Cómo funcionan los burdeles en el Barrio Rojo de Amsterdam

 

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Felicia Anna
24 de diciembre de 2016

 

 

http://behindtheredlightdistrict.blogspot.com.es/2016/12/how-brothels-operate-in-red-light.html

 
En los últimos meses he criticado dos proyectos que intentan abrir un nuevo burdel: el My Red Light de Amsterdam y los planes de Non Nobis para un llamado “burdel humano”. La razón para criticarlos proviene del modo cómo se presentan en los medios de comunicación como algo opuesto a los burdeles existentes. En ambos casos, la cobertura mediática afirma que estos burdeles serán diferentes: más humanos, sin proxenetas, haciendo a las trabajadores sexuales menos dependientes y con más libertad. El hecho de que se presenten en los medios de comunicación así proviene del hecho de que la gente tiene muy poco conocimiento sobre lo que son los burdeles y lo que hacen, a menudo se confunden con los proxenetas y los tratantes, y son a menudo vistos como los malos de la película . Así que pensé en escribir un post sobre cómo funcionan los burdeles, para mostraros que esta imagen es incorrecta, y que los planes de los nuevos burdeles no son tan nuevos o diferentes de cómo dicen que son.

En este post me centraré en los burdeles de ventanas en Amsterdam, ya que cubrir otros tipos de burdeles requeriría más explicación, pero tened en cuenta que la mayoría de estas cosas se aplican a todos los burdeles, aunque no todo. Un burdel de ventana es básicamente nada más que una compañía que alquila los espacios de trabajo a las prostitutas de la ventana. Vedlo como un salón, donde los peluqueros pueden pagar alquiler para trabajar, o una empresa de bienes raíces que alquila espacio de negocios a una tienda, por ejemplo. Algunas personas lo comparan con un hotel, ya que los lugares de trabajo se alquilan por períodos cortos. Pero, básicamente, un operador de burdel de ventana no es más que una empresa que alquila habitaciones, eso es todo. En el Barrio Rojo de Amsterdam hay cerca de 19 diferentes operadores de burdeles de ventana que alquilan un total de 278 habitaciones, también conocidas como ventanas.

Destino del edificio
No se permite abrir un burdel en cualquier lugar. Para poner en marcha un burdel, el edificio en el que se encuentra tiene que ser asignado a un destino de la prostitución en los planes de destino de edificios de la ciudad. Sólo una cantidad limitada de edificios en Amsterdam tiene tal destino en los planes de la ciudad, basándose en la cantidad de burdeles de años atrás, pero en los últimos tiempos la cantidad de edificios con destino a la prostitución sólo ha hecho que disminuir como parte del Proyecto 1012 para cerrar burdeles en el Barrio Rojo. Una vez que el plan de destino de un determinado edificio se ha cambiado de burdel a otra cosa, el burdel actual puede permanecer en el edificio hasta que cambie de propietario, después de lo cual ya no se permite ser un burdel, a menos que el plan de destino de ese edificio sea cambiado de nuevo por el ayuntamiento.

bestemmingsplan
Como parte del proyecto 1012 en Amsterdam —el proyecto de gentrificación de la ciudad que fue vendido al público en general como un proyecto de lucha contra el crimen, pero que en realidad se trataba de un asunto de bienes raíces— muchos de los burdeles actuales en el Barrio Rojo de Amsterdam perdieron su destino de prostitución . Esto significa que si los propietarios actuales de burdeles venden sus bienes raíces, ya no se permite que sean un burdel. Ningún edificio nuevo ha sido asignado a un destino de prostitución, por lo que también es imposible que los burdeles tengan que mudarse continúen en otro lugar. En pocas palabras, están reduciendo la cantidad de lugares legales donde se permite la prostitución; no están moviendo la prostitución a otro lugar, simplemente la están obligando a ir a la clandestinidad.

Licencia

Si tienes un edificio al que se permite ser un burdel de acuerdo con los planes de construcción de destino de la ciudad, todavía necesita una licencia como operador de burdel para iniciar uno. Obtener una licencia es difícil y costoso. Sólo la solicitud de una licencia, por ejemplo, cuesta alrededor de € 1700, y no hay garantía de que sea aceptado después de solicitarlo. Una licencia es dada por la ciudad misma, después de un chequeo minucioso hecho por el gobierno en lo que se llama un procedimiento de Bibob para comprobar la integridad del operador del burdel. Este procedimiento examinará el pasado de alguien en busca de cualquier actividad o lazo criminales, para asegurar que la persona no tiene intenciones o pasado criminales.

Las historias de mierda que la gente está difundiendo acerca de los operadores de burdeles, incluyendo los de Lodewijk Asscher en el pasado, por ejemplo, sobre los operadores de burdeles que son criminales o tienen algo que ver con los crímenes es por lo tanto pura mierda. Después de todo, si esas historias fueran incluso remotamente ciertas, nunca habrían obtenido su licencia en primer lugar, y ciertamente habrían perdido su licencia si alguna de estas cosas fuera verdad. El hecho de que las personas confundan constantemente a los operadores de burdeles con los delincuentes es completamente injusto, ya que no tienen ningún vínculo o historia criminal, ¡esto ha sido completamente controlado por el propio gobierno! Por lo tanto, la limpieza del Barrio Rojo tampoco era para luchar contra el crimen, ya que si eso fuera realmente el caso, simplemente habrían perdido su licencia y la ciudad no tendría que comprar a estos operadores de burdeles por millones de euros

Las ciudades en los Países Bajos rara vez dan nuevas licencias, lo que hace casi imposible iniciar un nuevo negocio legal, mientras que al mismo tiempo muchas ciudades, incluyendo Amsterdam, están revocando las licencias de los prostíbulos existentes, creando una escasez nacional de lugares legales de trabajo para las trabajadoras sexuales. Desde que se legalizaron los burdeles en 2000 en los Países Bajos nunca se han cerrado tantos burdeles; en total, el 46% de todos los burdeles legales han cerrado desde el año 2000. Y esto ha hecho que muchas trabajadoras sexuales comiencen a trabajar de forma ilegal, ya que, aunque quieran trabajar legales, los gastos de obtener una licencia y el hecho de que a menudo se les niega hacen casi imposible conseguir una.

 

Además, los operadores de prostíbulo con control Bibob también tienen que presentar un plan de negocios completo para su burdel, que tiene que ser aprobado por la ciudad de acuerdo con sus propias leyes locales (APV). Y necesitan obtener un informe de higiene de la organización gubernamental de atención médica GGD. Por supuesto, también deben registrarse en las Cámaras de Comercio como propietarios de negocios legales, pagar impuestos y si se encuentran abusos en su burdel, la ciudad tiene el derecho de retirar inmediatamente su licencia.

 

Una prostituta menor de 21 años que trabaja en un burdel de ventanas en Amsterdam es una razón para revocar inmediatamente la licencia del operador del burdel. No seguir correctamente ninguna de las (muchas) reglas locales para los negocios de prostitución resultará en una penalización, que eventualmente puede hacer que pierdan su licencia. Estas sanciones podrían incluso ser por no reemplazar un dispensador de jabón vacío, ya que los operadores de burdeles han recibido sanciones como éstas en el pasado. Si el operador del burdel sabe que una prostituta es víctima de la trata y no lo denuncia a la policía, puede perder su licencia. Sin embargo, si lo denuncia, también puede perder su licencia, por haber permitido que una víctima de trata trabaje allí, así que realmente no hay manera de que actúen bien en una situación como ésta. Denuncien o no la víctima de la trata a la policía, en ambos casos son jodidos y arriesgan su licencia, una paradoja creada por la ciudad en busca de la sangre de los operadores de burdeles, deseosos de cerrarlos por cualquier razón.

 

Alquiler de ventanas

Los operadores de burdeles de ventana sólo pueden alquilar sus habitaciones a personas que se hayan registrado en las cámaras de comercio como prostitutas o como servicios personales, que tengan un pasaporte europeo válido y tengan por lo menos 21 años de edad. Todo es controlado por los operadores de burdeles, ya que no seguir estas reglas daría lugar a perder su licencia. El registro de las cámaras de comercio es verificado en línea todos los días por el operador de burdel para ver si sigue siendo un registro activo. Los pasaportes se verifican con un escaneo de autenticidad todos los días. Revisan su registro de la ciudad en la que viven (registro GBA) todos los días. Así que las historias de que hay prostitutas menores de edad que trabajan en el Barrio Rojo son 100% mierda.

 

Antes de que un operador de burdel de ventana te alquile una ventana, te hará una entrevista indagatoria obligatoria, algo que la ciudad ha obligado a todos los operadores de burdel . La entrevista de admisión es para asegurarse de que la prostituta en cuestión es suficientemente “autónoma” para hacer este trabajo; en definitiva, es sólo una manera de averiguar si trabajas para ti o para un proxeneta. Las preguntas violan las leyes de privacidad de los Países Bajos, pero los operadores de burdeles no tienen otra opción, ya que hacerlo es un requisito de la ciudad. Las preguntas varían desde por qué quieres hacer este trabajo, hata cuándo te fuiste de vacaciones la última vez, cómo llegaste aquí, si tienes novio, incluso preguntas sobre tu vida sexual, etc. etc. Esto se hace la primera vez que una prostituta quiere alquilar una ventana y no tiene que repetirse todos los días, a diferencia de los controles de registro. Cualquier sospecha de que la chica podría ser una víctima hará que el operador la rechace, por miedo a perder su licencia. Si una chica resulta ser una víctima más tarde, el operador del burdel debe informar a la policía, pero como eso daría lugar a perder su licencia, es problemático. Sin embargo, si no informa a la policía, también puede perder su licencia si la policía o la ciudad se enteran, por lo que los operadores de burdel están atrapados. De cualquier manera perderán su licencia, si hacen lo correcto y lo reportan a la policía o si no. Así que no hay manera de que los operadores de burdeles hagan lo correcto, debido a estas reglas de la ciudad. Es un sistema totalmente idiota, puramente construido sobre la idea de que la ciudad puede cerrar ventanas con toda facilidad, sólo buscando cualquier razón para cerrarlos.

 

Una vez que la historia de la prostituta parece bien y todos sus documentos han sido comprobados y validados, la chica firmará generalmente las reglas de la casa. Esas reglas de la casa por lo general consisten en explicar cuáles son los precios de las habitaciones para los distintos turnos, desde cuándo hasta cuándo están disponibles las habitaciones, lo que está incluido en el acuerdo, cómo hacer para tomar días libres, etc. No está permitido trabajar más de 6 días por semana, y no se les permite hacer turnos dobles. También el uso de drogas en la habitación está generalmente prohibido. La chica pagará la habitación para ese día, después de lo cual recibirá la llave de la habitación, muy parecido a como funciona un hotel. Las habitaciones se alquilan por turno, por lo que cada día ocurre el mismo ritual. La chica entra en la oficina, el operador del burdel comprueba todos los papeles y los verifica, la chica paga por la habitación, y ella consigue su llave de la habitación.

 

Las habitaciones dentro del burdel

La habitación consiste básicamente de un dormitorio; algunos son2016-02-20-22-06-31 realmente pequeños, otros son mucho más grandes, todo depende de cómo se construyó el edificio. Debido a que los edificios tienen siglos de antigüedad la mayoría de las veces, no fueron diseñados para ser burdeles. Así que básicamente lo han convertido en un burdel al dividir las diferentes habitaciones en un lugar de trabajo para una chica. Cada habitación tendrá por supuesto una cama, con un colchón de plástico por razones de higiene. Un fregadero con un grifo de agua, con toallas 2016-02-20-22_06_00de papel, un dispensador de jabón, un spray de alcohol y un spray de limpieza.

Un cubo de basura para toda la basura (toallas de papel usadas, condones usados etc.). Por lo general, los baños son compartidos con las otras habitaciones, así como la ducha. La iluminación de la habitación es gestionada por el operador del burdel; si una luz no funciona, o si desea cambiar la iluminación en su habitación, el operador de burdel puede cambiar esto por ti   , aunque muchas chicas cambian las luces de acuerdo a sus propias preferencias. A veces las chicas cambian la iluminación en la habitación, es decir, los colores de las luces, intercambiándolas con otras luces en la habitación, para lograr el mejor efecto de iluminación por sí mismas, para que la habitación tenga el mejor aspecto.

 

2016-04-23-00_13_03Cada habitación tiene una alarma y algunas, varias.. Si se presiona el botón de alarma, se notificará al operador del burdel de cualquier problema, y la regla de la ciudad es que tienen que estar presentes en 12 minutos. Algunas de estas alarmas son silenciosas, otras son increíblemente ruidosas e incluso tienen una luz amarilla en el exterior del edificio, para notificar a la gente de fuera que hay un problema. La policía también puede responder a la alarma, es básicamente una cuestión de quién llega primero. Y si el operador del burdel no puede manejar la situación (no se les permite pelear), llamarán a la policía.

 

En la habitación los operadores de burdel por lo general cuelgan una lista de reglas y líneas de guía de higiene. A menudo colgarán una lista de números de teléfono a los que pueden llamar, como el número de teléfono de la policía, la oficina del operador del burdel, atención de salud y otros números de teléfono importantes. Cosas como condones, sextoys, ropa de trabajo, lubricación, sábanas, almohadas, etc. son todas cosas que la chica tiene que traerse por su cuenta. Las habitaciones son limpiadas cada día por los limpiadores que el operador de burdel contrata, que siguen estrictas directrices de la atención de salud de la ciudad para garantizar la higiene. La mayoría de los operadores de burdeles en el Barrio Rojo son personas muy agradables, no los proxenetas que a menudo se dice que son por los medios de comunicación, políticos, formadores de opinión y personas con otros intereses. Si una chica necesita ayuda, la ayudarán, pero las reglas de la ciudad a menudo bloquean cuánto pueden ayudar a una chica. La mayoría de los operadores de burdeles tienen sus burdeles durante décadas, y a menudo son negocios familiares.

 

 

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Manifiesto a favor y propuesta de regulación del trabajo sexual en España

El Grupo de Estudios de Política Criminal hizo público, a finales de 2006, su Manifiesto a favor de la regulación del ejercicio voluntario de la prostitución entre adultos. Los argumentos del documento tuvieron cierto eco entre los diseñadores de las políticas locales y autonómicas relativas a la prostitución. Pero ninguna acogida en el Proyecto de reforma del Código Penal publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 27 de noviembre de 2009.

 

Puede consultarse el documento completo, con anexos, aquí:

http://www.gepc.es/web/sites/default/files/ficheros/DOCUMENTO10.pdf

 

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PRESENTACIÓN

 

Resulta obvio que las prácticas sexuales, incluso mediante precio, pueden responder a una decisión voluntaria. Y no parece que, en principio, los poderes públicos estén legitimados para oponerse al libre intercambio de placer por dinero; menos aún en un contexto en el que el dinero es la medida de todas las cosas.

 

La percepción de esta obviedad, sin embargo, ha estado históricamente condicionada por dos factores: de un lado, la imposición coactiva de sexo es un dato recurrente en la práctica de la prostitución; de otro, y con carácter más general, el sexo de la mujer —con la excepción del que fuera ejercido dentro del matrimonio— ha quedado recubierto con la pátina de lo sucio y de lo peligroso, a embates de un integrismo oscurantista que, durante siglos, ha venido impidiendo el discurso sobre la sexualidad femenina.

 

La concurrencia de estos factores provoca la contradicción de que, hoy, en las sociedades occidentales, donde se acepta que el placer, incluido el sexual, no puede ser visto con recelo, la prostitución comporta un estigma de descalificación in totum, que está en la base de los modelos abolicionistas y prohibicionistas.

 

Pero la amenaza penal propugnada por el prohibicionismo se ha mostrado ineficaz: “¿Qué multa podemos proponer-se preguntaba, ya en 1724, Bernard de Mandeville-que sea suficiente para disuadir a los hombres, cuando hay tantos que malgastan toda su fortuna por esta sola gratificación? ¿Y qué castigo corporal, aparte de la muerte, podemos encontrar equivalente a una sífilis, a la que se arriesgan todos los días?”. Por su parte, el paternalismo abolicionista, anclado en el tópico de la mujer débil y dócil, siempre necesitada de la tutela del Estado o de bienintencionados redentores, ni responde al sentir de los tiempos ni puede hacer olvidar el dato de que la explotación sexual se hace fuerte allí donde la clandestinidad y la marginalización hacen más vulnerables a sus víctimas.

 

A partir de ahí, el primer objetivo es la despenalización de la prostitución voluntaria entre adultos y la orientación del sistema penal a la tutela efectiva de la libertad sexual. Despenalización no significa, sin embargo, garantía de mejor tutela de derechos. Es sólo el primer paso, porque no se trata de garantizar al cliente un nivel sanitario aceptable o de facilitar una válvula de escape a los requerimientos del instinto sexual que refuerce la paz intra-matrimonial. No se trata de defender intereses ajenos a quien presta servicios sexuales, sino de asegurar los derechos inherentes a la dignidad personal de quien se decanta, por razones sobre las que no cabe inquirir, por una determinada opción laboral.

Se trata, en resumen, no sólo de despenalizar, sino también de regular. Lo que, como demuestran experiencias ajenas, no incrementa el tráfico o la explotación: ni siquiera favorece la expansión de la industria del sexo.

 

El Grupo de Estudios de Política Criminal hizo público, a finales de 2006, su Manifiesto a favor de la regulación del ejercicio voluntario de la prostitución entre adultos. Los argumentos del documento tuvieron cierto eco entre los diseñadores de las políticas locales y autonómicas relativas a la prostitución. Pero ninguna acogida en el Proyecto de reforma del Código Penal publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 27 de noviembre de 2009.

 

El Manifiesto reivindica no sólo la despenalización de la prostitución entre adultos, sino, sobre todo, la implementación de políticas sociales dirigidas a garantizar el respeto a los derechos esenciales –incluidos los laborales- de quienes deciden dedicarse a la prestación de servicios sexuales, en el marco general de la industria del ocio.

 

De acuerdo con el modus operandi del Grupo de Estudios de Política Criminal, se publica ahora, junto a aquel Manifiesto, la Propuesta de regulación del trabajo sexual: un conjunto de alternativas jurídicas para conciliar la salvaguardia de los derechos de los trabajadores del sexo con la persecución penal de cualquier forma de prostitución forzada.

 

El Anexo, que consuetudinariamente viene complementando nuestras publicaciones, incorpora extractos de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 20 de noviembre de 2001, que consagra el derecho al ejercicio de la prostitución, como práctica lícita, si libre, y diseña los criterios de su consideración como actividad económica no asalariada, contemplada como tal en el Tratado de la Unión Europea.

 

El Anexo incluye también un extracto del polémico, pero referente ineludible en la reflexión posterior, Informe de la ponencia sobre la situación actual de la prostitución en nuestro país, publicado en 2007 por la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer y la Igualdad de Oportunidades, del Congreso de los Diputados.

 

Tras dos décadas de actividad, el grupo pretende seguir estando presente en el debate, siempre inconcluso, sobre la cuestión penal, aportando documentos y argumentos que puedan enriquecer la reflexión compartida y crítica entre la ciudadanía, los juristas especializados y, sobre todo, los poderes públicos responsables del diseño de las estrategias político-criminales.

 

La Junta Directiva

 

 

 

 

MANIFIESTO A FAVOR DE LA REGULACIÓN DEL EJERCICIO VOLUNTARIO DE LA PROSTITUCIÓN ENTRE ADULTOS

 

Ante el debate suscitado en torno a la regulación de la prestación voluntaria y remunerada de servicios sexuales entre adultos, los abajo firmantes, miembros del Grupo de Estudios de Política Criminal, manifiestan lo siguiente:

 

1          El Código Penal de 1995 despenalizó el entorno de la prostitución voluntaria entre adultos, orientando la tutela penal a la salvaguardia exclusiva de la libertad sexual y despojando a la regulación punitiva de la influencia de ciertas concepciones moralistas que ni siquiera son hoy en día socialmente mayoritarias.

 

2          La represión de todas las actividades relacionadas con la prostitución ha arrojado un balance histórico que sólo puede ser calificado de lamentable, y, además, en lugar de erradicar el fenómeno –como pretendía- lo ha ocultado provocando una serie de efectos perniciosos tales como la estigmatización, la vulnerabilidad y la explotación de las personas que la ejercen.

 

3          Es una realidad constatada en nuestro país que miles de adultos voluntariamente prestan servicios sexuales remunerados. Es preciso que las autoridades no desprecien este hecho, para cuya comprobación ha de propiciarse un método de conocimiento razonable huyendo de las aproximaciones morales que intentan simplificar un fenómeno complejo y diverso. Tampoco puede desconocerse que, aun siendo dichas personas mayoritariamente mujeres, hay muchos hombres y transgéneros que se dedican a la prestación de servicios de carácter sexual. El debate, por tanto, no puede ser monopolizado por un discurso en clave de género.

 

4          El contexto de alegalidad actual permite una situación que sólo puede calificarse de hipócrita, pues mientras se ponen trabas a la regulación de la prestación voluntaria de servicios sexuales, se permite que la oferta de esos mismos servicios genere cuantiosos ingresos por publicidad a los medios de comunicación que la anuncian, al tiempo que se fomenta una actividad económica sumergida con todas las consecuencias negativas que ello conlleva.

 

5          La desregulación discrimina a las personas que voluntariamente ofrecen prestaciones sexuales frente a otros colectivos que realizan cierto tipo de trabajos relacionados con el sexo, como son las actividades de alterne, las líneas telefónicas eróticas o la elaboración de material audiovisual de la industria de la pornografía, cuyos trabajadores tienen un reconocimiento jurídico.

 

6          La situación de alegalidad favorece la explotación de la prostitución por parte de empresarios que en la actualidad no están obligados a reconocer a dichos trabajadores los derechos sociales y laborales básicos, así como la proliferación de organizaciones delictivas dedicadas a la trata de personas, en la medida en que fomenta el carácter clandestino de estas actividades y desmotiva la denuncia de la víctima. La privación a estos trabajadores del estatuto jurídico del ciudadano les impone la condición de infrasujetos. Circunstancia que se ha visto agravada por la desafortunada reforma penal de 2003, que, al castigar la obtención de lucro de la explotación de la prostitución ajena, ha venido a intensificar la tendencia al ocultamiento de las condiciones de contratación y prestación de servicios de los trabajadores del sexo.

 

 

Habida cuenta de lo anterior, resulta imprescindible que las autoridades establezcan un marco de reflexión seria sobre el reconocimiento de los derechos de las personas que prestan servicios sexuales, en el que participen todos los agentes sociales implicados y que se base en los siguientes pilares:

 

PRIMERO. Dicha reflexión deberá estar presidida por la ineludible distinción entre moral y derecho. El reconocimiento de la dignidad humana como valor supremo recogido en nuestra Constitución exige el respeto a la voluntad de la persona mayor de edad que libremente decide prestar servicios remunerados de carácter sexual. Negar de plano la posibilidad de que esa opción sea válida constituye un tratamiento paternalista de la mujer (y del hombre) como personas incapaces de tomar decisiones adultas. Están de más los discursos morales basados en el carácter degradante de la prostitución.

 

SEGUNDO. Resulta criticable el contenido del art. 188.1 del Código Penal, procedente de la reforma de 2003, que sanciona la obtención de lucro por la explotación de otra persona aun con su consentimiento. La ambigüedad del término explotación permite, tanto una interpretación restrictiva reducida a situaciones de abuso, como su interpretación en clave represiva y contraria al proceso de legalización de la prostitución. Por ello, en aras de la seguridad jurídica, resulta aconsejable su supresión. Y si lo que se pretende prevenir es la obtención de un lucro excesivo o la imposición de condiciones abusivas de trabajo, para ello están ya los tipos penales de protección de los derechos de los trabajadores. Así mismo, deben eliminarse de otros sectores del ordenamiento todos aquellos preceptos que imponen sanciones o privaciones de derechos a las personas que ejercen la prostitución.

 

TERCERO. Dada la naturaleza de la actividad a regular, deben fomentarse las formas de auto-organización, como el régimen de autónomos o las cooperativas, sin que ello suponga el desconocimiento de otras formas de prestación de servicios sexuales, como el trabajo por cuenta ajena, que habrá de ordenarse según un régimen especial. Dicho régimen no podrá conllevar en ningún caso medidas que supongan un etiquetamiento o una discriminación injustificada de las personas que prestan servicios de carácter sexual.

CUARTO. La regulación de la prestación voluntaria y remunerada de servicios sexuales entre adultos debe ir acompañada de una persecución eficaz de cualquier forma de actividad sexual forzada, así como de una política social adecuada que garantice la libertad del trabajador en el acceso y la permanencia en la actividad.

En Madrid, a 25 de noviembre de 2006

 

FIRMANTES

 

ABEL SOUTO, MIGUEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ACALE SÁNCHEZ, MARÍA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

ALONSO RIMO, ALBERTO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

ÁLVAREZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

ANDRÉS DOMÍNGUEZ, ANA CRISTINA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

ARAMBURU GARCÍA-PINTOS, MIGUEL MAGISTRADO DEL JUZGADO DE LO PENAL Nº 2 DE VIGO

ASÚA BATARRITA, ADELA CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

BALERDI MÚGICA, JOSÉ MANUEL MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE HUELVA

BENÍTEZ ORTÚZAR, IGNACIO F. PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

BORJA JIMÉNEZ, EMILIANO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

BRANDARIZ GARCÍA, JOSÉ ÁNGEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

BUJÁN ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL MAGISTRADO DE LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS

CARMENA CASTRILLO, MANUELA MAGISTRADA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

CARMONA SALGADO, CONCEPCIÓN CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

CORTÉS BECHIARELLI, EMILIO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

CUERDA ARNAU, MARÍA LUISA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN

DEMETRIO CRESPO, EDUARDO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

DÍEZ RIPOLLÉS, JOSÉ LUIS CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

ESPINOSA CASARES, IGNACIO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA RIOJA

FARALDO CABANA, PATRICIA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

FEIJOO SÁNCHEZ, BERNARDO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

GALLEGO SOLER, JOSÉ IGNACIO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

GARCÍA ARÁN, MERCEDES CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

GARCÍA DE DIOS FERREIRO, RAMIRO MAGISTRADO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE MADRID

GARCÍA PÉREZ, OCTAVIO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

GÓMEZ INIESTA, DIEGO J. PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

LAMARCA PÉREZ, CARMEN PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

LASCURAIN SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO LETRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

LAURENZO COPELLO, PATRICIA CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MACHADO RUIZ, Mª DOLORES PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, CARLOS CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

MATA BARRANCO, NORBERTO DE LA PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

MUÑOZ SÁNCHEZ, JUAN PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

NÚÑEZ PAZ, MIGUEL ÁNGEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

OLAIZOLA NOGALES, INÉS PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

OLIVAS DÍAZ, AMAYA JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE BARCELONA

PANTOJA GARCÍA, FÉLIX FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

PAREDES CASTAÑÓN, JOSÉ MANUEL CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

PÉREZ CEPEDA, ANA ISABEL PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

PESTANA PÉREZ, MARIO MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

PRADA SOLAESA, JOSÉ RICARDO MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

RAMÍREZ ORTIZ, JOSÉ LUIS MAGISTRADO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE GRANOLLERS

RAMON RIBAS, EDUARD PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES

RAMOS TAPIA, Mª INMACULADA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

RIOS CORBACHO, JOSÉ MANUEL PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RODRÍGUEZ PUERTA, MARÍA JOSÉ PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

SÁEZ VALCÁRCEL, RAMÓN MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

SALINERO ALONSO, CARMEN PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

SÁNCHEZ-ALBORNOZ BERNABÉ, CARMEN MAGISTRADA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SANTANA VEGA, DULCE MARÍA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TAMARIT I SUMALLA, JOSEP MARIA CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LÉRIDA

VALEIJE ÁLVAREZ, INMACULADA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO

VICENTE MARTINEZ, ROSARIO DE PROFESORA TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

ZUGALDÍA ESPINAR, JOSÉ MIGUEL CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

 

 

PROPUESTA DE REGULACIÓN DEL TRABAJO SEXUAL

 

 INTRODUCCIÓN

Con la presente propuesta de regulación del trabajo sexual, el Grupo de Estudios de Política Criminal pretende demostrar que existen alternativas jurídicas para dar respuesta a los problemas que esta actividad plantea, sin dejar por ello de salvaguardar los derechos de los trabajadores sexuales, ni de perseguir cualquier forma de prostitución forzada.

 

Debe decirse, en primer lugar, que no es cierto que la regulación del trabajo sexual incremente el tráfico y la explotación, ni que favorezca la expansión de la industria del sexo. Es un tópico más, que la realidad desmiente. Un estudio de 2005 (Andrea di Nicola, aportado al Informe del Congreso de los Diputados sobre la prostitución en España, 13 de marzo de 2007), sobre las políticas relativas a la prostitución en veinticinco Estados miembros de la Unión Europea y su impacto sobre la trata de seres humanos, reconoce al modelo laboral un efecto minimizador del daño y protector de los derechos de quienes se prostituyen. Es también la posición que mantiene la OIT desde hace años: “Guste o no, sea legal o no, la prostitución es una actividad económica y la misión de la OIT es mejorar las condiciones laborales y promover los derechos humanos de todos/a los/as trabajadores/as” (Declaración de 1998). Un reconocimiento que los tribunales españoles otorgan a las actividades de alterne desde los años 80, al margen de que esta actividad se encuentre recogida en convenio colectivo o esté presente, -que no lo está-, en la Clasificación nacional de ocupaciones del Instituto Nacional de Empleo.

 

Con todo, en nuestro país se ha abierto una vía jurisprudencial partidaria de la admisión también de la prostitución, o trabajo sexual, como actividad profesional lícita. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en sentencia de 23 de diciembre de 2003 (confirmada por la STS, Sala de lo Social, de 27 de noviembre de 2004) es una buena prueba de ello, y además pone el dedo en la llaga cuando afirma que la falta de previsión legislativa de esa realidad en un estado social como el nuestro no pone de manifiesto sino una “carencia de sensibilidad normativa” al no acometer “los múltiples problemas que desde ámbitos tan diferentes como la marginación, las relaciones de vecindad o de urbanidad, la sanidad o la economía sumergida plantea la prostitución”.

 

DIRECTRICES GENERALES:

En cuanto al ámbito de la propuesta de regulación, ésta tiene por objeto los servicios sexuales remunerados prestados en condiciones de libertad y no vulnerabilidad. La mayoría de edad debe ser requisito imprescindible para prestar y recibir servicios sexuales remunerados.

 

En cuanto a las relaciones jurídicas, la regulación del trabajo sexual debe reconocer la existencia de dos formas posibles de relación, que serán desarrolladas en el apartado correspondiente a la reforma laboral:

a) La relación laboral por cuenta ajena, que debe ser de carácter especial.

b) La prestación en régimen de trabajo autónomo, en la que debe atenderse a la relación entre quien presta los servicios y quien los recibe, pero también, en su caso, a la relación entre quien presta los servicios y el establecimiento en que lo hace.

 

Dada la naturaleza de la actividad a desarrollar, se propone el fomento de las formas de auto-organización laboral, como el régimen de autónomos o las cooperativas.

 

PROPUESTA DE REFORMA PENAL:

La propuesta presentada se limita a suprimir el obstáculo contenido en el Código Penal para la regulación del trabajo sexual libre, sin perjuicio de que, en otra propuesta más amplia que abordara temas no tratados en este documento, fueran pertinentes otras modificaciones legales en delitos relativos a la prostitución o en el delito de tráfico de personas.

 

Con tal objeto, se propone la supresión del último inciso del artículo 188.1 del Código Penal, incluido por L.O. 11/2003, que en la actualidad sanciona con la misma pena que la prostitución forzada, “al que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma”. Dicho precepto quedaría redactado como sigue:

 

“El que determine, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses”.

 

JUSTIFICACIÓN: La regulación vigente, en aquello que proponemos suprimir, sanciona penalmente actos lucrativos vinculados a la realización libre de una actividad, lo que carece de sentido. Con el texto vigente, la ambigüedad del término “explotación” permite tanto una interpretación restrictiva, reducida a situaciones de abuso, como una interpretación en clave represiva y contraria al proceso de regulación del trabajo sexual realizado voluntariamente por adultos. Si lo que se pretende prevenir es la obtención de un lucro excesivo por parte del empleador o la imposición de condiciones laborales abusivas, para ello están ya los tipos penales de protección de los derechos de los trabajadores.

 

 

PROPUESTA DE REFORMA LABORAL:

 

  1. Trabajo por cuenta ajena.

 

Con el fin de evitar la imposición de condiciones abusivas por parte de los empleadores, y de proteger los derechos sociales de aquellas personas que realizan trabajos sexuales como asalariadas, se propone regular el trabajo por cuenta ajena mediante una relación laboral de carácter especial, en el marco del artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores, que permita la adaptación de las normas laborales generales a las peculiares características y necesidades de este colectivo de trabajadores. Para ello, se requeriría una habilitación legal expresa, ya que el artículo 2.1.i) del Estatuto de los Trabajadores prevé que pueden crearse nuevas relaciones laborales de carácter especial por “Ley”.

 

En el momento de configurar la relación laboral especial mediante el correspondiente desarrollo reglamentario deberían diseñarse, con la mayor claridad posible, todos los aspectos que la conforman (esto es, a quién se aplica, régimen de jornadas, descansos, vacaciones, régimen de retribuciones, lugar de trabajo, causas de suspensión o extinción de la relación…).

 

Dadas las especiales características de la prestación de servicios sexuales, la regulación laboral debería hacer especial hincapié en el reconocimiento de la máxima autonomía en el ejercicio de su actividad al trabajador; esto es, el poder de dirección empresarial no podría alcanzar, en ningún caso, a la forma y condiciones concretas en que se produce la prestación de servicios sexuales a los clientes. En tal sentido, el empresario no podría decidir si se presta un servicio o no, o el tipo de servicio, siendole de aplicación otras limitaciones derivadas del principio de autonomía, del tenor de las indicadas para el trabajo autónomo. También cabría insistir en las cuestiones vinculadas con la prevención de riesgos laborales, en la medida en que constituyen una obligación empresarial.

 

  1. Trabajo autónomo

 

Por lo que respecta a la organización del trabajo sexual en régimen de autónomos, se propone la aplicación de los siguientes principios:

a) se tendrá por inexistente la condición por la cual la persona que demanda los servicios sexuales condiciona el pago de la remuneración a la obtención de un determinado resultado.

b) el contenido de la prestación deberá ser consentido y acordado directamente por la persona que presta los servicios con el demandante de dichos servicios.

c) la persona que presta los servicios podrá exigir el pago previo de la remuneración pactada. La remuneración pagada es irrepetible, salvo que no se hayan empezado a realizar los servicios pactados.

d) la persona que presta los servicios sexuales podrá desistir de realizarlos en cualquier momento, sin necesidad de alegar ningún motivo.

e) el titular del establecimiento no podrá imponer la prestación de un determinado servicio, la forma o manera de prestarlo o la persona receptora del mismo. No podrá ser objeto de acuerdo la determinación del domicilio o residencia de la persona que presta los servicios sexuales remunerados.

 

  1. Seguridad Social y negociación colectiva.

 

Con el fin de garantizar el acceso a las prestaciones del sistema de Seguridad Social, será de aplicación a los trabajadores por cuenta ajena el Régimen general de la Seguridad Social, debiéndose realizar la consiguiente cotización por parte del empresario y por parte del trabajador, de modo que se garantice el acceso a las prestaciones del sistema de Seguridad Social. Por lo que respecta a los trabajadores en régimen de autónomos, el reconocimiento del trabajo sexual como actividad económica permitiría su inclusión en el marco del Régimen especial de Seguridad Social de Trabajadores autónomos (RETA).

 

Tanto en el caso de trabajadores por cuenta ajena, como en el de los autónomos , se garantizará el ejercicio de la correspondiente negociación colectiva, determinando quiénes pueden ejercerla, con qué contenido, alcance temporal, etc.

 

DIRECTRICES PARA LA REGULACIÓN ADMINISTRATIVA

 

  1. Establecimientos.

 

Se propone la creación de una ley marco que, respetando las competencias de los municipios y demás entidades locales, permita la realización de trabajos sexuales en inmuebles urbanos conforme a un sistema de licencias municipales que no podrá incluir condiciones discriminatorias directamente relacionadas con la naturaleza de la actividad.

Los titulares de los establecimientos deberán contar con una licencia específica para este tipo de actividad económica, que requerirá previamente de las autorizaciones administrativas previstas en la legislación vigente, incluida, en su caso, la normativa sobre establecimientos abiertos al público y realización de espectáculos públicos. No podrán ser titulares de forma directa ni indirecta, ni participar en la financiación o aportación de medios económicos o materiales, ni dirigir, administrar o encargarse de un establecimiento, quienes tengan antecedentes penales vigentes por alguno de los delitos contra la libertad o indemnidad sexuales, contra los derechos de los trabajadores o contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

 

La regulacion debería establecer la posibilidad de establecimientos gestionados directamente por las personas que prestan los servicios sexuales remunerados. Se propone que a tales establecimientos les sean aplicables fórmulas societarias cooperativas que tengan como finalidad la adquisición, alquiler y cesión de uso de inmuebles, instalaciones y otros elementos auxiliares necesarios o convenientes para la actividad de sus socios.

 

  1. Trabajo sexual en zonas urbanas.

 

Con el fin de conciliar los derechos de las personas que desarrollan trabajos sexuales en la calle con los de otros conciudadanos, se propone que se regulen las posibilidades de creación, intervención y control, desde el ámbito municipal, de espacios específicos para el ejercicio de esta actividad. Dichos espacios deberán contar con las condiciones de accesibilidad,salubridad, iluminación, comodidad y seguridad aptas e idoneas para el desarrollo del trabajo sexual.

Se propone la modificación de aquellas ordenanzas municipales y otras disposiciones que prohiban la oferta y solicitud de servicios sexuales remunerados en la calle, con el fin de garantizar su práctica libre, siempre que se respete el resto de la legislación vigente.

 

  1. Inmigración.

 

La obtención del permiso de trabajo y de residencia por parte de los ciudadanos extranjeros no comunitarios que deseen desarrollar en nuestro país trabajos sexuales debe sujetarse a los mismos requisitos y condiciones que en el caso de los demás trabajadores extranjeros, sea en trabajo por cuenta propia o ajena.

 

  1. Programas de asistencia sanitaria y social

 

La realización de trabajo sexual remunerado no estará sometida a controles sanitarios extraordinarios no previstos en las normas generales de protección de la salud en el trabajo.

 

Se propone la puesta en marcha periódica de campañas informativas, dirigidas tanto a los trabajadores sexuales como a los consumidores, sobre salud y prevención de enfermedades de contagio sexual. El organismo competente en materia de salud deberá facilitar el acceso al sistema sanitario público a las personas que se dediquen a la prestación de servicios sexuales remunerados.

 

Asimismo se propone la creación de programas asistencia-les, con el fin de informar adecuadamente a los trabajadores sexuales de sus derechos y prevenir cualquier forma de prostitución forzada. Dichos programas y campañas deberán respetar el principio de autonomía en el ejercicio del trabajo sexual y deberá evitarse todo aquello que pueda llevar a la estigmatización social o institucional de los trabajadores del sexo.

 

En Jerez de la Frontera, a 2 de junio de 2007.

 

FIRMANTES

 

ABEL SOUTO, MIGUEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ACALE SÁNCHEZ, MARÍA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

ALONSO RIMO, ALBERTO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

ÁLVAREZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

ANDRÉS DOMÍNGUEZ, ANA CRISTINA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

ARAMBURU GARCÍA-PINTOS, MIGUEL MAGISTRADO DEL JUZGADO DE LO PENAL Nº 2 DE VIGO

ASÚA BATARRITA, ADELA CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

BENÍTEZ ORTÚZAR, IGNACIO F. PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE JAÉN

BORJA JIMÉNEZ, EMILIANO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA

BRANDARIZ GARCÍA, JOSÉ ÁNGEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

BUJÁN ÁLVAREZ, JOSÉ MANUEL MAGISTRADO DE LA SALA DE LO CIVIL Y PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ASTURIAS

CARMENA CASTRILLO, MANUELA MAGISTRADA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

CORTÉS BECHIARELLI, EMILIO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

DEMETRIO CRESPO, EDUARDO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA DÍEZ RIPOLLÉS, JOSÉ LUIS CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

ESPINOSA CASARES, IGNACIO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA RIOJA

FARALDO CABANA, PATRICIA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA

GALLEGO SOLER, JOSÉ IGNACIO PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

GARCÍA ARÁN, MERCEDES CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

GARCÍA DE DIOS FERREIRO, RAMIRO MAGISTRADO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 6 DE MADRID

GÓMEZ INIESTA, DIEGO J. PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

LAMARCA PÉREZ, CARMEN PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

LASCURAIN SÁNCHEZ, JUAN ANTONIO LETRADO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

LAURENZO COPELLO, PATRICIA CATEDRÁTICA DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

MATA BARRANCO, NORBERTO JAVIER DE LA PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

NUÑEZ PAZ, MIGUEL ÁNGEL PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE HUELVA

OLAIZOLA NOGALES, INÉS PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

OLIVAS DÍAZ, AMAYA JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE BARCELONA

PANTOJA GARCÍA, FÉLIX FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

PAREDES CASTAÑÓN, JOSÉ MANUEL CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO

PÉREZ CEPEDA, ANA ISABEL PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA

PESTANA PÉREZ, MARIO MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

RAMÍREZ ORTIZ, JOSÉ LUIS MAGISTRADO DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 1 DE GRANOLLERS

RAMON RIBAS, EDUARD PROFESOR TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES RIOS CORBACHO, JOSÉ MANUEL PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

RODRÍGUEZ PUERTA, MARÍA JOSÉ PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

SÁEZ VALCÁRCEL, RAMÓN MAGISTRADO DE LA AUDIENCIA NACIONAL

SÁNCHEZ-ALBORNOZ BERNABÉ, CARMEN MAGISTRADA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SANTANA VEGA, DULCE MARÍA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

TAMARIT I SUMALLA, JOSEP MARIA CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE LÉRIDA

VALEIJE ÁLVAREZ, INMACULADA PROFESORA TITULAR DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO

VICENTE MARTINEZ, ROSARIO DE PROFESORA TITULAR DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

ZUGALDÍA ESPINAR, JOSÉ MIGUEL CATEDRÁTICO DE DERECHO PENAL DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

 

Paula Ezkerra: “Combatir el estigma de puta es el próximo paso en la lucha feminista”

    

Joana García Grenzner
Jueves, 5 de mayo 2016

 

http://www.elcritic.cat/entrevistes/paula-ezquerra-combatre-estigma-de-puta-es-la-propera-passa-en-la-lluita-feminista-9326

 

Paula Ezquerra

Foto: Ivan G. Costa

 

Paula Ezkerra es consejera de la CUP en el Distrito de Ciutat Vella de Barcelona, y la primera trabajadora sexual que llega a la política municipal desde su activismo como prostituta feminista, que esgrime con orgullo. Miembro de la Asamblea pro Derechos de las Trabajadoras Sexuales de Cataluña, Ezkerra trabaja por la derogación de la Ordenanza de civismo de 2006, que persigue la oferta y demanda de servicios sexuales en las calles de la ciudad, y participa en redes europeas para la despenalización de la prostitución en la calle. Además, traza vínculos con los “nuevos feminismos” para superar la “visión política asistencialista” y el “estigma social” hacia la prostitución, que conlleva “criminalización y malos tratos para las trabajadoras sexuales”.

Llegaste a Barcelona hace 16 años. ¿Podías imaginarte que serías consejera de Ciutat Vella por la CUP?

Está claro que no [risas] … No tenía ninguna expectativa ni buscaba una meta económica, como piensa tanta gente, sino otra cultura, cosas diferentes. Quería conocer el movimiento ‘okupa’. Venía con una base de movimiento feminista. En Argentina iba a todas las manifestaciones de las Madres de Plaza de Mayo y había tenido programas de radio sobre la violencia institucional y la exclusión de los movimientos sociales, porque allí era mucho más duro. Hasta que fui mayor de edad, estuve bastante veces a la cárcel y ni siquiera mis padres me podían sacar.

Y aquí pasaste a encarnar la identidad política de trabajadora sexual.
No es una identidad política: es la lucha por el reconocimiento y la descriminalización de mi profesión. Sentirme orgullosa de ser trabajadora sexual ha sido un proceso muy largo, porque no estaba contenta conmigo misma. No había hecho una reflexión, me había creído el mensaje de que ser puta estaba mal, me autoboicoteaba y castigaba. Barcelona me cambió la vida porque casi inmediatamente hice muchas amistades, hubo muchas oportunidades. Trabajé en otras cosas, pero sentía que no me hacían feliz y me planteé qué es la dignidad en el trabajo. Veía que era muy estresante trabajar fuera de la prostitución, que se ganaba muy poco dinero para lo que yo ganaba en aquella época. Ser puta empezaba a no molestarme. Cuando hacía de camarera, eran muchas horas, mucho estrés, en un bar moderno donde a la gente le encantaba ir y el dueño era muy guapo, pero me sentía explotada. Todo el mundo me decía: “¡Qué suerte, que trabajas aquí!” Y yo no lo entendía. Vivía en el Centro Social Okupado La Lokeria, en Hospitalet de Llobregat. En el metro, cuando volvía a casa, miraba a la gente y empecé a entender el mal humor que genera la explotación laboral.

Y ¿cómo das el paso?

En 2005 me invitaron a un encuentro de trabajadoras sexuales en Bruselas y en principio dije que no me interesaba: “No quiero reivindicar nada de la prostitución, no sé si esto es patriarcal y machista…”. Sinceramente, fui a conocer Bruselas. Pero conocí mujeres maravillosas y escuché discursos poderosos que encajaban en el análisis de la explotación laboral, que tenían que ver con el empoderamiento sobre tu cuerpo; con el hecho de dejar de sentirte culpable toda la vida, porque al final, si estás trabajando, ni siquiera lo pasas mal. Y ganas dinero, y lo haces como tú quieres. Mi cerebro comenzó a hacer fuegos artificiales. Poco a poco cambié mi perspectiva sobre el trabajo sexual, a defenderlo y hablar con compañeras del movimiento.

¿La CUP ha hecho una apuesta real por la defensa del trabajo sexual?
La CUP ha hecho una apuesta bastante coherente de apoyo a luchas populares como las de las trabajadoras sexuales de Putas Indignades o la Asamblea pro Derechos de las Trabajadoras Sexuales. Hace casi un año que participo. Se necesitan unas políticas más profundas. El trabajo sexual, la palabra ‘puta’, lo que representamos, es muy transformador para la sociedad, no sólo para conseguir un reconocimiento laboral. Cambiar el imaginario de las mujeres, romper el estigma de la sociedad patriarcal y machista de que ser puta es lo peor que le puede pasar a una mujer sería una transformación absoluta. Es el momento de tomárselo más en serio. Presionamos por ello continuamente, yo a mi manera, porque no soy una política experimentada. Eso sí, todo con afecto. Las relaciones políticas a las que estoy acostumbrada y sigo tejiendo son las del afecto y del cuidado, sea con hombres o con mujeres. Mayormente es con mujeres, claro.

Compañeras de Prostitutas Indignadas trabajaban para mantenerte mientras hacías campaña para la CUP. Hay una solidaridad muy fuerte entre las trabajadoras sexuales. Preciosa. Tengo la maravillosa oportunidad de ser parte de esta familia de luchadoras y luchadores, de crecer y sentirme acompañada en todo momento.

¿El trabajo sexual es una realidad derivada de las desigualdades de clase, o interaccionan otras desigualdades?

El estigma de puta atraviesa a todas las mujeres. A nosotros nos une, y nuestra necesidad de luchar juntas nos ha hecho crecer. La mayoría de las trabajadoras sexuales que yo conozco vienen de la clase obrera pobre. Pero también hay gente que, sin ser ricas, nunca han sido pobres y han tenido educación formal. Yo vengo de una clase media baja, pero no pobre. No pasé hambre, fui a una escuela privada, y otros también. Una ha sido profesora de catequesis; la otra tiene formación universitaria; yo he vivido en los barrios más caros del mundo. Viajamos por todo el planeta; la mayoría hablamos más de una lengua … Es otro nivel de clase. En todo caso, la pobreza ahora va creciendo.

Eres migrante y trabajadora sexual, y has presenciado situaciones de trata. ¿Cómo se puede luchar efectivamente?

Soy migrante argentina, pero bastante privilegiada. He viajado muchos años sin pasaporte europeo y nunca jamás me han pedido los papeles. Entraba por Suiza, que es uno de los países más estrictos, y nunca me detuvieron. Entonces tampoco sentía la presión añadida que siente mucha gente que migra. Cuando decidí tener papeles, fue complejo y duro, pero los conseguí. He trabajado con compañeras en situación de trata desde pequeña, aquí y en Argentina, y me he dado cuenta de que confiamos en nosotras mismas, en otra que está trabajando igual que tú. Se puede ayudar desde dentro. De hecho, para no alejarme de ellas, quiero volver a la prostitución porque entiendo que estando continuamente generas un referente real, no uno acomodado en el que te pueden decir que “tú no estás aquí mamándola”. Las chicas creen más en ti, se sienten más seguras, se genera una red de contención y las puedes ayudar. Que no las obligues a decir quién las llevó, porque detrás de esto hay una mafia, familias, hijos y gente amenazada, cosas terribles. No se puede ser tan superficial de creer que haces algo cuando en realidad arruina la vida de toda una familia. Nadie acepta trabajar para otros porque sí; hay algo muy grande detrás. Y tiene que ver con la corrupción, que hay mucha, y la voluntad política real de erradicarla porque no es verdad que no se sepa quiénes son los ‘chulos’ o que no haya herramientas. La policía no hace avances porque las mafias tienen unos contactos muy poderosos. Si es tan difícil entrar sin papeles aquí, ¿por qué entran? Porque hay una puerta trasera para los mafiosos que trafican con mujeres, entre ellos los clubes, que tienen muchos propietarios de partidos políticos.

Algunas trabajadoras sexuales reivindicáis el capital erótico. ¿Qué llamáis capital erótico?
Tiene que ver con cómo se construye el erotismo femenino. Las trabajadoras sexuales somos muy transmisoras de un juego de sensualidad. El capital erótico no es la belleza 90-60-90, rubia con el pelo largo. Tiene que ver con el uso de la feminidad, con la seguridad que una tiene y se da cuenta cómo transmite energía. Cómo juegas con las palabras cuando te mueves, cuando te sientas, con la ropa, los gestos, las exposiciones del cuerpo … Los hombres tienen capital erótico, pero más los gays que los heterosexuales. Pero, al menos culturalmente e históricamente, se valora mucho más el cuerpo de una mujer (y se castiga también, vestida o desnuda) que el de un hombre, que no tiene una carga moral tan grande. Utilizar el capital erótico, aprovecharse de él, también es romper con el patriarcado. El capital erótico da incluso miedo a los hombres. No soy ninguna diosa, y, aún así, cuando voy a la cama con uno, lo veo: “¡Uau, con quién follas!”. Pues follaràs con una puta.

En el libro ‘La prostitución’, Beatriz Gimeno dice que los hombres que están con trabajadoras sexuales extraen “plusvalía de género”, un concepto de Donna Haraway, y de esta forma refuerzan la masculinidad tradicional que históricamente ha tenido más poder.

Las mujeres tenemos más poder; por ello esta construcción en la que ejercemos más la prostitución que los hombres, aunque hay algunos países donde la prostitución masculina está creciendo porque tienen otros parámetros económicos y otros niveles de relación entre hombres, diferentes de la relación hombre-mujer que nosotros tenemos históricamente . Como trabajadora sexual, lo que siento es que los hombres te piden permiso para todo. En esta sociedad, un hombre que te conquista sin dinero siente que es el triunfador. El hombre que no tiene conquistas, no. Y no es que él pague y yo sea débil. “Tú me estás pagando porque me necesitas, me deseas, quieres mi cuerpo. Yo te lo doy, de acuerdo, pero bajo mis condiciones “. Es una situación comercial, pero también de poder, tiene que ver con el capital erótico, y con cómo el hombre da valor al cuerpo de una mujer, esta necesidad no sé si hormonal o cultural, o un poco de ambas cosas. Yo también estoy caliente a veces y, en cambio, no voy a pagarle a nadie … pero no es verdad que los hombres tengan más necesidades sexuales que las mujeres.

Alguna vez has dicho que el abolicionismo criminaliza la sexualidad masculina.
En cierto modo, el abolicionismo criminaliza el hombre y la libre decisión de una mujer sobre su cuerpo. Somos mujeres empoderadas, estamos atravesadas por el feminismo y utilizamos estas herramientas para cambiar una situación que nos ha castigado durante muchos años. En vez de ser objeto de los hombres, nos apropiamos el sujeto que es nuestro propio cuerpo y decimos: “No te beneficiarás de mí. Me beneficiaré yo de mi cuerpo “. Aunque entre todas pusiéramos fin al patriarcado y al machismo, y existiera un mundo perfecto donde hubiera trabajos económicamente iguales para todas las mujeres, seríamos sólo las trabajadoras sexuales las que podríamos decidir si queremos seguir ejerciendo o no. Porque, una vez más, somos nosotras quienes debemos decidir sobre nuestras vidas. Nos hace hervir la sangre que digan que no tenemos capacidad de decisión. O que nos presenten como débiles y violadas. El sexo no sólo es decisión o patrimonio de los hombres; también nos pertenece y lo vivimos y disfrutamos. Cuando hablan de ‘prostituidas’, nos describen como muñecas hinchables sin capacidad de reacción y con miedo a los hombres. Esto es contradictorio con el discurso del feminismo; aún más: es absolutamente infantilizador y patriarcal.

Uno de los servicios que haces es la asistencia a personas con diversidad funcional.
Los chicos y las chicas que tienen diversidad funcional dicen que la asistencia es como la extensión de su propio cuerpo para masturbarse, y hablan de asistencia sexual. Por supuesto, me parece superválido que haya personas que sean la continuidad del cuerpo de otra, y dar afecto y todo lo demás. Es maravilloso. He estado con clientes con diversidad funcional que no sienten absolutamente nada en todo el cuerpo, y simplemente lo que quieren es afecto y que los toquen, como lo queremos todas las personas. Nada extraño ni de otro planeta. En este caso, sí es una asistencia; sin embargo, cuando te tocan o te dan un beso, no. Más allá de esto, también hay trabajo sexual. Hay mucha gente que no liga que no tiene una diversidad funcional. Hay mucha vulnerabilidad en la sexualidad. Cuando tú estás con una persona, debe sentirse muy cuidada y respetada, hay que ser muy profesional y muy fuerte y transmitir afecto, seducción, hacerla sentir deseada y amada. Yo he aprendido mucho de la fragilidad de los hombres. Y creo que se han de animar a ser más frágiles, no sólo en la sexualidad, sino en la humanidad. Si aprendieran y rompieran con el miedo que tienen a decir que son frágiles y se permitieran sentir el afecto y el tacto, todo sería más fácil.

¿Cómo se desmonta el estigma de puta?
Compartiéndolo entre todas las mujeres. Asumiendo la carga que significa que te digan puta para todo: si miras a alguien, si llevas minifalda, si te gusta mucho el sexo, si te corres demasiado, si tienes muchos fluidos, si tienes pocos… Una campaña muy potente que diga “Bueno, soy puta, y qué?”. ¿Qué quiere decir? Ser puta significa romper con las imposiciones patriarcales que hemos tenido todas, incluyendo las feministas: “Me tapo los pechos, el acceso a mi coño está cerradp, y el culito ni hablar”. Combatir el estigma de puta es el siguiente paso en la lucha del feminismo. Y apoderarnos desde la libertad que significa disfrutar de nuestro cuerpo. Llevarlo con el coño por delante, con fuerza, ganas, seducción, alegría, afecto y respeto, claro. Y no permitir que nadie nos diga qué hacer o no con nuestra vagina, y menos el Estado. El Estado tiene que acompañar, no castigar. Las instituciones son imprescindibles, porque los cambios cruciales a veces hay que forzarlos. No vienen solos. Las mujeres que estamos en política no podemos dejar pasar oportunidades. Los movimientos no se hacen de un día para otro: el de trabajadoras sexuales tan poderoso que se está creando en Cataluña y del que se habla en todo el mundo, cuando en otros países también están organizadas, no es casual. Si la sociedad se hace eco, significa que hay una necesidad de que el colectivo sea respetado y cuidado, que está preparada para el cambio. Pero hay que darle un empujón. Y esto es una campaña mediática poderosa, clara, sin miedo. Los niños entienden perfectamente qué es el cuerpo. Son los grandes los que inculcan miedos y prejuicios. Una chica de 10 años no sabe qué es una chica con minifalda plantada aquí a las diez de la mañana. En el imaginario no existe el trabajo sexual como transmisión cultural; los padres no tienen la herramienta para transmitir cultura con naturalidad. Pues esta chica necesita sobrevivir y se fue con un hombre falto de afecto a cambio de dinero. Por eso está trabajando.

Pero esto, junto con la mendicidad y otras prácticas, está multado en Barcelona desde hace diez años por la Ordenanza de civismo.
Debemos derogarla. Por un lado, no podemos permitir que unos cuantos que se han comprado casas a bajo precio en un proceso de gentrificación, que han especulado con la pobreza y la amargura de echar a mucha gente sin prestar atención a lo que pasaba con ella, después quieran que se regulen los espacios públicos para dormir tranquilamente. Esta mujer debe luchar por un plato de comida y tú quieres dormir tranquilo. No digo que no, pero deja también que ella lleve comida a casa. Por otra parte, el espacio público no se puede privatizar de ninguna de las maneras. Por supuesto, en la calle no se puede matar a nadie, pero sobrevivir si no hay otra alternativa o por propia elección… Se dice que la ordenanza castiga a los clientes, pero nos persiguen a nosotras. Algunos partidos dicen que despenalizar la prostitución en la vía pública produciría un efecto llamada. No se plantean que las que nos prostituimos para sobrevivir recibimos multas enormes. Para ello generamos espacios de enlace y acompañamiento desde las instituciones para la despenalización. Europa es un referente primermundista; si lo conseguimos aquí, será un efecto dominó. Pero sin copiar ningún modelo de otras partes del mundo, porque las realidades son diferentes.

En cuanto a la mendicidad, he reciclado comida en la calle y en la basura; comprendo esta realidad. No se puede castigar a un ser humano que ocupa un espacio para pedir para comer, aunque a mí me moleste. Para que tenga casa y comida y esté tranquila no puedo olvidar el dolor de la gente. Está claro que hay cosas que no me gustan, pero eso no quiere decir que creemos leyes para que sean perseguidas. Debemos derogar la Ordenanza cívica. Y luego crear una renta básica mínima. No digo una paga de 100 o 200 euros, sino de 600. Hay quien dice que esto es una falta de respeto, que es alimentar a los vagos que no quieren trabajar. No es verdad, porque no hay tantos trabajos bien pagados. Todo el sistema económico de productividad está mal estructurado. Por más que creemos miles de puestos de trabajo, siempre habrá gente que se quede fuera de las oportunidades, porque no encaja en los imaginarios de una economía blanca y europea, y no tiene por qué ser castigada ni excluida. Si vamos a hacer el mundo perfecto, pero con el imaginario capitalista, entonces saca dinero de la población mucho más rica que paga menos impuestos y da al resto una renta mínima y digna, para que todos podamos tener techo y comida, que nuestros hijos puedan ir a la escuela, que las escuelas tengan comedores gratuitos, que la salud y la educación sean gratuitas… porque, si no, es imposible sobrevivir.

El anterior alcalde, Xavier Trias, se negó a cederos un edificio de propiedad municipal para crear una cooperativa de trabajadoras sexuales. Y ahora, ¿cómo está la propuesta?
El cooperativismo es una fórmula bastante buena y bonita de llevar adelante proyectos económicos para la supervivencia y para pensar una sociedad más colaborativa, aunque complicada. Lo estamos estudiando; es una idea muy a largo plazo, compleja y difícil. Pensábamos que podíamos hacer una cooperativa de servicios, un centro en el que las compañeras puedan estar, con un bar donde puedan comer, y un espacio donde descansar si no tienen donde ir o si trabajan por la noche, e incluso si quieren dejar a sus hijos. Esto generaría trabajo para otras compañeras que no se quieren prostituir más.

¿Cómo os planteáis construir una red de sostenimiento y de apoyo en los momentos de vejez y de enfermedad?
Bueno, si llevas toda una vida sin cotizar, te puedes poner a trabajar en la prostitución a saco durante cuatro o cinco años para ahorrar, pero esto significa un esfuerzo y desconexión absoluta del resto de las actividades. Lo ideal sería un reconocimiento, como una jubilación para las amas de casa. A nosotras no se nos reconoce nuestra profesión. La prostitución está vinculada al trabajo de cuidados que hacemos las mujeres en la sociedad a nuestros padres y madres, a nuestros hijos, que no se paga, ni se valora. Si eres una mujer moderna, pagas a alguien para que te cuide tu hijo o tu hija. Pero el Estado no te paga para que te quedes en casa a darle educación y afecto, y el capitalismo no reconoce esta tarea imprescindible en la que descansa toda una humanidad y sin la cual no podemos sobrevivir. Por lo tanto, debemos reconocer que, aunque sean por amor, son trabajos y se deben respetar y pagar como tales, y nos debemos replantear cómo remunerarlos.

“El abolicionismo de la prostitución está condenado a ser un discurso del feminismo institucional, alejado de la calle”

 

Entrevista a Georgina Orellano, trabajadora sexual y sindicalista, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR)

 

https://directa.cat/labolicionisme-de-prostitucio-esta-condemnat-ser-un-discurs-del-feminisme-institucional-lluny-del

Mariana Cantero
01/21/2016

 

Georgina Orellano. Foto: Vera Rodríguez

Georgina Orellano. Foto: Vera Rodríguez

Georgina Orellano es secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), formadora, conferenciante y activista en defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales. Desde parámetros de clase, Orellano sostiene un discurso crítico con el feminismo abolicionista, el cual, según denuncia, impide que tanto ella como sus compañeras sean reconocidas como trabajadoras: “Somos parte de una clase obrera que no puede escoger, que está explotada y que tiene los mismos problemas y reivindicaciones que el resto de trabajadoras “, se posiciona. Como sindicalista y puta, Orellana reflexiona sobre la polarización entre feminismo institucional y la percepción de sus políticas por parte de las trabajadoras en la calle, los procesos punitivos y el papel de las medidas contra la trata, siempre desde el contexto argentino.

 

¿En qué momento consideras que se encuentra la relación entre el movimiento feminista y las trabajadoras sexuales en Argentina?

Cuando yo empecé a militar en el sindicato, mi primera identidad autopercibida fue la construida a partir de quitarme de encima la mochila de culpas que llevaba encima y entender que la mayoría de problemas que yo tenía, y que tenían mis compañeras, no eran por ser trabajadoras sexuales, sino por el hecho de ser mujeres. Me reconocí como trabajadora sexual y eso fue clave para empezar a defender los derechos de mis compañeras y sensibilizar a otros actores políticos sobre el estigma que pesaba sobre nosotras. Entonces empecé a participar, junto con el sindicato, en encuentros nacionales y congresos de mujeres y me di cuenta de que nuestra lucha no era sólo por el acceso a derechos laborales y sindicales, sino que también tenía mucho de la lucha feminista: de defender que toda mujer tiene poder de decisión sobre su cuerpo, que puede elegir y que la gran mayoría tenemos los mismos problemas: la exclusión, la desigualdad, ganar lo mismo que gana un hombre. Entonces comprendí que la lucha no era sólo sindical sino que también era una lucha feminista. También entendí que el feminismo es amplio: dentro de su diversidad, hay feministas con posiciones totalmente irreconciliables, que están en contra de cualquier ejercicio del trabajo sexual, pero también compañeras feministas que están a favor de nuestra lucha, que difunden nuestra voz en otros espacios y que lo único que nos faltaba era poder trabajar en alianza con ellas.

“Nuestra lucha no es sólo por los derechos laborales y sindicales, sino que también tiene mucho de lucha feminista: defender que toda mujer tiene poder de decisión sobre su cuerpo”

 
¿Como lo hicisteis?

 

Al principio partimos de conocernos, porque nosotras pensábamos que todo el feminismo estaba en contra nuestra. Cuando empezamos a interpelar en aquellos espacios, llevando nuestra voz, pidiendo la palabra, veíamos por sus caras que algunas de ellas se molestaban por nuestra presencia, pero que otras nos daban la bienvenida y estaban contentas de que nosotras hubiéramos tomado la decisión de participar. Nosotras también tuvimos que ganar confianza: al principio, pensábamos que sólo querían venir a nuestra organización para sacarnos información, hacer sus libros y olvidarse de nuestra lucha. Como organización, en ese momento, recibíamos un montón de denuncias de compañeras a las que les habían violado su domicilio, y había persecución policial basada en políticas antitrata que criminalizan nuestro trabajo. Empezamos a hacer entrevistas a estas compañeras. Lo primero que nos dijeron las feministas es que, más allá de empoderarlas y ayudarlas con los procedimientos judiciales, hacía falta poder registrar y transcribir esta información y hacer informes internos con datos crudos, saber cuántas mujeres de cada una de las zonas tenían su puesto de trabajo cerrado, cuántas habían presentado un recurso de amparo. Todo esto lo hicimos con ellas: ellas llevaban su experiencia y su conocimiento, por ejemplo desde la antropología, y nosotras aportábamos los nuestros y hacíamos como de intermediarias con las compañeras que se acercaban al sindicato, porque de otro modo nuestras compañeras no hubieran confiado en ellas. Con esta labor conjunta empezamos a elaborar el informe que documentaba cómo algunas políticas antitrata terminan criminalizando el trabajo sexual en Argentina.

”Las trabajadoras de la calle sienten un odio terrible hacia las abolicionistas y sostienen que éstas son más violentas que la policía, con la que las trabajadoras habían llegado a un punto de negociación“

 
¿En la práctica, de qué sirvió este informe?

 

Lo hemos presentado juntas en diferentes ámbitos, como la legislatura de Buenos Aires, ante los medios de comunicación y de diferentes partidos políticos. Nos interesa que se visualice nuestra realidad más cruda, que es la generada por la violencia institucional y la presión policial. Necesitamos, más allá del debate de si la prostitución puede ser considerada un trabajo o no, respuestas concretas y reales al problema que tenemos. Son cuestiones que en general quedan fuera del debate. Hay un montón de mujeres que ofrecen servicios sexuales y que ven vulnerado su derecho a trabajar, a alquilar un espacio para hacerlo, a cooperativizar y sostenerse económicamente con ello. Entonces, lo que hicimos fue plantearles qué respuesta nos podían dar sin entrar en el debate de si el nuestro puede ser considerado un trabajo o no. En ese momento empezamos a trazar muchas más alianzas con las feministas. Nos sirvió, todo ello, para empezar a recibir no sólo a las compañeras feministas del mundo académico, sino también del mundo queer y LTGB y con ellas se comenzó a concretar también la organización de actividades, de charlas en espacios para sensibilizar e intentar mostrar hacia fuera como habían crecido estas alianzas. Ya no éramos sólo nosotras, las trabajadoras sexuales, las que pedíamos derechos laborales, sino todo un conjunto de colectivos diversos que apoyaban nuestra lucha y que la abrazaban como una causa común. Vimos que nuestra unión tuvo resultados y muy buenos: el impacto del informe fue mostrar la realidad que muchos se negaban a ver o dejaban de lado para centrarse en la discusión más teórica de por qué la prostitución no podía ser considerada un trabajo, con los mismos argumentos teóricos que viene sosteniendo el abolicionismo desde hace 120 años a nivel internacional.

 

¿Cree que las abolicionistas han sabido aprovechar las pocas rendijas que ha dado el sistema para copar los espacios de poder que tiene el feminismo respecto a los discursos o en las instituciones?

 

Me parece que están las feministas más institucionalizadas, que han conquistado sus espacios de lucha y los utilizan para ejercer un feminismo muy radical. Estas mujeres, con respecto al tema de la prostitución, no han llevado a cabo todas las políticas que han desarrollado reflejando su apuesta abolicionista, sino que lo han hecho con la bandera de la lucha contra la trata de personas. Creo que en este punto hay una lucha poco honesta por su parte, que han utilizado un tema tan serio como la lucha contra la trata para acabar criminalizando todo el trabajo sexual. En la práctica, en Argentina, no lo han conseguido del todo: han querido extender la prohibición de trabajar en wiskerías, cabarets o publicar anuncios en los periódicos como políticas antitrata. Pero las trabajadoras sexuales estamos organizadas, tenemos voz, rechazamos estas medidas y nos organizamos para ser las primeras a las que escuchen los actores políticos que deciden en el tema, ya que somos las primeras perjudicadas cuando este tipo de medidas se llevan a cabo. Entonces, creo que sí han ocupado espacios institucionales y de poder, pero también es verdad que el único argumento que han sabido utilizar para defender su postura es el de la lucha contra la trata.

“El abolicionismo ha ocupado espacios de poder, pero el único argumento que ha sabido utilizar para defender su postura es el de la lucha contra la trata”

 
¿Entre sus compañeras trabajadoras sexuales qué proyección tiene su discurso?

El discurso abolicionista, desde su teoría de protección a las trabajadoras sexuales, puede aglutinar muchas mujeres que estén de acuerdo. Pero, pasando a la realidad, lo que hacen en Argentina es legislar desde políticas punitivas, desde la criminalización del trabajo sexual. Creo que el abolicionismo está condenado, por ello, a quedar como discurso entre las feministas institucionalizadas, pero no en la calle. En Argentina no tiene proyección, no ha crecido. Las trabajadoras sexuales no adoptan este tipo de posturas sino todo lo contrario: hay compañeras que, a partir de este tipo de medidas que las abolicionistas promueven, como la prohibición de cabarets, se organizaron. Las primeras que levantaron la voz en contra de estas medidas son las trabajadoras, que antes no estaban organizadas, no militaban en ningún espacio y terminaron uniéndose. Creo que las abolicionistas deben empezar a pensar en dirigir sus políticas de otras maneras, porque si no quedan relegadas a la figura de enemigas de las trabajadoras sexuales, sobre todo entre las que no son militantes, las que están en la calle y sufren de primera mano la persecución policial, el pago de coimas (sobornos), el cierre de sus fuentes laborales. Estas mujeres les tienen un terrible odio y sostienen que las abolicionistas son más violentas que la policía, con la que habían llegado a un punto de negociación. La policía no ignora que ellas saben qué derechos tienen y que son las herramientas de poder que ellas han sabido construir desde la base, organizándose, para defenderse como colectivo. Ellas saben que el trabajo sexual no es delito en Argentina. Pero con las abolicionistas es muy difícil esta negociación porque hay una imposición en el otro lado, no quieren escuchar qué quiere, por qué decidió y qué escogió la mujer trabajadora que tienen al otro lado. Hay un posicionamiento de infantilizarnos, protegernos, tutelarnos. Me parece que han entrado en un círculo en el que lo único que han conseguido es que las trabajadoras sexuales se organicen cada vez más. Hay mujeres que sí han conseguido poder decidir sobre su cuerpo, pero a otras se nos continúa cuestionando sobre nuestras decisiones.

 

En cuanto a la legislación, en Argentina se aprobaron algunas leyes que supuestamente buscaban defender el trabajo sexual pero que acabaron criminalizándolo …

 

Sí. A partir de 2011 la ex Cristina Kirshner firmó un decreto presidencial que prohibía publicar anuncios en los periódicos eliminando el conocido como Rubro 59 de los clasificados. Fue una medida que ella dijo que no buscaba criminalizar a las mujeres, sino que los periódicos no hicieran dinero con las redes de trata de personas. Sin embargo, la lectura que se hizo sobre el terreno y desde las organizaciones feministas fue que Kirshner se había posicionado desde una postura abolicionista contra el trabajo sexual. Nosotras creemos que su intención era luchar contra la trata, pero también contra las corporaciones de grandes medios de comunicación, como Clarín, que es el diario más conocido, donde la mayoría de las compañeras anunciaban sus servicios y que ganaba muchísimo dinero con nuestros anuncios. Antes pagábamos 70 pesos por día por cuatro líneas y una foto. Después el mismo diario nos comenzó a cobrar el triple para publicar en otras secciones de forma engañosa, como “solos y solas”, “belleza y salud” o “masajista”. Así, una actividad que no era considerada delito pasó a hacerse de forma clandestina. Después de esto se establecieron más medidas de prohibición. En doce provincias se prohibió el funcionamiento de cabarets, wiskerias, casas de citas, clubes, night clubs y apartamentos privados donde se ofrecían o facilitaban servicios sexuales. Esto nos llevó a una mayor clandestinidad, a trabajar en espacios habilitados como pizzerías o billares, con una mayor precarización. Antes, en las wiskerías las compañeras podían negociar una especie de convenio colectivo con el dueño, que se llevaba sólo el 50% del valor de las copas, pero ahora este tipo de negociaciones ha perdido efecto y se llevan parte de las ganancias por los servicios sexuales de las compañeras. En definitiva, han dejado claro el doble discurso que hay detrás de cada escritorio que lleva adelante este tipo de política de Estado: la policía entra en nuestros puestos de trabajo de manera muy violenta, con armas, golpeando puertas, poniéndonos contra la pared y robando los objetos de valor que pueden encontrar. Y luego vienen las psicólogas, que nos hacen entrevistas a cada una, como víctimas de trata, mientras la policía nos custodia. El resultado es que las mujeres quedan en la calle. Se dice que se las ha rescatado, pero luego no se dice qué ha ocurrido con esta mujer, qué ha hecho, cómo se ha organizado. Esto sirve a las abolicionistas para continuar sosteniendo su discurso teórico y el salario que ganan por llevar a cabo este tipo de políticas, y al Estado para decir que lucha contra la trata.

 

¿Estas medidas han perjudicado la trata o siguen existiendo las mismas dinámicas?

Nosotras, lo que podemos decir por el conocimiento que tenemos, por trabajar sobre el terreno y visitar los apartamentos privados, es que nuestras compañeras han perdido su autonomía en el trabajo. Hay compañeras que antes eran realmente autónomas, que alquilaban un espacio y trabajaban para ellas mismas. Estos sitios ahora están cerrados y ellas están trabajando con un dueño. Entonces, vemos que las políticas antitrata han acabado favoreciendo el proxenetismo, los lugares donde a las compañeras les quitan el 50% de sus ganancias. Hoy la Argentina tiene una ley de trata que fue modificada en 2012, la prohibición de publicar en los periódicos y un proyecto de ley (con media sanción en la Cámara de los Diputados y que ya ha pasado el Senado) que busca prohibir la publicación de nuestros servicios en páginas webs, perfiles de Facebook y volantes, así como la prohibición de trabajar en cabarets, wiskerías … Pero no entendemos cómo, habiendo tantas medidas en su contra, no disminuye la estadística de víctimas de trata de personas . El Estado ha invertido muchísimo dinero para luchar contra ella y cada vez se contabilizan más víctimas, pero deberíamos pensar si no se está contabilizando realmente a las trabajadoras sexuales. Actualmente, si se encuentran cuatro mujeres en un operativo policial, se contabilizan las cuatro como víctimas de trata, aunque ellas sean mayores de edad y estén ejerciendo voluntariamente, porque según la ley no hay consentimiento, es decir, no vale nuestro testimonio. Se levanta acta de lo que la psicóloga que viene con la policía establece, que es siempre que somos víctimas. Siempre ven vulnerabilidad, condiciones de trabajo malas, que por ellas se traduce en trata de personas. Pero para nosotras toda trabajadora, sea del gremio que sea, es vulnerable: hay muchas personas que trabajan en condiciones malas que cuando el Estado fiscaliza no considera víctimas de trata, sino como trabajadoras que pueden mejorar sus condiciones. Nunca se nos respeta nuestra decisión: siempre ven una pobre mujer que no tiene más opción y que necesita ser protegida mediante el sistema punitivo y penal.

 
“Las políticas antitrata han favorecido el proxenetismo. Hay compañeras que alquilaban un espacio y eran autónomas. Ahora estos sitios están cerrados y ellas trabajan para un dueño”

 

Ahora organizan una campaña para pedir la regulación del trabajo sexual…

 

Sí, queremos que se reconozca el trabajo sexual. Hemos presentado varios proyectos, tanto en el ámbito nacional como provincial, que siguen todos la misma línea: buscan exigir al Estado que reconozca nuestra actividad como un trabajo, que nos otorgue derechos laborales, como el derecho a la sanidad o poder cotizar para nuestra jubilación y que esté presente garantizando los derechos de las trabajadoras a los puestos de trabajo sexual que se organicen de manera autónoma. Queremos que el ministerio de trabajo sea quien garantice que en estos lugares no hay ningún caso de explotación y que se abra un registro único de las trabajadoras sexuales que dependa del ministerio para poder inscribirnos como autónomas con nuestra categoría correspondiente . Queremos todo esto no sólo por tener nuestros derechos laborales, que históricamente se nos han negado, sino también para poder demostrar que somos trabajadoras sexuales por decisión propia. Con Macri puede ser una tarea difícil plantear este tipo de medidas, será un contexto de resistencia no sólo para las trabajadoras sexuales sino también para el resto de la clase trabajadora. Para nosotras será un punto de encuentro con muchas organizaciones sociales con las que lucharemos en la calle juntas por nuestros derechos.

“Queremos que el Ministerio de Trabajo garantice que, en los lugares establecidos para el trabajo sexual, no haya ningún caso de explotación y que se abra un registro único de las trabajadoras sexuales que dependa del Ministerio para poder inscribirnos como autónomas con nuestra categoría correspondiente “

 

Poyatos: «En la prostitución todos tienen derechos menos las mujeres»

Conferencia: ´¿Por qué se debe regular la prostitución?´

La juez decana de Lanzarote, Gloria Poyatos, defiende la regulación del sector para mejorar las condiciones de las trabajadoras y pide que aumenten las condenas por proxenetismo

18.01.2014

MARTA TORRES | IBIZA «Quisiera que se erradicara la prostitución,

María José López, Gloria Poyatos y Jesús Rumbo, la noche del jueves en el Club Diario. Vicent Marí

María José López, Gloria Poyatos y Jesús Rumbo, la noche del jueves en el Club Diario. Vicent Marí

me encantaría que no existiera, pero ahora mismo es una quimera, la realidad es la que es y hay que conseguir que ese trabajo sea lo menos penoso posible», afirmó Gloria Poyatos, juez decana de Lanzarote, la noche del jueves en el Club Diario en la conferencia ‘¿Por qué se debe regular la prostitución?’, organizada por Sealeer (cooperativa de servicios de sexo creada en Ibiza).

 Su presidenta, María José López, explicó que en Balears hay más de 2.200 trabajadoras sexuales y que muchas de ellas no están dadas de alta a pesar de que trabajan en los clubes de alterne.

Poyatos destacó la «hipocresía» de que en el mundo de la prostitución todos los implicados «tengan derechos excepto las prostitutas» y se mostró inflexible con los propietarios de los clubes de alterne, a los que acusó de lucrarse del trabajo de las chicas.

Durante el coloquio posterior, que moderó el presentador y actor Jesús Rumbo, uno de los asistentes preguntó a la juez qué diferencia había entre un empresario que se lucra de sus empleados y un empresario de clubes de alterne. Poyatos señaló que, en el caso de la prostitución, que una tercera persona obtenga beneficio de la actividad sexual de alguien puede atentar contra la libertad sexual de quien practica la prostitución. «Se trata de una medida prudente», justificó Poyatos, que explicó que comenzó a interesarse por la situación de las prostitutas cuando trabajaba como abogada laboralista en Puigcerdà (Girona) y seis trabajadoras de un prostíbulo le pidieron ayuda porque el dueño había cerrado el local y las había dejado en la calle.

«Les pedí un día para consultar la jurisprudencia y ahí descubrí la primera gran hipocresía de la sociedad con la prostitución», explicó. Poyatos recordó que para que les reconocieran una antigüedad como trabajadoras y derecho a la Seguridad Social, tuvo que recurrir a una sentencia del Tribunal Supremo de 1985 que reconocía la figura laboral, no de la prostituta, sino de la alternadora, es decir, la mujer que capta clientes varones para que tomen copas en un local. «La definición estaba cargada de machismo y silenciaba el acceso carnal», detalló la juez, que se hizo famosa al demostrar (en contra de lo que ella misma pensaba) que las prostitutas se podían dar de alta en Hacienda y en la Seguridad Social como autónomas.

Un régimen laboral propio
Poyatos reconoció que muchas de estas mujeres están dadas de alta y cotizan como peluqueras y esteticistas, pero destacó la necesidad de que cuenten con un régimen laboral propio y especial, «similar al de los mineros», que prevea un menor tiempo de cotización para acceder a la jubilación debido a las condiciones especiales y de riesgo en las que trabajan. Insistió en que la prostitución solamente pueda ejercerse por cuenta de la propia trabajadora, que debe ser la única que obtenga beneficios de la actividad sexual. «Que sean trabajadoras por cuenta ajena yo no lo veo porque creo que es proxenetismo», insistió al público, medio centenar de personas entre las que había trabajadoras sociales, abogadas, concejalas, representantes de partidos políticos, trabajadoras del sexo y dueños de clubes.

Poyatos recordó que existen tres tipos de proxenetismo, el que se lucra de las prostitutas, el que las coacciona para que trabajen y el que obtiene beneficios por facilitar un espacio a las chicas para que realicen la actividad sexual. Recordó que los tres están prohibidos por un tratado de 1950 revisado en 1962, pero lamentó que no se destinen más medios a perseguir este delito ni se aumenten las condenas para los que lo practiquen. «Las condenas por proxenetismo son irrisorias», consideró la juez, que detalló que se sitúan entre los 12 y los 24 meses. «Hay que aumentarlas, igual que los medios para luchar contra él», insistió antes de confesar que desearía «que cierren todos los prostíbulos» porque, en su opinión, que los propietarios se lucren de estas trabajadoras está «en contra de los derechos de las mujeres».

Poyatos explicó que mientras en otros países se ha optado por reglamentar, regularizar o prohibir, en España impera el abolicionismo, que quiere la erradicación de la prostitución «y trata a la prostituta como una víctima a la que hay que proteger». La juez explicó que al amparo de este abolicionismo, en los últimos 40 años ha aumentado el número de trabajadoras sexuales y se ha regulado la actividad de los locales de alterne. «Una regulación interesada y sesgada de una actividad que se mueve alrededor de la prostituta, pero que no la tiene en cuenta», afirmó la juez, que criticó «la parálisis del abolicionismo» que, en su opinión, contribuye a la invisibilidad en la sociedad de estas mujeres.

Doble penalización
«Las prostitutas sufren una doble penalización: ejercen un trabajo que no les gusta y que tienen que realizar por diversas cuestiones y, además, no tienen derecho a una invalidez, a la jubilación, a una baja o a faltar si un hijo se pone enfermo», describió. La juez aseguró que regulando el sector las prostitutas podrían imponer unas normas con los clientes, ganarían en higiene y salud, tendrían unas tarifas estipuladas y podrían quedarse en casa si se ponen enfermas «como cualquier trabajadora».

La juez criticó la «parálisis institucional» a la hora de regular el sector, acusó a las instituciones de «infantilizar» a las mujeres que ejercen la prostitución y recordó que no establecer una normativa las perjudica a ellas, que, insistió, son las víctimas. «Hay que cambiar las cosas a favor de ellas», concluyó.