La prostitución como violencia de género: asalto al Estado de Derecho. Hacia la prohibición de la prostitución en España.

Publicado por primera vez el 23 de noviembre de 2019

La prostitución como violencia de género: asalto al Estado de Derecho. Hacia la prohibición de la prostitución en España.

Campaña del Ayuntamiento de Badajoz «contra esta forma de violencia de género». Diciembre 2019. Foto: AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

La prohibición de la prostitución en España es inminente. La exigencia al próximo gobierno de una ley que penalice a los clientes y todo tipo de proxenetismo, exigencia liderada por la facción radical del feminismo, domina el discurso en todos los ámbitos. ¿Su fundamento?: el dogma de que la prostitución es violencia de género. Un dogma introducido ya en el Pacto de Estado contra la violencia de género sin ningún tipo de debate, sin necesidad de ninguna argumentación, tan sólo por la presión de las organizaciones abolicionistas.

El dogma de la prostitución como violencia de género era necesario para prohibir la prostitución mediante la penalización de los clientes. No bastaba con el mito de que el 80% de las prostitutas son víctimas del mito de la trata de personas con fines de la fantasmal (por indefinida) “explotación sexual” , porque se admitía que un 20% de las prostitutas lo eran por libre decisión y, entonces, ¿cómo desposeer de sus derechos fundamentales a esas mujeres que deciden libremente sobre su cuerpo y sobre su vida?¿Cómo lanzar el ataque al Estado de Derecho que reconoce mediante sus principios constitucionales el derecho de las mujeres a ganar dinero mediante la venta de servicios sexuales, el derecho a prostituirnos?

No argumentan por qué la prostitución debe ser considerada violencia de género. No en España, donde no tienen necesidad de argumentar nada. Pero el argumento, tal como lo expresan en otras partes, es que el sexo consentido sin deseo sexual por parte de la mujer es violencia contra ésta. Un argumento absurdo.

Sólo la conciencia de la enormidad de una ley como la que andan buscando las dominadoras de las mujeres y sus aliados y del enorme coste social y presupuestario que supondría puede frenar su aprobación. Un coste social que llevaría a la deportación masiva de inmigrantes indocumentadas y al paro sin derechos —a la miseria— a decenas de miles de mujeres; un coste presupuestario que supondría la creación de miles de nuevos puestos de policía para vigilar a todas y cada una de las prostitutas y la subvención a un enjambre de ONG rescatadoras —un nuevo Patronato de la Mujer— dirigidas por abolicionistas, tanto seglares como religiosas.

El enorme coste social y humano que supondría crear las condiciones para el control total de la prostitución clandestina por la mafia policial.

Frente a esta ofensiva totalitaria, las trabajadoras sexuales y sus aliadas y aliados, los defensores de los derechos humanos, de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, de los derechos de las mujeres, del Estado de Derecho, sólo tienen un camino posible: la defensa de la total despenalización del trabajo sexual en los términos expresados en el Manifiesto Político de las Trabajadoras Sexuales del Estado español.

Por los derechos de las trabajadoras sexuales, por los derechos de las mujeres, por los derechos de la humanidad, por la libertad y la democracia,

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el

MANIFIESTO POLÍTICO DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES DEL ESTADO ESPAÑOL

De la naturaleza criminal del abolicionismo

Publicado por primera vez el 31 de diciembre de 2017

De la naturaleza criminal del abolicionismo

El abolicionismo es una ideología fundamentalista que propugna la supresión del derecho de las mujeres a prostituirse.

Fuertemente organizado a nivel nacional e internacional, infiltrado en España en partidos y organizaciones feministas a modo de secta y haciendo uso de subvenciones y presupuestos públicos destinados a otros fines, el abolicionismo atenta contra el sistema de libertades y derechos democráticos que garantiza la Constitución.

1.- Delito contra la la libertad sexual

La Constitución se legitima a sí misma al reconocer que “la dignidad de la persona humana, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

Y el Tribunal Constitucional define la dignidad como “un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás”.

El desarrollo normativo de este principio constitucional incluye, entre otros, el Título VIII del Libro II del Código Penal, Título rubricado “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”.

“El bien jurídico protegido en estos delitos es la libertad sexual, que tiene diversas dimensiones. Una dimensión activa o positiva que sería la capacidad de la persona de disponer libremente de su propio cuerpo a efectos sexuales y comportarse en el plano sexual según sus propios deseos, tanto en cuanto a la relación como a la persona con quien se mantiene. Una segunda dimensión negativa o pasiva que sería la capacidad de negarse a realizar o a dejar que se realicen en ella por parte de otra personas actos de naturaleza sexual que no quiere hacer o soportar. Se trata, pues, de proteger el derecho a la libre disposición carnal y autodeterminación sexual, entendida como capacidad de hacer o no uso del propio cuerpo a efectos sexuales, así como de ejercer los medios de defensa o protección personal pertinentes frente a actuaciones ajenas de esa naturaleza” (1).

Esta “protección al derecho a la libre disposición carnal y autodeterminación sexual, entendida como capacidad de hacer uso o no del propio cuerpo a efectos sexuales” se ve reflejada en el Código Penal sólo en cuanto al derecho a no hacer uso del propio cuerpo, pero no en cuanto al derecho a hacer uso del mismo. Dado que ambos derechos, el de hacer y el de no hacer, consisten en los dos aspectos de un solo derecho, a saber, el derecho a la libertad sexual, es evidente que debe considerarse el mismo tipo de delito la violación del derecho a no hacer como la del derecho a hacer. Pero el Código Penal sólo tipifica el delito de determinar a persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución, ignorando el delito de determinar a persona mayor de edad a no ejercer o a apartarse de la prostitución. en las mismas circunstancias.

Así, dice el Artículo 187

1.- El que empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.

Es necesario por tanto, para ajustar la normativa legal al principio constitucional, tipificar el delito de abolicionismo en un artículo del Código Penal que, necesariamente, debería quedar redactado así:

“El que empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a no ejercer o apartarse de la prostitución, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.”

2.- Delito de odio

Las conductas que castiga el tipo básico del delito de odio (2) son las siguientes:

”a)  Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. “

Este es el caso de la conducta abolicionista, que fomenta, promueve e incita directamente al odio, hostilidad, discriminación y violencia contra las prostitutas, por motivos referentes a su sexo y su orientación o identidad sexual.

Más aún, las organizaciones abolicionistas promueven una visión deshumanizada de las prostitutas, negándoles su capacidad de decisión y, por tanto, el que tengan una auténtica libertad sexual. Al hacerlo así, intentan asimilarlas a aquellas personas cuya indemnidad sexual debe proteger la ley. Estas personas son:

“Las personas afectadas por limitaciones intelectuales bien por trastorno mental o privación de uno o varios sentidos o bien por minoría de edad con escaso desarrollo intelectual no puede decirse que estén autodeterminadas en el plano sexual, no pudiéndose predicar a su respecto que tengan una auténtica libertad sexual o por lo menos no con la amplitud de quien no tiene esas limitaciones. Estas personas no pueden ejercer válida ni eficazmente esa libertad por lo que el bien jurídico a proteger penalmente se ha dado en llamar la intangibilidad o indemnidad sexuales” (2).

Queda, pues, puesta meridianamente de manifiesto la peligrosidad social de la secta abolicionista, capaz de identificar a un grupo social como si de una “raza inferior” se tratara, carente de la plenitud de sus funciones intelectuales y condenada a sufrir el tutelaje propio de menores de edad o discapacitados mentales. Actitud que no resulta difícil identificar con la del racismo de más funesta memoria.

Urge, pues, una actuación de oficio del Ministerio Público contra las organizaciones abolicionistas, en defensa de los principios constitucionales y de los derechos fundamentales de las personas.

3.- Asociación para delinquir

El Art. 570 ter del Código Penal dice:

“A los efectos de este Código se entiende por grupo criminal la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos.”

Las organizaciones abolicionistas, a la luz de lo señalado en los dos apartados anteriores, satisfacen las condiciones de esta definición, pudiendo por tanto ser consideradas grupos criminales. Urge la actuación de oficio del Ministerio Público para hacer prevalecer también aquí el imperio de la Ley.

Conclusión

Desde el respeto a las disposiciónes legales vigentes y a las decisiones judiciales, los ciudadanos tenemos el derecho y la obligación de contribuir al perfeccionamiento de las leyes. Esta es mi aportación a dicho perfeccionamiento.


1.- http://www.guiasjuridicas.com/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMTQ0MTtbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoA6ZpvrDUAAAA=WKE

2.- https://www.mundojuridico.info/el-delito-de-odio/

A favor de la legalización de la prostitución voluntaria

Saben de sobra que la prostitución no va a desaparecer, porque siempre ha estado ahí y siempre estará

 

Por Guadalupe Sánchez

23 de marzo de 2021

https://www.vozpopuli.com/opinion/legalizacion-prostitucion.html

 

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo. Europa Press

 

El Gobierno de las feministas y de los feministos nos dice que necesitamos un cambio de paradigma para que el consentimiento de las mujeres esté en el centro. “Sólo sí es sí” y por eso deberá constar por escrito y firmado en duplicado ejemplar por todos los partícipes en el intercambio de prestaciones sexuales. Se aconseja añadir un anexo en el que se detallen los actos, posturas y movimientos a los que la dama consiente y la duración máxima y mínima del coito. El varón empresario deberá resaltar en negrita aquellas cláusulas que considere de difícil comprensión para la hembra consumidora de sus servicios orales y/o genitales.

Pero, ay, cómo cambian las cosas cuando el intercambio sexual no es a título lucrativo —o sea, gratis— sino oneroso y es la mujer la que asume por decisión propia el rol de empresaria. En estos casos, la voluntad del Gobierno ha de primar sobre la de la fémina. Ni cambio de paradigma, ni consentimiento expreso, ni puñetas.


Lo único que van a conseguir con esta ley es no tener que apartar su puritana mirada cada vez que se crucen en su camino con esas vulgares meretrices indignas y antidemocráticas


Ha anunciado la vicepresidenta Carmen Calvo una “legislación nacional abolicionista que prohíba la prostitución en toda España y que nos dignifique como democracia”. Ya no les basta con negar reconocimiento jurídico y, por lo tanto, protección, asistencia y cobertura a las que se dedican al negocio del sexo. Ahora también quieren relegarlas a la ilegalidad. Saben de sobra que la prostitución no va a desaparecer, porque siempre ha estado ahí y siempre estará: ¡por algo es conocida como el oficio más antiguo de mundo! Tanto es así que algunos de sus más fieles usuarios en privado eran y son quienes más reniegan de ella en público. Lo único que van a conseguir con esta ley es no tener que apartar su puritana mirada cada vez que se crucen en su camino con esas vulgares meretrices indignas y antidemocráticas.

¿Cristiano o progresista?

Confieso que no puedo evitar evocar al caudillo cuando escucho a Carmen Calvo —y a la cohorte a sueldo del Ministerio de Igualdad— argumentar contra la prostitución. Mediante decreto ley de 3 de marzo de 1956, el Generalísimo aprobó la abolición de los centros de tolerancia y otras medidas relativas a la prostitución. “La incontestable ilicitud de la prostitución ante la teología moral y ante el mismo derecho natural, ha de tener reflejo obligado en el ordenamiento positivo de una nación cristiana para la debida protección de la moral social y del respeto debido a la dignidad de la mujer”. Así arrancaba el preámbulo de la norma franquista. Si donde dice “cristiano” me ponen ustedes “progresista” ya le estarán adelantando a esta panda de pacatos del Ejecutivo una parte de la tarea legislativa. Seguro que también les valdrá el artículo primero, que rezaba: “Velando por la dignidad de la mujer y en interés de la moral social, se declara tráfico ilícito la prostitución”. ¡Carmen, atiende, que Franco era feminista y te adelantó buena parte de la faena!

Lo que está claro es que las mujeres nos debemos a fines más elevados, que en los cincuenta eran aquellos que nos imponía el dictador y ahora son los que nos marcan las ministras, los ministros y les ministres. El paternalismo feminista ha reemplazado al franquista.

La ideología no les deja ver que la explotación sexual no trae causa de la prostitución. Prohibir la segunda no solucionará la primera, sino al contrario, la agravará. Legalizar la prostitución no sólo redundaría en mejoras para aquéllas que se dedican al negocio del sexo voluntariamente, sino que también facilitaría erradicar el execrable crimen que es la trata de seres humanos. Pero sé que pido demasiado a quienes no han venido a trabajar sino a sacar a pasear eslóganes y pancartas.

 

Las colas del hambre de las prostitutas: «La crisis es el covid y este Ministerio de Igualdad»

Tras un año de pandemia, las trabajadoras del sexo, viven prácticamente sin ingresos y sin percibir ningún tipo de ayuda de las administraciones.

 

Por Marta Arce

20 de marzo de 2021

https://www.libremercado.com/2021-03-20/colas-del-hambre-prostitutas-crisis-es-covid-ministerio-igualdad-6720539/

 

Nina es escort en Madrid. Antes de que la covid-19 arrasase con todo, Nina satisfacía las fantasías de sus clientes en hoteles de la capital y viajaba dos veces al mes para visitar a sus «amigos» en otras ciudades. Además de los servicios obvios, Nina acompaña a sus clientes en eventos sociales y ofrece la GirlFriend Experience, actuando en ocasiones como una novia o esposa.

En el último año, la vida de Nina ha cambiado por completo: «Ha sido muy duro. He estado confinada durante meses y sin ingresos. Las trabajadoras del sexo estamos absolutamente olvidadas por parte de las administraciones, que en vez de ayudar, lo que hacen es estigmatizarnos y precarizarnos».Tampoco pagan impuestos.

Las colas del hambre de la prostitución

Al igual que Nina, las prostitutas se encuentran en una situación desesperada. Muchas de ellas son asiduas en las colas del hambre, siguen trabajando de forma clandestina y han tenido que recurrir a asociaciones como Cats (Comité de Ayuda a las Trabajadoras Sexuales) para seguir adelante. «El problema principal es que su actividad no está reconocida legalmente», explica Nacho, portavoz de Cats, «no tienen un contrato laboral, no tienen ERTE, no tienen paro, ni acceso en muchos casos a las ayudas municipales porque ni siquiera están empadronadas».

Nacho explica que en la asociación llevan un año dedicándose casi en exclusiva al reparto de comida a través de los bancos de alimentos de Cruz Roja y Cáritas. «El problema es que también hay que pagar el alquiler y las facturas, así que ellas mismas se organizaron a nivel estatal para hacer un crowdfunding. Sacaron cerca de 20.000 euros que distribuyeron de forma equitativa. Esa es la única ayuda directa que han recibido muchas de ellas».

El sindicato no oficial Otras (Organización de Trabajadoras Sexuales) ha agotado ya sus dos cajas de resistencia y en Barcelona se dedican casi en exclusiva a la recogida de alimentos. Vera, delegada de Otras en Murcia, lamenta la falta de ayuda por parte de las administraciones y se pregunta por qué «las compañeras de Nueva Zelanda sí que cobran el paro, pero nosotras aquí tenemos que arriesgarnos y salir a trabajar a pesar de la pandemia».

«No se puede hacer un francés con mascarilla»

El miedo a la covid-19 y la falta de clientes han obligado a las prostitutas a adaptarse. Nina ya no frecuenta los hoteles y ha alquilado un apartamento para encargarse ella misma de la limpieza. Otras han optado por el teletrabajo y se han pasado al sexo virtual a través de webcam. Ese es el caso de Cony: «El último año ha sido más difícil y he combinado el trabajo presencial con las videollamadas. A pesar de ello, mis ingresos han bajado bastante».

La vida también cambió de la noche a la mañana para las chicas de los clubes de alterne, obligados a cerrar en muchas comunidades autónomas durante el confinamiento más estricto. «Muchas chicas rumanas y búlgaras consiguieron irse a su país, pero otras se quedaron en la calle con una mano delante y otra detrás», explica Nacho. «Tuvieron que seguir trabajando por su cuenta, con dos o tres servicios a la semana para sacar unos duros. Lo están pasando muy mal y lo único que tienen es el ejercicio de la prostitución. En una época de miedo absoluto decían que sí a todo».

Y en las calles, la situación es incluso peor debido a la falta de clientes y a los controles policiales que implican multas de más de 300 euros para las prostitutas. Emérita trabaja como transformista cerca de una zona comercial y asegura que sus ingresos han descendido un 90% en el último año. «Tuve mucho miedo al principio. Era aterrador ver en la televisión que muchísima gente estaba muriendo. Pero es imposible pagar las facturas si no seguimos trabajando. En septiembre del año pasado me contagié de covid, pero no en el trabajo, sino en mi entorno social», explica Emérita. «Trato de tomar medidas de precaución, pero en este trabajo es imposible el distanciamiento. Tienes que subirte a un coche con un desconocido y no se puede hacer un francés con la mascarilla puesta».

«Somos víctimas de las políticas del Ministerio de Igualdad»

En los clubes con neones en la fachada, en las calles oscuras y en los pisos de alquiler por horas, las prostitutas siguen abandonadas en la alegalidad mientras soportan el estigma del oficio más viejo del mundo. «En esta pandemia todo el mundo ha sido solidario con los demás, pero nadie se ha acordado de las putas«, lamenta Emérita, que solo ve ante ella un futuro incierto debido en buena parte a «campaña de difamación contra las prostitutas por parte del Ministerio de Igualdad».

La ministra Irene Montero ha asegurado que «la prostitución es claramente una forma de explotación sexual». Emérita no está de acuerdo. «Ellos piensan que detrás de cada prostituta hay un proxeneta y eso es totalmente falso. El problema es que la ministra de Igualdad se maneja con datos totalmente erróneos de asociaciones abolicionistas. Toda la gente que conozco ejerce la prostitución porque le da la gana y porque han decidido que esa es su forma de vida.»

Emérita, y buena parte de las asociaciones de las trabajadoras del sexo,

Emérita, trabajadora sexual transformista

piden desesperadamente la regulación del sector para que se reconozcan sus derechos laborales: «Somos víctimas de las políticas del Ministerio de Igualdad. Esta señora (Montero) habla de abolir la prostitución, pero lo único que va a hacer es condenar a la gente a trabajar en la clandestinidad. No aportan ninguna solución ni alternativas. ¿Qué van a hacer con toda la gente que se dedica a esto? La crisis es el covid y este Ministerio de Igualdad, a tiempo parcial cuando interesa».

«No defendemos la prostitución ni se nos ocurriría salir con una pancarta para decir hazte puta que es lo mejor que te puede pasar», explica Nacho. «Desde Cats, queremos el reconocimiento de la actividad laboral con un régimen especial como tienen ciertos colectivos. Podrían cotizar al erario público y se evitaría muchísima explotación laboral con jornadas abusivas, despidos por enfermedad, multas aleatorias».

 

Ya te han llamado puta

Algunas de las medidas propuestas en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual refuerzan los mandatos patriarcales de la sexualidad femenina

 

Por Projecte X

11 de marzo de 2021

https://www.elsaltodiario.com/palabras-en-movimiento/ya-te-han-llamado-puta-

 

Las trabajadoras del sexo se encuentran en el extremo más estigmatizado de las infractoras sexuales y es por ello que cualquier conducta transgresora por parte de las mujeres o personas identificadas como tal puede suscitar el “estigma de puta». Defender el acceso a derechos laborales para las trabajadoras sexuales es una cuestión de justicia básica y primordial para favorecer la ampliación de los marcos de decisión y la capacidad de negociación de un colectivo fuertemente vulnerado. Pero también es imprescindible para acabar con el estigma asociado a la prostitución que afecta a todas las mujeres. Los mandatos de la feminidad en cuanto a la sexualidad implican la represión del deseo y la construcción de una identidad sexual frágil, infantilizada e inapetente. Vulnerar estos mandatos te expone al estigma de puta y a la violencia sexual, castigo privilegiado para las incumplidoras. Además, las normativas sexuales establecen los límites de la corrección sexual pero también favorecen los intereses capitalistas al convertir a las mujeres en guardianas de los valores asociados a la familia. Así se constriñen los deseos que puedan resultar desestabilizantes para la disciplina necesaria que garantiza la continuidad del status quo.

Desde esta visión, nos resultan muy cuestionables algunas de las medidas propuestas en el Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, el cual no hace más que reforzar los mandatos patriarcales de la sexualidad femenina que están en la base de las violencias que dice pretender combatir. El texto contribuye a la clásica idea de que la sexualidad de las mujeres es algo sagrado y a la consabida idea del temor femenino a la sexualidad irrefrenable de los hombres, proceso que nos aboca a la exigencia de un deseo suave y emotivo garantizado por la protección estatal.

La modificación del delito de proxenetismo coactivo o la incorporación como delito de la tercería locativa, que niega la capacidad de decisión de las trabajadoras del sexo, al dar por hecho que encontrarse en una situación de dependencia o subordinación te convierte en alguien que no sabe lo que quiere, son buena muestra de ello. Con estas medidas, no solo se empeoran las condiciones de trabajo en el marco de la prostitución, sino que se dan por buenos y legítimos los abusos laborales y la explotación de otros sectores económicos regulados.


Los mandatos de la feminidad en cuanto a la sexualidad implican la represión del deseo y la construcción de una identidad sexual frágil, infantilizada e inapetente.


De la misma forma, la definición de consentimiento que realiza el Anteproyecto, según la cual será considerado como agresión sexual cualquier acto sexual no consentido explícitamente, incide también en esta visión sacralizada de la sexualidad femenina. Esta forma de expresar la noción de consentimiento es la plasmación jurídica del lema feminista “solo sí es sí” mediante el cual se desplaza la necesidad de articular una respuesta negativa, porque solo cuando se afirma la voluntad es un acto consentido. De nuevo, la mencionada propuesta de ley incide en los mandatos de la feminidad patriarcal, en este caso, partiendo de la base de que la frágil identidad femenina no está capacitada para articular una negativa, establecer un límite sexual o, menos aún, ser quien se lo salte. Además, la idea de que las mujeres deben decir que sí para que se presuma su consentimiento es profundamente problemática en cuanto al empoderamiento sexual femenino. Niega la posibilidad de experimentar y explorar el deseo, elemento indispensable para combatir las atribuciones normativas según las cuales, para las mujeres, el sexo es algo secundario al no poder enfrentarse a un espacio necesariamente plagado de contradicción, conflicto y riesgo.


Las mujeres trans, racializadas, de clases trabajadoras, luchadoras, infractoras sexuales y, por supuesto, las trabajadoras del sexo están más expuestas al estigma de puta, pero la lucha contra éste es un interés colectivo.


El Anteproyecto de ley contribuye con todo ello al punitivismo, no solo porque amplia la horquilla de conductas que pueden ser consideradas como delito, sino también porque construye subjetividades femeninas victimizadas, frágiles y susceptibles, imprescindibles para justificar la existencia de un estado protector y castigador ante la indefensión sexual de las mujeres.

Reforzar la sacralización, la fragilidad y la victimización de las mujeres perjudica a las víctimas de violencias ya que les aporta relatos catastrofistas y de indefensión ante los ataques. Los relatos disponibles para interpretar su experiencia, entendiendo además como violencia conductas muy leves, se homogeneizan y se establecen como normativos, con los efectos de exclusión y castigo que esto tiene hacia las víctimas “incorrectas”. Ya te han llamado puta y volverán a hacerlo.


Renunciamos a nuestra reputación sexual: al fin y al cabo, ya nos han llamado “puta” y volverán a hacerlo


Las mujeres trans, racializadas, de clases trabajadoras, luchadoras, infractoras sexuales y, por supuesto, las trabajadoras del sexo están más expuestas al estigma de puta, pero la lucha contra este es un interés colectivo. La institucionalización del feminismo y la hegemonía de un feminismo puritano y castigador han supuesto el abandono de las luchas contra las condiciones que favorecen la estigmatización, la negación de derechos y la violencia contra las mujeres y personas disidentes en cuanto al género.

Por todo ello, entendemos que es necesario luchar juntxs por objetivos políticos comunes que doten de libertades, recursos y derechos a todxs con la finalidad de ampliar la capacidad de negociación y la potencia de los colectivos más vulnerados. Esto no se consigue reforzando la putofobia que se encuentra en la base de muchas violencias, sino luchando por reforzar nuestras comunidades, obteniendo recursos y renunciando a la reputación sexual que nos garantiza una ley punitiva y conservadora.

En Proyecto X renunciamos a nuestra reputación sexual: al fin y al cabo, ya nos han llamado “puta” y volverán a hacerlo.

 

#YATEHANLLAMADOPUTA

 

“Los derechos de las trabajadoras sexuales deben ser una prioridad de la agenda trans”

 

Por Nuria Alabao

15 de septiembre de 2020

https://ctxt.es/es/20200901/Politica/33413/Nuria-Alabao-Miquel-Misse-entrevista-activismo-trans-prostitucion-sexo-genero.htm

 

Miquel Missé.

 

Activista y pensador de lo trans, Miquel Missé (Barcelona, 1986) no parece tener miedo de resultar polémico, en un momento en que la heterodoxia parece estar penalizada aunque se plantee desde el compromiso y la militancia política.

Su último libro A la conquista del cuerpo equivocado (Egales, 2018) es una lucha contra las visiones de la transexualidad que la definen como una patología que puede ser curada “cambiando el cuerpo”. También es una confrontación contra aquellas corrientes que quizás ahora mismo son hegemónicas y que sitúan el origen del malestar de las personas trans en algo innato o esencial. “Nadie nace transexual”, dice Missé, y también afirma que otra vida habría sido posible si las personas trans viviesen en sociedades con valores menos rígidos en torno al género y al cuerpo, donde cupiesen más realidades. En realidad, señala, sería mejor la de todos.

En esta legislatura se quiere aprobar una nueva ley trans que todavía no es pública. De momento contamos con la que presentó Podemos en el 2018. Una de sus principales propuestas es la despatologización y desmedicalización –que deje de necesitarse un diagnóstico médico para cambiarse el nombre y sexo en el DNI–. ¿Qué opina de esa propuesta?

A mí me parece importante que el legislador entienda al sujeto trans como un sujeto de derechos. Eso es ya un avance. Y creo que también es interesante que se esté produciendo un debate, aunque sea super beligerante porque obliga a todo el mundo a leer más, a informarse.


Creo que el Estado no debería fomentar la rigidez de género. Lo hace permitiendo que dispositivos culturales educativos y sanitarios refuercen esas lógicas


Después, a nivel de articulado esta ley elimina los requisitos de modificación corporal –al menos dos años de tratamiento– y la exigencia del certificado de disforia de género [un diagnóstico médico que dice que eres trans] para poder cambiar el nombre, lo que es un avance muy importante porque era muy estigmatizante. También reconoce que hay que tomar medidas en muchos ámbitos para mejorar la vida de estas personas.

Ahora, creo que es verdad que hay que pensar mejor el ámbito deportivo, el de la salud, lo que se registra y cómo se registra… Creo que la ley tiene que trabajarse mucho más, pero que cumple con esa voluntad de mejorarle la vida a la gente trans. Aunque tiene un riesgo y es que de alguna forma reifica [convierte en inmutable, esencializa] quién es trans y quién no lo es. Hay una gente que es trans y otra que no. Esto es interesante porque, a pesar de que la ley habla todo el rato de identidad sexual y también de expresión de género de hecho está dirigida a personas que se identifican como trans, no para otras realidades como los hombres femeninos y las mujeres masculinas. ¿Por qué? Porque no hay un sujeto y una identidad vinculada a las expresiones de género no normativas.

Pero ¿podemos pedirle eso al Estado, a una ley, que transforme la normatividad de género?

Probablemente no solo es responsabilidad del Estado, pero creo que el Estado no debería fomentar la rigidez de género. Lo hace permitiendo que dispositivos culturales educativos y sanitarios refuercen esas lógicas. Igual podríamos hacer políticas más potentes para que los niños pueden expresar su feminidad y las niñas su masculinidad. Si lo pensásemos a más largo plazo, ¿no podríamos hacer una política que combatiera directamente aquellos malestares que le produce a la gente la rigidez de género independientemente de cómo se llamen y cómo se apelliden, sean o no LGTB?

Precisamente otro de los debates más enconados es el de la infancia trans, ¿cómo se tendría que abordar esta discusión para que sirva para ampliar las posibilidades de niños y niñas, y de todos?

Pues exactamente igual que con los adultos. Yo creo que no es que haya unos niños que son auténticamente trans y otros que no lo son. Creo que la transexualidad es una posibilidad, es un itinerario que a alguna gente le mejora mucho la vida, y es el caso de algunos niños. Ahora, de nuevo creo que es un parche. Yo mismo lo habito, pero hay cosas que, aunque son funcionales para sobrevivir, no van a la raíz del problema. La cuestión es ¿cómo llega un niño a pensar que la única manera de poder ser sí mismo es siendo una niña? ¿Que terrorífica es la categoría niño como para que tú no puedas ser tú? De esto no tienen la culpa los niños nacidos hoy ni hace diez años, ni yo. No tenemos la culpa, pero es una pregunta pertinente de cara al futuro.

Me gustaría que cuando un niño siente que sus elecciones son persistentemente femeninas no pensara que la única manera de habitarlas es ser una niña y lo pienso para los niños y para los adultos. ¿Tiene que resolverlo el Estado? No. En cualquier caso, el Estado siempre está haciendo algo. De momento, define lo que es la transexualidad infantil y permite que los niños de dos años puedan modificar su documentación. Eso sí lo hace. Y eso esencializa y refuerza un imaginario que el Estado no debería reforzar.


Me gustaría que cuando un niño siente que sus elecciones son femeninas no pensara que la única manera de habitarlas es ser una niña y lo pienso para niños y adultos


Por lo demás, sí hay muchos niños y muchas niñas a los que la transición mejorará sus vidas. Tenemos que acompañar esos procesos y también dejar todas las puertas abiertas para cuando esas transiciones les hayan servido para explorar lo que querían explorar pero quieran abandonarlas. Sobre eso se tiene que trabajar también mucho, porque creo que en los próximos años habrá algunos niños y niñas que quizá no desearán seguir haciendo la transición de género porque esa transición en ese momento que vivieron les sirvió para entender cosas, pero cuando se imaginan como adultos igual quieren elegir otros caminos. Eso es un tabú actualmente en la política trans.

Los adultos trans hemos llegado muy tarde a poder hablar de eso. Hay mucha gente trans que en algún punto de su vida decide abandonar la transición, lo que pasa es que nunca se habla de ello. En los próximos años me parece que vamos a tener que desarrollar muchas metodologías de acompañamiento empoderadoras, positivas y no culpabilizadoras sobre la gente que dice: “Vale, yo viví eso, quise ser una niña trans, pero igual quiero ser un chico adolescente a ver cómo me va”.

¿Crees que estas leyes pueden tener un impacto importante para enfrentar el estigma asociado a lo trans?

Hay un jurista trans americano que es fundamental, Dean Spade, que explica que dentro de la gente trans o el colectivo LGTB hay quien está mejor y quien está peor –los que tienen problemas de salud, o no tienen papeles, los que vienen de contextos de pobreza, las que están en la cárcel, la gente que se dedica al trabajo sexual o a algún tipo de trabajo estigmatizado en la economía sumergida–. Él cree que la política que hagamos tiene que beneficiar principalmente a esa gente y se pregunta qué efectos ha tenido la legislación sobre el tema LGTB, en qué ha mejorado la vida de esa gente.

Trasladado aquí, ¿la ley trans del 2007 en qué le mejoró la vida a esta mujer trabajadora sexual que tiene 55 años que no ha cotizado nunca, que se ha dedicado siempre a eso? La ley que se va a aprobar ¿mejorará la vida de estas mujeres? ¿O la de las mujeres trans que están en la cárcel? Esto es lo que preguntaría Spade. Él responde que en su experiencia estas leyes solo mejoran la vida de aquellos cuyo único obstáculo era ser homosexual o trans. Creo que el caso del DNI es muy paradigmático. ¿A quién beneficia el cambio de nombre el DNI en la comunidad trans –más allá de lo que tiene como representación simbólica para sí misma, para su propia autoestima–? A la gente que pasa desapercibida como trans y que solo tiene como obstáculo el DNI, que con eso encontrará un empleo, encontrará una vivienda. Pero la gente que, aunque se cambie el DNI, sigue siendo un “travolo” para el que le hace la entrevista de trabajo, ya se puede cambiar el DNI que la transfobia seguirá actuando. Entonces, ¿estas políticas qué transformarán? El tema no es que se cambie el DNI, el tema es combatir el estigma.

A la vez que digo esto, también creo que hay que legislar, pero hay que ser muy consciente de los efectos colaterales que tienen estas medidas.

¿Cuáles deberían ser las prioridades del movimiento trans, o los movimientos trans?

La política trans a corto plazo tiene que mejorar la vida de la gente trans en su agenda cotidiana y tratar de combatir las posiciones de vulnerabilidad en las que mucha gente se encuentra a raíz de transitar. Combatir la pobreza empezando por el trabajo sexual. Si queremos mejorar la vida de la gente trans, consigamos derechos sociales y laborales para las personas que ejercen el trabajo sexual, principalmente mujeres trans. Vamos a ir mucho más rápido que con el cambio del nombre en el DNI. O el tema del acceso a la vivienda. La gente trans, sobre todo las mujeres trans, tienen una dificultad enorme para acceder a la vivienda. La cuestión de que a la gente se la trate con respeto en algunos contextos médicos, que pueda contar con acompañamientos en su tratamiento hormonal sin tener que pasar procesos patologizantes… Son muchos los temas y estamos aquí peleándonos por qué es la identidad de género. No, me niego. Es muy perverso construir el DNI como la prioridad número uno de la agenda trans.


Si queremos mejorar la vida de la gente trans, consigamos derechos sociales y laborales para las personas que ejercen el trabajo sexual


Creo que la cuestión es que vivimos en un mundo en el que las categorías de género son rígidas y eso lleva a alguna gente a realizar transiciones de género, lo que puede colocarla en un lugar de vulnerabilidad. Se trata de combatirlo. Pero a la vez una política trans que solo se preguntase eso es una política pobre, porque la pregunta originaria es ¿en qué mundo vivimos que hay una gente que para ser sí misma tiene que pasar por unos procesos muy dolorosos en los que pierden muchas cosas para poder vivir como quiere vivir?

¿Qué diría que tienen en común el feminismo y las luchas trans?

Creo que es interesante lo que pone sobre la mesa el feminismo que defiende los derechos de las trabajadoras sexuales y que tiene que ver con las luchas trans: que las estrategias de supervivencia que uno elige en un mundo, con unos códigos que no ha elegido, son válidas, son importantes. Hay que respetarlas.

Lo que me parece importante es que en esta negociación de ganar derechos para la gente trans no traicionemos a las trabajadoras sexuales. El otro día leí un artículo de Beatriz Gimeno que decía que el feminismo abolicionista de la prostitución no tiene que excluir a nadie, y que las mujeres trans son bienvenidas a ese proyecto. Esta posición me pareció muy problemática por distintas razones. En primer lugar, respecto a las mujeres trans no creo que se pueda defender su libertad para elegir su identidad, pero no para elegir su trabajo. Reconocer los derechos de la gente trans es reconocer también sus estrategias de supervivencia. ¿Qué concepto de la agencia y de la emancipación es este y por qué es tan selectivo? Si quieren mejorar la vida de las personas trans, que concedan derechos sociales y laborales a las trabajadoras sexuales; será muchísimo más transformador que cambiarles el DNI.


Si Igualdad hace una apuesta fuerte por el tema trans y la abolición de la prostitución el movimiento trans tendrá que plantarse y decir: “Tenemos que hablarlo todo junto”


En segundo lugar, me parece perverso decir que las mujeres trans son bienvenidas en el feminismo abolicionista en un momento en el que tantas voces exigen que las mujeres trans queden fuera del feminismo. Es una invitación envenenada porque muchas mujeres trans y travestis en este país tienen como ocupación el trabajo sexual. ¿Me pregunto qué feminismo es ese que te invita a su casa, pero siempre y cuando estés dispuesta a renunciar a tu principal forma de subsistencia y a combatirla? A mí me parece que Gimeno, que está a cargo del Instituto de la Mujer, debería tener más cuidado cuando enarbola la defensa de los derechos de las personas trans mientras la institución que ella representa rechaza reunirse o tan solo escuchar las demandas de las trabajadoras sexuales. Para mí no es aceptable. Sin hablar de que las mujeres trans y las trabajadoras sexuales no son colectivos distintos, sino que en muchas ocasiones es el mismo.

A la vez, el movimiento trans que parece muy preocupado por sus derechos, ahora mismo no debería dejar en la estacada a una parte importante de su población. Aunque se haga una ley para autodeterminar el género, muchas mujeres que se van a ver afectadas negativamente por las políticas abolicionistas son trans. Yo confío en que el movimiento trans reaccione frente a esta estrategia y la desvele. Si el Ministerio de Igualdad hace una apuesta muy fuerte por el tema trans y a la vez muy fuerte por la abolición de la prostitución en algún momento el movimiento trans tendría que plantarse y decir: “Oiga, quizás tenemos que hablarlo todo junto”.

Bajo mi punto de vista, los derechos en relación al trabajo sexual deben ser una prioridad de la agenda política trans. Y si este mandato sirve para reformar la ley trans y abolir la prostitución a la vez, creo que será un enorme fracaso político para la lucha trans y un desastre para muchas personas trans y no trans que encuentran en el trabajo sexual su principal vía de supervivencia. Al final, se trata de mejorar la vida de la gente, y muchas de estas mujeres bastante tienen con hacer frente a la ley de extranjería, la transfobia en el mundo laboral o en el acceso a la vivienda, como para tener que soportar la estigmatización de su ocupación o incluso perder su independencia económica.

En los debates de los últimos tiempos hay una crítica de cierto feminismo que dice que las personas trans reafirman los roles de género, sin embargo, y tal como está hoy recogido en la ley para cambiar de nombre y sexo hay que pasar por proceso de diagnóstico. ¿Qué pasa con las personas trans que no encajan tampoco en estos roles planteados de forma rígida? ¿Qué pasa con una mujer trans que no sea muy femenina o al revés?

Cuando dicen eso de que “las personas trans reafirman los roles de género” no puedo evitar pensar en quiénes son las personas que lo dicen. Quisiera yo escudriñar en su vida privada. ¿Es gente que efectivamente no reproduce los roles de género? ¿No fueron madres, no se casaron, no se pintan los labios? ¿Quién es esa gente que no reproduce los roles de género? O debe ser que estas feministas que dicen eso y que se identifican con algunas cosas de la feminidad lo hacen desde un ejercicio de libertad al que las personas trans no tienen acceso, solo ellas.

Por otro lado, está muy castigado ser una persona trans que no reproduce los roles de género. Durante décadas, los médicos encargados de diagnosticar la transexualidad han tenido un imaginario rígido del género. De hecho, esto es lo que tranquiliza a algunas feministas. Paradójicamente dicen: “Bueno al menos ahora hay alguien que controla”. Vaya, aquí se da una insospechada alianza entre el feminismo y la psiquiatría. Efectivamente, ahora hay alguna gente que controla la adecuación de roles y en algunos casos no se realizan esos diagnósticos. Hay mucha gente trans que no logró pasar ese proceso.

Por lo tanto, que se pueda cambiar libremente es una necesidad.

Cambiar libremente el género en la documentación tendrá problemas, pero es la mejor idea que hemos tenido. Estoy abierto a discutir otras.

 

 

Objeciones feministas al actual proyecto de Ley de libertades sexuales

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por la posibilidad de que, en nombre del consentimiento de las mujeres, se apruebe un texto legal que supone la anulación del valor del consentimiento de las mujeres.”

 

Por Laura Macaya

1 de marzo de 2021

Objeciones feministas al actual proyecto de Ley de libertades sexuales

 

Quienes firmamos estas líneas consideramos que dentro de los feminismos existe una rica y poderosa genealogía de luchas por la emancipación que es hoy especialmente importante para hacer frente tanto a la desposesión y precarización generalizada que produce el capitalismo financiero global como a los proyectos reaccionarios que amenazan con recortar nuestros derechos y libertades. Necesitamos hoy un feminismo que apueste por políticas transformadoras fuera del abuso del código penal que caracteriza a la política conservadora, comprometido con ampliar nuestros márgenes de autonomía y libertad y que defienda los derechos de las mujeres más precarias y vulnerables.

Por ello, consideramos urgente y necesario destacar los problemas que en este sentido supone la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual tal y como ha sido propuesto por el actual Gobierno de coalición. Encontramos en él una preocupante apuesta por el punitivismo, detectamos una deriva puritana que no hace más que reforzar los argumentos patriarcales de la sacralidad del sexo de las mujeres e identificamos medidas que van a suponer aun mayores obstáculos y dificultades para mujeres que ya sobreviven en condiciones de alta precariedad, como es el caso de las trabajadoras sexuales.

Este proyecto de ley es punitivo al suponer una ampliación de las conductas que pueden ser consideradas delitos, como es el caso del acoso sexual callejero, la tercería locativa y una nueva definición de proxenetismo no coactivo. Nos parece que un feminismo emancipador debe ser crítico con las formas tradicionales de ejercer el poder y con el endurecimiento de un sistema penal que siempre recae con más intensidad sobre las poblaciones más vulnerables. En cuanto a las formas de comportamiento sexista más leves que las mujeres pueden vivir —tanto en la calle como en otros espacios—, creemos que el feminismo está hoy en día capacitado para combatir el machismo a través de la educación, la pedagogía y la disputa cultural de los sentidos comunes, pero nunca colaborando en la construcción de un sentido común punitivo que solo puede acabar siendo funcional al avance de las derechas.

El abordaje penal de las violencias de género no se ha demostrado eficaz como estrategia de prevención del delito y no ha dado resultados significativos respecto a la disminución de los índices de violencia. Creemos que el feminismo tiene que apostar más por la transformación de las conductas que por la sanción y el castigo. Si algo sigue estando pendiente en las políticas públicas feministas es la puesta en marcha de políticas basadas en el fortalecimiento de la capacidad de agencia y de decisión de las mujeres. Esperamos por parte de un gobierno progresista la apuesta tanto por un derecho penal mínimo como por políticas decididas contra la pobreza, la precariedad y la falta de independencia económica de las mujeres. En este sentido nos parece preocupante la propuesta de un reforzamiento penal que no está basada en la eficacia y que parece tener más que ver con el derecho penal simbólico o las rentabilidades políticas del populismo punitivo.

Esta ley, de orden proteccionista y centrada en las “soluciones” penales, desatiende que el principal reto para ampliar la libertad de las mujeres es el de deshacer la tradicional estigmatización del deseo y el placer femeninos. En este sentido, la petición de un sexo explicitado que hace la ley, supuestamente purificado de todas las ambigüedades, dudas, inconsciencias o incluso malentendidos que forman inevitablemente parte de la negociación sexual, nos parece que no va a suponer una ampliación del margen de las mujeres para explorar los deseos con libertad, sino un contraproducente incremento de la regulación sexual en nombre de la seguridad. La definición de consentimiento recogida en el anteproyecto de ley, que establece que todo acto sexual en el que no se manifieste la voluntad expresa de participar en el mismo puede ser considerado delito, nos parece que refuerza la imagen patriarcal tradicional de la vulnerabilidad y la fragilidad femeninas. Esta manera de entender el consentimiento promueve una visión sacralizada e infantilizada de la sexualidad de las mujeres al impedirles elaborar, por sí mismas y al margen del proteccionismo estatal, estrategias para establecer límites sexuales ante conductas intrusivas de baja entidad.

Basándose en esta mirada victimizadora de las mujeres y en un excesivo proteccionismo estatal, se niega la capacidad de decisión de las trabajadoras sexuales al establecer como delito el proxenetismo no coactivo. Queremos manifestar nuestro rechazo a un texto legal que considera a las mujeres no aptas para otorgar consentimiento, dando por hecho que encontrarse en una situación de vulnerabilidad te convierte en alguien que no sabe lo que quiere. De nuevo creemos que la tarea de las instituciones ha de ser garantizar derechos para fortalecer, empoderar y ampliar la capacidad de negociación, pero nunca poner en duda la mayoría de edad de las mujeres. No creemos que las mujeres tengan siempre razón —como no lo creemos de los hombres—, pero, como feministas, combatimos el tradicional descrédito que el patriarcado ha hecho de la voz de las mujeres. En este sentido nos parece indefendible, y menos en nombre de lemas como “Yo sí te creo”, la introducción en nuestro código penal de delitos sexuales que quedan establecidos volviendo inválido e irrelevante el consentimiento de las mujeres. Manifestamos nuestra profunda preocupación por la posibilidad de que, en nombre del consentimiento de las mujeres, se apruebe un texto legal que supone la anulación del valor del consentimiento de las mujeres.

Laura Macaya es especialista en intervención y diseño de políticas públicas en violencia de género. Activista en Proyecto X. Empar Pineda Erdozia es cofundadora de la Comisión proderecho al aborto y del Colectivo de Feministas Lesbianas de Madrid. Clara Serra es filósofa, profesora e investigadora de la Universidad de Barcelona y Cristina Garaizabal es activista feminista y psicóloga. Cofundadora del Colectivo Hetaira. Firman además este texto Virginie Despentes. Escritora. Carolina del Olmo. Filósofa y escritora. Itziar Ziga. Activista feminista, periodista y escritora. Paloma Uría. Doctora y militante feminista y antifranquista de Asturias Raquel Osborne. Socióloga feminista. Miren Ortubay. Profesora de Derecho Penal. Dolores Juliano. Antropóloga feminista. Nuria Sánchez Madrid. Filósofa y profesora de la UCM. Maria Luisa Maqueda Abreu. Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Granada. Ruth Mestre i Mestre. Profesora de Filosofía del Derecho de la U.V. Nuria Alabao. Periodista y activista. Miguel Missé. Sociólogo y activista trans. Rosa Montero. Periodista y escritora. Alba Pez. Socióloga y militante feminista. Fefa Vila Núñez. Activista queer y profesora UCM. Mamen Briz. Periodista y activista feminista. Rommy Arce. Militante de Anticapitalistas. Marta Jiménez Jaen. Profesora de Sociología del género de la Universidad de La laguna. Noemi Parra Abaúnza. Profesora de Trabajo Social de la ULPGC. María Teresa Márquez González. Abogada y militante feminista Sara Rodríguez Pérez. Pedagoga y sexóloga. Belén González. Educadora social. Programa Por los Buenos Tratos- Acción en red Andalucía. Nerea Fillat. Editora y miembro de la Fundación de los Comunes. Isabel Cercenado Calvo. Activista feminista. Máster en Género y Políticas de Igualdad UV. Belén Gutiérrez García. Feminista y educadora infantil. Sejo Carrascosa Lopez. Activista marika. Lumagorri cisheteroaren aurkako taldea. Ester Pérez González. Periodista. Antonio Navarro Escudero. Miembro de la Ejecutiva Regional de CCOO Castilla la Mancha. Maria Victoria Delicado Useros. Profesora Titular de la Universidad de Castilla la Mancha. María Nebot. Profesora de Filosofía, activista feminista y ex Consejera de Igualdad del Cabildo GC. Santiago Alba Rico. Filósofo y escritor. Concha García Altares. Activista feminista, Cofundadora del Colectivo Hetaira. Josetxu Riviere. Especialista en trabajo en masculinidades e igualdad. Zelia Garcia, Periodista, consello redacción Andaina. Nanina Santos, Equipo redacción ANDAINA, revista galega de pensamento feminista. María López Montalbán. Educadora y exvicepresidenta de la Asamblea Regional de Murcia. Norma Vázquez García. Terapeuta feminista. Elo Mayo Cabero. Experta en políticas públicas de género. María Valvidares. Profesora de Derecho Constitucional Universidad de Oviedo. Mª Antonia Caro. Educadora social. Activista feminista. Josefina Jiménez Betancor. Enfermera. Activista feminista. Estefanía Acién González. Profesora de Antropología Social de la Universidad de Almería. Participante en la iniciativa #UniversidadSinCensura. Carmen Heredero. Feminista y sindicalista. Especialista en coeducación. Paky Maldonado López. Psicóloga, orientadora educativa, docente LGTBI

 

Negar el consentimiento. A propósito de la Ley de libertades sexuales

El contexto amenazador de aquel portal del caso de la Manada no es el mundo en el que vivimos y pensar desde ese escenario el conjunto de la sexualidad limita y restringe las posibilidades de ampliar nuestra libertad sexual

 

Por Clara Serra @Clara_Serra_

6 de marzo de 2021

https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/negar-consentimiento-proposito-ley-libertades-sexuales_129_7267469.html

 

En el contexto de diversos debates que atravesaban al feminismo francés en los años dos mil, Judith Butler, en una entrevista en la que se le preguntaba su opinión acerca de las controversias del momento, se remontaba a la escisión del feminismo norteamericano en los años 80. Butler recordaba el debate abierto por Catherine MacKinnon sobre el acoso sexual, punto de inicio de un cisma dentro del movimiento feminista que ha llegado hasta hoy. En The sexual harassment of working women (1979), MacKinnon problematizaba la capacidad de las mujeres trabajadoras para decir «no» a las insinuaciones sexuales de hombres en posiciones de poder. La autora quería poner sobre la mesa el hecho de que en los contextos laborales las mujeres que rechazaban invitaciones sexuales por parte de sus jefes se exponían a represalias y que, por lo tanto, su capacidad de consentir y expresar su voluntad quedaba en entredicho.

Esta llamada de atención de MacKinnon sobre los espacios laborales —a los que Butler añade los espacios universitarios y podríamos añadir otros ejemplos en los que se da una gran concentración de poder en puestos mayoritariamente ocupados por hombres (pensemos, por ejemplo, en el ejército)— podría haber tenido como conclusión que hay que contextualizar la sexualidad. Cuando una persona tiene un gran poder sobre la vida de otra y tiene, en consecuencia, la posibilidad de abusar de ese poder, podríamos ser puntualmente, y en algunas ocasiones debidamente justificadas, más exigentes con las pruebas o garantías que necesitamos para dar por buena la capacidad de consentir de las personas en posiciones subalternas, generalmente las mujeres.

Del acoso sexual a la sexualidad como acoso

Sin embargo, como dice Butler, «Catherine MacKinnon tomó una dirección diferente. Pronto añadió a su argumento inicial que los hombres tienen el poder y que las mujeres no lo tienen; y que el acoso sexual es un modelo, un paradigma que permite pensar las relaciones sexuales heterosexuales como tales. En alianza con Andrea Dworking, MacKinnon llega a describir a los hombres como si siempre estuvieran en la posición dominante, y como si la dominación fuera su único objetivo, así como su único objeto de deseo sexual. A mi parecer, esta evolución fue un error trágico. En consecuencia, la estructura del acoso sexual dejaba de ser concebida como una contingencia determinada por un contexto institucional: se generalizó hasta el punto de manifestar una estructura social en la que los hombres dominan y las mujeres son dominadas. Por tanto, las mujeres eran siempre víctimas de chantaje, se encontraban siempre en un ambiente hostil. Peor todavía, el mundo mismo era un ambiente hostil y el chantaje era simplemente el modus operandi de la heterosexualidad» (Butler, 2003). Esta extensión del acoso sexual, convertido en la lógica misma de la sexualidad, llevó al feminismo abolicionista a considerar el sexo como un terreno inevitablemente peligroso para las mujeres, a convertir la pornografía en el símbolo y la representación privilegiada de ese paradigma sexual, a demandar un fuerte papel protector del estado y a poner en marcha políticas prohibicionistas y punitivas en nombre de nuestra seguridad. Bajo las premisas de un enorme sistema de abuso de poder generalizado, el feminismo generalizó también, y de modo igualmente sistemático, la incapacidad que las mujeres tenemos de dar nuestro consentimiento. Y este feminismo no solamente puso en entredicho la capacidad de decir «no» que tenían las mujeres en el terreno de la pornografía o de cualquier forma de trabajo sexual. Declaró antifeminista el sadomasoquismo y otras muchas formas supuestamente violentas o denigrantes de sexualidad ya que, aunque las mujeres las aceptaran —aunque dijeran explicitamente sí— no estaban en condiciones de consentirlas con libertad. Así, el abolicionismo americano infantilizó a las mujeres y restauró en nombre del feminismo un puritanismo sexual que encontró felices alianzas con el moralismo conservador de la derecha americana de Reagan.

De la Manada como caso a la Manada como modelo

Aquellos debates americanos, pertinentes para Butler para pensar las encrucijadas del feminismo francés de hace dos décadas, son igualmente iluminadores para comprender nuestro propio contexto de hoy. Los últimos años los periódicos y las televisiones se han llenado de casos en los que la capacidad de las mujeres para consentir una relación sexual —bien por ser menores de edad, por haber consumido drogas, por estar inconscientes— se veía completamente anulada o seriamente comprometida. Este tipo de ejemplos han cobrado una enorme presencia, sobre ellos hemos centrado nuestros análisis y nuestros imaginarios para pensar la libertad sexual. El caso de la Manada es probablemente el acontecimiento más relevante de un giro que, como el feminismo de MacKinnon, nos lleva a una mirada sobre la sexualidad que toma la parte por el todo. Así como las relaciones sexuales en contextos laborales nos obligaban a pensar el consentimiento en condiciones de especial desigualdad institucional, el caso de la Manada ponía sobre la mesa que puede haber ocasiones en las que una importante desigualdad o un contexto altamente intimidatorio —por ejemplo cinco hombres en un portal— ponga especialmente en cuestión la libertad de una mujer para expresar su voluntad. En efecto, a veces no es posible decir «no» y es imprescindible que nuestras leyes tengan instrumentos para juzgar correctamente esos casos excepcionales, pero como dice Lucía González Mendiondo, «no podemos actuar contra las agresiones sexuales tomando La Manada como modelo«. Una cosa es pedir que las leyes tengan herramientas para abordar correctamente los contextos particulares en los que el consentimiento está comprometido, resulta particularmente problemático o está directamente imposibilitado. Otra muy distinta es extender una visión de la sexualidad en la que las mujeres son, más allá de todo contexto, incapaces de decir siempre que no o expresar la voluntad. Pensar la sexualidad como si las mujeres estuviéramos siempre en condiciones de desigualdad insuperable, como si siempre estuviéramos en peligro, como si la intimidación no se produjera en determinados contextos sino que el sexo fuera siempre intimidatorio, es altamente reaccionario. Consolida la tradicional imagen femenina de la fragilidad y la vulnerabilidad y acaba reproduciendo el lugar que el patriarcado siempre ha asignado a las mujeres y fortificando los límites de nuestra libertad sexual.

Del «no es no» al «sólo sí es sí«

Este giro en la mirada sobre la sexualidad ha sido en parte potenciado por el uso que ha tenido el lema «sólo sí es sí» en un contexto social sacudido por el caso de La Manada. El problema, justamente, es ese. El contexto amenazador de aquel portal oscuro no es el mundo en el que vivimos y pensar desde ese escenario el conjunto de la sexualidad limita y restringe las posibilidades de ampliar nuestra libertad al instaurar un escenario de peligro que acaba trayendo consigo la negación de nuestra voluntad.

Si el lema «no es no» ha sido tan importante para expresar las demandas de libertad del feminismo es porque hace saber a la sociedad y a los hombres que en cualquier momento las mujeres pueden retirar su consentimiento en el marco de las relaciones sexuales y que esa negativa, una expresión explícita de la voluntad, debe ser absolutamente respetada. Ese mensaje es importante no sólo hacia los hombres, es importante para todas las mujeres. Porque, en efecto, rompe con las demandas de disponibilidad y complacencia que una educación patriarcal nos hace a todas nosotras y porque nos dice que esa ruptura es posible, que somos capaces de hacerla, porque nos anima a tomar la palabra, porque nos empuja y nos empodera. Todas sabemos lo que pesan los mandatos de género patriarcales: decir que no requiere un aprendizaje, es una superación y una conquista. Ayudarnos entre todas a aprenderlo es una tarea feminista y este lema expresa la voluntad de llevarla a cabo. Los hombres deben aprender a respetar la voluntad de las mujeres, las mujeres tenemos que aprender a expresarla. Y es esa confianza en que podemos ser capaces de decir que no —junto a la garantía legal de que ese no será respetado— la que puede dar a las mujeres seguridad no sólo en el Estado y su intermediación, sino seguridad en nosotras mismas. Es esa seguridad la que puede empoderarnos para adentrarnos con confianza y libertad en un terreno sexual que solamente si deja de ser puro peligro, podrá ser también un lugar en el que nos esperan placeres. El sexo no es solo un campo de amenazas pero tampoco está exento de zonas oscuras, de dudas y falta de certezas. Las mujeres seremos más libres si tenemos herramientas para asumir las incertidumbres de la sexualidad y salir ilesas de ellas, si no cambiamos los riesgos que acompañan a la libertad por proteccionismos securitarios.

El giro hacia el lema «solo sí es sí», vinculado a los casos judiciales en los que expresar una voluntad clara no es posible —ni por tanto exigible hacia las mujeres—, nos lleva más bien a un escenario en el que, en ausencia de un sí explícito, hay que presumir la negativa sistemática de las mujeres. Todo lo que no sea un clarísimo sí ha de ser entendido como un clarísimo no. A pesar de que pueda parecer un lema afirmativo, supone una extensión del campo del no y comunica a toda la sociedad que, por defecto, las mujeres no desean sexo. ¿Es esta una imagen empoderadora? ¿Rompe con los estereotipos patriarcales? ¿O acaso los consolida y los refuerza?  Este lema, de nuevo, no manda solo un mensaje a la sociedad, lo manda también a las mujeres. Asume la ausencia generalizada de las condiciones para decir que no, renuncia a trabajar para hacernos más capaces de expresarlo y, dada por perdida esa posibilidad, otorga al Estado protector el deber de decirlo por todas nosotras.

De la libertad a la seguridad

Algunos de los discursos que han sido hegemónicos estos años han comprado por completo, como el feminismo americano abolicionista,  la idea de que el gran obstáculo para la libertad sexual de las mujeres es la sexualidad depredadora de los hombres. Olvidan que ese no es ningún relato que no haya explotado ya el propio patriarcado, que lleva siglos advirtiendo a todas las caperucitas del peligro que suponen los lobos. Lo realmente peligroso para nuestro orden social es el placer sexual de las mujeres y la principal manera de restringirlo ha sido asociar el sexo al peligro y fomentar nuestro miedo. Ese miedo existe, es real y las mujeres lo conocemos. ¿Pero cuáles son los discursos feministas que necesitamos para afrontarlo? Es importante preguntarnos si la explotación mediática y política que los últimos años se ha hecho de determinados imaginarios no ha contruibuido en parte a una extensión del acoso no como caso particular sino como modelo, como paradigma, como lógica generalizada de las relaciones sexuales. Y si esta hipertrofia del poder de los hombres y de la vulnerabilidad de las mujeres no puede devenir paralizante para nuestro deseo. Debemos preguntarnos si determinados discursos no han servido en parte para fortalecer los roles pasivos que el patriarcado asigna a las mujeres, si ciertos marcos que estamos asentando no invisibilizan y niegan justamente las desobediencias femeninas. Cuando las mujeres toman la iniciativa, cuando se arriesgan a explorar lo que desean, cuando se lanzan sin tener todo asegurado, cuando asumen las incertidumbres que implica ser parte activa en la negociación de sus deseos, cuando exploran los deseos propios y ajenos —sin tener, por cierto, un sí explícito por el otro lado—, lo hacen justamente desoyendo los mandatos patriarcales. ¿No es eso justamente ganar libertad sexual para las mujeres? ¿No hay que avanzar por ese camino? ¿No hay que ensanchar esas posibilidades? ¿Por qué pensamos que regular ese juego solo restringe la iniciativa de los hombres? ¿No restringe también la libertad sexual de las mujeres?

«Hay un error muy grande que está ocurriendo en algunos feminismos -dice Rita Segato-: una presión para entregar a una instancia ajena (el Estado) la negociación de nuestro deseo.» La promesa securitaria de un sexo sin ambiguedades ni oscuridades, de un sexo explicitado, previamente pactado y garantizado por un Estado que vela por su transparencia supone asumir que en una sexualidad más espontánea y menos regulada solo ganan los hombres. Supone, por tanto, olvidar que si el control y la vigilancia sexual ha tenido unas perjudicadas estas han sido fundamentalmente las mujeres.

Negar el consentimiento en nombre del consentimiento

¿Qué pasa cuando, en lugar de contextualizar la sexualidad, convertimos el abuso sexual  en un paradigma? ¿Cuáles son las consecuencias de considerar que todas somos demasiado pequeñas para la magnitud de los peligros, que todas estamos ante un jefe acosador, que todas somos estudiantes ante el poder de un profesor, que todas somos niñas entre lobos, que todas estamos en un portal oscuro, que todas somos menores de edad, que todas tenemos nuestra voluntad anulada? ¿Cómo haríamos si tuviéramos que proteger a las mujeres no de ciertos contextos hostiles sino de un mundo mismo que se ha vuelto hostil? Ese error trágico al que hacía referencia Butler es el que separa dos feminismo muy distintos. Uno dedicado a legislar para hacer posible que las mujeres puedan decir «no», porque es eso justamente lo que amplía la posibilidad de poder explorar sus deseos sin miedo. Un feminismo comprometido, por tanto, con poner en marcha en el mundo las condiciones —a veces jurídicas pero sobre todo económicas, educativas, culturales, etc— de nuestra independencia y nuestra libertad. El otro feminismo posible es el que nos aboca a resignarnos en nuestra indefensión, que asume que siempre seremos víctimas, que no podremos decir que «no» y que aspira, a lo sumo, a mitigar el dolor y penalizar los daños.

Actualmente está en debate en nuestro país una propuesta de Ley de libertades sexuales que incorpora entre sus artículos algunas propuestas positivas pero que, en conjunto, supone la consolidación de un giro conservador en la manera de abordar la sexualidad. Partiendo de la premisa de que las mujeres tienen más necesidad de seguridad y protección que de libertad, esta reforma legislativa está centrada en la protección de la violencia y no en la ampliación del campo del placer, implica una apuesta securitaria por la regulación de nuestro deseo y por el arbitraje estatal sobre la sexualidad. Es decir, amplía el papel del Estado en las negociaciones sexuales porque asume que decir «no» por parte de las mujeres no es difícil a veces, es difícil siempre. Implica, por consiguiente, una extensión del punitivismo. Propone la creación de nuevos delitos, entre ellos un nuevo delito de acoso sexual que pretende combatir el machismo y los comportamientos sexistas leves mediante el código penal. ¿De verdad cuando el feminismo tiene tanta hegemonía hemos de combatir los comportamiento sexistas que nos incomodan con multas y penas y no a través de la cultura, la educación y las batallas ideológicas que estamos en condiciones de librar?

Y, por último, supone una limitación de nuestro consentimiento y una negación de nuestra voluntad, incorporando a nuestro ordenamiento jurídico delitos de explotación sexual que quedan fijados «aún con el consentimiento de la persona». Ahora bien, esa indiferencia ante el consentimiento de las trabajadoras del sexo que forma parte del pensamiento abolicionista no es solo un cuestionamiento hacia la capacidad de consentir de las prostitutas, es la consecuencia inevitable de un feminismo que ya ha puesto en duda y de modo generalizado la capacidad de consentir de todas las mujeres. Y es que, en efecto, como demuestra la evolución del feminismo radical americano, el abolicionismo no es solo una posición concreta limitada al asunto de la prostitución, es una filosofía y una manera de pensar la sexualidad. La alerta de Judith Butler tiene plena vigencia hoy: se empieza poniendo en cuestión la capacidad de las mujeres para decir que «no» más allá de ciertos contextos cuidadosamente limitados y se acaba cuestionando a las mujeres también cuando dicen que sí. Por eso esta reforma, defendida en nombre de la centralidad del consentimiento, incorpora lo que siempre ha incorporado el feminismo conservador y securitario, una negación de nuestro consentimiento. En otras palabras:  una desconfianza en nuestra libertad.

 

«Nos niegan derechos por el hecho de ser putas y mantenernos encima de los tacones»

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) ha llevado a cabo acciones por la capital hispalense para conmemorar el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales

 

Carmen Marchena

4 de marzo de 2021

https://www.lavozdelsur.es/ediciones/sevilla/prostitucion-nos-niegan-derechos-por-ser-putas-y-mantenernos-encima-de-los-tacones_256775_102.html

 

María José Barrera (Colectivo de Prostitutas de Sevilla) en el encuentro por el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en la Alameda de Hércules. JOSÉ LUIS TIRADO

 

El 3 de marzo de 2001, más 25.000 trabajadoras sexuales acudieron a un festival en Calcuta (La India), a pesar de los grupos prohibicionistas, para reivindicar sus derechos laborales como ciudadanas. Desde entonces, cada 3 de marzo, se celebra el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales. 20 años después, este colectivo sigue sin tener reconocidos sus derechos como cualquier trabajador/a y continúa fuertemente estigmatizado por la sociedad.

“Si las putas de países no tan privilegiados como el nuestro salieron a la calle pidiendo derechos en situaciones muchísimo peores, será porque vivir sin derechos no es vida”, exclamaba ayer María José Barrera, la portavoz del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) en mitad de la Alameda de Hércules de Sevilla. Las trabajadoras sexuales organizadas, o como ellas mismas se llaman con orgullo “las putas organizadas”, convocaron varias acciones para informar sobre su situación y exponer cuáles son sus peticiones, con el fin de generar empatía para que se las ayude a conseguir “los mismos derechos que el resto de personas como ciudadanxs de pleno derecho”.

María José, ataviada con su camiseta de “Sin trabajadoras sexuales no hay feminismo”, expuso la cruda realidad a la que se han enfrentado miles de trabajadorxs sexuales durante el confinamiento. “En el último año hemos sido ignoradas tanto por el Gobierno como por el resto de las instituciones, no hemos accedido al Ingreso Mínimo Vital ni a ningún tipo de ayuda, a pesar de nuestro trabajo”, revela su manifiesto. El círculo alrededor de Barrera se hizo cada vez más numeroso, pero siempre guardando las distancias de seguridad. “Mientras las mujeres vivan en un sistema capitalista y patriarcal, seguirán viéndose abocadas a ejercer la prostitución”, espetaba elevando el tono con una aclaración: “Somos pro derechos, no somos regulacionistas. Estamos luchando por los derechos laborales, no estamos engañando a nadie”.

María José durante su intervención previa a las acciones. JOSÉ LUIS TIRADO

Durante su exposición aprovechó para agradecer el apoyo “cada vez mayor”, ya que “somos conscientes de que no resulta fácil acercarse a un colectivo como el nuestro, cuando ni siquiera las putas pueden dar la cara precisamente por la violencia que recibimos al exponer nuestra realidad”. Seguidamente clamó por “la protección real para las víctimas de trata” y por “alternativas efectivas para las compañeras que quieran dejar la prostitución”. En este sentido, la portavoz del CPS manifestó que “las putas no queremos salvaoras, queremos derechos reconocidos y no vernos abocadas a ejercer la prostitución, para que nadie tenga que venir a salvarnos”, en alusión a la “industria del rescate”.

En el manifiesto también denuncian que “el proyecto de Ley Orgánica de Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad quiere perseguirnos a través de la clausura de nuestros espacios de trabajo, incluyéndose en esta ley la tercería locativa (que prohibiría que un tercero se lucre del trabajo de las prostitutas), el llamado proxenetismo no coactivo, que no podamos trabajar en clubs y agencias, o incluso que quien nos lleve en taxi a trabajar pueda llegar a ser considerado nuestro ‘proxeneta’, y por supuesto a través de la Ley Mordaza, con multas a aquellas que trabajen en la calle”.

Minutos antes de salir a la pegada de pegatinas y la colocación de paraguas rojos por monumentos históricos de la ciudad, María José insistió en que “nos niegan derechos por el hecho de ser putas y mantenernos encima de los tacones”. E ilustró con firmeza: “Nosotras hemos decidido dónde ponemos el coño en esta mierda de patriarcado y lo cobramos”. Porque no solo hay mujeres que quieren dejar la prostitución, advirtió, «también las hay que quieren dejar de limpiar casas y de cuidar a domicilio, porque estamos hartas de trabajos feminizados de mierda». Finalizó su exposición con una llamada a la acción: “No acordaros de las putas para el victimismo, sino preguntémonos qué podemos hacer por ellas, ¿o es que alguien se preocupa por lo que comemos o en qué condiciones están nuestros lugares de trabajo?». Además de criticar la desprotección que implica no tener derechos laborales de cara a la sanidad pública.

Colocación de la pancarta en la muralla frente al Parlamento andaluz. JOSÉ LUIS TIRADO

La noche terminó con la colocación de una pancarta en la muralla de la ronda frente al Parlamento de Andalucía con el lema: «Putas con derechos». Para el 7 de marzo tienen prevista una acción estatal en redes con las fotografías de todos los monumentos históricos retratados con paraguas rojos para reivindicar los derechos de todas las personas que «ejercen el trabajo sexual y transgreden la norma social».

Asimismo, los objetivos que proponen desde los colectivos pro derechos de trabajadoras sexuales en su manifiesto son, además de conseguir los derechos sociolabores como cualquier ciudadana o ciudadano, «frenar todas aquellas medidas punitivas que quieren acabar con nuestro trabajo; eliminar los artículos 187.2 y 187 bis del proyecto de ley (tercería locativa y proxenetismo no coactivo); la derogación de todas las ordenanzas municipales que las criminalizan, así como los preceptos de la ley mordaza que nos persiguen; el cese de redadas persecutorias contra las compañeras migrantes para tramitar órdenes de expulsión, así como su acceso a la salud y empadronamiento, y la protección real y efectiva (protección, asilo e indemnización) para las víctimas de trata, y que estas no sean instrumentalizadas».

 

Poder para las mujeres prostitutas de todo el mundo, poder para todas las mujeres

Fragmento de ‘Putas insolentes: La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales’ (Traficantes de Sueños, 2020)

 

Juno Mac / Molly Smith

2 de octubre de 2020

https://ctxt.es/es/20201001/Politica/33516/Molly-Smith-Juno-Mac-feminismo-prostitucion-trabajo-sexual-Traficantes-de-Suenos.htm

 

Barrio Rojo de Ámsterdam.

 

Empoderamiento es una palabra que sale mucho en las discusiones sobre el trabajo sexual. Se abusa de ella hasta el punto de la sátira (a menudo en las descripciones que hacen los medios de comunicación de las trabajadoras sexuales de clase media), para hablar de rebelión sexual, de la emoción del dinero fácil en mano o de la supuesta libertad de elección individual para vender servicios sexuales. Estas conversaciones absurdas enmarcan el intercambio de sexo por dinero como una acción inherentemente empoderadora. Esta perspectiva liberal –que la capacidad de una persona de aprovecharse de su propia cosificación sexual puede mágicamente transformar el statu quo de todas– sume en la duda a muchas críticas feministas.2

Nosotras también criticamos las descripciones simplistas del “empoderamiento” o de la “elección”. Si bien depende de cada trabajadora sexual describir sus propias experiencias (y sabiendo que estos argumentos son muchas veces una respuesta defensiva ante el estigma), compartimos el punto de vista de otras feministas que observan que la prostitución está normalmente contextualizada por una falta de opciones, antes que por su abundancia.

El “empoderamiento” es una pantalla de humo. Lo vemos desplegado como un gancho en titulares como “¿El trabajo sexual empodera o esclaviza?”, “Me convertí en escort para empoderarme, pero solo me aplastó el alma», “Mi experiencia: fui escort durante ocho años, creyendo que me empoderaría, y no lo hizo” o “Trabajadora sexual y madre: sí, mi trabajo me empodera”.3 Estas invocaciones a los sentimientos personales nos desvían de una conversación, mucho más complicada, sobre el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado.


La fuente más potente y desaprovechada de poder para las trabajadoras sexuales no es la liberación sexual, la rebelión social o ni siquiera el dinero, sino la solidaridad


Desgraciadamente para las trabajadoras sexuales, el impulso por volver a colocar estas estructuras en el foco a menudo parece venir acompañado de una buena dosis de bilis. Las críticas al “feminismo de la elección”, casi inevitablemente, suben de tono hasta el punto de pronunciar juicios mordaces en los cuales el trabajo que hacen las prostitutas no resulta “un trabajo de verdad” y en los que los legítimos argumentos económicos para sus estrategias, no solamente no son radicales, sino despreciables o traidores. La periodista Meghan Murphy escribe: “Vuestra ‘libertad de elegir’ bien puede representar vuestros sentimientos de empoderamiento personal en vuestra propia vida, pero de ninguna manera libera a nadie más que a vosotras y, de hecho, vuestra ‘elección’ solo puede existir a expensas de la opresión de otra mujer”.4

Este tipo de declaraciones pocas veces se aplica a la elección de las mujeres de asumir trabajos que dan apoyo al Estado carcelario. Una feminista en contra de la prostitución, por ejemplo, adopta el consabido modo confesional para entregarnos un ensayo que fácilmente podría haberse titulado: “Mi experiencia: me gustó la cárcel y a ti te gustará también”. La ensayista escribe que sus experiencias, “afortunadamente me llevaron a la cárcel”. Y añade: “Nunca pensé que la cárcel sería mi salvación. Ahora espero hacer lo mismo para otras víctimas como yo”.5 Al final del ensayo se descubre que la autora ahora trabaja como fiscal. Cuando las trabajadoras sexuales escriben este tipo de ensayos: “Hice foot porn para pagarme los estudios universitarios”, inevitablemente le dicen: “Puede que a ti te haya ido bien, pero, ¿realmente crees que tu experiencia es representativa? Piensa en las mujeres a las que daña este sistema”. Si algún ensayo alguna vez se ha hecho merecedor de tal respuesta sin duda es este encendido elogio de la detención y la cárcel. El feminismo dominante, no obstante, parece estar más cómodo haciéndose estas preguntas sobre las cam girls que sobre las fiscales.

Las trabajadoras sexuales se convierten en chivos expiatorios de manera desproporcionada. Una organización feminista ostensiblemente en contra de la prostitución sugiere que la prostitución causa un daño medioambiental significativo, destacando el uso de medicación (supuestamente de anticonceptivos orales) y de maquillaje por parte de las trabajadoras sexuales.6 No vemos un desprecio tan generalizado por las feministas que han tratado de apañárselas lo mejor que pueden con el contrato del matrimonio patriarcal. Tampoco deberíamos verlo. No todo el mundo tiene los recursos para derribar la institución del matrimonio, una institución que está conformada por las necesidades económicas de las mujeres de una manera muy parecida a lo que lo está la prostitución.

Las trabajadoras sexuales que no aparecen en las revistas de moda definen a veces la capacidad de migrar para salir de la pobreza, de decir que no a los usureros, de asistir a la escuela nocturna, o de separarse con seguridad de una pareja maltratadora como “empoderamiento”. En lugar de discutir sobre si los triunfos individuales de las trabajadoras sexuales sobre la adversidad constituyen un “auténtico feminismo”, deberíamos hacernos una pregunta más útil: “¿Qué es lo que les ha restado poder? ¿Cómo pueden recuperarlo?”.


Las trabajadoras sexuales quieren un futuro mejor, en el que todas tengan su parte justa de recursos y en el que puedan tener acceso a la curación y a la justicia


La fuente más potente y desaprovechada de poder para las trabajadoras sexuales no es la liberación sexual, la rebelión social o ni siquiera el dinero, sino la solidaridad. La comunidad de trabajadoras sexuales se está expandiendo rápidamente a medida que las personas se percatan del potencial de resistir juntas. “Durante tres años viví una vida dividida: la vida de una mujer y la vida de una prostituta”, dice Bárbara, colíder de la ocupación de una iglesia de Lyon, Francia, por parte de las trabajadoras sexuales, que impulsó el moderno movimiento de las trabajadoras sexuales. “Y un día, en 1975, me di cuenta, hablando con las demás, de que así no podía seguir”. Cuando salieron las noticias de la ocupación de Lyon, las trabajadoras sexuales de toda Francia se inspiraron en ella: a lo largo de la siguiente semana se ocuparon iglesias en París, Marsella, Grenoble, Saint-Étienne y Montpellier. La idea de que una prostituta, objeto de abuso de la policía, pudiera un día tomar a la fuerza una iglesia junto con docenas de amigas era emocionante y esperanzadora. “Ninguna de nosotras irá a la cárcel”, proclamaron audazmente las manifestantes. “La policía tendrá que masacrarnos en la iglesia”.7

En la misma década, pero a medio mundo de distancia, la prostituta brasileña Gabriela Leite tuvo una inspiración similar. Después de que en 1978 su amiga fuera asesinada por un policía empezó a hablar en público acerca de la vida en la calle.8 Hizo autostop sola por todo Brasil para presentar su visión de un movimiento de putas revolucionarias, convenciendo a quienes se encontraba en la calle o en los burdeles para que se organizaran, que se negaran a ser aplastadas, que transformaran la represión en rabia y que fueran las protagonistas de sus propias historias.

Nadie nos va a dar el poder: ni la policía, ni nuestros jefes, ni nuestros clientes. El poder siempre se conquista. Tenemos que tomar lo que se nos debe, tal y como demostraron activistas como Gabriela y Bárbara hace cuatro décadas. Ellas sabían lo que sabe ahora el movimiento: que no tener la ocasión de hablar no significa que no tengamos voz. A cuarenta trabajadoras sexuales gritando en contra de las deportaciones en el exterior de un edificio gubernamental se les escucha.9 Cien trabajadoras sexuales bloqueando el tráfico son fáciles de ver.10

A las trabajadoras sexuales se nos ha hecho escuchar; ahora es nuestro momento de hablar. No estamos esperando a que nos inviten al movimiento feminista. Siempre hemos estado ahí. En 1977, Black Women for Wages for Housework afirmaba que “parte del trabajo de ser prostituta es convertirte en un ejemplo de lo que supone rechazar la pobreza en la que el Hombre nos obliga a vivir, ser un látigo contra otras mujeres”.11 La amenaza de ser “tratada como una puta” obliga a las mujeres a mantenerse a distancia de nosotras; pero la manera en la que una puta combate contra el poder tiene valor para todas.

Las políticas de prostitución no deberían implicar la disputa entre mujeres, sino la colaboración. Las trabajadoras sexuales, como lo queremos todas,  quieren un futuro mejor, uno en el que todo el mundo tenga su parte justa en los recursos y en el que las supervivientes puedan tener acceso a la curación y a la justicia. Queremos un futuro en el que la revuelta y la resistencia feminista sean avivadas por el espíritu audaz de las prostitutas que exigen estar seguras, que les paguen y les escuchen. En las palabras de Black Women for Wages for Housework: “Cuando las prostitutas ganan, todas las mujeres ganan”.

 

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Fragmento de ‘Putas insolentes: La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales’ (Traficantes de Sueños, 2020)

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Notas

1 English Collective of Prostitutes (ECP), “Supporting Statement by the English Collective of Prostitutes”, LIES: A journal of materialist feminism, 1977, disponible en liesjournal.net.

2 “Quiero opciones reales. Quiero cambiar el sistema dentro del cual se hacen estas elecciones, no solamente usar el lenguaje de la libre elección para beneficiarme o tranquilizarme. […] Quiero un empoderamiento colectivo, no un empoderamiento temporal únicamente para unas pocas”. M. Murphy, “Choice Feminism”, Herizons, verano de 2012, disponible en herizons.ca

3 Ravishly, “Is Sex Work Empowering or Enslaving? 12 Experts Weigh In”, Huffington Post, octubre de 2014, disponible en huffingtonpost.com; Rebel Circus, “I Became an Escort To Empower Myself, but It only Crushed My Soul”, Rebel Circus, 2017, disponible en rebelcircus.com; Femme Fatale, “IT HAPPENED TO ME: I Was an Escort for Eight Years, Believing It Would Empower Me, and It Didn’t”, xo jane, 2015, disponible en xojane.com; E. Sless, “Sex worker & mother: ‘Yes, I AM empowered by my job’”, Mamma Mia, 2012, disponible en mamamia.com.

4 M. Murphy, “The trouble with choosing your choice”, Feminist Current, 2011, disponible en feministcurrent.com.

5 M. Hatcher, “76% of all inmates end up back in jail within 5 years. Here’s how I broke the cycle”, Vox, 2017, disponible en vox.com.

6 Object! (@objectUK) Twitter, 5:39 am., 3 de marzo de 2018.

7 E. Aroney y J. Beressi, “La Revolte des Prostituees [The Prostitutes’ Revolt]”, RTBF (Brussels) and Radio France Culture, video, Vimeo (usuario: In The Dark), 16 de septiembre de 2015, disponible en vimeo.com/139457788.

G. S. Leite, “The prostitute movement in Brazil: Culture and religiosity”, International Review of Mission, núm. 85: 338, 1996, pp. 417-426.

9 Sex Worker Advocacy and Resistance Movement (SWARM), “Shut down Yarls Wood”, SWARM, 15 de mayo de 2017, disponible en swarmcollective.org.

10 T. Davidson, “Toronto sex workers protest new prostitution legislation”, The Toronto Sun, 14 de junio de 2014, disponible en torontosun.com.

11 Black Women for Wages for Housework, “Money for Prostitutes is Money for Black Women”, op. cit.