NUEVO estudio canadiense en cinco ciudades muestra los daños de las leyes de «acabar con la demanda», con el acoso policial vinculado a un aumento de cinco veces en la incapacidad para llamar al 911

 

Centre for Gender & Sexual Health Equity

26 de enero de 2021

Almost one-third of sex workers unable to call 911 due to fear of police

 

La legislación canadiense de «acabar con la demanda» que penaliza la compra de sexo y a los terceros impide que las trabajadoras sexuales busquen ayuda policial cuando están en peligro, según un nuevo estudio del Center for Gender & Sexual Health Equity (CGSHE ) en la Universidad de Columbia Británica y la Universidad de Ottawa.

El estudio, publicado en la revista Social Sciences, revisada por pares, se basa en datos de un proyecto de investigación comunitario con trabajadoras sexuales en cinco ciudades de Canadá. Destaca los graves daños a las trabajadoras sexuales, incluidos los daños desproporcionados a las trabajadoras sexuales indígenas, causados ​​por un enfoque de “acabar con la demanda” de la industria del sexo. En 2014, el gobierno canadiense implementó una legislación de «acabar con la demanda” que penaliza a los clientes, a los terceros (por ejemplo, gerentes, trabajadoras sexuales que trabajan juntas con gastos compartidos y en un «rol comercial») y trabajadoras sexuales al aire libre en circunstancias limitadas. “El marco de penalización del enfoque de ‘acabar con la demanda’ reproduce muchos de los mismos daños que amenazan la vida de las trabajadoras sexuales que las leyes penales anteriores. Vemos esto más explícitamente con las experiencias reportadas por las trabajadoras sexuales indígenas de la calle. Nuestra investigación muestra que las leyes deben cambiarse urgentemente”, dijo la Dra. Anna-Louise Crago, PhD, primera autora, líder del proyecto CGSHE y becaria postdoctoral Banting en la Universidad de Ottawa.

De manera alarmante, el estudio encontró que casi un tercio (31%) de las trabajadoras sexuales informan que no pueden llamar al 911 por temor a que la policía las detecte a ellas mismas, a sus compañeras de trabajo o a sus gerentes. Las trabajadoras sexuales indígenas tienen el doble de probabilidades de informar que no pueden llamar al 911. “La legislación de ‘acabar con la demanda’ obliga a las trabajadoras sexuales a elegir entre renunciar al acceso a la protección policial en una emergencia de seguridad y ponerse a ellas mismas, a sus compañeras de trabajo o a sus gerentes en situaciones peligro”, explicó la Dra. Crago. “Este marco de penalización se justificó como necesario para proteger a las más marginados de la industria del sexo y para ayudar a las trabajadoras sexuales a denunciar la violencia contra ellas. Pero nuestros datos demuestran que la legislación claramente no ha logrado lo que decía que eran sus objetivos «.

Las experiencias de acoso policial reciente se asociaron directamente con cinco veces la probabilidad de que las trabajadoras sexuales informaran que no podían llamar al 911 en una emergencia de seguridad. “La policía y los defensores de la legislación de acabar con la demanda defienden como necesarias o “protectoras” tácticas tales como seguir a las trabajadoras sexuales, pedirles la identificación o retenerlas sin detención”. Pero los datos muestran cómo el acoso policial a las trabajadoras sexuales amenaza el acceso a la protección policial en una emergencia de seguridad”, dijo la Dra. Crago. “Este es un hallazgo con implicaciones más amplias con relación a los ataques policiales contra las comunidades negras e indígenas con prácticas como la identificación y las paradas en la calle”.

El estudio también ofrece los primeros datos conocidos en Canadá sobre quién está ayudando a las trabajadoras sexuales a escapar de situaciones de violencia y confinamiento. La fuente de asistencia mencionada con mayor frecuencia fueron otras trabajadoras sexuales (40,5%), seguidas de amigos, familiares o parejas (29,7%) y clientes (24,3%). La policía fue una de las fuentes de asistencia menos mencionada, con un 5,4%. «Las personas involucradas en la industria del sexo juegan un papel importante en ayudar a otras trabajadoras sexuales a escapar de situaciones violentas o peligrosas», dijo la Dra. Chris Bruckert, PhD, coautora y profesora de la Universidad de Ottawa. “Pero, bajo las leyes actuales de ‘acabar con la demanda’, otras trabajadoras sexuales, personal de seguridad, clientes y gerentes corren el riesgo de ser penalizados si llaman al 911. Además, las situaciones en las que las trabajadoras sexuales reciben más asistencia son aquellas que el sistema actual disuade al hacerlas ilegales «.

Se requieren con urgencia reformas legislativas y políticas, dijo la autora principal, la Dra. Kate Shannon, PhD, Profesora de Medicina Social y Directora Ejecutiva de CGSHE en UBC. “Esta investigación destaca la necesidad urgente de reconocer los daños del marco de penalización del enfoque de “acabar con la demanda” sobre las trabajadoras sexuales y la necesidad inmediata de reformar la ley y la actuación de la policía”. La Dra. Shannon dijo que los hallazgos exigen recomendaciones políticas urgentes, incluida la despenalización total del trabajo sexual y el fin inmediato de los ataques de la policía contra las trabajadoras sexuales y la práctica policial de exigirles la identificación y pararlas en la calle vinculada a la discriminación racial y social.

 

Haga clic aquí para ver los hallazgos clave y las recomendaciones de políticas urgentes.

Haga clic aquí para leer el artículo de la revista revisada por pares.

Los datos del estudio se extraen de un estudio comunitario en CGSHE en la Universidad de Columbia Británica y la Universidad de Ottawa de 200 trabajadoras sexuales entrevistadas en Toronto, ON, Ottawa, ON, Montreal, QC, Surrey, BC y Sudbury, ON. Las participantes en la investigación fueron entrevistadas entre julio de 2017 y enero de 2018.

CONTACTO CON LOS MEDIOS:

Dra. Kate Milberry | Responsable de comunicaciones CGSHE en UBC

236.818.7763 | comms@cghse.ubc.ca

Acerca del Centro de Equidad de Género y Salud Sexual en UBC: El Centro de Equidad de Género y Salud Sexual es un centro académico de UBC y SFU ubicado en Providence Health. La misión de CGSHE es proporcionar liderazgo en equidad de género y salud sexual para todos en BC, Canadá y a nivel mundial, a través de una investigación rigurosa comprometida con la comunidad que cumpla con los más altos estándares científicos y éticos, el desarrollo de políticas basadas en evidencia y el fomento de la implementación de innovaciones, prácticas clínicas y comunitarias centradas en el paciente y orientadas a la equidad a través de pautas y educación. CGSHE se encuentra en los territorios tradicionales de las naciones xʷməθkwəy̓ əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) y Səlílwətaɬ (Tsleil-Waututh). 

Acerca del Departamento de Criminología de la Universidad de Ottawa: El Departamento de Criminología de la Universidad de Ottawa es un entorno bilingüe vibrante que se centra en la criminología crítica y la participación social en primer plano. Las áreas estratégicas de investigación de la Universidad de Ottawa incluyen «derechos humanos, diversidad y justicia social» y «gobernanza, estudios internacionales y políticas públicas».

Firma la declaración de solidaridad con los derechos de las trabajadoras sexuales de Canadá

 

https://secure.actioncanadashr.org/solidarity-sex-workers-rights

 

Las trabajadoras sexuales —personas que intercambian servicios sexuales por dinero o bienes— son penalizadas, desproporcionadamente vigiladas, sometidas a exceso de control policial y despojadas de sus derechos fundamentales. Las trabajadoras sexuales que viven discriminaciones entrecruzadas debido a la pobreza, su presencia visible en los espacios públicos, su posición racial y social, y su identidad de género son desproporcionadamente atacadas por la policía y la violencia institucional, legal y social. Gran parte de este trato es el resultado de la estigmatización del trabajo sexual en sí y de la falta de reconocimiento de la autonomía que las trabajadoras sexuales ejercen en su vida diaria.

Varias organizaciones de derechos humanos, organismos y tribunales de la ONU han concluido que la penalización de la industria del sexo crea condiciones para la explotación y viola los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. En 2014, un proceso legal histórico (Fiscal General v Bedford) dictaminó que las leyes en Canadá que abordaban el trabajo sexual violaban el derecho constitucional a la seguridad de las trabajadoras sexuales y todas esas leyes fueron anuladas. Sin embargo, a pesar de esto, la Ley de Protección de Comunidades y Personas Explotadas (PCEPA) se promulgó en 2014. La PCEPA define todo trabajo sexual como explotación y enmarca a todas las trabajadoras sexuales como víctimas y a todos los clientes y terceros como delincuentes. Un objetivo principal de esa legislación es erradicar la prostitución. Las nuevas leyes incluyen disposiciones que penalizan directamente a las trabajadoras sexuales, así como disposiciones que penalizan prácticamente todos los elementos de la industria del sexo.

Desde la entrada en vigencia de PCEPA, las trabajadoras sexuales han reportado un mayor antagonismo con las fuerzas del orden público, violencia selectiva y miedo a denunciar, actuación policial no deseada y no solicitada sobre las trabajadoras sexuales indígenas, negras, trans, migrantes y usuarias de drogas, y detenciones y deportaciones de trabajadoras sexuales asiáticas y migrantes. La policía hace un uso indebido y excesivo de las leyes de trata de personas para atacar a las trabajadoras sexuales y a sus clientes, creando condiciones cada vez más inseguras y marginalizadas para las trabajadoras sexuales.

Proteger y respetar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales requiere una respuesta integral. La despenalización, la eliminación de las leyes penales y específicas de inmigración sobre el trabajo sexual, es un primer y necesario paso. Un plan holístico para la reforma de la ley de trabajo sexual incluye medidas concretas para abordar la discriminación y la desigualdad en todas sus formas: pobreza, vivienda inadecuada, atención médica inadecuada, falta de acceso a transporte seguro, acceso inadecuado a asistencia legal, sobrepenalización y sobrencarcelamiento, y problemas continuos con sistemas de protección juvenil. Esto incluye además el acceso a protecciones básicas de seguridad laboral y ocupacional.

 

DECLARACIÓN DE SOLIDARIDAD

 

Nos oponemos a las leyes federales, provinciales y municipales que regulan desproporcionadamente y penalizan la autonomía corporal, la sexualidad y los derechos de salud sexual y reproductiva.

Reclamamos del gobierno de Canadá la despenalización total del trabajo sexual como un primer paso para proteger y respetar los derechos humanos de todas las trabajadoras sexuales; esto comienza con la eliminación de las leyes penales y de inmigración que penalizan el trabajo sexual.

 Reclamamos que se reconozca el trabajo sexual como un trabajo significativo y valioso que brinda oportunidades económicas para las personas que venden y comercian sexo.

 Reclamamos el acceso igualitario y no discriminatorio a la salud, la educación, el empleo, la vivienda y las oportunidades y derechos económicos.

 Afirmamos que las trabajadoras sexuales no son criminales que deban ser estigmatizadas, sino miembros de una clase trabajadora a menudo explotada y poco protegida.

 Nos solidarizamos con las trabajadoras sexuales que exigen derechos, el reconocimiento de la autonomía y de la capacidad de toma de decisiones de las trabajadoras sexuales y condiciones de trabajo seguras.

 Nosotras, las organizaciones abajo firmantes, nos comprometemos a promover los derechos de las trabajadoras sexuales y a crear espacios para que las trabajadoras sexuales tomen el liderazgo y estén en el centro de los debates sobre la reforma de la ley de trabajo sexual.

 

---

National 
Abortion Rights Coalition of Canada
Action Canada for Sexual Health and Rights
Alberta Society for the Promotion of Sexual Health
Amnesty International Canada
Barbra Schlifer Commemorative Clinic
Canadian AIDS Society
Canadian Association of People who Use Drugs (CAPUD)
Canadian Association of Social Workers
Canadian HIV/AIDS Legal Network
Canadian Treatment Action Council
Families of Sisters in Spirit
FIRST Decriminalize Sex Work
i2i Peer Support
Interagency Coalition on AIDS and Development
International Human Rights Program, University of Toronto Faculty of Law
Marie Stopes International
Migrant Workers Alliance for Change
Radical Access Mapping Project
Sex Professionals of Canada (SPOC)
The Naked Truth
Youth Coalition for Sexual and Reproductive Rights

Alberta
HIV Community Link
Prostitutes Involved Empowered Cogent Edmonton (PIECE)
Shift, HIV Community Link

British Columbia
Afro-Canadian Positive Network of BC
Anti-Violence Project
BC Coalition of Experiential Communities
Coalition Against Trans Antagonism
Downtown Eastside Women’s Centre
Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society (SWUAV)
HUSTLE at Health Initiative for Men
Law Students for Decriminalization and Harm Reduction
Organize BC
Pacific AIDS Network Society
PEERS
Pivot Legal Society
Pride
Providing Alternatives, Counselling and Education (PACE) Society
Saige Community Food Bank
SFSS Women’s Centre
SOLID Outreach Society
Supporting Women’s Alternatives Network (SWAN)
UVic Gender Empowerment Centre
Victoria Sexual Assault Centre
WAVAW Rape Crisis Center
West Coast Cooperative of Sex Industry Professionals (WCCSIP)
WISH Drop-In Centre Society
YouthCO HIV & Hep C Society

Manitoba
Manitoba Harm Reduction Network
Sex Workers of Winnipeg Action Coalition

Newfoundland and Labrador
Bay St. George Status of Women Council
Corner Brook Status of Women Council
Planned Parenthood Newfoundland and Labrador Sexual Health Centre
Safe Harbour Outreach Project (S.H.O.P.)
St. John’s Status of Women’s Council/Women’s Centre
St. John’s Womxn in Music

Nova Scotia
Sexual Health Centre Lunenburg County
South House
Stepping Stone Association
The South House Sexual and Gender Resource Centre

Ontario
AIDS Committee of Ottawa
AIDS Committee of Windsor
Alliance for South Asian AIDS Prevention
Angel’s Angels
Barton Village Business Improvement Area
Butterfly Asian and Migrant Sex Workers Network
Chinese & Southeast Asian Legal Clinic
Chinese Canadian National Council Toronto Chapter
CUPE Local 3906
CUPE4600
DUAL-Drug User Advocacy League/OICH
Gender Studies & Feminist Research Program, McMaster University
Guelph Resource Centre for Gender Empowerment and Diversity
Hamilton Anvil
Hamilton Burlesque Society
HIV & AIDS Legal Clinic Ontario
Industrial Workers of the World – Hamilton GMB
LGBT YouthLine
Maggie’s Indigenous Sex Workers Drum Group
Maggie’s Toronto Sex Workers Action Project
Marit Collective
Migrant Sex Workers Project
No One Is Illegal-Toronto
Parkdale Community Legal Services
Planned Parenthood Toronto
POWER (Prostitutes of Ottawa-Gatineau Work, Educate and Resist)
Pride Hamilton
Safer Gigs Hamilton
SafeSpace
Sex Workers Advisory Network of Sudbury (SWANS)
Sex Workers’ Action Network of Waterloo Region
Sex Workers’ Action Program of Hamilton
SHORE Centre
Showing Up for Racial Justice Toronto (SURJ TO)
Street Health
TransParent Hamilton-Niagara
Willow’s Drop-In – Ottawa-Vanier
Women & HIV / AIDS Initiative
Women and Gender Equity Network
Women’s and Gender Equity Centre at University Toronto-Mississauga
Work Safe Twerk Safe
Workers’ Action Centre
YWCA Kitchener-Waterloo

Québec
Action Santé Travesties et Transexuel(le)s du Québec (ASTTeQ)
Agir
AlterHéros
CACTUS Montreal
Centre for Gender Advocacy
Clinique Droits Devant
Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA)
Coalition LGBTQ youth groups
Conseil québécois LGBT
Dopamine
École de travail social UQAM
Émissaire
Fédération des femmes du Québec
GIAP
Les Hébergements de l’Envol
L’R des centres de femmes du Québec
Native Women’s Shelter
PACT de rue
Plein Milieu
Project 10
Projet d’intervention auprès des mineur.e.s prostitué.e.s (PIaMP)
Projet Lune<
RÉZO
Sidalys
Solidarity Across Borders- Montreal
Spectre de rue Inc.
Stella, l’amie de Maimie
The Open Door / La Porte Ouverte Montréal
TOMS Table des organismes communautaires montréalais de lutte contre le VIH/sida

Saskatchewan
Saskatoon Sexual Health

 

La ideología feminista radical conforma las leyes de prostitución de Canadá

 

Por Stuart Chambers

31 de enero de 2019

https://www.thepostmillennial.com/radical-feminist-ideology-informs-canadas-prostitution-laws/

 

En 2014, el gobierno conservador de Stephen Harper aprobó la Ley C-36, la Ley de Protección de Comunidades y Personas Explotadas, que convirtió «considerar obtener servicios sexuales» en un delito por primera vez en Canadá desde que el Código Penal fue promulgado en 1892.

El título de la Ley, sin embargo, es engañoso. Según Debra M. Haak, Ph.D. Candidato y docente en la Universidad de Queen, el principal objetivo de la nueva legislación es «denunciar y disuadir la prostitución en sí», no mantener a las trabajadoras sexuales a salvo.

La Ley puede haber sido una iniciativa conservadora, pero su tono y sustancia fueron moldeados en gran parte por el feminismo radical. Impulsada ideológicamente, aplicada arbitrariamente y empíricamente sospechosa, el gobierno liberal debería derogar la Ley C-36.

La Ley es incompatible con la postura del Primer Ministro Justin Trudeau sobre la igualdad de género. 

 

El fundamento de la Ley C-36: ideología feminista radical

El preámbulo de la Ley C-36 está infundido con el dogma feminista radical. Por ejemplo, el gobierno conservador expresó una gran preocupación por «la explotación que es inherente a la prostitución», así como por «el daño social causado por la cosificación del cuerpo humano y la mercantilización de la actividad sexual».

Se dio importancia a la necesidad de «proteger la dignidad humana y la igualdad de todos los canadienses al desalentar la prostitución». Lo primero y lo más importante, esto se lograría mediante la prohibición de «la compra de servicios sexuales».

En un informe de 2007 del Comité Permanente sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer ya se había expresado una declaración similar: Convertir la indignación en acción para abordar la trata de personas con fines de explotación sexual en Canadá.

Bajo “Desigualdad de género”, el Comité estuvo de acuerdo con el testimonio de testigos que denunciaron la prostitución como “una forma de esclavitud sexual que permite que la trata de personas prospere y crezca”. Para ayudar a mitigar el impacto negativo de la prostitución, el Comité recomendó que los hombres y las mujeres recibieran un trato legal diferente.

Las prostitutas, sugería, no eran delincuentes sino «víctimas de explotación sexual»; por lo tanto, solo los «consumidores de la prostitución» deberían estar sujetos a sanciones penales.

La misma retórica también fue transmitida por organizaciones feministas abolicionistas en apoyo de la apelación del gobierno federal en el caso Bedford v. Canadá, un caso de 2010 del Tribunal Superior de Justicia de Ontario que consideró que las disposiciones del Código Penal en torno a la prostitución eran inconstitucionales.

Las intervinientes feministas sugirieron que la prostitución era «una práctica global de explotación sexual y violencia masculina contra las mujeres que normaliza la subordinación de las mujeres en una forma sexualizada».

La prostitución, afirmaron, «explota y agrava la desigualdad sistemática de las mujeres». En 2013, dirigiendo una apelación contra Bedford ante el Tribunal Supremo de Canadá, las abolicionistas definieron claramente su posición: los hombres eran «la fuente de los daños de la prostitución».

Una vez que se dio reconocimiento legal a estas suposiciones, se produjo un cambio paradigmático en las líneas de género. Las prostitutas ya no eran unas delincuentes sino víctimas inocentes. Sus clientes masculinos fueron representados como victimarios depredadores.

 

Criminalización asimétrica

Desde su inicio, la Ley C-36 fue diseñada específicamente para estigmatizar y castigar a los principales compradores de sexo —hombres heterosexuales— por un comportamiento que el Estado considera inmoral.

Hay que recordar que, en 2014, el entonces ministro de Justicia, Peter MacKay, afirmó que el objetivo del gobierno era «proteger a las más vulnerables persiguiendo a los perpetradores, a los pervertidos, a los consumidores de esta práctica degradante».

Las opiniones de MacKay se alinearon perfectamente con el apoyo feminista radical a la criminalización asimétrica. Las defensoras de este modelo abolicionista puro —las feministas radicales que creen que la prostitución es un “intercambio explotador unilateral arraigado en el poder masculino”— imponen sanciones penales exclusivamente a los hombres, el lado de la demanda de la transacción.

A las que prestan servicios sexuales —a las mujeres— se les ofrecen estrategias de salida. Por más que lo intenten, los conservadoras y las feministas radicales tienen dificultades para explicar por qué los hombres deben ser detenidos, multados o encarcelados por sexo consensual.

Para justificar el enjuiciamiento, los miembros conservadores del Parlamento han encontrado una manera creativa de sortear el dilema del consentimiento.

En su informe titulado The Tipping Point, la conservadora progresiva Joy Smith (Kildonan – St. Paul, Manitoba) apoyó la siguiente posición: «el consentimiento de la prostituta es irrelevante porque nunca se puede consentir la explotación sexual».

Desde la perspectiva abolicionista, el consentimiento de las trabajadoras sexuales debe ser desautorizado por razones obvias: una, la libertad de elección de las trabajadoras sexuales cuestiona la afirmación de que las mujeres son víctimas universales de la opresión y explotación masculinas; y dos, los hombres quedarían impunes. Por lo tanto, se niega el consentimiento de una trabajadora sexual para justificar la criminalización asimétrica.

 

Evidencia ignorada por las abolicionistas feministas

Las abolicionistas feministas han eludido sistemáticamente la evidencia creíble que contradice sus afirmaciones autoevidentes sobre el origen de los daños de la prostitución.

En 2013, cuando la Corte Suprema de Canadá —en una decisión unánime— anuló las disposiciones del Código Penal que restringían los servicios sexuales remunerados, no culpó a la parte de la demanda de las negociaciones sexuales. Por el contrario, apuntó directamente a la ley.

Como señaló el presidente de la Corte Suprema, Beverley McLachlin, las prohibiciones “no solo imponen condiciones a la forma en que operan las prostitutas. Van un paso crítico más allá, al imponer condiciones peligrosas a la prostitución; impiden que las personas que participan en una actividad arriesgada, pero legal, tomen medidas para protegerse de los riesgos».

La Corte también adoptó un enfoque científico, más que ideológico, de la cuestión. Estuvo de acuerdo con el juez de primera instancia en que «el trabajo en interiores es mucho menos peligroso que la prostitución callejera, un hallazgo que la evidencia respalda ampliamente».

No es sorprendente que las organizaciones feministas abolicionistas hayan sido inquebrantables en su posición: «El peligro para la seguridad de las mujeres no es una función de las leyes que restringen la prostitución, sino de las acciones de los hombres que exigen la venta de los cuerpos de las mujeres».

Los estudios académicos también ayudan a desmentir el mito de que la prostitución es inherentemente dañina. El trabajo sexual en Canadá, un informe emitido por la profesora de la Universidad de Victoria Cecilia Benoit y Leah Shumka, señaló numerosos estudios que muestran que «entre el 60 y el 80% de las trabajadoras de interiores informan que nunca han experimentado violencia relacionada con el trabajo».

En Nevada, donde la prostitución ha sido legal desde 1971, el mito de la explotación ha sido ampliamente desacreditado. De las trabajadoras de los burdeles encuestadas por la socióloga Barbara G. Brents y sus colegas, la gran mayoría (84%) se sentía segura en su trabajo, era libre de ir y venir a su antojo, y no fue obligada a participar en el comercio.

Cuando una reciente iniciativa electoral cuestionó el estatus legal de la prostitución en el condado de Lyon, Nevada, aproximadamente el 80% votó en contra de la prohibición de los burdeles. En Queensland, Australia, un informe de 2011 de la Comisión de Delitos y Mala Conducta reconoció las conclusiones de estudios recientes: «los burdeles regulados son los entornos de trabajo más seguros y saludables para las trabajadoras sexuales».

Para aquellos que suscriben el paradigma de la opresión —la creencia de que las prostitutas pueden reducirse a una categoría única universal de explotadas y violadas— los hallazgos empíricos y la investigación etnográfica son irrelevantes.

Las feministas abolicionistas creen que el sexo remunerado constituye violencia, por lo que desde su perspectiva, su convicción personal debería dictar las políticas públicas y la ley. Tomando prestada una frase a Stephen Harper, se niegan a «cometer sociología».

 

El futuro de la prostitución en Canadá

Debido a que la ideología feminista radical conforma la Ley C-36, los hombres ahora enfrentan la encarcelación por el «crimen» de ofrecer una compensación financiera por servicios sexuales.

En cuanto a las mujeres que desean permanecer en el comercio sexual, se encuentran en entornos clandestinos más peligrosos que amenazan directamente su salud y, potencialmente, sus vidas. Phoebe J. Galbally, Candidata a la Maestría en Derecho de la Universidad de Melbourne, lo explica de manera sucinta:

«La perspectiva feminista radical del trabajo sexual, tal como se implementó a lo largo de la promulgación de la Ley C-36, tiene el efecto de socavar la capacidad de las mujeres de participar consensualmente en el trabajo sexual, criminaliza directamente su estatus y no proporciona medios alternativos para su subsistencia. un factor que es particularmente problemático a la luz de los efectos notables de la pobreza y la desventaja social en la generación de la necesidad de participar en el trabajo sexual».

Las conclusiones de Galbally están respaldadas por Alice Little, una trabajadora sexual legal en la zona rural de Nevada.

En un podcast diario de 2018 del Cato Institute, acusa a las abolicionistas de engañarla: “Si cierras mi burdel, no me estás dando ninguna opción legal para trabajar y esencialmente me están enviando al sistema ilegal. Literalmente eres la persona que me está poniendo en peligro, bajo el pretexto de estar ayudándome».

Si lo que dice Little es cierto, eso haría de la Ley C-36, no de la demanda de servicios sexuales, una forma de violencia.

Los liberales de base ya están presionando al actual gobierno de Trudeau para que implemente medidas más progresivas, una de ellas es la despenalización de la prostitución.

Y lo que es más importante, las mismos trabajadoras sexuales quieren que los miembros del Parlamento traten la prostitución como otra forma de trabajo y que reconozcan que su salud y seguridad “deben [recibir] mayor prioridad por parte del gobierno”. Miembros de un grupo de presión, Prostitutes of Ottawa- Gatineau Work, Educate and Resist (POWER), quiere que los liberales deroguen la Ley C-36, una ley a la que se refieren como «dañina e inconstitucional».

El primer ministro Justin Trudeau enfrenta un dilema político propio. Tras hacerse «feminista», le dijo a Poppy Harlow de CNN que «una persona feminista es alguien que cree que los hombres y las mujeres deben ser iguales, y que cree que hay mucho trabajo por hacer para lograrlo».

Trudeau olvida que las diferentes ramas del feminismo no están de acuerdo sobre el tema de la prostitución. Las feministas liberales apoyan en gran medida los derechos de las trabajadoras sexuales, mientras que las feministas radicales se niegan a reconocer el trabajo sexual como una forma de trabajo. Pero si Trudeau cree sinceramente en la igualdad de género y la igualdad de trato ante la ley, sería hipócrita de su parte apoyar la criminalización asimétrica, una estrategia legal que, por definición, trata a hombres y mujeres de manera desigual.

Si se aprobara una nueva legislación basada en la neutralidad de género y la legitimidad del consentimiento, Trudeau, junto con el nuevo Ministro de Justicia, David Lametti, resolvería rápidamente cuatro cuestiones importantes.

Primero, estarían enviando un mensaje claro de que la salud y la seguridad de las trabajadoras sexuales se están tomando en serio. Segundo, los hombres no serían tratados de manera diferente bajo el sistema legal debido a su género. Tercero, los liberales reafirmarían la posición de que el Estado no tiene lugar en los dormitorios de la nación.

Por último, las leyes no serían conformadas por ideólogas feministas radicales, específicamente aquellas que ven un enfoque de la legislación basado en la evidencia como una ocurrencia.

La penalización del trabajo sexual normaliza la violencia, según una revisión

 

Según los datos, las trabajadoras sexuales tienen tres veces más probabilidades de experimentar violencia por parte del cliente cuando se penaliza el comercio.

 

Insignias que promueven la despenalización del trabajo sexual de Scarlet Alliance, la organización de trabajadoras sexuales en Australia. Fotografía: Michael Wickham para The Guardian.

 

Por Sarah Boseley editora de salud

11 de diciembre de 2018

https://www.theguardian.com/society/2018/dec/11/criminalisation-of-sex-work-normalises-violence-review-finds?CMP=twt_gu

 

Una revisión de primera importancia ha encontrado que las trabajadoras sexuales son más propensas a sufrir problemas de salud, violencia y abuso en los países donde su comercio está penalizado.

La revisión, realizada por investigadores de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, encontró que las trabajadoras sexuales que sufrían represión policial, incluidos la detención, el encarcelamiento y la extorsión por parte de los agentes, tenían tres veces más probabilidades de experimentar violencia sexual o física por parte de un cliente y era dos veces más probable que tuvieran VIH u otra infección de transmisión sexual que aquellas que vivían en países donde se toleraba el trabajo sexual.

Las trabajadoras sexuales que temen que la policía las detenga, a ellas o a sus clientes, es más probable que participen en encuentros arriesgados, que no pueden tomarse el tiempo necesario para hablar con un cliente antes de subir a un automóvil o negociar los términos con anticipación, según encontraron los investigadores.

Su salud y seguridad corrían peligro, no solo en los países donde se penalizaba el trabajo sexual, sino también en Canadá, que introdujo el «modelo nórdico» iniciado por Suecia, en el que el cliente puede ser detenido acusado de un delito pero no la trabajadora sexual.

Publicado en la revista PLOS Medicine, el artículo de Lucy Platt, profesora asociada en epidemiología de la salud pública, y Pippa Grenfell, profesora asistente de sociología de la salud pública, es una revisión de los datos de 33 países. Incluyeron comentarios de trabajadoras sexuales que participaron en algunos de los estudios.

«No podrían haber diseñado mejor una ley para hacerla menos segura», dijo una trabajadora sexual. «Es como si tuvieras que ocultarte, no puedes hablar con un chico, y no hay discusión sobre lo que estás dispuesta a hacer y por cuánto. La negociación tiene que tener lugar después, lo que siempre es mucho más aterrador. Está diseñada para hacer peligroso el trabajo sexual. No creo que fuera la intención original, pero eso es lo que hace «.

Otra mujer que trabajaba en las calles de Canadá dijo que ya no podía hablar a través de la ventanilla de los coches para asegurarse de que los clientes parecían seguros. «Debido a que tengo tanto frío y me sentía acosada, me subí a un coche al que normalmente no me habría subido. El chico no me miró a la cara de frente. Y me limité a entrar porque tenía frío y estaba cansada de estar parada allí. Y ¿sabes? puso algo en mi garganta. Y tuve que hacerlo por nada”.

Francia, Islandia, Irlanda del Norte, Noruega, la República de Irlanda y Suecia también penalizan al cliente. Guatemala, México, Turquía y el estado estadounidense de Nevada han regulado el trabajo sexual, lo que permite mejores condiciones para algunas, pero peor para las muchas que operan fuera de los acuerdos regulados.

Un hombre en el Reino Unido dijo que la situación ideal era trabajar en locales compartidos, donde todos tenían compañerismo y mayor seguridad. Pero, aunque la compra y venta de servicios sexuales es legal, eso puede infringir la ley. “Debido a la situación legal, tienes que ser muy, muy cuidadoso. Porque obviamente eso es operar un burdel, lo que tiene … consecuencias realmente peligrosas en estos días «, dijo.

Nueva Zelanda es el único país que ha despenalizado el trabajo sexual, en 2003, aunque no es legal para las inmigrantes. Las trabajadoras sexuales dijeron que eran más capaces de rechazar clientes e insistir en el uso del condón, mientras que las relaciones con la policía eran mejores. «Siempre tenemos policías que suben y bajan por la calle cada noche», dijo una mujer. «Incluso los hacemos venir para asegurarnos de que estamos bien y seguras… de que contamos con personal de atención y que están tomando placas de registro y la identidad de los clientes». Así que … eso cambió totalmente la calle, lo cambió todo «.

Grenfell dijo: «De nuestra revisión se desprende que la penalización del trabajo sexual normaliza la violencia y refuerza las desigualdades de género, raciales, económicas y otras. Se necesita urgentemente la despenalización del trabajo sexual, pero también se deben abordar otras áreas.

«Se requiere una acción política más amplia para abordar las desigualdades, el estigma y la exclusión que enfrentan las trabajadoras sexuales, no solo en los sistemas de justicia penal, sino también en los sectores de salud, violencia doméstica, vivienda, bienestar, empleo, educación e inmigración».

Cómo una ley canadiense que pretende proteger a las trabajadoras sexuales hace que sea más difícil para ellas mantenerse seguras

 

 

Por ALEX MCKEEN

StarMetro Vancouver

Viernes, 9 de noviembre de 2018.

https://bit.ly/2Qxda6R

 

VANCOUVER: Kerry Porth recuerda con cariño el día de 2013 en que el Tribunal Supremo de Canadá tomó la decisión histórica de anular las leyes que penalizaban el trabajo sexual.

El 20 de diciembre de ese año, el Tribunal Supremo dictaminó por unanimidad que las leyes penales que prohibían vivir de los beneficios del trabajo sexual habían empujado a Terri-Jean Bedford y otras trabajadoras sexuales a situaciones clandestinas peligrosas para hacer su trabajo, y violaron sus derechos constitucionales a la seguridad de la persona.

Kerry Porth, ex trabajadora sexual y asesora de Pivot, en East Vancouver, el 7 de noviembre de 2018. Porth cree que el estigma asociado con el trabajo sexual y su fusión con la trata de personas está profundamente arraigado en la forma en que los canadienses piensan sobre la industria del sexo y que criminalizar el trabajo sexual no «rescata» a las mujeres en esas circunstancias, sino que castiga un «síntoma» de esos problemas sistémicos. (JENNIFER GAUTHIER / JENNIFER GAUTHIER / PARA STARMETRO)

 

«La decisión Bedford que dictaminó el Tribunal Supremo fue una victoria unánime para las trabajadoras sexuales», dijo Porth. «Fueron reconocidas como seres humanos».

Porth, quien salió del trabajo sexual en el Downtown Eastside de Vancouver en 2004 y desde entonces se ha convertido en una activista líder por los derechos de las trabajadoras sexuales, fue una de las personas que vieron la decisión como el punto de inflexión que finalmente permitiría a una clase de trabajadoras marginadas tener las mismas protecciones que todos los demás trabajadores, incluidas las normas de seguridad y salud en el trabajo, la capacidad de formar cooperativas y, finalmente, las pensiones y el pago por enfermedad.

Mirando hacia atrás ahora, su perspectiva ha cambiado. Porth está consternada de que la Ley de Protección de Comunidades y Personas Explotadas (PCEPA), aprobada en 2014 por el gobierno de Harper en respuesta a la decisión Bedford, parece hacer todo menos lo que su nombre promete.

«No creo que vaya a ganar esta lucha en mi vida», dijo en Vancouver la semana pasada.

La prostitución, reconocida como trabajo por la Federación de Mujeres de Quebec

Por Magdaline Boutros

29 de octubre de 2018

https://www.ledevoir.com/societe/540114/la-prostitution-reconnue-comme-un-travail

 

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir Hasta ahora, la Federación de Mujeres de Québec se había abstenido de tomar posición sobre la cuestión de la prostitución, sobre todo por la falta de consenso en el movimiento feminista

 

 

La Federación de Mujeres de Québec (FFQ) ha dado un giro brusco, el domingo pasado, al reconocer la prostitución como un trabajo que las mujeres deciden hacer libremente. Una toma de posición que podría llevar a que algunas de sus miembros se fueran de la organización.

Hasta ahora, la FFQ se había abstenido de tomar posición sobre el tema de la prostitución, debido sobre todo a la falta de consenso en el seno del movimiento feminista.

Al término de una asamblea general extraordinaria (AGE) que se ha desarrollado durante más de diez horas este domingo en Montreal, las casi 150 miembros de la FFQ presentes han votado mayoritariamente a favor de la controvertida propuesta que reconoce “la autonomía de las mujeres en la industria del sexo, incluído el consentimiento en sus actividades”, entendiéndose por autonomía la capacidad de una persona para actuar.

Sandra Wesley, directora general de Stela, l’amie de Maimie, una organización que apoya a las trabajadoras sexuales, ha declarado estar muy satisfecha de esta posición “que reconoce nuestra autonomía y la necesidad de luchar por nuestros derechos humanos”. “Esta resolución es recibida como un mensaje de parte de las miembros de la FFQ que desean que seamos incluídas en el movimiento [féminista].” La FFQ deseaba especialmente adoptar una posición sobre la prostitución que permitiera actuar a fin de mejorar la salud y la seguridad de las trabajadoras sexuales.

La Concertación de Luchas contra la Explotación Sexual (CLES), que milita por acabar con la prostitución, se ha opuesto ferozmente a la adopción de la propuesta. Según la CLES, la FFQ ha decidido convertirse en una federaciòn pro trabajadoras sexuales. La organización dejará a sus miembros la libertad de decidir si desean o no seguir formando parte de la FFQ. “Para nosotras, hay un mayor trabajo social que hacer para llegar a ver una sociedad en la que el consentimiento no se compre”, había explicado, la semana pasada en Devoir, Jennie-Laure Sully, organizadora comunitaria en la CLES.

Durante la AGE del domingo, a la que los medios no han podido asistir, se han presentado enmiendas a un artículo de la propuesta que trataba de la “diferenciación entre los intercambios consensuados, las situaciones de explotación y la trata de seres humanos”. La redacción de estas enmiendas será revelada por el consejo de administración de la FFQ el lunes próximo.

Según Gabrielle Bouchar, presidenta de la FFQ, estas enmiendas han permitido “reunir a las miembros en torno a una posición común”. La Sra. Bouchard ha hablado de un “trabajo extremadamente productivo”.

“El ambiente era todo lo bueno que puede ser cuando se trata de conversaciones difíciles y en las que se tiene que hacer mucho trabajo sobre los diferentes puntos de vista”, ha señalado al ser entrevistada.

La semana pasada, Gabrielle Bouchar había explicado que la FFQ deseaba “hacer avanzar su enfoque feminista” más lejos adoptando una posición sobre la industria del sexo que “no juzgue”, un procedimiento que se inscribe en el enfoque interseccional preconizado por la FFQ desde 2016. Un enfoque “de la intersección de las opresiones” que haga que las herramientas de medición sean un calco de las realidades de las mujeres marginadas.

 

Texto de la resolución adoptada:

 

Las mujeres y la industria del sexo

 

Considerando que la FFQ trabaja para favorecer el desarrollo de la plena autonomía de todas las mujeres y el auténtico reconocimiento del conjunto de su contribución a la sociedad,

Considerando que la FFQ quiere ser representativa del pluralismo de la sociedad quebequense y de la diversidad del movimiento feminista, en particular de las mujeres marginadas o que viven bajo opresiones múltiples,

Considerando que la FFQ lucha por la emancipación de las mujeres y la afirmación de su derecho a una participación integral y libre en la vida social, cultural, política y económica,

Considerando que la FFQ adopta un enfoque feminista interseccional, lo que incluye el principio de reconocer la experiencia de las primeras concernidas,

Considerando que la FFQ y sus miembros militan activamente para crear un espacio de compromiso sin opresión para todas las mujeres,

Considerando que las mujeres que se identifican claramente como trabajadoras sexuales están presentes en el seno de la FFQ y contribuyen a la vida asociativa desde hace decenios,

Considerando que las mujeres activas en la industria del sexo consideran sus prácticas como un trabajo que incluye el derecho a acceder a las protecciones de las leyes laborales, de salud y de seguridad en el trabajo y otras protecciones unidas al empleo,

Considerando que al menos 10 mujeres activas en la industria del sexo han sido asesinadas en Canadá en 2017, que el 79% de las mujeres encarceladas en prisiones provinciales tienen experiencia en la industria del sexo y que las relaciones antagónicas con el Estado y sus agentes son un factor de riesgo mayor para el contagio del VIH y otras ITS y para la salud general,

Considerando que la FFQ es una organización abierta a las cuestiones controvertidas y emergentes,

 

Ha resuelto:

 

12. Que la FFQ reconoce la autonomía de las mujeres activas en la prostitución/industria del sexo, incluído el consentimiento a sus actividades

 

13. Que la FFQ lucha contra el estigma y las barreras de acceso a la plena participación en la sociedad que sufren estas mujeres durante toda su vida, incluso si dejan la industria, pero igualmente contra la violencia y los obstáculos puestos a la salida de la prostitución/industria del sexo que sufren las mujeres que están en esta industria y las que salen de ella

 

14. Que la FFQ reconoce la importancia de defender, tanto para aquellas que deciden vivir de la prostitución/industria del sexo como para las que la quieren dejar, sus derechos, a la seguridad, a la salud, a la autonomía, a la libertad de expresión y de asociación   y a condiciones decentes tanto en el ejercicio de su práctica como en las otras esferas de su vida

 

15. Que la FFQ trabaja en la diferenciación entre la industria del sexo, los intercambios consentidos, las situaciones de explotación y la trata de seres humanos y que la FFQ lucha contra la explotación y las violencias hechas contra las mujeres activas en la prostitución/industria del sexo y defiende el derecho de todas las mujeres a la integridad física y mental, a la dignidad, a la salud y a la seguridad

 

16. Que la FFQ sigue luchando contra la pobreza, la marginación y las relaciones antagónicas con el Estado y sus agentes, en particular en relación con las mujeres que viven múltiples opresiones.

Feminismo carcelario: el fracaso de la prohibición de la prostitución

 

Robin Maynard, feminista canadiense de izquierdas y antiabolicionista

 

3 de agosto de 2018

Feminismo carcelario: el fracaso de la prohibición de la prostitución

 

El título de esta entrada está tomado literalmente de un artículo que escribió la feminista negra, activista y educadora canadiense Robyn Maynard en 2014, del que voy a exponer sus líneas básicas en torno a lo que viene siendo, en los últimos tiempos, una campaña de hostigamiento masivo por parte del feminismo hegemónico postmoderno, contra la prostitución intentando criminalizar y englobar en una sóla dos actividades totalmente diferentes: la trata (tolerada y, a la vez, reprimida en el hábil juego del mercado capitalista donde se permiten la proliferación de redes de burdeles) y el desarrollo de la actividad de “trabajo sexual” autónoma y libre por parte de las mujeres. No sé en qué mundo vivirán las progre-feministas abolicionistas que últimamente proliferan por las redes sociales y pontifican agresivamente desde los púlpitos feministas, pero seguro que estupendamente acomodadas en el mejor sistema que sirve a sus intereses: el capitalista, ese que le colma de privilegios legislativos y subvenciones. Les recuerdo que no estamos en un sistema político socialista como la URSS donde dicho ejercicio de la prostitución era irrelevante o mínimamente clandestino e inexistente en el caso de la trata ya que el propio sistema proveía de mecanismos que impedían ejercer una actividad que iba contra los derechos y dignidad de la mujer. Pero pretender el “abolicionismo”-prohibicionismo de una actividad sexual (la realizada autónomamente por mujeres) en una sociedad, la capitalista, de libre mercado, lucro y negocio fácil, es simplemente vivir en la irrealidad.

El inquisitorialismo de ese “feminismo radical”, que conecta con la agenda política globalista, lo define muy bien Maynard en el comienzo de su artículo: “las estrategias de las feministas prohibicionistas no sirven a la salud y el bienestar de las trabajadoras sexuales, sino que en realidad promueven la criminalización de las personas que pretenden proteger.  Por el contrario, los argumentos de este ensayo exponen un modelo de solidaridad con las personas que ejercen el trabajo sexual, en apoyo de sus propios movimientos en pro de la salud, la seguridad y la dignidad dentro del comercio sexual”.

Es curioso que la demanda penalizadora contra el consumo de la prostitución libre se esté intentando, interesadamente, solaparla con la trata, en particular, por parte determinadas ONGs  feministas, activistas o periodistas pseudoprogres de cuota afines a medios como Público y El Diario, que van con discurso “radical”, muy activas en las redes sociales, y también por recién aterrizadas en el feminismo pop, como las pseudoactrices Mabel Lozano y el dúo postizo de las Towanda Rebels, éstas conocidas a través de su video-show efectista Hola Putero.

Una de las ONGs más activas contra la prostitución y, en general, en todo lo concerniente a la industria de género (como en el reciente caso de la secuestradora Juana Rivas y otras) es Women’s Link, referente del que suele echar mano el feminismo postmoderno. Women’s Link no es una ONG cualquiera, sino una multinacional del negocio feminista creada en EEUU que ha constituido filiales en todo el mundo (incluida España) y que recibe apoyo económico de once potentes Fundaciones privadas estadounidenses, entre ellas dos muy conocidas y de las más poderosas: la Open Society de George Soros y la Fundación Ford.

Las feministas más intolerantes han focalizado su objetivo anti-prostitución, no en el sistema que explota y favorece esa industria del tráfico sexual de mujeres (donde el Estado monta, de vez en cuando, numeritos policiales de “desarticulación” de bandas organizadas de trata, para lavar su imagen) sino, como es habitual en su fóbica doctrina misándrica ya que su objetivo son los hombres, como consumidores (mayoritarios) finales de esa industria. Todo hombre es putero por definición y “culpable” de la existencia de la prostitución, de la trata, del tráfico de niños, del calentón global y del paro en Indochina.

La retórica feminista, de este modo, se nutre de falacias y falsedades para advertir que la mujer es víctima en todo caso, ya sea por el tráfico (lo cual es cierto), ya sea por ejercer la prostitución libre e individualmente (lo cual es incierto). Pero este maniqueismo no funciona, salvo en las mentes más sectarias del feminismo. El abolicionismo y el prohibicionismo, por otra parte, son dos conceptos que las feministas pretenden desligar cuando en la práctica, en su ideario, significan lo mismo, en su empeño de proscribir el “trabajo sexual” con el sólo objetivo de criminalizar al hombre.

Maynard deja bien a las claras de partida que: “Las abolicionistas creen que el trabajo sexual, en sí mismo, es intrínsecamente violento y explotador, y proponen, en cambio, que se adopte un enfoque prohibicionista y carcelario para eliminar ese trabajo.  Este modelo va en contra de las luchas por los derechos laborales, los derechos de las migrantes, la despenalización y la autodeterminación que actualmente están librando las activistas del trabajo sexual”.

Robyn Maynard fija su discurso, como canadiense, en la realidad de lo que fue y es la actividad de “trabajo sexual” en su país. Y expone qué clase de agenda ha movido siempre el abolicionismo-prohibicionismo: “Los grupos prohibicionistas en la reciente historia canadiense fueron colaboradores activos con una agenda carcelaria centrada en la prohibición del trabajo sexual, que se tradujo en arrestos, encarcelamiento y programas de rehabilitación forzosa para muchas trabajadoras sexuales. Muchos grupos de mujeres prohibicionistas fueron parte de una creciente tendencia de criminalización como medio para frenar los llamados vicios sociales e imponer el control sobre la sexualidad de las mujeres.  Esto tuvo el resultado correspondiente de vigilar a mujeres de clase baja, mujeres indígenas, inmigrantes y mujeres en el comercio sexual”.

Continúa Maynard: “A principios del siglo XX, un fuerte lobby de grupos de mujeres contra la prostitución apareció en Canadá y en el extranjero, en colaboración con grupos puritanos cristiano-protestantes, fue cada vez a más con un discurso explícito donde era necesario salvar a las mujeres del comercio sexual. El medio de lograr esta meta fue arrestar tanto a las mujeres como a los hombres que eran sus clientes.  Michaela Freund ha documentado uno de esos grupos, el Consejo de Mujeres de Vancouver, que estaba profundamente implicado en el proceso de criminalizar a las mujeres en el comercio sexual (y, en general, a las mujeres de clase baja)”.

“Este lobby estimuló la creación de una nueva división policial llamada División de Protección de Mujeres, también apoyada por la Liga de Amas de Casa de la Columbia Británica.  Esta división comenzó su actividad en 1912 y alcanzó su punto máximo en 1929, y fue atendida por mujeres que hicieron trabajo preventivo y visitas domiciliarias para evitar que las mujeres se involucrasen en el comercio sexual”.

“Joan Sangster, que estudió uno de los principales reformatorios de Ontario, el Reformatorio Mercer, demostró que muchas trabajadoras sexuales fueron enviadas contra su voluntad a centros de rehabilitación.  Estos reformatorios no fueron cualitativamente diferentes de la prisión, ya que las mujeres fueron retenidas contra su voluntad, obligadas a realizar trabajo doméstico, y además, “solo una minoría de los documentos que constan en los archivos de Mercer indican que las mujeres claramente abandonaron o quisieron abandonar la prostitución”.

Históricamente se podría afirmar, como señala Maynard que “Las abolicionistas, aunque supuestamente tienen en mente velar por los mejores intereses de las trabajadoras sexuales, han colaborado con enfoques prohibicionistas carcelarios contra el trabajo sexual en la imposición de un tipo particular de rol social y sexual para las mujeres en la sociedad, con resultados devastadores vividos por trabajadoras sexuales, inmigrantes y mujeres indígenas.

“Desafortunadamente, señala Maynard, no tenemos acceso a las voces de la mayoría de las trabajadoras sexuales que fueron forzadas contra su voluntad a “centros de rehabilitación” y prisiones a instancias de las prohibicionistas, la iglesia y los legisladores en la reciente historia canadiense.  En la época actual, sin embargo, las personas que ejercen el trabajo sexual se han empoderado cada vez más para organizarse, decidiendo por sí mismas para elaborar sus necesidades, en lugar de ser representadas como víctimas sin voz por otros”.

“Las activistas sexuales ven el daño involucrado en el trabajo sexual como arraigado en injusticias sistémicas más grandes en lugar de ser causado por el trabajo sexual en sí mismo. Debido a esto, las trabajadoras sexuales en Canadá han identificado cada vez más las leyes que penalizan su trabajo como una de las principales barreras para su seguridad, y de hecho como una de las principales causas de los altos niveles de violencia cometidos contra ellas”.

Tanto es así que una alianza de varias docenas de trabajadoras sexuales canadienses a pie de calle llamadas Sex Workers United Against violence (SWUAv), representadas por Pivot Legal Society, ”en varias ocasiones han denunciado públicamente los efectos negativos de la criminalización de las negociaciones entre las trabajadoras sexuales y sus clientes.  Numerosas publicaciones ordenadas por el gobierno han identificado la criminalización de estas interacciones cliente-trabajador como los principales factores en las condiciones existentes de violencia hacia las trabajadoras sexuales”.

Solidaridad frente a prohibicionismo. Maynard hace referencia a un  informe innovador de Kate Shannon del Centro de la Columbia Británica para la Excelencia en VIH/SIDA publicado en mayo de 2012 en el que se detallaba un “aumento en la seguridad percibida por las trabajadoras sexuales en Vancouver en Centros específicos para desarrollar su actividad con las siguientes reglas: “No traficar con drogas, no violentar ni presionar a otras mujeres para que hagan algo que no quieren hacer”. Estos centros para mujeres decidieron escuchar las necesidades de las trabajadoras sexuales en lugar de imponer sus propios puntos de vista sobre la industria y, en consecuencia, mejoró la seguridad de las mujeres”.

Maynard igualmente cita el caso de Nueva Zelanda, país que ha despenalizado por completo el “trabajo sexual”: “un estudio encargado por el Ministerio de Justicia demostró que las trabajadoras sexuales se sentían menos vulnerables a la violencia, que los niveles de explotación eran bajos y que el 60% de las trabajadoras sentían que tenían una mayor capacidad para denunciar la violencia en virtud de la nueva Ley de Reforma de la Prostitución que sin ella. El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda también ha declarado que el acceso a los derechos laborales les permite combatir mejor los incidentes de violencia y explotación en sus lugares de trabajo. Por el contrario, el prohibicionismo moderno sigue siendo una forma de feminismo de “rescate” en lugar de feminismo basado en la solidaridad”. En su extremismo, la perspectiva prohibicionista niega que las trabajadoras sexuales puedan diferenciar entre trabajo sexual forzado y voluntario”.

Maynard matiza que, a pesar de las diferencias históricas existentes entre los abolicionistas de ayer y los de hoy hay un discurso en boga, ya señalado más arriba, claramente criminalizador “Los prohibicionistas contemporáneos difieren de sus contrapartes históricos en que ya no abogan directamente por el encarcelamiento o la rehabilitación forzada de las trabajadoras sexuales como el medio para terminar con la existencia del comercio sexual.  Sin embargo, su enfoque para abolir la prostitución sigue siendo necesariamente carcelario; dado que la compra en sí es vista como un acto violento, todos los clientes son vistos como abusadores y malhechores y todas los trabajadoras como víctimas”.

Las feministas abolicionistas en la Canadá de Maynard, como las de otros países de las democracias capitalistas, incluida España, son parte de una estrategia política de camuflaje del globalismo internacional para promulgar un modelo de prohibición como parte de una iniciativa estadounidense que comenzó bajo la administración Bush en 2003, el índice Trafficking in Persons (TIP), que define cualquier forma de prostitución, de facto, como tráfico y ha pedido la criminalización de los clientes en todo el mundo, a pesar de que muchas mujeres, por no decir todas (las que ejercen libre y voluntariamente), son las que ofertan sus servicios a los hombres. Detrás de esta iniciativa hay mucha hipocresía y lavado de imagen.

El TIP, dice Maynard, es un sistema de tres niveles que califica a los países sobre su supuesto éxito o fracaso en lo que considera que es la lucha contra el tráfico, y ejerce una influencia política significativa.  En efecto, sin embargo, a menudo ejerce presión sobre los países clientes para criminalizar (o aumentar la criminalización) el comercio sexual mediante incursiones y cerrando establecimientos de trabajo sexual, recompensándolos por una mayor represión del trabajo sexual y la migración ilegal, mientras castiga a los países que obtienen el puntaje más bajo en el índice TIP, con la amenaza de perder la ayuda extranjera estadounidense. 

En definitiva, el TIP es una herramienta de control político de EEUU enmascarada en la lucha contra la prostitución mundial (sea trata o no), de la misma forma, habría que decir, que aquella fraudulenta campaña de propaganda que la Administración Nixon lanzó en los años 70 a cuenta de la famosa “guerra contra las drogas”. En realidad, lo que estaba haciendo EEUU era aumentar los canales de distribución de droga para garantizarse ese país el control del narcotráfico eliminando la competencia de las mafias corsa o marsellesa mediante incursiones de la Interpol, favoreciendo a su vez a redes del crimen organizado como la mafia siciliana y los cárteles colombianos de la droga, que le eran más útiles en sus propósitos de obtener amplios fondos para la guerra sucia anticomunista (Operación Gladio). Para ello, EEUU utilizó a la CIA como operadora principal del narcotráfico a escala global.

Volviendo a la prostitución, señala Maynard que aunque Suecia es alabada por las feministas prohibicionistas por tomar medidas legislativas para criminalizar a los clientes, su propósito declarado de eliminar la industria del sexo ha sido un fracaso abyecto: En boca de los propios organismos oficiales suecos: “No podemos dar ninguna respuesta inequívoca a [la cuestión de si la prostitución ha aumentado o disminuido].  A lo sumo, podemos discernir que la prostitución callejera está regresando lentamente, después de desaparecer rápidamente a raíz de la ley”.

Maynard apunta algo a lo que las llamadas feministas “radicales” prefieren no ver y eludir el debate: “Ya sea si funcionan o no realmente esos métodos para eliminar el trabajo sexual, esa forma de feminismo de rescate está desconectada de las necesidades de las trabajadoras sexuales.  De hecho, la aplicación de la ley intenta centrarse en la criminalización de los clientes y ha tenido consecuencias perjudiciales para las trabajadoras sexuales de Canadá durante las últimas décadas. Por ejemplo, en Montreal en 2001, la policía realizó redadas masivas de clientes, y Stella, una organización de trabajadoras sexuales con sede en Montreal, documentó un aumento del triple de incidentes violentos y de cinco veces los incidentes con armas de fuego con resultados mortales durante un período de tres meses que duraron las redadas.”

El “modelo sueco” con el que sueñan las feministas más dogmáticas no sólo  no es la panacea anti-prostitución sino que ha desembocado en todo lo contrario. Maynard, lo describe: “Con la implementación internacional gradual del modelo sueco, las condiciones de trabajo y la seguridad relativa de las mujeres en todos los niveles de la industria del sexo se han visto reducidas considerablemente.  Según un estudio del Ministerio de Justicia y Policía de Norweigan, las trabajadoras sexuales a pie de calle en Suecia han informado que se sienten menos seguras y con mayor riesgo de violencia, y de hecho se enfrentan a un aumento real de la misma, mientras que las mujeres que trabajan en el interior de sus propios espacios se han enfrentado a un deterioro de las condiciones de trabajo. Las feministas prohibicionistas, incluida la Coalición contra la Trata de Mujeres y la Coalición de Mujeres para la Abolición de la Prostitución, abogan por la criminalización de todos los clientes como un medio para acabar con la trata, ya que no distinguen entre trabajadoras voluntarias y las que son forzadas a hacerlo. 

Maynard finaliza su larga exposición dejando bien claro a la neoinquisición feminista que: “El apoyo ético consiste en dejar que las trabajadoras sexuales determinen sus propias necesidades y reconocer que cada individuo tiene experiencias diferentes y es el más capaz para determinar el curso de su vida.  Todas las trabajadores sexuales merecen respeto, y necesitan ser apoyadas en sus elecciones en lugar de ser tratadas como víctimas que son incapaces de comprender su propia opresión. Como señala Nandita Sharma, autora de Home Economics: The Making of Migrant Labor in Canadá, “si queremos acabar con la explotación tenemos que dar más poder a las trabajadoras para poner fin a ella“.

Las abolicionistas, por bien intencionadas que sean, continúan defendiendo la estructura del feminismo de rescate, apoyando políticas de cárcel y alineándose con los intereses de gobiernos de derechas.  Estas políticas promueven abusos contra los derechos de las trabajadoras sexuales. Como se describió anteriormente, el abolicionismo carcelario tiene poco efecto cuantitativo sobre el número de personas involucradas en el comercio sexual.  Además, causa un daño cualitativo, en forma de estigmatización y violencia hacia las trabajadoras sexuales (sin mencionar las deportaciones de las mujeres migrantes) que no desean ser “rescatadas”.

Finalizo. Si penalizan al “putero”….¿qué opciones van a dejar a las prostitutas, tanto las que abandonen el oficio como a las que no desean dejarlo? ¿Qué me dicen de las prostitutas que ofrecen voluntaria y conscientemente sus servicios pagando publicidad en los medios? ¿Qué clase de víctimas son estas? ¿Saben las cruzadas feministas que existen muchas putas de alto standing que sirven a jefes de Estado, políticos, jueces y representantes de las altas finanzas? ¿A esas también les van a “rescatar” o las dejamos a un lado? ¿Realmente quién promueve y está detrás del tráfico internacional de esclavas sexuales o prostitución infantil del Tercer Mundo que se importa a Occidente? ¿No serán los propios países capitalistas quiénes incitan, subterráneamente, esa demanda y a la vez implementan medidas represivas, aplaudidas por las feministas, para curarse en salud? ¿Tienen algo que decir agencias oficiales del crimen organizado como la CIA, la DEA (Agencia “anti-droga”) y el FBI, acusadas de promover redes internacionales de prostitución?

No hay respuesta a todo ello porque lo más fácil es seguir acurrucándose en las subvenciones del Estado (capitalista) y propagar en los medios hegemónicos que tanta voz les otorgan el cansino, disparatado y tóxico discurso de que el hombre es el “putero violador” que no paga por follar sino por “violar”…y así se construye el mendaz e idílico discurso abolicionista donde el objetivo a batir nunca es el sistema que genera injusticias sino que las feministas-yihadistas se apoyan precisamente en ese sistema para satanizar al hombre, ser perverso cuyo deporte favorito a lo largo de la historia es haber creado víctimas en serie del sexo femenino, casi diría que desde los mismos orígenes del espacio y el tiempo.

 

 

Nuestro sexo, una herramienta de trabajo: ¡acabar con el estigma!

 

Campaña de Stella, organización canadiense “por y para las trabajadoras sexuales”.

http://chezstella.org/

 6 de junio de 2018

 

Por los derechos de las trabajadoras sexuales, el derecho a la salud y a la seguridad.

Nuestro cuerpo, en tanto que trabajadoras sexuales, y la manera como lo utilizamos en nuestro trabajo son a menudo mal comprendidos: algunas personas respetan y veneran nuestros cuerpos, mientras que otras nos denigran y nos reducen a la utilización de nuestros órganos genitales. Incluso si nuestros órganos genitales no son más que unas más de las numerosas herramientas de trabajo que utilizamos en el contexto del trabajo sexual, esta estigmatización lleva al control social y a la criminalización de nuestro trabajo y de nuestras vidas. Eso conduce igualmente a la discriminación de las trabajadoras sexuales a la hora de acceder a los servicios de salud, públicos, jurídicos y sociales, comprometiendo nuestra salud y nuestra seguridad. Las trabajadoras sexuales somos algo más que nuestras herramientas de trabajo y tenemos mucho que enseñar a la sociedad acerca de nuestros derechos humanos. ¿Cómo vas a contribuir a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las trabajadoras sexuales? Hay que acabar con el estigma. #briserlestigma

 

Saca tus leyes de mis bragas

 

No hay sitio para el Estado en las bragas de la nación

 

Acabar con la transfobia

Mi cuerpo es trans, mis derechos son humanos

La ley es un vector de enfermedad, no mi cuerpo

Trabajo colectivo

Mi trabajo requiere habilidad

Abrir mis piernas no debe ser un crimen

Trabajo ético feminista

Mi coño no discrimina, ¿por qué tú sí?

Mi sexo, mi consentimiento

Canadá: la despenalización del trabajo sexual es esencial

 

En lugar de tratar de «salvar» a las trabajadoras sexuales, debemos abordar las desigualdades sistémicas que crean pobreza, falta de vivienda y falta de acceso a los servicios.

 

25 de abril de 2018

 

 KIMBERLEY MANNING, ESPECIAL PARA MONTREAL GAZETTE

 

http://montrealgazette.com/opinion/opinion-decriminalization-of-sex-work-is-esential

 

Los manifestantes afrontan el frío durante una manifestación en apoyo del día internacional para poner fin a la violencia contra las trabajadoras sexuales. La demostración se celebró en Cabot Square en Montreal el domingo 17 de diciembre de 2017. PIERRE OBENDRAUF / MONTREAL GAZETTE

 

Como directora del Instituto Simone de Beauvoir, tengo el privilegio de trabajar en una sala reformada llena de grandes ventanas, suelos de madera, molduras recortadas y paredes de colores brillantes. Mi oficina tiene una característica única adicional: su propio baño privado. De hecho, el edificio de tres pisos sin ascensor en el que tiene su sede el instituto incluye diez baños privados. Eso se debe a que, en un pasado remoto, este edificio probablemente fue, como se cuenta en la historia, el hogar de un burdel.

Es difícil saber cuáles podrían haber sido las condiciones de trabajo para las mujeres que se rumorea que trabajaron aquí. Pero, como mínimo, sabemos que las mujeres tuvieron acceso a un techo sobre sus cabezas, una comunidad de colegas y fontanería interior: recursos que no están disponibles para todas las trabajadoras sexuales en Canadá en la actualidad.

La Ley de Protección de las Comunidades y de Personas Explotadas, promulgada en 2014, agregó una serie de leyes que penalizan el trabajo sexual en Canadá. A los canadienses se les dijo que la aplicación de un régimen «nórdico» haría las condiciones más seguras para las trabajadoras sexuales «despenalizando a las trabajadoras sexuales pero penalizando a los clientes». En realidad, no solo recriminalizó la venta de sexo en ciertos contextos, sino que criminalizó la compra, la publicidad y la participación de cualquier tercero en el trabajo sexual. Como consecuencia, el trabajo sexual a menudo se lleva a cabo al aire libre y fuera de la vista, lo que hace que las trabajadoras sexuales sean más vulnerables al aumento del aislamiento, la violencia y la falta de vivienda.

En 2013, una decisión del Tribunal Supremo de Canadá reconoció que la penalización de cualquier parte del trabajo sexual contribuye a la violencia contra las trabajadoras sexuales. Fue en este espíritu que el Tribunal revocó tres importantes leyes penales relacionadas con el trabajo sexual. También observó que el exceso de vigilancia policial de las trabajadoras sexuales —que sabemos que se enfoca principalmente en trabajadoras sexuales indígenas, migrantes, racializadas y que usan drogas— contribuyó al horror que se desarrolló en Vancouver en la década de 1990 cuando más de 60 trabajadoras sexuales, la mayoría de las cuales eran indígenas, fueron asesinadas o desaparecieron.

Algunos podrían argumentar que la penalización del trabajo sexual es la única manera de detener la trata de personas y la explotación de menores de edad. Pero el Código Penal contiene leyes para abordar los delitos de coacción, agresión sexual, explotación y una serie de otras violaciones de los derechos humanos: penalizar el trabajo sexual confunde lo que es explotación, y también desperdicia recursos del gobierno.

Las trabajadoras sexuales se construyen como blancos perfectos para la violencia: los depredadores saben que es menos probable que la policía investigue los delitos contra las trabajadoras sexuales, y que es menos probable que las trabajadoras sexuales se acerquen a la policía en busca de ayuda. En lugar de tratar de «salvar» a las trabajadoras sexuales, debemos abordar las desigualdades sistémicas que crean la pobreza, la falta de vivienda y la falta de acceso a la educación, la salud y los servicios jurídicos. Necesitamos emplear un marco de derechos humanos que reconozca la autonomía de las personas y permita a las comunidades operar en condiciones de seguridad, en lugar de en un contexto de prohibición.

La Alianza Canadiense para la Reforma de la Ley de Trabajo Sexual (1) sostiene que la despenalización del trabajo sexual es un primer paso necesario para el reconocimiento de la seguridad, la autonomía y la autodeterminación de las trabajadoras sexuales. El Partido Liberal de Canadá, que votó el fin de semana pasado a favor de incorporar la despenalización del trabajo sexual en el programa del partido 2019, está de acuerdo con eso.

A medida que el gobierno liberal se acerca a las próximas elecciones federales, tiene una oportunidad histórica para transformar las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales. Reconociendo el impacto que la colonización ha tenido en el mantenimiento de la pobreza y la precariedad en algunas comunidades y despenalizando el trabajo sexual como un primer paso para aumentar el acceso a la salud y los servicios sociales y legales, el gobierno puede alejar a nuestro país desde la violencia y la inseguridad que ocasiona la prohibición hasta una calidad de vida más segura y más autónoma para todas las personas.

Cinco años después de que el Tribunal Supremo de Canadá reconociera (2) los derechos de las trabajadoras sexuales, es hora de poner en práctica nuestro feminismo y crear un Canadá mejor.

 

Kimberley Manning es directora del Instituto Simone de Beauvoir en la Universidad de Concordia. 

 

---

1.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2018/04/10/seguridad-dignidad-igualdad-recomendaciones-para-la-reforma-de-la-ley-de-trabajo-sexual-en-canada/

2.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2014/10/24/la-dominatrix-terri-jean-bedford-recibira-el-premio-de-la-asociacion-de-libertades-civiles-de-ontario-2014/

 

Seguridad, Dignidad, Igualdad: recomendaciones para la Reforma de la Ley de Trabajo Sexual en Canadá

 

Preparado por:

Alianza Canadiense para la Reforma de la Ley de Trabajo Sexual 

Marzo de 2017

© Marzo de 2017

http://www.sexworklawreform.com

contact@sexworklawreform.com

http://sexworklawreform.com/recommendations/

 

Nota de los autores:

Es con gran orgullo y un sentido de logro que presentamos nuestras recomendaciones clave para la reforma de la ley de trabajo sexual federal y provincial / territorial. Estas recomendaciones son el resultado de nuestra consulta nacional con trabajadoras sexuales en cada uno de nuestros grupos miembros en 15 ciudades en todo Canadá, incluida la opinión de abogados expertos y consultores de relaciones gubernamentales. Si bien las leyes que regulan el trabajo sexual son actualmente —y lo seguirán siendo en el futuro— diferentes entre las provincias y los territorios, estas recomendaciones se basan en principios generales y pueden aplicarse y contextualizarse en todas las provincias y territorios. Las recomendaciones se basan en derechos consagrados en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades y en los principios de universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación que sustentan el derecho internacional de los derechos humanos, y están basadas ​​en evidencia académica y comunitaria que representa la experiencia diversa de las trabajadoras sexuales que conforman nuestros grupos miembros de la Alianza Canadiense para la Reforma de la Ley de Trabajo Sexual.

Sinceramente,

 

Action Santé Travesties et Transsexuel(le)s du Québec (ASTTeQ) (Montreal)

Angel’s Angels (Hamilton)

BC Coalition for Experiential Communities (BCCEC) (Vancouver)

Butterfly (Toronto)

Canadian HIV/AIDS Legal Network

Émissaire (Longueuil, QC)

FIRST (Vancouver)

Maggie’s: The Toronto Sex Workers Action Project (Toronto)

Migrant Sex Workers Project (MSWP) (Toronto)

PEERS (Victoria)

Projet Lune (Quebec)

Prostitutes Involved Empowered Cogent Edmonton (PIECE) (Edmonton)

Providing Alternatives, Counselling and Education (PACE) Society (Vancouver)

Rézo, projet travailleurs du sexe (Montreal)

Safe Harbour Outreach Project (S.H.O.P.) (Saint John’s)

Sex Professionals Of Canada (SPOC)

Sex Workers Advisory Network of Sudbury (SWANS) (Sudbury)

Shift (Calgary)

Stella, l’amie de Maimie (Montreal)

Stop the Arrests! (Sault Ste. Marie)

Strut! (Toronto)

Supporting Women’s Alternatives Network (SWAN) (Vancouver)

West Coast Cooperative of Sex Industry Professionals (Vancouver)

Sex Workers of Winnipeg Action Coalition (Winnipeg)

 

Introducción

La investigación académica y comunitaria durante los últimos treinta años ha demostrado los efectos negativos de la aplicación del derecho penal en la salud y la seguridad de las trabajadoras sexuales. Esta investigación identifica la penalización de las trabajadoras sexuales, sus clientes y terceros1 como un contribuyente clave a la violencia experimentada por las trabajadoras sexuales, entre otras repercusiones, incluidos el estigma y la discriminación.2 Varias organizaciones de derechos humanos, organismos de la ONU y tribunales han refrendado esta investigación y concluyeron que la penalización de la industria del sexo favorece la explotación y otros abusos contra los derechos humanos, organizaciones que incluyen a Amnistía Internacional3, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 4 Human Rights Watch, 5 el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA (ONUSIDA), 6 la Organización Mundial de la Salud ( OMS) con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ONUSIDA y la Red Mundial de Proyectos de Trabajo Sexual, 7 la Comisión Global sobre VIH y la Ley, 8 la Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres, 9 el Centro de Salud y Equidad de Género (CAMBIO ), 10 el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Salud, 11 y el Tribunal Supremo de Canadá en el caso “Canadá (Fiscal General) v. Bedford (Bedford)” .12

Sin embargo, a pesar de este extenso cuerpo de investigación y el creciente consenso entre los organismos de derechos humanos sobre los daños asociados con la penalización de la industria del sexo, en 2014 se promulgó la Ley de Protección de las Comunidades y de Personas Explotadas (PCEPA). Además de mantener la penalización de las trabajadoras sexuales bajo s. 213 del Código Penal, el PCEPA penaliza la compra de servicios sexuales por primera vez en Canadá, y mantiene la penalización de terceros y trabajadoras sexuales callejeras, replicando así los daños de las leyes anteriores que el Tribunal Supremo de Canadá encontró que violaban el derecho de las trabajadoras sexuales, reconocido por la Carta, a la seguridad de las personas.13 En particular, las mujeres y jóvenes indígenas, las personas inmigrantes (especialmente las mujeres racializadas) y las personas trans (especialmente las mujeres trans) se enfrentan a violencia, estigma y exceso de vigilancia policial bajo el PCEPA. Los depredadores son conscientes de que, en un régimen penalizado, las trabajadoras sexuales evitan activamente a la policía por temor a ser detectadas, detenidas y, en el caso de las mujeres inmigrantes, deportadas.

La conceptualización que hace el PCEPA del trabajo sexual como violencia contra las mujeres es tan dañina para las trabajadoras sexuales como sus disposiciones específicas. El PCEPA define el trabajo sexual como una forma de explotación inherente y enmarca a todas las trabajadoras sexuales como víctimas automáticas y a todos los clientes y terceros como delincuentes violentos. Esta premisa moral e ideológica no solo es falsa sino peligrosa, ya que trivializa la violencia real cuando ocurre. Cuando el trabajo sexual se ve como una forma de violencia, se espera y aprueba el abuso de las trabajadoras sexuales. Además, el mensaje de que hay algo inherentemente malo en el trabajo sexual estigmatiza a quienes venden o comercian con el sexo y conduce a la discriminación social.

 

Consecuencias de las leyes de trabajo sexual sobre las trabajadoras sexuales

Las trabajadoras sexuales de todo el país informaron que las nuevas leyes han:

• Desplazado y aislado a las trabajadoras sexuales, que temen y evitan el contacto con la policía y otras fuerzas del orden;

• Aumentado la violencia dirigida contra las trabajadoras sexuales;

• Interferido con los mecanismos de seguridad que las trabajadoras sexuales usan para mantenerse seguras en el trabajo;

• Animado a menos responsabilidad por parte de terceros para garantizar buenas condiciones de trabajo;

• Aumentado los perfiles policiales y la vigilancia de las trabajadoras sexuales racializadas, en particular las trabajadoras sexuales inmigrantes o indígenas.

• Alentado el uso indebido y el exceso de aplicación de las leyes contra la trata de personas en todo Canadá, lo que ha dado como resultado el establecimiento de perfiles, la detención y la deportación de trabajadoras sexuales migrantes;

• Reforzado el tratamiento antagónico por parte de la policía; y

• Aumentado el estigma y la discriminación contra las trabajadoras sexuales y sus clientes.

Todas las trabajadoras sexuales y las personas que venden o comercian con el sexo, ya sea que se identifiquen como trabajadoras sexuales o no, tienen derecho a los derechos humanos, incluidos el derecho al trabajo, a la privacidad, a la igualdad y a la no discriminación; a la vida, a la libertad y seguridad de la persona; a la salud; a condiciones de trabajo justas, favorables, seguras y saludables; a la libertad de expresión; a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación; a verse libres de incautaciones y registros irracionales; a verse libres de detenciones y encarcelamientos arbitrarios; y a verse libres de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estas recomendaciones se basan en la necesidad desesperada de defender los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y poner fin a la violencia y la explotación selectiva contra las trabajadoras sexuales y las personas que venden o intercambian servicios sexuales.

Estas recomendaciones proponen un modelo legislativo para el trabajo sexual que promueva la salud y la seguridad de las trabajadoras sexuales y de las personas que venden o intercambian servicios sexuales. 

Buscamos la derogación de las leyes penales existentes específicas para el trabajo sexual, que penalizan las actividades asociadas con el trabajo sexual, y recomendamos la aplicación de otras leyes existentes que protegen contra la coerción y la explotación. También desarrollamos las legislaciones y reglamentaciones provinciales / territoriales que, en ausencia de tales leyes penales específicas para el trabajo sexual, protegerían y harían respetar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, incluidos sus derechos laborales.

Juntos y en todas las jurisdicciones, los legisladores pueden garantizar un enfoque integral para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas que trabajan en la industria del sexo.

 

Despenalización: tres pasos hacia la realización de los derechos y la seguridad de las trabajadoras sexuales

La despenalización es un primer paso necesario para la realización de los derechos y la seguridad de las trabajadoras sexuales, ya que elimina los peligros causados ​​por trabajar en un contexto criminalizado.

Pero la despenalización en sí misma no es suficiente para hacer realidad los derechos y la seguridad de las trabajadoras sexuales, que es algo que requiere una reforma integral de la ley. Esto significa no solo derogar las leyes penales federales específicas para el trabajo sexual, sino también examinar el uso de leyes penales de aplicación general y el uso de leyes provinciales / territoriales, incluidas las normas de empleo, salud y seguridad ocupacional y protección de los jóvenes.

 

Paso 1: Eliminar las disposiciones penales específicas para el trabajo sexual.

La eliminación de las disposiciones penales específicas para el trabajo sexual es un primer paso urgente y efectivo para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Esto incluye la derogación de todos los delitos relacionados con la oferta, prestación u obtención de servicios sexuales a cambio de una remuneración y con la mercantilización de la actividad sexual (es decir, Código Penal ss. 213 (1), 213 (1.1) y 213 (2); s. 286.1 ( 1) – 286.1 (5); ss. 286.2 (1) – s. 286.2 (6); s. 286.3 (1) y 286.3 (2); s. 286.4 y s. 286.5 (1) – 286.5 (2)) .

Las siguientes actividades están actualmente penalizadas y causan los daños que se han descrito. Estas leyes deben ser derogadas:

1. 213 Detener o impedir el tráfico y la comunicación para proporcionar servicios sexuales

• Estas leyes causan daño a las personas que ejercen el trabajo sexual al imponer condiciones peligrosas y evitar que las personas que ejercen el trabajo sexual tomen medidas para protegerse.

• Fue por esta razón que el Tribunal Supremo de Canadá (SCC) revocó s. 213 (1) (c) en el caso Bedford.

• Las secciones restantes en s. 213 producen los mismos daños identificados en el caso Bedford.

• Estas leyes prohíben que las trabajadoras sexuales se comuniquen para establecer y aceptar los términos de intercambio.

• Prohíbe que las trabajadoras sexuales se tomen el tiempo para evaluar posibles clientes, evaluación que puede reducir el riesgo.

• Desplaza a las trabajadoras sexuales de las áreas familiares y los servicios de apoyo a las áreas más aisladas, lo que aumenta la vulnerabilidad a la violencia.

• Se basa en una posición ideológica y moral que considera que ver a las trabajadoras sexuales en espacios públicos causa daño social, aumenta el estigma social y socava la igualdad de las mujeres. Envía el mensaje de que las personas, especialmente las mujeres, que venden o comercian con el sexo son miembros menos valiosos de la sociedad que no merecen trabajar y vivir con seguridad y dignidad. 

286. 286.1 (1) y (2) Obtención de servicios sexuales a cambio de una remuneración

• Esta disposición hace que sea ilegal comprar servicios sexuales o incluso comunicarse con ese fin. Prohibir la compra de servicios sexuales y las comunicaciones para tal fin conduce a consecuencias similares a los señalados en s. 213.

• Los clientes y las trabajadoras sexuales son desplazados y aislados porque los clientes intentan evitar ser detectados por las fuerzas de orden público.

• Estas leyes dificultan que las trabajadoras sexuales examinen a los clientes y negocien los términos por adelantado por teléfono o internet, porque los clientes usan números bloqueados o se niegan a comunicar información explícita sobre ellos por temor a ser detenidos y enjuiciados.

• Estas leyes también dificultan que las trabajadoras sexuales examinen a los clientes y negocien los términos antes de ingresar al espacio confinado del automóvil de un cliente, porque los clientes se apresuran o evitan la negociación por temor a la detección y la detención por la policía.

• Los clientes y las trabajadoras sexuales evitan discutir los parámetros de un servicio como el precio y los servicios solicitados por temor a la vigilancia, el atrapamiento y la detención, lo que puede dar lugar a malentendidos e incluso a violencia.

• Esta sanción también interfiere con el proceso de consentimiento, que es un requisito legal y ético para cualquier compromiso sexual, comercial o de otro tipo.

• Las trabajadoras sexuales tienen menos capacidad para establecerse o trabajar en espacios interiores seguros porque sus áreas de trabajo son fácilmente vigiladas y sometidas a redadas, o los clientes son hostigados y disuadidos.

• Esta disposición no hace distinción entre clientes y perpetradores de violencia. Supone que todos los clientes están cometiendo actos de violencia contra las mujeres en todo momento. Esta premisa moral e ideológica no solo es falsa, sino también dañina, ya que trivializa la violencia real cuando ocurre. El consentimiento para vender o intercambiar sexo no significa consentir la violencia.

• Este encuadre de todo el trabajo sexual como violencia contra las mujeres también hace que todas los trabajadoras sexuales cisgénero y transgénero sean invisibles.

• Penalizar la compra envía un mensaje de que hay algo intrínsecamente malo en el trabajo sexual; este estigma tiene un impacto duradero sobre las trabajadoras sexuales y su capacidad para acceder a los servicios.

• Penalizar la compra de servicios sexuales aísla a todas las personas que venden o intercambian sexo por bienes o dinero y las aparta de la vista de la gente y de la policía, de la comunidad y del apoyo del gobierno. Fomenta el antagonismo con la policía y estigmatiza a las comunidades.

S. 286.2: Beneficio material por servicios sexuales

• Esta disposición penaliza a cualquier persona que reciba un beneficio financiero u otro material importante de la compra de los servicios sexuales de otra persona.

• Es similar al anterior s. 212 (1) (j) ley de «vivir de los recursos disponibles» que el SCC revocó por violar el derecho a la seguridad de las personas que ejercen el trabajo sexual.

• La provisión de beneficios materiales impide que las trabajadoras sexuales establezcan relaciones laborales de apoyo e informadas con terceros que brindan servicios beneficiosos tales como seguridad, mercadotecnia, espacios de trabajo y apoyos administrativos.

• La ley ofrece un pequeño número de excepciones, pero estas son en gran parte codificaciones de jurisprudencia que existían en el momento de la decisión del SCC.

• Significativamente, esta disposición penaliza explícitamente los beneficios materiales en el contexto de una «empresa comercial», lo que prohíbe todas las relaciones que las trabajadoras sexuales requieren para trabajar en lugares de trabajo establecidos y organizados (como agencias de acompañantes y salones de masajes) con infraestructura de seguridad de apoyo. Sin acceso a tales «empresas comerciales», las trabajadoras sexuales con menos recursos a menudo no pueden trabajar en el interior.

S. 286.3: Procuración

• Esta disposición reproduce los daños de s. 212 (1) (j) «viviendo con los recursos disponibles» que fue derribado en Bedford.

• Perpetúa el aislamiento social y aumenta el riesgo de violencia y explotación de las trabajadoras del sexo, que enfrentan menos opciones para lugares de trabajo seguros y menos oportunidades de elegir entre las personas para quienes trabajan.

• Esta disposición tipifica conductas no relacionadas con la explotación que pueden proporcionar a las trabajadoras sexuales condiciones de trabajo más seguras, que incluyen conductores, recepcionistas, guardaespaldas u otro tipo de seguridad.

• Impide que las trabajadoras sexuales establezcan relaciones laborales útiles e informadas con terceros que ocupan puestos gerenciales o que pueden presentar trabajadoras sexuales a clientes potenciales.

• Las trabajadoras sexuales que también son terceros son tipificadas bajo esta ley cuando realizan tareas administrativas, tales como organizar un espacio de trabajo en un hotel u otro lugar, encontrar clientes y reservar clientes.

• Debido a que esta disposición establece que la aplicación de la ley trata a todos los terceros como explotadores, aísla a las personas que ejercen el trabajo sexual y a terceros y crea las condiciones para la explotación.

S. 286.4: Publicidad

• Esta disposición hace que la publicidad sea más difícil para las trabajadoras sexuales, lo cual es muy importante para comunicar abiertamente los términos de sus servicios.

• Es casi imposible para las trabajadoras sexuales anunciar sus propios servicios sin tener que recurrir a un tercero o empresa que ayude: la publicidad del sitio web y de los periódicos está alojada y es propiedad de terceros que están penalizados por esta disposición.

• Esta prohibición crea barreras significativas para trabajar en el interior, lo que se demostró en Bedford como más seguro que trabajar en la calle.

• Las trabajadoras sexuales que no tienen los medios para trabajar de manera independiente ya no pueden hacer que alguien publicite sus servicios y también se les impide comunicarse con los clientes de forma remota (ya que las s. 286.1 y 286.2 impiden que los clientes proporcionen información) antes de reunirse con ellas, lo que facilita malentendidos y violencia.

• Esta disposición evita que las personas que ejercen el trabajo sexual recopilen la información necesaria de los clientes.

• Esta disposición hace ilegales a las «salas » virtuales para las trabajadoras sexuales y a las organizaciones de apoyo que comparten información, ya que la información sobre las condiciones de trabajo se comparte de esta manera.

S. 286.5: Beneficio material y publicidad

• Esta disposición afirma proporcionar inmunidad a las trabajadoras sexuales para publicitar sus propios servicios sexuales, a pesar de que hacerlo todavía es un delito.

• La creencia de que eximir a las trabajadoras sexuales de las sanciones penales es suficiente para proteger a las trabajadoras sexuales de la violencia y la explotación es simplista e ingenua.

• Las trabajadoras sexuales no pueden emplear medidas de seguridad cuando ellas, sus clientes o terceros, están evitando la detección por parte de la policía.

• ,Esta evasión no se limita al miedo a la detención, sino que se extiende a evitar la presencia regular de la policía en sus vidas en un contexto de penalización.

• Alienta el aislamiento de las trabajadoras sexuales de las personas con las que decidirían trabajar y a unas de otras.

• Las trabajadoras sexuales no pueden vender sexo con seguridad ni intercambiar sus servicios en un contexto donde la compra de servicios sexuales está penalizada.

Tomadas en conjunto, estas leyes alimentan el estigma y la discriminación contra las trabajadoras sexuales, los clientes y los terceros en la industria del sexo, lo que contribuye aún más a la marginación de las trabajadoras sexuales y al aislamiento social. También aumentan el antagonismo entre la policía y las trabajadoras sexuales, motivándolas a evitar la policía a toda costa, incluso cuando son víctimas de la violencia.

Con la eliminación de las disposiciones penales que regulan la prostitución —una legislación que no distingue entre explotación y trabajo sexual— surge la posibilidad real de identificar la explotación en el lugar de trabajo y en la vida de las personas que venden o comercian con el sexo. Cuando las relaciones entre clientes, profesionales del sexo y terceros dejan de ser penalizadas, también existe la posibilidad de negociar y mejorar las condiciones de trabajo.

 

Paso 2: Usar las leyes penales existentes de aplicación general para luchar contra la violencia y la explotación en la industria del sexo.

La violencia y la explotación en la industria del sexo pueden combatirse más eficazmente mediante prohibiciones penales generales sobre actividades abusivas que mediante la leyes específicas estigmatizantes para el trabajo sexual que alejan a las trabajadoras sexuales de la asistencia y causan los daños descritos anteriormente.

Disposiciones existentes o alternativas para abordar la coacción, el abuso y la violencia contra las personas, incluso contra las trabajadoras sexuales:

Sección 265-268 – Asalto

Sección 269 – Daño corporal

Sección 271-273 – Asalto sexual

Sección 322 – Robo

Sección 343 – Robo (robo con violencia o amenaza de violencia)

Sección 279 – Secuestro y confinamiento forzado

Sección 346 (1) – Extorsión

Sección 423 (1) – Intimidación

Sección 264 – Acoso criminal

Sección 264.1 – Intento de amenazas de muerte o daño físico

Sección 279.01 (1) – Trata de personas

Sección 279.02 (1) – Beneficio material de la trata de personas

Sección 279.03 (1) – Retención o destrucción de documentos (en el contexto de la trata de personas)

Estas leyes son herramientas apropiadas para combatir la coerción, el abuso y la violencia porque se dirigen a conductas que son expresa y objetivamente abusivas y que el público canadiense acepta como tales. Esto contrasta fuertemente con las leyes específicas de trabajo sexual que combaten actividades que solo se supone son dañinas para aquellos que tienen una posición ideológica o moral particular.

 

Paso 3: Aplicar un marco laboral que involucre la legislación provincial / territorial, incluida la ley de salud y seguridad en el trabajo y las normas de empleo, para luchar contra la explotación en la industria del sexo.

En un contexto legal que penaliza a los empleadores y a las empresas sexuales comerciales, la relación empleador-trabajador es de facto ilegal y las trabajadoras en el comercio sexual se ven privadas de protección laboral y de salud y de seguridad laboral. En la práctica, cuando las trabajadoras sexuales temen presentar una reclamación contra un empleador por temor a ser detenidas, investigadas, deportadas o a perder sus ingresos, no pueden acceder a los recursos legales disponibles para otros grupos de trabajadores y son vulnerables a la explotación laboral y a condiciones de trabajo inseguras. En ausencia de leyes penales específicas para el trabajo sexual, las trabajadoras sexuales tendrían derecho a los beneficios garantizados por la legislación sobre estándares de empleo, tales como descansos, un salario mínimo y la posibilidad de interponer recursos por prácticas desleales de los empleadores. Las trabajadoras sexuales y sus empleadores también se regirían por leyes provinciales / territoriales de salud y seguridad ocupacional, que requieren medidas en el lugar de trabajo para reducir el riesgo de peligros —incluida la violencia— en el trabajo.

 

Una nota de precaución sobre el exceso vigilancia policial y registros de ciertas comunidades de personas que venden y comercian con sexo …

Algunos miembros de nuestras comunidades tienen exceso de vigilancia policial y son registradas en exceso, particularmente comunidades asiáticas, comunidades indígenas y comunidades juveniles. Por lo tanto, queremos destacar que las disposiciones específicas alternativas al trabajo no sexual en el Código Penal y en las leyes provinciales / territoriales se aplican con dos advertencias importantes:

1. Luchar contra la trata de personas: la fusión del trabajo sexual, la trata de personas y la explotación conduce a un abuso excesivo de las iniciativas actuales contra la trata de personas que colocan a las trabajadoras sexuales en mayor riesgo de aislamiento, marginación y violencia. Tal como están escritas, las disposiciones de trata en el Código Penal, que no son específicas del trabajo sexual, podrían usarse tanto para combatir la explotación en el comercio sexual como para combatirla en otros ámbitos. Sin embargo, la manera amplia en que se utilizan actualmente, como una estrategia general de aplicación de la ley para enfocarse en el trabajo sexual, viola los derechos humanos de las personas que venden y comercian con sexo en Canadá. Los terceros que trabajan con trabajadoras sexuales pueden ser identificados erróneamente como «tratantes» en lugar de compañeros de trabajo, empleadores o empleados, particularmente cuando trabajan con trabajadoras sexuales inmigrantes. Esto sucede en tal medida que, si bien hacemos referencia a las disposiciones sobre el trata de personas en todas nuestras recomendaciones, advertimos contra su uso indebido y su aplicación excesiva.

2. Con referencia a los jóvenes: siempre se debe tener en cuenta el interés superior de los jóvenes al revisar las leyes que combaten la explotación de los jóvenes. Se deben tomar medidas efectivas para promover el mejor interés de los jóvenes y abordar las situaciones de explotación. Sin embargo, penalizar a los clientes y terceros de jóvenes que venden o comercian con el sexo causa los mismos daños a los jóvenes que a los trabajadores sexuales mayores de 18 años. De hecho, como ocurre con los adultos, esta penalización sirve para facilitar la explotación al conducir tanto a jóvenes como a aquellos involucrados con ellos lejos de la policía, los servicios sociales y otros mecanismos de ayuda. En lugar de leyes específicas para el trabajo sexual perjudiciales y estigmatizantes, se pueden aplicar las leyes existentes de edad de consentimiento. Esto significa que los mismos parámetros legales que actualmente definen el consentimiento para el sexo no remunerado se aplicarían a todos, independientemente de la motivación de una persona para participar en la actividad sexual. Al mismo tiempo, se deben tomar medidas para proporcionar a los jóvenes viviendas y servicios de apoyo que reconozcan sus derechos y su bienestar. Reconocemos que esta recomendación es compleja y requiere debate. Sin embargo, seríamos negligentes en nuestro objetivo de promover los derechos y la seguridad de todas las personas que venden o comercian con sexo en Canadá si excluyéramos a los jóvenes.

La despenalización es un primer paso necesario para abordar los derechos y la seguridad de las personas que venden o comercian con el sexo, en particular aquellas que tienen exceso de vigilancia policial y déficit de protección. Sin embargo, la despenalización no es suficiente por sí misma. Un plan integral para la reforma legal del trabajo sexual está impulsado por una visión más amplia y medidas concretas para abordar la discriminación y la desigualdad en todas sus formas: pobreza, vivienda inadecuada, atención médica inadecuada, falta de acceso a transporte seguro, acceso inadecuado a asistencia legal, exceso de penalización y exceso de encarcelamiento, y problemas continuos con los sistemas de protección de los jóvenes. Es imperativo que las trabajadoras sexuales de diversas comunidades y orígenes participemos de manera significativa en todas las conversaciones y en la planificación de las leyes que nos afectan.

Para obtener una lista completa y los detalles de nuestras recomendaciones, consulte nuestro informe completo que incluye recomendaciones en relación con el Código Penal, las Regulaciones de Inmigración y Protección de Refugiados y la Ley de Seguro de Empleo, salud y seguridad ocupacional provincial / territorial, estándares de empleo, salud pública, y la legislación de protección de la juventud, así como las recomendaciones generales para la reforma de la ley.

 

Notas finales

1 Los terceros son las personas que trabajan, brindan servicios o se relacionan con trabajadoras sexuales, incluidos conductores, personal de seguridad, personas que llevan sus libros de reservas, webmasters, dueños de negocios y recepcionistas de agencias de viajes (por ejemplo, agencias de acompañantes) o establecimientos de llamadas (por ejemplo, burdeles y salones de masajes). ) A los terceros en la industria del sexo a menudo se los llama «proxenetas»; sin embargo, esto no refleja con precisión el rango de relaciones que las trabajadoras sexuales tienen con terceros: aquellos para quienes trabajan, con quienes trabajan o a los que arriendan. Las trabajadoras sexuales a menudo actúan como terceros para otras trabajadoras sexuales.

Ver también, Red global de proyectos de trabajo sexual. Criminalización de terceros y su impacto en los derechos humanos de los trabajadores sexuales. 2016. http://www.nswp.org/resource/criminalisation-third-parties-and-its-impact-sex-workers-human-rights

2 Benoit, C., Atchison, C., Casey, L., Jansson, M., McCarthy, B., Phillips, R., Reimer, B., Reist, D. y Shaver, F. (2014). Documento de trabajo para Construir sobre la evidencia: un simposio internacional sobre la industria del sexo en Canadá; Lowman, J. y Dillon, P. (1998). La vida en las calles es peligrosa. Líder de Surrey; Red Legal canadiense contra el VIH / SIDA 2005 «Sexo, trabajo, derechos: reforma de las leyes penales canadienses sobre la prostitución». Canadá; Jeffrey, L.A. y G. MacDonald. «Es el dinero, cariño: la economía del trabajo sexual en las provincias marítimas». La revisión canadiense de sociología y antropología; Vol. 43, Número 3, 2006. 313-328; Lewis, J. & Shaver, F. 2006. «Seguridad, seguridad y el bienestar de los trabajadores del sexo: un informe presentado a la Cámara de los Comunes Subcomité de las leyes de solicitud (SSLR).»; Lowman, J. 2000. «La violencia y el estado de proscrito de la prostitución (callejera) en Canadá». Violence Against Women, vol. 6, No. 9, pp987-1011; Pivot Legal Society. Junio ​​de 2006. «Más allá de la despenalización: trabajo sexual, derechos humanos y un nuevo marco para la reforma legal».

3 Política de Amnistía Internacional sobre las obligaciones del Estado de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual. Mayo de 2016. https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/4062/2016/en/

4 John Godwin. 2012. El trabajo sexual y la ley en Asia y el Pacífico: leyes, VIH y derechos humanos en el contexto del trabajo sexual. Bangkok: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. http://www.undp.org/content/dam/undp/library/hivaids/English/HIV-2012-SexWorkAndLaw.pdf

5 Observador de derechos humanos. 2014. «La ley de prostitución de Canadá es un paso en la dirección incorrecta». https://www.hrw.org/news/2014/06/18/canadas-prostitution-bill-step-wrong-direction

6 ONUSIDA, Nota de orientación de ONUSIDA sobre el VIH y el trabajo sexual, 2012. http://www.unaids.org/en/resources/documents/2012/20120402_UNAIDS-guidance-note-HIV-sex -work

7 Organización Mundial de la Salud, UNFPA, ONUSIDA, Red mundial de proyectos de trabajo sexual. Diciembre de 2012. Prevención y tratamiento del VIH y otras infecciones de transmisión sexual para trabajadores sexuales en países de bajos y medianos ingresos: recomendaciones para un enfoque de salud pública. http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/WHO%20prevention%20treatment%20HIV%20STI%20sex%20workers_0.pdf

8 Comisión Global sobre el VIH y la Ley (Grupo de VIH / SIDA del PNUD). Julio de 2012. VIH y la ley: riesgos, derechos y salud. http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/hiv-and-the-law–risks–rights—health.html

9 Alianza global contra el tráfico de mujeres (GAATW). 2016. Respuesta a la consulta de ONU Mujeres sobre el trabajo sexual. http://www.gaatw.org/events-and-news/68-gaatw-news/857-response-to-un-women-s-consultation-on-sex-work

10 CHANGE, Organización de Derechos de la Mujer aplaude la recomendación de Amnistía Internacional para despenalizar el trabajo sexual, 11 de agosto de 2015. http://www.genderhealth.org/media_and_publications/press_releases/P10/

11 Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Anand Grover, Informe sobre la 14ª sesión, Asamblea General de las Naciones Unidas, tema 3 del programa, UN Doc. A / HRC / 14/20, 27 de abril de 2010. http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.20.pdf

12 Canadá (Fiscal General) v. Bedford, 2013 SCC 72, [2013] 3 S.C.R. 1101 https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/13389/index.do

13 Ibídem.