La desinformación sobre el trabajo sexual

Enviado por NSWP el 17 de diciembre de 2020

https://www.nswp.org/resource/nswp-briefing-notes/briefing-note-misinformation-sex-work

 

La desinformación sobre el trabajo sexual ha florecido durante siglos, alimentada por estereotipos, mitos y juicios morales ancestrales que siguen dando forma a las leyes y a las opiniones públicas. 

Ya sea que las falsedades se difundan para engañar deliberadamente o se compartan sin saberlo, la difusión de información inexacta y engañosa sobre el trabajo sexual tiene consecuencias importantes. Esta Nota Informativa describe algunas de las formas más frecuentes de desinformación en torno al trabajo sexual, proporcionando ejemplos recientes para demostrar sus impactos en los ámbitos de la política, la investigación y la protección de los derechos humanos.

 

Fusión del trabajo sexual con la trata y la explotación

A lo largo de la historia, la legislación y los discursos contra la trata se han centrado en la «prostitución» como un medio para controlar el movimiento, la migración y el comportamiento sexual de las mujeres. Hoy en día, la fusión del trabajo sexual con la trata sigue siendo una de las formas más prevalentes de desinformación en torno al trabajo sexual, respaldada por la ideología feminista y abolicionista radical que equipara todo trabajo sexual con violencia y explotación. Esta ideología, a su vez, da forma a una serie de leyes y prácticas nocivas, incluidos los modelos de «fin de la demanda» y de «redada y rescate» y servicios coercitivos de «rehabilitación» y «salida».

Aunque los enfoques de «fin de la demanda» afirman promover la igualdad de género al reducir la prevalencia tanto del trabajo sexual como de la trata, un conjunto sustancial de pruebas ha demostrado que la penalización de los clientes exacerba la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales a la violencia, la explotación y el abuso, al tiempo que obstaculiza la identificación de las víctimas reales de trata.1 Además, no hay pruebas sustanciales que sugieran que los enfoques de “fin de la demanda” hayan reducido la prevalencia del trabajo sexual2 o de la trata.3

La fusión del trabajo sexual y la trata también refuerza las malas interpretaciones de los marcos legales internacionales que rodean la “explotación de la prostitución”, un concepto que a menudo se invoca, pero que está escasamente definido. Los defensores de los enfoques de «poner fin a la demanda» han afirmado ampliamente, por ejemplo, que tanto la CEDAW como el Protocolo de Palermo exigen a los Estados suprimir toda la «prostitución» como una forma de trata y explotación. Sin embargo, las discusiones documentadas durante la redacción de la CEDAW han demostrado que el artículo 6 de la Convención, que exige a los Estados «suprimir la explotación de la prostitución» 4, fue redactado deliberadamente para distinguirlo del deber de suprimir toda prostitución.5 La Nota Interpretativa que acompaña el Protocolo de Palermo especifica de manera similar que el Protocolo solo aborda la “explotación de la prostitución” en el contexto de la trata, y que no define lo que constituye la «explotación de la prostitución ajena» 6.

Sin embargo, las feministas y abolicionistas radicales continúan capitalizando la ambigüedad que rodea a la «explotación de la prostitución» para promover enfoques de «fin de la demanda». En noviembre de 2020, el Comité de la CEDAW publicó la Recomendación general sobre la trata de mujeres y niñas en el Contexto de la migración global.7 A pesar de los repetidos llamamientos de las organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales para que la Recomendación General distinga claramente entre trabajo sexual, trata y explotación, el Comité de la CEDAW finalmente ignoró estos aportes para promover una agenda de políticas defectuosa arraigada en la ideología de “fin de la demanda.”

Evidencia errónea

La fusión del trabajo sexual con la explotación y la trata también ha llevado al frecuente uso indebido de datos sobre la trata de personas, el trabajo forzado y la «esclavitud moderna» para dar forma a las leyes y posiciones sobre el trabajo sexual. Esta práctica se ve agravada por la naturaleza intrínsecamente problemática de los datos relativos a la lucha contra la trata.

Las dificultades para obtener datos fiables y sólidos sobre la trata de personas y el trabajo forzado han sido reconocidas durante mucho tiempo por investigadores y académicos8, así como por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 9 y el Departamento de Estado de los Estados Unidos.10 La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen (UNODC) también ha señalado el potencial del sesgo estadístico para distorsionar las mediciones de la «explotación sexual», debido al hecho de que esta forma de explotación es más visible y se informa con más frecuencia que otras.11 La práctica generalizada de poner en el punto de mira e identificar erróneamente a las trabajadoras sexuales en las intervenciones contra la trata (tales como las operaciones de «redada y rescate»), combinadas con el subregistro de otras formas de explotación laboral, comprometen aún más estos datos, fomentando un ciclo insidioso y autoperpetuante de «evidencia» defectuosa.

Los datos también se pueden tergiversar para lograr maliciosamente porcentajes más altos y reforzar afirmaciones ficticias. En un video de la campaña de reelección de febrero de 2020, el presidente del grupo de trabajo de la CEDAW que lidera el desarrollo de la Recomendación general sobre la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial afirmó que “el 90% de las mujeres víctimas de la trata han sido objeto de trata con fines de explotación sexual. ”12 Si bien la fuente de esta información no fue revelada, la estadística puede ser remodelada del Informe Global sobre la Trata de Personas (TIP) 2018 de la UNODC, que indicó que el 83% de las mujeres víctimas de la trata han sido víctimas de trata con fines de explotación sexual.13 Más allá de esta discrepancia numérica, dado que las estadísticas de la UNODC se basaron en datos limitados de aproximadamente solo una cuarta parte de los países del mundo, estos hallazgos no pueden generalizarse a escala mundial.

Los datos reconfigurados del Informe TIP de la UNODC de 2018 también se utilizaron en el Borrador de la Recomendación general de la CEDAW sobre la trata de mujeres y niñas en el contexto de la migración mundial14, así como en la publicación de julio de 2020 de ONU Mujeres y la Organización para la Seguridad y la Cooperación. en Europa (OSCE), Abordar las tendencias emergentes de la trata de personas y las consecuencias de la pandemia COVID-19.15 En estos documentos, se recalculó selectivamente un conjunto de 4 cifras del Informe TIP 2018 para lograr una cifra más alta en la trata con fines de explotación sexual. Esta forma de «piratería» de datos no solo oculta aún más la evidencia, sino que la falta de transparencia en torno a esta práctica genera serias preocupaciones sobre los motivos y la integridad de las partes involucradas.

Datos e intervenciones digitales

En los últimos años, el creciente enfoque en el «ciberdelito» y las intervenciones contra la trata de personas basadas en la tecnología también han ampliado enormemente el campo para cultivar información errónea sobre el trabajo sexual y promover leyes nocivas. En 2018, EE. UU. aprobó la Ley para dejar de habilitar a los tratantes sexuales (SESTA) y la Ley para permitir que los Estados y las víctimas luchen contra la trata sexual en línea (FOSTA), legislación que penaliza los sitios web utilizados por las trabajadoras sexuales para anunciar sus servicios, filtrar a los clientes y compartir información, con el pretexto de que estas plataformas facilitan la trata.

Tras una década de campañas e «investigaciones» defectuosas que retratan a la mayoría de las trabajadoras sexuales que anuncian sus servicios en línea como víctimas de trata, FOSTA-SESTA ha reducido significativamente la capacidad de las trabajadoras sexuales para trabajar de forma segura e independiente.16 Contrariamente a sus objetivos, esta legislación también ha obstaculizado los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los tratantes, quienes han trasladado sus actividades a la clandestinidad para evitar ser detectados17.

No obstante, persiste el mito de que las plataformas en línea utilizadas por las trabajadoras sexuales impulsan la trata. Algunas partes interesadas, incluidas ONU Mujeres y la OSCE en su informe de julio de 2020, también han afirmado sin fundamento que la pandemia de COVID-19 ha exacerbado la vulnerabilidad a la trata facilitada en línea, con el fin de reafirmar una agenda política existente que no se basa ni en derechos ni en pruebas. .

El creciente enfoque en las intervenciones digitales contra la trata también ha impulsado el desarrollo de nuevas herramientas de recopilación de datos y vigilancia, que al mismo tiempo violan los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y contribuyen a una “base de evidencia” ya profundamente defectuosa. La herramienta Spotlight, desarrollada por el grupo antitrata Thorn para identificar a las víctimas de trata menores de edad, ha admitido haber recopilado datos de millones de anuncios de trabajo sexual en línea, compartiendo esta información con la policía basándose en la suposición de que “en algún lugar de esa pila de datos hay niños” 19. Esta descarada forma de vigilancia masiva expone a las trabajadoras sexuales a violaciones de la privacidad y al enjuiciamiento legal, al tiempo que refuerza las peligrosas ideas erróneas sobre el trabajo sexual en los espacios digitales.

Sesgo y discriminación disfrazados de neutralidad

Está claro que los conceptos erróneos más promocionados sobre el trabajo sexual se basan en prejuicios políticos e ideológicos, más que en hechos y realidades vividas. Sin embargo, estos prejuicios rara vez se reconocen y a menudo se enmarcan en un lenguaje de “neutralidad”. En octubre de 2019, en respuesta a la reacción violenta de las feministas abolicionistas contra la visibilidad del trabajo sexual en el Foro de Igualdad Generación Beijing + 25, 20 la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres afirmó la postura “neutral” de la organización sobre el trabajo sexual:

“ONU Mujeres ha adoptado una posición neutral sobre este tema. Por lo tanto, ONU Mujeres no toma posición a favor o en contra de la despenalización / legalización de la prostitución / trabajo sexual”. 21

Menos de un año después, durante un seminario web internacional de julio de 2020, la Directora Ejecutiva fue grabada en video diciendo:

“Nuestra creencia fundamental, como ONU Mujeres, es que todas las mujeres que participan en esta industria son víctimas; ya sea que se consideren trabajadoras sexuales o no, ya sea que vean esto como un trabajo, las consideramos víctimas, y a los que compran sus servicios como perpetradores de violencia contra las mujeres… Esto es la cosa más desesperada, la cosa más insana y la cosa más indigna que le puede pasar a cualquier mujer. ”22.

Las narrativas de victimización y la negación del trabajo sexual como trabajo son fundamentalmente incompatibles con una posición neutral sobre el trabajo sexual. Al abrazar creencias dañinas y discriminatorias bajo el disfraz de neutralidad, las partes comprometidas con los derechos humanos mienten y engañan conscientemente al público, socavando las protecciones universales que tienen el mandato de defender.

Varias instituciones internacionales y regionales de derechos humanos, incluida la OSCE y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), han hecho hincapié en que “la desinformación y la propaganda pueden dañar la reputación y la privacidad de las personas, o incitar a la violencia, la discriminación o la hostilidad contra grupos identificables en la sociedad ”.23 En mayo de 2020, en respuesta a la desenfrenada difusión de información errónea en medio de la crisis de la COVID-19, la ONU lanzó Verified, una campaña global dedicada a promover información precisa sobre la pandemia.24 Solo meses después, sin embargo, ONU Mujeres y la OSCE publicaron su informe sesgado y empíricamente defectuoso sobre la trata y la COVID-19, que promueve fusiones erróneas y leyes dañinas que exacerban la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales a la violencia, la discriminación y la penalización.

Ataques a defensores de derechos humanos

También se utiliza información errónea para intentar desacreditar a los defensores de los derechos humanos y otras partes comprometidas que apoyan los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Amnistía Internacional, que en 2016 adoptó su política histórica que promueve la despenalización del trabajo sexual, 25 ha sido un blanco destacado de los ataques contra el trabajo sexual respaldados por grupos abolicionistas, líderes religiosos y celebridades de Hollywood.

En una carta abierta publicada en un intento de detener la aprobación de la política de Amnistía Internacional, la Coalición contra la Trata de Mujeres (CATW) afirmó erróneamente que «la creciente evidencia muestra los efectos catastróficos de la despenalización del comercio sexual», citando «evidencia» de Alemania y Países Bajos: dos países en los que el trabajo sexual está legalizado, no despenalizado.26 Simultáneamente, se lanzó una campaña en las redes sociales contra Amnistía Internacional utilizando el hashtag # NoAmnesty4Pimps, agregando una gama de juicios moralizantes, afirmaciones infundadas e información evidentemente falsa que buscaba retratar a Amnistía Internacional como parte de un “lobby de proxenetas”.

También se han realizado campañas contra titulares de mandatos individuales encargados de defender los derechos humanos. En julio de 2020, la Dra. Tlaleng Mofokeng, una respetada experta en salud y derechos sexuales y reproductivos, fue nombrado Relatora Especial de Salud de la ONU. Debido a su defensa de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y su apoyo manifiesto a la despenalización del trabajo sexual, la Dra. Mofokeng fue inmediatamente sometida a ataques en línea que buscaban desacreditar su experiencia, 27 incluso a través de afirmaciones ficticias de que promovía la “prostitución” de las adolescentes. 28

La Relatora Especial saliente sobre la trata de personas, Maria Grazia Giammarinaro, también fue amonestada en julio de 2020 por cooperar con la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), una organización contra la trata que pide la despenalización del trabajo sexual y la delimitación clara entre el trabajo sexual y la trata. El grupo abolicionista CATW afirmó falsamente que el ACNUDH (la oficina de la ONU que apoya a los relatores especiales) había violado el Protocolo de Palermo y la CEDAW al «alinearse» con la GAATW, demostrando cómo la mala interpretación de los marcos legales puede ser un arma en los intentos de desestabilizar las instituciones de derechos humanos.29

Conclusión

En un momento en el que es más fácil que nunca manipular y difundir información errónea, la importancia de cuestionar las narrativas, posiciones y «hechos» dominantes sobre el trabajo sexual es más clara que nunca. Cuando se aceptan sin crítica, estas falsedades perpetúan leyes y prácticas peligrosas que dañan a las trabajadoras sexuales y socavan la integridad de los mecanismos internacionales de derechos humanos. Sin embargo, a pesar de estos ataques, nunca ha habido una base de evidencia más amplia y sólida disponible para contrarrestar la información errónea sobre el trabajo sexual. La investigación liderada por la comunidad ha formado un componente esencial de esta base de evidencia y debe priorizarse para garantizar que las voces y las experiencias vividas por las trabajadoras sexuales sigan siendo escuchadas.

 

Notas

1 NSWP, 2018, “The Impact of ‘End Demand’ Legislation on Women Sex Workers.”

2 Jay Levy and Pia Jakobsson, “Sweden’s abolitionist discourse and law: Effects on the dynamics of Swedish sex work and on the lives of Sweden’s sex workers,” Criminology and Criminal Justice 14(5) (2014): 593-607.

3 Susanne Dodillet and Petra Östergren, 2011, “The Swedish Sex Purchase Act: Claimed success and documented effects.”

4 UN General Assembly, 1979, “Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, A/RES/34/180.”

5 Janie Chuang, “Article 6” in CEDAW Commentary, eds. Freeman et al. (Oxford: Oxford University Press, 2011), 176.

6 United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, “Travaux Préparatoires of the negotiations for the elaboration of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto,” 347.

7 UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2020, “General recommendation No. 38 (2020) on trafficking in women and girls in the context of global migration (CEDAW/C/GC/38).”

8 Elzbieta Gozdiak and Micah N. Bump, “Data and Research on Human Trafficking: Bibliography of research-based literature,” (Washington, D.C.: Georgetown University, 2008).

9 International Labour Organization, 2012, “ILO Global Estimate of Forced Labour: Results and methodology.”

10 U.S. Department of State, 2016, “Trafficking in Persons Report,” p. 10.

11 United Nations Office on Drugs and Crime, 2009, “Global Report on Trafficking in Persons,” p. 6.

12 Dalia Leinarte, “Twitter / @DLeinarte: Candidate to UN CEDAW elections June 29, 2020 New York,” 7 Feb. 2020, 8:14 a.m.

13 United Nations Office on Drugs and Crime, 2018, “Global Report on Trafficking in Persons (2018),” p. 28.

14 UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women, 2019, “DRAFT General recommendation on Trafficking in Women and Girls in the Context of Global Migration.”

15 UN Women and OSCE, 2020, “Addressing Emerging Human Trafficking Trends and Consequences of the COVID-19 Pandemic.”

16 Danielle Blunt and Ariel Wolf, “Erased: The impact of FOSTA-SESTA and the removal of Backpage on sex workers,” Anti-Trafficking Review 13 (2020): 117-121.

17 Lura Chamberlain, “FOSTA: A Hostile Law with a Human Cost,” Fordham Law Review 87 (2019).

18 Violet Blue, “Sex, lies, and surveillance: Something’s wrong with the war on sex trafficking,” Engadget, 31 May 2019.

19 “Spotlight,” Thorn.

20 “Global letter to UN Women regarding Beijing+25 and the Generation Equality Forum,” 17 October 2019.

21 “Response from the Executive Director of UN Women to global letter dated 17 October 2019,” 25 October 2019.

22 “SWEAT’s Response to utterances by the UN Women Executive Director, Phumzile Mlambo-Ngcuka,” Sex Workers Education and Advocacy Taskforce, 23 July 2020.

23 OSCE et al., 2017, “Joint Declaration on Freedom of Expression and ‘Fake News’, Disinformation and Propaganda.”

24 “’Verified’ initiative aims to flood digital space with facts amid COVID-19 crisis,” United Nations Department of Global Communications, May 2020.

25 Amnesty International, 2016, “Amnesty International Policy on State Obligations to Respect, Protect and Fulfil the Human Rights of Sex Workers.”

26 Coalition Against Trafficking in Women, “Open Letter to Amnesty International,” 17 July 2015.

27 Barbara Crossette, “Not All Human Rights Council Specialists are Perfect: The Latest Controversy,” Passblue, 19 August 2020.

28 Lisa Correnti, “Advocate for Teen Prostitution Takes Top UN Post,” Center for Family and Human Rights, 2 September 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logros y retos del movimiento global por los derechos de las trabajadoras sexuales

Por Annalee Lepp y Borislav Gerasimov

Septiembre de 2019

https://www.antitraffickingreview.org/index.php/atrjournal/issue/view/20

Cita sugerida: A Lepp y B Gerasimov, ‘Editorial: Gains and Challenges in the Global Movement for Sex Workers ‘Rights’ ‘, Anti-Trafficking Review, número 12, 2019, pp. 1-13, http://www.antitraffickingreview.org

 

En las últimas dos décadas, ha habido un creciente cuerpo de excelente literatura académica y comunitaria sobre las vidas, el trabajo y los esfuerzos de organización de las trabajadoras sexuales, y sobre los efectos nocivos de los discursos, las leyes y las normativas contra la trata de personas en diversas comunidades de trabajadoras sexuales. Es importante destacar que una parte importante de este trabajo ha sido producida por trabajadoras sexuales y organizaciones de trabajadoras sexuales.1 Cuando decidimos dedicar este Número Especial de Anti-Trafficking Review al tema del trabajo sexual, reconocimos esta realidad. Sin embargo, también pensamos que, dado que los discursos, las leyes y las normativas que afectan directamente a las trabajadoras sexuales a nivel mundial están cambiando continuamente, la producción de nuevas investigaciones basadas en evidencia y perspectivas críticas es constantemente necesaria.

Las trabajadoras sexuales se organizan para el cambio

Si bien la historia del activismo de las trabajadoras sexuales se remonta al menos al siglo XIX y principios del XX, la mayor parte de la literatura se centra en el surgimiento y crecimiento del movimiento global de derechos de las trabajadoras sexuales a partir de los años setenta y ochenta.2 Desde entonces, las trabajadoras sexuales (mujeres, hombres, personas trans y no binarias) se han organizado para exigir el reconocimiento del trabajo sexual como trabajo; desafiar el estigma, la discriminación y todas las formas de violencia, incluída la que proviene de la policía; mejorar las condiciones de trabajo; presionar por los derechos humanos, sociales y laborales plenos; hacer activismo por la despenalización del trabajo sexual; y proporcionar soporte y servicios gestionados entre compañeras. Muchas organizaciones de trabajadoras sexuales también organizan y apoyan a las trabajadoras sexuales migrantes en un esfuerzo por abordar los desafíos específicos que enfrentan, tales como el racismo y la xenofobia, la precariedad debido a su estado migratorio, la falta de acceso a la salud y otros servicios, la vulnerabilidad a la explotación y la violencia, y el riesgo de detención y deportación.

Desde la década de 1990, las trabajadoras sexuales y las organizaciones de trabajadoras sexuales también han tenido que lidiar con el surgimiento, la expansión y el fortalecimiento de la “industria antitrata” global con sus fuertes agendas de lucha contra el trabajo sexual, justicia penal y control de fronteras.3 Las organizaciones de trabajadoras sexuales en España, Tailandia e India, por ejemplo, señalaron en un reciente informe de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres que la trata era “un asunto que se introdujo [o de hecho se impuso] desde fuera de la propia industria del sexo, impulsado por una agenda moralista, que las organizaciones se han sentido obligadas a comprender para contrarrestar los efectos nocivos de la fusión conceptual de trata y trabajo sexual ». 4 En muchos países, las leyes, las normativas y las intervenciones contra la trata han apuntado a las trabajadoras sexuales con impactos altamente perjudiciales. Esto ha tomado la forma de una mayor vigilancia policial de la industria del sexo, redadas en establecimientos de trabajo sexual, confinación forzada en centros de rehabilitación, detenciones y enjuiciamientos de trabajadoras sexuales como tratantes y deportaciones de trabajadoras sexuales migrantes, todo lo cual socava e ignora la autonomía de las trabajadoras sexuales así como sus demandas legítimas de mejores condiciones de trabajo y derechos humanos, sociales y laborales.5 Además, el papel crucial de las organizaciones de trabajadoras sexuales en la promoción de los derechos, la seguridad y la protección de las trabajadoras sexuales y en el abordaje de las condiciones de trabajo en la industria del sexo en gran medida no ha sido reconocido por los legisladores nacionales e internacionales, los donantes y algunas organizaciones no gubernamentales. Las ideologías, suposiciones y agendas que alimentan la industria antitrata también han resultado en la exclusión y el silenciamiento de las trabajadoras sexuales y las organizaciones de trabajadoras sexuales cuando se trata del desarrollo de legislación y normativas que afectan directamente sus vidas y su trabajo. En los últimos diez años, esta tendencia ciertamente ha sido evidente en países donde los gobiernos han promulgado leyes que penalizan la compra de servicios sexuales en nombre de la igualdad de género, la protección de las mujeres vulnerables y la prevención de la trata con fines de explotación sexual.

# 20 yrsFailingSexWorkers6

Hace veinte años, en 1999, Suecia se convirtió en el primer país del mundo en penalizar la compra —pero no la venta— de servicios sexuales, combinando esto con medidas para apoyar a las trabajadoras sexuales que quisieran salir de la industria del sexo.7 Basada en una conceptualización ideológica de la prostitución como violencia contra las mujeres y un obstáculo para la igualdad de género, esta penalización se introdujo inicialmente con el objetivo de reducir la prostitución al enfocarse en la demanda por parte de los hombres de servicios sexuales comerciales. Sin embargo, con la adopción del Protocolo de la ONU contra la trata de personas en 2000,8 y la inserción en el último momento del art. 9 (5) que exhorta a los Estados a «desalentar la demanda que fomenta todas las formas de explotación de personas, especialmente mujeres y niñas, que conduce a la trata», 9 el modelo sueco ha sido promovido desde entonces como una forma de prevenir la trata en la industria del sexo. A pesar de la falta de evidencia concluyente de que el modelo haya logrado reducir el trabajo sexual o prevenir la trata en Suecia, 10 ha sido empaquetado como un mecanismo para promover la igualdad de género, proteger a las mujeres vulnerables y prevenir la trata en la industria del sexo. Como resultado, se han adoptado prohibiciones de compra de sexo en Noruega e Islandia (2009), Canadá (2014), Irlanda del Norte (2015), Francia (2016), la República de Irlanda (2017) e Israel (2018).

Al mismo tiempo y durante el mismo período, ha habido una creciente evidencia de que el modelo sueco exacerba el estigma contra las trabajadoras sexuales, las obliga a implicarse en actividades más peligrosas, y aumenta el riesgo de VIH e ITS y la violencia de los clientes y la policía. Esta evidencia a menudo ha sido acompañada por el apoyo a la despenalización del trabajo sexual y proviene de académicos, 11 agencias de la ONU, 12 organizaciones de derechos humanos, 13 profesionales médicos, 14 organizaciones LGBTI +, 15 organizaciones contra la trata, 16 y, por supuesto, las propias trabajadoras sexuales.17 Esto hace plantear una pregunta: entonces, ¿por qué es que con un apoyo tan fuerte e incluso abrumador a la despenalización del trabajo sexual, respaldado por una extensa investigación basada en evidencia, cada vez más gobiernos están adoptando el modelo sueco? Si bien esta pregunta requiere un examen mucho más profundo de lo que permite el espacio de este Editorial, proponemos que es parte de una tendencia global más amplia hacia el conservadurismo social, la dependencia excesiva de respuestas punitivas para abordar los «problemas» sociales y morales que sirven para reforzar las agendas conservadoras de quienes detentan el poder político, 18 y lo que se ha denominado posverdad y su intensificación, donde «los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que los llamamientos a la emoción y las creencias personales» .19

Los números anteriores de la Anti-Trafficking Review han documentado las imágenes y narrativas simplistas utilizadas para describir a las mujeres migrantes y tratadas en la industria del sexo, y la falta de evidencia que está detrás de muchas leyes e intervenciones contra la trata. En 2016, Andrijasevic y Mai señalaron que “la imagen estereotípica de la víctima es la de una mujer joven, inocente y extranjera engañada para ejercer la prostitución en el extranjero. Es maltratada y mantenida bajo vigilancia continua para que su única esperanza sea el rescate policial.”20 En 2017, Harkins observó que “la evidencia no ha sido priorizada dentro del sector antitrata”.21 El uso de imágenes e historias de víctimas altamente emotivas y la falta (o desprecio) de evidencia que se alinea con la definición misma de posverdad caracterizan los procesos que condujeron a la introducción del modelo sueco en varios países en los últimos años.

(…)

Lo que la investigación ha demostrado es que la introducción de la prohibición de la compra de sexo en todos estos países (así como la legislación contra la trata de personas en general) fue posible en gran medida mediante la forja de alianzas poderosas entre los partidos conservadores gobernantes, los grupos religiosos y las feministas prohibicionistas de la prostitución y carcelarias que se basan en concepciones del trabajo sexual y la trata con un elevado sesgo de género y racializadas.31 A pesar de este ataque coordinado contra los derechos de las trabajadoras sexuales, del rechazo de una extensa investigación académica y comunitaria sobre las vidas y el trabajo de las trabajadoras sexuales, y de la exclusión del punto de vista de las trabajadoras sexuales en el ámbito del desarrollo de leyes en un entorno de posverdad, el movimiento global por los derechos de las trabajadoras sexuales continúa creciendo y se está haciendo oír.

Este Número Especial

Los artículos incluidos en este número especial examinan una variedad de temas relacionados con el trabajo sexual. Estos incluyen exploraciones de la organización de trabajadoras sexuales y formas de resistencia creativa en varios países de Asia, África, Europa y América. Si bien varios autores destacan los logros del movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales histórica y / o contemporáneamente, también identifican algunos de los desafíos actuales, muchos de los cuales emanan de la implementación de leyes de prostitución y lucha contra la trata equivocadas y punitivas, así como de la reacción generalizada contra leyes basadas en los derechos humanos y en la evidencia. Varios de los autores son trabajadoras sexuales en activo o retiradas, mientras que otros son académicos afiliados a instituciones académicas. Todos apoyan y defienden los derechos de las trabajadoras sexuales y la despenalización del trabajo sexual.

El primer conjunto de artículos se centra en la organización de las trabajadoras sexuales. Ya sea en Toronto, Bogotá, Manila o Ciudad del Cabo, las trabajadoras sexuales de todo el mundo se están organizando para contar sus propias historias, reclamar sus derechos humanos, sociales y laborales, resistir el estigma y las leyes y normativas punitivas, y proporcionar apoyo mutuo entre compañeras.

(…)

Conclusión

En conjunto, los artículos de este Número Especial contribuyen al cuerpo cada vez mayor de literatura académica y comunitaria sobre trabajo sexual, organización de trabajadoras sexuales y el impacto de las leyes y normativas represivas de la prostitución y antitrata en las comunidades de trabajadoras sexuales. Ante la evidencia creciente e incontrovertible, todos los artículos apuntan a la conclusión de que, al igual que los donantes a los que Nadia van der Linde desafía, ya nadie puede reclamar «neutralidad» en el tema de los derechos de las trabajadoras sexuales. En particular, dada la diversidad interseccional de las trabajadoras sexuales —en términos de antecedentes de género, sexualidad, raciales, étnicos y de clase, estatus migratorio, etc.— y las diferentes condiciones laborales en las que trabajan las trabajadoras sexuales, es imperativo que se cultiven y forjen más alianzas cruzadas entre diversos movimientos. En otras palabras, a la luz de las múltiples y complejas dimensiones sociales y laborales que deben abordarse, es necesario que las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres, de las personas LGBTI +, de los trabajadores formales e informales, de los migrantes y de las personas víctimas de trata, así como los movimientos que trabajan por la justicia social, económica y racial, se unan a la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales y la despenalización del trabajo sexual.

 


Annalee Lepp es profesora asociada en el Departamento de Estudios de Género de la Universidad de Victoria, Canadá. Es miembro fundador de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW) —Canadá, que se estableció en 1996, y es miembro de la Junta Directiva de GAATW. Desde 1997, ha participado en varios proyectos de investigación en colaboración que examinan las leyes y prácticas estatales canadienses en relación con la trata de personas y los movimientos transfronterizos irregulares, así como el impacto de las leyes contra la trata en los derechos de las trabajadoras sexuales en Canadá. Correo electrónico: alepp@uvic.ca.

Borislav Gerasimov es Oficial de Comunicaciones y Activismo de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres y editor de la Anti-Trafficking Review. Es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Sofía St Kliment Ohridski, Bulgaria, y anteriormente trabajó en Animus Association, Bulgaria y La Strada International, Países Bajos. También ha participado en el trabajo de ONG que apoyan a jóvenes romaníes, personas LGBTI, personas que viven con VIH / SIDA y trabajadoras sexuales en Bulgaria y los Países Bajos. Correo electrónico: borislav@gaatw.org.

MUJERES MIGRANTES CONTRA LA VIOLENCIA EN EL MUNDO DEL TRABAJO: Mujeres de Honduras, Guatemala, Nicaragua, Cuba y migrantes internas en el trabajo sexual, en México

 

 

Se puede descargar el informe completo, en formato PDF, aquí:

Haz clic para acceder a informe.mexico.pdf

 

 Mujeres Migrantes contra la Violencia en el Mundo del Trabajo:

Mujeres de Honduras, Guatemala, Nicaragua, Cuba y migrantes internas en el trabajo sexual, en México

© 2019 / Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C.

 

Equipo:

  • – Elvira Madrid Romero
  • – Jaime Alberto Montejo Bohórquez
  • – Rosa Icela Madrid Romero
  • – Arlen Palestina Pandal
  • – Ricardo Enrique Guerrero Vázquez

 

Editado por Chus Álvarez Jiménez

 

Elaborado por Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, “Elisa Martínez”, A.C. con el apoyo y la colaboración de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW por sus siglas en inglés)

http://brigadaac.mayfirst.org/

Twitter: @brigadaelisa

Facebook: Brigada Callejera Elisa Martínez

http://www.gaatw.org

 

“A las trabajadoras sexuales y aliadas que luchamos por un mundo del tamaño de nuestros sueños. A quienes sumaron fuerzas con nosotras y se nos adelantaron en el camino hacia la eternidad. También, a quienes nos han inspirado y al pasar de largo por nuestro territorio, nos dotaron de esperanza y nuevos bríos para seguir firmes hasta la victoria siempre.” 

 

Brigada Callejera retoma el planteamiento del sociólogo Francisco Gómezjara de que “[a]sí como el sistema prostituye la vida, (vuelve cínica mercancía las relaciones co- tidianas, científicas, políticas, sexuales, productivas), la prostitución lo rebasa y reivindica el amor, la aventura, la espontaneidad y lo sorpresivo. Empuja al hombre [y la mujer] contemporáneo[s] a reivindicar de una vez por todas, al placer no manipulado.” 1

  1. “Sociología de la prostitución”, Francisco Gómezjara, Editorial Fontamara, México, 1978, página 212.

Índice

1.   Introducción                                                                                   7

2.    Contexto                                                                                      11

3.    Metodología                                                                                17

4.    Resultados                                                                                  19

5.    Conclusiones                                                                              43

6.    Acciones para el cambio                                                             46

7.   Anexos                                                                                          50

8.    Siglas                                                                                            57

 

México es un país donde la violencia de género y la provocada por el crimen organizado, (heredada de otras administraciones), no baja y donde las medidas tomadas durante casi un año por la nueva administración federal, parecen no funcionar.

  

Introducción

“Reconociendo las múltiples violencias que viven hoy las mujeres que se dedican al trabajo sexual, no hay que imaginar que prohibir el trabajo sexual va a terminar con ellas. Al contrario, las prohibiciones agudizan las violencias.”

Dra. Marta Lamas Encabo, feminista y académica.

El presente estudio se ha realizado bajo   el proyecto “Mujeres migrantes contra la violencia en el mundo del trabajo” y se ha llevado a cabo de forma paralela por ocho organizaciones en seis países de América Latina (México, Guatemala, Colombia, Perú, Brasil y Argentina).

El objetivo ha sido explorar las violencias de género en el mundo del trabajo para entender su naturaleza desde la propia perspectiva de las trabajadoras migrantes y conocer las estrategias que ellas mismas implementan para afrontarlas. La intención final al realizar este trabajo es la de apoyar y promover acciones que contribuyan positivamente a cambiar la realidad presentada y mejoren las condiciones de vida y trabajo de las trabajadoras migrantes.

En este documento se presenta el análisis de la investigación de campo desarrollada por Brigada Callejera con 40 trabajadoras sexuales migrantes organizadas y que se encuentran en procesos de lucha contra la discriminación y otras expresiones de violencia hacia ellas. La metodología utilizada en la investigación se basa en la Investigación Acción Participativa Feminista y nos permite establecer el impacto de los diferentes indicadores analizados sobre la vida de las trabajadoras sexuales.

La Brigada Callejera es una organización defensora de trabajadoras sexuales que cuenta con treinta años trabajando y que, a través de acciones directas, civiles y pacíficas, “da cobijo y ayuda a trabajadoras sexuales. Les brinda atención médica, psicológica y alfabetización, así como apoyo en su regularización migratoria de forma gratuita. También atiende a trabajadoras sexuales que han sufrido abusos, extorsiones y detenciones ilegales, además de combatir la trata de personas y prevenir el VIH y el SIDA. El trabajo de la organización se ha centrado en dignificar su actividad sin juzgarlas, en una estrategia pensada para combatir la discriminación. La Brigada está ubicada en el barrio de La Merced, uno de los principales polos de trabajo sexual en la capital del país y en Tapachula, Chiapas, epicentro de múltiples migraciones.”2

El objetivo específico de la investigación mexicana, es documentar las percepciones de las trabajadoras sexuales entrevistadas sobre las condiciones laborales, que facilitan o promueven situaciones de violencia de género hacia ellas, así como establecer quiénes son los sujetos sociales que las violentan. A este respecto los testimonios de las participantes hablan de representantes del Estado mexicano, patrones, líderes, compañeras de trabajo, vecinos, iglesias y clientes.

México es un país donde la violencia de género y la provocada por el crimen organizado, (heredada de otras administraciones), no baja y donde las medidas tomadas durante casi un año por la nueva administración federal, parecen no funcionar. Un país donde la crisis migratoria ha rebasado a instituciones públicas, agencias de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil. Con respecto a las trabajadoras sexuales, la situación de violencia que les afecta, es similar a la de otras mujeres.

Los testimonios de las trabajadoras sexuales migrantes que participaron en este estudio retratan un caso de violencia sistémica, patrocinada desde las estructuras del Estado mexicano, que privilegia la obtención de la máxima ganancia de empresarios y políticos y que ignora su responsabilidad para garantizar una vida libre de violencia hacia este grupo de mujeres. A dicha práctica empresarial corporativa3 (…)

 

Se puede descargar el informe completo, en formato PDF, aquí:

Haz clic para acceder a informe.mexico.pdf

 

Conclusiones

“De niña me casaron muy chica en mi comunidad indígena y luego me metieron al talón. Ahora, veo las cosas diferentes porque ya conozco mis derechos y antes no. Allí está la diferencia.”

Las prácticas del Estado proxeneta se manifiestan claramente en los testimonios de las trabajadoras que hablan de imposiciones como el control sanitario obligatorio, cobros ilegales, medidas judiciales que afectan su rol materno.

Por un lado mantiene un carácter tributario unilateral, al recaudar tributos a las trabajadoras sexuales (incluso de manera ilegal), pero sin reconocer los derechos de las contribuyentes. Se imponen además altas multas por ejercer el comercio sexual en lugares no autorizados y un control sanitario bajo cobros irregulares y también muy altos. En ese sentido, el control sanitario se erige como un mecanismo de humillación, señalamiento y negación de derechos sexuales y laborales. Las inspecciones sanitarias impuestas a la fuerza, se llevan bien con el cobro de cuotas y estos dos conceptos de autoridad refuerzan la disciplina y el manejo “legal” de la prostitución forzada.

En los códigos civiles y familiares, se establece que las mujeres que ejercen la prostitución pierden la patria potestad de los hijos menores de 12 años. Esto no solamente viola los derechos de la madre, sino que deja a las trabajadoras a merced de los padrotes que utilizan este hecho como amenaza, y además va en contra del interés superior de la niña o el niño y su derecho a permanecer con su madre.

Las trabajadoras que participaron en este estudio consideran que los patrones de violencia buscan disciplinarlas como mujeres y para ello les imponen condiciones laborales que atentan contra su dignidad. Al respecto una de ellas indica que:

  • (i)nfluye que seamos mujeres, nos crían sumisas, no permiten que la mujer salga adelante y se supere más que nuestros maridos o hermanos, nos creen débiles, nos ven solas y por eso se encajan más. No nos creen en casa que fuimos violentadas y nos tiran a la calle.”

Asimismo, las trabajadoras consideran que las personas que de una u otra forma se relacionan con ellas, creen que ejercer este trabajo les resta derechos y las hace más proclives a la violencia tanto del Estado como de particulares. Uno de los testimonios recogidos asegura que:

la sociedad no acepta el trabajo sexual, cree que somos sucias e indignas y creen que es un trabajo fácil. Además, al estar en la calle, sufrimos más riesgos. Nosotras manejamos el concepto de trabajadoras sexuales, pero la sociedad nos llama putas y si nos quejamos de una violación, nos dicen que nos lo merecíamos y no nos levantan las denuncias.”

 También consideran que su condición de migrantes hace que sus derechos se vean mermados. “Por ser migrantes, no nos dan trabajo en otros lados, por eso estamos en la prostitución. Nos echan migración para que les tengamos miedo, hasta el padrote lo hace. Además, como venimos de afuera y no conoces a muchas personas, se aprovechan de una por estar solas. Las propias compañeras también nos discriminan”, argumentó una de las entrevistadas. A las mexicanas que migraron dentro del país también se les discrimina. Por ejemplo, “(e)n Oaxaca, sólo pueden trabajar las mujeres que nacieron allí o que demuestren que son vecinas de allí, con documento del municipio que se cobra bien caro cuando saben a qué nos dedicamos.”

Las participantes comentan que la manera de enfrentar la violencia es defendiéndose de las agresiones y poniendo la denuncia; organizándose entre ellas y exigiendo mayor seguridad por parte de la policía y los dueños de los negocios. En ese sentido, una de las participantes recalcó que las mujeres:

debemos aprender a defendernos, hacer la denuncia, aunque a veces no nos la levantan. Pedir ayuda a las instituciones y quejarnos con organizaciones como la Brigada Callejera, pedir ayuda a las demás compañeras y poner un alto a quienes nos agredan. Conocer nuestros derechos, es fundamental para defendernos.”

No obstante, también consideran imprescindible que se haga justicia y se metan presos a padrotes y policías corruptos y a quienes encubren a tratantes y explotadores.

Las trabajadoras sexuales mencionaron que cuentan con algunos grupos de apoyo y derechos humanos como alcohólicos anónimos, el colectivo feminista Cihuatlahtolli, la Unión y Fuerza de Mujeres Trans de Chihuahua y Brigada Callejera. En algunos casos también mencionaron responsables gubernamentales como el cónsul de Guatemala de Tapachula, Chiapas. A este respecto, se señaló en varias ocasiones la necesidad de financiar a las organizaciones de trabajadoras sexua- les y a las que les prestan algún tipo de asistencia para fortalecer su lucha contra la discriminación y la violencia. Una de las participantes lo expresa así:

que ustedes (Brigada Callejera) y otras organizaciones como la suya, puedan pagar a su personal para que nos visiten con más frecuencia, eso hace que el gobierno nos respete un poco más y que dueños o encargados abusivos, nos respeten como debe de ser.” 

A partir de los testimonios recogidos, Brigada Callejera considera que para derrotar las prácticas de Proxenetismo de Estado referidas en este estudio, es necesaria la organización autónoma y fuerte de las propias trabajadoras sexuales y el apoyo de otros sectores sociales solidarios y aliados.

Debemos acordar con nuestras compañeras, con quienes nos apoyan como ustedes, con las encargadas de los negocios y con gente del gobierno que nos respeta, mejores condiciones en donde nos ocupamos con los clientes para que el trabajo no se nos haga tan duro. Ya lo hemos hecho antes y podemos hacerlo ahora que tenemos más fuerza. Si no, se nos puede ir toda la vida en renegar y pelearnos con todo el mundo.” Así mismo, “(n)ecesitamos hacernos escuchar y como somos la nota roja de todos los periódicos y de las redes sociales, nos tendrán que escuchar y algunas de nuestras exigencias serán resueltas si marchamos.”

 Además, se debe abolir el control sanitario del VIH/Sida e ITS, que es el pilar fundamental de todo el engranaje del Proxenetismo de Estado.

 

 

La despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda

 

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NUEVA ZELANDA1

 

Lynzi Armstrong

 

Nueva Zelanda supone un contexto muy especial a la hora de estudiar cómo se organizan las trabajadoras del sexo, cómo organizaciones dirigidas por ellas interactúan en el marco de la lucha contra la trata, y cómo reaccionan ante casos de coacción y explotación en el trabajo sexual. La singularidad del contexto de Nueva Zelanda radica en el marco jurídico vigente en el país: el trabajo sexual fue descriminalizado en 2003 con la aprobación de la Ley de reforma de la prostitución (Prostitution Reform Act, PRA por sus siglas en inglés), una medida por la que las organizaciones dirigidas por trabajadoras del sexo de todos los rincones del mundo llevan décadas haciendo campaña. Nueva Zelanda es también un caso peculiar porque las trabajadoras participaron directamente en el proceso de la reforma legal. El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (NZPC por sus siglas en inglés) encabezó la campaña por la descriminalización y fue reconocido como actor clave en el proceso. No obstante, aunque se considera que el marco legal es un ejemplo positivo desde el punto de vista de los derechos, no es una ley perfecta; una de sus limitaciones es que las migrantes temporales tienen prohibido el ejercicio del trabajo sexual y pueden enfrentarse a ser deportadas si infringen esta norma. Este capítulo documenta la singular historia del NZPC y explora la influencia del discurso antitrata en Nueva Zelanda desde la perspectiva de trabajadoras sexuales y representantes del NZPC. También subraya el papel jugado por el NZPC en la reacción frente a distintas formas de explotación y coacción que pueden encontrar las trabajadoras sexuales, y cómo el marco legal vigente influye en su labor en defensa de los derechos de las trabajadoras del sexo.

La investigación que dio origen a este capítulo tuvo un enfoque feminista y participativo, y el NZPC participó en todo el proceso del estudio. La investigadora tiene una estrecha relación con la organización por haber participado en ella como estudiante de doctorado a finales de 2007 y haber trabajado como voluntaria empleada entre 2008 y 2011, tras lo cual mantuvo una relación como investigadora. El estudio fue cualitativo, con nueve entrevistas en profundidad con representantes del NZPC, trabajadoras sexuales en activo y una informante externa. A pesar de ser un estudio monográfico pequeño, la investigadora ha interactuado formal e informalmente con un gran número de trabajadoras del sexo en Nueva Zelanda durante los últimos diez años y posee una visión detallada y compleja del trabajo sexual en este contexto, incluyendo los desafíos a los que se enfrentan las migrantes temporales y los debates sobre la trata a niveles local y global.

Las entrevistas revelaron una imagen contradictoria sobre el marco legal en Nueva Zelanda. La situación representa una historia de éxito de una organización dirigida por trabajadoras sexuales, dado que el NZPC pasó de ser un grupo informal de trabajadoras del sexo en 1987 a convertirse en una organización respetada y con fondos gubernamentales que dirigió una exitosa campaña de descriminalización. Sin embargo, aunque las entrevistas con las informantes del NZPC destacaron el potente efecto de la descriminalización en la reducción de los riesgos de explotación y en el refuerzo de la capacidad de las trabajadoras del sexo de enfrentarse a ella, también se mencionaron preocupaciones significativas acerca del hecho de que las trabajadoras del sexo migrantes han sido dadas de lado. Todas las participantes de este estudio consideraron que esto era muy problemático, ya que hace a las trabajadoras sexuales migrantes más vulnerables frente a la explotación y la violencia. Una abrumadora mayoría de las participantes cree que la ley debe cambiar para garantizar que todas las trabajadoras del sexo en Nueva Zelanda puedan beneficiarse plenamente de un contexto cuya intención explícita es la de dar prioridad a su salud y seguridad laboral.

Este capítulo comienza con una breve introducción del contexto socioeconómico y político en el que se da el trabajo sexual en Nueva Zelanda, y ofrece después información sobre el marco legal que afecta al trabajo sexual, la composición del sector del sexo y la respuesta legal a los riesgos de trata y explotación. Posteriormente, pasa a presentar de modo breve la trayectoria del NZPC como organización y cómo perciben y cómo les afecta a las trabajadoras sexuales el discurso antitrata y la trata. Seguidamente se exploran los desafíos clave para las trabajadoras del sexo en el contexto actual, con especial atención a los efectos de la prohibición a las migrantes de ejercer el trabajo sexual, lo que resultó ser la principal preocupación en las entrevistas con trabajadoras del sexo y otras informantes. El capítulo acaba debatiendo el papel del NZPC en dar respuesta a estos retos y señalando la naturaleza contradictoria del marco legal existente, y finaliza con recomendaciones resultantes del estudio.

 

Introducción

 

Contexto socioeconómico y político

Nueva Zelanda es un país de renta alta y está bien clasificado internacionalmente en varios campos como en desarrollo humano, calidad de vida y libertades civiles. En 2016, fue 13º en el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, que clasifica los países según su nivel de vida, renta bruta per cápita, esperanza de vida y educación.2 Sin embargo y en contradicción con ello, existe un nivel de desigualdad salarial relativamente alto. Los cálculos más recientes, de 2012, daban a Nueva Zelanda un coeficiente de Gini de 33, lo que indica que tiene un nivel de desigualdad de renta más elevado que la media, de 31, para países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).3

Nueva Zelanda tiene una situación geográfica relativamente aislada, situada a unos 1600 kilómetros de Australia y de las islas más cercanas del Pacífico. No obstante, es un país muy visitado. En el año natural anterior a febrero de 2017, se habían registrado 3,54 millones de visitantes, la cifra más alta jamás registrada.4 Para contextualizar este dato, en el último censo la población total era de 4,4 millones. Por tanto, a pesar del aislamiento geográfico, el país atrae a gran cantidad de visitantes internacionales. Además, también es un destino atractivo para migrantes. El censo de 2013 reveló que el 25% de la población había nacido fuera del país.5 De este modo, aunque se ha sostenido que el aislamiento geográfico podría mitigar los riesgos de trata, está claro que hay un flujo constante de personas a través de las fronteras neozelandesas.

Las maoríes son el pueblo indígena del país. Nueva Zelanda se convirtió en colonia británica en 1840, y las cicatrices del asentamiento y la colonización siguen existiendo en el contexto contemporáneo. Las maoríes tienen más probabilidad que las no maoríes de vivir en pobreza, de ser víctimas de violencia familiar y de ser encarceladas. Cuando el trabajo sexual estaba criminalizado, las maoríes también eran el grupo de trabajadoras del sexo con más probabilidades de ser arrestadas por acusaciones relacionadas con la prostitución6.

En el primer trimestre de 2017, la tasa de desempleo en el país era de 4,9%.7 Todas las residentes y ciudadanas que quedan desempleadas y buscan empleo activamente pueden optar por un pago semanal de “ayuda de búsqueda de empleo”. Para personas que han dejado su trabajo de manera voluntaria hay un periodo de 13 semanas hasta poder acceder a dicha ayuda. Ahora bien, es importante señalar que las trabajadoras del sexo están exentas de ello y pueden recibir su ayuda de búsqueda de empleo en cuanto dejan de trabajar.8 Por tanto, hay una red de seguridad económica para trabajadoras sexuales que quieran dejar el trabajo sexual o hacer un paréntesis.

 

El trabajo sexual en contexto

El trabajo sexual en Nueva Zelanda fue descriminalizado al aprobarse la ley de reforma de la prostitución (PRA) en 2003.9 Ello implica que no es ilegal vender sexo ni pagar por él. Tampoco es ilegal facilitar la compra ni la venta de servicios sexuales. En virtud de las secciones 20 a 23 de dicha ley, es ilegal pagar a alguien menor de 18 años por servicios sexuales o facilitar su participación en trabajo sexual. Sin embargo, cabe destacar que las menores que ejercen el trabajo sexual no están criminalizadas. Según la sección 16, también es delito inducir u obligar a cualquier persona de cualquier edad a ofrecer o seguir ofreciendo servicios sexuales.

El trabajo sexual fue descriminalizado en Nueva Zelanda en 2003. El objetivo de la reforma fue derogar la legislación que criminalizaba el trabajo sexual y dar prioridad a la salud, la seguridad y los derechos humanos de las trabajadoras del sexo.

La PRA fue una ley polémica aprobada por un solo voto de margen tras años de firme trabajo del NZPC. La oposición a la PRA se basaba en lo que se denominó “política de la moralidad”10, y fue llevada a cabo sobre todo por grupos fundamentalistas religiosos y una minoría de feministas.11 Sin embargo, existe un fuerte discurso feminista por los derechos de las trabajadoras del sexo en Nueva Zelanda que, hasta cierto punto, diferencia este contexto del de otras partes del mundo.12

Contexto legal

La lógica para el cambio de la ley era mejorar los derechos de las trabajadoras del sexo, afrontar los daños de la criminalización y dar prioridad a la salud, la seguridad y los Derechos Humanos de las trabajadoras del sexo. El proceso de reforma de la legislación en Nueva Zelanda fue único, como se ha dicho, por dos razones principales: se centraba en mejorar las vidas de las trabajadoras sexuales y además el NZPC desempeñó un papel central en la configuración del documento y en influir en el proceso político.13 Así, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país del mundo en descriminalizar completamente el regentar burdeles, ofrecer o solicitar servicios sexuales y vivir de ingresos de prostitución.

Un estudio posterior llevado a cabo con trabajadoras del sexo que captan su clientela en la calle indicó que la descriminalización supone un mejor apoyo para estrategias de seguridad y mejora la relación entre trabajadoras sexuales y policía.

Un requerimiento del cambio de de la ley fue que su impacto sería evaluado de manera rigurosa a los tres años de su entrada en vigor. El cambio de ley también exigía que se estableciera un Comité para la revisión de la ley de prostitución (PLRC, por sus siglas en inglés) que revisara la ley y dirigiera un informe al Ministerio de justicia. La investigación llevada a cabo para evaluar los impactos de la PRA destacó numerosos beneficios. Por ejemplo, el 95% de las trabajadoras del sexo que respondieron creían que tenían derechos en el contexto descriminalizado.14 El estudio también halló que el 60% de las participantes se sentía más capaz de rechazar a clientes desde que había cambiado la ley.15 El informe del PLRC concluía que en general la descriminalización del trabajo sexual estaba logrando su objetivo y que las trabajadoras del sexo estaban en una situación mejor de la que tenían anteriormente.16 Un estudio posterior llevado a cabo con trabajadoras del sexo que captan su clientela en la calle indicó que la descriminalización supone un mejor apoyo para estrategias de seguridad17 y mejora la relación entre trabajadoras sexuales y policía.18

Características del trabajo sexual en Nueva Zelanda

En toda Nueva Zelanda ejercen trabajadoras del sexo, pero principalmente en zonas urbanas de las tres ciudades más pobladas de Auckland, Wellington y Christchurch. Wellington es la capital y el centro político; Auckland es el polo comercial del país y donde se halla el principal aeropuerto internacional, y Christchurch es la principal ciudad de la Isla Sur. Calcular el número real de trabajadoras sexuales es todo un desafío, en parte por el alto nivel de fluctuación, con personas que frecuentemente entran y salen del trabajo sexual.19 Sin embargo, los datos disponibles apuntan a que Nueva Zelanda alberga una población de trabajadoras del sexo relativamente pequeña. Los datos recabados en 2006 calculan que la población total de trabajadoras del sexo en un momento determinado en las tres ciudades principales y las provincias de Nelson y Hawke’s Bay era de 2396,20 lo que equivale al 0,057% de la población total, que en aquel momento era de 4,185 millones. En contra del mito que circula con frecuencia, las evidencias muestran que no ha habido un aumento significativo de trabajadoras sexuales tras la descriminalización.21

En contra del mito que circula con frecuencia, las evidencias muestran que no ha habido un aumento significativo de trabajadoras sexuales tras la descriminalización.

Las trabajadoras del sexo de Nueva Zelanda trabajan principalmente en lugares cerrados; solo un 10% lo hace desde la calle.22 Las que trabajan en interiores lo hacen como trabajadoras “gestionadas” en burdeles o de forma privada en sus casas u otros lugares, que pueden compartir con hasta cuatro trabajadoras del sexo más sin necesitar un certificado de operadora. Según la PRA, las operadoras de burdeles en los que hay una encargada de las instalaciones deben solicitar un certificado al Ministerio de justicia mediante una solicitud y el pago de una tasa de 250 NZD (unos 180 dólares estadounidenses).23

La mayoría de las trabajadoras del sexo de Nueva Zelanda son mujeres cisgénero, aunque también hay hombres y transgénero y personas con género independiente que ejercen el trabajo sexual. El mayor estudio realizado con trabajadoras del sexo en el país, con 777 participantes, indicó que las trabajadoras sexuales son diversas en cuanto a su edad, etnia y origen social. Más del 50% de las participantes de este estudio eran neozelandesas de origen europeo24, aproximadamente un tercio eran maoríes, 5% del Pacífico y 12% se identificaban como de otras etnias. La mayoría de las participantes empezaron a ejercer el trabajo sexual después de cumplir los 18 años (81,7% de las participantes), mientras que menos del 10% declaraba haber empezado con menos de 16 años. De las 777 participantes, aproximadamente un tercio tenían estudios superiores y la mayoría declaró que llevaba a cabo otras actividades además del trabajo sexual, como tareas de cuidados, voluntariado y/o otros trabajos remunerados o a tiempo parcial o jornada completa fuera de la industria del sexo.25

Trabajo sexual, migración y trata de seres humanos

La mayoría de las trabajadoras del sexo viven permanentemente en Nueva Zelanda, pero el país también es un destino para trabajadoras sexuales migrantes que vienen de forma temporal desde distintas regiones, entre ellas diferentes puntos de Asia, Europa, EEUU y América Latina.26 Hasta la fecha, solo se ha finalizado un estudio que se centraba exclusivamente en trabajo sexual de migrantes.27 Este estudio inluía una encuesta con 124 trabajadoras del sexo migrantes, un análisis de historiales anónimos sobre la salud reproductiva y sexual de trabajadoras del sexo y entrevistas exhaustivas con 12 informantes seleccionadas. Los resultados del estudio indicaban que las trabajadoras sexuales migrantes encuestadas habían empezado a ejercer por voluntad propia y, en general, estaban satisfechas con sus condiciones laborales. No había indicadores de prácticas sexuales no seguras, lo cual refuta la imagen de trabajadora del sexo migrante carente de capacidad de decidir y forzada a participar en dichas prácticas.

Nueva Zelanda tiene una exhaustiva legislación frente a la trata de seres humanos incluida en la ley de delitos (Crimes Act) de 1961. Esta legislación fue modificada en 2015 con la enmienda de la ley de delitos (Crimes Amendment Act),28 tras la aprobación del proyecto de ley contra la corrupción y el crimen organizado (Organised Crime and Anti-Corruption Legislation Bill). Este cambio venía a ampliar la definición de trata de seres humanos para incluir la trata “nacional”, en el sentido de que se puede clasificar como víctima de trata a las personas trasladadas, alojadas, reclutadas o recibidas dentro de Nueva Zelanda con fines de explotación. Antes de este cambio, la trata de seres humanos se definía como un delito enteramente transnacional. Este cambio se introdujo para reforzar el cumplimiento de compromisos internacionales como el Protocolo de Naciones Unidas contra la trata de personas.

 

Metodología

El estudio tuvo un enfoque cualitativo para obtener información detallada y en profundidad, lo cual contribuiría a documentar los objetivos generales del proyecto, que eran: 1) documentar la trayectoria del NZPC; 2) examinar su experiencia en la interacción con el marco de la lucha contra la trata, si este ha tenido efectos sobre su trabajo y, en caso de que sí, cuáles; 3) explorar estrategias de la organización para dar respuesta a la explotación, y 4) tener en cuenta qué factores afectan a la capacidad del NZPC, y de las trabajadoras del sexo en general, para dar respuesta a situaciones de explotación y coacción. Se empleó un acercamiento feminista y participativo, por lo que las representantes del NZPC participaron en toda la investigación, desde las fases iniciales de planificación a la finalización del informe.

Métodos

Por la naturaleza delicada de este estudio, las entrevistas exhaustivas se consideraron el mejor método para alcanzar los objetivos de la investigación. Se usó un muestreo intencional para garantizar que las entrevistadas tenían la experiencia necesaria para responder a las preguntas del estudio.

Se hicieron nueve entrevistas exhaustivas y semiestructuradas en Wellington y Auckland, que duraron entre 30 minutos y hora y media. Cuatro participantes eran empleadas del NZPC y se las seleccionó por su conocimiento y experiencia en la organización. Entre ellas estaba la coordinadora nacional, que colaboró en la fundación de la organización en 1987; una empleada veterana de la oficina nacional que había desempeñado funciones políticas, de investigación y operativas; la coordinadora regional de la sede de Auckland, y la persona de enlace con la comunidad migrante con base en Auckland. El objetivo de estas entrevistas era el de obtener información sobre la historia de la organización, la percepción de la trata de seres humanos, cómo la organización había interactuado con el marco de la lucha contra la trata y qué estrategias se utilizaron para dar respuesta a trabajadoras sexuales que habían experimentado explotación. Se entrevistó también a cuatro trabajadoras del sexo (una migrante de China, una maorí y dos neozelandesas de origen europeo); de estas últimas una tenía mucha experiencia en viajar para realizar trabajo sexual y otra había trabajado con trabajadoras sexuales migrantes en burdeles. El objetivo de las entrevistas era el de explorar sus percepciones en temas clave para trabajadoras sexuales en el contexto neozelandés y su visión sobre la trata con fines de prostitución como un problema, e identificar cómo deberían actuar las organizaciones ante casos de trabajadoras sexuales que experimentan explotación. Por fin, la última de las entrevistas se realizó con una representante de una organización religiosa que tiene varios años de experiencia en contacto con el NZPC por asuntos de trata de seres humanos y un interés continuado en estrategias antitrata en Nueva Zelanda. El propósito de la entrevista era el de obtener una perspectiva externa sobre el papel del NZPC para dar respuesta a la explotación que sufren las trabajadoras del sexo, incluyendo la trata de seres humanos.

Cuestiones éticas

Se facilitaron hojas informativas a todas las participantes, que pudieron hacer preguntas antes de participar; se les pidió que firmaran una autorización antes de la entrevista. Todas las trabajadoras del sexo que participaron eligieron un seudónimo para el estudio. Tres de las informantes del NZPC quisieron que se las identificara con su nombre completo en la investigacion y una participante (la persona de enlace con las trabajadoras sexuales migrantes) prefirió que se la identificara por su función, no por su nombre. La informante externa también solicitó que se usase una descripción de su función y no su nombre ni el de su organización. Todas las entrevistas fueron grabadas, transcritas literalmente y revisadas para eliminar cualquier información potencialmente identificativa en los casos en los que las participantes habían pedido no ser identificables en el estudio. El comité ético de la Victoria University of Wellington dio su visto bueno ético para la realización del trabajo de campo.

Análisis de datos

Tras transcribir las entrevistas, se analizaron los datos para identificar temas clave. Una vez finalizado el borrador del informe, se invitó a las participantes a comentar sobre el borrador, y pudieron hacerlo por correo electrónico o en una reunión en el NZPC. Este proceso, llamado verificación grupal, se hizo para asegurar que las participantes creían que la interpretación de los datos representaba con precisión su punto de vista y sus vivencias. Al acabar el borrador, se celebró una reunión en el NZPC con cinco revisoras que eran voluntarias o empleadas del NZPC para debatir las conclusiones y recomendaciones finales antes de finalizar el informe.

 

Resultados

La historia del NZPC

El NZPC fue fundado en 1987 por un pequeño grupo de trabajadoras del sexo que trabajaban en interiores que se reunieron para plantear la creación de una organización que representara a las trabajadoras del sexo, y a las que pronto se les unieron trabajadoras sexuales que captaban su clientela en la calle.29 La legislación de aquel tiempo, que criminalizaba el trabajo sexual, además del estigma y la salud sexual, fueron las principales motivaciones para constituir la organización. Catherine Healy, la coordinadora nacional y una de las miembros fundadoras del NZPC, explicó:

Queríamos formar una organización y hacer que la policía dejara de arrestarnos, así como hacer algo acerca del VIH y la percepción de la gente de que las trabajadoras del sexo éramos … las transmisoras de la enfermedad, pero también de la percepción de la gente de que las trabajadoras sexuales éramos inferiores … Queríamos juntar … a distintas trabajadoras del sexo y tener centros comunitarios donde reunirnos y hablar de cosas que nos importaban … Las actividades en torno al trabajo sexual eran ilegales, así que queríamos crear espacios seguros donde pudiéramos compartir información e ideas para apoyar nuestro trabajo sexual.

El NZPC es una organización de trabajadoras del sexo sin igual por dos razones principales: una es que consiguió financiación del gobierno desde 1988, un año después de su comienzo formal, y la otra es que su influencia fue fundamental en decisiones políticas relacionadas con el trabajo sexual. Además, la organización ofrece servicios vitales para las trabajadoras sexuales y ayuda a trabajadoras del sexo que tienen problemas en su trabajo. La organización ha logrado trabajar con gobiernos sucesivos sin ser controlada por ellos. Como explicó Catherine:

Tenemos un contrato con el gobierno, tenemos relaciones con el gobierno, pero mantenemos nuestra propia identidad y dirección. No nos hemos sentido dirigidas ni controladas ni manipuladas ni manejadas por el gobierno.

El NZPC no es un sindicato: las trabajadoras del sexo pueden participar en la medida que deseen y del modo que mejor satisfaga sus intereses y planes.30 Está supervisado por una junta de siete miembros, compuesta totalmente por trabajadoras del sexo en activo o retiradas. A día de hoy, el NZPC desempeña varias funciones: ofrecer servicios sanitarios y jurídicos directos, asesorar sobre leyes y políticas acerca del trabajo sexual a niveles nacional e internacional, colaborar en investigaciones y ofrecer un espacio seguro para que las trabajadoras sexuales se reúnan, desarrollen estrategias y compartan ideas y experiencias.

Los beneficios de organizarse

Las entrevistas con las empleadas del NZPC revelaron varios beneficios importantes de estar organizadas y que no se habrían logrado si la organización no hubiera sido fundada. El más significativo fue la aprobación de la PRA en 2003, un cambio por el que el NZPC había trabajado desde su nacimiento. Es lógico concluir que Organizarse también ha implicado que las trabajadoras del sexo han establecido fuertes relaciones con otras instancias y han sido capaces de utilizar estas instancias de un modo que contribuye al beneficio de las trabajadoras del sexo. El NZPC de Auckland, por ejemplo, acoge una asesoría semanal de Work and Income31 que ayuda a trabajadores sexuales que están atravesando situaciones difíciles o que desean dejar de ejercer el trabajo sexual. El NZPC también acoge servicios de salud sexual y asesoramiento en varios locales comunitarios. Catherine Healey explicó lo siguiente:

.Creo que al principio del todo no pensábamos que fuéramos a durar ni que llegaríamos a despegar. Pensábamos que probablemente repartiríamos un boletín escrito por trabajadoras del sexo y luego, bueno, pues probablemente la cosa se derrumbaría. Pero la organización se ha desarrollado. [Abrimos] centros comunitarios, recibimos a otros proveedores como entidades asesoras que acuden a ofrecer servicios complementarios para nosotras, pero en nuestro contexto, en nuestra sede; y a profesionales de salud sexual y de planificación familiar. Hemos logrado ser efectivas al enfrentarnos a la ley y la política, hemos sido relevantes a la hora de impulsar la derogación de una ley y política negativa, hemos tenido mucha influencia en consultas políticas y hemos sido determinantes en muchas decisiones sobre el trabajo sexual.

La descriminalización del trabajo sexual no habría ocurrido si las trabajadoras sexuales no hubieran empezado a organizarse y movilizarse por el cambio.

La historia de NZPC es por tanto única por reflejar un compromiso a largo plazo por los derechos, la salud y la seguridad de las trabajadoras del sexo, lo cual ha resultado en que sea una organización respetada, fuerte y estable que es una autoridad en materia de trabajo sexual.

El discurso antitrata en Nueva Zelanda

El discurso en torno al trabajo sexual en Nueva Zelanda no ha estado tan dominado por la preocupación por la trata como en otras regiones del mundo. Incluso en el proceso de reforma de la ley sobre prostitución anterior a 2003, el discurso antitrata no tuvo un papel significativo hasta fases tardías del debate. Annah Pickering explicó:

Al final, sí, había gente que hablaba de la trata porque había quien decía que al descriminalizar la prostitución habría hordas de mujeres que vendrían de otros países a cruzar la frontera, y la cosa es que a la gente le dio pánico. Pánico moral.

Aunque se presentaba como una preocupación por las posibilidades de que se produjese trata, estas preocupaciones también representaban un sentimiento contra la inmigración. Esto influyó significativamente en la introducción de una cláusula que prohibía a las migrantes con visados temporales ejercer o regentar un negocio de trabajo sexual.

Sobre este aspecto, Annah explicó que aunque este pánico de última hora por el impacto potencial de la descriminalización tenía que ver con la trata, también estaba muy relacionado con el miedo de que la población de trabajadoras sexuales “explotaría” y el país se inundaría de trabajadoras del sexo. Algunas personas contrarias a la descriminalización especulaban que “vamos a tener prostitutas por todos lados”. De este modo, aunque se presentaba como una preocupación por las posibilidades de que se produjese trata, estas preocupaciones también representaban un sentimiento contra la inmigración. Aunque no había pruebas que indicasen que la descriminalización conduciría a la trata o llevaría a un aumento del número de trabajadoras sexuales, estas preocupaciones influyeron significativamente en la introducción de una cláusula que prohibía a las migrantes con visados temporales ejercer o regentar un negocio de trabajo sexual.32

Cuando se les preguntó por la presencia y el impacto del discurso antitrata, las participantes en el estudio también mencionaron la influencia de debates internacionales y, sobre todo, el informe anual del Departamento de Estado de EEUU Trafficking in Persons (TIP, trata de personas), que previamente había identificado a Nueva Zelanda como país de destino para víctimas de trata con fines de prostitución. Había una impresión general de que el gobierno de Nueva Zelanda había dado una respuesta efectiva y crítica a dichas afirmaciones, basándose en que hasta la fecha no hay pruebas de que Nueva Zelanda sea un país destino para víctimas de trata con fines de prostitución. No obstante, una de las entrevistadas observó un aumento en actividad policial que parecía coincidir con la publicación del informe:

Mi experiencia trabajando a nivel de base es que cuando aquel documento estadounidense, el informe Trafficking in Persons, que suele salir cada año en junio, y hay cierta presión, yo creo, de no sé quién, los poderes fácticos o gente que cree que están pasando cosas aquí en Nueva Zelanda que no tendrían que estar pasando … los departamentos gubernamentales, principalmente Aduanas, Inmigración, Policía, Interior, que tienen a un grupo o a alguien allí metido para que mueva las cosas antes de que salga el informe. Y por lo que yo sé, en Auckland hemos tenido redadas en burdeles.

También se percibía que la proliferación del discurso antitrata internacionalmente llevó a una minoría de ONG de Nueva Zelanda a apoyarse en estadísticas y afirmaciones incorrectas sobre la trata con fines de prostitución, como indicó la informante externa:

Hay que reconocer que en algunos de los grupos antitrata que tenemos en Nueva Zelanda siguen casi obsesionadas con la trata con fines de prostitución … y seguimos con esa mentalidad de exagerar cifras, como bien sabrás. Así que esas mismas cifras sin base siguen siendo citadas una y otra y otra vez.

La proliferación del discurso antitrata internacionalmente llevó a una minoría de ONG de Nueva Zelanda a apoyarse en estadísticas y afirmaciones incorrectas sobre la trata con fines de prostitución.

Se reconoció que, aunque una minoría de particulares y organizaciones siguen haciendo afirmaciones sobre la trata con fines de prostitución que no están basadas en evidencia, en general se admite que la trata en Nueva Zelanda parece ser un tema asociado más a otros sectores como el pesquero, la agricultura y la hostelería. De este modo, mientras el discurso antitrata tuvo la desafortunada consecuencia de definir aspectos de la política sobre el trabajo sexual en el pasado, en el contexto local actual los debates sobre trata están generalmente fundados en pruebas y la trata no se entiende en el país como un tema de trabajo sexual.

Posicionamiento ante el discurso antitrata y sus efectos: “bueno, al menos no soy la de la peli ‘Venganza’”

Aunque el discurso antitrata no ha dominado los debates en Nueva Zelanda, la atención que le prestan ciertas particulares y organizaciones y el interés que suscita internacionalmente implica que el NZPC ha tenido que posicionarse sobre ello. Las participantes recalcaron que la perspectiva del NZPC siempre ha sido la de centrarse en las pruebas y las observaciones y vivencias de las trabajadoras sexuales. Uno de los puntos fuertes de la organización es su disposición a trabajar con personas de distintas ideologías, lo que ha permitido racionalizar los debates sobre la trata. Como indicó Catherine Healy:

Sin duda hemos dejado algunas puertas abiertas a organizaciones antitrata de aquí y nos hemos puesto en contacto y reunido y hablado con ellas. Intentamos evitar la polarización mientras haya alternativas … y creo que como hemos intentado evitar esa polarización, nos ha servido para amortiguar … historias falsas sobre las trabajadoras del sexo y la realidad de la trata en este país.

A pesar de todo, quedó claro que el discurso antitrata sigue afectando a las trabajadoras del sexo de Nueva Zelanda. El efecto más obvio es la sección 19 de la PRA, que prohíbe ejercer el trabajo sexual a las personas migrantes. Ahora bien, las participantes explicaron que el discurso antitrata también tiene implicaciones menos evidentes para las trabajadoras del sexo y la labor de apoyo del NZPC, y expresaron frustración debido a que el discurso antitrata refleja la explotación en el trabajo sexual en términos extremos, eclipsando las formas más cotidianas de explotación que sufren las trabajadoras del sexo. Las entrevistadas explicaron que esto implica que no se actúe contra los caso reales de explotación porque dichas situaciones son percibidas como “aburridas” y triviales cuando se las compara con, en palabras de Catherine Healy:

 … este tipo de casos extravagantes e imaginarios sobre trabajadoras del sexo que son esclavas sexuales, que están encadenadas a la cama y que van a ser descubiertas en el desván de alguien en alguna parte.

El discurso antitrata refleja la explotación en el trabajo sexual en términos extremos, eclipsando las formas más cotidianas de explotación que sufren las trabajadoras del sexo.

Esto era una importante fuente de frustración para las participantes ya que, como dijo Calum Bennachie, las autoridades “ignoran los problemas reales de coacción y lo que podría estar pasando en un burdel y buscan una fantasía que no existe”. Esta idea también la mencionaron las trabajadoras sexuales. Danielle, por ejemplo, pensaba que el discurso antitrata podría llevar a las trabajadoras del sexo a aceptar formas de explotación menores:

Tengo la sensación de que todas esas narrativas de trata también contribuyen a que las trabajadoras del sexo estén más dispuestas a aguantar la explotación. Como cuando oyes una historia de, yo que sé, por ejemplo unas chicas encerradas en una habitación atiborradas de drogas y vendidas al mejor postor y piensas: “menos mal que no me está pasando a mí”. Y es que sí, mis jefas pueden estar tratándome mal y hacerme trabajar 14 horas cada noche y retener mi paga … pero por lo menos no me violan, ¿sabes?

Y añadió:

Eso lleva a que no te des cuenta de las formas en que te están explotando, que es de la misma forma aburrida que el capitalismo explota a todo el mundo … el tipo de explotación al que la mayoría nos enfrentamos es trabajar largas jornadas, pagos inestables, jefas que lo intentan todo para timarte cada dólar que pueden … no es la explotación de estar encadenada a la cama y ser violada durante doce horas seguidas … y decir que eso es lo que nosotras vivimos solo quita importancia a las cosas malas que sí nos pasan. Y cuesta reconocerlo cuando pasan cosas malas y estás pensando: “bueno, por lo menos yo no soy la de la peli ‘Venganza’”.33

Las participantes rechazaron rotundamente el atractivo emocional del discurso antitrata, que no solo influye en la respuesta de las autoridades ante la explotación cotidiana del trabajo sexual, sino que también puede influir en cómo las trabajadoras sexuales entienden las situaciones con las que se encuentran como trabajadoras por cuenta ajena. De este modo, el discurso de la trata tiene efectos importantes sobre las trabajadoras sexuales y puede ocultar la verdadera naturaleza de la explotación que puede tener lugar en el trabajo sexual, y también tiene implicaciones para el NZPC cuando intenta responder a estos asuntos.

Análisis de la trata

Se pidió a todas las participantes que describieran lo que implica la trata y que reflexionaran sobre hasta qué punto la trata con fines de prostitución es un problema en Nueva Zelanda. En general, se ajustaban a la definición internacional: describían la trata como una circunstancia en la que una persona pasa a estar en una situación caracterizada por el engaño y la coacción. También se percibía que la trata está caracterizada por una falta de elección y libertad, como una situación en la que se obliga a una persona a realizar trabajo sexual contra su voluntad y sin remuneración. La persona de enlace con la comunidad migrante del NZPC lo describía así:

Es como: llegan aquí, no saben dónde van , llegan aquí y hacen algo en contra de su voluntad, no las dejan marchar, no hay libertad, no les pagan ni nada.

Todas las participantes niegan rotundamente haber observado u oído de ningún caso de personas forzadas a venir a Nueva Zelanda para realizar trabajo sexual. Esto es coherente con los datos existentes que muestran que, a pesar de las investigaciones intensivas de Inmigración, no se ha identificado hasta la fecha ningún caso de trata dentro de la industria del sexo en Nueva Zelanda. Calum Bennachie señaló:

Inmigración ha seguido visitando burdeles regularmente para inspeccionar y ver si hay alguien que podría ser víctima de trata, y cuando van comprueban si hay paredes falsas o armarios ocultos o gente escondida o cosas así. Hacen un registro completo y por ahora no han encontrado una sola víctima de trata con fines de prostitución en Nueva Zelanda.

Las participantes, tanto las del NZPC como las trabajadoras sexuales, también notaron que trata es un término mal definido y vago que se usa para describir un amplio abanico de prácticas de explotación, que se identifica con el trabajo sexual en el discurso popular de muchos países y que es a menudo usado en detrimento de las trabajadoras del sexo.

Las participantes, tanto las del NZPC como las trabajadoras sexuales, también notaron que trata es un término mal definido y vago que se usa para describir un amplio abanico de prácticas de explotación, que se identifica con el trabajo sexual en el discurso popular de muchos países y que es a menudo usado en detrimento de las trabajadoras del sexo. Danielle apuntó:

Es un término tan mal definido que todo puede ser trata si quieres que lo sea. Quiero decir, es como lo que te dije antes, que, según ciertas definiciones, al haber venido a trabajar de otro país, yo misma soy víctima de trata, aunque he venido por voluntad propia.

Del mismo modo, Michelle indicó:

Creo que es un término muy vago y mal definido. Para serte sincera, mi reacción emocional cuando lo oigo es que se me ponen los pelos de punta, estoy predispuesta a ese sentimiento contra las trabajadoras del sexo … y he visto muchas veces usar la trata como argumento para defender cosas que reducen mis derechos como trabajadora sexual.

Mientras que todas las informantes criticaron el término trata y no habían observado casos de lo que les parecía que se podría definir como trata, sí expresaron su preocupación por el potencial existente para la explotación de trabajadoras del sexo migrantes en el marco de la ley actual. Como explicó Catherine Healy:

Creo que es importante recordar que, sabes, que las condiciones están ahí y vienen proporcionadas por la ley. La ley proporciona las condiciones necesarias para la trata al convertir en ilegales a las migrantes que ejercen el trabajo sexual. Así que, como creo que sabes, estamos con los ojos y los oídos bien abiertos. Es algo que nos preocupa. Y la preocupación es muy muy real.

Aunque las trabajadoras del sexo entrevistadas fueron categóricas al afirmar no haber visto ni oído de situaciones en las que se hubiera forzado a personas a ejercer el trabajo sexual contra su voluntad o engañadas, dos participantes declararon haber oído de trabajadoras del sexo migrantes sometidas a condiciones laborales inaceptables. Amy, una trabajadora sexual migrante nacida en China, describía haber oído de trabajadoras del sexo a las que se animaba a venir a trabajar a Nueva Zelanda en un burdel durante un periodo corto de tiempo y se les insinuaba que podían ganar grandes sumas de dinero. Sin embargo, al llegar, aunque sí podían ganar mucho dinero, también se les exigía disponibilidad completa. Explicó:

No, no se las forzaba, pero … Decían a las chicas que vinieran a trabajar para ellos pero no se preocupaban por las chicas. Eso es lo que quería decir. Las tienen trabajando jornadas muy largas, realmente muy muy largas.

Michelle también expresó su preocupación por algunas trabajadoras del sexo migrantes que tenían un escaso control sobre su tiempo de trabajo y unos costes de vida excesivamente altos:

He visto a trabajadoras migrantes que planearon venir a trabajar, se pusieron en contacto con la empleadora o la dueña del burdel y gestionaron su venida para trabajar y residir en el local. Creo que potencialmente es un problema, que muchas veces esas chicas están pagando mucho por alojamiento y gastos, y como viven en el local, hacen jornadas larguísimas con muchísima frecuencia. Yo no puedo hablar en su nombre, pero sé que muchas de ellas no estaban contentas con eso y habrían preferido librar más o tener más flexibilidad en el modo de trabajar.

De este modo, todas las participantes mostraron su inquietud por el hecho de que la legislación sobre el trabajo sexual de personas migrantes crea condiciones que facilitan la explotación. Aunque las trabajadoras sexuales migrantes tienen experiencias y circunstancias diversas, pueden encontrar condiciones laborales que serían consideradas inaceptables por la mayoría de las trabajadoras del sexo neozelandesas.

Trabajo sexual de personas migrantes y una ley de consecuencias no deseadas

Se pidió a todas las participantes que describieran lo que pensaban que eran los principales desafíos para las trabajadoras del sexo en el contexto actual de Nueva Zelanda. Se subrayaron una serie de temas como el estigma y la discriminación que siguen existiendo, problemas con jefas explotadoras o condescendientes y una cantidad insuficiente de clientes. Sin embargo, el problema más citado fue el precario estatus legal de las trabajadoras del sexo migrantes, que tiene algunas repercusiones importantes en lo que respecta a la explotación de migrantes y la trata.

Desempoderamientro de trabajadoras del sexo, empoderamiento de clientes abusivos

Las trabajadoras del sexo migrantes en Nueva Zelanda están desempoderadas en sus interacciones con clientes. Su precaria situación legal da a clientes abusivos la oportunidad de realizar demandas poco razonables porque, como indicó Lydia, asumen que “esta persona seguramente no llame a la policía”. En este sentido, Amy recordó una experiencia adversa con una persona que había hecho una reserva con ella:

… un cliente dirá … pensará que no tienes un visado en condiciones y te dirá que le hagas un buen servicio y si no va a llamar a la policía. 

Las trabajadoras del sexo migrantes en Nueva Zelanda están desempoderadas en sus interacciones con clientes.

Amy también describió un tipo específico de cliente con una idea racista de las trabajadoras migrantes. Este tipo de clientes no respeta sus límites por su idea estereotipada y racializada de las trabajadoras asiáticas como personas pasivas. Explicó:

Como soy asiática, algunos clientes ya han estado en Asia antes y les gustan las chicas asiáticas especialmente porque piensan que pueden hacer lo que quieran. Porque normalmente no somos como las chicas neozelandesas, que saben que existe ese derecho de decir “no”. Porque en Asia a nosotras (las trabajadoras del sexo) se nos trata de forma inhumana. Así que cuando viene este tipo de cliente a Nueva Zelanda piensa que somos iguales que en China. Por ejemplo, te agarran y te dicen: “Voy a hacer esto”. Y puedes decir “no” pero no te escuchan. Dices “stop” y dicen que quieren que les devuelvas el dinero. Porque no consiguen lo que quieren como en otros países asiáticos, así que dicen: [con voz de burla] “Oh, quiero que me devuelvas el dinero” [risas].

Lydia describió una situación en la que una trabajadora sexual migrante había sido chantajeada por una persona que se le había acercado como cliente y luego la amenazaba con delatarla a Inmigración para extorsionarla y obtener servicios de ella:

Una vez conocí a una chica que … había un tío que la llamó y dijo que quería hacer una reserva con ella y luego … apareció y dijo: “Tienes que tener sexo conmigo gratis o llamo a Inmigración”. Y ella se quedó [pensando]: “¿Qué voy a hacer, dios mío?” No se podía deshacer de él, así que lo hizo y luego se cambió el nombre profesional y el número de teléfono y después él la encontró de nuevo. Creo que le pasó unas tres veces y estaba muy asustada y muy traumatizada. Lo estaba pasando fatal. 

Riesgo de deportación

Las migrantes que son descubiertas ejerciendo el trabajo sexual pueden ser deportadas, lo que inevitablemente genera miedo al contacto con las autoridades como la policía. Esto significa que si una migrante se encuentra con un cliente abusivo, hay un fuerte efecto disuasorio a la hora de denunciar el caso. Aunque según la sección 16 de la PRA es una infracción amenazar con revelar que una persona está ilegalmente en Nueva Zelanda para inducir u obligar a otra persona a que realice servicios sexuales comerciales, el estatus legal precario de las trabajadoras del sexo migrantes implica que no es probable que denuncien experiencias adversas a la policía. Amy no creía que la policía pudiera proteger a personas que trabajan ilegalmente, y señaló: “Si eres ilegal no puedes llamar a la policía. Si eres ilegal, no pueden protegerte”. También pensaba que los burdeles en los que ejercen trabajadoras migrantes pueden ser reticentes a denunciar disputas menores con clientes porque “pensarán: ‘Oh, no quiero que vengan policías a mi edificio’”.

“Si eres ilegal no puedes llamar a la policía. Si eres ilegal, no pueden protegerte.”

En el caso que describe Lydia, la trabajadora sexual estaba demasiado asustada para denunciar su situación, aunque Lydia estaba convencida de que una agente de policía podría ser discreta en lo que respecta al estatus de inmigración de la trabajadora del sexo:

Ella no quería llamar a la policía porque estaba preocupada, y le dije: “Creo que podrías llamar a la policía porque … a las polis les importa que no haya un violador por ahí intentando violar a trabajadoras del sexo. Probablemente les importe más eso que pasar tus datos a Inmigración”. Lo que hizo al final fue ir y buscar a alguien que la protegiera … Supongo que es lo que suele pasar … Si no consigues protección mediante la ley, tienes que ir y buscarte a alguien que te proteja de otra manera.

Paralelamente está el hecho de que las migrantes, que ya tienen experiencia en ser objetivo de agentes de policía e Inmigración por haber sido consideradas posibles víctimas de trata o migrantes indocumentadas, podrían ser particularmente reticentes a dirigirse a las autoridades. Lydia describió a una amiga que había tenido varias experiencias de acoso cuando estuvo en el extranjero:

Imagino que hay muchas personas indígenas de lugares colonizados, toda su familia es muy pobre y la gente no espera que puedan viajar ni nada. Así que siempre las paran en las fronteras … y sí, tienen un montón de ansiedad con eso y nunca llamarían a la policía.

Las migrantes, que ya tienen experiencia en ser objetivo de agentes de policía e Inmigración por haber sido consideradas posibles víctimas de trata o migrantes indocumentadas, podrían ser particularmente reticentes a dirigirse a las autoridades. 

Estigma, discriminación y apoyo de pares

El estatus legal precario de las trabajadoras del sexo migrantes también implica que experimenten una dosis extra de estigma, ya que están infringiendo la ley, mientras que otras trabajadoras del sexo no lo hacen. Esto podría implicar que algunas trabajadoras sexuales migrantes se aíslen y no se beneficien del apoyo de sus compañeras ni compartan información con otras trabajadoras del sexo. Michelle lo explicó así:

Ese miedo a que te pillen trabajando ilegalmente y que te deporten, que es una consecuencia enorme. Es terrible tener que enfrentarse a eso simplemente por estar ejerciendo el trabajo sexual. Y yo creo que hay cierto estigma hacia ellas, como que pone a las trabajadoras migrantes al margen porque están haciendo algo ilegal y el resto de las chicas que trabajan en el burdel no están haciendo nada ilegal … Y también creo que, sí, que hace que sea menos probable que insistan en que se respeten sus derechos laborales.

Las trabajadoras del sexo migrantes pueden aislarse por miedo a que las trabajadoras sexuales nacidas en Nueva Zelanda las delaten si se enteran de su estatus migratorio. Annah Pickering apuntó:

Hemos tenido incluso a trabajadoras del sexo nacidas en Nueva Zelanda que pueden ser muy racistas … e informar a las autoridades, porque las trabajadoras migrantes se promocionan bien, son muy trabajadoras, y me parece que las nacidas en Nueva Zelanda se sienten amenazadas por ellas.

Al mismo tiempo, muchas se muestran solidarias con las trabajadoras del sexo migrantes si sufren explotación. Annah Pickering recordó una situación en la que una trabajadora sexual migrante recibió el apoyo de trabajadoras del sexo nacidas en Nueva Zelanda cuando se enteraron de su situación:

Había una gente que llevaba un burdel comercial en el centro y también tenía un establecimiento más exclusivo en un área residencial. Tenían a algunas trabajadoras migrantes trabajando en el burdel residencial [y] una noche a una de las trabajadoras del burdel residencial le dijeron que fuera al burdel comercial. Había trabajadoras de Nueva Zelanda trabajando en ese burdel y ella acabó diciéndoles que llevaba aquí cierto tiempo y que no tenía acceso a su pasaporte y que los dueños del burdel se lo habían retenido. Así que las trabajadoras del sexo neozelandesas, al oír la historia, se quedaron en plan: “Joder, tienes que llamar a la policía”. Con el consentimiento de la trabajadora llamaron a la policía, que fue a ese burdel y ahí empezó todo. A esa mujer le devolvieron el dinero y el pasaporte y luego volvió a casa … Me acuerdo de que las trabajadoras neozelandesas me dijeron que habían alucinado con eso. Estaban en plan: “¿Pero quién coño se creen que son para eso? ¿Cómo se atreven a hacerle eso?” 

Obstáculos para denunciar

Las trabajadoras del sexo nacidas en Nueva Zelanda del caso anterior se quedaron claramente impactadas al enterarse de lo que consideraban una situación completamente inaceptable, tal vez por la normalización de los derechos de las trabajadoras del sexo por la PRA y las expectativas de unas condiciones laborales decentes o al menos relativamente decentes. Ahora bien, aunque esta situación tuvo un final positivo, cabe la posibilidad de que llamar a la policía en dicha situación pudiera tener consecuencias negativas inesperadas para la trabajadora sexual migrante, especialmente si su deseo era quedarse en Nueva Zelanda. Las trabajadoras del sexo entrevistadas para este proyecto no estaban convencidas de poder contactar con la policía si una colega migrante sufría explotación, y únicamente recurrirían al NZPC.

Michelle explicó lo que haría si se encontrase a una trabajadora sexual migrante que sufría explotación: 

Creo que mi primera reacción habría sido ofrecerle que viniera aquí al NZPC. Sé que el NZPC tiene recursos y trabajadoras con otros idiomas que pueden comunicarse con gente que no habla inglés. Así que yo creo que esa habría sido mi primera medida. Creo que si esa persona pensaba que estaba verdaderamente en peligro, le habría dicho que la policía no iba a portarse horriblemente con ella, pero no sé si es muy probable que le hubiera recomendado eso por las posibles consecuencias de la deportación que, si has venido a trabajar durante unas vacaciones, no parece tan gran cosa, pero luego están las consecuencias: si te han deportado de un país por ejercer el trabajo sexual es posible que no puedas entrar en otros países. Podría afectarte la vida entera y a tus posibilidades de viajar. 

Michelle explicó lo que haría si se encontrase a una trabajadora sexual migrante que sufría explotación: “Creo que mi primera reacción habría sido ofrecerle que viniera aquí al NZPC.”

Del mismo modo, Amy no se sentía segura de que la policía pudiera ayudar a alguien que ejerciera ilegalmente el trabajo sexual, y dijo que sería reticente a recomendar que se llame a la policía porque: “Se metería en problemas … la policía se la llevaría”. Al preguntarle cuáles serían las consecuencias, Amy contestó que probablemente le dirían: “No puedes trabajar aquí. No puedes trabajar y te tienes que volver a tu país”.

Vigilancia y control

Además de enfrentarse a obstáculos para denunciar experiencias adversas, las trabajadoras del sexo migrantes también viven con la posibilidad constante de que las autoridades las identifiquen mientras trabajan. Aunque las redadas en burdeles no son muy corrientes en Nueva Zelanda, las agentes de Inmigración las llevan a cabo de forma esporádica. Las participantes en este estudio también describieron casos de trabajadoras sexuales a las que se interrogaba en la frontera cuando intentaban entrar en Nueva Zelanda, una práctica que también ha sido identificada en un estudio australiano.34 Asimismo, una participante contaba que hay agentes de Inmigración que van revisando los anuncios de trabajadoras del sexo en internet y los contrastan con perfiles de las redes sociales para intentar identificar a personas que podrían estar trabajando ilegalmente. Annah Pickering lo explicó así:.

He hablado con una trabajadora migrante que se anunciaba en [una plataforma online] e Inmigración de Nueva Zelanda la había estado revisando. Le enviaron una carta que mostraba su anuncio diciéndole “has mentido, te has anunciado aquí, podemos demostrarlo porque esta eres tú, te hemos visto en Facebook, Instagram…” Ella lo impugnó pero Inmigración de Nueva Zelanda le dijo: “Si no sales del país para esta fecha … te mandaremos una notificación legal de deportación”. Así que acabó negociando con ellos diciendo que tenía un billete de ida y vuelta a su país y que no iba a volver aquí.

Las trabajadoras del sexo migrantes también viven con la posibilidad constante de que las autoridades las identifiquen mientras trabajan

Los informes de la prensa sobre las actividades de Inmigración de Nueva Zelanda en materia de trabajo sexual indican que dichas actividades, por ahora, no han identificado a ninguna víctima de trata. En 2007, agentes de policía y de Inmigración, acompañadas por un equipo de grabación del reality de televisión “Borderline”, hicieron redadas en seis burdeles de Auckland. En una de esas redadas, un cliente murió al saltar por la ventana para no ser identificado. Aunque se dijo que la policía estaba en la redada por si se identificaban víctimas de trata, una portavoz de Inmigración de Nueva Zelanda dijo que “el objetivo de las redadas era garantizar que no se incumple la normativa sobre prostitución e inmigración”.35 Desde entonces, se han realizado nuevas redadas con agentes de Inmigración y/o de policía. En 2012, se informó de redadas en ocho burdeles y las agentes encontraron a 21 trabajadoras del sexo trabajando de forma ilegal. Dos optaron por abandonar el país voluntariamente y 19 recibieron notificaciones de deportación.36 En una redada en un burdel en 2014 no se identificó a ninguna víctima de trata ni trabajadora sexual menor de edad, pero el resultado fueron tres trabajadoras del sexo con notificaciones de deportación.37

La prohibición de ejercer el trabajo sexual para migrantes ha creado un contexto contradictorio en el que las trabajadoras del sexo nacidas en Nueva Zelanda disfrutan de los beneficios de un entorno laboral caracterizado por ser abierto y transparente, mientras que a las trabajadoras sexuales migrantes básicamente se las obliga a la clandestinidad y son, por tanto, vulnerables a la explotación y la violencia. La política de descriminalización de Nueva Zelanda ha demostrado ser una política exitosa.38 No obstante, al excluir a las trabajadoras del sexo migrantes, no tiene suficiente alcance y se puede decir que la política actual crea las condiciones que llevan a la trata más que proteger contra ella. La situación de las trabajadoras del sexo migrantes en Nueva Zelanda también afecta a la respuesta del NZPC frente a casos de explotación.

La prohibición de ejercer el trabajo sexual para migrantes ha creado un contexto contradictorio en el que las trabajadoras del sexo nacidas en Nueva Zelanda disfrutan de los beneficios de un entorno laboral caracterizado por ser abierto y transparente, mientras que a las trabajadoras sexuales migrantes básicamente se las obliga a la clandestinidad y son, por tanto, vulnerables a la explotación y la violencia.

 

Respuesta a la explotación: el papel y el enfoque del NZPC

Como organización establecida por y para trabajadoras del sexo hace 30 años, el NZPC tiene un firme compromiso con los derechos de las trabajadoras sexuales y su seguridad y salud laborales. Este compromiso queda demostrado con los años de trabajo que dedicó a la descriminalización del trabajo sexual, además de las muchas otras maneras en que defiende diariamente el derecho de las trabajadoras del sexo a unas condiciones laborales justas y razonables. Por tanto, el NZPC tiene una notable función que desempeñar dando respuesta a una amplia gama de prácticas explotadoras abarcadas con frecuencia bajo el término muy general “trata”.

Ser una de ellas

El valor singular que aporta el NZPC en su réplica a la explotación en el trabajo sexual es que son parte de la comunidad de trabajadoras del sexo. Son, por tanto, una más, en lugar de personas de fuera y, por tanto, las trabajadoras del sexo y otras personas que están relacionadas con el trabajo sexual pueden intercambiar información con el NZPC que no estarían dispuestas a intercambiar con otras organizaciones que no son de la comunidad. Un día, mientras yo estaba en el NZPC haciendo una entrevista, un operador de un burdel entró y se llevó recursos en distintos idiomas elaborados por el NZPC para trabajadoras del sexo migrantes, y reveló que en su negocio tiene a trabajadoras sexuales que no son de Nueva Zelanda. Recordando esta interacción, Catherine Healy explicaba:

Un operador de un burdel acaba de revelar que tiene a tres trabajadoras y le parecía que podía hablar de ello … que son obviamente de otra parte del mundo, y luego él pudo llevarse material que sabe que va dirigido a trabajadoras migrantes. Eso es confianza … Es una persona que podría perder su licencia de operador por contratar trabajadoras migrantes y nos está contando algo muy delicado, y eso es la diferencia [con organizaciones externas] … Pertenecemos a estas comunidades. Somos una más, no somos de fuera. Y las de dentro suelen compartir sus cosas.

En el NZPC son una más, en lugar de personas de fuera y, por tanto, las trabajadoras del sexo y otras personas que están relacionadas con el trabajo sexual pueden intercambiar información con el NZPC que no estarían dispuestas a intercambiar con otras organizaciones que no son de la comunidad.

La función del NZPC como organización de pares también implica que es más probable que las trabajadoras del sexo revelen sus preocupaciones y experiencias adversas en este ámbito que en otras organizaciones. Su papel es particularmente importante en el contexto de apoyar a trabajadoras sexuales migrantes que pueden temer a las autoridades como la policía por su situación legal precaria o por experiencias pasadas con la policía en sus países de origen. Annah Pickering apuntaba:

Algunas de nuestras trabajadoras migrantes vienen de países en los que, bueno, hay corrupción en la policía y en Inmigración y cosas así … Las trabajadoras migrantes confiarán en lo que decimos, claro, más que en lo que dice la autoridad.

Las cuatro trabajadoras sexuales entrevistadas en este proyecto dijeron que el NZPC sería su primer recurso si experimentaban explotación o violencia o si se encontraban con una trabajadora del sexo que estaba siendo explotada. Danielle explicó que a veces las prohibicionistas critican que el NZPC trabaje desde dentro y la labor que realiza, y acusan a esta organización de apoyar la explotación al desarrollar recursos para las trabajadoras del sexo. Danielle estaba segura de que el NZPC estaría muy preocupado si supiera de algún caso de trata:

Si pasara algo, creo que el NZPC apoyaría enormemente a la trabajadora. Lo digo porque ya están, de algún modo, arriesgándose al elaborar información para trabajadoras extranjeras y especialmente en Auckland al elaborar información en chino … Los que están en contra del trabajo sexual siempre se fijan en este tipo de cosas y dicen: “Es que el NZPC defiende la trata”. No es así. No es más que intentar asegurarse de que todas pueden acceder a la información que puede mantenernos a salvo.

La informante externa entrevistada también valoró la condición del NZPC de “estar dentro” explicando que, debido a ello, el NZPC tiene información privilegiada de lo que pasa dentro del sector que otras organizaciones no pueden conseguir:

Creo que Catherine y la gente con la que trabaja, porque están por todas partes, se van a enterar bastante de lo que pasa. Están en todos esos sitios en que las demás no estamos. Se van a enterar mejor que el resto de nosotras … Tienen más oportunidades de enterarse de lo que pasa.

Esto también quiere decir que el NZPC sabe cómo lidiar con situaciones problemáticas en las que las trabajadoras del sexo puedan estar sufriendo problemas pero les cueste enfrentarse a ellos, especialmente cuando quieren seguir trabajando en determinado local y no quieren estropear la relación con la dirección si se quejan. Una estrategia inicial del NZPC, según cada caso, es usar un enfoque indirecto para mantener la comunicación con los operadores: intentan educarles primero, dándoles la oportunidad de mejorar sus prácticas. Catherine Healy explicó:

Puede ser que hablemos directamente con los operadores y les digamos algo como: “No sabemos si es tu caso o no, pero se lo estamos diciendo a todo el mundo”. Así, de manera general, se les dice que podría haber medidas duras según como la gente esté tratando a sus empleadas. Así que se trata de concienciar sobre malas prácticas e indicar que pueden tener repercusiones.

Desafiar la explotación y resolver conflictos

Se consideró que es fundamental mantener relaciones con los operadores de burdeles, ya que garantiza que la comunicación es posible cuando surjan problemas. Las trabajadoras sexuales entrevistadas también dejaron claro que el NZPC podría ayudarlas en dichas situaciones presionando a los operadores. Por ejemplo Danielle explicó que si era multada por un operador, contactaría con el NZPC porque: “Sé que Catherine es muy capaz de hacer un poquito de presión”. La autodeterminación de las trabajadoras del sexo es esencial para el enfoque del NZPC, que siempre es hacer lo que quiere la trabajadora sexual. Por ejemplo, aunque pasar inmediatamente por el proceso de denuncia formal no sea la respuesta más adecuada si se puede resolver un problema informalmente, si la trabajadora del sexo así lo quiere, el NZPC siempre respeta su voluntad. Catherine lo explicó así:

Sí que depende de lo que quiera la trabajadora sexual. No podemos pasar por alto lo que la trabajadora del sexo dice. Si dice: “De eso nada, quiero ir directa a las autoridades a solucionar esto”, pues eso es lo que tenemos que hacer.

Cuando las trabajadoras del sexo realmente desean recurrir a canales oficiales para enfrentarse a la explotación, el marco de descriminalización implica que las autoridades se toman en serio sus denuncias.

El NZPC también ha establecido relaciones importantes con otras organizaciones que pueden ayudar en estas situaciones, como Medical Officers of Health, que tienen el conocimiento y la experiencia adecuados. Estas pueden avisar a otras profesionales y trabajar conjuntamente para dar una respuesta. Por ejemplo, el NZPC estaba recibiendo quejas de trabajadoras del sexo sobre que otras trabajadoras sexuales ofrecían prácticas sexuales no seguras. El NZPC trabajó con Medical Officers of Health para desarrollar una respuesta no amenazadora de modo que pudieran contactar con operadores de burdeles.

Cuando las trabajadoras del sexo realmente desean recurrir a canales oficiales para enfrentarse a la explotación, el marco de descriminalización implica que las autoridades se toman en serio sus denuncias. Esto queda de manifiesto con un caso de 2014 en el que una trabajadora sexual, con el apoyo del NZPC, ganó un caso que había llevado al Tribunal de Derechos Humanos contra un propietario de un burdel que la había acosado sexualmente. La decisión del tribunal sentenciaba que no es aceptable que el propietario de un burdel utilice lenguaje sexual al comunicarse con las trabajadoras del sexo y condenó al propietario del burdel a pagar a la mujer, de 22 años, 25 000 NZD (unos 21 000 dólares estadounidenses en aquel momento) por daños.39

Crear defensoras de los derechos de las trabajadoras del sexo

Para garantizar que el NZPC pueda confiar en que las autoridades den una respuesta adecuada a las trabajadoras del sexo que están afrontando problemas, trabaja para formar “paladines” o personas defensoras en organizaciones, a las que se pueda recurrir cuando se las necesite; estas personas pueden también reforzar el conocimiento institucional dentro de sus propias organizaciones acerca de cómo apoyar mejor a las trabajadoras sexuales. A Danielle la amenazó una expareja con delatarla ante su familia si no hacía lo que él quería. Ella confió la situación a su jefe de aquel momento, que la puso en contacto con el NZPC. Lo explicaba así:

Mi jefe de entonces … se puso en contacto con el NZPC y averiguó el nombre de un policía respetuoso con el trabajo sexual, así que fui a hablar con él y me apoyó un montón.

 Las relaciones del NZPC con otras organizaciones son de vital importancia para facilitar una respuesta ante la explotación de trabajadoras del sexo migrantes, y sería de especial relevancia si hubiera un caso de trata.

Las relaciones del NZPC con otras organizaciones son de vital importancia para facilitar una respuesta ante la explotación de trabajadoras del sexo migrantes, y sería de especial relevancia si hubiera un caso de trata. La capacidad del NZPC de dar respuesta a trabajadoras sexuales migrantes que sufren explotación queda minada por la ley actual. Esto significa que aunque las trabajadoras del sexo migrantes se dirigen al NZPC con problemas, muchas veces son reticentes a llevar la denuncia más allá; se dirigen al NZPC simplemente porque quieren contar a alguien su experiencia. Sin embargo, los estrechos lazos del NZPC con “paladines” o defensoras individuales de las trabajadoras sexuales dentro de organizaciones gubernamentales significan que si una trabajadora del sexo quiere hacer una denuncia formal, a veces son capaces de conseguirlo asegurando que no hay consecuencias negativas. Lydia recordaba a una trabajadora sexual migrante a la que ayudó el NZPC después de sufrir una agresión sexual:

Le preocupaba Inmigración y se fue al NZPC y la ayudaron. Hablaron con la policía y consiguieron que la policía hablara con ella sin ponerla en peligro … No acabó siendo deportada, ni nada así. Por eso pienso que el NZPC es muy bueno gestionando este tipo de cosas.

Colaboraciones y servicios externos

Dentro su marco centrado en las trabajadoras del sexo, el NZPC también colabora con otras organizaciones para que ofrezcan servicios a trabajadoras sexuales. Por ejemplo, se facilitan servicios de salud sexual confidenciales y gratuitos, lo que atrae a muchas trabajadoras del sexo a la organización por primera vez. En Auckland, las asesoras de Work and Income40 ofrecen una clínica satélite para trabajadoras sexuales que se estén enfrentando a problemas significativos en su vida. Annah Pickering comentó:

Aquí en Auckland tenemos por ejemplo hoy a Work and Income … trabajan con subsidios y viviendas de protección oficial. Así que hemos desarrollado una relación con agencias gubernamentales que pueden dar asistencia a nuestra comunidad.

El NZPC también ofrece servicios externos a las trabajadoras del sexo, también en zonas del país en las que no hay una base comunitaria. Esto es particularmente importante para algunas trabajadoras sexuales migrantes que se desplazan por el país haciendo una gira para maximizar sus ingresos o para que no las descubran las autoridades. Los servicios externos también son importantes para trabajadoras del sexo migrantes de las grandes ciudades; y en Auckland, el NZPC tiene un proyecto dedicado a ello: el proyecto Migrant Education and Information (Educación y Formación para Migrantes), coordinado por una educadora que habla cantonés y mandarín. La persona de enlace con la comunidad migrante explicó:

A veces les cuesta acceder a nuestras oficinas. La mayoría de las migrantes no saben cómo llegar, incluso no conducen. No saben cómo llegar a nosotras así que vamos nosotras hacia ellas, nos reunimos, les contamos qué es el NZPC … La organización apoya a todas las trabajadoras del sexo y, como la mayoría de las trabajadoras chinas no habla bien inglés, les cuento qué es el NZPC y que les podemos ayudar y apoyar, que pueden denunciar un delito y que el NZPC puede interponer la denuncia en su nombre.

Desarrollo de recursos

Desarrollar recursos también es una parte integral de la labor del NZPC para abordar la explotación en el trabajo sexual. En la mayoría de los casos, estos recursos se desarrollan con trabajadoras del sexo en activo, como el “Código de conducta para todo el sector”, que traza unas directrices para una conducta y prácticas aceptables en negocios de trabajo sexual. El NZPC también puede apoyar a los operadores de burdeles para poner en práctica este código de conducta.41 La organización desarrolla igualmente recursos en colaboración con otras organizaciones, como un folleto desarrollado con Inmigración de Nueva Zelanda en el que se dan consejos en numerosos idiomas para trabajadoras sexuales a las que se les retiene el pasaporte o el sueldo.

Apoyo a personas que quieren dejar el trabajo sexual

Dado que el NZPC está comprometido con la autodeterminación de las trabajadoras del sexo, también apoya plenamente a cualquiera que quiera dejar el trabajo sexual. Aunque las participantes de esta investigación pensaban que la mayoría de las trabajadoras sexuales no necesita ninguna ayuda específica para dejarlo, el NZPC ayuda a las que sí que lo necesitan a ponerse en contacto con Work and Income para conseguir ayuda económica. El NZPC también las deriva a otros servicios, como un refugio religioso para personas que están dejando el trabajo sexual, si eso les interesa. Catherine lo explicó así:

Describimos ese lugar con un lenguaje neutro y decimos que “hay un lugar donde te puedes quedar si quieres” y que “es religioso y eso puede ser o no ser un problema para ti. Y te van a ayudar a hacer otras cosas si es lo que quieres.” Reconocemos que esta organización tiene una perspectiva ideológica particular, pero también reconocemos que las trabajadoras también tienen diferentes perspectivas ideológicas.

Contribuir a la seguridad de las jóvenes

Un punto fuerte del NZPC es su compromiso de contribuir a que todas las personas relacionadas con el trabajo sexual (independientemente de su estatus migratorio y de su edad) tengan la mayor seguridad posible. Para personas jóvenes que empiezan a ejercer el trabajo sexual, esto implica abordar sus necesidades y circunstancias inmediatas. Annah Pickering lo explicó así: 

Cuando pregunto a las jóvenes: “¿Por qué estás aquí, por qué estás trabajando?”, no van a decir: “Soy trabajadora sexual y estoy contenta y orgullosa.” Más bien dicen: “Tengo que sobrevivir. Tengo que comer…” Con las jóvenes siempre me aseguro de que tengan ropa, comida y un sitio seguro para dormir.

El mejor modo de dar respuesta a las jóvenes que están siendo pagadas por sexo es facilitarles ayuda práctica que pudiera aliviar sus necesidades económicas inmediatas y reforzar su red de apoyo.

Las participantes de la investigación tenían la sensación de que definir a las jóvenes que ejercen el trabajo sexual como víctimas de trata es una respuesta poco útil, ya que generalmente están en esta situación por necesidades económicas inmediatas, a veces tras haber huido de su casa o de la custodia del estado. Danielle pensaba que definir a las jóvenes automáticamente como víctimas de trata no ayuda porque puede implicar que las organizaciones duden a la hora de dar información práctica que pueda contribuir a la seguridad de la joven:

No implicarse y decir cosas como: “Ah, no, no, no, lo siento. No podemos ayudarte, no podemos tener nada que ver contigo porque no queremos cargárnosla por trata”, no ayuda en nada.

Igualmente, Lydia apuntó:

Llamarlas víctimas de trata no ayuda. Sería mejor llamarlas “sin hogar”, o decir “que no tienen una familia en la que puedan apoyarse”.

Por tanto, las participantes estuvieron de acuerdo en que el mejor modo de dar respuesta a las jóvenes que están siendo pagadas por sexo era facilitarles ayuda práctica que pudiera aliviar sus necesidades económicas inmediatas y reforzar su red de apoyo. Se consideró que este es el enfoque que el NZPC está desarrollando. Danielle comentó:

Yo creo que llegar con mano dura y decirle a alguien que la decisión que está tomando es completamente errónea va a alienar a la gente a la que podrías estar ayudando. Si te acercaras de forma más respetuosa y alentadora, diciendo: “¿Qué podemos hacer para ayudarte?”, e interesándote por las razones por las que están ejerciendo el trabajo sexual y por sus circunstancias … Creo que con una mente abierta y sin juzgar y buscando maneras de ayudarles de forma palpable, pues así sí. Y según mi experiencia, eso se le da muy bien al (NZ)PC.

“Decirle a alguien que la decisión que está tomando es completamente errónea va a alienar a la gente a la que podrías estar ayudando.”

Aunque el NZPC está comprometido con el apoyo práctico a las jóvenes que ejercen el trabajo sexual, también tiene un fuerte compromiso para posibilitar el acceso a la justicia para las jóvenes que son explotadas. Annah Pickering dijo:

En la calle sabes que hay adultos que pueden ser muy explotadores. Cuando ocurre eso, yo siempre les digo: “Estos son tus derechos, la ley te da estos derechos. ¿Qué quieres hacer al respecto? Porque podemos decírselo a la policía y conseguir que metan a esa gente en la cárcel”. Y aquí en Auckland he tenido experiencia con casos en los que se ha metido a gente en la cárcel por haber explotado a jóvenes.

El NZPC desempeña, por tanto, un papel importantísimo y único en su labor con las trabajadoras del sexo para enfrentarse a la explotación. Su punto fuerte fundamental es ser una organización de iguales, que están dentro de la industria del sexo y en las que por tanto es más probable que confíen otras personas relacionadas con el trabajo sexual. Además, también tienen una posición ideal para ofrecer servicios y desarrollar recursos a los que las trabajadoras del sexo podrán acceder y de los que se beneficiarán.

 

Trata, explotación y descriminalización del trabajo sexual

Está bien documentado que la descriminalización ha tenido un efecto positivo a la hora de reforzar que las trabajadoras se enfrenten a la explotación.42 Se puede decir que la descriminalización del trabajo sexual tiene implicaciones importantes para la protección frente a la trata. Como dijo Catherine Healy, la descriminalización ha cambiado las expectativas de lo que es aceptable en el trabajo sexual:

La descriminalización hace que la genta tenga mayores expectativas de que las cosas funcionen bien y de que no deberían encontrarse con situaciones que parecen injustas o peligrosas sin tener la sensación de que podrían hacer algo para corregirlo. Así que existe la expectativa de que las cosas pueden cambiarse y eso quiere decir que suele haber personas que suenen la alarma. ¿A quién se lo puedo contar? Es la primera reacción en lugar de lo que nos solían decir [antes de la descriminalización], como: “Bueno, no podemos hacer nada”.

La descriminalización ha creado un contexto en el que las trabajadoras sexuales pueden revelar con seguridad los casos en los que experimentan explotación o perciben un tratamiento injusto de otras.

La descriminalización ha creado un contexto en el que las trabajadoras sexuales pueden revelar con seguridad los casos en los que experimentan explotación o perciben un tratamiento injusto de otras. Esto queda bien demostrado con la historia que contaba Annah Pickering en este mismo capítulo sobre una trabajadora del sexo migrante a la que apoyaron trabajadoras sexuales neozelandesas indignadas cuando se enteraron de que le habían retirado el pasaporte. El marco de descriminalización en Nueva Zelanda también implica que los clientes lo tengan más fácil para hablar con las autoridades si les preocupa la posible explotación de una trabajadora del sexo. Calum Bennachie dijo:

A menudo significa que los clientes están más dispuestos a hablar si sospechan que es un caso de trata. Como antes era ilegal, los clientes no denunciaban y no decían nada porque querían permanecer en el anonimato, a pesar de no ser los delincuentes, mientras que ahora es más probable que denuncien si detectan que alguien está siendo víctima de trata.

La afirmación de que los clientes son conscientes de la posibilidad de explotación y les preocupa el bienestar de las trabajadoras sexuales es algo que corrobora la experiencia de Amy, quien explicó que como trabajadora del sexo migrante algunos clientes le preguntaban antes de hacer un servicio si se la estaba obligando a trabajar:

Sí, algunos clientes piensan que te fuerzan a trabajar. Llegan y te dicen: “¿Te obliga alguien a hacer esto?” Y yo les digo que no me fuerzan y que pienso que para mí es un trabajo y que lo hago y me gusta y me permite ahorrar. Está bien.

El NZPC también ha recibido llamadas de clientes a los que les preocupaba el bienestar de las trabajadoras sexuales migrantes. Annah Pickering lo explicó:

Los clientes que pagan por sexo, ya sabes que hay algunos buenos y otros malos y hay otros que hasta quieren ser una especie de trabajadores sociales para las trabajadoras del sexo porque … se encariñan muchísimo con una trabajadora sexual y en particular con algunas de las trabajadoras migrantes … Un cliente que paga por sexo que se va a un local, y paga a una trabajadora migrante y ella le cuenta cosas que están pasando allí. Ese cliente llama al NZPC y dice: “Mira, estoy muy preocupado. He ido a tal local … Me preocupa realmente lo que está pasando allí.”

Las participantes se mostraban frustradas con la política actual que implica que la descriminalización brinda mejores condiciones para algunas, pero no para todas las trabajadoras sexuales.

De este modo, la descriminalización sin duda ha creado un entorno abierto y transparente que puede proteger frente a la trata hasta cierto punto. Sin embargo, es vital que se siga reforzando, al menos, mediante la ampliación de derechos a las trabajadoras del sexo migrantes que disponen de permisos temporales. Las participantes se mostraban frustradas con la política actual que implica que la descriminalización brinda mejores condiciones para algunas, pero no para todas las trabajadoras sexuales. Lydia lo explicó así:

Es muy, muy racista tener dos legislaciones distintas. Eso es una discriminación horrible. La gente tiene que tener los mismos derechos. Es realmente discriminatorio y racista y peligroso ilegalizarlas. Así que creo que deberían darles los mismos derechos que a las demás y creo que si se ven con los mismos derechos como cualquier otra trabajadora migrante de otro país es un avance enorme.

El contexto actual en Nueva Zelanda es, por tanto, contradictorio: por un lado, la descriminalización del trabajo sexual es un factor que protege a las trabajadoras del sexo frente a la explotación, ya que tienen el derecho de enfrentarse a esa explotación. Sin embargo, la política que prohíbe que ejerzan el trabajo sexual las personas migrantes implica que no todas las trabajadoras del sexo se beneficien plenamente de la descriminalización. Las trabajadoras del sexo migrantes son más vulnerables a la explotación, lo que crea condiciones en las que podría darse explotación. Aunque no se ha identificado ningún caso de trata con fines de prostitución hasta la fecha, la vulnerabilidad de las trabajadoras migrantes bajo el marco normativo actual quiere decir que no hay lugar para la autocomplacencia. Son necesarios más cambios para una mejor protección frente a la explotación de las trabajadoras del sexo migrantes en Nueva Zelanda.

 

Conclusiones y recomendaciones

Este informe explora el punto de vista y las experiencias de explotación y técnicas antitrata, así como la respuesta del NZPC frente a estos asuntos dentro del marco legislativo actual de Nueva Zelanda. Los resultados indican que, aunque actualmente no hay evidencias de trata con fines de prostitución en Nueva Zelanda, la normativa existente, que prohíbe a las migrantes temporales (incluyendo las que tienen visados de trabajo válidos) ejercer el trabajo sexual, genera una vulnerabilidad de las trabajadoras migrantes frente a la explotación, incluyendo el riesgo de trata. El NZPC desempeña una función crucial en la ayuda a las trabajadoras del sexo que hayan vivido distintos tipos de explotación, aunque su capacidad de apoyar a las trabajadoras sexuales migrantes está muy limitada por la normativa existente. Para abordar esta vulnerabilidad y reforzar la protección frente a la explotación, el presente estudio emite las siguientes recomendaciones generales:

 

Al gobierno de Nueva Zelanda:

  1. Establecer un comité interdepartamental dirigido por Inmigración de Nueva Zelanda y compuesto de un abanico de actores como la policía, la Comisión de Derechos Humanos, el ministerio de justicia, el ministerio de mujeres, el NZPC y otras ONG pertinentes lo antes posible para revisar el efecto en las trabajadoras del sexo migrantes de la normativa actual con el fin de cambiar la legislación para acabar con esta práctica discriminatoria.
  1. Mientras tanto, establecer cortafuegos formales entre los agentes de Inmigración y los que tienen la responsabilidad de proteger a las trabajadoras del sexo (como la policía), para garantizar que las trabajadoras sexuales que ejercen ilegalmente puedan siempre denunciar delitos y acceder a la justicia sin riesgo de repercusiones.
  1. Promover activamente la descriminalización del trabajo sexual como un modelo de buenas prácticas del que puedan aprender otros países. Ahora bien, al hacer esto, también se debería reconocer que la exclusión de las trabajadoras sexuales migrantes es una limitación del marco actual, que se puede mejorar ampliando la normativa para proteger mejor los Derechos Humanos de todas las trabajadoras del sexo.

 

A organizaciones antitrata:

  1. Reconocer el trabajo sexual como un tipo más de trabajo y reconocer que defender los derechos laborales es inherente a la protección frente a la explotación, incluyendo el riesgo de trata. Los grupos antitrata deberían, por tanto, revisar el lenguaje que emplean y referirse a explotación laboral, no a explotación sexual, cuando se refieran a la explotación en el contexto del trabajo sexual.
  1. Apoyar al NZPC en su labor de identificar y llamar la atención sobre los daños causados por la aplicación de la ley vigente que prohíbe a las trabajadoras migrantes temporales ejercer el trabajo sexual. Ser solidarias con las trabajadoras del sexo pidiendo la derogación de esta cláusula discriminatoria y otras formas de discriminación contra las trabajadoras del sexo.

 

A organizaciones de donantes:

  1. Identificar los grupos y organizaciones que representan a las trabajadoras del sexo y financiar aquellas que trabajan por el empoderamiento de la comunidad y los Derechos Humanos.

 

 

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Lynzi Armstrong es profesora de criminología en la Victoria University of Wellington y una apasionada defensora de los derechos de las trabajadoras del sexo. Durante los últimos diez años ha estado investigando y escribiendo sobre el trabajo sexual en Nueva Zelanda. Su investigación doctoral, publicada en varias revistas internacionales y libros, se centraba en la gestión del riesgo de violencia entre trabajadoras del sexo que operan en la calle. Sus investigaciones actuales se centran en explorar cómo se manifiesta el estigma y la discriminación en las trabajadoras del sexo dentro de un contexto en el que hay diversos marcos legislativos.

 


1 Esta traducción está redactada en femenino genérico.

2 United Nations Development Programme, Human Development Reports – New Zealand, 2016, retrieved 13 June 2017, http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/NZL.

3 Ministry of Social Development, The Social Report 2016, 2016, retrieved 20 June 2017, http://socialreport.msd.govt.nz/economic-standard-of-living/income-inequality.html.

4 Statistics New Zealand, International travel and migration, retrieved 23 June 2017, http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/population/Migration/IntTravelAndMigration_HOTPFeb17.aspx.

5 Statistics New Zealand, 2013 Census QuickStats about culture and identity, retrieved 14 April 2017, http://m.stats.govt.nz/Census/2013-census/profile-and-summary-reports/quickstats-culture-identity/birthplace.

6 NZPC, Decriminalisation of Sex Work in New Zealand – Impact on Maori, 2013, retrieved 10 May 2017, http://www.sexworklaw.co.nz/pdfs/Decriminalisation_of_Sex_Work_in_New_Zealand_-_Impact_on_Maori.pdf.

7 Statistics New Zealand, Labour Market Statistics: March 2017 quarter media release, 2017, retrieved 20 June 2017, http://www.stats.govt.nz/browse_for_stats/income-and-work/employment_and_unemployment/LabourMarketStatistics_MRMar17qtr.aspx.

8 NZPC, Law, retrieved 23 June 2017, http://www.nzpc.org.nz/Law.

9 Parliamentary Council Office, Prostitution Reform Act, 2003, retrieved 12 March 2017, http://www.legislation.govt.nz/act/public/2003/0028/latest/DLM197815.html.

10 H. Wagenaar and S. Altink, ‘Prostitution as Morality Politics or Why it is Exceedingly Difficult to Design an Sustain Effective Prostitution Policy’, Sexuality Research an Social Policy, vol. 9, issue 3, 2012, pp. 1–14

11 T. Barnett, C. Healy, A. Reed and C. Bennachie, ‘Lobbying for decriminalisation’ in G. Abel et al. (ed.), Taking the Crime out of Sex Work: New Zealand sex workers fight for decriminalisation, Policy Press, Bristol, 2010, pp 57–73.

12 G. Abel, ‘In Search of a Free and Fair Society: The regulation of sex work in New Zealand’ in E. Ward and G. Wylie (eds.), Feminism, Prostitution and the State: The politics of neo-abolitionism, Routledge, Oxon, 2017, pp. 140–154.

13 C. Healy, C. Bennachie and A. Reed, ‘History of the New Zealand Prostitutes’ Collective’ in. G Abel et al., 2010, pp. 45–55.

14 G. Abel, L. Fitzgerald and C. Brunton, The Impact of the Prostitution Reform Act on the Health and Safety Practices of Sex Workers, Department of Public Health and General Practice, University of Otago, Christchurch, 2007.

15 Ibid.

16 Prostitution Law Review Committee, Report of the Prostitution Law Review Committee on the Operation of the Prostitution Reform Act 2003, 2008, retrieved 7 May 2017, http://prostitutescollective.net/wp-content/uploads/2016/10/report-of-the-nz-prostitution-law-committee-2008.pdf.

17 L. Armstrong, ‘Screening Clients in a Decriminalised Street-based Sex Industry: Insights into the experiences of New Zealand sex workers’, Australian and New Zealand Journal of Criminology, vol. 47, issue 2, 2014, pp. 207–222.

18 L. Armstrong, ‘From Law Enforcement to Protection? Interactions between sex workers and police in a decriminalised street-based sex industry’, British Journal of Criminology, vol. 57, issue 3, 2016, pp. 570–588.

19 L. Plumridge and G. Abel, ‘A “Segmented” Sex Industry in New Zealand: Sexual and personal safety of female sex workers’, Australian and New Zealand Journal of Public Health, vol. 25, issue 1, 2001, pp. 78–83.

20 P. Bellamy, ‘Prostitution law reform in New Zealand’, Parliamentary Library Research Paper, 2012, retrieved 14 May 2017, https://www.parliament.nz/en/pb/research-papers/document/00PLSocRP12051/prostitution-law-reform-in-new-zealand.

21 G. Abel, L. Fitzgerald and C. Brunton, ‘The impact of decriminalisation on the numbers of sex workers in New Zealand’, Journal of Social Policy, vol. 38, 2009, pp. 515–31.

22 Abel, Fitzgerald and Brunton, 2007.

23 Véase: New Zealand Ministry of Justice, ‘Brothel Operator Certification’, available at https://www.justice.govt.nz/licences-certificates/brothel-operator-certification/apply-for-a-brothel-operator-certificate/#people-who-need.

24 “New Zealand European” (neozelandesa de origen europeo) es una categoría oficial de etnicidad que describe a personas nacidas en Nueva Zelanda que son de descendencia europea.

25 Abel, Fitzgerald and Brunton, 2007.

26 M. Roguski, Occupational health and safety of migrant sex workers in New Zealand, New Zealand Prostitutes Collective, 2013, retrieved 22 May 2017, http://www.communityresearch.org.nz/research/occupational-safety-and-health-of-migrant-sex-workers-in-new-zealand/.

27 Ibid.

28 Parliamentary Counsel Office, Crimes Amendment Act 2015, retrieved 20 June 2017, http://www.legislation.govt.nz/act/public/2015/0095/latest/DLM6150617.html.

29 Healy, Bennachie and Reed, 2010.

30 I. Radacic, ‘New Zealand Prostitutes’ Collective – An example of a successful policy actor’, Social Sciences, vol. 6, issue 2, 2017.

31 “Work and Income” (Trabajo e Ingresos) forma parte del ministerio de desarrollo social de Nueva Zelanda y es la organización responsable de proveer asistencia económica a personas en situación de desempleo

32 Véase la sección 19 de la ley de Reforma de la Prostitución.

33 “Venganza” es una película de ficción de 2008 que trata del secuestro de dos mujeres jóvenes por traficantes de seres humanos con fines de esclavitud sexual. En su versión original en inglés se titula “Taken”, en Hispanoamérica se distribuyó bajo el título “Búsqueda Implacable”.

34 S. Pickering and J. Ham, ‘Hot pants at the border: Sorting sex work from trafficking’, British Journal of Criminology, vol. 54, issue 1, 2014, pp. 2–19; L. Armstrong, 2014.

35 B. Fawkes, ‘Police banned from brothel raids’, The Dominion Post, 21 February 2009, retrieved 12 April 2017, http://www.stuff.co.nz/national/1752325/Police-banned-from-brothel-raids.

36 L. Tan, ‘Immigration raids catch 21 illegal sex workers’, New Zealand Herald, 26 April 2012, retrieved 20 June 2017, http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=10801461.

37 Stuff NZ (no author), ‘Brothel raid sparks court action’, Stuff NZ, 30 May 2014, retrieved 14 May 2017, http://www.stuff.co.nz/national/10103579/Brothel-raid-sparks-court-action.

38 Armstrong, 2016; Abel, Fitzgerald and Brunton, 2007.

39 M. Duff, ‘Sex worker gets $25,000 over harassment’, The Dominion Post, 28 February 2017, retrieved 28 July 2017, http://www.stuff.co.nz/business/industries/9777879/Sex-worker-gets-25-000-over-harassment

40 Véase nota al pie 31.

41 Véase http://www.nzpc.org.nz/For-Brothel-Operators.

42 Abel, Fitzgerald and Brunton, 2007.

 

 

“La autoorganización de las trabajadoras sexuales contribuye a la lucha contra la trata”

Por AMANDA ANDRADES

MADRID | 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018

http://ctxt.es/es/20180905/Politica/21529/entrevista-chus-alvarez-alianza-global-contra-la-trata-de-mujeres-trafico.htm#.W5Ai4G9pcrs.whatsapp

 

CHUS ÁLVAREZ / RESPONSABLE DE AMÉRICA LATINA DE LA ALIANZA GLOBAL CONTRA LA TRATA DE MUJERES

 

 

La Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW por sus siglas en inglés) nació en 1994. Mujeres migrantes, estudiantes y trabajadoras que vivían en Holanda se unieron para analizar sus distintas vivencias. Las interpelaba entender las realidades del proceso migratorio y el papel que sus diferentes situaciones de partida jugaban a la hora de convertirse en trabajadoras sexuales sin papeles o estudiantes con documentos. De ahí fue brotando la urgencia de vincular las cuestiones migratorias con la trata de personas. Y de ahí a la necesidad de constituirse como una alianza de ámbito internacional que pusiese el foco en los derechos de las mujeres y el apoyo a las organizaciones de lucha contra la trata. A la hora de decidir dónde abrir su sede, optaron por Bangkok. Muchas de ellas provenían de Tailandia y entre este país y Holanda prefirieron plantar las raíces en el Sur Global.

Chus Álvarez (Ávila, 1979) forma parte del equipo de GAATW y ha participado en una de los últimos estudios realizado por esta red, una investigación en siete países acerca de cómo la organización de las mujeres trabajadoras sexuales puede mejorar sus condiciones de vida y luchar contra la trata de personas. Los sietes países elegidos representan posiciones, estrategias y políticas dispares en el abordaje de la prostitución, desde la despenalización hasta la criminalización total.

CTXT aprovechó una visita de Álvarez a Madrid a principios de año para intentar profundizar en conceptos como la trata y el tráfico de personas y abordar las principales conclusiones del informe.

¿Por qué las mujeres migrantes que crean GAATW deciden centrarse en la trata?

Su realidad migratoria les permitió entender que la migración y la trata van unidas, se entrecruzan, aunque las políticas globales y de migración las separen. Mientras hay un discurso de protección a las víctimas de trata y de defensa de sus derechos, también existen unas políticas migratorias cada vez más restrictivas que cierran las fronteras y dificultan el movimiento de personas. Una de nuestras principales líneas de acción para combatir la trata es trabajar por una migración segura, con derechos. Este es uno de los modos más realistas de luchar contra la trata.

¿Cuántas organizaciones forman parte de la Alianza y qué características tienen?

Somos más de 80 organizaciones. Estamos en América Latina, Norteamérica, Europa y Asia, principalmente. Son todas organizaciones autónomas, muy diferentes entre sí. Las hay centradas en personas migrantes, atención a personas en situación de trata, de infancia, asociaciones de trabajadoras sexuales o del hogar… No definimos cómo tienen que actuar, pero sí unos principios con los que las entidades han de comprometerse: trabajar desde un enfoque de derechos humanos; poner en el centro a las personas a las que se está atendiendo; y que, aunque no se definan sobre la cuestión del trabajo sexual, no participen en actividades en contra de la prostitución.

¿Qué es la trata?

La definición de Palermo [Protocolo contra la trata de Naciones Unidas] establece que para que haya trata tiene que haber un traslado de una persona, que ese traslado se haga bajo engaño y que el fin último de este sea la explotación. Se comete un crimen contra una persona.

¿Y el tráfico?

El tráfico es básicamente facilitar la entrada de un país a otro de manera irregular. Es un crimen contra el Estado. Las políticas migratorias restrictivas ponen muros a ciertas personas, físicos o en forma de visados imposibles, pero eso no para los movimientos migratorios, los hace más peligrosos. Esas vías alternativas e irregulares son lo que llamamos tráfico de personas. Hay varios problemas con la identificación que se está haciendo de tráfico con trata. Por una parte, muchos de los fondos que se dicen destinados a la trata en realidad se están destinando a fortalecer las fronteras. Y, por otro lado, hace que muchas organizaciones de la sociedad civil se suban al carro para luchar contra el tráfico, entendiendo que es una manera de proteger los derechos de las personas migrantes, cuando lo que están haciendo es apoyar a los gobiernos a criminalizar la migración irregular.

¿En las situaciones de tráfico no se puede dar también explotación? ¿Cuál es la línea de separación entre trata y tráfico?

En el papel la separación es muy clara. Pero en la realidad hay casos de tráfico en los que una persona arregla con otra cómo va a entrar a un país y todo sale tal y como es acordado y otros que terminan siendo trata porque cuando llega al país le retiran el pasaporte, no se puede mover ni denunciar y otra persona obtiene un beneficio económico de dicha situación. En otros casos la explotación puede ocurrir únicamente durante el traslado de un país a otro, por lo que no sería trata, pero sí habría habido explotación. El problema es que cuando estos casos llegan a la justicia estas personas son criminalizadas, porque han incurrido en un crimen contra el Estado al haber entrado en el país de manera irregular. Entonces, aunque hayas sufrido explotación hay veces que no quieres denunciar porque vas a acabar criminalizada y deportada en lugar de ser asistida. Es muy común.

¿Hay fondos y medidas que se dicen destinados a la lucha contra la trata y en realidad la favorecen?

Sí. En GAATW hemos documentado cómo las políticas de lucha contra la trata perjudican mucho a quienes migran, especialmente a las personas más vulnerables. El problema es que la cuestión de la trata no es tan sencilla como nos quieren vender, que hay un tipo malvado o una mafia que mete a una persona en un país donde hay otro tipo que la explota. Por lo tanto, las medidas para abordarla tampoco deberían simplificarse. Hay un montón de situaciones económicas, políticas, sociales, históricas que están provocando migraciones en situaciones de mucha vulnerabilidad y es esta vulnerabilidad creada la que favorece los casos de trata. Crear políticas contra la trata destinadas principalmente a fortalecer las fronteras solo dificulta la migración y la hace más peligrosa.

¿Qué consecuencias tiene la asociación sistemática de trata y tráfico? ¿Deberían abordarse por separado?

Sí. El tráfico es un crimen contra el Estado, pero es la única opción que las políticas migratorias restrictivas dejan a ciertas personas que quieren migrar.  No es que pensemos que el tráfico es algo paradisíaco, en muchas ocasiones también se dan situaciones de explotación, pero son esas situaciones las que se deberían criminalizar. En la trata está clarísimo que hay una situación de explotación. Y eso es un crimen contra las personas. En ambos casos la prioridad debería ser la protección y garantía de los derechos humanos.

¿Y qué políticas serían más adecuadas a la realidad que ven ustedes y las asociaciones con las que trabajan?

Por un lado, existe la necesidad de fortalecer a las personas trabajadoras para defender sus derechos laborales. Romper con la precariedad y la explotación que se está aceptando como norma, ya seas nacional o migrante. Por otro lado, están las políticas migratorias. Habría que tratar de hacer políticas que no cierren las puertas, sino que las abran y organicen esa migración, que se vea cómo pueden entrar esas personas sin estar en continuo peligro, sin vivir en la necesidad de aceptar condiciones de explotación porque lo que les puede pasar si no las aceptan es peor, y en muchas ocasiones implica ser deportadas.

Como temas concretos, por ejemplo, durante la realización del informe, vimos que, en algunos países, como Nueva Zelanda, la policía que trabaja contra la trata y con trabajadoras sexuales no está también intentando localizar a personas sin documentación. Esta es una de las medidas que se reclama en España. Si no tengo documentos y la policía, que supuestamente me tiene que proteger y en la que tengo que confiar para denunciar un caso de explotación, es la misma que me puede deportar, no va a haber denuncia porque no se me va a proteger. Hay una falta administrativa que se pone por encima de los derechos humanos de la persona a la que se está atendiendo.

En la GAATW trabajamos con las organizaciones para que las personas cuando migran tengan el mayor número de herramientas para poder defenderse de situaciones de explotación, que conozcan sus derechos, la realidad del país al que van a emigrar, las organizaciones con las que pueden contar, las situaciones con las que se pueden encontrar y cuál es la red que puede tener en su país de origen o de destino.

Cuando se habla de trata, se suele hablar de trata asociada a la prostitución o con fines de explotación sexual. ¿Hay diferencia entre la prostitución y la trata?

La Alianza reconoce que la prostitución es un trabajo y por lo tanto si hay una explotación, es una explotación laboral. Evidentemente sabemos que hay situaciones de trata y explotación dentro de la industria del sexo. Pero no tiene ningún sentido que se identifique prostitución con trata y que se considere que erradicando la primera se termina con la segunda. La trata y la explotación tiene causas más complejas. Para erradicar la trata hay que abordar esas causas. Cuando se persigue y criminaliza el trabajo sexual, lo único que haces es perseguir y criminalizar a quienes lo ejercen y amenazar su fuente de recursos económicos. Otra de las consecuencias de identificar una cosa con la otra es que se invisibilizan los casos de trata que se dan en otros sectores. Además, se hacen políticas y actividades que no abordan el problema. En España, por ejemplo, mucho del dinero que debería ser para luchar contra la trata y atender a las personas que han sido explotadas se gasta en hacer campañas de sensibilización contra la prostitución.

¿Cuáles son esos otros sectores más desconocidos en los que se dan casos de trata?

El sector textil, por ejemplo, es muy común en Asia y América Latina. En la agricultura, donde al pasar lejos de las grandes ciudades es más difícil de ver, también ocurre aquí en España. En los barcos pesqueros también hay bastantes casos. En el trabajo doméstico. La GAATW trabaja con muchas asociaciones en Asia y Oriente Medio que detectan muchísimos casos de trabajadoras del hogar que están yendo a países como Líbano, Qatar o Emiratos donde se dan situaciones muy muy duras.

Se habla sobre todo de trata de mujeres, ¿hay trata de hombres o de niños?

Esa es otra gran frase que se repite, que la mayoría de las víctimas de trata son mujeres. Y no es así. Los datos estadísticos bailan un poco y, a veces, no hay datos muy fiables, pero el informe de la OIT del 2012 muestra un número muy igualado entre mujeres (55%) y hombres (45%). Un 90% del total serían explotadas por personas o empresas, de estas el 22%, con fines de explotación sexual y el 68%, con fines de explotación laboral. El 10% restante serían personas en trabajo forzoso impuesto por el gobierno o estados militares. Lo que ocurre es que, dentro de los casos de trata con fines de explotación sexual, la mayoría son mujeres. Respecto al número de mujeres en prostitución que son víctimas de trata, también estas cifras bailan. Por ejemplo, te metes a buscar en internet y se repiten cifras altísimas, pero ninguna tiene una base, una fuente fiable. La más fiable sería la del informe de 2010 sobre trata, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: aproximadamente el 14%.

A lo largo del año pasado llevasteis a cabo un informe en siete países acerca del papel que puede jugar la autoorganización de las trabajadoras sexuales en la lucha contra la trata. ¿Cuáles son las principales conclusiones?

Nada de lo que decimos es, en realidad, novedoso. Ya lo han dicho antes las organizaciones de trabajadoras del sexo, pero no se quiere escuchar. Una de las conclusiones es que el discurso popular sobre la trata de personas y el trabajo sexual funde los dos conceptos e intenta abordar las dos realidades como si fueran una sola. Esto perjudica tanto a las personas que ejercen el trabajo sexual como a las que son objeto de trata. En todos los países que hemos investigado las trabajadoras sexuales hacen una diferencia clara entre las situaciones de trata, que conocían y que reconocían claramente como un crimen, y el discurso contra la trata, políticas y afirmaciones que les han afectado directamente, influyendo en sus condiciones laborales, en la imagen que los medios muestran de ellas, etc.

Otra de las conclusiones es que las trabajadoras están unidas contra todas las formas de violencia, coacción y explotación que existan en el trabajo sexual, bien sea trata, un abuso de un cliente o de alguien que regenta un local, o incluso un conflicto entre ellas mismas. Esto es importante porque el imaginario que se construye alrededor de la trata de personas invisibiliza y desoye el resto de situaciones precarias y de explotación que pueden darse en el sector.

También se destaca que hay una contribución de las organizaciones de trabajadoras sexuales que no se está teniendo en cuenta. No se las está escuchando ni se las está invitando a las mesas donde se negocian políticas públicas o estrategias contra la trata. Así que por una parte muchas voces generalizadas dicen que la trata es solo prostitución, pero cuando tienen que decidir sobre estrategias para abordarla no cuentan con las organizaciones de trabajadoras sexuales. En otros sectores como el textil o de trabajadoras del hogar se trata de incluir a las personas que trabajan en él, pero esto no ocurre con el trabajo sexual. Sin embargo, estas organizaciones ya están utilizando estrategias para luchar contra la explotación que están funcionando. En nuestra investigación veíamos, por ejemplo, que todas estas organizaciones coinciden en que lo principal es escuchar a las personas, ver qué está pasando y qué deciden y apoyarlas. Y, sin embargo, eso no se está haciendo. Hay muchísimas políticas contra la trata que se centran en el denunciar, denunciar, denunciar, para poder entrar dentro de los procesos de protección, cuando, aunque denuncien, las mujeres en situación de trata no están teniendo protección. Es más una cuestión de pillar a un criminal que de proteger derechos.

Las trabajadoras sexuales ya están contribuyendo a la lucha contra la trata, a la prevención y a la protección frente a esta, mediante la autoorganización y por eso es clave apoyarlas en ese proceso.

¿Cómo ocurre esto?

Como en cualquier otro sector laboral, cuando las personas trabajadoras están organizadas tienen mucha más fuerza para protegerse frente a abusos. En todas las entrevistas que hemos hecho con las asociaciones lo que hemos ido viendo es que todas las trabajadoras sexuales que se han organizado con otras son mucho más fuertes ante situaciones de explotación. Esto no significa que sean inmunes a los abusos, sino que tienen más herramientas para prevenirlos, verlos venir y, si suceden, poder enfrentarlos con sus compañeras.

Cuando las organizaciones nos contaban los servicios que ofrecen, hablaban de asistencia u orientación. El dar esa información de lo que sí se puede o no hacer, el informar de los derechos que tienen, del entorno laboral en el que están, de las políticas públicas y las leyes que pueden afectarles, el explicarles que pueden negociar y que son ellas las que tienen el poder, eso es fortalecer a una persona para enfrentar una situación de explotación que, a veces, no es tan fácil de identificar. El crear un espacio donde las trabajadoras sexuales puedan organizarse, hablar, compartir, las fortalece y las hace más conscientes de cuáles son sus derechos y de cuándo no se están respetando. Eso es otra forma de luchar contra la explotación.

¿Algo más a destacar?

En el informe se señala también que las etiquetas no tienen ningún sentido. Todo el rato se intenta ver en qué casillas encajas, si eres una víctima de trata, si eres una víctima de tráfico, si eres una prostituta. En vez de centrarse en qué le pasa a esa persona, qué está demandando, qué derechos han sido violados… Las etiquetas no tienen ningún sentido, porque además se cruzan. Por ejemplo, en el estudio hay un ejemplo de Sudáfrica, donde muchas mujeres habían sido objeto de trata, pero ellas no lo identificaban así. Tras saldar la deuda, ya no tenían que seguir ejerciendo el trabajo sexual y sin embargo decidían hacerlo frente a otras opciones. Es decir, que vivas una situación de trata no significa que te quedes siempre en ella, es un proceso, puedes comenzar en una situación de tráfico, caer luego en una de trata, salir de esta situación, caer después en otra situación de explotación. No tiene mucho sentido intentar poner etiquetas para decidir qué tipo de atención darles en vez de escuchar atentamente lo que esas personas dicen.

¿Hasta qué punto esas etiquetas estigmatizan y nos hacen mirar a las mujeres de determinadas zonas siempre como víctimas de trata y por lo tanto como prostitutas?

Sí, estigmatizan muchísimo. Las trabajadoras sexuales nos contaban cómo les afecta la imagen que los medios dan de lo que significa ser una víctima de trata: una mujer atada a una cama, que no tiene ningún derecho, abusada sexualmente… Es otra forma de estigmatización. Por una parte, hace creer que todas las personas ejerciendo el trabajo sexual están siendo explotadas y a la vez crea un imaginario sobre lo que significa explotación que impide a las trabajadoras sexuales y a quienes pretenden apoyarlas identificar abusos más cotidianos. Como decía una de las trabajadoras sexuales, todo lo demás que nos pasa, las largas horas de trabajo, si se quedan con nuestro dinero o nos están sisando una parte, a nadie le interesa. Lo único que interesa es si estoy siendo agarrada por el cuello o si estoy siendo violada o se está yendo en contra de mi voluntad, todas las demás cosas que me pasan y que también son explotación a nadie le importan. La etiqueta se ha puesto tan alta que todas las otras situaciones de explotación que están por debajo se invisibilizan.

Pero si se elimina la etiqueta, ¿cómo se puede ayudar a estas mujeres a nivel judicial si no tienes un delito identificado?

Lo que nosotras vemos en nuestro trabajo es que hay muchas organizaciones que están dando esa asistencia sin entrar a adjudicar la etiqueta de víctima de trata. Están dando asistencia a esas personas por las situaciones que han vivido, por la violación de derechos. Desde ahí es de donde debería empezar la asistencia a las víctimas, empezar por restituir derechos. Es cierto que a nivel judicial es necesario tener un delito que perseguir, pero existe una confusión terminológica (e ideológica) que no ayuda mucho. En este tema siempre se está haciendo una simplificación: o eres una trabajadora sexual súper empoderada y no te pasa nada malo o eres una víctima de trata a la que le pasa todo lo malo y sin capacidad alguna de acción. Estos dos extremos no representan la amalgama de situaciones que hay en el medio y a las que hay que dar respuesta.

¿Cuándo vinculamos siempre trata con prostitución se está victimizando a las mujeres que ejercen esta de manera voluntaria? ¿Se las está desempoderando?

Sí, está identificación las está afectando, pero a todas, a las víctimas de trata y a las trabajadoras sexuales. Se ofrecen medidas a las trabajadoras sexuales que no necesitan. Ellas necesitan una promoción de sus derechos, romper con el estigma, poder ejercer su profesión en libertad, sin ser juzgadas ni estigmatizadas. Y a mujeres en situación de trata se les están ofreciendo opciones que no tienen en cuenta su situación personal porque se están centrando únicamente en “sacarlas” de la prostitución. Por ejemplo, en el grupo de discusión que hicimos en Madrid una de las trabajadoras sexuales nos comentaba que había estado asistiendo a unos cursos ofrecidos por organizaciones contra la trata y que la opción laboral que les ofrecían eran camareras de piso, cuando en España este es uno de los entornos laborales donde más explotación existe. ¿Cuál es el problema entonces con la prostitución? ¿Es una cuestión de explotación o de moral? Tenemos que empezar a hablar más claro y ver cuál es el debate que tenemos. No se pueden poner los derechos de las personas por debajo de nuestra moralidad, de nuestra ideología. Al final estás dando alternativas que llevan a condiciones muy precarias, a condiciones de explotación. Si el problema con la prostitución es que explota a las mujeres, entonces la solución propuesta no cuadra. Es hipócrita.

En el estudio han abordado siete países con situaciones diferenciadas en cuanto al abordaje de la prostitución. ¿Han analizado cómo estas diferentes realidades contribuyen o no a la lucha contra la trata?

Sí, por ejemplo, en Nueva Zelanda hay despenalización. Lo que sale durante toda la investigación es que las condiciones de vida y laborales de las trabajadoras sexuales eran mejores. En los servicios sociales, en los de salud o en la policía el estigma pesa menos a la hora de hablar con una trabajadora sexual y así pueden obtener información clave para abordar casos de explotación. Y, sin embargo, es muy llamativo lo que ocurre con las mujeres migrantes. Como medida de prevención contra la trata, dicen, las mujeres migrantes en Nueva Zelanda no pueden ejercer el trabajo sexual legalmente. Así que siguen haciéndolo, pero sin estar protegidas por el marco legal de aquellas que son nacionales. Esto es muy significativo y nos ha permitido ver cómo los problemas identificados por las trabajadoras sexuales en otros países donde se criminaliza el trabajo sexual, en Nueva Zelanda solo afectan a las mujeres migrantes.

¿Estas mujeres migrantes podrían caer en situaciones de trata, pero al mismo tiempo la justificación para excluirlas es evitar la trata?

Sí, se basa en que si pudieran legalizar su situación mediante el trabajo sexual, esto abriría las puertas a la trata y a la explotación cuando luego la evidencia lo que dice es justo lo contrario. Por eso insistimos en cómo se utilizan políticamente los diferentes conceptos. Los gobiernos no están siendo sinceros con lo que quieren hacer con las leyes. Al final, y esto es lo que sale en el informe, se trata de racismo y de una ley migratoria xenófoba en la que se las deja fuera para no incluirlas en la sociedad neozelandesa.

Otro de los países estudiados es Canadá. Este, al estilo sueco, criminaliza al cliente. ¿Cuáles han sido las conclusiones en cuanto a las condiciones de las trabajadoras sexuales y las víctimas de trata?

Los resultados han sido muy parecidos a lo que ha salido en todos los otros países en los que existen políticas que criminalizan al cliente. Al final esto siempre afecta a las trabajadoras sexuales. La situación se parece mucho a la de España, donde las multas les están provocando una mordida importante en sus ingresos por lo que tienen que trabajar más horas e incluso hacer servicios más peligrosos, pero mejor pagados. Además tienen menos tiempo para negociar con los clientes los servicios y cómo se van a hacer porque estos tienen miedo de que les pillen o tienen que ir a lugares más alejados para realizar los servicios, lo que las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.

¿Entonces los modelos que penalizan al cliente están teniendo un efecto positivo contra la trata con fines de explotación sexual, están logrando disminuir esta o están provocando situaciones de mayor ocultamiento y, por tanto, de mayor vulnerabilidad?

El tema con esto es que dependiendo de la información que quieras obtener puedes obtenerla. ¿Qué quiero decir? Que hay muy pocos estudios objetivos y amplios. El nuestro, por ejemplo, es muy reducido y lo sabemos, es una muestra muy limitada. Estudios más amplios y que sean serios sobre esto que me estás preguntando no existen. Por ejemplo, Suecia tiene unas relaciones públicas maravillosas que te dirán que todo su proceso está funcionando genial y que los de todos los demás países, como aquellos que despenalizan, están funcionando muy mal. Para nosotras lo importante es poder hablar con las personas a las que, de verdad, afecta, las que están al final de la cadena. Sabemos que estas políticas de modelo sueco están afectando negativamente a las trabajadoras sexuales y tampoco tenemos tan claro que estén beneficiando a las víctimas de trata. En Tailandia, por ejemplo, donde está criminalizada completamente la prostitución, hay un montón de organizaciones internacionales que van con una capa de superhéroes a “salvar” a las mujeres, y se están realizando un montón de lo que llaman rescates. El año pasado, en una de estas redadas se detuvo a entre 80 y 90 trabajadoras sexuales. Estaban haciendo una redada para identificar a víctimas de trata, pero al final lo que hicieron fue detener a trabajadoras a las que ni siquiera permitieron cambiarse de ropa ni comunicarse con sus familiares. Su única comunicación fue con Empower, la organización de trabajadoras sexuales con la que realizamos la investigación. Al final no se identificó a ninguna víctima de trata entre las detenidas, pero deportaron a las que no eran nacionales y publicaron fotos en los medios sin ningún tipo de respeto por la privacidad. Esta situación se está repitiendo en muchísimos países. La experiencia y los datos que nos van dando las entidades nos indica que el daño que se está haciendo es muchísimo mayor que el beneficio.

¿Cuándo se hacen con este tipo de redadas qué pasa con las víctimas?

En muchos casos las mujeres son deportadas a sus países de origen. A veces, esto implica ser devueltas a situaciones de las que en principio también se las quería proteger, situaciones de explotación que pueden pasar en su hogar o en su comunidad. Las organizaciones de trabajadoras sexuales ponen siempre el foco en la cuestión de la asistencia. Nos cuentan que apenas hay servicios que atiendan a las mujeres y que estén dándoles lo que necesitan. A nivel global se está poniendo siempre el foco en el aspecto criminal de la trata. Se utiliza mucho a las víctimas para poder perseguir a los criminales o a las organizaciones criminales. A eso se le presta mucho interés, pero no hemos escuchado de políticas públicas que, de verdad, están protegiendo los derechos de las personas en situación de trata. Estas son atendidas por organizaciones de la sociedad civil.

En muchos países la protección de las víctimas pasa por la denuncia, ¿qué pensáis de esto?

Sí, así es. Afortunadamente las organizaciones de la sociedad civil están peleando para cambiar eso. En Colombia la Ley contra la Trata exigía que la persona objeto de trata denunciara para ser atendida. Sin embargo, el año pasado, la sociedad civil organizada consiguió eliminar ese requisito.

Los gobiernos son responsables de proteger los derechos humanos, independientemente de que exista una denuncia o no.

 

Ocho razones por las que no deberíamos usar el término «esclavitud moderna»

 

Por Michael Dottridge 

17 de octubre de 2017

https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/es/michael-dottridge/ocho-razones-por-las-que-no-deber-amos-usar-el-t-rmino-esclavitud-mo

 

 

El trasfondo imperialista y racista del término «esclavitud moderna» debería ser preocupante para cualquiera que busque avanzar en los derechos humanos.

 

Este discurso fue pronunciado originalmente en la «Iniciativa de implementación regional 2017 sobre prevención y lucha contra la trata de personas: reinvención de la trata de personas: la interfaz entre migración, trata de personas y esclavitud», celebrada en Viena el 29 de septiembre de 2017, bajo el título original «La esclavitud moderna frente a la trata de personas: comprensión de los efectos y consecuencias de las políticas y agendas detrás de los diferentes conceptos».

 

Han pasado menos de dos décadas desde que los diplomáticos se sentaron aquí en Viena para redactar lo que se convirtió en el protocolo de la ONU sobre la trata de personas, acelerando los cambios discutidos en mesas redondas anteriores.

Por lo tanto, podría parecer prematuro derrocar el sistema de lucha contra la trata y reemplazar las referencias a la trata de personas con el concepto menos legalista de «esclavitud moderna». Sin embargo, esto es lo que numerosas organizaciones y estados están impulsando ahora. Como el nuevo término atrae la atención de los medios, principalmente en inglés, y relativamente poco en Europa, quiero informarles sobre lo que está sucediendo. Aunque fui director de una ONG llamada «Anti-Slavery International» hasta 2002, quiero explicar por qué considero el término «esclavitud moderna» inapropiado y divisivo.

La creación y el crecimiento del término «esclavitud moderna»

El término «esclavitud moderna» se propuso por primera vez en la década de 1970, cuando fue considerado y rechazado por un grupo de trabajo de la ONU que terminó teniendo el nombre más lúgubre de «Grupo de trabajo sobre las formas contemporáneas de esclavitud». El término se usó en otros lugares, como en el título del Comité de ONG para la Erradicación de la esclavitud moderna (Eradication of Modern Slavery, CCEM), que se estableció en Francia a mediados de la década de los 90 para trabajar por la liberación de las trabajadoras del hogar migrantes mantenidas en cautiverio en París.

Sin embargo, después de que se adoptara el Protocolo de trata de las Naciones Unidas en el 2000, un académico con el que trabajé, Kevin Bales, continuó diciendo a quienes le escuchaban que los patrones de explotación extrema en todo el mundo deberían llamarse «esclavitud». Fue uno de los fideicomisarios de la ONG donde fui director. Posteriormente fundó una ONG en los Estados Unidos, Free the Slaves.

El avance de Bales se produjo cuando conoció a un multimillonario minero australiano, Andrew ‘Twiggy’ Forrest, quien decidió invertir millones en la erradicación de la «esclavitud moderna». Estableció la Fundación Walk Free en Perth (Australia) aproximadamente en 2011. Bill Gates supuestamente le aconsejó que es importante medir lo que se intenta erradicar. Entonces, a pesar de muchos consejos recibidos en contra de esto, en 2013, Walk Free publicó la primera edición de su Índice global de esclavitud para decir cuántas personas estaban experimentando «esclavitud moderna».

El mismo año, el Sr. Forrest anunció que contribuiría con 10 millones de dólares estadounidenses al que pretendía ser un «fondo de libertad para combatir la esclavitud moderna» de $100 millones, junto con $10 millones por parte de Humanity United, una organización benéfica creada por el fundador de E-Bay y otros $10 millones de Legatum, establecida por un financiero de Nueva Zelanda. El Fondo de libertad recibió el encargo de apoyar las iniciativas de las ONG contra la esclavitud moderna. Estableció su sede en Londres, y ha tenido éxito en persuadir a otros filántropos comerciales para que donen grandes cantidades.

En 2014, el Sr. Forrest propuso la creación de un Fondo global público-privado para acabar con la esclavitud y ofreció $ 200 millones de dólares para comenzarlo si los gobiernos igualaban su financiamiento. Al principio los gobiernos fueron cautelosos, pero la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tomó la propuesta en serio. Finalmente, en septiembre de 2017, se comenzó a ingresar dinero. El gobierno de EE. UU. asignó $25 millones de dólares y el Reino Unido £20 millones para establecer este fondo, haciendo un total de €43 millones. El fondo está destinado a financiar planes nacionales para erradicar la esclavitud moderna en 50 países con los peores patrones de esclavitud, comenzando, se sugirió, con Ghana y Nepal.

Al anunciar la subvención, el secretario de Estado de los EE. UU. se refirió a la «esclavitud moderna» en lugar del término que se utilizaba anteriormente en los círculos del gobierno de EE. UU., «TIP». El apoyo de la OIT llegaría por parte de la Alianza 8.7 y la semana pasada 37 estados en la Asamblea General de la ONU respaldaron el proyecto del Reino Unido «llamamiento a la acción para acabar con el trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la trata de personas» (solo el Reino Unido y otros cinco eran Estados de la UE: Bélgica, Dinamarca, Italia, Malta y España).

Probablemente sepas que Walk Free publicó ediciones adicionales del Índice global de esclavitud en 2014 y 2016, aumentando sustancialmente el número estimado de personas experimentando «esclavitud moderna». De 29,8 millones en 2013, a 35,8 millones en 2014 y 45,8 millones en 2016. Este mes, el Índice global de esclavitud ha cooperado con la OIT para producir una nueva estimación global del número de personas en trabajo forzoso y matrimonio forzado, un total de 40,3 millones de personas, 24,9 millones en trabajo forzoso y 15,4 millones en matrimonio forzado. Esto reemplaza la estimación anterior de la OIT en 2012 de que había 20,9 millones de personas en trabajos forzosos.

Si bien los números siempre son de interés periodístico, no quiero que te deslumbren, ya que las organizaciones iniciadas por el Sr. Forrest están teniendo influencia de muchas otras maneras. Además, dos gobiernos han adoptado el concepto de «esclavitud moderna»: el Reino Unido, que consolidó su legislación existente sobre la trata de personas en la Ley de esclavitud moderna (2015) y persuadió a la ONU, en el último momento, de incluir una referencia a la esclavitud moderna en el objetivo de desarrollo sostenible 8.7 el mismo año; y Australia, que ha estado celebrando audiencias sobre la adopción de una ley similar.

Ahora debo explicar qué se entiende por «esclavitud moderna», dado que no es un término utilizado en el derecho internacional. Además, debo admitir mi participación en esto, porque en el momento de la adopción del Protocolo de trata de las Naciones Unidas en 2000, estuve involucrado en la preparación de unarevisión del derecho internacional sobre las formas contemporáneas de esclavitud, publicado por la ONU en 2002. Esto se refería a las dos convenciones de la ONU sobre esclavitud y prácticas similares a la esclavitud (1926 y 1956); los convenios de la OIT sobre trabajo forzoso y trabajo infantil; el nuevo Protocolo de trata de las Naciones Unidas (2000), y también a una convención anterior de la ONU de 1949 sobre la explotación de la prostitución ajena. Urmila Bhoola, relatora especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, ha escrito que «[L]as prácticas abarcadas por el término ‘formas contemporáneas de esclavitud’ cubren la esclavitud tradicional; las instituciones y prácticas similares a la esclavitud, como la servidumbre por deudas, la servidumbre y el matrimonio forzado; y trabajo forzso».1

Los perjuicios del paradigma de la «esclavitud moderna»

¿Cuál es el problema con usar el término «esclavitud moderna», si es solo una forma alternativa de referirse a lo que la ONU llama «formas contemporáneas»? Permítanme enumerar algunas de mis preocupaciones personales:

  1. En occidente parecen felices de aplicar el término a una amplia gama de prácticas en los países en desarrollo, mientras que las personas defensoras de los derechos humanos en muchas regiones en desarrollo piensan que es inapropiado. Por ejemplo, en el sur de Asia abunda la servidumbre por deudas, pero las y los activistas no creen que condenarlo como «esclavitud» apresure su desaparición.
  2. El término «esclavitud» implica que los países de los que se dice que tienen un gran número de personas en esclavitud moderna están permitiendo que algo horrible ocurra. Entonces, en lugar del paradigma de desarrollo/cooperación dominante en la segunda mitad del siglo XX, con países más ricos que apoyan los esfuerzos para lograr cambios sociales y económicos en los más pobres, volvemos a la noción del siglo XIX de que algunos países son incivilizados, que requieren presión del exterior para abandonar prácticas inaceptables. Incluso si acepto la idea de que las formas extremas de explotación son completamente inaceptables, no apoyo la sugerencia de que la evangelización mediante misioneros provenientes de un pequeño número de países ricos sea un método apropiado para lograr el cambio.
  3. Usar el término «esclavitud moderna» nos precipita a la tendencia de «nombrar y denunciar», es decir, señalar con el dedo a los gobiernos o empresas que lo toleran o no se considera que toman las medidas adecuadas para detenerlo. Esto es apropiado de vez en cuando, pero no como una base sólida para la cooperación internacional (creo que ya hemos aprendido de la experiencia del informe TIP de EE. UU.).
  4. En la mente de las personas de Europa Occidental y las Américas, el término «esclavitud» se refiere a la trata transatlántica de esclavas y esclavos y al período de 400 años cuando personas africanas fueron apresadas, transportadas a través del Atlántico con altas tasas de mortalidad y esclavizadas y torturadas rutinariamente, haciéndolas trabajar hasta morir o asesinándolas. Existe un peligro real de que usar el término para referirse a niveles de explotación que no cumplan con la definición legal de esclavitud tenga el efecto de trivializar o relativizar la esclavitud histórica y así reducir cualquier sentido de responsabilidad para los países que se beneficiaron de la esclavitud. Esto encaja perfectamente en la agenda de los supremacistas blancos.

Los filántropos ricos que financian organizaciones antiesclavistas no parecen interesados en los derechos humanos.

  1. Esto me lleva a una de mis más profundas preocupaciones, que los gobiernos que han decidido utilizar el término «esclavitud moderna» (Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos) son los que parecen dispuestos a abandonar los enfoques convencionales del desarrollo y felices de tratar de imponer el cambio desde arriba Además, este año Australia y el Reino Unido comenzaron a usar tácticas intimidatorias para persuadir a otros a seguir su uso, especialmente en un debate en el Consejo de Seguridad de la ONU, celebrado en marzo pasado sobre trata, esclavitud y trabajo forzado en el contexto del conflicto armado y la esclavitud moderna.2
  2. Esto está relacionado con la cuestión de los derechos humanos. Los filántropos ricos que financian organizaciones antiesclavistas no parecen interesados en los derechos humanos y ciertamente no se sienten obligados a implementar nada llamado enfoque de derechos humanos. El Sr. Forrest se ha mostrado relativamente franco en este punto, aunque más en el contexto de las acciones relativas a la población indígena australiana. Con respecto a las donaciones de caridad a la población indígena australiana, a principios de este año según los informes, dijo: «Hemos sido fuertemente influidos por el espejismo macabro del argumento de los derechos humanos en lugar de hacer lo que sabemos es mejor para Australia y nuestro pueblo», y «toleramos a cualquier activista que diga que el matrimonio forzado es un derecho humano de las culturas, yo digo llévate tu cultura a donde pertenece. Porque aquí en Australia, el matrimonio forzado es solo otra forma de esclavitud.» Estoy de acuerdo con su condena a las prácticas perjudiciales que se toleran como «cultura» o «tradición», pero me temo que el uso que hace de las palabras me recuerda a cómo varias dictaduras que visité en la década de 1980 solían jugar con el término «derechos humanos» para menospreciar los principios fundamentales de los mismos.
  3. Hace tres años, cuando se estaba preparando el Proyecto de ley sobre la esclavitud moderna en el Reino Unido, escribí un blog diciendo que «aparte de las cuestiones de terminología legal … el uso del término ‘esclavitud moderna’ tiene consecuencias potencialmente dañinas para las personas mismas que se supone debe proteger una nueva ley. El principal problema es que el término implica un grado de explotación que es tan extremo que cae fuera del mundo laboral ordinario. También implica que dicha explotación no puede resolverse mediante ninguna de las técnicas tradicionalmente utilizadas para combatir el abuso en el lugar de trabajo, como la regulación, las inspecciones de trabajo y la formación de asociaciones (y sindicatos) de trabajadoras y trabajadores para defenderse contra los abusos».
  4. Este temor de que el término «esclavitud moderna» se centre en situaciones excepcionales, como la vil esclavización practicada por Da’esh en Irak y Siria, en lugar de considerar patrones más rutinarios de trabajo forzoso y prostitución forzada en todo el mundo, se confimó cuando el Consejo de Seguridad de la ONU tuvo su primer debate sobre la trata y la esclavitud en diciembre de 2015 (centrándose en Da’esh). Además, la introducción del nuevo término también reavivó batallas de Guerra Fría en la ONU, esta vez con la antigua facción soviética saliendo en defensa del término «trata de personas», en el que Bielorrusia, en particular, había invertido, y protegiendo el derecho de la UNODC de ser la principal agencia de la ONU activa en este tema. De ahí mi sentimiento de que abandonar el término «trataۚ» ha abierto la caja de Pandora (con la OIT desafiando a la UNODC y tratando de aumentar su influencia organizando la Alianza SDG 8.7).

Permítanme concluir aquí diciendo que he sido un crítico ardiente de la forma en que se ha desarrollado el concepto de trata de personas, así que no es que esté a favor de utilizar un término en vez del otro. Sin embargo, he visto cómo una definición legal pobre (del término trata de personas) me ha obligado a pasar años explicando lo que significa, y me resisto a ver aún más tiempo y dinero desperdiciado en disputas sobre conceptos, en lugar de invertir en acciones para detener la explotación inaceptable y para ayudar a las víctimas.

Por el momento, la solución que propongo es no sólo invertir tanto esfuerzo como sea posible en el desarrollo de métodos efectivos para frenar las formas extremas de explotación, sino también para evitar el apoyo a la terminología que suena imperialista y potencialmente racista. Principalmente, esto significa alentar medidas gubernamentales para enmendar las políticas existentes que permiten o incluso fomentan la explotación extrema.

 


  1. Véase Urmila Bhoola (2017) Informe de la relatora especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, documento de las Naciones Unidas. A / HRC / 36/43. Este documento señala que «existe una jerarquía en el derecho internacional entre la esclavitud y otras formas de explotación, siendo la esclavitud el tipo de explotación más grave. El elemento de control de la persona o su trabajo está presente en las diversas formas de explotación en diferentes grados, y la forma más extrema de control se manifiesta cuando exhibe poderes atribuidos a la propiedad. Esto explica la distinción entre la esclavitud y otras prácticas de menor explotación, como el trabajo forzoso, la servidumbre y las instituciones y prácticas similares a la esclavitud. Sin embargo, tales prácticas también pueden constituir ‘esclavitud’ en la ley y pueden ser enjuiciadas como tales si manifiestan todas o algunas de las facultades relacionadas con el derecho de propiedad o si el control ejercido sobre la persona sometida a las prácticas equivale a la posesión de la persona». Además, varios temas son responsabilidad de otras relatoras o relatores especiales de las Naciones Unidas, como la venta de niñas y niños, la explotación sexual comercial de niñas y niños, el trabajo infantil forzoso y algunas de las otras «peores formas de trabajo infantil» definidas en el Convenio 182 de la OIT (1999).)↩︎
  2. Durante el debate, representantes de 13 estados (de los 60 que hablaron) invocaron el término «esclavitud moderna»: Reino Unido, EE. UU., Uruguay, Australia, España, Colombia, Liechtenstein, Hungría, Camboya, Eslovaquia, Irlanda, Israel, Nigeria ( enumerados en el orden en que hablaron).↩︎

 

Centrarse en los derechos de las trabajadoras sexuales

 

Por Chus Álvarez

12 de julio de 2018

https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/chus-lvarez/centrarse-en-los-derechos-de-las-trabajadoras-sexuales

 

Sea cual sea tu opinión sobre el trabajo sexual, negar que es un trabajo solo perjudica a quienes lo ejercen. English

 

En 2018 la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW por sus siglas en inglés) publicó el informe «Las trabajadoras sexuales se organizan por el cambio». La investigación se realizó en siete países para documentar cómo las organizaciones de trabajadoras sexuales se enfrentan a los diferentes abusos dentro de la industria del sexo y cómo manejan la discriminación diaria que experimentan. La autora de este artículo llevo a cabo la investigación en España.

 

Durante mucho tiempo el debate sobre el trabajo sexual ha compartido espacio en mi cabeza con los prejuicios y creencias sociales y culturales que tengo como feminista blanca y occidental. Como parte de mi trabajo en la GAATW he leído mucho sobre el tema, desafortunadamente la mayor parte de la bibliografía tiende a confirmar uno de los dos puntos de vista generalizados y extremadamente contrapuestos desde los que se habla de esta cuestión. «En los debates altamente polarizados sobre si el trabajo sexual es inherentemente dañino para las personas que venden servicios sexuales, el activismo a menudo cae en la trampa de presentar dos estereotipos contrarios y simplificados: la mujer prostituida (una víctima explotada sin capacidad de decisión) o la trabajadora sexual (una mujer empoderada e independiente que hizo una elección libre)». Así dice la introducción del nuevo informe de la GAATW «Las trabajadoras sexuales se organizan por el cambio».

Siempre había opinado que un mundo en el que el sexo no estuviera a la venta sería un mundo mejor. Esta opinión estaba basada en mi resistencia a la lógica capitalista que tiende a mercantilizar todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, y en la idea de que el sexo debería estar relacionado con el amor,  el afecto, o cualquier otro tipo de sentimiento pero no con el dinero. ¿Tengo acaso una noción romántica del sexo? ¿Cómo han influido mi contexto religioso y social en mi opinión?

Realizar este estudio me ha permitido poner a un lado mis propias creencias y supuestos para escuchar atentamente  las realidades y motivaciones de varias trabajadoras sexuales. Hacerlo ha influido extraordinariamente en mi visión sobre el trabajo sexual, desarrollando una percepción mucho más fundamentada en las experiencias de aquellas personas que ejercen el trabajo sexual.

Aunque todavía no puedo responder a las preguntas sobre sexo, amor y dinero, escuchar las experiencias de las trabajadoras sexuales me ha dejado algo muy claro:si hablamos en serio cuando hablamos de proteger los derechos humanos de las mujeres, la criminalización y el estigma no son la respuesta. Los derechos lo son.

Los Derechos de las trabajadoras sexuales son derechos humanos

Proteger los derechos de las trabajadoras sexuales significa proteger los derechos humanos. Tal y como dice Clarisa Velocci de Genera (organización en Barcelona que defiende los derechos de las mujeres), «si se defienden los derechos humanos de las mujeres (…) es un pack completo (…) se defienden los de todas, no los de una sí y los de otras no».

Las trabajadoras sexuales, como cualquier otra trabajadora, tienen la capacidad y el derecho a elegir la forma en que quieren ganarse la vida de entre las opciones que tienen. Esta decisión tiene que ser reconocida y respetada de la misma manera que ha de serlo su trabajo. Lo mismo pasa con sus demandas, que se podrían resumir básicamente en lugares seguros para trabajar, derechos laborales y beneficios sociales tal y como, insisto, cualquier otra trabajadora.

Intercambiar servicios sexuales por dinero les permite pagar el alquiler, comprar comida y ropa, llevar a sus hijas e hijos a la escuela. Hace posible que puedan apoyar a su familia extensa , acceder a asistencia médica, viajar, ir al cine, invitar a cenar a sus amistades, etcétera. En muchas familias, las trabajadoras sexuales son las principales proveedoras.

El trabajo sexual da independencia económica a muchas mujeres. Ignorar esto es ignorar la principal motivación que existe tras el trabajo sexual.

El derecho de las personas trabajadoras de asociarse libremente y negociar de forma colectiva es uno de los cuatro pilares fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Es más probable que sean las trabajadoras y trabajadores organizados quienes defiendan los derechos laborales, mejoren las condiciones de trabajo y creen sistemas de protección auto-gestionados. Los trabajadores y las trabajadoras organizadas tienen más poder y son menos vulnerables frente a la violación de derechos, el abuso y la explotación, incluyendo la trata de personas. Esto es tan cierto para las trabajadoras sexuales como para las personas en cualquier otro sector laboral. La organización de las trabajadoras sexuales debería ser igualmente reconocida por su poder de transformación. Debería ser encomiada y replicada, y apoyada desde el activismo por los derechos humanos.

Centrarse en los derechos humanos

Sacrificar los derechos de las personas involucradas en el trabajo sexual, incluso por el sueño de lograr un mundo sin trabajo sexual, va en contra del principio fundamental de los derechos humanos. Cuando rascamos más allá de la superficie, traspasando la teoría y los conceptos, nos encontramos de frente con las personas y con el impacto tan negativo que la criminalización y el estigma están teniendo en las trabajadoras sexuales. Se trata de ver las realidades de las trabajadoras sexuales tal y como son, no de cómo nos gustaría que fueran: las trabajadoras sexuales están sufriendo violaciones de sus derechos humanos a diario, no solo en su lugar de trabajo, sino también en la sociedad en general. Sufren humillaciones y ataques a su dignidad mientras hacen cola para renovar su DNI, o mientras esperan para entrar al médico. Incluso cuando van al colegio a recoger a sus hijas e hijos.

Escuchar a las trabajadoras sexuales y desafiar el conocimiento que creemos tener es crucial para abordar las condiciones laborales de las trabajadoras sexuales, incluyendo aquellas situaciones relacionadas con la trata. Necesitamos romper los estereotipos sobre el trabajo sexual y reconocer cómo las trabajadoras sexuales organizadas ya están abogando por la seguridad en el lugar de trabajo, la protección social y la participación en las decisiones que afectan a sus vidas.

Se trata de ver las realidades de las trabajadoras sexuales tal y como son, no de cómo nos gustaría que fueran.

Tenemos que comenzar por aceptar que el trabajo sexual es un trabajo. Es sorprendente ver cómo le cuesta a la gente reconocer que las trabajadoras sexuales se ganan la vida proporcionando servicios sexuales. Eso es lo que hacen. Puede ser que el trabajo que realizan les guste, o puede que no. Puede ser que hacer ese trabajo a ti te parezca bien o no. Pero que un trabajo guste o no, no tiene nada que ver con determinar que una manera de generar ingresos se clasifique como tal. Si así fuera, muchos sectores de la economía dejarían de ser «trabajo». De hecho, según una encuesta de Gallup de 2017, mucha gente odia su empleo pero eso no ha hecho que nadie se pregunte si lo que hace es en realidad trabajo.

Algunas personas argumentan que el trabajo sexual no es trabajo debido a cómo el patriarcado y el neoliberalismo lo influyen y configuran. Pero ¿podría alguna de esas personas nombrar un solo aspecto de nuestras vidas que no se vea influido por el patriarcado y el neoliberalismo?, ¿deberíamos entonces erradicar otros aspectos de la vida afectados tales como el matrimonio o las relaciones de pareja? ¿acaso podemos hacerlo?

En lugar de luchar por la criminalización del trabajo sexual o simplemente debatir si es o no trabajo, invito a quienes quieren erradicarlo a centrarse en eliminar las condiciones que lo convierten en la mejor alternativa de subsistencia para tantas mujeres.

Justo al final de uno de los grupos de discusión con trabajadoras sexuales en España, una de las participantes me preguntó: ¿alguna vez has pensado en ejercer como trabajadora sexual? No pude responder con un simple sí o no. Ser trabajadora sexual nunca ha estado entre mis mejores opciones de trabajo, por lo que por ahora no he tenido que considerar los pros y contras para tomar una decisión. La mujer que me hizo la pregunta no puede decir lo mismo.

Tenemos que retomar el debate, pero esta vez escuchando lo que las trabajadoras sexuales tienen que decir y centrando la atención en sus derechos humanos.

 

 

Acerca de la autora

Chus Álvarez es Oficial de Programa para América Latina con Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW).

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Nueva Zelanda: las trabajadoras sexuales se organizan por el cambio

 

 

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España: “Las trabajadoras sexuales se organizan por el cambio: representarse a sí mismas, movilización de la comunidad y condiciones de trabajo”.

 

 

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Informe México 2018: ”Las trabajadoras sexuales se organizan por el cambio: representarse a sí mismas, movilización de la comunidad y condiciones de trabajo”

 

 

 

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