EL ESTADO PROXENETA: El control sanitario del VIH e ITS entre trabajadoras sexuales entre la indecencia y la legalidad en la 4ª transformación

 

Por Elvira Madrid Romero, Jaime Montejo y Rosa Icela Madrid

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C.

Tapachula, Chiapas y Ciudad de México, 12 de noviembre a 2 de diciembre de 2018.

 

http://brigadaac.mayfirst.org/EL-ESTADO-PROXENETA

 

 

(Material de discusión)

 

 

La columna de Marta Lamas del 10 de noviembre de 2018 en la revista Proceso, “Una sociedad decente”, retoma los planteamientos de Avishai Margalit sobre una “sociedad correcta”, “aquélla que se atiene a la ley y el debido proceso” y una “sociedad decente”, que no humilla a las personas. También refiere que una sociedad puede ser justa pero insensible con quienes están fuera de ella, y ejemplifica con los migrantes. Menciona cómo haberlos rociado con un desinfectante (en Huixtla, Chiapas) en el marco de la caravana éxodo centroamericano, es humillante y denota desprecio.

Trataremos de utilizar algunos planteamientos de dicha columna periodística y aplicarlos al control sanitario recaudatorio de las trabajadoras sexuales en México.

La falta de certeza y seguridad jurídica del trabajo sexual, convierte a quienes lo ejercen en “contribuyentes sin derechos”, cuando no en “siervos o esclavas” de instituciones públicas municipales como la Tesorería de cada ayuntamiento constitucional, que recauda ingresos sobre el cuerpo de las mujeres, sin ningún tipo de miramiento ético. Ingresos que muchas veces ni siquiera benefician a las trabajadoras sexuales que los generaron, sino a los recaudadores y a la obra social que estos implementan en otros sectores mejor atendidos por la autoridad.

Una obra pública realizada con ingresos retenidos a las trabajadoras sexuales, a través del control sanitario o de las multas que se les aplica, no es otra cosa que lavar dinero producto del abuso impuesto a estas prestadoras de servicios y mostrarlo como bien habido.

Esta característica recaudatoria que descansa sobre la espalda y los genitales de las trabajadoras sexuales, es lo que ha provocado que algunos grupos feministas abolicionistas y pro derechos, coincidamos al hablar de un Estado con vocación proxeneta.

Hay un déficit de decencia hacia las trabajadoras sexuales, a quienes la Tesorería a nombre de cada presidente o presidenta municipal, cobra altos tributos, no sólo los marcados por la ley, reglamento o acuerdo de cabildo; sino también por la costumbre, que ve a las trabajadoras sexuales como las cajas chicas de administradores o administradoras de turno a cargo de “la política fiscal” de los municipios.

Es el caso del municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que en la pasada administración de Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor de 2015 a 2018, gracias a la denuncia y movilización de trabajadoras sexuales y de la intervención de la regidora feminista Paulina Conde y la Brigada Callejera, hicieron posible que el costo de la tarjeta de control sanitario y de la entrada a la zona de tolerancia que pagan los clientes, bajaran; entre otras mejoras como el cambio del médico encargado del control sanitario, señalado por abusos sexuales y malos manejos económicos, el cambio de administradores, la instalación de un equipo de gimnasio, la implementación de varias de jornadas de salud, la aplicación de pruebas rápidas de VIH y sífilis y entrega de condones totalmente gratuitos por parte de la Brigada Callejera, frente al cobro de condones y pruebas rápidas del sector salud por parte de servidores públicos del municipio.

El control sanitario del VIH/Sida e infecciones de transmisión sexual (ITS) como la sífilis, además de discriminatorio e ineficaz, es humillante porque parte de la idea que señala a las trabajadoras sexuales como focos de la infección y no sus clientes quienes no son sometidos a dicha regulación, han señalado no pocas trabajadoras sexuales a la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, en sus 29 años de activismo a favor de los derechos de este sector de mujeres.

El costo económico que deben cubrir las trabajadoras sexuales para pagar las tarjetas o controles sanitarios, el alto costo de las pruebas de VIH y sífilis, así como Papanicolaou, que son servicios gratuitos en el Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) del Seguro Popular; convierten a los ayuntamientos en verdaderos padrotes que sólo buscan recaudar recursos para la hacienda municipal, sin tomar en cuenta que las trabajadoras sexuales integran uno de los grupos más marginados y susceptibles a todo tipo de violencia, como la violencia económica perpetrada por el Estado mexicano, a través del control sanitario recaudatorio o no, que es una de sus instituciones más patriarcales y discriminadoras de este sector de mujeres.

Las altas multas por ejercer el trabajo sexual donde lo prohíben reglamentos de policía y buen gobierno o instrumentos jurídicos similares, el alto costo de los documentos del control sanitario, la venta de condones gratuitos del sector salud, el cobro de pruebas rápidas de VIH y sífilis del sector salud también gratuitas, el pago de cuotas a inspectores de salud de los ayuntamientos o de las jurisdicciones sanitarias estatales “para evitarles ir a realizar dicho trámite obligatorio”, la extorsión por parte de personas que se sienten dueñas de la calle y les cobran derecho de piso, ante el silencio y la falta de justicia por parte de instituciones como la Fiscalía General de Justicia del estado de Chiapas, donde personal de dicha dependencia se ha negado a perseguir dicho delito en Tapachula por tratarse de trabajadoras sexuales, mujeres trans trabajadoras sexuales o trabajadoras sexuales migrantes.

Dichas prácticas no son más que abusos económicos, equiparables a conductas mencionadas en la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas”, que tipifica como delito la explotación de la prostitución ajena.

A diversos servidores públicos puede parecerles “justo y eficiente” el control sanitario y los costos que se imponen a las trabajadoras sexuales, meseras y bailarinas, (muchas veces al margen de la ley, como parece estar ocurriendo en este momento en Huixtla, Chiapas, donde se conquistó en Cabildo, la gratuidad en la administración anterior -2015 a 2018-, gracias al apoyo de mujeres regidoras de tres partidos políticos). Sin embargo, esa práctica recaudatoria, va en contra de cualquier ética que busque “atender problemas de salud pública como el VIH/Sida e ITS”, y al mismo tiempo, reducir la violencia hacia las mujeres para que puedan ejercer sus derechos sin paternalismo alguno.

Dicha práctica mercantil deshumanizante, que descansa sobre el cuerpo de las mujeres trabajadoras sexuales, sólo toma en cuenta un prejuicio económico que se constituye en un acto de violencia institucional: que las mujeres dedicadas al comercio sexual ganan muy bien, que su actividad es muy fácil y por ello, lo que se les cobre estará siempre bien justificado.

Según dicho prejuicio, las trabajadoras sexuales ganan lo suficiente para pagar lo que las autoridades, generalmente masculinas y en todo caso al servicio de una masculinidad que tiene el control de instituciones públicas, les indiquen, esto es, lo que se tenga que pagar para poder seguir ganándose la vida; aunque dichos pagos no se apeguen a la ley, sino al capricho o necesidad económica de los nuevos administradores, hombres o mujeres, que ven a las trabajadoras sexuales con ojos de agiotista y de cliente sexual que algunas veces siente que no debería pagar “tanto” por un servicio y a la inversa, desde el municipio se ve que, “como ganan tanto, se les puede cobrar lo que sea”.

La referencia a los agiotistas, es por los cobros abusivos, apegados a derecho o no, que hacen ver a las autoridades municipales como prestamistas del derecho a trabajar en el sexo, mismo que se cobran con intereses muy altos, que afectan la economía familiar de las trabajadoras sexuales, humilladas y explotadas por este tipo de política pública.

—Explotación sexual institucionalizada:

¿Hasta cuándo continuará la explotación sexual institucionalizada en las estructuras burocráticas de los diferentes ayuntamientos y en las legislaciones estatales que van a dar inicio a la “Cuarta Transformación en México”, o que sólo van a ser oposición en este sexenio?

Uno de los costos simbólicos que trae consigo el control sanitario recaudatorio, es cobrarle a las trabajadoras sexuales con altos réditos, el haber pasado por alto a “la moral y las buenas costumbres”, o el ser consideradas un foco de infección, al contrario de lo que las estadísticas señalan en México, donde son las amas de la casa, el grupo de mujeres más afectadas por el VIH/Sida y no las trabajadoras sexuales.

Ojalá los secretarios de salud municipal y estatal y directores de salud y subdirectores de riesgo sanitario, los cabildos municipales, las asesoras en materia de declaratorias de violencia de género y los diferentes congresos estatales, inicien las nuevas administraciones nacidas en 2018, haciendo un poco de justicia a las trabajadoras sexuales. Ojalá se decidan por reconocer a las trabajadoras sexuales como trabajadoras no asalariadas y ojalá dejen de recaudar ingresos cobrando cuotas inmorales, producto de la prostitución ajena.

Decía Marta Lamas en su columna “Una sociedad decente”, “(q)ue si México no es una sociedad justa con sus habitantes, menos lo es con quienes no forman parte” como los migrantes y parecería ser que las trabajadoras sexuales tampoco son consideradas personas con derechos, por dedicarse a dicha actividad, condenada al estigma que señala que “esas mujeres ganan mucho dinero con facilidad”, y por ello hay que cobrarles sus faltas a la moral y a la salud pública. Ahora si se hablamos de trabajadoras sexuales migrantes, la exclusión abre un abismo inmenso que impide el ejercicio de muchos derechos civiles como el acceso a la salud.

Situación, nada más alejada de la realidad en un país como México, donde la prevalencia de VIH/Sida es más alta entre elementos de corporaciones policíacas que entre trabajadoras sexuales, como lo indicó la doctora Andrea González Rodríguez, directora del programa de VIH/Sida de la Ciudad de México el 5 de noviembre del año en curso, cuando se presentó el libro “Putas, activistas y periodistas” en el auditorio de la Clínica especializada Condesa.

¿Por qué las nuevas autoridades no le apuestan a un trato decente hacia las trabajadoras sexuales, que no esté instrumentado por el dinero?

¿Por qué no dejar de explotar a las trabajadoras sexuales, con el pretexto de salvaguardar la salud pública?

¿Por qué no dejar de cosificar a las trabajadoras sexuales como contribuyentes sin derechos?

—El Estado proxeneta:

El concepto del Estado proxeneta o lenón, desde una visión pro derechos de las trabajadoras sexuales que la Brigada Callejera ha planteado desde 1995.

Brigada Callejera ha reflexionado sobre algunas características que le dan forma al Estado, institución patriarcal, en su especificidad proxeneta, esto es, que saca provecho de las trabajadoras sexuales, a través de la humillación y la recaudación fiscal de ingresos; sin tomar en cuenta las necesidades económicas de este grupo de mujeres.

El Estado proxeneta, es una institución patriarcal que realiza una mediación entre las trabajadoras sexuales y sus clientes en nombre de la salud pública, sin ninguna evidencia de la eficacia del control sanitario impositivo. Institución pública donde se decide cómo “proteger” la salud pública del VIH e infecciones de transmisión sexual (ITS), imponiendo el control sanitario recaudatorio, que exprime ingresos a las trabajadoras sexuales que lesionan su economía familiar y que por lo general no aplica esos recursos recaudados para beneficio de quienes hicieron ese aporte, forzadas por normas jurídicas injustas, que cosifican a las trabajadoras sexuales, al utilizarlas como parte visible de un mecanismo de resolución de un problema de salud y moral pública.

Los mecanismos que implementa el Estado proxeneta para controlar y vigilar el ejercicio de la sexualidad de las trabajadoras sexuales, son arbitrarios y humillantes, no están basados en evidencia alguna sino en juicios de valor unilaterales y al final, muestran el desprecio hacia las trabajadoras sexuales y en general hacia todas las mujeres, al establecer que ellas son un foco de infección y las causantes de la propagación del VIH e ITS.

Las medidas que establecen los sistemas de control sanitario, son arbitrarias, aunque adornadas de diferentes conceptos salubristas atrasados, que nos remiten al Código Higienista que el emperador Maximiliano de Habsburgo exportó desde Francia en el año 1865 para proteger a las tropas invasoras de la sífilis, en ese entonces una “enfermedad venérea” incurable y que incluía un registro deshonroso de “mujeres públicas”.

Los ingresos recaudados por el Estado proxeneta le permiten vivir de los ingresos de las trabajadoras sexuales, a un grupo notable de burócratas y también de recursos aportados por mujeres sometidas a prostitución forzada o explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, quienes son las primeras que aparentan estar dispuestas a realizar cualquier tipo de aporte económico, cuya “actitud aprendida”, agrada a servidoras/as públicas/os de ocasión.

El Estado proxeneta, tiene una vocación clientelar que busca favorecer, sin otra justificación que la defensa de sus propios intereses, a determinadas personas, grupos o sectores, para lograr su apoyo. Por ello recluta voluntades entre trabajadoras sexuales y organizaciones que centran su atención en ellas para mantenerlas dividirlas y poder imponerles sus determinaciones.

Dicho reclutamiento clientelar, implementado por las diferentes instituciones públicas que confluyen en el control sanitario, incluye medidas como bajar el costo de dicho sistema e incluso decretar su gratuidad para mantener una vigilancia permanente sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres que ofrecen servicios sexuales para poder mantener una tutela gubernamental sobre ellas.

En todo caso, el clientelismo se fortalece con mentiras y descalificaciones de quienes se oponen a este tipo de sistema de control del comercio sexual.

El Estado proxeneta mantiene su carácter tributario unilateral al no reconocer derechos de las contribuyentes, incluso al fijar altos costos del control sanitario y altas multas por ejercer el comercio sexual en lugares no autorizados, así como establecer en los códigos civiles y familiares, la perdida de la patria potestad de los hijos de 12 años de mujeres que ejercen la prostitución, dejándolas a merced de padrotes que las amenazan con denunciarlas ante el DIF (Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia) para que les quiten la patria potestad, coadyuvando así dicha institución encargada de la protección de niñas, niños a adolescentes, con la trata de personas y la explotación sexual.

El Estado proxeneta protege la salud del cliente de las trabajadoras sexuales y no la salud de quienes trabajan en el sexo; utilizando la salud como pretexto para invadir el primer y último territorio de las trabajadoras sexuales, esto es, su propio cuerpo y así expropiadas de su propia intimidad para someterlo a control policíaco y extorsión.

En ese sentido, el control sanitario se erige como un mecanismo de humillación y desprecio, de señalamiento y negación de derechos sexuales y laborales, apostándole a la muerte social de este sector.

—Diferencia con el abolicionismo de la prostitución:

¿Dónde está la diferencia de estos planteamientos, con respecto a posturas abolicionistas que dan pie a la militarización e invasión de los cuerpos de las trabajadoras sexuales para obligarlas a abandonar el comercio sexual?

Pensar que las trabajadoras sexuales no lo son y sólo constituyen “mujeres en situación de prostitución” que deben ser liberadas del control sanitario y ser vinculadas “al mercado laboral” (no sexual), después de ser rescatadas de las calles y burdeles donde no es posible establecer derechos laborales como prestadoras de servicios, las deja a merced de tratantes y proxenetas y en la práctica coadyuva con la explotación económica de dicho sector de mujeres.

El concepto “mujeres en situación de prostitución”, define a un grupo humano a partir de una sola circunstancia de su vida, cancelando otras dimensiones vitales como el aspecto laboral que se encuentra implícito en el intercambio de sexo por dinero, en sus vertientes asalariada o no asalariada.

“Mujeres en situación de prostitución”, niega otros abordajes posibles sobre el comercio sexual, como el de la certeza y seguridad jurídica de quienes se dedican a dicha actividad para ganarse la vida. No permite abordar relaciones laborales explotadoras comunes a otras actividades reconocidas por el derecho laboral internacional. Así mismo, dicha categoría de análisis centra su atención en liberar a las mujeres de la relación social que les esclaviza y deja intactas las relaciones obrero patronales, reconocidas o no legalmente de quienes tienen un patrón en la industria sexual y reconocen que su fuerza de trabajo es libre de contratarse donde puedan hacerlo.

Es así como algunos grupos abolicionistas de la prostitución que atacan la organización de las trabajadoras sexuales e impugnan sus conquistas laborales, se constituyen en el verdadero lobby proxeneta y en uno de los pilares fundamentales del lenocinio, al cual se deben para poder mantener vivas sus iniciativas.

La industria del rescate abolicionista se retroalimenta de la industria sexual y sólo puede vivir gracias al comercio sexual.

Hace casi doce años, la Brigada Callejera difundió un ensayo titulado “Los siete pilares del lenocinio” en el libro “El color de la sangre. Propuesta sectorial de la Red Mexicana de Trabajo Sexual para el programa nacional de lucha de la otra campaña”, donde nos queda claro que la lucha es por la abolición de todo tipo de trabajo como medida para garantizar la erradicación de la propiedad privada y de todas aquéllas relaciones fundamentadas en dicha institución, base y fundamento del capitalismo.

Por otro lado, sabedoras de la contradicción que trae consigo el uso de la palabra “lenocinio”, que criminaliza el derecho a trabajar en el sexo libremente, al considerar delitos conductas como facilitar condiciones para el ejercicio de la prostitución, administrar un burdel o sacar provecho económico de la prostitución ajena; el énfasis lo hacemos en “sacar provecho económico”, como el que cualquier otro empresario obtiene de sus trabajadores en todos y cada uno de los sectores industriales al extraerles lo que Marx llamó plusvalía y por ello remarcamos que es necesario hilar resistencias feministas, antisistémicas y anticapitalistas para destruir al capital en toda la extensión de la palabra y que un grupo privilegiado de la población, deje de explotar a toda la clase trabajadora.

Por ello en algún momento dimos prioridad a la conformación de cooperativas integradas por trabajadoras sexuales para que dejara de extraerse beneficio económico al servicio de algún empresario en particular y no de quienes generan la riqueza, que son quienes ponen sus cuerpos para ganarse la vida, como cualquier otro trabajador o trabajadora.

Aclaramos que en este análisis nos hermanamos con reflexiones abolicionistas, sólo que nuestra organización aplaude que las trabajadoras sexuales conquisten sus derechos laborales, formen sindicatos, emplacen a huelga general y pongan en jaque al Estado proxeneta y entonces cuando todo el pueblo organizado vele por el bienestar común, abolir al Estado, la propiedad privada y matrimonio monogámico heterosexual, que dieron origen a la prostitución y estamos seguras que cuando ocurra prevalecerán intercambios sexuales públicos y privados, con modalidades diferentes a las actuales, sin servidumbre marital ni explotación sexual comercial.

También indicamos que no nos asquea el trabajo sexual. Sin embargo, hay personas a quienes les causa náusea y lástima que haya mujeres que se dediquen a labores de enfermería y limpien heces fecales. Sabemos de hombres y mujeres que recogen desechos y basura (pepenadores), y que otras personas se asquean de dicha actividad. Manipular carne de reses, asquea a no pocas personas. Reprimir marchas, nos asquea en general a muchas activistas.

Plantear que cuando una mujer se ve forzada a dedicarse al comercio sexual, estamos hablando de prostitución forzada y que por eso hay que rescatarles de dicha práctica patriarcal, aunque las protagonistas no estén de acuerdo por el influjo de la “falsa conciencia”; implicaría plantear el rescate de toda la clase trabajadora, cuyos integrantes, hombres y mujeres, “rentan sus cuerpos y mentes” por necesidad y no por amor al arte y los grupos abolicionistas no lo hacen.

Muchas mujeres se dedican al trabajo doméstico por necesidad, o al trabajo agrícola, a la maquila, a los cuidados de otras personas, a labores de limpieza en diferentes empresas, a la recolección de basura o hasta a la mendicidad y las feministas abolicionistas y grupos confesionales no van en su rescate. Otras mujeres se casan o se unen a hombres por necesidad y para tener un sustento y muchas son sometidas a servidumbre marital y los grupos abolicionistas que atacan a las trabajadoras sexuales, no van por la abolición de la institución social del matrimonio.

Si bien es cierto que el trabajo sexual implica diferentes riesgos sobre la salud y la vida como toda actividad laboral, es más peligroso trabajar en la construcción según indica la Organización Internacional del Trabajo al expresar que “(a)l menos 108,000 trabajadores (de la construcción) mueren en el lugar de trabajo cada año, una cifra que representa alrededor del 30 por ciento de todas las lesiones mortales en el (mundo del) trabajo” y no por ello grupos feministas dejan de promover la capacitación de muchas mujeres en oficios no tradicionales para las mujeres como el de albañilería.

En México es más peligroso dedicarse al periodismo, ser defensor o defensora de derechos humanos o postularse a cargos de elección popular en lugares donde diferentes grupos del crimen organizado se disputan el control de la plaza. Con respecto al VIH/Sida, donde monjas abolicionistas han señalado irresponsablemente que la prostitución enferma de Sida a las “mujeres en situación de prostitución”, en México, hay una prevalencia más alta entre amas de casa y policías, que obligaría a incautos a plantear la abolición de dichas instituciones por dicha razón.

— Los siete pilares del lenocinio o del Estado proxeneta, son los siguientes:

EL PRIMER PILAR DEL ESTADO PROXENETA, erigido como patrón (ante la falta de una legislación laboral en este sector económico) por encima de los dueños de los establecimientos mercantiles donde se oferta y demanda sexo comercial; es la imposición de representantes que controlen los intercambios del comercio sexual, como último eslabón del Estado proxeneta entre trabajadoras y clientes y otros integrantes de la cadena productiva, sin embargo, dicha obligación, no otorga derechos laborales. Las representantes juegan el mismo papel que en su momento tuvieron las madronas encargadas de mantener el orden entre las trabajadoras sexuales, impedir abusos por parte de la clientela y negociar la gobernabilidad de la calle con las autoridades respectivas. El encarcelamiento de dichas representantes, está dejando dichas vacantes libres para ser ocupadas por policías de rango y ministeriales que se han aliado al crimen organizado para fortalecer sus finanzas personales y corporativos.

EL SEGUNDO PILAR DEL ESTADO PROXENETA, es la obligatoriedad de realizarse pruebas de detección de VIH e ITS que cada nueva administración pública desea imponer donde no está contemplada, colocarle un costo donde es gratuito o aumentar su valor. Por lo general dicho control sanitario, es recaudatorio y afecta la economía de las trabajadoras sexuales. Sin embargo, dicha obligación, no otorga derechos laborales. Una de sus modalidades es la imposición de contar con una historia clínica en los servicios de salud municipales, con independencia de la condición de salud o enfermedad que esté presente.

EL TERCER PILAR DEL ESTADO PROXENETA, es la obligación de las trabajadoras de tramitar una tarjeta de control sanitario, carnet o código, donde se acredite que están libres de VIH e ITS o portar un documento que certifique a quien lo porte que está libre de ITS o está atendiendo su salud, cuyo costo suele ser excesivamente alto. Sin embargo, dicha obligación, no otorga derechos laborales. Cabe indicar que la credencial de trabajo no asalariado y su licencia respectiva expedida por la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, rompe con el control del trabajo sexual que han tenido dependencias de salud y cuerpos policiacos, abriendo la posibilidad real con la Sentencia 112/2013 del Poder Judicial de la Federación (PJF) de que las trabajadoras sexuales formen sindicatos para que defiendan sus intereses de clases, enfrenten abusos y combatan la trata de personas y la explotación sexual en mejores condiciones.

EL CUARTO PILAR DEL ESTADO PROXENETA, es el empadronamiento de las trabajadoras sexuales, bajo diferentes sistemas de control sanitario del trabajo sexual, que las señala como vectores de diferentes enfermedades como la tuberculosis, el VIH/Sida e ITS. Es una práctica discriminatoria que expone a las trabajadoras al linchamiento público y que se acompaña de otros estigmas asociados a las trabajadoras sexuales, como son el considerarlas propensas a delinquir, a ser malas madres y mujeres fatales, robamaridos, que atentan contra la unidad de muchas familias. Sin embargo, dicha obligación, no otorga derechos laborales. En ese sentido, hay que hacer la diferencia entre el manejo de listados de trabajadoras no asalariadas por parte de las autoridades laborales con respecto a los padrones sanitarios, que se instituyen como prácticas estigmatizantes que humillan a quienes allí se encuentran mencionadas.

EL QUINTO PILAR DEL ESTADO PROXENETA, es la imposición de puntos y zonas de tolerancia como únicas unidades organizativas del comercio sexual autorizadas, para que se contenga el VIH/Sida e ITS y no se altere la moral y las buenas costumbres de una comunidad o ciudad, donde dicho sea de paso se explota a las mujeres trabajadoras sexuales como a las obreras en las maquilas, como a las trabajadoras del hogar en cada cedula familiar, como a enfermeras, como a personal de intendencia en un hospital, entre otros ejemplos. Sin embargo, dicha obligación, no otorga derechos laborales. De esta manera, se garantiza el monopolio del comercio sexual en pocas manos y la impunidad de los abusos que se cometan en dichos establecimientos mercantiles. Con las legislaciones anti-trata, se clausuran dichos lugares de trabajo despojándose de diferentes fuentes laborales a las trabajadoras sexuales, sometiéndolas a desplazamiento forzado y dejándoles como única opción trabajar en manos del crimen organizado que está refundado la prostitución forzada y explotación sexual adolescente, a lo largo y ancho de toda la república.

EL SEXTO PILAR DEL ESTADO PROXENETA, es obligar a las trabajadoras sexuales a participar en programas sociales para intentar reinsertarlas a otras opciones laborales. Hoy, estos programas de rehabilitación se presentan de manera diferente, como una opción frente a las clausuras de los establecimientos donde se laboraba, que bajo el pretexto del combate a la trata de personas, han cerrado sus puertas y dejado en manos del crimen organizado a muchas trabajadoras sexuales. Sin embargo, no son iniciativas donde se obtengan ingresos dignos para mantener a una familia y tampoco están a la disposición de la mayoría de mujeres que las procuradurías han dicho que han rescatado. Así mismo, dicha obligación, no otorga derechos laborales.

EL SÉPTIMO PILAR DEL ESTADO PROXENETA, es la legislación actual que sustenta las facultades de dicha institución colonial de invadir, colonizar y desechar cuerpos de trabajadoras sexuales para imponer el terror y así poder explotar, reprimir, despojar y despreciar a un grupo importante de trabajadoras sexuales. Están leyes estatales y reglamentos municipales de salud que establecen la obligatoriedad del control sanitario del VIH e ITS. Los códigos civiles y familiares que facultan al DIF para despojar a las trabajadoras sexuales de la patria potestad de sus hijos/as menores de 12 años de edad. Los reglamentos de policía y buen gobierno, que prohíben el ejercicio del trabajo sexual y castigan la violación de dicho precepto. Y desde el año 2012, está la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas”, la prohibión del table dance en varios estados de la república (Chiapas, estado de México, Coahuila, Guanajuato, municipio de Querétaro) que confunde trabajo sexual voluntario o table dance, con trata de personas y explotación sexual e impide el reconocimiento pleno de las obligaciones patronales de quienes hoy contratan en secreto y verbalmente a trabajadoras sexuales, que de darse, traería consigo implicaciones judiciales, detenciones, encarcelamiento y extinción de dominio de diferentes bienes e inmuebles, perpetuando la explotación laboral de las trabajadoras sexuales y convirtiéndose en la práctica en el verdadero lobby proxeneta, fortalecido por organizaciones, legislación y políticas públicas abolicionistas que constituyen a la industria del rescate que no puede existir sin su contraparte, la industria sexual.

— Violencia institucional hacia las trabajadoras sexuales en México:

Las más de 800,000 trabajadoras sexuales que laboran en México, han sido objeto de todo tipo de abuso en un lugar donde debería estar garantizada su dignidad para evitar que se incurra en trata de personas, explotación sexual y otros abusos.

Si bien es cierto que las trabajadoras sexuales son violentadas por algunos/as vecinos/as, periodistas, predicadores/as, empresarios/as y familiares, así como padrotes y madrotas, en esta ocasión nuestra reflexión se centrará en las diferentes expresiones de la violencia institucional contra las trabajadoras sexuales, sin dejar de abordar a otros actores sociales responsables de infringirles violencia.

—Violencia institucional:

La violencia institucional, es realizada por servidoras y servidores públicos pertenecientes a cualquier institución pública mexicana, que ha tenido como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan sus derechos humanos previstos en diferentes ordenamientos jurídicos.

La violencia institucional incluye el ordenamiento judicial que discrimina a las trabajadoras sexuales, así como la implementación de diversos ordenamientos jurídicos.

Esta violencia Incluye leyes estatales y reglamentos municipales de salud que establecen la obligatoriedad del control sanitario del VIH e ITS que puede incluir o no un carácter recaudatorio que explota la prostitución ajena, entre otras normas jurídicas más:

  1. a) Los códigos civiles y familiares que facultan al DIF para despojar a las trabajadoras sexuales de la patria potestad de sus hijos/as menores de 12 años de edad. Los reglamentos de policía y buen gobierno, que prohíben el ejercicio del trabajo sexual y castigan la violación de dicho precepto.

Los códigos civiles de Baja California, Nuevo León y Puebla, contemplan como causal de perdida de patria potestad, que una mujer se dedique o ejerza la prostitución (En el caso de Puebla, que lo haga de forma pública).

En 24 entidades federales y en el Código Civil Federal, una de las causales de pérdida de patria potestad, es la tener costumbres perversas. En el Distrito Federal, es una causal, que no se tenga un modo honesto de vida o desamparo (para poblaciones callejeras). En Guerrero, es causal tener una conducta irresponsable. En Jalisco, las malas costumbres y no tener un modo de vivir decente. En Morelos, comprometer la moralidad de sus hijos. Sólo en Sinaloa, San Luis Potosí y Quintana Roo, no existen dichas causales de pérdida de patria potestad.

Las causas de pérdida de patria potestad señaladas en este párrafo, son utilizadas contra las trabajadoras sexuales y contra el interés superior de sus hijos de tener a su madre a su lado. También, en toda la república, el que una persona ejerza la prostitución, aunque el código civil no lo diga explícitamente, es causal de pérdida de patria potestad; porque a juicio de los jueces de lo familiar, atenta contra el desarrollo de la personalidad, compromete el adecuado desarrollo del menor o afecta el desarrollo psico social del menor.

El que una trabajadora sexual pierda la patria potestad de sus hijos por ganarse la vida con el ejercicio de la prostitución, ha sido utilizado por tratantes, padrotes, madrotas y otros proxenetas, para amenazarlas con quitarles a sus hijos y enviarlos al DIF (Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia), sino les entregan las cuotas de extorsión exigidas. En estos casos, el DIF en la práctica ha coadyuvado con la trata sexual. Esto es, la maternidad de las trabajadoras sexuales es utilizada, como un mecanismo de control en situaciones de trata sexual y el DIF es la institución gubernamental encargada de aplicar estos preceptos jurídicos.

 

  1. b) Desde el año 2012, está la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas”, que confunde trabajo sexual con trata de personas y que tipifica la trata de personas con la sola presencia de los fines de explotación (sexual), pasando por alto las conductas (amenazas, engaño) y hasta los medios (captar, transportar, acoger).

 

  1. c) La prohibición del table dance en varios estados de la república (Chiapas, estado de México, Coahuila, Guanajuato, municipio de Querétaro) que confunde trabajo sexual voluntario o table dance, con trata de personas y explotación sexual e impide el reconocimiento pleno de las obligaciones patronales de quienes hoy contratan en secreto y verbalmente a trabajadoras sexuales, que de darse, traería consigo implicaciones judiciales, detenciones, encarcelamiento y extinción de dominio de diferentes bienes e inmuebles, perpetuando la explotación laboral de las trabajadoras sexuales y convirtiéndose en la práctica en el verdadero lobby proxeneta, fortalecido por organizaciones, legislación y políticas públicas abolicionistas que constituyen a la industria del rescate que no puede existir sin su contraparte, la industria sexual.

 

  1. d) Las altas multas por ejercer el trabajo sexual donde lo prohíben Reglamentos de Policía y Buen Gobierno o instrumentos jurídicos similares, el alto costo de los documentos del control sanitario, la venta de condones gratuitos del sector salud, el cobro de pruebas rápidas de VIH y sífilis del sector salud también gratuitas, el pago de cuotas a inspectores de salud de los ayuntamientos o de las jurisdicciones sanitarias estatales “para evitarles ir a realizar dicho trámite obligatorio”, la extorsión por parte de personas que se sienten dueñas de la calle y les cobran derecho de piso, ante el silencio y la falta de justicia por parte de instituciones como la Fiscalía General de Justicia del estado de Chiapas, donde personal de dicha dependencia se ha negado a perseguir dicho delito en Tapachula por tratarse de trabajadoras sexuales, mujeres transgénero trabajadoras sexuales o trabajadoras sexuales migrantes.

 

  1. e) El uso de condones nuevos o usados como prueba indiciaria de la trata de personas, lenocinio e incluso delincuencia organizada, como ha ocurrido en la Ciudad de México, Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala, Sinaloa y estado de México, entre otras entidades. Práctica ministerial promovida y popularizada por la fiscalía de trata de personas del Gobierno de la Ciudad de México.

 

  1. f) El retraso sistemático en la expedición de las licencias y credenciales de trabajadoras no asalariadas a trabajadoras/es sexuales cis y transgénero en la Ciudad de México por parte de la secretaría del trabajo del Gobierno de la Ciudad de México.

 

  1. g) La violencia contra el derecho de las trabajadoras sexuales a organizarse y dar la cara para defender sus intereses ciudadanos legítimos, con el pretexto de la lucha contra la trata que ha criminalizado a organizaciones defensoras de trabajadoras sexuales como la Cooperativa Por Mejores Condiciones de Trabajo y Salud, desmantelada en un operativo anti-trata en la calzada de Tlalpan en el año 2010, que se tradujo en los asesinatos y feminicidios de cuatro de sus integrantes.

 

La criminalización de las trabajadoras sexuales ha traído aparejada la detención y encarcelamiento de decenas de mujeres visibles en la Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, estado de México, Chiapas y Jalisco, por ejemplo.

Sobresalen las detenciones de Alejandra Gil Cuervo, presidenta de Aproase y vicepresidenta de la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, Network of Sex Work Projects NSWP, detenida, procesada y condenada en la Ciudad de México; así como el caso de la señora María Patricia Jara Carrillo detenida, procesada y condenada en Guadalajara, Jalisco.

  1. h) La violencia gineco-obstetra hacia las trabajadoras sexuales, es aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo de las mujeres, en particular sobre los procesos de reproducción de la vida humana (embarazo, parto y puerperio,) que incluye la exigencia de presentar pruebas médicas de no gravidez para implementar la prohibición de laborar durante el embarazo y no el ejercicio de una prestación social como ocurre con las demás trabajadoras de otros oficios.

Así mismo, la violencia gineco-obstetra, también incluye el abordaje de la presencia de las infecciones de transmisión sexual como riesgos sanitarios, que se deben vigilar entre las trabajadoras sexuales sin respetar al carácter voluntario, confidencial y consentimiento informado que le rige en México, sin involucrar de igual forma a sus clientes, como sí ocurre con ellas.

Dicha violencia se expresa en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización, patologización de los procesos naturales, cobros excesivos de los servicios y documentación del control sanitario, acoso sexual, violación, humillación, difusión de la condición de salud – enfermedad de las mujeres, venta de condones y pruebas rápidas de VIH y sífilis del sector salud que son gratuitas, al igual que el cobro de cuotas ilegales para que las trabajadoras sexuales con algún padecimiento puedan laborar y evadir el sistema de control sanitario.

La violencia gineco–obstetra aplicada a las trabajadoras sexuales, concentra varios tipos y modalidades de violencia hacia las mujeres y es perpetrada por personal de instituciones públicas.

  1. i) La violencia o brutalidad policiaca, implica “el uso excesivo de fuerza física, asalto, ataques verbales y amenazas por policías y otras fuerzas del orden público” (Wikipedia).

Las trabajadoras sexuales son objeto de brutalidad policiaca todo el tiempo por falta de certeza y seguridad jurídica y padecen todo tipo de violencia por parte de elementos policiacos y ministeriales en toda la república mexicana sin excepción alguna.

Un ejemplo son las detenciones de trabajadoras sexuales en la Ciudad de México, por violación de las disposiciones de la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, así como las denunciadas por trabajadoras sexuales de otras ciudades como Tapachula, Chiapas, Ecatepec, estado de México y Chihuahua, entre otras más.

Otra modalidad de violencia policíaca es la deportación de mujeres migrantes que laboran en bares, cantinas, cabarets, cuarterías y hoteles de paso como meseras, bailarinas o trabajadoras sexuales, pese a tener hijos/as nacidos/as en México.

  1. j) La violencia militar como la padecida por trabajadoras sexuales el 11 de julio de 2006, cuando militares a cargo del resguardo de material electoral, violaron, golpearon y amenazaron con ejecutar a 13 trabajadoras sexuales de Castaños, Coahuila, situación que generó que la Red Mexicana de Trabajo Sexual, estableciera esa fecha como el Día Nacional de la Trabajadora Sexual.

Otro ejemplo es el sufrido por al menos dos trabajadoras sexuales en Tlatlaya, estado de México, que señalan que estaban secuestradas por narcotraficantes cuando el ejército mexicano implementó una masacre y a ellas las acusó de ser integrantes del crimen organizado. Las dos trabajadoras sexuales fueron encarceladas en el Penal Federal de “El Rincón”, Nayarit.

—Violencia laboral:

La violencia laboral, caracterizada por discriminarles en los ámbitos de trabajo públicos en este caso y obstaculizar su acceso a su empleo, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre su salud, maternidad, condición migratoria, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo.

También se considera violencia laboral contra las trabajadoras sexuales, cualquier tipo de hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora o grupo de ellas, con el fin de lograr su exclusión laboral, como ocurre en muchos lugares en México.

La violencia laboral es perpetrada en gran escala por servidores públicos y se fundamenta en reglamentos que contienen disposiciones discriminatorias e inconstitucionales; sin olvidar que algunos patrones están involucrados en esta modalidad.

Un ejemplo es detener a trabajadoras sexuales por violar las disposiciones de la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, que señala que es infractor cívico quien ofrece o solicita servicios sexuales; cuando ya se emitió la sentencia 112/2013 del Poder Judicial de la Federación que consideró inconstitucional dicha disposición.

También está incluida la explotación laboral a que son sometidas las trabajadoras sexuales que se ocupan para establecimientos mercantiles, ya que al amparo de la aplicación de la “Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas”, así como del delito de lenocinio por regentear, administrar o sostener un burdel, podría criminalizarse a los empresarios que reconocieran sus derechos laborales.

Dicha explotación laboral, es posible porque la prostitución, sexoservicio o trabajo sexual, tampoco está incluida con claridad en la Ley Federal del Trabajo vigente en México.

—Violencia reproductiva:

Violencia contra la libertad reproductiva, al negarles a las mujeres, la posibilidad de trabajar en el sexo si se encuentran embarazadas por disposiciones de reglamentos municipales y leyes estatales de salud. Dejar de trabajar es un derecho que se expresa con licencias con goce de sueldo, no una prohibición.

La violencia reproductiva, es una práctica discriminatoria que quienes la implementan la justifican señalando el bienestar del producto del embarazo, que queda a la merced del desempleo abierto de la trabajadora sexual embarazada expulsada de su centro de trabajo sin ningún tipo de ayuda económica o prestación social.

—Violencia psicológica:

La violencia psicológica, con la que se daña la estabilidad psicológica de las trabajadoras sexuales, que ha consistido en negligencia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a las trabajadoras sexuales a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio.

Los operativos policíacos contra bares, cantinas, cabarets, cuarterías y hoteles, en el marco de una reforma constitucional en el estado de Chiapas, que en el año 2014 prohibió el baile erótico, lanzó a la vía pública a cientos de bailarinas y meseras que si no se dedicaban al trabajo sexual, debieron hacerlo obligadas por las circunstancias.

Dichos operativos provocaron el suicidio de una mujer hondureña que presionada por las deudas y por no poder enviar dinero a sus familiares, se vio obligada por estos actos de autoridad, a quitarse la vida.

Incitar al sentimiento de culpa entre las trabajadoras sexuales, es violencia psicológica perpetrada por predicadores, religiosas, servidores públicos y familiares, al hacerlas sentir culpable por lo que les ocurre, por haber adquirido una infección de transmisión sexual, por “transmitir” el VIH/Sida, por no tener una pareja estable, por “dejarse” explotar por sus clientes y patrones, por alterar la moral y buenas costumbres, por ser una mala imagen en la calle, por “aliarse” con rateros y carteristas, por ser “malas” madres, entre otras razones.

—Violencia física:

La violencia física, donde se ha usado la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que han provocado o no lesiones ya sean internas, externas, o ambas. Los perpetradores son generalmente policías, algunos clientes, madrotas y patrones o encargados, así como delincuentes y vecinos.

La complicidad de las autoridades ministeriales de no pocas Fiscalías Generales de Justicia como la de Chiapas y Procuradurías Generales de Justicia como la de Jalisco, ante denuncias de violencia física de que son objeto trabajadoras sexuales, que no son atendidas con la debida diligencia.

Así mismo, el silencio cómplice de comisiones o procuradurías “autónomas” de derechos humanos que pasan por alto dichas omisiones de las autoridades ministeriales y que de totas formas no garantizan el derecho de no repetición.

—Violencia económica:

Violencia económica, como el cobro indebido de cuotas por tarjeta de control sanitario, que no corresponden a las establecidas legalmente, cobro de condones del sector salud y de pruebas rápidas de detección de VIH y sífilis que son de distribución gratuita.

Otros actores sociales que perpetran violencia económica son la policía, funcionarios de diferentes niveles de salud pública, el crimen organizado que somete a cobro de derecho de piso a las trabajadoras sexuales en muchas ciudades mexicanas, las y los tratantes y explotadores.

—Violencia sexual:

La violencia sexual, que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad de las trabajadoras sexuales, a cambio de permitirles seguir laborando como ha ocurrido en la zona galáctica o de “constatar” que reúnen las condiciones de salud que el control sanitario exige en el municipio.

También es ejercida por algunos clientes que violan a las trabajadoras sexuales, por algunas de sus parejas sentimentales, por policías que al detenerlas las someten y las obligan a tener coitos con ellos, por algunos encargados de lugares donde ellas laboran, por vecinos y por miembros de la delincuencia organizada o no.

En muchas ocasiones, las autoridades respectivas se niegan a iniciar investigaciones penales por dicho delito, al considerar que como las trabajadoras sexuales se dedican a ofrecer servicios íntimos, están obligadas a “satisfacer” cualquier ocurrencia de sus clientes, no contemplada en el contrato verbal establecido entre ambas partes.

—Violencia simbólica:

“La violencia simbólica es esa coerción que se instituye por mediación de una adhesión que el dominado no puede evitar otorgar al dominante (y, por lo tanto, a la dominación) cuándo sólo dispone para pensarlo y pensarse o, mejor aún, para pensar su relación con él, de instrumentos de conocimiento que comparte con él y que, al no ser más que la forma incorporada de la estructura de la relación de dominación, hacen que ésta se presente como natural… (Piere Bourdieu)”.

La violencia simbólica hacia las trabajadoras sexuales se ejerce a través de diferentes estigmas.

El primero es considerar a las trabajadoras sexuales como responsables de la transmisión del VIH/Sida e infecciones de transmisión sexual, que deben ser vigiladas y castigadas con la expulsión de su centro laboral, si adquieren dichos padecimientos.

Ello justifica todo el andamiaje del control sanitario recaudatorio y la criminalización del VIH en códigos penales que consideran dicha conducta como delito.

Otro estigma, no menos violento es caracterizar a las trabajadoras sexuales como malas madres que no pueden garantizar el bienestar de sus hijos e hijas menores de 12 años y que produjo disposiciones en códigos civiles y familiares donde pierden la patria potestad.

También se les representa como “mujeres fatales” o malas mujeres, que rompen la unidad familiar de muchas familias y que atentan contra la moral y las buenas conductas, razón que da pie a las sanciones contenidas en reglamentos de policía y buen gobierno y Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal.

No puede faltar el que se les considere propensas a delinquir o a ser cómplices del delito, motivo por el cual muchos clientes las acusan de manera infundada de robo y fueron encarceladas porque el ejercicio de su oficio “daba pie” a las autoridades a condenarlas previamente.

Otro estigma que está en boga, es considerarlas víctimas de la prostitución, equiparando trabajo sexual con trata de personas y considerarlas incapaces de haber tomada la decisión libre y soberana de ejercer el trabajo sexual.

Está de moda proponer la criminalización del cliente sexual y esto genera un choque de estigmas. Por un lado se busca establecer tipos penales que conviertan al cliente de las trabajadoras sexuales en delincuente o infractor administrativo para “castigar” a quienes “violan” y cometen otros abusos al contratar servicios sexuales, resaltando el carácter de víctima de las llamadas “mujeres en situación de prostitución”.

Sin embargo, la violencia simbólica se hace presente con otro estigma muy sutil, que convierte a las trabajadoras sexuales que no denuncien a sus clientes, en cómplices de trata de personas, aunque no se proceda penalmente contra ellas.

Al criminalizar al cliente de las trabajadoras sexuales, se les tacha a ellas de víctimas y se construye el andamiaje de cómplices del delito, nada más contradictorio y violento.

—Violencia feminicida:

Violencia feminicida, que ha ocurrido en diferentes años, sin garantía de no repetición, donde son privadas de la vida trabajadoras sexuales por diferentes actores sociales involucrados en la guerra contra el crimen organizado iniciada en el sexenio del presidente de la república Felipe Calderón Hinojosa.

* Los feminicidios por violencia represiva, incluyen los asesinatos de trabajadoras sexuales que denuncian la violencia policíaca, quienes se organizan contra la represión de la policía o rechazan la extorsión de los cuerpos policíacos o la impunidad que éstos le suministran a explotadores y tratantes sexuales. Estos le han ocurrido a varias integrantes de cooperativas del DF de la Red Mexicana de Trabajo Sexual.

* Los feminicidios por explotación sexual, laboral, económica u obrero patronal, llevados a cabo por padrotes, enganchadores, encargados o dueños de los negocios donde se ofertan servicios sexuales. Crímenes típicos en la zona de la Merced, en el Distrito Federal.

* Los feminicidios por discriminación, debido a que la ocupación que desempeñan las trabajadoras sexuales es considerada impropia de mujeres de bien, y por tanto no merecen seguir viviendo y pueden ser asesinadas por cualquier hombre, como ha ocurrido en la Plaza del Sol en Zapopan, Jalisco.

* Los feminicidios por despojo, donde las trabajadoras sexuales son asesinadas por negarse a ser despojadas de su fuente laboral en la vía pública o en algún espacio cerrado, como ha sucedido en los proyectos de rescate de los centros históricos en todo el país. También están los casos de trabajadoras, previamente asaltadas y/o violadas por delincuentes, que sabían a qué se dedicaban y por ello las robaron y asesinaron.

 

* Ahora, los feminicidios por violencia criminal o conflicto armado, que padecemos en México en este momento, Brigada Callejera los cataloga de la siguiente manera:

 

  1. a) Feminicidios por efectos colaterales de la intervención policíaco–militar, de las trabajadoras sexuales que murieron en el cruce de disparos entre diferentes actores armados en conflicto, como los acaecidos, por ejemplo, en bares y centros nocturnos de Hidalgo, Durango, Tamaulipas y Nuevo León.

 

  1. b) Feminicidios por el control de la plaza donde se tiran granadas en centros nocturnos, se balacea a quienes se encuentren en ellos, se incendian los establecimientos económicos o se acalla a presuntas informantes de la autoridad o de grupos rivales, como los sobrevenidos en Chihuahua, Jalisco, San Luis Potosí y Quintana Roo.

 

  1. c) Feminicidios por violencia en el reclutamiento de trabajadoras sexuales como “panteras” del crimen organizado u orejas del régimen, en la incorporación forzada de trabajadoras sexuales, migrantes y mujeres en general, para ser marcadas con tatuajes y constreñidas a la esclavitud sexual, como ocurre con las mujeres migrantes en Oaxaca y Veracruz, que al negarse a ser prostituidas, no atender “satisfactoriamente” a los clientes o porque ya no constituyan un buen negocio, son asesinadas con extrema saña.

 

  1. d) Feminicidios por ejecuciones extrajudiciales de trabajadoras sexuales que han sido víctimas, testigos o se han solidarizado con quienes han sido objeto de violencia criminal, al señalar o acusar al crimen organizado, así como a tratantes y lenones, en particular como ocurrió en la calzada de Tlalpan, después del operativo del hotel Palacio en el año 2009.

 

  1. e) Feminicidios corporativos como los de Ciudad Juárez (Segato); con la diferencia que en Tlaxcala, Puebla y Oaxaca son las mafias históricas dedicadas al enganche, traslado y explotación sexual de mujeres, niñas y adolescentes, que han diversificado sus negocios y actualmente incluyen la venta de armas y el narcotráfico, como lo ha denunciado el “Centro de Derechos Humanos Fray Julián de Garcés” en varias de sus publicaciones.

 

—¿Qué hacer ante este panorama?

Qué podemos hacer, además de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este 25 de noviembre de 2018.

No quedarnos con las manos cruzadas. Organizarnos y movilizarnos contra la violencia hacia las trabajadoras sexuales y en general hacia las mujeres de todas las edades y condiciones sociales. Impulsar políticas públicas no discriminatorias ni recaudatorias. Promover reformas legales que reconozcan a las trabajadoras sexuales independientes como trabajadoras no asalariadas, como ocurrió con la reforma del Código Municipal del estado de Coahuila que incluyó al trabajo sexual.

En la Ciudad de México falta que el Congreso de la Ciudad de México, derogue de una vez por todas las disposiciones de la fracción VII del artículo 24 de la Ley de Cultura Cívica que señala que “Invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio. En todo caso solo procederá la presentación (sic) probable infractor cuando exista queja vecinal,”, por haber sido declarada inconstitucional por el Poder Judicial de la Federación.

Así mismo, hace falta que el congreso nacional promulgue una Ley federal de trabajo no salariado, que incluya al trabajo sexual y se base en el Reglamento de Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal, propuesta en su momento por el entonces secretario federal del trabajo, Porfirio Muñoz Ledo.

—Frente a las declaratorias de violencia de género:

Algunas medidas de protección de trabajadoras sexuales y de otras trabajadoras de bares, cantinas, hoteles, cabarets y zonas de tolerancia.

1.-) Reconocer dónde se ubican las trabajadoras sexuales, así como los bares, cantinas, hoteles y cabarets donde se pueda realizar el comercio sexual.

2.-) Documentar casos de violencia hacia trabajadoras sexuales en los lugares donde se ha decretado la alerta de género, entre ellos los denunciados por las mismas mujeres, tales como extorsión policíaca, las detenciones arbitrarias desencadenadas por no pagar dichas cuotas, agresiones de clientes, conflictos entre las mismas mujeres, ataques de proxenetas, entre otras más.

3.-) Que las patrullas rosas entren en contacto con las trabajadoras sexuales, cualquiera que sea su orientación sexual, su sexo biológico, su identidad y expresión de género, para escuchar en primera voz cuáles son las necesidades que tienen para salvaguardar su integridad de ataques de vecinos, clientes, parejas, policías, transeúntes y otras autoridades.

4.-) Realizar mesas de trabajo tendientes a garantizar la seguridad de las trabajadoras sexuales, con organizaciones que protegen sus derechos, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y/o Comisión Nacional de Derechos Humanos, servidores públicos que tengan que ver con el tema.

5.-) Difundir la cartilla de derechos humanos de trabajadoras sexuales de la Comisión Nacional de los derechos Humanos.

6.-) Proponer algunas medidas de protección tales como instalar botones de pánico en los lugares donde hay puntos de encuentro de trabajadoras sexuales en la vía pública, así como alarmas silenciosas de la policía en bares, cantinas, cabarets y cuartos de hotel donde ellas se ocupan con sus clientes.

7.-) Fomentar que mujeres policías impartan talleres de defensa personal a trabajadoras sexuales.

8.-) Indagar qué trabajadoras sexuales han sido víctimas de agresiones cuando están con sus clientes para saber qué medidas deben tomar en cada habitación, como la instalación de espejos, la ubicación de la parte superior de su cuerpo para poder escapar de un ataque.

9.-) Como la mejor medida de protección es la que se puede ofrecer en grupo, indicarles que no es ilegal que puedan coordinarse entre compañeras para guardarse seguridad unas a otras.

10.-) Involucrar, a través de acuerdos bilaterales a dueños, encargados y personal de los negocios donde puede haber trabajo sexual en el monitoreo permanente de las habitaciones donde las trabajadoras sexuales se ocupan para inhibir agresiones.

11.-) Donde hay control sanitario obligatorio, garantizar la gratuidad de todos sus servicios, trámites y documentos para que ese sistema no se convierta en un mecanismo de explotación sexual de las trabajadoras sexuales, meseras, bailarinas, afanadoras y otras trabajadoras de bares, cantinas, cabarets y hoteles.

12.-) Donde el código civil o familiar quita la patria potestad de las mujeres por ejercer la prostitución, indicarles que hay una sentencia de un juicio de amparo que considera que dicha determinación es discriminatoria.

13.-) Comprometer a la policía municipal o a la estatal donde haya muchas quejas de abusos contra la primera, de realizar rondines que no atemoricen a los clientes ni a las trabajadoras sexuales para salvaguardar su integridad. Esto incluye que las interesadas puedan contar con los números de celular de los elementos encargados de cada zona.

14.-) Que las autoridades respectivas, garanticen luminarias y transporte rosa para las trabajadoras sexuales en los lugares donde ellas laboran.

15.-) Que se cuenten con espacios físicos para dar cobijo a trabajadoras sexuales, meseras, bailarinas y otras trabajadoras de bares, cantinas, cabarets y hoteles, donde puedan estar seguras, sin que el hecho de estar bajo el influjo de drogas o alcohol, sea un impedimento como ha ocurrido en repetidas ocasiones en Tapachula, Chiapas.

16.-) Garantizar que quienes deseen regresar a sus lugares de origen puedan hacerlo.

17.-) Acompañar a mujeres extranjeras para que sea regularizada su situación migratoria.

18.-) Garantizar que mujeres que forman parte de poblaciones callejeras, cuenten con espacios seguros dónde pasar la noche.

19.-) Facilitar el acceso a guarderías y estancias infantiles, a hijos e hijas de trabajadoras sexuales.

20.-) Invitar a trabajadoras sexuales a instituciones donde puedan aprender a leer y escribir, terminar su primaria y secundaria y estudiar alguna carrera técnica de forma gratuita, cuando ellas lo deseen.

21.-) Promover que las trabajadoras sexuales tengan acceso a programas sociales sin discriminación.

22.-) Asegurar la aplicación de la justicia y el castigo a los responsables en casos de feminicidio, violación y otras agresiones.

23.-) Garantizar que en el caso de violaciones, las trabajadoras sexuales tengan acceso a la anticoncepción de emergencia y a medicamento antirretroviral contra el VIH, Sida para prevenir dicha infección.

24.-) Asegurarse que una trabajadora sexual que haya adquirido el VIH, reciba tratamiento antirretroviral para que llegue a ser INDETECTABLE en carga viral y ya no transmita el VIH.

25.-) Comprometerse a no utilizar los condones como prueba indiciaria para fincar delitos como trata de personas, delincuencia organizada o lenocinio; porque al hacerlo se ejerce violencia institucional a trabajadoras sexuales, al atentar contra su derecho a la salud.

—La Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C., produjo un cómic sobre este tema en el año 2004, que todavía tiene vigencia en este tema y se titula “Violencia hacia las trabajadoras sexuales”.

La liga de este cómic es la siguiente:

 

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Por qué el trabajo sexual es un auténtico trabajo

 

“No creo que sea correcto o justo que las personas que intercambian servicios sexuales por dinero sean penalizadas y no lo creo por lo que hago”.

Por la Dra.Tlaleng Mofokeng

26 de abril de 2019

https://www.teenvogue.com/story/why-sex-work-is-real-work

 

En este artículo de opinión, Tlaleng Mofokeng, MD, fundadora de Nalane para la Justicia Reproductiva, explica por qué cree que el trabajo sexual debe ser despenalizado en todo el mundo.

 

 

El gobierno de Ámsterdam, una ciudad conocida mundialmente por su Barrio Rojo, prohibirá las populares visitas guiadas a través de esa área a partir de 2020. La prohibición se debe en parte a quejas que consideran las visitas una molestia que lleva a la congestión en las estrechas calles del canal. . Pero los funcionarios de la ciudad también han dicho que la prohibición es por respeto a las trabajadoras sexuales. “En esta era ya no es aceptable ver a las trabajadoras sexuales como una atracción turística”, dijo el concejal de la ciudad, Udo Kock, según The Guardian. Hay un problema: muchas trabajadoras sexuales se oponen a este plan.

El trabajo sexual es legal en Ámsterdam, pero no en muchos otros lugares, aunque algunas personas están trabajando para que así sea. En Sudáfrica, donde estoy basada, por ejemplo, las trabajadoras del sexo están pidiendo la despenalización y la reforma legal. Argumentan que el trabajo sexual es un trabajo, como ha afirmado la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo especializado de las Naciones Unidas. Esta situación en Amsterdam, y la penalización continua de las trabajadoras sexuales en todo el mundo, es otro ejemplo de cómo ignoramos las necesidades y opiniones de las personas más afectadas por las leyes. Pero más aún, es otro ejemplo de cómo entendemos mal lo que realmente es el trabajo sexual. Soy una médica, una experta en salud sexual, pero cuando lo piensas, ¿no soy una trabajadora sexual? Y de alguna manera, ¿no lo somos todos?

Entonces, ¿qué es exactamente el trabajo sexual? No todas las trabajadoras sexuales se dedican al sexo con penetración, sin embargo, innegablemente es una parte importante del trabajo sexual. Los servicios de trabajadoras sexuales entre adultos que consienten pueden incluir compañía, intimidad, juegos de rol no sexuales, baile, acompañamiento y desnudarse. Estas funciones a menudo están predeterminadas y todas las partes deben sentirse cómodas con ellas. Muchas trabajadoras asumen múltiples roles con sus clientes, y algunos pueden ser más físicos, mientras que otras interacciones que pueden haber comenzado como sexuales podrían evolucionar hacia vínculos emocionales y psicológicos.

Los clientes que buscan trabajadoras sexuales varían, y no son solo hombres. La idea de comprar intimidad y pagar por los servicios puede ser positiva para muchas personas que necesitan conexión humana, amistad y apoyo emocional. Algunas personas pueden tener fantasías y preferencias kinks que pueden realizar con los servicios de una trabajadora sexual.

Me parece interesante que como médica, yo intercambio pagos en forma de dinero con personas para brindarles asesoramiento y tratamiento para problemas relacionados con el sexo; terapia para el rendimiento sexual, asesoramiento y terapia para problemas de pareja y tratamiento de infecciones de transmisión sexual. ¿No es esto básicamente un trabajo sexual? No creo que sea correcto o justo que las personas que intercambian servicios sexuales por dinero sean penalizadas y no lo creo por lo que hago. ¿Es realmente un título médico la medida correcta de quién merece dignidad, autonomía, seguridad en el lugar de trabajo, comercio justo y libertad de empleo? No. Esto no debería ser así. Aquellas que se dedican al trabajo sexual también merecen esas cosas.

Hoy en día, los espacios y las aplicaciones en línea hacen que las interacciones y negociaciones sean más seguras para las trabajadoras sexuales, en lugar de solicitar sexo al aire libre, donde la amenaza del acoso por la comunidad y la policía sigue siendo una preocupación. (Sin embargo, la legislación reciente en los Estados Unidos que dificulta que las trabajadoras sexuales realicen anuncios en línea ha complicado esto). Las aplicaciones también hacen que sea menos intimidante para las mujeres que son clientes seleccionar y conocer a las trabajadoras sexuales potenciales para satisfacer sus necesidades.

Sin embargo, la penalización continua del trabajo sexual y las trabajadoras sexuales es una forma de violencia por parte de los gobiernos y contribuye al alto nivel de estigma y discriminación. Una revisión sistemática y un metanálisis dirigido por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (LSHTM, por sus siglas en inglés), por ejemplo, encontró que las trabajadoras sexuales que han experimentado una “acción policial represiva” (incluida la detención, la extorsión y la violencia de la policía) son tres veces más propensas a experimentar violencia sexual o física.

Pero los gobiernos a menudo no aceptan la evidencia de las bases económicas y sociales del trabajo sexual; la OIT estima que “las trabajadoras sexuales sostienen a entre cinco y ocho personas más con sus ingresos. Las trabajadoras sexuales también contribuyen a la economía”. Los gobiernos ignoran las historias y contextos matizados en diferentes países y, por lo tanto, continúan ofreciendo erróneamente soluciones globales y modelos de “rescate” que abogan por la despenalización parcial o la penalización continua. También ignoran los deseos de las trabajadoras sexuales, quienes desean una despenalización total, como lo apoyan la Comisión Global sobre el VIH y la Ley, y The Lancet, así como organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional.

Los esfuerzos globales hacia la despenalización han estado creciendo en algunos países, como Sudáfrica. Aquí, está liderado por el mayor movimiento de trabajadoras sexuales, Sisonke, y el trabajo de defensa y políticas de SWEAT. Estos esfuerzos son reflejados por la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP) y la Unión Holandesa de Trabajadores Sexuales, PROUD.

En julio de 2018, en la Conferencia Internacional sobre el SIDA en Ámsterdam, me uní a colegas y aliados y marché en solidaridad con PROUD cuando entregaron un memorando a los funcionarios de la ciudad, exigiendo la protección del derecho de las trabajadoras sexuales a trabajar en condiciones de trabajo seguras. El momento fue importante para revitalizar el movimiento global para la despenalización.

Las trabajadoras sexuales deben ser respaldadas a través de la defensa y la protección de sus derechos humanos a la autonomía, la dignidad, las prácticas laborales justas y el acceso a la atención basada en la evidencia. Es por esta y muchas otras razones por las que creo que el trabajo sexual y los derechos de las trabajadoras sexuales son los derechos de las mujeres, los derechos de salud, los derechos laborales y la prueba de fuego para el feminismo interseccional.

Además, el impacto de la penalización continua de la mayoría de las trabajadoras sexuales, la mayoría de las cuales son mujeres cisgénero y mujeres transgénero, significa que los derechos de las trabajadoras sexuales son un tema feminista. Si apoyas los derechos de las mujeres, te insto a que respaldes la demanda mundial de despenalización del trabajo sexual y que financies pruebas y programas intersectoriales basados ​​en los derechos dirigidos a las trabajadoras sexuales y sus clientes.

Debemos apoyar los esfuerzos para abordar las barreras estructurales y asegurar la implementación de un paquete integral de servicios de salud para trabajadoras sexuales según lo aconsejado por la Organización Mundial de la Salud, y financiar campañas públicas para reducir el estigma. La evidencia, no la moral, debería guiar las reformas legales y la política de trabajo sexual para conseguir la total despenalización del trabajo sexual.

Francia: ¿Tres años de ley y cuántas falsas promesas?

 

Por THIERRY SCHAFFAUSER

17 de abril de 2019

http://MA.LUMIERE.ROUGE.BLOGS.LIBERATION.FR/2019/04/17/3-ANS-DE-LOI-ET-COMBIEN-DE-FAUSSES-PROMESSES/

 

 

Cuando una ideología lleva a un callejón sin salida y destruye vidas.

 

El aniversario de los tres años de la ley del 13 de abril de 2016 transcurrió sin mucho ruido. El tema del trabajo sexual permite que las personas se entretengan durante los debates televisados, pero a pocos les importa lo que realmente está sucediendo a las personas involucradas, incluidos aquellos que defienden la ley en nombre de “ayudar a las prostitutas” sin nunca intentar evaluar o verificar las consecuencias de su política.

Promesa de evaluación

La ley prevé una evaluación del gobierno después de dos años y esto no se ha hecho. Los defensores dicen que es demasiado pronto para evaluar, que se necesita tiempo para sentir los efectos positivos. Y, de hecho, los efectos positivos todavía no están allí. Sería culpa de los decretos de aplicación que tardaron en publicarse. La penalización de los clientes, de hecho, la medida emblemática de la ley y el interés principal de sus defensores, se aplicó desde el primer día porque no requiere ningún decreto de aplicación.

Esta penalización es denunciada regularmente por las trabajadoras sexuales y las organizaciones de salud. A menudo lo hablamos en este blog, así que lo remito al estudio de LeBail / Giametta para más detalles; esta nota está destinada más a verificar el contenido de las promesas que se han hecho.

Promesa de desaparición gradual de la “prostitución”.

La apuesta de esta ley era que la pérdida de ingresos relacionada con el trabajo sexual llevaría a las trabajadoras sexuales a hacer otra cosa. Esta visión ya era en sí misma una forma de confesión, ya que si el trabajo sexual fuera realmente una “violencia contra las mujeres”, no habría necesidad de alentar a las personas que lo practican a detenerlo buscando destruir o reducir su fuente de ingresos. Por lo tanto, se trata de castigar a las recalcitrantes que se niegan a someterse a la ideología abolicionista mediante el corte de sus suministros de alimentos.

Las feministas abolicionistas a favor de la ley, sin embargo, habían previsto que la presión sobre las trabajadoras sexuales tendría que ejercerse después de la introducción de “ayudas” para “salir de la prostitución”. Se suponía que la penalización de los clientes se aplicaría solo varios meses después de dicho “componente social” para garantizar un período de “reintegración” sin pérdida de ingresos netos. De hecho, sucedió exactamente lo contrario, ya que la penalización de los clientes se aplicó de inmediato y las “ayudas” famosas de la llamada “ruta de salida” no comenzaron a aplicarse más que año y medio después para los primeros departamentos interesados.

Promesa de lucha contra la trata de personas, la explotación y la violencia.

Por lo tanto, es en gran parte por esta razón que, por el momento, no hay una evaluación positiva de estos primeros años durante los cuales solo se aplicó el componente represivo, mientras que se suponía que éste también traería beneficios, entre otras cosas, la progresiva desaparición del trabajo sexual y la trata de seres humanos. Tres años después, no hay indicios de tal desaparición, y el número de víctimas de la trata puede incluso estar batiendo récords.

Cuando las trabajadoras sexuales denuncian precarización y asaltos más frecuentes desde la aplicación de la ley, sus partidarios explican que la violencia ya existía antes, que no fue culpa suya y que las “personas en situación de prostitución” siempre se han quejado de su precariedad. Cuando nos quejamos por el aumento de infecciones, se nos dice que el VIH y las ITS no son lo único que hay en la vida y que se debe tener en cuenta la salud de manera global, ya que la práctica del trabajo sexual sería una forma de deterioro de su salud mental (teoría rechazada por la Haute Autorité en Santé por falta de evidencia). En el peor de los casos, se nos acusa de mentir o no saber lo que decimos debido a nuestra negación psicológica unida a nuestro estrés postraumático, los síndromes de Estocolmo y otras formas de patologización. En todo caso, nadie afirma que la ley haya mejorado nuestras condiciones de trabajo, y los abolicionistas admiten que el propósito de la ley no es mejorar nuestras condiciones de vida, sino animarnos a “salir de la prostitución”. .

Promesa de despenalización de las “prostitutas”.

Se nos dice que la ley ya no penaliza a las “personas prostituidas” o que ha “invertido la carga penal” sobre los clientes. En la práctica, las trabajadoras sexuales siguen siendo penalizadas por las ordenanzas municipales, las leyes de proxenetismo, las políticas contra la migración o la gentrificación de las ciudades. De hecho, a menudo a los clientes les preocupa menos la policía que a las trabajadoras sexuales. Esta tiene órdenes contradictorias y está lejos de haberse vuelto feminista con la ley.

Por ejemplo, en el bosque de Sénart, la policía acosa a las trabajadoras sexuales desde hace más de un año, destruyendo sus chozas, confiscando sus propiedades, insultándolas, mientras que el delito de solicitación ya no existe y no hay ordenanza municipal para explicar estas conductas. Justifican su presencia por la ley de penalización de los clientes, que no aplican, ya que su objetivo es echar a las trabajadoras sexuales cuya visibilidad perturba, contrariamente a los clientes cuyo pasaje es furtivo y similar al de otros caminantes, que extrañamente en este lugar del bosque son solo hombres adultos…

Cuando se aplica, la penalización de los clientes es de hecho principalmente contra las trabajadoras sexuales, para que salgan de un espacio determinado, sabiendo que la mejor manera de perseguirlas es evitar que ganen. dinero haciendo que pierdan su tiempo. Así que tenemos en muchos lugares de Francia policías a los que se les paga por quedarse todo el día o toda la noche frente a las trabajadoras sexuales, sus chozas y sus camionetas, solo para asustar a los clientes y asegurarse de que no pueden trabajar, por lo que terminan abandonando el lugar. Estamos muy lejos de los debates y de la ideología abolicionista que dice “proteger a las víctimas”.

Promesa de mayor poder para las “prostitutas”.

Los defensores de la ley explicaron que permitiría a las “personas prostituidas” tener más poder sobre los clientes al permitirles amenazar con demandarlos. Este punto de vista es un poco estúpido porque cualquiera que amenace a sus clientes con denunciarlos se arriesga a no trabajar muy bien. De hecho, las trabajadoras sexuales diferencian entre un abusador, que no es un cliente, sino posiblemente una persona que se hace pasar por un cliente para agredir, y un cliente que cumple con las condiciones presentadas. Es como llamar a un ladrón de bancos un cliente del banco, y que para combatir los robos de bancos se decidiera que todos los clientes de los bancos deberían ser penalizados, en lugar de detener a los ladrones en cuestión.

El poder de negociación con los clientes en realidad se ha debilitado. Si, antes de la ley, tenías diez clientes que se presentaban durante el día y solo querías hacer tres, podrías elegir a los tres mejores que estuvieran de acuerdo con tus condiciones. Hoy, con la penalización de los clientes y el temor de ser detenidos por la policía, si solo tres clientes acuden a ti en el día, es más probable que los aceptes a todos para mantener tu nivel de ingresos, incluso si son los tres peores clientes que siempre rechazaste, los que negocian los precios o el preservativo. Hay mayor riesgo de que termines por ceder y, a diferencia de lo que se dijo, la ley ha otorgado más poder a los clientes, quienes, aunque pueden tener que pagar una multa, no se arriesgan como las trabajadoras sexuales a perder todos sus ingresos y volver a encontrarse en la calle porque ya no pueden pagar su renta o habitación de hotel.

Promesa de “ayudas” para las personas que quieren dejar el trabajo sexual

Las mayores promesas obviamente se referían a la llamada “ruta de salida de la prostitución”. Tres años después de la ley, unas 150 personas se habrían “beneficiado”, mientras que los defensores de la ley imaginaron ayudar de 500 a 1000 personas por año, con un presupuesto asignado de aproximadamente 5 millones de euros al año, incluidos los primeros años de la ley durante los cuales no hubo “ruta de salida”. Este dinero se utiliza principalmente para “formar” a las autoridades y “sensibilizar” al público sobre las “realidades de la prostitución” tal como lo definen los activistas abolicionistas.

La ruta de salida no funciona muy bien, lo que era predecible desde el principio, ya que se cree que es una forma de control para garantizar que las trabajadoras sexuales, muchas de ellas inmigrantes, no abusen del sistema solo para tener papeles. De hecho, esta ruta es virtualmente irrelevante para las trabajadoras sexuales francesas, o que ya tienen un permiso de residencia, y que, por lo tanto, ya pueden beneficiarse de los derechos sociales previstos en el derecho común. Como recordatorio, la RSA para una persona soltera es de unos 550 euros por mes, o sea mitad más que la asignación proporcionada durante el “recorrido”.

Los parlamentarios y el gobierno anterior tuvieron la generosa idea de que las trabajadoras sexuales podían vivir con 330 euros al mes, pero tenían que sospechar que muchas personas mentirían y continuarían el trabajo sexual en secreto (lo que realmente sucede). y, por lo tanto, habían planeado comisiones departamentales para “acompañar” a las personas y asegurarse de que estuvieran bien comprometidas en este recorrido. Desde que se crearon las comisiones, la mayoría no se reúnen o como mucho lo hacen una vez al año, la mayoría de los departamentos casi no tienen solicitudes, y la mayoría de los recorridos se realizan principalmente en los departamentos de Ile de France.

Los criterios de rechazo y aceptación varían considerablemente de un departamento a otro según la buena voluntad de los prefectos. Varios departamentos son muy claros acerca de su negativa a crear “efecto llamada” al regularizar a las inmigrantes indocumentadas. Por ejemplo, el departamento de Alpes Marítimos rechazó casi todos los casos de mujeres nigerianas que se habían presentado bajo la promesa de obtener documentos y que se encontraban en centros de detención.

Otros departamentos dicen que rechazan a las personas que ya han solicitado asilo o se han visto obligadas a abandonar el territorio francés, como es el caso de la mayoría de las trabajadoras sexuales inmigrantes que son controladas regularmente por la policía. A veces se les pide que tengan un buen dominio del francés, que ya hayan parado el trabajo sexual durante varios meses para demostrar su compromiso, como si el trabajo sexual no se ejerciera principalmente, como cualquier otro trabajo, para ganar dinero en ausencia de otras fuentes de ingresos, y que las personas pudieran dejar de trabajar de un día para otro durante varios meses, esperando la respuesta de una comisión que se reune de manera muy aleatoria y cuya respuesta llega después de varios meses.

Las personas que son más fácilmente aceptadas son aquellas que ya han logrado detener el trabajo sexual por algún tiempo y han logrado valerse por sí mismas sin la ayuda del Estado. Es necesario creer que las condiciones son tales debido al temor de una reanudación del trabajo sexual que probaría la inutilidad de dicho recorrido o, en todo caso, su ineficiencia. Así que se ha creado un enorme rompecabezas muy costoso en dinero y energía, agotando los recursos asociados que serían más efectivos si ayudaran directamente a las personas sin pasar por el montaje de registros, reuniones y rechazos de la administración.

El Permiso de Residencia Temporal Provisional de 6 meses ni siquiera permite registrarse en la mayoría de los centros de trabajo o encontrar un empleo con un empleador que no quiera correr el riesgo de contratar a alguien que se encuentre de nuevo rápidamente sin papeles. La promesa de asistencia para la vivienda tampoco se mantiene porque los lugares de alojamiento están saturados. El resultado está pues muy mitigado. Bastaría, sin embargo, simplemente regularizar a las indocumentadas para permitirles el acceso al derecho común en lugar de crear un sistema completo de chantaje y control social para controlar que las personas merecen “ayuda” condicionada al buen comportamiento que se espera de ellas, incluso cuando ese trabajo sexual es una actividad perfectamente legal y sujeta a impuestos.

Promesa de hacer una ley para la gran mayoría de las “víctimas”

Nos explicaron que las trabajadoras sexuales que protestaban contra la penalización de los clientes eran una minoría privilegiada no representativa y que la ley defendería a la gran mayoría de las “víctimas”. En realidad, casi todas las trabajadoras sexuales en Francia se oponen a la penalización de clientes y sufren, pero poco importa a los defensores de la ley, ya que solo las personas “salidas de la prostitución” pueden entender y analizar lo que han vivido una vez que experimenten la revelación y la comprensión de que en realidad era violencia.

Las estimaciones oficiales (falsas y probablemente subestimadas) del número de trabajadoras sexuales en Francia varían entre 30.000 y 40.000 personas. Sin embargo, solo un poco más de 150 personas se han beneficiado de la ley a través de la “ruta de salida de la prostitución”. Esto representa, después de tres años, el 0,5% de la población total de trabajadoras sexuales en Francia. A este ritmo, y si ninguna persona nueva decide comenzar el trabajo sexual mientras tanto, podemos estimar que la “abolición de la prostitución” puede ser efectiva, si todo va bien, en 600 años.

María José Barrera: “Las putas no pedimos permiso; pedimos paso”

 

Por Anna Solé Sans

Barcelona. Viernes, 8 de marzo de 2019

https://www.elnacional.cat/es/sociedad/huelga-feminista-maria-jose-barrera-putas-pedimos-paso_361374_102.html

 

Foto: Sergi Alcàzar

 

 

“A las putas nos quieren sacar del movimiento feminista porque políticamente no interesamos”. Así se expresa la exprostituta y fundadora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, Maria José Barrera. “El movimiento feminista no quiere que las trabajadoras sexuales formemos parte de él”.

Barrera explica que no las dejan participar y opina que el 8-M es abolicionista. “Estamos diciendo que el 8-M haremos huelga de consumo, de educación, pero nadie dice nada de las putas”. Cuenta que el año pasado, fueron a la manifestación de Sevilla con sus hijos con las caras tapadas: “No éramos bienvenidas. Nos hacían fotos como si fuésemos algo raro, nos mapeaban en las redes sociales. El día del orgullo salimos con una pancarta y vinieron en busca de nosotras. Las abolicionistas parecían paparazzis”.

Así, reclama que “no somos un colectivo vulnerable porque tenemos unos ovarios como dos carretas. Somos un colectivo marginado por la sociedad. Por los políticos, por los colectivos feministas, estamos olvidadas por los sindicatos…”.

Los estudios indican que hasta el 90% de las prostitutas que ejercen esta actividad lo hacen de manera forzada. Pero Barrera no está de acuerdo. “¿Estos datos de dónde los sacan? Los da la policía. ¿Y cómo cuentan? 1, 2, 3, 4 y 45 son víctimas de trata. Cuando lo seríamos todas. Las ‘víctimas de trata’ son inmigrantes no documentadas. Nosotras no hablamos. Entran y te separan”. Y expone que “cuando llegan, no sé si te habrás dado cuenta, pero en las redadas las mujeres salen menos difuminadas. Al hombre y a la mujer les tapan la cara, pero a las mujeres menos. Y cuando las enseñan apuntan a la ropa, tetas y culo. ¿Eso no cosifica el cuerpo?”.

Barrera cuenta que el ejercicio libre y consentido de la prostitución no es delito y que quiénes la trabajan no son víctimas. Resalta que simplificar y confundir la trata de seres humanos o la violencia de género con la prostitución, no contribuye a proteger a las verdaderas víctimas de estos delitos.

“¿A mí sólo me invaden mi cuerpo cuando soy puta?”, se pregunta. “Mira, no. También cuando mi novio me obliga a follar. También cuando vives con un maltratador y estás aguantando sabiendo que es un maltratador y tienes que mantener relaciones sexuales con él. No lo dejas porque no tienes alternativa laboral. Cuando decidimos que con nuestro cuerpo hacemos lo que nos da la gana es porque tenemos derechos. Las putas pedimos derechos”.

“Nos hacen las pruebas del sida en guetos”

Barrera comenta que las prostitutas evitan ir a los servicios sociales por miedo a que les quiten sus hijos. Aun así, remarca que se pueden organizar “como cualquier mujer monoparental. Un niño va al cole a tomar las clases lectivas, pero ¿cuántas hacemos uso de la guardería, del comedor o alguna extraescolar para ganar más tiempo?”.

“Y no he terminado”, subraya. Porque tomar la decisión de ir a los servicios sociales o no, no es para Barrera lo más difícil. Una de las otras cosas que preocupa a las trabajadoras sociales es el hecho de ir al médico. “Tú llegas allí y le dices que eres puta. A partir de entonces,todo lo que tu tengas está relacionado con el coño. Te duele una muela y está relacionado con eso. ¿Te duele la garganta? Pues también. ¿Tienes problemas psicológicos? Eso es porque eres puta. A ti, te joden en tu trabajo, vienes con problemas laborales y te dan la baja por ansiedad. A mí se me señala”.

No vamos a los servicios sociales porque tenemos miedo de que nos quiten a nuestros hijos

“Nos hacen las pruebas del sida en guetos” y destaca que ir a hacerse un análisis es complicado. Ir al médico, para ellas, “no sólo tiene que ver con el sida o las enfermedades de transmisión sexual. Quizá estaría bien una revisión ginecológica”, reclama.

Barrera también echa de menos educación y pedagogía en los clientes y en los clubes. Asegura que no ha “visto jamás un cartel en las puertas de los clubes diciendo que el condón no se negocia”, y se queja que “nadie educa al cliente, pero a nosotras nos enseñan a poner condones con la boca”. Aunque éste no es el único problema con el que se encuentran las trabajadoras sexuales en los clubes donde trabajan. Según explica, las comidas son un problema. “Tenemos una alimentación de mierda. He visto los huevos cambiar tres veces de color”. “Si trabajamos hasta las 5 de la mañana, ¿quién baja a desayunar a las 7 o las 8?”, demanda.

“No he visto jamás un cartel en las puertas de los clubes diciendo que el condón no se negocia”

El estigma social que recae sobre las trabajadoras sexuales llega, sin embargo, a todos los niveles. Así, explica que no reciben el mismo trato que otras chicas. “Cuando te violan, no es lo mismo si eres puta. La gente no sale a protestar por ello”. “Hay un estigma muy fuerte”, remarca. “Hay víctimas de primera y víctimas de segunda. Y las putas somos víctimas de segunda”. Precisamente por eso, la consigna y la petición que resalta Barrera es bien clara: “Las putas no pedimos permiso, pedimos paso”.

Ni Ámsterdam ni Alemania

“No lo queremos. Ninguna quiere Ámsterdam. Las putas no queremos Alemania. Nosotras estamos de acuerdo con el derecho de las putas”. Según su opinión, en Ámsterdam se ha regulado la prostitución para terceros, es decir, para empresarios. “Las putas de ahí no están ni organizadas ni representadas. Están en asociaciones y en clubes”.

“En Ámsterdam te dan un carné como puta y hay clientes que le han hecho fotos”. “Ámsterdam es una vergüenza. Eso no es prostitución. Eso no es trabajo sexual. Eso es ocio y libertinaje y gente riéndose de las putas”, sentencia

 

‘Me encanta el sexo. Me gusta ganar dinero’: lo que realmente quieren las trabajadoras sexuales

 

Por Meera Senthilingam, CNN

Fotografías de Ilvy Njiokiktjien para CNN.

8 de febrero de 2019

https://edition.cnn.com/2019/02/08/health/sex-workers-human-rights-netherlands-global-laws-intl/index.html

 

Foxxy Angel alquila una ventana en el burdel My Red Light en Amsterdam.

 

 (CNN) Las cortinas rojas y la habitación está a oscuras. El negocio está cerrado.

Las paredes oscuras, con patrones vibrantes en ciertos lugares, y un techo oscuro rodean una cama oscura cubierta con una sábana protectora. En la pared adyacente, un espejo del tamaño de la cama se alinea junto a ésta

.Un gran baño se encuentra en el centro de la habitación, con un lavabo cerca, y una silla roja alta se asienta prominentemente en la esquina.

La habitación se parece a muchas otras en la zona de De Wallen, en el centro de Ámsterdam, sede del barrio rojo de la ciudad, y es alquilada regularmente por una mujer que usa el nombre profesional de Foxxy Angel.

Alquila la habitación, a menudo conocida como “ventana”, propiedad del colectivo holandés de trabajadoras sexuales My Red Light.

El trabajo sexual ha sido legal de alguna forma en los Países Bajos desde 1830, pero fue reconocido como una profesión legal en 1988

La trabajadora sexual, de 37 años, se puede encontrar aquí durante el día, lista para clientes, generalmente turistas.

Un tirón del cordón de la cortina es todo lo que se necesita para revelar la multitud aglomerada en las calles y para indicar que la habitación está abierta para el negocio.

“Me encanta el sexo. Me gusta ganar dinero”, dice Angel, que ha estado en el negocio por más de 15 años. “He tenido muchos trabajos diferentes antes, y este es el único que realmente me gustó”. 

El alquiler de la ventana cuesta 80 € por día, explica, y ella suele ver cinco o seis clientes por día, haciendo al menos 50 € por cliente. Cuando termina su turno, ella también ve clientes en bares o clubes y sale para experiencias con grupos más grandes.

Sus horas son suyas, y solo tiene que rendir cuentas a sí misma.

“Después de 15 años, todavía lo disfruto todos los días”, dice. Pero ha establecido un límite de edad de 45 años para pasar después a centrarse más en su trabajo de activismo, luchando por los derechos de las trabajadoras sexuales; ella es una integrante fervorosa de la Unión Holandesa de Trabajadores Sexuales, también conocida como PROUD.

Está peleando porque Amsterdam, dice, no es tan liberal para las trabajadoras sexuales como muchos creen.

‘Pagamos los mismos impuestos’

El trabajo sexual ha sido legal de alguna forma en los Países Bajos desde 1830, pero fue reconocido como una profesión legal en 1988. En 2000, una ley hizo que el trabajo estuviera sujeto a las regulaciones municipales, requiriendo una licencia para operar y siguiendo ciertas reglas establecidas por un municipio.

Ser una trabajadora sexual es legal en áreas con licencia, explicó Ángel. “Tenemos que seguir todas estas reglas, y estas reglas no garantizan nuestra seguridad”, dijo, dando un ejemplo de cómo el aumento de la regulación y la legalización traen los controles de la policía y de los municipios, que a menudo impiden que los clientes vengan.

Foxxy Angel muestra sus nudillos tatuados.

Pero ella también quiere la flexibilidad otorgada a otras profesiones, dijo, como la opción de trabajar desde casa.

“Cualquier barbero y tenedor de libros puede trabajar desde su casa, pero nosotras no podemos porque somos trabajadoras sexuales”, dijo. “Pagamos los mismos impuestos. Necesitamos tener los mismos derechos”.

Otro problema, agregó Velvet December, coordinadora de activismo de PROUD, es que los municipios de los Países Bajos tienen el derecho de hacer su propia legislación, por lo que cada uno puede diferir. Por ejemplo, pueden decidir cuántas licencias dar, dijo.

La legalización ofrece cierta protección, cree December. “Hay lugares en los que es mucho más peligroso hacer trabajo sexual”, reconoció. “Podemos confiar en que estamos protegidas por la policía. Tenemos algunos derechos, pero aún no hemos conseguido todos”.

Angel no está de acuerdo y dice que obtiene una protección limitada de su profesión al estar legalizada.

Según Amnistía Internacional, donde los trabajadores sexuales son ilegales, están criminalizados o ambas cosas, las trabajadoras son obligadas a permanecer en la clandestinidad y con frecuencia son objeto de hostigamiento por parte de la policía.

Tanto December como Angel quieren llegar al punto en que se despenalice el trabajo sexual: los cargos penales por trabajo sexual se eliminen por completo, el trabajo sexual entre personas se trate como cualquier otro trabajo, y se incluya en las leyes laborales regulares, como dice la Sex Workers Education and Advocacy Taskforce.

Velvet December, coordinadora de activismo de la Unión Holandesa de Trabajadoras Sexuales, o PROUD.

Los únicos lugares que han despenalizado el trabajo sexual son Nueva Zelanda y el estado de Nueva Gales del Sur en Australia. En ambos lugares, el trabajo sexual no está penalizado a través de leyes punitivas, y las regulaciones se basan en la salud y seguridad de las trabajadoras, como en cualquier otra profesión.

“El trabajo sexual es realmente visto como trabajo y tratado como tal”, dijo December.

Se cree que la reforma en Nueva Zelanda redujo la violencia contra las trabajadoras sexuales, aumentó su facilidad para denunciar los abusos a la policía y mejoró las actitudes de la policía hacia las trabajadoras sexuales, según el Ministerio de Justicia del país.

La investigación también mostró que la despenalización en Nueva Zelanda dio como resultado que las trabajadoras sexuales pudieran rechazar a los clientes e insistir en el uso de condones. Un estudio demostró que la despenalización tiene el potencial de reducir la discriminación, así como las denegaciones de justicia, la denigración y el abuso verbal.

¿Pero está el resto del mundo listo para ponerse al día?

‘Las licencias no han funcionado’

El trabajo sexual en entornos como Amsterdam a menudo es “demasiado restrictivo en formas no respaldadas por evidencia”, dijo Sally Shackleton, que trabaja con poblaciones clave, como las trabajadoras sexuales, en la Alianza Internacional contra el VIH / SIDA.

Botones de trabajadora sexual decoran el bolso de Foxxy Angel.

“Las trabajadoras sexuales de todo el mundo están exigiendo menos control y más posibilidad de decidir por sí mismas” con el apoyo de la ley, dijo.

CNN habló con seis trabajadores sexuales, con edades comprendidas entre los 36 y los 76 años, en cinco países, incluidos Brasil, Francia, Ucrania y México. Todas ellas resaltan cómo disfrutan con lo que hacen y dicen que la profesión, para ellas, “es una elección”. Explicaron que la industria del trabajo sexual ha cambiado con el tiempo, desplazándose a internet y, a menudo, desde casa, lo que requiere leyes que lo reconozcan.

Para limitar aún más el modelo en los Países Bajos, explicó Shackleton, está el hecho de que las trabajadoras sexuales deben trabajar en un espacio definido, y con el tiempo, estos espacios han sido cada vez más pequeños y menos numerosos, lo que hace que la competencia sea “muy alta”, sin que exista la opción de trabajar desde casa.

Cree que la legalización ha ayudado a eliminar cierta discriminación y ha mejorado algunas relaciones con la policía, pero no en la medida en que lo ha hecho en otros lugares.

“La despenalización es coherente con un enfoque basado en los derechos”, dijo Liesl Gerntholtz, subdirectora ejecutiva de programas de Human Rights Watch. La investigación realizada por su organización ha demostrado que las trabajadoras sexuales se enfrentan a la extorsión y el abuso por parte de la policía, incluido el sexo forzado, así como al abuso de los trabajadores de la salud y las fuerzas militares, en entornos donde la práctica está completamente criminalizada. “Vemos mucho estigma”, dijo.

Un estudio reciente descubrió que las trabajadoras sexuales en 33 países que enfrentan medidas policiales represivas (identificadas como detención, encarcelamiento, confiscación de agujas, jeringas, condones, desplazamiento a nuevas áreas o violencia física o sexual por parte de los agentes) tienen tres veces más posibilidades de experimentar violencia física o sexual que la población general.

Pero la legalización tampoco ha funcionado, dijo Gerntholtz.

En el núcleo de la reforma legal y de normativas se encuentra un “tema muy controvertido”, agregó: el hecho de que “algunas personas creen que el trabajo sexual es ofensivo para las mujeres”.

Esto lleva a objeciones morales en lugar de a las basadas en evidencia que, a su vez, empeoran las leyes, agregó Shackleton.

“Me gustaría vivir en un mundo donde las mujeres no tuvieran que vender sexo”, dijo Gerntholtz, donde el trabajo no fuera una opción. “Pero aquellas mujeres que lo hacen necesitan poder hacerlo de manera segura y con acceso a la atención médica y proteger sus derechos”. 

‘La primera línea de la violencia’

En última instancia, los expertos dicen que la prioridad para las trabajadoras sexuales, los activistas, los sindicatos y los legisladores es permitir la seguridad en una profesión que de otra manera sería de riesgo. “Las trabajadoras sexuales a menudo están en la primera línea de la violencia”, dijo Shackleton.

Además, tienen 14 veces más probabilidades de ser VIH-positivas, se inhiben de reportar crímenes contra ellas y están sujetas a la explotación por parte de las autoridades policiales, agregó.

Un botón de pánico en una habitación en el burdel My Red Light.

Shackleton cree que adoptar un enfoque laboral de la profesión puede garantizar sus derechos y luchar contra la explotación, pero agregó que “no existe una legislación que se adapte a todos”.

“Los detalles deben personalizarse para el contexto de cada país concreto”, dijo, pero destaca que el objetivo de cualquier cambio o reforma de la ley no debería ser reducir el número de trabajadoras sexuales. “Eso no funciona”.

Gerntholtz está de acuerdo en que un simple cambio de ley no es la solución. “Si simplemente cambia la ley mañana, no va a haber diferencia”, dijo, y agregó que se necesitan campañas de concienciación pública, leyes contra la discriminación y talleres con la policía y las escuelas para cambiar las percepciones y opiniones del público.

Cuando Angel experimentó una violación por primera vez en sus primeros días de trabajo, no se lo reportó a la policía. “Sólo dicen, ‘eres una trabajadora sexual’. ”

Esta es la actitud que ella y las trabajadoras sexuales de todo el mundo están luchando por cambiar, junto con sus derechos.

“El trabajo sexual se ha convertido en una cuestión de moralidad y en asegurar que las mujeres se comporten de la manera esperada”, dijo Shackleton. “Ese es el problema fundamental”.

 

Fotos: Por qué están luchando las trabajadoras sexuales

 

Fany Lilian Torrez Rodriguez, de 37 años, de Nicaragua, ha sido trabajadora sexual durante 18 años. Dice que el trabajo le ha dado buen dinero y es “el mejor trabajo que podría haber hecho”.

 

Thierry Shaffauser, de 36 años, muestra su tatuaje de paraguas rojo, un símbolo de los derechos de las trabajadoras sexuales.

 

Maria De Lourdes Araujo, 76, de Barreto, Brasil, muestra su tatuaje de “Soy una puta”. La industria del trabajo sexual solía estar llena de pasión y glamour, dice, con el baile a menudo utilizado como un medio de seducción. Hoy en día, la bisabuela sigue viendo clientes habituales.

 

Cynthia Navarrete, de 52 años, sostiene un cartel que dice “Libertad para Alejandra Gil”, su madre, quien cree que fue detenida injustamente por trata de personas. Trabaja como trabajadora sexual en las calles de la Ciudad de México y dice que le gusta porque puede elegir cuándo trabajar.

 

Natalia Isaieva, de 40 años, nació en Rusia y ahora vive en Ucrania. Comenzó como trabajadoras sexual a la edad de 16 años y se detuvo hace cuatro años. Ahora hace campaña por mejores derechos.

 

María Benta Melo Dos Santos, de 45 años, de Brasil, ha sido trabajadora sexual durante más de 26 años. La profesión fue una elección, dice, y ella hace campaña para que sea reconocida como tal.

 

La penalización del trabajo sexual normaliza la violencia, según una revisión

 

Según los datos, las trabajadoras sexuales tienen tres veces más probabilidades de experimentar violencia por parte del cliente cuando se penaliza el comercio.

 

Insignias que promueven la despenalización del trabajo sexual de Scarlet Alliance, la organización de trabajadoras sexuales en Australia. Fotografía: Michael Wickham para The Guardian.

 

Por Sarah Boseley editora de salud

11 de diciembre de 2018

https://www.theguardian.com/society/2018/dec/11/criminalisation-of-sex-work-normalises-violence-review-finds?CMP=twt_gu

 

Una revisión de primera importancia ha encontrado que las trabajadoras sexuales son más propensas a sufrir problemas de salud, violencia y abuso en los países donde su comercio está penalizado.

La revisión, realizada por investigadores de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, encontró que las trabajadoras sexuales que sufrían represión policial, incluidos la detención, el encarcelamiento y la extorsión por parte de los agentes, tenían tres veces más probabilidades de experimentar violencia sexual o física por parte de un cliente y era dos veces más probable que tuvieran VIH u otra infección de transmisión sexual que aquellas que vivían en países donde se toleraba el trabajo sexual.

Las trabajadoras sexuales que temen que la policía las detenga, a ellas o a sus clientes, es más probable que participen en encuentros arriesgados, que no pueden tomarse el tiempo necesario para hablar con un cliente antes de subir a un automóvil o negociar los términos con anticipación, según encontraron los investigadores.

Su salud y seguridad corrían peligro, no solo en los países donde se penalizaba el trabajo sexual, sino también en Canadá, que introdujo el “modelo nórdico” iniciado por Suecia, en el que el cliente puede ser detenido acusado de un delito pero no la trabajadora sexual.

Publicado en la revista PLOS Medicine, el artículo de Lucy Platt, profesora asociada en epidemiología de la salud pública, y Pippa Grenfell, profesora asistente de sociología de la salud pública, es una revisión de los datos de 33 países. Incluyeron comentarios de trabajadoras sexuales que participaron en algunos de los estudios.

“No podrían haber diseñado mejor una ley para hacerla menos segura”, dijo una trabajadora sexual. “Es como si tuvieras que ocultarte, no puedes hablar con un chico, y no hay discusión sobre lo que estás dispuesta a hacer y por cuánto. La negociación tiene que tener lugar después, lo que siempre es mucho más aterrador. Está diseñada para hacer peligroso el trabajo sexual. No creo que fuera la intención original, pero eso es lo que hace “.

Otra mujer que trabajaba en las calles de Canadá dijo que ya no podía hablar a través de la ventanilla de los coches para asegurarse de que los clientes parecían seguros. “Debido a que tengo tanto frío y me sentía acosada, me subí a un coche al que normalmente no me habría subido. El chico no me miró a la cara de frente. Y me limité a entrar porque tenía frío y estaba cansada de estar parada allí. Y ¿sabes? puso algo en mi garganta. Y tuve que hacerlo por nada”.

Francia, Islandia, Irlanda del Norte, Noruega, la República de Irlanda y Suecia también penalizan al cliente. Guatemala, México, Turquía y el estado estadounidense de Nevada han regulado el trabajo sexual, lo que permite mejores condiciones para algunas, pero peor para las muchas que operan fuera de los acuerdos regulados.

Un hombre en el Reino Unido dijo que la situación ideal era trabajar en locales compartidos, donde todos tenían compañerismo y mayor seguridad. Pero, aunque la compra y venta de servicios sexuales es legal, eso puede infringir la ley. “Debido a la situación legal, tienes que ser muy, muy cuidadoso. Porque obviamente eso es operar un burdel, lo que tiene … consecuencias realmente peligrosas en estos días “, dijo.

Nueva Zelanda es el único país que ha despenalizado el trabajo sexual, en 2003, aunque no es legal para las inmigrantes. Las trabajadoras sexuales dijeron que eran más capaces de rechazar clientes e insistir en el uso del condón, mientras que las relaciones con la policía eran mejores. “Siempre tenemos policías que suben y bajan por la calle cada noche”, dijo una mujer. “Incluso los hacemos venir para asegurarnos de que estamos bien y seguras… de que contamos con personal de atención y que están tomando placas de registro y la identidad de los clientes”. Así que … eso cambió totalmente la calle, lo cambió todo “.

Grenfell dijo: “De nuestra revisión se desprende que la penalización del trabajo sexual normaliza la violencia y refuerza las desigualdades de género, raciales, económicas y otras. Se necesita urgentemente la despenalización del trabajo sexual, pero también se deben abordar otras áreas.

“Se requiere una acción política más amplia para abordar las desigualdades, el estigma y la exclusión que enfrentan las trabajadoras sexuales, no solo en los sistemas de justicia penal, sino también en los sectores de salud, violencia doméstica, vivienda, bienestar, empleo, educación e inmigración”.

Un estudio encuentra más violencia e infecciones sexuales cuando se penaliza el trabajo sexual

 

 

Por Nina Avramova, CNN

11 de diciembre de 2018

https://edition.cnn.com/2018/12/11/health/criminalizing-sex-work-more-violence-stds-intl/index.html?no-st=1544563446

 

Las trabajadoras sexuales experimentan una probabilidad tres veces mayor de violencia sexual o física en ambientes de represión policial.

 

 

(CNN) Las trabajadoras sexuales en 33 países que tienen que hacer frente a actuaciones policiales represivas (identificadas como detención, encarcelamiento, confiscación de agujas, jeringas o condones, desplazamiento a nuevas áreas o violencia física o sexual por parte de los agentes) tienen una probabilidad tres veces mayor de experimentar una enfermedad física. o violencia sexual, según un nuevo estudio.

Tenían el doble de probabilidades de tener VIH y otras enfermedades de transmisión sexual que las trabajadoras sexuales que no estaban expuestas a la violencia policial represiva y al abuso de poder. El grupo que tiene que hacer frente a la represión policial también tenía más probabilidades de tener peor salud mental, informa el estudio, publicado el martes en la revista PLOS Medicine.

Lucy Platt, investigadora principal y profesora asociada en epidemiología de salud pública de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, dijo que las “prácticas represivas de la policía aumentan los daños” para las trabajadoras sexuales. El documento también afirma que la reforma de las leyes es necesaria para mejorar la seguridad de las trabajadoras sexuales.

Peter Greenhouse, portavoz y consultor de salud sexual de la Asociación Británica para la Salud Sexual y el VIH, estuvo de acuerdo. “Esta nueva investigación exhaustiva demuestra definitivamente lo que hemos sabido durante muchos años”, escribió Greenhouse, que no participó en el estudio, en un correo electrónico. “Que la represión policial contra las trabajadoras sexuales aumenta la violencia contra las mujeres y reduce el acceso a la atención de salud sexual”.

Las trabajadoras sexuales, en promedio, tienen 13 veces más riesgo de contraer VIH que la población general, según la organización benéfica Avert, con sede en el Reino Unido, que brinda educación sobre el VIH. Esto se debe a que son económicamente vulnerables, no pueden negociar el uso del condón todas las veces y experimentan violencia, criminalización y marginación, dice Avert.

El estudio examinó artículos de investigación revisados ​​por pares entre 1990 y 2018 sobre trabajo sexual, legislación, actuación policial y salud. Los datos de 33 países, incluido el Reino Unido, se utilizaron para estimar los efectos promedio de la actuación policial represiva, en comparación con los efectos que las trabajadoras sexuales experimentaron en ausencia de ésta.

Las trabajadoras sexuales que no estuvieron expuestas a la represión policial tenían un 30% menos de probabilidades de tener relaciones sexuales sin condón que sus compañeras en ambientes represivos. El riesgo de contraer el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual se duplicó y el riesgo de sufrir violencia física o sexual se triplicó en las trabajadoras sexuales en entornos represivos.

El colectivo activista británico SWARM, que defiende los derechos de las trabajadoras sexuales, conectó a CNN con una de sus miembros, una trabajadora sexual que solicitó ser mencionada por el seudónimo Katy Caradonna. “Es obvio para las trabajadoras sexuales que cuando tenemos menos derechos en el trabajo —y cualquier penalización del trabajo sexual reduce nuestros derechos en el trabajo— somos menos capaces de protegernos de la violencia o de buscar remedio, y los depredadores saben que somos objetivos más fáciles”, escribió en un correo electrónico.

En su análisis, el estudio descubrió muchas formas de violencia policial y abusos de poder, como la detención arbitraria, la extorsión, la violencia física y sexual y la falta de acceso a la justicia.

El estudio explicó que el temor a la detención o la detención de hecho llevó a las trabajadoras sexuales a acelerar las negociaciones con los clientes o a trabajar en lugares aislados que aumentan los peligros.

La denuncia de delitos también es un problema. “Con frecuencia, la policía no actuó tras la denuncia de tales delitos por parte de las trabajadoras sexuales, o culpó y detuvo a las trabajadoras sexuales, lo que significa que los delincuentes pueden actuar con impunidad y las trabajadoras sexuales se mostraron reacias a informar a la policía en el futuro”, dijo Platt.

El estudio también identificó que las desigualdades dentro de la comunidad de trabajadoras sexuales se veían agravadas por la represión policial, porque la policía a menudo se dirige a poblaciones o entornos específicos, como las trabajadoras sexuales en la calle o las personas trans. Esto “marginó aún más a estos grupos vulnerables”, explicó Platt.

Del mismo modo, la represión policial en los lugares de trabajo sexual restringe el acceso a los servicios de salud, lo que dificulta que los programas de ayuda encuentren a las trabajadoras sexuales.

Investigaciones anteriores demostraron que la despenalización en Nueva Zelanda dio como resultado que las trabajadoras sexuales pudieran rechazar a los clientes e insistir en el uso de condones. Otro estudio mostró que la despenalización tiene el potencial de reducir la discriminación, así como las denegaciones de justicia, la denigración y el abuso verbal.

Los investigadores esperan que haya cambios en las leyes de trabajo sexual. Mientras tanto, abogan por la necesidad de aumentar la financiación de los servicios especializados en sexo y los servicios dirigidos por trabajadoras sexuales para abordar las diversas necesidades de asistencia médica y bienestar de las personas que venden sexo.

Una de los investigadores, Pippa Grenfell, profesora asistente de sociología de salud pública en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, agregó que “los cambios en las leyes de trabajo sexual por sí solos no son suficientes”. Explicó que existe la necesidad de una acción política más amplia para hacer frente al estigma y la discriminación de las trabajadoras sexuales abordando también las desigualdades en otros asuntos, como la vivienda o el bienestar social.

El estudio tiene algunas limitaciones. Solo se incluyó un pequeño número de artículos centrados en la despenalización del trabajo sexual y en la penalización de la compra de sexo. Del mismo modo, pocos estudios incluyeron datos sobre trabajadoras sexuales trans femeninas y cis masculinos.

Catherine Murphy, asesora de género de Amnistía Internacional, que no participó en el estudio, señaló en un correo electrónico que “la penalización perjudica a las trabajadoras sexuales y este estudio muestra que tenemos casi tres décadas de investigaciones que lo confirman”.

Deborah Gold, directora ejecutiva del National AIDS Trust del Reino Unido, que no participó en el estudio, dijo en un correo electrónico que la revisión presenta “pruebas convincentes que respaldan la alegación que las trabajadoras sexuales han estado haciendo sobre el VIH durante una generación: que las leyes penales represivas contra el trabajo sexual aumentan el riesgo de contraer el VIH y son la causa de muchas otras desigualdades. Esto tiene que terminar “.

Petición a las autoridades municipales de Tuxtla Gutiérrez Chiapas y a la CEDH de Chiapas, de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C.

 

Comunicado de Caye: Nosotras somos las OTRAS PUTAS

 

COMUNICADO DE CAYE

 

Sábado 1ro de septiembre de 2018, por Caye 

http://www.colectivocaye.org/DailyCaye/spip.php?article15

 

 

 

 

Tras un día como el de ayer, que se ha conseguido un hito muy importante para todo el colectivo de trabajadoras y trabajadores del sexo, queremos declarar la alegría que nos produce este hecho, además de desearles prospera y larga vida.

Queremos así mismo decir que este colectivo no forma parte de OTRAS pero que algunas personas que lo forman estarán afiliadas ahora o en el futuro. Que el derecho de las personas que ejercen trabajo sexual – no solo personas que ejercen la prostitución- es de defender y de luchar por mejorar las condiciones laborales de todas esas personas.

Tenemos muy claro que, apoyamos al mismo y entendemos que sin movilización, la negociación con los empresarios no lleva a ninguna parte.

Que, tanto dentro como fuera del sindicato, debe ser los afectados por los problemas, los que decidan cómo, cuándo y dónde se debe organizar la lucha y llevarla a cabo. Nuestra fuerza nos la dan quienes nos apoyan.

No dependemos ni del Estado, ni de ninguna patronal, ni de partido político alguno, así como de ningún otro tipo de institución o poder.

No pedimos subvenciones, ni participamos en campañas, planes de formación o similares, financiados por gobiernos o patronal.

Al mismo tiempo, luchamos por alcanzar, día a día, mejoras inmediatas en las condiciones de vida y trabajo.

Sabemos que es algo muy controvertido, pero el trabajo sexual además de un sector amplio en este país, lleva con una patronal organizada desde el 2002 y sin embargo ningún sindicato cogió la iniciativa de defender a las personas trabajadoras de este sector, por lo que algunas de las personas que son trabajadoras sexuales en alguno de los múltiples campos han decidido unirse para luchar por sus derechos tales como su jubilación digna, su derecho a convenio colectivo y otros muchos que otros sectores tienen reconocidos.

El Sindicato de trabajadores sexuales, nace desde la más pequeña representación de la clase obrera, “el trabajador sexual”. Emerge desde las Asambleas de trabajadores sexuales que se realizan en los distintos sectores, tajos, localidades, etc., desde abajo hacia arriba, hasta que por fin, llega a su constitución el 4 de Agosto de 2018 a nivel estatal.

Una de las asambleas de trabajadores fundamentales para el movimiento obrero, fue la celebrada en Barcelona, a mediados de Abril de 2017, cuando todavía las reuniones de trabajadores y movimientos políticos y sindicales dentro del trabajo sexual eran clandestinas; ésta fue fundamental para la preparación de las grandes movilizaciones de ese año y a principios del 2018, teniendo su punto álgido de las manifestaciones de Barcelona en la Plaza Cataluña, en la participaron más de 1.000 trabajadores sexuales y aliadas, a pesar de que corrían tiempos de fuerte represión ya que las organizaciones sindicales y el derecho a la huelga para el trabajo sexual no estaban reconocidos.

Antes de su constitución, el germen del Sindicato de trabajadores sexuales, estuvo presente en dicha asamblea al igual que otras entidades de trabajadoras y trabajadores sexuales donde quedó constatado el resurgir y revitalización del movimiento obrero dentro del trabajo sexual que crece parejo al fortalecimiento de un movimiento sindical revolucionario: el más combativo y organizado de Europa.

Este movimiento surge en cada sector de la industria sexual y en cada centro de trabajo donde haya trabajadores sexuales, donde la asamblea de trabajadores era el órgano fundamental para la toma de decisiones.

OTRAS es un Sindicato de Clase obrera constituido y dirigido por trabajadores sexuales, conscientes de que sus intereses son contrarios a los del Capital y trabajan activamente contra la explotación de seres humanos.

Nos gustaría recordar y no olvidar que un sindicato -por la propia ley de sindicatos-no está formado por asociaciones, partidos políticos u otras personas jurídicas, sino por personas físicas que creen que tienen que unirse por un bien colectivo.

Queremos recordar que el derecho a sindicarse es un Derecho Fundamental recogido en la Constitución: “Sección 1.ª De los derechos fundamentales y de las libertades públicas: Artículo 28. 1., que dice así:

Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a formar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.
2.Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. 

Recordar también las labores que desde la Comunidad Europea se están realizando, de la mano de entidades como la OIT (La Organización Internacional del Trabajo) y el Programa de Trabajo Decente; siendo la agencia de las Naciones Unidas la que promueve los derechos de los trabajadores mediante el establecimiento de normas internacionales de trabajo y la emisión de directrices normativas.

Nos basamos en los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo, adoptados en 1998, que comprometen a los Estados miembros a respetar tres Derechos Universales, independientemente del nivel de desarrollo económico: La libertad de asociación, el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

La posición de la OIT en cuanto al Trabajo Sexual se ve reflejada en la recomendación 200 de la OIT, adoptada en 2010, que aborda el VIH/SIDA en el mundo del trabajo; dicha recomendación establece principios y normas para que los derechos de los trabajadores estén libres de estigma y discriminación relacionados con el VIH para su seguridad y salud en el trabajo, y para acceder a pruebas de detección del VIH, prevención, tratamiento, atención y apoyo.

También aborda las obligaciones del empleador y del gobierno de desarrollar políticas y programas que protejan esos derechos; si bien no se menciona específicamente el trabajo sexual, dicha recomendación se aplica a todos los trabajadores en cualquier ocupación y en todo lugar de trabajo, incluidas las personas que trabajen en “todos los sectores de la actividad económica, incluyendo el sector público y privado, y las economías formal e informal”.

Así mismo, aunque en la redacción del texto de la recomendación 200 no menciona explícitamente el trabajo sexual, si se hace en las actas del comité donde se afirma expresamente que el trabajo sexual queda cubierto por dicha recomendación.

Asimismo, documentos subsiguientes de la OIT, como los procedentes de la campaña Getting to Zero at Work (ILOAIDS) refuerzan y amplían el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo:

-* Reaching out to Sex Workers and their Clients [Acercamiento a las Personas que Ejercen el Trabajo Sexual y a sus Clientes]: Enfatiza que las intervenciones de prevención del VIH con las personas que ejercen el trabajo sexual también deben abordar los factores estructurales – como la falta de protecciones sociales, el estigma, la discriminación, la marginación y la violencia – que vuelven a las personas que ejercen el trabajo sexual vulnerables al VIH.

-* Leaving no one behind: [No Dejar a Nadie Atrás]: Acercarse a las Poblaciones Clave a través de la acción en el lugar de trabajo sobre el VIH y el SIDA] documenta las buenas prácticas de las intervenciones en el lugar de trabajo para abordar el VIH entre poblaciones clave, incluyendo a las personas que ejercen el trabajo sexual.

Colectivo Caye

 

Las leyes contra la trata están perjudicando, no ayudando, pero las trabajadoras sexuales están contraatacando

 

 


LAUREN WALKER / TRUTHOUT

 

Por Victoria Law

24 de agosto de 2018

https://truthout.org/articles/anti-trafficking-laws-are-hurting-more-than-helping-say-sex-workers/

 

 

Hace tres años, Kristen DiAngelo encontró a una madre en una situación desesperada. La madre estaba siendo forzada por padre de su bebé a hacer trabajo sexual. Había amenazado su vida y la de sus familares y recientemente había pateado la puerta de la casa de su madre.

“No puedo dejarte ahí fuera”, recuerda que pensó DiAngelo, cofundadora y directora ejecutiva de SWOP (Programa de Ayuda de Trabajadoras Sexuales) de Sacramento.

Pagó para que la madre se quedara en la habitación de un hotel por una noche. Más tarde, se la llevó a su casa. DiAngelo también la llevó al refugio local de violencia doméstica, que le exigió que presentara un informe policial. A partir de sus propias experiencias con la aplicación de la ley local, DiAngelo sabía que la policía local haría poco para proteger a la madre, que había sufrido numerosas detenciones por trabajo sexual. Por el contrario, el hombre que la explotaba no tenía registro de detenciones ni educación universitaria.

Las dos mujeres se acercaron al FBI para presentar cargos de trata contra el explotador de la madre. Compartieron correos electrónicos y mensajes de voz en los que la amenazaba. Pero, aunque los agentes con los que hablaron se mostraron comprensivos, relató DiAngelo, dijeron que, debido a que la mujer tenía más de 18 años, el FBI no investigaría sus quejas.

Ese fue el comienzo de la casa segura de SWOP Sacramento, una casa de seis camas donde las trabajadoras sexuales podrían vivir y encontrar servicios de apoyo. Desde entonces, la casa de seguridad ha proporcionado alojamiento seguro para docenas de trabajadoras sexuales. Algunas huyen de situaciones de explotación y abuso. Otras necesitaban un entorno seguro y de apoyo para abordar las adicciones a las drogas o los problemas de salud mental. Las trabajadoras sexuales se enteraban de la existencia de la casa segura a través del sitio web de la organización.

Luego, en abril de 2018, el Congreso aprobó la Ley de Lucha contra la Trata Sexual en Internet (FOSTA) y la Ley para Detener la Trata Sexual (SESTA). Estas leyes enmiendan la Sección 230 de la Communications Decency Act, convirtiendo en delito federal operar un sitio web “con la intención de promover y facilitar la prostitución de otra persona”. Las leyes también permiten a los procuradores generales llevar acciones civiles contra los operadores de sitios web . Aunque FOSTA se dirige a los operadores de sitios web, no a las trabajadoras sexuales, todavía tienen un efecto de enfriamiento en las opciones de seguridad y supervivencia de las trabajadoras sexuales.

“Muchas personas nos encuentran [a nosotras y a la casa segura] a través de nuestro sitio web”, explicó DiAngelo. Pero con FOSTA, anunciar una casa segura para las trabajadoras sexuales podría significar una sentencia de prisión de 10 años. “¿En qué consiste la facilitación de la prostitución?”, preguntó DiAngelo. “¿Es dar a una chica alojamiento por tres a seis meses en una casa [segura] para que se desintoxique y se recupere?” Ninguno de los abogados o defensores legales a los que consultaron pudo decirle a SWOP Sacramento sobre qué constituía la promoción y facilitación de la prostitución. Los voluntarios y el personal comenzaron a buscar camas en otros lugares para las residentes de la casa. Menos de dos meses después de que FOSTA se convirtiera en ley, SWOP Sacramento cerró su casa de seguridad.

 

Sin Internet, ella podría haber seguido atrapada

Fue internet y la capacidad de hacer publicidad en línea lo que permitió a Cecilia Gentili escapar de su explotador. Gentili, una mujer trans originaria de Argentina, conoció a un hombre que la convenció de participar en el trabajo sexual callejero. “Dijo que era para nosotros, pero realmente fue para él”, dijo Gentili a Truthout. “No había mucha opción [de no trabajar]”, continuó. “Me habría puesto en una situación peligrosa”. No solo amenazó su explotador con llamar a las autoridades de inmigración, sino que también jugó con sus inseguridades como una mujer trans. “Sentí que necesitaba una figura masculina que me validara y cuidara de mí”, explicó antes de agregar: “tampoco entendí la definición de trata”.

Al cabo de un año de estar en lo que ella describe como “la situación”, Gentili se dio cuenta de que podía hacer publicidad en línea y, con la capacidad de detectar clientes potenciales, no necesitaba depender de alguien que la protegiera físicamente. “Pude salir de esa situación debido a la publicidad en línea”, dijo. “Pude conseguir mis propios clientes sin tener a otra persona que me cuidara”, y con “cuídame” me refiero a tomar todo mi dinero “. Pero, si FOSTA hubiera existido en ese momento, habría cerrado muchos de los sitios. donde podía publicitar sus servicios y Gentili podría haber quedado atrapada.

 

Aumento de los informes de agresiones contra las trabajadoras sexuales

Los sitios web han sido una herramienta inestimable para que las trabajadoras sexuales no solo examinen a los clientes, sino que también compartan información entre ellas sobre clientes violentos o peligrosos. “Antes, podías acceder a una base de datos [en línea] para ver si esta persona había sido denunciada por violencia”, explicó Ceyenne Doroshow, fundadora y directora ejecutiva de GLITS (Gays y lesbianas que viven en una sociedad transgénero). “Esa base de datos ya es historia”. Doroshow tiene una larga historia de trabajo con trabajadoras sexuales trans, una población que ya estaba particularmente marginada, criminalizada y vulnerable a la violencia antes de que SESTA y FOSTA se convirtieran en ley.

Incluso antes de que SESTA / FOSTA entrara en vigencia, los sitios web comenzaron a eliminar contenido de las trabajadoras sexuales, mientras que otros cerraron por completo. En 2014, el FBI cerró MyRedBook.com y SFRedBook.com, dos sitios donde las trabajadoras sexuales intercambiaban información sobre seguridad y comunidad, además de poder anunciar de forma gratuita. En octubre de 2017, el sitio de crowdfunding Patreon cambió sus directrices para prohibir la recaudación de fondos “para producir material pornográfico, tal como mantener un sitio web, financiar la producción de películas o proporcionar una sesión de webcam privada”, lo que resultó en suspensiones y prohibiciones de muchos creadores de contenido para adultos que habían confiado en la plataforma para obtener ingresos regulares.

El 6 de abril de 2018, incluso antes de que el presidente firmara FOSTA y la convirtiera en ley, el Departamento de Justicia incautó y cerró Backpage, donde muchas trabajadoras sexuales anunciaban. FOSTA es la última eliminación de opciones en línea para las trabajadoras sexuales, pero los efectos han sido inmediatos y, según las palabras de los grupos de derechos de las trabajadoras sexuales, son alarmantes.

Coyote (Call of Your Old Cired Ethics) RI, una organización de derechos de trabajadoras sexuales, realizó una encuesta de 262 trabajadoras sexuales entre el 14 de abril y el 25 de mayo de 2018. Setenta por ciento (o 188 personas) informaron que el trabajo sexual había sido su fuente principal de el ingreso antes de FOSTA y el 77 por ciento (o 207 personas) fueron las únicas proveedoras de sus familias. Una semana después de la aprobación de las leyes, el 70 por ciento notó una caída en sus ingresos, lo que les impidió pagar el alquiler, los alimentos, los servicios públicos o el teléfono. En un caso, Doroshow le dijo a Truthout, la disminución del trabajo forzó a una de sus clientes a renunciar a su automóvil, disminuyendo así su movilidad y seguridad, y también a renunciar a la atención médica para su enfermedad crónica, que, sin tratamiento, ahora está empeorando.

Esta disminución ha forzado a muchas a comprometer la seguridad y los límites, ya sea aceptando clientes que de lo contrario podrían rechazar, o acordar actos, incluyendo sexo más riesgoso y tomar drogas, que hubieran evitado anteriormente. Sesenta por ciento (o 157) de las personas encuestadas por Coyote RI dijeron que ahora aceptan clientes menos seguros para poder llegar a fin de mes. Sesenta y cinco por ciento (o 170) informaron que alguien había intentado amenazar, explotar u obtener servicios gratuitos de parte de ellas.

Ahora, con los sitios web cerrados, cada vez más trabajadoras sexuales con las que trabaja informan haber sido empujadas a situaciones peligrosas. Doroshow le dijo a Truthout sobre una mujer que fue violada, estrangulada y golpeada “y estuvo a una pulgada de perder su vida”. Sobrevivió, pero sigue obsesionada por el ataque.

Los cierres de sitios web también han afectado la organización por los derechos laborales. En la ciudad de Nueva York, una bailarina, que habló con Truthout de forma anónima, dijo que incluso antes de FOSTA, el miedo a ser despedida y puesta en la lista negra hizo que muchas strippers y bailarinas vacilaran en unirse a los esfuerzos organizativos para mejorar las condiciones laborales. En el club donde ella trabajaba, las bailarinas comenzaron a hablar sobre la necesidad de más seguridad para evitar que las bailarinas fueran atacadas sexualmente. También querían condiciones de club más limpias. “Nunca hablamos sobre huelgas o un sindicato”, aclaró. Aun así, el miedo a ser despedidas —y puestas en la lista negra entre los dueños de los clubes de la ciudad— hizo que muchas dudaran en presionar por sus demandas. Con la aprobación de FOSTA y la existencia de menos sitios web, las bailarinas ven menos opciones de trabajo si son incluidos en listas negras en represalia por organizarse. “Si no puedes bailar, ya no puedes simplemente poner un anuncio en línea”, dijo.

El cierre de los sitios web y la censura del contenido de las trabajadoras sexuales también significa que muchas recurren al trabajo sexual callejero. En Sacramento, DiAngelo señala que ha aumentado el número de trabajadoras sexuales en los tres paseos de la ciudad (áreas para el trabajo sexual callejero), incluidas las personas que tienen poca o ninguna experiencia trabajando en la calle. Participar en el trabajo sexual en la calle las obliga a hacer un juicio rápido sobre el peligro potencial de un posible cliente.

También aumenta la vulnerabilidad a los depredadores, incluido el acoso policial, la detención y la violencia. Muchas ciudades tienen ordenanzas contra el vagabundeo que se usan contra las trabajadoras sexuales de la calle, particularmente las mujeres de color. “A medida que se empuja a las personas para que salgan de Internet, las ciudades continúan aplicando ordenanzas contra el merodeo”, explicó Andrea Ritchie, abogada especializada en brutalidad policial y autora de Invisible No More: Police Violence Against Black Women and Women of Color. “Las trabajadoras sexuales están siendo detenidas y multadas a pesar de que la razón por la que hacen este trabajo es porque necesitan dinero. Esto solo las lleva al punto de mira del sistema legal penal y el ciclo rotativo de comisiones y multas”.

El trabajo sexual en la calle, con los riesgos que conlleva de detención y procesamiento judicial, también aumenta los riesgos de VIH e ITS. En algunas ciudades, la policía y los fiscales usan condones como prueba de prostitución, explicó Gentili, ahora subdirectora de asuntos públicos en GMHC (Gay Men’s Health Crisis). Aunque algunas ciudades, como Nueva York y San Francisco, han eliminado los condones como evidencia de la prostitución, Gentili señaló que las trabajadoras sexuales nuevas en la ciudad —o en el trabajo sexual callejero en la ciudad— pueden desconocer el cambio. “No saben que las leyes cambian y siguen saliendo sin condones”.

Al mismo tiempo, los servicios de apoyo y defensa se están desconectando y, por lo tanto, son cada vez menos accesibles para quienes más los necesitan. Gentili, que trabajó en organizaciones de prevención del VIH, explicó que ella y otros proveedores de servicios a menudo identificaban a las trabajadoras sexuales a través de sus anuncios en línea. A continuación, les enviaban correos electrónicos con información sobre la prevención del VIH, las pruebas y los servicios sociales y de salud. Además, señaló, “la mayoría de los sitios [con anuncios de trabajadoras sexuales] tenían muchos anuncios sobre la prevención de las ITS y el VIH”. Con estos sitios ya desaparecidos, quienes trabajan en torno a la prevención y el tratamiento del VIH deben encontrar otras formas de llegar a las personas que contituyen su objetivo.

La Alianza Desiree, que alberga la conferencia anual más grande del país para las trabajadoras sexuales, anunció la cancelación de su conferencia de 2019. La página de la conferencia explica: “Debido a la aprobación de SESTA / FOSTA, nuestras líderes decidieron que no podemos poner en riesgo a nuestra organización y a nuestras asistentes. ¡Esperamos que comprendáis nuestras graves preocupaciones y continuéis ofreciendo resistencia a todas las leyes que existen para dañar a las trabajadoras sexuales! ¡Seguid luchando!”

 

“Nueva Zelanda es un modelo importante”

En 2003, el Parlamento de Nueva Zelanda aprobó la Ley de Reforma de la Prostitución, que despenalizó el trabajo sexual y eliminó las detenciones y condenas anteriores por actos relacionados con el trabajo sexual. “Bajo este modelo, puede hacer trabajo sexual en cualquier entorno y no está penalizado”, explicó Sienna Baskin, ex codirectora del Proyecto de Trabajadoras Sexuales en el Urban Justice Center y ahora directora del NEO Anti-Trafficking Fund. Esto significa que las trabajadoras sexuales pueden trabajar legalmente desde sus hogares, en la calle, en un entorno colectivo o en Internet. La trata, sin embargo, sigue siendo un delito. Lo mismo ocurre con la promoción en la prostitución de un menor de edad, aunque si una persona menor de 18 años realiza trabajo sexual, no es detenida ni procesada. Básicamente, explicó Baskin, quien recibió una beca Fulbright para estudiar los resultados del modelo de despenalización de Nueva Zelanda, “uno no puede dañar a los demás y salirse con la suya”.

Baskin señala que es difícil decir si la despenalización resultó en una disminución de la violencia contra las trabajadoras sexuales, en gran parte debido a la falta de datos sobre las agresiones antes de la ley de 2003. Sin embargo, señaló, “la relación entre las trabajadoras sexuales y la policía se transformó por completo. La policía pasó de ser un enemigo potencial a convertirse en una fuente potencial de apoyo y seguridad.” Las trabajadoras sexuales pudieron denunciar incidentes de violencia sin temor a ser detenidas y sabiendo que sus denuncias serían investigadas.

“Nueva Zelanda es un modelo importante que deben entender todos en todo el mundo”, afirmó Baskin. “No resuelve los problemas de todos todo el tiempo, pero ha eliminado una fuente de daño y estigma”.

Sin embargo, advierte, la estructura política de los EE.UU. significa que la despenalización tendría que ocurrir Estado por Estado, del mismo modo que han entrado en vigencia el matrimonio homosexual o la legalización de la marihuana.

 

Las trabajadoras sexuales siguen luchando

Si bien las trabajadoras sexuales y sus aliadas y aliados han luchado durante mucho tiempo por sus derechos y seguridad, la ley federal ha galvanizado a más personas. “FOSTA politizó a mucha gente”, señaló Lola Balcon, una organizadora comunitaria para los derechos de las trabajadoras sexuales. Esa politización ha tomado muchas formas, desde mítines hasta activistas que informan puerta por puerta.

El 1 de junio, docenas de trabajadoras sexuales tomaron los pasillos del Congreso para hablar con sus representantes sobre el impacto de FOSTA en sus vidas y seguridad. “Hablamos sobre cómo estas leyes estaban impactando directamente a las comunidades marginadas, cómo las trabajadoras sexuales usaban Internet para mantenerse a salvo”, escribió más tarde Phoenix Calida en Motherboard / Vice. “Hablamos sobre cómo las trabajadoras sexuales usaban los sitios web para detectar clientes, y ahora no solo se había perdido esa opción, sino que era ilegal compartir nuestras listas de malas citas entre nosotras debido a cuán amplia e imprecisa es esta ley. Incluso los congresistas que sabían sobre el proyecto de ley parecieron sorprendidos al enterarse de que las prácticas de reducción de daños como repartir condones o enviar por correo electrónico los nombres de clientes peligrosos a otras trabajadoras sexuales pueden considerarse como delictivas “.

Al día siguiente, cientos de trabajadoras sexuales se trasladaron a las calles de la ciudad de Nueva York para conmemorar el Día Internacional de las Putas, el aniversario de la ocupación de las iglesias en Francia por las trabajadoras sexuales en 1975 y denunciar a SESTA / FOSTA.

Menos de dos semanas después, en una soleada tarde de sábado, 200 trabajadoras sexuales, defensoras y aliadas se saltaron el Desfile de Sirenas anual de la ciudad para reunirse en Dreamland, un lugar DIY de artes queer en Queens, en un ayuntamiento donde transmitieron sus preocupaciones al candidato al Congreso. Suraj Patel, quien estaba desafiando a la titular (y patrocinadora de FOSTA) Carolyn Maloney en las primarias demócratas. (Patel perdió por un 11 por ciento o aproximadamente 7.200 votos).

Sin desanimarse por la derrota de Patel y galvanizadas por la idea de que las trabajadoras sexuales pudieran actuar como una fuerza en las elecciones locales, muchas han desplazado sus energías para hacer campaña en favor de Julia Salazar, candidata por los Socialistas Democráticos de América (DSA) para el Senado del Estado de Nueva York. “El Senado estatal es donde partes de la despenalización del trabajo sexual a menudo se estancan”, reflexionó Balcon, quien ayudó a organizar a las trabajadoras sexuales para apoyar a Patel. El 1 de agosto, las organizadoras de las trabajadoras sexuales convocaron a una pizza party en la que Salazar se reunió con 150 trabajadoras sexuales y las escuchó. Más de la mitad de las asistentes se inscribieron para llamar a las puertas y hacer campaña por la candidata en su distrito norte de Brooklyn.

A nivel federal, FOSTA enfrenta su primer desafío legal. El 28 de junio, Woodhull Freedom Foundation, Human Rights Watch y el Internet Archive, junto con defensoras individuales de los derechos de las trabajadoras sexuales, presentaron una demanda federal que acusaba a FOSTA de violar las Enmiendas Primera y Quinta y solicitaba un mandato preliminar para evitar que la ley entre en efecto hasta que se decida la demanda. En una audiencia de amparo al mes siguiente, el juez federal Richard Leon no tomó ninguna decisión sobre la solicitud ni tampoco estableció una fecha sobre cuándo emitiría un fallo.

A medida que la demanda avanza por el tribunal federal, las trabajadoras sexuales y sus aliadas continúan organizándose y creando sus propias redes de seguridad financiera. Las trabajadoras sexuales y sus aliadas han organizado actividades de recaudación de fondos de emergencia para las más afectados por FOSTA. Una recaudación de fondos recaudó $ 17.000 en una noche. Pero, señaló Balcon, “no es un nuevo trabajo. No es una nueva oportunidad económica. Incluso si tuvieras diez veces el alivio que tienes ahora, no sería suficiente “.

Explicado de otra manera, dijo: “Digamos que el 90 por ciento de los trabajos mineros fueran eliminados mañana. ¿Serían suficientes donaciones de cinco cifras para compensar los trabajos perdidos?

A pesar de los estragos de la ley, Gentili sigue siendo optimista. “Veo a las trabajadoras sexuales totalmente comprometidas con organizarse”, reflexionó. “El trabajo sexual siempre ha estado bajo la sombra del estigma y la vergüenza. Entonces, ver a las trabajadoras sexuales uniéndose para encontrar soluciones en lugar de tener senadores que tomen decisiones por ellas es realmente importante “.