Georgina Orellano: “Luchamos para que las políticas contra la trata de personas no criminalicen a las trabajadoras sexuales”

En el Día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños, la Secretaria General Nacional de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina reflexiona sobre el resultado de estas políticas.

 

23 de Septiembre de 2020

http://fenix951.com.ar/nuevo_2013/noticia.php?id=175093

 

 

  • «Lo que hizo fue quitar la idea del consentimiento y anular la voluntariedad de la persona a la hora de ejercer la prostitución. Eso ha generado que nuestras voces de deslegitimen y que nuestros testimonios sean puestos en duda.»
  • «Eso se tradujo a nuestras vidas como mayor criminalización y persecución. Hoy frente a cualquier denuncia anónima la policía puede ingresar al domicilio particular de las trabajadores y los trabajadores sexuales sin tener una orden judicial.»

 

Georgina Orellano es la secretaria general nacional de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) y defensora de los derechos de las trabajadoras sexuales.

Además, es una de las referentes de la posición que divide al feminismo actualmente en términos de abolicionismo y regulacionismo de la prostitución.

Y en este sentido es que en exclusiva cuestiona la efectividad de los discursos a partir del Día internacional contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niñas y niños.

¿Por qué crees que a las trabajadores sexuales sólo se las reconoce como víctimas de explotación?

Las direcciones municipales, provinciales y algunos sectores del feminismo tienden a recordar este día haciendo charlas, afiches y el mensaje que lanzan, algunos intencionalmente y otras sin profundizar en el debate que existe hace muchísimo tiempo dentro de los feminismos, es que equiparan el trabajo sexual con la trata de personas.

Eso termina anulando nuestro poder de agencia, nuestra voluntariedad y poniendo en duda nuestro consentimiento. Para nosotras eso implica desconocer que hay trabajadoras y trabajadores sexuales que luchando desde hace más de 25 años por el reconocimiento de nuestro trabajo y para salir de la clandestinidad.

Y justamente para que las políticas que se implementen en la lucha para combatir la trata de personas no sean políticas que nos terminen criminalizando como ha sucedido y como sigue sucediendo. Con la modificación de la ley de trata y con todas las ordenanzas municipales y decretos provinciales de prohibición de cabarets, whiskerías y casas de cita.

De hecho la prohibición de ejercer el trabajo sexual llega a cualquier ámbito privado. Esto significa incluso los domicilios particulares de nuestras compañeras. Entonces creo que es un día para cuáles fueron los resultados de estas políticas. Para que se haga una distinción entre lo que es la trata de personas con fines de explotación sexual y el trabajo sexual.

Y se repiense y replantee qué pase con la trata en otros mercados laborales como la trata textil o la rural, que parecen ser cuestiones que a un sector del feminismo no las interpela tanto.

Haces mucho hincapié sobre la invisibilización de la trata textil y la rural…

Yo siempre hablo de la trata textil y rural, y trato de poder interpelar desde ese lugar porque creo que lo que deja en evidencia es la moral.

Esa explotación que padecen los y las trabajadoras textiles en talleres clandestinos, las formas hacinadas en la que trabajan los peones rurales, donde además en muchas oportunidades también viven, en condiciones insalubres y de casi esclavitud.

No decimos sin cliente no hay trata cuando nos compramos una indumentaria a pesar de que es sabido y de público conocimiento que detrás de grandes marcas de ropa hay mano de obra barata y de compañeros de la colectividad boliviana, paraguaya, peruana, costureras y costureros que pasan casi 24 horas cosiendo por un valor mínimo.

Este tipo de explotación no nos interpela como sociedad. Lo mismo ocurre con la trata rural, si conociéramos las condiciones de los compañeros yerbateros en Misiones, no tomaríamos más mate. Es importante que nos replanteemos cuáles son los slogans que seguimos repitiendo y criminalizando aún más a las trabajadoras sexuales.

Personalmente ¿crees que la reglamentación del trabajo sexual permitiría identificar de manera clara la trata de personas ?

Creemos que hay que separar las políticas en torno a contener las realidades y las demandas de los y las trabajadoras sexuales. Y por otro lado la lucha contra la trata de personas.

Creo que pensar que reconocer el trabajo sexual va a ser una herramienta contra la lucha para la trata es justamente poner la carga del peso de la responsabilidad hacia las trabajadoras sexuales.

Y nosotras desde hace mucho tiempo queremos salir de ese lugar, en el cual se nos responsabiliza de fomentar la trata por ejercer el trabajo sexual, en el que por demandar derechos laborales se nos acusa de que haya más trata

Además somos nosotras las que terminamos pagando con nuestras propias vidas como fue el caso de la compañera Sandra Cabrera, asesinada hace 15 años por denunciar la trata de personas, la explotación de niños y niñas y la complicidad política policial y judicial en la ciudad de Rosario.

Entonces creo que se debe reconocer el trabajo sexual para sacarnos a nosotras de la clandestinidad y por otro lado deberían implementarse otras políticas en torno a la lucha contra la trata.

Creo que se deberían reveer todas las políticas que se implementaron desde 2008 hasta 2016, qué pasó después de los cierres de los cabarets y whiskerías, dónde están esas mujeres, y ¿cuánta son las redes de trata que se desarticularon?

La justicia sus operadores y el Estado tienen una responsabilidad y una respuesta. Repensar cuáles fueron sus prácticas punitivistas, replantearnos nosotras como feministas si es el derecho penal la herramienta transformadora que queremos para combatir un problema social como lo es la trata de personas.

Además deben explicar por qué el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, dentro de los delitos federales tiene el raid más alto de mujeres criminalizadas.

Creo que ahí lo que se explica es que lejos de combatir la trata utilizaron esos mecanismos para criminalizar toda forma de trabajo sexual y son muchas trabajadoras con distintos roles dentro del mercado que están pagando con su libertad el haber decidido ser puta, organizarse, visibilizarse y defender sus derechos.

¿Cuáles fueron esas modificaciones?

Lo que hizo fue quitar la idea del consentimiento y anular la voluntariedad de la persona a la hora de ejercer la prostitución. Eso ha generado que nuestras voces de deslegitimen y que nuestros testimonios sean puestos en duda.

Hay una cuestión de tratarnos como idiotas, como seres incapaces que no podemos decidir en nuestras trayectorias de vida ejercer el trabajo sexual, en cualquier ámbito en donde lo llevemos a cabo.

Y una de las problemáticas es que se le dio más poder a las fuerzas de seguridad, todas las legislaciones que hoy por hoy tenemos en nuestro país para luchar por la trata de personas, le dio más poder a la policía y a los operadores judiciales.

Eso se tradujo a nuestras vidas como mayor criminalización y persecución. Hoy frente a cualquier denuncia anónima la policía puede ingresar al domicilio particular de las trabajadores y los trabajadores sexuales sin tener una orden judicial.

Les crea una potestad, les habilita un poder en el que no hay ningún fiscal, ni ningún juez siendo veedor de lo que la policía hace en la vida diaria de las personas que ejercen el trabajo sexual.

Y nos exponen a robos de las pertenencias de valor, a amenazas, hostigamientos, a que las compañeras tengan que pagar coimas policiales para poder trabajar de manera tranquila.

 

Argentina: las trabajadoras sexuales, en pie de guerra

Por Carlos Ventura

22 de septiembre de 2020

https://irispress.es/2020/09/22/argentina-las-trabajadoras-sexuales-en-pie-de-guerra/

http://www.facebook.com/watch/?v=2763050420636019&extid=RpwSTB6qbsceoal5

 

Diversas protestas han sacudido los cimientos de Argentina en los últimos meses mientras el país lucha por frenar la expansión de la COVID-19 en un escenario nada halagüeño para la nación dirigida por Alberto Fernández.

Argentina acumula más de 640 mil casos de coronavirus y los fallecidos por la enfermedad rozan ya los 14 mil.

El país mantuvo la cuarentena más larga impuesta en el mundo y esto, a su vez, provocó las revueltas sociales en la nación ante la desesperación de los ciudadanos por la grave crisis económica y empresarial que sacude al país desde el estallido de la pandemia.

Miles de personas se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, pero más grave es aún el escenario en el que se encuentran los ciudadanos que no cuentan con el respaldo de las instituciones.

Esto es lo que le ocurre a las trabajadoras sexuales de Argentina, quienes han salido a la calle manifestándose por sus derechos y por una solución urgente para resolver la delicada situación en la que se encuentran.

Las prostitutas argentinas están en pie de guerra y han tomado las calles de Buenos Aires para denunciar su situación actual.

¿Qué reclaman las meretrices argentinas? ¿Cuáles son las peticiones de este colectivo?

VIOLENCIA POLICIAL DESMEDIDA

A las puertas del Ministerio de Justicia argentino, centenares de trabajadoras sexuales se reunieron en el ente jurídico para denunciar la violencia policial a la que tienen que hacer frente las prostitutas desde que se decretase el cierre de prostíbulos en la ciudad.

Ellas, quienes afirman ser víctimas de “arrestos arbitrarios sin explicación”, comparten a través de la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR)que “las meretrices que deciden ejercer el trabajo sexual se arriesgan a operativos policiales en los que les labran actas contravencionales y las detienen arbitrariamente”, señalan en un comunicado emitido por la asociación.

Unas detenciones que, en gran parte de las ocasiones, van acompañadas del uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad pese a que, en Argentina, la prostitución no está penada por la ley. 

Aseguran, además, que son las prostitutas transexuales las que más sufren estos actos, incurriendo así en un acto de transfobia para el que también piden una defensa ante la vulnerabilidad de estas mujeres.

“Sufrimos un constante hostigamiento por parte de la policía, no solo debemos soportar el maltrato físico sino lo que es más aberrante es la homofobia, no nos tratan como chicas trans que somos, nos tratan de masculinos”, comparte para el diario argentino TIEMPO, Dayana, una trabajadora sexual del barrio argentino de Constitución.

DESAMPARO ANTE LA PANDEMIA

Otro de los hechos que ha provocado esta toma de las calles argentinas por parte de las meretrices argentina tiene que ver con la petición de medidas al Gobierno argentino cuyo fin sea la mejora de las condiciones de vida de las prostitutas mientras durante la crisis sanitaria.

Además, también solicitan que se levante la restricción que existe sobre los burdeles, espacios que permanecen cerrados a causa de la pandemia.

“El cierre de albergues transitorios también nos expone a mayor vulnerabilidad al tener que ir a trabajar a domicilios particulares”, señala AMMAR en el mencionado comunicado.

La gravedad de la situación es tan extrema que, desde AMMAR, han creado un Fondo Nacional de Emergencia para ayudar en la medida de lo posible al colectivo.

Sin embargo, el volumen de peticiones ha sido tan alto, que la asociación se ha visto desbordada y no pueden dar respuesta a todas las peticiones que han registrado.

Es por este motivo por el que las trabajadoras sexuales argentinas se han movilizado para pedir un paquete de ayudas que les permita ejercer su profesión dignamente y, lo más importante, fuera de peligro y con garantías de que sus vidas van a estar protegidas.

 

¿Trabajo sexual o explotación? El debate sobre la prostitución estalla en Argentina

 

Por Francisco Lucotti 

8 de febrero de 2020

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202002081090407190-trabajo-sexual-o-explotacion-el-debate-sobre-la-prostitucion-estalla-en-argentina/

 

La discusión se da en todo el mundo. De un lado, las abolicionistas, que condenan la mercantilización de los cuerpos y abogan por erradicar la prostitución. Del otro, las regulacionistas reivindican el trabajo sexual como una elección propia, una profesión que difiere de la indebida explotación del cuerpo femenino y la trata de mujeres.

 

El afiche muestra a una mujer en cuclillas, vestida únicamente con medias de red, con un pancho (hot dog) en la mano, además de un número de teléfono. Lo que a simple vista pareciera un volante de oferta sexual —prohibidos por ley desde 2012 en Argentina— es la polémica campaña de marketing por el nuevo sencillo de la cantante Jimena Barón.

Barón es una actriz argentina de TV que lanzó recientemente su carrera musical con un claro mensaje en contra del machismo. Así se transformó en una mediática referente a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos y del lado de aquellas que también rechazan el estigma del trabajo sexual.

La canción en cuestión se llama Puta y la artista explicó que buscó resignificar el insulto: «Es una palabra que está en todos lados. Totalmente naturalizada y pronunciada en boca de los cantantes hombres más famosos y exitosos. Si como mujer sintieras orgullo de ser puta sos una vergüenza, no sos mujer. ‘Puta’ es la lucha de varias, que no joden a nadie pero son humilladas y vapuleadas por pretender ser libres y a la vez mujeres».

Mercantilización de la sexualidad, criminalización de la pobreza

Las primeras en apoyar a la cantante fueron las referentes de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar), una agrupación que nuclea a más de 6.500 trabajadoras sexuales en todo el país y adherida a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), quienes desde hace 25 años militan por la regularización laboral de quienes ejercen la prostitución para evitar así las persecuciones y conquistar derechos.

«Nuestra postura no es liberal sino sindical, con conciencia de clase. Consideramos que la prostitución es nuestro trabajo, por decisión propia, de manera autónoma y voluntaria. Tomamos esta decisión por falta de oportunidades y por la precarización de la oferta laboral para las mujeres, que en gran medida somos madres y jefas de hogares», dijo a Sputnik Georgina Orellano, secretaria general de Ammar.

Orellano, quien publicó una foto junto a Barón en medio de la polémica, criticó que solo se le cuestione la libertad a las trabajadoras sexuales y no al conjunto de la sociedad inmersa en el sistema capitalista, cuando la clase obrera por lo general no elige su situación.

«Que traten de imponer que solo nuestro trabajo implica una explotación del cuerpo es tener una mirada moral de lo que sucede verdaderamente en el sistema laboral. Queremos plantearle al Estado políticas públicas desde la realidad, no desde la teoría ni las utopías», insistió.

La referente de Ammar criticó que una parte de la sociedad acepte la mercantilización de ciertas partes del cuerpo pero ponga el límite en la comercialización de la sexualidad, y puso como ejemplo a modelos, promotoras, bailarines y otras profesiones «que explotan el capital erótico y la hegemonía de la belleza».

Visiones dispares dentro del feminismo

La estrategia de promoción de Barón provocó inmediatas reacciones negativas por parte de sectores del feminismo que juzgaron el mensaje como una banalización de la problemática de la prostitución, que relacionan como ejemplo máximo de la institución de la violencia patriarcal, con su inevitable vinculación con el siniestro mundo clandestino de la trata de personas.

Una de las voces más efusivas fue la de Carolina Aguirre, guionista de la telenovela Argentina, tierra de amor y venganza, que narra la historia detrás de Zwi Migdal, una red de trata conformada por delincuentes de origen judío y operó en Argentina entre 1906 y 1930.

«Qué decepción que pienses que la esclavitud sexual es un trabajo o que venimos a este mundo a ser vertederos de semen y de [enfermedades] venéreas y víctimas de violencia por unos pesos. Qué pena que no entiendas que el feminismo es para proteger a las más débiles y no a vos que podés elegir. El feminismo es abolicionista porque no tolera la explotación de la mujer en ninguna de sus formas», le escribió Aguirre a Barón en las redes sociales.

Sin embargo, fueron varias las voces mediáticas dentro del feminismo (figuras dispares como la popular vedette y conductora Moria Casán o la comediante Malena Pichot), quienes defendieron la osadía de Barón y la visión no punitivista, como acompañamiento desde la sororidad o por empatía política.

En Argentina, la prostitución no está penada por la ley siempre y cuando se ejerza en el ámbito privado, pero sí está prohibida la promoción en la vía pública, el proxenetismo (lucrar con la actividad de terceros) y la trata de personas. Sin embargo, no es un considerada un trabajo formal.

«Las trabajadoras sexuales no tenemos obra social, ni nuestros hijos, no podemos hacer aportes jubilatorios, trabajamos en un marco de ilegalidad porque nuestros espacios están criminalizados», explicó Orellano.

Ammar busca que sus integrantes sean sujetos de derechos laborales para poder salir de la clandestinidad además de una regulación estatal para distinguir entre la explotación violenta de quienes son forzadas a prostituirse y la libertad de quienes desean ejercer bajo un modelo no punitivo.

Modelo holandés vs. modelo sueco, una discusión mundial

Conocido como modelo de «reducción de daños» o holandés, en referencia a la política de regulación estatal de la actividad en burdeles y vitrinas impuesta en los Países Bajos desde 1999, se inscribe dentro de las corrientes legalistas. También son conocidos los casos de Alemania, Dinamarca y Nueva Zelanda.

Parte de las premisas de que la prostitución existe y seguirá existiendo y de que la trata de personas no es su sinónimo, y que puede transformarse en una salida laboral y en un trabajo digno para quienes lo elijan voluntariamente si las condiciones están garantizadas.

Para esto se debe profundizar con los esfuerzos para eliminar la explotación forzada (que corre en paralelo y no necesariamente va a disminuir con la legalización, como ocurre en Holanda) y ofrecer un marco regulatorio que asegure derechos, salud y seguridad para todos.

La postura contraria es la abolicionista que mencionaba Aguirre, conocida como modelo de «eliminación del daño» o sueco, en referencia a la ley implementada en Suecia desde 1998. Otros países han avanzado en esta dirección desde entonces: Bélgica, Canadá, Corea del Sur, Escocia, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia, Noruega, Singapur, Sudáfrica, con diferentes aplicaciones.

Esta parte de la idea de base de que la prostitución es, en esencia, una forma de opresión, un abuso de poder, un mecanismo de violencia machista que somete a alguien a vender su cuerpo, siempre por necesidad y carencia, más allá de que el intercambio comercial sea voluntario, en cuyo caso será una minoría, por lo que dedica su esfuerzo en criminalizar la demanda: legaliza el acto de prostituirse pero persigue la compra de servicios sexuales.

 

Georgina Orellano: «Muchas chicas de clase media y alta se volcaron a la prostitución»

 

La líder del Sindicato de Trabajadoras Sexuales (AMMAR) confió en que el gobierno de Alberto Fernández reconozca ese rubro: «Eso formalizaría unos 60 mil puestos de trabajo».

 

28 de diciembre de 2019

https://www.perfil.com/noticias/politica/georgina-orellano-legalizar-la-prostitucion-formalizaria-unos-60-mil-puestos-de-trabajo.phtml

 

Georgina Orellano es la secretaria general de AMMAR, el sindicato de las trabajadoras sexuales FOTO: SERGIO BIANCHI

 

Al tiempo en que confió que durante el gobierno del presidente Alberto Fernández «se pueda reconocer al trabajo sexual», la secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), Georgina Orellano, aseguró en diálogo con la agencia Noticias Argentinas que «eso formalizaría unos 60 mil puestos de trabajo”.

Orellano remarcó que lejos del estereotipo marginal, en los últimos años «una gran cantidad de chicas de clase media, alta, con estudios secundarios y hasta universitarios» se volcó hacia el trabajo sexual por «los ingresos económicos que actuán» y lo hacen principalmente a través de plataformas virtuales para «no exponerse a la violencia policial», aseguró.

Por detrás de las mujeres que elijen ejercer la prostitución en espacios públicos y en departamentos privados, los dos principales rubros del sector, cada vez gana mayor peso el trabajo sexual publicitado en redes sociales, como Instagram, Facebook, Tinder o Tumblr. «Es otra camada: tienen otras herramientas, la mayoría terminó el secundario, muchas incluso la universidad. Son chicas de clase media y alta», graficó Orellano, indicando que «muchas fueron primero feministas antes de ejercer la prostitución».

 Sin embargo, precisó Orellano, muchas de esas chicas de clase media y alta no están exentas de sufrir otro tipo de problemas por su condición de trabajadoras sexuales, ya que «sufren robo de datos y fotos, acoso virtual», detalló la líder de AMMAR. Uno de los principales atractivos que ven las jóvenes en el oficio es el manejo de los horarios y los ingresos económicos que pueden obtener.

«Una chica de Recoleta cobra 5.000 pesos un servicio básico, mientras que una de Constitución cobra 500 pesos», retrató Orellano.

A 65 años del decreto de Juan Domingo Perón que, en medio de la pelea con la Iglesia, facultó a provincias e intendencias a autorizar la instalación de lugares para ejercer la prostitución, Orellano volvió a reclamar que se avance en una ley que legalice el rubro, ya que eso «formalizaría unos 60 mil puestos de trabajo» que actualmente están al margen de toda norma.

El 30 de diciembre de 1954, Perón firmó el decreto 22.532 que avanzaba en la creación de las comúnmente denominadas «zonas rojas» para profundizar el distanciamiento con el clero que ya había comenzado unos meses atrás. Trece lustros después de aquella medida, las trabajadoras sexuales reclaman una Ley de Trabajo Sexual Autónomo con el fin de ejercer su actividad con un amparo legal y con derechos laborales.

La iniciativa, que llegó al Congreso en 2013 y rápidamente perdió estado parlamentario, proponía crear un registro dependiente del Ministerio de Trabajo en el que se inscriban las mujeres que se dediquen voluntariamente al trabajo sexual. Además, contemplaba la habilitación de cooperativas de trabajadoras sexuales autónomas, el otorgamiento de becas y la creación de la categoría «Trabajo Sexual» en el Monotributo para habilitar el acceso a obra social, aportes jubilatorios, créditos, vivienda, entre otros derechos.

Georgina Orellano: “Las trabajadoras sexuales podemos llegar a la universidad”

«AMMAR hizo un gran trabajo de sensibilización dentro del feminismo, el sindicalismo y otros espacios. Hay una apertura a escuchar, pero siempre se cruza la moralidad cuando hablamos de trabajo sexual. Hay que derribar algunos prejuicios antes de plantear que queremos obra social, jubilación y demás derechos laborales», lamentó Orellano en diálogo con la agencia NA, al tiempo que indicó que las pocas que se encuentran formalizadas lo hacen con monotributos inscriptas como peluqueras o masajistas.

 La pilarense, que comenzó a ejercer la prostitución a los 19 años, advirtió que «se ha creado un estereotipo que muestra a las trabajadoras sexuales como marginales, pobres, que no pudieron hacer otra cosa» y señaló que en los últimos años se volcaron por el oficio una gran cantidad de «chicas de clase media, alta».

 De acuerdo a un censo realizado por AMMAR junto al Ministerio de Salud y a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 2009 había un total de 80 mil trabajadoras sexuales: 60 mil ejercían el oficio en lugares privados y las 20 mil restantes lo hacían en la vía pública.

 Respecto a la situación de las prostitutas en los distintos puntos del país, Orellano explicó que varía de acuerdo a la jurisdicción en la que trabajen: «Hoy en día el ejercicio del trabajo sexual no está prohibido, pero están criminalizados todos los espacios de trabajo».

«En la Ciudad de Buenos Aires trabajar en la calle es una contravención y te dan 200 horas de trabajo comunitario. Lo que agarran como argumento es la portación de rostro, genero y que estén paradas en el mismo lugar. En el resto del país es peor, porque las compañeras directamente van presas. O tienen que convivir con el negociado con la Policía para poder trabajar», denunció.

Consultada respecto a la posibilidad de que el escenario varíe en el corto plazo, la líder de AMMAR subrayó: «Tenemos la esperanza de que durante el Gobierno de Alberto Fernández se pueda reconocer al trabajo sexual».

Finalmente, recordó que AMMAR nació en 1995 «ante la necesidad de frenar la violencia policial» contra las prostitutas y cuestionó que «durante el macrismo se recrudeció» ese flagelo para las trabajadoras sexuales. «Renació una violencia que habíamos podido controlar», concluyó Orellano.

J.D./H.B.

 

 

Caso Carioca: “Si no follaba con él, me deportaba”

 

Concluye la instrucción contra seis agentes policiales por delitos de colaboración con la prostitución coactiva, cohecho y omisión de perseguir delitos. La juez imputa hasta una decena de infracciones del Código Penal en el caso de Manuel Castro González y una docena en el de José Manuel Díaz Suárez. 

 

FRAN PÉREZ

@REFLEX_VOLUCION

26 de diciembre de 2019

https://www.elsaltodiario.com/trata/caso-carioca-si-no-follaba-con-el-me-deportaba

 

Primero fue el turno de la Guardia Civil, después el del sargento de la Policía Local que puso las luces de neón al club Queens y esta vez el de la Policía Nacional y otros funcionarios de Extranjería. Pilar de Lara concluye la instrucción de la última de las piezas principales del caso Carioca implicando a una decena de agentes y funcionarios de Extranjería en delitos relacionados con la red de prostitución que conformarían proxenetas y altos mandos policiales.

Los agentes, encargados de la persecución de este tipo de delitos, serían clientes habituales de locales de la provincia de Lugo en los que se prostituían mujeres víctimas de trata e incluso menores de edad en condiciones gravosas. En estos establecimientos se presentaban en ocasiones uniformados y con el vehículo oficial, contribuyendo así a generar el doble efecto que describen las mujeres, por un lado, de garantía de que allí no se practicarían redadas policiales o serían alertadas con antelación, y por otro, de impunidad e intimidación ante cualquier intento de denunciar los abusos que sufrían, lo que en ambos casos supondría un blindaje para los proxenetas.

Uno de los clientes asiduos a algunos de los clubs investigados, Eduardo Castro, era subinspector de la Brigada de Extranjería, y junto con el inspector Evaristo Rodríguez, el funcionario administrativo Germán Pumares y el jefe de la Dependencia de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno Alberto Linares habrían actuado en connivencia regularizando la situación de las mujeres extranjeras y otros ciudadanos o expidiéndoles orden de expulsión a conveniencia suya o de los proxenetas.

 

CLIENTES DE UNIFORME

Además de Eduardo Castro, las testigos detallan cómo los agentes eran invitados a consumiciones gratuitas en clubes como el Eros, el Queens y La Colina, o a veces también relaciones sexuales. En una ocasión la camarera del Eros quiso cobrarle un cubata a José Manuel Díaz Suárez, a lo que él respondería, enfadado: “¿Pero no sabes quién soy yo? ¿Cómo me cobras la copa?”. Según la declaración de una prostituta, uno de los agentes, Manuel Castro González, la amenazó con que “si no follaba con él [gratis] me deportaba”. Otra de ellas dice respecto de este policía que “nunca pagaba chicas ni copas, follaba por la cara, y si te negabas amenazaba con deportar”.

En el club Queens este policía ha sido visto desenfundando la pistola y colocándola en el mostrador al lado de la de Adán, dueño del establecimiento que carecía de licencia para portarlas, para comparar cuál era más grande.

En el auto se refleja asimismo que otro de los agentes, Luis Ferreiro González, era muy amigo también del dueño del club Tara, donde también era invitado a copas y sexo gratuitamente según varias testigos. Además, por el cumpleaños del local el gerente organizó un sorteo en el que el premio era una mujer con la que el ganador tendría un pase gratuito. Esa mujer identifica al policía como el ganador de aquel sorteo.

Precisamente este mes cuatro investigados por trata resultaron absueltos por la Audiencia Provincial de Lugo al justificar en su defensa que no funcionaba como un prostíbulo, sino como un pub en el que quienes lo regentaban se limitaban a cobrar por la estancia sin conocimiento de la actividad que podían realizar las mujeres en las habitaciones. Este agente era el encargado de la custodia de los detenidos en los calabozos, y en alguna ocasión le habría abierto la puerta a alguna de las detenidas. De las intervenciones telefónicas practicadas se extraen escenas dantescas como la llamada que hace el encargado del club Queens a una de las prostitutas, que ella atiende pese a encontrarse detenida, en la que ella le dice que “aquí están todos los policías que van por ahí” y él le pregunta si está Luis Ferreiro, respondiendo la detenida que “está arriba” y pasándole a continuación con él, moviéndose con total naturalidad en la comisaría.

Muchos de estos policías habrían participado en fiestas con prostitutas y orgías organizadas por Adán, dueño del club Queens, en las que corría la cocaína y otras drogas. Cuenta una de ellas que en una ocasión vio a un policía sacar cocaína y colocarla en un plato, y que Adán se la tiró al suelo espetándole: “eso no vale nada, la buena es la que traigo yo”.

 

LA COLABORACIÓN DE LA BRIGADA DE EXTRANJERÍA CON LA RED DE TRATA

Según se desprende de la pieza del caso Carioca que investiga a la cúpula de la Guardia Civil, el cabo Armando Lorenzo Torre, encargado del Equipo de la Mujer y el Menor (Emume), “ponía el cazo” en diferentes clubs de la provincia de Lugo, de manera que actuaba o dejaba de actuar contra ellos en función de si eran colaboradores suyos o no, practicando redadas en aquellos prostíbulos que no lo hacían, para a continuación deportar a las mujeres o enviarlas a los pisos de acogida que él mismo gestionaba, desde donde las derivaba a menudo a los clubs afines.

Las redadas policiales se coordinaban entre el Equipo de Personas de la Guardia Civil —del que hacía parte el Emume— y la Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía, en la que el subinspector Eduardo Castro y el inspector Evaristo Rodríguez serían sus principales aliados, junto con Alberto Linares Ferrer, jefe de la Dependencia de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno, y Germán Pumares Díaz, funcionario administrativo de Extranjería que participaba junto a los otros tres en la tramitación de los expedientes de las mujeres en los que se resolvía sobre su expulsión, así como de gestionar las solicitudes de prórrogas de estancia.

A lo largo de 190 de las 228 páginas de auto la jueza De Lara explica pormenorizadamente la manera en que realizaban estos trámites de forma interesada, generalmente a conveniencia de los dueños de los clubs afines o bien suya, siguiendo criterios de actuación completamente diferentes en cada caso.

Así, en 2018 Armando le ofrece a una prostituta del club Carús darle la condición de testigo protegido para revocarle una orden de expulsión a cambio de firmar una denuncia en falso por trata contra los dueños del local que el propio Armando redactaría para justificar así una redada. En la redada se identifican dos mujeres amigas de la primera que no fueron avisadas con suficiente antelación, y Eduardo Castro y Armando les tomarían una declaración idéntica al margen del resto de mujeres, asistidas por un abogado que ellos mismos les buscan.

A Evaristo, instructor de los expedientes, se le interviene una agenda en la que figuran distintas anotaciones referidas a la actuación en el club Carús, entre ellas: “reunión con Alberto Linares, dejar caducar los expedientes”, como efectivamente ocurriría con estas dos mujeres, a diferencia del resto cuyo expediente se resolvió con orden de expulsión. Las tres serían trasladadas por Armando a ejercer en el club Queens.

En una ocasión, varios agentes de la Guardia Civil que se escapaban al control del entorno de Armando practican una redada en el club Liverpool contrariamente a la manera de funcionar habitual. En ella se detectan varias mujeres en situación irregular y una menor de edad, que anteriormente había ejercido en el Queens y cuyo expediente había sido consultado por Evaristo. Eladio, dueño del club Liverpool, pide ayuda a Armando para que tratase de evitar que expulsasen entre ellas a su pareja sentimental, refiriéndose Armando a los agentes que practicaron la redada como “estos cabrones”. A continuación, Armando habla con Evaristo sobre Eladio, comentando “tres días en el calabozo, cuando era de dominio público que la menor estaba ahí”, facilitándole por error los datos incorrectos de la pareja sentimental de Eladio a la que “cogieron sin papeles, porque estos van a comerse el mundo y no se comen nada”. Evaristo le responde: “No te preocupes, que yo sé bien con quién trabajo, con los años que tengo ya sé diferenciar”.

 

LA DENUNCIANTE DEL CASO CARIOCA, EXPULSADA

Contrariamente, especialmente significativo resultó el trato que recibió la testigo protegida DPA 123B, denunciante de la cual partió toda la investigación del caso Carioca. Esta mujer que ejerció en el Queens describe cómo en una ocasión Armando se presenta en su domicilio, posa la pistola sobre la mesa del salón y le dice: “tus días en España como legal están terminando, dame el pasaporte que yo te lo arreglo para estar tres meses más”, obligándola a practicarle una felación y a mantener relaciones sexuales. Armando cumple esto, pero una vez que abandona la actividad de la prostitución y comienza a trabajar en una cafetería propiedad de su pareja la sigue requiriendo sexualmente de forma insistente, y ante su negativa comienza a ser acosada también por la Policía Nacional.

Así, Evaristo acude a su casa acompañado de otro agente para identificarla y dictarle orden de expulsión, siendo Eduardo Castro instructor del expediente por estancia irregular y trabajo por cuenta ajena sin autorización, pese a no practicarse la identificación en un centro laboral ni constar cómo conocía la Brigada de Extranjería que estaba trabajando. DPA 123B presenta alegaciones por tiempo de residencia, arraigo y encontrarse en trámites para regularizar su situación, ya que estaba a la espera de la primera declaración trimestral del IVA de la cafetería para poder regularizarse. Estas alegaciones, en contraste con los requisitos que se les exigían a otras mujeres para regularizar su situación, no fueron tenidas en cuenta.

Una de estas mujeres que ejercía en el Queens que sí logra regularizar su situación la convence de que vaya a hablar con Linares por mediación de una amiga, quien la anima a solicitar en las dependencias de la Brigada de Extranjería una copia del pasaporte. Al cabo de una semana se dispone a seguir la recomendación de Linares, siendo detenida al instante por Eduardo Castro, quien le dice “mañana o pasado tú vas a tu país”. Le impiden que la asista su letrada, asignándole un abogado de oficio, y le niegan el habeas corpus —derecho a ser presentada ante un juez instructor—, comentando Eduardo Castro y Evaristo que “esta es amiga de Luciano” y ahora su información “ya estaba cortada”, en referencia a uno de los agentes de la Guardia Civil que practicaría la redada en el Liverpool. Al día siguiente sacan a DPA 123B del calabozo, la llevan al aeropuerto insultándola durante el trayecto y la envían en un vuelo de deportación a Brasil.

Durante sus intentos para regularizar la situación, DPA 123B recibe la oferta de retirársele la carta de expulsión a través de Germán Pumares a cambio de ejercer en el club Eros. Germán Pumares era funcionario de Extranjería en turno de mañana, encargado de iniciar los trámites de muchos expedientes de expulsión y solicitudes de prórroga de estancia, y a su vez trabajaba como abogado en turno de tarde, de manera que tenía acceso a información privilegiada.

Algunas de las detenidas declaran que salían de las dependencias de la Brigada de Extranjería con su tarjeta profesional de abogado en mano. Una de ellas declara que “siempre intentaba sacar dinero”, que a “extranjeros que cogen en comisaría detenidos si contratan a Germán las cosas se les solucionan mucho mejor”. Según el propio encargado del club Eros reconoce, Germán Pumares era tío suyo y le llevaba los papeles del club.

 

NO SOLO PROSTITUTAS

En el auto también se relata cómo en una ocasión un guardia civil acude a entrevistarse con Evaristo y Eduardo Castro para que regularizasen la situación del novio de su hija, preguntándole Evaristo si en la Comandancia de la Guardia Civil no conocía a Armando, a lo que el agente contesta “hombre, me está remitiendo al delincuente mayor de la Comandancia”. También trató de solucionar el problema con Linares, que le dice “como no hables con Armando, en Comisaría no me van a hacer el informe favorable que yo necesito”, forma en la que efectivamente consiguió retirar la orden de expulsión.

También se interviene una llamada del policía nacional Manuel Castro a Eduardo Castro para que le ayudase a deshacerse de un hombre que su suegro tenía trabajando de forma irregular en su empresa, advirtiéndolo Eduardo de las repercusiones que podría tener para su suegro y comentándole que la única manera era que tuviese antecedentes y así, “que se joda”, que lo que tenía que haber hecho su suegro era “haberle pegado un palazo en la cabeza y haberlo enterrado en el cemento”.

 

TURNO DE LA FISCALÍA

Pilar de Lara concluye la instrucción contra seis agentes policiales por delitos de colaboración con la prostitución coactiva, cohecho y omisión de perseguir delitos, atribuyendo hasta una decena de infracciones del Código Penal en el caso de Manuel Castro González y una docena en el de José Manuel Díaz Suárez. A un séptimo agente, inspector policial, también asiduo al Queens, le atribuye exclusivamente la omisión de perseguir delitos en relación al robo de ua joya denunciado por un cliente del local que quedó dormido después de mantener relaciones sexuales.

A los funcionarios policiales o administrativos de Extranjería Alberto Linares, Germán Pumares y Evaristo Rodríguez les atribuye entre seis y nueve delitos mayormente de prevaricación y falsedad documental. Fuera queda Eduardo Castro, a quien se le atribuye la mayor carga delictiva y grado de implicación, con motivo de su fallecimiento en julio de este año. Además, dos prostitutas también habrían incurrido en delito de tráfico de influencias al hacer uso de su relación con Eduardo Castro para regularizar su situación y pedirle actuaciones contra otras mujeres.

La magistrada dicta el sobreseimiento provisional respecto de Miguel González, secretario en Galicia de la Unión Federal de Policía (UFP) y el sobreseimiento libre respecto del entonces comisario jefe provincial Maximino Losada y el subdelegado del gobierno Jesús Otero.

Ahora será la Fiscalía quien decida quién se sentará en el banquillo de acusados. Tanto en la pieza relativa a los delitos cometidos en los clubs Queens y La Colina como en la relativa al club Liverpool la Fiscalía echó por tierra la instrucción judicial solicitando el archivo respecto de todos los agentes policiales investigados a pesar de la abrumadora carga indiciaria de su participación, y en el segundo caso también lo solicitó respecto del proxeneta pese a darse por probado que allí se prostituyeron menores.

 

El regreso de las putas: el gremio de trabajadoras sexuales reabre en Rosario

 

La apertura da a 15 años del asesinato de Sandra Cabrera. La idea es sumar apoyo de las más jóvenes y organizaciones sociales. Buscan capacitar en el conocimiento de sus derechos. 

 

Por Arlen Buchara

2 de febrero de 2019

https://www.elciudadanoweb.com/el-regreso-de-las-putas-el-gremio-de-trabajadoras-sexuales-reabre-en-rosario/

 

Foto: gentileza Jorgelina Tomasin

 

A fines del año pasado Myriam Auyeros escribió en un papel más de 20 nombres. Eran de las compañeras con las que había ejercido el trabajo sexual en las calles de Rosario hasta hace más de una década. Todas hoy tienen más de 50 años y muchas fueron parte de la filial rosarina de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar). El gremio que representa a las putas tenía como líder a Sandra Cabrera, asesinada el 27 de enero de 2003 en un femicidio aún impune en el que la Policía fue apuntada como responsable.

La lista de Auyeros era un registro para un proyecto de ley del diputado Carlos del Frade que busca la reparación histórica para trabajadoras sexuales víctimas de la violencia policial (ver recuadro). Para Auyeros escribir los nombres en el papel fue el impulso para pensar en que la oficina de Ammar en Rosario tenía que volver a funcionar. Se lo había prometido a Sandra antes de que la mataran y se lo prometió de nuevo a ella misma el día del funeral. Es que después de la muerte de la líder del gremio el miedo a participar llevó a que la sede cerrara de a poco. El lunes pasado en un homenaje a 15 años del femicidio asomó el regreso de Ammar a Rosario. Por primera vez en casi una década volvieron a reunirse parte de la vieja guardia sindical en alianza con la conducción nacional que encabeza la referente feminista Georgina Orellano y con el apoyo de organizaciones y referentes sociales y políticas de toda la ciudad.

Ammar Rosario funcionará en el Centro Cultural La Toma. Cada 15 días los martes por la tarde harán encuentros de formación para trabajadoras sexuales. Una vez por semana recorrerán zonas de trabajo repartiendo folletería y preservativos.

Foto: gentileza Jorgelina Tomasin

“Es una tarea pendiente que tenía. Quiero recuperar Ammar Rosario. Hacambiado mucho y para bien. Estoy descubriendo un Ammar nuevo y vengo con la experiencia que a las chicas les gusta escucharla. Lo más importante es volver al territorio para que las que están trabajando sepan cuáles son sus derechos”, contó Auyeros. Estará acompañada por otras compañeras de la vieja guardia de Ammar Rosario a las que se sumarán las más jóvenes.

El homenaje a Cabrera del lunes pasado en La Toma fue la posibilidad del encuentro. Sus compañeras Claudia Lucero, Aide Sarria, Monica Quiros, Aides Labrador y Perla llegaron temprano y se acomodaron en la primera fila. Hacía años que no se veían. Vieron el documental de Lucrecia Mastrángelo “Sexo, dignidad y muerte”, sobre la vida de su compañera asesinada y al terminar se sentaron al frente. Contaron al público de más de 200 personas anécdotas sobre Cabrera. Los recuerdos se mezclaban con las historias en la cárcel. Caían detenidas varias veces al año y quedaban en prisión 30, 45 y hasta 90 días. A veces salían, trabajaban unos días y volvían a entrar.

Foto: gentileza Jorgelina Tomasin

Al frente

Auyeros terminó de tomar la decisión de estar al frente de Ammar Rosario cuando en diciembre viajó a La Plata al plenario nacional de cierre de año del gremio. Tiene 55 años y empezó a ejercer la prostitución a los 25. Primero fue en un boliche en un pueblo santafesino en el que un hombre se quedaba con el 50 por ciento de la ganancia. Después vino a Rosario donde encontró en la calle la mejor forma trabajar porque podía cuidarse con otras compañeras. En La Plata vio un movimiento de las putas distinto al que había dejado. “Ahora hay muchas chicas jóvenes, hay unión con las trans que antes no pasaba y también hay trabajadores sexuales varones”, contó a <El Ciudadano<. Su voz llegó al plenario como un testimonio de la historia de la lucha de las putas en Rosario. Les contó cómo escapaban de la policía, cómo se cubrían entre ellas para cuidar a los chicos, las visitas al hospital cuando alguna enfermaba o cuando trabajaron más para pagar el velorio de una de las compañeras.

Ammar nació hace 25 años con un pie dentro de la CTA y en los últimos años se metió de lleno en movimiento feminista. El cambio apareció de la mano de la conducción de una comisión directiva en la que todas las integrantes tienen menos de 35 años. La identidad de “putas feministas” y la figura de Orellano prendieron en un feminismo joven que se metió de lleno en el movimiento de mujeres, lesbianas, travestis y trans desde el primer Ni Una Menos de 2015.

Desde Ammar buscan el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales, como el acceso a jubilación y obra social. También pelean contra los prejuicios que pesan sobre la prostitución y discuten con un sector del feminismo que sostiene que el trabajo sexual no es trabajo y debe ser abolido.

Autocuidado

Las trabajadoras sexuales aprendieron cómo cuidarse y acompañarse mucho antes de que las siglas de la ESI (por Educación Sexual Integral) se volvieran populares y estuvieran garantizadas por la ley sancionada en 2006. Tejieron lazos de solidaridad y compañerismo cuando todavía no existía la palabra sororidad. Las integrantes del gremio recorrían las calles de Rosario para repartir preservativos y capacitar y enseñar a otras compañeras sobre métodos anticonceptivos, cómo cuidarse de enfermedades de transmisión sexual, dónde hacerse estudios gratuitos, qué hacer cuando caían detenidas y qué leyes las amparaban. Muchos todavía recuerdan a Cabrera haciendo recorridas en la moto por las zonas de trabajo más importantes de Rosario.

Reparación histórica

En diciembre el diputado provincial Carlos Del Frade y Orellano presentaron en Rosario un proyecto de ley provincial de reparación histórica para trabajadoras sexuales que estuvieron presas por causas relacionadas al ejercicio de la prostitución o de la identidad de género. Es una pensión mensual no contributiva, con carácter vitalicio, equivalente a la suma de dos veces el haber mínimo de pensión de la provincia.

La reparación está pensada para todas las trabajadoras sexuales que hayan ejercido hasta junio de 2010, cuando se derogaron los artículos 83, 87 y 93 del Código de Faltas de Santa Fe. Eran los que permitían la detención en la calle por las faltas de ofensa al pudor, prostitución escandalosa y travestismo. Actualmente, la mayoría de las provincias del país sigue con normativas similares que facilitan la persecución y detención de las trabajadoras sexuales.

El proyecto prevé que la Subsecretaría de Género provincial sea la encargada de armar el registro. La iniciativa tiene como antecedente el resarcimiento económico que 30 personas trans recibieron por haber sido detenidas durante la dictadura. Accedieron a la pensión amparadas en la ley provincial 13.298 que beneficia a todos los detenidos durante la última dictadura cívico militar por motivos políticos, gremiales o estudiantiles. En este caso, el trabajo de la Subsecretaría de Diversidad Sexual de Santa Fe fue fundamental para que las violencias sufridas por las personas trans por su identidad de género fueran consideradas políticas.

Sin Justicia

Sandra Cabrera fue asesinada el 27 de enero de 2004. Le dispararon por la espalda en la nuca frente a una casa de Iriondo al 600, a dos cuadras de la Terminal de Ómnibus, la zona en la que trabajaba. Había denunciado a la Policía por la complicidad en el crimen organizado y la explotación sexual de niñas y adolescentes. La habían amenazado con matarla a ella y a su hija Macarena, que tenía 8 años. El único imputado en el homicidio fue Diego Víctor Parvluczyk, ex subjefe de Drogas de la Policía Federal en Rosario y el último vínculo amoroso de Sandra. Lo absolvieron por falta de pruebas y en 2007 quedó sobreseído a pensar de los testimonios que dieron las trabajadoras sexuales que lo incriminaban.

Después del femicidio de Cabrera fue difícil sostener el gremio. “Las trabajadoras sexuales tenían miedo de acercarse, participar e ir a las capacitaciones”, contó Auyeros. Igual las que quedaban de la viaja guardia siguieron. Durante casi 10 años el grupo que formaba la comisión directiva se juntaba y hacía recorridas. En 2010 sintieron que llegaba un poco de recompensa. En abril de ese año celebraron desde los balcones de la Legislatura de Santa Fe la derogación de los artículos del Código de Faltas.

Auyeros se fue de Ammar hace siete años y el resto de las compañeras hizo lo mismo poco después, hasta que la oficina que tenían en ATE cerró. Actualmente ella tiene un puesto de venta de ropa de bebé en una feria de la ciudad. También cuida a su mamá y recibe dos o tres veces por semana las visitas de sus nietos.

 

Prostitución y feminismo, una mirada a la lucha sindical en Argentina

 

EFE Buenos Aires

8 de enero de 2019

https://www.efe.com/efe/america/entrevistas/prostitucion-y-feminismo-una-mirada-a-la-lucha-sindical-en-argentina/50000489-3861071#

 

La secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), Georgina Orellano, habla durante una entrevista con Efe el pasado 4 de enero de 2018, en Buenos Aires (Argentina). EFE

 

«Puta y feminista», así es como se define Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), una agrupación que lleva 23 años luchando para que las trabajadoras sexuales puedan «salir de la clandestinidad» y reivindicar que «la prostitución es trabajo».

Ammar es una organización sindical que nació en 1995 «producto de la organización de un grupo de trabajadoras sexuales» de Buenos Aires contra los «edictos policiales que criminalizaban el uso del espacio publico para ofrecer servicios sexuales», con penas que iban de los «30 a 60 días de arresto».

Durante los casi 24 años de su historia, Ammar ha transformado y ampliado sus objetivos en busca de un reconocimiento integral de la prostitución.

«Nuestra reivindicación principal es para poder salir de la clandestinidad, para no sufrir violencia institucional, para no tener que pagar a la policía y también como una herramienta para combatir el estigma social que nos condena a quienes ejercemos esta actividad», manifestó Orellano a Efe.

La secretaria general del sindicato tiene claro que para conseguir «el reconocimiento de la profesión» deben apoyarse mutuamente, ya que «la salida es colectiva, organizativa y sindical sobre todas las cosas».

«No va a ser una ley que nos va a transformar el 100 % de nuestras vidas, a nosotras lo que nos transformó fue organizarnos, fue encontrarnos en un sindicato, en una central de trabajadores y trabajadoras en las cuales generamos conciencia de clase», aseguró.

La prostitución no está tipificada en el Código Penal argentino.

La única referencia sobre el tema en el ámbito nacional se remonta a un decreto presidencial de 2011 que prohibió los anuncios publicitarios de oferta sexual, aunque hay varias provincias, entre ellas la bonaerense, en la que se penaliza la prostitución con penas de hasta 60 días de arresto.

Orellano tiene 33 años y se prostituye desde que tenía 19, un tiempo en el que ha conseguido vencer la «vergüenza» y la «culpa» con la que vivía.

«Pensaba que por ser prostituta no tengo ningún derecho, el derecho que tengo es que todo el mundo opine de mí y que todo el mundo me condene. Vivía con la cabeza gacha, con mucha culpa, con mucha vergüenza, naturalizando un montón de situaciones de violencia, porque pensaba eso, que las putas no nos merecemos nada», relató.

Ahora quiere, junto con la ayuda y colaboración de sus compañeras, conseguir que ese proceso de aceptación que ella ha vivido se traslade a una sociedad que todavía conserva pensamientos como «la puta es puta porque quiere» o «si la policía la violenta se lo merece por puta».

«Teníamos una cuota de responsabilidad que era alzar la voz, contar verdaderamente quiénes somos, decir por qué decidimos ejercer el trabajo sexual y corrernos un poco de este rol de la víctima. Toda la gente pensaba que la puta era la víctima y todos nos querían venir a salvar pero nadie le venia a preguntar a la puta que era lo que quería», subrayó.

Georgina Orellano habla claro, sin tapujos ni remordimientos, sin que le tiemble la voz cuando tiene que decir la palabra «puta», la misma que lleva tatuada en uno de sus brazos, fruto de muchos años de activismo feminista que le han dado una visión transversal de la problemática y que la han llevado a una conclusión muy clara, y es que la única solución posible radica en la educación.

En su opinión, «la educación sexual integral» debe ofrecerse desde el jardín de infancia, para que se traten temas como «derecho a la intimidad, el consentimiento, la intimidad y el respeto por el propio cuerpo».

Si bien considera que no es fácil incorporar estos temas a ciertos sectores de la sociedad «más tradicionales», que ven el sexo como «algo sucio» de lo que no se debe hablar.

«En muchas casas nunca se habló de sexo, siempre era como algo prohibido y no hablarlo o esconderlo debajo de la alfombra es justamente generar que es algo malo, construir que el sexo es algo malo, prohibido y sucio», destacó.

Lo que tiene claro es que en este cambio social se deben involucrar todos los sectores, incluyendo a muchos hombres.

Basada en sus años de experiencia, se muestra desconfiada de lo que las leyes pueden ofrecer y considera que el primer cambio debe ser el de «involucrar a los protagonistas» a la hora de «elaborar políticas públicas».

Orellano es puta y feminista, además de sindicalista y otras muchas cosas, aunque por encima de todo es una persona que tiene una respuesta elaborada a cada pregunta.

Y es que como ella dice, «ahora cada vez que hablan de las putas hay una puta que va a contestar»: el primer eslabón de un cambio global que se proyecta sobre toda la sociedad.

 

Trabajadoras sexuales en La Plata: el nuevo Código de Convivencia, el estigma y la marginación social

 

 

 

Cuando en noviembre comenzó a discutirse el Código y la patrulla municipal, las organizaciones salieron a la calle. En la primera fila estaban las integrantes de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR): ven en la gestión de Julio Garro el viejo espíritu de los edictos policiales. ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Cuál es su lucha? Una crónica para poner las luchas en contexto.

 

Por Agustina Tittarelli

30 de diciembre de 2018

https://www.diariocontexto.com.ar/2018/12/30/trabajadoras-sexuales-en-la-plata-el-nuevo-codigo-de-convivencia-el-estigma-y-la-marginacion-social/?fbclid=IwAR3VgPdChJt7-SI25ifk_5vnqfUfJENF6yQRrpb_Xux3JgR4jlM20cjAvDA

 

 

Uvolkswagen frena en la esquina de 1 y 63 donde está parada Norma, quien trabaja allí hace más de veinte años. Viste calzas negras, una remera manga corta y zapatillas deportivas. Pocos minutos pasaron de las seis de la tarde. El conductor, un pelado de anteojos, baja el vidrio polarizado y pregunta por la tarifa. Por la vereda corren algunos de los nenes que acaban de salir del Jardín de Infantes que está a la vuelta, algunos van de la mano de sus padres y otros jugando. Ella intenta tocarle la cabeza a uno amorosamente, pero antes de poder hacerlo la madre se lo arrebata y se lo lleva caminando a pasos rápidos.

–La discriminación y el estigma está en todas partes –afirma–. Eso duele. Y mucho.

Norma Polero es la secretaria del Departamento de Salud de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) y miembro fundador de la filial de La Plata. Tiene 56 años y llegó a la prostitución hace casi treinta, cuando se divorció, quedó sola con tres hijas pequeñas a cargo y con el trabajo de empleada doméstica no llegaba siquiera a cubrir las necesidades básicas.

Lleva pelo corto y renegrido, anillos que no llaman la atención y aritos de perlas. Lleva consigo a todos lados una mochila de cuerina negra, que tiene anudado un pañuelo verde y un pin de AMMAR, que tiene inscripta la consigna puta feminista.

“Cuando era joven paraba un patrullero y me metía adentro, no sabía que el trabajo sexual no era ilegal en la Argentina. Después empecé a conocer mis derechos y ya sabía. AMMAR significa eso para nosotras: la posibilidad de organizarnos y luchar por nuestros derechos como cualquier trabajador”, cuenta Norma.

La oficina de AMMAR funciona en la CTA (Central de Trabajadores Argentinos). Es una habitación bastante pequeña (4x4m) a la que se llega caminando hasta el final de un pasillo. Hay un mural con el rostro pintado de Sandra Cabrera, una trabajadora sexual asesinada en Rosario por denunciar el entramado de recaudación ilegal que la policía montaba a partir de la prostitución. Una mesa redonda ocupa gran parte del espacio, sobre ella están desparramados algunos papeles. Hay una maceta en el suelo con una plantita y un mueble que lo único que tiene encima es una pava eléctrica que no tiene agua.

La AMMAR nació como respuesta al constante asedio y violencia de la fuerza policial. Juntándose comprobaron que la organización es la fuerza y el motor para transformar sus realidades y luchar contra el estigma, la discriminación y el maltrato al que están sometidas desde tiempos inmemoriales por la sociedad en general.

Empezaron a reunirse a fines de 1994. En 1995 se sumaron a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), lo que hizo posible que abandonasen la automarginación al reconocerse ellas mismas como trabajadoras.

Desde 1997 integran la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex), que tiene como objetivo apoyar y fortalecer a las organizaciones de mujeres trabajadoras sexuales en la defensa y promoción de los derechos humanos. La Red está compuesta por quince países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

***

Eliana Quilla nació en Sucre pero a los tres años, junto a su familia, abandonó su Bolivia natal para irse a vivir a la costa argentina, a Ostende. Tiene pelo lacio, negro y largo. Es delgada y lleva puesto un top floreado. Pinturas y diseños que ella misma crea visten las paredes de su departamento, que se encuentra repleto de hojas canson, papel madera y tintas de diversos colores. A los dieciocho llegó a La Plata para estudiar Artes Plásticas en la Facultad de Bellas Artes. Desde entonces trabajó como niñera, ayudante de cocina y empleada doméstica. Después de haber trabajado muchas horas y cobrar poco, decidió ser trabajadora sexual. Fue el único trabajo que se ajustó a sus necesidades como estudiante y que le dejaba tiempo libre para estudiar y hacer sus proyectos.

“Puedo elegir mis horarios, tengo más independencia, manejo mis tarifas. No estoy en la calle, me manejo por Internet. Si veo que no hay clientes, bajo las tarifas, si veo que hay muchos, la subo. La demanda horaria es muy poca. En dos horas diarias puedo cubrir lo que antes eran dos días limpiando casas”, explica. Tiene veinticuatro y es secretaria general de la filial de AMMAR de la ciudad. Organiza junto a Norma y las demás militantes las actividades del sindicato: este mes tienen una mesa de incidencia política y en diciembre un plenario. Sus funciones como secretaria se basan en redactar documentos, firmar papeles, atender los problemas y las demandas del día a día de sus compañeras.

Hace poco más de un mes consiguieron que Nora Turconi (concejal de Unidad Ciudadana de Ensenada) les otorgue veinte salarios sociales complementarios cuya contraprestación es en un taller textil.

–Lo necesitamos para las chicas que alquilan, que están en situación de calle, para sus hijos. Está muy feo. Nos dieron veinte, pero estamos yendo por más. Las chicas no tienen que dejar la calle, pero saben que por mes tienen asegurados 5.500 pesos para su pieza, para pagar parte del alquiler, para la comida de sus hijos. Ya hicieron el taller de capacitación para coser con máquinas industriales –cuenta Norma, con pesar. Les pesa, porque nunca habían tenido necesidad de pedir ayuda para poder comer.

También existen otras problemáticas a las que les gustaría abocarse a partir del próximo año. “Tenemos un grupo de WhatsApp donde están todas las chicas. Y tenemos que mandar audios porque hay algunas que no saben leer”, se lamenta Norma. Desde el Sindicato buscan poner una escuelita donde les enseñen a leer y a escribir. “También está el tema de la documentación –agrega Eliana–. Hay compañeras migrantes y no migrantes que ni siquiera tienen el DNI. Tenemos ganas de resolver estas cosas”.

La filial de AMMAR de La Plata pasó por un proceso de desintegración. Estuvo un tiempo sin funcionar, recién el año pasado volvieron a reunirse para organizarse. Actualmente la asociación funciona como un sindicato con todas las letras. Los demás trabajadores de la CTA las saludan y mantienen un vínculo amigable. Se sienten cómodas, a pesar de la pequeñez de la oficina. Una puerta corrediza da al patio de la central de trabajadores, es la única ventilación que tienen. La plantita aprovecha las pocas horas de luz que entra por los vidrios de esa puerta.

“Queremos hacer un censo de trabajadoras sexuales, el que manejamos es del año 2009. Además de estar súper desactualizado, está hecho por el Ministerio de Salud, no está abordado desde una perspectiva social por ser una de las instituciones que más nos discrimina. También nos gustaría crear alianzas con otros sectores sociales, que se solidaricen con nosotras. Este año fuimos a dar charlas a algunas Facultades, empezamos un poco a trabajar eso. Pero hay que profundizarlo”, reconoce la joven.

***

Respecto al trabajo sexual, existen dos corrientes: la abolicionista y la regulacionista. Desde el año 1949 nuestro país adhiere a la línea denominada abolicionista. Es decir, que desde el Estado y los gobiernos se deben implementar políticas económicas y sociales con el objetivo de abolir las causas de fondo que provocan la prostitución, a diferencia de aquellos países que sustentan la línea regulacionista.

Pese a que la prostitución y la trata para explotación sexual son cuestiones vinculadas entre sí, claramente no toda prostitución es trata. El trabajo sexual es un trabajo como cualquier otro. “Si vos sos obrero en una fábrica, estás vendiendo tu fuerza de trabajo, estás explotando tus manos. Nosotras explotamos nuestra genitalidad”, explica Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR Nacional. Eliana, en esta línea, adhiere: “Cuando sacaron el rubro 59 en Capital y el Solos y Solas de acá de La Plata por la modificación de la Ley de Trata, perjudicaron a un montón de trabajadoras que se la rebuscaban de esta manera. Entonces empezaron a pegar los papelitos. La gente los saca pensando que hace un bien, que así combate la explotación sexual. Pero la realidad es que estamos quienes elegimos ser trabajadoras sexuales y nos perjudican”.

En los últimos años lo que dividió el feminismo de manera irreconciliable fue el debate entre las posturas abolicionista y regulacionista, que debaten la conceptualización del trabajo sexual.

El feminismo abolicionista postula que no existe la elección libre del ejercicio de la prostitución y que toda prostitución es trata. Apunta a su erradicación, ya que su existencia implica la mercantilización y objetualización del cuerpo y por ende es una forma de dominación patriarcal. El polo opuesto, el regulacionista, sostiene que la prostitución es un trabajo, quieren que se legalice y regule por parte del Estado para garantizar los derechos sociales que corresponden a todo trabajador, negociar los espacios públicos donde ejercerla, garantizar las condiciones sanitarias y lograr que sea un trabajo autónomo y voluntario. Creen que la legalización va a combatir la estigmatización, la explotación, la violencia y las mafias que operan en ella.

–Nosotras vamos a los Encuentros Nacionales de Mujeres, todos los años. Pero no somos bien recibidas por algunos sectores, algunas nos miran con desdén. Queremos que nos acepten –anhela Norma.

Las dificultades de ser trabajadoras sexuales en la ciudad son cada día más. El 17 de octubre, el Concejo Deliberante aprobó la creación de la Guardia Urbana de Prevención (GUP), una nueva fuerza de seguridad en la ciudad para el control de los espacios públicos y que va en línea con el nuevo Código de Convivencia que presentó el intendente Garro. Fue rechazado por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, ya que estipula multas que van desde 4.000 a 170.000 pesos y treinta días de arresto para quienes protesten y corten calles sin tener una autorización 48 horas previas, para quienes coloquen pasacalles, usen megáfonos u ofrezcan sus servicios en la vía pública.

–El problema no lo vamos a tener solamente nosotras, sino los que limpian vidrios, los vendedores ambulantes, los que reparten los panfletitos cuando el semáforo se pone en rojo. Se aprueba esto cuando hace tres meses conseguimos la derogación del artículo 68, que criminalizaba la prostitución –se lamenta Norma.

Se multará a los dueños de animales domésticos “que perturben la vida de los vecinos”, se prohíbe el lavado de automóviles en la vía pública, y se sancionará también a quienes recolecten residuos para su venta, entre otros.

En una Argentina asediada hace tres años por el neoliberalismo, donde más de la mitad de los trabajadores cobran un salario por debajo de la línea de la pobreza, donde crece la precarización, el desempleo y las inversiones en desarrollo social y educación constituyen menos de la cuarta parte que durante el último gobierno, el gobierno municipal necesita de un nuevo Código que criminalice la protesta social y cualquier tipo de manifestación contra estas políticas. Además, apuesta a seguir marginalizando a quienes menos posibilidades tienen: trabajadoras sexuales, cartoneros, limpiavidrios.

En el hall de entrada del edificio de la CTA, en una de las paredes laterales, se encuentran colgadas todas las pecheras de las organizaciones y gremios que forman la Central de Trabajadores. La de AMMAR es blanca y sus siglas están en rosa. Le ataron debajo un pañuelo verde.

Son las compañeras de Johana Ramallo, desaparecida por una red de trata. Son las compañeras de Sandra Cabrera, asesinada por denunciar la recaudación ilegal de las fuerzas policiales. Son todas esas injusticias hechas carne. Son mujeres y son madres, abuelas, tías, amigas. Son sororas. Y ahora que sí las ven, van a ir por los derechos que les corresponden y que tarde o temprano serán una realidad.