Diversos colectivos de trabajadoras sexuales del Estado español envían una carta dirigida a la Relatora sobre Derecho a la Salud de la ONU, Tlaleng Mofokeng

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), Las Putas Libertarias del Raval (Barcelona) y la Sección Sindical de Trabajadoras Sexuales de la IAC instan a suprimir el Artículo 187 bis del Código Penal del APLO-LS, y a diseñar políticas que garanticen nuestros derechos humanos y laborales como trabajadoras sexuales y como mujeres.

 

11 de febrero de 2021

 

La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la Salud Tlaleng Mofokeng

 

Comunicado

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS), Las Putas Libertarias del Raval (Barcelona) y la Sección Sindical de Trabajadoras Sexuales de la IAC hemos enviado este miércoles una misiva a la relatora Tlaleng Mofokeng haciendo referencia al Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (APLO-LS), elaborado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. Este anteproyecto, conocido popularmente como “Ley del Sólo sí es sí”,  se encuentra actualmente en trámite previo a su presentación al Congreso de los Diputados.

Como colectivos de trabajadoras sexuales reconocemos en la carta algunos aciertos del anteproyecto de ley como el incorporar disposiciones relativas al consentimiento explícito en relación a la libertad sexual, así como eliminar las diferencias entre los delitos de agresión y abuso sexual, y establecer la creación de diversos servicios especializados de atención para las víctimas de violencia sexual. Sin embargo subrayamos que después del periodo de aportes por parte de organizaciones de la sociedad, el texto ha sido modificado por el Ministerio de Igualdad en diversos aspectos, incluyendo diversas disposiciones que pueden llevar a la criminalización de las trabajadoras sexuales, con impactos graves en su derecho a la salud, vivienda y a la no discriminación, cuestiones que nos preocupan directamente si llegara a ser el texto final de la ley.

Por ello rogamos su intervención a la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la Salud Tlaleng Mofokeng  —así como la de expertos/as independientes de otros mandatos que Ud. considere pertinentes—, para que inste a España no solo a suprimir el Artículo 187 bis del Código Penal del APLO-LS, sino también a diseñar políticas que garanticen nuestros derechos humanos y laborales como trabajadoras sexuales y como mujeres, políticas que han de ser diseñadas conjuntamente con los colectivos a quienes afectan, mientras hasta hoy el Ministerio de Igualdad nos ha ignorado a pesar de haberles solicitado un encuentro en el cual poder socializar nuestras demandas, reivindicaciones y propuestas.

Depositamos nuestra confianza en la relatora de la ONU quien es reconocida por algunos de sus artículos sobre trabajo sexual en el que se ha mostrado su punto de vista pro derechos. «No creo que sea correcto o justo que las personas que intercambian servicios sexuales por dinero sean penalizadas y no lo creo por lo que hago» escribió en este texto en un medio mainstream.

 

Carta a la relatora Tlaleng Mofokeng

Ms.Tlaleng Mofokeng – Relatora Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la Salud

Apreciada Sra. Mofokeng,

Desde el Colectivo de Putas de Sevilla (CPS), Las Putas Libertarias del Raval (Barcelona) y la Sección Sindical de Trabajadoras Sexuales de la IAC, nos dirigimos a Ud. en referencia al Ante Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual (APLO-LS), elaborado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, en actual trámite previo a su presentación al Congreso de los Diputados. Consideramos que algunas disposiciones del referido APLO-LS amenazan los derechos de las trabajadoras sexuales, muchas de ellas mujeres transgénero y migrantes, en diversos aspectos.

El APLO-LS, también conocido popularmente como la “Ley del Sólo sí es sí”, ha tenido como objetivo incorporar disposiciones relativas al consentimiento explícito en relación a la libertad sexual, así como eliminar las diferencias entre los delitos de agresión y abuso sexual, y establecer la creación de diversos servicios especializados de atención para las víctimas de violencia sexual. Tales disposiciones nos parecen avances importantes para los derechos de las mujeres en España.

Sin embargo, luego de un período de «participación» en que las organizaciones de la sociedad civil hicieron aportaciones al APLO-LS, el texto del anteproyecto fue modificado por el Ministerio de Igualdad en diversos aspectos, incluyendo diversas disposiciones que pueden llevar a la criminalización de las trabajadoras sexuales, con impactos graves en su derecho a la salud, vivienda y a la no discriminación. Lamentablemente, estos cambios se introdujeron después del período de “participación” y las trabajadoras sexuales ya no pudimos hacer observaciones ni recomendaciones a este nuevo texto.

El APLO-LS (en su versión reformada) considera como violencias sexuales “los actos de naturaleza sexual no consentidos o que condicionan el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado”, donde se incluye “la explotación de la prostitución ajena”, y establece que “se entenderá que hay explotación cuando exista aprovechamiento de una relación de dependencia o subordinación”. Esta definición de explotación permite excluir el consentimiento de las mujeres trabajadoras sexuales cada vez que exista una relación de dependencia o subordinación.

Pero aún más preocupante para las trabajadoras sexuales es la criminalización de la «tercería locativa» en el Código Penal. En su página 66, el Anteproyecto propone introducir un nuevo artículo 187 bis del Código Penal que literalmente establece:

“El que, con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, a favorecer la explotación sexual de la prostitución de otra persona, aún con su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años, y multa de seis a dieciocho meses sin perjuicio de la clausura prevista en el artículo 194 de este código. La pena se impondrá en su mitad superior cuando la prostitución se ejerza a partir de un acto de violencia, intimidación, engaño o abuso de los descritos en el apartado 1 del artículo 187”.

La «tercería locativa» —es decir, el alquiler de inmuebles o establecimientos para el ejercicio de la prostitución— existió en el pasado en el CP español (Código Penal franquista de 1973) cuando la prostitución se consideraba una actividad inmoral, y se despenalizó con la aprobación del llamado «Código Penal de la democracia» en el año 1995. Es decir, el art. 187 bis en la propuesta del APLO-LS, lejos de ser una propuesta novedosa, es una vuelta al pasado y una regresión de derechos para las trabajadoras sexuales.

Nos preocupan enormemente las consecuencias que puede suponer esta propuesta, ya que lo que se entiende por “favorecer la explotación sexual de la prostitución de otra persona” es altamente impreciso y, más aún, cuando se establece que el consentimiento de la persona que ejerce la prostitución es irrelevante. De acuerdo al APLO-LS “se entenderá que hay explotación cuando exista aprovechamiento de una relación de dependencia o subordinación”. Esto es particularmente preocupante cuando se trata de trabajadoras sexuales que, en muchos casos, están en situaciones de gran precariedad y dependencia, como por ejemplo, las trabajadoras migrantes indocumentadas.

En efecto, la aplicación de esta norma puede hacer que todas las personas implicadas con algún tipo de responsabilidad en el uso de un inmueble para el ejercicio de la prostitución por terceras personas podrían llegar ser imputadas por este delito,¹ al igual que cualquier articulación entre mujeres para el uso de un espacio laboral compartido, pudiendo llegar a investigarse cada contrato de alquiler como un presunto delito por «favorecer la explotación sexual de otra persona». Esto contribuye a reforzar la estigmatización de las trabajadoras sexuales, así como la precarización, estigmatización y violencia contra las trabajadoras sexuales, todo lo cual impacta directamente en nuestro derecho al nivel más alto posible de salud física y mental.

Como ha ocurrido en otros países, como Argentina, “el estigma y la discriminación a los que se enfrentan las trabajadoras y los trabajadores sexuales cuando se procuran servicios de atención a la salud, en parte debido a las prohibiciones de carácter penal relativas al trabajo sexual, así^́ como un estigma social y autoimpuesto más amplio, repercuten directamente sobre su acceso a servicios de atención de la salud, y por consiguiente violan sus derechos a al nivel más alto posible de salud física y mental y a la igualdad y la no discriminación”.²

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha confirmado que la penalización de las actividades sexuales consentidas entre personas adultas viola la obligación de los Estados a respetar el derecho a la salud sexual y reproductiva al constituir un obstáculo legal que impide el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.³

Si bien en este caso no se penaliza directamente el trabajo sexual en la ley, su ejercicio queda expuesto a los riesgos de una eventual criminalización secundaria, esto es, la que se da a través de la acción punitiva de la policía y agentes estatales, por iniciativa propia o a iniciativa de personas que puedan denunciar a las trabajadoras sexuales y a quienes les alquilan viviendas. En este sentido, las disposiciones del APLO-LS también podría poner en riesgo nuestro derecho a la vivienda, ya que exponen a las trabajadoras sexuales a un nivel alto de indefensión ante los posibles hostigamientos vecinales y/o de arrendadores, además de todas las implicaciones que todo esto puede llegar a tener en sus viviendas y los posibles desahucios que puedan sufrir, reforzando así, exponencialmente, la estigmatización y la clandestinidad de las trabajadoras sexuales, como ha ocurrido también en Noruega⁴ y en Argentina.⁵

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha confirmado que el derecho a la salud incluye «el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no padecer injerencias», así como «el relativo a un sistema de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud».⁶

Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha recomendado (Recomendación General No. 35) la derogación de todas las leyes que discriminan a las mujeres, incluyendo las leyes que criminalizan a las mujeres en la prostitución.⁷ En el mismo sentido se ha manifestado el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica en 2016.⁸ Asimismo, el Comité CEDAW ha recomendado (Recomendación general No 24) que debe prestarse especial atención al derecho a la salud de las mujeres que pertenecen a grupos vulnerables, lo que incluye a “las mujeres que trabajan en la prostitución”.⁹

El Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Anand Grover, sobre el derecho a la salud de los trabajadores migratorios, ha señalado que:

Los Estados tienen la responsabilidad de respetar, proteger y hacer posible el disfrute del derecho a la salud de los trabajadores migratorios de la industria del sexo, independientemente de que hayan sido o no víctimas de la trata de personas. Los trabajadores migratorios de la industria del sexo son un sector de la población muy estigmatizados, puesto que el sexo o el trabajo relacionado con el sexo pueden estar tipificados como delitos en muchos países. Los peligros de salud ocupacional a que hacen frente los profesionales del sexo incluyen un riesgo desproporcionado de contraer el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual y de ser víctimas de actos de violencia y, a menudo, de violación. La criminalización perpetúa la discriminación, el estigma y la violencia contra los trabajadores de la industria del sexo y constituye un obstáculo para el acceso a los servicios sanitarios, lo que perjudica su estado de salud. Sumada a la xenofobia, la criminalización puede legitimar el acoso, la intimidación y la violencia contra los trabajadores migratorios de la industria del sexo, especialmente por parte de las fuerzas del orden, sin proporcionar un mecanismo de protección o reparación.¹⁰

Por ello, dicho informe señala que “para garantizar el acceso no discriminatorio a la atención de la salud tanto en la legislación como en la práctica, los Estados deben despenalizar el trabajo sexual consensuado realizado por adultos, así como promulgar y aplicar leyes que amplíen los derechos laborales, la salud y la seguridad en el trabajo y el acceso a una atención sanitaria asequible, centrándose en los trabajadores migratorios de la industria del sexo que se encuentran en situación irregular”.¹¹ También diversas agencias de Naciones Unidas han reiterado la importancia de la derogación de las leyes que criminalizan a los y las trabajadoras sexuales.¹²

Lamentamos esta deriva punitivista por parte del actual Gobierno de España, en medio de una iniciativa que debiera tener en el centro el reforzar el consentimiento y la autonomía de todas las mujeres. Por el contrario, las políticas criminalizadoras que afectan directa o indirectamente al colectivo de personas que ejercemos el trabajo sexual vulneran nuestros derechos y nos exponen a mayores peligros de abusos, explotación y clandestinidad en todos los ámbitos de su vida, poniendo en riesgo, entre otros, nuestra salud física y mental y nuestro derecho a la vivienda.

Por todo lo anterior, rogamos su intervención —así como la de expertos/as independientes de otros mandatos que Ud. considere pertinentes—, para que inste a España no solo a suprimir este Artículo 187 bis del Código Penal del APLO-LS sino también a diseñar políticas que garanticen nuestros derechos humanos y laborales como trabajadoras sexuales y como mujeres, políticas que han de ser diseñadas conjuntamente con los colectivos a quienes afectan, mientras hasta hoy el Ministerio de Igualdad nos ha ignorado a pesar de haberles solicitado un encuentro en el cual poder socializar nuestras demandas, reivindicaciones y propuestas.

Cordialmente,

María José Barrera Márquez – Colectivo de Putas de Sevilla CPS.

Janet Mérida – Putas Libertarias del Raval (Barcelona).

Paula Ezkerra – Putas Indignadas (Barcelona) / Sección sindical de trabajadoras sexuales de la IAC.

Carta Relatora (PDF)

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Notas

¹ Debe ser tenido en cuenta que muchas trabajadoras sexuales alquilan y comparten pisos (apartamentos) conjuntamente para trabajar, solicitan plazas en casas de citas, subalquilan habitaciones entre compañeras o utilizan su domicilio habitual como lugar de trabajo. También muchas trabajadoras sexuales, a partir de cierta edad y ante la falta de acceso a jubilación, debido a la falta de derechos laborales, optan por regentar o dirigir locales donde trabajan otras mujeres.

² Amnistía Internacional (2016) «Lo Que Hago No Es Un Delito» El Coste Humano de Penalizar el Trabajo Sexual en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Disponible en: https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR1340422016SPANISH.PDF

³ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general 22, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12), doc. ONU E/C.12/GC/22, 2016, párr. 57.

⁴ “En virtud de la legislación noruega, las trabajadoras y los trabajadores sexuales corren riesgo de desalojo forzoso, pues sus caseros pueden ser procesados por alquilarles la casa si venden servicios sexuales en ella.

Amnistía Internacional escuchó el testimonio de varias personas dedicadas al trabajo sexual en Noruega que habían denunciado violencia a la policía y habían sido desalojadas de sus hogares o expulsadas por haber hablado con la policía.

Una persona que representaba a una organización noruega de defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores sexuales explicó: «Si los caseros no proceden al desalojo, la policía interpone una querella criminal contra ellos […] La policía anima a los caseros a tomarse la justicia por su mano y aplicarla ellos mismos.” (Amnistía Internacional: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/05/amnesty-international-publishes-policy-and-research– on-protection-of-sex-workers-rights/).

⁵ “En Buenos Aires, aunque desarrollen su actividad en domicilios particulares, las trabajadoras y los trabajadores sexuales suelen sufrir largas y violentas inspecciones y allanamientos de la policía, así como extorsiones y chantajes.

Las personas que se dedican al trabajo sexual en Buenos Aires informaron también de problemas para acceder a los servicios de salud, entre ellos una enorme estigmatización y discriminación. «Realmente no teníamos acceso a los servicios de atención a la salud, porque siempre que íbamos a un hospital los médicos se burlaban o nos atendían en último lugar», dijo a Amnistía Internacional una persona trans que se había dedicado al trabajo sexual.

Amnistía Internacional comprobó que estos obstáculos habían hecho que algunas personas que realizaban trabajo sexual prescindieran por completo de estos servicios”.(Amnistía Internacional: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/05/amnesty-international-publishes-policy-and-research– on-protection-of-sex-workers-rights/).

⁶ Véase Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general No 14, El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12), doc. ONU E/C.12/2000/4, párr. 8, 2000

⁷ CEDAW, Recomendación General No. 35 (2017) párrafo 31 a).

⁸ Report of the Working Group on discrimination against women (A/HRC/32/44), 2016, para. 76.

⁹ Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación general No 24 (La mujer y la salud), doc. ONU A/54/38/Rev.1 (capítulo I), párrafo 6 (1999).

¹⁰ Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Anand Grover (A/HRC/23/41), 2013, para. 58

¹¹ Ibidem. para. 60.

¹² Joint United Nations Statement on Ending Discrimination in Health Care Settings, July 2017 h ttps://www.ohchr.org/Documents/Issues/ESCR/InterAgencyStatementDiscriminationHealthCare.pdf

 

¿Qué es lo contrario de esclavitud sexual?

 

Extracto de los últimos párrafos del artículo:

Will the real sex slave please stand up?

Julia O’Connell Davidson

2006

https://www.academia.edu/1769895/will_the_real_sex_slave_please_stand_up

 

Algunas activistas de los derechos de las trabajadoras sexuales sostienen que tales problemas podrían resolverse otorgándoles a las prostitutas “el derecho a viajar a través de las fronteras estatales y nacionales y a obtener permisos de trabajo sobre la misma base que a otras trabajadoras inmigrantes», así como haciendo que «el trabajo sexual sea accesible para el mismo tipo de regulaciones que han reducido el daño a los trabajadores en… otros sitios de trabajo a veces peligrosos” (Alexander, 1997: 93). Sin embargo, esto pasa por alto las formas complejas y variables en las que quienes comercian con el sexo se posicionan en relación con la «prostitución». En la actualidad, gran parte del comercio sexual tiene lugar en una clandestinidad no regulada o en una “economía informal” que se encuentra fuera de la sociedad civil entendida como “un sistema social, cultural y ético compuesto por el mercado, el sistema legal y las asociaciones voluntarias para promover el bienestar de la comunidad” (Brace, 2002: 334). Esta es sin duda una de las razones por las que se estigmatiza la prostitución, pero también es una de las razones por las que quienes están excluidas de la sociedad civil, incluidas las migrantes indocumentadas, así como las adolescentes fugitivas, las drogadictas, etc., suelen recurrir a ella como medio de supervivencia. Y de ninguna manera está claro que deseen incorporarse a la sociedad civil como “trabajadoras sexuales”, incluso si esta opción estuviera abierta para ellas.

En términos más generales, hay pocos motivos para confiar en el Estado como aliado en cualquier lucha por proteger los derechos de quienes comercian con el sexo (Chapkis, 1997; O’Connell Davidson, 2003). Y, sin embargo, la despenalización sin regulación estatal, un enfoque político defendido por algunas feministas y activistas de la prostitución, no es una alternativa atractiva, ya que respalda “el tipo de regulación mínima sobre la industria que incluso Milton Friedman aprobaría» (Shrage, 1994: 83). Entonces, no creo que haya una respuesta política única, ordenada y sencilla a la prostitución que proteja a todas las que comercian con el sexo. Sin embargo, creo que el debate político sobre el trabajo forzado en el sector del sexo no puede separarse del debate sobre la regulación más general de ese sector, como tampoco puede tratarse el tema de la “trata” de forma aislada del fenómeno más general de la migración.

En ausencia de un debate sobre la especificidad del trabajo sexual, los detalles de la regulación laboral y los estándares mínimos que deben aplicarse al trabajo de las prostitutas, y sobre lo que constituye un nivel inaceptable de “explotación” dentro de la prostitución (autoexplotación así como por parte de un empleador), es peligroso hablar de prostitución forzada y esclavas sexuales. Porque sin un acuerdo sobre los estándares y normas que deberían aplicarse, es imposible decir en qué lado de la línea que separa el trabajo forzado de las condiciones de trabajo extremadamente malas se encuentran mujeres como las que trabajan para Pat y, por lo tanto, tampoco es posible tomar medidas para ayudarlas como víctimas de trabajo forzado, o para identificar estrategias para mejorar su situación como trabajadoras «libres» que realizan «trabajos deficientes». Si no podemos, por ejemplo, identificar un número máximo de clientes por día que se puede esperar que una trabajadora sexual atienda, un pago mínimo por servicio sexual brindado, una cantidad máxima de veces que una trabajadora sexual puede acceder de manera segura a proporcionar sexo anal, y normas mínimas con respecto a otras cuestiones de salud y seguridad asociadas específicamente con el trabajo sexual, entonces no hay forma de distinguir entre los tres empleadores descritos anteriormente excepto a través de una referencia al uso de la fuerza física.

En el Reino Unido, el actual régimen de inmigración y la ausencia de normas laborales en el sector del sexo se combinan para dejar a muchas migrantes irregulares en una situación en la que no tienen más remedio que aceptar condiciones de trabajo extremadamente malas y relaciones laborales altamente explotadoras. No pueden esperar (en teoría, si no en la práctica) nada más del Estado que estar protegidas de un empleador que las encierre en un edificio y / o las viole, golpee o amenace con matar a su familia. Un estándar tan bajo proporciona efectivamente a los empleadores una carta blanca para hacer los contratos que quieran con las trabajadoras sexuales, y quizás lo más notable de la industria del sexo es el hecho de que en realidad hay algunos empleadores, como Ava, que intentan elevar el estándar por encima del requisito mínimo extraordinariamente básico de que no deben usar la fuerza física contra sus empleadas. Lejos de representar un paso adelante en términos de asegurar derechos y protecciones para quienes están sujetas a relaciones laborales de explotación y malas condiciones de trabajo en el comercio sexual, el actual énfasis legal en esclavas sexuales y víctimas de trata limita las obligaciones del Estado hacia ellas.

El 2 de junio o «las mujeres alegres en la casa del señor»

Con motivo del Día internacional de las trabajadoras del sexo, la autora ofrece una reflexión sobre el origen de la autoorganización y lucha contra el acoso policial y la estigmatización social de las mujeres que ejercen la prostitución

 

 

Por LIVIA MOTTERLE

2 de junio de 2017

https://www.academia.edu/34140675/El_2_de_juny_o_les_dones_alegres_a_la_casa_del_senyor_

 

El 2 de junio de 1975, más de cien trabajadoras sexuales ocuparon la iglesia Saint-Nizier en la localidad francesa de Lyon ante la vergonzosa negativa del Gobierno a entablar diálogo con ellas. El objetivo de la ocupación era visualizar su situación de vulnerabilidad debida a los abusos continuados por parte de la policía, como por ejemplo, multas y encarcelamientos. Chicas alegres en la casa del señor fue el título de un texto enviado a la prensa donde ellas mismas explicaban esta acción pacífica que se propagó, inesperadamente, a otras ciudades francesas. El colectivo de prostitutas que se gestó en la iglesia Saint-Nizier fue un referente histórico para todas las organizaciones de trabajadoras sexuales posteriores. Como decía Ulla, una de las líderes: «Esperamos nuestra libertad como mujeres tal como somos, y no como queréis que seamos para tranquilizar vuestra conciencia (…). No temáis, esta liberación no supondrá automáticamente una proliferación de prostitutas a no ser que nosotras, las mujeres, seamos las únicas reprimidas por el miedo a la policía.» Desde aquel momento, el 2 de junio se ha convertido en el Día internacional de las trabajadoras del sexo. Manifestaciones, charlas, performances y cualquier tipo de acciones reivindicativas, visten de lucha muchas ciudades del mundo con el objetivo de reivindicar los derechos de un colectivo de personas que, a pesar del profundo estigma que la hipocresía del patriarcado y la misericordia de tantas instituciones imprimen en sus cuerpos, sigue luchando con orgullo y alegría.

Contrariamente a lo que sigue siendo una creencia colectiva, el enemigo más peligroso de las trabajadoras del sexo no son sus clientes (y sus clientas), sino ciertas instituciones (públicas o privadas), encargadas de evidenciar y perpetuar una estructura dicotómica que genera estigmas y que sitúa en el altar a la mujer «buena» y en el infierno a la «mala». «Las relaciones de poder pueden penetrar materialmente en el espesor mismo de los cuerpos», afirma Foucault en la Microfísica del poder. Este mecanismo de vigilancia, control y normalización, se muestra más cruel con los cuerpos que escapan de códigos heteronormativos, productivos y reproductivos. La sexualidad, entendida como creación que se manifiesta desde y gracias a los cuerpos, se convierte en marcadora de normalidad y canalizadora del castigo. La Iglesia y la Medicina, desde el momento en que se constituyeron como instituciones, han sido las que más han participado, junto con los poderes judiciales y administrativos del Estado, en la construcción de las dicotomías (bueno / malo; normal / anormal; sano / patológico; inocente / culpable) y en la fabricación de reglas sobre cuándo, cómo y con quién debemos tener relaciones sexuales.

El objetivo de las ordenanzas, multas y sanciones —sobre todo a las trabajadoras sexuales de la calle— es precisamente el control y el castigo de los cuerpos que manifiestan prácticas sexuales anormales en el espacio público. Las trabajadoras sexuales del Raval, esto, lo saben bien. La modificación de los artículos relativos al trabajo sexual de la Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia en el espacio público de Barcelona del año 2006 —que ya prohibía la oferta, la demanda y la negociación de los servicios sexuales retribuidos en la calle además de su realización— se reforzó en abril de 2012. Los dos grandes cambios fueron, por una parte, la supresión de la obligación, a cargo de la Guardia Urbana, de avisar previamente a los clientes y a las trabajadoras, y por otra parte, la «posibilidad» cedida a las prostitutas de conmutar la multa participando en cursos de reinserción laboral. La modificación de la Ordenanza multiplicó en el 2012 el número de multas impuestas, agravando así las condiciones de trabajo de las prostitutas, aumentando su estrés y llevándolas a situaciones insostenibles.

Según un estudio cualitativo encargado por el Ayuntamiento, aunque el número de multas haya disminuido en los últimos dos años (2015 y 2016), el número de trabajadoras sexuales ha seguido siendo el mismo. ¿Por qué no aumentan, entonces? Esto deberíamos preguntárselo a ellas. «Nos tratan como basura que hay que sacar del barrio y reciclar. Nos quieren redimir obligándonos a hacer cursos de reinserción laboral. Pero nosotras ya tenemos nuestro trabajo y no queremos ir a limpiar el culo a nadie» —declara una trabajadora. El estigma, aunque hoy no está impreso con nitrato de plata como en la época del Higienismo, está fabricado por la misma hipocresía que quiere una Barcelona atractiva y seductora, capaz de satisfacer los gustos del mercado turístico. Escort sí, pues. Pero puta, nunca más.

Ante esta situación de vulnerabilidad, las trabajadoras sexuales se rebelan. Bajo el nombre de Prostitutas Indignadas antes, y Putas Feministas después, se organizan, se manifiestan, luchan sin miedo y apoyan a vecinos víctimas de una violencia ocultada que afecta a todo el Raval. Presentes en todos los actos para pedir justicia para Andrés Benítez, vecino del Raval que el pasado 5 de octubre de 2013 murió a golpes de porra ante la puerta de su casa; presentes en las movilizaciones organizadas para parar las infinitas órdenes de desahucios emitidas para sanear, limpiar o rehabilitar el barrio y que en realidad dejan en la calle a familias enteras; presentes en las manifestaciones del 8 de marzo bajo el lema «Sin putas no hay feminismo», las trabajadoras sexuales de Barcelona no se cansan de luchar.

Simone De Beauvoir afirmaba, en 1972, que se hizo feminista en el momento en que reconoció la solidaridad hacia otras mujeres en lugar de distanciarse de ellas. Es cierto que la trata de mujeres representa una realidad muy compleja, y que es trabajo del feminismo luchar para que se termine. Es cierto que en el trabajo sexual hay prácticas que reproducen el sistema capitalista. Pero su reproducción no habita en el trabajo sexual en sí, sino en el mecanismo de explotación en el que está incardinado. Acabar con los mecanismos de control y discriminación hacia las profesionales del sexo es un objetivo que nos pertenece a todas, porque todas estamos explotadas por el sistema. Reconocer el trabajo de las trabajadoras sexuales es el primer paso para borrar el estigma impreso en sus cuerpos y sobre todo para no volver a imprimirlo. El primer viernes de cada mes, en la calle de En Robador, las vecinas y trabajadoras sexuales del Raval (y de otros barrios) organizan un «puti vermut»: una buena ocasión para hablar con ellas, en lugar de, una vez más , hablar sobre ellas sin conocerlas. Otra posibilidad para construir juntas nuevas estrategias de lucha y resistencia. Porque cada día es 2 de junio.

 

Livia Motterle es miembro del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano (OACU)

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a “Putas Libertarias del Raval”

 

 

Diciembre de 2018

Entrevista a “Putas Libertarias del Raval”

 

El colectivo Putas Libertarias de Barcelona se ha desmarcado del clima punitivista imperante poniendo de relieve la necesidad de derogar la Ordenanza de Civismo y denunciar la exclusión a la que la marca Barcelona condena a la capital catalana. Insisten en que las trabajadoras sexuales comparten gran parte de las reivindicaciones vecinales que azotan al barrio, apuestan por la convivencia y señalan el nuevo marco legal como promotor de intolerancia, persecución y criminalización del espacio público.

¿Por qué “libertarias”? A qué hace referencia ese apelativo dentro de la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales? ¿Qué modelo de organización y toma de decisiones tiene el colectivo?

A modo de reclamar nuestro espacio en los movimientos libertarios. Porque hay una parte que nos ve como “lumpen” y se niega a reconocer que somos clase obrera.

Nosotras formamos parte de la Campaña Putas Indignadas que nace desde la perspectiva del 15M. Ante la creación de la Ordenanza Cívica, la presión institucional, policial y social nos vemos obligadas a dar la cara, rompiendo con el estigma de PUTA.

Nuestra organización es asamblearia horizontal, hay representantes a nivel político, jurídico, social. No tenemos presidenta ni secretarias generales…

¿Cuáles son vuestros objetivos a corto plazo y quienes son vuestras aliadas potenciales y reales a día de hoy?

Nuestros objetivos son políticos, laborales, sociales. Venimos realizando esto desde hace 6 años, dando la cara y participando en diferentes proyectos, a nivel académico, de pedagogía social y exigimos garantías igual que la mayoría de las ciudadanas.

Logramos tener una Consellera en la CUP: la trabajadora sexual Paula Ezkerra.[…] A lo largo estos 12 años de Ordenanza Cívica hemos tenido diferentes escenarios. Fue creada por la bendita izquierda, que sólo busca crear Marca Barcelona y al principio, a modo “higienista”, buscaba sacar de las calles la realidad que a algunas molesta, la brecha social esa que el sistema capitalista trata de ocultar, perseguir, criminalizando a los diferentes colectivos que utilizan la vía pública a modo de supervivencia con economía de precariedad.

Luego, con el gobierno de Xavier Trias, se endurece con una violencia policial extrema. Fuimos desahuciadas, expulsadas de nuestros hogares y espacios, algunos a modo de ocupación con clientes. Ya que antes de la aplicación de la Ordenanza, fueron cerrados los inmuebles alegando la no renovación de licencia para dicha actividad. Pero no contaron con nuestra capacidad de adaptación y autogestión, y logramos construir una estrategia de resistencia para evitar la expulsión de nuestro barrio y en definitiva la defensa de nuestra zona laboral.

Pero era evidente que tratarían de ejercer más presión a nuestro colectivo, al que de pronto comienzan a exigir licencia de actividad, la cual no existe, porque a la prostitución no se le reconoce el status de actividad laboral.
Aun así se aplica y se multa, comienza el contencioso administrativo el cual obliga al precinto de la vivienda en preventiva, hasta el momento del juicio, que siempre daba la razón a la institución, dejando fuera y con multas de 30.000 a 40.000 euros a la persona titular del contrato de alquiler y de hasta 90.000 euros a la propietaria por ejercer su derecho a alquilar.

Hasta que llega la política del cambio. Es verdad que teníamos la esperanza de conseguir derogar la Ordenanza, pero lamentablemente no fue así, tampoco se logró cambiar el plan de usos que el gobierno de CIU vendió a los diferentes lobbys, terrazas, bares, en el que, para ocupar el espacio público, debía ser pagando […] Ahí es cuando la Marca Barcelona se convierte en el “parque turístico”, donde la gentrificación golpea con fuerza a la comunidad vecinal, que de la noche a la mañana se encuentra fuera de su hábitat natural, aquel que le daba seguridad y le permitía convivir con otras culturas, con otras realidades, las cuales dan una gran oportunidad de crear y tejer redes de solidaridad y respeto.

Nuestra conclusión, a modo de resumen, es que Xavier Trias está en la oposición y nosotras seguimos en Robadors.

¿Cuáles son los problemas cotidianos hoy por hoy en el marco barcelonés para las trabajadoras sexuales? ¿Cómo abordáis como colectivo esos problemas y qué conflictos encontráis en el camino?

El grave problema es la falta de la posibilidad de hacer política dentro del contexto, el reconocimiento de que somos un sujeto político. Más allá del debate de prostitución “sí” o “no”, formamos parte de la sociedad y como tal exigimos garantías y derechos humanos. No podemos ser discriminadas por la actividad laboral, porque dentro del sistema capitalista todas estamos obligadas a trabajar, para tener un techo y un plato de comida, porque ninguna institución ni el sistema te protegerá para cubrir las necesidades básicas.

Sí que se aplica a nuestro colectivo una censura de ética moralista e hipócrita, da igual a qué actividad nos dediquemos, siempre utilizamos nuestro cuerpo y quien crea lo contrario niega la evidencia. Luego está la otra parte: “ninguna mujer nace para Puta”. Pero tampoco para ser víctima de la violencia institucional, jurídica, laboral o social.

Tenemos una brecha salarial de más del 30%, trabajamos gratis a partir del 31 de octubre, pero parece que no importa, tenemos datos que así lo reflejan, pero no nos rebelamos. Ahora bien, si decidimos ejercer prostitución ahí todo el mundo se alborota, comienza la auténtica caza de brujas, la inquisición renace con más fuerza, gritos: “abolición, abolición, no saben lo que hacen, debemos salvarlas de su locura, están alineadas con el patriarcado, con los proxenetas, con los lobbys de la industria del sexo, con los puteros, son violadas, son las culpables de alimentar las violencias machistas, son cómplices de La Manada…” Hacemos apología del porno, obligamos a nuestra sociedad a meterse en internet para recibir educación sexual, ya que ni en el colegio ni en los hogares se habla de ello por ser tabú…

Bendita ignorancia, siempre hemos sido las mujeres las que hemos cargado con todas las culpas de lo horrible de nuestra sociedad, desde que Eva comió la manzana, hasta este siglo XXI, en que se nos prohíbe ser adultas, reconocer nuestras capacidades y nuestro empoderamiento para vivir como nos dé la gana, una única vida… solo una oportunidad… y debemos vivirla obedientes, calladas…

La nueva regulación tiene su origen en la normativa implantada en Barcelona, en 2005. A principios de otoño, en Madrid, el PSOE anunciaba también una propuesta de ordenanza municipal. ¿Qué consecuencias tendrán, en vuestra experiencia, estas medidas sobre vuestra seguridad, vuestras condiciones laborales y vuestra capacidad de autodefensa?

Nefastas porque se nos obliga a la clandestinidad, se criminaliza, se ejerce más violencia institucional, dando barra libre a que cualquiera tenga poder sobre nosotras. Somos excluidas de las garantías y derechos constitucionales, ya que la prostitución es alegal.

Hace unos meses, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, anunciaba que estudiaría cómo revertir el visto bueno de su departamento a la constitución de “Otras”. En la misma línea que otros colectivos que se han fundado recientemente en el Estado como pueden ser el de lateros o el de manteros o las Kellys, este sindicato nace para promover el reconocimiento de derechos, la auto-organización de las trabajadoras sexuales, la lucha contra el estigma y la precariedad. ¿Os parece que tiene sentido la lucha sindical en el seno de un movimiento como el vuestro?

Nosotras formamos parte de la Sección sindical de Trabajadoras y Trabajadores Sexuales de la Intersindical Alternativa de Catalunya que se firmó el 30 de mayo de 2018 y se presenta de forma pública el 23 de julio de 2018 y es la primera a nivel estatal.

Nace con visión de que en cada autonomía, las trabajadoras sexuales se organicen en los diferentes sindicatos y así poder llevar al plano político nuestras reivindicaciones.

Tenemos que ser capaces de utilizar todas las herramientas a nuestro alcance, si queremos conseguir derechos laborales, jurídicos y sociales. Para dejar de ser utilizadas como víctimas, y que se reconozca nuestro estatus de clase obrera.

Uno de los clásicos argumentos abolicionistas y que justifica, en el papel, la actual regulación municipal de Barcelona es la existencia del negocio de la trata. Lo cierto es que las cifras del Ministerio, asociaciones, entidades y colectivos sobre este tipo de violencias bailan y las políticas públicas de protección fallan. ¿Cuál es la mejor estrategia y qué intervenciones son más efectivas desde vuestro punto de vista, a la hora de identificar, prevenir y combatir situaciones de trata?

Es evidente que la utilización de las víctimas siempre es a modo de legitimar cualquier argumento, dando así morbo, sufrimiento, carnaza para la opinión pública. Dejando desamparadas a las auténticas víctimas.
Existe un código penal que lo recoge, la pregunta es ¿por qué no se aplica?…
Sin embargo pretenden que las propias trabajadoras sexuales hagan esa labor que ni el Estado como tal es capaz de solucionar.

Hay una ley de extranjería que es la verdadera culpable de que esta realidad actúe con impunidad. Toda Europa se alimenta de la trata, pero no sólo con fines de explotación sexual, también en todos los ámbitos laborales, es la mano de obra de la economía sumergida, pero nadie habla de ello. Las auténticas víctimas no son reconocidas como tales si no denuncian, con lo que conlleva esa responsabilidad, solas ante el peligro de enfrentarse a las mafias.

Siempre les persigue el estigma de PUTA, tendrán esa marca porque la sociedad no dejará de recordarles que cometieron un grave error por poner precio a su sexualidad, porque “lo lógico” es que se dé gratis, por amor… nuestros coños llevan dentro los rosarios del las diferentes religiones.

Decía Georgina Orellano, -Puta, sindicalista y feminista- que“la gran batalla (es) […] interpelar al feminismo que no nos reconoce como un sujeto de derechos para que se comprenda que, más allá de que cada una pueda tener una posición sobre la prostitución, abolicionista o a favor del reconocimiento de derechos, lo importante es que el sujeto debe decidir por sí mismo”. ¿Creéis que hay algún punto de encuentro entre estas argumentaciones polarizadas que pueda revertir en una barricada común contra la violencia machista institucionalizada dentro del mundo laboral que atañe a vuestro trabajo?

Compartimos los argumentos de nuestra compañera Georgina, en estos momentos donde vivimos la globalización, reconocemos que las voces de las trabajadoras sexuales son más fuertes y se atreven a romper con el estigma de PUTA, pasamos directamente a la acción, exigimos ser protagonistas de la lucha, también dentro del movimiento feminista, donde las minorías comienzan a exigir espacios. Sólo avanzaremos cuando exista la verdadera solidaridad. Que las mujeres dejen de mirarse con desconfianza y comprendan que juntas somos capaces de romper con el sistema patriarcal capitalista.

Desde algunas posturas también antiautoritarias y feministas se plantea la controversia de que el cliente se atribuya el derecho a disfrutar del cuerpo de las mujeres como consecuencia y a su vez, reforzando el dominio patriarcal y, que “alquilarlo” coloque a las mujeres como género en una situación de inferioridad como para establecer un contrato en términos de igualdad pese a que éste sea voluntario y la relación cliente-puta, no sea violenta ni agresiva. A esto se suma la cuestión de que, salvo en experiencias concretas, el imaginario más extendido sobre el tipo de cliente clásico sea el de un perfil más bien machista y homófobo. ¿Qué opinión os merece esto? ¿Cuál es vuestra experiencia general en el trato con los clientes?

Lamentablemente las mujeres en general estamos en una posición inferior, a veces somos conscientes y otras no. Cuando manifiestan que la relación de puta-cliente no es igual que la de las parejas, creemos que dan por hecho esa relación en la que el hombre asume la posición de poder y la mujer de sumisión. Antes de tener una relación sexual, existe un contrato verbal entre dos personas adultas, en la que se desea y espera recibir sexo a cambio de una aportación económica. El cliente expone, la trabajadora sexual acepta o no. Es mucho más simple. El imaginario colectivo da por hecho que tener una relación con personas desconocidas es una aberración. Pero cuántas de nosotras hemos hecho esto, después de tomar unas copas, o de salir de bailar… Puede ser el polvo de nuestra vida o el trauma que tenemos que enterrar, o simplemente nos da la risa cuando se lo contamos a las amigas. Cuando los hombres dicen, vámonos de putas, esto puede herir sensibilidades en muchas personas, pero para nosotras significa TRABAJO. […] todas estamos expuestas a la violencia ya sea institucional, jurídica, social… aunque estés trabajando de cajera en el Mercadona, todas las que trabajamos de cara al público lo estamos.

Podemos ser violentadas verbalmente o ser víctimas de un atraco, o ser acosadas en el entorno familiar, laboral o personal.

 

Putas Liberarias del Raval está en Twitter: @PutasLibRaval

Trabajadoras sexuales se unen a un sindicato para reclamar derechos laborales

 

23 de julio de 2018

 

https://www.lavanguardia.com/vida/20180723/451060985165/trabajadoras-sexuales-se-unen-a-un-sindicato-para-reclamar-derechos-laborales.html

 

Barcelona, 23 jul (EFE).- La Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) ha creado la primera sección sindical de España que agrupa a trabajadoras sexuales para reclamar sus derechos laborales.

En el acto de presentación, la coordinadora de la Federación de Otras Actividades del IAC, Mireia Herrera, ha explicado que el objetivo final es conseguir que el trabajo sexual sea reconocido como trabajo.

Por ahora se han afiliado una decena de trabajadoras sexuales, algunas de las cuales proceden de otras comunidades autónomas, según ha detallado Herrera, que ha subrayado que el primer paso es conseguir que «se abran más secciones en otros sindicatos» del país.

Según sus promotoras, la sección sindical está abierta a «todos los trabajadores y trabajadoras de servicios sexuales», desde prostitutas que ejerzan en la calle hasta actores y actrices de pornografía.

En una segunda fase, la sección quiere crear «una unión sindical del trabajo sexual para actuar conjuntamente».

«Tenemos un proyecto enorme, empezamos en Barcelona pero no vamos a parar hasta que todas las trabajadoras sexuales del Estado estemos sindicadas, porque una puta sindicada es una puta empoderada», ha afirmado Paula Ezquerra, una de las componentes de la sección sindical.

Otra miembro del grupo, Janet -que ha preferido no facilitar su apellido- ha destacado que el objetivo del sindicato es «visibilizar que el estigma y la criminalización no va con el trabajo sexual» y que «la industria de la prostitución da trabajo, directa o indirectamente».

«El reconocimiento del trabajo sexual como trabajo nos saca de una condición de criminales y de víctimas y nos introduce en la situación de ciudadanas», ha opinado Saisei-Chan, también miembro del sindicato, que cree que «cuanto más se persigue el trabajo sexual, más se clandestiniza y queda en manos de explotadores y de tratantes». EFE

 

Barcelona rechaza prohibir la prostitución y multar a los clientes

 

El pleno municipal ‘tumba’ una proposición del PSC

 

IGNASI JORRO @IgnasiJorro

29.06.2018

https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/barcelona-rechaza-prohibir-prostitucion-multar-clientes_152156_102.html

 

Prostitutas y activistas pro regulación, en el pleno de Barcelona hoy / CG

 

Barcelona ha rechazado hoy viernes, 29 de junio, aprobar una ordenanza contra la prostitución y la explotación sexual en la ciudad. La mayoría del pleno municipal ha votado en contra de la propuesta del PSC de apoyo y asistencia a las trabajadoras sexuales y de castigo a clientes y proxenetas.

El líder del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido que la «prostitución es esclavitud», ha recordado las elevadas cifras de trata de blancas y de explotación infantil, que alcanzarían al «95% de las mujeres». Collboni ha citado también los ejemplos de Alemania y Holanda, donde la legalización del trabajo sexual «ha aumentado la demanda» y lo ha contrapuesto al modelo de Suecia, donde este fenómeno se ha prohibido y ya se castiga a los clientes. Ha tenido palabras también para los argumentos de Amnistía Internacional y otras oenegé, pero su alocución, no obstante, no han convencido a la mayoría de grupos municipales.

 

‘Orgullo puta’

Barcelona en comú (BComú) y la CUP han hilvanado discursos casi calcados contra la proposición del PSC. Han lamentado que se «infantilice» a las mujeres que ejercen la prostitución y han instado a separar «trabajo sexual voluntario y trata de blancas». Asimismo, han cargado contra lasordenanzas de civismo y convivencia aprobadas en distintos ayuntamientos, incluido el de Barcelona dos legislaturas atrás. «Han tenido un resultado desastroso», ha valorado Laura Pérez, concejal de Feminismos y LGTBI de Barcelona.

En un acalorado debate, con presencia de un colectivo de trabajadoras sexuales que portaban una pancarta con el lema Orgullo Puta, los grupos mayoritarios han intercambiado argumentos mientras el grupo de prostitutas y activistas pro regulación del trabajo sexual les abucheaban o jaleaban. Desde el PDeCAT han defendido ser «abolicionistas» y han recordado la ligazón entre la oferta sexual y explotación infantil. La nueva Convergencia también ha puesto a Suecia como ejemplo a seguir. Por contra, Marilén Barceló, de Ciudadanos, ha pedido «dar cobertura al trabajo sexual voluntario» y no «mezclar cosas». Se ha significado, también, contra la trata de blancas, pero a favor de legislar la prostitución voluntaria.

 

El PP trata de enmendar

Por su parte, una representante de ERC ha desgranado peticiones similares: dar cobertura laboral y de Seguridad Social a las prostitutas y reforzar los programas municipales que apoyan a las mujeres. «Hay que invertir más fondos en los servicios que ayudan a las chicas a dejarlo así como también a los que dan un servicio a las que ejercen el trabajo sexual«, ha indicado. La posición de los republicanos es diametralmente opuesta a la del PP, que intentó introducir una enmienda a la propuesta del PSC para focalizarse en la prostitución en la calle. «Donde hay este fenómeno se crean problemas de convivencia», ha señalado el concejal Alberto Villagrasa. El edil ha agregado que una nueva ordenanza «no tendría efecto hasta el próximo mandato», por lo que ha abogado por poner «más medios humanos y materiales para combatir la trata y explotación«.

Cabe recordar que el PSC proponía crear, precisamente, impulsar una ordenanza contra la prostitución y explotación sexual en Barcelona. Los ejes de dicha norma, que no ha prosperado, serían la «asistencia a las mujeres», «dar alternativas para salir del trabajo sexual» y e»liminar las sanciones». Asimismo, el grupo que preside Jaume Collboni abogaba por «luchar contra proxenetas, clientes y personas que se benefician», ya sea con multas y medidas preventivas. Los socialistas querían también «más prevención y sensibilización» y la «prohibición de la publicidad que tratara el cuerpo de la mujer como objeto sexual» en el espacio público.

 

Barcelona: la intención del PSC de prohibir la prostitución enciende a las trabajadoras sexuales y activistas

 

·        Los socialistas presentarán en el pleno del viernes una ordenanza para «erradicar la demanda»

·        Los colectivos critican que las medidas provocarán más precariedad y clandestinidad

 

Por Imma Fernández / Helena López

Barcelona – Martes, 26/06/2018

https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20180626/psc-prohibicion-prostitucion-barcelona-6909874

 

“El capitalismo nos obliga a trabajar y cada cual elige con qué parte del cuerpo hacerlo. Los que lo hacen con la cabeza son unos intelectuales; los que utilizan el cuerpo son obreros y las que usamos la sexualidad somos unas putas. Yo decido la forma que me resulte más rentable”. Habla Janet, portavoz del colectivo Putas Indignadas que este martes se sienten aún más indignadas por la ordenanza contra la prostitución y la explotación sexual que el partido socialista en el Ayuntamiento de Barcelona presentará en el pleno del viernes. Su presidente, Jaume Collboni, ha informado este martes de la petición, con la que se pretende «erradicar la demanda», y que incluirá sanciones y medidas de prevención contra proxenetas, clientes y personas que se benefician de esta “forma de esclavitud”.

El socialista ha reprochado a la alcaldesa, Ada Colau, que se haya manifestado partidaria de tratar la prostitución como profesión porque, en su opinión, «es estar a favor de una actividad económica que usa el cuerpo de la mujer como un mero objeto sexual de consumo” y consolida de forma legal una forma de dominación.

El anuncio ha enervado tanto a los colectivos de prostitutas como a las entidades que trabajan por sus derechos, que han convocado una concentración para el jueves (19.30 horas) en la plaza de Sant Jaume.

Desde el ayuntamiento también han criticado una propuesta que confunde “una vez más e intencionadamente la trata y el trabajo sexual, cuando el primero es una forma de explotación y el segundo una ocupación igual de digna que las otras que desgraciadamente no cuenta con los derechos que requeriría”, en palabras de Laura Pérez, concejala de Feminismos y LGTBI.  “Dicen defender el derecho de esas mujeres y proponen la persecución de sus clientes, lo que ellas han denunciado centenares de veces como una práctica que les genera más precariedad y clandestinidad”, agrega Pérez. “Seguiremos trabajando para garantizar el ejercicio del trabajo sexual en las mejores condiciones posibles, no perseguiremos a quienes lo ejerzan”.

 

Estrategia política

Para los colectivos de prostitutas se trata de una estrategia política para “desestabilizar a Ada Colau”, concede Janet, para quien la propuesta del PSC “dispara la alarma social metiendo en el mismo saco la trata de personas y la explotación sexual y a quienes ejercen libremente este oficio”. La portavoz de las prostitutas recuerda que la explotación laboral y los abusos no son exclusivos de las trabajadoras del sexo, y cita los ejemplos de las ‘kellys’ o de las temporeras de la fresa de Huelva.

Janet explica que su colectivo agrupa a mujeres de 20 a 75 años que mantienen a sus familias con su actividad sexual. “Con nuestro trabajo invertimos en I+D porque la mayoría de nuestros hijos y nietos tienen estudios y pueden ir a la universidad. Nuestro oficio nos empodera y da estabilidad y sustento a los nuestros”.

 

Una medida que criminaliza

La propuesta del PSC no es nada nuevo bajo el sol. Ya en el 2005, durante el Gobierno del tripartito, se aprobó una ordenanza municipal de civismo y convivencia para multar a las mujeres por ofrecer servicios sexuales en la vía pública y se constató, subraya Janet, que lo único que se consiguió fue “estigmatizar más al colectivo y criminizalizarlo”.

Aquella ordenanza, agrega, nació en pleno ‘boom’ de la marca Barcelona y la “pobreza, ya se sabe, no gusta en la puerta de casa; quisieron expulsarnos a todos”. Distintos estudios han ratificado que prohibir la prostitución callejera no es efectiva y solo comporta más precariedad y victimización.

Además, aporta la asociación Genera, se vulneraron los derechos de las trabajadoras voluntarias y las víctimas de trata, siendo estas últimas las que más multas recibieron perjudicando aún más su difícil situación.

Desde Putas Indignadas insisten en que la ordenanza socialista tendrá consecuencias muy graves para las esclavas sexuales. “Es muy difícil pasar de víctima a denunciante y verdugo. Esas chicas tienen miedo, familias amenazadas en sus tierras de origen. Lo que hay que hacer es abordar el problemas con soluciones reales y más recursos”, sostiene Janet.

 

Miedo a denunciar

En la misma línea se expresa Clarisa Velocci, portavoz de Genera. “Es una medida electoral gravísima e irresponsable que comportará más clandestinidad. Las redes de trata y los proxenetas se frotan las manos porque seguirán operando con más facilidad: las víctimas tendrán más miedo a denunciar y más desconfianza. ¡Todo el trabajo social que se ha hecho se irá al garete!”.

«La prostitución no desaparecerá», prosigue la activista, «pero se ejercerá con más peligro y se disparará el empobrecimiento y la desigualdad».  Velocci lamenta que los socialistas no hayan consultado a las entidades y colectivos afectados. “No saben de lo que hablan. Confunden a las trabajadoras voluntarias con las de la trata; a los clientes con los proxenetas, y a los de trata con los traficantes”.

Mercè Meroño, presidenta de la Fundació Àmbit Prevenció, se suma a las encendidas críticas. “Reactivar la ordenanza conllevará más precariedad y desprotección. Ya se vio que inflar a las mujeres con multas no es la solución y dificultaba el acceso de esas mujeres a los servicios sociales. Se demostró que no funcionaba, pero los políticos no aprenden. No escuchan”.

 

El feminismo regulacionista no existe, pero el pro-derechos sí

Las trabajadoras sexuales no disponen de protección laboral en caso de embarazo, enfermedad o vejez, por lo que siguen trabajando y se encuentran totalmente desprotegidas frente al empresariado que se lleva al menos el 50% de cada servicio

 

Por Paula Sánchez Perera 

19/03/2018

https://www.eldiario.es/tribunaabierta/feminismo-regulacionista-existe-pro-derechos_6_751784836.html

 

Hay a quien le cuestionan por lo que defiende y a quien, por el contrario, se le rechaza por lo que se cree que defiende. Que reconozcamos y respetemos que existe capacidad de decisión en prostitución no significa que este sea el argumento fundamental para abrazar la postura pro-derechos. Ciertamente, en el sistema capitalista solo las personas privilegiadas eligen en qué trabajar, el resto decidimos entre opciones restringidas a nuestros ejes de opresión. Nadie cobra de un matriarcado socialista, ni siquiera las lesbianas políticas. Todas naufragamos entre mecanismos de colaboración y resistencia y tratamos de que el engranaje neoliberal no se cebe con los sectores más vulnerables. Pese a esto, tanto la criminalización de la prostitución callejera como la explotación laboral a terceros se encuentran, de hecho, legitimadas. Las razones de peso que nos llevan a apoyar la lucha de las trabajadoras sexuales son las violaciones de derechos humanos que se producen en nuestro contexto.

Hacemos referencia a la violencia institucional, los abusos de poder de los cuerpos de policía, las detenciones arbitrarias amparadas por la Ley de Extranjería, el acoso policial, las multas, las fallas en la tutela judicial efectiva, la precarización y la exposición a una mayor violencia que acontecen en la calle gracias a la suma entre ordenanzas municipales, la ley mordaza y el vacío legal en el que se desenvuelve. De otro lado, aquellas que trabajan a terceros sufren la violencia anexa a la explotación laboral en la que caen por encontrarse en un limbo legal que propicia todo tipo de abusos. No disponen de ningún tipo de protección laboral en caso de embarazo, enfermedad o vejez, por lo que siguen trabajando y se encuentran totalmente desprotegidas frente al empresariado que se lleva al menos el 50% de cada servicio, puede imponer las prácticas, la clientela, el no uso del condón y jornadas de hasta 14 horas seguidas, sin descansos estipulados ni semanales, vacaciones, horas extraordinarias reconocidas o plus de nocturnidad. No tienen ninguna protección frente al despido, la salud o la higiene, que queda al arbitrio del empresario. No disponen de ninguna legitimación para exigir el uso de preservativos y se puede vulnerar el derecho a la libertad y a la salud obligándolas a consumir alcohol para que lo hagan los clientes. Tampoco obviamente tienen derecho a huelga, negociación colectiva o a sindicarse y, en caso de que conformen organizaciones que se presenten públicamente como sindicatos, ya se encargará un sector de tildarlas a ellas de proxenetas.

Se producen toda una ausencia de derechos sociales tales como el acceso a la vivienda. Habitualmente se ven abocadas a vivir y trabajar en un club, alquilar una habitación con suerte o al sistema de camas calientes. También se vulnera el derecho a la salud, sufren discriminación y padecen indefensión para acceder a servicios sanitarios siendo las ONG las que les facilitamos información sobre los recursos disponibles; quedan a expensas de que se produzca el contacto. A su vez, sufren indefensión en caso de violencia física y sexual y también la violencia psicológica y simbólica del estigma que reproducen ciertos discursos que las prostitutas interiorizan y que conducen a costes psicológicos múltiples. El estigma se traduce en una cadena de discriminaciones y exclusión social. Y el estigma, a la larga, mata.

Este es el escenario estructural de la prostitución en España. La situación de alegalidad en la que se encuentran se convierte en prohibicionismo en la calle, avalado por tesis abolicionistas. A su vez, la persecución que sufren en la calle favorece la zonificación del ejercicio reacoplándolo a terceros; alterne que está reglamentado en beneficio exclusivo del empresariado. Un matrimonio bien avenido que limpia las calles, reubica a las prostitutas a terceros desentendiéndose de las asalariadas y luego nos dice que, si quieren derechos, se hagan autónomas. Curiosamente, la mayoría que tanto preocupa al abolicionismo no puede darse de alta como autónoma, bien porque no dispone de ingresos suficientes y la estabilidad laboral para hacer frente a la cuota, bien porque trabajan en relación de dependencia o se encuentran en situación administrativa irregular. Y hay quien puede y no quiere, por legítima desobediencia civil -no taxation without representation-. Con todo, habría que recordar que aunque exista la posibilidad continúa en un vacío legal porque el objeto que se vende, el sexo, no es lícito.

Por mucho que se busque a la puta representativa -aquella que case con nuestros presupuestos- no existe una experiencia universal de prostitución. La diversidad es clave y la justicia social se consigna en dar respuesta a cada situación. Por una parte, debe asegurarse la protección efectiva de las víctimas de trata,  cifrada en un 14% según la ONU, pues actualmente, lejos de garantizarse, lo habitual es que la trata se utilice como excusa para perseguir y controlar la migración, tal como se denuncia  desde el informe Greta del Consejo de Europa. Habría que recordar que existe trata en multitud de sectores y su causa no es la prostitución, sino el cierre de fronteras europeo, las restricciones que impone la Ley de Extranjería y la clandestinidad obligatoria en la que se desarrollan los proyectos migratorios. En síntesis: el racismo institucionalizado del que se benefician las mafias. En segundo lugar, hacen falta alternativas laborales realistas para quienes quieran abandonar el ejercicio. Resulta paradójico que se inviertan más esfuerzos en desacreditarnos que en generar opciones laborales no feminizadas ni precarizadas, para que la prostitución no tenga que ser en ningún caso un destino. Por último, para aquellas que quieran seguir ejerciendo y reivindican la mejora de sus condiciones, el reconocimiento de su condición de trabajadoras, con titularidad de derechos laborales y, por tanto, civiles plenos. Son demandas que no están en conflicto.

Llevamos 23 años insistiendo en que no, no somos regulacionistas. Los modelos de este tipo regulan la prostitución como un problema de sanidad y orden público y se desarrollan a través de medidas administrativas y policiales como los controles médicos obligatorios, la inscripción en registros policiales y la zonificación del ejercicio considerando en qué espacios es legal ejercer. Recrean la división entre prostitución legal e ilegal para las migrantes en situación irregular, prohíben la prostitución callejera, favorecen el ejercicio a terceros y estigmatizan como grupo de riesgo y en la vida laboral. Frente a este modelo también nació el movimiento de prostitutas, es un marco que ninguna asociación pro-derechos defiende y que los sindicatos de prostitutas de los países con modelo reglamentarista critican abiertamente.

Si nos denominamos pro-derechos es porque nuestra prioridad se encuentra en el reconocimiento de estos desde una perspectiva de derechos humanos, cuyo ejemplo más próximo sería el neozelandés. Se trata de poner límites a los empresarios, de evitar las relaciones de explotación laboral que ya existen, de descriminalizar la prostitución callejera, incentivar el trabajo autónomo y, por encima de todo, que el modelo de prostitución que se quiera desarrollar cuente en su elaboración con la participación de las protagonistas. Un modelo revisable por un comité de evaluación en el que participen las trabajadoras, que vaya fortaleciéndose de sus fallas para garantizar la protección frente a la violencia, la explotación, la coerción y el machismo a las más vulnerables. Ahora, si se quiere llamar regulación a cualquier interjección legal en prostitución, hablemos claro, porque esta ya existe con el alterne, el uso del espacio público y la penalización de aspectos concomitantes al trabajo asalariado e independiente.

La frecuente asimilación entre regulación y enfoque pro-derechos, el desequilibrio de información sobre las cuatro posturas del que dispone la población, no es inocente y sí un síntoma de que el debate nunca ha sido tal cosa. Mientras nos meten en el mismo saco, se obvia quién tiene el monopolio del poder institucional, académico y los recursos asistenciales. Quienes defendemos esta postura no somos un todo monolítico. Hay quienes apoyan una visión pro-sexo y se concentran en reconocer la capacidad de decisión. Hay quienes desean la abolición a largo plazo, pero conscientes de la gravedad de la situación abrazan el principio de reducción del daño. Hay quienes, incluso, veníamos del abolicionismo y el trabajo de campo en las zonas de ejercicio nos hizo ir deconstruyendo una serie de supuestos. Cuántas instituciones son patriarcales, como el matrimonio, refugio indiscutible de la violencia machista y, sin embargo, no existe un movimiento organizado por su abolición. Cuántos trabajos están igualmente atravesados por el patriarcado y el capitalismo, como el servicio doméstico, y sin embargo nos solidarizamos con sus proclamas de alcanzar condiciones dignas de ejercicio.

Nos quedan muchas cuestiones en el tintero, como los clientes, por supuesto. Asunto, por cierto, sobre el que las trabajadoras sexuales han escrito ríos de tinta, pero no podemos convencer a quienes se niegan a revisar su sesgo de confirmación, la tendencia a valorar solo aquella información que confirme sus creencias. Cierto es que las que se autodenominan trabajadoras sexuales no son todas. Romper con el estigma, politizarse, organizarse y tener el valor de visibilizarse no es fácil, pero son un movimiento internacional y creciente desde los años 80. Es una maniobra perversa reducir a las que dan la cara al rótulo de privilegiadas cuando lo que están exigiendo es disfrutar de los mismos ‘privilegios’ que el resto de la clase trabajadora. En la misma operación, se borra intencionalmente el hecho de que los reclamos de las escorts son exactamente los mismos que los de las asalariadas y de calle como Prostitutas Indignadas del Raval, AFEMTRAS de Villaverde o el Colectivo de Prostitutas de Sevilla.

Pareciera que la preocupación central no son las putas, sino los efectos simbólicos de normalizar la prostitución. Si de verdad preocupara el machismo en la prostitución, con mayor razón buscaríamos que estuviesen protegidas frente a este. En Nueva Zelanda una trabajadora puede rechazar a un cliente sin dar ningún tipo de explicación, incluso después de habérsele pagado. Con todo, para que la ansiada revolución que erradique de base las instituciones patriarcales pueda llegar a buen puerto, no podemos olvidar dirigirnos primero hacia la feminización de la pobreza. Condenar a la clandestinidad y a la vulneración de derechos humanos no nos parece la mejor opción; multar a las que ejercen en la calle, desentenderse de las asalariadas y decirles a las que quieren trabajar que ahí tienen la cuota de autónomos sí es neoliberal. Pervertir la justicia social en sistema carcelario y exclusión  como en Suecia, también. Si no se quiere dar el brazo a torcer al menos que no se les exija a quienes nunca se ha considerado como sujetos políticos la misión de erradicar el patriarcado, el capitalismo, la alienación y el trabajo asalariado. Y sí, es trabajo.

 

Manifest de la Vaga Feminista 8 de Març

«Exigim el reconeixement dels drets laborals de les treballadores sexuals i denunciem la violència institucional, la criminalització i l’estigma cap a les companyes.»

 

> Descarrega’t el Manifest 8M aqui <

 

 

JUNTES SOM MÉS!

Avui, 8 de Març, les dones de tot el món estem convocades a la VAGA FEMINISTA.

Cada 8 de març celebrem l’aliança entre dones per a defensar els nostres drets conquistats. Ens precedeix unallarga genealogia de dones activistes, sufragistes i sindicalistes. Les que van portat la Segona República, les que van lluitar a la Guerra Civil, les que van combatre el colonialisme i les que van formar part de les lluites antiimperialistes. No obstant això, sabem que encara no és suficient: queda molt per fer i nosaltres seguim lluitant.

La sororitat és la nostra arma; és l’acció multitudinària la que ens permet seguir avançant. La data del 8 de març és nostra, és internacional i és reivindicativa.

Les nostres identitats són múltiples, som diverses. Vivim als pobles i a les ciutats, treballem en l’àmbit laboral i en el de les cures. Som paies, gitanes, dones amb diversitat funcional, migrades i racialitzades. Les nostres edats són totes i ens sabem lesbianes, trans, bisexuals, inter, queer, hetero… Som les que no hi són: som les assassinades, som les preses, som les que es van quedar al mar, som les que es van quedar a les fronteres.

Som TOTES. Juntes avui parem el món i cridem:

PROU! Davant de totes les violències masclistes que ens travessen.

PROU! D’agressions, humiliacions, marginacions o exclusions. Exigim que el Pacte d’Estat contra les violències masclistes -d’altra banda insuficient- es doti de recursos i mitjans per al desenvolupament de polítiques públiques reals i efectives que ajudin a aconseguir una societat lliure de violències contra les dones i nenes. Denunciem la repressió sobre qui encapçalen la lluita pels drets socials i reproductius.

PROU! De violències masclistes, quotidianes i invisibilitzades que vivim les dones sigui quina sigui la nostra edat i condició. VOLEM poder moure’ns en llibertat per tots els espais i a tota hora. VOLEM gaudir del nostre dret a viure una vida lliure de violències masclistes. Assenyalem i denunciem la violència sexual com a expressió paradigmàtica de l’apropiació patriarcal del nostre cos que afecta, encara més, a les dones migrades i a les treballadores domèstiques. És urgent que la nostra reivindicació Ni una menys: vives ens volem sigui una realitat.

PROU! D’opressió per les nostres orientacions i identitats sexuals!​ Denunciem la LGTBIfòbia social, institucional i laboral que patim moltes de nosaltres, com una altra forma de violència masclista. Som dones i som diverses. Si ens toquen a una, ens toquen a totes!

Som les que reproduïm la vida. El treball domèstic i de cures que fem les dones és imprescindible per al sosteniment de la vida. Que majoritàriament sigui gratuït o estigui devaluat és una trampa en el desenvolupament del capitalisme. Avui, amb la ​vaga de cures​ en la família i la societat, donem visibilitat a una feina que ningú vol reconèixer, ja sigui a la casa, mal pagada o com a economia submergida. Reivindiquem que el treball de cures sigui reconegut com un bé social de primer ordre i exigim la redistribució d’aquest tipus de tasques.

Avui reivindiquem una societat lliure d’opressions, d’explotació i violències masclistes. Fem una crida a la rebel·lia i a la lluita davant l’aliança entre el patriarcat i el capitalisme que ens vol dòcils, submises i callades.

Per aconseguir una vida lliure de violències cal actuar en tots els àmbits de la nostra vida.

A Catalunya estem vivint una escalada de la repressió: càrregues policials l’1 d’octubre amb denúncies d’agressions sexuals. Les feministes estem compromeses també en la defensa de la democràcia i de les llibertats al nostre país i entenem que la criminalització i/o la judicialització de formes pacífiques de protesta social i reivindicació política també són formes de violència institucional que hem de denunciar. Per  això denunciem l’aplicació de l’Article 155 de la Constitució espanyola i exigim la seva immediata suspensió.

No acceptem estar sotmeses a pitjors condicions laborals, ni cobrar menys que els homes per la mateixa feina. Per això, avui també fem ​vaga laboral​.

Vaga contra els sostres de vidre i la precarietat laboral, perquè les feines a les que aconseguim accedir estan marcades per la temporalitat, la incertesa, els baixos salaris i les jornades parcials no desitjades. Nosaltres engrossim les llistes de l’atur. Moltes de les feines que realitzem no posseeixen garanties o no estan regulades. I quan algunes de nosaltres tenim millors treballs, ens trobem amb que els llocs de major salari i responsabilitat estan copats per homes. L’empresa privada, la pública, les institucions i la política són reproductores de l’explotació laboral de les dones.

PROU!​ de discriminació salarial pel fet de ser dones, de menyspreu i d’assetjament sexual en l’àmbit laboral.

Denunciem que ser dona sigui la principal causa de pobresa i que se’ns castigui per la nostra diversitat. La precarietat s’agreuja per a moltes de nosaltres pel fet de tenir més edat, ser migrada i estar racialitzades, per tenir diversitat funcional o una imatge allunyada de la normativitat. Reivindiquem que la nostra situació laboral ens permeti desenvolupar un projecte vital amb dignitat i autonomia i que l’ocupació s’adapti a les necessitats de la vida: l’embaràs o les cures no poden ser objecte ni d’acomiadament ni de marginació laboral, ni han de minvar les nostres expectatives personals ni professionals.

Considerem fonamental denunciar les normes i les polítiques opressives contra les dones migrants.

Exigim també les pensions que ens hem guanyat. No més pensions de misèria, que ens obliguen a patir pobresa en la vellesa. Demanem la cotitularitat de les pensions i que el temps dedicat a tasques de cura, o que hem desenvolupat al camp, sigui reconegut en el càlcul de les pensions de la mateixa manera que el treball laboral i demanem la ratificació del conveni 189 de l’OIT que regula el treball domèstic.

Cridem ben fort contra el neoliberalisme salvatge que s’imposa com a pensament únic a nivell mundial i que destrossa el nostre planeta i les nostres vides. Les dones tenim un paper primordial en la lluita contra el canvi climàtic i en la preservació de la biodiversitat.

Per això, apostem decididament per la sobirania alimentària dels pobles. Donem suport al treball de moltes companyes que posen en risc la seva vida per defensar el territori i els seus cultius. Exigim que ​la defensa de la vida es situï en el centre de l’economia i de la política.

Exigim ser protagonistes de les nostres vides, de la nostra salut i dels nostres cossos, sense cap tipus de pressió estètica. Els nostres cossos no són mercaderia ni objecte i, per això, també fem ​vaga de consum​. Ja n’hi ha prou de ser utilitzades com a reclam!

Exigim també la ​despatologització ​de les nostres vides, les nostres emocions, les nostres circumstàncies: la medicalització respon a interessos de grans empreses, no a la nostra salut. Prou de considerar els nostres processos de vida com a malalties!

Exigim el reconeixement dels drets laborals de les treballadores sexuals i denunciem la violència institucional, la criminalització i l’estigma cap a les companyes.

Exigim la ​despenalització total de l’avortament​, incloent-hi les menors d’edat, així com la seva legalització i cobertura gratuïta en el sistema de la sanitat pública. Repudiem qualsevol tipus d’ingerència en la decisió de les dones sobre els nostres cossos. ​Nosaltres parim, nosaltres decidim!

L’educació inicial és l’etapa principal en la que construïm les nostres identitats sexuals i de gènere i, per això, les estudiants, les mestres, la comunitat educativa i tot el moviment feminista exigim el nostre dret a ​una educació pública, laica i feminista​ lliure de valors heteropatriarcals i imperialistes des dels primers trams educatius, en els que les professores som majoria, fins a la universitat.

Reivindiquem ​també el nostre dret a una formació afectivo-sexual que ens ensenyi en la diversitat, sense pors, sense complexos, sense reduir-nos a mers objectes i que no permeti ni una sola agressió masclista ni LGTBIfòbica a les aules.

Sol·licitem ​el manteniment i l’ampliació dels programes de beques d’estudi per a les estudiants de tots els nivells educatius.

Denunciem ​el pressupost públic que es destina a les escoles gestionades per l’Opus Dei i a totes les escoles concertades que segreguen per sexe. Reivindiquem una xarxa d’educació única, pública i gratuïta i amb perspectiva de gènere.

Exigim ​un avanç en la coeducació en tots els àmbits i espais de formació i una educació que no relegui la nostra història als marges dels llibres de text; i en la que la perspectiva de gènere sigui transversal a totes les disciplines. No som una excepció, som una constant que ha estat callada!

VISCA LA VAGA DE CURES, DE CONSUM, LABORAL I EDUCATIVA!

VISCA LA VAGA FEMINISTA!

Cap dona és il·legal​. Diem PROU! al racisme i l’exclusió. Cridem molt fort: no a les guerres i a la fabricació de material bèl·lic!. Les guerres són producte i extensió del patriarcat i del capitalisme per al control dels territoris i de les persones. La conseqüència directa de les guerres són milers de dones migrades i refugiades arreu del món, dones que som victimitzades, oblidades i violentades.

Denunciem les polítiques migratòries i de fronteres de l’Estat espanyol i de la Unió Europea i ​exigim ​l’acolliment de totes les persones migrades, sigui pel motiu que sigui, atenent al dret a la mobilitat humana.

Denunciem l’opressió que sobre les dones treballadores migrants té l’actual legislació i les polítiques públiques en la matèria. ​Exigim la derogació de la Llei d’Estrangeria. ​Exigim ​el tancament immediat dels CIEs.

Som dones lliures en territoris lliures!

Denunciem ​les retallades pressupostàries en els sectors que més ens afecten a les dones i LGTBI: el sistema de salut, els serveis socials i l’educació.

Denunciem ​la corrupció com un factor agreujant de la crisi.

Denunciem ​la justícia patriarcal que no ens considera subjectes de ple dret.

Denunciem ​la greu repressió i retalls de drets que estem patint.

Exigim ​la recuperació de la memòria històrica i del protagonisme de les dones i de les seves lluites així com mantenir el record de les que ja no hi són: ​Veritat, justícia, reparació i no repetició.

Reivindiquem ​la total separació Església i Estat.

Exigim ​plena igualtat de drets i condicions de vida i la total acceptació de la nostra diversitat.

ENS VOLEM LLIURES, ENS VOLEM VIVES, FEMINISTES, COMBATIVES I REBELS!

Avui, la vaga feminista no s’acaba:

SEGUIREM FINS ACONSEGUIR EL MÓN QUE VOLEM!

 

«No es fácil decir soy puta, hay muchas barreras que tienes que saltar»

 

Desde 2012, el colectivo Putas Indignadas, en Barcelona, se ha organizado para luchar por los derechos de las trabajadoras del sexo. Hablamos con Janet, una de las trabajadoras que forman el colectivo.

Por Dení Freie

Barcelona

15/12/15

https://www.diagonalperiodico.net/libertades/28697-no-es-facil-decir-soy-puta-hay-muchas-barreras-tienes-saltar.html

Protesta de Prostittutas Indignadas en Barcelona en abril de 2012. / BÁRBARA BOYERO

 

En el barrio del Raval hay un grupo de mujeres que ejerce la prostitución en la calle. Durante largo tiempo, además de ser mal vistas y estigmatizadas por la opinión pública, han sido objeto de discriminación y persecución policial. Pero un día dijeron que ya basta, que ya no iban a permitir que las siguieran pisoteando. Así fue como dieron vida al colectivo Putas Indignadas, para defender sus derechos y exigir respeto. Hemos quedado con Janet, una de las chicas que forman Putas Indignadas, para que nos explique un poco la historia de su colectivo, y qué han logrado con su organización.

Janet lleva más de 30 años en el trabajo del sexo. Es una mujer pequeña y de voz suave, que impresiona por la valentía que transmite con sus palabras, pero sobre todo por la naturalidad con la que habla sobre su profesión. Aunque dice, «no es fácil decir soy puta, porque hay muchas barreras que tienes que saltar». Una de esas barreras es elestigma.

En la moral imperante, las mujeres que se ganan la vida a través del sexo, no son trabajadoras, son putas: seres malignos y despreciables, dicen las «buenas conciencias». Ese prejuicio, ese estigma, nos lo meten en la cabeza y es una barrera que muchas trabajadoras del sexo han decidido saltar para decirnos: sí, soy puta, a eso me dedico, pero también tengo derechos como tú, y debes respetarlos.

«Nuestro colectivo surgió cuando comenzamos a argumentar por nosotras mismas –explica Janet–. Antes acudíamos a otros colectivos y asociaciones que hablaban por nosotras. Pero eso cambio porque empezamos a defendernos con nuestras propias palabras, sin intermediarios. Otro factor importante para organizarnos fue que se endureció muchísimo el acoso policial por parte del gobierno de Xavier Trias«.

«Fue un hostigamiento a nuestros derechos. Los policías nos insultaban, nos decían gordas, viejas, nos contaban como ganado; uno, dos, tres, cuatro, y así elegían a quien le tocaba la multa. A varias compañeras africanas les echaban encima la moto para alejarlas de la calle. Frente a esto, nosotras sacamos fotos, hicimos vídeos y comenzamos denunciar. Y así fue como nos fuimos organizando para defender nuestro derechos».

«Entonces decidimos exigir un diálogo con Xavier Trias para que parara el acoso policial. Luego de varias reuniones previas con otras autoridades, por fin Trias nos recibió en abril de 2013. Su principal argumento era que nosotras somos víctimas del crimen y la trata de blancas, y que por eso es necesario un programa de bienestar social. Pero nosotras le dijimos, un momento caballero, nosotras tenemos trabajo, no venimos por eso, venimos para que nos deje trabajar. Con el acoso policial, excusándose en la ordenanza cívica que criminaliza nuestra labor, están violando nuestros derechos».

«Luego de esa reunión bajó la presión policial pero no cambiaron las cosas. De tal modo que en octubre de 2013, hubo un gran operativo policial y mediático con el que nos cerraron siete edificios donde trabajábamos y nos trataron como banda organizada. Por esos días murió Juan Andrés Benitez en manos de la policía y había muchas redadas racista en el Raval».

«En todo este contexto, iniciamos una campaña que hoy en día sigue y que se llamaProstitutas Indignadas: voces contra la prohibición de los derechos de las mujeres en la calle. En esta campaña no sólo participa nuestro colectivo de prostitutas, también colaboran diversas entidades, asociaciones de vecinos y diversos activistas».

Janet toma un trago de su refresco y continúa: «Mira, todo este trabajo no ha sido fácil porque no fueron los vecinos quienes se acercaron a nosotras, sino que fuimos nosotras las que empezamos a hacer pedagogía con los diferentes barrios, apoyando a diferentes luchas, y a medida que nos iban conociendo y encontrando alianzas fuimos ocupando un espacio entre la gente. Hoy somos como un buque de insignia, nos reconocen como una lucha de la clase obrera de aquí del Raval«.

Sonríe orgullosa y añade: «Hoy, nuestro gran triunfo fue conseguir que una compañera de nuestro colectivo [Paula Ezquerra] de Putas Indignadas está como representante político de la CUP, es consejera del distrito y me parece que eso muy pocos colectivos lo pueden decir, y mucho más en el trabajo sexual, y eso lo logramos en dos años».

«Dos años de trabajo constante visibilizando nuestra lucha y lo que somos –enfatiza Janet– porque no es fácil decir soy puta, hay muchas barreras que tienes que saltar, y cuando te preguntan que por qué trabajas de puta, bueno, vivo en una ciudad capitalista, en donde se me impone que tengo que trabajar, y dentro de mis capacidades, yo decido con qué parte de mi cuerpo tendré más rentabilidad, si lo hago con la cabeza soy intelectual, si lo hago con el cuerpo soy obrero, pero si lo hago con mi sexualidad me convierto en criminal».

Janet nos mira para saber si comprendemos sus palabras. Se lo confirmamos con un movimiento de cabeza y dice: «Hay mucha leyenda urbana, se piensa que somos máquinas de enfermedades, que somos malas madres, mujeres de poca ética, o mujeres drogadictas, alcohólicas; se nos estigmatiza. Eso debe cambiar. El trabajo sexual no se puede enfocar como el trabajo de una fábrica, de una mina o de una oficina porque el contexto es diferente, tú no eres criminalizado en un sitio ‘normal’, pero sí si lo haces con tu sexualidad».

Putas Indignadas, un ejemplo de lucha que ha nacido desde abajo, en la calle, a contracorriente. Janet se despide y se aleja con un caminar que paso a paso hace estallar las cadenas del sistema, la moral imperante y la injusticia.