¿Abolición o regulación?

Por Eva Sáenz Royo y Ángel Garcés Sanagustín

31 de octubre de 2021

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:O4C5eUjnJTwJ:https://www.heraldo.es/noticias/opinion/2021/10/31/abolicion-o-regulacion-eva-saenz-royo-y-angel-garces-sanagustin-la-rotonda-1530100.html+&cd=1&hl=es-419&ct=clnk&gl=es

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Por primera vez, el PSOE, en el marco de su 40º Congreso Federal, se ha declarado formalmente abolicionista de la prostitución.

Se trata de una de sus ideas fuerza que –parece– marcará su rumbo ideológico de los próximos años y que parte como premisa indiscutible de que la prostitución es siempre forzada, sin que quepa el consentimiento libre por quien la ejerce. Aunque han anunciado una ley específica sobre la abolición de la prostitución, actualmente ya se está tramitando en el Congreso una reforma del Código Penal en línea con esta tesis abolicionista.

Desde el punto de vista jurídico, la primera norma de carácter abolicionista en España se remonta a la época franquista, con un decreto-ley de 3 de marzo de 1956. Evidentemente, esta norma no abolió la prostitución y generó más explotación sexual y proliferación de enfermedades; esto es, miedo y soledad.

Actualmente, el Estado no interviene ni reconociendo ni prohibiendo la prostitución. Este vacío jurídico ha favorecido que, por una parte, proliferen ordenanzas municipales que prohíben expresamente «ofrecer, solicitar, negociar o aceptar servicios sexuales mediante pago» en la vía pública, pero, por otra, se dicten sentencias judiciales que reconocen los derechos laborales de las personas que ejercen la prostitución. Incluso, en junio de 2021, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha permitido la creación del sindicato ‘Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras)’, que integra la prostitución ejercida por cuenta propia. Dirigido, obviamente, por una mujer, sorprende en un contexto en el que los sindicatos más representativos, incluidos los del sector público o sectoriales –como el de enfermería–, están liderados por hombres.

La única intervención legal clara sobre la cuestión es la regulación penal sobre el proxenetismo y la trata con el propósito de explotación sexual. Tras la reforma de 2015 del Código Penal, y en coherencia con la última jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, puede interpretarse –como así hace buena parte de la doctrina penalista– que ha dejado de considerarse como delito el proxenetismo no coactivo. Se establece así, desde el ámbito penal, una distinción entre prostitución libre y prostitución forzada, que rompe la premisa de la que se parte desde las posiciones abolicionistas.

Pues bien, la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, conocida popularmente como la ley del ‘solo sí es sí’, actualmente en tramitación en el Congreso, pretende reintroducir como delito el proxenetismo no coactivo, en línea con las tesis abolicionistas y negando la capacidad de decisión de las trabajadoras sexuales. Es decir, una ley, que focaliza en el consentimiento el elemento clave para el ejercicio de la libertad sexual, excluye a las prostitutas de esta posibilidad.

La historia demuestra que la abolición de la prostitución es más bien una quimera y, por ello, el argumento de más contundencia a favor de la regulación es la protección que se otorga al trabajador o –mayoritariamente– trabajadora sexual. En países como Holanda, Alemania, Australia y Nueva Zelanda se reconoce como trabajo la prostitución libre y voluntaria de personas adultas y capaces con el consiguiente reconocimiento de derechos laborales y sociales. Se consigue con ello cotizar por el trabajo realizado y acceder a las diferentes prestaciones previstas por la ley. Además, en este modelo se considera que la protección jurídica a la trabajadora sexual, la parte más vulnerable, supone su mejor arma frente a la explotación, la violencia, la coerción, las mafias y la corrupción.

En los tiempos de la transparencia y la participación ciudadana, ¿se ha contado con la opinión de estas personas para la reforma que se pretende? ¿O las prostitutas están en el lado más bajo de la escala de la ciudadanía? ¿Por qué se pretende negar a una persona adulta, en el ejercicio de su libertad y en la intimidad, utilizar su cuerpo como buenamente lo desee? ¿En qué argumentos se apoya tal ‘superioridad moral’? Un texto legal que invalida y no da por buena la voluntad de las trabajadoras sexuales, como personas no aptas para otorgar su consentimiento, es una clara vuelta a un puritanismo propio de otros tiempos. Quizás sea cierto que la historia es cíclica. Pero para mal.

Mary Loly cenó gallina la noche que Franco cerró los prostíbulos

Por Andrea Momoitio

30 de octubre de 2021

Mary Loly cenó gallina la noche que Franco cerró los prostíbulos

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El 3 de marzo de 1956, el régimen franquista aprobaba un decreto para prohibir la prostitución. El ingreso de España en Naciones Unidas y la presión de ciertos sectores católicos empujaron un cambio que llevó al franquismo a aprobar unas medidas similares a las que se habían impulsado durante la II República. Así, decreto mediante, «velando por la dignidad de la mujer y en interés de la moral social», la prostitución se declaraba tráfico ilícito. La misma regulación recogía que la «reeducación y adaptación social» de las prostitutas correspondería al Patronato de Protección de la Mujer, que quedaba encomendado para la «creación, fomento y coordinación» de centros que debían procurar «colocar a sus acogidas en trabajos normales, propios de la condición de la mujer». Una vez más, las mujeres que ejercían la prostitución quedaban desamparadas por las instituciones, expuestas a la violencia de clientes y chulos y sometidas a la arbitrariedad de la policía. A partir de la aprobación de aquella norma, tenían tres meses para la clausura y el desalojo de los prostíbulos.

Mary Loly estaba entonces trabajando en Santander. La mujer no se llamaba así, pero ese fue el nombre que le puso José Ramón Saiz Viadero cuando publicó un libro en el que narra muchas de las conversaciones y encuentros que tuvieron aquellos años: «Algún nombre había que darla para poder disfrazar lo suficiente su personalidad». No quería que sufriera las consecuencias de la «indiscreta publicación». La publicación es indiscreta, sí; y la prostitución es una práctica estigmatizada.

En junio de 1976 se publicaba «Conversaciones con la Mary Loly», un libro imprescindible para conocer cómo era la prostitución en España durante el régimen franquista. Quizá protegida por el pseudónimo o, quizá, simplemente, animada por la posibilidad de narrar cómo era su vida, Mary Loly ofrece un relato impagable. Tras dedicarse, durante años, a moverse por distintos territorios del Estado español trabajando como prostituta, decidió asentarse en Santander.

Vivía ya en la capital cántabra cuando llegó la noticia de la aprobación de la nueva norma: «Fueron malos días, malos, con todo lo beneficioso que parecía aquel Decreto. Las chicas se desperdigaron, aunque algunas se quedaron de pensión en la misma casa», cuenta. Mary Loly –que no tuvo a bien inventarse un apellido y queda relegada a su nombre de pila durante todo el libro– narra unos días confusos en los que nadie sabía exactamente qué estaba pasando ni qué iba a pasar. Según su testimonio, algunos policías trataron de calmar los ánimos asegurando que su situación mejoraría sustancialmente con la aprobación de la nueva legislación.

Algo sí cambió: «Hubo un aumento en la consideración de nuestro trabajo, por lo menos en el rendimiento por servicio. De tres duros que cobrábamos entonces, se puso a cincuenta pesetas en unos días. Claro, que no todo era tan fácil, porque estaba la inseguridad, trabajabas volada, temiendo que la pasma te echara el guante o que algún gamberro se llevara lo que tenías encima o te dejara en pelotas en la calle». Los mismos miedos, por cierto, que relatan hoy muchas mujeres prostitutas.

Llegó el día.

Mary Loly compró unas gallinas sin saber que habían sido robadas de la huerta de su madre para cenar aquella noche. Invitaron a «amigos de confianza, las chicas trajeron cada una a su hombre» y se pegaron una «tripada que no te menees». Al final, cuenta, fumaron grifa y Mary Loly se sintió volar: «La despedida fue entre triste y descacharrante; entonces se llevaba mucho los discos dedicados y mandamos a la radio poner uno para «las chicas del taller»: era un tango de despedida».

Adiós muchachos, compañeros de mi vida,
Barra querida de aquellos tiempos.
Me toca a mi hoy emprender la retirada

Muchas compañeras de Mary Loly volvieron a sus pueblos o buscaron otros temas, luego, cuando «las aguas volvieron a su cauce, algunas regresaron y poco a poco empezaron a atender a su clientela de forma discreta, en pisos de confianza». Algunos bares, perdido ya el miedo inicial, volvieron a abrir sus puertas para dejar trabajar a las prostitutas. Entre silencios, pisos discretos y bares de mala muerte, Mary Loly siguió trabajando: «Mira, chico, joder se jode igualito con todos los políticos».

Pensó en dejarlo, claro, pero nunca se decidió: «Suponte que yo empezara a trabajar; me costaría mucho acostumbrarme, me sentiría vigilada y señalada, porque siempre hay murmuraciones y, mira, yo soy muy susceptible para eso. Si pienso que me hacen de menos porque yo soy o he sido una puta, pues lo dejo todo plantado y me largo con el viento fresco y que les den por culo».

En sus encuentros con José Ramón Saiz Viadero, un historiador y periodista cántabro que parece saberlo todo de su ciudad, narra con soltura y buen humor anécdotas y chascarrillos. Ella, que nunca había tenido macarra, se lamentaba del trato que les daban a sus compañeras. Ella, que no decidió voluntariamente ejercer la prostitución, es crítica con el estigma; con las mujeres de bien que no quieren acostarse con sus maridos; con la doble moral que las relega al silencio y a la oscuridad.

Murió hace más de cuarenta años. Poco después de que se publicara la segunda edición del libro. Está descatalogado, pero puede conseguirse en páginas de segunda mano. Hay que rebuscar para encontrarlo a buen precio, pero es que relatos como el suyo… no se encuentran en cualquier quiosco.

Ética y prostitución

El ser humano es propietario pleno de sí mismo, de su mente y su cuerpo. Las personas pueden tener relaciones sexuales de cualquier tipo con quien libremente deseen si respetan la propiedad privada, si la relación es aceptada voluntariamente por las partes implicadas. Una persona puede proponer a otra las condiciones que desee para practicar el sexo, como por ejemplo una contraprestación económica. Es legítimo dar y recibir dinero a cambio de sexo.

Por Francisco Capella

29 de junio de 2001

https://www.libertaddigital.com/opinion/ideas/etica-y-prostitucion-1316.html

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La prostitución no es un delito por ninguna de las partes, prostituta (gigoló) o cliente. Si la relación entre prostituta y cliente es voluntaria, su prohibición perjudica a ambos. La criminalización de la prostitución provoca su marginación, la clandestinidad, aumenta su precio, dificulta los controles de calidad (por ejemplo sanitarios), hace posibles abusos de los policías y fomenta la existencia y el enriquecimiento de grupos criminales que la controlan en un mercado negro.

La persona que se prostituye puede trabajar por libre de forma autónoma, puede integrarse como asalariada en una empresa de servicios sexuales o puede contratar con un especialista la protección y gestión de su actividad. El proxeneta no es un delincuente si su relación con la prostituta es voluntaria y no violenta. Obligar a otra persona por la fuerza a ejercer la prostitución es un delito, igual que robarle sus ingresos. Igual que un cliente puede seleccionar qué prostituta desea, una prostituta puede negarse a mantener relaciones sexuales sin más explicaciones. La mujer no es necesariamente la parte más débil. Una prostituta no es necesariamente una víctima. Para muchas, la prostitución es sólo un trabajo, una forma de ganar dinero más interesante que otras alternativas menos atractivas.

Las prohibiciones, regulaciones o restricciones estatales a la actividad sexual son violaciones de la propiedad privada típicas de autoritarismos conservadores que pretenden imponer por la fuerza su moral arbitraria particular, y dañan a todas las partes que están dispuestas a mantener relaciones sexuales libremente consentidas. Algunas leyes son tan arbitrarias y absurdas que prohíben la prostitución pero permiten la pornografía, en la cual no sólo hay sexo a cambio de dinero sino que además se filma y se difunde. No son tan extraños los casos de individuos hipócritas que condenan en público la prostitución pero se sirven de ella en privado.

Basar la prohibición de la prostitución en la dignidad del ser humano o la degradación de la mujer es tratar a las mujeres como un colectivo uniforme, o quedarse en una idea abstracta disociada de la realidad. Cada mujer es un ser humano diferente, con sus preferencias subjetivas y sus capacidades concretas. Lo que para una persona es denigrante para otra puede ser algo placentero, o algo molesto pero que merece la pena por lo que se obtiene a cambio. Los puritanos o reprimidos intentan imponer su estrecha moral a los demás de forma coactiva, tal vez envidiosos del poder sexual de una prostituta.

Algunas prostitutas pueden sentirse molestas por lo que otras personas piensan de ellas o por la mala imagen de su profesión, por un posible estigma social. Las prostitutas no tienen derecho a controlar las mentes de las demás personas, a decidir qué es adecuado que piensen de ellas. No pueden pretender mantener un honor o prestigio de forma coactiva. Toda persona es dueña de sus pensamientos, opiniones y declaraciones, y puede pensar y decir lo que quiera acerca de la prostitución. La honorabilidad es una cuestión subjetiva que no puede imponerse legalmente. Por otra parte, lo que la mayor parte de la sociedad piense acerca de la prostitución es irrelevante para su carácter ético y no les da derecho a legislar al respecto.

La regulación estatal es mejor que la prohibición, pero no es lo mismo que el ejercicio libre de la prostitución. La regulación no defiende derechos sino que los agrede: impide el anonimato y la confidencialidad, y obliga a los trabajadores del sexo a pagar impuestos confiscatorios y a participar en el sistema coactivo y fraudulento de la seguridad social. Una mujer que desea dejar de ejercer la prostitución puede naturalmente hacerlo, pero no tiene derecho a utilizar recursos ajenos para recibir formación o encontrar otro trabajo.

El problema de las prostitutas que buscan clientes en espacios públicos como calles o parques está causado porque dichos lugares son públicos y su utilización origina conflictos de intereses. La acotación estatal de zonas donde se permite o prohíbe la prostitución es arbitraria. El propietario de un espacio privado es quien está legitimado para decidir qué actividades son permitidas o prohibidas en el mismo.

En los países más pobres, las mujeres que trabajan en el sexo pueden ser el principal o el único soporte económico de su familia, y no tienen por qué avergonzarse de ello. Prohibir su actividad implica condenarlas a la pobreza o a actividades más duras o menos productivas. Respecto a las inmigrantes ilegales o a las drogadictas que se prostituyen, los problemas están en la inmigración ilegal (por la violencia y la pobreza de los lugares de origen) y en la prohibición de las drogas.

La función económica, y social, de la prostitución

Por Xabier Vila-Coia

29 de octubre de 2021

https://www.laregion.es/opinion/xabier-vila-coia/funcion-economica-social-prostitucion/202110282115331076483.amp.html

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“Avanzaremos aboliendo la prostitución, que esclaviza a las mujeres en nuestro país”. Esta frase la pronunció el presidente Pedro Sánchez en el recién celebrado 40.º Congreso Federal del PSOE. En ella destacan tres palabras que es preciso analizar.

En primer lugar, con el término “prostitución” Sánchez se refiere a la femenina, no a la masculina; no porque no exista, sino porque el hombre se sitúa en un nivel ontológico diferente al de la mujer, en el que no cabe la victimización de carácter sexual ni de otro tipo.

A continuación, llama la atención el uso del gerundio del verbo “abolir” toda vez que la prostitución no es una ley ni una costumbre: ¡es un hecho social!; por lo tanto, se puede prohibir pero en ningún caso abolir por decreto.

No menos engañosa es la afirmación en la que da por sentado que “esclaviza” a las mujeres; tergiversación cuya propagación se inició hace años en Madrid con una campaña basada en el eslogan “Porque tú pagas, existe la prostitución”.

Últimamente, esta estrategia se cambió por una más agresiva con los usuarios de estos servicios ofertados en el libre mercado, que tiene como objetivo estigmatizarlos endilgándoles el epíteto “putero”, el cual en castellano solo hace referencia a los hombres que mantienen relaciones sexuales con prostitutas. Es probable que un futuro próximo se comience a emplear con igual propósito el insulto “hijo de putero” en sustitución del tradicional “hijo de puta”, a pesar de que no puede tener el mismo significado dado que en todas las culturas la dicotomía macho-hembra determina ciertos aspectos de la realidad de quienes las integran en función de su sexo biológico.

¿Por qué existe la prostitución? Porque las mujeres se prostituyen. ¿Y por qué se prostituyen las mujeres? Porque en las comunidades humanas su cuerpo puede ser una fuente de recursos de toda índole. También el del hombre; aunque por otras cualidades y de distinta manera. Lo que se niegan a aceptar los agentes sociales, y los ciudadanos, es que prostitución y autonomía de la voluntad no son incompatibles. Por autonomía de la voluntad entiendo lo que la Bioética, que define la persona autónoma “como un individuo capaz de deliberar sobre sus objetivos personales y actuar bajo la dirección de esta deliberación”.

Aunque la gente lo desconozca, la inmensa mayoría de las prostitutas gozan de una autonomía de la voluntad muy superior a la que disponen las mujeres que trabajan en el servicio doméstico, las cuidadoras de las residencias de ancianos, las cajeras de supermercado, las empleadas del servicio de habitaciones de los hoteles, etcétera.

¿Hay en estos quehaceres alguna clase de esclavismo que por no estar vinculado a prácticas sexuales, sino a “ganarse la vida honradamente”, nos impide reconocer su existencia?

En “Los días del hombre”, el doctor Besançon nos ofrece una conclusión con respecto a este tema digna del sociólogo más reputado: “Los mojigatos se empeñan en que se cierren las casas ya cerradas. ¡Qué malos son estos moralistas! En rigor, los viejos podrán echarse una amiga, lo cual es ya bastante amenazador para la paz del hogar. Pero, a los feos, a los tartamudos, a los vergonzosos, a los Quasimodos… ¿Quién les venderá una ilusión? ¡Cómo! ¡Ya no más enfermeras de los sentidos! ¡Ya no limosnas! ¡Ya no piedad! ¿Es que no hay ya bastantes desheredados que se tiran al Sena?”.

Reflexión que se complementa a la perfección con un dicho cubano que invito al lector a someter a su libre consideración: “El trabajo embrutece, el juego ilustra, la putería es lo que da placer”.

Las trabajadoras sexuales afirman que la ley abolicionista condenará la prostitución a la clandestinidad

Se oponen a la propuesta legislativa del PSOE porque consideran que solo precarizará aún más su situación y aumentará los casos de abuso. No descartan movilizaciones si se sigue hablando de abolición

Por MARTA MORENILLA. Murcia

29 de octubre de 2021

https://www.orm.es/informativos/noticias-2021/las-trabajadoras-sexuales-afirman-que-la-ley-abolicionista-condenara-la-prostitucion-a-la-clandestinidad/

Linda Porn y Vera, de OTRAS, y Nacho Pardo, Coordinador de CATS. ORM

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Las asociaciones de trabajadoras sexuales consideran que la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual que ha presentado el Gobierno Nacional criminaliza la prostitución, dejándolas en desamparo y abandono. Aseguran que si finalmente se abole la prostitución, no desaparecerá sino que se la condenará a la clandestinidad.

El coordinador del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexto (CATS) en la Región de Murcia, Nacho Pardo; la delegada regional del sindicato OTRAS en la comunidad autónoma, Vera, y la activista y miembro de ambas organizaciones Linda Porn, han ofrecido este viernes una rueda de prensa conjunta para mostrar su malestar con el anuncio del Gobierno central de que tratará de abolir la prostitución penalizando a los clientes.

En la Región no existen cifras sobre las profesionales de la prostitución, sin embargo sólo en la asociación CATS se contabilizan más de 2.200 trabajadoras sexuales. Un sector que se ha puesto en pie de guerra ante las últimas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que anunciaba su intención de abolir la prostitución, algo que ya ha ocurrido en países como Suiza o Noruega y donde, aseguran, no sólo no ha dejado de practicarse, sino que se ha multiplicado por tres el número de mujeres que la ejercen, llamadas por el aumento de los precios que provoca la clandestinidad.

Las trabajadoras del sexo exigen que se las proteja de la explotación y de los abusos, que se les dote de derechos laborales en situación de iguladad con el resto de la población trabajadora y que dejen de confundir intencionadamente la prostitución con la trata. Por ello piden que se les consulte antes de realizar culaquier intento legislativo que les afecte y no descartan movilizaciones si se sigue hablando de abolición.

Las leyes contra la trata de personas hacen más daño que bien a las trabajadoras sexuales migrantes, según un informe

Por Ian Burns

27 de octubre de 2021

https://www.thelawyersdaily.ca/articles/30762/anti-trafficking-laws-doing-more-harm-than-good-for-migrant-sex-workers-report-says

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Un informe publicado recientemente por varios expertos legales y laborales dice que las leyes contra la trata de personas de Canadá, que aparentemente tienen como objetivo proteger a las trabajadoras sexuales migrantes, están teniendo el efecto contrario al que se pretendía y han dejado a las trabajadoras sexuales más expuestas a la explotación.

El informe, «Atrapadas en la red carcelaria: leyes y normativas contra la trata y su impacto en las trabajadoras sexuales migrantes» (1), se publicó el 25 de octubre. Dice que la compleja red de leyes de Canadá construida para combatir la trata sexual, que van desde prohibiciones federales contra la trata de personas en la Ley de Inmigración y Protección de Refugiados (IRPA) y el Código Penal a las ordenanzas municipales que regulan estrictamente negocios como salones de masajes y centros de masajes corporales, a menudo se justifican sobre la base de que protegen a las mujeres migrantes de la trata de personas, pero a menudo conduce a que las trabajadoras sexuales migrantes sean el blanco de la vigilancia policial, la discriminación por perfil racial e incluso la detención y la deportación.

Judy Fudge, coautora del informe y profesora LIUNA Enrico Henry Mancinelli de Asuntos Laborales Globales en la Universidad McMaster, calificó la deportación como una «forma extraña de proteger a las personas vulnerables a la explotación».

“Estas leyes y normativas hacen que las trabajadoras sexuales migrantes sean más susceptibles a las malas condiciones laborales, la explotación, la depredación, el racismo y la mala salud”, dijo Fudge, quien también enseñó anteriormente en la Facultad de Derecho de Osgoode Hall.

Esta estrecha red de leyes significa que es menos probable que las trabajadoras sexuales migrantes denuncien los delitos perpetrados en su contra y hace que tomen medidas para evitar a la policía, según el informe. Esto significa que son cada vez más susceptibles a la violencia dirigida por depredadores que saben que no tienen un recurso efectivo debido a la vulnerabilidad de su estatus legal y la penalización de su trabajo. Y se dice que las regulaciones de inmigración que prohíben a las migrantes sin permiso de residencia permanente trabajar en la industria del sexo son particularmente malas porque no son controlables, ya que los asuntos de aplicación de la ley de inmigración se consideran como asuntos administrativos y carecen de las protecciones del debido proceso, a pesar del severo impacto que supone la amenaza de detención y deportación.

Los autores también dijeron que una revisión de las leyes provinciales contra la trata de personas y las ordenanzas municipales no revela evidencia de que protejan a las mujeres inmigrantes de la trata de personas ni a las trabajadoras sexuales migrantes de la explotación. El coautor del informe Vincent Wong, abogado y candidato a doctorado en Osgoode Hall, señaló que la ciudad de Toronto cambió la aplicación de la ley municipal en 2012 hacia la trata de personas, la salud y la seguridad y la prevención del delito.

“Bajo este eje, las multas y las exclusiones de licencias municipales se consideran una herramienta clave para hacer inviable que los centros de masajes corporales y los salones de masajes funcionen de manera rentable”, dijo. “Pero muchas multas a partir de 2012 fueron por infracciones banales que realmente no tienen una conexión racional con la lucha contra la explotación laboral que sustenta la trata”.

Con ese fin, los autores del informe han presentado una serie de recomendaciones, incluida la derogación de todos los delitos penales específicos del trabajo sexual; garantizar que la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) nunca participe en investigaciones y redadas contra la trata de personas; derogación de las ordenanzas municipales que tienen como objetivo el trabajo sexual o la industria del entretenimiento para adultos (como clubes de striptease y salones de masajes); y reasignar los recursos de la trata de personas a los servicios de asentamiento, salud, legales y sociales para los trabajadores migrantes y otros grupos que están en mayor riesgo de sufrir explotación laboral.

Fudge dijo que la derogación de estas leyes y normativas no es una solución milagrosa para poner fin a la trata de personas, pero reduciría el impacto dañino que tienen en las trabajadoras sexuales migrantes y también permitiría al gobierno centrarse en desarrollar leyes y normativas que combatan la coerción y la explotación.

“Debemos prestar atención al daño que el enfoque actual de Canadá sobre la trata de personas causa a las trabajadoras sexuales migrantes que se supone debe proteger”, dijo.

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1.- Caught in the Carceral Web: Anti-Trafficking Laws and Policies and their Impact on Migrant Sex Workers

LINDA PORN Trabajadora sexual y mediadora de CATS: «Las que creen que nos salvan con la abolición de la prostitución son unas putófobas»

El trabajo sexual vuelve a protagonizar el debate público después de que el PSOE anunciara en su 40º Congreso Federal que piensa impulsar una ley que acabe con esta actividad

Por Jaime Ferrán

23 de octubre de 2021

https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2021/10/23/creen-salvan-abolicion-prostitucion-son-58737158.html

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El informe de Médicos del Mundo ‘La prostitución como forma de violencia de género’ estima que alrededor de 350.000 mujeres, de las cuales el 80 % son extranjeras en situación irregular, ejercen la prostitución en España. En la Región de Murcia, el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) atiende cada año entorno a 1.600 personas. Una de sus mediadoras, Linda Porn, con veinte años como trabajadora sexual a sus espaldas, defiende la prostitución como medio de vida y, más allá de exigir la legalización de su actividad, exige «derechos».

-¿Ejerce usted la prostitución libremente?

Yo pertenezco a la clase trabajadora. No entiendo eso de ejercer libremente un trabajo, sino que trabajamos por necesidad. Si no lo hacemos, difícilmente podremos pagar el alquiler y las facturas y las madres no podrían criar a sus peques. Si ejercer libremente es no estar en tráfico, pues sí; y ejerzo el trabajo sexual porque es lo que más se adecua a mi condición de madre soltera. Así puedo dedicar tiempo a mi hija sin estar en situación de precariedad.

-¿No es problemático ser madre y trabajadora sexual?

He tenido problemas con los Servicios Sociales precisamente por eso. Para criar a un hijo sin ayuda se necesita trabajar doce horas al día. Cuando parí, volví a ser camarera. Sufría, llegaba cansada a casa para dedicarle tiempo a mi hija y encima no llegaba a fin de mes. Eso es una injusticia tanto para los niños como para las madres. En el trabajo sexual me bastaba con dedicarle cuatro horas diarias y luego podía llevar a mi hija al colegio y ayudarla con los deberes. Eso sí, hay que aguantar el estigma.

-¿Está diciendo que es más llevadero ser trabajadora sexual que camarera?

Yo no pretendo ganar las perlas de la Virgen. Pretendo pagar el alquiler y las necesidades de mi hija y las mías sin estar superexplotada. No quiero vivir para trabajar y este empleo me lo permite. La mayoría de la clase trabajadora no puede decir lo mismo.

-Este Gobierno está trabajando en la ley ‘solo sí es sí’, que incorpora la tercería locativa, que persigue a quienes les alquilen habitaciones, por ejemplo.

Aquí vale el consentimiento de todas menos el nuestro. Con la tercería locativa, si alquilamos una habitación para trabajar es delito. Dicen que no están en contra de las trabajadoras sexuales y que no somos delincuentes, pero quieren perseguir a las personas que nos facilitan el trabajo. Es absurdo. Quieren que la gente crea que nos están salvando, pero son unas putófobas.

-¿A quién se refiere con putófobas?

A quienes nos ponen la zancadilla. Es una guerra contra nosotras. Nos quieren cerrar el negocio porque lo dicen ellas. Hay una imposición de clase. Cómo una puta va a decidir por sí misma.

-También quieren perseguir al cliente.

Es como si al levantar la persiana de mi tienda me encontrara a dos policías que impidieran entrar a todo el mundo. Me llevan a la ruina. Ellas dicen ‘sin cliente no hay trata’ y nosotras decimos ‘sin cliente no hay plata’.

-¿Cómo pueden acabar si la ley sigue adelante?

Como quieren que acabemos: marginalizadas, calladas y jodidas. Buscan que entremos en sus caudales de ofertas laborales, que son indignas, como los talleres de costura, para que hagamos los vestidos de las señoras burguesas y puedan decir que se lo han comprado a una víctima de trata.

-Muchas personas piensan que es más indigno vender el propio cuerpo que vender vestidos.

Por tres euros la hora. ¿Eso es digno? No viviré en la precariedad porque lo digan esas señoras. Y no vendo mi cuerpo, ofrezco un servicio. Aquí hay un problema que tiene que ver con el catolicismo y algunos sectores conservadores que quieren condicionar la sexualidad de las mujeres. No entiendo por qué se ve tan claro con el aborto y no con el trabajo sexual. Yo no necesito ser salvada, lo que quiero son derechos, que no se me estigmatice y que no le hagan ‘bullying’ a mi hija porque soy una puta.

-Desde el PSOE aseguran que la gran mayoría de mujeres que ejercen la prostitución son víctimas de trata. Si usted no lo es, habrás visto muchas.

En mis espacios de trabajo no he visto ninguna, pero sí en el activismo. El informe GRETA (Grupo de Expertos de Acción contra la Trata de Seres Humanos) del Consejo de Europa o Amnistía Internacional afirman que son tres de cada diez mujeres las víctimas de trata. O sea, que no son la mayoría.

-¿Puede el mercado de trabajo regularizado actual asumir a todas las trabajadoras sexuales que quedarían desempleadas?

El trabajo sexual es plata para el país. Prohiben mucho, pero hay problemas estructurales como la Ley de Extranjería, la desigualdad de la mujer frente al hombre y la no regularización del trabajo doméstico que provocan la feminización de la pobreza.

-Si la abolición no es solución, ¿cree que habría que caminar hacia la legalización?

Más que la legalización, queremos derechos, como han hecho en Nueva Zelanda. Allí, si se trabaja con terceros, tiene que existir un contrato con derecho a bajas, cotización, etc. Si se es autónoma, se cotiza para una buena jubilación y se tiene derecho a hacer una ‘colectiva’, o sea, alquilar una casa y regentarla entre un grupo de trabajadoras sexuales.

-Si abolen la prostitución, ¿vendrá después la industria del porno?

Ya les están atacando también. Yo me pregunto por qué no hablamos también de la industria del matrimonio o de las temporeras de Huelva. ¿Por qué no hablamos de las internas? Hay tanto maltrato y explotación…

-¿El matrimonio?

El trabajo sexual es una institución patriarcal, igual que el matrimonio. Hablemos también de maridos y esposas.

-¿Y no cree usted que hay que luchar contra un sistema patriarcal que oprime a la mujer?

Otorgando derechos a las trabajadoras sexuales nos podremos empoderar en nuestros trabajos. No pertenecemos a una institución patriarcal por las propias fantasías de los hombres, ya que las mujeres también las tenemos. La mayoría de nuestro trabajo es cumplir esas fantasías.

-Pocas frases tan manidas como ‘la prostitución es la profesión más antigua del mundo’. Siendo así, ¿se puede acabar con ella? ¿Van los murcianos, por ejemplo, a olvidarse de ella por una ley?

Por supuesto que no. Aquí establecemos relaciones entre adultos y no se puede prohibir algo así. Lo único que se va a conseguir es reforzar el estigma y potenciar esta actividad, a la que van a dotar de más morbo. No tienen ni idea de lo que es la sexualidad.

¿Hay mujeres que ejercen por elección?

Organizaciones como la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp) defienden desde hace años que las mujeres que ejercen la prostitución no lo hacen por elección propia. «Nosotros no vemos a una mujer que elija estar ahí, vemos que hay una mercantilización de cualquier ser humano», opina la directora de Apramp, Rocío Mora, que asegura que el 98% es víctima de trata y explotación sexual, con lo que solo el 2% lo haría sin coacción y por elección.

Mora urge a aprobar una ley de trata que dé protección a estas mujeres, no las considere delincuentes sino víctimas y sí penalice al proxeneta. «Hay que acercarse a la realidad y dar soluciones; las soluciones están puestas sobre la mesa, creo que hay que legislar; perder el tiempo entre regular, abolir o prohibir al final me parece que no es tener ninguna gana de avanzar», incide Mora.

«¿A las que no tienen papeles las van a meter en un CIE y las van a deportar?», preguntan al presidente del Gobierno

Afirma que los partidos tienen que llegar a un acuerdo y que la abolición protegería a las mujeres y no daría «manga ancha» a las personas que las mercantilizan. «En estos momentos cualquier persona puede abrir en su casa un prostíbulo», recalca.

Sin embargo, para la secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Sexuales (Otras), Concha Borrell, cerca del 93% de las mujeres que ejercen la prostitución lo hace porque quiere. De hecho, subraya que si hubiera más del 90% de mujeres obligadas «cabría preguntarse qué pasa con los servicios policiales de este país» que no lo solucionan, e insta a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a reunirse con ella para presentarle a «las miles» de mujeres que están en el sindicato y no quieren hacer otro «trabajo» que no sea el de la prostitución.

En este sentido, pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, qué va a hacer con las 400.000 mujeres que se van a quedar sin empleo si se opta por abolir la prostitución: «¿Dónde las van a recolocar?, ¿las que no tienen papeles las van a meter en un CIE y las van a deportar?, ¿cuál es el plan?».
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«Me gustaría que mi hija tuviera la libertad de hacer lo que quiera»

Linda Porn no es el nombre real -evidentemente- de esta mexicana, que lleva en España 18 años y tiene una hija de 16. Empezó a trabajar como meretriz en su país natal, «cuando me subía a la barra americana». Estudiaba teatro y migró a Europa para desarrollar su carrera como artista. Mientras continuaba con sus estudios, no perdió el contacto con la prostitución, actividad a la que ya le ha dedicado la mitad de su vida en países tan dispares como Alemania, Irlanda, Bélgica, Reino Unido, Italia y, por su puesto, España.

Su hija sabe a lo que se dedica. «Tiene que saberlo porque vive dos vidas: una fuera y otra conmigo porque las prostitutas somos muy rechazadas. Cambiándome el nombre protejo del estigma al resto de mi familia». Aunque piensa que sigue siendo una «utopía», Linda no pierde la esperanza de que algún día una regularización de su modo de vida le otorgue derechos laborales que permita a sus compañeras dejar de estar «tan vulneradas».

Con un futuro así para las prostitutas, asegura que le gustaría que su hija «tenga la libertad de hacer lo que quiera hacer, pero si quiere ser trabajadora sexual, que tenga derechos».

Prostitutas en pie de guerra contra Irene Montero: «Trabajamos de forma libre y voluntaria»

Las trabajadoras del sexo reclaman que se regule la profesión en vez de prohibirla: «La ley del ‘solo sí es sí’ no es inteligente ni práctica».

Por Marta Arce

23 de octubre de 2021

https://www.libertaddigital.com/espana/2021-10-23/prostitutas-en-pie-de-guerra-contra-irene-montero-trabajamos-de-forma-libre-y-voluntaria-6830082/

Manifestación en Barcelona contra la abolición de la prostitución. | Cordon Press

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El PSOE y Podemos andan en plena carrera para ver quién se cuelga la medalla por abolir la prostitución. Los socialistas insisten en que el asunto requiere una ley integral, mientras que la ministra morada de Igualdad, Irene Montero, asegura que con su ley del «solo sí es sí» sería suficiente. Y mientras tanto, desde las asociaciones de ayuda a las prostitutas denuncian que el Gobierno toma decisiones sin dejar hablar a las mujeres trabajadoras del sexo, lo cual tiene muy poco de feminista.

«Lo que hacen es estigmatizarnos y precarizarnos», nos cuenta Nina, una scort de Madrid. «En mi entorno, todos, todas y todes estamos trabajando de manera libre y voluntaria», nos cuenta Marcos, un gigoló sevillano masculino (que también existen aunque el Ministerio de Igualdad nunca hable de ellos).

«Piensan que detrás de cada prostituta hay un proxeneta y eso es totalmente falso. El problema es que la ministra de Igualdad se maneja con datos totalmente erróneos de asociaciones abolicionistas. Toda la gente que conozco ejerce la prostitución porque le da la gana y porque han decidido que esa es su forma de vida», afirma Emérita, una prostituta trans de Murcia.

«La abolición no es la solución» ha señalado Nacho Pardo, portavoz de Cats (Comité de Ayuda a las Trabajadoras Sexuales). «Esta situación requiere un debate profundo dejando hablar a las protagonistas. La decisión que plantean desde el Gobierno no es inteligente ni práctica».

Según Pardo, prohibir la prostitución supondrá «condenar a la precariedad a mucha gente que se va a encontrar de la noche a la mañana en la calle, con una mano delante y otra detrás y sin poder ejercer». Garantizar la protección económica y social de las prostitutas es una tarea imposible, empezando por el hecho de que son personas que no existen para el sistema: no están dadas de alta en la Seguridad Social, no tienen contrato, no cotizan, no tienen bajas y no tienen paro.

«Solo sí es sí»: una ley muy poco feminista

Además, la profesión más antigua del mundo no va a desaparecer porque lo diga una ley, sino que se mantendrá en un ambiente clandestino, el perfecto «caldo de cultivo para mafias que intenten acaparar el negocio». afirma Pardo. Y con respecto a la ley del «solo sí es sí», considera que «es de cajón que tenga que haber un consentimiento para mantener relaciones sexuales. Pero en la ley se está negando ese consentimiento a las personas que ejercen la prostitución alegando que está viciado por razones que se sacan de la manga en cuanto a moralidades y otras historias que no entendemos».

Manifestación en Barcelona.

Otro «grave error» de la ley de Montero es que «criminaliza y estigmatiza a las prostitutas que quedan reducidas a poco menos que niñas que no saben lo que quieren. Papá Estado y mamá antropóloga saben lo que quieren las prostitutas porque ellas no tienen ni idea», explica Pardo. «Como yo moralmente no estoy de acuerdo con la prostitución, cojo, me invento que el 95% de las prostitutas tienen detrás una red de trata y como están alienadas, no les doy voz para hablar. Eso es muy denigrante. No dar voz a una mujer por el hecho de que ejerce la prostitución, no es nada feminista».

«Aquí hay que hacer un debate profundo, con datos reales de asociaciones serias que afirman que una de cada siete prostitutas tienen detrás a una red de trata (no el 95%) y hay que dar voz a las personas», insiste Pardo.

APDHA exige que se escuche a las trabajadoras sexuales en el debate sobre la abolición de la prostitución

22.10.21 – España – Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)

APDHA exige que se escuche a las trabajadoras sexuales en el debate sobre la abolición de la prostitución

  • “La APDHA siempre ha estado y seguirá estando con las trabajadoras sexuales, con sus luchas y por sus derechos, en libertad”
  • “Es ilusorio pretender acabar con la prostitución prohibiéndola por ley porque reducir la prostitución tiene más que ver con tratar de abolir antes la precariedad, que tiene rostro de mujer”

En el grupo de Feminismos de APDHA hemos seguido, cada vez con mayor preocupación, las declaraciones del Gobierno anunciando por diferentes vías su intención de impulsar una ley de abolición de la prostitución, vinculando esta con la trata. Este anuncio apareció también en el debate abierto en torno a algunos artículos sobre las conductas relativas a la prostitución de la Ley de Libertad Sexual, la del “solo sí es sí”. En la APDHA estamos totalmente de acuerdo con eliminar de esta ley toda referencia a la prostitución, que se concreta en nuestro apoyo a la enmienda que propone retirar la recuperación de la tercería locativa (el lucro por alquilar un espacio donde se prostituye una persona), ya que su introducción contribuye a reforzar el estigma de la prostitución y a dificultar la distinción entre prostitución voluntaria y prostitución forzada. La Ley del “solo sí es sí” se concibe así como un importante primer paso desde el abolicionismo y es contestada por los grupos “pro derechos” de las trabajadoras sexuales, entre los que se encuentra desde hace años nuestra asociación. Un debate complejo que afecta a los derechos humanos, por lo que quisiéramos hacer las siguientes consideraciones:

En primer lugar, quisiéramos alentar a que el debate se haga de forma abierta, pausada y sosegada, social y políticamente, desde la diversidad de posicionamientos feministas al respecto, y no zanjarlo de inmediato imponiendo por ley desde el Gobierno un solo punto de vista a modo de propaganda partidista. No se puede defender en nombre del feminismo ese abolicionismo por ley, ya que el feminismo es plural y diverso. Hacerlo de ese modo sería profundamente antidemocrático y generaría una profunda herida en la opinión pública y especialmente entre los feminismos, provocando tal vez una ruptura feminista sin retorno que en nada beneficiaría a la mayoría de mujeres y, por tanto, debería preocupar a un Gobierno que se dice progresista e igualitario.

En segundo lugar, no se debe legislar sin escuchar a las más directamente afectadas, por esa posible ley abolicionista que supuestamente las protegería. Las trabajadoras sexuales llevan ya muchos años organizadas, definiendo y exigiendo con voz propia sus derechos. Son parte importante y significativa del feminismo, se puede no estar de acuerdo con ellas, pero negar su existencia, prohibir sus colectivos o sindicatos y no sentarse a escuchar sus demandas, es condenarlas a la clandestinidad, la inseguridad, la precariedad y la estigmatización, relegándolas a la condición de víctimas y negándoles el ser sujetos de derechos, ciudadanas. Legislar sin escuchar tiene por tanto como consecuencia el efecto contrario al que se dice perseguir, su protección, y es igualmente impropio de un Gobierno que se reclama progresista.

En tercer lugar, es absolutamente ilusorio pretender acabar con la prostitución por la vía punitiva prohibiéndola por ley, siendo como es un problema social de tan hondas raíces sociales, económicas y políticas, por lo que pensamos que esa posible ley abolicionista no va más allá de la propaganda política y conduce solo a mantener la prostitución clandestina con sus peores consecuencias. Sabemos que reducir la prostitución tiene más que ver con tratar de abolir antes la precariedad, que tiene rostro de mujer (sueldos, horarios y demás condiciones laborales) en aquellos sectores económicos absolutamente feminizados, denominados por otra parte esenciales durante la pandemia (cuidados, limpieza, hostelería, comercio, educación, sanidad,…). Mucho más efectivas serían medidas como derogar la Ley de Extranjería y la Reforma Laboral o la existencia de rentas básicas, servicios públicos para todas, etc. Más que dividir el feminismo entre abolicionistas y regulacionistas, deberíamos ir a un pacto de todos los feminismos contra la precariedad, la pobreza, la exclusión y la estigmatización de esas amplias mayorías de mujeres. Eso sí sería propio de un Gobierno progresista e igualitario.

En cuarto lugar, sería deplorable ver sumar los votos de la derecha y la extrema derecha a los de un Gobierno que se proclama de izquierdas y darles alas a quienes tratan por todos los medios de recortar los derechos alcanzados por las mujeres a lo largo de tantos años de lucha feminista, como ha ocurrido en Andalucía, donde gobiernan las derechas, o como está ocurriendo en Madrid tras la victoria de Ayuso. Sería deplorable ver cómo a la deriva neoconservadora de las derechas se suman también las veleidades punitivistas, puritanas y autoritarias de las izquierdas. Dejen de vincular tan prejuiciosamente, de forma intencionada o no, prostitución con trata, obviando si hay o no consentimiento en el ejercicio de la prostitución y obviando por tanto las diferencias que condicionan las medidas a tomar en uno y otro caso. Protejamos a las verdaderas víctimas de trata y escuchemos a las trabajadoras sexuales que expongan las medidas que consideran necesarias para ganar en derechos, seguridad y condiciones laborales.

Escuchen antes de legislar, están en juego las condiciones de vida y trabajo de miles de mujeres que, desde una perspectiva feminista, llevan muchos años luchando por sus derechos en las peores condiciones. La APDHA siempre ha estado y seguirá estando con las trabajadoras sexuales, con sus luchas y por sus derechos, en libertad.

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Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) trabaja con el objetivo de lograr que las personas sean libres e iguales en dignidad y derechos

¿Cómo que abolir la prostitución?

Por Juan Pina

22 de octubre de 2021

https://www.laregion.es/opinion/juan-pina/como-que-abolir-prostitucion/202110212200001074297.html

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¿Abolir? ¿Cómo que abolir? Abolir significa retirar la legalidad de una determinada acción o de una práctica. Se pudo abolir la esclavitud porque las leyes previas disponían su legalidad y reglamentaban el ejercicio de esa atrocidad. Se abolió el servicio militar obligatorio porque, hasta entonces, aquel intolerable secuestro legal era una prestación forzosa regulada por ley. Se podría abolir algún impuesto, o la obligación de llevar el cinturón de seguridad en el coche. Eso sí sería “abolir”. La prostitución no puede “abolirse” porque no es, al menos en España, una práctica regulada mediante disposiciones legales. El XL Congreso del Partido Socialista Obrero Español, celebrado el pasado fin de semana, ha hecho trampas al hablar de abolición. Y no es una trampa inocente sino un eufemismo calculado para evitar el verbo que hace al caso: “prohibir”. Lo que quiere el PSOE es prohibir la prostitución.

Como ha funcionado tan maravillosamente bien la prohibición de las drogas, como funcionó perfectamente la “ley seca” estadounidense respecto al alcohol, como funciona la prohibición española de la legítima gestación subrogada (enviando a cientos de parejas a efectuarla en otros países), como funcionó la prohibición del divorcio (que se resolvía en Roma) o la del aborto (que se arreglaba en Londres), ahora a estos socialistas radicalizados y autoritarios les parece posible y oportuno prohibir nada menos que la prostitución. Pero el oficio más viejo del mundo es, sencillamente imposible de prohibir, e intentarlo sólo creará problemas de todo tipo. Al prohibirse formalmente, el ejercicio de la profesión se verá sometido a condiciones aún mucho peores que las actuales. Aunque no se penalice a los hombres y mujeres que se prostituyen, criminalizar a sus clientes será un ataque frontal a su medio de sustento. Como en cualquier intervención estatal en un sector de la economía, se producirá una fuerte retirada de oferta con la misma demanda, y por lo tanto los precios subirán enormemente, lo que perjudicará tanto a las personas ejercientes como a su clientela. Por otro lado, si se prohíbe la prostitución directa, habrá que prohibir también la indirecta, es decir, los shows presenciales y la pornografía en cualquier soporte, lo que afectará también a la libertad de expresión. Qué inmenso despropósito.

Las neomonjas y los neomonjes del PSOE, émulos del falangismo tardofranquista, quieren que los españoles vuelvan a enfilar la carretera de Perpiñán. España está en el pelotón de cabeza del Índice Mundial de Libertad Moral, pero con medidas como esta probablemente perderá posiciones. No puede ser. No es comprensible que estemos sometidos ahora a dos moralismos simultáneos: el que nos viene de la nueva extrema derecha, y el que ejerce la izquierda radical incluso desde dentro del PSOE. En algunos debates, y probablemente en este, hacen causa común estrechando el espacio de las posiciones sociopolíticas normales, ancladas en la libertad individual. Otro ejemplo claro de ese doble moralismo es el que afecta al juego (menos, cómo no, al juego ofertado por las administraciones públicas, con el que no se meten porque ese no debe de crear ludopatías…). ¿Qué será lo siguiente? ¿Veremos a agentes de la moral pública, formados por el PSOE o por Vox, exigir más metros de tela en las minifaldas que salgan por la tele, como hace cincuenta años? Ya se ha proscrito a las azafatas y azafatos del automovilismo y del ciclismo, porque usar el cuerpo con fines publicitarios mostrando carne es pecado para esta gente. Vamos para atrás como los cangrejos, y el PSOE es el cangrejo mayor.

Los hombres y mujeres, en todo el planeta, prestan infinidad de servicios físicos con distintas partes de sus cuerpos. La prostitución sólo se diferencia en las partes empleadas. Si deslomarse cargando cajas o fregando suelos es digno, alquilar el cuerpo para un acto sexual es exactamente igual de digno. La indignidad la perciben solamente los colectivistas, para quienes ni siquiera el cuerpo pertenece a la persona que lo habita y resulta que el Estado, en representación de la sociedad, tiene algo que decir sobre el uso que cada persona le dé. Tres siglos de liberalismo social, desde la Ilustración… ¿para esto? ¿Para llegar a una sociedad-colmena en la que el grupo tiene derechos sobre el cuerpo de cada individuo, y puede meterse a legislar, regular, alentar o prohibir determinadas prácticas? Lo que debe perseguirse con todo el peso de la ley es la prostitución forzada y el tráfico de personas. Hay que acabar con esa espantosa esclavitud y con todas las violaciones salvajes de los Derechos Humanos que la acompañan. Y eso no sólo no se consigue, sino que se entorpece, prohibiendo la prostitución normal. Debe regularse su ejercicio, dignificarse a los trabajadores sexuales, incorporarse como una profesión más a la economía del país, y normalizarse su percepción social. Y si los socialistas de verdad quieren abolir cosas que a estas alturas no deberían existir, que empiecen por abolir el intervencionismo económico, social y cultural del Estado en nuestras vidas.