

https://www.opendemocracy.net/en/beyond-trafficking-and-slavery/how-we-got-here-story-palermo-protocol-trafficking/

 

Marjan Wijers, consultora e investigadora sobre la trata de personas desde hace mucho tiempo, estaba en la sala cuando se negoció el protocolo de Palermo sobre la trata de personas hace 20 años. Nos reunimos con Marjan como parte de nuestro aniversario especial sobre el protocolo para conocer cómo cambió el campo de la lucha contra la trata de personas con Palermo, cómo se desarrollaron esas negociaciones y hacia dónde podemos ir desde aquí. Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.

 

Joel Quirk (BTS): El protocolo de Palermo se finalizó hace más de 20 años, y para muchas personas que trabajan en los campos de la trata y la explotación laboral hoy en día simplemente siempre ha estado ahí. Pero ese no es realmente el caso. ¿Cómo era el campo antes de que existiera un protocolo de Palermo?

Marjan Wijers: En la década de 1980, grupos feministas con experiencia en cooperación para el desarrollo comenzaron a trabajar en la trata de personas en los Países Bajos. De hecho, se metieron en esto porque estaban investigando el turismo sexual. A través de ese trabajo y sus contactos con organizaciones de mujeres asiáticas, se dieron cuenta de que había un segundo flujo de mujeres al revés, que venían a los Países Bajos y otros países europeos para hacer trabajo sexual, pero también como trabajadoras domésticas y novias por correo. Así fue como se fundó la Fundación contra la Trata de Mujeres (STV) en 1987.

Trabajamos principalmente con mujeres migrantes en la industria del sexo. La mayoría de ellas eran indocumentadas. Algunas originalmente planearon hacer un tipo diferente de trabajo, como trabajo doméstico o modelaje, y terminaron en la industria del sexo. Otras vinieron con la intención de realizar trabajo sexual y terminaron en condiciones laborales abusivas y forzadas. Desde el principio, para nosotras, no se trató de mujeres inocentes obligadas a prostituirse. Se trataba de abordar la explotación y el abuso de las mujeres migrantes en la industria del sexo, independientemente de si se habían visto obligadas a hacerlo o no. De hecho varias de nuestras clientas querían seguir haciendo trabajo sexual, pero ahora por sí mismas.

Si no recuerdo mal, en ese momento solo los Países Bajos y Alemania tenían grupos que trabajaban en el tema de las trabajadoras sexuales migrantes y la trata. Y, en ese momento, realmente a nadie le importaba. Hablábamos de migrantes. Hablábamos de mujeres extranjeras, principalmente del sureste de Asia y América Latina, y mujeres de color. Y estábamos hablando de prostitutas. Todavía no usamos el término trabajadora sexual, que vino después.

Nuestras clientas no tenían derechos, como mujeres, como migrantes y como prostitutas. Tenían menos derechos y oportunidades que los hombres en su país. Y no tenían derechos aquí en Europa Occidental porque la mayoría eran indocumentadas y, sobre todo, no tenían derechos porque eran putas. Utilizo explícitamente la palabra «putas», ya que realmente no importaba si tomaron su propia decisión de hacer trabajo sexual o si se vieron obligadas a hacerlo. «Una vez puta siempre puta, ¿a quién crees que le importará?», eso es lo que les decían sus explotadores.

Y eso es precisamente lo que pasó. Incluso si acudían a la policía, los casos no se tomaban en serio. Simplemente eran deportados de regreso a la situación de la que habían intentado escapar, y los casos no eran procesados. Las primeras acciones que emprendimos junto con mujeres que ahora calificarían como «víctimas de la trata» impulsaron cosas como permisos de residencia temporales, la capacidad de presentar cargos y que los casos se investiguen y enjuicien activamente. Creo que fue más o menos lo mismo en Alemania.


Si hubiéramos conocido la historia y las fallas inherentes al concepto de trata en ese entonces, nunca lo hubiéramos usado.


El interés por la trata aumentó rápidamente con la caída del Muro de Berlín en 1989. Hubo varias razones para ello. No quiero ser cínica, pero estoy convencida de que una fue que las víctimas cambiaron de mujeres de color a mujeres blancas, mujeres de Europa del Este. O sea, de «ellos» a «nosotros». La otra, creo, era que no sabíamos qué tan rápido podríamos reconstruir el muro. Una vez que cayó el muro, todos pudieron viajar libremente de nuevo. Eso estuvo bien, pero, por supuesto, nunca fue la intención. Y luego estaba el temor de que nos inundarían no solo los inmigrantes de Europa del Este, sino también la mafia rusa. La trata proporcionó la justificación perfecta para una agenda anti-migración en nombre de la lucha contra la trata, literalmente bajo la bandera de «si no pueden venir, tampoco pueden convertirse en víctimas». Se gastó mucho dinero de la trata en la reconstrucción de las fronteras polacas, por ejemplo.

Estos factores ayudaron a impulsar la trata de personas en la agenda política. No fue tanto que la gente se preocupara más por los derechos de las trabajadoras sexuales o los migrantes, o por proteger a las trabajadoras sexuales del abuso. Se debió principalmente a que el argumento de la trata servía perfectamente a varios intereses estatales, que se volvieron urgentes después de la caída del Muro de Berlín.

Al mismo tiempo, se produjo el segundo movimiento feminista. Eso llamó la atención sobre la violencia sexual y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Y desde la década de 1970, las trabajadoras sexuales habían comenzado a organizarse, ese también fue un movimiento que surgió. Entonces, por un lado, teníamos el movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales que reclamaba el derecho a elegir el trabajo que se desea hacer y no ser castigada o criminalizada por ello, y por otro lado, el movimiento contra la trata de personas que reclamaba el derecho a no ser forzada a hacer un trabajo que no quieres hacer. Ambos reclamos se refieren a los derechos humanos, la libertad de elegir la propia profesión y el derecho a ser protegido del trabajo forzoso, y ambos deben ser respetados. Así es como lo veíamos: en nuestra opinión, los derechos a favor y en contra de la violencia eran las dos caras de la misma moneda. Así que desde nuestro principio trabajamos junto con Red Thread, la organización holandesa de derechos de las prostitutas.

Antes de todo esto estaba la cuestión de cómo llamar a este tipo de abusos. Permítanme decirlo así: si hubiéramos conocido la historia y las fallas inherentes al concepto de trata en ese entonces, nunca lo hubiéramos usado. Lo que deberíamos haber hecho habría sido hablar sobre el trabajo forzoso, incluidos los servicios sexuales forzados, las prácticas análogas a la esclavitud y la servidumbre. Deberíamos haber utilizado conceptos que describan las condiciones de vida y de trabajo en las que se encuentran las personas. Estos son conceptos que están definidos en el derecho internacional de los derechos humanos y son algo neutrales. Pero en ese momento no éramos conscientes de todo eso, así que terminamos recurriendo al concepto victoriano de trata de personas del siglo XIX con su enfoque en la pureza y victimización de las mujeres y la protección de las fronteras nacionales. Al hacerlo, sin saberlo, importamos un concepto muy sesgado, dividiendo a las mujeres en víctimas inocentes que necesitan ser rescatadas y culpables que pueden ser abusadas con impunidad, pero también con tintes racistas y nacionalistas.

A pesar de los esfuerzos para contrarrestar estas fallas, esta herencia continúa definiendo el debate sobre la trata hoy, como lo ejemplifica la distinción que el Protocolo de la ONU contra la Trata hace entre la llamada ‘explotación sexual’ y la ‘explotación laboral’ y su enfoque en el reclutamiento y el movimiento en lugar de las condiciones de trabajo. Históricamente, la trata se ha utilizado para controlar la sexualidad y la movilidad de las mujeres y para justificar medidas opresivas contra las trabajadoras sexuales y los migrantes, en lugar de proteger sus derechos humanos. Ya en la década de 1990 quedó claro que esto era lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando comenzamos las negociaciones sobre el protocolo de trata, éramos muy conscientes de los problemas del concepto. Y tratamos de abordarlos.

Joel: ¿Entraste en esas negociaciones creyendo que eran una oportunidad, o las abordaste principalmente con inquietud y ansiedad? ¿Ya estaba claro cuáles serían las fallas o te sorprendieron?

Marjan: Ya había habido mucha discusión en torno a la definición de trata cuando alcanzó la cima de la agenda internacional. ¿La trata es solo de mujeres y niñas? ¿La trata solo tiene lugar a través de fronteras o también ocurre dentro de las fronteras? ¿La trata consiste únicamente en obligar a las mujeres a prostituirse o también en prácticas abusivas de contratación para el trabajo doméstico y otros tipos de trabajo? ¿Se trata solo de contratación o también de condiciones de trabajo abusivas y análogas a la esclavitud? Prácticamente todas las preguntas y cuestiones que jugaron un papel en las negociaciones sobre el protocolo de trata ya eran puntos de discusión en el debate político más amplio.

Así que hubo una enorme confusión sobre cuál era el concepto. E incluso si la gente estaba de acuerdo en que el núcleo de la trata era la coacción o la fuerza, no había consenso sobre a qué se refería «fuerza», especialmente en relación con el trabajo sexual. ¿Se refería tanto a condiciones abusivas de contratación como de trabajo? ¿O se refería únicamente a la forma en que una mujer llegó a prostituirse, como resultado de su propia decisión o forzada por otros (excluyendo así a las mujeres que decidieron conscientemente trabajar en la industria del sexo pero que fueron sometidas a la fuerza y ​​el abuso en el curso de su trabajo)? Y algunos vieron la prostitución en sí misma como una violación de los derechos humanos similar a la esclavitud. Desde este punto de vista, ninguna mujer puede dar su consentimiento voluntario para el trabajo sexual y cualquier distinción basada en el consentimiento o la voluntad de la mujer carece de sentido.

Sabíamos que todas estas discusiones estaban teniendo lugar, así que conocíamos los peligros y sabíamos cuánto se mezclaba el concepto con las agendas anti-prostitución y anti-migración. También sabíamos que era sexista en la forma en que vinculaba el derecho de las mujeres a ser protegidas contra la violencia con su inocencia o pureza sexual. Entonces sabíamos exactamente lo que estaba mal. Quizás no todo el mundo lo hizo, pero la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), que fue fundada por grupos de mujeres tailandesas y STV a lo largo de la década de 1990, ciertamente lo hizo. Varias organizaciones de derechos humanos lo hicieron y, por supuesto, las organizaciones de trabajadoras sexuales fueron muy conscientes de ello desde el principio.

Joel: ¿El protocolo de Palermo podría haber resultado diferente? ¿O parecía más o menos fijo desde el principio, y lo que obtuviste fue más o menos lo que esperabas?

Marjan: No éramos tan optimistas. Sabíamos cuáles eran los problemas y sabíamos cómo se usaba el concepto contra las trabajadoras sexuales y los inmigrantes. Así que estábamos bien preparadas en ese sentido. Teníamos varios objetivos y nos organizamos a través de movimientos. Reunimos a organizaciones y activistas contra la trata de personas, los derechos humanos y los derechos de las trabajadoras sexuales, liderados por el International Human Rights Law Group y la GAATW. Participé en nombre de la GAATW y la Fundación Holandesa contra la Trata de Mujeres, donde trabajaba en ese momento. La composición de esta alianza fue realmente importante ya que fue la primera vez que estos tres movimientos trabajaron juntos en un lobby conjunto. Especialmente la combinación de activistas y grupos de lucha contra la trata y pro-trabajadoras sexuales fue radical, ya que cerró la brecha histórica entre los dos movimientos causada por la persistente fusión de la trata y el trabajo sexual.

Para el movimiento de las trabajadoras sexuales fue una posición realmente difícil porque estaban claramente en contra del concepto de trata. Ya habían sufrido mucho por eso. Al mismo tiempo, todos sabíamos que era importante intentar controlar el daño tanto como fuera posible. Entonces, las negociaciones sobre el protocolo no fueron como, ‘Oh, esta es una hermosa oportunidad’. Ellas dijeron, ya conocemos el daño y sabemos que puede empeorar, entonces, ¿qué podemos hacer para controlar el daño e intentar para aprovecharlo al máximo? Preparamos nuestros documentos juntas, fuimos juntas a las negociaciones y presionamos juntas.

Al igual que los estados, las ONG estaban profundamente divididas sobre cómo debería definirse la trata, es decir, qué prácticas deberían combatirse. Si bien hicimos una distinción clara entre la trata y el trabajo sexual y sostuvimos que las condiciones de trabajo forzoso en todas las industrias deben abordarse, el otro bloque de ONG, liderado por la Coalición contra la Trata de Mujeres (CATW) con sede en EE.UU. consideraba todo trabajo sexual como trata y quería el protocolo para combatir la prostitución como tal.

En el momento de las negociaciones sobre el protocolo, CATW había existido por un tiempo y habían ganado mucha influencia. Asistí a una de sus conferencias en Nueva York a finales de los 80. En ese momento no tenían ni idea de la trata o la posición y las experiencias de las mujeres migrantes. Se centraron principalmente en la violencia contra las mujeres blancas y la pornografía. Recuerdo a Andrea Dworkin, como una sacerdotisa que pone histéricas a todo un salón de mujeres sobre una mujer a la que su empleador obliga a mirar Garganta profunda, una famosa película porno de la época. Pero durante la década de 1990 obtuvieron mucho dinero de los gobiernos conservadores y se convirtieron en un grupo de presión anti-prostitución rico, importante e influyente con capítulos en varios países asiáticos.

Si mal no recuerdo, no estuvieron presentes en la primera sesión de negociaciones sobre el protocolo, pero desde la segunda sesión en adelante estuvieron allí. Y a partir de ese momento, hubo dos bloques de presión de ONG opuestos. Nuestro bloque, que operaba bajo el nombre de Human Rights Caucus, abogó por una definición amplia e integral de trata con la coerción como elemento central. Queríamos incluir tanto a hombres como a mujeres y niños, para ir más allá de la prostitución e incluir todos los sectores de trabajo en los que las personas podrían terminar en condiciones de esclavitud y trabajos forzados, e incluir la trata tanto transfronteriza como interna. Queríamos ser más amplios, ya que pensamos que esto podría neutralizar las partes problemáticas del concepto tradicional de trata.

El otro bloque, que junto a CATW incluía entre otros el Lobby Europeo de Mujeres y la Federación Abolicionista Internacional Francesa, quería un protocolo que definiera toda prostitución como trata, y que solo se aplicara a mujeres y niñas. Significativamente, operaron bajo el nombre de International Human Rights Network, copiando nuestro nombre y aumentando la confusión sobre quién era quién. Esas fueron las dos posiciones opuestas, y la definición final es un claro compromiso entre esas dos posiciones. Por un lado, establece una clara distinción entre el trabajo sexual y la trata. Cubre a mujeres, hombres y niños, e incluye todos los sectores laborales en lugar de solo la industria del sexo. Por otro lado, la «explotación de la prostitución y la explotación sexual» se destaca como algo separado y diferente de lo que se denominó «explotación laboral», es decir, trabajo forzoso, prácticas análogas a la esclavitud y servidumbre en otras industrias. Y hemos visto sus efectos dañinos.

Joel: Lo que ha dicho hasta ahora refleja la historia comúnmente contada sobre las negociaciones de Palermo, que es esencialmente una discusión entre dos coaliciones opuestas de ONG y voces de la sociedad civil. Y entiendo que ese fue un punto clave de la discusión. Pero siempre me ha llamado la atención que esta descripción pierde el papel de los estados. Los gobiernos siempre tienen la última palabra en este tipo de negociaciones: la sociedad civil no puede escribir su propio derecho internacional. ¿Podrías decirnos más sobre las posiciones gubernamentales durante las negociaciones?

Marjan: La lucha entre las ONG se reflejó más o menos también en la posición de los gobiernos. Fue hace mucho tiempo, pero por lo que recuerdo, creo que hubo tres cuestiones que dividieron a los estados, y no siempre en la misma línea. Una fue la cuestión moral de la prostitución y la idea de que toda prostitución es trata. Los estados comenzaron con diferentes posiciones sobre la prostitución, pero creo que les resultó relativamente fácil decir: ‘Incluso si no estamos de acuerdo sobre la prostitución, estamos de acuerdo sobre la coerción, así que limitemos este tratado a situaciones de abuso y coerción y no a la prostitución’ como tal. ”Eso resolvió más o menos la cuestión moral, aunque la cuestión moral vuelve a aparecer en otros artículos, por ejemplo, el de combatir la demanda.

Entonces creo que hubo una diferencia con respecto a las fronteras. Los países ricos y pobres se opusieron más en lo que respecta a la migración. Para los países ricos, especialmente, era realmente importante incluir artículos en el protocolo sobre la protección de las fronteras, mientras que para los países pobres las remesas de mano de obra que los migrantes enviaban a casa constituían una parte importante de su ingreso nacional. El tercer punto fueron los derechos de las víctimas. Los países de envío estaban mucho más inclinados a incluir disposiciones de protección a las víctimas, mientras que los países de destino no estaban dispuestos a hacerlo en absoluto.

Eso también se refleja en el protocolo. Hay una serie de disposiciones sobre la protección de las víctimas, pero no son obligatorias. La protección de las víctimas queda a discreción de los estados, mientras que todas las disposiciones de aplicación de la ley son obligatorias. Y allí, creo, el lobby de las ONG realmente fracasó. Nuestra facción sintió que incluso si no estábamos de acuerdo con los demás sobre la prostitución, deberíamos poder estar de acuerdo en la necesidad de disposiciones de protección a las víctimas. Pero la otra parte no quiso cooperar.

Joel: ¿Por qué no?

Marjan: Porque no querían trabajar con nosotras, en parte por lo polarizados que estábamos todos y en parte porque, y probablemente sea desagradable decirlo, no les interesaba. Nosotras éramos las que trabajábamos con las víctimas. Nosotras éramos las que queríamos protección para las víctimas. Tenían una agenda totalmente diferente, impulsada ideológicamente. Querían combatir la prostitución. Y cuál fuere el impacto real de eso en las mujeres, las trabajadoras sexuales, las víctimas, no creo que realmente les importara.

Joel: El protocolo de Palermo es lo que nos da la definición de trata acordada internacionalmente. En el fondo está la idea de que la trata de personas tiene como finalidad la explotación, que es la bisagra de todo el tratado. Sin embargo, la explotación no está definida, solo hay una lista no exhaustiva de ejemplos. ¿Por qué el protocolo en ningún momento dice realmente qué es explotación?

Marjan: No pudieron ponerse de acuerdo.

Joel: ¿No podían ponerse de acuerdo porque la gente quería versiones muy diferentes, o no podían ponerse de acuerdo porque la explotación es muy difícil de definir?

Marjan: Lo que recuerdo es que hubo varios estados y expertos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo y nosotras, que dijimos que no uses la palabra explotación. Cíñete al trabajo forzado, la servidumbre, las prácticas análogas a la esclavitud, etc., conceptos aceptados y definidos en el derecho internacional de los derechos humanos. También abogamos por eliminar la palabra «explotación sexual» porque no está definida, es controvertida e innecesaria. La Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer, por ejemplo, señaló que el término ‘explotación sexual’ podría interpretarse de formas muy diferentes, dependiendo de si crees que la prostitución constituye ‘explotación sexual’ per se, o si se refiere a situaciones de violencia forzada. trabajo, servidumbre o prácticas análogas a la esclavitud, que pueden ocurrir en la industria del sexo pero también en el trabajo doméstico o los matrimonios serviles.

Y luego estaba el otro grupo de estados, que incluía a EE.UU., que quería tener la explotación de la prostitución y la explotación sexual en el protocolo independientemente del uso del engaño, la fuerza o la coerción. Realmente querían tener eso en el protocolo. Recuerdo que le escribimos una carta a Madeleine Albright, la secretaria de Estado de Estados Unidos en ese momento, para tratar de discutir la posición de Estados Unidos con ella. Fue firmado por un montón de expertos de diferentes organizaciones en los EE. UU. y en otros lugares, y argumentó que había consenso sobre limitar el protocolo a situaciones forzadas y advirtió que expandirlo para incluir la prostitución voluntaria significaría que varios países se negarían a firmar eso.

El compromiso fue ponerlos a ambos. La frase ‘con el propósito de explotación’ era una especie de término general, y luego bajo ese encabezado se podría poner tanto la explotación de la prostitución como el trabajo forzado, etc. Los términos “explotación del la prostitución ajena” y «explotación sexual» se dejaron intencionalmente sin definir, de modo que los estados pudieran decidir por sí mismos cómo querían abordar la prostitución en sus leyes nacionales. Fue un compromiso político típico en el que ambas partes obtuvieron más o menos lo que querían.

Joel: Mencionaste los efectos dañinos de señalar la explotación sexual como algo diferente del trabajo forzado, las prácticas similares a la esclavitud y la servidumbre. ¿Qué quieres decir con eso?

Marjan: La inclusión de la explotación de la prostitución como un propósito separado del trabajo forzado, etc. reforzó la obsesión histórica por la prostitución y alimentó la vieja fusión de trata y trabajo sexual y la preocupación por la pureza de la mujer. No solo implica que el trabajo sexual no puede ser trabajo, sino que también sugiere falsamente que el trabajo forzado no puede existir en la industria del sexo, lo que priva a las trabajadoras sexuales de la protección contra esa práctica. La OIT siempre había considerado la prostitución forzada como una forma de trabajo forzado, por lo que separarla fue realmente un paso atrás.

El trabajo forzado y las prácticas análogas a la esclavitud no se definen por el tipo de trabajo sino por las condiciones laborales forzadas y no libres. Según la definición del protocolo, esto también debería aplicarse a la trata. Nadie diría nunca que una trabajadora doméstica no puede ser víctima de la trata simplemente porque sabía que haría trabajo doméstico o había trabajado antes como trabajadora doméstica. Pero cuando se trata del trabajo sexual, se ve que en la práctica muchos estados restringen la fuerza para referirse solo a obligar a alguien a prostituirse y no a condiciones de trabajo forzado.

El efecto es que en muchos casos, en lugar de que el delincuente sea juzgado, es la víctima quien tiene que demostrar su «inocencia», desplazando así el enfoque de los actos del tratante a la moralidad de la víctima. Esta distinción entre mujeres «buenas» que merecen protección y mujeres «malas» que perdieron su derecho a la protección contra el abuso es uno de los principales obstáculos para combatir la trata. No solo implica que las trabajadoras sexuales pueden ser abusadas con impunidad, sino también que el derecho de las mujeres a ser protegidas contra la violencia y el abuso está determinado por su pureza u «honor» sexual. Esto no solo es perjudicial para las trabajadoras sexuales, sino para todas las mujeres.

Este excepcionalismo del trabajo sexual también allanó el camino para estrategias completamente opuestas. Donde todo el mundo está de acuerdo en que es importante fortalecer los derechos y apoyar la sindicalización, organización, etc. para combatir el trabajo forzado o las condiciones laborales abusivas, se promueven estrategias exactamente opuestas cuando se trata de combatir la trata en la industria del sexo. Allí se aboga por una mayor criminalización, que se suma al estigma y deja a las trabajadoras sexuales con menos en lugar de más derechos. Esto se ve reforzado por el artículo del protocolo que llama a los Estados a “desalentar la demanda que fomenta todas las formas de explotación”. Por supuesto, esto se interpreta como que se aplica únicamente al trabajo sexual y sentó las bases para las llamadas campañas de «fin de la demanda» que piden la criminalización de los clientes de las trabajadoras sexuales.


La gente tiende a pensar que el protocolo es un tratado de derechos humanos, pero es obvio que no lo es.


La separación de la explotación sexual de los otros fines también hizo que fuera crucial incluir los medios coercitivos en el protocolo. Sin eso se habría convertido en un tratado contra la prostitución, porque simplemente habría sido reclutamiento, transporte, etc., con el propósito de explotar la prostitución, independientemente del uso de la fuerza o la coacción. Si el propósito solo hubiera sido el trabajo forzado, la esclavitud, etc., no habría necesitado los medios coercitivos o engañosos, ya que aquellos son inherentemente coercitivos. Lo que hemos visto en la práctica es que varios países, como México, han eliminado los medios. Y si borras los medios, conviertes el protocolo contra la trata en un protocolo contra la prostitución.

Un cuarto problema es el enfoque en el movimiento. Desvía la atención del trabajo forzado y los resultados similares a la esclavitud que constituyen las violaciones reales de los derechos humanos. Esto no solo proporciona a los estados una justificación para seguir una agenda de control fronterizo bajo el disfraz de combatir la trata, sino que también crea dos categorías de víctimas: aquellas que llegan en una situación de trabajo forzado o esclavitud a través de la trata y aquellas que llegan de otras maneras. El primer grupo tiene derecho a recibir apoyo, aunque sea bastante mínimo, mientras que el segundo está excluido de cualquier derecho porque no lo consiguió a través de la trata. Desde el punto de vista de los derechos humanos, eso es, por supuesto, inaceptable. De hecho, refleja los primeros tratados sobre la trata de personas alrededor de 1900 que abordaban el reclutamiento transfronterizo de mujeres para lo que entonces se llamaba fines inmorales, pero dejaban de lado explícitamente las condiciones coercitivas dentro de los burdeles. Se consideró que era una cuestión de legislación interna.

Joel: ¿Saliste de las negociaciones sintiéndote feliz o preocupada?

 Marjan: Pienso que un poco las dos cosas. Nos alegró que cubriera a todas las personas en lugar de solo a mujeres y niñas. Nos alegró que cubriera todos los sectores. Nos alegró que, al menos en la definición y explicación del protocolo, estuviera claro que la coacción era un elemento central de la trata. Esa había sido una gran pelea. Así que nos alegramos de que estuviera claro que la coerción, el engaño o la fuerza deben estar presentes para que algo sea trata.

Al mismo tiempo, nos preocupaba mucho la distinción que se hacía entre la explotación de la prostitución y los demás fines de trabajo forzado, etc. Y nuestras preocupaciones han demostrado estar completamente justificadas. También nos decepcionó enormemente la falta de protección de los derechos humanos de las personas objeto de trata. La gente tiende a pensar que el protocolo es un tratado de derechos humanos, pero es obvio que no lo es. Es parte de un tratado sobre la delincuencia organizada, es un instrumento de aplicación de la ley.

Joel: Parece que la gente ha trabajado mucho para ampliar la definición de trata en lo que respecta al trabajo sexual, pero se han mostrado reacios a pensar de manera más amplia en otras áreas. Se han resistido a aplicarlo a los trabajadores migrantes o a los trabajadores de las cadenas de suministro globales, por ejemplo. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Intenta la gente aplicar la trata de manera amplia cuando se trata de trabajo sexual y luego de manera limitada cuando se trata de trabajadores migrantes porque de lo contrario es demasiado inconveniente políticamente?

 Marjan: Bueno, la explotación y la disponibilidad de mano de obra barata y explotable es, de hecho, el núcleo del sistema capitalista. Si realmente quisiéramos abordar la explotación en otras industrias, afectaría nuestros propios intereses en servicios y productos baratos. Tendríamos que pagar más por nuestros teléfonos móviles, por nuestras verduras, por la limpieza de nuestras casas y oficinas, etc. Por tanto, es mucho más atractivo centrarse en el trabajo sexual, que se ajusta a una agenda moral más que económica y es fácil de realizar separadamente de nuestras vidas e intereses diarios.

Abordar la explotación requeriría una agenda de justicia social. Requeriría mejorar la situación económica, social y legal de los migrantes, por ejemplo. Centrarse en la prostitución, por el contrario, permite reducir la cuestión a un marco de delito y castigo. No llega a intentar abordar el sistema económico. Y, por supuesto, rescatar a doncellas inocentes es mucho más sexy. Todo esto expone una vez más cuán defectuoso es todo el concepto. Gastamos millones para combatir la trata, mientras que los tratados de trabajo forzado, que ya se remontan a las décadas de 1930 y 1950, nunca han recibido tanta atención. Eso no ha sucedido por accidente.

Joel: ¿Dirías que el problema está más en el protocolo o en lo que hacen los gobiernos con el protocolo?

Marjan: No puedes separarlos. El protocolo fue un compromiso político entre dos puntos de vista e intereses opuestos. Había una razón para hacer ese compromiso, y esas razones también se reflejan en la forma en que se aplica. Así que no creo que realmente puedas hacer esa distinción. Muchos estados dependen de la mano de obra migrante y sería contrario a sus intereses abordar las condiciones abusivas de los trabajadores migrantes y otros trabajadores mal pagados. Entonces no son muy propensos a hacer eso. Además, es mucho más fácil centrarse en la prostitución, las fronteras y la moralidad de las mujeres. Eso encaja mucho mejor con los intereses del estado que abordar las condiciones laborales abusivas que experimentan los migrantes y otros grupos de trabajadores mal pagados que mantienen su economía en marcha. Entonces, ¿por qué deberías hacerlo?

Joel: ¿Te has vuelto más optimista o pesimista en el tiempo que ha pasado con respecto al valor de la trata de personas como una forma de abordar cuestiones de explotación?

Marjan: Creo que ha pasado lo que temíamos. Ha hecho muy poco para abordar las violaciones reales de los derechos humanos o las causas de la explotación de personas en condiciones de trabajo forzoso o análogas a la esclavitud. Tampoco hizo mucho por los derechos de las víctimas porque, por supuesto, existen abusos. Nadie niega que haya graves abusos contra los derechos humanos de las personas, pero el protocolo hace poco para abordarlos. Al contrario, respalda medidas que agravan los abusos. Las medidas represivas siempre tienen un impacto negativo en los grupos más vulnerables. Cuanto más criminaliza o estigmatiza a los grupos, más vulnerables los vuelve a sufrir abusos y más cierra su acceso a la justicia.


Es posible que el protocolo de Palermo hiciera un poco por una categoría muy pequeña de víctimas, pero perjudicó a grupos mucho más grandes.


Yo diría que la situación ha empeorado para muchos grupos. Eso es ciertamente cierto para las trabajadoras sexuales, pero también para muchos migrantes. El protocolo de Palermo brindó a los estados un instrumento para justificar las medidas represivas que colocan a las personas en posiciones más vulnerables. Y al mismo tiempo, no ayudó mucho a mejorar la situación de las víctimas de abuso. En la mayoría de los estados tienes que cooperar con la fiscalía para beneficiarte como víctima, lo que significa que tienes que ponerte a ti y a tu familia en mayor riesgo. Y si usted es un migrante, es probable que lo deporten una vez que ya no sea útil como testigo. También sabemos que el derecho penal no está hecho para víctimas. El derecho penal es un problema entre los estados y los perpetradores. Básicamente, las víctimas no son más que una huella digital, algo que se guarda en un cajón y se saca si necesitas pruebas. Es así. Es posible que el protocolo de Palermo sirviera un poco para una pequeña categoría de víctimas, pero no mejoró las cosas para la mayoría de ellas y perjudicó a grupos mucho más grandes.

Durante las negociaciones defendimos que la trata debería abarcar tanto las condiciones abusivas de contratación como las condiciones laborales abusivas. El protocolo no hace esto. La trata según el protocolo se limita al proceso de contratación, la forma en que las personas llegan a situaciones de explotación. Esto significa que tenemos millones de personas en condiciones de trabajo forzado en todo el mundo que no llegaron allí a través de la trata, y como no llegaron a través de la trata, carecen completamente de derechos. Es como combatir la trata de esclavos pero no la esclavitud. Si naciste esclavo porque tus padres eran esclavos, está bien, siempre y cuando no hayas llegado allí a través del comercio de esclavos. Intentamos transmitir la necesidad de combatir la explotación en sí, pero eso no sucedió.

Joel: Entonces, ¿a dónde vamos desde aquí? Algunas personas sugieren que debería haber una convención de seguimiento que afirme y amplíe el protocolo de Palermo. Otros argumentan que la trata ha creado tantos problemas que es mejor descartarla y probar otra cosa. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Vale la pena permanecer en el campo de lucha contra la trata y buscar reformas desde adentro? ¿O es mejor elegir un campo de batalla diferente y luchar usando un conjunto diferente de conceptos?

Marjan: Probamos esas estrategias. Intentamos deshacernos de todo el concepto de trata y no lo logramos. Una vez que has abierto la caja de Pandora, ya sabes, está fuera de tu control. Está ahí para quedarse. Hay demasiados otros intereses vinculados al concepto de trata como para deshacerse de él. Y esos no son los intereses de las personas afectadas.

También probamos el control de daños. Aún me halaga la idea de que al menos hicimos algo de control de daños en las negociaciones. Podría haber sido peor, pero eso no lo hace bueno. Y debo decir que después de 30 años de control de daños solo, estoy cansada y no soy solo yo. Hacer control de daños no es lo más inspirador que se puede hacer en la vida.

Mi conclusión es que es mucho mejor trabajar por los derechos. Veo dos caminos a seguir. Uno es trabajar por los derechos de las trabajadoras sexuales, los derechos de los migrantes, etc. Es difícil y vivimos tiempos represivos. Estamos en un período histórico conservador y represivo. No es solo trabajo sexual, son derechos sexuales y reproductivos en general. No son solo los trabajadores migrantes, son los migrantes, los refugiados, etc. Todos los derechos humanos están bajo presión. Pero al menos solían verse como algo por lo que luchar. Ahora se debate la necesidad de los derechos humanos en su conjunto.

Joel: Hablo con muchos activistas diferentes y conozco personas que trabajan en reparaciones por la esclavitud transatlántica, y nunca los invitan a los pasillos del poder. Están en el exterior haciendo afirmaciones que a los gobiernos no les gustan. Y contrasta eso con las personas que trabajan en la lucha contra la trata, que son invitadas a gabinetes y salas de juntas, a quienes se les da una plataforma, que tienen influencia y acceso a los centros de poder. Llevo un tiempo preguntándome qué tan adictivo es ese acceso. Cambiar la conversación significa renunciar a ese acceso, incluido el acceso a la financiación, y eso hace que sea difícil decir: «Esto contra la trata de personas no está funcionando. Necesito trabajar en los derechos de las trabajadoras sexuales, los derechos de los migrantes, los trabajadores sindicalizados y todo este tipo de cosas”. ¿Qué tan fácil crees que es realmente para las personas que trabajan en la lucha contra la trata de personas comenzar a trabajar en otras cosas, dado que el perfil político de esas otras cosas es mucho menos acogedor para el activismo?

Marjan: Es absolutamente cierto. Y también dentro del movimiento contra la trata hay una gran división. Está la parte progresista a la que pertenezco, que se basa en los derechos y a la que pertenece la Alianza Global contra la Trata de Mujeres. Y está el movimiento conservador contra la trata, que está muy feliz de dormir en una cama con el estado y con el poder.

Si quieres conseguir dinero, haz trata. No elijas los derechos de los migrantes o los derechos de las trabajadoras sexuales. Esa es una elección estúpida si quieres dinero e influencia. Y, por supuesto, el dinero es adictivo. Cuando empezamos, a finales de los 80, a nadie le interesaba. Una vez que se convirtió en un gran problema, no sé cuántos cientos de organizaciones se subieron al tren.

Creo que al final, no importa lo difícil que sea enfocarnos en los derechos en lugar de la represión, es lo mejor que podemos hacer. Me alegra que la Organización Internacional del Trabajo haya abordado el tema. Creo que si queremos abordar los abusos, o si queremos abordar la explotación de personas en condiciones de trabajo forzado y análogas a la esclavitud, la OIT es una mejor manera de hacerlo.

Seguiría intentando trabajar junto con la OIT. Les presionaría para que también incluyeran la industria del sexo. Pasaron años antes de que incluyesen a las trabajadoras del hogar, pero al final lo hicieron. Y no es que el mundo cambie cuando se concluye un tratado internacional. Ciertamente no para las trabajadoras domésticas, pero es un paso. Es un pequeño paso, pero al menos un paso hacia los derechos en lugar de la represión. Por tanto, creo que sería importante que la OIT incluyera también la industria del sexo como un área de preocupación sobre las normas laborales.

Si puedes tirar de la OIT, también significa que pasas a conceptos mucho más neutrales. Debemos ser conscientes de cuán corrompidos y defectuosos pueden ser los conceptos, y el gran alcance que tiene la influencia de un concepto. Como dije al principio, si hubiéramos estado al tanto de la historia de la trata y de lo que significó importar ese concepto, no lo habríamos hecho. Realmente tienes que ser muy consciente del lenguaje que usas, los conceptos que importas y tratar de buscar un lenguaje neutral.

La trata no va a desaparecer y no escaparemos a la necesidad de controlar los daños. Tenemos que seguir haciéndolo. Pero al mismo tiempo, como movimiento, es realmente importante conectarse con otros movimientos basados en los derechos. El movimiento por los derechos de los migrantes, el movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales y el movimiento por los derechos humanos deben unirse y desarrollar su propia agenda basada en los derechos.

La desinformación sobre el trabajo sexual

Enviado por NSWP el 17 de diciembre de 2020

https://www.nswp.org/resource/nswp-briefing-notes/briefing-note-misinformation-sex-work

 

La desinformación sobre el trabajo sexual ha florecido durante siglos, alimentada por estereotipos, mitos y juicios morales ancestrales que siguen dando forma a las leyes y a las opiniones públicas. 

Ya sea que las falsedades se difundan para engañar deliberadamente o se compartan sin saberlo, la difusión de información inexacta y engañosa sobre el trabajo sexual tiene consecuencias importantes. Esta Nota Informativa describe algunas de las formas más frecuentes de desinformación en torno al trabajo sexual, proporcionando ejemplos recientes para demostrar sus impactos en los ámbitos de la política, la investigación y la protección de los derechos humanos.

 

Fusión del trabajo sexual con la trata y la explotación

A lo largo de la historia, la legislación y los discursos contra la trata se han centrado en la «prostitución» como un medio para controlar el movimiento, la migración y el comportamiento sexual de las mujeres. Hoy en día, la fusión del trabajo sexual con la trata sigue siendo una de las formas más prevalentes de desinformación en torno al trabajo sexual, respaldada por la ideología feminista y abolicionista radical que equipara todo trabajo sexual con violencia y explotación. Esta ideología, a su vez, da forma a una serie de leyes y prácticas nocivas, incluidos los modelos de «fin de la demanda» y de «redada y rescate» y servicios coercitivos de «rehabilitación» y «salida».

Aunque los enfoques de «fin de la demanda» afirman promover la igualdad de género al reducir la prevalencia tanto del trabajo sexual como de la trata, un conjunto sustancial de pruebas ha demostrado que la penalización de los clientes exacerba la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales a la violencia, la explotación y el abuso, al tiempo que obstaculiza la identificación de las víctimas reales de trata.1 Además, no hay pruebas sustanciales que sugieran que los enfoques de “fin de la demanda” hayan reducido la prevalencia del trabajo sexual2 o de la trata.3

La fusión del trabajo sexual y la trata también refuerza las malas interpretaciones de los marcos legales internacionales que rodean la “explotación de la prostitución”, un concepto que a menudo se invoca, pero que está escasamente definido. Los defensores de los enfoques de «poner fin a la demanda» han afirmado ampliamente, por ejemplo, que tanto la CEDAW como el Protocolo de Palermo exigen a los Estados suprimir toda la «prostitución» como una forma de trata y explotación. Sin embargo, las discusiones documentadas durante la redacción de la CEDAW han demostrado que el artículo 6 de la Convención, que exige a los Estados «suprimir la explotación de la prostitución» 4, fue redactado deliberadamente para distinguirlo del deber de suprimir toda prostitución.5 La Nota Interpretativa que acompaña el Protocolo de Palermo especifica de manera similar que el Protocolo solo aborda la “explotación de la prostitución” en el contexto de la trata, y que no define lo que constituye la «explotación de la prostitución ajena» 6.

Sin embargo, las feministas y abolicionistas radicales continúan capitalizando la ambigüedad que rodea a la «explotación de la prostitución» para promover enfoques de «fin de la demanda». En noviembre de 2020, el Comité de la CEDAW publicó la Recomendación general sobre la trata de mujeres y niñas en el Contexto de la migración global.7 A pesar de los repetidos llamamientos de las organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales para que la Recomendación General distinga claramente entre trabajo sexual, trata y explotación, el Comité de la CEDAW finalmente ignoró estos aportes para promover una agenda de políticas defectuosa arraigada en la ideología de “fin de la demanda.”

Evidencia errónea

La fusión del trabajo sexual con la explotación y la trata también ha llevado al frecuente uso indebido de datos sobre la trata de personas, el trabajo forzado y la «esclavitud moderna» para dar forma a las leyes y posiciones sobre el trabajo sexual. Esta práctica se ve agravada por la naturaleza intrínsecamente problemática de los datos relativos a la lucha contra la trata.

Las dificultades para obtener datos fiables y sólidos sobre la trata de personas y el trabajo forzado han sido reconocidas durante mucho tiempo por investigadores y académicos8, así como por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 9 y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.10 La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC) también ha señalado el potencial del sesgo estadístico para distorsionar las mediciones de la «explotación sexual», debido al hecho de que esta forma de explotación es más visible y se informa con más frecuencia que otras.11 La práctica generalizada de poner en el punto de mira e identificar erróneamente a las trabajadoras sexuales en las intervenciones contra la trata (tales como las operaciones de «redada y rescate»), combinadas con el subregistro de otras formas de explotación laboral, comprometen aún más estos datos, fomentando un ciclo insidioso y autoperpetuante de «evidencia» defectuosa.

Los datos también se pueden tergiversar para lograr maliciosamente porcentajes más altos y reforzar afirmaciones ficticias. En un video de la campaña de reelección de febrero de 2020, el presidente del grupo de trabajo de la CEDAW que lidera el desarrollo de la Recomendación general sobre la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial afirmó que “el 90% de las mujeres víctimas de la trata han sido objeto de trata con fines de explotación sexual. ”12 Si bien la fuente de esta información no fue revelada, la estadística puede ser remodelada del Informe Global sobre la Trata de Personas (TIP) 2018 de la UNODC, que indicó que el 83% de las mujeres víctimas de la trata han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual.13 Más allá de esta discrepancia numérica, dado que las estadísticas de la UNODC se basaron en datos limitados de aproximadamente solo una cuarta parte de los países del mundo, estos hallazgos no pueden generalizarse a escala mundial.

Los datos reconfigurados del Informe TIP de la UNODC de 2018 también se utilizaron en el Borrador de la Recomendación general de la CEDAW sobre la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial14, así como en la publicación de julio de 2020 de ONU Mujeres y la Organización para la Seguridad y la Cooperación. en Europa (OSCE), Abordar las tendencias emergentes de la trata de personas y las consecuencias de la pandemia COVID-19.15 En estos documentos, se recalculó selectivamente un conjunto de 4 cifras del Informe TIP 2018 para lograr una cifra más alta en la trata con fines de explotación sexual. Esta forma de «piratería» de datos no solo oculta aún más la evidencia, sino que la falta de transparencia en torno a esta práctica genera serias preocupaciones sobre los motivos y la integridad de las partes involucradas.

Datos e intervenciones digitales

En los últimos años, el creciente enfoque en el «ciberdelito» y las intervenciones contra la trata de personas basadas en la tecnología también han ampliado enormemente el campo para cultivar información errónea sobre el trabajo sexual y promover leyes nocivas. En 2018, EE. UU. aprobó la Ley para dejar de habilitar a los tratantes sexuales (SESTA) y la Ley para permitir que los Estados y las víctimas luchen contra la trata sexual en línea (FOSTA), legislación que penaliza los sitios web utilizados por las trabajadoras sexuales para anunciar sus servicios, filtrar a los clientes y compartir información, con el pretexto de que estas plataformas facilitan la trata.

Tras una década de campañas e «investigaciones» defectuosas que retratan a la mayoría de las trabajadoras sexuales que anuncian sus servicios en línea como víctimas de trata, FOSTA-SESTA ha reducido significativamente la capacidad de las trabajadoras sexuales para trabajar de forma segura e independiente.16 Contrariamente a sus objetivos, esta legislación también ha obstaculizado los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los tratantes, quienes han trasladado sus actividades a la clandestinidad para evitar ser detectados17.

No obstante, persiste el mito de que las plataformas en línea utilizadas por las trabajadoras sexuales impulsan la trata. Algunas partes interesadas, incluidas ONU Mujeres y la OSCE en su informe de julio de 2020, también han afirmado sin fundamento que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado la vulnerabilidad a la trata facilitada en línea, con el fin de reafirmar una agenda política existente que no se basa ni en derechos ni en pruebas. .

El creciente enfoque en las intervenciones digitales contra la trata también ha impulsado el desarrollo de nuevas herramientas de recopilación de datos y vigilancia, que al mismo tiempo violan los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y contribuyen a una “base de evidencia” ya profundamente defectuosa. La herramienta Spotlight, desarrollada por el grupo antitrata Thorn para identificar a las víctimas de trata menores de edad, ha admitido haber recopilado datos de millones de anuncios de trabajo sexual en línea, compartiendo esta información con la policía basándose en la suposición de que “en algún lugar de esa pila de datos hay niños” 19. Esta descarada forma de vigilancia masiva expone a las trabajadoras sexuales a violaciones de la privacidad y al enjuiciamiento legal, al tiempo que refuerza las peligrosas ideas erróneas sobre el trabajo sexual en los espacios digitales.

Sesgo y discriminación disfrazados de neutralidad

Está claro que los conceptos erróneos más promocionados sobre el trabajo sexual se basan en prejuicios políticos e ideológicos, más que en hechos y realidades vividas. Sin embargo, estos prejuicios rara vez se reconocen y a menudo se enmarcan en un lenguaje de “neutralidad”. En octubre de 2019, en respuesta a la reacción violenta de las feministas abolicionistas contra la visibilidad del trabajo sexual en el Foro de Igualdad Generación Beijing + 25, 20 la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres afirmó la postura “neutral” de la organización sobre el trabajo sexual:

“ONU Mujeres ha adoptado una posición neutral sobre este tema. Por lo tanto, ONU Mujeres no toma posición a favor o en contra de la despenalización / legalización de la prostitución / trabajo sexual”. 21

Menos de un año después, durante un seminario web internacional de julio de 2020, la Directora Ejecutiva fue grabada en video diciendo:

“Nuestra creencia fundamental, como ONU Mujeres, es que todas las mujeres que participan en esta industria son víctimas; ya sea que se consideren trabajadoras sexuales o no, ya sea que vean esto como un trabajo, las consideramos víctimas, y a los que compran sus servicios como perpetradores de violencia contra las mujeres… Esto es la cosa más desesperada, la cosa más insana y la cosa más indigna que le puede pasar a cualquier mujer. ”22.

Las narrativas de victimización y la negación del trabajo sexual como trabajo son fundamentalmente incompatibles con una posición neutral sobre el trabajo sexual. Al abrazar creencias dañinas y discriminatorias bajo el disfraz de neutralidad, las partes comprometidas con los derechos humanos mienten y engañan conscientemente al público, socavando las protecciones universales que tienen el mandato de defender.

Varias instituciones internacionales y regionales de derechos humanos, incluida la OSCE y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), han hecho hincapié en que “la desinformación y la propaganda pueden dañar la reputación y la privacidad de las personas, o incitar a la violencia, la discriminación o la hostilidad contra grupos identificables en la sociedad ”.23 En mayo de 2020, en respuesta a la desenfrenada difusión de información errónea en medio de la crisis de la COVID-19, la ONU lanzó Verified, una campaña global dedicada a promover información precisa sobre la pandemia.24 Solo meses después, sin embargo, ONU Mujeres y la OSCE publicaron su informe sesgado y empíricamente defectuoso sobre la trata y la COVID-19, que promueve fusiones erróneas y leyes dañinas que exacerban la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales a la violencia, la discriminación y la penalización.

Ataques a defensores de derechos humanos

También se utiliza información errónea para intentar desacreditar a los defensores de los derechos humanos y otras partes comprometidas que apoyan los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Amnistía Internacional, que en 2016 adoptó su política histórica que promueve la despenalización del trabajo sexual, 25 ha sido un blanco destacado de los ataques contra el trabajo sexual respaldados por grupos abolicionistas, líderes religiosos y celebridades de Hollywood.

En una carta abierta publicada en un intento de detener la aprobación de la política de Amnistía Internacional, la Coalición contra la Trata de Mujeres (CATW) afirmó erróneamente que «la creciente evidencia muestra los efectos catastróficos de la despenalización del comercio sexual», citando «evidencia» de Alemania y Países Bajos: dos países en los que el trabajo sexual está legalizado, no despenalizado.26 Simultáneamente, se lanzó una campaña en las redes sociales contra Amnistía Internacional utilizando el hashtag # NoAmnesty4Pimps, agregando una gama de juicios moralizantes, afirmaciones infundadas e información evidentemente falsa que buscaba retratar a Amnistía Internacional como parte de un “lobby de proxenetas”.

También se han realizado campañas contra titulares de mandatos individuales encargados de defender los derechos humanos. En julio de 2020, la Dra. Tlaleng Mofokeng, una respetada experta en salud y derechos sexuales y reproductivos, fue nombrado Relatora Especial de Salud de la ONU. Debido a su defensa de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y su apoyo manifiesto a la despenalización del trabajo sexual, la Dra. Mofokeng fue inmediatamente sometida a ataques en línea que buscaban desacreditar su experiencia, 27 incluso a través de afirmaciones ficticias de que promovía la “prostitución” de las adolescentes. 28

La Relatora Especial saliente sobre la trata de personas, Maria Grazia Giammarinaro, también fue amonestada en julio de 2020 por cooperar con la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), una organización contra la trata que pide la despenalización del trabajo sexual y la delimitación clara entre el trabajo sexual y la trata. El grupo abolicionista CATW afirmó falsamente que el ACNUDH (la oficina de la ONU que apoya a los relatores especiales) había violado el Protocolo de Palermo y la CEDAW al «alinearse» con la GAATW, demostrando cómo la mala interpretación de los marcos legales puede ser un arma en los intentos de desestabilizar las instituciones de derechos humanos.29

Conclusión

En un momento en el que es más fácil que nunca manipular y difundir información errónea, la importancia de cuestionar las narrativas, posiciones y «hechos» dominantes sobre el trabajo sexual es más clara que nunca. Cuando se aceptan sin crítica, estas falsedades perpetúan leyes y prácticas peligrosas que dañan a las trabajadoras sexuales y socavan la integridad de los mecanismos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, a pesar de estos ataques, nunca ha habido una base de evidencia más amplia y sólida disponible para contrarrestar la información errónea sobre el trabajo sexual. La investigación liderada por la comunidad ha formado un componente esencial de esta base de evidencia y debe priorizarse para garantizar que las voces y las experiencias vividas por las trabajadoras sexuales sigan siendo escuchadas.

 

Notas

1 NSWP, 2018, “The Impact of ‘End Demand’ Legislation on Women Sex Workers.”

2 Jay Levy and Pia Jakobsson, “Sweden’s abolitionist discourse and law: Effects on the dynamics of Swedish sex work and on the lives of Sweden’s sex workers,” Criminology and Criminal Justice 14(5) (2014): 593-607.

3 Susanne Dodillet and Petra Östergren, 2011, “The Swedish Sex Purchase Act: Claimed success and documented effects.”

4 UN General Assembly, 1979, “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, A/RES/34/180.”

5 Janie Chuang, “Article 6” in CEDAW Commentary, eds. Freeman et al. (Oxford: Oxford University Press, 2011), 176.

6 United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, “Travaux Préparatoires of the negotiations for the elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto,” 347.

7 UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2020, “General recommendation No. 38 (2020) on trafficking in women and girls in the context of global migration (CEDAW/C/GC/38).”

8 Elzbieta Gozdiak and Micah N. Bump, “Data and Research on Human Trafficking: Bibliography of research-based literature,” (Washington, D.C.: Georgetown University, 2008).

9 International Labour Organization, 2012, “ILO Global Estimate of Forced Labour: Results and methodology.”

10 U.S. Department of State, 2016, “Trafficking in Persons Report,” p. 10.

11 United Nations Office on Drugs and Crime, 2009, “Global Report on Trafficking in Persons,” p. 6.

12 Dalia Leinarte, “Twitter / @DLeinarte: Candidate to UN CEDAW elections June 29, 2020 New York,” 7 Feb. 2020, 8:14 a.m.

13 United Nations Office on Drugs and Crime, 2018, “Global Report on Trafficking in Persons (2018),” p. 28.

14 UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2019, “DRAFT General recommendation on Trafficking in Women and Girls in the Context of Global Migration.”

15 UN Women and OSCE, 2020, “Addressing Emerging Human Trafficking Trends and Consequences of the COVID-19 Pandemic.”

16 Danielle Blunt and Ariel Wolf, “Erased: The impact of FOSTA-SESTA and the removal of Backpage on sex workers,” Anti-Trafficking Review 13 (2020): 117-121.

17 Lura Chamberlain, “FOSTA: A Hostile Law with a Human Cost,” Fordham Law Review 87 (2019).

18 Violet Blue, “Sex, lies, and surveillance: Something’s wrong with the war on sex trafficking,” Engadget, 31 May 2019.

19 “Spotlight,” Thorn.

20 “Global letter to UN Women regarding Beijing+25 and the Generation Equality Forum,” 17 October 2019.

21 “Response from the Executive Director of UN Women to global letter dated 17 October 2019,” 25 October 2019.

22 “SWEAT’s Response to utterances by the UN Women Executive Director, Phumzile Mlambo-Ngcuka,” Sex Workers Education and Advocacy Taskforce, 23 July 2020.

23 OSCE et al., 2017, “Joint Declaration on Freedom of Expression and ‘Fake News’, Disinformation and Propaganda.”

24 “’Verified’ initiative aims to flood digital space with facts amid COVID-19 crisis,” United Nations Department of Global Communications, May 2020.

25 Amnesty International, 2016, “Amnesty International Policy on State Obligations to Respect, Protect and Fulfil the Human Rights of Sex Workers.”

26 Coalition Against Trafficking in Women, “Open Letter to Amnesty International,” 17 July 2015.

27 Barbara Crossette, “Not All Human Rights Council Specialists are Perfect: The Latest Controversy,” Passblue, 19 August 2020.

28 Lisa Correnti, “Advocate for Teen Prostitution Takes Top UN Post,” Center for Family and Human Rights, 2 September 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veinte años de trata: haciendo balance del mundo que construyó el Protocolo de Palermo

 

Enviado por NSWP el 20 de noviembre de 2020

Autor:

Fuente (instituto / publicación):

Open Democracy

https://www.nswp.org/news/open-democracy-palermo-20th-anniversary-series

 

Esta semana, Open Democracy anunció la publicación de una serie de artículos de pensadores clave que reflexionarán sobre el vigésimo aniversario del Protocolo de Palermo. El Protocolo, un suplemento de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, tiene como objetivo «prevenir, reprimir y castigar la trata de personas», con un enfoque específico en «mujeres y niños».

Los primeros tres artículos publicados como parte de la serie son de particular interés para las trabajadoras sexuales, ya que abordan las cuestiones de la «explotación», que no está definida en el derecho internacional ni en el Protocolo. Los artículos destacan las consecuencias para las mismas personas que el Protocolo y los responsables políticos supuestamente pretenden proteger.

Aquí hemos extraído citas que son relevantes para el trabajo sexual y hemos incluido enlaces a los artículos completos en el sitio web de Open Democracy.

 

¿Qué es la explotación, de todos modos?

“Otro problema aquí es la forma en que ciertas categorías de trabajo (como el trabajo sexual) se enmarcan como esencialmente explotadoras, con líneas claras entre lo que es ‘aceptable’ para la dignidad humana y lo que se dice que es ajeno a ella. El problema es que, una vez más, quienes trazan estas líneas lo hacen de acuerdo con marcos morales específicos de cada cultura y clase. Y estos están lejos de ser compartidos universalmente.

En segundo lugar, cuando categorías enteras de trabajo se construyen como explotadoras por defecto, pueden problematizarse estrategias de subsistencia que pueden no ser problemáticas para las personas que viven en ellas. Peor aún, cuando estas estrategias de subsistencia son consecuentemente dirigidas a la abolición, las personas cuyas vidas dependen de ellas casi siempre sufren. El trabajo sexual y el trabajo infantil son aquí los ejemplos paradigmáticos. Los legisladores y los actores de la sociedad civil de todos los continentes han intentado «salvar» a las trabajadoras sexuales y a los niños trabajadores prohibiéndoles hacer el trabajo del que dependen para vivir. Al hacerlo, solo les causan una miseria cada vez mayor. ¿Esto realmente beneficia a los explotados? »

 

El caso del trabajo sexual

“La frontera porosa entre la explotación capitalista cotidiana y el abuso criminal excepcional es especialmente evidente cuando se trata de debates sobre el trabajo sexual y la trata. El caso de la trata de personas con fines de explotación laboral sexual, que el protocolo destaca como un área de énfasis, revela que la difuminación de la frontera no es el resultado de un pensamiento o una redacción descuidados de un comité. En cambio, es una estrategia consciente de las feministas abolicionistas de la prostitución que dejaron una huella indeleble en el documento.

La fusión de trata sexual y trabajo sexual es una estrategia clave de las organizaciones abolicionistas extremistas. La Coalición contra la Trata de Mujeres, por ejemplo, insiste en que “la explotación de la prostitución y la trata no pueden separarse” y, por lo tanto, equipara el trabajo de cualquier forma de prostitución con la violencia y el abuso sexuales. El protocolo y las políticas nacionales contra la trata de personas que se inspiran en él han servido como herramientas para revitalizar la vigilancia y la persecución legal de las trabajadoras sexuales en general.

Un ejemplo claro de esta agenda en acción son los proyectos de ley SESTA / FOSTA aprobados por el Congreso de los EE.UU. y promulgados como ley en 2018. La ley está destinada a combatir tanto la prostitución como la trata sexual —ambas están constantemente fusionadas en el texto— tomando como objetivo los sitios y plataformas online que utilizan las trabajadoras sexuales para comercializar sus servicios y seleccionar a los clientes, con el argumento de que también podrían ser utilizados por tratantes. La ley pone en peligro la seguridad y los medios de subsistencia de las muchas trabajadoras sexuales que utilizan estas herramientas, como parte integrante del esfuerzo por eliminar de la plataforma el pequeño número de tratantes que también podrían utilizar estos sitios. Con la ayuda de todas las historias sensacionalistas de los medios sobre la trata sexual, la por ahora habitual fusión de trabajo sexual y trata sexual ha sido una bendición para las abolicionistas del trabajo sexual en los Estados Unidos.

Vale la pena señalar (aunque este punto merece un argumento aparte) que el alcance expansivo de las leyes de trata de personas también se utiliza como un arma contra los migrantes y las redes de ayuda a los migrantes. Así como la ley tiende a catalogar todo el trabajo sexual como trata, también la ayuda a los migrantes se ha convertido en objeto de persecución legal como «trata de personas». Como resultado, los proyectos humanitarios, como las misiones de rescate en el Mediterráneo para ayudar a los migrantes en peligro, han sido criminalizados y acusados ​​repetidamente en virtud de las leyes contra la trata.

Es irónico que las feministas abolicionistas de la prostitución, que tuvieron una enorme influencia en la redacción del protocolo, repitan realmente un aspecto del argumento de Marx, aunque de una manera distorsionada y limitada. Ellas también rechazan la división entre trabajo sexual y trata sexual. Quizás, podría pensar uno, podríamos simplemente expandir el marco más allá de «todo trabajo sexual es explotación» a «todo trabajo capitalista es explotación». Pero las abolicionistas de la prostitución no pueden aceptar que el trabajo sexual sea como cualquier otro trabajo; debe seguir siendo excepcional, en parte debido a la base fundamentalmente moral de su condena. Y, como resultado, su solución preferida debe girar en torno al procesamiento penal, como el modelo nórdico que penaliza a los consumidores de servicios sexuales en un intento por destruir el sector del trabajo sexual.

 

No rescate y enjuiciamiento, sino empoderamiento y organización

“… la estrategia adecuada para combatir la vulnerabilidad y la explotación no es el rescate y la persecución legal, sino el empoderamiento y la organización. En primer lugar, dado que la mayoría de las personas son reclutadas para trabajar debido a su vulnerabilidad económica, la forma de combatir esto es empoderarlas creando una seguridad económica genuina. Esfuerzos como iniciativas de reducción de la pobreza, programas de alivio de la deuda y proyectos para acabar con la falta de vivienda. En segundo lugar, dado que los explotados en la sociedad capitalista —los explotados en términos de jerarquías de clase pero también de género, raza, sexualidad y nacionalidad—- tienen un poder potencial, pueden organizarse políticamente. Una solución genuina al problema de la explotación tendrá que ser iniciada por modos de organización sindical de coalición que sean capaces de abordar todas estas jerarquías juntas ”.

 

La lucha contra la trata es un trabajo interno

“En segundo lugar, tenemos organizaciones que han utilizado la lucha contra la trata y el acceso e influencia que esa lucha les permite para hacer avanzar otros aspectos de su agenda. Los grupos que buscan abolir el trabajo sexual son los principales culpables aquí. Las activistas abolicionistas han logrado aprovechar la simpatía por las víctimas de trata para penalizar aún más el trabajo sexual, acosar a las trabajadoras sexuales y sus clientes, y negar rutas seguras y legales de migración interna e internacional para las trabajadoras sexuales. Bajo el disfraz de la lucha contra la trata, en muchas jurisdicciones las victorias anteriores obtenidas por las trabajadoras sexuales se han revertido y las trabajadoras sexuales se han vuelto más expuestas al poder punitivo del Estado.

Esta es una alianza mutuamente beneficiosa. El flujo de cientos de millones de dólares en los Estados Unidos a organizaciones que luchan contra la «esclavitud moderna» ha jugado un papel importante en desviar la atención de las políticas gubernamentales sobre inmigración, libre comercio, empleo, medio ambiente y bienestar público. Hablar de ‘tratantes’ y ‘traficantes’ no solo es una forma eficaz de silenciar otros debates, sino que también permite a los Estados-nación que de otro modo se definirían por sus políticas anti-inmigrantes, anti medio ambiente, anti-mujeres, anti-trabajadores y anti-pobres ser vistos como los salvadores y protectores de las ‘víctimas de trata’ ”.

Más allá de “extraños compañeros de cama”

 

 

Cómo se inventó la «Guerra contra la Trata» para unir a la izquierda y a la derecha

 

Melissa Gira Grant

 

Agosto de 2018

http://feature.politicalresearch.org/beyond-strange-bedfellows

 

Versión en PDF: https://www.politicalresearch.org/wp-content/uploads/2018/08/PE_Summer18_Grant-1.pdf

 

 

Seis meses después del comienzo de la Guerra de Irak, el entonces presidente George W. Bush se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas.1 «Los acontecimientos de los últimos dos años nos han presentado la división más clara», declaró Bush, «entre quienes buscan el orden y aquellos que propagan el caos; entre los que trabajan por el cambio pacífico, y los que adoptan los métodos de los gánsteres.» Del lado del caos y el gangsterismo, continuó, estaban los terroristas. Pero no se detuvo allí:

Se está extendiendo otra crisis humanitaria, aunque está oculta a la vista. Cada año, se calcula que entre 800.000 y 900.000 seres humanos son comprados, vendidos o forzados a cruzar las fronteras del mundo. Entre ellos se encuentran cientos de miles de chicas adolescentes y otras de apenas cinco años, que son víctimas del comercio sexual. Este comercio con la vida humana genera miles de millones de dólares cada año, muchos de los cuales se utilizan para financiar el crimen organizado. Hay un mal especial en el abuso y la explotación de los más inocentes y vulnerables.

El terrorismo era obra del «mal», había dicho Bush mucho antes: ahora, un nuevo crimen se uniría a su índice del mal: la trata de seres humanos.2 El vínculo entre los dos se pudo haber perdido en aquel momento; el terror, las «armas de destrucción masiva» y el entonces presidente Saddam Hussein seguían siendo la estrella del espectáculo. Pero para los legisladores, diplomáticos y activistas que habían luchado durante años para que la trata de personas ocupara un lugar privilegiado en el escenario mundial, la declaración de Bush fue una gran victoria.

Bush estaba, de alguna manera, simplemente tomando la temperatura nacional de su base. «Cada año, dos millones de mujeres y niños en todo el mundo tienen relaciones sexuales con extraños solo porque alguien los secuestra y amenaza con matarlos«, argumentó un artículo de Christianity Today publicado ese mismo otoño de 2003, que ya inflaba las cifras que Bush citó en la ONU. 3 «Es posible que haya pasado junto a algunas de estas víctimas en la calle», advirtió el artículo. Como el terrorismo, este mal «escondido» ahora estaba cerca de casa.

La historia de la trata de personas, tal como la contó el presidente Bush en 2003, se ha convertido en la narrativa dominante que se encuentra en los relatos de los medios, las campañas de activistas y las apelaciones de recaudación de fondos hasta el día de hoy. Pero Bush no creó esta historia; simplemente la presentó. Sus personajes y su dilema moral fueron modelados por un grupo relativamente pequeño de personas con influencia política en la derecha —con sueños de organizar activistas cristianos en torno a temas sociales que se pudieran ganar— y sus nuevas aliadas: las feministas liberales cuya vieja oposición a la prostitución y la pornografía estaba, al comenzar el siglo XXI, muy por debajo de la agenda por los derechos de las mujeres. Lo que ambos grupos buscaban, desde diferentes extremos del espectro político, era una oportunidad para adoptar una nueva identidad: ni predicadores ni regañonas, sino defensores de los derechos humanos.

Juntos, esta nueva coalición popularizó la lucha contra la trata como una cruzada moral equiparada con la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, incluso adoptando su lenguaje: abolición. Y la «crisis» que Bush colocó en el escenario mundial en marzo de 2003 se convirtió en una oportunidad: cambiar su imagen y construir un consenso más amplio, de derecha a izquierda, que a la vez reconociera su autoridad moral y ampliara su atractivo. Y así comenzaron, primero declarando la guerra a lo que se conoció como «trata de personas», y luego dedicándose a definir lo que significaría esta guerra para que sus objetivos y autoridad estuvieran siempre en su centro.

 

Uniendo a la conejita y al hombre del hacha

 

«Tienes a supermamás y a Baptistas del Sur, a la Organización Nacional de Mujeres y a la Asociación Nacional de Evangélicos en el mismo lado del problema», Michael Horowitz, compañero y director en el Instituto Hudson, le dijo a Bob Jones en la revista World en 2002.4 «Gloria Steinem y Chuck Colson juntos».

Hoy, han pasado casi 20 años desde que Horowitz logró alinear a la antaño infiltrada en el Club Playboy, Steinem, con el hombre de los «trucos sucios» de Nixon, Colson, bajo el lema de combatir la trata de personas. Pero el hecho de que estos «extraños compañeros de cama» se unieran a pesar de sus diferencias no es toda la historia. Desde el principio, el objetivo de Horowitz era unir a los conservadores y a los liberales, incluidos los líderes religiosos y seculares. Había imaginado una coalición como ésta antes de centrarse en la trata como la causa —el vehículo— que podría lograrlo. Lo había intentado antes, en 1998, cuando ayudó a aprobar el Acta de Libertad Religiosa Internacional (IRFA), para proteger los derechos humanos de los cristianos perseguidos fuera de los Estados Unidos, con el apoyo del Representante Chris Smith (R-NJ) .5 En aquella época, Horowitz vio el tema de la libertad religiosa como uno que podría impulsar a los cristianos a la acción política en nombre de los derechos humanos, sin aparecer como los típicos regañones morales. «Horowitz transformó casi por sí solo la persecución de los cristianos en un tema importante», consideró The New Republic en 1997.6

No mucho después, imaginó la lucha contra la trata de personas como otra causa conjunta, enmarcando los términos de la batalla a fin de atraer mejor a grupos dispares. Desde el principio, vio la cuestión de la lucha contra la trata como una oportunidad que ofreció a los grupos de presión, los políticos y los medios de comunicación, una oportunidad de estar en el lado correcto de la historia. «No trates de que se unan al establishment», dijo entonces. «Déjalos que te acompañen».

Utilizaría las mismas apelaciones a los derechos humanos que había empleado para la IRFA para impulsar la Ley de Protección de Víctimas de la Trata (TVPA), nuevamente trabajando con el congresista Smith. «El componente sexual de la trata, más que su naturaleza coercitiva, fue lo que atrajo a Smith y otros conservadores al tema», observó Alicia W. Peters, antropóloga de la Universidad de Nueva Inglaterra. «Para los cristianos conservadores y los evangélicos, el tema de la trata, y la trata sexual en particular, era un ejemplo de comportamiento moral depravado que violaba el principio de que el sexo debería reservarse para el matrimonio entre un hombre y una mujer… Los debates en torno a la TVPA se convirtieron en una forma de que los conservadores participaran en el trabajo por los «derechos humanos» y dar un giro moral a la trata que reforzara una concepción particular de la sexualidad «.

El movimiento para combatir la trata de personas, tal como lo concibió Horowitz, usaría ese «giro moral» para atraer a más conservadores a esta causa de «derechos humanos». Allen D. Hertzke, un estudioso de religión y política en la Universidad de Oklahoma, dice que desde su primer encuentro en 1998, Horowitz lo alentó a «ser el cronista del movimiento», incluida la aprobación de la TVPA emblemática, para hacer que la trata fuera un problema importante. «La campaña legislativa construida sobre la alianza anterior contra la persecución», mientras Horowitz trabajaba para promover su objetivo de consenso entre derecha e izquierda, escribe Hertzke en su libro, Liberando a los hijos de Dios: la improbable alianza para los derechos humanos globales. En mayo de 1999, «en una habitación escondida en el Capitolio de EE.UU.», continúa Hertzke, Horowitz convocó una reunión de estrategia, que Charles Colson abrió con una oración.

Hertzke escribe también que hubo algunas caras conservadoras familiares: el representante Smith y el líder de la mayoría de la Cámara Dick Armey (R-TX), que prometieron votar a favor de la legislación de trata de Smith, así como el experto conservador y ex secretario de Educación William Bennett, Richard Land de la Convención Bautista del Sur, y Richard Cizik de la Asociación Nacional de Evangélicos. Pero también estaba David Saperstein, un prominente rabino liberal (sobre el cual Horowitz bromeó, «el electorado de David le paga para enderezar la derecha cristiana, pero con considerable coraje se encargó del tema de la persecución») y Laura Lederer, una defensora de los derechos de las mujeres y, en ese momento, convertida a la lucha contra la trata de personas.

Lederer sería central en la misión de Horowitz de transformar la trata en «el tema de los derechos humanos de nuestro tiempo». Él la usaría, contó Hertzke, «para hacer que los grupos de mujeres respaldaran el esfuerzo». Lederer pensó que Equality Now sería el mejor grupo para reclutar: a través de su conexión con Gloria Steinem, tal vez podría usar su influencia para atraer a otras feministas prominentes a la lucha contra la trata. «Esto es», escribe Hertzke, «de hecho, lo que sucedió».

Como un funcionario de la administración Bush caracterizó una vez al nuevo aliado de Lederer en Washington a The American Prospect, «Horowitz es el Charlie para sus Ángeles» .8 Junto a Lederer, atrajo a Donna M. Hughes, colaboradora de la National Review y de la Cátedra de Estudios de la Mujer en la Universidad de Rhode Island. Como Lederer —editora del libro de 1982 Take Back the Night: Las mujeres en la pornografía—, Hughes era una veterana de la causa feminista contra la pornografía. También era una neoconservadora. Desde el 11 de septiembre, Hughes instó a sus colegas feministas a mirar a la derecha como aliada en causas como el «fundamentalismo islámico» y el «antisionismo». Como argumentó en un intercambio de opinión en el Washington Post con la activista feminista Phyllis Chesler:

En el pasado, cuando se enfrentaban a la elección de aliados, las feministas hacían concesiones. Para obtener el apoyo de la izquierda liberal, las feministas aceptaron la explotación de las mujeres en el comercio de la pornografía, en nombre de la libertad de expresión. El tema del aborto ha impedido que la mayoría de las feministas consideren trabajar con grupos conservadores o religiosos. Las feministas están en lo cierto al apoyar los derechos reproductivos y la autonomía sexual de las mujeres, pero deben dejar de demonizar a los grupos conservadores y religiosos que podrían ser mejores aliados en algunos asuntos que la izquierda liberal … El trabajo por los derechos humanos no es competencia de ninguna ideología en particular. Salvar vidas y defender la libertad son más importantes que la lealtad a una hermandad feminista obsoleta y demasiado limitada.9

Esta línea de argumentación no era exclusiva de las neoconservadoras como Hughes, quienes buscaban un nuevo terreno sobre el cual reposicionar su política antiprostitución como un asunto de derechos humanos. También era la posición de Equality Now, una organización internacional de derechos de la mujer que hizo campaña para ampliar las leyes contra la prostitución en los Estados Unidos y en el extranjero.10 La fundadora del grupo, Jessica Neuwirth, había trabajado en Amnistía Internacional una vez, y admitió rápidamente al The New York Times que había modelado Equality Now a su imagen.11 Pero había dejado Amnistía frustrada porque no se habían enfocado lo suficiente en los problemas de las mujeres como la mutilación genital femenina y la prostitución. En la red de influencia religiosa de Horowitz, encontró un nuevo grupo de aliados dispuestos a dar prioridad a estos temas a medida que reivindicaban la defensa de los derechos humanos.

Organizaciones como Equality Now, escribe Elizabeth Bernstein, profesora de estudios y sociología de mujeres de Barnard, creían que desplazando el campo del debate sobre la prostitución y la pornografía a los «derechos humanos», finalmente podrían salir victoriosas de las guerras sexuales conflictivas. En el «terreno humanitario», escribe Bernstein, «era más probable que prevaleciera la circunscripción abolicionista» .12 Al buscar apoyo para su política antiprostitución con cambio de marca, tales organizaciones responderían al llamado de Horowitz.

 

De la Casa Blanca al “burdel”

 

Al cierre de la administración Clinton, estos recién unidos aliados se enfrentaron a su primera prueba pública de unidad.

Entre 1999 y 2000, cuando la coalición de Horowitz cobró fuerza, Estados Unidos asumió un papel de liderazgo en el desarrollo del que se convertiría en el «Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños» de las Naciones Unidas, firmado por 80 países en diciembre de 2000.13 Desde el principio, los debates sobre lo que constituía la trata de personas consumieron meses de reuniones, según relató la investigadora de trata Jo Doezema en su libro de 2010, Sex Slaves and Discourse Masters.

Durante dos años de negociaciones, los delegados escucharon a activistas antitrata que instaron a una respuesta basada en los derechos que diferenciara entre trabajo sexual y trata de personas, mientras que otros grupos, como la Coalición contra la Trata de Mujeres, argumentaron que la trata de personas y la prostitución eran inseparables y requerían una respuesta dura de justicia penal que definieron como «abolicionista».

Al principio, Estados Unidos se inclinó hacia la respuesta basada en los derechos y apoyó el borrador de que solo la «prostitución forzada» -—distinta de la categoría más amplia de toda prostitución y trabajo sexual— se definiría como trata. Esto indignó a la coalición Horowitz, desde abolicionistas como Jessica Neuwirth hasta figuras de la derecha religiosa como Charles Colson.

Colson y William Bennett recurrieron al Wall Street Journal para echarle la culpa a la Primera Dama Hillary Clinton, quien, en su calidad de presidenta honoraria del Consejo Presidencial Interagencias sobre la Mujer, había participado con el Departamento de Estado de EE.UU. Neuwirth seleccionó a otras feministas para firmar una carta grupal instando a los EE.UU. a retirar la palabra «forzada» de «prostitución forzada», argumentando: «La posición tomada por la administración sugiere que no consideras la prostitución ajena como una forma de explotación sexual … la definición no solo no protegería a un número considerable de víctimas de trata, sino que también libraría de ser procesados a muchos tratantes en el comercio sexual mundial». 14

Firmaron muchas feministas destacadas, incluida la Presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Patricia Ireland; la presidenta de Planned Parenthood, Gloria Feldt; Frances Kissling, presidenta de Católicos para una Libre Elección; Dorchen Leidholdt, co-directora ejecutiva de la Coalición contra la Trata de Mujeres; Julia Scott, presidenta del Proyecto Nacional de Salud de las Mujeres Negras; la presidenta de la Fundación Feminista de la Mayoría Eleanor Smeal; y las activistas Robin Morgan y Gloria Steinem.

Clinton siguió siendo un objetivo en todos los debates polémicos sobre la definición de trata.

Aunque alineadas en su propósito con los líderes de la derecha religiosa, las abolicionistas tuvieron cuidado de decir que no culpaban a Clinton; Equality Now siguió su primera carta con una declaración de que las críticas de Colson y Bennett al gobierno estadounidense eran «un intento de manipulación de líderes feministas como una estratagema política para atacar a Hillary Clinton». Sin embargo, Clinton siguió siendo un blanco en los sucesivos debates polémicos sobre la definición de trata. Cuando cubrió el debate, The New York Posthead tituló su artículo, «’Panel de putas’ pone a la Primera Dama en el centro del debate». 15

El mismo grupo de abolicionistas presionó al senador Paul Wellstone (D-MN), quien presentó por primera vez un proyecto de ley de trata más integral en 1999, para dividir la trata de personas en «trata laboral» —definida como el uso de la fuerza, el fraude o la coacción para obligar a trabajar— y la «trata sexual», que no requeriría la presencia de fuerza, fraude o coacción, reflejando así la definición que impulsaron a adoptar en el protocolo de la ONU.

Como Clinton no lo apoyó, también fue culpada por eso. En una entrevista con la antropóloga Alicia W. Peters, una integrante del personal del Congreso recordó aquel momento: «Fue tan increíble, ya sabes,»Hillary tiene una casa de putas». La integrante del personal ,»Megan», continuó, «Ahora intentas olvidar, pero en aquel período … la retórica de la derecha estaba aumentando y era extrema … Se trataba de sexo, y se trataba de violación, y se trataba de… la virtud de la mujer, y si apoyabas la definción de trabajo entonces eras… cómplice de la violación de miles de niñas «. 16

TVPA se convirtió en ley en los últimos meses de la administración Clinton, el 28 de octubre de 2000, como parte de la Ley de Víctimas de la Trata y la Protección contra la Violencia. En un compromiso, el proyecto de ley dividió la trata en «trata laboral» y «trata sexual», pero mantuvo una definición de «fuerza, fraude o coacción» para ambas. La victoria entusiasmó a la coalición de conservadores religiosos y abolicionistas feministas, pero preocupó a otros progresistas. «Los movimientos conservadores y evangélicos se estaban volviendo mucho más exitosos en cuestiones de derechos humanos», dijo Megan, miembro del personal del Congreso, a Peters. «Y había una preocupación real de que se estaban adueñando de este gran problema, y ​​no solo como una especie de ‘oh, es nuestro’, sino también porque iban a redefinirlo».

 

NSPD- 22

 

Un año antes de su discurso en la ONU en 2003, el presidente Bush ya había declarado la guerra a la trata de personas, en términos más duros de los que utilizaría en la Asamblea General, aunque pocos de los que estaban fuera del mundo de la política de lucha contra la trata se habían enterado.

El 25 de febrero de 2002, Bush firmó la Directiva Presidencial de Seguridad Nacional 22 (NSPD-22), definiendo la trata de personas como un tema prioritario de seguridad nacional y sosteniendo que «la política de los Estados Unidos es atacar vigorosamente los problemas mundiales de la trata de personas, utilizando medidas policiales, diplomacia y todas las demás herramientas apropiadas. «17 Cuatro párrafos del NSPD-22 siguen clasificados, pero lo que era público definió la trata como una» amenaza transnacional «, una trata relacionada exclusivamente con el trabajo sexual.

Nuestra política se basa en un enfoque abolicionista de la trata de personas, y nuestros esfuerzos deben incluir un ataque integral contra ese tipo de trata, que es una forma moderna de esclavitud. A este respecto, el Gobierno de los Estados Unidos se opone a la prostitución y a todas las actividades conexas, incluido el proxenetismo, el proxenetismo o el mantenimiento de burdeles, como una contribución al fenómeno de la trata de personas. Estas actividades son inherentemente dañinas y deshumanizantes. La posición del Gobierno de los Estados Unidos es que estas actividades no deberían regularse como una forma legítima de trabajo para ningún ser humano.

El trabajo sexual, argumentaba la directiva, no solo era el único factor responsable de la trata, sino que oponerse a él, en cualquier forma, era necesario para un «ataque integral» contra la trata.

Donna Hughes fue una de las defensoras de la lucha contra la trata que tuvo conocimiento de NSPD-22. Ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara en octubre de 2002, Hughes vinculó explícitamente la lucha contra la trata y la lucha contra el trabajo sexual. «La trata de personas es una forma moderna de esclavitud», testificó Hughes, empleando lo que se estaba convirtiendo en una metáfora convencional entre muchos activistas antitrata. «No entender la relación entre la prostitución y la trata es como no entender la relación entre la esclavitud en el Viejo Sur y el secuestro de víctimas en África y su envío transatlántico a nuestras costas». 18

Como conservadora prominente, Hughes estaba más cerca de la administración Bush que otras feministas involucradas en movimientos contra la trata de personas. Pero fue Laura Lederer, más tarde sostendría Hughes, quien finalmente convenció a la administración Bush de considerar la trata como un problema de seguridad nacional.19 En 2001, Lederer fue nombrada asesor adjunto de la Oficina del Departamento de Estado para Monitorear y Combatir la Trata de Personas; el año siguiente, bajo la influencia de Lederer, Bush emitió el NSPD-22.

«Esta administración está diciendo que no se puede blanquear el trabajo sexual», dijo Lederer a la revista World en 2002, unos meses después de que Bush firmara NSPD-22. «Nunca puede ser una forma legítima de ganarse la vida porque es intrínsecamente perjudicial para hombres, mujeres y niños. Va en la dirección opuesta a la agenda pro-mujer, pro-familia y pro-derechos humanos del presidente Bush «.

NSPD-22 fue una validación de la propia misión de Lederer para lanzar la lucha contra la trata como una lucha contra el trabajo sexual. «Creo que estoy en lo cierto al decir que muchas de las organizaciones que tomaron la iniciativa en los primeros días en la ONU y en otros foros mundiales se sentían cómodas hablando sobre un tipo de trata —la trata laboral— y consideraban la trata sexual como un subconjunto de la trata laboral», dijo Lederer en una sesión informativa de la Comisión sobre el Estatus de la Mujer 2005 en Washington.20

“Nosotras lo veíamos como una degradación del acto más íntimo entre un hombre y una mujer», continuó Lederer. «Lo veíamos como algo que fomenta la explotación y el abuso de las mujeres y contribuye a las familias disfuncionales. Sentíamos que estaba relacionado con crisis de salud públicas y privadas, y, lo último pero no lo menos importante, creíamos que fomentaba la trata de personas. Queríamos una nueva política que reflejara estas preocupaciones «.

Aunque NSPD-22 ostensiblemente aborda la trata como un problema de seguridad nacional, Lederer y Hughes lo entendieron como una norma que apoyaba la continuada criminalización del trabajo sexual. «Un presidente republicano conservador de los Estados Unidos había firmado una directiva compatible tanto con la teoría feminista radical sobre la prostitución y la explotación sexual», escribió más tarde Hughes, «como con la filosofía conservadora y religiosa de proteger la dignidad humana» 21.

 

El sheriff global

 

Aunque expresada en términos humanitarios, la guerra contra la trata ha hecho menos para proteger los derechos humanos que para potenciar la aplicación de la ley en el escenario mundial. La Ley de Protección de Víctimas de la Trata, al tiempo que define la trata como un crimen según la ley de los EE.UU., también es una herramienta para dar forma a la política de trata en otros países. Eleva a los EE. UU. al papel de «sheriff global» 22, escribe Janie Chuang, profesora asociada en la facultad de derecho de American University.

TVPA «establece un régimen de sanciones», escribe Chuang. Si los Estados Unidos creen que un país no está cumpliendo con sus «normas mínimas para la eliminación de la trata», entonces los Estados Unidos pueden retirar la ayuda a ese país. TVPA creó la Oficina del Departamento de Estado de EE.UU. para monitorear y combatir la trata de personas, que cada año publica su informe «Trata de personas» o TIP, como el principal mecanismo para juzgar el cumplimiento de gobiernos extranjeros con la política antitrata de los EE.UU. El objetivo del informe no es solo documentar el cumplimiento, sino avergonzar públicamente a los países para que hagan más para «combatir la trata».

«Tenemos que presionarles mucho», dijo Horowitz en 2004. «Esa es una de las grandes cosas de ser una superpotencia». 23 (Mientras tanto, los EE.UU. solo comenzaron a evaluarse a sí mismos en el informe TIP de 2010).

«El estigma de la tarjeta de puntuación hace que los Estados cambien su comportamiento», escribe Judith G. Kelley, en Scorecard Diplomacy: Grading States to Influence Their Reputation and Behavior. No se ha publicado ningún informe TIP sin provocar controversia. Los académicos han notado que los métodos utilizados por el Departamento de Estado para recopilar datos contra la trata de personas son inconsistentes, y que la política detrás de TIP compromete su credibilidad. «El Informe TIP entreteje una historia simple y finalmente reconfortante de trata sobre personas malas que hacen cosas malas ante personas buenas», escribió Anne T. Gallagher, una especialista en justicia penal y derechos humanos, en 2015. «Fracasa en cuestionar seriamente la economía profunda de la explotación humana, preguntar qué pasaría con la riqueza y la productividad globales si tal explotación se eliminara de repente «. 24

Donna Hughes se quejó de que Estados Unidos seguía financiando grupos que pusieron en peligro la lucha contra la trata trabajando para «empoderar» a las víctimas de trata en lugar de “rescatarlas».

La alianza original convocada por Horowitz también tuvo problemas con el informe TIP. Donna Hughes protestó 25 en 2002 por no castigar suficientemente a los países que no penalizaban la prostitución, y se quejó 26 de que Estados Unidos seguía financiando grupos que ponían en peligro la lucha contra la trata, ya fuera «trabajando» para «empoderar» a las víctimas de trata en lugar de “rescatarlas» o «apoyando la sindicalización de las prostitutas como la solución a la trata».

El congresista Smith transmitió estas quejas en debates sobre la Ley de Liderazgo Global Contra el VIH / SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (que creó PEPFAR, el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA). Smith propuso que para calificarse para optar a los fondos de PEPFAR, las organizaciones no gubernamentales deben adoptar una política explícita que se oponga a la prostitución. La representante Barbara Lee (D-CA), quien ayudó a escribir PEPFAR, se opuso a la enmienda de Smith. «Nunca olvidaré ese día», dijo Lee.27 «Pensamos que teníamos los votos para aprobar [PEPFAR] basados ​​en negociaciones, pero luego Chris Smith ofrece esto, ¿cómo lo llamó él? Una cláusula de conciencia. Este fue el comienzo de esta cláusula antiprostitución.» PEPFAR pasó, pero con la enmienda de Smith, consagrando lo que llegó a conocerse como «el juramento de lealtad contra la prostitución» o simplemente «el compromiso» con la ley de los EE.UU.

El aviso de la nueva política llegó en enero de 2003 en un cable de Colin Powell.28 La norma establecía que «las organizaciones que defienden la prostitución como una opción de empleo o que defienden o apoyan la legalización de la prostitución no son socios apropiados» para las ayudas antitrata del gobierno de Estados Unidos.

El compromiso no solo supuso un coste a las organizaciones de ayuda desesperadamente necesitadas de financiamiento, sino que también generó un efecto global de enfriamiento. Para 2004, la forma en que los funcionarios del programa, los trabajadores de campo y los defensores de los derechos humanos se sentían con respecto a la prostitución se había «convertido en una prueba de fuego para la administración Bush», informó Tara McKelvey en The American Prospect. Una trabajadora de una ONG resumió la línea de EE.UU. sobre prostitución en términos familiares durante la época de Bush: «O estás con nosotros o estás contra nosotros» 29.

El congresista Smith continuó diciendo, hasta bien entrado el gobierno de Obama, que el compromiso «se diseñó para garantizar que los proxenetas y los propietarios de burdeles no se conviertieran, a través de una ONG que respaldara tal explotación, en socios del gobierno de Estados Unidos» .30 En 2013, el Tribunal Supremo de EE.UU. dictaminó que exigir a las ONG con base en los Estados Unidos que firmaran el compromiso era una violación de su derecho constitucional a la libertad de expresión.31 Pero las ONG de fuera de los EE.UU. no tuvieron esa protección.

 

«Los niños de América» y más allá

 

«Fue como si Dios me susurrara al oído: ‘tocála por Mí'», dijo Linda Smith, recordando su encuentro formativo con una joven en el distrito de burdeles de Mumbai en 1998.32 Smith, que estaba prestando servicios en la Cámara de Representantes de los EE.UU., a menudo describe esto como el momento en que su carrera nació de nuevo.33

La mujer que ingresó al Congreso como parte de la «Revolución Republicana» de Newt Gingrich en 1994 y que una vez fue nombrada como la “extrema derecha de la derecha” de la Cámara 34, respondió desviando su atención de Washington hacia la lucha contra la trata. Fundó Shared Hope International para llevar a cabo su misión, enraizada en su momento de conversión en la India, pero dirigida a niños de los Estados Unidos. El giro de Smith a lo que ella llama «trata doméstica de menores con fines sexuales» representa otra evolución de la llamada de Horowitz a la coalición derecha / izquierda. El activismo de Smith se basa en nociones decididamente antifeministas de los roles de género y la estructura familiar.

Smith es una figura puente adecuada para el futuro de la coalición Horowitz. «Ella es la líder de un movimiento que se opone a casi todo lo que apoyan las feministas», escribió The Seattle Times sobre los comienzos de su carrera en la política del Estado de Washington. «Pero también es una mujer fuerte que podría confundirse con una feminista». 35 Smith entró en la política a través del Águila Forum de Phyllis Schlafly, y Smith y Schlafly aún se movían en los mismos círculos tan recientemente como en 2011, cuando en la Cumbre de Votantes de Valores Schlafly hizo la presentación, y Smith dio una charla promoviendo el marco modelo de legislación de trata de Shared Hope, llamado «Salvar a los niños de Estados Unidos de proxenetas y pervertidos: La Iniciativa de la Inocencia Protegida». 36 El activismo de Smith tiene un sentimiento maternal; se basa en nociones decididamente antifeministas de los roles de género y la estructura familiar. Antes de una audiencia en el Family Research Council, Smith describió una vez a una joven a la que había «salvado» personalmente y dijo que la mujer había sido «vulnerable» a los tratantes porque su madre tenía dos empleos y su «papá … no estaba allí». 37

El método de activismo de Shared Hope fue probar sus proyectos contra la trata a nivel internacional, 38 y luego traerlos de regreso a los Estados Unidos para atacar la trata “doméstica de menores”. Para crear presión política sobre la “trata sexual doméstica de menores», Shared Hope promueve su tarjeta informativa anual de trata, preparada en colaboración con el Centro Estadounidense de Derecho y Justicia, uno de los principales grupos de activismo legal de la derecha cristiana, con una agenda anti-LGBTQ y anti-Islam. La tarjeta de calificaciones evalúa Estados de EE.UU. de la misma manera que el informe TIP del Departamento de Estado juzga a otros países. Mientras la coalición Horowitz trabajó para vincular la trata con la prostitución a nivel internacional, el grupo de Smith vincula la trata con la prostitución doméstica. Al expandir su enfoque contra la trata a «salvar a los niños de Estados Unidos de los proxenetas y pervertidos», ella también ha elevado su perfil. En 2017, Smith hizo campaña, sin éxito, para ser nombrada embajadora general para combatir la trata de personas.39 (En la actualidad, el presidente Trump ha anunciado su intención de nominar al ex fiscal federal John Cotton Richmond [9] para dirigir la oficina TIP. Richmond fue también una vez el director de campo de la India para International Justice Mission, una organización cristiana contra la trata de personas40).

La coalición Horowitz ha evolucionado, ahora que su objetivo de reclamar los derechos humanos para la derecha religiosa ha encontrado una nueva generación. Como lo describió la socióloga Elizabeth Bernstein, los miembros de esta nueva generación «no se identifican con la derecha cristiana en absoluto, sino que se describen a sí mismos como cristianos ‘moderados’ y, en algunos casos, incluso como cristianos progresistas». 41Para ellos, la lucha contra la trata es una forma dice Bernstein, «no solo de adoptar los lenguajes de los derechos de las mujeres y la justicia social, sino que también dan pasos deliberados para distinguir su trabajo de las políticas sexuales de otros cristianos conservadores».

Los grupos dispares que Horowitz reunió continúan compitiendo por influencia y recursos sobre lo que significaba combatir la trata. El congresista Chris Smith permanece en Washington, todavía trabajando, como señalaron los activistas en febrero de 2018, para insertar el compromiso contra la prostitución en la nueva legislación. Según algunos activistas, Smith está en desacuerdo con el senador Bob Corker, el arquitecto del fondo mundial para «acabar con la esclavitud de hoy en día», que posiblemente esté inspirado en el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Smith considera que la lucha contra la trata es cosa suya. Este es el fondo que Ivanka Trump anunció en las Naciones Unidas en 2017, sirviendo como jefe de facto del trabajo contra la trata bajo la administración de su padre (generalmente un trabajo reservado para el Departamento de Estado). Su grupo de consejeros está lleno de personal actual y anterior de International Justice Mission, la ONG cristiana contra la trata de personas y una aliada de Horowitz desde finales de la década de 1990, que ha trabajado con el Departamento de Justicia.

Mientras tanto, Smith y Lederer continúan encontrando nuevos ángulos en la lucha contra la trata de personas. En 2017, hablaron en un evento paralelo de la Asamblea General de la ONU, «Comercio de esclavos de menores en la era digital», patrocinado por C-FAM, una de las dos organizaciones de derecha. El presidente Donald Trump fue seleccionado para representar a los EE.UU. en la Comisión de la O.N.U.sobre el estado de las mujeres de 2017.42

La Coalición contra la Trata de Mujeres (Coalition Against Trafficking in Women, CATW) sigue activa en la política de trata de EE.UU., defendiendo el compromiso contra la prostitución del representante Smith contra su impugnación de 2013 en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Más recientemente, CATW ha presionado al Congreso, con el Centro Nacional sobre Explotación Sexual (anteriormente Morality in Media) y Shared Hope International, para enfocar las leyes contra la trata de personas en hombres que compran sexo.

Hillary Clinton, el antiguo objetivo de la coalición, fue nuevamente criticada por su postura sobre la trata durante su campaña presidencial de 2016. En octubre de 2016, unas semanas antes de las elecciones, los blogs derechistas43 difundieron la noticia de que se le había preguntado a Clinton, durante una reunión a puertas cerradas con activistas de Black Lives Matter en 2015, si ella apoyaba la despenalización del trabajo sexual: uno de los objetivos del movimiento. Clinton, según un correo electrónico publicado posteriormente por Wikileaks, dijo: «Apoyo la idea. No estoy segura exactamente cómo lo implementaría». Agregó,»hay una diferencia entre una trabajadora sexual adulta y un niño objeto de trata para ser trabajador sexual, por lo que no se puede simplemente hacer una declaración general, hay que descubrir cuáles son las diferentes situaciones de trabajo «.

Donna Hughes, la antigua líder contra la trata, fue una de las primeras personas en las redes sociales en compartir la historia, lo que pareció demostrar que Hughes no se había equivocado casi 20 años antes, cuando afirmó que Clinton vio el trabajo sexual y la trata como asuntos distintos.

Pero estos mismos 20 años solo han erosionado aún más esas perspectivas matizadas en términos de leyes que vinculan el trabajo sexual y la trata. En abril de 2018, el presidente Trump firmó la Ley de Lucha contra la Trata Sexual en Línea (FOSTA), ampliando la centenaria White Slave Traffic Act para incluir sitios web utilizados por trabajadoras sexuales, para que los procuradores generales del Estado puedan presentar demandas contra dichos sitios web. Casi inmediatamente después de la aprobación de la legislación del Congreso, los sitios web en los que las trabajadoras sexuales confían para trabajar con relativa seguridad comenzaron a desconectarse por temor a ser blanco de nuevos enjuiciamientos. Desde entonces, las trabajadoras sexuales informan que ya no pueden usar sitios web para compartir información sobre clientes abusivos, 44 y que los clientes abusivos que una vez rechazaron han regresado45 para aprovecharse de su posición nuevamente precaria. Los grupos que lideran el apoyo a FOSTA incluyen la Coalición contra la Trata de Mujeres y Shared Hope International. La coalición Horowitz ha demostrado ser el primer empresario moral exitoso de la guerra contra la trata de personas.

 

Sobre la Autora

Melissa Gira Grant es reportera principal de The Appeal y autora de Playing the Whore: The Work of Sex Work (Verso). Ha cubierto el trabajo sexual y la trata de personas para Village Voice, The Nation y Pacific Standard, entre otras publicaciones. Síguela en melissagiragrant.com y en Twitter en @melissagira..

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  1. El presidente Donald Trump firma H.R. 1865 (FOSTA) como ley, 2018. Foto: Oficina de la congresista Ann Wagner

Respalda la propuesta política de Amnistía Internacional a favor de la despenalización del trabajo sexual

 

Pedimos al Consejo de Amnistía Internacional que se mantenga firme y defienda la despenalización del trabajo sexual y proteja los derechos humanos de las trabajadoras sexuales

 

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http://chn.ge/1Mxjiq8

 

Nosotros, la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP), y nuestros aliados aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestro respaldo a la propuesta política de Amnistía Internacional a favor de la despenalización del trabajo sexual que ha de ser presentada para su aprobación en la Reunión del Consejo Internacional que tendrá lugar entre los días 6 y 11 de agosto de 2015. Amnistía Internacional está siendo objeto de una contraofensiva por parte de aquellos que se oponen a una propuesta política que busca defender los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

 
Pedimos al Consejo de Amnistía Internacional que se mantenga firme y defienda la despenalización del trabajo sexual y proteja los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

 
La propuesta política está respaldada por los datos obtenidos por la investigación de campo llevada a cabo por Amnistía Internacional en relación a la repercusión sobre los derechos humanos que tiene la penalización del trabajo sexual, y también por la consulta realizada en 2014, que incluyó la aportación de muchas trabajadoras sexuales de todo el mundo, que es la comunidad más afectada por las propuestas.
NSWP desearía también condenar, en los términos más contundentes posibles, la declaración, la carta abierta y la petición online de CATW que ataca las propuestas de Amnistía Internacional. La posición de CATW es estigmatizante, discriminatoria y deforma los hechos, fusionando el trabajo sexual con la trata de seres humanos. Y lo que es más importante, ignora las experiencias vitales de las trabajadoras sexuales, silencia sus voces y busca perpetuar los sistemas legales que ponen a las trabajadoras sexuales en situación de mayor riesgo de sufrir violencia, estigmatización y discriminación; así como limitan su acceso a los servicios sanitarios y sociales. Más aún, CATW ignora el abrumador cuerpo de evidencia y los hallazgos de organismos internacionales tales como el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH y Trabajadoras Sexuales, que recomienda que los gobiernos deberían trabajar por la despenalización del trabajo sexual, y la revista médica The Lancet, que recientemente publicó una serie especial sobre VIH y trabajadoras sexuales, que recomienda también la despenalización del trabajo sexual, y que afirmó lo siguiente: “La despenalización del trabajo sexual tendría el máximo efecto sobre del desarrollo de la epidemia de VIH en todos los parámetros, previniendo entre el 33 y el 46% de las infecciones por VIH en la próxima década”.

 
Existe una amplia aceptación entre las agencias internaciones de que la despenalización del trabajo sexual es necesaria para proteger y respetar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Estas agencias incluyen: ONUSIDA, UNFPA, UNDP, el Banco Mundial, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), Human Rights Watch , The Lancet, y las Fundaciones de la Open Society.

 
La Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP) ha editado una Declaración de Apoyo a Amnistía Internacional que establece algunas de las muchas pruebas que respaldan el llamamiento a Amnistía Internacional para que apoye la despenalización del trabajo sexual y llama a los defensores de los derechos humanos a ponerse de parte de las trabajadoras sexuales en apoyo de esta política progresista.

 
Por favor, firma esta petición para mostrar apoyo a la resolución de Amnistía Internacional que defienda la despenalización del trabajo sexual y asegure que los derechos humanos de las trabajadoras sexuales sean respetados.

 
Firma aquí: http://chn.ge/1Mxjiq8

 
AFRICA
African Sex Workers Alliance – Regional Network
Sisonke Botswana, Botswana
Solidarite Pour Les Droits Des Travailleuses De Sexe, Burundi
AIDS-ACODEV, Cameroon
Alcondoms, Cameroon
CAMEF, Cameroon
AHUSADEC, Democratic Republic of Congo
ALCIS, Democratic Republic of Congo
CODESCI, Democratic Republic of Congo
UMANDE, Democratic Republic of Congo
Nikat Charitable Association, Ethiopia
CAFAF, Ghana
Nayford Foundation, Ghana
Bar Hostess Empowerment and Support Programme, Kenya
CHAANI Post Test Club, Kenya
Ebigeri United Self Help Group, Kenya
HOYMAS, Kenya
Kisauni Peer Educators, Kenya
Action Hope, Malawi
Female National Sex Workers Alliance, Malawi
APYIN, Nigeria
NDN, Nigeria
Nigeria Sex Workers Association – Precious Jewels, Nigeria
NNEWI, Nigeria
RENAGAIDS, Nigeria
Sisonke, South Africa
SWEAT, South Africa
CHESA, Tanzania
Devine Economic Development Group, Tanzania
Gender, Equality and Health Organisation, Uganda
Kaana Foundation, Uganda
Lady Mermaid’s Bureau, Uganda
Organization For Gender Empowerment and Rights Advocacy, Uganda
Transgender Equality Uganda, Uganda
Uganda Harm Reduction Network, Uganda
Uganda Harmonized Rights Alliance, Uganda
WONETHA, Uganda
Thubelihle, Zimbabwe
ASIA PACIFIC
Asia Pacific Network of Sex Workers – Regional Network
Respect Inc, Australia
Scarlet Alliance, Australia
SWOP New South Wales, Australia
Dujoy Nari Shongho, Bangladesh
HARC, Bangladesh
MNDP, Bangladesh
Community Legal Service, Cambodia
JJJ Association, China
Midnight Blue, China
SCMC, China
Xin’ai Female Sex Worker’s Home, China
Yunnan Parallel, China
Pacific Rainbow$ Advocacy Network, Fiji
Aastha Parivaar, India
Ashodaya Samithi, India
Astitva, India
Durbar Mahila Samanwaya Committee, India
GAURAV, India
Koshish, India
MITRA, India
MUSKAN, India
National Network of Sex Workers, India
SANGRAM, India
VAMP, India
VAMP Plus, India
OPSI, Indonesia
SWASH, Japan
O.F. Taldikorgan Regional Fund for Promotion of Occupations, Kazakstan
AMA, Myanmar
New Zealand Prostitutes Collective, New Zealand
Aakash Welfare Society, Pakistan
Care & Support Welfare Organisation, Pakistan
Gender & Reproductive Health Forum, Pakistan
Friends Frangipani, Papua New Guinea
Poro Sapot Project, Papua New Guinea
Empower Foundation, Thailand
SWING, Thailand
Scarlet Timor Collective, Timor Leste
EUROPE
International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe – Regional Network
SWAN Foundation for the Human Rights of Sex Workers – Regional Network
LEFO, Austria
Maiz, Austria
Projekt PiA, Austria
SXA-Info/Verein Frauenservice Graz, Austria
Association PROI, Bosnia and Herzegovina
NGO Action Against AIDS, Bosnia and Herzegovina
Collectif Droits & Prostitution, France
PASTT, France
STRASS, France
Women for Freedom, Georgia
Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistung e.V., Germany
Bufas e.V., Germany
Hydra e.V., Germany
Madonna e.V. Germany
SZEXE, Hungary
Tais Plus, Kyrgyzstan
Demetra, Lithuania
HOPS, Macedonia
STAR-STAR, Macedonia
Juventas, Montenegro
PION, Norway
APDES, Portugal
Silver Rose, Russia
JAZAS, Serbia
Sloboda Prava, Serbia
Colectivo Hetaira, Spain
Rose Alliance, Sweden
Aspasie, Switzerland
Dignity, Tajikistan
Soa Aids, The Netherland
TAMPEP, The Netherlands
Pembe Hayat LGBTT Dayanisma Dernegi, Turkey
Red Umbrella Sexual Health and Human Right Association, Turkey
English Collective of Prostitutes, UK
SCOT-PEP, UK
Sex Worker Open University, UK
UK Network of Sex Work Projects, UK
Working Mens Project, UK
X:talk, UK
HPLGBT, Ukraine
Legalife, Ukraine
Vsiyeukraiynskaya Assotsiyatsya Snyzhyenya Vriyeda, Ukraine
LATIN AMERICA
Associação das Profissionais do Sexo do Maranhao, Brazil
Associação das Prostitutas dr Minas Gerais, Brazil
Associação das Prostitutas da Paraiba, Brazil
Associação de Mulheres Profissionais do Sexo do Estado do Amapa, Brazil
Associação Mulheres Guerreiras, Brazil
Dignidade, Acao, Saude, Sexualidade e Cidadania, Brazil
Davida, Brazil
Grupo de Mulheres Prostitutas do Estado do Para, Brazil
Nucleo de Estudos da Prostituicao, Brazil
Vitória Régia, Brazil
P.A.R.C.E.S, Columbia
Asociacion de Mujeres Autonomas «22 de Junio», Ecuador
Asociacion de ‘Mujeres Con Esperanza Al Futuro’, Ecuador
Asociacion De Mujeres Trabajadoras Del Sexo «Colectivo Flor De Azalea», Ecuador
Aproase, Mexico
Colectivo de Hombres Accion Comunitaria, Mexico
Diversidad TTT, Mexico
Tamaulipas Diversidad Vihda Trans A.C., Mexico
Union y Fuerza de Mujeres Trans Chihuahuenses A.C., Mexico
Asociación Civil Angel Azul, Peru
Asociación Civil Cambio Y Accion, Peru
Miluska Vida y Dignidad A.C., Peru
NORTH AMERICA and CARIBBEAN
Antiguan Resilience Collective Inc., Antigua
Butterfly – Asian and Migrant Sex Workers Network, Canada
FIRST, Canada
Maggie’s, Canada
PACE, Canada
Peers Victoria Resources Society, Canada
POWER, Canada
Projet L.U.N.E., Canada
Sex Professionals of Canada, Canada
Sida-Vie Laval (Venus Project), Canada
Stella, l’amie de Maimie, Canada
Stepping Stone, Canada
Students for Sex Worker Rights, Canada
SWAG, Canada
SWAN Vancouver, Canada
The Coalition for the Rights of Sex Workers, Canada
Triple X Workers’ Solidarity Association of British Columbia, Canada
Champions for Change, Guyana
Guyana Sex Workers Coalition, Guyana
One Love, Guyana
IWICC, Jamaica
J-FLAG, Jamaica
Sex Work Association of Jamaica, Jamaica
Fundashon Orguyo Korsou, Netherlands Antilles
Suriname Men United, Suriname
RED Initiatives, Trinidad and Tobago
BAYSWAN, USA
Best Practices Policy Project, USA
Community United for Safety & Protection, USA
Desiree Alliance, USA
HIPS, USA
HOOK, USA
New Jersey Red Umbrella Alliance, USA
PERSIST Health Project, USA
PONY, USA
Red Umbrella Project, USA
St James Infirmary, USA
SWOP Chicago, USA
SWOP Denver, USA
SWOP Las Vegas, USA
SWOP NOLA, USA
SWOP Northern California, USA
SWOP NYC, USA
SWOP Philadelphia, USA
SWOP Sacramento, USA
SWOP San Antonio, USA
SWOP San Francisco, USA
SWOP Seattle, USA
SWOP Tucson, USA
SWOP USA, USA
The Sex Workers Project, USA
Women with a Vision, USA
SIMPATIZANTES
AFAO – Australian Federation of AIDS Organisations
Alex Feis-Bryce, Director of Services, National Ugly Mugs, United Kingdom
Alexander Alvina Chamberland, MA Gender studies, trans feminine author and former sex worker, Sweden
Alexander Bard, Philosopher, Sweden
Alexandra Oliveira, Professor, University of Porto, Faculty of Psychology and Sciences of Education, Porto, Portugal
Amanda Brihed, Liberal debater, Sweden
Amelie Eklöf, Independent contractor, Sweden
Andrès Lekanger, Outreach worker, PION, Norway
Anna Kontula, Sociologist and Politician, Finland
Annelie de Cabo, PhD student/university lecturer , Gothenburg University, Sweden
Astrid Renland, Criminologist, Norway
Bam Björling, Gender Management Institute, Sweden
Basil Donovan MD, Professor and Head, Sexual Health Program, The Kirby Institute, Australia
Ben Plumley, CEO, Pangaea Global AIDS, USA
Butterfly: Asian and Migrant Sex Workers Support Network, Toronto, Canada
Carina Edlund, Activist and Sex worker, Sweden
Carina Kallenberg, Sexworker and coach at the BDSM institute, Sweden
Catriona O’Brien, Sex worker, Ireland
Caty Simon, Tits and Sass co-editor, USA
Christina Franzén, Chair of HIV-Sweden, Sweden
Daniel Bergqvist, Activist, Sweden
Daria Mogucheva, Freelance translator, Russia
Doaa Abdelaal, Activist and board member of the International Network of Women Living Under Muslim Laws, Egypt
Dr Teela Sanders, Reader in Sociology, School of Sociology & Social Policy University of Leeds, United Kingdom
Dr Thaddeus Gregory Blanchette, Federal University of Rio de Janeiro, Anthropologist, Brazil Dr. Ana Paula Silva, Federal Fluminense University, Rio de Janeiro, Brazil
Dr. Adriana Graça Piscitelli, State University of Campinas, Campinas, Brazil
Dr. Soraya Simões, Federal University of Rio de Janeiro / Davida, Anthropologist, Rio de Janeiro, Brazil
Elena Jeffreys, 3rd year PHD Student, School of Political Science and International Studies, University of Queensland, Sydney, NSW, Australia
Emmy Östlund, Activist, United Kingdom
Eva Cox, AO, Sociologist, Australia
Filipa Alvim, Anthropologist, PhD, Researcher, Teacher, CRIA – Centre for Research Network in Anthropology, ISPA – Institute of Applied Psychology, RTS – Portuguese Network on Sex Work, Portugal.
Flávio Cesar Lenz, Davida, Rio de Janeiro, Brazil
Frederique Chabot, POWER (Prostitutes of Ottawa – Work Educate Resist), Canada
Fundacion para Estudio e Investigacion de la Mujer, Argentina
Gadejuristen, The Danish Street Lawyers, Copenhagen, Denmark
Gaye Dalton, Former sex worker, Wicklow, Ireland
Geoff Ward, Policy, Advocacy & Peer Support Worker at CAHMA – Canberra Alliance for Harm Minimisation and Advocacy, Australian
Hanna Söderström, Web developer, Sweden
Helene Bergman, Journalist, author and feminist, Sweden
INPUD – the International Network of People Who Use Drugs
International Community of Women Living With HIV, Rebecca Matheson
Global Director, Nairobi, Kenya
Jaana Kauppinen, Executive director, Pro-Tukipiste, Finland
Jair-Rohm Parker Wells, Musician, New Jersey, USA
Jakob Huber, Director Contact Netz Bern – Switzerland
Jamie Bridge, Senior Policy and Operations Manager, IDPC, United Kingdom
Janelle Fawkes, Sex worker, Sydney, Australia
Jenn Clamen, Mobilization Coordinator, Stella, l’amie de Maimie, Montréal, Québec, Canada
Jens Odsvall, Liberal debater, Sweden
Jill Martin, Sex worker/student, Melbourne Australia
Joanna Megan, Sex worker, Sydney, Australia
Jody Williams, Sex Workers Anonymous, Los Angeles, California
Johanna Sirkiä, Accountant and former Sex worker, Finland
Jude Byrne, Senior Project Officer AIVL, Australia
Julie Bates, Sex worker, sex worker rights advocate and sex industry researcher, NSW, Australia
Kikki Paulsrud, Chair of Stockholm’s Drug Users Union, Sweden
Krissy Summers, Educator, Australia
Lee Hertel, Principal, Lee’s Rig Hub, USA
Leif Holmstrand, Writer/artist, Sweden
Linda Byqvist, Social worker, Sweden
Linda Rosén, Chair of Rose Alliance, Sweden
Lisa Magnusson, Journalist, Sweden
Liv Jessen, Former Director of the Prostitution Centre of Norway, Norway
Lucy Kelley-Patterson, Activist, United Kingdom
Maria Johansson, Sex worker, Sweden
Maria Phelan, Deputy Director, Harm Reduction International, United Kingdom
Maria Sundin, Social worker, Målerås, Sweden
Mariha Hammarbäck, Activist, Sweden
Marinette Sjöholm, sex worker and activist for the rights of sex workers and people who use drugs and an advocate for Harm Reduction and Human rights for all, Sweden
Mathilde Bouvard, Artist, France
Matthew Weait, Professor of Law and Policy, United Kingdom
May-Len Skilbrei, Professor in Criminology at the University of Oslo, Norway
Meg Munoz, Former Sex Worker, Domestic Sex Trafficking Survivor (Founder/Exec. Director, Abeni), USA
Melissa Gira Grant, Journalist, former sex worker, United States
Melissa Hope Ditmore, Ph.D. Editor, Encyclopedia of Prostitution and Sex Work, USA
Migrant Sex Workers Project, Toronto, Canada
Mika Mikkonen, Development coordinator, A-clinicfoundation, Finland
Mina Gäredal, Sexual educator, Sweden
Morgan Norman, Chair of PG Mitt, Sweden
Nanna W. Gotfredsen, director, Gadejuristen, The Danish Street Lawyers, Copenhagen, Denmark
Nicklas Dennermalm, B.A in Peace and Conflict Studies, Sweden
Nicola Mai, Professor of Sociology and Migration Studies, London Metropolitan University, United Kingdom
Niina Vuolajarvi, PhD Student, University of Eastern Finland / Rutgers University, United States
Nikhil Gurung, Secretary, ANPUD, Nepal
Olga Byelyayeva, Chair of board, ASTAU – Association of Substitution Treatment Advocates of Ukraine, Ukraine
Ophelia, Sex worker, Germany/Sweden/Australia
People For Sex Worker Rights in Western Australia
Peter Bengtson, Composer, Sweden
Peter Söderlund, Former parliamentary candidate and former party executive member for the Green Party of Sweden, Sweden
Petra Östergren, PhD student, Social Anthropology, Lund University, Sweden
Pye Jakobsson, Sex worker and feminist, Sweden
Rachel Wotton, International migrant sex worker, co-founder of Touching Base, and subject of Scarlet Road, Australia
Rita Alcaire, PhD Researcher in Human Rights and Member of RTS – Portuguese Network on Sex Work, Portugal
Ryan Cole, Sex worker and President of Scarlet Alliance Australian Sex Workers Association, Australia
Sarah, Private sex worker, Perth, Australia
Sharon Eves, Sex worker, South Australia
Shelley Stoops, United Kingdom
Signe Bremer, PhD in ethnology and researcher in gender studies, Uppsala University, Sweden
Sophie Strachan, Trustee, The Sophia Forum, United Kingdom
SWOP NT, Australia
Tarkwin Coles, Sex worker, NSW, Australia
Touching Base Inc, Australia
Tove Pils, Film director and care assistant, Sweden
Tracy Quan, New York, NY, USA
Wendy Lyon, Feminist, Ireland
Women Won’t Wait Campaign – End HIV and Violence Against Women NOW!
Xzenu Cronström Beskow, Sociologist, Sweden
Zahra Stardust, PhD Student, University of New South Wales, Australia
Zenitha Smith Westberg, Mother of Petite Jasmine, Sweden
Zoë Dodd, Feminist, community health care worker and activist, Toronto, Canada

La política sexual del feminismo carcelario

 Por Elizabeth Bernstein

Departments of Women’s Studies and Sociology

Barnard College, Columbia University 

Fragmento de su artículo: “Militarized Humanitarianism Meets Carceral Feminism: The Politics of Sex, Rights, and Freedom in Contemporary Antitrafficking Campaigns” 

http://sph.umich.edu/symposium/2010/pdf/bernstein2.pdf

 

“Llevo alrededor de 17 años trabajando en este tema —la mayor parte de este tiempo he estado en el lado perdedor, ya que los que defendían los derechos de las “trabajadoras sexuales” ganaban casi todas las batallas políticas… Aquellos fueron años deprimentes… Ahora está emergiendo la verdad de la prostitución/trata sexual y las agencias están respondiendo como nunca lo hicieron. Pienso que en el último año han sido arrestados más chulos y traficantes que en toda la década anterior.” (Donna Hughes, activista anti-trata y profesora de estudios de las mujeres de la Universidad de Rhode Island, en una entrevista en el National Review Online [Lopez 2006]) 

“La trata es como la violencia doméstica. Lo único que previene la reincidencia es el miedo a la detención.” (Dorchen Leidholt, activista feminista de la Coalition against the Traffic in Women, hablando en la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Estado de las Mujeres, 2 de marzo de 2007) 

“¿Qué queremos? ¡Una severa ley contra la trata! ¿Cuándo la queremos? ¡Ahora!” (Llamamiento y grito de respuesta en la manifestación de la National Organization for Women por una ley del Estado de Nueva York que elevara las penas criminales contra los clientes de las prostitutas, Nueva York, 1 de febrero de 2007)

 

Para las feministas de base de comienzos de la segunda ola que estaban interesadas en la crítica de las instituciones económicas y familiares dominantes y en la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres, habría sido quizás un extraño sueño imaginar que en una generación, pioneras del primer movimiento de mujeres tales como Laura Lederer (autora del clásico libro Take Back the Night y fundadora del movimiento antiviolación), Dorchen Leidholdt (una prominente abogada feminista defensora de las víctimas de la violencia doméstica), y Donna Hughes (catedrática de Estudios de las Mujeres en la Universidad de Rhode Island) se encontrarían una brillante mañana de julio como oradoras señaladas en un panel patrocinado por el neoconservador Hudson Institute de Washington, DC, titulado “Los beneficios del proxenetismo: abolición de la trata sexual en los Estados Unidos”. Compartiendo estrado con ellas estaban influyentes miembros del Hudson Institute, tales como Michael Horowitz (veterano de la Administración Reagan y prominente arquitecto del movimiento antitrata contemporáneo), el embajador Mark Lagon (antiguo ayudante del senador republicano por Carolina del Norte, de extrema derecha,  Jesse Helms, y director de la Oficina de Tráfico de Personas del Departamento de Estado), y Bonni Stachowiak (profesor de administración empresarial en la evangélica Christian Vanguard University). Mientras los panelistas, todos de raza blanca, hablaban a la audiencia de la urgente necesidad de desarraigar a los chulos callejeros del interior de las ciudades y la “cultura del chulo”, de estigmatizar a los patronos de las prostitutas y de promover “familias sanas” tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, la audiencia, que comprendía representantes de un surtido de organizaciones de derecha, incluyendo la Heritage Foundation, el American Enterprise Institute, y Feminists for Life, estallaba en frecuentes aplausos. 

Desde luego, para aquellos familiarizados con la evolución de lo que Janet Halley ha denominado feminismo de Estado (en el que el feminismo “se desplaza de las calles al Estado”; Halley 2006, 20), así como con el precedente histórico del pánico de la trata de blancas, la inclusión de prominentes activistas feministas en el evento del Hudson Institute no le habría pillado por sorpresa. Además de los ecos de la trata de blancas, existen también importantes resonancias históricas entre la presente campaña antitrata de Estados Unidos y las audiencias antipornografía de la Comisión Meese que tuvieron lugar durante los años 80 del pasado siglo, en las que cristianos conservadores y feministas seglares tales como Catharine MacKinnon y Andrea Dworkin unieron fuerzas del mismo modo para combatir la reforma sexual (ver, p.ej., Duggan y Hunter 1995; Vance 1997). Como Judith Walkowitz (1983) y Wendy Brown (1995) han observado previamente, el abrazo feminista del moralismo sexual basado en el Estado es particularmente apto para resurgir durante períodos de ascendencia de la derecha, como durante los años de Reagan y Bush, cuando las oportunidades para un cambio político y económico de más entidad escasean. Mientras que una resurgente alianza feministas-conservadores fue activamente estimulada por la Casa Blanca de George W. Bush —tanto retóricamente, como en las invasiones de Afganistán e Irak, como mediante el cultivo de lazos políticos explícitos, como en el nombramiento de la renombrada activista feminista Lederer como Directora Senior para Proyectos Globales sobre la Trata de Personas en el Departamento de Estado— varias feministas dieron el paso de apoyar activa y públicamente las iniciativas de la Administración Bush. Notablemente, en un artículo de febrero de 2004 en el Washington Post escrito conjuntamente por la icono del feminismo de la segunda ola Phyllis Chesler y por el profesor de estudios de la mujer/activista antitrata Hughes, los autores hacían una vigorosa defensa no sólo de las políticas antitrata de la Administración Bush, sino también de sus intervenciones militares en Afganistán e Irak, declarando que los conservadores contemporáneos y las organizaciones religiosas se habían convertido en defensores más fiables de la democracia y de los derechos de las mujeres en todo el mundo que lo que había sido nunca la izquierda (Chesler and Hughes 2004). 

Aunque el abrazo de los discursos de criminalización, construcción de la democracia, registros de escarnio público, y valores familiares por una nueva hornada de feministas reconocidamente conservadoras es ciertamente significativo, es de notar también hasta qué punto feministas que se identifican como seglares de izquierda se han encontrado a gusto compartiendo gran parte de esta agenda y han sido, de este modo, diligentes compañeras en las campañas antitrata de las feministas conservadoras. Mientras que comentaristas tales como Wendy Chapkis (2005), Kamala Kempadoo (2005), y Miriam Ticktin (2008) han apuntado previamente a una colusión entre la corriente principal del feminismo y las agendas estatales de control de fronteras en las campañas antitrata contemporáneas (en las que el activismo feminista apoya inconscientemente la deportación de trabajadoras sexuales emigrantes bajo la guisa de asegurar su protección), mi trabajo de campo etnográfico extiende esta percepción, revelando que las políticas carcelarias y el aparato de seguridad estatal son los remedios políticos preferidos de las feministas antitrata. 

Las feministas de izquierda apoyan las políticas carcelarias, y la articulación de estas políticas mediante un particular conjunto de ideas acerca del género y la sexualidad se hizo evidente en las reuniones de las convenciones contra la trata de la  National Organization of Women–NYC (NOW-NYC) y de la American Association of  University Women en las que yo participé durante un período de seis meses entre 2007 y 2008. Angela Lee, del Centro de Mujeres Asiáticas de Nueva York, fue la oradora final en la manifestación de 2007 de NOW-NYC en petición de una ley de trata que aumentara  las penas aplicables a los clientes de prostitutas de noventa días a un año de prisión. Una mujer de unos cuarenta años impecablemente vestida, no hizo mención al papel desempeñado por la pobreza mundial en las dinámicas de trata y prostitución, sino que habló con gran celo de la integridad sexual de las familias. “Este es un asunto de la familia”, declaró abiertamente, “especialmente cuando se acerca el Año Nuevo Chino y hay tantas familias de las víctimas que no podrán celebrarlo”. Con esta expresión, Lee situó la amenaza sexual directamente fuera del hogar, a pesar de la afirmación feminista hegemónica anterior de que los hogares y las familias son los lugares más peligrosos para las mujeres. Lee llegó a ligar los peligros que arrostraban las víctimas de trata con la falta de éxito del Estado de Nueva York al imponer una ley que aplicara penas criminales suficientemente severas a traficantes y chulos, declarando con gran emoción que “¡Necesitamos castigar a los traficantes y liberar a las víctimas!”. 

En una discusión el 2 de marzo de 2007 en las reuniones de la Comisión sobre el Estado de las Mujeres, en las Naciones Unidas, discusión enfocada a “poner fin a la demanda” de trata sexual, el lazo entre las políticas sexuales y las carcelarias se reveló de forma aún más clara. En esta reunión dedicada a dificultar la demanda por parte de los hombres de los servicios de las trabajadoras sexuales, los panelistas aprovecharon la ocasión para demostrar cómo el Estado carcelario podía ser utilizado de forma efectiva para conseguir familias nucleares, heterosexuales, de parejas unidas por el amor. La oradora inicial, de la Coalition Against Trafficking in Women (CATW), alabó explícitamente a los cinco hombres, de raza blanca y clase media, presentes en la sala, como representantes de un nuevo modelo de masculinidad esclarecida y urgió a los miembros de la audiencia a “traer a sus maridos, hijos y hermanos” a futuras reuniones.  El modelo de prostitución y trata que las panelistas de CATW invocaron tenía poca, si alguna, conexión con factores estructurales o económicos, haciendo la prostitución totalmente atribuible a las acciones de un pequeño subgrupo de hombres malos: maridos dentro de la familia que podrían buscar los servicios sexuales de mujeres fuera de ella, u hombres malos fuera de la familia que podrían incitar a las mujeres y chicas de la misma a abandonarla. Aunque CATW se ve a sí misma como una organización feminista progresista, sus miembros no vacilaron, sorprendentemente, en sus demandas de un aparato punitivo estatal. Ni mostraron mucha conciencia de los fundamentos políticos y económicos de la singular forma de intimidad heterofamiliar que defendieron (ver, p.ej., Bernstein 2007b; Padilla et al. 2007). 

A nivel legislativo, la posición feminista de izquierda sobre la trata es expresada de la forma más clara por la representante Carolyn Maloney, congresista demócrata por Nueva York previamente conocida por su activismo en temas tales como la diferencia de salarios entre sexos y la salud reproductiva de las mujeres. Maloney ha tomado un papel dirigente en la campaña feminista contemporánea contra la trata sexual, patrocinando cambios legislativos enfocados a reprimir a los clientes de las trabajadoras sexuales y a eliminar cualquier distinción entre prostitución forzada y voluntaria en la ley antitrata federal. Ha trabajado también estrechamente con grupos feministas tales como la National Organization for Women y Equality Now, así como con Horowitz, del Hudson Institute, y con organizaciones cristianas conservadoras como Evangelicals for Social Action. En un capítulo de su reciente libro, reveladoramente titulado “The Pretty Woman Myth” (dejando así claro que la única forma de trata que la interesa es la prostitución heterosexual; Maloney 2008), dos cosas en particular merecen ser resaltadas. El primer aspecto llamativo de la discusión de Maloney es la elevación moral de la familia nuclear heterosexual, en contraste con la esclavitud sexual femenina que describe desgarradoramente. Aunque Maloney menciona el incesto sufrido por niñas en el seno de la familia como una vía corriente hacia la prostitución, en su análisis el incesto no supone en sí una violación de los derechos humanos tan grave como la esclavitud sexual, un término que reserva para las formas extrafamiliares de violencia. Un segundo elemento clave en el libro de Maloney es la extensión con la que la política carcelaria y la política de género se implican mutuamente. En su conclusión a “The PrettyWoman Myth”, Maloney insiste en que la mejor manera de combatir la esclavitud es mediante la detención y encarcelamiento de puteros y chulos, junto con una protección más vigilante de los niños. 

Los ejemplos anteriores ponen de relieve una importante alianza entre el feminismo y el Estado carcelario, una alianza que se extiende más allá que las recientes colaboraciones feministas con la derecha religiosa. En su reciente libro en el que documenta la coemergencia de la atención prestada por la segunda ola feminista a la violencia sexual y de las agendas neoliberales de encarcelamiento, Kristin Bumiller (2008) ha demostrado igualmente los aspectos en los que el miope enfoque feminista sobre la criminalización de la violación y la violencia doméstica durante los años 1990 contrastó con las preocupaciones de las feministas de base y las de los comienzos de la segunda ola acerca del empoderamiento social y económico de las mujeres. Argumentando que el imperativo carcelario neoliberal ha tenido un impacto devastador sobre los modos en que se ha construido el compromiso feminista contra la violencia sexual, Bumiller demuestra que lo recíproco es también verdad: una vez que el feminismo quedó fatalmente modulado por las estrategias neoliberales de control social, ello pudo servir como una inspiración eficaz para campañas más amplias de criminalización. Bumiller observa que en los primeros años del siglo la agenda neoliberal del feminismo contra la violencia sexual fue siendo exportada cada vez más como parte de la política de derechos humanos de los Estados Unidos, consolidando el imperativo carcelario dentro del feminismo estadounidense y extendiendo a lo largo y ancho del mundo el paradigma del feminismo-como-control-del-crimen (ver también Grewal 2005). 

La evidencia sugiere ciertamente que las campañas antitrata de los Estados Unidos han tenido mucho más éxito en criminalizar a poblaciones marginadas, reforzar el control de fronteras y medir el grado de respeto a los derechos humanos de otros países por su represión de la prostitución, que en conseguir cualquier beneficio concreto para las víctimas (Chapkis 2005; Chuang 2006; Shah 2008). Como argumenta Bumiller, no es sólo una cuestión de “consecuencias indeseadas”, sino que ha sido el resultado de que las feministas hayan unido directamente sus fuerzas al proyecto neoliberal de control social (2008, 15). Esto es cierto tanto dentro de Estados Unidos, donde los chulos pueden ahora recibir sentencias de noventa y nueve años de prisión por trata sexual y las trabajadoras sexuales son crecientemente detenidas y deportadas por su propia “protección” (ver Bernstein 2007a, 2007b), como en cualquier otra parte del mundo, donde la clasificación de otros países por parte de Estados Unidos ha llevado a un control más estricto de las fronteras a nivel internacional y a la implementación de políticas punitivas antiprostitución en numerosos países (Sharma 2005; Shah 2008; Cheng 2010). 

Muy recientemente, con la creciente atención feminista a las formas “domésticas” de trata (que películas como Very Young Girls han tratado de inflamar), se ha vuelto claro que el desplazamiento desde las formas locales de violencia sexual al terreno internacional y de vuelta  al interés por las actuaciones policiales en el interior de las ciudades estadounidenses (esta vez, bajo la apariencia de proteger los derechos humanos de las mujeres) ha proporcionado un circuíto crítico para la agenda feminista carcelaria. Según la abogada Pamela Chen (2007), actualmente la mitad de los casos federales de trata conciernen a mujeres menores de edad que ejercen la prostitución callejera en el interior de las ciudades.  Esto ha llevado a una campaña policial sin precedentes contra gente de color implicada en la economía sexual callejera —incluyendo chulos, clientes y trabajadoras sexuales por igual (Bernstein 2007a). 

El compromiso feminista carcelario con los valores de la familia heteronormativa, del control del crimen y de los supuestos rescate y rehabilitación de las víctimas (o lo que Janet Jakobsen ha glosado aliterativamente como “matrimonio, militarismo y mercados”; 2008) y el amplio atractivo social de esta agenda, lo ilustra poderosamente la reciente película Very Young Girls. La película ha sido proyectada no sólo en diversos locales feministas, sino también en el Departamento de Estado, en varias megaiglesias evangélicas, y en el conservador Christian King’s College. Bajo el pretexto de reflejar la trata en el interior del país, la película busca granjear simpatías para las jóvenes afroamericanas que se encuentran atrapadas en la economía sexual callejera. Presentando a las mujeres como “chicas muy jóvenes” (en el cartel promocional de la película, la protagonista es tan pequeña que, sentada, sus pies no llegan al suelo) y como las víctimas inocentes del abuso sexual (una categoría que ha sido reservada históricamente para víctimas blancas no trabajadoras sexuales), la película puede convincentemente presentar su perspectiva como antirracista y progresista. Aunque la inocencia de las jóvenes en la película se consigue a costa de demonizar completamente a los jóvenes afroamericanos que se aprovechan de sus ganancias y que son presentados como irredimiblemente criminales y subhumanos. 

La película despoja sin cesar de humanidad a los jóvenes afroamericanos implicados en la economía callejera junto con la compleja maraña de factores más allá de la prostitución (incluyendo racismo y pobreza) que conforman la vida de las chicas. En una proyección de la película a la que asistí en una selecta firma de abogados en Nueva York, al acabar la película algunos espectadores pidieron que los chulos fueran no sólo encerrados de por vida, sino agredidos físicamente. En Very Young Girls como, de forma más general, en el feminismo carcelario, la visión de la justicia social como justicia criminal y de los sistemas punitivos de control como los mejores elementos disuasorios para la mala conducta de los hombres, sirve como un punto crucial de conexión con políticos, evangélicos y otros que han abrazado la causa antitrata.

 

Abolicionismo

Por Jo Doezema

ENCYCLOPEDIA OF PROSTITUTION AND SEX WORK, pp. 4-7

http://www.encyclopediaofprostitution.com/

Abolicionismo es un término que se refiere a un determinado enfoque ideológico y legal de la prostitución. Este enfoque tiene sus raíces en el feminismo del siglo diecinueve y es todavía una fuerza poderosa en la política contemporánea respecto a la prostitución. “Abolicionismo” fue un término sacado de las campañas contra el comercio de esclavos. Sin embargo, “abolicionismo”, cuando se usó en relación a la prostitución, no se refería a la abolición de la prostitución, sino a la de ciertas leyes en vigor en Inglaterra y Gales hacia 1860. Estas leyes eran conocidas como las Contagious Diseases Acts (Leyes de Enfermedades Contagiosas). Bajo estas leyes, cualquier mujer sospechosa de prostitución podía ser detenida por la policía y forzada a pasar por un examen médico. Las Contagious Diseases Acts eran un ejemplo del enfoque de la prostitución conocido como “regulacionismo”, un sistema inspirado por la medicina cuya intención era controlar la diseminación de las enfermedades venéreas, particularmente de la sífilis, mediante el registro y el examen médico de las prostitutas. Adecuando argumentos científicos racionales a la reprobación moral, los “regulacionistas” argumentaban que la regulación estatal era la única manera de controlar las enfermedades venéreas. Las mujeres “inocentes” y las chicas necesitaban ser protegidas de la inmoralidad; sin embargo, una vez caídas, era la sociedad la que necesitaba ser protegida de la mujer inmoral. El mejor modo de proteger a la sociedad, argumentaban los regulacionistas, era el registro y el control médico de las prostitutas. Francia fue la pionera europea de los sistemas regulacionistas.

De este modo, el abolicionismo surgió como un movimiento contra la regulación estatal de la prostitución. La dirigente del movimiento abolicionista fue Josephine Butler, una apasionada oradora pública y prolífica escritora. Butler y otros abolicionistas argumentaban que los hombres eran los responsables de la prostitución, cargando la culpa de la prostitución directamente sobre la espalda de la lujuria masculina desatada. De ninguna mujer se podría decir que consentía verdaderamente con la prostitución. Las activistas abolicionistas feministas fueron capaces de construir una amplia coalición de grupos sociales, incluyendo organizaciones de trabajadores y organizaciones religiosas. Se les unió también el pujante movimiento de “pureza social”, cuyas nociones de castidad sexual eran más represivas y amplias que la agenda original de Butler. Cuando las Contagious Diseases Acts fueron derogadas en 1886, Butler y sus seguidores volvieron su atención a la lucha contra la “trata de blancas”. En la visión abolicionista, la prostitución y la trata de blancas se extinguirían si las leyes se dirigieran contra los que ganaban dinero de las prostitutas, en lugar de contra la misma prostituta. Al final, la campaña abolicionista fue eclipsada por la campaña por la pureza social, ya que el tema emotivo de la trata de blancas consiguió incitar la preocupación pública hasta un grado febril.

En otros países europeos y también en los Estados Unidos, las feministas comenzaron a implicarse en la lucha por abolir la prostitución y la trata de blancas. Como en Inglaterra, estas campañas fueron cada vez más dominadas por moralistas represores, ya que se forjaron alianzas con organizaciones religiosas y de puridad social. La relación de los reformadores de la pureza con la prostituta misma era ambigua: aunque profesaban simpatía por las inocentes perdidas sacrificadas por la trata de blancas, juzgaban severamente a las chicas y mujeres cuya conducta inmodesta las llevaba a una vida de vergüenza. Casi todos los reformadores de la pureza abrazaban un enfoque de la prostitución que ha sido denominado “prohibicionista”. Particularmente en los Estados Unidos, los reformadores de la pureza tuvieron mucho éxito en instaurar sistemas prohibicionistas. Los sistemas prohibicionistas de regulación de la prostitución hacen el acto en sí de la prostitución ilegal y, de esta manera, las mismas prostitutas son detenidas. Todos estos enfoques de la prostitución: regulación, abolición y prohibición, están vigentes hoy día en varios sistemas legales. La mayor parte de los sistemas existentes contienen elementos de los tres enfoques. Los sistemas legales que se ajustan más a un enfoque abolicionista intentan terminar con la prostitución penalizando a los que parece que se aprovechan de ella, tales como los propietarios de burdeles o los que ofrecen espacio para los anuncios de negocios de prostitución. En años recientes, esta lista ha crecido para incluir a los clientes de las trabajadoras sexuales en países como Suecia. Aunque la prostitución en sí no es ilegal en los sistemas abolicionistas, en la práctica son las trabajadoras sexuales las que a menudo están en el punto de mira de las leyes abolicionistas. Por ejemplo, las leyes abolicionistas prohiben a las prostitutas trabajar juntas, bloquean los intentos de las prostitutas de constituir sindicatos (considerados como “promoción de la prostitución” ilegal) y las apartan de compensaciones legales en caso de violaciones de sus derechos laborales, civiles y humanos. El abolicionismo es todavía una potente filosofía entre las feministas contemporáneas, tanto en el Occidente como en los países en desarrollo. La organización más fuerte del abolicionismo internacional es la Coalition Against Trafficking in Women (CATW). Como sus antecesoras, las feministas “neoabolicionistas” contemporáneas niegan que la prostitución pueda ser considerada una auténtica elección o un legítimo acto de la voluntad. Ya que toda prostitución es inherentemente violencia contra las mujeres, argumentan, no es posible un auténtico consentimiento. Por tanto, para las feministas neoabolicionistas todas las prostitutas son víctimas. La prostitución masculina y los trabajadores sexuales transexuales no ocupan un puesto relevante en la agenda feminista neoabolicionista, ya que no se ajustan al análisis neoabolicionista de la prostitución como un sistema de violencia sexual masculina perpetrada contra las mujeres.

El movimiento contemporáneo en defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales ha debido afrontar una intensa oposición por parte de las feministas neoabolicionistas. En particular, las feministas neoabolicionistas se oponen a la idea, promovida por los activistas en defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales, de que la prostitución y otras formas de trabajo sexual sea un auténtico trabajo. Las feministas neoabolicionistas rechazan el término “trabajo sexual”, prefiriendo el término “mujeres prostituídas”. Los grupos defensores de los derechos de lxs trabajadorxs sexuales piden el reconocimiento de sus derechos humanos y civiles, incluyendo la aplicación de las leyes laborales en sus lugares de trabajo. Las feministas neoabolicionistas están por la penalización de las terceras partes, tales como los propietarios de burdeles y los clientes. No defienden la penalización de las trabajadoras sexuales, pero hacen activismo por su rescate y rehabilitación. De forma confusa, a ambas actitudes las denominan “despenalización”.

Como sus predecesoras del siglo diecinueve, las feministas abolicionistas contemporáneas tienen una relación ambigua con las prostitutas y otras trabajadoras sexuales. Por un lado, las “mujeres prostituídas” que están de acuerdo con el análisis abolicionista feminista de su situación son aceptadas y ayudadas. Por ejemplo, el grupo WHISPER (Women Hurt in Systems of Prostitution Engaged in Revolt), compuesto por antiguas prostitutas que hacen campaña por la erradicación de la prostitución, tiene unas buenas relaciones de trabajo con CATW. Por otro lado, están las trabajadoras sexuales que, en todo el mundo, se hacen oír y, a menudo, son políticamente activas, que hacen campaña para que se acepte el trabajo sexual como un trabajo legítimo. Estos trabajadores sexuales —hombres, mujeres y transexuales— constituyen un enigma para las neoabolicionistas.

La incapacidad para comprender la identidad de una trabajadora sexual por libre elección significa que las feministas neoabolicionistas perciben a los activistas que defienden los derechos de lxs trabajadorxs sexuales como aliados de “chulos” y “traficantes”. Las feministas neoabolicionistas argumentan que la noción “derechos de las trabajadoras sexuales” es simplemente una fachada para el gran negocio de la industria del sexo y han acusado a prominentes activistas defensores de los derechos de las trabajadoras sexuales de estar a sueldo de los jefes de la industria del sexo.

Como las abolicionistas feministas del siglo diecinueve, las feministas abolicionistas contemporáneas han conseguido reforzar su presencia política coaligándose en torno a la renovada preocupación internacional por el tema de la trata de mujeres. Muchos de estos compañeros de coalición son inverosímiles defensores de las causas feministas, e incluyen grupos conservadores religiosos y activistas antiaborto. Mediante estas coaliciones, las feministas neoabolicionistas han conseguido influir en la ley internacional y en las políticas de los gobiernos nacionales. Conservando el legado abolicionista, las feministas abolicionistas actuales hacen campaña contra la compra de servicios sexuales por los hombres o, como ellas lo llaman, la “demanda”. En Suecia, esto ha ocasionado la penalización de los clientes de las trabajadoras sexuales, una política nacional que las organizaciones de trabajadoras sexuales suecas dicen que las obliga a trabajar en condiciones clandestinas y peligrosas.

En respuesta a las preocupaciones globales por la trata, las abolicionistas feministas apoyan prácticas de “rescate” forzado de trabajadoras sexuales de los burdeles, en particular en los países en desarrollo. A estos “rescates” se han opuesto vigorosamente las organizaciones locales de trabajadoras sexuales, ya que las “víctimas” suelen ser arrestadas, deportadas y/o alojadas en “centros de rehabilitación” semejantes a cárceles.

En los Estados Unidos, en particular, la postura abolicionista ha tenido mucha influencia en las políticas exterior y doméstica. Por ejemplo, la U.S. Leadership against HIV/AIDS, Tuberculosis, and Malaria Act of 2003 (Ley de Liderazgo de los Estados Unidos contra el VIH/SIDA, tuberculosis y malaria, de 2003) prohibe el desembolso de fondos estadounidenses para el desarrollo a organizaciones que defiendan la idea de la prostitución como trabajo. Organizaciones internacionales de trabajadoras sexuales, como la Network of Sex Work Projects (NSWP), afirman que esta política tiene un gran potencial nocivo, ya que el VIH es una de las mayores amenazas para la salud de las trabajadoras sexuales en los países en desarrollo.

Más lecturas: Barry, Kathleen. The Prostitution of Sexuality: The Global Exploitation of Women. New York: New York University Press, 1995; Coalition Against Trafficking in Women (CATW) Web site http://www.catw.org; Crago, Anna Louise. “Unholy Alliance.” http://www.alternet.org; Ditmore, Melissa. “New U. S.Funding Policies on Trafficking Affect Sex Work and HIV-prevention Efforts World Wide.” SIECUS Report 33 (2005): 26-29; Doezema, Jo. “Ouch! Western Feminists’ ‘Wounded Attachment’ to the Third-World Prostitute.” Feminist Review 67 (2001): 16–38; Empower Foundation. Report by Empower Chiang Mai on the human rights violations women are subjected to when “rescued” by anti-trafficking groups.Network of Sex Work Projects. http://www.nswp.org; Shapiro, Nina. “The New Abolitionists.” Seattle Weekly, 24–31 August 2004; Walkowitz, Judith. Prostitution and Victorian Society: Women, Class, and the State.Cambridge: Cambridge University Press, 1980.