Esclavas sexuales y Estado vigilante

 

Por qué “trata de seres humanos” es un término peligroso

 

Thaddeus Russell en el número de  Mayo de 2014 de reason

http://reason.com/archives/2014/04/22/sex-slaves-and-the-surveillanc

 

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Su nombre, igual que el de casi todas las víctimas, es desconocido. No mayor de veinte años, tiene ojos grandes y tristes, larga y ondulante cabellera y pálida piel. Lleva un recatado vestido blanco, que sugiere que la vida que llevaba antes de verse en esa mazmorra era una vida de inocencia. MIra a través de los barrotes de su jaula y, ya que no puede salvarse por sí misma, implora rescate. Tras ella, un hombre con sombrero de bombín y mirada lasciva mira a su presa a través del humo de su cigarro. Ha pagado por violarla y ella no puede hacer nada por detenerle. Es una “esclava blanca”.

Esta chica no es más que un dibujo. Existió solo en una imagen que formó parte de una avalancha de afirmaciones hechas a comienzos del siglo veinte acerca de legiones de chicas y mujeres americanas blancas que eran retenidas contra su voluntad y forzadas a prostituirse. Miles de artículos de periódico, libros, sermones, discursos, obras de teatro y películas retrataron una vasta economía sumergida de raptores y proxenetas que ejercían un poder casi divino sobre jóvenes esclavas sexuales. Los historiadores están hoy en general de acuerdo en que aquellas descripciones eran invenciones en todo o en casi todo. Existe escasa evidencia verificable de mujeres americanas que hubieran sido raptadas y obligadas físicamente a practicar la prostitución, o de que la chica de la ilustración existiera alguna vez.

Esto no fue sólo una mera mitificación inofensiva. Las afirmaciones hechas por el movimiento contra la “trata de blancas” ayudaron a crear, expandir y reforzar los poderes de la policía en una serie de agencias gubernamentales. Desde el comienzo del pánico, esas agencias encarcelaron y esterilizaron a cientos de miles de mujeres que trabajaban como prostitutas, les quitaron los hijos, las obligaron a echarse a las calles y a establecer relaciones de dependencia con hombres criminales, e hicieron que sus trabajos estuvieran entre los más peligrosos del mundo.

Esas mismas agencias gubernamentales persiguieron también a hombres negros, judíos, latinos y asiáticos por el simple hecho de haber tenido relaciones íntimas con mujeres blancas; hicieron más estrictas las restricciones a la inmigración; establecieron precedentes de algunas de las peores violaciones gubernamentales de la privacidad y las libertades civiles de la historia de los Estados Unidos; y constituyeron la base del moderno Estado vigilante.

El movimiento contemporáneo contra la “trata de seres humanos”, también descrita como la “esclavitud moderna”, es sorprendentemente similar a la cruzada contra la trata de blancas de hace un siglo, tanto en su retórica como en sus implicaciones con la libertad individual y el poder del Estado.

En 1907, el gobierno federal lanzó su primera respuesta concertada al pánico de la trata de blancas cuando la Comisión de Inmigración de los Estados Unidos —conocida como la Comisión Dillingham por su presidente, el senador William P. Dillingham de Vermont— puso en marcha una investigación en doce ciudades sobre la “importación y alojamiento de mujeres con fines inmorales”. La comisión encontró a numerosas prostitutas de origen extranjero que practicaban voluntariamente su oficio, y encontraron también a algunas mujeres de las que los investigadores dijeron que estaban “prácticamente forzadas” a ejercer la prostitución mediante la violencia o amenazas de violencia, pero no encontraron a ninguna como la chica del dibujo.

Los investigadores admitieron también que “para guardarse de las creencias sensacionalistas que se están volviendo prevalentes, es mejor repetir que los agentes de esta comisión no han tenido conocimiento de que todas, ni siquiera la mayoría, de las mujeres y chicas extranjeras que practican la prostitución en los Estados Unidos… hubieran sido oblidadas o engañadas para hacer esa vida”. Sin embargo, el gobierno respondió a estos descubrimientos con una inmensa represión de las libertades de comercio, de movimiento y sexuales tanto de los ciudadanos americanos como de aquellos que deseaban vivir en los Estados Unidos.

Llevados por la suposición de que ninguna mujer mentalmente sana decidiría vender sexo de no mediar una coerción abrumadora, los activistas contra la trata de blancas amalgamaron la trata de blancas imaginaria con todas las formas de prostitución y sexualidad inmoral. Aunque nunca descubrieron una sola mujer que hubiera sido introducida contra su voluntad en el país para vender sexo, los funcionarios de inmigración recibieron instrucciones de frenar esta supuesta avalancha negando la entrada no solo a cualquier mujer de la que sospecharan que era una prostituta, sino también a cualquier mujer que hubiera tenido hijos o relaciones sexuales fuera del matrimonio.

Entre 1907 y 1911, a cerca de 80.000 mujeres de las que se sospechó que eran prostitutas o sexualmente inmorales se las prohibió entrar a los Estados Unidos. La Oficina de Inmigración comisionó también a agentes para trabajar de incógnito en salones, cafés y estaciones de tren donde se creía que trabajaban prostitutas, haciéndose pasar por agentes del censo y atrapando a prostitutas pidiéndolas relaciones en la calle.

Por lo general, las mujeres inmigrantes detenidas por prostitución eran deportadas. Según la historiadora de la Universidad del Estado de Texas Jessica R.Pliley, autora del libro de próxima aparición Policing Sexuality, para la Oficina de Inmigración “el problema de la trata de blancas era realmente un problema con la prostitución extranjera”. En 1909, la Oficina de Inmigración envió a su principal investigador de la trata de blancas, un hombre llamado Marcus Braun, a Europa para averiguar las causas del flujo de prostitutas extranjeras a Estados Unidos. Braun se quedó atónito al encontrar que en Londres, París, Berlín, Moscú y Bruselas, las prostitutas eran consideradas por las autoridades y la sociedad en general como trabajadoras asalariadas corrientes. Fue aún más sorprendido por las mismas prostitutas, que le dijeron que veían a los Estados Unidos sobre todo como un mercado lucrativo, ya que la moralidad americana limitaba el suministro de competidoras, haciendo así que subieran los precios de su trabajo. Braun concluyó de su investigación que —contrariamente a lo que decía la entonces dominante narrativa de la trata de blancas— no existía una organización internacional de raptores y proxenetas operando para “explotar a las mujeres inocentes y virtuosas”.

Sin embargo, en 1910 el congreso respondió a la incesante histeria aprobando la Ley de Trata de Blancas de los Estados Unidos, mejor conocida como la Ley Mann (por su autor, el congresista de Illinois James Robert Mann), que convirtió en delito transportar mujeres a través de las fronteras de los estados “con fines de prostitución o libertinaje, o con cualquier otro propósito inmoral”. Mann, como los principales defensores de la ley, era un republicano progresista incondicional que defendió la regulación de las líneas férreas, el sufragio de las mujeres y la Ley de Alimentos y Medicamentos Puros. Muchos segregacionistas demócratas del Sur, galvanizados por las historias de hombres negros que comerciaban con mujeres blancas y las compraban, se unieron a los progresistas en apoyo de la ley.

En poco tiempo, cuarenta y cinco estados aprobaron leyes contra la trata de blancas, que fueron usadas (junto con las leyes contra casas desordenadas) para cerrar la mayor parte de los barrios rojos del país, clausurar burdeles en los que las prostitutas gozaban normalmente de la protección de las madamas, y colocar a las trabajadoras sexuales en un circuíto entre asilos, reformatorios, cárceles y calles.

“Dadas estas condiciones” —escribe Ruth Rosen en The Lost Sisterhood (1983), la historia seminal del trabajo sexual en los Estados Unidos— “no es sorprendente que los proxenetas comenzaran a dominar la práctica de la prostitución”. Prohibido legalmente, el trabajo sexual fue transferido de la propiedad femenina al poder masculino. Aunque ciertamente fueron a veces explotadas en los burdeles, “madamas y prostitutas habían ejercido un poder considerable en sus relaciones con los clientes”, escribe Rosen. “Ahora las prostitutas se convirtieron en blancos fáciles tanto de proxenetas como del crimen organizado. En ambos casos, la violencia física sufrida por las prostitutas creció rápidamente”.

Entre las agencias gubernamentales reforzadas por la histeria de la trata de blancas estaba el Bureau of Investigation (BOI), que fue creado en 1008 en parte para investigar la importación y transporte entre estados de prostitutas. Con el mandato ampliado de la Ley Mann, el Bureau creció rápidamente, de unos 60 agentes a más de 350, abriendo una División de Trata de Blancas y operando en todas las principales ciudades del país en tan solo cinco años.

Durante este período, los casos de trata de blancas constituyeron cerca de la tercera parte del trabajo del Bureau. Cuando fue renombrado como Federal Bureau of Investigation (F.B.I.) en 1935, la agencia había investigado a decenas de miles de americanos por supuesta violación de la Ley Mann. Pliley ha encontrado que una parte considerable de estos casos se trataban no de vicio comercial, sino de relaciones entre hombres mayores y chicas, adulterios, quinceañeas promiscuas y parejas interraciales.

“El movimiento contra la trata de blancas constituyó un eslabón importante del activismo de la Era Progresista”, escribe Pliley, “que buscó purificar el dormitorio de la misma forma que los activistas buscaban limpiar la política, el mercado y las relaciones laborales”. Específicamente, la investigación hecha por el BOI de casos de inmoralidad sexual “sometió los antecedentes de americanos medios de todas las clases sociales al escrutinio del Bureau”.

El caso más famoso de la Ley Mann fue el proceso del campeón de boxeo de pesos pesados negro Jack Johnson, cuyas impúdicas relaciones con mujeres blancas atrajo la ira de los agentes del BOI y del fiscal general de Illinois. Johnson fue declarado culpable de transportar a una prostituta, con la que había estado teniendo relaciones, a través de las fronteras del Estado, y fue sentenciado a un año de cárcel y una multa de 1.000 dólares.

Piles aduce que el moderno FBI fue configurado a partir del trabajo de su División de Trata de Blancas, que “transformó el BOI en una auténtica agencia nacional”. La aplicación de la Ley Mann “justificó la petición por parte del Bureau al Congreso de más fondos y estableció su autoridad en la cultura popular”. Y lo más importante, las investigaciones de la trata de blancas “establecieron un   modelo más agresivo para la aplicación de la ley federal que el que existía previamente, buscando tanto prevenir la infracción de la ley como investigar a ciudadanos corrientes, estableciendo por tanto importantes precedentes” de lo que llegó a ser el FBI.

Cuando J. Edgar Hoover asumió la dirección del BOI en 1924, hizo redoblar los esfuerzos del Bureau para controlar policialmente la “inmoralidad interestatal”, más allá del vicio comercial. A lo largo de los años veinte y treinta, el Bureau puso en marcha decenas de miles de investigaciones y logró más de 7.000 condenas por casos de bigamia, de adulterio, de relaciones con “mujeres o chicas previamente castas o muy jóvenes”, o relaciones entre mujeres blancas y hombres no blancos. Tales casos constituyeron la mayor parte del trabajo del Bureau durante ese período. Como señala Pliley, “el crecimiento del Estado norteamericano del siglo veinte se produjo en no pequeña medida mediante el control policial de los cuerpos de las mujeres”.

La histeria de la trata de blancas dio lugar también a uno de los usos más espantosos del poder estatal en la historia de los EE. UU. En varios estados, una condena por “trata de blancas” hacía a una mujer automáticamente elegible para la esterilización. Entre 1907 y 1950, unas 40.000 mujeres fueron esterilizadas a la fuerza, la mayor parte por prostitución o inmoralidad sexual.

Tras la Segunda Guerra Mundial, tanto el término “trata de blancas” como la vigilancia de la sexualidad inmoral perdieron su reputación, y los procesamientos por violaciones de la Ley Mann virtualmente cesaron. Pero en los primeros 2000 surgió una nueva causa que tenía un asombroso parecido con el pánico de los primeros 1900. Después de haber sido mencionada solo esporádicamente durante los noventa, la “trata de seres humanos” explotó en informativos y artículos académicos al comienzo de la era de George W. Bush.

Una búsqueda de Google Académico muestra sólo 50 resultados para el término en 1998, pero 161 resultados en 2000, 293 en 2001, 496 en 2002, 758 en 2003 y 1.100 en 2004. La cifra sigue creciendo hasta aproximadamente 6.000 en cada uno de los últimos tres años. El movimiento contra la trata de seres humanos, o “esclavitud moderna”, es ahora un fenómeno global que supera con creces el alcance de la causa contra la trata de blancas.

Veintisiete millones de personas, se nos dice desde las Naciones Unidas, decenas de ONGs, y el Departamento de Estado de los EE.UU., están sometidas a esclavitud en todo el mundo. Aunque hay un consenso académico general en que la mayor parte de las personas que son coaccionadas a emigrar y trabajar son trabajadores agrícolas y domésticos, la parte del león de la atención de la campaña contra la trata de seres humanos se centra en las trabajadoras sexuales.

Como ocurrió con la trata de blancas, no hay razón para creer que el número real de esclavos en el mundo se aproxime en absoluto a la cifra proclamada. El origen de esta cifra ha sido rastreado por una serie de académicos y periodistas, en particular Laura Agustin, Elizabeth Bernstein, Maggie McNeill, and Ronald Weitzer, y se ha hallado que está relacionado con el trabajo de un solo hombre, Kevin Bales, el fundador del grupo de presión Free the Slaves, que llegó a esa cifra mediante estimaciones, adivinaciones y una definición extensiva de “esclavitud”.

En otro paralelismo con lo que ocurrió hace un siglo, varios académicos han identificado una confluencia del discurso de la trata de seres humanos con peticiones de restricciones a la inmigración. El nuevo pánico ha hecho aparecer también nuevas agencias en los gobiernos municipales y estatales cuya misión de perseguir a los “tratantes” ha dado lugar a la persecución de un número mayor de mujeres que venden sexo por dinero voluntariamente. En Florida, la legislatura del estado está considerando una ley que permitiría la hospitalización psiquiátrica involuntaria de las “víctimas” de trata sexual.

En 2000, la Ley de Protección de Víctimas de Trata creó dentro del Departamento de Estado una Oficina para Monitorizar y Combatir la Trata de Personas, que promueve la cifra de los 27 millones de “esclavos” en su web y en su “objetivo de asistencia en el extranjero e implicación pública en la trata de personas”. Parte de esta asistencia en el extranjero ha llevado a programas en Asia en los que ONGs y gobiernos locales “rehabilitan” a trabajadoras sexuales detenidas obligándolas a trabajar en una fábrica.

La historia del primer pánico sexual de Estados Unidos debería hacernos pensar antes de embarcarnos en una nueva causa cuyos beneficios probablemente serán mínimos en el mejor de los casos pero que casi con toda certeza llevará a más mujeres a la cárcel y pondrá más policías en nuestras vidas.

 

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Thaddeus Russell enseña historia y estudios americanos en el Occidental College. Su libro más reciente es A Renegade History of the United States (Free Press).

A todos los directores nacionales de Amnistía Internacional: total despenalización del trabajo sexual

 

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Firma esta petición

Apoyamos la propuesta de política global de Amnistía Internacional por la total despenalización del trabajo sexual en todo el mundo

https://secure.avaaz.org/en/petition/All_Country_Heads_Full_decriminalisation_of_sex_work/?ffhAlhb

 

Por qué es esto importante

Apoyamos la declaración de Amnistía Internacional que dice que los Estados tienen la obligación de ‘reformar sus leyes y desarrollar e implementar sistemas y políticas que eliminen la discriminación contra aquellas que ejercen el trabajo sexual’. Amnistía llama a los Estados a ‘buscar activamente el empoderamiento de los más marginados de la sociedad, en particular mediante la defensa de los derechos de libertad de asociación de aquellas personas que realizan trabajo sexual, el establecimiento de sistemas que garanticen el acceso a servicios sanitarios apropiados y de calidad, condiciones de trabajo seguras y lucha contra la discriminación o abuso por motivos de sexo, orientación sexual y / o identidad o expresión de género’

En los lugares donde muchos aspectos del trabajo sexual están penalizados —tales como la captación de clientes, vivir de las ganancias de una trabajadora sexual [las familias y los hijos son los que más sufren esto], ser gerentes— las trabajadoras sexuales deben hacer frente a la discriminación y el estigma que minan sus derechos humanos, incluidos los derechos a la libertad, a la seguridad personal, a la igualdad y a la salud. La evidencia sugiere que el riesgo de infección por el VIH de las trabajadoras sexuales está inextricablemente relacionado con su estatus marginado e ilegal, estatus que arrastra su trabajo a la clandestinidad y aumenta los abusos de la policía y la explotación por terceros.

Según la Nota Orientativa de ONUSIDA sobre VIH y Trabajo Sexual, “incluso allí donde los servicios están disponibles en teoría, las trabajadoras sexuales y sus clientes encuentran ante ellos importantes obstáculos para acceder a la prevención, al tratamiento y al apoyo frente al VIH, en particular allí donde el trabajo sexual está penalizado”. En los países donde el trabajo sexual está despenalizado, se ha demostrado que la violencia contra las trabajadoras sexuales ha disminuído, las relaciones entre las trabajadoras sexuales y la policía han mejorado y el acceso a los servicios de salud ha aumentado.

Las leyes punitivas que penalizan y castigan el trabajo sexual actúan como instrumentos que facilitan el acoso a las trabajadoras sexuales y hacen que éstas vean constantemente violados sus derechos humanos por los agentes de la ley, las autoridades sanitarias y los clientes. En muchos países, las trabajadoras sexuales son el principal medio del que se vale la policía para cubrir su cuota de detenciones, extorsionar dinero y extraer información. El amplio poder de la policía sobre las trabajadoras sexuales en forma de amenazas de detención y humillación pública y el uso de los preservativos como prueba de actividad ilegal, deshace lo conseguido durante años de eficaces promociones de la salud pública y y campañas contra el VIH y las ETS. Las pruebas forzadas de VIH son moneda corriente, así como las violaciones del derecho a un proceso justo y a la privacidad.

En muchas jurisdicciones, las trabajadoras sexuales son blanco de frecuentes acosos, abusos físicos y sexuales y “rehabilitaciones” forzadas. Donde el trabajo sexual es ilegal, las trabajadoras sexuales suelen creer que tienen poco que hacer contra las violaciones perpetradas contra ellas y evitan acceder a los servicios de salud por miedo a ser víctimas de más estigma y abuso.

Las trabajadoras sexuales apoyan el análisis de Amnistía Internacional del contexto de derechos humanos del trabajo sexual y las consideraciones de salud y otros extremos en relación a las trabajadoras sexuales. La derogación de las leyes punitivas y de las políticas contra las trabajadoras sexuales es imperativa. Agencias internacionales tales como la Comisión Global sobre VIH y Legislación, ONUSIDA, la Organización Mundial de la Salud, la Alianza Global coantra la Trata de Mujeres (GAATW) y el Observatorio de Derechos Humanos, han llamado a la despenalización del trabajo sexual o la defienden. La despenalización no es un intento de legalizar a los ‘proxenetas’, ni aumenta la explotación de las trabajadoras sexuales. Tales argumentos suponen una limitada comprensión de lo que es el comercio sexual y debilitan la lucha de las trabajadoras sexuales por el derecho a la salud y la justicia.

La despenalización ayudará a las trabajadoras sexuales a organizarse y combatir todas las formas de explotación, incluyendo las condiciones de trabajo abusivas, de calidad inferior o injustas instituídas por actores tanto estatales como no estatales. El movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales se alinea con los movimientos por los derechos humanos y por los derechos de las mujeres a la hora de condenar el abuso y la violación de los derechos de las mujeres, incluídas las trabajadoras sexuales. El trabajo sexual no debe ser considerado como lo mismo que la explotación sexual o la trata sexual.

Meena Saraswathi Seshu SANGRAM, India

 

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Meena Saraswathi Seshu es la secretaria general de Sampada Gramin Mahila Sanstha (SANGRAM), una organización sobre prevención, apoyo y tratamiento del VIH/SIDA que trabaja con personas marginadas en Maharashtra, India.

Meena tiene más de 20 años de experiencia trabajando con organizaciones comunitarias y fundamentadas en los derechos (particularmente con trabajadoras y trabajadores sexuales) en temas relacionados con el VIH/SIDA, salud sexual y reproductiva, violencia en contra de la mujer, alivio de la pobreza y derechos de género y minorías sexuales.

Adicionalmente, ella tiene más de 10 años de experiencia trabajando con movimientos mundiales en el tema de la violencia contra las mujeres y los derechos de las trabajadoras y trabajadores sexuales.

En 1996, SANGRAM agrupó a trabajadoras sexuales para formar VAMP (Veshya Anyay Mukti Parishad, que significa “trabajadoras sexuales luchando contra las injusticias»). Eso fue seguido, en el 2000, por un grupo de educación entre pares para hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y personas transgénero, MUSKAN y WLHIV.

http://www.hivhumanrights.org/about-us/who-we-are/meena-saraswathi-seshu/?lang=es

 

 

Un documento filtrado de Amnistía Internacional pide la despenalización del trabajo sexual  

 

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Compartido por Erin Kamler el 15 de febrero de 2014

 

https://ourgroup.org/stories/g/human-trafficking-migrants-rights/view/leaked-amnesty-international-document-calls-for-decriminalization-of-sex-work/

 

Cuando los académicos y los activistas luchan por los derechos de las trabajadoras sexuales, a veces se entera la gente. Pero cuando un gigante humanitario se suma al movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales, el mundo debe detenerse y escuchar.

Amnistía Internacional, una de las organizaciones de derechos humanos más prestigiosas del mundo, ocupó los titulares recientemente cuando su “Despenalización del trabajo sexual: documento de fundamentación política” fue filtrado. El documento esboza la emergente posición de la organización en defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales mediante la despenalización.

El documento pide el fin de la penalización del trabajo sexual. Amnistía Internacional define la penalización como “aquellas medidas que buscan castigar a las trabajadoras sexuales y a los clientes mediante la amenaza de sanciones tales como la detención, las multas o la exclusión de las ayudas sociales o de la asistencia sanitaria” (pág. 2). Haciendo notar que a causa de la enormemente creciente desigualdad de ingresos en todo el mundo, muchas personas llegan a “acuerdos transaccionales” en torno a relaciones sexuales, acuerdos que son a menudo sus únicas opciones, Amnistía Internacional pide el fin de las políticas que penalizan a los individuos por hacer estas transacciones. La organización reconoce que tales políticas están frecuentemente basadas en moralismos que tienen poca importancia para los marginados. A menudo, explica, estas leyes solo terminan haciendo daño a aquellos que ya están viviendo en desventaja debido a las desigualdades estructurales. El documento afirma:

“Amnistía Internacional no toma posición acerca de la moralidad del trabajo sexual. Nuestra atención se centra en cómo asegurar que todos los seres humanos, incluidos aquellos que se implican en el trabajo sexual, tengan la máxima capacidad de reclamar sus derechos y vivir libres del miedo, la violencia y la discriminación. Amnistía Internacional cree que los individuos tienen el derecho de tomar decisiones que afecten a sus vidas y sus medios de subsistencia, y que los gobiernos tienen la obligación de crear un entorno propicio a que estas decisiones se tomen de forma libre, informada y basada en la igualdad de oportunidades” (pág. 3).

Más aún, explica Amnistía Internacional, las políticas que igualan trabajo sexual y trata sexual no solo debilitan la autonomía de las trabajadoras sexuales, sino que distraen de las otras formas de trata que ocurren en todo el mundo —a saber, el trabajo forzado en los sectores de trabajo doméstico, construcción, agricultura y otros sectores laborales. Además, observa Amnistía Internacional, la legislación internacional de derechos humanos garantiza que todas las personas tienen el derecho a condiciones seguras de trabajo, así como derecho a la privacidad. Los gobiernos, dice, deberían centrarse en proteger estos derechos, ofreciendo a los ciudadanos viviendas seguras y programas de lucha contra la pobreza, en lugar de castigar la práctica del trabajo sexual en espacios públicos. No hacer esto es una violación de los derechos humanos de las personas, y los gobiernos que penalizan a las trabajadoras sexuales lo harían para “articular un interés apremiante del estado por interferir en las interacciones sexuales de las personas” (8)

La penalización del trabajo sexual, concluye Amnistía Internacional, viola también los derechos humanos universales a la seguridad y a la salud, ya que las trabajadoras sexuales que son penalizadas afrontan condiciones de trabajo más peligrosas y por tanto tienen mayor riesgo tanto de enfermar como de ser ilegalmente detenidas.

Pero los críticos del documento filtrado abundan. La mayor parte de ellos pertenecen al campo feminista abolicionista, que ve todo el trabajo sexual como no consensuado y como una violación de los derechos humanos en sí mismo. Según el periódico Daily Mail del Reino Unido, un crítico del documento afirmó: “No solucionamos los problemas de las mujeres del mundo en desarrollo animándolas a ser prostitutas. ¿Quién se beneficia de ello? Los hombres. La prostitución es una forma de explotación y abuso, no una elección”.

Una petición en change.org también adoptó esta postura crítica, afirmando que al defender la despenalización del trabajo sexual, Amnistía Internacional “no está escuchando” a las supervivientes de abusos sexuales y violaciones. Este punto de vista es un reflejo del tropo abolicionista de que todo trabajo sexual es violación.

Pero se ha registrado otra petición en change.org en apoyo de la propuesta política de Amnistía Internacional —un acto que muestra hasta qué punto dicha propuesta ha provocado debate y ha incentivado a activistas de uno y otro lado a hacerse oír aún más.

Aquí, en el grupo de apoyo por los derechos de los inmigrantes y contra la trata de seres humanos de OurGroup, apoyamos a organizaciones como Amnistía Internacional que luchan en defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales y esperamos que sigan siendo líderes en esta importante lucha.

 

Leed la Política de Amnistía Internacional respecto a la despenalización del trabajo sexual aquí: www.amnesty.org.uk/global-policy-consultation-sex-work …

Leed el reportaje del Daily Mail aquí: http://dailym.ai/1aQEiHa
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¿Apoyas la propuesta política de Amnistía Internacional a favor de la despenalización del trabajo sexual? Lee y firma la petición en change.org aquí: http://chn.ge/1bIdWlZ

¿La nueva actitud de Amnistía Internacional respecto a las trabajadoras sexuales te mueve a hacer algo al respecto? ¿Por qué razón? Deja un comentario aquí.

Para aprender más acerca del tema de los derechos de las trabajadoras sexuales, visita el grupo de apoyo a los derechos de los inmigrantes y contra la trata de seres humanos: https://ourgroup.org/groups/human-trafficking-migrants-rights/ …