¡Hacia el Partido de las Trabajadoras Sexuales!

 

Todas las organizaciones que defienden los derechos de las trabajadoras sexuales reclaman que se escuche a éstas a la hora de redactar las leyes que les afectan. Pero, en España, las trabajadoras sexuales tienen las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos para influir en la redacción de las leyes: es el derecho a la participación política reconocido por la Constitución, que se concreta en la formación de partidos que concurren a las elecciones al Parlamento en el que luego forman mayorías que aprueban las leyes.

Las trabajadoras sexuales en España han alcanzado la mayoría de edad, no necesitan ser tuteladas. Hetaira se disolvió por este motivo.

Los grupos sociales pueden ejercer su derecho a participar en la redacción de las leyes votando a aquellos partidos que defiendan sus intereses, o bien formando su propio partido, si no hay ninguno que les defienda.

En España, ningún partido defiende los intereses de las trabajadoras sexuales, concretados en despenalización total y regulación laboral que les dé plenos derechos laborales. La alternativa obligada es la creación de su propio partido.

En el sistema parlamentario, la fuerza la da, no la justeza de las ideas, sino el número de votos alcanzado en las elecciones. Esa será la fuerza política del Partido de las Trabajadoras Sexuales: el número de votos que alcance en las elecciones.

Hay 100.000 trabajadoras sexuales en España (dicen…) y la mayoría de los españoles y españolas, según las encuestas, se oponen a la prohibición de la prostitución. El número de votos alcanzado no sería en absoluto despreciable.

Sólo hay un obstáculo para la formación del Partido (la parte técnica no es más complicada que lo que fue la del Sindicato): definir qué es lo que se quiere, hacer el Programa.

Hasta ahora, los planteamientos de las trabajadoras sexuales han sido defensivos: frente a la penalización de los clientes, frente a la prohibición de la publicidad…, pero un programa político debe ser proactivo. No basta con definir los cambios que no se quieren, ya que limitarse a esto significa defender el estatus quo, defender que todo siga como hasta ahora.

Se quiere la despenalización total y se quieren derechos laborales similares a los de los demás trabajadores. Pero esto hay que concretarlo en una propuesta legislativa concreta. Ésta es la tarea fundamental de la comisión que se cree para fundar el Partido. Ya hay publicado un borrador que, siguiendo al pie de la letra el modelo de Nueva Zelanda, concreta estos objetivos.

Las elecciones al Parlamento Europeo se celebrarán en junio de 2024. Todavía se está a tiempo de dar este paso de gigante en la constitución como sujeto político de las trabajadoras sexuales.

Reacción y retroceso desde dentro: democracia, feminismo y trabajo sexual

Por Joana Lilli Hofstetter y Lucrecia Rubio Grundell

🌈 Backlash and backsliding from within: democracy, feminism, and sex work

Los análisis de la oposición a la igualdad de género en Europa abordan principalmente a los opositores de los derechos de las mujeres como inherentemente antidemocráticos, y a las actoras feministas como democráticas por definición. Pero Joana Lilli Hofstetter y Lucrecia Rubio Grundell utilizan el trabajo sexual como ejemplo de cómo las reacciones antidemocráticas contra los derechos de las mujeres también pueden ser promovidas por actoras feministas.

Retroceso democrático, igualdad de género y trabajo sexual

La democracia y la igualdad de género son interdependientes, como lo demuestran varias contribuciones a esta serie. La democracia promueve la igualdad de género, mientras que la política feminista promueve la democratización. Por el contrario, la erosión democrática socava los derechos de las mujeres y la oposición a la igualdad de género es un mecanismo clave de desdemocratización.

Los análisis de la oposición a la igualdad de género en Europa abordan principalmente a las personas que se oponen a los derechos de las mujeres, es decir, a los actores populistas antigénero y de derecha radical, como inherentemente antidemocráticos. Los mismos análisis también tienden a considerar a las actoras feministas como democráticas por definición. El papel de las actoras feministas, sin embargo, es más complejo. Las feministas también pueden promover reacciones antidemocráticas contra los derechos de las mujeres, como lo demuestran las actuales campañas feministas contra el trabajo sexual en Europa.

Desde la década de 1970, las trabajadoras sexuales de toda Europa se han movilizado por sus derechos básicos. Si bien estos movimientos eran diversos en cuanto a género, inscribieron sus luchas dentro de la defensa más amplia de la autodeterminación económica y sexual de las mujeres. Luego, durante las llamadas «guerras sexuales» de la década de 1980, la prostitución se convirtió en un tema clave de controversia dentro de los movimientos feministas en todo Occidente.

En ese momento, las feministas antiprostitución ya habían forjado alianzas improbables con actores conservadores. Sin embargo, los movimientos de trabajadoras sexuales lograron gradualmente importantes avances políticos. El reconocimiento del trabajo sexual como trabajo legítimo ayudó a desestigmatizarlo en el imaginario público. Las personas que ejercen el trabajo sexual obtuvieron derechos económicos y sociales fundamentales, como seguridad jurídica, acceso a la salud pública y planes de pensiones. También obtuvieron el derecho a la libre circulación dentro de la UE. Sin embargo, las campañas feministas contra la prostitución a nivel nacional y de la UE están trabajando cada vez más para revertir estos logros tan duramente reñidos.

Los ejemplos de Alemania y la UE muestran que las campañas feministas contra la prostitución constituyen una forma de oposición a los derechos de las mujeres que exhiben las características antidemocráticas que los académicos comúnmente atribuyen a los actores populistas antigénero y de derecha radical: la exclusión de sujetos no hegemónicos de participación política, retroceso de políticas y construcción discursiva de la igualdad de género en términos excluyentes.

La democracia como proceso

Exclusión de la participación política

La erosión de los mecanismos de participación inclusivos constituye un elemento central de la desdemocratización. Los actores populistas antigénero y de derecha radical atacan a las feministas y buscan excluirlas de la política, por ejemplo mediante la difamación y la criminalización. Las feministas antiprostitución de toda Europa utilizan ambas estrategias.

Las feministas antiprostitución frecuentemente desacreditan a las activistas y organizaciones de trabajadoras sexuales calificándolas de “proxenetas” o “traficantes de personas”. De esta manera, las deslegitiman como interlocutores políticos válidos. Los miembros feministas anti-prostitución del Parlamento Europeo, por ejemplo, sugirieron que las trabajadoras sexuales inmigrantes que lideraban la Red Europea para la Promoción de los Derechos y la Salud entre las Trabajadoras Sexuales Migrantes eran «posibles representantes de organizaciones criminales».

En Alemania, las feministas antiprostitución se oponen sistemáticamente a la autoorganización colectiva de las trabajadoras sexuales y se esfuerzan por excluirlas de los ámbitos de toma de decisiones políticas. Utilizan estrategias de alteridad para retratar a las trabajadoras sexuales como una minoría “no representativa” y “privilegiada”, y las avergüenzan como desviadas sexuales. Incluso invocan demandas estratégicas contra la participación pública para silenciar a las activistas trabajadoras sexuales y disuadirlas de participar en el debate público. Estas «acciones legales infundadas y abusivas» son cada vez más utilizadas por actores antigénero contra las propias feministas.

La democracia como resultado

Revertir derechos

El retroceso en la política de igualdad de género es otro elemento de la desdemocratización. Ocurre por desmantelamiento, falta de implementación o desgénero. Los actores populistas antigénero y de derecha radical promueven estas formas de retroceso democrático para restringir los derechos de las mujeres, especialmente en relación con la autonomía corporal y el poder público. Las actuales campañas feministas contra la prostitución en Europa también restringen los derechos de las trabajadoras sexuales a la autodeterminación sexual y la participación política, como lo ilustra el caso alemán.

Gracias al prolongado activismo del «movimiento de putas» alemán, la Ley de Prostitución de Alemania de 2001 contenía un enfoque del trabajo sexual basado en los derechos. Esto desencadenó contramovilizaciones por parte de feministas antiprostitución que exigieron la adopción de una criminalización del cliente y un mayor control estatal. Sus campañas estimularon el posterior retroceso de los derechos de las trabajadoras sexuales a través de la Ley de Protección a las Prostitutas de 2016. Esta ley enfatiza la presunta necesidad de protección estatal de las trabajadoras sexuales, pero al mismo tiempo les impone obligaciones legales desproporcionadas, incluido el registro obligatorio y el asesoramiento sanitario. También ilegaliza a las trabajadoras sexuales que no cumplen por miedo a ser descubiertas, estigmatizadas o por problemas de visado. Finalmente, la ley infringe los derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales, como la inviolabilidad del domicilio, al permitir que la policía registre sus hogares si sospecha de actividades no registradas.

La democracia como símbolo

La construcción excluyente de la igualdad de género

La construcción discursiva de la igualdad de género de manera excluyente es un mecanismo final de desdemocratización. Actores populistas antigénero y de derecha radical proponen medidas que, según ellos, son buenas para las mujeres. Sin embargo, tales medidas refuerzan las normas sexuales y de género tradicionales y el poder del Estado. Además, promueven dichos discursos gracias al poder epistémico y económico que adquieren a través de las redes transnacionales.

Las feministas antiprostitución operan de manera similar. Sus fundamentos feministas radicales esencializan el binario heteronormativo de género al enfatizar demasiado el origen de la opresión de las mujeres en su subordinación sexual por parte de los hombres. Esto asocia la sexualidad de las mujeres inherentemente con el victimismo, impulsando una agenda sexual conservadora. Finalmente, la promoción de la criminalización del cliente por parte de las feministas antiprostitución extiende el poder del Estado en nombre de la igualdad de género.

Además, las feministas antiprostitución recaudan grandes sumas de dinero del gobierno y de donantes. Cuentan entre sus filas con poderosos actores institucionales con acceso directo a sitios oficiales de toma de decisiones y movilizan el apoyo público de manera convincente. A nivel de la UE, por ejemplo, el Lobby Europeo de Mujeres promueve activamente una agenda contra la prostitución. A diferencia de las organizaciones de trabajadoras sexuales, este lobby recibe financiación privilegiada y acceso a las instituciones de la UE.

Desdemocratización feminista

Las actoras feministas también pueden promover reacciones antidemocráticas contra los derechos de las mujeres, como lo demuestran las actuales campañas feministas contra el trabajo sexual en Alemania y la UE. Las feministas antiprostitución replican las estrategias y objetivos antidemocráticos de los actores populistas antigénero y de derecha radical, aunque contra las trabajadoras sexuales. Vilipendian y criminalizan a las trabajadoras sexuales para excluirlas de la participación política. Promueven retrocesos en las leyes en relación con sus derechos y definen la igualdad de género de una manera que promueve una agenda sexual excluyente, heteronormativa y conservadora. La advertencia de Jennifer Piscopo en contra de pasar por alto los rasgos antidemocráticos de los actores de izquierda, en última instancia, se aplica igualmente a las actoras feministas.

Uruguay: OTRAS reclama cambios en la legislación del trabajo sexual

19 Diciembre 2023

https://www.pitcnt.uy/novedades/noticias/item/5819-otras-reclama-cambios-en-la-legislacion-del-trabajo-sexual

OTRAS Uruguay

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La Asociación Civil y sindicato OTRAS ha instado a la revisión del proyecto de modificación de la Ley 17.515 sobre el Trabajo Sexual, actualmente bajo análisis en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes. Se aboga por la actualización de una normativa que, tras 21 años de aprobada, presenta aspectos obsoletos.

El sexto Congreso de Trabajadoras sexuales de la Asociación Civil y sindicato OTRAS tuvo lugar este lunes 18 de diciembre en la sede del PIT-CNT, conmemorando el Día Internacional de la no violencia contra las personas que ejercen el trabajo sexual, celebrado cada 17 de diciembre. Durante el congreso, se abordaron temas como la modificación propuesta a la Ley 17.515 de Trabajo Sexual, se presentaron los logros de la Secretaría del Interior del sindicato en 2023 y se llevaron a cabo capacitaciones sobre violencia basada en género, situación de trata y el virus del VIH.

La presidenta de OTRAS, Claudia Gutiérrez, y la secretaria, Johana García, participaron del congreso y fueron quienes dieron una mirada global a la situación actual. «Desde el sindicato, destacamos el trabajo en territorio para llegar a más compañeras, buscando abrir más oportunidades y eliminar estigmas, especialmente para las compañeras del interior, consideradas las más vulnerables», expresó el gremio.

En el evento, se exhibieron videos con mensajes de trabajadoras sexuales de Latinoamérica que elogiaron los avances de Uruguay en materia de derechos de las trabajadoras sexuales.

Modificaciones a la Ley

En relación con la modificación propuesta a la Ley de Trabajo Sexual, OTRAS reclama su aprobación, ya que la normativa vigente, con 21 años de antigüedad, presenta aspectos desactualizados. El proyecto, elaborado por la bancada bicameral del Frente Amplio en conjunto con las trabajadoras sexuales de OTRAS, busca adecuar la ley a la realidad actual.

Entre las modificaciones propuestas se incluye la referencia a prestaciones de servicios erótico-sexuales, abarcando diversas formas de trabajo sexual, como el virtual. También se busca establecer que las trabajadoras sexuales sean mayores de 19 años y reciban remuneración en dinero, no en especies. Se procura garantizar condiciones de trabajo dignas y la protección legal de las personas que ejercen el trabajo sexual, evitando su detención por parte de la autoridad policial.

Además, se plantea que la inscripción de las trabajadoras sexuales salga del ámbito del Ministerio del Interior para evitar el registro como delincuentes, trasladándolo al Ministerio de Trabajo. El proyecto también aborda la salud integral, proponiendo exámenes completos y enfatizando la educación en una vida libre de violencia y exclusión, especialmente en situaciones de trata o explotación.

Entre otras disposiciones, se establece que los responsables de locales nocturnos y el personal deben ser mayores de 18 años, sin antecedentes penales ni involucramiento en delitos de violencia de género, trata de personas o explotación sexual de menores. El proyecto penaliza el porcentaje que la persona que ejerce el trabajo sexual en algunos casos debe pagar al dueño de un establecimiento como delito de proxenetismo.

Se prohíben prácticas coercitivas como imponer horarios, obligar a atender clientes contra la voluntad, coaccionar o incitar al consumo de alcohol. Asimismo, se prohíben multas o sanciones a las personas que ejercen el trabajo sexual, la retención de documentación o pertenencias y el cobro por los servicios. Se plantea la posibilidad de ejercer el trabajo de forma independiente o en cooperativas formadas exclusivamente por personas que ejercen el trabajo sexual.

OTRAS es una organización que trabaja desde 2007 y se incorporó al PIT-CNT en noviembre de 2021, convirtiéndose en una asociación civil y sindicato desde entonces.

¿Un sindicato de trabajadoras sexuales sin reconocimiento legal previo del carácter laboral de la prostitución controlada por terceros?

Los trabajadores crearon sindicatos para organizar la defensa de sus intereses (salarios y condiciones de trabajo) frente a los de los empresarios. Todos fueron ilegales al principio; en ningún caso estaba reconocida y regulada la actividad sindical. Todas las huelgas fueron «salvajes» al principio.

No hace falta que esté reconocida legalmente la relación patrón-asalariado para que esta relación exista y, de hecho, la existencia real de esa relación fue anterior a su reconocimiento legal, y fue la lucha sindical la que llevó a su reconocimiento legal.

¿La lucha sindical llevó al reconocimiento legal y al reconocimiento de derechos laborales amparados por ley? No exactamente. La lucha sindical no buscó una modificación de las leyes, buscó doblegar la voluntad de los empresarios por la fuerza, por la huelga.

Los sindicatos se crearon fundamentalmente para crear la caja de resistencia que permitiera a los trabajadores prolongar la huelga el tiempo suficiente para que hiciera daño económico a los empresarios y les hiciera negociar y ceder. Los derechos reconocidos por ley fueron una consecuencia de las huelgas organizadas para arrancar concesiones concretas a los empresarios.

¿Necesita el sindicato de trabajadoras sexuales el reconocimiento legal de la relación laboral para arrancar derechos a la patronal? No. Como los primeros sindicatos, su misión es organizar la huelga de trabajadoras sexuales. Sin el objetivo de organizar esa huelga, no puede llamarse sindicato.

¿Dificulta la realización de la huelga no estar bajo el amparo de las leyes laborales? No necesariamente. Al contrario, esa situación permite organizar una huelga sin servicios mínimos de obligado cumplimiento, una auténtica “huelga salvaje” totalmente dentro de la legalidad. ¿Qué servicios mínimos se pueden imponer a “clientas de hotel” que deciden pedir la cuenta e irse?

Hay otro camino para mejorar las condiciones laborales en un tiempo en el que existen derechos laborales reconocidos por ley: el camino de la lucha política por el reconocimiento legal del carácter laboral del trabajo sexual.

El camino de la lucha política no busca, como el de la lucha sindical, organizar la huelga, sino cambiar las leyes. Así como el objetivo de la lucha sindical se concreta en la tabla reivindicativa, el objetivo de la lucha política se concreta en el programa político, es decir, en las propuestas legislativas, y su victoria no tiene lugar en los centros de trabajo, sino en los parlamentos donde se aprueban las leyes, consiguiendo las mayorías que lo posibiliten.

No puede ser funcionante un sindicato con pocos afiliados, dada la naturaleza de su lucha, pero sí puede serlo un partido político incipiente, ya que la fuerza que lo hará crecer son las ideas. Las ideas de la lucha sindical son evidentes: salarios, horarios, condiciones laborales en general… Las ideas de la lucha política no lo son tanto, ya que son auténticas ideas y la lucha ideológica es la lucha entre la verdad y la mentira.

Las trabajadoras sexuales han conseguido crear un sindicato que tiene la tarea pendiente de organizar la huelga: ¿qué las puede impedir crear el partido con la tarea pendiente de lograr la mayoría parlamentaria que apruebe la Ley de Despenalización y Regulación Laboral del Trabajo Sexual?¿Qué dudas ideológicas pueden tener?¿No reconocen unánimamente el modelo de Nueva Zelanda como el modelo que quieren para España?¿Y qué es el modelo de Nueva Zelanda más que una ley aprobada en su parlamento, la Ley de Reforma de la Prostitución?

Defender el modelo de Nueva Zelanda es defender un proyecto de ley que adapte a las condiciones de España la Ley de Reforma de la Prostitución de Nueva Zelanda. La defensa del modelo de Nueva Zelanda es una lucha política, no es una lucha sindical. Y la herramienta indispensable para la lucha política es el partido político.

Estoy convencida de que las trabajadoras sexuales son sujeto político, y no solo porque lo digan una y otra vez, sino porque están entre la espada y la pared: se enfrentan a la inminente aprobación de una ley abolicionista que supone un auténtico programa de exterminio de las prostitutas y, en la medida en que sean plenamente conscientes de esto, no tienen otro remedio que lanzarse a la lucha política, crear su propio partido político.

El Partido de las Trabajadoras Sexuales.

Los defensores del modelo nórdico tienen sangre en sus manos

El Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales cierra un año brutal y mortal para las trabajadoras sexuales en Irlanda.

17 de diciembre de 2023

Sex Workers Alliance Ireland (SWAI)

https://sexworkersallianceireland.org/2023/12/supporters-of-the-nordic-model-have-blood-on-their-hands/

Blood in their hands

Mardi Kennedy, coordinadora de Sex Workers Alliance Ireland (SWAI), dice: “Este año ha sido devastador para las trabajadoras sexuales irlandesas, marcado por un asesinato en Limerick, redadas disfrazadas de controles de asistencia social y una campaña continua de acoso contra las trabajadoras sexuales, incluidas estafas de phishing y amenazas de violencia. El modelo nórdico de penalización del cliente, apoyado por el gobierno, contribuye al aumento de la violencia contra las trabajadoras sexuales. Pedimos la despenalización del trabajo sexual como un paso crucial para garantizar la seguridad de las trabajadoras sexuales”.

Y continúa: “El trágico asesinato de Geila Ibram, una trabajadora sexual en Limerick, subraya las consecuencias de las leyes que ignoran las voces y la seguridad de las trabajadoras sexuales. Reiteramos que las advertencias de las trabajadoras sexuales y sus aliados durante los debates sobre el Modelo Nórdico de 2015-2016 han sido validadas por investigaciones exhaustivas y experiencias vividas en todo el mundo. Y ahora se ha hecho realidad el peligro del que se había advertido al Estado. La forma en que el gobierno decide ignorar continuamente a las trabajadoras sexuales y la investigación es a la vez insondable y confusa”.

Linda Kavanagh, portavoz de SWAI, dice que “la penalización del cliente y las llamadas leyes de mantenimiento de burdeles han tenido efectos adversos en la dinámica de negociación, al priorizar la seguridad y el bienestar del cliente en lugar de los de las propias trabajadoras sexuales, y han empujado a la industria a la clandestinidad, lo que obliga a adoptar conductas de riesgo. La ley de 2017 incrementó las multas e introdujo penas de cárcel para los propietarios de burdeles, lo que hizo incompatibles el trabajo legal y la seguridad. La penalización de los adultos que dan su consentimiento no ha logrado frenar la explotación y la trata en Irlanda y hace caso omiso de los llamamientos de las trabajadoras sexuales a la despenalización”.

Y continúa: “En octubre, SWAI informó sobre una campaña de acoso en curso dirigida a las trabajadoras sexuales, incluidas estafas de phishing y amenazas de violencia. Esto pone de relieve la necesidad de abordar la violencia contra las trabajadoras sexuales, que pasa desapercibida y no se denuncia. Menos del 1% de las trabajadoras sexuales denuncian los delitos contra ellas a la Gardaí, en comparación con el 81% de la población general que confía en la Gardaí.

«Esta falta de confianza en la policía es causada por redadas en burdeles en toda la isla disfrazadas de controles de asistencia social, que convenientemente ocurren alrededor de los 16 días para poner fin a la violencia de género cada año. Los Gardaí, disfrazados de clientes, engañan descaradamente a las trabajadoras sexuales para acceder a ellas. Estos controles intrusivos, junto con sus mensajes de texto masivos, han infligido terror a las trabajadoras sexuales. Es indignante que este sea el método elegido para combatir la trata y la explotación en la industria del sexo. No hace nada para poner fin a la explotación en la industria del sexo”.

“También nos enteramos de otro revés en la revisión retrasada de las leyes sobre trabajo sexual, cuando la revisora independiente dio un paso atrás. Condenamos la falta de transparencia y compromiso con las partes interesadas y exigimos que se reinicie la revisión debido a preocupaciones sobre datos obsoletos y la pérdida de compromiso directo con las trabajadoras sexuales. Desde entonces supimos que la revisora dio un paso atrás debido a la falta de fe que el Departamento de Justicia tenía en ella y sus métodos.

«La prolongada demora plantea dudas sobre el compromiso del gobierno para abordar los problemas que enfrentan las trabajadoras sexuales. Reiteramos la importancia de un proceso de revisión exhaustivo y transparente que considere genuinamente el impacto en la vida de las trabajadoras sexuales. ¿Cómo podemos confiar en este proceso cuando ha sido un desastre desde el principio?

«SWAI exige acción inmediata para abordar las preocupaciones urgentes que enfrentan las trabajadoras sexuales en Irlanda. Instamos al gobierno a priorizar la seguridad, el bienestar y los derechos de las trabajadoras sexuales, reconociendo su invaluable papel en la formulación de leyes que afectan a sus vidas.

«La marea se ha vuelto decisivamente contra las trabajadoras sexuales en Irlanda, pisoteando sus derechos y seguridad. Se trata de personas reales, obligadas a trabajar en solitario por motivos legales, sólo para ser rechazadas por los servicios de violación y agresión y negarles ayuda de salud mental, tildando su actividad económica de autolesión.

«En este panorama hostil de penalización, vergüenza y estigma, las amenazas y el acoso cobran gran importancia. La violencia no proviene de clientes sino de hombres envalentonados por la retórica deshumanizadora de la ley. A medida que los 16 días para poner fin a la violencia de género lleguen a su fin, ¿la atención se centrará en exponer la sombría realidad del acoso, el acecho y las amenazas que enfrentan las trabajadoras sexuales, o persistirá el apoyo equivocado a las leyes que perpetúan esta violencia?

«Ante asesinatos, agresiones, robos y engaños a manos de Gardaí, ¿qué hace falta para que se escuchen sus voces?”

El elefante de luz roja en la habitación

Por Shiao Fu-song

10 de diciembre de 2023

https://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2023/12/10/2003810394

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El Ayuntamiento de Chiayi aprobó una moción para evaluar la posibilidad de establecer un barrio rojo regulado en la ciudad. El alcalde de Chiayi, Huang Min-hui, dijo que el gobierno de la ciudad examinará la legalidad y viabilidad de la propuesta, pero lo más importante es consultar al público.

En 2011, la Ley de Mantenimiento del Orden Social fue enmendada para permitir a los gobiernos locales establecer distritos de prostitución regulados, pero ningún alcalde de ciudad o comisionado de condado lo ha hecho. Establecer un barrio rojo es un tema delicado y ningún funcionario querría ir en contra de las convenciones sociales existentes. Es difícil persuadir al público para que acepte tal acuerdo.

Innegablemente, la mayoría de los taiwaneses están sujetos a normas convencionales de moralidad y costumbres, consideran que el “sexo” es impuro y consideran la industria del sexo con desprecio. Sin embargo, lo cierto es que la industria del sexo existe desde hace mucho tiempo en la sociedad. De hecho, nunca desapareció.

Las trabajadoras sexuales existen en todos los rincones del mundo y lo han hecho desde hace mucho tiempo. Por un lado, la gente tiene necesidades sexuales; por otro, la industria del sexo no desaparece con el crecimiento económico. No importa cuán rica sea una sociedad, hay mujeres que viven en la pobreza y enfrentan circunstancias adversas, tal vez debido a cambios imprevistos en sus vidas, y necesitan cuidar de sus familias. Para sobrevivir, se convierten en trabajadoras sexuales.

Además, quienes no están casados o son divorciados o viudos tienen necesidades sexuales, al igual que los discapacitados y los trabajadores inmigrantes. En este sentido, existe una demanda de este tipo de trabajo. El problema es cómo considera el público esta cuestión social.

En Europa, se han establecido zonas rojas en ciudades como Hamburgo en Alemania y Ámsterdam en los Países Bajos. Ambas áreas se han convertido en lugares turísticos populares. Estos distritos están regulados por el gobierno, por lo que se satisfacen las necesidades sexuales de las personas y se protege a las trabajadoras sexuales. Con una gobernanza oficial, las redes criminales no tienen posibilidades de controlar y explotar a las trabajadoras sexuales, cuyos ingresos y seguridad, por tanto, están garantizados.

Además, las enfermedades de transmisión sexual como el VIH/SIDA se previenen de forma más eficaz. Es una situación de triple beneficio para las trabajadoras sexuales, los clientes y el gobierno.

En Taiwán, la cuestión del establecimiento de zonas rojas reguladas se ha debatido durante años. Sin embargo, aunque se revisó la Ley de Mantenimiento del Orden Social para legalizarla, todavía no se ha creado ninguna zona roja. Una de las principales razones es que en Taiwán los funcionarios temen contravenir las convenciones sociales y afectar la educación de los niños.

La verdad es que en Taiwán todo el mundo sabe dónde está una zona de “luz roja” mientras finge que no existe tal cosa. Todo el mundo se comporta como si no existiera la industria del sexo en Taiwán. En las ciudades existe en forma de hotel, pensión o club de alta gama, y en las zonas rurales está ahí, disfrazado de restaurante o snack bar. Estos lugares son diferentes en apariencia y clasificados de manera diferente, pero todos brindan entretenimiento y servicios sexuales.

En lugar de ocultar el problema y evitar la discusión, debemos reconocerlo y abordarlo. La industria del sexo debe institucionalizarse, legalizarse y sacarse a la luz. El problema más importante ahora es cambiar la percepción del público sobre la industria del sexo, que no debe ser discriminada. Tampoco se deben ignorar las necesidades del público. El público debe comprender las razones por las que las personas que ejercen el trabajo sexual se involucran en la industria.

La cuestión de la creación de zonas rojas debe discutirse y considerarse de manera racional y constructiva.

· Shiao Fu-song es profesor en la Universidad Nacional de Taitung.

Hacia una regulación laboral de la prostitución

Realizado por la alumna Dña. Rocío Arias Fernández
Tutorizado por la Profesora Dra. Dña. Susana Rodríguez Escanciano

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/9813/Arias%20Fern%C3%A1ndez%2C%20Roc%C3%ADo.pdf?sequence=1&isAllowed=y

RESUMEN DEL TRABAJO

La prostitución puede definirse como aquella actividad basada en el acto de ofrecer y vender servicios sexuales a cambio de una retribución. Aunque esta actividad es llevada a cabo por sujetos de ambos sexos, resulta más habitual encontrarnos con un mayor número de mujeres ejercientes que de hombres.

Si bien la prostitución no constituye en nuestro ordenamiento jurídico un delito, ésta se encuentra situada en un limbo entre la legalidad y la ilegalidad. En este trabajo se defiende la laboralización de la prostitución con las notas definitorias propias del contrato de trabajo. Este objetivo permitirá dejar claro que la prostitución no es la venta de una persona, ni la renuncia a su dignidad, sino que supone el suministro de un servicio y por tanto, merece de una regulación laboral.

Reconociendo que el ejercicio de la prostitución pertenece al marco de la libertad individual y contemplando esta actividad como una profesión, se les deben otorgar a quienes la ejercen los mismos derechos y beneficios que al resto de trabajadores, mejorando las condiciones en las que actualmente se encuentran y reduciendo así los riesgos a los que están expuestos.

(…)

VIII. CONCLUSIONES

En las páginas que preceden se ha procurado dar a conocer el estado actual en el que se encuentra el ejercicio de la prostitución y formular una propuesta para su laboralización, siempre de forma voluntaria y libre, y con el mayor respeto hacia los derechos fundamentales.

Los resultados obtenidos muestran una dura batalla para conseguir este objetivo, no solo por la complejidad de la actividad en cuestión, sino por los diferentes problemas que surgen a medida que se ahonda más sobre este tema, sin descartar nunca esta posibilidad.

A lo largo del trabajo se han ido explicando y viendo los distintos pasos y opciones existentes para lograr tal fin. No resulta fácil en ningún caso, sea cual sea la actividad elegida, posibilitar su inclusión en el ámbito laboral, pues es natural imaginar que se trata de una ardua tarea, pero no por ello inviable.

Existen numerosas razones por las cuales esta actividad presenta tantos problemas de cara a esta posible inclusión en nuestro ordenamiento jurídico-laboral, a saber:

– En primer lugar, la prostitución se ha ido construyendo en base a dos premisas claras, su predisposición hacia un carácter forzoso y no voluntario y el calificativo de contraria a la moral y la dignidad.

– Se le considera un delito, un mal necesario y una forma de esclavitud para quienes la ejercen. Sobre ella se han establecido atributos tales como la estigmatización y la infravaloración, considerando a esas personas, sujetos vulnerables carentes de autonomía y a la merced de otros.

– Se ha tomado como factor determinante a toda esta situación la trata de personas, llegando a convertirse en el argumento central de quienes consideran esta actividad como una forma de violencia, poniendo énfasis en la falta de voluntariedad de las personas que trabajan en la industria del sexo, sin mayores aclaraciones al respecto.

– Y para mayor ahínco, ni tribunales ni legisladores parecen mostrar mayor interés en que esto tome forma. Volviendo al último apartado de este trabajo (alterne vs. prostitución), en cuanto a las diferencias sobre regulación de estas actividades y a su vez las semejanzas en cuanto a labor, siendo la primera calificada como profesión y descartando por completo la segunda, deja mucho que desear en cuanto a “justicia”, ya que como bien ha sido demostrado, en numerosas ocasiones la figura admitida de “alterne” esconde a la propia actividad de prostitución. Pero no resulta bien visto que dicha profesión tenga este rango, es más sencillo dejar que permanezca en la clandestinidad.

Una vez esbozados estos inconvenientes, sin mayor dilación, se pueden aportar algunos argumentos obtenidos a lo largo del trabajo en aras a una posible regulación:

– En cuanto a derechos fundamentales, por un lado la dignidad, vinculada íntimamente con el libre desarrollo de su personalidad y los derechos a la integridad física y moral, no se entiende cómo esta ocupación pueda afectar a tal derecho, pues, en todo caso este trabajo será libre y voluntario, aislando cualquier posible manifestación contraria que estará descartada en todo momento, ya que se exige la autodeterminación consciente de la persona y su completa responsabilidad, no siendo incluidos aquellos sujetos desprovistos de tal condición. Por otro lado, en relación con la integridad física y moral, entendiendo que el ser humano tiene derecho a la preservación de su salud, tanto física como psíquica, y el derecho a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones, cabe aclarar que esta ocupación no atenta contra ninguno de estos derechos, pues realizándose de forma libre, no resulta más desfavorable que cualquier otra que implique una serie de riesgos. Y por último en cuanto a libertad se refiere, tampoco existen premisas que consideren que la prostitución atente contra este derecho, pues la libertad es la facultad de obrar según su voluntad con respeto a la ley, ya que no se daña ningún bien jurídico ni existe bajo ningún concepto falta de voluntariedad.

– Esta profesión cumple con todos los requisitos de la relación laboral como trabajo libre y voluntario, personal, por cuenta ajena, dependiente y remunerado, pudiendo desarrollarse también como trabajo por cuenta propia, el cual ha sido aceptado por los tribunales. Pero centrándonos en el primer caso, se requiere la existencia de un contrato de trabajo, el cual ha de ser voluntario, bajo el mando de un empresario y la dirección de una empresa (ajenidad y dependencia), y remunerado.

– Aclarado que la prostitución es susceptible de protección desde el derecho laboral cuando concurran los elementos naturales del contrato laboral, el único elemento que puede causar mayores dudas, es el objeto del contrato de trabajo, ya que al tratarse de servicios de naturaleza sexual podría considerarse ilícito, pero debe descartarse de plano esta posibilidad puesto que el Código Penal despenaliza la prostitución salvo la existencia de explotación.

– En lo que atañe a PRL cabe resaltar la importancia de esta materia para la protección de este colectivo puesto que se trata de una actividad expuesta a numerosos riesgos, entre los que cabe destacar las enfermedades de transmisión sexual inherentes al propio ejercicio, el cual reclama la aplicación de un plan de prevención de riesgos dedicado no solo a estas contingencias, sino a todas aquellas propias tanto de esta profesión como de otras, y así evitar en la medida de lo posible que estas situaciones se propaguen y dado que estas exposiciones no pueden evitarse es importante una posible inclusión de estas enfermedades en el cuadro de enfermedades profesionales para garantizar a estos trabajadores los mismos derechos que al resto.

– Con respecto a la Seguridad Social, son numerosas las ventajas que preceden a esta regulación, pues ya no solo las prestaciones a las que podrían aspirar, que como ya se ha visto son compatibles con el ejercicio, sino a los beneficios que esto supondría para estos trabajadores, puesto que como se ha observado esta actividad engloba cuantiosos riesgos y contingencias, que por una parte pueden ser prevenidos, evitando situaciones precarias, que si incluyen a estas personas en colectivos vulnerables, y no la propia actividad; y por otra, tratados, otorgándoles los mismos derechos que al resto de profesionales.

En definitiva, examinados y comprobados todos los argumentos, no parece existir fundamento alguno para la exclusión de esta actividad como profesión regulada por el ordenamiento jurídico. Es posible que con el paso del tiempo, se posibilite esta regulación, pero por el momento no parece existir indicios claros y firmes al respecto.

El derecho no está legitimado para imponer modelos de vida sino para velar por la protección de las personas que opten por esta opción laboral.

Arias Fernández, Rocío

Ni delincuentes ni víctimas: trabajadoras sexuales contra el estigma

Las trabajadoras sexuales son, para algunas, delincuentes a barrer de las calles, para otras, víctimas a rescatar. Pero estas versiones construidas se derrumban cuando hablan ellas. Linda Porn, Ninfa y Carolina Clemente son prostitutas y activistas, y vinieron a Donostia a demoler estigmas.

Por Maddi Txintxurreta

8 de diciembre de 2023

https://www.naiz.eus/es/info/noticia/20231208/ni-delincuentes-ni-victimas-trabajadoras-sexuales-contra-el-estigma

Donosti

Carolina Clemente, Linda Porn y Ninfa, en su visita a Donostia. (Jon URBE | FOKU)

Las trabajadoras sexuales han visto cómo gran parte de la sociedad, desde el individuo hasta las instituciones político-jurídicas, les ha patologizado, estigmatizado y censurado sin ni siquiera escuchar lo que las putas tenían que decir. Cómo han insistido en rescatar a mujeres que creían desesperadas, degradadas víctimas del patriarcado, en bienintencionadas hechuras que acaban en más estigma y precarización. Pues bien, el pasado 28 de noviembre, Linda Porn, Ninfa (nombres artísticos) y Carolina Clemente dijeron lo que tenían que decir sin ventrílocuos y rebajada la dosis de moralina. Fue en una ponencia organizada por CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo) en la facultad de derecho de la UPV en Donostia.

Las tres son trabajadoras sexuales y militan en organizaciones como Afemtras, el sindicato Otras o Putxs en Lucha por los derechos laborales y sociales que, por ser putas, les han sido despojados simbólica o directamente. Y hacen pedagogía, mucha, para desestigmatizar el empleo al que dedican parte de sus vidas.

Comenzó Linda Porn presentándose: «Soy prostituta desde hace muchos años y soy mexicana. En México empecé a ejercer el trabajo sexual por la misma razón por la que todo el mundo trabaja: por dinero».

En su historia, como en la de muchas trabajadoras sexuales, se retuercen los renglones escritos por fronteras, colonialismo y Ley de Extranjería. Porque el patriarcado es de todas, pero su patriarcado «es racista», detalló. «El problema con nuestras comunidades, es que han sido devastadas, expoliadas por un proceso de colonización, y ese proceso en algún momento iba a tener consecuencias. Una de ellas ha sido que las personas han tenido que huir de sus lugares de origen para empezar a buscarse la vida en otro lugar; y recursos, porque sus recursos fueron destruidos. Es curioso, porque las personas y los estados-naciones que destruyen, que colonizan, que expolian y que roban a estas comunidades, les niega después la entrada a Europa. ¿No?», cuestionó, con la mirada fijada en las oyentes.

Relató que tuvo que cruzar fronteras «en condiciones deplorables», encontrarse en ellas con «gente muy abusiva», hasta llegar a un sitio donde le cierran la puerta en sus narices. O, en realidad, le muestran únicamente dos puertas a elegir. «Tenemos dos opciones como mujeres migrantes pobres: ser encerradas en un espacio doméstico para servir o estar en el club». Por ello, afirmó que muchas trabajadoras migrantes han encontrado refugio en la prostitución.

Linda realizó un complicadísimo viaje para que, al llegar como mujer, migrante y prostituta, la leyeran como víctima de trata de personas. «Es otro prejuicio –señaló– que dice que las mujeres migrantes no podemos tener el trabajo sexual en nuestro proyecto migratorio. Que es imposible. Que las trabajadoras de Abya Yala, migrantes, latinas, como somos analfabetas, solamente podemos ejercer la prostitución porque nos han engañado. Casi como a unas niñas».

«Siempre erre que erre con la trata», protestó. Sostuvo que «la prostitución no es trata» y que el discurso que pretende escobar todo tipo de trabajo sexual bajo el paraguas de la trata hace aguas y supone un gran obstáculo para las prostitutas migrantes, porque oculta el verdadero problema: la Ley de Extranjería.

Las leyes, afiladas; la calle, herida de muerte

Las leyes y la prostitución siempre han tenido una relación complicada. Ninfa lo sabe por su experiencia en el sector. En 1995, el Gobierno de Felipe González despenalizó el trabajo sexual, y cuando Ninfa comenzó a trabajar en la Casa del Campo de Madrid, dos años más tarde, la Policía, por lo menos, era respetuosa. «No incidía en nuestro trabajo ni nos interrumpía cuando estábamos con los clientes», recordó. En aquellos tiempos, lo único que la perseguía «tenazmente», dijo, era –de nuevo– la Ley de Extranjería.

Con la despenalización, el trabajo sexual quedó atrapado en una especie de limbo alegal; «no estaba prohibido, pero tampoco se aceptaba», detalló Ninfa. De todas formas, con la entrada del nuevo siglo, todo comenzó a empeorar.

La patronal del sector, o «los señores de los macroclubes», como los denominó Ninfa, comenzaron a organizarse y, por primera vez, vieron reconocida su condición jurídica. «Algo que no ha sucedido con las trabajadoras sexuales, pese a que en el territorio español había organizaciones que luchaban por los derechos de las trabajadoras», apuntó la ponente.

Comenzaron los hostigamientos policiales contra las prostitutas callejeras con la complicidad mediática, que sostenía que había que «descontaminar» los lugares donde ejercían su trabajo, como la Casa del Campo, recordó Ninfa. Se criminalizó y persiguió a las prostitutas que trabajaban de manera independiente, les expulsaron de sus lugares de trabajo habituales, mientras los dueños de los grandes lupanares se frotaban las manos. «Esto dio pie a la primera manifestación de las trabajadoras sexuales, que salieron a principios de los 2000 a demandar lo que llamamos la negociación del espacio: trabajar sin molestar ni ser molestadas», explicó.

Sin embargo, «siempre han ido cercando el coto y expulsando a las mujeres a sitios donde no pueden ser vistas», lamentó Ninfa, y agregó: «Al alejarnos de los sitios que podían ser más seguros, donde coincidíamos con otras compañeras, hemos sido víctimas de robos, de atracos… porque, las cosas como son, utilizamos dinero físico, somos ese caramelo goloso para cualquier delincuente».

Perdieron seguridad, perdieron dinero con las multas –más desde que entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, que prohíbe ofrecer servicios sexuales en la calle– y, tras la pandemia, están a punto de perder la calle. «Tras el confinamiento, la calle está herida de muerte», alertó Ninfa.

Con todo, sin la calle, la consecuencia es, según denunció en Donostia esta trabajadora sexual, que «están ahogando» la prostitución callejera: «Las compañeras van a tener que dejar de ser independientes y trabajar para esa patronal que desde 2004 está reconocida». «Y, por experiencia propia –agregó–, puedo decir que la prostitución callejera es la más autónoma que hay. Nosotras no necesitamos de chulos».

Menos redención, más zorroridad

Carolina Clemente, trabajadora sexual y sicóloga, analizó en su trabajo de fin de grado que el impacto sicológico que provoca el estigma social que cargan las prostitutas. «Una de las maneras de desacreditar a las trabajadoras sexuales en general, y sobre todo a las activistas, es decir que tenemos muchísimos trastornos», comentó. Pero los trastornos, de haberlos, no los provoca el trabajo sexual, según Clemente. En todo caso, sostuvo la ponente, el principal origen de las afecciones que puede llegar a sufrir una prostituta es el propio estigma.

«El estigma nos afecta en todos los ámbitos de nuestra vida, y que no acaba ni siquiera aunque cambiemos de actividad. Es algo que nos va acompañar el resto de nuestras vidas», aclaró.

Clemente expuso que los prejuicios afectan a las trabajadoras sexuales en tres ámbitos: el autoconcepto, las relaciones con los demás y el trato institucional. Prosiguió con la explicación, punto por punto. «Cómo nos ve la sociedad, cala en la manera en que nos vemos a nosotras mismas. ¿Cómo ve la sociedad a las putas? Como seres sucios, infectados, que no tenemos conciencia de absolutamente nada, que por tanto hay que tutelarnos, que somos personas con muchísimos traumas y que esos traumas nos invalidan. O que no tenemos moral, que somos malas personas», comentó sobre el autoconcepto.

Matizó que, como en el caso de cualquier otra persona trabajadora, el trabajo sexual ocupa tan solo una parte de las vidas de las prostitutas. Pueden ser madres, estudiantes, amigas, tener pareja. «Somos seres humanos y tenemos la misma realidad que tenéis vosotras. Lo que pasa es que la mayoría suele preservar esta realidad y llevan el trabajo en secreto. Y de ahí que lleven una doble vida», contó.

Es más difícil escapar de la violencia institucional. La que, como relataba Ninfa, les considera delincuentes e incide en la inseguridad de las trabajadoras, y la que les presume víctimas, como los servicios sociales y algunas ONG. «Muchas asociaciones no nos ven precisamente como sujetos, nos tratan con paternalismo, con condescendencia, desde los estigmas peyorativos. Muchas veces, cuando asistes a un profesional de salud mental, te mide en función de sus prejuicios. Le planteas que tienes un problema en una faceta de tu vida y esa persona siempre tiene que acabar en el trabajo, porque es lo que a ella misma le está generando angustia. Las demás facetas de tu vida se quedan en un segundo plano, cuando para ti pueden ser prioritarias», advirtió Clemente.

La sicóloga concluyó que la receta más efectiva para proteger la salud social y mental de las trabajadoras sexuales es, en efecto, la deconstrucción del estigma. Y lanzó un mensaje al feminismo abolicionista: «Es lo que deberían estar haciendo. Porque, a lo mejor, la solución no es la redención. A lo mejor la solución no es que las putas encontremos a un marido que nos valide socialmente, y nos redima, y nos haga vernos como personas aceptables para la sociedad. A lo mejor necesitamos redes de apoyo, ver que el trabajo sexual es un trabajo. Esto se hace mediante la zorroridad».

Ley de Despenalización y Regulación Laboral del Trabajo Sexual. Borrador de trabajo.

El siguiente PDF es una adaptación a la situación en España de la Ley de Reforma de la Prostitución de Nueva Zelanda.

Ley de Despenalización y Regulación Laboral del Trabajo Sexual

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