Feminismo y prostitución: la persistencia de una amarga disputa

Debate Feminista

Volume 51, June 2016, Pages 18–35

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188947816300287

 

Resumen

La liberalización de las costumbres sexuales en el capitalismo tardío, junto con la desregulación neoliberal de los mercados, alentó la expansión de un mercado sexual donde algunos negocios funcionan de manera criminal, como ocurre con la trata de personas. En estas páginas reflexiono sobre la contraposición entre las feministas que impulsan el nuevo abolicionismo y las que abogan a favor de reconocer nuevas formas de organización del trabajo y de los derechos laborales para las personas que llevan a cabo trabajo sexual. Tal oposición es una expresión significativa de las “guerras en torno a lsexualidad” (Sex Wars) que se han venido dando sobre todo en Estados Unidos en paralelo con el desarrollo del feminismo y cuya influencia teórica y política ha enmarcado el debate feminista en todo el mundo. A ello se suma el giro punitivo de la política criminológica y judicial sobre el comercio sexual, que ensancha aún más la fractura política entre las feministas.

 

Palabras clave

  • Comercio sexual;
  • Trata de personas;
  • Feminismo;
  • Neoliberalismo;
  • Sex Wars

 

Las “guerras en torno a la sexualidad”

En el capitalismo tardío, la búsqueda de placer sexual ha transformado el paradigma de la sexualidad y se ha pasado del sexo procreativo al sexo recreativo. En la sexualidad, y en concreto en las relaciones sexuales, se organiza la vida social y las personas son clasificadas según esquemas que valoran o estigmatizan ciertas prácticas y conductas. Por eso una relación sexual nunca es simplemente el encuentro de dos cuerpos, sino que también es una puesta en acto de las jerarquías sociales y de las concepciones morales de una sociedad (Illouz, 2014).

Desde finales de la década de 1960 e inicios de la de 1970, la libertad sexual de las mujeres fue una reivindicación sustantiva de la segunda ola feminista. Y desde muy temprano surgieron profundas diferencias en la conceptualización de la llamada “prostitución”.1 Si bien las Sex Wars han ocurrido principalmente en el movimiento feminista estadounidense, su influencia teórica y política ha enmarcado la disputa feminista en todo el mundo. Esto responde a lo que Bolívar Echeverría (2008) calificó como la “americanización de la modernidad”, o sea a que la tendencia principal de desarrollo en el conjunto de la vida económica, social y política es la americana. Por eso no es rara la americanización del debate feminista mundial, por el papel determinante que han tenido las publicaciones y el activismo de las feministas estadounidenses.

A finales de 1971, en una conferencia en Nueva York sobre “La eliminación de la prostitución” se dio una álgida confrontación entre feministas y trabajadoras sexuales, a la que asistió Kate Millet. Dicha confrontación dividió a las feministas, y algunas secundaron la postura reivindicativa del trabajo sexual de las hookers. Dos años después, Millet publicaría The Prostitution Papers, 2 donde consigna que “las feministas ven esta objetivización sexual como deshumanizante y degradante, y la degradación peor es la que experimentan las mujeres que venden sus cuerpos para ganarse la vida” (Millet, 1973, p. 13).3

Para esas feministas neoyorkinas el problema de fondo era la brutal comercialización de los cuerpos de mujeres por el patriarcado capitalista, mientras que del otro lado de la Unión Americana, en California, surgiría una distinta reflexión política: la necesidad de activismo a favor de los derechos de las trabajadoras sexuales. En 1972, varias amas de casa —entre las que había lesbianas y prostitutas— fundan Whores, Housewives and Others (WHO) en California para luchar contra “la hipocresía de las leyes que controlan la sexualidad femenina, especialmente la prostitución” ( Chateauvert, 2013, p. 22). Diez años después, en 1982, la National Organization for Women formó un comité sobre derechos de las “prostitutas” al mismo tiempo que estalló la confrontación pública entre feministas durante la famosa Conferencia sobre Mujeres y Sexualidad, realizada en Barnard. 4 Dicha conferencia visibilizó públicamente las profundas diferencias entre las feministas que veían toda relación sexual (incluso la mercantil) como liberadora y las que la conceptualizaban como opresiva, y se exhibió la confrontación entre feministas pro-trabajadoras sexuales y feministas anti-prostitución. El contraste entre esas dos posturas se sostiene hasta la fecha.

El naciente movimiento de liberación de la mujer tendría gran impacto entre trabajadoras sexuales de muchos países. Entre 1975 y 1985, diversas organizaciones de “prostitutas” surgieron en Europa, casi siempre vinculadas a las feministas.5 Hacia mediados de la década de 1980, los grupos ya conectados entre sí empezaron a realizar foros y encuentros. En 1984 se llevó a cabo el Women’s Forum on Prostitutes Rights en Estados Unidos. En 1985 se realizó en Amsterdam el Primer Congreso Mundial de Prostitutas, y ahí mismo se fundó el International Committee on Prostitutes Rights (ICPR). Al segundo congreso, verificado en Bruselas en octubre de 1986, asistió Tatiana Cordero, de la Asociación de Mujeres Trabajadoras Autónomas de Ecuador que había surgido en 1982 en la provincia de El Oro y logró su estatus oficial en 1987 ( Abad, Briones, Cordero, Manzo y Marchán, 1998). Esta será la primera asociación con un proceso organizativo en América Latina; las demás despuntaron después, cuando se conformó la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe.6

En 1986, en una sesión del Parlamento Europeo, el debate sobre una resolución sobre la violencia contra las mujeres (documento A2-44/86), que incorporaba la distinción planteada por el International Committee on Prostitutes Rights (ICPR), entre el trabajo sexual en sí mismo y la violencia del tráfico de mujeres, y recogía no solo las demandas de autorrepresentación y protección de los derechos civiles de las “prostitutas”, sino además planteaba la exigencia a los gobiernos europeos de incluir a estas mujeres en sus deliberaciones sobre las políticas respecto a la prostitución, significó un triunfo parcial de las trabajadoras sexuales. Digo parcial, pues en la concepción que se hizo del problema se caracterizó la “prostitución” como una forma de explotación de las mujeres, y el documento quedó ambiguo: apoyaba el derecho de las mujeres a trabajar de “prostitutas”, pero al mismo tiempo hablaba de la necesidad de disuadirlas (Pheterson, 1989).

Mientras que los diputados conservadores manifestaban su indignación por que en el Parlamento “se le diera la palabra a las putas”, el grupo Women’s Organization for Equality (WOE), que reunía a feministas de varios países residentes en Bruselas y que se comunicaban entre sí en inglés, se juntó varias veces con el International Committe on Prostitutes Rights. Después de escuchar a las “prostitutas”, unas feministas aceptaron que si las propias mujeres insistían en trabajar y en que no habían sido engañadas, había que respetar su decisión, mientras que otras siguieron convencidas de que la “prostitución” era una actividad degradante ( Pheterson, 1989). Mientras las feministas se dividían, el International Committee on Prostitutes Rights emitió una declaración donde separaba conceptual y discursivamente la trata de mujeres y el trabajo sexual elegido. 7 Varios grupos feministas europeos denunciaron la hipocresía y el puritanismo en relación con el comercio sexual e insistieron en la necesidad de distinguir las prácticas abusivas de otras formas de coordinación y administración del trabajo sexual, e inclusive propusieron cooperativas manejadas por las propias trabajadoras. Pese a ello, la confrontación entre las dos posturas feministas ya estaba en marcha y los avances logrados en relación con la organización internacional, los derechos laborales y la sindicalización se detuvieron ante el activismo de un sector del movimiento feminista que cuestionó duramente “la prostitución” y cuyo discurso fue el vínculo sexualidad/violencia, lo que definió las tomas de posición.

Entre tanto, en Estados Unidos lo que fortalecería sustantivamente a las abolicionistas fue la política anti-sexualidad de Reagan (1981-1989), que se prolongaría con Bush padre (1989-1993) y Bush hijo (2001-2009) en la presidencia de Estados Unidos. Esa política conservadora iba no solo en contra de la pornografía y la prostitución, sino también contra la educación sexual, los servicios anticonceptivos, la despenalización del aborto, la autonomía sexual y el derecho a la privacidad de los adolescentes. Los conservadores religiosos condenaban la sexualidad fuera del matrimonio por considerarla pecaminosa; veían la “prostitución” como una amenaza para la institución de la familia y, por lo tanto, como una fuente de decadencia moral en la sociedad. El marco interpretativo de la postura abolicionista respecto al comercio sexual lo estableció Kathleen Barry8 al definir la prostitución como “esclavitud sexual”. Barry impulsaría la fundación en 1988 de la organización abolicionista Coalition Against Trafficking in Women (CATW), y también ese año aparecería el libro de Carole Pateman (1989)El contrato sexual, que plantea que al contrato social lo subyace un “contrato sexual”: los hombres dominan a las mujeres y ellas deben otorgarles servicios sexuales y domésticos. Así se constituye el patriarcado moderno, con ese contrato sexual que sostiene el contrato social establecido entre hombres. Según Pateman, “comercio sexual” es un eufemismo que oculta la esclavitud sexual de las prostitutas.

Muchas feministas coincidieron con Barry en su planteamiento en Esclavitud sexual de la mujer (1979), donde sostiene que los valores que las mujeres siempre le han atribuido a la sexualidad habían sido distorsionados y destruidos conforme habían sido “colonizadas” a través tanto de la violencia sexual como de la supuesta liberación sexual. Según Barry, las mujeres vinculan el sexo con el amor, por lo que la experiencia “positiva” del sexo debe basarse en la intimidad; de ahí que el sexo no deba comprarse ni obtenerse por medio de la fuerza. Esta postura, que descarta totalmente la idea de una sexualidad recreativa en busca de placer, sirvió para unir a muchas feministas con los religiosos puritanos en una cruzada moral para “abolir” el comercio sexual.

Será justamente a inicios de la década de 1990 cuando el discurso feminista en contra de la violencia hacia las mujeres se fortalezca con la reflexión de Catharine MacKinnon.9 La famosa abogada anti-pornografía afirmó en 199210 que: “las mujeres son prostituidas precisamente para ser degradadas y sometidas a un tratamiento cruel y brutal sin límites humanos; eso es lo que se intercambia cuando las mujeres son vendidas y compradas para tener sexo” (1993, p. 13). Ella equipara la prostitución con una “violación repetida” (repeated rape), retoma de Barry la idea de que la prostitución es una “esclavitud sexual femenina” y plantea que una prostituta es legalmente una “no persona” (legal non person). También afirma: “Ninguna institución social la excede (a la prostitución) en violencia física” ( MacKinnon, 1993, p. 25). De entonces a la fecha MacKinnon ha ido desarrollando una impactante estrategia discursiva que asocia la “prostitución” con la violación y la desigualdad social (MacKinnon, 2011).

Cuando una cruzada moral logra cierto éxito con respecto a su objetivo fundacional, pone la mirada en otros problemas que asocia con su razón de ser. A esto se denomina expansión del dominio ( Weitzer, 2014). Eso ocurrió con la cruzada moral —iniciada por Reagan y continuada por los Bush— que intentó establecer el límite de lo decente, lo bueno, lo normal y lo moral respecto a la sexualidad (abstinencia antes del matrimonio y fidelidad) y se expandió para condenar toda forma de comercio sexual. Como la postura del gobierno de Estados Unidos se configuró como una reacción en contra de todo intercambio sexual comercial, su agencia de cooperación, la USAID, condicionó el otorgamiento de fondos para los grupos de activistas contra el sida a que no trabajaran con “prostitutas”.11

Dicha cruzada moral aprovechó el tema de la migración indocumentada, con flujos de mujeres que ocupaban los trabajos desechados por las mujeres locales en el sector de servicios, tanto en el trabajo sexual como en el doméstico. Las inmigrantes, impulsadas no solo por la pobreza sino también por el anhelo de independencia, o en su huida de la violencia, buscaban a las redes organizadas de tráfico de personas para salir de sus países y encontrar mejores condiciones de vida, y algunas serían víctimas de organizaciones criminales.12 La amalgama discursiva del comercio sexual con la trata habla indistintamente de “mujeres traficadas” o “mujeres explotadas sexualmente” como “víctimas de trata”, pero prostitución y trata son distintos. Para distinguir entre la trata y el lenocinio, o su equivalente funcional, la explotación de la prostitución ajena, la abogada Claudia Torres (2016) aclara que los delitos de lenocinio y explotación de la prostitución ajena son distintos e independientes del delito de trata, pues castigan a los terceros que se benefician de la prostitución independientemente de las condiciones en que esta se ejerza, e incluyen casos en los que todos los participantes, de manera voluntaria, ejercen la prostitución y se benefician de ella.

A partir del establecimiento del Protocolo de Palermo,13 y con el apoyo económico de USAID, la cruzada abolicionista de la CATW contra la trata y el tráfico de mujeres despegó con fuerza. Y aunque la definición de trata de personas en el protocolo internacional incluye el trabajo en la maquila, el doméstico y el del campo, los casos que generan mayor escándalo son los vinculados al trabajo sexual, aunque estadísticamente su número sea bastante menor que los de otras formas de trabajo forzado o coercitivo. Cuando se discute con el abolicionismo, no se niega la existencia de un horrendo delito (la captación y el traslado de mujeres para la venta de sexo con engaño, amenaza o violencia) que debe ser combatido, sino que se discrepa respecto de su origen y dimensiones ( Weitzer, 2014).14 A ello se suma que hay inconsistencias sustanciales en cómo se define la trata y cómo se identifica a las víctimas y se les certifica como tales ( O’Connell Davidson, 2014). Pero las declaraciones amarillistas son estratégicas, porque las dimensiones de un problema social importan para atraer la atención de los medios de comunicación, los financiamientos y el interés de los responsables de las políticas públicas.

Las feministas abolicionistas armaron un repertorio de historias sobre mujeres inocentes a quienes les fueron confiscados sus documentos, las obligaron a vender sus cuerpos y las engañaron y explotaron. Esas sobrecogedoras narraciones de victimización consolidaron una representación mediática de la trata que tiene las tres características centrales que Ronald Weitzer (2014) encuentra en los discursos de las cruzadas morales:

1.

Inflación de la magnitud de un problema (por ejemplo, el número de víctimas, el daño a la sociedad) y argumentos que exceden con mucho la evidencia existente.

2.

Historias de horror, en las que los casos más terribles se describen con mórbido lujo de detalle y se presentan como si fueran típicos y prevalecientes.

3.

Convicción categórica: los integrantes de la cruzada insisten en que cierto mal existe en la medida exacta en la que ellos la describen y se niegan a reconocer cualquier escala de grises.

Este tipo de discurso no solo se aleja de los casos predominantes a nivel empírico, sino que provoca pánico moral. Creer que el comercio sexual deriva ineluctablemente en trata es un pánico moral contemporáneo que ha sido estimulado por el activismo anti-prostitución (Hunt, 2011, p. 60). El pánico social es la forma extrema de la indignación moral (Young, 2009, p. 7) y lo caracterizan dos elementos: su irracionalidad y su conservadurismo. La indignación moral produce una reacción ante lo que se vive como una amenaza a los valores o a la propia identidad; de ahí que los pánicos morales suelan transformarse después en batallas culturales, como ha ocurrido con el comercio sexual. La prensa juega un papel importante en la formación de la opinión pública, y la representación distorsionada de ese fenómeno conduce a la indignación pública y a llamados para que el Estado ejerza un mayor control social.

Con este tipo de estrategias se pretende justificar la total erradicación de cualquier forma de comercio sexual. Así, una batalla legítima e indispensable contra la trata se traduce en la represión indiscriminada contra todas las personas vinculadas con el trabajo sexual, con operativos policiacos (razzias) para “rescatar víctimas”. Desde Estados Unidos existe una política de premiación a quienes “rescaten” más víctimas que ha derivado —al menos en la Ciudad de México— en la práctica de detener a trabajadoras sexuales y presionarlas para que se “declaren” víctimas, pues si no, son consideradas “cómplices”. 15

La materia de la disputa

La cruzada abolicionista visualiza el fenómeno del comercio sexual en blanco y negro, sin reconocer sus matices y complejidades. Para empezar, persiste un hecho indiscutible: el trabajo sexual sigue siendo una actividad que eligen millones de mujeres en el mundo, básicamente por su situación económica. Incluso, aunque las migrantes experimenten condiciones laborales desagradables o de explotación en el lugar de destino (Kempadoo, 2012), algunas de ellas creen que son “preferibles a permanecer en casa, en donde las amenazas a su seguridad —en forma de violencia, de explotación o directamente de privación alimenticia— son mucho mayores” (O’Connell Davidson, 2008, p. 9). Indudablemente, muchas trabajadoras eligen “el menor de los males” dentro del duro y precario contexto en que viven. Por eso, más que un claro contraste entre trabajo libre y trabajo forzado, lo que existe es un continuum de relativa libertad y relativa coerción. Como las mujeres están ubicadas en lugares sociales distintos, con formaciones diferentes y con capitales sociales diversos, en ciertos casos el trabajo sexual puede ser una opción elegida por lo empoderante y liberador que resulta ganar dinero, mientras que en otros casos se reduce a una situación de una precaria sobrevivencia que causa culpa y vergüenza.

Al tiempo que existe el problema de la trata aberrante y criminal, con mujeres secuestradas o engañadas, también existe un comercio donde las mujeres entran y salen libremente, y donde algunas llegan a hacerse de un capital, a impulsar a otros miembros de la familia e incluso a casarse. Es decir, quienes sostienen que es un trabajo que ofrece ventajas económicas tienen razón, aunque no en todos los casos; y quienes declaran que la prostitución es violencia contra las mujeres también tienen razón, pero no en todos los casos (Bernstein, 1999, p. 117). Igual ocurre del otro lado de la industria del sexo. Los padrotes y madrotas funcionan como los empresarios: hay buenos y hay malos. Lo mismo pasa con los clientes: hay clientes malos —los violentos, los drogados— y clientes buenos, “decentes” y amables.

Al igual que en cualquier otro empleo, oficio o profesión, del trabajo sexual se extrae plusvalía. Solo que la explotación de una actividad de servicios que se encuentra al margen de la regulación laboral se da sin derechos laborales y con formas que generan exclusión y violencia. En el discurso de las abolicionistas es frecuente escuchar la expresión “explotación sexual”. ¿En qué consiste la explotación? En su Modelo Integral de Intervención contra la Trata Sexual de Mujeres y Niñas, el UNFPA (2013, p. 47) hace una importante aclaración: “la explotación de la prostitución, que se da cuando el dinero ganado mediante la prostitución llega a manos de cualquier persona que no sea la que se prostituye, es intrínsecamente abusiva y análoga a la esclavitud”. Ese no suele ser el caso de las trabajadoras sexuales, que se quedan con un porcentaje —entre el 25 y el 50%— de lo que se cobra por servicio, porcentaje que ninguna mesera, vendedora o incluso profesora recibe cuando realiza su trabajo. El término de “explotación sexual” tiene una connotación negativa que no se aplica a los demás trabajos, donde también existe explotación. Una trabajadora sexual de La Merced me dijo: “¿Explotada? Sí, cuando trabajaba ocho horas al día con salario mínimo de 70 pesos. Aquí en unas horas me hago entre 300 y 500 pesos”. Lamentablemente, los medios de comunicación saben que vende más hacer un reportaje sobre “esclavas sexuales” o “víctimas explotadas sexualmente” que hacerlo sobre “obreras o empleadas explotadas laboralmente”.

Frente al contexto de pobreza y desempleo que orilla a muchas mujeres al trabajo sexual, habría que buscar estrategias redistributivas en lo material y exigir más y mejores trabajos, en lugar de “rescatar” víctimas con operativos policiacos. El énfasis en lo laboral es precisamente lo que Martha Nussbaum (1999) alega cuando señala la necesidad de cuestionar nuestras creencias respecto de la práctica de recibir dinero por el uso del cuerpo, y la importancia de hacer una revisión de las opciones y alternativas de las mujeres pobres. Para esta filósofa, que una mujer con muchas opciones laborales elija la prostitución no nos debería preocupar. Es la ausencia de opciones para las mujeres pobres las que convierten la prostitución en la única alternativa posible, y eso es lo verdaderamente preocupante (Nussbaum, 1999, p. 278). El punto candente que plantea la prostitución es el de las oportunidades laborales de las mujeres de escasos recursos y el control que pueden tener sobre sus condiciones de empleo (Nussbaum, 1999, p. 278). A Nussbaum le preocupa que el interés de las feministas esté demasiado alejado de la realidad de las condiciones laborales, como si la sexualidad se pudiera sacar del contexto de las tácticas de las mujeres pobres para sobrevivir, y por lo tanto considera que la lucha debería promover la expansión en las posibilidades laborales a través de la educación, la capacitación en habilidades y la creación de empleos. Por eso se plantea que la legalización del trabajo sexual mejora las condiciones de aquellas mujeres que, para empezar, tienen muy pocas opciones.

Ahora bien, el sexual no es un trabajo como cualquier otro. Si evaluamos las relaciones políticas y sociales que el comercio sexual sostiene y respalda, y si examinamos los efectos que produce en las mujeres y los hombres, en las normas sociales y en el significado que imprime a las relaciones entre ambos, vemos que el comercio sexual refuerza una pauta de desigualdad sexista y contribuye a la percepción de las mujeres como objetos sexuales y como seres socialmente inferiores a los hombres. El estigma expresa esta diferencia. El mercado del sexo es lo que Deborah Satz (2010) califica de “mercado nocivo”, pero ella misma dice que aunque los mercados nocivos tienen efectos importantes en quiénes somos y en el tipo de sociedad que desarrollamos, prohibirlos no es siempre la mejor respuesta. Al contrario, si no se resuelven las circunstancias socioeconómicas que llevan al comercio sexual, prohibirlo o intentar erradicarlo hundiría o marginaría aún más a quienes se dedican a vender servicios sexuales.

A esta problemática laboral se suma el puritanismo de quienes consideran que la liberalización de las costumbres sexuales es negativa. En el escozor producido por la “prostitución”, lo que más conflictúa tiene que ver con el uso del cuerpo femenino en una actividad que subvierte la idea tradicional de lo que deberían ser las mujeres. La prostitución femenina produce reacciones adversas porque atenta contra el ideal cultural de castidad y recato de la feminidad (Leites, 1990), y la venta de servicios sexuales ofende o irrita a muchas personas que creen que “degrada” la dignidad de la mujer. El asunto de fondo es justamente la existencia de una doble moral: la sexualidad de las mujeres es valorada de manera distinta de la de los hombres.16

Precisamente porque la actividad sexual de las mujeres es un desafío a la doble moral, que considera que las transacciones sexuales de las mujeres son de un orden distinto a las transacciones sexuales de los hombres, el trabajo sexual obliga a debatir sobre dicha doble moral y el estigma que genera. En ese sentido, algo que también está en juego en la contraposición entre abolicionistas y defensoras de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales es la definición de una conducta sexual apropiada. ¿Quién debe definir la conducta sexual de los ciudadanos? ¿El Estado, los grupos religiosos, las feministas? Ahí el tema del consentimiento cobra relevancia. Y no es nada fácil de resolver. Anne Phillips dice: “El borramiento de los límites entre la prostitución y la trata, y el deseo aparente de considerar a todas las trabajadoras sexuales como víctimas, resta importancia a la agencia de aquellas que deciden trabajar en el mercado sexual y hace de la coerción la preocupación central, incluso la única” (Phillips, 2013, p. 6). ¿Qué es consentir? ¿Qué es coerción? ¿Consienten a su explotación las obreras o son también coercionadas económicamente?

Ahora bien, si una mujer vende servicios sexuales por necesidad económica o por cualquier otra razón, ¿debe el Estado “rescatarla”? ¿Por qué el Estado no se propone “rescatar” a otras mujeres, obreras o empleadas, también forzadas a trabajar en cosas que no les gustan o que incluso son peligrosas? En el capitalismo, todas las personas que trabajan viven una presión económica tanto por cubrir su subsistencia como por acceder a cierto tipo de consumo. ¿El Estado debería garantizarles a todas las personas un piso de seguridad social y empleo para que ninguna persona trabaje coercionada, amenazada u obligada? Y si el Estado garantizara mínimos de sobrevivencia, ¿debería entonces controlar la sexualidad de la ciudadanía?

La compra-venta de servicios sexuales está vinculada con la precariedad laboral que, más que un fenómeno transitorio, es una condición estructural del capitalismo. Por ello contrasta la preocupación escandalizada ante la “explotación sexual” de cara a la indiferencia por la explotación de las obreras, las empleadas del hogar, las campesinas, las enfermeras, las taquilleras, las meseras, las de la maquila, las barrenderas y tantas otras trabajadoras que también son explotadas. Y no hay coaliciones feministas para abatir otras formas de explotación de la fuerza de trabajo femenina, ni para rescatar a víctimas de condiciones deleznables de la brutal explotación laboral. Por eso creo que en el escándalo respecto de la “explotación sexual” un elemento fundamental es la creencia en que la creciente industria del sexo comercial altera las relaciones de género y crea tentaciones sexuales extrafamiliares para los hombres, poniendo en riesgo la familia como esfera de seguridad y protección. Así, lo que empezó como una confrontación entre feministas, inserta en las “guerras en torno a la sexualidad”, ha desembocado en una preocupación social angustiada que ha alentado el pánico moral y ha derivado en la demanda de endurecer el sistema de justicia penal.

Hace rato que se viene dando una reflexión sobre cómo la excesiva intervención del sistema penal ante problemas sociales termina criminalizando a quienes más los padecen (Larrauri, 1991; Larrauri, 2007; Ferrajoli, 1999; Zaffaroni, 2000 ;  Wacquant, 2013). La criminología crítica anglosajona inició ese debate, y la feminista española Elena Larrauri, que introdujo esa discusión entre las feministas hispanohablantes, ha reflexionado críticamente sobre la excesiva intervención del sistema penal para abordar la violencia de género. Larrauri discute con el feminismo al que califica de “oficial”, pues una de sus características “es su plena confianza en el derecho penal” (Larrauri, 2007, p. 66), al que critica por su

reacción frente a las opiniones discrepantes. Parece existir la convicción de que quien duda de alguna de las medidas sugeridas para atajar la violencia doméstica, es porque no se toma suficientemente en serio el dolor de las víctimas; y así cualquier discusión pretende zanjarse apelando a la extrema gravedad del problema o al número de mujeres muertas, recurriendo con ello a la equívoca identificación de que solo quien está a favor de penas más severas defiende los intereses de las mujeres (Larrauri, 2007, p. 68).

El análisis de Larrauri es implacable sobre lo que significa reorientar los objetivos políticos del feminismo hacia fines punitivos. En nuestro continente, sería Haydée Birgin (2000), abogada feminista argentina, quien retomó dicha perspectiva y planteó que ese giro punitivo está inserto en pautas más generales de transformación cultural y política. Birgin difundió en América Latina la reflexión de la criminología crítica feminista en contra del creciente reclamo feminista por endurecer y ampliar el sistema punitivo.17 Otras prosiguieron esa perspectiva, como Patricia Laurenzo (2009) y María Luisa Maqueda (2009), y en México lo haría Lucía Núñez (2011). En Estados Unidos la lista es larga, pero destaca Elizabeth Bernstein (2014), quien señala que el discurso feminista que conceptualiza el comercio sexual como una forma de violencia hacia las mujeres ha sido funcional para el neoliberalismo y su política carcelaria. Según ella, un elemento clave de este proceso es el uso creciente del discurso de “la víctima” para designar a sujetos que en realidad son producto de la violencia estructural y de prácticas de exclusión inherentes al capitalismo neoliberal. A Bernstein le preocupa el vínculo del feminismo con la política neoliberal, pues fortalece un paradigma político conservador sobre el género y la sexualidad. Ese vínculo es justamente el que Nancy Fraser (2013) califica de una “amistad peligrosa” del movimiento feminista con el Estado neoliberal, con ideas muy lejanas a lo que alguna vez fue una visión radical del mundo.

Las especialistas en violencia doméstica y violación sexual que han rastreado el surgimiento de la postura que aboga por la política carcelaria dentro del feminismo han descrito como las campañas feministas contra la violencia sexual han sido ingredientes fundamentales para el endurecimiento de la justicia penal (Larrauri, 2007 ;  Núñez, 2011). En esas campañas es la sexualidad masculina la que se perfila como la mayor amenaza, y las instituciones patriarcales, como el Estado y la policía, se reconfiguran como aliados y salvadores de las mujeres. En el contexto actual de reproducción de la desigualdad entre mujeres y hombres, la precariedad generada por la economía política neoliberal es manejada por el Estado mediante un duro giro punitivo y una vulneración de los derechos sociales. Justo por eso la política neoliberal está provocando lo que Loïc Wacquant llama una “remasculinización del Estado” ( Wacquant, 2013, p. 410), que consiste en un fortalecimiento del esquema patriarcal, con una perspectiva hacia las mujeres como “víctimas que deben ser protegidas” y no como trabajadoras desempleadas o con salarios miserables. Mientras que la voracidad financiera neoliberal erosiona los salarios, la sindicalización y los derechos laborales, el discurso gubernamental plantea que el acceso a bienes y servicios sociales es una excepción destinada exclusivamente a sujetos y grupos que demuestren un grado de daño, es decir, víctimas. Esto ha desmovilizado a las activistas feministas en relación con los derechos laborales y, en su lugar, ha alentado la movilización de víctimas que exigen reparación por la violencia sufrida.

¿Qué pasa en México?

En México las feministas no se han confrontado en “guerras” como las Sex Wars, al menos no con la fuerza y la publicidad de otros países. Ha habido disputas internas entre distintas perspectivas, pero no han generado la multitud y variedad de publicaciones de otras partes, especialmente Estados Unidos. Creo que esto se debe principalmente a dos cuestiones. La primera es que en nuestro país la “prostitución” en sí misma no es ilegal y nuestra cultura es menos puritana que la estadounidense. 18 La segunda cuestión es que, frente a nuestro desgarrador y ominoso contexto de violencia —los feminicidios, las desapariciones forzadas, los asesinatos y las muertes por “estar en el lugar equivocado”, o sea, en la “guerra” contra el crimen organizado (Saucedo y Huacuz, 2011)—, la “prostitución” no ha tenido tanta importancia. Incluso quienes estudian la violencia contra las mujeres en “múltiples ámbitos” (Agoff, Casique y Castro, 2013) o la analizan con amplitud teórica (Martínez de la Escalera, 2013) no incluyen la “prostitución” en sus reflexiones, lo cual me parece acertado.

En nuestro país, la mayoría de las feministas han encauzado sus energías políticas e intelectuales a investigar, denunciar y tratar de comprender esa forma brutal de violencia hacia las mujeres que es el feminicidio (Gutiérrez, 2004; Monárrez, 2007; Monárrez, 2009; Monárrez, 2011; Belausteguigoitia y Melgar, 2007; Melgar, 2011; Huacuz, 2011 ;  Saucedo y Huacuz, 2011). La violencia hacia las mujeres, cuya denuncia y combate se ha convertido desde hace años en la gran reivindicación de la mayoría de las feministas mexicanas, se ha centrado, además de los feminicidos, en otras expresiones de violencia (doméstica e institucional) (Torres Falcón, 2001; Saucedo, 2002; Castro y Casique, 2008 ;  Ramos, 2011) y, más recientemente, en la trata (Torres Falcón, 2010 ;  Saucedo, 2011). Esta lucha ha tenido gran visibilidad y ha contado con un fuerte apoyo de todas las posiciones políticas, incluido el gobierno y las Iglesias; ninguna de las otras causas feministas ha logrado más leyes, recursos y propaganda mediática. Algunas feministas críticas han señalado que tal interés institucional es más bien una puesta en escena que una realidad, pues las mujeres asesinadas siguen apareciendo (Saucedo y Huacuz, 2011; Huacuz, 2011 ;  Melgar, 2011).

Esto explica que en México sea escasa la publicación de libros y artículos en torno a la disputa por la “prostitución”. Existen, sin duda, espléndidas investigaciones históricas sobre la “prostitución”19 y muy serias investigaciones sobre distintos aspectos del comercio sexual,20 además de los trabajos clásicos sobre el tema: las tesis universitarias de distintas disciplinas que abordan aspectos específicos del comercio sexual. Sin embargo, en nuestro país casi no hay reflexiones políticas y teóricas que den cuenta de la disputa entre abolicionistas y defensoras de los derechos de las trabajadoras sexuales.21

La visibilidad abolicionista en la disputa la tiene Lydia Cacho, la feminista más importante de México en la lucha contra la trata, con una trayectoria personal de gran compromiso y riesgo personal. Preocupada por la violencia hacia las mujeres, fundó el Centro Integral de Atención a las Mujeres en Cancún, y su trabajo la llevó a registrar y denunciar el abuso sexual a niñas y adolescentes,22 lo cual le ocasionó una brutal persecución —que puso, y hasta la fecha sigue poniendo, en peligro su vida— tanto por parte de los delincuentes como de los políticos que los protegen. Lydia Cacho es un caso excepcional en la defensa de los más vulnerables, y en su libro Esclavas del poder. Un viaje al corazón de la trata sexual de mujeres y niñas en el mundo ( Cacho, 2010) lleva a cabo un alegato en contra de la trata abusiva y criminal en varias partes del mundo, México incluido. Pese a su valentía e integridad personal, su trabajo periodístico mezcla conceptualmente prostitución y trata, además de que carece de ciertos soportes de rigor académico, como el de citar sus fuentes o poner bibliografía. Esta mezcla hace que su trabajo resulte sesgado y, en ocasiones, panfletario. No obstante, su arrojo le ha ganado admiración como heroína en la lucha contra la trata.

Una figura emblemática en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en México es Marcela Lagarde. Ya desde su tesis doctoral de antropología (Lagarde, 1990), en la que construye el concepto de “cautiverio” como “la expresión político-cultural de la condición subalterna de la mujer”, Lagarde habla de la prostitución de dos maneras distintas. Una, en la que coincido con ella, cuando usa el concepto de “puta” como una categoría de la cultura política patriarcal que sataniza el erotismo de las mujeres, y plantea: “Puta es un concepto genérico que designa a las mujeres definidas por el erotismo, en una cultura que lo ha construido como tabú para ellas” (Lagarde, 1990, p. 543). Pero en la otra, de la cual discrepo, la vincula con la violencia y asume una perspectiva abolicionista: “La prostitución presenta afinidad con otro tipo de relación entre el hombre y la mujer. Se trata de la violación” (Lagarde, 1990, p. 555). Por eso Lagarde considera que:

La violación y la prostitución tienen en común el placer implícito del hombre (violador o cliente), la relación de dominación absoluta, la no-continuidad de la relación social o afectiva, después de la relación erótica […]. La cosificación de las mujeres por ambas relaciones sintetiza y aclara el carácter patriarcal de las relaciones y de la trama social basada en la existencia de una ley de propiedad genérica: la propiedad de todas las mujeres por todos los hombres (Lagarde, 1990, p. 555).

El trabajo fundamental de Lagarde se ha centrado en los feminicidios, sin ampliar su activismo al campo del comercio sexual. Sin embargo, en ocasiones ha hecho comentarios respecto de la trata, con una postura cercana al abolicionismo.23

En nuestro país la disputa feminista en relación con el comercio sexual cobró visibilidad en 2014, luego de que una jueza federal ordenó a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal (GDF) otorgar a las personas que trabajan en el comercio sexual callejero la licencia de “trabajadores no asalariados”.24 Esta resolución judicial25 fue la culminación de una larga lucha de un grupo de trabajadoras/es sexuales que tuvo que recurrir a un juicio de amparo, pues con anterioridad el GDF se había negado a otorgarles dicho reconocimiento laboral. La primera entrega de las licencias se realizó el 10 de marzo de 2014 en las instalaciones de la Secretaría, y cuando la prensa la dio a conocer, la sección latinoamericana de la Coalition Against Trafficking in Women (CATWLAC) desató en twitter una campaña en contra de la entonces secretaria, Patricia Mercado (véase Lamas, 2014). Esa reacción de la CATWLAC y otras feministas abolicionistas, que atacan e intentan denigrar cualquier iniciativa que tienda hacia la regulación (como es el otorgamiento de las licencias), me impulsaron a entrar en la disputa pública.

En el número de septiembre de la revista Nexos publiqué un artículo titulado “¿Prostitución, trata o trabajo?” ( Lamas, 2014) que causó comentarios a favor y en contra. Intrigada por el desacuerdo de algunas compañeras feministas, convoqué y coordiné una mesa de discusión interna: “Perspectivas críticas sobre el tráfico de mujeres: un diálogo entre académicas feministas”.26 Ahí Ana Amuchástegui27 me invitaría a colaborar en un panel internacional en el cual varios académicos expondrían sus resultados de investigaciones empíricas sobre los efectos negativos en la situación de las trabajadoras sexuales del llamado “combate contra la trata con fines de explotación sexual”. Al Foro “Sexo, poder y dinero: perspectivas críticas sobre la trata de mujeres”,28 que se llevó a cabo el 18 de marzo del 2015, asistieron jóvenes investigadoras, y a partir de ahí, y también por iniciativa de Amuchástegui, se conformó en 2016 un grupo de trabajo desde una perspectiva no abolicionista, titulado “Placer y peligro: política neoliberal, sexualidad y género”.29

Pero lo que verdaderamente cimbró a nivel mundial la disputa entre feministas fue la declaración que en agosto de 2015 hizo Amnistía Internacional (AI) sobre la necesidad de despenalizar el comercio sexual para defender los derechos humanos de las y los trabajadores sexuales (Amnesty International, 2015). Dicha declaración cayó como una bomba entre los grupos abolicionistas. El escándalo fue mayúsculo y feroz en Estados Unidos, donde muchas actrices de Hollywood usaron sus espacios mediáticos para protestar contra AI, con declaraciones donde afirmaban que la despenalización conduce siempre a la trata y que el comercio sexual siempre es violencia hacia las mujeres. AI enfatizó que condena enérgicamente todas las formas de trata de personas, incluida la trata con fines de explotación sexual, que constituye una violación inadmisible a los derechos humanos y debe ser penalizada. También explicó que la despenalización del trabajo sexual no significa eliminar las sanciones penales para la trata de personas, e insistió en que no hay estudios ni indicios serios que sugieran que la despenalización da lugar a un aumento de la trata.30 AI señaló que defiende todos los aspectos del sexo consentido entre adultos que no incluyan coerción, explotación o abuso, al tiempo que declaró que hay que proporcionar una mayor protección a los derechos humanos de las/os trabajadoras/es sexuales, pues el estigma del trabajo sexual contribuye a la discriminación y marginación de quienes se dedican a él. En el convencimiento de que criminalizar expone a los y las trabajadores sexuales a mayores riesgos para su vida, AI declaró que el derecho penal no es la respuesta.

A guisa de conclusión

El avance cada vez mayor de una conciencia sobre los derechos humanos de las personas que realizan trabajo sexual se contrapone al pánico social alentado por el abolicionismo, mismo que ha llevado a un endurecimiento de las acciones punitivas. En México es indispensable una regulación del comercio sexual que preserve la independencia y la seguridad de las personas que se dedican al trabajo sexual, y que les otorgue los mismos derechos laborales que a las demás trabajadoras. Esto requiere que se acepten legalmente formas grupales de organización del trabajo (pequeñas empresas o cooperativas) donde la organización de varias personas para hacer negocio no se interprete como lenocinio.31 El reclamo de las trabajadoras independientes y la resolución de la jueza García Villegas obligan a que el sistema judicial realice un minucioso análisis de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, pues esta ley es utilizada para impedir el pleno reconocimiento del trabajo sexual, entendido como actividad sexual remunerada, voluntaria y entre adultos. Quienes administran justicia no distinguen entre trabajo sexual, lenocinio, explotación sexual y trata, y muchos funcionarios han asumido la perspectiva abolicionista, que supone que la prostitución necesariamente constituye una expresión de violencia sexual extrema. Además, amparándose en esa Ley los operativos que dicen “rescatar” víctimas fincan el delito de trata, aunque no se den los tres elementos de captación, traslado y amenaza/uso de fuerza.

Hoy, las feministas en México van a tener que definir su postura ante un fenómeno que despunta con fuerza: la reivindicación pública de trabajadoras sexuales que plantean su libertad de establecer contratos laborales en el marco de la defensa de sus derechos. Las compañeras que lograron las licencias son excepcionales en el uso político que le dan a una situación que se considera “vergonzosa”. Estas trabajadoras sexuales feministas y politizadas, que reivindican su derecho a “elegir”, se desmarcan de los dos estereotipos culturales —el de la pecadora y el de la víctima— e inauguran una manera distinta de asumirse públicamente. Esto pone a las feministas en una disyuntiva: o bien apoyar la posición que exige la libertad en el uso del propio cuerpo, o bien secundar la que condena utilizar la sexualidad como mercancía. Este dilema está entretejido en una madeja conceptual cuyos elementos hay que desenredar, y creo que es posible hacerlo usando los argumentos de Nussbaum y Satz.

A mí lo que más me intriga en esta disputa es por qué el fantasma de la violencia sexual sigue siendo un vehículo cultural de tal eficacia.32 El abolicionismo se alimenta del espectro de la violencia sexualizada, y vale la pena explorar el abuso que las feministas están haciendo de la figura de la víctima, así como la asociación entre la violación y la prostitución, que persiste en el imaginario feminista.33 Este “pánico moral” impide ver las variedades de situaciones en las que se encuentran las trabajadoras sexuales, con distintos niveles de decisión personal y de ganancia respecto al trabajo sexual, y dificulta la elaboración de políticas públicas que partan de la defensa de sus derechos laborales.

Además, la disputa en torno a la “prostitución” favorece la fragmentación política del feminismo. Un problema social como la precariedad laboral forzada por la economía política neoliberal ya de por sí divide a los distintos grupos como para que, además, la disputa confronte a las activistas que podrían estar luchando unidas. Es obvio que el problema no son las distintas tendencias del feminismo, sino que quienes luchan por rescatar a las víctimas y castigar a los hombres prostituyentes estén colaborando con el ascenso de las políticas de “mano dura” del proyecto económico del capitalismo neoliberal, que avanza despiadadamente, con el giro punitivo y carcelario del que he hablado, hacia la erosión de las libertades individuales y los derechos laborales. Si bien la lucha política del movimiento feminista contra la violencia hacia las mujeres tiene otro objetivo, está atrapada en el paradigma de la gobernanza neoliberal: castigar a los pobres ( Wacquant, 2013). Esto es evidente en la forma en que las abolicionistas insisten en acabar con el sustento de las trabajadoras sexuales pobres, sin ofrecerles una alternativa económica equiparable. Y por eso la disputa feminista en torno a la “prostitución” parece ser la punta de un iceberg cuya parte menos visible es nada menos que la disputa por el modelo de sociedad a la cual se aspira y por la cual se lucha. Eso hace que la disputa sea tan irreconciliable y amarga.

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La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.

1

No me gusta hablar de prostitución porque es un término que únicamente alude de manera denigratoria a quien vende servicios sexuales, mientras que comercio sexual da cuenta del proceso de compra-venta, que incluye también al cliente. Por eso en estas páginas pongo el término entre comillas.

2

El pequeño libro (Millet, 1973) consta de una reflexión y 4 entrevistas a “prostitutas”.

3

La traducción es mía.

4

Carol Vance (1984) publicó una antología con una selección de los textos presentados en dicha conferencia.

5

Una relación de los grupos europeos se encuentra en Pheterson (1989).

6

En Uruguay en 1985 se crea la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (AMEPU) y logra su reconocimiento jurídico en 1988. En 1987, en Brasil, Gabriela Leite funda la Asociación Nacional de Prostitutas, con sede en Río de Janeiro, y lleva a cabo la Primera Conferencia de Prostitutas; en octubre de ese mismo 1987, en San José Costa Rica se establece la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe (RedTraSex) donde hoy participan organizaciones de trabajadoras sexuales de 15 países. A lo largo de la década de 1990 surgirán más grupos organizados, como la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) en 1994; en República Dominicana, el Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU) nació en noviembre de 1997; en México, la Organización Mujer Libertad de Querétaro, en 1997, y en 1998 mujeres de 18 estados de la república fundan la Red Mexicana de Trabajo Sexual; en Chile la fundación Margen aparece en 1998.

7

Los nueve puntos que planteaba eran: 1: autonomía financiera; 2: elección ocupacional; 3: alianza entre mujeres; 4: autodeterminación sexual; 5: desarrollo infantil sano; 6: integridad; 7: pornografía; 8: migración y tráfico, y 9: un movimiento para todas las mujeres. Además, se pronunciaba contra la prostitución de menores (Pheterson, 1989).

8

Autora de Female Sexual Slavery (1979) ( Barry, 1987), libro que luego se amplió y se convirtió en The Prostitution of Sexuality. Global Exploitation of Women ( Barry, 1995).

9

Analizar y debatir a MacKinnon requeriría un ensayo por sí solo. Aquí solamente registro su decisiva influencia en la disputa feminista.

10

En un simposio del Michigan Journal of Gender and Law sobre “Prostitution: From Academia to Activism” con una ponencia sobre la prostitución y los derechos civiles que sería publicada al año siguiente en esa misma revista ( MacKinnon, 1993).

11

En 2003, Bush decreta un plan emergente contra el sida que dispone de 15 billones de dólares, cuyo objetivo incluye la “erradicación de la prostitución” al considerarla “propagadora” del VIH. Así prohíbe que se otorgue dinero a los grupos organizados que trabajan con “prostitutas”. Para recibir financiamiento las organizaciones debían firmar un Anti-Prostitution Pledge ( Weitzer, 2007).

12

La evidencia indica que el fenómeno de migración para dedicarse al trabajo sexual es diverso y complejo. Hay varias trayectorias migratorias y distintas experiencias de trabajo que pueden implicar mucha coerción o explotación, o buena información e intencionalidad consciente de parte de la migrante ( Kempadoo, 2012 ;  Chang, 2013).

13

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, llamada Convención de Palermo, tiene tres protocolos: uno para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños; otro sobre el contrabando de migrantes, y el tercero contra la fabricación y el tráfico ilegal de armas. La definición en el Protocolo de trata implica tres cuestiones: 1) conductas (captación, transporte, traslado, acogida o recepción de la persona); 2) medios (amenaza, uso de la fuerza, engaño), y 3) fines (explotación) (ONU, 2000).

14

Según Ronald Weitzer, un investigador especializado, los abolicionistas afirman que hay cientos de miles —si no es que millones— de víctimas en todo el mundo, y que este problema ha alcanzado niveles epidémicos, afirmaciones que han sido reproducidas —sin corroborar— por funcionarios gubernamentales de Estados Unidos y otras naciones. Luego de recopilar investigaciones con cifras de distintas fuentes oficiales sobre las víctimas de trata, de analizarlas minuciosamente y compararlas con cifras sobre víctimas registradas, Weitzer declara que existe una total discrepancia entre ambas. Por ello afirma que las cifras que denuncian la magnitud del problema no son confiables en lo más mínimo y que las alarmistas declaraciones de que la magnitud del problema es inmensa y va en aumento no tienen sustento empírico alguno. Incluso los estimados generales son dudosos, dada la naturaleza ilegal y clandestina del comercio sexual; existen además otros focos rojos: las cifras oficiales han fluctuado bastante en un corto periodo y relativamente pocas víctimas de trata han sido localizadas ( Weitzer, 2005; Weitzer, 2007; Weitzer, 2012 ;  Weitzer, 2014).

15

Varios testimonios de trabajadoras sexuales en la Ciudad de México describen los “operativos de rescate” que llegan a los antros y cabarets, durante los cuales les dicen a las mujeres: “Todas las víctimas pónganse aquí” y a la trabajadora que responde “Yo no soy víctima” se le contesta: “Entonces eres cómplice”. Ante tal acusación, muchas aceptan declararse “víctimas”.

16

Esto lleva a interrogarse con rigor sobre las circunstancias en que las mujeres acceden a una relación sexual. ¿Qué tan diferentes son entre sí las mujeres que se venden abiertamente de quienes acceden a distintas formas de intercambio de servicios sexuales por seguridad, por una posición, por regalos o promociones laborales? Además, aunque la llamada “prostitución” es la actividad exclusiva de un grupo determinado de mujeres, no hay que olvidar que también es una actividad complementaria de un grupo muy amplio de amas de casa, estudiantes y trabajadoras que se “ayudan” económicamente o colaboran con el ingreso familiar de esa manera.

17

Birgin publicó más tarde varias compilaciones de ensayos jurídicos, en especial una sobre las trampas del poder punitivo de la ley (véase Birgin, 2000).

18

En Estados Unidos el comercio sexual es ilegal, tanto para quien vende como para quien compra. Solamente en Nevada es legal desde 1971. Ahí los burdeles cumplen con estrictas medidas de seguridad (botones de alarma, supervisión continua con micrófonos ocultos), lo que los convierte en lugares muy seguros para trabajar (Dewey y Kelly, 2011).

19

Como las de Ana María Atondo (1992), Fernanda Núñez (1996) y, más recientemente, Pamela Fuentes (2015).

20

Como la de Elena Azaola (2003) sobre prostitución infantil y la de Gustavo Fondevila (2009) sobre la moral pública en las decisiones judiciales respecto a la prostitución.

21

Una excepción es el libro coordinado por Angélica Bautista y Elsa Conde sobre el trabajo sexual en La Merced, con reflexiones de ellas y de otros autores sobre los derechos humanos y la desigualdad de género (Bautista y Conde, 2006). Otro, más centrado en la denuncia que en el análisis, es el de Andrea Reyes Parra, que ofrece una interpretación sobre lo ocurrido en el Centro de Atención Interdisciplinaria y Servicios (CAIS) de la CDHDF (Reyes, 2007).

22

Su libro Los demonios del Edén es un desgarrador relato sobre el abuso de niños/as y adolescentes y la forma en que el poder político protege a los pederastas abusadores (véase Cacho, 2005).

23

Por ejemplo, en el IV Congreso Latinoamericano de Antropología (octubre de 2015) hubo una mesa redonda en torno a los “Aportes de la antropología feminista al análisis de la trata de personas y la violencia de género”, donde Lagarde reiteró la idea de la creciente violencia hacia las mujeres víctimas.

24

El Reglamento para los Trabajadores No Asalariados del Distrito Federal existe desde 1972, y con él se registra a personas que laboran en la vía pública sin una relación patronal ni un salario fijo, como los lustrabotas, los cuidacoches, los músicos callejeros, los vendedores de billetes de lotería y 10 oficios más.

25

Correspondió a la jueza Paula María García Villegas Sánchez Cordero, del Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito, quien concedió el amparo el 31 de enero de 2014. (Véase Madrid, Montejo e Icela, 2014.)

26

Se llevó a cabo en el programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM el 1 de diciembre de 2014.

27

Amuchástegui (Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco) es integrante del Neoliberalism and Sexualities Working Group (NSWG), coordinado por las doctoras Elizabeth Bernstein y Janet Jacobson, del Center for Research on Women del Barnard College; entre sus integrantes se encuentran Sealing Cheng (University of Hong Kong), Mark Padilla (Florida International University), Mario Pecheny (Universidad de Buenos Aires) y Kerwin Kaye (Wesleyan College).

28

Auditorio Mario de la Cueva de la Torre II de Humanidades de la UNAM, convocado por el Barnard Center for Research on Women, la UAM-Xochimilaco, la Cátedra Extraoridinaria sobre Trata de Personas de la UNAM y el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM.

29

Las integrantes son Luz del Carmen Jiménez Portillo, Jessica Gutiérrez, Melisa Cabrapan, Lucía Núñez, Nancy Lombardini, Azucena Ojeda, Ana Amuchástegui y yo. El nombre “Placer y peligro” retoma el título de la famosa Conferencia de Barnard (1982), que marcó un giro en las “guerras en torno a la sexualidad”.

30

Esta declaración la hizo AI luego de realizar una sólida investigación y consulta con una diversidad de organizaciones y personas, desde la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Anti-Slavery International y Human Rights Watch, Open Society Institution (OSI), la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, hasta la recopilación de testimonios de más de 200 trabajadores/as y ex trabajadoras/es sexuales, policías y funcionarios de gobierno en Argentina, Hong Kong, Noruega y Papúa Nueva Guinea. Además, las oficinas nacionales de AI en todo el mundo contribuyeron realizando consultas locales con grupos de trabajadoras/es sexuales, grupos que representan a supervivientes de trata, organizaciones abolicionistas, feministas y otros representantes de los derechos de las mujeres, activistas LGBTI, organismos contra la trata de personas, activistas que trabajan sobre el VIH/sida y muchos más.

31

Si tres o cuatro amigas decidieran trabajar juntas, a quien rente el departamento se le podría acusar de lenona. Igual ocurre con los familiares (madres, hermanos, hijos) que acompañan a las mujeres que trabajan. Las denuncias por lenocinio no tocan las altas esferas de la “prostitución”, y para lo único que sirven es para controlar a las trabajadoras sexuales, que necesitan trabajar acompañadas de amistades o parientes. Es necesario que se acepten otras formas de organización del trabajo sexual, para que el delito de lenocinio no se pueda aplicar contra las personas que acompañan a las trabajadoras.

32

Utilizo el término fantasma en su sentido psicoanalítico, como fantasía, representación, guión escénico imaginario, ensoñación que pone en escena de manera más o menos disfrazada un deseo (Chemama, 1998, p. 157).

33

Es significativo que, desde las primeras reflexiones feministas, se vinculó la prostitución con la violación. (Véase Brownmiller, 1972.)

© 2016 Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Biología.

 

Trabajadoras sexuales en Ciudad de México, una lucha contra la represión

 

DÍA MUJER MÉXICO (Crónica)

07/03/2017

Paula Ericsson

http://www.lavanguardia.com/vida/20170307/42607303356/trabajadoras-sexuales-en-ciudad-de-mexico-una-lucha-contra-la-represion.html

 

México, 7 mar (EFE).- “Damaris” tiene 26 años, abundante melena negra y ojos oscuros de mirada segura e inquisitiva; es madre soltera y ejerce desde hace cuatro años como trabajadora sexual en Ciudad de México, luchando día a día contra la discriminación y el acoso policial. “Pedimos que no se nos juzgue”, declara.

“La persecución policial es horrible. Te dicen que eres una puta y eres de lo peor y casi te tratan como animal. Te dicen ‘Si quieres negociar tu libertad, ¿cómo nos arreglamos? Dices que no traes dinero, ¿pues cuánto cobras tú en La Merced? ¿Traes condones? ¿Y cuánto el oral? ¿Y sin condón?'”, relata a Efe Damaris, que no es su verdadero nombre.

Después de que a 19 sexoservidoras se les denegara una credencial de trabajadoras no asalariadas que solicitaron al gobierno local o en 2007, la titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Paula García, ordenó a la Secretaría del Trabajo en 2014 concedeérselas.

Sin embargo, el artículo 189 del Código Penal de la capital mexicana sanciona con prisión de dos a 10 años y multas a quien “explote el cuerpo de una persona por medio del comercio sexual”, “induzca a una persona para que comercie sexualmente su cuerpo con otra o le facilite” o “sostenga lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitución”.

“Un cliente no ocasiona que haya trata de personas. Si criminalizan a los clientes, van a hacer la trata aun más clandestina”, afirmó a Efe Elvira Madrid, una de las dirigentes de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez.

A partir del fallo judicial, la juez García ordenó la supresión del Artículo 24 VII de la Ley de Cultura Cívica de la capital, que considera falta administrativa “invitar a la prostitución o ejercerla, así como solicitar dicho servicio” y denunció que el Gobierno local fracasó “porque no da alternativas reales” a este trabajo, recordó Madrid. Hasta ahora, dicho artículo sigue en vigor.

Madrid explicó que desde los inicios de la Brigada, fundada hace 28 años y que en 2016 atendió a 7.500 trabajadores sexuales, ya había mujeres obligadas a ejercer la prostitución, pero subrayó que la mayoría que se dedican a este trabajo lo hacen voluntariamente.

Para la activista, la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Persona, promulgada en 2012 y que equipara la prostitución a la explotación, así como la clausura de zonas de tolerancia (en las que se permite el ejercicio del sexoservicio) llevaron a las mujeres “a lugares más inseguros, porque las chicas no dejan de trabajar”.

Frente a esta ambigüedad legal, una de las consecuencias más oscuras para este sector es la persecución policial, ya que los cuerpos de seguridad pueden llegar a abusar de ellas.

Para “La Suspiros”, natural del estado de Michoacán, de 50 años, que ejerció durante 30 años en la capital mexicana y que actualmente es ama de casa, uno de sus recuerdos más dolorosos se refiere a los abusos sexuales de los granaderos (policías antidisturbios).

“Yo recuerdo que cuando estaba chava pasaba una camioneta de granaderos, unos 12. Siempre pasaban por donde yo trabajaba y todos tenían sexo conmigo sin pagarme. Me decían ‘Si no, te vamos a encerrar porque andas moneando (drogando)'”, contó esta mujer que logró dejar las drogas tras muchos años de adicción.

Pese a los abusos que sufren por ser mujeres y trabajadoras sexuales, las propias autoridades las menosprecian y en algunas ocasiones rechazan sus denuncias, como es el caso de “La Suspiros”, quien intentó reportar las violaciones que sufrió, sin éxito.

“La ignorancia rebasa límites y muchas veces no saben lo que uno pasa o lo que uno vive; por eso no se puede juzgar. Pedimos que no se nos juzgue. No venimos aquí por gusto, sino por necesidad”, lamentó Damaris.

En ese sentido, Madrid aseguró que las trabajadoras sexuales casi generan el 2 % del Productor Interno Bruto de México, y que pese a que hay víctimas de trata, “hay gente que vive día a día para poder sobrevivir” y pidió que “no vean a la trabajadora sexual como un objeto, sino como una mujer que sobrevive y que lucha”.

Frente a las desigualdades que sufren las mujeres, Damaris pidió que “le echemos ganas, porque todas somos fuertes” y, en el caso de las trabajadoras sexuales, señaló que “es muy difícil pero todas las que lo hemos vivido somos guerreras”. EFE

 

¿Prostitución, trata o trabajo?

1 septiembre, 2014

Marta Lamas

http://www.nexos.com.mx/?p=22354

 

“Todo lo que nos incomoda nos permite definirnos”.
—Cioran

 

En 1989 empecé una relación de acompañamiento político a unas trabajadoras sexuales de vía pública en la ciudad de México, que después derivó en la realización de una investigación antropológica sobre algunos aspectos de sus vivencias y su organización del trabajo.1 De entonces a la fecha he visto cambios sorprendentes en cómo se habla y discute sobre el comercio sexual. En especial, me impacta que la propuesta de reglamentación del trabajo sexual se ha ido transformando en un alegato a favor de su total erradicación. En estas páginas intento aclarar mi posición, ante la postura de quienes insisten en “abolir” toda forma de comercio sexual, usando como excusa el combate a la trata.

Prostitución es un término que únicamente alude de manera denigratoria a quien vende servicios sexuales, mientras que comercio sexual da cuenta del proceso de compra-venta, que incluye también al cliente. Respecto a esta actividad persisten dos paradigmas: uno es el que considera que la explotación, la denigración y la violencia contra las mujeres son inherentes al comercio sexual y por lo tanto habría que abolir dicha práctica, y otro el que plantea que tal actividad tiene un rango de formas variadas de desempeño que deberían regularse así como reconocerse los derechos laborales de quienes se dedican a ella.2

A pesar de que a lo largo de los últimos 30 años muchas trabajadoras3 han reivindicado su quehacer como una cuestión laboral, desarrollando diversas estrategias para obtener derechos correspondientes, en la última década se ha multiplicado una perspectiva que califica a todas las mujeres que trabajan en el comercio sexual de “víctimas”. Hoy en día es patente el crecimiento y la expansión del comercio sexual, lo que expresa no sólo un fenómeno económico sino también una transformación cultural. Este notorio aumento viene de la mano de la liberalización de las costumbres sexuales y de la desregulación neoliberal de los mercados, que han permitido la expansión de las industrias sexuales como nunca antes, con una proliferación de nuevos productos y servicios sexuales: shows de sexo en vivo, masajes eróticos, table dance y strippers, servicios de acompañamiento (escorts), sexo telefónico y turismo sexual. Aunque la droga y el SIDA la han impactado dramáticamente, la industria mundial del sexo se ha convertido en un gran empleador de millones de personas que trabajan en ella, y que atraen igualmente a millones de clientes. Los empresarios tienen agencias de reclutamiento y sus operadores vinculan a los clubes y burdeles locales en varias partes del mundo, en un paralelismo con las empresas transnacionales de la economía formal. Y al igual que éstas, algunas se dedican a negocios criminales, como el mercado negro de la trata.

Las feministas que han reflexionado sobre el tema están divididas al respecto: hay quienes subrayan la autonomía en la toma de tal “decisión” mientras que del otro lado están quienes insisten en la “explotación” y coerción. Ahora bien, no son excluyentes: puede haber decisión y explotación, autonomía para ciertos aspectos y coerción para otros (Widdows 2013). Unas feministas argumentan que ninguna mujer “elige” prostituirse, que siempre son engañadas u orilladas por traumas infantiles de abuso sexual; otras aseguran que la mayoría lleva a cabo un análisis del panorama laboral y toma la opción de un ingreso superior a las demás posibilidades que están a su alcance. “Elegir” en este caso no implica una total autonomía, ni siquiera supone optar entre dos cosas equiparables, sino preferir, no un bien, sino el menor de los males.

En México en el contexto de la precarización laboral (el desempleo, la ausencia de una cobertura de seguridad social y la miserabilidad de los salarios) la llamada “prostitución” es una forma importante de subsistencia para muchas mujeres. Es un hecho que las necesidades económicas llevan a la gente sin recursos a hacer todo tipo de cosas, incluso algunas muy desagradables, como limpiar excusados o trabajar en los camiones de basura. La coerción económica es fundamental.4 Anne Phillips (2013a) dice que hay algo en el uso de las partes íntimas del cuerpo que vuelve la presión del dinero inaceptablemente coercitiva en el caso de la prostitución mientras que Martha Nussbaum (1999) señala que la compulsión económica es problemática, pero que la presión del dinero no se vuelve más coercitiva o inaceptablemente coercitiva sólo porque conduzca a un acceso íntimo en el cuerpo. Como las mujeres están ubicadas en lugares sociales distintos, con formaciones diferentes y con capitales sociales diversos, en ciertos casos el trabajo sexual puede ser una opción elegida por lo empoderante y liberador que resulta ganar buen dinero, mientras que en otros casos se reduce a una situación de una precaria sobrevivencia, vivida con culpa y vergüenza. Además, así como muchas mujeres ingresan por necesidad económica, otras son inducidas por la droga, y viven situaciones espantosas. Sin embargo, no hay que olvidar que también hay quienes realizan una fría valoración del mercado laboral y usan la estrategia de vender sexo para moverse de lugar, para independizarse, incluso para pagarse una carrera universitaria o echar a andar un negocio.

El trabajo sexual es la actividad mejor pagada que encuentran cientos de miles de mujeres en nuestro país, y más que un claro contraste entre trabajo libre y trabajo forzado, existe un continuum de relativa libertad y coerción. Y, al mismo tiempo que existe el problema de la trata aberrante y criminal con mujeres secuestradas o engañadas, también existe un comercio donde las mujeres entran y salen libremente, y donde algunas llegan a hacerse de un capital, a impulsar a otros miembros de la familia e incluso a casarse. Por eso, “quienes sostienen que es un trabajo que ofrece ventajas económicas tienen razón, pero no en todos los casos, y quienes insisten en que la prostitución es violencia contra las mujeres, también tienen razón, pero no en todos los casos” (Bernstein 1999: 117).

Aunque desde la perspectiva del liberalismo político no hay razón para estar en contra del comercio sexual mientras lo que cada quien haga con su cuerpo sea libremente decidido, muchas personas consideran que el comercio sexual es de un orden distinto de otras transacciones mercantiles. La venta de servicios sexuales ofende, irrita o escandaliza de una manera diferente que la situación de otras mujeres que venden su fuerza de trabajo, en ocasiones en condiciones deleznables, como las obreras de la maquila, las empleadas domésticas, incluso algunas meseras, enfermeras y secretarias. Cuando se denuncia la “explotación” de las trabajadoras sexuales no se menciona siquiera a tantas otras trabajadoras que también son explotadas. Muchas personas ven la “prostitución” como la degradación a la dignidad de la mujer. Pero no hay reacciones tan indignadas o escandalizadas ante formas aberrantes de explotación de la fuerza de trabajo en otro tipo de industrias. Tal vez porque lo que más molesta de la “prostitución” voluntaria es que atenta contra el modelo de feminidad.5

Sí, la prostitución femenina subvierte el paradigma de castidad y recato inherente a la feminidad (Leites 1990). Jo Doezema ha planteado que la distinción entre prostitución “forzada” y “voluntaria” reproduce la división entre “putas” y “santas” dentro de la propia categoría de prostituta, siendo la “puta” la que se dedica voluntariamente a dicha actividad mientras la “santa” es la forzada y, al ser una “víctima”, queda exonerada de ser despreciada (1998: 41). Como la expectativa cultural respecto de la sexualidad de las mujeres es que solamente tengan sexo dentro del marco de una relación amorosa (por lo que también se rechaza que las mujeres tengan sexo casual con “desconocidos”, aunque no cobren) la mayoría de las trabajadoras tiene dificultades para asumirse públicamente como tales. No obstante, algunas trabajadoras sexuales han caracterizado la prostitución como un acto transgresor y liberador.6 Lo que provoca el estigma, y muchas de las dificultades y discriminaciones que enfrentan las trabajadoras derivadas de él, es justamente la doble moral: la sexualidad de las mujeres es valorada de manera distinta de la de los hombres. Por eso hace muchos años Mary McIntosh dijo: “la prostitución implica, al mismo tiempo, un desafío y una aceptación de la doble moral del statu quo. Como tal, no puede ser ni condenada totalmente ni aceptada con entusiasmo” (1996: 201). Sí, la actividad sexual comercial de las mujeres es, al mismo tiempo, un desafío a la doble moral, que considera que las transacciones sexuales de las mujeres son de un orden distinto a las transacciones sexuales de los hombres, y una aceptación de dicha doble moral, porque persiste el estigma.

En el debate sobre cuál debería ser el estatus legal de la llamada “prostitución” es posible ver que las implicaciones7 para las políticas públicas que se derivan tanto de la penalización como de la despenalización pueden tener el efecto de exacerbar las desigualdades de género. Como ambas posturas tienen consecuencias en las vidas de las trabajadoras sexuales, resulta complicado hablar en abstracto del comercio sexual, sin ubicarlo en el contexto concreto e histórico en que ocurre y sin distinguir tanto el capital social de las trabajadoras como las condiciones laborales en que realizan su trabajo, en especial su libertad de movimiento. Una rápida mirada sobre la situación mundial muestra que la mayoría de las prostitutas son muy pobres. La brecha económica y social entre las de la calle y las call girls8 es sideral. Estas call girls, que no son engañadas, ni drogadas, ni secuestradas, y que seguramente podrían conseguir otro tipo de trabajo, están en el comercio sexual porque obtienen ganancias enormes. Ellas son, económicamente hablando, privilegiadas y representan una faceta distinta del fenómeno. Para las demás, que son la gran mayoría, la venta de servicios sexuales en contextos laborales de trabajos precarios, salarios miserables y gran desempleo, les permite sobrevivir y a algunas cuantas ganar en un día la misma cantidad de dinero que ganarían en semanas en otro tipo de desempeño laboral, si es que lo consiguieran.

Por eso algunas investigadoras sostienen que el comercio sexual no siempre tiene consecuencias negativas, y que con frecuencia es un medio importante de movilidad económica y de liberación personal (Agustín 2007; Day 2010; Kempadoo 2012). Sin embargo, ciertas filósofas y politólogas feministas, dentro de una reflexión sobre que algunas actividades humanas9 deberían estar fuera del mercado, piensan lo contrario (Phillips 2013a y 2013b; Widdows 2013). Ellas insisten en que el comercio sexual tiene un efecto negativo en la justicia social, en especial en cómo estructura las opciones vitales de las mujeres, pues su ejercicio obstaculiza las relaciones igualitarias.

Como se sabe, el mercado no es un mecanismo neutral de intercambio, y sus transacciones dan forma a las relaciones sociales. Si el mercado no sólo desata procesos económicos, sino que también da forma a la cultura y a la política, entonces hay que analizar cómo ciertas transacciones mercantiles frustran o impiden el desarrollo de las capacidades humanas (Sen 1996) mientras que otras determinan ciertas preferencias problemáticas. La ONU ha señalado que las creencias y mandatos de género en la economía estructuran y validan las relaciones desiguales entre los hombres y las mujeres de manera absolutamente funcional para la marcha del sistema social (ONU Mujeres 2012). Las relaciones de género “marcan el terreno sobre el que ocurren los fenómenos económicos y ponen las condiciones de posibilidad de los mismos” (Pérez Orozco 2012). De ahí que para evaluar un mercado laboral sea necesario evaluar también las relaciones políticas y sociales que sostiene y respalda, y examinar los efectos que tal transacción produce en las mujeres y los hombres, en las normas sociales y en el significado que imprime en las relaciones entre ambos. Hay mercados con consecuencias negativas para las relaciones de género, como el trabajo sexual y el servicio doméstico. La industria del sexo no toma en consideración el contexto de desigualdad social y económica entre mujeres y hombres por lo que refuerza la pauta de opresión patriarcal y contribuye a la percepción de las mujeres como objetos sexuales y, en ocasiones, incluso como seres socialmente inferiores a los hombres.

Se habla de “mercados nocivos” cuando impulsan y sostienen no sólo cuestiones económicas sino también éticas y políticas, y respaldan relaciones jerárquicas y/o discriminatorias totalmente objetables (Satz 2010).10 A los mercados que producen más desigualdad que otros se los califica de nocivos; por ejemplo, es obvio que el mercado de las verduras resulta mucho más inocuo que el del comercio sexual. Y aunque en principio muchos mercados pueden convertirse en nocivos, algunos tienen más posibilidades de hacerlo cuando hay una distribución previa e injusta de recursos, ingresos y oportunidades laborales (Satz 2010).

Pero aunque los mercados nocivos tienen efectos importantes en quiénes somos y en el tipo de sociedad que desarrollamos, no siempre la mejor política es prohibirlos. La mejor manera de acabar con un mercado nocivo es modificar el contexto en que surgió, o sea, con una mejor redistribución de la riqueza, más derechos y oportunidades laborales (Satz 2010). Las prohibiciones pueden llegar a intensificar los problemas que condujeron a que se condenara tal mercado.11 En ese sentido Satz señala que es menos peligrosa la prostitución legal y regulada que la ilegal y clandestina, pues ésta aumenta la todo tipo de peligros, tanto para las mujeres como para los clientes. Lo que en verdad debería preocupar es que en general el comercio sexual está rodeado de gran vulnerabilidad porque en muchos casos es una actividad con altos riesgos de violencia y de contagio de infecciones de transmisión sexual (ITS), en especial de VIH-SIDA.12 De ahí que consideraciones fundamentales para una política de salud pública (Gruskin et al. 2013) respaldan la importancia de una regulación que saque de la clandestinidad a quienes interactúan en esa dinámica de compra-venta.

Justamente por todo lo anterior, las prohibiciones y restricciones al trabajo sexual no son una solución, además de que van contra la libertad constitucional de las mujeres y son “maternalistas”.13 Como lo que impulsa a las trabajadoras a dedicarse a tal actividad suele ser la necesidad económica, prohibirla sin garantizarles un ingreso similar, ni la más mínima seguridad social, les quita una “tablita de salvación”. Si no se resuelven las circunstancias socioeconómicas que las llevan a tal actividad, penalizar para erradicar el comercio sexual las hundiría o marginaría aún más. Regular el comercio sexual no evita los problemas de violencia ni de discriminación por el estigma, pues como señaló hace años Nanette Davis: “No puede haber una política racional hacia la prostitución mientras exista la discriminación de género” (1993: 9). Sin embargo, comprender que la regulación es la forma en que las trabajadoras están más protegidas, no impide entender que el hecho de que ellas elijan la “prostitución” como el trabajo mejor pagado que pueden encontrar no es, en sí mismo, una confirmación de que se trata de una práctica deseable.

Además la regulación ha demostrado ser una excelente estrategia para combatir la trata (Kempadoo 2012). Por eso, es un error plantear la abolición del comercio sexual, como lo hace la Coalition Against Traffic in Women (CATW). Como integrante de esa extraña alianza entre religiosos puritanos y feministas radicales unidos en su misión abolicionista (Scoular 2010), la CATW agita discursivamente contra lo que considera que es la “esclavitud sexual”, término que aplica no sólo a las mujeres víctimas de trata sino a toda mujer en el comercio sexual. Las formas que toma esta cruzada son múltiples, y dependen de las tradiciones políticas y culturales de cada país, pero el eje de la política que impulsan es “salvar a las mujeres”: rescatarlas (Agustín 2007). Aunque el discurso público sobre prostitución muestra una amplia variación entre los países (Vanwesenbeeck 2001: 274), la política alentada por las abolicionistas de CATW se ha difundido ampliamente en oposición a las investigaciones académicas que dan evidencia empírica de que tal política viola los derechos civiles y laborales de las trabajadoras, aumenta el poder de terceros sobre las trabajadoras (clientes, padrotes, traficantes) y pone en riesgo su salud y su bienestar ¡sin jamás lograr el objetivo de abolir la prostitución!

La CATW, que “pretende eliminar el comercio sexual con el argumento de que la prostitución estimula el tráfico” (O’Connell y Anderson 2006: 14) no tiene nada que ver con otra organización internacional, la Global Alliance Against Trafficking in Women (GAATW). Este frente mundial distingue entre trabajo y trata y hace una labor de prevención y combate a la trata entre trabajadores(as) sexuales a partir de impulsar formas de regulación que respeten sus derechos.14 Mientras las trabajadoras sexuales y los activistas de derechos humanos argumentan a favor de la regulación, señalando que si la prostitución se prohíbe o penaliza es imposible establecer estándares laborales y sanitarios, y que precisamente la ausencia de regulación alienta formas de trabajo forzado, la CATW y su sucursal latinoamericana y caribeña CATWLAC lanzan discursos flamígeros contra el comercio sexual, impulsan una cruzada moralista que alienta el “pánico moral”.15

El tráfico de seres humanos es un pavoroso flagelo criminal, del cual el tráfico con fines de explotación sexual es sólo una parte (Casillas 2013; Chang 2013). Sin embargo, de acuerdo a Kamala Kempadoo, “El tráfico sexual ha surgido como una metáfora del estado de degradación de la humanidad en el siglo XXI y se ha convertido en el eje principal de la crítica académica a una variedad de relaciones sociales de poder contemporáneas, tanto a nivel local como mundial” (2012: viii). En México están documentados casos de traslado de mujeres de un lugar a otro dentro y fuera del territorio mexicano así como las distintas formas de coerción (droga, retención de hijos, amenazas) para que den servicios sexuales. Pero aunque esa práctica nefasta es una parte mínima de la industria del sexo,16 la cobertura mediática ha magnificado el fenómeno de la trata pues es más rentable hablar de “esclavas sexuales” que de mujeres pobres. Investigaciones académicas analizan cómo el discurso incendiario de las abolicionistas sobre los cuerpos “violados” o “explotados” de las mujeres traficadas es también parte de una política xenófoba de “seguridad nacional” contra migrantes, y encuentran que el clima de miedo a la inmigración es el telón de fondo de muchas de las políticas en contra del comercio sexual (Kulick 2003; Agustín 2007; Scoular 2010; Weitzer 2010; Kempadoo 2012).

La cruzada moralista de la CATW ha logrado instalar mundialmente un discurso apocalíptico sobre la trata y el tráfico, que ya circula en nuestro país a través de la CATWLAC. Hablar solamente de mujeres víctimas de trata sin reconocer la existencia de otras trabajadoras sexuales favorece posturas fundamentalistas, que desvían la imprescindible lucha contra el tráfico hacia el absurdo proyecto de abolir todo el comercio sexual. Y así como no hay que confundir la situación de las mujeres obligadas a tener sexo a través de engaños, amenazas y violencia con la de otras mujeres que realizan trabajo sexual por razones económicas, tampoco hay que confundir a los clientes. Si bien hay cómplices indiferentes de ese atentado brutal contra la libertad y la dignidad que es la trata, en el comercio sexual también los hay respetuosos y atentos, como relatan las propias trabajadoras; algunos incluso se vuelven clientes “regulares” y desarrollan relaciones sentimentales que duran años. Es imperativo deslindar el comercio sexual de la trata con fines de explotación sexual, pues dicha confusión se expresa en actos discursivos que logran un cierto efecto en la sociedad y en el gobierno.

Hay que combatir la trata, pero respetar a las personas que se dedican al comercio sexual, y apoyar a las que quieren tener otra ocupación.17 Pero lo que priva hoy en día es lo que Kempadoo (2012) denomina “la aplanadora antitráfico”: una estrategia discursiva que tiene como fin último abolir toda forma de comercio sexual. Un elemento de dicha estrategia es el de calificar a las personas que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales como “pro prostitución” y decir que con tal postura se favorece la trata.18

Nuestra Constitución y nuestro sistema político democrático garantizan la libertad individual, incluso la de vender y de comprar servicios sexuales. Sin embargo, al revisar la situación del comercio sexual en México el panorama es deprimente pues el esquema con que funciona —al menos en el Distrito Federal— refleja los distintos y complejos intereses de los grupos organizados que están implicados en el negocio, ya que la legislación vigente está llena de omisiones e incongruencias. En la ciudad de México la prostitución es legal pero se penaliza el lenocinio. La definición de lenocinio del Código Penal Federal no ha sido modificada desde 1931: el lenocinio se comete contra personas menores de 18 años o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o para resistirlo. En cambio, el Código Penal del DF (reformado en 2007) declara que se castigará por cometer lenocinio al que:

  1. Habitual u ocasionalmente explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por medio del comercio sexual.
  2. Induzca a una persona para que comercie sexualmente su cuerpo con otra o le facilite los medios para que se prostituya.

III. Regentee, administre o sostenga prostíbulos, casa de citas o lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitución, u obtenga cualquier beneficio con sus productos.

¿Qué significa “explotar el cuerpo de una persona”? ¿A qué se llama “obtener un beneficio por medio del comercio sexual”? Bajo esa ambigüedad cabe cualquier cantidad de actividades. La imprecisión coincide con la deliberadamente confusa redacción del Protocolo de Palermo,19 y con ella se puede consignar a cualquier familiar, socio, empresario, hotelero o amistad que realice alguna tarea o apoyo de cualquier forma a una persona que se dedique al trabajo sexual.

De esa manera el delito de lenocinio, cuya moderna acepción es la de “trata”, sirve para manifestar discursivamente un rechazo moralista al comercio sexual, mientras que en los hechos dificulta establecer formas legales de organización del trabajo sexual de quienes quieren trabajar independientemente, sin padrotes ni madrotas. Por ejemplo, si un grupo de trabajadoras decidiera rentar un local donde dar servicios sexuales, a quien firme el contrato de alquiler se la podría acusar de “lenona” o “tratante”. Así se persigue a quien trabaja en la calle al mismo tiempo que se le impide organizarse en locales cerrados. Esta ambigüedad hipócrita obstaculiza la autoorganización de las trabajadoras y el desarrollo de formas más discretas y seguras de ofrecer el servicio. Además, a esta incongruencia legal se suma el sórdido entramado de corrupción y abuso que rodea al comercio sexual, donde no sólo los que controlan el negocio logran inmensas ganancias sino también algunas autoridades delegacionales, policiacas y judiciales. Y quienes intentan trabajar por fuera de las mafias, y sin dar mordidas, enfrentan no sólo dificultades enormes sino grandes peligros.

Para empezar a “limpiar” el terreno donde se lleva a cabo el comercio sexual y para garantizar los derechos de quienes trabajan en ese sector hay que ir más allá de las posturas fundamentalistas del abolicionismo y regular el negocio. Hay que apoyar a las trabajadoras más vulnerables para que, mientras cambian las condiciones educativas y laborales de nuestro país, puedan trabajar sin riesgos y de manera independiente de las mafias o, si lo desean, capacitar para realizar otro tipo de trabajo. Además de ampliar el marco legal con nuevas formas de organización laboral es indispensable mejorar la seguridad de la mayoría de quienes se dedican a esa actividad con formas de supervisión que no permitan la extorsión. Son muchas las cuestiones que hay que analizar y debatir, especialmente porque la postura abolicionista sostenida por la CATWLAC inhibe una discusión civilizada al responsabilizar a quienes están por la regulación de ser instrumentales en la proliferación de la trata. Esto atemoriza a cualquiera, pero más a políticos y funcionarios.

Por ello es imprescindible impulsar un debate público sobre la regulación del comercio sexual, y analizar cómo el puritanismo que se ha filtrado en la discusión alimenta lo que Elizabeth Bernstein (2012) denomina el “giro carcelario” de la política neoliberal.20

Al reconceptualizar el comercio sexual como “tráfico de mujeres”, el activismo feminista abolicionista ha transnacionalizado un discurso que alienta una política punitiva, que Bernstein denomina “carcelaria”. Esta autora analiza cómo el movimiento feminista llamado “antitráfico”, que usa un discurso sobre las víctimas, facilita un control creciente sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres y produce una “remasculinización del estado”. Bernstein encuentra que anteriormente las feministas en contra de la violencia sexual tomaron la vía del activismo de base para combatirla, pero ahora acuden cada vez más al terreno judicial. La penalización legal es concebida por esas feministas como lo más eficaz para frenar a los clientes y los padrotes: “Necesitamos leyes que hagan que los varones se lo piensen antes de entrar al negocio de la explotación sexual comercial” (2012: 241). Bernstein critica que el feminismo abolicionista le haya dado la espalda a una reflexión más crítica sobre las causas estructurales (económicas y culturales) del fenómeno, y que al denunciar la “prostitución” como una forma de violencia sexual se hayan decantado hacia la penalización otorgando un respaldo ideológico al modelo punitivo neoliberal. Ella concluye que al ampliar y fortalecer la intervención judicial, en lugar de insistir en que el Estado se enfoque en las condiciones de la explotación de la fuerza de trabajo, se desplaza la problemática de la “prostitución” de los factores estructurales a las personas “delincuentes”. Esto, que ha tenido un impacto devastador en quienes se dedican al trabajo sexual, también alimenta el ascenso del modelo carcelario.

Como se ve, el debate es complejo y abarca mucho más que los argumentos sobre “las víctimas” y los “degenerados”, que es lo que se suele ventilar cuando se discute sobre comercio sexual en nuestro país. Obvio que la compraventa de sexo seguirá produciendo conflictos y desacuerdos, y que seguiremos discutiendo y discrepando en torno a estas cuestiones. Obvio también que no hay que dejar de lado ni el combate contra la trata ni las políticas de salud contra el SIDA y las ITS. Pero en última instancia los grandes cambios económicos y la creciente fluidez en el movimiento de personas, capital y servicios que provoca la reestructuración globalizada del capitalismo no deben de hacernos olvidar lo que también significa simbólicamente el comercio sexual. Liv Jessen, una trabajadora social directora del Pro Centre, un centro nacional para prostitutas en Noruega, dice: “La prostitución es una expresión de las relaciones entre mujeres y hombres, de nuestra sexualidad y los límites que le ponemos, con nuestros anhelos y sueños, nuestro deseo de amor e intimidad. Tiene que ver con la excitación y con lo prohibido. Y tiene que ver también con el placer, la tristeza, la necesidad, el dolor, la huída, la opresión y la violencia” (2004: 201). Reflexionar sobre esto es una de las maneras de acercarnos a una mejor comprensión de la condición humana y, por ende, a mejores formas de convivencia.

 

Marta Lamas
Antropóloga. Directora de la revista Debate Feminista y profesora-investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Su más reciente libro es Cuerpo, sexo y política.

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1 De esa experiencia nacieron algunos ensayos y mi tesis de maestría en etnología “La marca del género. Trabajo sexual y violencia simbólica”, ENAH, 2003.

2 Hay muchísimo publicado desde ambas posturas. Las autoras paradigmáticas de la postura que considera que siempre es violencia contra las mujeres son Barry 1987; McKinnon 1993; Dworkin 1997; mientras que en la otra destacan Agustín 2007; Day 2010; Scoular 2010; Kempadoo 2012. Una revisión de la literatura de ciencias sociales sobre trabajo sexual de 1990 a 2000 se encuentra en Vanwesenbeeck 2001, y un análisis sociológico al respecto en Weitzer 2009.

3 Si bien también hay hombres que se dedican a la venta de sexo, la dinámica y la problemática de las mujeres es muy distinta. Tanto mi investigación como mi activismo político han sido con mujeres y fundamentalmente me referiré a ellas a lo largo de estas páginas. Para escritos de las propias trabajadoras sexuales: ver Delacoste y Alexander 1987; Pheterson 1989; y Nengeh Mensah, Thiboutot y Toupin 2011.

4 Aunque las mujeres eligen la venta de sexo fundamentalmente por cuestiones económicas, también existen casos donde son las razones psíquicas las que las impulsan. Por eso también se ha investigado y reflexionado sobre los condicionantes psicológicos. Ver Welldon 1993.

5 No ocurre lo mismo con la prostitución masculina, que no subvierte el paradigma de masculinidad. La valoración de la masculina toma como “natural” y valioso que a los varones les guste el sexo.

6 Básicamente algunas organizaciones estadunidenses, como COYOTE, y muchas trabajadoras sexuales europeas. Ver Pheterson 1989 y Nengeh Mensah et al., 2011.

7 Una implicación sustantiva es la relativa a la salud pública, que no analizaré en estas páginas pero que sin duda mueve a muchos gobiernos a tomar la postura de la regulación (Rekart 2005; Day y Ward 2009; Gruskin, Williams y Ferguson 2013).

8 Uso el término call girls para referirme a quienes trabajan en departamentos, aunque en ocasiones las acompañantes (escorts) también trabajan así.

9 Este debate se ha centrado en si permitir o prohibir transacciones vinculadas al cuerpo, como la venta de órganos, el alquiler de úteros, y también la prostitución. Ver S. Madhok, A. Phillips y K. Wilson 2013.

10 Debra Satz analiza los mercados nocivos, donde incluye al del sexo, establece cuatro parámetros relevantes para valorar un intercambio mercantil y los aplica al trabajo sexual: 1) vulnerabilidad, 2) agencia débil, 3) resultados individuales dañinos y 4) resultados sociales dañinos. La vulnerabilidad y la agencia débil aluden a lo que las personas aportan en la transacción; la vulnerabilidad aparece cuando las transacciones se dan en circunstancias de tal pobreza o desesperación que las personas aceptan cualquier condición, y la agencia débil se da cuando en las transacciones una parte depende de las decisiones de la otra parte. Los otros dos parámetros (daños individuales y sociales) son característicos de los resultados de ciertos mercados cuando posicionan a los participantes en circunstancias extremadamente malas, por ejemplo, en las que son despojados o en las que sus intereses básicos están aplastados. También eso produce resultados extremadamente dañinos para la sociedad, pues socava el marco igualitario que requiere una sociedad y alienta relaciones humillantes de subordina- ción. Ver Satz 2010.

11 Me sorprende el paralelismo que se da con el aborto. No es que a quienes luchamos por la despenalización del aborto nos parezca tal intervención la mejor de las prácticas, y propongamos su regulación para que más mujeres aborten, sino que pensamos que la penalización produce males mayores, que la regulación abate.

12 Para un panorama sobre los riesgos sanitarios que tiene el trabajo sexual y la importancia de una política de salud pública ver Rekart 2005 y Gruskin, Williams y Ferguson 2013.

13 Llamo “maternalismo” al paternalismo de las feministas abolicionistas, que pretenden “rescatar” y “salvar” a las mujeres, aun en contra de sus deseos y su voluntad.

14 En México Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” A.C. es integrante de la Red Latinoamericana y del Caribe contra la Trata de Personas, que es el capítulo regional de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW, por su nombre en inglés).

15 Respecto al pánico moral Sophie Day (2010) establece un paralelismo entre la situación actual y la época victoriana. Day señala que durante tal época, con sus intensas transformaciones económicas y sociales, el pánico moral en torno a la prostitución, la “trata de blancas” y la enfermedad venérea (en especial la sífilis) expresó las angustias culturales respecto al cambiante papel de las mujeres y a los procesos de inmigración y urbanización. Alentadas por una amplia coalición de feministas y grupos religiosos que había decidido “rescatar” a las mujeres, aparecen las leyes sobre “enfermedades contagiosas” (1864, 1866 y 1869) que perfilaban a la prostituta como peligrosa física y moralmente al mismo tiempo que la consideraban vulnerable. Así se justificó la regulación moral, social y legal de muchas mujeres solteras de la clase trabajadora, para que la salud moral de la sociedad quedara a salvo. También Jane Scoular (2010) comparte tal equiparación y añade que el espectro de la esclavitud sexual servía como cortina de humo para tapar otras cuestiones, como la esclavitud colonial. ¿Qué estará tapando hoy en México el espectro de la trata?

16 Debido a su ilegalidad hay escasas estadísticas sobre el número de mujeres que se dedican al comercio sexual. Brigada Callejera, usando un modelo de la Organización Internacional del Trabajo sobre el sector sexual para estimar la cantidad de personas que se dedican al trabajo sexual, estima en 800 mil mujeres, de las cuales 200 mil son menores de 18 años, en nuestro país. Para ver el modelo, consultar ILO 1998.

17 Esa es justamente la postura de Brigada Callejera, que ha publicado varios manuales sobre trata dirigidos tanto a las trabajadoras sexuales como a los funcionarios que tienen a su cargo las políticas públicas. Ver Brigada Callejera 2013.

18 Este discurso intimidatorio ya se lo han aplicado a la Secretaria del Trabajo del GDF, por acatar la resolución de la Juez Primera de Distrito, que resolvió que había que reconocer el carácter de trabajadores no asalariados de quienes se dedican a ofrecer ese servicio en vía pública.

19 Es el Protocolo de la ONU que se firmó en diciembre de 2000 en Palermo, y que con la influencia del gobierno de Bush introdujo la confusión entre trata y prostitución. Ver Saunders 2004 y Weitzer 2010.

20 El análisis de Bernstein se inscribe en una tendencia crítica donde varios autores analizan la relación entre las estrategias carcelarias contemporáneas para la gobernanza social con la agenda económica neoliberal. Indudablemente hay varios aspectos del problema vinculados con otras transformaciones culturales del capitalismo tardío que ella no analiza al acotar su reflexión al comercio sexual.

 

La Corte Constitucional colombiana y el trabajo sexual

 

Por Marta Lamas , 24 diciembre, 2016

http://www.proceso.com.mx/467222/la-corte-constitucional-colombiana-trabajo-sexual

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CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En enero de este año una docena de trabajadoras sexuales estaban sentadas en un parque de Bogotá cuando llegó la policía, las cercó, las insultó, les robó sus pertenencias y las condujo a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ). Esta acción se dio en el contexto de operativos para la recuperación del espacio público. Cuando una activista intervino en su defensa, la Policía le respondió: “En vez de estar defendiéndolas por qué no educan a esas putas hijueputas”.

Dos de las agraviadas presentaron una acción de tutela en contra de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Ministerio del Trabajo y otras dependencias gubernamentales. Declararon que ellas hacen uso del espacio público como cualquier otro ciudadano, y que en el parque llegan a acuerdos con sus clientes tal y como otras personas pactan allí sus encuentros o sus negocios. Denunciaron que la detención policiaca es parte de un patrón persistente de prácticas arbitrarias de la Policía Metropolitana de Bogotá, que despliega acciones sistemáticas de violencia en contra de ellas, como amenazarlas con trasladarlas a la UPJ si no pagan una suma de dinero o ahuyentarles los clientes con rumores de que ellas son VIH positivas.

Las trabajadoras sexuales también señalaron que el hecho de no contar con normas laborales que las protejan –como cualquier otra persona– tiene como consecuencia el trato arbitrario y violento al que la Policía las somete. Por ello solicitaron la acción de tutela, que protegería sus derechos al trabajo, a la integridad personal, a la libre circulación, a la no discriminación en razón de su dedicación laboral y a estar libres de violencia.

El pasado 3 de octubre, la Corte Constitucional de Colombia emitió su resolución T-594 sobre trabajo sexual y espacio público, que bien valdría la pena que se conociera en México. Desde 2010 esa Corte reconoce derechos laborales a quienes se desempeñan en la prostitución y que la licitud de su quehacer no está sujeta a un momento determinado del día.

En el caso en cuestión, la Corte fue más lejos al difundir la sentencia T-629, de 2010. En ella puntualizó que la aplicación de las medidas administrativas de “recuperación de un espacio público” por parte de la Policía implica un fundamento discriminatorio, pues excluye a las trabajadoras sexuales del espacio público. Para la Corte colombiana, esta concepción de la Policía se fundamenta en estereotipos del trabajo sexual que, además de que tienen un impacto en la dignidad de las personas que lo ejercen, perpetúan la percepción de éstas como un grupo indeseable y sin valor. Asimismo, dichos prejuicios contribuyen a que quienes realizan esta labor sean tratadas de forma violenta tanto física como psicológicamente.

La Corte colombiana señaló que los trabajadores sexuales merecen una especial protección constitucional al ser un grupo tradicionalmente marginado y discriminado en razón de su actividad. De la prostitución se derivan estereotipos negativos que han excluido a quienes lo ejercen de la protección del derecho. También la Corte argumentó la necesidad de generar un diálogo con representantes de los trabajadores sexuales, de la sociedad civil y de las autoridades e incluso de los usuarios de estos servicios para articular una política comprensiva frente a dicho tipo de labor.

Además de conceder el amparo a las dos demandantes, la Corte estableció ciertas órdenes y exhortaciones que constituyen una pauta muy positiva. Éstas son algunas:

1) Ordenó a la Policía Metropolitana de Bogotá que se abstenga de utilizar la política de recuperación del espacio público para limitar el derecho a la libre circulación de las trabajadoras sexuales.

2) Ordenó a la Alcaldía Mayor de Bogotá que dé prioridad al desarrollo de una política pública que genere oportunidades para las personas en ejercicio del trabajo sexual y que en el término de dos meses instale una mesa para su conceptualización, donde se incluya a representantes de ese sector y de organizaciones civiles, así como integrantes de la sociedad civil, para que en un plazo máximo de un año instaure el programa de oportunidades para esta población.

3) Ordenó a la Alcaldía Mayor de Bogotá que, junto con la Defensoría del Pueblo, imparta capacitaciones a la Policía Metropolitana de Bogotá acerca de la importancia del trato digno a los trabajadores sexuales y la prohibición de maltrato verbal y físico.

4) Exhortó al Ministerio del Trabajo a que elabore una propuesta de regulación sobre la prostitución de acuerdo con los lineamientos establecidos en su resolución y que priorice la adopción de medidas que protejan a quienes la ejercen legalmente.

En México tenemos mucho que aprender de la reflexión jurídica y de derechos humanos que sostienen las sentencias T-629 y T-594 de la Corte Constitucional colombiana. En este momento, ante el embate de quienes proponen la erradicación total del comercio sexual, tiene especial relevancia la regulación del trabajo sexual como una labor que requiere la protección legal de las personas que se dedican a él. Ojalá y avanzáramos en esa dirección.

 

Linda Iriane: “La prohibición es el gran proxeneta”

Por Enrique Campos

24 noviembre, 2016

http://www.factorymag.es/factoryvips/linda-iriane-la-prohibicion-es-el-gran-proxeneta/45521/

 

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Linda Iriane llegó al mundo en México DF hace 37 años. Clase media, buen nivel cultural, viajera. Desde los 20 años ha ejercido la prostitución de manera más o menos intermitente. También ha explotado su faceta de licenciada en Arte Dramático. De hecho, Linda se considera actriz antes que cualquier otra cosa, porque “el trabajo sexual no me define”. Pero es el sexo su modus vivendi, lo que paga las facturas, y también lo que marca una carrera artística minada de performances y pequeñas piezas de teatro nacidas para dar respuesta a los tabúes y prejuicios que ha tenido (y que tiene) que vadear por formar parte del mercado de la carne.

Se ha dejado por algún rincón, entre Barcelona y Amberes, el acento mexicano, pero conserva y cultiva el espíritu peleón de su madrina ideológica, Frida Kahlo. Y necesita esa actitud, viviendo como vive entre la trinchera del beaterío y la de los feminismos sobreprotectores. Las balas de la moralidad rancia y del prohibicionismo políticamente correcto silban cerca. Facciones que, lamenta, sólo están interesadas en exponer las miserias de la trata de blancas, las historias de terror de las que nunca tuvieron la oportunidad de decidir. Linda la tuvo, y decidió. Está donde quiere estar. De la girlfriend experience a cambio de dinero (lindairiane.com) al Salón Erótico de Barcelona  con un espectáculo BDSM inspirado en la colonización; de sus servicios porno vía webcam a la dirección del corto Frida XP. Guste o no guste, esta es su vida.

¿Cuánto hace que te dedicas a la prostitución?

Empecé a trabajar en México D.F. y en Los Ángeles a los 22 años, pero no ha sido algo continuo. Ha ido por etapas. La industria del sexo es un poco así; vas, vuelves, trabajas un tiempo, alcanzas un objetivo y luego descansas…

¿Qué objetivos son esos?

El dinero, claro. Como en todos los trabajos. Para pagar facturas. La diferencia es que en la prostitución ganas algo más que para pagar tus facturas. Dinero para comprarte un piso, comprarte un coche, pagarte la universidad. Yo empecé en esto para pagarme la universidad.

¿Crees que eras lo suficientemente madura a los 20 años para meterte en esto?

Yo lo tenía súper claro. Sabía que era una herramienta para pagarme mis estudios universitarios. Ahora, con 37 tacos, pues tengo otros objetivos, pero yo creo que con 18 o 20 años estás totalmente segura de lo que estás haciendo. Ya eres mayor de edad. Al menos yo estaba muy segura.

¿Es diferente con la pornografía? Esas imágenes quedarán ahí para siempre…

Sí, con la pornografía fue distinto precisamente por eso, porque tu cara se queda ahí estampada para toda la vida y cualquier persona te puede encontrar, sobre todo tu familia, tu pareja. Meterme en la pornografía fue una decisión que me llevó años tomar. Yo, cuando decido hacer porno, ya he leído como cincuenta mil tesis feministas y me doy cuenta de que todo es un engaño patriarcal con el que me quieren joder por escalar socialmente, o tener muchos más ingresos, o ser una mujer totalmente independiente, sin estar casada, sin estar emparejada. Catherine Hakim ha escrito un libro muy interesante, El capital erótico, y ahí dice que si el estigma no existiera habría muchas más mujeres dedicándose a la prostitución. Trabajas poco, ganas mucho y te dedicas a crecer como persona. Yo he tenido trabajos “convencionales”, y cuando más tiempo he tenido para dedicarme a mi faceta artística, a mi familia, seguir con mi doctorado, ha sido ejerciendo la prostitución, porque es el único trabajo que me da ese espacio, ese tiempo y esa seguridad.

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Sabes que incluso dentro de los feminismos hay dos posturas antagónicas respecto a la prostitución; están las abolicionistas y las que exigen que se permita a las mujeres decidir hacer lo que les dé la gana con sus cuerpos. Como feminista y como activista, ¿cómo te explicas a ti misma y le explicas al mundo que la prostitución no tiene por qué ser machista?

Creo que es una cuestión de información. Por ejemplo, las abolicionistas han ocupado casi todos los espacios de discurso feminista, han ocupado las instituciones. Pero es algo generacional. Por regla general las abolicionistas son de otra generación y han vivido otras cosas. Ahora bien, ¿cómo explico que la prostitución no es machista? Pues no es machista desde el punto y hora que tú decides introducirte en la profesión. Luego, cuando ya conoces a fondo la industria, te das cuenta de que en realidad es un servicio. Lo que el cliente contrata es una cosa muy concreta, y lo más sorprendente de esto es que ellos, los clientes, suelen ser gente súper educada, súper buena onda, y están en un plan mucho más pasivo de lo que la gente cree. La gente cree que llegan y te dicen: “Hazme de todo por 20 euros”… Y para nada es así. Están más a la expectativa y como muy conscientes –te lo digo desde mi experiencia y desde muchas experiencias de otras compañeras- de que están con una profesional, y esto te empodera. Pienso que la pornografía y la prostitución son de los espacios donde las mujeres tienen más libertad de movimiento.

Una compañera tuya, Natalia Ferrari, dejó hace poco el siguiente titular: “Las putas follamos con quien nos apetece y eso a la gente le jode”. ¿Con quién “os apetece”? Nadie o casi nadie hace lo que le apetece cuando se trata de trabajo.

Creo que a lo que se refiere Natalia… Mejor dicho, a lo que yo me voy a referir, es a que decimos que estamos con los clientes que nos apetece porque nosotras los seleccionamos. Tenemos un filtro, y si viene un gilipollas, o si te llama un gilipollas, lo pones en la lista negra. Como tía que sabe  lo que quiere de la vida tú no estás con un tío por 200 euros si es un gilipollas. Tienes la facilidad, o la opción, de poder escoger a todos tus clientes. Que disfrutes o no disfrutes con ello, eso es otra cosa. El trabajo, el trabajo en general, no sólo la prostitución, es horroroso. Yo soy anticapitalista y antipatriarcado. El trabajo a nadie nos viene bien, eso no hace falta ni decirlo, pero hay que trabajar. (Risas) Entonces, desde esa perspectiva todos los trabajos son malos para los seres humanos… No sé si me estoy explicando bien…

Perfectamente. Aunque a veces no queda claro si hablamos de prostitución en España, de prostitución en el mundo… Si hablamos de países del Tercer Mundo no sé si podemos apelar a la voluntariedad.

A ver, yo soy de un país del Tercer Mundo, soy mexicana, y trabajé en el DF, y ganaba por noche, sin follar, solamente desnudándome, 300 dólares…

Pero el DF no es Thailandia ni Filipinas, ni el África subsahariana. México no es el Tercer Mundo…

Ya… Pero, a ver… Si nosotras, en España, que tampoco es un súper país primermundista, estamos insistiendo en esta reivindicación de la prostitución, insistimos en que hemos tomado esta decisión y estamos muy seguras de ella, y algunas damos la cara, no entiendo por qué la gente quiere seguir mirando para otro lado. Con esa cantinela: “Es que vosotras sois casos aislados”. ¿Por qué no darnos ese espacio y ese protagonismo? ¿Por qué no atendemos a estas señoritas, que están hablando de una reivindicación del trabajo autónomo, y dejamos de mirar a lo otro? O sea, está claro que en occidente las cosas son más fáciles, que son sociedades del bienestar. ¡Por supuesto! Eso no te lo voy a negar, pero… ¿Por qué siempre tenemos que desviarnos hacia lo sórdido cuando hablamos de prostitución si nosotras lo que tratamos es de normalizar la prostitución? Es lo que le preguntaría a toda la gente que quiere insistir en eso.

Forma parte de una realidad que está ahí y que, por desgracia, abunda mucho más que tu caso.

Está claro. Si me preguntas por las prostitutas del barrio de La Merced en el DF, pues eso es súper sórdido y súper chungo, pero esas cosas se arreglarán en otro momento. Nosotras ahora queremos un poco de atención para esta normalización de la que te hablo.

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Quizá cuando algunas habláis de elegir a los clientes se piense antes en la escort de lujo que en la prostituta que trabaja en un burdel o la que hace la calle.

De esto tienen también mucha culpa los medios de comunicación y el feminismo abolicionista, que han impregnado de sordidez este trabajo para deslegitimarlo. Lo primero que nos viene a la cabeza al hablar de prostitución es una víctima, una esclava… Todo esto tiene que ver con la desinformación. Porque no es cierto que lo de elegir a los clientes sea exclusivo de las escorts de lujo. Yo he trabajado también en burdeles y sí que puedes escoger. Tienes una cierta presión de la madame o de los jefes pero tú te puedes negar rotundamente a atender a un cliente, sin ningún problema. Si la prostitución fuera legal, sería otra cosa, ni siquiera tendrían sentido los burdeles; todo el mundo se organizaría y cada una iría por su cuenta.

¿En general las prostitutas están dispuestas a que la profesión se regularice y a “salir del armario”? Cotizar como prostitutas, aparecer ante Hacienda (y ante la sociedad) como prostitutas…

Te voy a decir una cosa; a no ser que haya muy poca información o sea una prostituta analfabeta, que lo dudo, porque en el simple ejercicio de la prostitución ya hay un espacio de “peligro” y todas las prostitutas que he conocido son tías muy listas y muy espabiladas, y súper seguras de sí mismas –te hablo de burdeles, donde se quedan con el 50% de lo que ganas-, a no ser que sea una burra, te decía, todas están a favor de la legalización, todas estaríamos dispuestas a pagar nuestros impuestos. Eso significaría que podríamos acceder a comprar una vivienda, a la Seguridad Social y a todos los privilegios de la sociedad del bienestar. Las únicas personas a las que no les interesa que esto se legalice son los empresarios y el gobierno. Y por eso estamos como estamos.

No me imagino a un cliente pidiendo factura…

Aquí hay otro problema: el estigma. Es una de las cosas en las que me concentro mucho como artista; mis obras lanzan mensajes muy duros para tratar de desestigmatizar esta profesión. Cuando se deje de estigmatizar a las prostitutas y a los clientes, y el trabajo sexual se normalice, va a ser todo muy distinto. Por eso las prostitutas casi nunca dan la cara, por eso están escondidas, porque el estigma pesa tanto… Y no solamente en tu persona, porque al fin y al cabo tú eres puta y eres una tía muy echá p’alante, es que ese estigma recae igual en tu familia, en tus seres queridos, y eso es lo más jodido. Y con el cliente pasa lo mismo. También me parece una cuestión que tiene que ver con el patriarcado. No podemos disfrutar de la prostitución y el sexo. Es una idea muy judeocristiana e incluso a los hombres se les obliga a descargar sus más profundas fantasías en el espacio sórdido que es el burdel. Todo está muy bien montado en ese sentido, ¿no? Aquí nadie puede disfrutar de nada. Es además una construcción puramente capitalista.

¿Qué mayor ejemplo de capitalismo puro y duro que pretender ganar tanta pasta tan rápido?

No, yo creo que la mayor manifestación del capitalismo son los burdeles que se quedan con el 50% del trabajo de la prostituta. La gran industria del sexo, que gana pasta a montones a costa de las putas. Esa es la máxima expresión del capitalismo en la industria del sexo. Como autónoma tienes derecho a ganar lo que tú quieras.

Pero lo has dicho antes, siempre es un tema de dinero…

¿Y por qué una mujer no va a ganar dos mil euros en una tarde y empezar a pagarle la universidad a sus hijos? O comprarme un piso… No sé cuánto ganas tú, pero hay mujeres artistas que eso lo ganan con un suspiro, y nadie las cuestiona. Sobre todo, no lo ganan a costa de los demás.

¿El problema es otorgarle al sexo una dimensión diferente al trabajo de una camarera o una abogada?

Exacto. El sexo está satanizado en nuestra gran cultura occidental y católica, y ya, de entrada, es algo oscuro, sórdido, impenetrable… No podemos disfrutar de nuestros cuerpos abiertamente y con libertad.

El sexo, follar, se considera  algo muy íntimo. Algo que no se vende…

Y algo sagrado. Y en el caso de la mujer, o como buena mujer, todo lo que tiene que ver con los cuidados de la vida, la reproducción, tiene que ser gratis. Los servicios domésticos, la maternidad, el cuidado de los hijos, el cuidado de los mayores, y el sexo. Todo eso es sagrado. Y gratis. Es una gran falacia del patriarcado. El sexo no es sagrado, el sexo es un negocio también.

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Me dijiste una vez que la mayoría de los clientes se preocupan por satisfacerte. Esto me sorprendió muchísimo…

(Risas) Me lo imagino… Mira, te voy a decir a una cosa, yo he disfrutado muchísimo con mis relaciones personales, por supuesto, pero la diferencia entre cómo me tratan los clientes y cómo me han tratado mis parejas ha sido siempre abismal. Los clientes son súper atentos y a mí me tratan como a una reina. He recibido tantos halagos de los clientes, me he sentido tan poderosa, mi autoestima ha subido tanto con los clientes, que es impresionante. Esa demonización del putero es puro mito patriarcal y moral. Los clientes son gente normal. Hace poco decía una compañera, Montse Neira, refiriéndose a lo de multar a los clientes: “Preparaos para que multen a vuestros esposos, a vuestros tíos, a vuestros hermanos y a vuestros padres”. (Risas) El 80% de los hombres van de putas…

¿El 80%?

Pues no iríamos muy desencaminados. Es como un ritual masculino…

Aun así, el cliente, si no es un absoluto ingenuo, es un tipo que se va a la cama con una mujer sin importarle si ella va a disfrutar.

Primero, para este trabajo hay que valer, ¿eh? Como para todos los trabajos. Para ser periodista hay que valer, y para ser artista… Para ser puta también hay que valer. Como puta debes tener una gran curiosidad sexual, y una libido alta. Igual la chica que está en el burdel no disfruta con el quinto cliente de la noche, pero sí disfruta con los tres primeros. Las mujeres tenemos mucha más capacidad sexual que los hombres. Tú lo sabes… Nosotras podemos follar hasta con diez tíos, sin problema. Así que por ahí te la cuelo (Risas).

Si las mujeres demandaran en masa “prostitutos”, ¿esta historia cambiaría?

¿En qué sentido?

No se estigmatizaría, como tú dices, al hombre que ofreciera sus servicios a una mujer. Al contrario, los tíos envidian a los gigolós. Es una fantasía, incluso.

¿Ves lo perverso del patriarcado? Si fueran los hombres los que follasen por dinero estarían en un pedestal, pero como son las mujeres las que se dedican a esto; las mujeres, que no pueden disponer como les dé la gana de su cuerpo, y encima comercializar con la vagina, esa parte del cuerpo tan virginal y tan sagrada… Si tú te dedicas a eso eres puta, y el estigma lo vas a llevar encima siempre. En cambio, un tío que hace dinero con su polla pues es casi un dios.

Sucede en el cine. Compara American Gigoló, que es de las pocas películas mainstream que hablan de prostitución masculina, con las dos mil películas sobre prostitución femenina.

Como artista insisto mucho en eso. La cultura, como todas las actividades de esta sociedad occidental, también se ha encargado de fabricar un estereotipo. Un estereotipo de mujer y un estereotipo de hombre. Por eso me propuse hacer vídeos, performances; mandar otro tipo de mensajes para repensar todo esto. La cultura se ha encargado de crear a esa virgen… Ya nos remontamos a la Biblia. María y Magdalena… O María o Magdalena, no hay más margen de actuación para una mujer.

Pero Jesús defiende a Magdalena, a la puta…

Desde luego, pero yo me refería a esos dos estereotipos femeninos tan marcados…

¿Lo más complicado es el tema de los hijos?

La mayoría de las prostitutas son madres, esto queda claro, ¿no?

Hombre, si el 80% de los tíos se van de putas, se entiende que hay bastantes madres…

La principal razón por la que te metes en la prostitución es para ganar dinero ya. Y eso, si una prostituta en madre es como… Me lanzo. Voy a pagar el alquiler, voy a sacar adelante a mi familia… Las que son madres no se lo piensan dos veces. Y ya te he dicho que, por regla general, las prostitutas son mujeres con mucho bagaje, que han vivido mucho.

¿Cuáles son las ideas, o las asunciones, respecto a la prostitución que hay que desterrar?

(Se lo piensa) Qué ideas… Bueno, la primera es que se trata de un trabajo sucio, y que el sexo es sagrado, que no puede venderse. Que las prostitutas son analfabetas y tontas, o que son drogadictas… Toda esta desvalorización de la mujer prostituta, como que tiene poca capacidad de reflexión. Y, en general, creer que las mujeres son incapaces de empoderarse, de ganar dinero y de granjearse una seguridad por sí mismas, sin necesidad de un hombre, y que su vagina es propiedad de Dios. Hace falta mucho curro para cambiar estas ideas, pero en eso estamos.

¿Y esto va a suceder en un futuro cercano?

No sé si en un futuro cercano, pero tendrá que suceder. Como pasó con el divorcio, o con las sufragistas. Pero todo esto se va a solucionar, o va a empezar a solucionarse, cuando la prostitución se regularice. La ilegalización es el gran proxeneta. Quienes más se lucran con la ilegalización son las redes de trata de blancas. Mira, yo he viajado por toda Europa y he trabajado por toda Europa, y los países donde la prostitución es ilegal, como Irlanda, están llenos de traficantes de putas. ¿Por qué? Porque es ilegal. En cambio, yo estuve viviendo un año en Bélgica, en Amberes, y allí no hay tráfico, es un tema legal y se considera incluso parte de la industria del ocio. Para los belgas irse de putas es como ir al bar… O casi. ¿Y qué más da? La gente quiere sexo, y quiere hacer un montón de perrerías en la cama… No tiene nada de malo. Igual tú estás casada con un tío, llevas con él tres años y estás ya hasta el coño de hacerle mamadas… O él echa una cana al aire con una puta. Quiere que lo azoten, quiere que lo meen, y eso no se lo va a pedir a su novia ni a su mujer. (Risas)

Tal vez deberían pedirlo. O hablarlo, al menos…

Pero es por una cuestión puramente moral, porque sí, tienes razón, deberían pedírselo a sus novias y a sus mujeres. Pero así está construido esto… 

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Ahora hay más jóvenes que se van de putas que nunca. Esto no deja de asombrarme…

¿Por qué? Yo tengo algunos clientes muy jóvenes…

Porque en teoría vivimos en una sociedad más abierta, menos reprimida… Que se fuera de putas mi abuelo, vale…

Mira, yo tengo tres clientes jóvenes, de 20, 21 años. Jóvenes guapísimos, divinos… Antes no me gustaba atender a gente de esa edad, porque son bastante pesados en la cama, ¡son agotadores! (Risas) Te dejan hecha polvo, los cabrones. Pero ahora sí me gusta atenderlos porque hemos entablado una relación más de amistad, más de confianza, y siempre te están preguntando cosas. Y a mí me gusta que los jóvenes vengan con nosotras, porque les vas enseñando cosas. Por ejemplo, si de repente uno suelta un comentario machista lo callo. “Oye, no hables así de tu novia, o no hables así de tu madre, o de tu hermana…”. O, “a ver, cariño, no te puedes correr tan rápido”… “No puedes cogerme como si fuera yo una vaca”…

O sea, que los educas…

¡Claro! Hombre, siempre estás educando a tus clientes. Casi todo el tiempo. Pero esto mola en la gente joven, los vas educando y ellos van también comprendiendo, porque en el fondo suelen estar súper perdidos…

¿Crees que el cliente que va con una escort luego folla mejor con su mujer?

Sí, por supuesto. (Se ríe) Como decía aquel, somos el contenedor emocional. Claro, van más relajados, más seguros. El hombre siempre tiene ese complejo de no poder satisfacer a las mujeres, siempre tiene esa mosca detrás de la oreja. Y con una prostituta puede explayarse.

Comparo el trabajo de una escort con el de un deportista. Utilizan su cuerpo y el cuerpo tarde o temprano empieza a decaer. Un deportista de élite tiene que dejarlo alrededor de los 35, a los 40 si es una fuerza de la naturaleza. ¿A qué edad suelen dejarlo las prostitutas?

La naturaleza desde el feminismo es una construcción cultural. Naturalmente, eres propensa a ser madre, naturalmente das amor sin nada a cambio, naturalmente, las tareas de cuidado las hacen mejor las mujeres, es decir, la naturaleza desde el feminismo es mera construcción patriarcal, para tener beneficios a costa de nosotras. Así que “por naturaleza”, en la prostitución, nada. Conozco a escorts de 40 a 50 años que trabajan un montón. Incluso más que las de las generaciones más jóvenes. La edad y la belleza de las mujeres, otra falacia. En nuestro gremio eso se está superando. ¿Que el cuerpo decae? Depende. Vivimos de nuestro cuerpo, así que lo cuidamos. Hay clientes que sólo salen con chicas mayores de 30. Hay para todos los gustos. Y dejas el trabajo cuando quieres, esa es la verdad. Mis objetivos son tanto económicos como personales. Supongo algún día lo dejaré… o no. A ver, claro que hay que jubilarse. Como cualquier trabajadora, aunque cada cual debería decidirlo por su cuenta. No me atrevo a decirle a una compañera de 55 años, que quiere seguir trabajando, porque le apetece o porque necesita dinero, la edad a la que debe jubilarse. Cuando tengamos derecho a la jubilación, como el resto de españoles, entonces supongo que trazaremos planes más concretos para jubilarnos lo antes posible, algunas a los 40, algunas a los 60… No lo sé. Mientras eso no exista, el plan es ahorrar, ahorrar y ahorrar.

Sigue a Linda en Twitter.

*Fotos, cortesía de Galopbcn y Martín Yusti.

 

Prostitución: ¿quién define los derechos?

15 de mayo de 2014

Claudia Torres

http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=3801

 

prostitucion

 

A nivel federal y en el Distrito Federal, cada vez hay más intentos por configurar y modificar el régimen legal de la prostitución, tanto voluntaria como coactiva.[i] En abril de 2014, fue presentada una iniciativa para regular el ejercicio libre de la prostitución a nivel federal. En 2012 y 2013, fueron aprobados múltiples proyectos de ley de trata de personas y al menos un proyecto de reforma a esta ley.[ii] En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, igualmente se han presentado iniciativas para regular la prostitución.[iii] La ley local de trata de personas entró en vigor apenas en marzo pasado.

¿Por qué es importante resucitar los proyectos que ya se quedaron en la congeladora y discutir los que están a punto de presentarse? La respuesta obvia es que la prostitución se asocia con problemas en materia de salud, igualdad, seguridad e integridad, tanto de las prostitutas como de los clientes y vecinos. La respuesta no tan obvia es que, detrás de las discusiones sobre prostitución, está el tema de quién define los derechos de quién.

Ciertos grupos feministas radicales y conservadores se oponen a la prostitución, por considerarla contraria a los derechos humanos o, más específicamente, a la dignidad humana. Ni hablar de un régimen de regulación. Miembros de ambos grupos sostienen que ejercer la prostitución es indigno: siempre es una violación de los derechos humanos. En San Pablo y Santo Tomás, por ejemplo, la prostitución sería indigna porque el hombre es alma y cuerpo, o al menos un cuerpo de Dios. La fornicación —definida por oposición al matrimonio— corrompe el cuerpo del hombre, alejando a éste de Dios. Por su parte, Kathleen Barry dice que, en un mundo de dominación masculina, cada interacción social deshumaniza. Las mujeres sólo pueden vivir la interacción sexual como opresión. La prostitución es la peor forma de deshumanización, porque normaliza esas interacciones.

Increíblemente, la prostitución y la pornografía pusieron de acuerdo a radicales y conservadores. Al invocar los derechos y la dignidad (de las mujeres), ambos grupos presuponen un orden. Las radicales contienden el orden social (la estructura patriarcal) y los conservadores defienden el orden moral (dado por Dios). Los órdenes que conciben feministas y conservadores establecen tipos y valores con los que se miden a los hombres y mujeres concretos, sus experiencias y sus percepciones. Estos órdenes establecen los significados válidos que las personas pueden dar a sus derechos. Cuando algunos individuos hablan de tener derecho a ejercer la prostitución, su interpretación de los derechos es negada. Barry es clara:

Aunque las mujeres y los hombre puedan experimentar el sexo como algo que no transgrede la dignidad y el respeto personal, sus experiencias no son sino externas y excepcionales dentro de la estructura del poder patriarcal. Y esas experiencias no excluyen la opresión que sufre la clase de las mujeres por la prostitución de la sexualidad (p.60)

El sujeto aislado es marginal en la configuración de los derechos. Los derechos no le pertenecen al titular, sino a Dios, a las mujeres como grupo o, mejor dicho, a los intérpretes de estas voces. No critico las posturas conservadora y radical por malas en sí, sino por dañinas e incongruentes.

Dañinas, porque quienes actualmente ejercen el trabajo sexual, lo hacen sin la protección del derecho. Sistemáticamente, se ha negado la protección que las prostitutas exigen como madres,[iv] hijas,[v] solicitantes de amparo,[vi] inculpadas,[vii] y como trabajadoras.[viii] Los argumentos conservadores y radicales no contribuyen al cambio de este status quo.

Incongruentes, porque los derechos constitucionales se estructuran como principios superiores a la ley; en estos, cada uno tiene que verse reflejado y construirse un espacio de protección individual. Tan es así que la Corte, cuando resuelve sobre derechos fundamentales, debe orientar su interpretación a favor del individuo y constituirlo a él como límite de las leyes.[ix] Los argumentos de radicales y conservadores tienen una pretensión de orden que, en mi opinión, contradice la teoría constitucional contemporánea. La teoría actual afirma que todos y cada uno tenemos derechos por ser humanos: yo diría, por nuestra capacidad de razonar, encontrarnos un lugar en el mundo y significar nuestros derechos. La pretensión de orden no reconoce interpretaciones particulares, porque no tolera divergencias ni relativismos. Lo preocupante es que se puede ocultar tras, y reforzarse en, un lenguaje de derechos.

Los legisladores que tienen las iniciativas sobre su escritorio deben discutir el tema y, al hablar de derechos, preguntar: ¿según quién?

Claudia Torres Patiño. Asistente de Investigación del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE. Estudió Derecho en el CIDE; actualmente, termina su tesis de licenciatura sobre trabajo sexual.

________________

[i] Distinguir entre prostitución coactiva y voluntaria es una toma de postura al interior del debate feminista sobre prostitución. Para mí, la prostitución es el género. La trata de personas (prostitución coactiva) y el trabajo sexual (prostitución voluntaria) son especies de ese género. Para una parte (radical) del femnismo, la prostitución nunca puede ser voluntaria. Para una introducción al debate, vid Maggie O’Neill, “Feminism(s) and Prostitution”, Prostitution and Feminism. Towards a Politics of Feelings (Maiden: Polity, 2001), 15- 31.

[ii] Ver Cámara De Diputados, Exposición de Motivos de la Iniciativa de Diversos Grupos Parlamentarios, Gaceta Parlamentaria No. 3321 (8 de agosto, 2011). Con estas iniciativas, el 14 de junio de 2012 fue promulgada la ley en material de víctimas de trata de personas vigente. Sobre la reforma a la ley de trata, vid Cámara De Diputados, Exposición de Motivos de la Iniciativa del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, Gaceta Parlamentaria No. 3648-III (20 de noviembre, 2012).

[iii] Vid “Proyecto de Ley que Regula el Sexoservicio en el Distrito Federal,” Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, No. 12 (21 de abril de 1997), 10. Vid también Ley que Regula el Sexoservicio en el Distrito Federal y deroga la fracción VII del artículo de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, arts. 7; 8; 12; 18; y 23. Vid “Ley que crea la Ley para la Regulación del Sexoservicio en el Distrito Federal”, Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, No. 103 (noviembre 31, 2013). Vid Iniciativa de Ley del Trabajo Sexual para el Distrito Federal, arts. 7; 9, 25, fracciones I, IV y V, Gaceta Parlamentaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, No. 11 (19 de octubre de 2004), 46.

[iv] Ver tesis de rubros “HIJOS HABIDOS FUERA DE MATRIMONIO MENORES DE CINCO AÑOS, CUSTODIA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO)” y “PATRIA POTESTAD, PERDIDA DE LA, EN CASO DE DIVORCIO (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO)”.

[v] Ver tesis de rubros “CORRUPCIÓN DE MENORES, DELITO DE (LEGISLACIÓN PENAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN).” y “CORRUPCIÓN DE MENORES. PROSTITUTAS”.

[vi] Ver tesis de rubros “PROSTITUCIÓN, CASAS DE.”, “PROSTITUCIÓN, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE PROHIBIR EL EJERCICIO DE LA, EN DETERMINADAS ZONAS” y “PROSTITUCIÓN, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA LA RESTRICCIÓN DEL EJERCICIO DE LA.”.

[vii] Ver tesis de rubros “CONDENA CONDICIONAL. MODO HONESTO DE VIVIR. MERETRICES.”, “CONDENA CONDICIONAL. MODO HONESTO DE VIVIR.”, “CONDENA CONDICIONAL.”, “CONDENA CONDICIONAL, NEGATIVA (PROSTITUCIÓN).” y “PROSTITUCIÓN. SU EJERCICIO NO PUEDE CONSIDERARSE MODO HONESTO DE VIVIR PARA LOS EFECTOS DE LA CONDENA CONDICIONAL.”.

[viii] Ver tesis de rubros “PROSTITUCIÓN, REGLAMENTACIÓN DE LA.” y “VAGANCIA Y MALVIVENCIA.”.

[ix] Ver tesis de rubro “PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.”

 

La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México frente la prostitución

Claudia Torres

octubre 19, 2016

 

http://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?author_name=claudia-torres-patino

 

“En mi experiencia, la vida cotidiana de los grupos que viven el derecho es distinta de cómo nos la imaginamos los otros. En ese sentido, sus experiencias pueden cuestionar nuestras (muchas veces, erradas) asunciones; devolvernos de la fantasía de lo universal a lo concreto, e iluminar así el diseño de las normas y políticas públicas. Esa fue mi experiencia al estudiar los efectos del reconocimiento del trabajo sexual en la Ciudad de México, luego de que una jueza determinara que la prostitución es un trabajo protegido por la Constitución en 2014.11 Así, a partir de la narrativa de un muy pequeño grupo de trabajadoras sexuales organizadas, hice algunos hallazgos interesantes.”

 

El pasado 12 de octubre, el diputado Víctor Hugo Romo anunció el inicio de una serie de sesiones públicas en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México (ALCM) para discutir la posible regulación del trabajo sexual en la capital desde un enfoque de derechos humanos y seguridad.1 El diputado invitó a los actores interesados en el tema a participar en el debate público. A propósito de esta invitación, aprovecho para hablar sobre política y derecho en el contexto de la prostitución desde el feminismo crítico.2

La política

En los últimos años, los grupos feministas se han posicionado respecto de la prostitución y han intentado avanzar distintos esquemas de regulación. En general, y a riesgo de sobre-simplificar, hay dos grupos en disputa en los debates sobre prostitución en el ámbito global.3

Por un lado, están las feministas neo-reglamentaristas y los grupos de trabajadoras sexuales organizadas, quienes consideran que la prostitución voluntaria debe ser regulada como trabajo. Así, el Estado debe reglamentar la prostitución como haría con cualquier otra profesión. Dentro de este grupo, hay distintas posturas sobre qué tanto el Estado puede imponer controles sobre el ejercicio de la prostitución. Y es que los controles pueden ir desde el registro de trabajadoras sexuales o la certificación de éstas, hasta la vigilancia médica obligatoria. En contraste, respecto de la prostitución forzada, este grupo sostiene que el Estado tiene la obligación de perseguir a los terceros que se beneficien de esta actividad y proteger a las víctimas actuales y potenciales del delito.

En general, la ideología subyacente en esta postura es liberal. La voluntad de la persona define el tipo de intervención del Estado, es decir, si éste debe permitir o prohibir la prostitución. El argumento va así: como el ejercicio de la prostitución voluntaria no genera daño a terceros, el Estado debe abstenerse de intervenir en la esfera privada –dentro de la que se ejerce la sexualidad. De hecho, la presencia de vicios de la voluntad y en última instancia el daño que resiente la persona coaccionada justifican la intervención del Estado en el caso de la prostitución forzada.

Por otro lado, están las feministas abolicionistas –a cuyo grupo se han sumado, con más o menos legitimidad, grupos cristianos conservadores.4 Para este grupo, la prostitución necesariamente entraña explotación sexual y una violación a los derechos humanos de las personas prostituidas. Por ello, su argumento es que el Estado debe abolir la práctica. Nunca reglamentarla.5 En este sentido, las abolicionistas apoyan un rango de medidas cuyo fin último es erradicar la prostitución: criminalizar al cliente y los terceros que obtienen beneficio económico de la prostitución; aumentar las penas en los delitos de explotación sexual y trata de personas; adoptar políticas para combatir la desigualdad estructural; o incluso –en su vertiente más prohibitiva y estatista– criminalizar a las prostitutas bajo la lógica: “mejor en la cárcel que en la calle”.

En términos generales, la ideología detrás de esta postura es materialista. Para las abolicionistas, la desigualdad de género es fundacional y, en ese sentido, inescapable. Las personas (mujeres, en concreto) pueden pensar que ejercen el trabajo sexual por voluntad, pero normalmente se equivocan. Las estructuras de desigualdad les nublan el juicio.

Pues bien, ambas posturas sin dudan van a encontrarse durante los debates que se llevaran a cabo a partir del día de hoy en la ALCM. Hago énfasis en esto porque, típicamente, quienes participan en los debates sobre prostitución no explicitan sus posturas políticas y sesgos ideológicos. Tampoco mencionan que sus argumentos no son verdades, sino eso: posturas.

En este sentido, vale recordar que en el contexto de un régimen político democrático, la racionalidad y el progresismo del proceso de creación de normas vienen –creo– de articular los fines que éstas buscan y explicitar las razones para desear tales fines. Basarse simplemente en la tradición, los derechos humanos en abstracto o las tendencias en otros países para crear normas y políticas deja el fundamento de nuestros juicios morales en el dominio de la inconciencia. Ser críticos de las posturas de los grupos en contienda es dudar de las verdades que supuestamente subyacen en distintos esquemas de regulación. Estas dudas abren la posibilidad de reconsiderar deliberadamente el valor útil de las distintas propuestas: su conveniencia práctica. Me parece que el escepticismo moral es el primer paso hacia un mejor diseño de las normas y políticas públicas en materia de prostitución.

Ser escépticos, entonces, no significa adoptar el escepticismo como punto de llegada. En las democracias, alguna idea moral –o serie de ideas– termina primando en las discusiones públicas. Finalmente, ésta(s) idea(s) se deposita(n) en el orden jurídico y los programas de gobierno. Por el contrario, escepticismo apriorístico significa estar conscientes de que los principios que hemos decidido materializar en la legislación y la política pública son los mejores sólo para el aquí y el ahora. Nada más pretencioso. En términos morales, las discusiones políticas no son sino decisiones sobre en qué casos debe intervenir el Estado (sea en forma de prohibiciones y permisiones; distintas distribuciones de costos y beneficios; apoyos y la negación de estos, etc.).

¿Y qué hay con perpetuar el statu quo? Las desigualdades de género que dan lugar a la prostitución, dirían algunas feministas, son estructurales. Al regular la prostitución, el Estado –a través de sus normas y políticas– legitima y refuerza esas desigualdades. Continuarían: para cambiar las estructuras de desigualdad, hay que cambiar la ideología que subyace en ellas a través de políticas asistencialistas para las personas prostituidas y la persecución de los criminales. Difiero. Creo que las políticas asistencialistas y el derecho penal son convenientes, pero por motivos prácticos no simbólicos.6 Además, como han señalado algunos teóricos, las estructuras de desigualdad no son cosas que preexisten a la acción social.7 Una pequeña desviación en nuestras interacciones diarias tiene la capacidad de alterar las estructuras. Estas deviaciones pueden ser fomentadas o inspiradas a través de muchos mecanismos, incluyendo la regulación por parte del Estado. Estoy convencida de que si nos abrimos a la posibilidad de que las personas jueguen con –y paulatinamente resignifiquen– las estructuras en su vida cotidiana, ampliaríamos enorme y productivamente la gama de herramientas de cambio social.

El derecho

Como señala Janet Halley y otras académicas el actual feminismo de la gobernanza (i.e., el feminismo más popular e institucionalizado y que aquí he descrito como el dúo neo-reglamentarismo/abolicionismo) generalmente omite el análisis pragmático y distributivo de las consecuencias de los regímenes legales que propugna.8 Es decir, por lo general, los grupos feministas hemos mantenido las discusiones legislativas en el ámbito abstracto del deber ser –la moral– (que ya describí arriba). Hemos hecho esto a expensas del análisis sobre cómo opera, de hecho, el derecho.

En esta línea, la socióloga Elizabeth Bernstein explica qué pasa cuando nos seduce la retórica sobre los méritos morales de una propuesta legislativa y dejamos de prestar atención a los efectos de la reforma legal.9 Bernstein, por su parte, toma como objeto de deconstrucción los regímenes de Estocolmo y Ámsterdam: dos ciudades tomadas como modelo de reforma regulatoria en materia de prostitución. En Estocolmo, la adopción del modelo de criminalización de la demanda se justificó en la equidad de género. Al menos en el discurso, el objetivo era que la criminalización de los clientes eliminara la oferta de prostitución. No obstantes las declaraciones en contrario del gobierno sueco, Bernstein encuentra que la prostitución nunca fue eliminada, sino que se sumergió en el ámbito privado y de la clandestinidad. Según algunos entrevistados, la reforma no podía haber generado efectos más distintos de los que se esperaba lograr: ésta había incentivado la migración de mujeres al interior de Estocolmo y, dado el nuevo carácter clandestino del mercado, había aumentado la trata de personas.

Por su parte, en Ámsterdam, se puso en marcha la legalización de la prostitución en burdeles, así como la administración de estos establecimientos. La lógica era convertir el mercado negro en uno regulado, sujeto a impuestos y estándares de seguridad e higiene para mejorar las condiciones laborales de, entre otros, las trabajadoras sexuales. Los resultados fueron los siguientes. Los precios de los servicios sexuales cayeron, lo que llevó a que todos aquellos que no podían cumplir con los costos de la regulación (casi siempre migrantes) pensaran en irse a países donde la prostitución estaba desregulada y era mejor pagada. Simultáneamente, quienes sí pudieron afrontar el incremento en los costos de operación (típicamente, trabajadoras nativas y grandes o medianos empresarios) centralizaron el mercado.

Tanto en el caso de Estocolmo como el de Ámsterdam, las reformas terminaron afectando los intereses de quienes prometieron proteger: las mujeres –particularmente, migrantes. Aún hoy, muchas personas siguen propugnando estos esquemas de regulación como si fueran inequívocos e indisputables. No lo son. Las deficiencias de estos y otros regímenes se hacen evidentes al analizar –a priori o a posteriori– sus consecuencias. En los casos que describí, al menos algunos de los efectos adversos generados por las reformas eran previsibles. Empero, los daños colaterales de las reformas no se analizaron suficiente, no se explicitaron o no se tomaron en serio –ni antes ni después de la reforma.

La obliteración de estos daños podría ser producto, como señala Bernstein, de los intereses velados de los políticos malintencionados. Pero hay al menos una hipótesis alternativa: a veces, nos atrapa la fantasía de que las prescripciones legales se reflejan automáticamente, y tal cual, en el mundo social. Soñamos que las prescripciones de los tratados y las leyes van a materializarse de acuerdo con el bienintencionado derecho-en-los-libros. El realismo jurídico (norteamericano) apunta a que esto es imposible.10 Las normas jurídicas y las políticas públicas operan en una imbricada red de prácticas sociales, normas preexistentes y estructuras de mercado. De creerle a los realistas, tendríamos que identificar –en cada intento de creación de normas y políticas públicas– los contextos de operación de las normas, considerarlos en nuestros cálculos costo-beneficio y, más importante, monitorear los efectos de las reformas legales.

En mi experiencia, la vida cotidiana de los grupos que viven el derecho es distinta de cómo nos la imaginamos los otros. En ese sentido, sus experiencias pueden cuestionar nuestras (muchas veces, erradas) asunciones; devolvernos de la fantasía de lo universal a lo concreto, e iluminar así el diseño de las normas y políticas públicas. Esa fue mi experiencia al estudiar los efectos del reconocimiento del trabajo sexual en la Ciudad de México, luego de que una jueza determinara que la prostitución es un trabajo protegido por la Constitución en 2014.11 Así, a partir de la narrativa de un muy pequeño grupo de trabajadoras sexuales organizadas, hice algunos hallazgos interesantes. Uno: las credenciales de trabajador no asalariado aumentaron el poder de negociación de las trabajadoras sexuales en sus encuentros diarios con la policía. Más aún, que la Ley de Cultura Cívica del D.F. considerara una falta administrativa a la prostitución (artículo 24, fracción VII) desequilibraba excesivamente estas negociaciones informales a favor de la policía. Dos: las credenciales tuvieron efectos emancipadores para ciertas trabajadoras sexuales en relación con las así llamadas madrotas. Tres: los programas y servicios que las trabajadoras sexuales recibirían en tanto trabajadoras no respondían necesariamente a sus intereses y necesidades. En fin, este esquema ha tenido tanto efectos positivos como limitaciones. Sin embargo, analizar las consecuencias de la certificación libres de prejuicios morales plantea la posibilidad de mejora.

Las instituciones (derecho y política) pueden generar cambios. Sobra aclarar que no pienso lo contrario. Pero los cambios están mediados por la agencia de las personas. Es a estas, sus junto con sus contextos y experiencias, a quienes debemos traer al frente. El ejercicio que considero debe hacer la ALCM es de realismo jurídico, consecuencialismo y auto-crítica: una continua labor de filigrana. Lo cual exige estudiar el contexto de aplicación de las normas, predecir las consecuencias de la reforma legal y someterlas a constante evaluación. También supone transparencia respecto de los costos, no sólo los beneficios, que van a enfrentar distintos actores sociales. ¿Por dónde empezar? Hasta ahora, la ALCM lo ha hecho bien: convocar a distintos grupos con interés en las reformas, entre ellos (y, quizá, sobre todo), el de las trabajadoras sexuales. Lo que sigue ahora, desde nuestra trinchera, es un escrutinio puntual de estas discusiones.

Claudia Torres. Miembro del Área de Derechos Sexuales y Reproductivos del CIDE; candidata SJD, Harvard Law School.

1 Convocatoria a las Sesiones de Parlamento Abierto sobre regulación del trabajo sexual, del diputado Víctor Hugo Romo a Claudia Torres (octubre 14, 2016) (en archivo con la autora). Las audiencias se llevarán a cabo el 19 y 26 de octubre, así como el 9 y el 16 de noviembre en el edificio legislativo ubicado en Gante #15, Colonia Centro. Respectivamente, los temas a abordar son trabajo sexual, trata de personas, discriminación y política de salud en relación con la prostitución.

2 En este contexto, entiendo al feminismo crítico como uno que rechaza la postura normativa de los feminismos liberal y radical, según los cuales la prostitución necesariamente debe ser legalizada o abolida, respectivamente. El feminismo crítico me parece, ante todo, consecuencialista: se pregunta cuáles son las consecuencias de cualquier esquema de regulación independientemente de su mérito moral.

3 Ver Prabha Kotiswaran, Burn unto Brothels: Toward a Legal Ethnography of Sex Work in an Indian Red-Light Area, 33(3) Law & Social Inquiry 579 (2008): 581 (describiendo las dos posturas del feminismo que participan en los debates sobre prostitución).

4 Cuando hablo de legitimidad, me refiero al reconocimiento que el grupo hace de sus miembros. Por ejemplo, Rosy Orozco no disfruta de mucha legitimidad dentro del movimiento abolicionista. Ver S. Rosagel, Rosi hace “trata” de víctimas, acusan; “son sobrevivientes”, revira (1 de 3), agosto 17, 2015, http://bit.ly/2eiOts3 (Teresa Ulloa, una de las máximas exponentes del abolicionismo en México, deslindándose de los proyectos de Rosi Orozco y denunciando el abuso de ésta en contra de ex-víctimas de trata de personas)

5 Ver, por ejemplo, Teresa Ulloa, Formas veladas de legalizar la prostitución, CIMAC Noticias, octubre 4, 2016, http://bit.ly/2eP2EIK

6 Por ejemplo, la provisión de servicios de salud gratuitos a trabajadoras sexuales de bajos ingresos me parece una política asistencial conveniente, porque para muchas de ellas –igual que para otros miembros de las clases sociales más bajas con seguros sociales de limitado alcance– es imposible pagar servicios de cuidado prolongado o de tercer nivel. Ver Claudia Torres, The Effects of Sex Work Certification in Mexico City, (tesis de maestría LL.M., Harvard University) (en archivo con la autora) (refiriendo la información recolectada a partir de una muestra de siete trabajadoras sexuales organizadas y certificadas). No es lo mismo (en términos de eficiencia presupuestal, principalmente) que decir que, en sí mismo, el Estado debe proveer servicios de salud a todas las trabajadoras sexuales. En realidad, varias de ellas ya cuentan con un seguro social relativamente funcional o tienen los medios para acceder a servicios de salud particulares.

7 Un ejemplo en el ámbito de la sociología del derecho está en Patricia Ewick y Susan Silbey, The Common Place of Law: Stories From Everyday Life (The University of Chicago Press, 1998) (citando a Stuart Henry acerca de las estructuras como propiedad emergente)

8 Janet Halley et al., From the International to the Local in Feminist Legal Responses to Rape, Prostitution/Sex Work and Sex Trafficking: Four Studies in Contemporary Governance Feminism, 29 Harvard Journal of Law and Gender 335 (2006): 361, 368.

9 Elizabeth Bernstein, Temporarily Yours: Inthimacy, Authenticity and the Comerce of Sex (The University of Chicago Press, 2007), 142 y ss.

10 Por ejemplo, ver Robert Hale, Coercion and Distribution in a Supposedly Noncoercive State, 38 Political Science Quart. 470 (1923); Karl Llewellyn, Some Realism About Realism –Responding to Dean Pound, 44 Harvard Law Review 1222 (1931).

11 Juicio de Amparo 112/2013, Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal [JD], January 21st, 2014 (Mx.).

 

Las leyes sobre prostitución en México son “patriarcales y misóginas”

 

Por Ximena del Cerro

 

2 de marzo de 2016

 
http://www.vice.com/es_mx/read/las-leyes-sobre-prostitucion-en-mexico-protegen-al-cliente-y-marginalizan-a-las-trabajadoras-sexuales

 

En México no existe una ley o reglamento que establezca alguna obligación o corresponsabilidad para los usuarios de la prostitución tanto a nivel federal como estatal. En cambio algunos estados cuentan con reglamentos que exigen a los y las trabajadores sexuales una revisión médica periódica, “utilizar medidas preventivas” para evitar cualquier enfermedad de transmisión sexual, estar registrados y obtener la aprobación de la Dirección General de Registro de Sexo Servidores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para poder ejercer, e instruir a los usuarios sobre los riesgos a la salud que la recepción de sus servicios podría causar.

 
La única ley federal en vigor relacionada con el trabajo sexual es la Ley General en materia de Trata, que establece como ilegal que un tercero se beneficie de la explotación sexual de una persona. Sin embargo, en el caso de que una persona practique la prostitución como un oficio —por voluntad propia o por necesidad económica— solamente puede remitirse a los reglamentos locales de algunos estados para contar con un reconocimiento legal de su trabajo.

 
Estos reglamentos deben seguirse para conseguir un permiso o licencia, los cuales permiten a los trabajadores sexuales ejercer su oficio. De ser una o un trabajador sexual activo y no contar con un permiso vigente, o encontrarse en un estado en el que aún no existen reglamentos para la obtención de una licencia, las autoridades suelen arrestar trabajadores sexuales bajo el argumento de atentar contra el orden público.

 
“Casi siempre que se habla de regular el trabajo sexual, se dice que quienes lo realizan deben de rendir cuentas frente al Estado, cuando deberíamos de reconocer que si viven en situación de prostitución es —casi siempre— porque viven en condiciones marginales”, asegura el abogado Héctor Alberto Pérez Rivera, coordinador de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

 
De acuerdo con Pérez Rivera, este tipo de políticas que buscan regularizar el ejercicio de la prostitución voluntaria, son “patriarcales, machistas y misóginas”, ya que buscan proteger al cliente y no a la persona que realiza el trabajo sexual:

 
“Los intentos regulatorios del trabajo sexual en México siempre buscan que quienes lo realizan estén en buen estado de salud, o que pague impuestos. Es decir, siempre se le ponen cargas a estas personas en lugar de ponérselas, en todo caso, al cliente”, asegura. “Luego el Estado les dice a estas personas, ‘garantízame que estas sana’, pero no lo hace para cuidarlas; lo hace para cuidar a quien elige ser un cliente”.

 
En los últimos años, algunos activistas y legisladores han intentado cambiar el modelo del comercio sexual en México, como la senadora Mónica Arriola Gordillo, quien en abril del 2014 presentó una iniciativa ante el Senado de la República para “salvaguardar el agente que ejerce la actividad de la prostitución” y legalizar las obligaciones de los clientes del trabajo sexual. En ésta se establecen medidas como “guardar consideración al trabajador sexual” al abstenerse de causar un mal trato con palabras o acciones y garantizar condiciones para que se pueda realizar el trabajo sexual, como acordar un espacio higiénico que asegure la vida y la salud. Sin embargo, casi dos años después de su presentación, ésta propuesta no ha sido aprobada.

 
Para Arriola, los adultos que escogen libremente trabajar en el sector del sexo, la preocupación política debería centrarse en mejorar sus condiciones de trabajo y de protección social, “para garantizar que gocen de los mismos derechos laborales y de los mismos beneficios que los demás trabajadores”.

 
El único antecedente a la perspectiva de favorecer a los trabajadores sexuales en el país surgió enero de 2014, cuando la juez Paula García Villegas otorgó un amparo a favor de un grupo de mujeres y trabajadoras transgénero comerciantes de sexo en la Merced. Con éste se permitió que las trabajadoras recibieran credenciales de trabajadores no asalariados.

 
Al estar cubiertas por el Reglamento para los Trabajadores no Asalariados del Distrito Federal, estas mujeres adquirieron derecho de asociarse para la defensa de sus intereses, así como a recibir servicio médico gratuito en la Hospital General Dr. Gregorio Salas.

 
El resto de las personas que practican la prostitución voluntariamente en la capital deben solicitar físicamente una credencial en la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Esto lleva a un proceso burocrático, el cual fue creado en marzo del 2014 y hasta la fecha ha resultado en la expedición de 163 credenciales.

 
La mejora de las leyes relativas a la prostitución es uno más de los pasos para quitar los estigmas que viven los trabajadores sexuales en México. Como dice el abogado Héctor Alberto Pérez Rivera: “El término sexo servidor o sexo servidora ya no es correcto para referirse a una persona que se dedica a la prostitución por voluntad propia, o por necesidad económica. Este términos tiene una relación con la palabra servidumbre, que no encaja con la relación de trabajo entre un usuario de prostitución y la persona que brinda el servicio”.

Trata y moralismo

 

Sergio Sarmiento
Analista y periodista | 02-03- 2014

 

http://diario.mx/Opinion/2014-03-02_16cb2bd5/trata-y-moralismo/

 

Distrito Federal– Cuántas veces hemos visto en los últimos meses la realización de operativos policiales en la ciudad de México en que las autoridades nos dicen que han “rescatado” a mujeres sometidas a trata. El problema es que estas “ingratas” mujeres protestan, dicen que no quieren ser “rescatadas”, afirman que no están ejerciendo la prostitución o que, si lo hacen, es por voluntad propia.

No es fácil para estas mujeres cuestionar a los policías que supuestamente las rescatan. Fernanda, una mujer que trabajaba como bailarina en el clausurado Solid Gold de San Ángel, me dijo la semana pasada en entrevista radiofónica que las autoridades las obligan a declarar en contra de sus empleadores y compañeros de trabajo. Si no declaramos como nos dicen, “pasamos de ser víctimas a cómplices”. Y ser considerado cómplice tiene un costo muy alto. Las penas por “trata” se elevan a 30 años de cárcel, que suelen acumularse a otros delitos para llevar a totales de 40 o 50 años.

La enorme mayoría de quienes han sido detenidos por el supuesto delito de trata son personas humildes: meseros, personal de seguridad, boleteras (mujeres que venden boletos para los bailes en un table dance), personal de limpieza y las bailarinas o prostitutas que no han querido testificar en contra de sus compañeros y son convertidas en “cómplices”. También son detenidos los administradores de los lugares en que se llevan a cabo los operativos. La ley está hecha para sancionar a inocentes ya que castiga no sólo la “acción” sino también la “omisión dolosa”.Si la trabajadora de limpieza no denuncia la trata, aunque no haya trata, es considerada cómplice y tendrá que pasar el resto de su vida en la cárcel.

Las autoridades capitalinas tienen además un incentivo perverso para los operativos contra la trata. La ley de extinción de dominio les permite quedarse con los predios en que operan los centros de diversión o de prostitución. Es una forma fácil de hacerse de recursos y propiedades.

La nueva ley contra la trata promulgada en 2012, que ahora está siendo endurecida con una iniciativa aprobada por el Senado y enviada a la Cámara de Diputados, busca incluso acabar con la pornografía al establecer penas de hasta 30 años de cárcel a quien se beneficie de ella.

Nadie podría cuestionar una ley que realmente combatiera la trata, esto es, la privación ilegal de la libertad de una persona para obligarla a prostituirse. Pero esta práctica estaba prohibida desde antes. La nueva legislación quiere ir mucho más allá: combatir la prostitución, el baile erótico, el masaje con final feliz, la pornografía o simplemente la inmoralidad sexual.

El 25 de septiembre de 2013 narré el caso de Juan Antonio Alonso Santos, un hombre de 58 años de edad que enfrenta una posible condena de 53 años de edad, equivalente a cadena perpetua, por el delito de administrar un hotel de paso. Cientos de otros casos me preocupan también, sobre todo los de meseros, guardias, boleteras y demás empleados de los centros de table dance u hoteles que pasarán el resto de su vida en la cárcel sin haber hecho daño a nadie.

Hoy los establecimientos de table dance en el Distrito Federal, una ciudad que se preciaba de ser progresista, han tenido que cerrar sus puertas. Cientos de personas han perdido sus empleos. Fernanda, la bailarina con la que hablé en mi programa de radio, se ha visto obligada a irse a Baja California para seguir manteniendo a su hija porque no lo puede hacer ya en la ciudad de México. Los moralistas que promovieron la legislación sobre trata con el apoyo de autoridades federales y capitalinas pueden estar satisfechos. Están imponiendo sus reglas morales a la sociedad.