Se equivocan las abolicionistas

 

 

Se equivocan las abolicionistas si creen que van a acabar con la prostitución. Y no porque sea imposible, sino porque no han adoptado la táctica adecuada. Hacer la guerra a la prostitución “manu militari”, como se hace la guerra a las drogas o al terrorismo, solo llevará a un mayor sufrimiento de las mujeres y a un mayor enriquecimiento de las mafias, estatales y no estatales, para mayor gloria del feminismo carcelario.

La forma de acabar con la prostitución es llevar a cabo una guerra comercial que hunda los precios y arruine a la competencia. Esta guerra debería enfocarse en la demanda, por una parte, y en la oferta, por otra.

Acabar con la demanda de sexo pagado es fácil: basta con ofrecer sexo gratis. Y a esto las feministas abolicionistas no deberían objetar nada, ya que defienden el derecho a hacer con el propio cuerpo lo que se quiera y tienen muy claro que la fidelidad conyugal y la castidad virginal son instituciones patriarcales. Ahí están las Femen, usando sus tetas como arma de combate. Ya veo a las cohortes de feministas abolicionistas recorriendo los polígonos y haciendo que pagar por sexo sea lo más estúpido de este mundo.

Y en cuanto a la oferta, terminar con ella no puede ser asimismo más fácil: basta con ofrecer a cada prostituta una renta equivalente a sus ganancias y en las mismas condiciones, es decir, no hacer nada más que acostarse con quien le de la gana y cuando le de la gana.

Si no se pone fin a la prostitución es porque las abolicionistas no quieren.

Ellas sabrán por qué quieren llevar adelante una guerra que solo beneficia a las mafias.

¿Prostitución, trata o trabajo?

1 septiembre, 2014

Marta Lamas

http://www.nexos.com.mx/?p=22354

 

“Todo lo que nos incomoda nos permite definirnos”.
—Cioran

 

En 1989 empecé una relación de acompañamiento político a unas trabajadoras sexuales de vía pública en la ciudad de México, que después derivó en la realización de una investigación antropológica sobre algunos aspectos de sus vivencias y su organización del trabajo.1 De entonces a la fecha he visto cambios sorprendentes en cómo se habla y discute sobre el comercio sexual. En especial, me impacta que la propuesta de reglamentación del trabajo sexual se ha ido transformando en un alegato a favor de su total erradicación. En estas páginas intento aclarar mi posición, ante la postura de quienes insisten en “abolir” toda forma de comercio sexual, usando como excusa el combate a la trata.

Prostitución es un término que únicamente alude de manera denigratoria a quien vende servicios sexuales, mientras que comercio sexual da cuenta del proceso de compra-venta, que incluye también al cliente. Respecto a esta actividad persisten dos paradigmas: uno es el que considera que la explotación, la denigración y la violencia contra las mujeres son inherentes al comercio sexual y por lo tanto habría que abolir dicha práctica, y otro el que plantea que tal actividad tiene un rango de formas variadas de desempeño que deberían regularse así como reconocerse los derechos laborales de quienes se dedican a ella.2

A pesar de que a lo largo de los últimos 30 años muchas trabajadoras3 han reivindicado su quehacer como una cuestión laboral, desarrollando diversas estrategias para obtener derechos correspondientes, en la última década se ha multiplicado una perspectiva que califica a todas las mujeres que trabajan en el comercio sexual de “víctimas”. Hoy en día es patente el crecimiento y la expansión del comercio sexual, lo que expresa no sólo un fenómeno económico sino también una transformación cultural. Este notorio aumento viene de la mano de la liberalización de las costumbres sexuales y de la desregulación neoliberal de los mercados, que han permitido la expansión de las industrias sexuales como nunca antes, con una proliferación de nuevos productos y servicios sexuales: shows de sexo en vivo, masajes eróticos, table dance y strippers, servicios de acompañamiento (escorts), sexo telefónico y turismo sexual. Aunque la droga y el SIDA la han impactado dramáticamente, la industria mundial del sexo se ha convertido en un gran empleador de millones de personas que trabajan en ella, y que atraen igualmente a millones de clientes. Los empresarios tienen agencias de reclutamiento y sus operadores vinculan a los clubes y burdeles locales en varias partes del mundo, en un paralelismo con las empresas transnacionales de la economía formal. Y al igual que éstas, algunas se dedican a negocios criminales, como el mercado negro de la trata.

Las feministas que han reflexionado sobre el tema están divididas al respecto: hay quienes subrayan la autonomía en la toma de tal “decisión” mientras que del otro lado están quienes insisten en la “explotación” y coerción. Ahora bien, no son excluyentes: puede haber decisión y explotación, autonomía para ciertos aspectos y coerción para otros (Widdows 2013). Unas feministas argumentan que ninguna mujer “elige” prostituirse, que siempre son engañadas u orilladas por traumas infantiles de abuso sexual; otras aseguran que la mayoría lleva a cabo un análisis del panorama laboral y toma la opción de un ingreso superior a las demás posibilidades que están a su alcance. “Elegir” en este caso no implica una total autonomía, ni siquiera supone optar entre dos cosas equiparables, sino preferir, no un bien, sino el menor de los males.

En México en el contexto de la precarización laboral (el desempleo, la ausencia de una cobertura de seguridad social y la miserabilidad de los salarios) la llamada “prostitución” es una forma importante de subsistencia para muchas mujeres. Es un hecho que las necesidades económicas llevan a la gente sin recursos a hacer todo tipo de cosas, incluso algunas muy desagradables, como limpiar excusados o trabajar en los camiones de basura. La coerción económica es fundamental.4 Anne Phillips (2013a) dice que hay algo en el uso de las partes íntimas del cuerpo que vuelve la presión del dinero inaceptablemente coercitiva en el caso de la prostitución mientras que Martha Nussbaum (1999) señala que la compulsión económica es problemática, pero que la presión del dinero no se vuelve más coercitiva o inaceptablemente coercitiva sólo porque conduzca a un acceso íntimo en el cuerpo. Como las mujeres están ubicadas en lugares sociales distintos, con formaciones diferentes y con capitales sociales diversos, en ciertos casos el trabajo sexual puede ser una opción elegida por lo empoderante y liberador que resulta ganar buen dinero, mientras que en otros casos se reduce a una situación de una precaria sobrevivencia, vivida con culpa y vergüenza. Además, así como muchas mujeres ingresan por necesidad económica, otras son inducidas por la droga, y viven situaciones espantosas. Sin embargo, no hay que olvidar que también hay quienes realizan una fría valoración del mercado laboral y usan la estrategia de vender sexo para moverse de lugar, para independizarse, incluso para pagarse una carrera universitaria o echar a andar un negocio.

El trabajo sexual es la actividad mejor pagada que encuentran cientos de miles de mujeres en nuestro país, y más que un claro contraste entre trabajo libre y trabajo forzado, existe un continuum de relativa libertad y coerción. Y, al mismo tiempo que existe el problema de la trata aberrante y criminal con mujeres secuestradas o engañadas, también existe un comercio donde las mujeres entran y salen libremente, y donde algunas llegan a hacerse de un capital, a impulsar a otros miembros de la familia e incluso a casarse. Por eso, “quienes sostienen que es un trabajo que ofrece ventajas económicas tienen razón, pero no en todos los casos, y quienes insisten en que la prostitución es violencia contra las mujeres, también tienen razón, pero no en todos los casos” (Bernstein 1999: 117).

Aunque desde la perspectiva del liberalismo político no hay razón para estar en contra del comercio sexual mientras lo que cada quien haga con su cuerpo sea libremente decidido, muchas personas consideran que el comercio sexual es de un orden distinto de otras transacciones mercantiles. La venta de servicios sexuales ofende, irrita o escandaliza de una manera diferente que la situación de otras mujeres que venden su fuerza de trabajo, en ocasiones en condiciones deleznables, como las obreras de la maquila, las empleadas domésticas, incluso algunas meseras, enfermeras y secretarias. Cuando se denuncia la “explotación” de las trabajadoras sexuales no se menciona siquiera a tantas otras trabajadoras que también son explotadas. Muchas personas ven la “prostitución” como la degradación a la dignidad de la mujer. Pero no hay reacciones tan indignadas o escandalizadas ante formas aberrantes de explotación de la fuerza de trabajo en otro tipo de industrias. Tal vez porque lo que más molesta de la “prostitución” voluntaria es que atenta contra el modelo de feminidad.5

Sí, la prostitución femenina subvierte el paradigma de castidad y recato inherente a la feminidad (Leites 1990). Jo Doezema ha planteado que la distinción entre prostitución “forzada” y “voluntaria” reproduce la división entre “putas” y “santas” dentro de la propia categoría de prostituta, siendo la “puta” la que se dedica voluntariamente a dicha actividad mientras la “santa” es la forzada y, al ser una “víctima”, queda exonerada de ser despreciada (1998: 41). Como la expectativa cultural respecto de la sexualidad de las mujeres es que solamente tengan sexo dentro del marco de una relación amorosa (por lo que también se rechaza que las mujeres tengan sexo casual con “desconocidos”, aunque no cobren) la mayoría de las trabajadoras tiene dificultades para asumirse públicamente como tales. No obstante, algunas trabajadoras sexuales han caracterizado la prostitución como un acto transgresor y liberador.6 Lo que provoca el estigma, y muchas de las dificultades y discriminaciones que enfrentan las trabajadoras derivadas de él, es justamente la doble moral: la sexualidad de las mujeres es valorada de manera distinta de la de los hombres. Por eso hace muchos años Mary McIntosh dijo: “la prostitución implica, al mismo tiempo, un desafío y una aceptación de la doble moral del statu quo. Como tal, no puede ser ni condenada totalmente ni aceptada con entusiasmo” (1996: 201). Sí, la actividad sexual comercial de las mujeres es, al mismo tiempo, un desafío a la doble moral, que considera que las transacciones sexuales de las mujeres son de un orden distinto a las transacciones sexuales de los hombres, y una aceptación de dicha doble moral, porque persiste el estigma.

En el debate sobre cuál debería ser el estatus legal de la llamada “prostitución” es posible ver que las implicaciones7 para las políticas públicas que se derivan tanto de la penalización como de la despenalización pueden tener el efecto de exacerbar las desigualdades de género. Como ambas posturas tienen consecuencias en las vidas de las trabajadoras sexuales, resulta complicado hablar en abstracto del comercio sexual, sin ubicarlo en el contexto concreto e histórico en que ocurre y sin distinguir tanto el capital social de las trabajadoras como las condiciones laborales en que realizan su trabajo, en especial su libertad de movimiento. Una rápida mirada sobre la situación mundial muestra que la mayoría de las prostitutas son muy pobres. La brecha económica y social entre las de la calle y las call girls8 es sideral. Estas call girls, que no son engañadas, ni drogadas, ni secuestradas, y que seguramente podrían conseguir otro tipo de trabajo, están en el comercio sexual porque obtienen ganancias enormes. Ellas son, económicamente hablando, privilegiadas y representan una faceta distinta del fenómeno. Para las demás, que son la gran mayoría, la venta de servicios sexuales en contextos laborales de trabajos precarios, salarios miserables y gran desempleo, les permite sobrevivir y a algunas cuantas ganar en un día la misma cantidad de dinero que ganarían en semanas en otro tipo de desempeño laboral, si es que lo consiguieran.

Por eso algunas investigadoras sostienen que el comercio sexual no siempre tiene consecuencias negativas, y que con frecuencia es un medio importante de movilidad económica y de liberación personal (Agustín 2007; Day 2010; Kempadoo 2012). Sin embargo, ciertas filósofas y politólogas feministas, dentro de una reflexión sobre que algunas actividades humanas9 deberían estar fuera del mercado, piensan lo contrario (Phillips 2013a y 2013b; Widdows 2013). Ellas insisten en que el comercio sexual tiene un efecto negativo en la justicia social, en especial en cómo estructura las opciones vitales de las mujeres, pues su ejercicio obstaculiza las relaciones igualitarias.

Como se sabe, el mercado no es un mecanismo neutral de intercambio, y sus transacciones dan forma a las relaciones sociales. Si el mercado no sólo desata procesos económicos, sino que también da forma a la cultura y a la política, entonces hay que analizar cómo ciertas transacciones mercantiles frustran o impiden el desarrollo de las capacidades humanas (Sen 1996) mientras que otras determinan ciertas preferencias problemáticas. La ONU ha señalado que las creencias y mandatos de género en la economía estructuran y validan las relaciones desiguales entre los hombres y las mujeres de manera absolutamente funcional para la marcha del sistema social (ONU Mujeres 2012). Las relaciones de género “marcan el terreno sobre el que ocurren los fenómenos económicos y ponen las condiciones de posibilidad de los mismos” (Pérez Orozco 2012). De ahí que para evaluar un mercado laboral sea necesario evaluar también las relaciones políticas y sociales que sostiene y respalda, y examinar los efectos que tal transacción produce en las mujeres y los hombres, en las normas sociales y en el significado que imprime en las relaciones entre ambos. Hay mercados con consecuencias negativas para las relaciones de género, como el trabajo sexual y el servicio doméstico. La industria del sexo no toma en consideración el contexto de desigualdad social y económica entre mujeres y hombres por lo que refuerza la pauta de opresión patriarcal y contribuye a la percepción de las mujeres como objetos sexuales y, en ocasiones, incluso como seres socialmente inferiores a los hombres.

Se habla de “mercados nocivos” cuando impulsan y sostienen no sólo cuestiones económicas sino también éticas y políticas, y respaldan relaciones jerárquicas y/o discriminatorias totalmente objetables (Satz 2010).10 A los mercados que producen más desigualdad que otros se los califica de nocivos; por ejemplo, es obvio que el mercado de las verduras resulta mucho más inocuo que el del comercio sexual. Y aunque en principio muchos mercados pueden convertirse en nocivos, algunos tienen más posibilidades de hacerlo cuando hay una distribución previa e injusta de recursos, ingresos y oportunidades laborales (Satz 2010).

Pero aunque los mercados nocivos tienen efectos importantes en quiénes somos y en el tipo de sociedad que desarrollamos, no siempre la mejor política es prohibirlos. La mejor manera de acabar con un mercado nocivo es modificar el contexto en que surgió, o sea, con una mejor redistribución de la riqueza, más derechos y oportunidades laborales (Satz 2010). Las prohibiciones pueden llegar a intensificar los problemas que condujeron a que se condenara tal mercado.11 En ese sentido Satz señala que es menos peligrosa la prostitución legal y regulada que la ilegal y clandestina, pues ésta aumenta la todo tipo de peligros, tanto para las mujeres como para los clientes. Lo que en verdad debería preocupar es que en general el comercio sexual está rodeado de gran vulnerabilidad porque en muchos casos es una actividad con altos riesgos de violencia y de contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS), en especial de VIH-SIDA.12 De ahí que consideraciones fundamentales para una política de salud pública (Gruskin et al. 2013) respaldan la importancia de una regulación que saque de la clandestinidad a quienes interactúan en esa dinámica de compra-venta.

Justamente por todo lo anterior, las prohibiciones y restricciones al trabajo sexual no son una solución, además de que van contra la libertad constitucional de las mujeres y son “maternalistas”.13 Como lo que impulsa a las trabajadoras a dedicarse a tal actividad suele ser la necesidad económica, prohibirla sin garantizarles un ingreso similar, ni la más mínima seguridad social, les quita una “tablita de salvación”. Si no se resuelven las circunstancias socioeconómicas que las llevan a tal actividad, penalizar para erradicar el comercio sexual las hundiría o marginaría aún más. Regular el comercio sexual no evita los problemas de violencia ni de discriminación por el estigma, pues como señaló hace años Nanette Davis: “No puede haber una política racional hacia la prostitución mientras exista la discriminación de género” (1993: 9). Sin embargo, comprender que la regulación es la forma en que las trabajadoras están más protegidas, no impide entender que el hecho de que ellas elijan la “prostitución” como el trabajo mejor pagado que pueden encontrar no es, en sí mismo, una confirmación de que se trata de una práctica deseable.

Además la regulación ha demostrado ser una excelente estrategia para combatir la trata (Kempadoo 2012). Por eso, es un error plantear la abolición del comercio sexual, como lo hace la Coalition Against Traffic in Women (CATW). Como integrante de esa extraña alianza entre religiosos puritanos y feministas radicales unidos en su misión abolicionista (Scoular 2010), la CATW agita discursivamente contra lo que considera que es la “esclavitud sexual”, término que aplica no sólo a las mujeres víctimas de trata sino a toda mujer en el comercio sexual. Las formas que toma esta cruzada son múltiples, y dependen de las tradiciones políticas y culturales de cada país, pero el eje de la política que impulsan es “salvar a las mujeres”: rescatarlas (Agustín 2007). Aunque el discurso público sobre prostitución muestra una amplia variación entre los países (Vanwesenbeeck 2001: 274), la política alentada por las abolicionistas de CATW se ha difundido ampliamente en oposición a las investigaciones académicas que dan evidencia empírica de que tal política viola los derechos civiles y laborales de las trabajadoras, aumenta el poder de terceros sobre las trabajadoras (clientes, padrotes, traficantes) y pone en riesgo su salud y su bienestar ¡sin jamás lograr el objetivo de abolir la prostitución!

La CATW, que “pretende eliminar el comercio sexual con el argumento de que la prostitución estimula el tráfico” (O’Connell y Anderson 2006: 14) no tiene nada que ver con otra organización internacional, la Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW). Este frente mundial distingue entre trabajo y trata y hace una labor de prevención y combate a la trata entre trabajadores(as) sexuales a partir de impulsar formas de regulación que respeten sus derechos.14 Mientras las trabajadoras sexuales y los activistas de derechos humanos argumentan a favor de la regulación, señalando que si la prostitución se prohíbe o penaliza es imposible establecer estándares laborales y sanitarios, y que precisamente la ausencia de regulación alienta formas de trabajo forzado, la CATW y su sucursal latinoamericana y caribeña CATWLAC lanzan discursos flamígeros contra el comercio sexual, impulsan una cruzada moralista que alienta el “pánico moral”.15

El tráfico de seres humanos es un pavoroso flagelo criminal, del cual el tráfico con fines de explotación sexual es sólo una parte (Casillas 2013; Chang 2013). Sin embargo, de acuerdo a Kamala Kempadoo, “El tráfico sexual ha surgido como una metáfora del estado de degradación de la humanidad en el siglo XXI y se ha convertido en el eje principal de la crítica académica a una variedad de relaciones sociales de poder contemporáneas, tanto a nivel local como mundial” (2012: viii). En México están documentados casos de traslado de mujeres de un lugar a otro dentro y fuera del territorio mexicano así como las distintas formas de coerción (droga, retención de hijos, amenazas) para que den servicios sexuales. Pero aunque esa práctica nefasta es una parte mínima de la industria del sexo,16 la cobertura mediática ha magnificado el fenómeno de la trata pues es más rentable hablar de “esclavas sexuales” que de mujeres pobres. Investigaciones académicas analizan cómo el discurso incendiario de las abolicionistas sobre los cuerpos “violados” o “explotados” de las mujeres traficadas es también parte de una política xenófoba de “seguridad nacional” contra migrantes, y encuentran que el clima de miedo a la inmigración es el telón de fondo de muchas de las políticas en contra del comercio sexual (Kulick 2003; Agustín 2007; Scoular 2010; Weitzer 2010; Kempadoo 2012).

La cruzada moralista de la CATW ha logrado instalar mundialmente un discurso apocalíptico sobre la trata y el tráfico, que ya circula en nuestro país a través de la CATWLAC. Hablar solamente de mujeres víctimas de trata sin reconocer la existencia de otras trabajadoras sexuales favorece posturas fundamentalistas, que desvían la imprescindible lucha contra el tráfico hacia el absurdo proyecto de abolir todo el comercio sexual. Y así como no hay que confundir la situación de las mujeres obligadas a tener sexo a través de engaños, amenazas y violencia con la de otras mujeres que realizan trabajo sexual por razones económicas, tampoco hay que confundir a los clientes. Si bien hay cómplices indiferentes de ese atentado brutal contra la libertad y la dignidad que es la trata, en el comercio sexual también los hay respetuosos y atentos, como relatan las propias trabajadoras; algunos incluso se vuelven clientes “regulares” y desarrollan relaciones sentimentales que duran años. Es imperativo deslindar el comercio sexual de la trata con fines de explotación sexual, pues dicha confusión se expresa en actos discursivos que logran un cierto efecto en la sociedad y en el gobierno.

Hay que combatir la trata, pero respetar a las personas que se dedican al comercio sexual, y apoyar a las que quieren tener otra ocupación.17 Pero lo que priva hoy en día es lo que Kempadoo (2012) denomina “la aplanadora antitráfico”: una estrategia discursiva que tiene como fin último abolir toda forma de comercio sexual. Un elemento de dicha estrategia es el de calificar a las personas que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales como “pro prostitución” y decir que con tal postura se favorece la trata.18

Nuestra Constitución y nuestro sistema político democrático garantizan la libertad individual, incluso la de vender y de comprar servicios sexuales. Sin embargo, al revisar la situación del comercio sexual en México el panorama es deprimente pues el esquema con que funciona —al menos en el Distrito Federal— refleja los distintos y complejos intereses de los grupos organizados que están implicados en el negocio, ya que la legislación vigente está llena de omisiones e incongruencias. En la ciudad de México la prostitución es legal pero se penaliza el lenocinio. La definición de lenocinio del Código Penal Federal no ha sido modificada desde 1931: el lenocinio se comete contra personas menores de 18 años o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo. En cambio, el Código Penal del DF (reformado en 2007) declara que se castigará por cometer lenocinio al que:

  1. Habitual u ocasionalmente explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por medio del comercio sexual.
  2. Induzca a una persona para que comercie sexualmente su cuerpo con otra o le facilite los medios para que se prostituya.

III. Regentee, administre o sostenga prostíbulos, casa de citas o lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitución, u obtenga cualquier beneficio con sus productos.

¿Qué significa “explotar el cuerpo de una persona”? ¿A qué se llama “obtener un beneficio por medio del comercio sexual”? Bajo esa ambigüedad cabe cualquier cantidad de actividades. La imprecisión coincide con la deliberadamente confusa redacción del Protocolo de Palermo,19 y con ella se puede consignar a cualquier familiar, socio, empresario, hotelero o amistad que realice alguna tarea o apoyo de cualquier forma a una persona que se dedique al trabajo sexual.

De esa manera el delito de lenocinio, cuya moderna acepción es la de “trata”, sirve para manifestar discursivamente un rechazo moralista al comercio sexual, mientras que en los hechos dificulta establecer formas legales de organización del trabajo sexual de quienes quieren trabajar independientemente, sin padrotes ni madrotas. Por ejemplo, si un grupo de trabajadoras decidiera rentar un local donde dar servicios sexuales, a quien firme el contrato de alquiler se la podría acusar de “lenona” o “tratante”. Así se persigue a quien trabaja en la calle al mismo tiempo que se le impide organizarse en locales cerrados. Esta ambigüedad hipócrita obstaculiza la autoorganización de las trabajadoras y el desarrollo de formas más discretas y seguras de ofrecer el servicio. Además, a esta incongruencia legal se suma el sórdido entramado de corrupción y abuso que rodea al comercio sexual, donde no sólo los que controlan el negocio logran inmensas ganancias sino también algunas autoridades delegacionales, policiacas y judiciales. Y quienes intentan trabajar por fuera de las mafias, y sin dar mordidas, enfrentan no sólo dificultades enormes sino grandes peligros.

Para empezar a “limpiar” el terreno donde se lleva a cabo el comercio sexual y para garantizar los derechos de quienes trabajan en ese sector hay que ir más allá de las posturas fundamentalistas del abolicionismo y regular el negocio. Hay que apoyar a las trabajadoras más vulnerables para que, mientras cambian las condiciones educativas y laborales de nuestro país, puedan trabajar sin riesgos y de manera independiente de las mafias o, si lo desean, capacitar para realizar otro tipo de trabajo. Además de ampliar el marco legal con nuevas formas de organización laboral es indispensable mejorar la seguridad de la mayoría de quienes se dedican a esa actividad con formas de supervisión que no permitan la extorsión. Son muchas las cuestiones que hay que analizar y debatir, especialmente porque la postura abolicionista sostenida por la CATWLAC inhibe una discusión civilizada al responsabilizar a quienes están por la regulación de ser instrumentales en la proliferación de la trata. Esto atemoriza a cualquiera, pero más a políticos y funcionarios.

Por ello es imprescindible impulsar un debate público sobre la regulación del comercio sexual, y analizar cómo el puritanismo que se ha filtrado en la discusión alimenta lo que Elizabeth Bernstein (2012) denomina el “giro carcelario” de la política neoliberal.20

Al reconceptualizar el comercio sexual como “tráfico de mujeres”, el activismo feminista abolicionista ha transnacionalizado un discurso que alienta una política punitiva, que Bernstein denomina “carcelaria”. Esta autora analiza cómo el movimiento feminista llamado “antitráfico”, que usa un discurso sobre las víctimas, facilita un control creciente sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres y produce una “remasculinización del estado”. Bernstein encuentra que anteriormente las feministas en contra de la violencia sexual tomaron la vía del activismo de base para combatirla, pero ahora acuden cada vez más al terreno judicial. La penalización legal es concebida por esas feministas como lo más eficaz para frenar a los clientes y los padrotes: “Necesitamos leyes que hagan que los varones se lo piensen antes de entrar al negocio de la explotación sexual comercial” (2012: 241). Bernstein critica que el feminismo abolicionista le haya dado la espalda a una reflexión más crítica sobre las causas estructurales (económicas y culturales) del fenómeno, y que al denunciar la “prostitución” como una forma de violencia sexual se hayan decantado hacia la penalización otorgando un respaldo ideológico al modelo punitivo neoliberal. Ella concluye que al ampliar y fortalecer la intervención judicial, en lugar de insistir en que el Estado se enfoque en las condiciones de la explotación de la fuerza de trabajo, se desplaza la problemática de la “prostitución” de los factores estructurales a las personas “delincuentes”. Esto, que ha tenido un impacto devastador en quienes se dedican al trabajo sexual, también alimenta el ascenso del modelo carcelario.

Como se ve, el debate es complejo y abarca mucho más que los argumentos sobre “las víctimas” y los “degenerados”, que es lo que se suele ventilar cuando se discute sobre comercio sexual en nuestro país. Obvio que la compraventa de sexo seguirá produciendo conflictos y desacuerdos, y que seguiremos discutiendo y discrepando en torno a estas cuestiones. Obvio también que no hay que dejar de lado ni el combate contra la trata ni las políticas de salud contra el SIDA y las ITS. Pero en última instancia los grandes cambios económicos y la creciente fluidez en el movimiento de personas, capital y servicios que provoca la reestructuración globalizada del capitalismo no deben de hacernos olvidar lo que también significa simbólicamente el comercio sexual. Liv Jessen, una trabajadora social directora del Pro Centre, un centro nacional para prostitutas en Noruega, dice: “La prostitución es una expresión de las relaciones entre mujeres y hombres, de nuestra sexualidad y los límites que le ponemos, con nuestros anhelos y sueños, nuestro deseo de amor e intimidad. Tiene que ver con la excitación y con lo prohibido. Y tiene que ver también con el placer, la tristeza, la necesidad, el dolor, la huída, la opresión y la violencia” (2004: 201). Reflexionar sobre esto es una de las maneras de acercarnos a una mejor comprensión de la condición humana y, por ende, a mejores formas de convivencia.

 

Marta Lamas
Antropóloga. Directora de la revista Debate Feminista y profesora-investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Su más reciente libro es Cuerpo, sexo y política.

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1 De esa experiencia nacieron algunos ensayos y mi tesis de maestría en etnología “La marca del género. Trabajo sexual y violencia simbólica”, ENAH, 2003.

2 Hay muchísimo publicado desde ambas posturas. Las autoras paradigmáticas de la postura que considera que siempre es violencia contra las mujeres son Barry 1987; McKinnon 1993; Dworkin 1997; mientras que en la otra destacan Agustín 2007; Day 2010; Scoular 2010; Kempadoo 2012. Una revisión de la literatura de ciencias sociales sobre trabajo sexual de 1990 a 2000 se encuentra en Vanwesenbeeck 2001, y un análisis sociológico al respecto en Weitzer 2009.

3 Si bien también hay hombres que se dedican a la venta de sexo, la dinámica y la problemática de las mujeres es muy distinta. Tanto mi investigación como mi activismo político han sido con mujeres y fundamentalmente me referiré a ellas a lo largo de estas páginas. Para escritos de las propias trabajadoras sexuales: ver Delacoste y Alexander 1987; Pheterson 1989; y Nengeh Mensah, Thiboutot y Toupin 2011.

4 Aunque las mujeres eligen la venta de sexo fundamentalmente por cuestiones económicas, también existen casos donde son las razones psíquicas las que las impulsan. Por eso también se ha investigado y reflexionado sobre los condicionantes psicológicos. Ver Welldon 1993.

5 No ocurre lo mismo con la prostitución masculina, que no subvierte el paradigma de masculinidad. La valoración de la masculina toma como “natural” y valioso que a los varones les guste el sexo.

6 Básicamente algunas organizaciones estadunidenses, como COYOTE, y muchas trabajadoras sexuales europeas. Ver Pheterson 1989 y Nengeh Mensah et al., 2011.

7 Una implicación sustantiva es la relativa a la salud pública, que no analizaré en estas páginas pero que sin duda mueve a muchos gobiernos a tomar la postura de la regulación (Rekart 2005; Day y Ward 2009; Gruskin, Williams y Ferguson 2013).

8 Uso el término call girls para referirme a quienes trabajan en departamentos, aunque en ocasiones las acompañantes (escorts) también trabajan así.

9 Este debate se ha centrado en si permitir o prohibir transacciones vinculadas al cuerpo, como la venta de órganos, el alquiler de úteros, y también la prostitución. Ver S. Madhok, A. Phillips y K. Wilson 2013.

10 Debra Satz analiza los mercados nocivos, donde incluye al del sexo, establece cuatro parámetros relevantes para valorar un intercambio mercantil y los aplica al trabajo sexual: 1) vulnerabilidad, 2) agencia débil, 3) resultados individuales dañinos y 4) resultados sociales dañinos. La vulnerabilidad y la agencia débil aluden a lo que las personas aportan en la transacción; la vulnerabilidad aparece cuando las transacciones se dan en circunstancias de tal pobreza o desesperación que las personas aceptan cualquier condición, y la agencia débil se da cuando en las transacciones una parte depende de las decisiones de la otra parte. Los otros dos parámetros (daños individuales y sociales) son característicos de los resultados de ciertos mercados cuando posicionan a los participantes en circunstancias extremadamente malas, por ejemplo, en las que son despojados o en las que sus intereses básicos están aplastados. También eso produce resultados extremadamente dañinos para la sociedad, pues socava el marco igualitario que requiere una sociedad y alienta relaciones humillantes de subordina- ción. Ver Satz 2010.

11 Me sorprende el paralelismo que se da con el aborto. No es que a quienes luchamos por la despenalización del aborto nos parezca tal intervención la mejor de las prácticas, y propongamos su regulación para que más mujeres aborten, sino que pensamos que la penalización produce males mayores, que la regulación abate.

12 Para un panorama sobre los riesgos sanitarios que tiene el trabajo sexual y la importancia de una política de salud pública ver Rekart 2005 y Gruskin, Williams y Ferguson 2013.

13 Llamo “maternalismo” al paternalismo de las feministas abolicionistas, que pretenden “rescatar” y “salvar” a las mujeres, aun en contra de sus deseos y su voluntad.

14 En México Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C. es integrante de la Red Latinoamericana y del Caribe contra la Trata de Personas, que es el capítulo regional de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW, por su nombre en inglés).

15 Respecto al pánico moral Sophie Day (2010) establece un paralelismo entre la situación actual y la época victoriana. Day señala que durante tal época, con sus intensas transformaciones económicas y sociales, el pánico moral en torno a la prostitución, la “trata de blancas” y la enfermedad venérea (en especial la sífilis) expresó las angustias culturales respecto al cambiante papel de las mujeres y a los procesos de inmigración y urbanización. Alentadas por una amplia coalición de feministas y grupos religiosos que había decidido “rescatar” a las mujeres, aparecen las leyes sobre “enfermedades contagiosas” (1864, 1866 y 1869) que perfilaban a la prostituta como peligrosa física y moralmente al mismo tiempo que la consideraban vulnerable. Así se justificó la regulación moral, social y legal de muchas mujeres solteras de la clase trabajadora, para que la salud moral de la sociedad quedara a salvo. También Jane Scoular (2010) comparte tal equiparación y añade que el espectro de la esclavitud sexual servía como cortina de humo para tapar otras cuestiones, como la esclavitud colonial. ¿Qué estará tapando hoy en México el espectro de la trata?

16 Debido a su ilegalidad hay escasas estadísticas sobre el número de mujeres que se dedican al comercio sexual. Brigada Callejera, usando un modelo de la Organización Internacional del Trabajo sobre el sector sexual para estimar la cantidad de personas que se dedican al trabajo sexual, estima en 800 mil mujeres, de las cuales 200 mil son menores de 18 años, en nuestro país. Para ver el modelo, consultar ILO 1998.

17 Esa es justamente la postura de Brigada Callejera, que ha publicado varios manuales sobre trata dirigidos tanto a las trabajadoras sexuales como a los funcionarios que tienen a su cargo las políticas públicas. Ver Brigada Callejera 2013.

18 Este discurso intimidatorio ya se lo han aplicado a la Secretaria del Trabajo del GDF, por acatar la resolución de la Juez Primera de Distrito, que resolvió que había que reconocer el carácter de trabajadores no asalariados de quienes se dedican a ofrecer ese servicio en vía pública.

19 Es el Protocolo de la ONU que se firmó en diciembre de 2000 en Palermo, y que con la influencia del gobierno de Bush introdujo la confusión entre trata y prostitución. Ver Saunders 2004 y Weitzer 2010.

20 El análisis de Bernstein se inscribe en una tendencia crítica donde varios autores analizan la relación entre las estrategias carcelarias contemporáneas para la gobernanza social con la agenda económica neoliberal. Indudablemente hay varios aspectos del problema vinculados con otras transformaciones culturales del capitalismo tardío que ella no analiza al acotar su reflexión al comercio sexual.

 

Derivas sociológicas y de las ciencias sociales sobre la prostitución

 

 

Santiago Morcillo*

 

Octubre – Diciembre 2016

 

http://produccioncientificaluz.org/index.php/espacio/article/view/22004/21731

 

Derivas sociológicas y de las ciencias sociales sobre la prostitución.

 

Santiago Morcillo*

 

Resumen

En el marco de la relación múltiple y cambiante que la Sociología ha entablado con la prostitución, este artículo busca repasar apenas algunas de las líneas más significativas en la producción de las ciencias sociales sobre el sexo comercial para comprender las claves de lectura actuales. En primer lugar se abordan algunos hitos en la construcción sociológica de la prostitución como objeto de estudio. Luego se considera el influjo del debate feminista en sus distintas posiciones y también de los movimientos de prostitutas o trabajadoras sexuales. Por último se mencionan algunos temas que se han intersectado con la prostitución y el mercado sexual para finalmente dejar planteadas las vicisitudes y necesidades de esta área.

 

Palabras clave: Prostitución; Sociología; Feminismo; Trabajadoras Sexuales

 

La Sociología y la prostitución han construido una relación compleja y que ha sufrido varias transformaciones. Dar cuenta exhaustivamente de los abordajes sociológicos de la prostitución, incluso restringiéndonos a las últimas décadas, implicaría un trabajo que excede con mucho los límites de este escrito de pretensiones más humildes. Aquí busco repasar apenas algunas de las líneas que me parecen significativas en la producción de las ciencias sociales sobre el sexo comercial a fin de comprender mejor cuáles son las claves de lectura actuales.

 

La prostitución llega a constituirse como objeto de análisis para las ciencias sociales y la sociología durante del siglo XIX y en diálogo con otros campos discursivos: la medicina –y en particular el higienismo-, la filosofía y la ética, y el derecho han sido claves en este sentido. A pesar del latiguillo de “profesión más antigua” resulta problemático construir una línea de continuidad entre la prostitución moderna y otras formas de intercambios sexo económicos en la antigüedad. Varios estudios modernos acerca de la prostitución en la antigüedad se apoyan en la noción de una “prostitución sagrada”. Más allá de su existencia empírica1, en la mayoría de los casos la imagen de la prostitución sagrada -la poderosa sacerdotisa o diosa prostituta- sirve para marcar un contraste con la figura de la prostituta

luego del cristianismo -la lujuriosa descarriada o la victimizada Magdalena arrepentida-. Este es el caso de Bataille (1997), que planteó la oposición entre la prostitución religiosa y la prostitución moderna a la que denomina la “baja prostitución”. Esta surge de la miseria, y el valor simbólico atribuido a estas prostitutas será únicamente el de la exclusión.

 

Como otros tantos objetos sociológicos, la construcción sociológica de la prostitución moderna vendrá marcada por el abordaje primigenio de la medicina higienista. Desde mediados del siglo XIX, el desarrollo urbano tuvo aparejado el crecimiento del burdel al cual los médicos higienistas buscaron transformar en “casa de tolerancia”. En este marco emerge en 1836 el estudio “De la prostitución en la ciudad de París desde el punto de vista de la higiene pública, la moral y la administración” de Alexandre Parent Duchâtelet, señalado como uno de los fundadores de la investigación en temáticas sexuales desde las ciencias sociales y del comportamiento (Bullough y Bullough, 1996). Más allá de sus sesgos, lo que cristaliza por primera vez con el estudio de Parent Duchâtelet, es la construcción de las prostitutas como una “población”, en sentido foucaultiano: se enfoca hacia la extensión de la prostitución, se necesita medirla, conocer sus rasgos como grupo. Como veremos, esta caracterización epidemiológica de las prostitutas resonará cuando irrumpa la epidemia de VIH/sida (Morcillo, 2015).

 

A su vez, en este momento histórico emerge “la prostituta” como personaje del elenco de anormales y perversos que produce el “dispositivo de sexualidad”2 (Foucault, 2002). Al situar al sexo como clave para descifrar la identidad subjetiva, el dispositivo de sexualidad genera personajes perversos, esencializando prácticas “desviadas” y postulándolas como emergentes, puntas de un iceberg que esconde un complejo sistema subjetivo pervertido. La constitución de la figura de “la prostituta” surge como uno de los efectos de este dispositivo, sumado a leyes específicas que aislaron y segregaron a las prostitutas del resto de la clase trabajadora (Guy, 1994; Walkowitz, 1980).

 

Esto permitirá entender la orientación de la sociología de la desviación en sus exploraciones sobre la prostitución. Este enfoque –que tuvo importancia en la sociología hasta la década de 1990- se mueve desde la pregunta por “¿quiénes son las prostitutas?” hasta cuáles los motivos y las formas de entrada en la prostitución (ver por ejemplo Davis, 1937). Varias investigaciones han tomado a las prostitutas como objeto para estudiar conductas desviadas (sexuales o de consumo de drogas, de propagación de enfermedades venéreas o delincuencia juvenil) sin cuestionar la construcción ideológica de “la prostituta” ni pensar en paralelo en otras formas de intercambios sexo-económicos (ver en Pheterson, 2000; Tabet, 2004)3.

 

Sin embargo, desde la sociología de la desviación también nacerá una línea que habilita a repensar el papel de la categoría “prostituta”. Acá tienen un papel importante tanto el desarrollo de la teoría del etiquetaje de Howard Becker como los desarrollos de Erving Goffman sobre el estigma. Ambos abordajes han permitido reconstruir la posición de la prostituta en una trama de relaciones sociales, dejando de lado el peso puesto a las características personales y psicológicas. En esta línea de trabajo se han desarrollado, desde mediados de los 80’ y hasta la actualidad, distintos estudios que describirán el manejo de la identidad y permiten elaborar una crítica de la estigmatización que sufren las prostitutas a partir del análisis de sus vidas cotidianas (por citar sólo algunos: Fonseca, 1996; Gaspar, 1985; Kong, 2006; Morcillo, 2011, 2014a; Pasini, 2000; Piscitelli, 2006; Sanders, 2005). En esta línea de trabajo, la socióloga Gail Petherson (2000) ha planteado un concepto clave para comprender cómo funciona la prostitución: el “estigma de puta”, que no solo controla y disciplina la sexualidad de las que venden servicios sexuales sino de todas las mujeres. Este enfoque ha permitido desarrollar todo un abordaje de la prostitución que comprende en clave crítica las relaciones de género que la atraviesan, sin por ello poner a las prostitutas en un lugar de meras víctimas sin capacidad de agencia. Pero para esta transformación, además de los desarrollos en la sociología de la desviación, serán también clave los movimientos de prostitutas (Pheterson, 1989). Nacidos a fines de los 70’, es el diálogo con estos movimientos el que permite a la sociología feminista percibir con agudeza el peso de la estigmatización entre quienes se dedican al sexo comercial. Sin embargo las posiciones del feminismo están divididas respecto a la prostitución y otras voces se han contrapuesto a esta posición.

 

Las guerras del sexo y la polarización del debate feminista.

 

Un punto ineludible para comprender el desarrollo la sociología en torno al mercado sexual en las últimas décadas son las transformaciones en el debate feminista sobre la prostitución. La prostitución ya era un tema importante desde el feminismo de la primera ola. Estas feministas hacían énfasis en dos elementos: las condiciones socio-económicas de las mujeres y una crítica del matrimonio. Según Barbara Sullivan (1995) el feminismo de la primera ola comprendía a la prostitución dentro de un continuo de intercambios sexuales-económicos que marcaban las posiciones de las mujeres. Sin embargo, las perspectivas comenzaron a trasformarse tempranamente en el marco de ligazón del movimiento feminista abolicionista de la prostitución con los movimientos religiosos de “pureza social” y su vuelco hacia la cuestión de la “trata de blancas” a fines del siglo XIX4. Más adelante, esta misma temática reflotaría a fines del siglo XX, denominada ahora como “trata de personas”5 y acicateada por los fenómenos económicos trasnacionales asociados a la globalización y trasformaciones geopolíticas (retomaré este punto más adelante).

 

A esta circunstancia se sumó también desde mediados de los 80’ el debate feminista sobre la sexualidad, que en el marco del feminismo euro-anglosajón se conoce como las guerras del sexo (sex wars). Aquí surge la oposición entre las concepciones del feminismo radical, que conceptualiza al sexo en un contexto patriarcal como un peligro, y del feminismo libertario o pro-sexo, que lo enfocará como una posibilidad de placer. De un lado, se plantea que negociar el placer sexual no conlleva a ninguna forma de libertad, ni es el placer un tema central de la sexualidad femenina; la cuestión es la dominación y la forma de detenerla (Dworkin, 1987, 1993; MacKinnon, 1987). Del otro, se sostiene que la cuestión clave de la sexualidad son los aspectos potencialmente liberadores del intercambio de placer entre individuos que consienten (ver Ferguson, 1984: 53). En estas discusiones las prostitutas ocuparon tanto el lugar de esclavas sexuales como de paradigma de la subversión sexual (Chapkis, 1997).

 

En el feminismo radical la homogeneización sobre las diversas experiencias de las mujeres en el sexo comercial puede comprenderse a partir del tono esencialista que mantiene la concepción de sexualidad. Más allá de la crítica en clave de género, las diferencias en términos de clase, de raza, de nacionalidades, de edades y de mercados sexuales son despreciadas desde este enfoque. A ello debe sumarse los señalamientos en cuanto a la escasa rigurosidad metodológica de sus investigaciones (Weitzer, 2005a).

 

Aunque el feminismo radical es la línea teórica más desarrollada dentro de las posiciones abolicionistas de la prostitución, también podemos encontrar otros enfoques que se reconocen como feministas y desarrollan una comprensión contextualizada de la comercialización del sexo, desarticulando el esencialismo de las feministas radicales. Desde estas posiciones se toma en cuenta el papel del género –pero no como una estructura de dominación dicotómica e inamovible— sin desatender el rol que juegan la clase y la raza. Si bien no abundan estudios desde estas perspectivas se puede mencionar, por ejemplo, a Julia O’Connell Davidson (2002) quien objeta tanto las miradas abolicionistas como las pro-trabajo sexual; cuestiona la concepción reificada del poder, que para unas aparece en manos de los clientes y/o proxenetas, y para otras se halla concentrado en el Estado y en la legislación que criminaliza a la prostitución.

 

La otra posición del debate feminista sostiene la noción de “trabajo sexual” como forma de conceptualizar a la prostitución. Aquí ocupan un lugar importante las feministas que en el contexto de las sex wars se han denominado “pro-sexo”. Si bien algunas feministas pro-sexo, simplemente perciben a la prostituta en un sentido diametralmente opuesto al del

feminismo radical -como un agente de subversión del orden sexual-6; la mayoría elaboran sus concepciones sobre sexualidad teniendo en cuenta un contexto cultural de dominación masculina: “el sexo se entiende como construido por esta cultura, sin ser completamente determinado por ella” (Chapkis, 1997: 23). Lo que caracteriza a esta perspectiva es la noción de que el sexo es un terreno de lucha y no un campo de posiciones fijas de género y de poder.

 

Muchas lecturas de los planteos de las feministas pro-sexo se ven perjudicadas por el juego político de polarización. En este sentido, Adriana Piscitelli sostiene la necesidad de correrse de las posiciones que tienden a la simplificación de la problemática. En Gênero no mercado do sexo –un artículo clave que sintetiza este punto de vista— Piscitelli aclara que los problemas ocurren cuando se interpreta la sexualidad como mera corporificación del género –tal como se puede leer la perspectiva de MacKinnon— o como parte de posiciones o identidades de género fijas; pero también cuando en una perspectiva de identidades fluidas se dificulta el acceso a los scripts que están siendo performados en un contexto (Piscitelli, 2005: 20).

 

Un punto ineludible para comprender el desarrollo de este debate es el surgimiento de los movimientos de prostitutas. Ya desde mediados de los 70’, algunas prostitutas habían comenzado a pelear por sus derechos por primera vez públicamente y conformando alianzas junto a otros actores. A partir de la década siguiente florecerán en todo el mundo diversas organizaciones de prostitutas (Gall, 2007; Pheterson, 1989; West, 2000). Según la activista y prostituta Carol Leigh (1997)7, la expresión “trabajo sexual” (sex work) y luego “trabajadora sexual” fueron acuñadas por ella en 1980 debido a los problemas que les causaba a las mujeres presentarse como “prostitutas” en los contextos feministas. La concepción de la prostitución como un trabajo se halla ligada desde su surgimiento a dos problemas centrales: la estigmatización y las divisiones entre mujeres.

 

En este contexto emergen nuevas formas de pensar y denominar a la prostitución, concebida ahora como “trabajo sexual”, y da el marco para que algunas feministas y académicas/os comiencen a investigar y pensar esta problemática con estudios que se visibilizarán a lo largo de la década del 90’ (Piscitelli, 2006). Como vimos antes, a partir de las colaboraciones con los movimientos de prostitutas Gail Pheterson (2000) logra desarrollar la mencionada noción de “estigma de puta” como un elemento constitutivo sin el cual no puede comprenderse a la prostitución. Para Pheterson, lo que se sanciona específicamente con el estigma de puta es el pedido explícito de dinero, pero además

se condena cualquier gesto de autonomía femenina8. Dolores Juliano (2002, 2003) ha retomado esta idea al concebir a la estigmatización de las putas como modelo de control sobre la sexualidad femenina, que refuerza la división entre mujeres puras y putas aislando a las prostitutas en un submundo. Por ello, para estas autoras, como para toda la posición pro-trabajo sexual, es clave la alianza entre putas y no putas como forma de poner en cuestión la división patriarcal entre mujeres “buenas” y “malas”. Kamala Kempadoo también ha sugerido otras alianzas posibles a partir de la redefinición de la prostitución como trabajo sexual pues se vincula con:

 

Las luchas por el reconocimiento del trabajo de la mujer, por los derechos humanos básicos y por condiciones de trabajo dignas: luchas que no son específicas de la prostitución y el comercio sexual, sino que son comunes a la lucha general de las mujeres [y a su vez esta redefinición] destaca la naturaleza variada y flexible del trabajo sexual así como sus similitudes con otras dimensiones de la vida de las/los trabajadores/as. (1998: 1).

 

El enfoque del trabajo sexual expandió tanto las nociones de trabajo como las de sexualidad. Por un lado, en el caso de la sexualidad permite ir más allá de los intercambios que usualmente se piensan como “prostitución”, es decir mero sexo a cambio de dinero y sin afecto. Por ejemplo, Piscitelli (2008) ha considerado los vínculos afectivos que las mujeres brasileras entablan con turistas sexuales, con quienes migran y pueden casarse, como parte de una estrategia para tener una movilidad social ascendente que en su contexto vernáculo les sería imposible. También Kempadoo (1996) ha examinado en las sociedades del Caribe lo que se conoce como “sexo transaccional”, es decir intercambios sexuales a cambio de bienes o mejoras diversas. Esta autora critica la homogeneización de las experiencias de las mujeres del “Tercer mundo” señalando que la mirada del feminismo radical supone valores sexuales que, al postular al sexo como aquello más íntimo y valioso, “borra otras definiciones y experiencias culturales de sexualidad y relaciones sexuales-económicas […] e impone una definición muy estrecha desde una visión de sexo feminista estrictamente occidental y burguesa”. (1998: 4). Detrás de la concepción de las mujeres del “Tercer mundo” como meras víctimas sin ninguna capacidad de agencia, existe, según Kempadoo, un neocolonialismo que acalla las voces de estas mujeres e imagina su experiencia a partir de las concepciones de género y sexualidad hegemónicas en el primer mundo occidental9.

A partir de esta expansión, el concepto de “trabajador/a sexual” da la posibilidad de conectar la prostitución, tanto con otras actividades de la industria del sexo, como con otras actividades de las mujeres trabajadoras -por ejemplo esto sucede cuando se liga al

trabajo sexual con el “trabajo emocional” como un trabajo feminizado (Adelman, 2011; Bernstein, 2007b; Hochschild, 2003; Morcillo, 2014b)-. Estas articulaciones, según Kempadoo, “puede ser la base de movilización en luchas por condiciones de trabajo, derechos y beneficios y por formas de resistencia más amplias contra la opresión de los/las trabajadores/as en general y de las mujeres en particular” pues “pone de manifiesto que los intereses comunes de las mujeres trabajadoras pueden articularse dentro del contexto de luchas (feministas) más amplias contra la devaluación del trabajo de las ‘mujeres’ y la explotación de género dentro del capitalismo.” (1998: 3).

 

Del VIH a la “trata de personas” y los desafíos abiertos

 

Desde mediados de los 80’, con mayor fuerza en los 90’ y hasta entrada la primera década del siglo XXI, ha tenido lugar una gran producción de estudios e investigaciones sobre diversos aspectos de las relaciones entre el sexo comercial y la epidemia de VIH/sida. En un principio buena parte de las investigaciones se orientan a detectar los patrones epidemiológicos de expansión del virus, donde las prostitutas jugarán el papel de “vector de contagio” hacia el resto de la sociedad. Como señalan Ward y Day (1997), ya desde el higienismo decimonónico y en toda la epidemiología clásica del tratamiento de enfermedades sexualmente transmitidas, las prostitutas son vistas como una suerte de reservorio de infección. Solo a mediados y fines de los 90’ las investigaciones comienzan a problematizar este paradigma. Entonces, múltiples estudios mostrarán que es necesario considerar para cada población específica cual es el grado de riesgo, poniendo de relieve el papel de otras problemáticas como el uso de drogas intravenosas y la estigmatización (Lazarus, et al., 2011; Rekart, 2005; Ward, H. A. S. O., 2006). Aquí es donde también comienza a marcarse la necesidad de estudiar otros actores como los clientes de sexo comercial, indagar en más allá de las prostitutas mujeres y considerar también las relaciones en sus vidas privadas. En este aspecto varias investigaciones han señalado como el uso de preservativos resulta consistente en aquellas relaciones sostenidas en el ámbito laboral, pero no sucede lo mismo por fuera de este (Allen, et al., 2003; Sanders, 2002). Al igual que sucedió desde los abordajes de otras problemáticas ligadas el sexo comercial, paulatinamente emerge la necesidad de reconstruir un conocimiento matizado sobre el mercado sexual que lo comprenda en su complejidad suspendiendo juicios morales y estereotipos.

 

Este no parece ser el caso con los actuales abordajes que analizan la prostitución a partir de perspectiva de la “trata de personas con fines de explotación sexual”. Si bien ya había cierta preocupación por la trata de personas a fines del siglo XX, será con el cambio de siglo que buena parte de la producción académica sobre la prostitución se vuelca a este fenómeno. Aunque es presentado como novedoso (“la nueva esclavitud”), varias autoras coinciden en señalar los paralelismos entre el pánico moral que impulsaba la lucha contra la “trata de blancas” y la actual lucha contra la “trata de personas” (Doezema, 2000; Kempadoo, 2015; Schettini, 2013). Se ha mostrado las deficiencias y las dificultades en la producción de datos empíricos sobre la extensión concreta del fenómeno, con lo que se hace difícil dimensionarlo (Blanchette y Da Silva, 2011; Silva, et al., 2005; Varela y Gonzalez, 2015) y para algunos la lucha anti-trata adquiere en este siglo características que la asemejan una cruzada moral (Weitzer, 2007).

 

En este marco, el enfoque del feminismo radical, que subsumir las distintas formas del sexo comercial bajo la idea de la violencia de género y la esclavitud, prefigura la operación por la cual el tipo criminal de la “trata” sirve como clave de comprensión de todo el mercado sexual (ver por ejemplo Jeffreys, 2009). Sin embargo, desde otros enfoques, los procesos que muchas veces son interpretados como casos de trata con fines de explotación sexual son reenmarcados –a partir de los relatos y las experiencias de las mujeres— dentro de diversos tipos de tránsitos transnacionales y problemáticas migratorias, sin perder de vista la agencia de estas mujeres (Agustín, 2006; Kempadoo, 2005; Piscitelli, 2008; Piscitelli, Oliveira Assis y Olivar, 2011).

 

Observar la lucha contra la trata como una cruzada permite ver su expansión territorial irradiada a partir de los Estados Unidos. Allí la “lucha contra el terrorismo”, las transformaciones en las políticas seguridad y migratorias, entre otras, articulan un escenario donde el fenómeno de la “trata de personas” sirve para canalizar estas tensiones (Chapkis, 2005). Luego el proceso de institucionalización de este fenómeno ha construido mecanismos que coaccionan a los países periféricos a posicionarse bajo el paradigma norteamericano (Varela, 2015; Weitzer, 2005b). Este movimiento norte – sur de la campaña anti-trata se complementa con los estereotipos racializados sobre las víctima y quienes deben rescatarlas (Doezema, 2000; Kempadoo, 2015). Además, la creciente atención de los medios masivos de comunicación sobre la “trata de personas” pone a circular versiones espectacularizadas y simplificadas (Justo von Lurzer, 2013; Kempadoo, 2015).

Todo ello contribuye a un escenario que propicia además cambios en las legislaciones de diversos países10. En este nuevo giro emerge una vertiente del feminismo abolicionista que se asemeja cada vez más a una forma nueva de prohibicionismo pues propone la intrervención del sistema penal para resolver los problemas de justicia social, por ello algunos la llaman “feminismo carcelario” (Bernstein, 2007a). Aunque tiene origen en los países centrales, sus propuestas tienen eco en nuestra región -por ejemplo en Argentina donde las transformaciones legales han dado cauce a un modelo punitivo del derecho para intervenir en el mercado sexual-. Una de las medidas propuestas desde este paradigma es la penalización de los clientes de prostitución como forma de luchar contra la trata y la violencia contra las mujeres. Impuesto en Suecia en 1999, este paradigma de penalización, el “modelo sueco”, ha sido mencionado como ejemplo a seguir desde el feminismo radical (ver MacKinnon, 1993, 2009; Raymond, 2003). Sin embargo, varios estudios sostienen que estas normativas, bajo argumentos supuestamente feministas, muestran connotaciones moralizantes (Carline, 2011; Sanders, 2009; Scoular y O’Neill, 2007). Además, Don Kulick (2005) ha señalado los perjuicios que ha ocasionado a las trabajadoras sexuales de Suecia afectando casi exclusivamente a las que trabajan en las calles y particularmente a las migrantes. Al mismo tiempo, Kulick advierte cómo, con las encuestas y las distintas producciones discursivas sobre los clientes de prostitución, se está generando una nueva especie de “perverso”, en el sentido foucaultiano11.

 

La perspectiva de conjunto de la dinámica de producción académica sobre prostitución en las últimas décadas ha vuelto a poner de relieve la importancia del trabajo de investigación empírica como fuente del análisis. Una crítica situada solo puede provenir de un análisis minucioso y riguroso, especialmente considerando las diferencias que existen para los distintos mercados sexuales. Las revisiones de la literatura anglosajona suelen marcar esta necesidad, planteando el desbalance entre las investigaciones que abordan la prostitución callejera de mujeres y el resto de los actores y mercados que han sido mucho menos estudiados (Vanwesenbeeck, 2001; Weitzer, 2009). Sólo recientemente en nuestra región –a excepción de Brasil que cuenta con un conjunto de estudios de mayor antigüedad- se ha comenzado a señalar esta necesidad y, a la vez, la relevancia de poner atención a las distintas narrativas de las presonas dedicadas al sexo comercial para realizar una crítica de las posiciones esencialistas respecto a la sexualidad.

 

La dinámica maniquea del debate feminista obstaculiza los abordajes matizados que respondan a la complejidad del asunto. Más aún cuando la investigación sobre prostitución se constituye como un campo minado donde el apasionamiento puede desencadenar injurias y/o estigmatización hacia las y los investigadores (Dewey y Zheng, 2013; Hammond y Kingston, 2014; Pecheny, 2013). Más que los abordajes desde la filosofía política o el derecho a los que nos ha acostumbrado la dinámica del debate feminista, se muestra la necesidad de una contextualización sociocultural e historización de las distintas formas de prostitución. El análisis empírico es el que permite diferenciar mercados y conocer las complejidades de las distintas formas de inserción en ellos. A partir de allí se podrá indagar sobre las vinculaciones con las transformaciones entre la esfera doméstica, laboral y la moral sexual. Contextualizar y enlazar las variantes de las prácticas puntuales de sexo comercial con los mercados sexuales y las estructuras culturales y económicas reinantes, más que trazar una distinción esquemática entre prostitución libre / forzada, abre a una comprensión balanceada de las distintas formas de intercambio. Este es un punto de partida fundamental para construir una crítica que permita transformar las realidades de las poblaciones subalternizadas a partir de considerar sus polifónicas voces.

 

 

NOTAS:

 

  • 1 Algunas investigaciones recientes ponen en cuestión el sustento empírico de tal figura. Por ejemplo Stephanie Budin (2006) concluye que las versiones que hablan de “prostitución sagrada” se basan en malas interpretaciones (y/o errores de traducción) de los textos antiguos. La supuesta prostitución sagrada, que siempre aparece predicada acerca de otras sociedades o en épocas remotas, funcionaría en realidad como una acusación. La prostitución sagrada no sería tanto una realidad histórica como una denuncia de la barbarie de otros pueblos, posición cara a los primeros padres fundadores del cristianismo.

 

  • 2 La extensión de dicho dispositivo en el contexto de América Latina es objeto de disputas (Olivar, 2013). Sin embargo, los efectos discursivos de este aparato y su exportación sirven como analizador para comprender algunas de las aproximaciones sociológicas a la prostitución.

 

  • 3 Paola Tabet (2004) plantea un abanico de formas en que se intercambian sexo y bienes económicos, donde se incluyen la prostitución y el matrimonio. Dichos intercambios constituyen un continuum con matices respecto a quiénes intercambian, la modalidad y temporalidad del intercambio, y las formas de retribución económica.

 

  • 4 A fines del siglo XIX en la mayoría de los países europeos se consideraba que sus mujeres –de ahí la denominación trata de blancas- eran traficadas, -entre otros países a Argentina-, para ser explotadas sexualmente. Varias historiadoras han planteado que la percepción del problema estaba sobredimensionada por un pánico moral (Guy, 1994; Walkowitz, 1980). De todas formas, el tema del tráfico de mujeres tendría gran impacto sobre el movimiento feminista.

 

  • 5 El cambio de denominación obedecía al sesgo racial y a la incorporación de otros sujetos (niños, varones, etc.) (Ezeta, 2006). Una definición precisa llegará recién en 2000 con el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” (conocido como Protocolo de Palermo), no obstante la problemática estaba en la agenda del movimiento desde antes.

 

  • 6 Por ejemplo, Camille Paglia invierte los términos del discurso victimizante del feminismo radical: son los varones quienes están desprotegidos frente a la sexualidad femenina y, en una posición de inferioridad, sólo pueden apelar al dinero frente a las prostitutas (ver en Chapkis, 1997). Esta forma de concebir las posiciones de los sujetos en abstracto reduce las interacciones a decisiones de actores individuales y hace caso omiso de los procesos sociales más amplios que las enmarcan y atraviesan.

 

  • 7 Junto a una colega hemos realizado una traducción de este texto clave para comprender el desarrollo de la idea de “trabajo sexual” (consultar Morcillo y Varela, 2016)

 

  • 8 Pheterson da una lista de actividades que supuestamente llevan a cabo las prostitutas, pero que pueden imputársele a cualquier mujer, por las cuales la sociedad las considera deshonradas: “(1) relacionarse sexualmente con extraños; (2) relacionarse sexualmente con muchas parejas; (3) tomar la iniciativa sexual, controlar los encuentros sexuales y ser una experta en sexo; (4) pedir dinero a cambio de sexo; (5) satisfacer las fantasías sexuales masculinas de manera impersonal; (6) estar sola en la calle por la noche, en calles oscuras, vestida para provocar el deseo masculino; (7) encontrarse en situaciones determinadas con hombres insolentes, borrachos o violentos que o bien una puede manejar (‘mujeres descaradas o vulgares’) o ser manejadas por ellos (‘mujeres convertidas en víctimas’)” (Pheterson, 2000: 59).

 

  • 9 No sólo se homogeneizan las miradas sobre las sexualidades, sino que, en la polarización, las lecturas abolicionistas pueden llevar a igualar un discurso del trabajo sexual como el de Kempadoo con la doctrina de la tolerancia de la iglesia católica y plantear a ambos como etiquetas estigmatizantes. (ver Nuñez, 2002)

 

  • 10 Por ejemplo en Argentina, aunque el delito ya estaba penado, se dicta en 2008 una nueva legislación sobre trata -Ley 26.364- y en 2012 se la modifica con la ley N° 26.842 que permite ampliar el espectro de lo que se concibe como “trata” incluyendo también a quienes hayan prestado consentimiento.
  • 11       Es decir, pasando de una caracterización de acciones aberrantes a delinear un personaje (tal lo como Foucault señala en referencia al pasaje del sodomita al homosexual, 2002)

 

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Recibido: 11-07-2016 / Aceptado: 16-08-2016

 

*            Universidad Nacional de San Juan. Argentina.

E-mail: santiagomorcillo@gmail.com

 

 

 

 

 

¿Que eres feminista, dices?

 

yo-tambien

De la prostitución al burka: reducción al absurdo

 

Reducción al absurdo.

Es absurdo pensar que una mujer pueda decidir libremente vender su cuerpo.

Más absurdo aún es pensar que una mujer pueda decidir libremente regalar su cuerpo.

También es absurdo pensar que una mujer que no quiere ni vender ni regalar su cuerpo pueda decidir libremente exhibir su cuerpo.

Por tanto, la única decisión realmente libre de una mujer es ponerse el burka.

 

Mujeres sirias vistiéndose al fin como les da la gana queman un burka tras su liberación.

Mujeres sirias vistiéndose al fin como les da la gana queman un burka tras su liberación.

Entidades y trabajadoras sexuales acusan a abolicionistas de crear alarma

01/05/2016

 

http://www.lavanguardia.com/vida/20160501/401489776448/entidades-y-trabajadoras-sexuales-acusan-a-abolicionistas-de-crear-alarma.html

 

Barcelona, 1 mayo (EFE).- Varias entidades y trabajadoras sexuales han elaborado un manifiesto contra la abolición de la prostitución y a favor de regular esta actividad, al tiempo que critican a los políticos por situar el debate “en el absurdo” y a los abolicionistas por crear “alarma”.

El manifiesto, que firman, entre otros, la asociación Genera, la Fundación Àmbit Prevenció, ‘Prostitutas Indignadas” y Aprosex, explica que no pretenden “rebatir los argumentos abolicionistas, pero sí poner en cuestión” sus formas porque los consideran “parte de un feminismo que reniega de su propia capacidad de construir alianzas y relaciones de igualdad entre mujeres”.

En este sentido, acusan a los partidarios del abolicionismo de la prostitución de “cargarnos con vuestra rabia”.

“Nos despreciáis llamándonos ‘carne’, nos acusáis de ser delincuentes, nos convertís en objetos en lugar de reconocernos como sujetos de derecho y reproducís estigma sobre todas las mujeres”, añade el manifiesto, que cuenta con el apoyo de la CUP, la Asociación Stop Sida y Ca La Dona.

“Sois quienes dais lecciones sobre la vida desde vuestros atriles, vosotras que decís defender a las compañeras trabajadoras del sexo migrantes y a las víctimas de trata, pero os permitís excluirnos, señalarnos y criminalizarnos mientras decís públicamente que queréis protegernos”, reprocha el manifiesto.

“Nosotras, las putas feministas y las feministas putas, no tenemos cargos de poder ni amigas poderosas, pero estamos empoderadas. Nosotras no somos tan ‘cultas’ pero somos sabias y nos preocupa ser rigurosas, nosotras no somos todas blancas, sino somos diversas. Nosotras no necesitamos vuestro paternalismo, necesitamos derechos”, señala el manifiesto.

El documento, que también suscriben el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) o la Plataforma Unitària d’ONG Sida de Catalunya, advierte que “nosotras, como activistas y aliadas del movimiento de defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras del sexo, no negociamos con partidos responsables de las políticas de precariedad neoliberal, de la corrupción institucional y del modelo turístico que ha arrasado a Barcelona”.

“Nosotras no pactamos campañas hipócritas sobre ‘ciudades libres de trata’ justamente con los intereses económicos y políticos que se beneficiaron de las políticas de represión y de pobreza, con quienes persiguieron a las mujeres que ejercen en la vía pública y regularon los locales de alterne, dando vía libre a las ganancias de sus amigos empresarios de la industria del sexo”, prosigue el manifiesto.

El documento, que también suscriben algunos juristas y periodistas como Samantha Villar, Núria Navarro o Antonio Baños, añade que “no hablamos por hablar, no exageramos, no creamos alarma social, nosotras hablamos desde el empoderamiento colectivo y las alianzas feministas. Nosotras no idealizamos la prostitución, no hace falta, pero tampoco la demonizamos desde vuestra moral”.

“Nosotras no confundimos trata con tráfico, ni con prostitución voluntaria. No comparamos la decisión de una mujer adulta con el rapto de una niña. No confundimos una posible regulación laboral a nivel estatal con la actual regulación municipal de Barcelona, que sigue en vigor gracias a vuestra complicidad silenciosa”, añaden.

En este sentido, critican que la actual ordenanza “acumula multas, tantas como se multiplican sus consecuencias sobre la vida de las mujeres perseguidas por años”.

“Nosotras sabemos que la trata existe porque somos quienes estamos cada día cerca de las mujeres que sufren esta situación de violencia. Somos parte y aliadas de la gran mayoría de las asociaciones especializadas con trayectorias impecables y reconocidas que dan cobertura, apoyo y asistencia directa a las mujeres que ejercen prostitución y a víctimas de trata en Cataluña”.

Por ello, “sabemos que no es cierto que el 90 % de mujeres que ejercen la prostitución esté en situación de trata”, sino que “las cifras lastimosas que manejan nuestras asociaciones especializadas, calculan porcentajes cercanos al 15-20 %”.

Según los rubricantes del documento, “ello demuestra el desconocimiento, la distancia, la banalización y la utilización morbosa que estáis haciendo de cuestiones gravísimas como es la vulneración de los Derechos Humanos de las mujeres y de las niñas”. EFE

 

Penalizar a los clientes es asqueroso e innecesario

IMAG0248Por Molli Desi Devadasi

17 de marzo de 2014

http://mollidesidevadasi.blogspot.co.uk/2014/03/criminalizing-clients-nasty-and.html?m=1

En la guerra sin fin contra las trabajadoras sexuales, los abolicionistas están desesperados por asegurarse de que disponen de instrumentos legales para acosarnos. Están desesperados por tener los medios que les permitan terminar con lo que consideran una conducta sexual transgresora. Sea esta conducta transgresora que las mujeres tengan sexo con los hombres, o sea que las mujeres tengan sexo fuera del matrimonio, su propósito es controlar el acceso sexual a mi cuerpo.

Si yo ofrezco acceso sexual a mi cuerpo a cambio de aceptar instituciones patriarcales tales como el matrimonio, eso es aceptable para algunos. Para otros, es mi decisión de proclamar que tener sexo con hombres a cambio de dinero es subvertir el patriarcado lo que les resulta tan provocador y es la razón por la que someten a las trabajadoras sexuales a tanto oprobio.

Penalizar a los clientes creará enormes problemas a las trabajadoras sexuales en la medida en que nuestros cuerpos se convertirán en campo de investigación forense. La policía tendrá el derecho a vigilar mi cuerpo e invadir mi vagina en busca de pruebas, confiscarán condones usados e investigarán mi teléfono para ver quién me llamó.

De esta forma, para evitar tales perjuicios, los clientes querrán ocultar sus números cuando llamen, lo que todas las trabajadoras sexuales saben que es un auténtico peligro, o bien los clientes querrán contactar con nosotras a través de terceros de confianza, lo que nos hará depender de tales mediadores. Esto es una invitación a la explotación.

Los clientes querrán llevarse con ellos los condones usados para evitar que sean encontrados por la policía. Cómo se desharán después de estos condones irá desde la forma más cuidadosa a la más descuidada y displicente.

Finalmente, yo podré ser sometida a examen íntimo e interno por la policía para comprobar si ha tenido lugar un acto sexual.

Encuentro increíble que alguien pueda realmente defender que la penalización de los clientes hará la vida más segura a las trabajadoras sexuales; la penalización de los clientes es sencillamente un instrumento para ejercer control sobre quién puede tener acceso sexual a mi cuerpo, sin tener en cuenta mis deseos.

Las putas francesas contraatacan (Entrevista a Morgane Merteuil)

13 de octubre de 2013 

 

http://everydaywhorephobia.wordpress.com/2013/10/13/french-whores-fight-back/

 

En el mundo anglohablante tenemos una visión de Francia como un lugar que tiene una opinión liberal del sexo, donde es celebrado lo erótico y, francamente, donde pasa de todo. Como todos los estereotipos, esto se basa más en nuestras ideas de cómo es nuestro propio país y cómo son los otros que en la realidad. Donde es más evidente esta desconexión es en el trato que reciben las trabajadoras sexuales y las leyes a las que se enfrentan. Como en Irlanda, una coalición de feministas carcelarias, de aquellos que se oponen por razones morales al trabajo sexual y de grupos de presión antiinmigración, se han unido en una peligrosa alianza contra natura.

Tenemos el honor de entrevistar a Morgane Merteuil, Secretaria General de STRASS, el sindicato francés de trabajadorxs sexuales, que están luchando contra leyes que no sólo penalizarán el trabajo sexual, sino que irán también contra los inmigrantes, controlarán los foros para detectar inmigrantes y estigmatizarán más aún a las trabajadoras sexuales.

EW: ¿Cuál es la actual legislación francesa referida al trabajo sexual?

Morgane: En Francia tenemos oficialmente un “sistema abolicionista” pero, de hecho, las leyes son ya prohibicionistas; es legal vender sexo, pero está prohibido captar clientes en la calle, y la definición de proxenetismo es tan “amplia” que penaliza a terceros y también, por ejemplo, a las trabajadoras sexuales que trabajan juntas…

EW: ¿Puedes resumir la nueva proposición de ley y de qué forma perjudicará a las trabajadoras sexuales?

Morgane: La nueva ley pretende “luchar contra el sistema prostitucional”; Francia quiere seguir el modelo sueco, así que la ley incluye la penalización de los clientes. Proponen a cambio despenalizar la captación de clientes, pero si penalizan a los clientes, no habrá ningún progreso… que tengamos que trabajar a escondidas porque NOSOTRAS estemos penalizadas o porque lo estén los clientes es lo mismo: tenemos que escondernos, y de esa forma trabajar en condiciones más peligrosas, lejos del centro de las ciudades, y así nos arriesgamos a una mayor violencia y precariedad, lejos de las estructuras y de las organizaciones que pueden proporcionarnos servicios, y que son particularmente útiles para las trabajadoras sexuales que están en situaciones de explotación, por ejemplo… 

La ley también propone luchar activamente contra los sitios web en los que colgamos nuestros anuncios, así que si estos sitios cierran tendremos que encontrar otros nuevos y ser más discretas; ya es difícil anunciarse en Francia, al ser considerados proxenetas los sitios web, así que no podemos decir en nuestros anuncios qué servicios proporcionamos y a qué precio, lo que a veces dificulta las relaciones con los clientes potenciales… 

Así que la ley en su conjunto propone algunas medidas represivas realmente duras sin ninguna medida social a cambio… bueno… tenemos algunas… medidas “de broma”… `Por ejemplo, toda la ayuda que se propone para las trabajadoras sexuales inmigrantes que son víctimas de explotación está condicionada a que abandonen el trabajo sexual,  pero sólo se les da un permiso de residencia de 6 meses, así que las personas afectadas por esos problemas no encontrarán un trabajo decente con esas restricciones y probablemente tendrán que seguir haciendo trabajo sexual y perderán su permiso… 

También condicionan la ayuda a trabajar con una “organización reconocida”; desde luego, sabemos que STRASS u otras organizaciones en general que promueven los derechos de lxs trabajadorxs sexuales no serán una de ellas; sólo las organizaciones abolicionistas recibirán fondos para “ayudar a las personas a dejar el trabajo sexual”… También hay otro ejemplo ridículo: el artículo a propósito de lxs estudiantes que hacen trabajo sexual; en este artículo aprendemos que si los estudiantes hacen trabajo sexual es porque no tienen conciencia de que eso es “prostitución”; así que la solución es ¡añadir en la escuela lecciones acerca de la “cosificación del cuerpo”! Desde luego, no escriben una sola palabra acerca de la precarización de lxs estudiantes, de la privatización de las universidades, etc… 

No voy a hablar de todo lo que dice la ley, pero ya ves su espíritu…

Ciertamente parece claro cuál es el espíritu de la ley; ni siquiera usan la reducción de daños como pretexto para esconder su putofobia, se considera que las inmigrantes necesitan ser reeducadas por los grupos abolicionistas, dan por supuesto que lxs estudiantes no saben qué es el trabajo sexual… Lo que pretende la proposición de ley es hacer más difícil el trabajo sexual, más peligroso y más estigmatizado, ya que los que tienen el poder lo desaprueban moralmente, no por causa religiosa, como explica Morgane, sino porque ofende la sensibilidad de las feministas radicales de la segunda ola. Con el propósito declarado de reforzar la lucha contra la prostitución, esta ley se dirige contra las trabajadoras sexuales; parece que se han dejado de miramientos y nosotras somos el objetivo.

EW: ¿Cuál es la influencia de la Iglesia Católica? 

Morgane: Pienso que no es demasiado fuerte; la mayor organización abolicionista está vinculada a la Iglesia, pero incluso ellos usan la retórica feminista; de hecho, casi nos ayudaría que estuvieran más unidos al movimiento católico,  pero, ya sabes, tienen ya tanto que hacer con el matrimonio entre personas del mismo sexo y la “teoría de género” que acaban de descubrir en los últimos meses que no están realmente interesados en temas de trabajo sexual…

EW: ¿Quién más está apoyando la propuesta? ¿Cómo describirías el feminismo francés?

Morgane: La ley es apoyada por la parte más visible del movimiento feminista, y también por muchos activistas y políticos de izquierdas: quieren probar que son feministas así que siguen las ideas feministas visibles… El feminismo francés es realmente un “feminismo de Estado”: mujeres cis blancas privilegiadas que piensan que el Estado salvará a las mujeres pobres  que no son como ellas y que, por tanto, ellas tienen que conseguir puestos de trabajo en el Estado… 

La derecha es conservadora en este tema: el trabajo sexual evita violaciones, tenemos que volver a abrir los burdeles y luchar contra las trabajadoras sexuales inmigrantes… pero aunque la ley, propuesta por los parlamentarios socialistas, sólo tiene la intención de hacer un enfoque prohibicionista, probablemente logrará el apoyo de los partidos de la derecha.

 EW:  Francia es famosa por haber prohibido el niqab; dadas las tensiones con las mujeres de color que expresan su identidad, ¿crees que las propuestas sobre las mujeres inmigrantes están inspiradas por creencias racistas y antiinmigratorias? 

Morgane: ¡SÍ, eso creo! Yo pienso que, en general, el modo de pensar abolicionista es racista, sexista y clasista, en la medida en que considera a las mujeres, y especialmente a las mujeres no blancas  y/o pobres, como seres humanos inferiores que necesitan que se les diga lo que es bueno para ellas o que necesitan volver a sus países que es siempre mejor que hacer trabajo sexual aquí… Yo creo que mezclaron “enajenación” y “opresión” pensando que cuanto más oprimida estás más ignoras lo que es bueno para ti, y esta confusión ayuda también a hacer enfoques antisociales.

EW:  ¿Están siendo invitados los grupos defensores de los derechos de lxs trabajadorxs sexuales a participar/aportar pruebas?

Morgane: Para esta ley, no en absoluto. A veces somos invitadxs a participar, pero más que nada porque si no lo hacen haremos manifestaciones, acciones de calle, etc… así que nos invitan y luego no toman en cuenta lo que decimos.

Ocurre una y otra vez, se hacen leyes referidas al trabajo sexual que afectarán directamente a nuestras vidas y nos pondrán en mayor peligro, y lxs prohibicionistas tienen tanto miedo a la verdad que ni siquiera invitarán a las trabajadoras sexuales para que aporten sus experiencias. Es como si supieran que no hay más apoyo para sus leyes que un perverso recurso a la putofobia y el odio.

EW: ¿Te gustaría añadir algo? 

Morgane: Tal vez animar a las trabajadoras sexuales que están en países donde el trabajo sexual está menos penalizado a seguir luchando, y no pensar que porque su situación no sea tan mala como en Francia o Suecia o cualquiera de los países prohibicionistas, todo está bien para ellas; porque sabemos que, por ejemplo, el Lobby Europeo de Mujeres no parará después de hacer que Francia adopte el modelo sueco; así que cuanto antes comiences a luchar contra él y, en general, por la despenalización del trabajo sexual, más oportunidades tendrás de evitarlo.

Morgane tiene razón: el Lobby Europeo de Mujeres ha emprendido una cruzada moral contra el trabajo sexual, y las muertes de las trabajadoras sexuales son un precio que están deseando pagar. No invitarán a las trabajadoras sexuales a sus eventos y están vendiendo mentiras a lxs parlamentarixs que las apoyan. Parlamentarixs que tampoco tienen ninguna gana de reunirse con las trabajadoras sexuales. Esto es un desastre para las trabajadoras sexuales francesas y llevará a tragedias como la muerte de Jasmine, pero es también una advertencia para todxs nosotrxs. Si no estamos al lado de nuestras hermanas y nuestros hermanos franceses, podemos estar seguros de que seremos lxs siguientes.

Por favor, compartid esto en vuestras redes sociales, escribir a lxs parlamentarixs, haced saber a la gente que a pesar de los esforzados intentos del Lobby Europeo de Mujeres y de otros que se oponen a la reducción de daños, los ciudadanos de Europa, y del mundo entero, se preocupan por las trabajadoras sexuales, se preocupan por las leyes que las pondrán en peligro, y están a nuestro lado para decir: NO EN MI NOMBRE.

 

 

La guerra contra las trabajadoras sexuales

Una infame alianza de feministas, polizontes y conservadores hace daño a las mujeres en nombre de la defensa de  sus derechos.

Melissa Gira Grant en la edición de February 2013

http://reason.com/archives/2013/01/21/the-war-on-sex-workers

El pasado 30 de agosto, una mujer de 19 años fue detenida en Ann Arbor (Michigan) después de que un posible cliente llamara a la polícía para denunciarla. Alegó que la mujer le había subido el precio de sus servicios tras el contacto inicial por internet. Los polis se la llevaron esposada.

No hay nada particularmente excepcional en esta historia, que apareció por primera vez en AnnArbor.com. Es una de las docenas de ellas que podéis encontrar a diario en informes de la policía y periódicos locales por todo el país, a menudo acompañadas por fotos de fichaje. No hay ninguna organización defensora de los derechos de las mujeres que compile datos completos de cuántas personas son detenidas, juzgadas, condenadas y encarceladas por cargos relacionados con la prostitución. Pero sus nombres y fotos son alojados en motores de búsqueda a perpetuidad, independientemente del veredicto de sus casos.

Las consecuencias de tales detenciones pueden destrozar sus vidas. En Luisiana, algunas mujeres detenidas por prostitución han sido condenadas en aplicación de una vieja ley de hace 200 años que prohibe los “crímenes contra la naturaleza”. Estas personas condenadas —que en un número desproporcionado son mujeres negras y mujeres transexuales— terminan en el registro de agresores sexuales del estado. En Tejas, una tercera detención por prostitución se considera automáticamente un delito grave. Las cárceles de mujeres están tan sobrecargadas que el estado está pensando modificar la ley para recortar gastos. En Chicago, la policía cuelga fotos de fichaje de todas aquellas mujeres detenidas por solicitación en internet, una campaña de vergüenza pública que se intenta hacer extensiva a los hombres que compran sexo. Pero los investigadores de la Universidad DePaul hallaron que el 10 por ciento de las fotos de estos últimos son de mujeres transexuales a las que se adjudicó erróneamente sexo masculino y fueron detenidas como “puteros”. Un cargo de prostitución perseguirá a estas mujeres a través de todas las entrelazadas burocracias de sus vidas: al rellenar un formulario para pedir trabajo, al matricular a sus hijos en la guardería, al alquilar apartamentos, pedir préstamos, solicitar pasaportes o visados.

No todas las personas que hacen trabajo sexual son mujeres, pero las mujeres sufren de forma desproporcionada el estigma, la discriminación y la violencia contra lxs trabajadorxs sexuales. El resultado es una guerra contra las mujeres que es casi imperceptible, a menos que estéis personalmente implicadas en el comercio sexual. Esta guerra está encabezada y es dirigida en gran parte por otras mujeres: una coalición de feministas, conservadores e incluso algunas activistas de derechos humanos que someten a las trabajadoras sexuales a la pobreza, la violencia y la prisión —todo ello en nombre de la defensa de los derechos de las mujeres.

Desconexión de Craigslist y a las calles 

Una mujer vestida de caqui de la cabeza a los pies estaba tratando de juntar a la docena escasa de personas que se manifestaban en piquete ante las oficinas en Nueva York del The Village Voice. Con sus ojos protegidos del llameante sol de junio por un sombrero de ala tipo safari, Norma Ramos apuntaba hacia la entrada del venerable semanario alternativo con una mano, mientras con la otra sujetaba una pancarta escrita a mano. En ella se leía, con letras deliberadamente desiguales: “La VERDAD detrás de backpage.com: $2 MILLONES AL MES por alojar anuncios de trata sexual”.

Ramos es la directora ejecutiva de la Coalición Contra la Trata de Mujeres (Coalition Against Trafficking in Women = CATW). Según la copia promocional del departamento del portavoz que la representa, Ramos está en la vanguardia de “uno de los asuntos de justicia social más ignorados y trágicos de entre los que afectan a nuestro mundo”. Se apunta el mérito (con cierta exageración) de haber cerrado las listas de “Servicios Eróticos” de Craigslist, donde cualquiera con una dirección de email podía postear un anuncio ofreciendo servicios sexuales a cualquiera que tuviera una conexión a internet. Tras la desaparición de los Servicios Eróticos, que siguió a años de presión por parte de las fuerzas del orden y de la Asociación Nacional de Procuradores Generales, muchas trabajadoras sexuales optaron por el principal competidor de Craigslist, Backpage.com, que vio un tremendo despunte de nuevos anuncios de trabajo sexual. (El sitio, una vez propiedad de Village Voice Media, fue escindido recientemente del viejo semanario también propiedad de la empresa, en parte debido a la controversia sobre su contenido).

La lucha de Ramos contra Craigslist, igual que la campaña contra Backpage que le siguió, hizo subir los costes del negocio para algunas trabajadoras sexuales. Después de que los adversarios usaran los medios y las audiencias del Congreso para ligar de forma poco clara a Craigslist con la violencia y la explotación en el comercio sexual, Craigslist comenzó a cobrar $5 por mensaje para sus anuncios de Servicios Eróticos, argumentando que los números de las tarjetas de crédito ayudarían a la policía a localizar a las anunciantes que hubieran sido victimizadas. Para las trabajadoras sexuales que no pudieron afrontar los gastos, la siguiente mejor elección fue asumir los riesgos adicionales (físicos y legales) de solicitar en las calles. Todo este alboroto llamó la atención sobre ambos sitios, dando a los polizontes una excusa para emprender acciones que llevaran a la cárcel a las anunciantes de Craigslist y Backpage. Ahora Ramos está agitando para hacer un bis.

Dos meses antes de la manifestación a las puertas de la Voice,  la icono feminista Gloria Steinem era el centro de atención en los burdeles de la India como parte de un viaje turístico patrocinado por la Fundación NoVo, una de las mayores organizaciones benéficas privadas para mujeres de los Estados Unidos. El dinero de NoVo es dinero de Warren Buffett: mil millones de dólares, transferido por el segundo americano más rico a su hijo Peter,  que preside la organización junto a su mujer, Jennifer. Steinem acompañó a Peter y Jennifer Buffett en un paseo por Sonagachi, el mayor barrio rojo de Calcuta. Steinem volvió de su visita con una sorprendente propuesta: lo que beneficiaría realmente a las mujeres que trabajan allí —a las que describió al Calcutta Telegraph como “prostituídas”, caracterizando su condición como “esclavitud”— sería poner fin a los servicios de salud sexual y a los programas de educación entre pares en burdeles, programas que han sido reconocidos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional como las mejores prácticas entre las intervenciones de prevención de VIH/SIDA. Steinem describió a las mujeres que dirigen esos programas de salud y educación como “tratantes” y a aquellos que las apoyan como “el lobby de la trata”.

¿Cómo hemos llegado a este punto en que en nombre de la “protección” de las mujeres, o incluso de la garantía de sus “derechos”, las feministas están dispuestas a quitarles sus trabajos y su atención sanitaria? Ramos, Steinem y sus aliados fusionan deliberadamente trabajo sexual y lo que ellos llaman ahora “trata sexual” por sus propias razones, no para promover los derechos de las trabajadoras sexuales. El resultado es —o debería ser— un escándalo internacional.

Cómo se convirtió el trabajo sexual en “explotación sexual”

Las luchas feministas a propósito de la prostitución y la pornografía no son una novedad. Pero el feminismo anti-trabajo sexual ha recorrido un largo camino desde los piquetes ante las tiendas de revistas de los setenta y las reposiciones antiporno en los campus universitarios de los noventa. “La pornografía es la teoría y la violación es la práctica”, escribió la autora y activista feminista Robin Morgan en 1980. Todavía anda por ahí hoy, dirigiendo un programa de radio en D.C.’s 1580 AM para el Women’s Media Center.. “La prostitución es violación pagada”, afirma Melissa Farley, que lleva luchando contra las trabajadoras sexuales desde los noventa y ahora elabora informes para organizaciones antiprostitución tales como Demand Abolition. Mientras que en otro tiempo estas mujeres se centraron en terminar con la ·”cosificación” sexual en revistas y barrios rojos, hoy están librando una guerra global que enfrenta a una clase de mujeres contra otra.

Una arquitecta de este cambio es la abogada Jessica Neuwirth, una de las fundadoras de la organización de derechos de las mujeres Equality Now. En una entrevista de 2008 con la socióloga del Barnard College Elizabeth Bernstein, Neuwirth describió el cambio como un alejamiento de “una primera oleada de toma de conciencia acerca de la explotación que consideró a la pornografía y a la prostitución casi por igual como una especie de explotación sexual comercial de las mujeres”. La reescritura era necesaria, explicó Bernstein en la revista Theory and Society, porque la prohibición pura y simple del porno y la prostitución no fue popular, poniendo a las feministas en desacuerdo con sus aliados liberales, tales como la American Civil Liberties Union (ACLU)..”Fueron maltratadas por los tipos de la ACLU”, dijo Neuwirth a Bernstein. “Replanteando estas cuestiones en términos de ‘trata de mujeres’ en el extranjero y como una violación de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres”, explicó Bernstein, “consiguieron librar las mismas batallas sexuales sin oposición”.

Estas batallas se libraban ahora en nombre de la lucha contra la “explotación sexual”, la “trata sexual” y la “esclavitud sexual”. El activismo se ha desplazado al terreno de la ley internacional. En 2000, las feministas anti-trabajo sexual intentaron introducir su redefinición del trabajo sexual en el “Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños”. Norma Ramos y sus aliados pretendieron que el protocolo, cuya finalidad es definir formalmente la trata en los programas de la ONU y promover la colaboración entre los estados miembros de la ONU a fin de defender los derechos de las personas que son víctimas de trata, definiera toda prostitución como “trata”. Según el libro Sex Slaves and Discourse Masters, escrito en 2010 por Jo Doezema, académica de la Paulo Longo Research Initiative, las trabajadoras sexuales fueron apoyadas por el relator especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres, que rechazó la equivalencia entre prostitución y trata. Las trabajadoras sexuales se opusieron también a la propuesta sustitutiva de la Coalition Against Trafficking in Women’s, que describía el sexo comercial como “explotación sexual”.

CATW emprendió una ofensiva en los medios, buscando desacreditar a sus oponentes, alistando incluso al senador Jesse Helms para su causa. La cosa funcionó. El protocolo fue aprobado y ha sido firmado hasta ahora por 117 países, definiendo el sexo pagado como “explotación sexual”. El protocolo ha dado a las feministas cobertura legal y moral para acosar el trabajo sexual bajo la bandera de la lucha contra la trata.

“Esa gente ha tenido mucho éxito usando este término de ‘explotación sexual’ para desarrollar legislación”, dice Ann Jordan, antigua directora del Programa de trata de seres humanos y trabajo forzado en el Washington College of Law de la American University y abogada que ha defendido los derechos de las víctimas de trata. “Muchas de las personas a las que hablan no les preguntan nunca qué quieren decir con él”. Pero aunque las oponentes del trabajo sexual han conseguido que se aprueben leyes contra la “explotación sexual”, dice Jordan, “dichas leyes no son aplicables porque nadie sabe qué significa eso”.

En el frente doméstico, las activistas anti-trabajo sexual consiguieron una de sus mayores victorias con la reautorización en 2005 de la Trafficking Victims Protection Act (TVPRA). La TVPRA destinó 50 millones de dólares para que las agencias de aplicación de la ley “desarrollaran y ejecutaran programas destinados a reducir la demanda masculina y a investigar y perseguir a los compradores de actos sexuales comerciales”. Aunque aparentemente destinada a apoyar a las víctimas del trabajo forzado, la TVPRA proporciona dinero para las medidas destinadas a desanimar a los hombres de contratar trabajadoras sexuales, incluyendo actividades legales y paralegales tales como el escorting, la pornografía, el stripping y el sexo telefónico, así como a investigar a las personas que intentan contratar. Aunque casi todas las leyes relativas a la prostitución en Estados Unidos están hechas a nivel estatal o municipal, redefinir la prostitución como trata proporciona un argumento para la acción federal contra el comercio sexual.

Mientras tanto, los legisladores de varios estados han respondido a las demandas de las activistas feministas reforzando las penas por faltas relacionadas con la prostitución y priorizando la aplicación de esas leyes. “Piénsalo”, dice Jordan. “Si eres un político a nivel estatal o nacional, y alguien viene y te dice: ‘están esos horribles hombres que están agarrando a esas inocentes pequeñas vírgenes, y todo lo que tú necesitas hacer es poner dinero para la aplicación de la ley’, no podrás negarte”, Intensificar la aplicación de la ley contra el vicio permite a los legisladores evitar los pasos mucho más complicados que se necesitan para apoyar a las personas que han sido víctimas de trata o abordar con inteligencia las políticas de inmigración y trabajo que llevan a las personas a inmigrar ilegalmente o aceptar dudosas ofertas de trabajo cuando hay pocas opciones legales disponibles. Hacer frente a problemas como estos, dice Jordan, “no te permite ir por ahí diciendo que estás ‘salvando esclavas sexuales’”. El enfoque prohibicionista significa que “no tienes que tratar en realidad con las personas que están en los márgenes de la sociedad”.

¿Qué ocurre cuando las personas implicadas en el comercio sexual —las personas para cuya protección se supone que han sido hechas esas leyes— las rechazan? Las activistas antitrata a menudo responden negando su existencia. En la protesta contra Backpage de junio, vi al equipo de Norma Ramos distribuyendo volantes a los transeúntes advirtiéndoles contra el mismo término de trabajo sexual, una frase que “enmascara completamente la violencia física, psicológica y sexual que se inflige a las personas prostituídas”, aunque tenían que reconocer que “es un término que las propias mujeres en prostitución usan y prefieren”.

Si este debate semántico parece un poco demasiado misterioso para ser tratado en pancartas y volantes, su propósito se reveló cinco metros más allá en la acera, donde miembros del Sex Workers Outreach Project New York (SWOP-NYC), un grupo de voluntarios de base dedicado a mejorar las vidas de las trabajadoras sexuales, hacían una silenciosa contraprotesta. Lxs miembrxs de SWOP —entre lxs que están trabajadoras sexuales retiradas y otras en activo— saludaban a los neoyorkinos a su paso por Greenwich Village con sonrisas y volantes, invitándoles a prestar su apoyo a las personas que tenían una auténtica experiencia en la industria del sexo. Ese día la policía ordenó repetidamente a lxs miembrxs de  SWOP que no se acercaran a menos de media manzana de la gente de Ramos. No dieron la misma orden a Ramos.

Feministas, polizontes y conservadores 

Un artículo en el número de agosto de Marie Claire sigue a Andrea Powell, directora ejecutiva de Free Aware Inspired Restored (FAIR) Girls, mientra merodea Backpage en busca de anuncios sexuales clasificados que sospecha que han sido puestos por o para menores: “Poniéndose un auricular y buscando en su iPhone con estuche de Kate Spade rosa y negro para llamar a una oficial de policía local, Powell dice con urgencia, “tenemos que informarla ahora”. Pero cuando los polis montaron un operativo contra la anunciante, continúa la narración, “dijo que era una mujer adulta —y no quiso ayuda ni de la policía ni de nadie”.

Algunas activistas ven el llamar a los polis para “rescatar” a personas del comercio sexual como el modelo de una intervención fructífera a favor de los derechos humanos. No cuentan sus victorias por el número de personas a las que ayudan; las cuentan por el número de las que son detenidas.

Estas tácticas son parte de un incremento de lo que Elizabeth Bernstein llama el “feminismo carcelario”; la profesora de derecho de Harvard Janet Halley lo llama “feminismo gubernamental”, Las feministas hicieron en otro tiempo una potente crítica del sistema de justicia penal, pero sus argumentos se han desvanecido según han ido consiguiendo poder dentro de dicho sistema. No sorprendentemente, han encontrado aliados conservadores por el camino.

Al redefinir el trabajo sexual como un asunto de hombres malos que les hacen cosas malas a jóvenes mujeres esclavizadas, las activistas antiprostitución se han remodelado a sí mismas como liberadoras, en lugar de regañonas, al tiempo que han hecho su mensaje más atractivo a los conservadores sociales que a veces han desconfiado de ellas. La conservadora Heritage Foundation ha hecho suya la causa de “combatir la trata sexual”, aunque más que nada como un modo de atacar a la administración Obama y a las Naciones Unidas por no adoptar una política aún más punitiva. La Protect Innocence Initiative, una coalición de la organización antiprostitución Shared Hope International y el American Center for Law & Justice (la réplica de la derecha a la ACLU), hizo una presentación en la Cumbre de Votantes de Valores en Washington en septiembre pasado promocionando las 40 leyes que ha logrado con su persuasión que aprueben los legisladores de los estados desde diciembre de 2011. El título: “¿Podéis proteger a vuestros niños de la industria del sexo comercial?” La directora de Shared Hope International, la ex-congresista Linda Smith (representante por Washington), explicaba a la audiencia de Votantes de Valores que ellos deberían “poner este asunto en su justo sitio” al lado de la causa antiabortista.

Donna M. Hughes, una profesora de estudios de la mujer de la Universidad de Rhode Island que alabó a George W. Bush por “poner la lucha contra el comercio sexual global a la par con la campaña por la democracia en Irak y la guerra contra el terrorismo”, es otra voz amistosa con los conservadores en el coro anti-trabajo sexual. Hughes batió su propio curioso tambor “derechos de las mujeres” en apoyo de las guerras de Irak y Afganistán en un op-ed del Washington Post en 2004, escrito en colaboración con la feminista de segunda ola Phyllis Chesler, en el que el dúo criticaba a las feministas por no ver que los conservadores “podrían ser en algunos temas mejores aliados que lo que había sido la izquierda liberal”.

Las trabajadoras sexuales se llevan la peor parte de la preferencia de esta coalición por usar la aplicación de la ley para proteger los derechos de las mujeres. El aumento de las penas por “trata sexual”, apoyado por grupos tales como la National Organization for Women New York (NOW-NYC) y la Chicago Alliance Against Sexual Exploitation (CAASE) han conducido a amplios operativos policiales, tales como una redada en enero de 2012 en Nueva York, que atrapó según el informe a “200 puteros” y confiscó muchos de sus vehículos antes de que se les leyeran los cargos. Pero pedir a los polizontes que protejan a las mujeres “yendo a por los puteros” no libra a las trabajadoras sexuales de ser detenidas. Un examen en 2012 de los delitos relacionados con la prostitución en Chicago dirigido por el Chicago Reporter reveló que de 1.266 condenas durante los últimos cuatro años, 97 por ciento de los cargos fueron hechos contra trabajadoras sexuales, con un incremento del 68 por ciento entre 2008 y 2011. Es decir, durante los mismos años en los que CAASE hizo lobby por la Illinois Safe Children Act, ley destinada a terminar con las detenciones de quienes describe como “personas prostituídas” y perseguir en su lugar a “tratantes” y compradores mediante escuchas telefónicas y trampas. Desde la aprobación de esta ley en 2010, sólo tres compradores han sido acusados de delito. Estas artimañas apoyadas por las feministas y copadoras de titulares periodísticos someten a jóvenes mujeres a la humillación de la cárcel, de los procedimientos legales, y del rastro que queda en diversas bases de datos policiales, a veces por el resto de sus vidas.

“Es fascinante que mujeres que dicen ser feministas” tengan tantas ganas de usar la ley de esta manera, dice Ann Jordan. Apoyar la aplicación de leyes antiprostitución requiere de ellas recurrir a la fuerza de “todas esas instituciones que siempre han oprimido a las mujeres”, hace notar, “pero están deseosas de usar la ley para reprimir una determinada conducta de las mujeres”.

Como abogada titular en el Sex Workers Project en el Urban Justice Center, Melissa Broudo trata con las consecuencias de redadas como la de Nueva York el pasado invierno. Broudo es una de los pocos abogados que trabajan para revocar las sentencias de personas que han sido víctimas de trata y que han resultado convictas de cargos de prostitución. “La parte más difícil que tenemos que tratar”, dice Broudo, “es intentar representar a individuos que no se ajustan al modelo. No son una niña de 12 años, o cualquier otro estereotipo. Los hombres pueden ser víctimas de trata. Las mujeres y los hombres trans pueden ser víctimas de trata, y de hecho lo son. Mujeres mayores pueden ser víctimas. Yo tengo clientes que pertenecen a todo tipo de categorías diferentes, pero que no se adaptan a la descripción convencional de una víctima de trata”.

Las descripciones exageradamente simplificadas de lo que es la trata pueden tener consecuencias devastadoras para aquellxs que son víctimas de ella. “Cuando estoy revocando previas declaraciones de culpabilidad de supervivientes”, dice Broudo. “veo una traba legal si se trata de alguien que en su momento no era una mujer no transexual menor de edad. Y no debería ser así.”. Broudo concede que “es necesario que la gente comprenda que existe la trata”. Pero añade que “saberlo no es suficiente, y las campañas de concienciación pueden tener consecuencias negativas. Cuando alguien como [el columnista del New York Times] Nicholas Kristof escribe un artículo acerca de que hay que cerrar Backpage o aplaudiendo las operaciones policiales, crea una imagen que sugiere que la respuesta es penalización y castigo, y entonces la gente piensa que lo que se necesita es detener a más gente, y esto es increíblemente contraproducente. Y desafortunadamente, cuando hay más dinero y una orden de detenciones, la consecuencia es a menudo que son detenidas trabajadoras sexuales independientemente de que hayan sido o no forzadas a hacer trabajo sexual”.

Las activistas trabajadoras sexuales hace tiempo que han expresado esta preocupación, no para proteger a la industria del sexo (como dicen las activistas antiprostitución) sino para protegerse a sí mismas de la violencia de la detención y de la violencia que resulta del estigma social y la discriminación generalizados. Lxs defensorxs de los derechos de las trabajadoras sexuales quieren terminar con estas detenciones, mientras que las feministas, que deberían ser sus aliadas naturales, presionan para que haya más.

“Saco de huesos en Gilgo Beach”

Entre 2010 y 2011, los restos de 10 personas, muchas de ellas identificadas como trabajadoras sexuales, fueron hallados en Gilgo Beach de Long Island. Las trabajadoras sexuales de Nueva York, incluyendo miembros del SWOP, respondieron contactando con las familias de las víctimas, acudiendo a vigilias y dándose apoyo mutuo. Redes como ésta son fuertes entre las trabajadoras sexuales, que no pueden confiar en polizontes, tribunales u otras instituciones a las que la mayor parte de las personas pueden acudir en tiempos de crisis.

La respuesta de NOW-NYC a estos asesinatos, todavía sin aclarar, vino en la forma de una carta de su presidenta, Sonia Ossorio, al New York Daily News. En el contexto de la campaña de NOW para aumentar los controles y las redadas contra el trabajo sexual, Ossorio se quejaba de que el periódico estuviera actuando incorrectamente por publicar una columna en la que se ponía en cuestión que fuera de beneficio público mantener la ilegalidad de la prostitución. Terminaba su carta invocando a las mujeres asesinadas que “terminaron como sacos de huesos en Gilgo Beach”. Para Ossorio, las muertes de estas mujeres eran una justificación de la prohibición, en lugar de una llamada de atención sobre los peligros que la prohibición crea.

No es el trabajo sexual lo que expone a las trabajadoras sexuales a la violencia; es nuestra disposición a abandonar a las trabajadoras sexuales a la violencia en un intento de controlar su conducta. La prohibición hace a la prostitución más peligrosa, empujándola a la clandestinidad y despojando a las trabajadoras sexuales de protección legal. La lucha en torno a esta política se trata de algo más que sólo tensiones entre distintas generaciones del feminismo. Se trata de un infame matrimonio del feminismo con el poder del conservadurismo y de la policía, ese poder en contra del que dicen estar muchas feministas.

Lxs defensorxs de las trabajadoras sexuales están haciendo algún progreso en la petición de cuentas por esta alianza. En 2011, por primera vez, activistas trabajadoras sexuales participaron en la Revisión Periódica Universal de los Derechos Humanos organizada por las Naciones Unidas, una revisión de los expedientes de derechos humanos de todos los estados miembros que se lleva a cabo cada cuatro años. También fue el primer año en que el expediente del gobierno de los EE.UU. en materia de derechos humanos fue objeto de revisión en las Naciones Unidas

La activista Darby Hickey, una mujer transexual que ha estado implicada en el comercio sexual y que actualmente es analista en el Best Practices Policy Project, que defiende los derechos de las trabajadoras sexuales, participó en la evaluación de las Naciones Unidas. Sus hallazgos reforzaron lo que las trabajadoras sexuales han estado informando desde hace décadas. Las trabajadoras sexuales de EE. UU. son vulnerables a la discriminación y la violencia no simplemente a causa de su trabajo, sino debido a las formas como las instituciones las excluyen y las dañan. Los Estados Unidos firmaron las recomendaciones de la Revisión Periódica Universal que dicen que “nadie debería sufrir violencia o discriminación en el acceso a los servicios públicos por causa de su orientación sexual o su condición de persona que practica prostitución”.

“Ahora veremos qué hacen con eso”, dice Hickey, “y que pasos dan para solucionar la violencia que deriva de la aplicación de la ley y la violencia sistémica”. “Cuando se trata de la criminalización y el sistema carcelario”, dice Hickey, “existe el reconocimiento general de que estamos yendo en la dirección equivocada, pero por lo que concierne a la prostitución, estamos yendo en dirección contraria, con la gente diciendo “detened a más gente, aumentad las penas”. “Exactamente igual que la guerra contra las drogas es en muchos sentidos una guerra contra la gente de color”, dice Hickey, “la guerra contra la prostitución es una guerra contra las trabajadoras sexuales”.

Si vamos a llamar a los ataques contra los derechos reproductivos y sexuales una “guerra contra las mujeres”, hablemos entonces de una guerra contra las mujeres que tiene prisioneras de verdad y recuentos de cuerpos. Es una guerra contra las mujeres implicadas en el trabajo sexual, dirigida por mujeres que no vacilarán en usar los cadáveres de sus oponentes como argumentos políticos pero que rehusan escucharlas mientras aún están vivas y aún están aquí para luchar.