Nueve organizaciones europeas piden la despenalización del trabajo sexual en Malta

 

15 de marzo de 2021 Coordinador ICRSE

http://www.sexworkeurope.org/news/news-region/press-release-9-european-organisations-call-decriminalisation-sex-work-malta

 

Las trabajadoras sexuales en Malta necesitan la despenalización del trabajo sexual.

Declaración conjunta de ILGA Europe, Transgender Europe, la Organización Internacional de Jóvenes y Estudiantes Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Queer e Intersex, la Plataforma para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados, La Strada International, la Plataforma de ONG europeas contra la trata de personas, European AIDS Treament Group y el Comité Internacional sobre los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en Europa.

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Con esta declaración, nuestras organizaciones desean expresar nuestro apoyo al gobierno de Malta en su esfuerzo por desarrollar una reforma legal que garantice la protección de los derechos de las trabajadoras sexuales. Nuestras organizaciones, después de una cuidadosa consideración, consulta e investigación, apoyan de todo corazón la despenalización del trabajo sexual.

A nivel mundial, las trabajadoras sexuales y sus organizaciones exigen la despenalización, el derecho a la autodeterminación y la autoorganización. Nuestras organizaciones apoyan los principios de que las leyes y políticas que afectan a las comunidades marginadas deben desarrollarse con la participación significativa de esas comunidades, asegurando que se escuchen sus opiniones y se incluyan sus demandas.

Malta es reconocida mundialmente como un país líder en la protección de las personas LGBTI, una posición que se ha ganado legítimamente al escuchar y trabajar en estrecha colaboración con organizaciones LGBTI y miembros de la comunidad. Las trabajadoras sexuales son claras en sus demandas y estos deberían ser los principios rectores detrás de los actuales esfuerzos de reforma legal.

Las demandas de despenalización de las trabajadoras sexuales son compartidas por un gran número de organizaciones destacadas de derechos humanos, derechos de la mujer y salud pública (véase la lista en la nota a pie de página).

Esto está respaldado por evidencia académica y científica internacional de estudios globales e instituciones académicas como la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, The Lancet o el reciente proyecto SexHum.

La crisis actual de COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad crítica de comprometerse y escuchar a las comunidades y las partes interesadas de la salud pública y de implementar políticas que se basen tanto en evidencia científica como en estándares de derechos humanos.

Nuestro trabajo nos dice que sin excepción, las políticas que criminalizan a las trabajadoras sexuales, los migrantes y su trabajo u organizaciones que las apoyan, conducen a más, no menos, violencia y explotación. Este tipo de entornos represivos socavan constantemente el acceso a los servicios, el trabajo decente y la justicia, y provocan un aumento de las violaciones de los derechos humanos.

El impacto de la penalización de los clientes, conocido como modelo sueco, en las trabajadoras sexuales en países como Suecia, Noruega, Francia, Irlanda e Irlanda del Norte es inequívoco: las trabajadoras sexuales informan de una mayor precariedad y vulnerabilidad a la violencia y las enfermedades infecciosas (incluido el VIH), mientras que la confianza en las autoridades se ha desplomado. Mientras tanto, en países y estados donde el trabajo sexual está despenalizado, las trabajadoras sexuales reportan un mayor acceso a la protección legal. Ha mejorado su capacidad para ejercer otros derechos clave, como la justicia y la atención de la salud. La despenalización de las trabajadoras sexuales y su ocupación contribuye significativamente a su protección, dignidad e igualdad.

La evidencia es clara: solo la despenalización del trabajo sexual protegerá el bienestar y la dignidad de las trabajadoras sexuales.

 

NB – Lista de organizaciones internacionales que apoyan la despenalización del trabajo sexual:

The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), UNFPA, WHO, UNDP, the World Bank, Amnesty International, Médecins Du Monde, Human Rights Watch, the Global Commission on HIV and the Law, Open Society Foundations, the Global Network of People Living with HIV, the Global Action for Gay Men’s Health & Rights (MPact), the International Women’s Health Coalition, the Association for Women’s Rights in Development, the American Jewish World Service, the Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW), The Lancet, The Global Fund for Women, the Elton John AIDS Foundation, Frontline AIDS, the International Community of Women Living with HIV, Global Health Justice Partnership of the Yale Law School and Yale School of Public Health, STOPAIDS and ILGA World.

Libro sobre trabajo sexual revela la dura condición en que viven muchas mujeres –y niños– en Uruguay

“El ser detrás de una vagina productiva” se titula el libro que publicó en noviembre Karina Núñez, trabajadora sexual, activista contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y defensora de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual. La publicación incluye sus vivencias y las de otras 313 mujeres y mujeres trans de 15 departamentos que la autora entrevistó en los últimos años. Acá y allá las historias se repiten: las fragilidades, las dependencias, los abusos y la condena de una sociedad que, también en esto, muestra su hipocresía.

 

Escribe Amanda Muñoz en Nacional

26 de diciembre de 2017 ·

https://ladiaria.com.uy/articulo/2017/12/libro-sobre-trabajo-sexual-revela-la-dura-condicion-en-que-viven-muchas-mujeres-y-ninos-en-uruguay/

 

El dicho “a calzón quitado” es de Núñez y es citado en el prólogo por la trabajadora social Andrea Tuana, de la ONG El Paso. Así como Tuana, los otros tres comentaristas del libro –Nancy Penna, Pablo Nalerio y Susette Kok– destacan la sencillez y la sinceridad de Núñez al hablar, al dar talleres, al hablar con autoridades y denunciar situaciones de abuso. Tuana la conoció con profundas heridas causadas por una paliza que recibió –antes de haber sido dejada tirada en una cuneta– “por defender a gurisas explotadas sexualmente”. “La verdad no siempre quiere ser escuchada, la verdad es un problema muy grande para muchas personas”, expresa. Adentrándose en discusiones necesarias, Tuana escribe: “El consumo del sexo pago, la prostitución, el trabajo sexual, la explotación, el abolicionismo, el reglamentarismo, son asuntos pendientes en el debate, asuntos enormes, profundos y complejos en los que tendremos que posicionarnos. La realidad de muchas personas que están en el trabajo sexual hoy en nuestro país es extrema, inhumana, en algunos casos están en régimen de esclavitud. Hay mujeres que entran el viernes a la whiskería y salen el lunes sin un peso y algunas con deudas”.

La trama

El libro es breve. Tiene cuatro capítulos –Prostitución, Meretricio, Trabajo Sexual, Reduccionismo– y al comienzo de cada uno invita a los lectores a escribir qué significa para ellos cada término. Incluye punteos, tres cuentos y un glosario. Núñez empezó a escribirlo en 2008 y en 2015 se decidió a publicarlo, cuando ONU Mujeres propuso hacer una campaña de prevención contra la explotación sexual infantil. Entregó los materiales a organismos internacionales, pero nadie quiso publicarlo. Le decían que no partía de un marco conceptual, aunque los datos fueron usados luego por organismos nacionales, apunta. “El tabú más grande de ellos era que yo no era licenciada ni técnica ni doctora, era simplemente prostituta, más nada”, explicó en diálogo con la diaria. Finalmente, la ONG El Paso la ayudó para pagar la impresión; el libro fue presentado el 29 de noviembre en la Facultad de Psicología. “La tapa es enteramente blanca y con eso quiero significar lo que somos para el Estado: invisibles. Y lo que implica cuando el que consume sexo nos toma por primera vez: nos toma con inocencia, nos toma con la blancura y, a medida que nos va tocando, nos va ensuciando”, adelanta.

Etapas

El libro detalla las diferencias entre la prostitución, el meretricio y el trabajo sexual. Núñez define la prostitución como la etapa en la que se suele ingresar entre los nueve y los 14 años. Remarca que las niñas y adolescentes no cobran en ese momento, pero aceptan cosas a cambio –“drogas, entradas al baile, cigarrillos, paseos en auto o moto”– y, cuando las cuestionan, responden que están experimentando, que eligen con quién salir o que “es lo mismo que hace mamá”.

Núñez resumió así las diferencias entre las tres etapas: “Cuando arrancan siendo prostitutas, por lo general, niegan que sean prostitutas. En el estado de meretricio dicen: ‘Sí, soy puta, pero esa puta vale tanto’, pero aún no consiguen asociar el cuidado integral del cuerpo con el ejercicio de la prostitución; eso recién llega cuando llegan al tercer estadio”, es decir, cuando son trabajadoras sexuales. Esa tercera categoría es la que pauta la Ley 17.515, de Trabajo Sexual. Aprobada en 2002, la norma creó un registro nacional y estableció el requisito de tener un carné sanitario con los controles al día (“la libreta”).

Se refiere a la etapa de prostitución como el “período en el que seremos mayormente penetradas, desconociendo lo que significa nuestra sexualidad, por lo tanto, mayoritariamente no lograremos orgasmos o creeremos tenerlos”, y la fase “en la que contraemos la mayor cantidad de infecciones de transmisión sexual; nos realizamos la mayor cantidad de abortos clandestinos; tenemos la mayoría de nuestros hijos; hacemos un uso indiscriminado de la vagina, exponiéndonos a adquirir hábitos sexuales que no podremos dejar de lado a lo largo de la carrera, siendo los más peligrosos el no adoptar el uso del preservativo” y no negarse a “penetraciones dolorosas” que les acarrearán dolencias en el futuro.

Adicciones

Para la etapa de prostitución, “desde el advenimiento de la pasta base, he visto que es la primera forma que se usa para obtenerla, ya sea recibiendo el dinero para ir comprándola o relacionándonos con quien la está consumiendo para acceder a un ‘pipazo’ o ‘turbinazo’”. Describe que “el sexo es la llave para acceder al ‘mundo soñado’ (chupe, joda, etcétera) y lo disimulamos tontamente con la creencia de que somos valoradas por nuestra belleza, cosa que alimenta el ego y la estupidez a la hora de la prevención”.

Al referirse a la etapa de trabajo sexual, advierte: “Si tengo adicciones, soy presa fácil para la trata y el tráfico de personas, armas, drogas, y para las dueñas y encargadas de establecimientos o sitios a los que ocasionalmente asista a ofertar mis servicios, dado que se quedarán con el dinero que facture en esta condición”.

En la charla, Núñez remarcó que “el consumo y las adicciones son los dos factores relevantes de perpetuidad de la prostitución en cualquiera de sus formas”, y englobó así al consumismo. Respecto de las adicciones, afirmó que muchas veces los técnicos dicen que “tenemos que tratar el tema de la prostitución”, pero ella discrepa: “Cuando estás ante el consumo de drogas, la prostitución es lo de menos; lo que vos tenés cuando la persona está consumiendo algún tipo de droga es un problema mucho más profundo y existencial que el de alquilar su cuerpo. Esa persona está quebrada, no es porque sea prostituta, ya está quebrada desde antes; utiliza la prostitución para conseguir la mercancía, y tenés que tratarla como una persona con adicciones, no como prostituta”.

Consumir drogas es también una forma de resistir largas jornadas. El círculo se va cerrando para algunas. “El deterioro de las compañeras que consumen es atroz, sobre todo por los acotados tiempos en que mantienen los procesos de trabajo sexual, porque por lo general terminan siendo prostituidas en la calle de manera aberrante. Entre las que sobreviven, algunas quedan con secuelas y no pueden levantarse de una cama. Otras se autoeliminan”, lamentó.

Explotadores

Sobre el rol de los proxenetas, Núñez escribe: “En el caso de que seamos detectadas por proxenetas en esta etapa, no tendremos marcha atrás: seremos reclutadas para el negocio de la trata de personas, para lo cual transitaremos por momentos de maltrato físico, psicológico y emocional, por procesos que generarán un vínculo de amor-odio con mi explotador, lo que me impedirá denunciarlo o declarar en su contra en el caso de ser interrogada en algún proceso”. Enumera las formas que permiten liberarse de ellos. Una es por medio de las madres: dice que mayoritariamente intentarán rescatarlas las madres que no hayan ejercido la prostitución. Pero algunas dejarán que se las lleven porque “se están librando de una boca más que mantener”, y otras madres “serán nuestras proxenetas y nos entrenarán para no dejarnos engatusar por los varones”. El afecto familiar juega como protector: “Si mi familia no me juzga por lo que hago, no voy a necesitar buscar el afecto de otros afuera de mi círculo familiar”, escribe.

Capítulo aparte merecen los dueños de los locales. “Difiere dependiendo de la zona del país”, asegura. Señala que la mayoría de las dueñas de las whiskerías son ex trabajadoras sexuales, pero aclara que “son las caras visibles, porque los que están atrás de ellas por lo general son varones que han estado presos por prostitución y por explotación”. Núñez advierte que la dueña que es ex trabajadora sexual sabe cómo oprimir y sacar más rédito: “Te hace un préstamo de 200 pesos para cobrártelo a 500, o te dice que te paga una niñera y si un día no vas te dice que va a dejar a los gurises en la calle. O te dice que te paga el ómnibus y después te lo descuenta de las copas sin decirte nada. O te hace pagar la limpieza del local con copas de la casa, o te hace pagar orquestas”.

En el glosario define el concepto de “copa”: “Vaso con bebida que es solicitado al cliente por meretrices o trabajadoras sexuales en whiskerías y en bares clandestinos, por el cual debieran de recibir la mitad del dinero de la venta, cosa que no sucede así siempre, siendo el dueño quien se lleva la mayor parte”. Como no las pueden obligar a quedarse, hay veces en que los propietarios de las whiskerías “se quedan con tu libreta de trabajo sexual, y sin tu licencia no podés ir a ningún lado. Se ha denunciado, pero al ministro de Salud Pública no le interesa”, observó.

Tareas pendientes

En el relato, Núñez enfatiza el sufrimiento de los niños por la condena de la sociedad hacia el trabajo de sus madres, más presente en localidades chicas, donde todos se conocen. Pide “proteger a hijos e hijas de trabajadoras sexuales para que no los hagan cargar con las mochilas de las estigmatizaciones de sus madres, porque para los gurises es muchísimo más difícil concentrarse en el estudio, generar grupos de trabajo, mezclarse con la población si todo el mundo lo señala todo el tiempo como el hijo de la puta”. Para las mujeres tampoco es fácil: sienten “el estigma”, “no porque no te consuman, sino porque las reglas morales y el doble discurso pesa muchísimo”. “La falencia que tenemos las trabajadoras sexuales es la falta de respeto de las otras mujeres hacia nosotras; no nos respetan y no nos ven como mujeres iguales a ellas, no nos pueden llegar a percibir como personas, tienen todavía el patriarcado adentro y no les permite sacarnos la etiqueta de prostituta”, reprocha.

La educación está presente en el libro. Además de decir que la mujer que tenga mejores estudios tendrá más facilidad de zafar de la calle y acceder a clientes de estratos socioeconómicos altos, Núñez menciona el rol de la escuela para detectar cuándo un niño es explotado sexualmente. En el diálogo, pidió “sensibilizar a maestros y alumnos en que la prostitución no es una condición degradante, sino que es una condición de la que con ayuda todos pueden salir, y que el trabajo sexual es un trabajo”.

Núñez también pide modificar la Ley 17.515, que da a los ministerios de Salud Pública y del Interior las mayores atribuciones. Sostiene que el referente tiene que ser el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. “¿Vos siendo trabajadora tenés que ir a la comisaría a decir que te vas a mudar de trabajo? Nosotras sí. ¿Y eso por qué, si no estamos haciendo nada malo?”, cuestionó. Además reclama crear policlínicas integrales y no específicas para trabajadoras sexuales, y cambiar la libreta por “un carné de salud extendido, que no tengamos que estar yendo a un lugar específico que todo el mundo sepa que ahí a donde hay que ir es por el trabajo sexual, y que vayamos y tengamos un médico de cabecera, que lo podamos elegir, y que esto se pueda llevar adelante por cualquiera de los prestadores de salud”. La normativa pauta controles mensuales, bimensuales y trimestrales; según Núñez, estos estudios sólo pueden hacerse en las capitales departamentales, porque en el interior profundo “depende de la voluntad de la enfermera”.

Núñez se refiere al trabajo sexual como una profesión y no cree que sea realista abolirla. Sí está a favor de que se den las condiciones para que quienes quieran zafar de este trabajo puedan hacerlo. “El tema es que cuando están decididas realmente a salir, no tienen un contexto que las ayude a mantenerse, por eso de los estigmas. O si no, salís a una edad en la que no le dan laburo a nadie: venís a salir a los 45, 50 años del círculo de la prostitución, pero a los 50 a cualquier persona que haya estudiado se le hace difícil conseguir un trabajo, y más a alguien que no tuvo una historia laboral excepto la del trabajo sexual”. Reclamó, también, bajar los años de jubilación para las trabajadoras sexuales y permitirles el retiro de aquellas que tengan más de 30 años de actividad.

 


Presentación del Libro “El Ser detrás de una vagina productiva”

3 de junio de 2018

Cómo se regula el trabajo sexual en Uruguay y qué puede aportar al debate argentino

Mientras en nuestro país la puja entre regulacionistas y abolicionistas no se zanja, desde 2002, del otro lado del charco existe una ley que reconoce la actividad y asegura derechos a quienes la ejercen. En esta nota referentes del tema cuentan los avances en la experiencia uruguaya a partir de esta norma y las actualizaciones que urge implementar.

 

Por Ariana Budasoff

25 de noviembre de 2020

Cómo se regula el trabajo sexual en Uruguay y qué puede aportar al debate argentino

 

“A partir de hoy, 29 de Noviembre de 2017, te estoy invitando a reducir tu lectura de los materiales de estudio que definen a la prostitución y cambiarlos por un charla con cualquiera de las personas que la ejercemos, porque cada una de nosotras tiene su propia teoría vivencial y ninguna de nuestras teorías están escritas en los textos que consultas”.

Así inicia un capítulo de su libro, El ser detrás de una vagina productiva, Karina Núñez: trabajadora sexual uruguaya, activista contra la trata de personas, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y defensora de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual —aunque en una entrevista advierte que esta denominación responde a la mera costumbre de ponerle etiquetas a todo: “Los que ponen ‘activista’ son ustedes. Yo soy Karina”—. La obra, que incluye sus experiencias y las de otras 300 mujeres cis y trans, es una muestra de las realidades que viven las trabajadoras sexuales uruguayas. Un oficio que si bien allí está regulado desde 2002, sigue expuesto a múltiples vulneraciones.

A diferencia de nuestro vecino cruzando el charco, en Argentina las trabajadoras sexuales siguen ejerciendo en un terreno confuso a nivel legal: sin prohibición ni regulación. Y la cinchada entre abolicionistas —quienes piensan que el trabajo sexual no es una elección y que quienes lo ejercen son víctimas de proxenetas y redes de trata por tanto debe prohibirse— y regulacionistas —quienes creen que muchas trabajadoras sí escogen libremente ese oficio, que es uno como cualquier otro, y por tanto debe ser regulado—, parece no tener fin. En ese sentido, quizás el caso uruguayo y su lucha actual, con una postura intermedia que contempla a todas las trabajadoras, pueda ser tomado como ejemplo.

Karina Núñez tiene 46 años, es de Fray Bentos, y dice cosas como: “Yo desde los 12 años que ando en la vuelta” o “yo me he domesticado un poco ahora”. Y dice, por las mujeres gracias a las que empezó su lucha, algo que se parece al título de su libro: “Ellas vieron en mí el ser humano más allá de la profesión, y no me cuestionaron por qué estaba ahí, me guiaron y acompañaron en el proceso de visibilización por fuera de esa estructura de opresión”.

Ella pelea por una actualización de la ley que regula su oficio.

Foto del libro El ser detrás de una vagina productiva, publicado en 2017.

La ley que supieron conseguir

La Ley 17.515 de Trabajo Sexual del Gobierno uruguayo intentó poner un marco normativo al oficio más antiguo —y quizás en el que se cometen más abusos— de la humanidad. Entre otras cosas, esta medida creó un Registro Nacional del Trabajo Sexual en el que aquellas personas que lo ejercen deben anotarse y completar formularios, presentar análisis y estudios que acrediten que están libres de enfermedades de transmisión sexual para recibir, luego, un carné habilitante. Y, desde 2010, todas las trabajadoras sexuales registradas y habilitadas realizan aportes para su jubilación.

Sin embargo, la ley tiene varios agujeros que, a casi dos décadas de haber sido sancionada, las trabajadoras reclaman enmendar con urgencia. Es por eso que Núñez, el 1° de mayo de 2018, hizo una convocatoria en sus redes sociales invitando a sus compañeras a sumarse a luchar para modificar la ley. Así nació la Organización de Trabajadoras Sexuales (O.TRA.S), desde donde están reclamando reformas en la normativa.

“Cuando las compañeras de la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (AMEPU) empezaron a escribir la ley, estábamos saliendo de la dictadura cívico militar que duró de 1972 a 1985. En ese entonces las compañeras eran encarceladas por el simple hecho de ser trabajadoras sexuales. De ahí a que consiguieron llevarla al parlamento pasaron algunos años”, cuenta Núñez.

Y explica que un logro que obtuvieron con la aplicación de la norma en aquel contexto histórico fue, justamente, que dejaran de detenerlas por ejercer el trabajo sexual. “Y, en el auge de la pandemia del VIH, a las compañeras se les dio la herramienta que sigue siendo la única real para la prevención del virus, que son los preservativos. Hasta entonces los tenían solo las personas que podían comprárselos”, dice.

La trabajadora social uruguaya, investigadora y docente feminista, Andrea Tuana, quien también dirige la Asociación Civil El Paso, que lucha contra el abuso y la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres y contra la violencia de género, señala que la ley marcó un punto de inflexión cuando fue sancionada: “Fue importante para reconocer la realidad de las trabajadoras sexuales en cuanto a la existencia de un oficio que socialmente era considerado como una práctica abyecta, necesaria pero indeseable. Y quienes ofertaban servicios para esa práctica eran personas totalmente estigmatizadas, excluidas, invisibilizadas, no dignas de que la sociedad se ocupe de ellas”.

“Partíamos de un piso —continúa— en el que a las mujeres en ejercicio o en condición de prostitución se les podía hacer cualquier cosa. Entonces, la ley, lo que pretendió fue lograr un reconocimiento de esa práctica e intentar colocar un mínimo de marco regulatorio. Mínimo: ‘Señor, usted no puede hacer cualquier cosa, no puede violar a una trabajadora sexual’, más allá de que eso siempre estuvo penalizado, pero obviamente nadie lo tomaba en cuenta. Así llegamos a esa ley que tenemos hoy”.

El periodista y escritor uruguayo César Bianchi (que en 2008 publicó Mujeres bonitas, una investigación con 14 historias de vida de prostitutas uruguayas) coincide en que la ley tuvo bondades como “poner el tema en el tapete y darles visibilidad [a las trabajadoras]; que haya un registro de trabajadoras sexuales y que el Ministerio de Salud Pública esté encima de su salud y les den las herramientas de trabajo. Que deje de ser un tema tabú y que por fin puedan empezar a aportar para su jubilación”. Aunque señala, “que eso llega tardísimo”. Y que la norma tiene “puntos negros bastante claros”.

¿Puntos fuertes? de la ley

El hecho de que aquellas trabajadoras registradas tengan un carnet o libreta habilitante y para obtenerlo deban hacerse controles médicos que les garanticen un buen estado de salud, aunque se lee como una medida progresista, es un punto ambiguo según explican las referentes y el periodista.

“La ley tiene una regulación epidemiológica, jurídica y punitivista, porque si no cumplen determinados requisitos son castigadas o multadas —dice Bianchi—. Por ejemplo: hasta 2015, si vivían en alguna localidad del país y querían ir a trabajar a otra pero no avisaban que se iban a mudar, podían ser detenidas. Eso muestra las falencias de la norma porque si una trabajadora tenía la necesidad de ir a otro lado porque le dijeron que había más trabajo y no avisaba a la comisaría o daba cuenta de que se había mudado podía ir presa”.

Karina Núñez

“También está el aspecto sanitario —agrega—: cada 6 meses en Montevideo y una vez por mes en el interior, tienen que ir al médico y sacarse sangre y regularizar el carnet de salud para descartar que no tengas sífilis, VIH, ni ninguna enfermedad que se transmita por el ejercicio de su trabajo. No les queda claro ni les convence la distinción de la capital con el interior”.

Además de esto, explica que la ley actual indica que las trabajadoras sexuales solo pueden ejercer en espacios habilitados por el Ministerio del Interior o las intendencias, esto las limita a ofrecer servicios o emplearse en whiskerías y casas de masajes, que son, explicarán Núñez y Tuana, negocios cooptados por proxenetas que terminan explotándolas. La norma no les permite trabajar en las calles, rutas o plazas. Lo que les quita autonomía y, en muchos casos, las devuelve a la clandestinidad.

“Creo que demasiados requisitos hacen que terminen trabajando en negro —opina Bianchi— . Si bien no les conviene porque no aportan para su jubilación, al no registrarse no son revisadas constantemente ni están bajo la lupa del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud Pública, o de las intendencias”.

Por estos motivos, en algunos casos, y por desconocimiento de la existencia de la ley y sus herramientas, en otros, muchas de las trabajadoras sexuales no se registran ni obtienen el carnet habilitante.

Aún con sus falencias, para Andrea Tuana registrarse implica cierto respaldo estatal: “Tener la libreta las coloca en un carril que indica que existe una legislación. Quienes no la tienen siguen quedando en ese otro lugar que es el no lugar en definitiva, es el lugar del desprecio, del estigma. Que no digo que las que tienen libreta no lo sufran, pero me parece que ahí hay una sensación de que existe un Estado que está respaldando esta actividad”, dice.

Y sigue: “Lo que sucede es que el tipo de exigencias que genera son totalmente desproporcionadas. Son exigencias para las trabajadoras sexuales y no para los clientes. El fuerte de esta ley es lo sanitario y la seguridad, porque es el Ministerio del Interior, es la Policía, la que regula la actividad, y no el Ministerio de Trabajo. Y lo sanitarista porque obligan a las trabajadoras a hacerse determinados exámenes en los que no interesa su salud integral y sus derechos a la salud sexual, si no que no estén esparciendo enfermedades. Esta es de las críticas más fuertes que le hacemos a la ley”.

Karina Nuñez, respecto a esto, añade: “Para ellos [los médicos] nosotras no somos sujetas que merecemos ser cuidadas”.

Otro punto ambiguo, explican, es el de la seguridad social, porque si bien desde 2010 las trabajadoras pueden aportar para su jubilación, la ley no es retroactiva, con lo cual una trabajadora sexual de 60 o 70 años solo lleva aportando una década, mientras tiene quizás otros 40 años de trabajo que no le son reconocidos.

Las demandas de actualización solicitadas

“Básicamente queremos que la ley empiece a tener en cuenta las necesidades de las mujeres en esta época. Las reivindicaciones que tienen el común de las mujeres de cualquier tipo de profesión están mucho más avanzadas que las nuestras, entonces pedimos que se nos equipare. Por ejemplo: no puede ser que nosotras quedemos con un prontuario prostitutivo de por vida como si fuéramos delincuentes”.

Núñez se refiere al Registro de Trabajo Sexual. Explica que al ser incluida allí, como está bajo la órbita del Ministerio del Interior, cada vez que debe hacer algún trámite cotidiano lo primero que salta a un lado de su cédula es que es trabajadora sexual. Y que ese registro, no caduca nunca, aunque ya no se esté en ejercicio sigue apareciendo como si fuese un antecedente penal condenatorio. Por este motivo, una de las cosas que piden es que la regulación de la actividad pase al Ministerio de Trabajo, como cualquier otro tipo de profesión.

También piden autonomía para trabajar, que no sea necesario notificar a la policía cada vez que se van a otra localidad. Según Nuñez, en un principio, esta exigencia estaba dada para que el Estado, al saber constantemente dónde estaba cada trabajadora, pudiera combatir la trata de personas. Pero dice que no funciona.

Otra de las demandas es que se elimine la cláusula que las liga únicamente a whiskerías, bares y prostíbulos.

Andrea Tuana completa, respecto a este punto, que estos espacios “funcionan como si fuesen empresas autónomas que no tienen nada que ver con las trabajadoras sexuales pero en realidad sus dueños son empresarios que las explotan y se manejan como los dueños de sus vidas”. “Entonces queremos que esta ley promueva posibilidades de autogestión — dice— , de arreglos colectivos entre ellas, que genere alternativas para aquellas mujeres que deseen salir del ejercicio prostitucional. Pero alternativas de verdad. Que realmente sea una posibilidad la salida”, enfatiza.

También piden que el Estado les brinde capacitaciones laborales para que aquellas que deseen dejar el trabajo sexual puedan hacerlo —según el Diagnóstico sobre Trabajo Sexual en Montevideo, el 92% de las mujeres que lo ejerce afirmó que quería dedicarse a otra cosa—; que se generen derechos como licencia por maternidad, por enfermedad; y distintas prestaciones sociales para ellas, sus hijos e hijas. “Para prevenir lo que sucedió con la pandemia, en la que quedaron totalmente colgadas de un hilo, cuando ni siquiera fueron reconocidas por la seguridad social del país. Ni las que no tenían libreta ni las que tenían”, dice Tuana.

Demandan también una amnistía tributaria para aquellas trabajadoras que aún con 65 años están todavía ejerciendo la profesión. “Porque si no, las compañeras tienen que pagar millones de pesos al Banco de Previsión Social (BPS) —es el instituto de seguridad social estatal de Uruguay— para que comience a pagarles una pensión. O sino quedarse con más de 70 años viviendo en las whiskerías porque no tienen con qué pagarse un alquiler”, dice Núñez.

Ni abolicionismo ni regulacionismo: reduccionismo

“Si reducimos el tiempo en que las compañeras se encuentran en éstas prácticas reduciremos las posibilidades de que lo naturalicen a sus generaciones siguientes y les sacamos la carne del cañón a los solicitantes de servicios sexuales que no son clientes y a los dueños de los locales de oferta de servicios que el Estado ampara actualmente con la Ley 17.515”, sigue Karina en el capítulo de su libro en el que explica el reduccionismo.

“No nos concentramos en por qué llega esa mujer al trabajo sexual si no en que no esté mucho tiempo ahí. Porque eso va a ayudar a que no lo naturalice y a que no generen cadenas prostitutivas”, explica ahora al otro lado del teléfono. Reducir tiempo. Reducir daños. En eso se basa su postura.

“Y es así porque a eso yo lo viví”, dice. Su bisabuela, su abuela y su madre fueron prostitutas. Sus hijas son las primeras en cortar la cadena. Una de ellas, de hecho, es la primera de su familia en ingresar a la universidad.

Núñez dice que está trabajando para no llegar a la vejez, como su madre y su abuela, en el ejercicio del trabajo sexual y concluye con una reflexión luminosa: “Si pudieras llegar en la mejor de las condiciones a hacer el trabajo en el que te sientas cómoda, bien, hacelo y rehacelo. Pero si llegás en las peores condiciones en un trabajo en el que no tenés otra alternativa más que hacerlo porque de eso depende tu día a día, no está bueno. Pero no está bueno si sos trabajadora sexual, si sos empleada metalúrgica, o escribana. Porque si bien el estigma nos pesa a nosotras, a las trabajadoras sexuales nos vulneran las mismas vulneraciones que al resto de las mujeres de bien”.

Por eso busca una ley que dignifique, proteja y brinde mejores condiciones a quienes estén en el ejercicio del trabajo sexual y, a la vez, ofrezca herramientas para que, las que deseen dedicarse a otra cosa, puedan hacerlo lo más rápido posible. Una ley que las contemple a todas.

Es optimista respecto a que sus reclamos lleguen al parlamento y las modificaciones de la ley se debatan. Hace dos meses las recibió Beatriz Argimón, vicepresidenta uruguaya, en el Palacio Legislativo. Esto, asegura, sienta un precedente. Tienen fe que sus pedidos y reivindicaciones serán tratadas pronto. Hasta tanto, seguirá adelante: “Pa’ atrás ni pa’ tomar impulso”, dice.

 

La prostituta que entierra a las transexuales en México

Kenya Cuevas es expresidiaria, portadora del VIH y una reconocida activista defensora de los derechos de la comunidad LGTBI en su país

 

Kenya Cuevas fundó la organización Casa de Muñecas Tiresias para apoyar a la comunidad trans en México. Armando Juárez

 

Por Andrea Jimenez

México, 14 de septiembre de 2018

https://elpais.com/elpais/2018/09/04/planeta_futuro/1536055136_851307.html?rel=mas

 

Kenya Cuevas se metió a puta el mismo día que decidió su transición a mujer. Por aquellos años, en la Plaza de la Solidaridad en la Alameda Central de Ciudad de México, había un campamento de niños de la calle que ella conocía bien. “Los clientes lo frecuentaban porque sabían que podían obtener sexo de menores. No existía el protocolo que las autoridades tienen montado ahora”.

Se subió a un coche y pidió ayuda para escaparse de casa. “Mi primer cliente me acercó a recoger mis cosas y me llevó hasta un hotel donde residían algunas prostitutas. Cuando me desperté rodeada de mujeres trans, tan hermosas con sus pelucas, me dije: ¡Ay, qué padre, yo quiero ser como ellas”. Esa misma noche ya estaba haciendo la calle en la Avenida de Insurgentes. Tenía nueve años.

Cuevas es hoy una de las mayores activistas a favor de los derechos de la comunidad trans en México, el segundo país con más violencia por transfobia después de Brasil. “¡Se ensañan con nosotras! Solo en este pasado mes de agosto se cometieron 12 asesinatos”, clama. Comprobar esta cifra resulta una odisea. En México, los transfeminicidios no están tipificados por las autoridades. “De hecho, muchos de los casos se registran como homicidios de hombres. Los crímenes de odio no entran en las estadísticas”.

Según el Centro de Apoyo a las Identidades Trans A. C , asociación que lleva desde el 2007 documentando el asesinato de mujeres trans en México, durante el periodo de junio a agosto de 2018 se contabilizaron 17 muertes. Dos más de las identificadas en el último trimestre por Letra S, organización civil dedicada a la difusión de información y a la defensa de los Derechos Humanos, que en lo que va de año ha registrado 33 casos.

La última víctima fue asesinada a balazos el pasado 28 de agosto en las calles de Guadalajara. Pocas semanas antes, la ONU se había pronunciado ante el caso de Alaska Contreras, Reina Gay 2018, de un municipio de Veracruz, cuyo cuerpo apareció con señas de tortura y un alambre de púas enredado al cuello.

Al conocer la noticia, Cuevas contactó con distintos colectivos y organizaciones civiles de la comunidad trans y convocó a los medios a una rueda de prensa para pronunciarse ante la ola de crímenes de odio por identidad de género bajo el lema #NiUnaMás .

Su reivindicación contra los transfeminicidios comienza en 2016, el día que mataron a su amiga Paola, quien había subido al coche de un cliente ante la mirada de Cuevas. A escasos metros, el auto paró y ella escuchó como su amiga la llamaba a gritos. Cuando se acercó a socorrerla, se encontró al hombre con un arma en la mano y a Paola en el asiento de atrás agonizando.


Su reivindicación contra los transfeminicidios comienza en 2016, el día que mataron a su amiga Paola


Cuevas pudo ver la cara del asesino y mirarlo a los ojos, pero el equipo fiscal que se hizo cargo del caso la descartó como testigo de la investigación y concluyó que no había pruebas suficientes para inculparlo. “Yo estaba ahí, pero me pusieron como curiosa del lugar, sin la calidad de testigo ni de víctima indirecta”. La familia no quiso hacerse responsable del cuerpo así que Cuevas y sus amigas organizaron un funeral con el ataúd abierto donde no faltaron la fiesta ni los invitados.

El rostro de Cuevas saltó a los medios a los dos días, cuando decidió transportar junto a otras compañeras el cadáver de su amiga por el mismo lugar donde ocurrió el crimen, y colapsó con una carroza funeraria una de las principales avenidas de Ciudad de México. “Yo ya lo he hecho todo, he parado el tráfico, he cerrado locales, catedrales… Todo para exigir justicia a las autoridades”.

El asesino estuvo preso 48 horas y lo soltaron. Casi dos años después, Paola sigue enterrada, Cuevas amenazada de muerte y el sujeto en la calle. “Ahora tiene orden de detención, pero mientras no la ejecuten, no se puede avanzar en la carpeta”.

Cuevas había grabado un vídeo de los últimos minutos de su amiga con vida que envió a los medios. Tras la exposición mediática, la Fiscalía de Homicidios recomendó medidas cautelares, pero fueron ignoradas por ser ella una trabajadora sexual. Finalmente, gracias a la presión de organizaciones defensoras de los derechos humanos, la Secretaría de Seguridad Pública la reconoció finalmente como víctima indirecta, coincidiendo el proceso con su trámite de cambio de género, a finales del 2016. “Cuando reclamé la protección que me habían prometido, la respuesta de los oficiales fue que a ellos les habían mandado cuidar a un tal Jorge Armando y que no tenían ni idea de quién era Kenya”. Este nombre se lo puso en honor a una compañera de primaría que sabía que le gustaban los chicos y la defendía de los otros niños. “Me prometí que cuando fuera grande, me llamaría así en su memoria”

Cuevas fundó Casa de Muñecas Tiresias que, entre otras actividades, ofrece servicios de salud especializados en enfermedades de transmisión sexual (ETS) y VIH, con el que ella lleva viviendo 24 años. Armando Juárez

En la actualidad, dos guardaespaldas siguen a Cuevas, y no a Jorge Armando, como sus sombras siempre que no salga de Ciudad de México. “Vivo fuera de la capital y voy y vengo todos los días, así que cuando viajo a mi domicilio lo hago con el pulsador de pánico, un dispositivo de teléfono con GPS que tiene un botón de servicio de emergencia”. En enero de 2017, recibió las primeras amenazas por medio de WhatsApp. Días después, le llegó a su casa una corona de muerto con su nombre. “Un día, me escribió que me iba a matar como a un perro, como mató a Paola”.

“El miedo no cesa, siempre va a estar ahí, pero aprendes a vivir con él. Lo bueno es que creo que lo he sabido transformar un poquito en fuerza para seguir defendiendo la visibilidad y los derechos de la comunidad trans, una población que siempre ha estado discriminada”. Hace tan solos unos meses fundó Casa de Muñecas Tiresias, una organización que trabaja con comunidades vulnerables, personas con adicciones, en situación de calle, con VIH y prostitutas. “Ni la hemos inaugurado oficialmente y ya tenemos la agenda saturada”.

Se pasean por los barrios más conflictivos dando charlas para visibilizar su causa y ofrecen acompañamiento para el cambio de identidad. “Un trámite que ahora mismo es bastante rápido, aunque solo cuatro Estados de los 12 pueden hacerlo. Nosotros ofrecemos los servicios gratis”.

“Otra cosa que hacemos es dar asistencia a quien no cuenta con familia después de muerta. Desde pedir el cuerpo hasta identificarlo; las ponemos guapas, las velamos y las enterramos”. Casa de Muñecas Tiresias asume la responsabilidad de dar seguimiento a la dignidad postmuerte. “Cuando me llaman para decirme que fulanita murió, en seguida me dirijo a la delegación correspondiente y ya no pregunto ni a quién ni nada, solo digo que vengo a por mi compañera”.

Todos los gastos de la funeraria corren a cuenta de su bolsillo. “Es un dinero que no tenemos, a mí a veces ni me alcanza para comer, pero al final lo conseguimos sacar adelante. Convoco a gente y siempre aparece alguien con café o con flores; uno aporta 500 pesos, otra que dona 20. ¡Y al final se junta la lana!”. Una vez solo le quedaba una hora para que los servicios retiraran el cuerpo y a ella le faltaban todavía 6.000 pesos (unos 300 euros) por liquidar. “Pues el dinero se recolectó 10 minutos antes y conseguimos pagarlo. ¡Dios bendice cuando la voluntad es buena!”.

Su trabajo le ha hecho ganarse un lugar especial en los distintos colectivos para los que trabaja. “Si te enfermas, Kenya te cuida; si te mueres, te entierra. Se siente bonito hacerlo, pero son muchas responsabilidades”. En el barrio la llaman Mama Kenya. “Y hasta me han pedido autógrafos en Acapulco”.

En solo dos años, Cuevas ha realizado el reconocimiento de 12 cuerpos mutilados. “Es una actividad de mi trabajo a la que no puedo acostumbrarme. Deseas que no vuelva a pasar, pero yo no pienso las cosas, las hago. Y cuando las haces bien, el universo te las regresa”. La organización también ofrece ayuda para servicios de salud especializados en enfermedades de transmisión sexual (ETS) y VIH, con el que ella lleva viviendo 24 años.

“Empecé llevando pruebas de detección a los lugares de trabajo de prostitutas. Las chicas sabían que estaban infectadas, pero no sabían cómo proceder, así que yo les ayudaba con los documentos oficiales para acceso a la salud y las acompañaba. Es que una se siente muy sola cuando se entera de que tiene VIH. Yo solo tenía 12 años cuando supe que estaba infectada. ¡Y qué miedo sentí! Porque yo estaba muy chiquita… Me salí a los nueve años de mi casa y me infecté a los 12”.

Fue en la cárcel de Santa Marta, en la que estuvo presa 10 años, donde nace su activismo. “La policía entró al picadero donde compraba la droga, la vendedora les dio un porcentaje de dinero de la venta. ¡Y claro, me agarraron a la inocente de mí!”.


Los políticos y la ciudadanía mexicana.piensan que nosotras somos hombres gais  ¡Ni siquiera identifican cada sigla de la comunidad!


En prisión la metieron en el dormitorio 10, donde aislaban a los enfermos por VIH, y Cuevas veía como sus compañeros se morían sin visitas ni atenciones. “Teníamos un servicio médico, pero era deplorable, te dejaban en una cama. Así que yo iba a visitarles, los bañaba, les daba de comer, les llevaba los medicamentos y les contaba chistes”. Algunos consiguieron levantarse y salir de aquel dormitorio, muchos otros se murieron en sus brazos. “Porque las personas con VIH se morían, no había tratamientos adecuados, nos daban uno general para todos sin considerar las distintas cargas virales, sin considerar que se podrían crear cepas resistentes. Mataban a la gente”.

Entonces Cuevas, sin el apoyo de un abogado ni soporte familiar, denunció al centro penitenciario. “Me fui defendiendo hasta reducir mis años en prisión, yo solita, sin ninguna ayuda salí de la penitenciaría”. Recupera la libertad y se aferra al activismo como forma de vida.

Hace unas semanas, se reunió con la Secretaría de Desarrollo Social del nuevo Gobierno para organizar mesas de trabajo de escucha abierta. “Esto del tema trans es nuevo para los políticos y la ciudadanía mexicana. La gente piensa que nosotras somos hombres gais, y no tenemos nada que ver con nuestros hermanos. ¡Ni siquiera identifican cada sigla de la comunidad!”.

También ha dado los primeros pasos con la Secretaría de Educación, para acercar a la comunidad LGBTTTI (lesbianas, gais, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero e intersexuales) desde los testimonios de vida y desde los problemas que enfrentan, y se generen protocolos adecuados de integración e inclusión. “Hay que empezar por la educación. Cuando una decide hacer la transición, está en primaria o secundaria. Es entonces cuando empiezan a violentar tus primeros derechos. Te prohíben el derecho a estudiar por el hecho de ser diferente.”

Con el apoyo de los voluntarios y amigos que le ayudan a sacar adelante el trabajo de Casa de Muñecas Tiresias, Cuevas confía en que su proyecto se consolide como una organización nacional en pocos años y ella pueda contar con los recursos suficientes para dejar de ejercer la prostitución. “De momento, no tengo otra forma de salir adelante, necesito la lana”.

El año pasado empezó a trabajar en un documental sobre la vida de Paola, con la que compartió ochos años de calle y de amistad. A principios del rodaje, se filmó una escena a modo de destino fatal en la Cuevas se adentraba en un mar revuelto. ”Como si la metáfora de mi vida fuera que la oscuridad me absorbiera y desapareciera en ella. Yo he sentido rencor y odio contra todo, pero todo inicia desde el perdón, cuando entendí que algunos sentimientos solo oscurecen el alma y te arrebatan la felicidad, pude reconstruirme desde cero”.

Ha convencido a la directora para que le deje grabar una escena en la que aparezca “muy guapa y con un vestido blanco”. Cuevas se quedó viuda hace cuatro años, cuando la pareja con la que llevaba más de una década y que conoció en la cárcel, murió de sida. “La verdad es que yo he sufrido mucho, pero ya estoy en paz con el universo, ya no existe oscuridad en mi vida. Por eso, cuando me muera, quiero que me vistan de novia, toda de blanco”.

 

Ser prostituta en Rusia, una vida clandestina y llena de abusos

 

Agence France Presse

5 de marzo de 2017

https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/article136628643.html

 

Una foto tomada el 20 de enero de 2017 muestra a prostitutas rusas descansando en la cocina de un burdel ilegal en San Petersburgo. OLGA MALTSEVA AFP/Getty Images
San Petersburgo

 

Vladimir Putin elogió, con sarcasmo, a las prostitutas rusas “como las mejores del mundo”, pero obvió decir que están obligadas a trabajar en la clandestinidad y la indiferencia en un país que casi siempre ignora sus denuncias.

“Las prostitutas rusas son parias absolutas, no tienen ninguna posibilidad real de defenderse”, resume con amargura Irina Maslova, fundadora de la única asociación del país que ayuda a estas mujeres, “La rosa plateada”.

La prostitución es ilegal en Rusia, donde puede sancionarse con una multa simbólica de 1.500 rublos (alrededor de 23 euros).

Según los defensores de los derechos de las prostitutas, la policía se apoya a veces en esta prohibición para no investigar los abusos contra ellas.

“Los policías se niegan a registrar las denuncias de las chicas sobre las agresiones a las que las someten los clientes. Y con frecuencia les abren un expediente por prostitución en lugar de defenderlas”, explica Maslova.

Las agresiones, las extorsiones y las amenazas de revelar su actividad a sus familias son moneda corriente, lamenta.

Irina habla con conocimiento de causa. Esta esbelta rubia cuadragenaria fue prostituta durante seis años en San Petersburgo hasta que en 2003 comenzó a militar por los derechos de las trabajadoras sexuales.

Intenta, por ahora en vano, crear “un sindicato de trabajadoras sexuales” en Rusia porque está convencida de que es la única forma de acabar con los abusos. Pero “nos contestan oficialmente que este oficio no existe”.

En San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia, entre 4.000 y 6.000 mujeres viven de la prostitución, según diversas estimaciones. Sólo el 10% de ellas ejercen en la calle; la mayoría lo hace en salas clandestinas: apartamentos compartidos, con una secretaria que contesta al teléfono y un guardia a la entrada.

En la época de la Unión Soviética, la prostitución no existía oficialmente. Empezó a verse en las calles de Moscú en los años 1990. Y desde el comienzo de los años 2000 se lleva a cabo en locales ilegales, a menudo bajo “la protección” de policías corruptos.

Promocionan su actividad pegando pequeños anuncios en los muros de los edificios, en las paradas de autobuses y en otros lugares. Prometen “pasar un buen rato”.

En teoría los proxenetas se exponen a hasta tres años de cárcel pero pocas veces se concreta ante la dificultad de trazar el dinero de los servicios de las prostitutas.

“El perfil es muy variado”, explica Reguina Ajmetzianova, una militante de la asociación “La rosa plateada”. “Hay estudiantes, mujeres divorciadas, incluso amas de casa. Su marido no está al corriente o dice no estarlo”.

Por la noche, Reguina acude a estos locales clandestinos para distribuir preservativos y proponer pruebas de detección del virus VIH a las prostitutas.

Y es que la enfermedad causa estragos en el país, con más de 103.000 nuevos casos registrados en 2016, un alza de 5% en un año.

Llama a una puerta en la sexta planta de un gran edificio de estilo estalinista del sur de San Petersburgo. Una rubia treintañera le abre y le da la bienvenida con una sonrisa. Regina la llamó por teléfono para avisarle de su visita.

“Vaya a la cocina. Nadia trabaja, Nastia y Madina están allí”, dice la rubia. Se llama Inna y es la administradora del local.

Nastia, de 31 años, y Madina, de 20, beben té. Encima de un minicamisón sexi, visten una camiseta.

Las tres chicas reciben entre 10 y 15 clientes por noche pero cobran la mitad de los 2.000 rublos por hora (33 euros) que les pagan.

“Por supuesto que he vivido situaciones difíciles con clientes en varias ocasiones. He aprendido a no mostrar el miedo”, cuenta Nastia, una pelirroja de ojos verdes originaria de los Urales.

En voz baja, Madina, una uzbeka que apenas habla ruso, enumera los abusos: “Sí, me han pegado, amenazado con un cuchillo, forzado a hacerlo sin preservativo…”

Reguina prepara los test. De repente alguien llama al interfono.

“¡Venga, chicas, rápido!”, exclama Inna mientras mira las imágenes de las cámaras, en las que se ve a un hombre subir al apartamento. Nastia y Madina se quitan las camisetas, se calzan zapatos de tacón y desaparecen.

Unos diez minutos más tarde, Madina vuelve sola: el cliente ha elegido a Nastia.

“Hacemos lo que hacemos por iniciativa propia, es verdad, pero somos seres humanos y nos gustaría que nos tratasen como tales”, suspira Nadia, justo cuando se va un cliente.

Descifrando el historial de Kamala Harris sobre temas trans y de trabajo sexual

Desde negar la atención médica de afirmación a una reclusa trans hasta prohibir los foros que las trabajadoras sexuales usaban para protegerse, la ex “policía principal” tiene un historial preocupante de poner en peligro a los miembros más marginados de nuestra comunidad.

 

Por Wren Sanders

14 de agosto de 2020

https://www.them.us/story/kamala-harriss-record-on-trans-and-sex-work-issues

 

Tom Williams/Getty Images

 

El ex vicepresidente Joe Biden reveló el martes por la tarde que había elegido a la senadora de California Kamala Harris como su compañera de candidatura. El anuncio, realizado a través de un mensaje de texto a sus seguidores, provocó una gran cantidad de respuestas. Muchos elogiaron a Harris como una opción favorable dada su experiencia como senadora de los EE. UU., después de haber pasado por el exprimidor de los medios de comunicación como ex candidata presidencial y ser la primera mujer de color en formar parte de la lista presidencial de un partido importante. Harris, hija de inmigrantes jamaicano e india, es negra y asiático-americana.

Entre los que hicieron declaraciones de apoyo enérgicas a la nueva propuesta de Biden-Harris se encontraban los pesos pesados ​​liberales Bernie Sanders, Stacey Abrams y Barack Obama, el último de los cuales afirmó que la elección de vicepresidente es la “primera decisión importante que toma un presidente . ”

Otros que aplaudieron la selección fueron organizaciones de defensa LGBTQ + como GLAAD, Equality California y Human Rights Campaign.

“La senadora Kamala Harris es una elección excepcional para vicepresidenta”, dijo el presidente de HRC, Alphonso David, en un comunicado, y señaló el papel de Harris en poner fin al uso de las defensas de “pánico” LGBTQ+ y su lucha para revocar la Proposición 8 en California como evidencia de su buena fe pro-LGBTQ +. Otros aspectos positivos del historial de Harris en temas queer incluyen su establecimiento de una unidad de delito de odio LGBTQ+ cuando fue fiscal de distrito de San Francisco y su apoyo temprano al matrimonio igualitario (Harris ofició bodas entre personas del mismo sexo cuando San Francisco legalizó brevemente la libertad de casarse en 2004).

Pero contrariamente a la evaluación optimista que el establishment demócrata hace de la candidatura a vicepresidenta de Harris, una importante cohorte de progresistas e izquierdistas recibió la noticia con críticas mordaces de su carrera, tanto como fiscal (Harris fue fiscal de distrito en San Francisco desde 2004 hasta 2011, cuando se convirtió en fiscal general de California) como como legisladora en el Senado de los Estados Unidos.

Algunas de las críticas más lesivas dirigidas a la autodenominada ex “policía principal” citan su historial sobre los derechos de las trabajadoras sexuales, los de la comunidad trans y la superposición de ambos. Según una encuesta de 2015 realizada por el Centro Nacional para la Igualdad Trans, casi uno de cada cinco adultos trans en los EE. UU. se ha involucrado en el trabajo sexual. Esa cifra es tan alta como el 40% para las personas trans negras, una estadística que demuestra cómo las políticas de un funcionario público con respecto al trabajo sexual pueden entenderse como una extensión de sus políticas con respecto a la comunidad LGBTQ +.

Como la activista y fundadora de G.L.I.T.S, Ceyenne Doroshow, escribió en Instagram recientemente, “Kamala Harris no es amiga de las mujeres trans, de las mujeres trans negras, y siempre es una policía. No la apoyo en absoluto “. Y así, con el interés de presentar una imagen más completa de la posible futura vicepresidenta de los Estados Unidos, hemos compilado un resumen explorando el historial de Harris en temas relacionados con las trabajadoras sexuales y las personas trans.

Harris describió una propuesta para despenalizar el trabajo sexual como “completamente ridícula”.

En 2008, Harris se opuso a la Proposición K —una medida que tenía como objetivo despenalizar el trabajo sexual— mientras era fiscal de distrito de San Francisco. “Creo que es completamente ridículo, por si acaso hay alguna ambigüedad sobre mi posición”, dijo Harris en ese momento. “Sería una alfombra de bienvenida para que los proxenetas y las prostitutas entraran a San Francisco”.

Lejos de ser “completamente ridícula”, la propuesta surgió de años de activismo e investigación. Esto incluyó un estudio de la Universidad de California en San Francisco que encontró que 1 de cada 7 de las más de 200 trabajadoras sexuales con sede en San Francisco encuestadas habían sido amenazadas con ser detenidas por agentes de policía a menos que tuvieran relaciones sexuales con ellos. Una de cada cinco informó que los agentes de policía les pagaban por tener relaciones sexuales.

Un antecedente de los llamamientos de hoy para “desfinanciar a la policía”, la Proposición K tenía como objetivo redirigir los fondos de la ciudad para que no se destinaran a perseguir a las trabajadoras sexuales y sí, en su lugar, hacia soluciones de salud pública frente a la amenaza de las ITS a la que tienen que enfrentarse tantas personas en la industria del sexo. La Proposición K no logró suficientes votos para ser puesta en práctica.

Harris rechazó los esfuerzos por despenalizar el trabajo sexual alegando que contribuía a la transmisión del VIH / SIDA.

Harris continuó defendiendo la penalización del trabajo sexual como fiscal general de California. Según un artículo de opinión de la revista Out escrito por el abogado y activista de la ACLU Chase Strangio, Harris defendió su postura pro-penalización en un caso de 2015 usando la lógica engañosa de que “la prostitución está relacionada con la transmisión del SIDA y las enfermedades de transmisión sexual.” De hecho, numerosos estudios de la época muestran que la correlación entre el trabajo sexual y las infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH / SIDA, se ve agravada por la penalización, no impedida por ella. Un excelente ejemplo de cómo la penalización del trabajo sexual lleva a tasas más altas de ITS es el uso de condones como prueba judicial de trabajo sexual, una práctica que fue prohibida en California en 2019, dos años después de que Harris dejara su puesto como fiscal general.

Harris fue líder nacional en el ataque a sitios web que ofrecían a las trabajadoras sexuales un medio para identificar y examinar a los clientes potenciales.

Como fiscal general de California, Harris utilizó su puesto para perseguir sitios web como Backpage.com, que les proporcionaba a las trabajadoras sexuales un lugar en línea mediante el cual podían ejercer una autonomía adicional para garantizar condiciones de trabajo seguras. Lo hizo ya en 2013, convirtiéndose en una de las primeras fiscales generales estatales del país en pedirle al Congreso la enmienda de la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones para procesar a sitios como Backpage por facilitar la venta de sexo.

Para 2017, Harris había obligado con éxito a Backpage a eliminar la sección para adultos de su sitio web, una actuación a la que se opusieron no solo los defensores de las trabajadoras sexuales independientes, sino también algunos grupos anti trata de personas.

Cumpliendo con las preocupaciones tanto de las trabajadoras sexuales como de los grupos contra la trata, que temían que cierres como el de la sección para adultos de Backpage obstaculizarían la investigación contra la trata, el cierre demostró tener un efecto mínimo en la reducción de la trata sexual infantil. Sin embargo, lo que hizo fue obligar a muchas mujeres adultas que buscaban trabajo sexual consensuado a dirigirse y / o regresar a subconjuntos sustancialmente más arriesgados de la industria del sexo, incluido el uso de aplicaciones de citas y el trabajo sexual en la calle.

Harris apoyó a FOSTA / SESTA, cuya aprobación en 2018 llevó a la eliminación de al menos una docena de sitios y páginas que brindaban a las trabajadoras sexuales mecanismos salvadores de vidas para encontrar un trabajo seguro.

El ataque de Harris a Backpage.com durante su tiempo como fiscal general de California resultaría ser un precursor de su trabajo como senadora junior. Durante su primer mandato, Harris apoyó la aprobación de la “Ley para dejar de habilitar a los tratantes de niños / Permitir que los Estados y las víctimas luchen contra la trata sexual en línea” (SESTA / FOSTA), un par de proyectos de ley que en conjunto diezmaron la capacidad de muchas trabajadoras sexuales para usar canales en línea para examinar a futuros clientes. Como la escritora y defensora del trabajo sexual, Andre Shakti escribió para them entonces, “las trabajadoras sexuales quieren que se ponga fin a la trata sexual tanto como cualquier otra persona. Pero en lugar de trabajar con nosotras para identificar y erradicar eficazmente la trata… los funcionarios del gobierno están interviniendo y cerrando las mismas plataformas en línea que usamos para ganarnos la vida y mantenernos a salvo “.

Peor aún, como la defensora del trabajo sexual y coeditora de Tits and Sass, Caty Simon, señaló, las consecuencias de los cierres relacionados con FOSTA / SESTA serían sentidas de manera más devastadora por aquellas que ya estaban al margen de la sociedad: “Muchas de nosotras moriremos, algunas de nosotras ya hemos muerto por el daño que ha hecho SESTA, y especialmente por la pérdida de Backpage ”, escribió. “Y las víctimas serán más a menudo trabajadoras trans, trabajadoras discapacitadas, trabajadoras de color y supervivientes de trata: aquellas de nosotras que nunca tuvimos muchas opciones a la hora de empezar con el trabajo sexual”.

Harris no fue la única entre los nominados presidenciales demócratas de 2020 en votar a favor de esa legislación. De hecho, también lo hicieron Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Cory Booker, Kirsten Gillibrand y Amy Klobuchar.

La visión actual de Harris sobre la despenalización del trabajo sexual tiene sus raíces en el controvertido “modelo nórdico”.

Después de burlarse de la Proposición K como fiscal de distrito, defender la penalización del trabajo sexual en California como fiscal general y votar a favor de FOSTA / SESTA como senadora, Harris se pronunció a favor de la despenalización durante una entrevista de febrero de 2019 con The Root. Respondiendo a una pregunta sobre si pensaba que “el trabajo sexual debería ser despenalizado”, la entonces aspirante presidencial respondió: “Así lo pienso. Sí, desde luego.”

“Cuando se habla de adultos que consienten, creo que, ya sabes, sí, realmente deberíamos considerar que no podemos penalizar el comportamiento consensual mientras nadie sea perjudicado”, agregó Harris.

En otra parte de la entrevista, Harris habla de su “historia sobre el tema”, y señala que como fiscal de distrito se esforzó por “dejar de detener a aquellas prostitutas y, en cambio, ir tras los puteros y los proxenetas porque estábamos penalizando a las mujeres, pero no a los hombres que se asociaban con ello, que ganaban dinero con ello o se beneficiaban de ello”.

Como señalaron en su momento algunos expertos en el tema, la posición de Harris no parece constituir una defensa total de la despenalización del trabajo sexual. Como escribió la periodista Melissa Gira Grant en un artículo de opinión de Washington Post: “A pesar de lo que dice Harris sobre la despenalización de la venta de sexo entre adultos que consienten, no está claro que ella esté realmente comprometida con esa posición. Eso es porque Harris parece seguir apoyando la penalización de la compra de sexo “.

Este enfoque, dirigido a los clientes de las trabajadoras sexuales, no a las trabajadoras mismas, a menudo se denomina modelo nórdico o de poner fin a la demanda. Gira Grant explica que estas políticas “no permiten ninguna forma legal de participar en el trabajo sexual”, incluso cuando los que las defienden afirman que el enfoque equivale a una despenalización total. “Como tal, las trabajadoras sexuales siguen siendo penalizadas y vigiladas por la policía”, dice.

Harris trató de negarle a una mujer transgénero que estaba encarcelada atención médica de afirmación de género.

Mientras Harris fue fiscal general de California en 2015, defendió la decisión del Estado de negar dar a Michelle Norsworthy, una mujer trans encarcelada en una prisión para hombres, la cirugía médicamente necesaria para su diagnosticada disforia de género. Como señaló Strangio en el artículo de opinión de Out mencionado anteriormente, “el Estado no solo contrató a un ‘experto’ que se opone categóricamente al estándar médico de atención para los prisioneros transgénero, sino que, bajo el liderazgo de Harris, no solo defendió en el juzgado la denegación de atención mientras se evidenciaban la creciente angustia y las tendencias suicidas de la Sra. Norsworthy, sino que luego continuó recurriendo las decisiones a su favor”.

En un escrito firmado por Harris, se une a otros abogados estatales para desestimar la importancia de la petición de Norsworthy de recibir atención médica afirmativa: “Norsworthy ha sido tratada por disforia de género durante más de 20 años, y no hay indicios de que su condición haya empeorado de alguna manera hasta el punto de que deba someterse a una cirugía de reasignación de sexo ahora en lugar de esperar hasta que este caso produzca un juicio final sobre el fondo de la cuestión”.

En abril de 2015, el juez del Tribunal de Distrito Federal Jon Tigar dictaminó que negarle la atención a Norsworthy violaba sus derechos a un tratamiento médico adecuado en virtud de la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe los castigos crueles e inusuales. El fallo histórico dio como resultado que se ordenara al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California que proporcionara a Norsworthy “atención médica adecuada, incluida la cirugía de reasignación de sexo… lo antes posible”, como declaró el tribunal en aquel momento.

Cuatro años más tarde, después de que Harris anunciara su campaña para la presidencia, un reportero de Washington Blade la presionó sobre su papel en recurrir repetidamente las decisiones judiciales que habrían brindado a Norsworthy —y a innumerables personas trans después de ella— la atención médica necesaria.

“Tuve una gran cantidad de clientes [como procuradora general] que estaba obligada a defender y representar y no podía despedir a mis clientes, y desafortunadamente hubo situaciones en las que mis clientes tomaron posiciones contrarias a mis creencias”, respondió, agregando que ella asume “toda la responsabilidad” de lo que hizo su oficina.

“La conclusión es que me hago responsable”, dijo en ese momento.

Harris no ha manifestado inequívocamente su apoyo para brindar atención médica afirmativa a las personas transgénero encarceladas en todo el país.

En la misma entrevista con The Blade, se le preguntó a Harris si las personas trans encarceladas en todo el país deberían recibir atención de afirmación de género y respondió con una llamada vaga a comprender mejor las experiencias de vida de las personas trans. “Creo que estamos en un punto en el que tenemos que dejar de difamar a las personas por su orientación sexual e identidad de género, y tenemos que entender que cuando hablamos de una comunidad transgénero en particular, durante demasiado tiempo han sido sujeto de prejuicios y, francamente, una falta de comprensión sobre sus circunstancias y sus necesidades físicas, además de cualquier otra necesidad que tengan, y ya es hora de que comprendamos mejor eso ”, dijo.

De hecho, aunque la plataforma de políticas LGBTQ + que Harris produjo durante su campaña presidencial menciona la necesidad de reducir las tasas de encarcelamiento de personas trans y de garantizar que las compañías de seguros de salud cubran la cirugía de confirmación de género y otros servicios de salud de transición, no mencionó la cobertura de las necesidades médicas de asignación de género de las personas trans en situación de encarcelamiento. Es más, la ex candidata presidencial demócrata no menciona su apoyo al encarcelamiento de personas de acuerdo con su identidad de género, lo que constituyó otra dimensión clave del caso de Norsworthy.

Dicho esto, la extensa plataforma de políticas LGBTQ+ de Joe Biden incluye “exigir que se considere la identidad de género al realizar asignaciones de vivienda” y garantizar que “todos los reclusos transgénero en las instalaciones correccionales federales tengan acceso a médicos y atención médica adecuados, incluidos obstetras y ginecólogos y terapia hormonal”.

Trabajadoras sexuales de Ecuador: ‘También sentimos, por favor respétennos’

En el parque Central de Esmeraldas se juntan 30 mujeres en diferentes horarios. En la provincia llegan a mil.

7 de octubre de 2020

https://lahora.com.ec/esmeraldas/noticia/1102329593/trabajadoras-sexuales-tambien-sentimos-por-favor-respetennos-

SITIO. El parque 20 de Marzo de la ciudad de Esmeraldas, es uno de los lugares público donde se evidencian grupos de trabajadoras sexuales.

La mejor paga no supera los 10 dólares, pero siempre se debe guardarse dos para el alquiler del cuarto que se ocupa durante unos 40 minutos. Los clientes de 10 suelen llegan entre el 20 y 22 de cada mes cuando los jubilados han cobrado su pensión y van por ellas, las trabajadoras sexuales, que están el parque ‘20 de Marzo’ o Central de la ciudad de Esmeraldas.

En los días ‘normales’ el grupo de trabajadoras no supera las 15, en los especiales llegan a 30. En ambas jornadas está ‘Katherine’. Ella es de las que no superan 40 años, por lo que su juventud, en comparación a las mayores de 45, es un buen gancho para los clientes que no suelen ser hombres de calle, borrachos, jubilados e incluso drogadictos.

‘Katherine’ no es de las que siente orgullo de lo que hace, afirma que se vio obligada ante la falta de trabajo y educación a acceder al oficio llamado de la ‘vida fácil’, lo más alejado de la realidad, según Pilar Pallares, representante de la Asociación de trabajadoras sexuales ‘21 de septiembre’, que acoge entre los 7 cantones de Esmeraldas a unas 1.000 damiselas.

Desean cambiar

“Las mujeres de 18 a 30 años suelen estar en los centros de tolerancia; en las calles andan las mayores, hasta de la tercera edad. Muchas han intento buscar un trabajo diferente, pero nada. La gente es de doble moral. Va un usuario a un lugar de trabajo sexual, ahí ofrece hasta matrimonio, dice que son las mujeres más bellas, pero cuando se le pide un trabajo de lavandera, cocinera, niñera o lo que tengan, no le dan”, reprocha Pallares.

Como solución plantea que las autoridades de Gobierno o seccionales les ayuden a conseguir en comodato un lugar para implementar una empresa de costura, por lo que solicitan capacitación, materia prima y maquinaria, para elaborar sábanas, toallas y ropa deportiva; con las ganancias pagarían los sueldos que motiven a no volver a las calles donde el ‘chulo’, también se suele llevar su porcentaje por ‘protección’.

Uno de los testigos de cómo sufren y ríen a diario las trabajadoras sexuales del Parque, es el fotógrafo del lugar Henry Martínez. Él focaliza su pedido a las tres principales autoridades de Esmeraldas: Cecilia Angulo, gobernadora; Roberta Zambrano, prefecta; y Lucía Sosa alcaldesa de Esmeraldas.

Asesinadas

“Ahora tenemos tres mujeres mandando en Esmeraldas, en vez de estar peleándose la una con la otra, insultándose en todos los medios; hagan algo por éstas mujeres (trabajadoras sexuales) ustedes (las autoridades) son mujeres, hagan algo por ellas: una casa de acogida, por ejemplo, donde se les enseñe manualidades”, recomendó.

Y destaca que, pese a toda la discriminación social, varias de las que ejercen sexo a cambio de dinero, han logrado que sus hijos estudien, aunque ellas no lo hagan. Critica también a las que con sus acciones violentas hacen ver al grupo como las malas de la sociedad.

Pilar Pallares, de la Asociación de trabajadoras sexuales, lamenta que todavía las persigan, discriminen e incluso las asesinen y las boten en zanjones y sus muertes queden impunes. “Queremos que nuestras voces se oigan, queremos que nos respeten, por favor no olviden que somos mujeres, madres, vecinas, nosotras también sentimos”, reflexionó. (MGQ)

La movilidad humana está incidiendo en que las extranjeras sean más del 60%, en ciertos casos, de las que ejercen la prostitución en lugares públicos.

Acnur, FEPP y Prefectura han ayudado con kits de alimentos y aseo trabajadoras sexuales en la pandemia.

¿Por qué ingresan al  oficio de la prostitución?

Entre los testimonios que dan las mujeres en la Asociación de trabajadoras sexuales ‘21 de septiembre’ del porqué optan por la prostitución, está que por ser iletradas o tener un bachillerato, no logran tener trabajo.

Otra de las razones que huyen de la violencia intrafamiliar y de violaciones. En comparación a mucha mujeres que lograron títulos de doctoras, abogadas, periodistas o autoridades, argumentan las trabajadoras  sexuales, es que ellas optaron por ese oficio, por ser lo primero que tuvieron en medio de sus limitaciones; ninguna recomienda que las niñas o adolescentes, piensen en vender su cuerpo a cambio de dinero.

Controles en  época Covid

En la provincia de Esmeraldas los centros de tolerancia no han recibido el permiso de los Comités de Operaciones de Emergencias (COEs) para que atiendan al público. De acuerdo con la Asociación de trabajadoras sexuales ‘21 de septiembre’, el trabajo sexual se lo está realizando en parques que son lugares de captación o por contactos celulares.

Reconocen que no hay una seguimiento ni una exclusiva orientación de cómo atender al usuario en época Covid, más bien cada mujer y cliente aplica su particular norma de bioseguridad.

Lo que no que al libre albedrio es el control médico gratuito en el Ministerio de Salud Pública. Cada mes se realizan la profilaxis, tratamiento preventivo de enfermedades o el surgimiento de una infección en la zona vaginal,  y cada tres el de VIH y sífilis. Todas reciben la tarjeta de salud integral, en la que no constan sus nombres y fotografías, sino códigos.

“Necesitamos ayuda para la actividad productiva, ya no estamos para nos digan que hagamos peluchitos”.

Pilar Pallares, Asociación de trabajadoras sexuales.

ONUSIDA felicita a Tlaleng Mofokeng por su nombramiento como Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud

Tlaleng Mofokeng. Foto cortesía de She.Leads.Africa

 

La Dra.Tlaleng Mofokeng es defensora de la despenalización mundial del trabajo sexual:

“Las trabajadoras sexuales deben ser respaldadas a través de la defensa y la protección de sus derechos humanos a la autonomía, la dignidad, las prácticas laborales justas y el acceso a la atención basada en la evidencia. Es por ésta y muchas otras razones por las que creo que el trabajo sexual y los derechos de las trabajadoras sexuales son los derechos de las mujeres, los derechos de salud, los derechos laborales y la prueba de fuego para el feminismo interseccional.”

Por qué el trabajo sexual es un auténtico trabajo

 

Comunicado de prensa

https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2020/august/20200803_tlaleng-mofokeng

 

ONUSIDA felicita a Tlaleng Mofokeng por su nombramiento como Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud

 GINEBRA, 3 de agosto de 2020: Tlaleng Mofokeng, médica sudafricana y activista por los derechos de la mujer y la salud sexual y reproductiva, ha sido nombrada nueva Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud fisica y mental.

“Felicito a Tlaleng Mofokeng por su nombramiento como Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, la primera mujer africana en ser nombrada para este importante papel”, dijo Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUSIDA. “Sé que ella luchará por los derechos humanos y por todos, en todas partes para poder obtener la atención médica que necesitan. Ambas compartimos una visión: que la atención médica no debe ser solo para los ricos, sino un derecho para todos”.

Nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental supervisa el derecho a la salud en todo el mundo. El titular estudia las prácticas y experiencias nacionales relacionadas con el derecho a la salud, identifica tendencias y desafíos en el proceso y hace recomendaciones sobre cómo garantizar la protección del derecho a la salud. El Relator Especial también recibe denuncias individuales de presuntas violaciones del derecho a la salud.

El derecho a la salud es un derecho humano fundamental consagrado en el derecho internacional y los países tienen obligaciones básicas de derechos humanos de respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud.

“Espero trabajar con la Dra. Mofokeng”, agregó la Sra. Byanyima. “Solo asegurando que el derecho a la salud sea una realidad para todos, se acabará con el sida en 2030”.

ONUSIDA

El Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA (ONUSIDA) lidera e inspira al mundo a lograr su visión compartida de cero nuevas infecciones por el VIH, cero discriminación y cero muertes relacionadas con el SIDA. ONUSIDA une los esfuerzos de 11 organizaciones de las Naciones Unidas (ACNUR, UNICEF, PMA, PNUD, UNFPA, UNODC, ONU Mujeres, OIT, UNESCO, OMS y el Banco Mundial) y trabaja en estrecha colaboración con socios mundiales y nacionales para poner fin a la epidemia de sida para 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenga más información en unaids.org y conéctese con nosotros en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Entre la necesidad y el abuso policial: la lucha de las trabajadoras sexuales durante la pandemia

A causa de la cuarentena, Fabiola y Ximena se quedaron sin ingresos. El coronavirus enfermó a sus familias y se vieron obligadas a salir y buscar clientes. Una de ellas fue víctima del abuso policial.

 

Redacción: Katherine Morales

19 de agosto de 2020

https://larepublica.pe/sociedad/2020/08/19/trabajadoras-sexuales-victimas-del-hambre-muerte-y-el-abuso-policial-durante-la-pandemia-atmp/2

 

Por favor ayúdenme, mi niño está desmayado”, dijo angustiada una mujer, a quien llamaremos Fabiola, al ingresar al Hospital Nacional Hipólito Unanue. Su hijo de 3 años tenía 40 grados de temperatura, diarrea y no había parado de vomitar en toda la noche. “Cálmese. Ya está aquí en el hospital”, le dijo una enfermera. Cuatro horas después, el pequeño fue atendido y tuvo que quedarse por 5 días en el centro de salud. La situación no parecía marchar bien y el doctor le comunicó el diagnóstico: “Tu hijo tiene COVID-19. No se puede ir, lo vamos a intentar”.

Había pasado casi un mes desde que el Gobierno decretó la cuarentena el 15 de marzo. La joven, desesperada por todo lo que había escuchado en las noticias, decidió sacar a su niño del hospital: “No tenía dinero, ni seguro. Además, decían que a los que tienen COVID-19 no los puedes ver. No iba a dejar que pase eso con mi hijo. Yo sé que hice mal, pero preferí irme”.

Desde que llegó de Venezuela, Fabiola ha estado siempre al pendiente de sus tres niños. Por ellos, hace más de un año, decidió dedicarse al trabajo sexual: “Yo aguanto todo, no me importa con tal de llevarle comida a mis bebes, pero a veces siento que ya no aguanto, como extranjera me siento en el limbo”.

La realidad de Fabiola es la de incontables mujeres extranjeras en el mundo, y ha sido explicada por el movimiento global Amnistía Internacional, en su política sobre la obligación del Estado de respetar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, ya que se trata de una fuente de ingresos para las personas migrantes en situación irregular que solo dependen del sector informal para salir adelante.

En el Perú, Angela Villon, presidenta del Movimiento de Trabajadoras Sexuales, explica que en el 2002, a partir de una vigilancia centinela que realizó el MINSA para descartar VIH en esta población, se pudo contabilizar 250.000 personas en este oficio. La pandemia ha incrementado este número, y se calcula que alrededor del 40% son extranjeras. No existen cifras más recientes o exactas.

La mayoría, como Fabiola, huyó de la crisis en Venezuela y la pandemia solo ha agravado más su situación: “Me pude hacer la prueba gratis y me dijeron que tenía COVID-19. Al otro día, les hicieron la prueba a mis hijos y el de 16 también salió positivo”. Sin dinero y con dificultades para trabajar, se medicó con remedios naturales.

Con un sistema de salud que no tardó en desbordarse por la rápida escalada de contagios, las trabajadoras sexuales no eran la prioridad, víctimas de una discriminación histórica de quienes las juzgan por la vida que (en algunos casos) escogieron, gritaron por ayuda, pero no fueron escuchadas. “Nuestras compañeras estaban muriendo por la indiferencia del Estado. Pedimos a los hospitales que las atiendan y no lo hicieron”, cuenta Leida Portal, presidenta de la Asociación de trabajadoras sexuales Miluska Vida y Dignidad.

Ante la desesperación acudieron al doctor Carlos Lozada Saco, médico cirujano con una maestría en salud pública, quien atendió gratis y de manera remota a las trabajadoras sexuales que presentaron algún síntoma del COVID-19 u otra enfermedad. “Habré pasado a 84 o 100 citas virtuales. Llamaban a veces en las noches desesperadas diciéndome ‘se ahoga mi hijo’, ‘se ahoga mi padre’, uno no se puede negar a eso”, afirma el médico.

El doctor Lozada trabaja desde hace casi un año en el CERETS Raul Patruco PUIG (Centros de Referencia para Enfermedades de Transmisión Sexual) aunque en precarias condiciones: “Ya va a ser el cuarto mes que no me pagan”. En este centro de salud del Minsa, las y los trabajadores sexuales van a hacerse sus chequeos mensuales. Tienen cita dental, ginecológica, descarte de VIH y consejería, donde se les entregan preservativos.

Durante la cuarentena este servicio funcionó con solo dos doctores y uno de ellos era una persona de la tercera edad. El médico Lozada tuvo que ingeniárselas para atender a todos: “Han venido a atenderse por COVID-19, aunque la orden era no atender esos casos, pero no las recibían en el hospital de Ate y las señoras venían diciendo ‘doctor me ahogo’”.

Los CERETS solo atiende a adultos, pero ante la falta de hospitales y medios económicos las trabajadoras sexuales llevaban a sus hijos. “Ellos también estaban mal. Es una madre, no le podíamos decir que no, jamás”, resalta el doctor, quien también tuvo que atender a mujeres víctimas de violencia física por parte de sus clientes durante este tiempo. “Las curamos, porque dónde más lo van a hacer”, indica.

Desde que inició el estado de emergencia, el Movimiento de Trabajadoras Sexuales y la Asociación de trabajadoras sexuales Miluska Vida y Dignidad, pertenecientes a la red Plaperts (Plataforma Latinoamericana de Personas que ejercen el Trabajo Sexual), han contado alrededor de 57 muertes, solo de las compañeras que pertenecen a sus organizaciones, a causa de la COVID-19 o porque no pudieron ser atendidas por otras enfermedades.

Sin dinero para comer o enterrar a sus muertos

Cerca de las 5:00 a. m. Ximena se levantó preocupada. Tenía que ayudar a su abuela a ir al baño. El día anterior la había acostado con mucha fiebre y, a sus 87 años, atravesaba problemas para caminar. “La encontré en el piso, ya había fallecido. Parece que en la madrugada sintió algún dolor y se levantó. Salí a pedir ayuda, pero nadie me la brindó”. Por la tarde, vino la Policía y el médico forense, quien le dijo que probablemente su deceso fue a causa del nuevo coronavirus.

Ximena tuvo que estar con el cuerpo de su abuela hasta el día siguiente, cuando las autoridades fueron a su casa: “Fue muy triste, porque la envolvieron en un plástico blanco y así se la llevaron”. No se le permitió velarla y no tenía dinero para el entierro. “No podía comprar un cajón. Fue todo un gasto, yo no sabía dónde conseguir plata”, recuerda.

Sin otras opciones tuvo que quebrantar el aislamiento social y atender a unos clientes. “Pude contactarme con uno de ellos, le hice una atención y me ayudó un poco con los gastos”. Desde hace tres años que Ximena es trabajadora sexual, ingresó en este mundo por la necesidad, cuando uno de sus dos hijos se enfermó.

Desde que empezó la cuarentena, no solo han fallecido muchas trabajadoras sexuales a causa del nuevo coronavirus, sino también sus hijos, padres o abuelos. “Las compañeras pueden verse muy arregladas y pintadas, pero dentro tienen un corazón muy grande, cuidan de sus abuelos o padres. Con este trabajo, ellas pueden ver los momentos en los que salen a conseguir dinero a su familia”, revela preocupada Leida Portal.

La pandemia las dejó sin ingresos y con deudas. Casi ninguna recibió un bono del Estado y no tenían cómo afrontar la repentina partida de sus seres queridos. Por eso, decidieron organizarse para pedir algún subsidio. “Hicimos una lista de como 800 personas en situación de extrema vulnerabilidad, con cáncer y discapacidad. Ahí incluí a las trabajadoras sexuales, lo mandamos al Consejo de Ministros, pero no pasó nada, no respondieron”, cuenta Angela Villon, presidenta del Movimiento de Trabajadoras Sexuales.

No se podía esperar mucho, la necesidad era grande y comenzaron a planear otras opciones. Acudieron a la Red Umbrella Fund, al Centro Mujer de Flora Tristán y a Manuela Ramos. “Nos ayudaron a comprar cajones para las compañeras o para sus familiares que también fallecieron”, agrega Villón,

El apoyo de estas organizaciones también fue a través de víveres que las trabajadoras sexuales utilizaron para preparar ollas comunes. Todas las mañanas se levantaban temprano, iban a pedir alguna colaboración a los vecinos y luego empezaban a cocinar para aproximadamente 123 personas. Muchas de ellas no tenían para adquirir un balón de gas y otras lo habían perdido todo, pues las desalojaron por no pagar el alquiler.

“La indiferencia del Estado fue grande, porque solo se les dio dinero a las municipalidades para que los alcaldes repartan las bolsas de víveres a cada distrito, pero a nosotras no nos dieron bolsa”, increpa Leida Portal, presidenta de la Asociación de trabajadoras sexuales Miluska Vida y Dignidad.

El abuso policial

Una madrugada del último mayo, la Policía rompió la puerta de un pequeño local de una conocida avenida y detuvieron a 15 mujeres, entre ellas a Fabiola, quien se encontraba con un cliente. Había decidido ir a trabajar pese a que se podía contagiar, pues necesitaba dinero para sus hijos. Los agentes subieron a todas a la patrulla y las trasladaron a la comisaría, donde les exigieron pagar varias multas para liberarlas.

Se les acusaba de no respetar la inmovilización social obligatoria, violar las medidas sanitarias y se les pedía un descarte de COVID-19. Fabiola, desesperada en ese momento, no supo qué hacer. “De dónde iba a sacar yo dinero para la prueba que valía como 130 soles y para pagar otra multa de como 200 soles, si no tenía ni para comer ni para mis niños”.

Sin embargo, la abogada Beatriz Ramírez explica que “las multas por violación de las medidas sanitarias son independientes, es decir, puedes pagarlas y aparte te pueden abrir un proceso penal. Pero eso no se le paga al comisario, esas multas se tienen que pagar al Banco de la Nación”.

El desconocimiento, el miedo y el abuso de poder que sufrieron las trabajadoras sexuales las dejaron sin armas para defenderse. “Muchas veces si no hay dinero, hay cuerpo”, denuncia Leida Portal, quien ha tenido que ver cómo sus compañeras son víctimas de la más cruel violencia.

Fabiola logró salir a las 5 a. m. de la comisaría. “Me violaron, me quitaron el poco dinero que tenía, me humillaron. Así yo sea trabajadora sexual, si no quiero tener relaciones con alguien es violación”. Según su testimonio, un policía la amenazó: “Te vas a ir deportada y a tus hijos no los vas a volver a ver, porque aquí se van a quedar”.

Al día siguiente pensó entablar una denuncia. Fue a pedir orientación, pero “¿la evidencia? yo no la tenía, además como extranjera cómo iba a poner una denuncia, te amedrentan, yo tenía miedo”, cuenta con frustración.

“Las trabajadoras sexuales son una población altamente vulnerable. La policía dice que son vulnerables al proxenetismo, pero en realidad son altamente vulnerables al abuso policial y de las fuerzas municipales. Es muy fácil hostigarlas y eso desincentiva para que ellas denuncien”, explica Beatriz Ramirez.

La razón de esta desprotección radica en que, en el Perú; en materia penal, la prostitución no es ilegal. Sin embargo, si alguien se ve beneficiado de esta actividad se lo puede denunciar por proxenetismo. La ambigüedad de la norma hace que muchas trabajadoras sexuales sean llevadas y retenidas en la comisaría para que acusen a sus proxenetas, cuando en realidad son independientes.

Según el estudio denominado “Violencia Institucional y trabajo sexual”, realizado por RedTrasex en 13 países de América Latina y El Caribe en el 2016 (el último que han hecho), se pudo conocer que el 75% de trabajadoras sexuales son víctimas de violaciones por parte de las fuerzas de seguridad. El porcentaje aumenta a 85% en el caso de las inmigrantes.

Al igual que Fabiola, son miles las trabajadoras sexuales cuyos derechos son vulnerados día a día por el Estado a través de sus servidores públicos. Por eso, la RedTrasex ha explicado que esto califica como violencia institucional y resalta que también es violencia de género.

“Son abusadas, violadas o intimidadas sexualmente en virtud de la naturalización de una doble disponibilidad sexual: están disponibles por su condición de mujeres y lo están doblemente por hacer de las prácticas sexuales una herramienta laboral”, se explica en el mencionado estudio.

Las trabajadoras sexuales expresan que el Gobierno no las ha apoyado y han tenido que ver morir a sus compañeras. Cada día tienen que tomar la complicada decisión de salir a trabajar con miedo a contagiarse y ser detenidas por la policía o quedarse en sus casas con su familia, pero sin dinero para comer.

 

Ni cuarentena ni distanciamiento para las trabajadoras sexuales

Cerca de 26.000 mujeres de Guatemala quedan excluidas de los programas sociales del Gobierno para capear la crisis del coronavirus. Se les impide acceder a condones y pruebas médicas en centros de salud

 

Por Asier Vera Santamaría

Ciudad de Guatemala

15 de julio de 2020

https://elpais.com/elpais/2020/06/19/planeta_futuro/1592554697_012712.html

 

La música ya no suena en el club nocturno Los Cocos desde que cerrara sus puertas con la llegada de la covid-19. Tampoco se exhiben en su interior las mujeres extranjeras procedentes de Nicaragua, Honduras o El Salvador que, con sus risas forzadas, intentaban que los hombres las invitaran a una copa como paso previo a que pagaran por mantener relaciones sexuales. Ya no existe tampoco el trasiego de vehículos y motos que cada noche llegaban a este lugar, situado en medio de una carretera en el Departamento de Retalhuleu, a 340 kilómetros de Ciudad de Guatemala.

La irrupción del coronavirus en Guatemala borró de cuajo esta imagen para dar paso a otra distinta. Las mujeres se afanan ahora por lavar coches frente al lugar en el que hace unos meses ofrecían su cuerpo a cambio de dinero. Tras la clausura del establecimiento que les permitía comer y ayudar a sus familias, han creado un centro de limpieza improvisado en el que sacan brillo a los vehículos para recaudar comida, con el fin de donarla a las trabajadoras sexuales que, como ellas, se han visto privadas del ejercicio de su actividad.

Al ritmo de música latina, desde un altavoz se anima a la población a solidarizarse con el colectivo MTS (Mujeres Trabajadoras Sexuales) que han quedado en total abandono con el cierre de los bares, discotecas y casas donde desempeñaban su profesión antes de que la pandemia estallara en el país centroamericano el pasado 13 de marzo, con la aparición del primer caso de coronavirus, que ha causado ya más de 1.000 muertes. “Gracias a las personas que están apoyando incondicionalmente esta causa, porque estamos en el momento de echarnos la mano”, grita en el micrófono el animador mientras suena a todo volumen una cumbia colombiana.

Frente al club nocturno Los cocos ahora las trabajadoras sexuales han montado un centro de lavado de vehículos. Asier Vera

Guatemala se mantiene desde mediados del mes de marzo en un toque de queda desde las 18.00 a las 05.00 horas de lunes a sábado y de 24 horas los domingos, que ha dejado sin empleo a muchas de las cerca de 26.000 mujeres que, según un estudio de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex), ejercen esta labor en el país. Al no estar reconocida legalmente esta actividad, ninguna puede acceder a las ayudas sociales prometidas por el Gobierno, como los 1.000 quetzales mensuales (120 euros) para quienes se dedican al comercio informal o los 75 quetzales diarios (nueve euros) para quienes hayan sido despedidas de sus empleos.

Esta exclusión, sumada al cierre de los establecimientos habituales donde se ejerce el trabajo sexual, ha obligado a algunas mujeres a buscar alternativas para sobrevivir, como montar el centro de lavado de vehículos, que se ha convertido en un lugar de acopio de alimentos. Una de las impulsoras de esta iniciativa, Anet, originaria de Nicaragua y que lleva nueve años ejerciendo el trabajo sexual en Guatemala, se lamenta: “No hay clientes y no tenemos dinero ni para pagar un cuarto, ya que, si antes ganaba entre 500 y 1.000 quetzales diarios (60 y 120 euros), ahora solo 100 (12 euros) o a veces nada”. Anet, de 33 años, asegura que está “muy dura” la situación. “Y ayuda no tenemos porque para el Gobierno no existimos, y mucho menos las extranjeras”. Precisamente, recuerda que las trabajadoras sexuales procedentes de otros países no pueden regresar a sus casas ante el cierre de fronteras, ni tampoco pueden enviar dinero a sus familias, teniendo en cuenta la falta de ingresos, por lo que se han quedado varadas en Guatemala y sin empleo.

Ante un trabajo en el que el distanciamiento social es imposible, detalla que para esquivar al coronavirus trata de evitar los roces de los clientes, quienes muchas veces tratan de besarla. “Pero sé que, por más que intento, estoy demasiado en riesgo; si bien tenemos que buscar este trabajo porque no va a venir nadie a decirme ‘tome, aquí está el dinero para que coma día a día”. También denuncia que los centros médicos no las están atendiendo para entregarles las profilaxis y efectuarlas las pruebas de control para evitar enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, tal como sucedía antes de la pandemia cada 15 días.

Esta situación es confirmada por Adriana Carrillo, Coordinadora Nacional de la Organización Mujeres en Superación (OMES), quien señala que la covid-19 las ha dejado mucho más vulnerables. “A diferencia de otras profesiones no contamos con un seguro médico ni social, ni con un reconocimiento como trabajadoras sexuales”.


El toque de queda y el cierre de clubs de alterne saca a la luz del día a miles de trabajadoras sexuales que sufren persecución policial y el rechazo de vecinos


“La única salida que tienen las compañeras es ir a chambear a la calle bajo estas condiciones totalmente desastrosas, porque nadie en su sano juicio sale a arriesgarse si tuviera las condiciones para poder quedarse en casa”, asevera. “Hoy decimos con más fuerza que nunca que los gobiernos tienen una deuda bastante grande con las trabajadoras sexuales y es una ley que nos reconozca” remarca Carrillo, para que en una crisis como la actual puedan tener acceso a ayudas sociales. No obstante, recuerda que en los últimos años ha habido avances, pero insuficientes, como el hecho de que el Decreto Gubernativo 57-2012, que contempla el Reglamento para la Prevención, Diagnóstico, Tratamiento y Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH, establezca que las personas que ejercen el trabajo sexual conforman la población en más alto riesgo y vulnerabilidad.

“Aquí nos reconocen como trabajadoras sexuales”, indica, y señala que deben ir a sus exámenes de profilaxis, si bien con la llegada del coronavirus denuncia que se han cerrado los centros de salud.  “No tenemos acceso ni a condones, ni a pruebas de VIH o enfermedades de transmisión sexual (ETS), por lo que corremos el riesgo de que cuando la covid-19 termine, se puedan disparar estas enfermedades en cuanto las mujeres acudan a realizarse las pruebas”.

Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social recoge en sus estadísticas que, de enero a mayo de este año, se han realizado 1.695 pruebas rápidas de VIH a trabajadoras sexuales, así como 1.308 pruebas rápidas de sífilis y 1.329 pruebas rápidas de Hepatitis B. Asimismo, en los cinco primeros meses del año, se ha atendido a 7.611 mujeres trabajadoras sexuales en servicios de profilaxia sexual y se han entregado más de 190.000 lubricantes y más de 778.000 condones. Del total de mujeres atendidas, el 99% ha recibido charlas de información, educación y comunicación, mientras que el 25% ha obtenido paquetes de prevención, como ofertas de pruebas de VIH y entrega de condones y lubricantes.

Un grito para exigir la legalidad del trabajo sexual

“Vamos a la calle a dejar alimentos a las compañeras y nos piden que, por favor, en las bolsas pongamos condones porque no tienen y en las farmacias los precios se dispararon y, si hoy tienes 10 quetzales en el bolsillo (1,20 euros), ¿qué vas a priorizar como madre de familia: comprar alimentos o un paquete de condones?”, pregunta la coordinadora nacional de OMES. Carrillo también es socia fundadora del Sindicato Nacional de Mujeres Trabajadoras Sexuales Autónomas de Guatemala (Sintrasexgua), que en el 2016 fue inscrito en el Ministerio de Trabajo de este país. De esta manera, se reconoció explícitamente la existencia del trabajo sexual autónomo, si bien, al no estar legislado no se contemplan derechos a quienes se dedican a esta profesión. Por ello el sindicato, que cuenta con 35 mujeres, inició negociaciones con el Gobierno para que apruebe un régimen especial para este tipo de profesionales en el Código de Trabajo, aunque las reuniones se han paralizado debido al coronavirus.

Uno de los obstáculos que tiene su legalización es la trata de personas que, en ocasiones, va ligada a esta actividad. La Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) del Gobierno de Guatemala no considera que el hecho de legislar el trabajo sexual “acabe con la trata de personas en su modalidad sexual”. No obstante, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) solo recibió 12 denuncias en el 2019 relacionadas con la trata de personas en su modalidad de explotación sexual y cinco en su modalidad de prostitución ajena, en la que una o más personas se benefician de la prostitución realizada por terceras personas adultas. Mientras, la Fiscalía del país centroamericano recibió 345 denuncias de trata de personas el pasado año, incluidas las de la modalidad de explotación sexual, al tiempo que los órganos judiciales emitieron 14 sentencias condenatorias y nueve absolutorias por este delito penado con prisión de ocho a 18 años.

Así, la covid-19 ha dejado desamparadas a miles de mujeres sin la más mínima prestación social tras haberse quedado sin empleo por el cierre de establecimientos y la caída de clientes en la calle. Ello ha supuesto que algunas de ellas hayan dejado de ofrecer sus servicios sexuales, como Acsa, quien vive en La Libertad (Petén), al norte de Guatemala y que ha tenido que abandonar su trabajo después de que cerrara el bar donde iba cada día.

Esta joven de 24 años, madre de dos hijos de dos y ocho años, ha tenido que buscar otro modo de generar ingresos con la venta de comida rápida en la calle como burritos, tacos y flautas: “No me queda la gran cosa, pero sí saco para comer a diario, nada más”. Acsa, quien se dedica al trabajo sexual desde los 18 años, lamenta que esta crisis llegara justo cuando se había matriculado en la universidad para estudiar Derecho y cumplir su sueño de ser notaria: “Pude ir a clase solo dos días y ahora tengo que pagar los 3.000 quetzales (360 euros) del semestre”. Previamente, y mientras ha estado ejerciendo el trabajo sexual, se graduó de maestra a los 22 años. “Cuando me metí al trabajo sexual yo dije que quería seguir estudiando”, aclara.

Según relata, algunas de sus compañeras sí han podido seguir ejerciendo el trabajo sexual en los cuartos de un bar, dado que la jefa les ha dejado la llave de los mismos a cambio del pago de un alquiler. “Se ponen en unos banquitos en la calle a esperar a los clientes, pero a veces no ganan ni para comer y pasa mucho la policía, por lo que no se puede trabajar”, lamenta Acsa, quien, durante los últimos días, ha ido a entregar bolsas de comida a sus compañeras gracias a un fondo de la RedTraSex. Esta organización recordó, con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras Sexuales, celebrado el pasado 2 de junio, que el 98% de las trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe sostienen sus hogares, y que con las medidas de cuarentena se ven imposibilitadas de salir a trabajar y, al no estar reconocidas, no pueden acceder a las medidas de contención que los Gobiernos han dispuesto. Por ello, a través de un vídeo, al ritmo de la versión de la canción Resistiré del Dúo Dinámico, conmemoraron esta jornada con exigiendo la legalidad de su profesión.

El toque de queda también ha visibilizado mucho más a las trabajadoras sexuales, muchas de ellas, sobre todo las transexuales, ejercían su profesión de noche. “Las compañeras han tenido que organizarse y trabajar tres o cuatro juntas en una sola esquina para protegerse de la gente que pasa insultándolas y les gritan que tengan un poco de dignidad”, revela Ixchel Solórzano, una mujer transexual que ha fundado la Organización para el Desarrollo, la Inclusión Social y Oportunidades para Todos.

Además, añade que algunos policías les han hecho saber que tienen que correrse a callejones donde no transite tanta gente para evitar que les digan cosas y les han pedido que el trabajo sexual no lo hagan de día. Esta situación, unida a que las propias mujeres deben comprarse el gel antibacteriano y las mascarillas, provoca que “en algunos casos, algunas tengan que recurrir a trabajar sin protección de preservativo con tal de ganarse algo para llevarse a casa al día y poder comprarse un almuerzo”, asevera.  “Cuando están excluidas de las respuestas de protección social de la covi-19, las trabajadoras sexuales se enfrentan a poner su seguridad, su salud y sus vidas en mayor riesgo solo para sobrevivir”, ha advertido la Red Mundial de Proyectos de Trabajo Sexual y Onusida.

“Todas estamos aquí por nuestros hijos”

Desde que salen los primeros rayos de sol, varias calles de la zona 2 de Ciudad de Guatemala se llenan de mujeres con escasa ropa. Caminan de un lado a otro entre pequeños hoteles y viviendas con cuartos en alquiler mirando su teléfono a la espera del primer cliente que les permita comprar la comida de esa jornada. Un motorista se dirige a una de ellas y, sin quitarse el casco para no ser reconocido por los vecinos, entra junto a la chica en una casa.


“A la gente le da miedo venir donde nosotras porque piensa que estamos infectadas y tampoco sabemos con quién nos metemos”

Una trabajadora sexual de Ciudad de Guatemala


Tras entregarle 130 quetzales, de los cuales 100 son para la mujer (12 euros) y 30 (3,6 euros) para pagar el cuarto, podrá mantener relaciones sexuales con ella durante 30 minutos. Eso sí, ambos sin quitarse la mascarilla y echándose gel en las manos como única protección para un trabajo donde es imposible el distanciamiento social. “Me da miedo porque no sabemos si nos traen la enfermedad del coronavirus”, reconoce Helen, una joven de 24 años, quien desde los 20 se dedica al trabajo sexual y que teme llevar la enfermedad a su casa donde viven sus dos hijos de siete y nueve años, y su hija de dos. En cuanto se va el hombre, Helen se afana en desinfectar la cama donde trabaja y se echa alcohol y gel en las manos.

Recalca que ella se dedica al trabajo sexual por sus hijos, si bien considera que sería un “poco vergonzoso” que los dos varones se enterasen de su profesión. “Pero igual le pido a Dios que a su edad lo sepan entender”. Asimismo, asegura que le da “temor” que cuando su hija sea más mayor, quiera también dedicarse al trabajo sexual al ver que su madre lo hizo: “Es algo difícil para mí, porque yo lo he sufrido y no quisiera que ella lo pase”.

“Todas estamos aquí por nuestros hijos y a veces, el mismo Gobierno nos los quieren quitar al considerar que les estamos dando un mal ejemplo sin saber que nos están arrebatando el motivo por el cual nosotras estamos acá”, denuncia Helen. Tras volverse a perfumar, la joven regresa a talonear en la calle en busca de otro cliente, pese al temor a contagiarse: “La gente piensa que una gana un dineral y qué ando haciendo aquí, pero somos como cualquier ciudadano, tenemos deudas y tenemos que seguir con nuestro día normal trabajando para dar de comer a nuestros hijos”.

Su compañera, Debi, madre de tres hijos de ocho, 10 y 12 años, lamenta la caída de clientes. “A la gente le da miedo venir donde nosotras porque piensa que estamos infectadas y tampoco sabemos con quién nos metemos”, opina. Además, revela que la policía y los vecinos las han querido sacar de las calles, si bien remarca que no se pueden ir porque ante la falta de ayuda estatal “no nos va a matar el coronavirus como dicen, sino que nos va a matar el hambre”.

La secunda Joisy, quien critica a los policías: “Nos miran mal, pero para nosotras es un trabajo como el que ellos hacen, aunque muchas personas no lo ven así y piensan que una está en la calle porque no tiene nada que hacer o porque nos gusta estar teniendo sexo por gusto, pero no es así”. Tras asegurar que le gustaría que legalizaran el trabajo sexual, subraya que siguen cobrando los precios habituales. “No podemos denigrar nuestro cuerpo o llegar casi al límite de regalarlo solo por la pandemia del coronavirus, a pesar de que los hombres están exigiendo bajarlos”, justifica.

Por su parte, Lidia regenta una de las casas en las que nueve mujeres mantienen relaciones sexuales a cambio de dinero: “La situación está difícil y la policía incluso se han querido llevar a las señoritas por estar en la esquina y nos hostiga amenazando que quiere cerrar el lugar que lleva abierto ocho años”. Sin embargo, remarca que no tienen ningún motivo, dado que ella no recibe a menores de edad que sí han llegado a su casa con la intención de alquilar uno de los cuartos para mantener relaciones sexuales a cambio de dinero.

A una hora de que inicie el toque de queda y vacíe las calles de Ciudad de Guatemala por completo, Lidia reprende desde la entrada de su casa a dos chicas de unos 20 años para que se levanten de un portal donde están sentadas mirando cada una su teléfono móvil. “Así no atraen clientes y yo debo pagar los 3.000 quetzales (360 euros) del alquiler de la casa y sacar mi sueldo, ya que según lo que ganan ellas, yo gano”, concluye esta mujer de 55 años, madre soltera de seis hijos y que ejerció el trabajo sexual durante 10 años.