Litigio en los tribunales para conseguir los derechos constitucionales de las trabajadoras sexuales en California (EE.UU.)

 

 

Louis Sirkin, preeminente abogado especializado en la Primera Enmienda de la Constitución de los EE.UU., presentará las alegaciones

Nota de Prensa: Louis Sirkin prepara alegaciones orales históricas PDF

10 de octubre de 2017

https://esplerp.org/louis-sirkin-preeminent-first-amendment-lawyer-will-argue/

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 10 de octubre de 2017
Contacto: Maxine Doogan (41Five) 265-3302
info (AT) esplerp (DOT) org

Louis Sirkin, preeminente abogado especializado en la Primera Enmienda, será el defensor de la novena apelación del circuito que defiende la privacidad sexual contra la penalización del trabajo sexual.
El caso pionero planteado por activistas del trabajo sexual está programado para vista oral en el noveno circuito de apelación el 19 de octubre

El 19 de octubre a las 9 am, Louis Sirkin se pondrá de pie ante un panel de jueces en el Noveno Circuito de Apelaciones en San Francisco, en la última etapa de un largo proceso judicial que aboga por la intimidad sexual y contra la prohibición a través de la criminalización del trabajo sexual.

En marzo de 2015, el Proyecto de Investigación en Educación Jurídica de Proveedores de Servicios Eróticos (ESPLERP) lanzó un caso histórico en el Tribunal Federal de Distrito de Oakland, en el Tribunal Federal de Distrito de Oakland, en el que se impugna el Código Penal 647 (b) de la ley contra la prostitución de California argumentando que es inconstitucional y buscando descriminalizar el trabajo sexual. Ese caso ha llegado a la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito de Apelación, donde es apoyado por escritos presentados por más de treinta organizaciones de derechos civiles y LGBTQ. Y el 19 de octubre a las 9 de la mañana, el Noveno Circuito tiene previsto escuchar los Argumentos Orales.

El abogado principal de ESPLERP es Louis Sirkin, uno de los principales abogados de la Primera Enmienda y de defensa criminal del país. Durante más de 50 años de práctica, Sirkin ha defendido consistentemente la libertad de expresión y los derechos constitucionales de innumerables personas y empresas.

● Alcanzó la prominencia nacional en 1990 cuando defendió con éxito a Dennis Barrie, director del Centro de Arte Contemporáneo de Cincinnati, en contra de los cargos de obscenidad por mostrar la obra desnuda de Robert Mapplethorpe.
● En 2002 argumentó con éxito ante el Tribunal Supremo en Ashcroft v. Free Speech Coalition que la Ley de Prevención de Pornografía Infantil era inconstitucional.
● En 2005, en el caso Estados Unidos vs. Extreme Associates, argumentó con éxito que el derecho a la privacidad, recientemente confirmado y reforzado en el caso Lawrence vs. Texas, otorgaba a las personas el derecho constitucional de ver los materiales ofensivos en privado, un derecho que no puede ejercerse de manera significativa sin un derecho correspondiente de las empresas a distribuir dichos materiales.
● Y en 2008, fue el abogado principal en el caso Reliable Consultants vs. Abbott, donde el Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito consideró inconstitucional la ley de Texas que prohibía la venta y distribución de juguetes sexuales. En resumen, el tribunal, citando la sentencia del caso Lawrence vs. Texas, declaró: “El caso no es sobre sexo público. No se trata de controlar el comercio del sexo. Se trata de controlar lo que la gente hace en la intimidad de sus propios hogares porque el Estado se opone moralmente a cierto tipo de conducta íntima privada consensual. Esta es una justificación insuficiente para el estatuto después del caso Lawrence”.

“Toda mi carrera legal se ha centrado en la libertad de expresión y la privacidad”, dijo Louis Sirkin. “Y este caso es una extensión natural de ese trabajo. En el caso Lawrence vs. Texas, la Corte Suprema dejó en claro que el gobierno no podía usar la moralidad como base para regular la actividad sexual consensual privada “.

Los acusados ​​en el caso son varios abogados de California y luego el fiscal general de California, Kamala Harris, quien desde entonces ha sido reemplazado por Xavier Becerra. Sus argumentos orales probables, basados ​​en sus argumentos legales en sus escritos al Noveno Circuito, y en el reciente testimonio de Xavier Becerra ante el Congreso, parecen estar totalmente basados ​​en desaprobación moral, junto con una mezcolanza de afirmaciones espeluznantes sin fundamento sobre factores que no tienen nada que ver con el comportamiento privado entre adultos que consienten.

“Una larga lista de organizaciones internacionales, incluida Amnistía Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la revista médica Lancet, Human Rights Watch y la Comisión Global de las Naciones Unidas sobre el VIH y el Derecho, han pedido la despenalización del trabajo sexual”, dijo Maxine Doogan, Presidente de ESPLERP. “Les gusta que reconozcamos que las leyes contra la prostitución criminalizan la vida privada de adultos que consienten, atacan los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y sus clientes y tienen efectos muy adversos sobre la salud y la seguridad públicas. Tenemos el abogado adecuado para discutir nuestro caso “.

“Ha hecho falta mucho tiempo llegar aquí – y estamos muy agradecidos a todos nuestros partidarios y aliados que lo hicieron posible”, dijo Claire Alwyne, de ESPLERP. “Esperamos que llegue nuestro día en el tribunal, y ava zar otro paso hacia el final de la guerra represiva contra el sexo”.

ESPLERP v Gascon es mayormente financiado por individuos que hacen pequeñas contribuciones, pero nuestros oponentes tienen bolsillos profundos – esencialmente usando nuestros dólares de contribuyentes para negarnos nuestros derechos. Las contribuciones para apoyar el caso judicial pueden ser presentadas a través del enlace de crowfunding – Liberate To Emancipate

Proveedores de Servicios Eróticos Proyectos de Derecho, Educación e Investigación (ESPLERP) es una coalición diversa basada en la comunidad que promueve los derechos de privacidad sexual a través de litigios, educación e investigación. Proveedores de Servicios Eróticos Proyecto Legal, Educación e Investigación (ESPLERP) 2261 Market St. # 548 San Francisco, CA 94114esplerp.org, decriminalizesexwork .com ###

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APDHA Sevilla: El Ayuntamiento de Sevilla “no tiene excusas” cuando identifica prostitución y trata

https://www.apdha.org/ayuntamiento-sevilla-no-excusas-cuando-identifica-prostitucion-y-trata/

 

Sevilla, 22 de septiembre de 2017-. Una vez más vuelve a ser noticia la campaña del Ayuntamiento de Sevilla, en esta ocasión por el Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata.

El 23 de septiembre es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Esta fecha fue instaurada por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en 1999, como estrategia para sensibilizar sobre necesidad de luchar contra esta grave vulneración de derechos fundamentales. Este año, el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido por su propia cuenta, añadir la prostitución a la celebración de este día, decidiendo de esta manera conmemorar el Día Internacional contra la Explotación Sexual, la Trata y, también en esta ocasión, la Prostitución. De esta forma, se apropia de un llamamiento acordado a través de una conferencia mundial para adecuarlo a sus propias políticas e intereses anti prostitución.

Y NO HAY EXCUSAS para ello. No sólo por el atrevimiento de esta apropiación, sino porque esta equiparación entre trata y prostitución no tiene ningún tipo de rigor objetivo, es fruto de un punto de vista sesgado y plagado de prejuicios morales, y lo que es aún peor, tiene graves consecuencias sobre las personas que ejercen la prostitución de manera voluntaria y supone una negación de su condición como sujetos de derechos.

Desde la delegación de Sevilla de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, insistimos en que no se puede legislar confundiendo trata con prostitución, porque no beneficia a las víctimas reales y supone una fuerte discriminación y vulneración de derechos para quienes la ejercen de forma voluntaria.

No hay excusas, legislar a través del acoso y criminalizar a los clientes no los resta, y solo favorece a la estigmatización de quienes ejercen el trabajo sexual. Desde APDHA, animamos al ayuntamiento a probar con campañas en positivo  por la educación, más que por la represión.

No hay excusas, y tenemos conocimiento que el propio Ayuntamiento de Sevilla reconoce en una evaluación tardía del Plan para Promover la Erradicación de la Trata, la Prostitución y otras formas de Explotación Sexual, que las medidas tomadas han llevado a la clandestinidad a las personas trabajadoras del sexo, suponiendo así, un agravamiento a su situación de marginalidad.

No hay excusas. Sin contar con las voces de las personas trabajadoras del sexo no se puede tener conocimiento de la realidad. El acoso invisibiliza, estigmatiza y provoca que se desplacen a zonas del extrarradio de la ciudad, más inseguras, o a esconderse en clubes de alterne o ‘salas de fiesta’ donde son más propensas a prestar los servicios para terceros, con condiciones precarias e infrahumanas, donde son más difíciles de atender y de detectar vulneraciones de derechos humanos.

No hay excusas para que la administración ataque a las personas que ejercen el trabajo sexual en la calle, las más visibles y vulnerables, mientras da la espalda y no atiende ni se preocupa por las condiciones de trabajo ni el cumplimiento de derechos laborales en clubes y empresas.

No hay excusas, no hay medidas o recursos efectivos suficientes para aquellas personas que quieran dejar de ejercer la prostitución. No basta con la realización de pruebas del VIH y el reparto de preservativos.

No hay excusas, establecer el miedo y la represión solo aleja a las personas que ofrecen servicios sexuales de las administraciones y las fuerzas de seguridad, por temor a ser estigmatizadas.

No hay excusas. Basta de criminalizar a las personas que libremente prestan servicios sexuales, porque sin dignidad no hay derechos.

 

Feminismo, prostitución y Estado

 

Feminism, Prostitution and the State: The Politics of Neo-Abolitionism

(Routledge Studies in Gender and Global Politics) 1st Edition

by Eilis Ward (Editor), Gillian Wylie (Editor)

 

 

http://www.readcube.com/articles/10.4324/9781315671437?author_access_token=CxraL-EyfweRmqUaUzp2mQLBIUWHziPdsn0vlMIwK3ThNDVrYF1U09lJam69h-SodlczmV0NZUKK01qmtoYPJFef4Z75mtJ9an59l6BUqDhUsnvQESsuxF-4WBPTmZ-U

 

INTRODUCCIÓN

Ellis Ward y Gillian Wylie

Introducción al neoabolicionismo: definición, conductores y debates

Cuando el gobierno sueco adoptó su Ley de Compra de Sexo en 1999, era difícilmente imaginable que la medida daría prestigio al Estado sueco al presentarlo como un supermodelo global para las políticas de prostitución en las décadas siguientes.

Aunque tradicionalmente las políticas de prostitución no han recibido mucha atención política —con algunas notables excepciones, como Nueva Zelanda y los Países Bajos—, los Estados del mundo occidental han empezado recientemente a debatir el comercio sexual como una prioridad urgente y un ámbito de acción imperioso. Dentro de estos debates, una opinión es siempre vociferante y de hecho domina en varias organizaciones internacionales y Estados-nación: que criminalizar a los que compran sexo está funcionando en Suecia y forzosamente lo hará en otros lugares para reducir el comercio sexual y, lo que es más importante, reducir la trata con fines de explotación sexual.

Para los académicos hay mucho que analizar en este fenómeno y mucha complejidad que es necesario desenredar. Una cuestión central que requiere un análisis es la pregunta a menudo planteada: ¿cómo ha llegado a dominar este modelo neoabolicionista la forma en que muchos gobiernos y organizaciones de la sociedad civil piensan acerca de la prostitución y el comercio sexual? Esta pregunta está en el corazón de este libro.

Este libro intenta ofrecer algunas explicaciones para la influencia creciente del neoabolicionismo, documentadas en estudios de casos de activismo político y prácticas estatales en un número selecto de jurisdicciones. Nuestro interés está en una evaluación crítica del surgimiento y ascenso del neoabolicionismo y su fundamento en un conjunto de creencias sobre su éxito en el ejemplo, es decir, Suecia. La política de Suecia ha sido legitimada a su vez por un fuerte discurso internacional que ha influido con éxito en cómo actores políticos y civiles piensan en la prostitución y el comercio sexual a principios del siglo XXI.

Ahí radica el desafío tanto para los responsables de la política como para los académicos. Mientras que los defensores del neoabolicionismo —sean activistas feministas radicales, grupos de presión religiosos o políticos— afirman que ésta es la única respuesta a las cambiantes circunstancias del comercio sexual de hoy, otras voces critican tanto las suposiciones contenidas en el modelo como su idoneidad como una respuesta de ‘talla única para todos”. Por lo tanto, el debate se ha polarizado y la compleja realidad de reconocer múltiples posiciones, múltiples situaciones y la relevancia del contexto al crear políticas alrededor del comercio sexual se ha vuelto algo desorientada. De hecho, el poder ejemplar de Suecia como modelo se refleja en el foco central de este libro en sí mismo: cómo explicar la manera en que este enfoque ha llegado a establecerse como la norma contra la cual todos los demás son medidos.

Antes de entrar en las discusiones que siguen, es necesario aclarar lo que se entiende por neoabolicionismo. El neoabolilionismo puede concebirse como una nueva versión de un enfoque establecido de la prostitución, el abolicionismo, que busca cerrar los espacios y lugares donde se practica el sexo comercial. Esto funciona criminalizando las actividades relacionadas con el trabajo sexual como el proxenetismo, la especulación, el vivir de los ingresos de la prostitución, la organización, y así sucesivamente. Podemos pensar en esto como un régimen que intenta estrangular el “suministro” criminalizando sus tecnologías, humanas o de otro tipo, pero que, sobre el papel al menos, no castiga a la vendedora.

El neoabolicionismo continúa argumentando que los Estados deben intentar abolir la prostitución, pero cambia la atención hacia la demanda como el pivote para este objetivo final. Si la demanda de sexo comercial es un crimen, entonces la oferta se marchitará en la vid. Este cambio se adoptó por primera vez en el mundo occidental en Suecia como parte de su programa de feminismo radical y postuló el sexo comercial, en el cual las mujeres eran vendedoras y compradoras de hombres, como una expresión inaceptable y violenta del patriarcado, que requería una intervención estatal mejorada. Así pues, se concibió como una política destinada a abolir la prostitución per se. A través de un proceso descrito en otro lugar (véase Swanstrom en este volumen), rápidamente se reelaboró nuevamente para incluir el objetivo de combatir la trata de mujeres con fines de explotación sexual, en respuesta a la presencia de mujeres inmigrantes en el comercio sexual sueco y convirtiéndose así en una premonición de los marcos internacionales de lucha contra la trata que luego emergieron en la ONU, la UE y otros lugares.

Esta breve historia social de la idea aísla los dos temas que definen el neoabolicionismo. En primer lugar, entiende la prostitución en sí como una forma de violencia contra la mujer, de acuerdo con los relatos feministas radicales de las relaciones de género y el poder de género. En segundo lugar, considera que la prostitución y la trata sexual son inseparables tanto desde el punto de vista conceptual (cómo pensamos en ellas) como en términos de leyes (cómo los Estados responden a ellas). Por lo tanto, el neoabolicionismo desagrega la “trata sexual” de otras formas de trata (como la laboral o el tráfico de órganos) y, en términos de política, desvincula la prostitución de los marcos de política social tales como la reducción de daños y las medidas contra la pobreza y se centra en cambio en las respuestas de la justicia penal y la aplicación de la ley.

Desde que la Ley de Suecia entró en vigor en 1999, Finlandia y Noruega, Irlanda del Norte, Francia y la República de Irlanda han adoptado o están a punto de adoptar el neoabolicionismo, aunque no siempre fielmente. En Irlanda del Norte, por ejemplo, las mujeres que venden sexo en grupos de más de una persona pueden ser procesadas ​​por propietarias de prostíbulos, produciendo así una extraña variante del neoabolicionismo que concibe a la persona que vende sexo como víctima y perpetradora de un delito al mismo tiempo, lo que sin duda es una profunda contradicción.

Mientras que la defensa del neoabolicionismo debe mucho al feminismo radical, es notable que otros grupos de presión , muy diferentes, también apoyan la idea. Más obviamente en el contexto de Estados Unidos, pero también en otros lugares como Irlanda del Norte, están en juego las fuerzas religiosas conservadoras y fundamentalistas (Bernstein 2012: Weitzel 2007; Zimmerman 2013). La improbable colaboración del feminismo y el fundamentalismo se manifiesta en una forma de gobernanza feminista (Halley 2006) o “feminismo carcelario” (Bernstein 2012) y se ha convertido en un componente clave de la política exterior de Estados Unidos con implicaciones directas en las relaciones internacionales. El compromiso contra la prostitución exigido a los beneficiarios de ayuda de los EE.UU. durante la administración Bush es un ejemplo clave de este impacto.

Aquí encontramos un aspecto adicional e inicialmente quizá desconcertante de la popularidad del neo-aboficionismo: su alianza con el neoliberalismo como una forma de gobierno y un conjunto de ideas o un ideal. Evidencia de esta convergencia se encuentra, por ejemplo, en la crítica de Bumiller (2008) a la alianza del feminismo radical con el Estado neoliberal en relación con la violencia sexual y en relación con la ley y las regulaciones sexuales de manera más general (Halley 2006). Desde este punto de vista, la formulación de la prostitución como una forma de violencia contra la mujer encaja con ciertos valores neoliberales o, al menos, no causa problemas a los Estados neoliberales. Por ejemplo, la influencia del neoabolicionismo en los programas de salida de la prostitución en los Estados Unidos encaja bien con un paradigma neoliberal de desviar la responsabilidad del bienestar social del Estado hacia los individuos, a los que se hace hiperresponsables (Leon Crysanthi, Shdaimah y Corey 2012: 269) Tema también identificado en relación con el Reino Unido (Scouter y O’Neill 2007: Carlin y Scouter en este volumen). Ejemplos como éstos dan peso a un argumento convincente de que las ideas feministas radicales, en particular sobre la violencia de género (incluyendo la prostitución en sí misma), han encontrado un hogar cómodo en el Estado neoliberal punitivo (Halley 2006. BumiIler 2008: 160).

Sin embargo, aunque el neoabolicionismo parece florecer en contextos neoliberales, un examen superficial no revela ningún patrón de correspondencia entre el tipo de Estado y el tipo de régimen de prostitución. De hecho, la tesis neoliberal parece estar confundida por el caso tanto de Suecia como, al otro extremo del espectro, de Nueva Zelanda. Suecia es un Estado de bienestar “feminista de Estado” y la prohibición de compra de sexo es parte integral de su agenda de igualdad intervencionista. Entiende que el Estado puede intervenir en los actos sexuales entre adultos para reparar y reequilibrar las desigualdades de género y está profundamente arraigado culturalmente en la larga historia de Suecia (Carson y Edwards, 2011). En cambio, Nueva Zelandia tiene una política completamente diferente que no criminaliza el acto de comprar o vender sexo y, en cambio, trata de regular la actividad a través de otros temas como los relacionados con la fiscalidad, la salud y la seguridad, la violencia sexual y el acoso, etc. Nueva Zelanda, en efecto, rechazó la idea de una prohibición de compra de sexo, pero Harrington argumenta que, contra los autores citados anteriormente, su régimen se ajusta cómodamente a las ideas de la mercantilización de la economía y de la sociedad inherentes al neoliberalismo del Estado (Hanington, 2012). De hecho, a menudo se argumenta que el neoliberalismo es bueno para las trabajadoras sexuales porque su privilegio del individualismo y las fuerzas del mercado pueden racionalizar el tipo de normas sociales dentro de las cuales las mujeres que se dedican al comercio sexual pueden hacerlo sin necesariamente ser estigmatizadas. En este enfoque, la venta de sexo se convierte por lo tanto, en un acto equivalente a vender cualquier otro “producto”.

El hecho de que no exista una relación directa entre los regímenes neoliberales y el neoabolicionismo puede estar en función de las contradicciones que existen dentro de la idea del neoliberalismo en sí mismo. Wendy Brown (2015) sostiene que el neoliberalismo es un concepto polémico, caracterizado por la ambigüedad. Es un fenómeno global, pero es inconsistente y no sistemático en su manifestación. Sin embargo, la manera en que regímenes del trabajo sexual diametralmente diferentes pueden “encajar” en los marcos neoliberales tiene sentido cuando concebimos al neoliberalismo no como una ideología, un conjunto de prácticas estatales singulares, coherentes y políticamente liberales, sino como conteniendo contradicciones y dinámicas complejas (Lamer 2000) que incluyen tendencias hacia ideologías políticas conservadoras y liberales.

Dejando a un lado la gran teoría, este libro sugiere que el mejor enfoque para considerar por qué el neoabolicionismo se ha vuelto tan influyente en el mundo occidental contemporáneo es, en efecto, construir la teoría desde el principio, basándose en estudios de casos concretos. Mientras que el neoabolicionismo tiende a ofrecer las mismas prescripciones políticas donde quiera que sea escuchado, en contextos variables debe adaptarse a las condiciones, historias y subjetividades locales. Sin embargo, no siempre ha tenido éxito precisamente debido a esas condiciones locales, como ilustran algunos de nuestros casos. De este modo, la historia de la organización de las trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda seguramente es la principal barrera al neoabolicionismo allí. Mientras que las estructuras del gobierno australiano y la división relacionada de los poderes legislativos (O’Brien en este volumen) hacen extremadamente difícil para el activismo neoabolicionista tomar posiciones allí a pesar de una marea de apoyo a su agenda.

Aquí sugerimos, a partir de los estudios de caso presentados en este libro, un conjunto de conductores —factores, actores, fuerzas e instituciones— del neoabolicionismo. Sin embargo, es posible que no se encuentren en todas partes, o que de hecho funcionen de manera contraria dependiendo de las particularidades de cada contexto. Los lectores observarán que estos conductores se reflejan de una forma u otra a través de los capítulos a seguir.

 

Los conductores del neoabolicionismo

 

1 Suecia como supermodelo

Esto puede parecer un punto obvio dado la omnipresencia de las referencias al “modelo sueco” por sus defensores, pero es un punto insuficientemente reconocido y hay razones por las que la “suecidad” del modelo es particularmente influyente. Una de ellas es la percepción internacional generalizada de Suecia como una economía equitativa y justa desde el punto de vista moral. Gracias al estatus de Suecia como un “buen ciudadano internacional”, el neoabolicionismo gana legitimidad por asociación. Una segunda razón por la que el modelo se promueve tan exitosamente radica en el impacto de la acción consciente del Estado sueco. El Estado pone fondos y recursos políticos en la promoción del modelo en el extranjero (en la UE, por ejemplo) y en la acogida de delegaciones parlamentarias en el país, como lo atestiguan algunos de los capítulos del libro. El papel de Suecia en promover activamente su enfoque, como parte de su propia creación de imagen en el ámbito internacional, no puede ser subestimado al explicar la capacidad de la idea de obtener acogida en otras partes.

2 Redes transnacionales en la política internacional

La mayor parte de este libro toma como base la aproximación a la política del neoabolicionismo dentro de cada país “desde cero”. No cabe duda de que las redes transnacionales de promoción han sido actores influyentes en la difusión de la idea. Utilizando los espacios creados para ejercer presión en torno a las organizaciones mundiales y regionales, las redes de activistas neoabolicionistas han influido en marcos internacionales sobre la trata sexual, vinculando el tema estrechamente a las políticas de prostitución y abordando “el lado de la demanda”. Muchos de estos grupos de promoción transnacional están asociados con el movimiento mundial de lucha contra la violencia contra la mujer, que ha crecido cada vez más desde la Conferencia de Pekín de 1995 y ahora está integrado en grupos de presión transnacionales como el Lobby Europeo de Mujeres (EWL) cuyo papel clave en la promoción del abolicionismo en Europa es significativo. Los activistas locales de la sociedad civil, que intentan domesticar los ideales neoliberales en sus propios contextos, buscan a los aliados de la sociedad civil global como EVVL y la Coalición contra la Trata de Mujeres, para reforzar su posición.

3 Movimientos contra la violencia contra las mujeres en la política nacional

Mientras que el feminismo ha tenido un debate largo y continuo sobre sus posiciones en el trabajo del sexo, el neoabolicionismo, que postula el trabajo del sexo como intrínsecamente una forma de violencia, logró adaptarse con precisión a los avances hechos por movimientos contra la violencia contra las mujeres en diversos ambientes políticos nacionales. Si bien están vinculadas a organizaciones transnacionales como el EVVL (su Observatorio de la Violencia Contra la Mujer, por ejemplo), como se mencionó anteriormente, muchas organizaciones pequeñas y locales de mujeres han incorporado la idea de la intervención estatal y asegurado el financiamiento estatal para trabajar en contra de la violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. Estos grupos afilaron sus dientes a través de muchos años de activismo a nivel local y nacional para conseguir refugios, programas de educación pública y muchas otras iniciativas. El neoabolicionismo se basó fácilmente en estos esfuerzos y en la experiencia de los grupos de presión para legitimar y popularizar su agenda.

4 Normas de moralidad anticuadas

Un elemento importante del atractivo de la retórica abolicionista consiste en recurrir a valores simplistas del bien contra el mal en lugar de ofrecer un análisis racional de las políticas basado en datos rigurosos. El conocimiento empírico sobre la naturaleza y la extensión del sexo comercial a menudo carece de rigor, o reconocimiento de la complejidad, en muchos contextos nacionales. Por el contrario, los debates sobre la prostitución y el trabajo sexual están a menudo cargados emocionalmente, ofrecen resistencia a los hechos fehacientes, están gobernados por una ideología muy explícita, concurridos por informantes con conocimientos limitados, preeminentemente preocupados por el simbolismo, y finalmente sujetos a cambios abruptos (Wagenaar y Mink 2012). Desde esta perspectiva, por lo tanto, el éxito del neoabolicionismo puede explicarse como una función de la dinámica particular de la formación de normativas de prostitución, tal vez distintas a las de otros ámbitos normativos (como el medio ambiente o el transporte) en la que las preocupaciones morales a menudo triunfan sobre la evidencia. Este argumento sugiere, pues, que es el poder discursivo del neoabolicionismo, su carga moral, lo que le lastra, junto (como ilustran algunos capítulos) a la convergencia de la “anticuada” moralidad sexual conservadora con su primo cercano cuando se trata del comercio sexual: el más a la moda feminismo radical.

5 El imaginario de la trata

El pensamiento neoabolicionista depende en gran medida de la creación de una equivalencia irreductible entre la prostitución y la trata sexual y el poder de la idea de que la trata sexual es un fenómeno enorme y abrumador. Esto no quiere decir que la explotación de las personas que se mueven global o localmente en el comercio sexual no tenga lugar (sería absurdo negar esto) sino que la idea de “trata sexual” se ha utilizado con gran efecto político de la misma manera que la trata de blancas funcionó en la primera parte del siglo XX (Doezema 2010, Soderlund 2013). El imaginario contemporáneo traza una equivalencia entre la prostitución y lo que se denomina trata sexual, porque ambos se entienden fundados en la violencia y la imposibilidad de consentimiento. Confiar en el imaginario de la víctima de trata —inocente, mujer, explotada— supera todos los otros enfoques, incluyendo aquellos que buscan incluir debates sobre la libertad en relación con el cuerpo sexual o la autonomía corporal. A pesar de las estadísticas impugnadas y la complejidad de la “trata” (véase, por ejemplo, Sharma 2003), el poder de este imaginario apunta a las dificultades encontradas para llevar la evidencia empírica al debate. Las víctimas de la trata son, por definición, invisibles y como tal siempre presentes e irrefutables. En virtud de su supuesta inocencia y victimización, siempre triunfarán frente a una trabajadora sexual cuyo estatus es tradicionalmente, aunque con algunas excepciones, considerado política, social y moralmente problemático, incluso dentro de la teoría feminista (Beloso 2012). El imaginario de la trata ha sido particularmente poderoso en los Estados Unidos, permitiendo al Estado asumir el papel de protector benevolente para hacerlo encajar con sus propios intereses territoriales (Soderlund 2005). Sorprendentemente, Portugal está solo entre los Estados miembros más antiguos de la UE como carente de pensamiento neoabolitionista a pesar de la presencia tanto de un movimiento feminista fuerte como de un comercio del sexo. Un fenómeno posiblemente explicado por el hecho de que la “trata” no es un problema para el Estado.

6 El evangelismo religioso

Las neoabolicionistas feministas se han encontrado como extraños compañeros de cama con los cristianos evangélicos en la lucha contra la prostitución / trata sexual. En el contexto americano, los cristianos evangélicos de derecha sostienen ideales neoabolicionistas a pesar de partir de puntos de vista diametralmente diferentes a los de las feministas radicales. Los evangélicos están preocupados por apuntalar la vida familiar heterosexual nuclear y oponerse a la “esclavitud” porque niega a la gente la libertad de seguir a Cristo (Zimmerman, 2013). Se podría argumentar que esta poderosa alianza entre el feminismo radical y la derecha religiosa aseguró la prevalencia del neoabolicionismo en los Estados Unidos. Además, otras tradiciones dentro del cristianismo también pueden conducir al respaldo del neoabolicionismo, como en Francia, donde el neoabolicionismo actual implica una convergencia del feminismo y los movimientos católicos históricos de rescate y justicia social (Mathieu 2016).

7 La cultura política nacional dominante

Como se mencionó anteriormente, el pensamiento neoliberal es un ideal y un conjunto de prácticas encontrados entre las democracias avanzadas discutidas en este libro. Sin embargo, como también se admitió anteriormente, el contexto neoliberal puede funcionar en ambos sentidos en relación con el comercio sexual. El libre mercado puede legitimar el sexo comercial, así como la transferencia de la responsabilidad del bienestar desde el Estado a los individuos puede promover una confluencia entre el abolicionismo neto y los enfoques de usar la justicia penal para tratar la prostitución. Por otra parte, las contradicciones internas del neoliberalismo también son evidentes en el deseo de los Estados liberales de permitir el libre mercado de los bienes a la vez que se evitan con determinación los movimientos transfronterizos de personas. La tendencia común de los Estados capitalistas avanzados a buscar el control de la inmigración en nombre de la seguridad puede crear una causa común con aquellos que buscan criminalizar a los tratantes de sexo y a los compradores de sexo. Dentro de estas corrientes políticas globales, por lo tanto, la importancia del neoabolicionismo en lugares particulares todavía depende mucho de la intersección entre el ideal y las culturas políticas locales. Así, la resistencia al neoabolicionismo puede provenir del individualismo histórico de Nueva Zelanda, mientras que la empatía con la idea se puede encontrar en el feminismo estatal de Suecia, en la historia del regulacionismo moral en Irlanda o en el cambio hacia la responsabilidad personal en Inglaterra y Gales. Las diferencias nacionales, incluidas las culturas y las instituciones políticas, por lo tanto, jugarán un papel en cómo el neoabolicionismo es conducido y quién lo conduce.

8 Política consensuada entre partidos

Un tema llamativo del éxito del neoabolicionismo es el grado de consenso entre los distintos partidos alcanzado en diferentes sistemas políticos. En Suecia. Inglaterra y Gales, Irlanda y los Países Bajos, partidos de todo el espectro, por lo general divididos en otros temas de moralidad privada (sobre cuestiones de derechos de aborto, por ejemplo, o más tradicionalmente sobre la homosexualidad) han encontrado suficiente causa común para trascender lo que los científicos políticos habitualmente denominan escisiones políticas . Donde esto ha ocurrido, es realmente difícil que las opiniones contrarias sean aireadas y / o legitimadas.

9 La fuerza o debilidad relativa de las organizaciones de trabajadoras sexuales

Por último, cualquier discusión sobre los factores conductores del neoabolicionismo necesita referirse a la presencia o ausencia de organizaciones de trabajadoras del sexo y su influencia estratégica o política dentro de cualquier forma de gobierno. Es una tentadora simetría argumentar que cuando hay organizaciones de trabajadoras sexuales fuertes y políticamente astutas el neoabolicionismo por lo menos tendrá ante sí un hueso duro de roer. En este sentido, podríamos argumentar, para poner de manifiesto un punto obvio, que su ausencia se convierte en un impulsor del neoabolicionismo. En los países donde estos movimientos son fuertes, Nueva Zelanda, Australia y los Países Bajos, la política neoabolicionista no ha alcanzado una posición dominante.

Sin embargo, como se trata en el capítulo de los Países Bajos más adelante, se trata de una simetría que no se puede asumir. Igualmente, en los Estados Unidos (la patria, después de todo, de una de las organizaciones originales de trabajadoras sexuales, COYOTE), otros factores, como los identificados anteriormente, han eclipsado el poder y la legitimidad de las organizaciones de trabajadoras sexuales. En este sentido, podemos identificar más correctamente las organizaciones de trabajadoras sexuales quizá como una variable importante en el conjunto en lugar de un conductor diferenciado. Nuestros estudios de caso aquí de nuevo parecen indicar que la mezcla de particularidades locales, incluyendo el poder relativo y el estatus de las organizaciones de trabajadoras sexuales, será significativa en la determinación del resultado de cualquier proceso de reforma de leyes o regulaciones.

 

CONCLUSIÓN


El feminismo carcelario, el Estado y la trabajadora sexual
En una era globalizada, ¿de quién es el poder?

Eilis Ward y Gillian Wylie

Introducción

Las ideas y políticas neoabolicionistas se han vuelto omnipresentes En muchas partes del mundo, está sencillamente dado como hecho probado que criminalizar la compra de sexo reducirá el trabajo sexual y automáticamente provocará una reducción de la demanda que, según se argumenta, es trata con fines de explotación sexual. Por lo tanto, de un solo golpe, junto con la abolición de la prostitución, también se pondrá fin a la trata sexual. Como ilustran los capítulos de este libro, estas ideas en la actualidad animan marcos políticos internacionales y dan forma a muchas políticas estatales hacia el trabajo sexual. Incluso en contextos de países aparentemente inmunes al atractivo de la idea, los activistas neoabolicionistas se conectan con determinación en la esfera pública, impactando en la política local y en las sociedades civiles. Pero, como también ilustra este libro, hay muchos problemas y desafíos en esta línea de argumentación y estos problemas se vuelven a su vez más complejos por las interacciones entre los ideales neoabolicionistas y los regímenes internacionales, las culturas políticas locales y los valores en pugna. A modo de conclusión, ofrecemos algunas reflexiones sintetizadoras sobre el análisis de la trayectoria del neoabolicionismo, reflexiones que se encuentran en los capítulos de este libro, así como algunas reflexiones sobre las implicaciones políticas y sociales de este proyecto feminista radical.

 

Afirmaciones y conductores neoabolicionistas

La afirmación de que “Suecia funciona” es un importante grito de reivindicación y legitimidad para el activismo neoabolicionista, y al que nos referimos al comienzo de este libro. Sin embargo, a lo largo de los capítulos, la idea de que existe una fuerte base de evidencia para el modelo sueco o las prohibiciones de compra del sexo se demuestra repetidamente que es frágil, no menos en el capítulo de Yvonne Swanstrom que señala la falta de una evaluación apropiada de la prohibición de la compra del sexo. A lo largo del libro se cuestiona la base empírica para abogar por criminalizar la demanda masculina. Por ejemplo, el capítulo sobre Irlanda muestra que las estadísticas a menudo citadas en defensa de la posición neoabolicionista son dudosas. En general, la confluencia de la cuestión de la trata sexual con la prostitución es una presunción central del neoabolicionismo porque la imagen predominante de la víctima de la trata como una mujer violada e inocente refuerza las llamadas a criminalizar la demanda y a superar cualquier preocupación “liberal” con la reducción del daño, la libertad de elección o la autonomía personal o las llamadas de atención en cuanto a la complejidad y diversidad dentro del comercio sexual y la viabilidad de la propuesta. Pero también aquí la evidencia sobre la naturaleza y extensión de la trata sexual es altamente problemática y politizada (Feingold 2010; Vance 2011). Lo que estamos sugiriendo aquí es que la influencia generalizada del neoabolicionismo no puede ser explicada en términos de “hechos” establecidos o eficacia probada de esa normativa, sino que su ascenso indudable tiene raíces políticas e ideológicas. Este libro intentó descubrir esas raíces y la interacción entre una idea muy poderosa (el relato feminista radical del comercio sexual) con los procesos políticos y las instituciones de los Estados seleccionados aquí.

Al comienzo de este libro identificamos una serie de conductores del neoabolicionismo, derivados de una visión general de los capítulos aportados. Sugerimos que estos conductores: el ejemplo sueco; el activismo transnacional feminista radical; la violencia contra las mujeres; las normas anticuadas de moralidad; el “imaginario de la trata”; el cristianismo evangélico; las culturas políticas mundiales y locales; y la fuerza del activismo del trabajo sexual, todos se intersectan para producir diversos grados de tracción para el neoabolicionismo en diferentes contextos Esperamos que, ahora al final del libro, la forma específica en que estos conductores combinados ejercen influencia dentro de cada contexto se haya vuelto más claro para los lectores y ayude a dar un sentido analítico a por qué el neoabolicionismo florece o falla en uno u otro lugar.

 

El activismo neoabolicionista tiene un alcance global que se desprende del impacto del activismo feminista transnacional en la ONU y en la UE y en las alianzas estratégicas que los activistas llevan a cabo con los Estados nacionales impulsando su agenda internacionalmente. Después de Palermo y su seguimiento en organizaciones regionales como la UE, los Estados-nación se vieron presionados para adoptar nuevos marcos de lucha contra la trata que a menudo están estrechamente asociados con las medidas neoabolicionistas para frenar la demanda de sexo comercial. Sin embargo, las nuevas normas internacionales no se traducen exactamente a los Estados-nación (Acharya 2004). Aquí los otros conductores también son cruciales en términos de alianzas, estratégicas o de más largo plazo, entre feministas radicales, grupos religiosos y partidos políticos, la presencia o ausencia de contraofertas y la naturaleza de las estructuras políticas, las políticas predominantes y las costumbres políticas. De Suecia a Nueva Zelanda, de los Estados Unidos a Australia y de los países situados en medio, el libro ha sugerido que necesitamos estudiar cada lugar “desde cero” y, con miras a su situación internacional, analizar por qué el neoabolicionismo arraiga o no a través de una lectura contextualizada de estos factores entremezclados.

Por supuesto, es necesario introducir aquí la advertencia usual que “se necesita más investigación”. Nuestro alcance en términos de estudios de casos y contenido de cada capítulo fue necesariamente limitado por el espacio y es posible que otros conductores se estén también presentes en los contextos en estudio. El papel de los medios de comunicación, por ejemplo, se menciona a lo largo de los capítulos, pero está fuera del enfoque del libro y quizá requiere una atención específica. Por otra parte, nuestro escrito se centra en los estados democráticos liberales avanzados y dentro de ese grupo en solamente un puñado seleccionado. Es necesario explorar las experiencias de organizaciones de otros Estados como Grecia, Italia y Hungría, y de Estados de América Latina, Asia y África. Se necesita , de hecho, más investigación, pero sugerimos que los conductores identificados aquí proporcionan un marco útil para ayudar a la investigación comparativa.

Prostitución, feminismo y Estado

Si bien el énfasis en este libro está en las lecturas matizadas del impacto del neoabolicionismo en lugares y espacios particulares, existe una preocupación general, incluida en el título del libro, de explorar lo que todos estos casos nos dicen acerca de las relaciones entre “prostitución, feminismo y Estado” en las democracias contemporáneas, avanzadas y liberales. Como queda claro en cada discusión, el neoabolicionismo lee la prostitución como una encarnación de la desigualdad de género y una forma de violencia contra las mujeres. También vincula la prostitución contemporánea con el imaginario de la trata sexual que se fundamenta en un tosco binario. Este binario niega la posibilidad de consentimiento o autonomía a las que venden sexo y presenta al tratante o al comprador de sexo como siempre hombre, poderoso y criminal. Esta lectura legitima las respuestas estatales al comercio sexual punitivas y procesales, con la ira del Estado (y de las feministas) ostensiblemente dirigida a los hombres pero, más a menudo, creando situaciones cada vez más complicadas para quienes venden sexo. Como tales neoabolicionistas son ejemplos arquetípicos de feministas carcelarias (Bernstein 2010), aliándose con los Estados para criminalizar a aquellos a quienes ven como los autores de la desigualdad. Sin embargo, al hacer estas alianzas con los Estados, terminan por sumarse a políticas a) diseñadas para promover enfoques neoliberales a los problemas sociales y b) promotoras de la exclusión de los trabajadores inmigrantes.

El capítulo británico de Scoular y Carline ofrece un ejemplo de la primera de estas tendencias. Aunque no es un régimen totalmente neoabolicionista, la regulación de la prostitución en Inglaterra y Gales se está moviendo en esta dirección con medidas cada vez más punitivas contra compradores masculinos. Estas políticas son paralelas a las medidas neoliberales de responsabilidad dirigidas a las mujeres que venden sexo, con la esperanza de que se autorreformen. Sin embargo, como hemos señalado al principio, la complejidad de cada caso significa que otras formas de feminismo también pueden encontrarse compinchadas con las políticas estatales de bienestar bajo condiciones de neoliberalismo generalizado, como ilustra la larga tradición del feminismo de Estado en Suecia.

Casi todos los capítulos incluyen una enseñanza de las maneras en que el neoabolicionismo feminista juega en la segunda de estas tendencias. Sobre todo tras el entrelazamiento del pensamiento sobre la prostitución con suposiciones sobre la trata sexual transnacional, las políticas neoabolicionistas pueden terminar implicadas en la justificación de un enfoque carcelario de la política fronteriza. Esto es muy claro, por ejemplo, en el capítulo de O’Brien sobre Australia que demuestra cómo los discursos de la criminalidad y la ilegalidad de la inmigración, ejemplificados por la trata, alinean las aspiraciones neoabolicionistas con la legitimación de las políticas migratorias de exclusión. Swanstrom sugiere que el uso de la prohibición de compra de sexo para desarrollar la política de inmigración y trata no era el objetivo de sus defensoras feministas, preocupadas por sus ideales de igualdad de género. Sin embargo, Halley (2006) sugiere que la determinación de las “feministas de gobernanza” de “recorrer los pasillos del poder” y abogar por los enfoques carcelarios tiene consecuencias problemáticas que deberían haber previsto. De nuevo, sin embargo, es importante reconocer que otras influencias dentro del feminismo también pueden enfocarse como colaboradoras (intencionalmente o no) con la política de control migratorio. El capítulo de Heumann y otros sobre los Países Bajos revela que el ímpetu político para la legalización de la prostitución procedía de la intención de separar a las trabajadoras locales legales de las extranjeras irregulares en lugar de un compromiso purista con los derechos de las trabajadoras sexuales. Irónicamente, el enfoque sueco de “imagen en espejo” también puede producir una jerarquía de víctimas del comercio sexual, dividiendo a las víctimas “nativas” de las trabajadoras sexuales “extranjeras” (Skilbrei y Holmstrom, 2013).

Por lo tanto, el libro muestra cómo el feminismo radical, revitalizado como activismo neoabolicionista, ha llevado al feminismo y a muchas organizaciones y movimientos de mujeres a una conexión preocupante con las agendas estatales y neoliberales. Además, las consecuencias negativas del neoabolicionismo para las mujeres que venden sexo y para las mujeres lnmigrantes en el mundo contradictorio de la globalización neoliberal parecen claras.

 

Conclusión

Las historias contadas en este libro tratan por tanto de los movimientos y alianzas de muchas ideas grandes e instituciones poderosas. Tratan del movimiento de una idea feminista radical en el seno de los aparatos de justicia penal del Estado. Tratan de los cambios profundos que se han producido en el comercio sexual provocados por la innovación tecnológica y los desafíos que ello implica tanto a la policía como a nuestras opiniones de justicia, derechos, moralidad, inclusión y exclusión. Tratan de la toma de posición estatal ante la inmigración y las desigualdades globales. Tratan de la tensa relación entre la evidencia y la formulación de políticas en un ámbito político que se ve afectado por la producción de conocimiento. También son historias sobre cómo algunos Estados (Suecia y los Estados Unidos) utilizan ciertas ideas para sus propios propósitos de Estado en las relaciones internacionales. Sin embargo, a lo largo de todo este libro y en las preocupaciones de los autores, no se encuentra el imaginario sino la realidad de la trabajadora sexual y en particular de la trabajadora sexual inmigrante. Nuestro enfoque en lo político, lo ideológico y lo institucional en el libro, necesariamente miró más allá de esta realidad y abarcó las narrativas más sociológicas y personales necesarias para explorar este campo. Sin embargo, queremos concluir reuniendo de nuevo todos estos ámbitos, desde el cuestionamiento del poder estatal, el feminismo de gobernanza y las ideas sobre el neoliberalismo hasta la realidad cotidiana de las trabajadoras sexuales. Dada la agenda liberal e inclusiva del feminismo, su rechazo de las políticas de dominación y su valoración de la subjetividad, es más preocupante que la “lógica primaria” del feminismo radical (Sandbeck 2012) dentro del neoabolicionismo sea una agenda de orden público, de mecanismos de justicia penal, encarcelamientos, actuación estatal prioritaria y avance de la política neoliberal. El feminismo radical ha permitido al poder del Estado reducir a un estereotipo, cosificar y victimizar los cuerpos de las trabajadoras sexuales inmigrantes y de todas las trabajadoras sexuales.

Referencias

Acharya, A. (2004) ‘How Ideas Spread: Whose Norms Matte?? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism’, International Organization, 58(2): 239-275.

Bernstein, E. (2010) ‘Militarized Humanitarianism Meets Cameral Feminism: The Politics of Sex, Rights and Freedom in Contemporary Anti-trafficking campaigns’, Signs, 36(1): 45-71.

Feingold, D. (2010) ‘Trafficking in Numbers: the Social Construction of Human Trafficking Data’ in P. Andreas and K. Greenhill (eds) Sex, Drugs, and Body Counts: The Politics of Numbers in Global Crime and Conflict. New York Cornell University Press, pp. 46-74.

Halley, J. (2006) Split Decisions: How and Why to Take a Break from Ferninian. Princeton, NJ and Oxford: Princeton University Press.

Sandbeck, S. (2012) ‘Towards an Understanding of Carceral Feminism as Neo-liberal Biopower’ unpublished paper delivered at the annual conference of the Canadian Political Science Association, University of Alberta, Canada.

Skfibrei, M. L. and Holmstrom, C. (2013) Prostitution Policy in the Nordic Region: Ambiguous Sympathies Farnham and Burlington, VA: Ashgate.

Vance, C. (2011) ‘States of Contradiction: Twelve Ways to Do Nothing About Trafficking while Pretending to’, Social Research, 78(3): 933-948.

La criminalización de los clientes

 

 

Se puede descargar el PDF completo aquí:


http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/Criminalisation_Spanish.pdf

 

La criminalización de los clientes de las personas que ejercen el trabajo sexual se reivindica normalmente por ser parte de un nuevo marco legal para erradicar el trabajo sexual y la trata de personas con “el fin de la demanda”. En 1999, Suecia criminalizó a los clientes de las personas que ejercen el trabajo sexual y mantuvo la criminalización a terceras partes como propietarios/as de burdeles, encargados/as, y empleados de seguridad y de apoyo1. Los individuos vendiendo sexo permanecieron legales. Este modelo es normalmente llamado el modelo “sueco”, “nórdico” o el “fin de la demanda”. Hay una fuerte presión en muchos países para promover estas medidas legales y políticas. Las consecuencias dañinas de este modelo en la salud, los derechos o las condiciones de vida de las personas que ejercen el trabajo sexual son raramente discutidas.

 

La lógica equivocada detrás del “fin de la demanda”

 

La premisa básica para criminalizar la compra de sexo es que la demanda de los clientes es la responsable de la entrada y de que la mujer se quede en el trabajo sexual. En este marco, los hombres y las personas transgénero que ejercen el trabajo sexual son raramente reconocidas, mientras que las mujeres trabajadoras sexuales son frecuentemente mezcladas con niños/as2 o “proxenetas” y traficantes humanos3 en lo que son a menudo relatos anti-migrantes4. Simultáneamente, las mujeres trabajadoras sexuales son etiquetadas como víctimas sin opción – y perjudiciales para todas las mujeres, familias y toda la nación5.

 

Muchos defensores de la criminalización del cliente la promueven como parte del “neo-abolicionismo-feminista”6 o de la ideología del “feminismo fundamentalista”7 donde el trabajo sexual es equiparado a la violencia en contra de las mujeres, la explotación y la trata. Los clientes son vistos como “abusadores” que deben ser arrestados y penalizados. Esta lógica deriva de los marcos legales del “abolicionismo” de finales del siglo XIX, que aún está presente en algunos países europeos y de Latinoamérica. Los “abolicionistas” creían que criminalizando a aquellos que reclutaban o se aprovechaban de las mujeres trabajadoras sexuales, la prostitución sería erradicada. Se suponía que ninguna mujer aceptaría un intercambio sexual por sí misma. Dado que esto no ha tenido éxito, las feministas neoabolicionistas/fundamentalistas han extendido su objetivo a los clientes, relacionándolos como la raíz última de la causa del trabajo sexual.

 

Esta visión se superpone con las visiones de los grupos prohibicionistas, incluyendo a los conservadores religiosos y a los grupos anti-feministas. Los prohibicionistas tradicionalmente han estado a favor de la criminalización de todas las partes relacionadas con el trabajo sexual, ahora están fomentando el modelo sueco y se llaman a si mismos “neoabolicionistas”8. Esta amplia selección de facciones políticas comparten la creencia básica que el trabajo sexual es inherente a la degradación, a la violencia y a lo incorrecto y consideran al estado responsable de la erradicación del trabajo sexual.

 

La línea que separa a las feministas fundamentalistas y los grupos prohibicionistas es borrosa. A menudo trabajan juntos para promover leyes y políticas en contra del trabajo sexual, un ejemplo claro son las coaliciones americanas para acabar con la demanda9. La superposición en sus posiciones se puede explicar. Los prohibicionistas a menudo consienten evitar la criminalización de las personas que ejercen el trabajo, pero están de acuerdo con una rehabilitación obligatoria. En cambio, los abolicionistas han tendido a mantener propuestas que continúan penalizando o encarcelando a las personas que ejercen el trabajo sexual que rechazan la rehabilitación. El resultado de esto está resumido por Pye Jakobsson, una trabajadora sexual sueca: “Queremos salvarte. Y si no lo aprecias, te castigaremos”.10

 

El impacto de la ley y de la política basada en esta propuesta tiene consecuencias devastadoras para las personas que ejercen el trabajo sexual.

 

Variaciones del modelo sueco y la presión para su implementación.

 

La criminalización de los clientes no es ni mucho menos un fenómeno nuevo. En muchos países, medidas legales para eliminar el trabajo sexual se han implementado durante más de un siglo. Estas incluyen leyes que directamente criminalizan la compra de sexo11. Otras leyes criminalizan o penalizan a los clientes indirectamente. A través de leyes que criminalizan a gente que se encuentra en burdeles o a través de leyes en contra de pedir limosna, comunicar el propósito de la prostitución o de pedir servicios desde el coche12. Las leyes relacionadas con la conducta en espacios públicos, enmarcadas como “la reducción de la molestia social” o “la protección del orden público”, también son frecuentemente usadas para penalizar a los clientes13. Mientras que el marco teórico del modelo sueco es bastante único, las experiencias de las personas que ejercen el trabajo sexual sobre la criminalización de los clientes en diferentes contextos se unen al gran número de datos sobre las consecuencias vividas de tales medidas.

 

Suecia, en 1999, fue le primer país en usar un argumento radical feminista – Ej.: El trabajo sexual es inherente a la violencia masculina en contra de las mujeres – para justificar la nueva legislación que criminaliza comprar sexo, mientras que vender sexo sigue siendo legal14. El gobierno sueco ha mantenido las leyes que criminalizan los burdeles si se benefician del trabajo sexual15. Desde su implantación, a través del Instituto Nacional Sueco, el país ha invertido extensamente en exportar este marco legal a otros países16. De acuerdo con Gunilla Ekberg, la actual agente del gobierno responsable de la política de prostitución en Suecia,

 

Una de mis tareas es también “exportar” las estrategias suecas de antiprostitución – o sea, influenciar a los legisladores y grupos de mujeres en otros países para hacer campaña a favor de leyes similares. Y hemos visto grandes cambios. Por ejemplo, Corea del Sur, Sudáfrica, Noruega y otros países han promulgado la misma legislación que criminaliza al comprador 17.

 

Ciertamente en los últimos años, la criminalización (o el aumento de criminalización) de los clientes se ha discutido entre los legisladores en India, Francia, Estonia, Finlandia, Croacia, Filipinas, España, Italia, el Reino Unido y Canadá18. Las justificaciones han diferido a veces de la conceptualización sueca, pero todas están basadas en la creencia que las personas que ejercen el trabajo sexual están dañadas por el trabajo sexual, y a su vez, dañan a la sociedad.

 

El gobierno de Estados Unidos es otro y una fuente más influyente de presión internacional en la represión del trabajo sexual. En 2003 el gobierno americano se convirtió en un gran adherente al fin de la demanda para luchar contra lo que se denomina la “esclavitud sexual”. Nueva York e Illinois han adoptado desde entonces leyes que penalizan severamente a los clientes. El mismo año el Departamento de Estado de los Estados Unidos empezó a publicar un Índice Anual de Trata de Personas. Es un sistema de tres categorías, que evalúa a los países aparentemente de acuerdo con sus acciones de prevención de trata. Muy a menudo, sin embargo, premia a los países por intensificar sus ofensivas sobre trabajo sexual y migración ilegal19. Cuando un país es clasificado en la categoría más baja puede tener su ayuda internacional revocada. Este índice ha puesto mucha presión a muchos gobiernos para reprimir el trabajo sexual20. En 2011 el índice hizo una llamada para la criminalización de los clientes en todo el mundo21.

 

Muchos países, incluyendo Guatemala, Camboya y Corea del Sur, han aprobado las leyes de trata sobre las premisas tanto de un punto de vista abolicionista o prohibicionista, que mezcla el trabajo sexual con la trata. Éstas están siendo despiadadamente implantadas, para cerrar burdeles e inhabilitar a las personas que ejercen el trabajo sexual a trabajar22. En estos casos de Corea del Sur y Guatemala, han criminalizado también algunas o todas las formas de pagar por sexo.

 

A veces, las leyes han cambiado como resultado de fuerzas combinadas de presiones por parte de actores locales, del apoyo sueco y de la presión americana. Cada vez más, la noción del fin de la demanda está ganado sitio en las Naciones Unidas, parcialmente debido a las presiones suecas y americanas23

 

Las leyes emergentes no son uniformes. A pesar de una investigación de la policía noruega refutando los éxitos del modelo sueco, Noruega ha criminalizado la compra de sexo24 y ha preservado sus leyes existentes en contra de los burdeles25. En 2009, Islandia criminalizó la compra de sexo mientras mantuvo las leyes existentes en contra de los burdeles26. Además, en 2010 el gobierno islandés prohibió los clubs de strip.

 

A veces, los clientes son perseguidos para cerrar burdeles. Guatemala introdujo nuevas leyes en contra de los burdeles y criminalizó clientes que pagan a un intermediario para trabajo sexual. Vender sexo sigue decriminalizado27.

 

Mientras se hace la compra de sexo ilegal, muchos países han mantenido o han aumentado la criminalización de las personas que ejercen el trabajo sexual. Por ejemplo,

 

◗ Las nuevas leyes de Corea del Sur criminalizan a los clientes y a los/ as propietarios/as a la vez que mantienen la criminalización de las personas que ejercen el trabajo28.

 

◗ Sudáfrica ahora criminaliza a los clientes pero ha mantenido las leyes que criminalizan a los/as propietarios/as de los burdeles y a las personas que ejercen el trabajo sexual29.

 

◗ Lituania extendió la penalización a los clientes, mientras que la mantuvo a las personas que ejercen el trabajo sexual30.

 

◗ En los EEUU, la Coalición del Fin de la Demanda tuvo éxito al incrementar la sentencia tanto para clientes como para personas que ejercen el trabajo sexual en el estado de Illinois31. Las sanciones por comprar sexo han aumentado en Nueva York mientras aquellas para los que vendían sexo se han mantenido32.

 

◗ Los clientes de las personas que ejercen el trabajo sexual son ahora criminalizados en Escocia e Italia. Las personas que ejercen el trabajo sexual siguen criminalizadas a través de delitos relacionadas con pedir limosna.

 

Un nuevo número de leyes también se aplican transnacionalmente33. Por ejemplo Noruega ha hecho ilegal la compra de sexo en el extranjero, incluyendo a aquellos en el servicio militar. El Departamento de Defensa Americano ha reescrito el Código de Uniforme de la Justicia Militar para incluir el “patrocinio de una prostituta” como un delito criminal para los/ as soldados34. La ONU ha prohibido a las fuerzas de paz comprar servicios sexuales, y de frecuentar zonas o establecimientos donde pueda haber trabajo sexual35

 

El impacto de los marcos legales del fin de la demanda en las personas que ejercen el trabajo sexual

 

Aumento de la represión de las personas que ejercen el trabajo sexual

 

Muchos seguidores del modelo sueco dicen que la decriminalización del trabajo sexual es un principio básico de su visión. Sin embargo está claro que la mayoría de los países que están implementando el modelo sueco han ido más allá declarando ilegal el trabajo sexual. En el estado de Illinois por ejemplo, las leyes para acabar con el fin de la demanda han resultado en elevar el vender sexo a un delito grave de ofensa, penalizado con hasta un año de prisión36. En 2002, casi 3.500 personas que ejercen el trabajo sexual fueron arrestadas en Corea del Sur. Después de las reformas de ley inspiradas en Suecia, este número llegó a 16.951 en 2004 y a 18.508 en 200537

 

Tanto en Corea del Sur como en EEUU, la única manera para que una persona que ejerce el trabajo sexual evite el encarcelamiento es aceptando la rehabilitación. En Corea del Sur, el poder judicial o el agente de policía decide si la mujer es digna de rehabilitación, basado en su “carácter” y en los motivos del caso38.

 

Incluso en los contextos donde vender sexo es legal, si las mujeres trabajan en un local cerrado, y pagan por el alquiler o gastos, pueden ser criminalizadas bajo las leyes en contra de mantener un burdel o beneficiarse de la prostitución39

 

Es común para las personas que ejercen el trabajo sexual a ser desproporcionadamente objeto de arrestos bajo leyes no relacionadas. En Suecia y Noruega, a pesar de que vender sexo no es un delito criminal, la intensidad de la represión de la policía en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual ha llevado a que un gran número sea

arrestada y deportada por inmigración ilegal40. De hecho, durante el primer año de la nueva ley en Suecia, los fiscales no pudieron acusar a numerosas personas que ejercían el trabajo sexual porque habían sido deportadas antes de que sus declaraciones fueran grabadas.41

 

Además, las personas que ejercen el trabajo sexual experimentan niveles más altos de acoso debido a la vigilancia de los clientes en la calle42. Los agentes de policía en Suecia a menudo graban clandestinamente a las mujeres teniendo relaciones sexuales para obtener pruebas en contra de los clientes. Las mujeres están por lo tanto sujetas a investigaciones invasivas43. Las personas que ejercen el trabajo sexual no tienen los derechos del acusado ni de las víctimas en los juicios en contra de los clientes44. En Suecia y en Corea del Sur, la policía registra las casas y los lugares de trabajo de las mujeres sospechosas de ejercer el trabajo sexual45

 

El aumento de la violencia y la discriminación.

 

La mayor afirmación del gobierno sueco es que la criminalización de los clientes ha reducido significantemente el número de personas que ejercen el trabajo sexual. Esta reafirmación está basada en el declive del número de personas que ejercen el trabajo sexual en la calle, un hecho que numerosos investigadores atribuyen a la crecida de otras formas “escondidas” de trabajo sexual46.

 

Ciertamente, en muchos países, se ha observado que la vigilancia de la policía y el arresto de los clientes ha desplazado a las personas que ejercen el trabajo sexual. Las personas que ejercen el trabajo sexual han informado del aumento del uso de Internet para buscar clientes o de tener que moverse a lugares que se hacen pasar por otros negocios como salones de masajes, peluquerías u hoteles47.

 

Sin embargo, las personas que ejercen el trabajo sexual que viven en condiciones precarias son habitualmente incapaces de trabajar en sectores de la industria del sexo que requieren establecer rutinas, poner en marcha inversiones o familiarizarse con la tecnología. En Suecia, las mujeres que trabajan en la calle han informado de una competencia mayor, un declive de los precios o condiciones más duras48. Para compensar que hay menos clientes, las mujeres aceptan clientes que están borrachos, agresivos o que rechazan el uso del preservativo49. Desde la criminalización del cliente en Suecia, las personas que ejercen el trabajo sexual están expuestas a un riesgo más alto de violencia50 y de enfermedades infecciosas51.

 

La vigilancia de las patrullas de policía centrada en localizar a clientes conlleva a las personas que ejercen el trabajo sexual a desplazarse a lugares menos públicos donde pueden ser más vulnerables a la violencia. En el caso de que ocurriese violencia, no conseguirían tener ayuda52. En la ciudad de Edimburgo, Escocia, las personas que ejercen el trabajo sexual informaron de 66 incidentes de violencia en 2006, comparado con 126 después de la implantación de las medidas en contra de solicitar los servicios de una persona que ejerce el trabajo sexual desde el coche del siguiente año53. En Montreal, durante un periodo de tres meses de amplios barridos anti-clientes en 2001, las personas que ejercen el trabajo sexual informaron de tres veces más de incidentes violentos, y de cinco veces más de incidentes violentos con armas mortales que en los previos barridos54

 

Las personas que ejercen el trabajo sexual se enfrentan a más obstáculos para reportar violencia y coerción, dado que revelarse como personas que ejercen el trabajo sexual a la policía puede llevar a más acoso y al riesgo de deportación55. Del mismo modo, un cliente que encuentra a una persona que ejerce el trabajo sexual que ha sido coaccionada, o que está en peligro, es poco probable que lo reporte a la policía por miedo a incriminarse a si mismo. La Junta Nacional de Policía Noruega descubrió que la ley sueca ha hecho más complicado reunir pruebas en contra de individuos que han coaccionado o explotado a las personas que ejercen el trabajo sexual56. Además, la Junta Nacional de Salud y de Bienestar Sueca demostró que la criminalización de los clientes puede llevar a un incremento en la explotación de las personas que ejercen el trabajo sexual por terceros57

 

Las personas tailandesas que ejercen el trabajo sexual han informado igualmente que desde la prohibición a comprar sexo de los soldados americanos, sus condiciones de trabajo se han vuelto más peligrosas. A menudo, los soldados sólo se reunen con las personas que ejercen el trabajo sexual en sitios aislados o piden que una mujer dé servicio a múltiples soldados para evitar llamar la atención58.

 

No hay pruebas de que la ley sueca haya reducido la trata de personas en la industria del sexo59. En una evaluación de la ley sueca en 2010, siete personas que ejercen el trabajo sexual fueron entrevistadas. Todos declararon que el estigma en contra de ellas había aumentado desde la implantación de la ley. Desafortunadamente, fue reportado como un desarrollo positivo ya que podría disuadir a las mujeres a ejercer el trabajo sexual60.

 

Reducción al acceso de servicios de salud y sociales

 

Las leyes criminalizando a los clientes, y las leyes en contra de los burdeles, impiden la habilidad de las personas que ejercen el trabajo sexual a proteger su salud en el trabajo. En Suecia, un estudio de la Junta Nacional de Policía Noruega desmostró que muchas de las personas que ejercen el trabajo sexual en la calle compensan la pérdida de ingresos, como resultado de la criminalización de los clientes, no usando preservativos61. En Corea del Sur, los locales como salones de masajes tienden a no tener preservativos porque puede ser relacionado como prueba de trabajo sexual62.

 

Los acosos de la policía obligan a muchas personas que ejercen el trabajo sexual a cambiar frecuentemente de áreas o a trabajar en lugares escondidos. Esto dificulta su habilidad para contactar con servicios de salud y sociales. En Corea del Sur y Suecia, las autoridades de salud han expresado preocupación sobre las consecuencias negativas de la ley en la salud de las personas que ejercen el trabajo sexual63. Además, los investigadores en Corea del Sur han descubierto una correlación entre las nuevas leyes de prostitución y un aumento de las infecciones de transmisión sexual64.

 

La financiación de los proyectos de salud que apoyan los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual está seriamente comprometido por la tendencia del fin de la demanda. Las intervenciones más exitosas contra el VIH hasta la fecha han sido aquellas que son dirigidas por pares, apoyándose en el empoderamiento individual o colectivo para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las personas que ejercen el trabajo sexual65. Sin embargo, estos tipos de proyectos reciben muy poca o ninguna financiación o apoyo de los gobiernos, o de otras agencias que han sido delatadas con modelos que interpretan el trabajo sexual como violencia. En Corea del Sur y Suecia, sólo los proyectos que están dirigidos a que las mujeres abandonen el trabajo sexual reciben fondos. Estos proyectos son inherentemente discriminatorios ya que el acceso a cursos educacionales y vocacionales, servicios de asesoramiento y de salud dependen del abandono del trabajo sexual.

 

Reducción del acceso a la vivienda y a la protección

 

Las leyes en contra de la compra de sexo, del beneficio del trabajo sexual, o en contra del alquiler a un espacio para trabajo sexual, pueden hacer a los dueños/as de apartamentos y hoteles susceptibles de ser perjudicados/as. En muchos países, los dueños/ as tienen el derecho legal de rescindir el alquiler y desalojar sin previo aviso a los individuos sospechosos de ejercer el trabajo sexual – incluso cuando vender sexo no es un crimen66. Esto también afecta a los individuos que viven con ingresos bajos en viviendas sociales, en los cuales puede tener un impacto particularmente importante67. En Noruega, se sabe que la policía se hace pasar por clientes y llaman a los anuncios de las personas que ejercen el trabajo sexual para saber donde viven. Entonces amenazan a los propietarios/as bajo la ley de proxenetismo si no desahucian a la persona que ejerce el trabajo sexual de manera inmediata. Las mujeres normalmente pierden sus depósitos, lo cuales pueden ser la cantidad del alquiler de tres meses68. Una vez en la lista de personas que ejercen el trabajo sexual desalojadas, es difícil alquilar una nueva casa. En 2011, esto fue parte de una campaña organizada por la policía de Oslo llamada Acción Sin Techo69

 

En Noruega, la policía ha notificado a todas las cadenas de hoteles que se enfrentarán a cargos por alquilar habitaciones a mujeres que son conocidas como trabajadoras sexuales. Como resultado, las cadenas de hoteles han prohibido a las personas que ejercen el trabajo sexual registrarse en ninguno de sus hoteles. Algunos han sido denunciados que no permiten la admisión a mujeres que creen trabajadoras sexuales de forma racialmente sesgada70.

 

En resumen, no hay pruebas evidentes para sugerir que las medidas legales que criminalizan a los clientes, a los propietarios/as de los burdeles, a los encargados/as y al personal de apoyo en la industria del sexo, eliminen o reduzcan significantemente el trabajo sexual. Las pruebas disponibles sugieren lo contrario, que estas medidas incrementan la represión, la violencia y la discriminación en contra de las personas que ejercen el trabajo sexual. Esto disminuye el acceso a los servicios de salud, cuidado, vivienda y sociales de las personas que ejercen el trabajo sexual.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ley francesa de prostitución, un año después: “esto vuelve loco a todo el mundo”

 Por Patricia Neves

 

Publicado el 10/07/2017

 

https://www.marianne.net/societe/loi-prostitution-lille-ca-rend-fou-tout-le-monde

 

Un año después de su adopción definitiva, la ley Najat Vallaud-Belkacem sobre la prostitución, que penaliza a los clientes, sigue siendo motivo de división. Reportaje en Lille donde los actores sobre el terreno denuncian en su mayor parte una precarización del oficio.

Avenue du Peuple Belge, en la parte vieja de Lille. Un vehículo se para de repente en medio del tráfico, a algunos metros de una joven apoyada contra las puertas de un hermoso jardín. Ataviada con un vestido ceñido color carne, se aproxima al conductor. Pero el hombre vuelve a arrancar. Falsa alarma. No era un cliente. Sandy, de 35 años, prostituta desde hace un poco más de dos años, vuelve sobre sus pasos, desilusionada. Desde la adopción, en abril de 2016, de la última ley para “la lucha contra el sistema prostituyente” los clientes son, confía, cada vez más escasos.

Defendido por la antigua ministra de Derechos de las mujeres, Najat Vallaud-Belkacem, el texto —que ha derogado también el delito de captación pasiva, emblema de la era Sarkozy— penaliza, tras cuatro años de debate y controversias, a los clientes de las prostitutas con una multa que puede llegar a los 3.750 euros en caso de reincidencia. Según las cifras oficiales, cerca de un millar de ellos habrían sido ya denunciados en toda Francia. En Lille, serían sin embargo menos de una centena.

¿Es realmente disuasoria la ley? ¿Protege más a las 37.000 prostitutas con las que cuenta el país? Un poco más de un año tras su entrada en vigor, los actores sobre el terreno se muestran escépticos e incluso enfadados. Comenzando por las propias chicas. “Esta ley vuelve loco a todo el mundo, cuenta Celia, una colega de Sandy, en sus cuarenta. Hoy hay menos clientes y más agresiones, incluso entre las chicas”.

Una nueva relación de fuerzas

Es sencillo, añade Sandy, “antes yo me hacía 200 euros por día, pagaba el hotel, ahorraba dinero, compraba mis cigarrillos… Hoy, si vuelvo a casa con 60 euros puedo estar contenta”. Su teléfono suena. La joven se aleja, descalza, bajo el calor agobiante. Sobre el murete del jardín, Celia, cuya mirada aparece disimulada por lentillas de color azul y varios retoques de rimel, vuelve púdicamente sobre sus “días difíciles”.

Desde hace dos o tres meses, se lamenta, las agresiones de los clientes se han multiplicado. La culpable, según ella: la nueva ley. Intenta mostrar en su teléfono la fotografía de una placa de matrícula tomada hace unos días a la caída de la tarde. “De entrada, el hombre era muy educado. Salvo que durante la semana había agredido ya a cinco chicas y estaba armado”. Así que ahora Sandy y Celia están “todo el tiempo en pareja y fotografían las matrículas” de los coches a los que se suben por turnos. Así es más seguro. E incluso así, no siempre consiguen librarse de los golpes. “¿Te acuerdas de cuando me rompieron la nariz?”, pregunta Sandy, con cara de niña.

Menos clientes, más agresiones

“Ah, sí, volví bien averiada”, recuerda Celia antes de enumerar los insultos que reciben a diario, los hombres por ejemplo que pasan delante de ellas, en coche, “cascándosela”. “Es dura la calle”, musita. Originaria del norte de Francia, Celia, madre de tres chicos, ha llegado a la Avenue du Peuple Belge —lugar central de la prostitución de Lille— hace dos años, poco después de un divorcio marcado por violencias conyugales. En aquel momento, dejó el hogar familiar y durmió durante seis meses en su coche, estacionado delante del Ikea. Al final, “me había convertido en un esqueleto”, resume, vestida con una blusa roja sin mangas que todavía hoy deja adivinar su delgadez.

Sandy, por su parte, fue a juicio contra su marido violento “pero no hubo aplicación de pena”. Madre de siete hijos, de edades que van de los 2 a los 15 años, la joven se prostituye desde entonces para sobrevivir. Celia también. Rápidamente, cada una comenzó a ganar varios cientos de euros por día, una suma que les permitió alquilar un pequeño apartamento pero que las expone día tras día a la violencia. Y la nueva ley de prostitución no ha hecho, según ellas, más que empeorar las cosas.

Pues la relación de fuerzas ha sido diferente a partir de ese momento. Los clientes son menos numerosos —“más teniendo Bélgica al lado”— y exigen más. En la cuestión de precios, revisados a la baja, o incluso en lo referente al uso de preservativo. “Los sin-capucha son ahora nueve coches de cada diez, y esto no para”, suspira Celia. “Yo tengo una frase hecha, sonríe Sandy. Les digo que hay una nueva enfermedad que hace que se hinche la picha y meen de color amarillo fosforito”. Las dos mujeres ríen y vuelven al trabajo, por la acera del parque, bajo un sol de plomo. Sin clientes en el horizonte.

Clandestinidad de la actividad

Entre las asociaciones, algunos intervinientes llegan a la misma conclusión. “Desde finales del año pasado, en cada intervención que hacemos sobre el terreno, es decir tres veces por semana, recibimos información de una situación de violencia”, constata en Nantes Irène Aboudaram por Médecins du Monde, organización que se opone a la ley. “Ahora, como hay menos clientes, las chicas trabajan más tiempo. Pueden hacer de las 22h a las 6h. Por temor a una denuncia, prosigue, se suben al coche sin tomarse el tiempo necesario, como antes, para identificar a las personas, evaluar los riesgos, negociar los precios”.

Así que, para Irène Aboudaram, la nueva ley no permite por tanto desmantelar las redes de prostitución, ya que la propia ley empuja a los intermediarios a organizarse fuera de la vía pública, sobre todo proporcionando el alojamiento donde tendrán lugar los pases. “Esto tiene más bien el efecto de una clandestinidad de la actividad. Las mujeres se vuelven menos accesibles. Esto amenaza con comprometer el trabajo sobre el terreno de las asociaciones e incluso de las autoridades”, previene la militante.

Castigar al cliente para atacar las redes

Si Médecins du Monde se concentra en el efecto que la ley Najat Vallaud-Belkacem tiene sobre la salud de las prostitutas, otros, como la organización católica Le Mouvement du Nid, comparten por el contrario el espíritu del texto, que pretende, en última instancia, terminar con la prostitución. “Es algo bueno que el cliente sea perseguido, estima en efecto Bernard Lemettre, responsable regional del Mouvement du Nid en la región Nord-Pas-de-Calais, porque el cliente, mediante su acto, ningunea a las mujeres, y no sólo físicamente. Poque alimenta indirectamente las redes. Los tratantes no reunirían chicas en las aceras de Lille si no hubiera demanda”.

De las 300 chicas seguidas por Le Mouvement du Nid, en Lille, la gran mayoría sería de hecho de origen africano, víctimas de trata de seres humanos. Algunas de las cuales tienen que reembolsar a los que las han ayudado a pasar varios miles de euros, entre 60.000 y 90.000. Con el otro gran eje de la ley, un bono social que instaura “un circuíto de salida” de la prostitución, se da pues un primer paso “hacia otro futuro para estas mujeres”, se felicita Bernard Lemettre. Porque “la ley inventa un sistema por el que es obligatorio salir de la prostitución, detalla, mediante el pago de una prestación y un seguimiento personalizado. Lamenta sin embargo que la prestación propuesta no exceda de algunos cientos de euros. “No se puede vivir con 300 ó 400 euros”, reconoce.

Más allá de esta ayuda financiera, a la que se añade la promesa incierta de un permiso de residencia de 6 meses, la obligación para las chicas de dejar de prostituirse para poder beneficiarse del “circuíto de salida” —que todavía no se ha puesto nunca en práctica en Lille— puede suponer un obstáculo para aquellas que obtienen la totalidad de sus ingresos de la prostitución. Como Sandy y Celia, antigua empleada de un gran operador de telecomunicaciones.

De la calle a los sitios de internet

Cerca del parque, donde ellas siguen esperando, por fin se para un coche. “¿Puedo llevaros a algún sitio?”, pregunta un joven treintañero con camiseta blanca, que se describe a sí mismo como un cliente ocasional. También él ha “oído hablar” de la nueva ley, pero la verdad es que ésta no le ha hecho “cambiar sus costumbres”. En Lille, las autoridades constantan sin embargo “una disminución del fenómeno que no está necesariamente ligada a la penalización del cliente, sino más probablemente a la evolución del oficio. Desde hace dos o tres años, las chicas abandonan la calle y se pasan a internet. Basta con ir a los sitios especializados, tipo Vivastreet [objeto de una investigación por proxenetismo agravado, ndlr]. El número de anuncios se ha disparado, sencillamente porque es más discreto, en particular para los proxenetas.”

Por lo que respecta a Sandy y Celia, ellas no piensan en internet. “Demasiado peligroso, no sabes con quién vas a caer”. En su trozo de acera, prefieren escoger a sus clientes. Uno de ellos ya ha sido denunciado dos veces, le han notificado una multa y tiene cita en el juzgado. Tal vez será uno de los primeros clientes de Lille que tendrán que acudir, a partir de septiembre, a los totalmente novedosos cursos de sensibilización que se suponen que permitirán una toma de conciencia sobre la violencia ejercida sobre las prostitutas. Pero a algunos metros apenas de la salida del tribunal de última instancia de Lille, situado en la Avenue du Peuple Belge, las chicas esperan ya…

 

Testimonios del trabajo sexual al margen de estereotipos

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

 

31 de marzo de 2017

https://www.apdha.org/testimonios-trabajo-sexual-al-margen-de-estereotipos/

 

‘Testimonios del trabajo sexual al margen de los estereotipos; ni víctimas ni delincuentes, personas que reclaman derechos’

 

Aunque actualmente ejercer la prostitución no es un delito, no es tampoco una actividad reconocida como legítima y con plenos derechos. El trabajo sexual se encuentra en nuestro país en una situación de alegalidad que consideramos, es insostenible. Insostenible porque supone (entre otras consecuencias) una vulneración de derechos fundamentales para quienes la ejercen, porque aumenta el riesgo de sufrir violencias y abusos de diferente tipo y porque  expone a las personas que la ejercen a sufrir sanciones de normativas implantadas por las políticas anti-prostitución de nuestro país.

Por ello, porque esta situación de falta de derechos y de reconocimiento de las personas que ejercen el trabajo sexual es una vergüenza para nuestra sociedad, desde la APDHA no nos cansamos de  exigir un debate social que ponga encima de la mesa las verdaderas necesidades del colectivo. El sentido con el que nos planteamos este informe, es el de contribuir y fomentar  este necesario debate social que, aunque no falta en nuestros días en forma de virulenta polémica sobre la prostitución, consideramos no se está centrando en lo realmente importante: las personas que la ejercen y sus intereses.

 

La indefensión de las prostitutas

Por Ninfa

 

19 de Mayo de 2017 (19:04 h.)

 

 

http://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/indefension-prostitutas/20170519175159140006.html

 

 

Soy trabajadora del sexo. Desde hace algunos años contacto con mis clientes en la calle. Empecé en esta actividad allá por el año 1997, en los tiempos en que la Casa de Campo de Madrid estaba abierta a todas horas al público. En aquellos tiempos, recuerdo, trabajábamos sin más problemas que los que se pudieran presentar en la cotidianidad: que si la lluvia, que si el cliente borracho, que si el maleducado… La Policía estaba continuamente pidiendo la documentación y no todas tenían “los papeles en regla”, eran frecuentes las redadas en busca de “sin papeles”.

Las trabajadoras del sexo captábamos a la clientela al pie de la vía y los servicios los realizábamos, como norma general, en los propios vehículos, cerca de donde nos ubicábamos. Después, poco a poco, nos lo pusieron más difícil. Primero colocaron vallas de maderas. Las autoridades explicaron que se trataba de “barreras protectoras”. La consecuencia fue que los coches ya no podían parar al lado de la vía. Nos trasladamos entonces a las zonas de parking, a un lugar más alejado. Pero las vías fueron cerrándose poco a poco. Cada vez contábamos con menos espacio para trabajar y lo hacíamos en lugares menos seguros, menos transitados.

Las incursiones policiales se acrecentaron. Actuaban conjuntamente la Policía Municipal y la Policía Nacional, concretamente de migración. Sufrimos cortes de tráfico y desvíos caprichosos de la circulación, calles cortadas a determinadas horas, redadas a las mujeres que se encontraban en “situación irregular”, insistentes controles de alcoholemia a los clientes, multas de tráfico injustificadas a horas intempestivas, etc. Es decir, poco a poco, las autoridades consiguieron poner en marcha la “diáspora” de prostitutas por Madrid. Tuvimos que desplazarnos a otros lugares como por ejemplo Capitán Haya y Paseo de la Castellana, Pintor Rosales y Parque del Oeste, Polígono de Villaverde (conocido también como Polígono Marconi), Montera y zona centro. Sitios, como éste último, que contaban con los inconvenientes consabidos: enfrentamientos y discrepancias con el vecindario, comerciantes, etc. Por si fuera poco, se colocaron cámaras en la vía pública que ahuyentaron a nuestros clientes. Las prostitutas nos vimos obligadas a demandar nuestras reivindicaciones ante el consistorio municipal y nos manifestamos exigiendo nuestros derechos en la calle de la Montera, en la zona centro de Madrid.

Particularmente, decidí desplazarme a trabajar hasta la localidad de Torrejón de Ardoz (Madrid) y estuve en sus inmediaciones cerca de 3 años. El inicio de obras de acceso a Torrejón, en la parte Este, me obligó a trasladarme al polígono conocido como Electrolux de Alcalá de Henares, donde se ejercía desde años antes. Poco duró la calma. El Ayuntamiento alcalaíno, liderado por el Partido Popular en aquel entonces, preparó una ordenanza municipal y entre sus puntos había uno que asestaba un golpe duro a la prostitución callejera y que contemplaba la prohibición de “ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirectamente de servicios sexuales retribuidos en el espacio público de la ciudad de Alcalá de Henares, en todo su término municipal.”  Las sanciones van de 300 a 3.000 euros de multa tanto para los clientes como para las trabajadoras del sexo. Esta ordenanza municipal, que entró en vigor en diciembre de 2010, desembocó en hostigamiento, persecución y acoso permanentes hacia nosotras. Ni siquiera podemos subirnos a un coche, a veces ni al propio. Desde entonces estamos penalizadas por ser prostitutas, independientemente de si estamos ejerciendo en ese momento o no.

La normativa trajo como consecuencia una mayor precarización:  A partir de ahí, al no contar con tiempo y tranquilidad para negociar los servicios, debemos apurar los acuerdos, desplazarnos más lejos para realizar los servicios sexuales acordados (con el consabido peligro que eso conlleva), estar pendientes de nuestros móviles porque, entre nosotras, nos alertamos mediante llamadas perdidas de la presencia policial.

Por las condiciones geográficas, no podemos subir a un coche ni para ir a tomar algo a las cafeterías próximas a la zona (cosa muy común) porque los efectivos policiales dan por sentado que vamos a dar un servicio. De nada sirve pararse a explicarles nada. Las multas van tanto para el conductor como para nosotras. Estamos absolutamente estigmatizadas por ejercer nuestro oficio. El Colectivo Hetaira ha sido testigo en directo, a veces, y vía telefónica, otras, de estas experiencias. Hubo una ocasión, en que por el solo hecho de encontrarme dentro de mí vehículo aparcado en el lugar, matando el tiempo de aburrimiento y jugando con mi dispositivo móvil, fui multada. Además nos influye mucho la intimidación que sufren los clientes; nos sentimos impotentes e indefensas.

 

La ley mordaza

Algunas compañeras, debido a la presión, cambiamos de lugar de trabajo. Decidí trasladarme al polígono de Villaverde, pero allí también se estaba preparando una normativa municipal similar a la de Alcalá de Henares que no llegó a aplicarse porque el Gobierno del Partido Popular aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, que penaliza tanto a clientes como a trabajadoras del sexo. Dicha ley, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, ha venido acompañada de consecuencias terribles: más estigmatización para nosotras, más hostigamientos, más actas de denuncias constantes por cualquier cosa: por pararnos aquí, por pararnos allá, por nuestras vestimentas (da igual cómo vistas, cualquier escote, falda, pantalón corto, largo o ceñido al cuerpo, blusa, vestido). Todo vale y justifica su denuncia impuesta, tanto si vas vestida como si no, si te encuentra en la acera como si no, si estás hablando, si vas en coche con alguien, si estás esperando el bus para marcharte, si estás parada o si estás en sitios estratégicos de la zona realizando servicios. Nosotras, las prostitutas somos juzgadas, en ocasiones, por la policía, juzgadas como “males madres”. Pueden soltarte tranquilamente la dichosa frase de “¿qué dirán tus hijos?”, porque la carga moral está presente en el momento que extienden la denuncia. Aquí no se salva nadie, ni el señor que vende los preservativos, ni el señor al que compramos los bocadillos, ni el cunda que nos hace de taxi. Todos son calificados de “puteros”, tratados como “criminales”… Y nosotras, vapuleadas, y nuestros datos personales utilizados para rellenar las denuncias hechas contra nuestros clientes o contra las personas que tratan de buscarse la vida en el polígono vendiendo bocadillos.

 

Reacción

Con esta ley en ejecución las putas llegamos a comprender lúcidamente que siempre se ha perseguido la prostitución, que se ha utilizado la ley de migración como excusa para perseguirnos y expulsarnos del país. Ahora ya hay un instrumento a nivel estatal. Días antes de la entrada en vigor de la ley mordaza, algunos policías de migración, concretamente del Grupo XI, nos lo advertían de manera pletórica y triunfal: “la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana acabaría con nuestra actividad”. Y se cumplió lo que nos habían prometido: las denuncias impuestas contra nosotras, las monsergas y reproches -casi peores‒ que acompañaban a las mismas.

En esta difícil situación –con más de 30 denuncias en una sola tarde‒ vimos la necesidad de protestar, gritar y hacernos escuchar. Así nació la Agrupación Feminista de Trabajadoras Sexuales (AFEMTRAS), conformada por mujeres cis, mujeres trans y travestidos. El colmo fue que el foco mediático sólo apuntaba hacia un objetivo: la denuncia de que una “posible víctima de trata” pudiera estar siendo multada. Porque para las autoridades sólo existen las “víctimas de trata”, nosotras no existimos. Y para los medios de comunicación, en ocasiones, tampoco. Y cuando existimos, se nos criminaliza por nuestra actividad.

Como AFEMTRAS estamos dando a conocer nuestra situación y nuestro descontento a medidas injustas, desproporcionadas e ineficaces. Ponemos el acento en las consecuencias negativas de la aplicación de leyes injustas sobre nuestras vidas. Asistimos, asombradas e indignadas, al descrédito que se hace de nuestro oficio y a la perversión que supone confundirla -intencionadamente‒ con la trata de personas.

Las trabajadoras del sexo apoyamos sin fisuras a las víctimas de trata y somos las primeras en ver “indicios” de trata y ponerlo en conocimiento de las asociaciones con quienes colaboramos. Quiero señalar también que son muchas veces los clientes quienes contactan con las autoridades y las asociaciones cuando detectan posibles casos de trata.

Pero, nosotras, profesionales del sexo estamos demandando a los consistorios espacios donde podamos trabajar sin molestar y sin ser molestadas. Las multas nos perjudican y las multas a nuestros clientes nos perjudican de manera flagrante (podemos no castigar a un comerciante por su actividad, pero si multamos a quienes entren en su establecimiento, le estamos perjudicando directamente). Tenemos la obligación de defender y “desdemonizar” a nuestros clientes porque entendemos que existe un contrato verbal de intercambio de servicios sexuales por dinero con el consentimiento de dos personas adultas y el Estado no debería de intervenir -y menos hacerlo con una moralidad propia de otros siglos-.

Por tanto, exigimos que las autoridades diferencien entre “trabajo sexual” y “trata de personas”. Si no es así, las víctimas de trata reales continuarán desprotegidas y nosotras soportando la indefensión y sin que nuestros derechos sociales y laborales sean reconocidos. Acaso, ¿alguien vive mejor sin derechos?

 

Comparecencia de Hetaira en la Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de violencia de género

 

Colectivo Hetaira·Martes, 9 de mayo de 2017

 

Madrid, 08/05/2017

 

Gracias al Grupo Confederal de Unidos Podemos, En comú Podem En Marea por la invitación a comparecer en esta Subcomisión. Comparezco en nombre de Hetaira -colectivo que trabaja desde hace ya 22 años en defensa de los derechos de las prostitutas en nuestro país- y que forma parte del Movimiento Feminista de Madrid, de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), de la Red Internacional Europea TAMPEP, del Comité Internacional por los Derechos de Trabajador@s Sexuales en Europa (ICRSE), de la Coordinadora Estatal de VIH-Sida (CESIDA), de la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual, de la Plataforma Estatal por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo, de la Plataforma CEDAW Sombra España y de la Plataforma No Somos Delito, entre otras.

 

La creación de esta subcomisión es un paso más para tratar de hacer frente a la violencia machista y esperamos que las recomendaciones que finalmente se hagan llegar al Gobierno sirvan para mejorar la asistencia a las víctimas de violencia de género y evitar más muertes y agresiones machistas. No obstante, no vale con que el Gobierno tome nota de las recomendaciones que de esta subcomisión salgan, sino que éste deberá hacer un esfuerzo para garantizar que algunas medidas se pondrán en marcha dentro un marco legislativo adecuado y que lógicamente contarán con un presupuesto económico. No parece que vaya a ser así a la vista de los Presupuestos Generales del Estado aprobados. Lo lamentamos profundamente. Lamentamos sobre todo que se pierda energía y tiempo en “debatir”, pero no en “poner en práctica” y “en hacer”. Porque también habremos hecho perder recursos a la sociedad española.

 

La ley contra la violencia de 2014 adolecía de algunos problemas. Así se lo hicimos saber en su momento las asociaciones feministas al Gobierno socialista. A pesar de ello, la ley supuso un gran avance y hubo consenso sobre la necesidad de un cambio cultural y de mentalidad. Sin embargo, se abandonaron las propuestas a largo plazo, aquellas basadas en la prevención en la educación o en la formación de profesionales en los diferentes sectores implicados. Lo que quedó en pie, finalmente, fue la parte penal.

 

Tampoco puede servir el Pacto de Estado para pasar a denominarle a cualquier situación discriminatoria contra las mujeres como “violencia machista. Por ejemplo cuando oímos expresiones del tipo: “Cobrar menos por un trabajo de igual valor es violencia”. Creemos que hemos de ser rigurosas, porque si metemos todas las situaciones discriminatorias en un mismo saco estaremos haciéndoles un flaco favor a las “víctimas reales de violencia de género”.

 

El “impulso masculino de dominio” no es el único factor desencadenante de la violencia sexista. Tenemos que seguir poniendo en cuestión, además, las estructuras familiares (núcleo de privacidad que amortigua o genera todo tipo de tensiones); el papel de la educación religiosa y sus mensajes sobre el amor; la falta de educación afectivo-sexual de menores y adolescentes que ayuden a resolver los conflictos futuros, etc.

 

Apostar exclusivamente por la filosofía del castigo sobre el autor concreto de una agresión concreta significa no repensar las sociedades en las que vivimos, no querer ver las responsabilidades de los Gobiernos y de las políticas públicas puestas en marcha por éstos para tratar de evitarlas.

 

La imagen exclusiva de “víctimas” tampoco ayuda a la lucha colectiva por los derechos de las mujeres pues no tiene en consideración nuestra capacidad de resistencia, de hacernos un hueco, de generar autoestima y empuje solidario entre nosotras.

 

Incluso en los casos de violencia de género o de víctimas de trata es importante reforzar la autonomía y la capacidad de decisión de las implicadas. Los movimientos feministas siempre cuestionaron el tutelaje y la falsa protección basada en considerar a las mujeres como “eternas niñas” necesitadas de protección por un Papá/Estado.

 

El conocimiento y el trabajo con mujeres concretas y diversas nos ha enseñado como éstas pueden dar la vuelta, y de hecho se la dan, a las situaciones de subordinación con las que pueden encontrarse. Y como escribía Gayle S. Rubin: “Los márgenes y los bajos fondos pueden ser un lugar de rebeldía”.

 

Contar con los relatos de las víctimas de violencia de género nos sigue pareciendo una de las mejores fórmulas para encontrar estrategias y posibles soluciones. Conocer de primera mano sus necesidades (que pueden ser distintas dependiendo de cada mujer, de cada caso) debería ser una prioridad.

 

Nuestra comparecencia está centrada en materia de trata y prostitución.

 

Trata de personas

 

¿Tiene algún sentido incorporar medidas concretas contra la trata en una ley de violencia de género o en un Pacto de Estado? ¿Se trata de una buena herramienta o, por el contrario, tendríamos que enmarcarla en otro contexto para proteger a las víctimas de trata y luchar contra el delito? Desde Hetaira creemos que tendríamos que separarlo por responsabilidad política y por ser más eficaces a la hora de prevenir y atajar tanto la violencia de género como la trata.

 

La trata de mujeres es una manifestación de la violencia de género. Y figura -gracias a las presiones de muchas ONG’s- como delito en el Código Penal español desde hace unos años. Además puede conllevar otros delitos también tipificados ya en nuestra legislación

 

La trata de personas se da en muchos sectores económicos, no sólo en prostitución. Nos la encontramos en la industria textil, en la agricultura, en la mendicidad, en matrimonios forzosos, en el servicio doméstico. Y son víctimas de trata tanto menores como personas adultas (mujeres y hombres cis, mujeres y hombres trans). La CEDAW pide explícitamente que se tipifiquen todas las manifestaciones de trata (y no sólo aquellas que se dan dentro de la industria del sexo).

 

Una ley integral de lucha contra la trata (que viene reclamándose desde 2012) tendría que garantizar la protección y la recuperación integral de las víctimas y debería abordar la lucha contra la trata desde una perspectiva de derechos humanos. Nos faltan datos, siempre nos falta conocer cuántas personas se encuentran en situación de protección, cuántas personas están viviendo en lugares seguros, cuántas personas han accedido a permisos de trabajo y residencia, cuántas personas consiguieron la condición de asilo por ser víctima de trata (se cuentan con los dedos de una mano, con un poco de suerte, de las dos) cuántas personas han sido indemnizadas por el sufrimiento causado (sabemos que ninguna).

 

La persecución del delito se está haciendo, pero no se está trabajando con el mismo ímpetu en la protección de las víctimas y en poner en primer plano los derechos humanos. Contamos con ejemplos dolorosos, como las expulsiones de posibles víctimas de trata de los CIE’s; víctimas que no han recibido protección sino que han sido contempladas como migrantes sin papeles.

 

Correr el riesgo de saturar los juzgados de violencia de género con casos tan complejos como el de la trata no nos parece una buena idea.

 

Otro problema con el que nos encontraríamos es que el delito de trata, por lo general, traspasa fronteras. Por tanto la persecución del delito fuera de nuestras fronteras exige investigar en otros países y colaborar con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de esos países.

 

Nuestras recomendaciones/propuestas al Gobierno en este punto son las siguientes (exponemos sucintamente algunas cuestiones):

 

. identificación de las víctimas de trata con garantías, no siendo consideradas migrantes sin papeles.

 

. el plan contra la trata debe extenderse a todas las situaciones y dejar de denominarse “de mujeres y niñas con fines de explotación sexual”;

 

. que la colaboración con las autoridades policiales no sea una condición indispensable para poder recibir protección. Es inaudita la existencia de la “contraprestación” en el delito de trata.

 

. indemnizaciones económicas para las víctimas

 

. contar con la opinión y el trabajo de las ONG especializadas.

 

. seguir gastando ingentes cantidades de dinero institucional para explicar que la trata es un delito (algo que toda la sociedad entiende), nos parece un despropósito cuando aún faltan recursos habitacionales para las víctimas, un ingreso mínimo que les permita sobrevivir en un ambiente relajado, etc, etc… Prioricemos los recursos, acojamos a las víctimas, persigamos el delito y transmitamos todo esto a la sociedad. Es la mejor manera de mostrar la realidad y que se comprenda. No podemos delegar el problema de la trata en la “conciencia ciudadana”.

 

. derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza) que, como bien saben (porque se aprobó en el Parlamento) multa indiscriminadamente a quienes ejercen la prostitución en espacios públicos y a sus clientes. Y en ocasiones, a víctimas de trata.

 

. por último, exigimos recursos públicos, dependientes de las instituciones.

 

La prostitución es un trabajo

 

En la prostitución hay machismo. También hay machismo en la política. Pero Vds. eso ya lo saben, es a lo que se dedican y conocen perfectamente quién se sienta en cada escaño, ¿verdad? Las prostitutas soportan el machismo como lo soportan Vds., las políticas, o las periodistas o las profesoras universitarias o las cajeras de los supermercados. Y se hace lo que se puede, colectiva e individualmente. Vivimos en sociedades machistas. Es lo que tenemos en común.

 

El Gobierno español, en los dos últimos años, ha reducido la deuda gracias al aumento del PIB, un aumento que ha venido por contabilizar la entrada de dinero de la prostitución. ¿No les parece impresentable que no se reconozca legalmente la legitimidad del trabajo sexual, que no se reconozcan los derechos de estas personas y que por el contrario se contabilice el “supuesto” dinero que mueve? A nosotras sí.

 

El grupo de expertos en materia de trata de la Unión Europea, GRETA, insiste en que la prostitución no equivale automáticamente a trata. Esta distinción es imprescindible tanto para abordar la trata en toda su complejidad como para encontrar soluciones a la hora de acabar con la discriminación que sufren las prostitutas.

 

La prostitución por decisión propia no es violencia, es el trabajo, la actividad económica para muchas personas que reorganizan sus vidas en función del intercambio de servicios sexuales por dinero. Este intercambio se produce entre gente adulta y con mutuo consentimiento.

 

¿Tiene algún sentido seguir repitiendo que “la prostitución es violencia de género”, al tiempo que mantenemos la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida por ley mordaza, que multa a quienes ejercen la prostitución en los espacios públicos, el sector más débil?

 

¿tiene sentido mientras seguimos manteniendo discriminadas a las personas que la ejercen: discriminadas a la hora de poder alquilar una vivienda o pedir un crédito, trabajadoras sin derechos laborales, sin derecho al paro, soportando situaciones laborales que contravienen todas las legislaciones posibles, sin derecho a una pensión de jubilación…?

 

¿qué pensamos hacer con las mayores que dejaron su vida en la calle?

 

¿la propuesta de incorporar la prostitución a una ley contra la violencia de género supondría la inmediata supresión de las multas por la ley mordaza?

 

¿supondría que las prostitutas pasarían a ser víctimas de violencia de género? ¿con qué beneficios? ¿tendrían asegurado las prostitutas su nivel económico de ser así?

 

Pero, como bien podrán imaginar, no estamos en absoluto de acuerdo con la incorporación de la “prostitución” en un futuro Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La prostitución decidida no es violencia de género, sino una actividad económica para muchas mujeres que llevan tiempo reclamando derechos laborales para acabar con las malas condiciones en que se ejerce y con el estigma que pesa sobre ellas por dedicarse al trabajo sexual.

 

Amnistía Internacional está pidiendo la despenalización del trabajo sexual a nivel mundial. Sus últimos informes publicados, hace justo ahora un año, recoge a través de sendas investigaciones las violaciones de derechos humanos que sufren las trabajadoras y los trabajadores sexuales en Noruega, Argentina, Hong Kong y Papúa Nueva Guinea. Les recomiendo que lean, al menos el informe sobre Noruega y la persecución que están sufriendo quienes ejercen. Entre otras muchas cosas, sufren “desalojos inmediatos” de sus viviendas y de sus espacios de trabajo.

 

Las trabajadoras del sexo, como la mayoría de nosotras, buscan la manera de vivir lo mejor posible dentro de las opciones que la vida les ofrece. Y, por supuesto, deciden. En esta medida, la oferta de servicios sexuales es un trabajo para ellas, trabajo que debe ser reconocido legalmente, acabando con la hipocresía que hoy existe al respecto y articular los derechos sociales y laborales que se desprenden de ello. Los mismos derechos sociales y laborales de los que ya disfrutan sus señorías (permisos de maternidad, vacaciones pagadas, protección frente al desempleo, días libres, etc…).

 

Seguir negando esto y mantener a las prostitutas en la situación de discriminación actual contribuye, entre otras cosas, a que sigan siendo explotadas laboralmente, perseguidas y acosadas por la Policía y sufriendo abusos y agresiones de cualquiera que se lo proponga.

 

El proceso de estigmatización que sufren las trabajadoras sexuales hace que por el hecho de ejercer la prostitución se las considere una categoría particular de personas: “traumatizadas”, “trastornadas”, “víctimas extremas de las circunstancias” y lo que es peor sin capacidad de decisión sobre sus propias vidas.

 

El aumento de la presencia de migrantes trabajadoras sexuales ha sido la excusa perfecta para el desarrollo de políticas represivas en materia de prostitución y su aceptación por parte de las instituciones políticas. El hecho de que generalmente lleguen de manera irregular, sin papeles, así como el que se dediquen al ejercicio de la prostitución en un país donde no está reconocida como “actividad económica” favorece todo tipo de abusos sobre las inmigrantes que cuentan con menores recursos económicos. Esta situación ha servido de pretexto para definir la prostitución como violencia de género, no teniendo en cuenta las condiciones que favorecen que algunas prostitutas sufran diferentes formas de violencia sino considerando que es la prostitución en sí y, por lo tanto, los hombres con su demanda lo que hace que estos abusos sean posibles.

 

Discriminación es también la invisibilidad que soportan las prostitutas autoafirmadas y organizadas desde hace décadas a nivel mundial. Este sector de mujeres autoafirmadas, profesionalizadas y que se reivindican a sí mismas con orgullo, es el que se quiere ocultar cuando se habla de la prostitución desde una óptica victimista y sobreprotectora, asimilándola toda a violencia de género, al indefinido concepto de “esclavitud sexual” o a la trata. Palabras con fuertes resonancias emocionales pero que sirven de poco para entender las diferentes situaciones que se dan en el ejercicio de la prostitución. Sirven para hacer demagogia pero no para empoderar a las trabajadoras del sexo, a las que se niega su capacidad de decisión, su libertad y su autonomía para hacer con su cuerpo lo que quieran.

 

Para Hetaira lo importante sigue siendo estar cerca de quienes ejercen por decisión propia y entender y apoyar sus estrategias de supervivencia.

 

Hay partidos políticos que abogan por la erradicación de la prostitución. Pero ¿en qué se han concretado sus políticas públicas allá donde han gobernado (en ayuntamientos y comunidades autónomas)?

 

. En sus programas jamás vemos un plan de acción que contemple medidas sociales que puedan beneficiar a las prostitutas que voluntariamente desearan abandonar la prostitución, por los motivos que sea, muchas veces por no soportar el estigma social. Tan sólo se han puesto en marcha, en ocasiones, tímidos talleres y cursos a los que han podido acceder una cantidad ridícula de mujeres y que no les ha permitido abandonar la prostitución. Cursos de formación limitados, en muchas ocasiones, a trabajos precarizados y con una contraprestación económica insuficiente, que impide que dejen la calle.

 

. poniendo en marcha normativas cívicas ciudadanas (que multan a clientes, lo que significa castigar a las mujeres dejándoles sin fuente de ingresos); o normativas que multan a ambos o aplicando la ley mordaza;

 

. gastando cantidades ingentes de dinero público en campañas que “criminalizan a los clientes” y, por ende, a quienes ejercen;

 

 

. escribiendo guías con recomendaciones dirigidas a los medios de comunicación que hasta niegan a las mujeres la posibilidad de autodefinirse como trabajadoras del sexo.

 

. a hacer ruido ante el Consejo de Estado sobre la prohibición de publicidad de los anuncios de prostitución en los medios de comunicación. Intento baldío en el siglo XXI y con Internet al alcance de toda la población.

 

Poca cosa, poco serio, ¿no les parece? Y lo peor, ninguna de estas políticas públicas han tenido nunca en cuenta a sus protagonistas, las trabajadoras del sexo.

 

Cualquier plan contra la violencia hacia las mujeres, pero que suponga más “violencia institucional” contra algunas de ellas, en este caso las prostitutas, será un fracaso, un fracaso del Parlamento y un fracaso del feminismo y jamás contará con nuestro apoyo.

 

Si afirmamos tan contundentemente que la prostitución es violencia de género ¿qué deberíamos exigir para las “supuestas víctimas”, las prostitutas? ¿resarcirles económicamente por el sufrimiento causado?

 

Comparar trata (donde la voluntad de la víctima es nula) con prostitución por decisión propia es un ejercicio de cinismo. Comparar el sufrimiento de la trata frente a la decisión de quienes deciden ejercer la prostitución es pura demagogia.

 

La prostitución no es violencia de género, sin embargo, las prostitutas, en ocasiones (y además de sufrir violencia institucional) sufren y pueden sufrir agresiones por el hecho de ser mujeres. Y en este caso sí reclamamos medidas de protección para ellas.

 

Sólo por recordar, hace años nos vimos obligadas a denunciar que los servicios de atención a las víctimas de violencia de género dependientes del Ayuntamiento de Madrid no estaban atendiendo a mujeres que ejercían la prostitución y que querían denunciar a su compañero afectivo o sentimental, porque se consideraba que se trataba de su “proxeneta”. El estigma de nuevo en marcha. El estigma que considera que una puta no puede tener vida privada, ni una familia ni mucho menos un compañero afectivo.

 

Las políticas públicas nunca contemplaron una sola campaña de sensibilización de no estigmatización a las prostitutas. Exigimos acabar con la estigmatización que pesa sobre ellas (no son delincuentes, no son basura, no se “venden” a nadie), porque esta estigmatización llevará a que más de un indeseable -apoyándose en las propias políticas públicas discriminatorias- decida agredir a alguna de ellas o incluso asesinarla.

 

En la medida en que entendemos la prostitución como trabajo, con características especiales (el estigma entre otros), nuestras recomendaciones al Gobierno pasan por:

 

. normalización del trabajo sexual y derechos laborales y sociales para las prostitutas (de este modo, no ocurriría lo que ocurre a día de hoy día, que los empresarios de clubes de alterne imponen prácticas sexuales y/o clientes, entre otras cosas).

 

. que las migrantes puedan conseguir sus permisos de trabajo y residencia por ser trabajadoras del sexo.

 

. regular las relaciones laborales cuando median terceros. Para ello es fundamental que se derogue la última modificación que se hizo del artículo 188 bis del Código Penal que considera delito “lucrarse explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma”. Este añadido, (“aún con el consentimiento de la misma”) impide los tratos comerciales de las prostitutas en mejores condiciones y enmascara las relaciones que se están dando dentro de los clubes. ¿Por qué no evitar la explotación laboral que sabemos suceden en los clubes? ¿por qué no evitar maratonianas jornadas de trabajo? ¿por qué no normalizar la prostitución como trabajo para garantizar salarios dignos? ¿por qué no prevenir los riesgos laborales? ¿por qué no la existencia de convenios colectivos que regulen la situación?

 

. además de que la ley tenga en cuenta los aspectos básicos como licencias, localización de locales, etc… debería tener también en cuenta los horarios especiales los descansos semanales, separar el lugar del trabajo del lugar donde se vive (algo impensable en cualquier otro tipo de trabajo).

 

. priorizar los locales autogestionados y cooperativas de trabajadoras sexuales.

 

. no conceder licencias a truts o personas individuales que cuenten con antecedentes penales, especialmente por violencia de género o por trata.

 

. la negociación de espacios públicos, a través de políticas persuasivas y no criminalizadoras, de manera que quienes captan a su clientela en la calle puedan trabajar minimizando todo tipo de riesgos (también la de las posibles agresiones de algunos clientes).

 

. respeto al trabajo sexual. Celebración del 2 de Junio, Día Internacional de las Prostitutas.

 

. dípticos y reparto de materiales en lugares de ejercicio de prostitución contra las agresiones machistas, que las prostitutas sepan que tienen a los Ayuntamientos, a las Comunidades Autónomas y a los Gobiernos de su parte (y no en su contra).

 

. retirada inmediata de la ley mordaza, es imposible depositar tu confianza en quien te persigue y te multa día sí, día también.

 

. celebración del 17D, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Trabajadoras del Sexo.

 

. que se contabilicen las agresiones a las y los profesionales del sexo.

 

. es importante que se avance en el respeto al trabajo sexual y dejar de gastar dinero en discursos estériles. Nuestros adolescentes no necesitan que se les diga que no han de ser “consumidores de prostitución”, lo que necesitan es aprender que el RESPETO es el único camino posible para relacionarse en un encuentro sexual, sea pagado o no y siempre que exista previo consentimiento.

 

En 2016, desde Hetaira contabilizamos, a través de los medios de comunicación, al menos cinco asesinatos de trabajadoras del sexo cometidos en nuestro país. Tres de las víctimas eran mujeres trans. Ninguno de estos delitos puede quedar impune. Ningún asesinato puede ser justificado, tampoco el de las prostitutas. Sus muertes merecen ser igualmente lloradas y reclamadas por los movimientos de mujeres.

 

Muchas gracias por su atención.

 

Ahora es el momento de despenalizar el trabajo sexual en Canadá

 

Sandeep Prasad, Directora Ejecutiva de Acción Canadá para la Salud y los Derechos Sexuales

24/04/2017

http://www.huffingtonpost.ca/sandeep-prasad/decriminalizing-sex-work_b_16211160.html


El gobierno de Trudeau ha abordado varios elementos claves de su estrategia de reforma de la ley penal, pero hace mucho tiempo que tenía que haber despenalizado el trabajo sexual.

 
Ser elegido para dirigir nuestro país implica algo más que victorias fáciles y asuntos políticamente oportunos “agradables a la gente”. El gobierno de Trudeau tiene la obligación moral de garantizar la salud pública y la seguridad de todos sus ciudadanos. El peso de la mayoría liberal debe respaldar la salud y la seguridad de todas las personas en Canadá, incluyendo las trabajadoras sexuales.

 
En 2017, las trabajadoras sexuales de Canadá continúan viviendo y trabajando en condiciones inseguras, enfrentándose a la violencia predatoria y estatal, las redadas de inmigración, la deportación, la vigilancia y el arresto, así como a la violación de sus derechos humanos. El hecho de no haber solucionado esto todavía sugiere que esta cuestión de los derechos humanos es intencionalmente dejada fuera de la agenda legislativa, lo que constituye una seria preocupación.

 
La reforma de la ley sobre el trabajo sexual es importante en Canadá. Entre los interesados, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud ha condenado la penalización total o asimétrica del trabajo sexual como una violación del derecho a la salud al crear barreras para el acceso de las trabajadoras sexuales a los servicios de salud.

 
Los gobiernos tienen la obligación de demostrar la debida diligencia en la protección de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, incluido su derecho a la salud y a no verse sometidos a la violencia. Las leyes y regulaciones deben estar basadas en la evidencia y abordar los sistemas de opresión cruzados y estratificados que afectan las experiencias de las trabajadoras sexuales. Esto sólo puede comenzar cuando nuestro gobierno tome las medidas necesarias para despenalizar el trabajo sexual en Canadá.

 
En diciembre de 2013, la victoria estuvo casi al alcance. La Corte Suprema de Canadá anuló unánimemente las leyes perjudiciales que obstaculizaban la protección efectiva de las trabajadoras sexuales y de la comunidad en general.

 
El avance hacia la despenalización fue respaldado por miles de páginas de evidencias y testimonios de expertos, así como décadas de informes e investigaciones de comisiones patrocinadas por el gobierno, encabezadas por el activismo implacable de las organizaciones de base.

 

La decisión Bedford de la Corte Suprema marcó un gran paso en el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras sexuales específicamente, y de los derechos humanos en Canadá de manera más general. Durante más de treinta años, las trabajadoras sexuales habían pedido a Canadá que derogara las leyes que les atañen a ellas, a sus clientes y a las personas con las que trabajan, señalando el daño ocasionado por la penalización de los elementos del trabajo sexual y la incapacidad de las leyes de prostitución para protegerlas de la violencia. Muchas vidas se perdieron esperando esta victoria.

 
Casi de inmediato, el gobierno de Harper comunicó su intención de introducir nuevas leyes. Un cambio hacia un discurso que amalgamaba el trabajo sexual y la trata de seres humanos pronto se puso en marcha e introdujo la idea de las trabajadoras sexuales como víctimas para justificar la continua regulación agresiva del trabajo sexual y de las trabajadoras sexuales. En diciembre de 2014, el proyecto de ley C-36, Ley de protección de las comunidades y personas explotadas, se convirtió en ley.

 
Al igual que las leyes puestas en marcha en 2013, este nuevo régimen regulatorio no cumple con la Carta de Derechos y Libertades y con los requisitos establecidos por el Tribunal Supremo de Canadá en su decisión Bedford.

 
Este giro de los acontecimientos golpeó seriamente a las directamente afectadas por la penalización del trabajo sexual, algunas de los cuales habían pasado décadas luchando por sus derechos y se les decía que esperaran una vez más. Las evidencias de las ciencias sociales de Canadá y de todo el mundo indican claramente que la penalización de la industria del sexo — ya sean clientes, terceros o trabajadoras del sexo— continúa enviando a la industria del sexo a las sombras, restringiendo el acceso de las trabajadores sexuales a importantes mecanismos de seguridad y tiene profundas consecuencias negativas sobre la salud, la seguridad, la igualdad y los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

 
El Partido Liberal de Canadá, entonces un partido de oposición, denunció claramente la nueva ley. Tomaron una postura clara y expresaron serias preocupaciones sobre la nueva legislación que no protege adecuadamente la salud y la seguridad de las personas vulnerables, en particular las mujeres.

 
Durante la campaña electoral en 2015, la entonces crítica de salud liberal Hedy Fry dijo a un foro de igualdad de mujeres de todos los candidatos que su partido mantenía su firme oposición al proyecto de ley C-36 y planeaba desecharlo. Cuando el Partido Liberal ganó su gobierno mayoritario, prometieron un cambio real y calificaron al nuevo primer ministro de Canadá como feminista. ¿Dónde está el cambio?

 
Una vez elegido, el gobierno de Trudeau tomó la medida sin precedentes de publicar públicamente todas las cartas de mandato ministeriales. Estos documentos proporcionan un marco para lo que se espera que cumplan los ministros, incluyendo los objetivos políticos específicos y los retos a abordar. La carta de mandato público recibida por el nuevo Procurador General de Justicia de Canadá y el Ministro de Justicia, la Honorable Jody Wilson-Raybould, no mencionaba el trabajo sexual; no se incluyó un cronograma para abordar la penalización del trabajo sexual.

 
El gobierno de Trudeau se ha promocionado como uno que promueve, respeta y lucha por los derechos de la Constitución; sin embargo, su respuesta a los derechos constitucionales de las trabajadoras sexuales es lamentable hasta la fecha: un año y medio más tarde, seguimos esperando.

 
La ministra de Justicia, Jody Wilson-Raybould, debe iniciar rápidamente un proceso de reforma de la ley del trabajo sexual que culmine en la despenalización del trabajo sexual como parte de la estrategia de reforma del derecho penal de este gobierno. El momento es ahora. De hecho, el momento fue hace mucho tiempo.

 

Confesiones de una ex SWERF

 

Taryn De Vere

 

29 de marzo de 2017

 

https://medium.com/@taryndevere/confessions-of-a-former-swerf-be0892f0fd30

Ok, puede que no fuera del todo una SWERF, ya que no quería quitar derechos a las trabajadoras del sexo, pero yo pensaba que el trabajo sexual era explotador y un resultado directo de siglos de patriarcado. Pensaba que cualquier persona que intentara comprar sexo de otra persona debía ser criminalizada, porque yo ingenuamente creía que eso acabaría con la demanda. También pensaba que todo el mundo que trabajaba en la industria estaba allí bajo coacción. Y todas estas suposiciones estaban basadas en una ignorancia completa y absoluta.

Desde entonces he tenido la suerte de conocer a mucha gente que trabaja en la industria del trabajo sexual (la mayoría de ellas mujeres). ¡Cómo me ha abierto eso los ojos! He visto destrozadas muchas de mis ideas e ilusiones. Una de mis amigas se vio obligada a trabajar en el sexo cuando era una adolescente y su experiencia fue horrible. Pero aparte de esa amiga —y yo diría que ella fue víctima de esclavitud sexual, no una trabajadora sexual— todas las otras mujeres que conozco que son trabajadoras sexuales han elegido su línea de trabajo.

Para algunas mujeres la elección es financiera. A otras mujeres lo único que les pasa es que les gusta jodidamente (disculpen el juego de palabras). Algunas mujeres que conozco encuentran que el trabajo sexual es un trabajo enormemente gratificante y agradable. ¡Lo sé! ¿No es asombroso? Yo también me sorprendí cuando me di cuenta de que no todo el mundo es como yo! (Estoy siendo sarcástica, por supuesto, pero sobre todo hacia mi antiguo yo).

Reunirme con trabajadoras sexuales y ex trabajadoras del sexo y escucharlas me abrió los ojos sobre por qué la gente trabaja en el trabajo sexual, y cómo la gente se siente al respecto, pero ¿qué pasa con el patriarcado? ¿Cómo reconciliar la venta del cuerpo femenino siguiendo siglos de degradación, sexualización y explotación de género? Como actualmente vivimos en un mundo patriarcal, es casi imposible saber si el trabajo sexual todavía existiría si viviéramos en un mundo equitativo, o incluso en un mundo que no fuera tan dependiente de la vergüenza, el miedo y el secreto. Tengo la sensación de que incluso si la sociedad fuera equitativa en todos los sentidos y no hubiera miedo o vergüenza en torno al sexo, todavía habría personas que querrían ser trabajadoras sexuales. Estoy basando este sentimiento en la sensación genuina de alegría y satisfacción que algunas trabajadoras sexuales dicen que obtienen de su trabajo y porque la mayoría de las mujeres que conozco que son trabajadoras sexuales me dicen que están contentas con el trabajo que han elegido.

Nunca olvidaré la pregunta que hice a una trabajadora sexual (que ahora se ha convertido en una amiga) cuando la conocí por primera vez:

    “¿Estás diciendo que algunas personas eligen activamente el trabajo sexual?”

“Sí”, dijo ella.

“Pero ¿algunas mujeres no lo hacen porque no pueden permitirse no hacerlo?”, le pregunté.

“Sí. Hay gente a la que no les gusta su trabajo, no importa qué trabajo estén haciendo, como hay limpiadoras que no quieren ser limpiadoras, pero que son forzadas por la pobreza “, dijo.     “Sólo porque usamos otras partes de nuestro cuerpo para hacer nuestro trabajo, ¿significa que no debemos tener los mismos derechos y la misma seguridad que tú?”

No pude rebatir eso. Y ese fue el final de mi SWERFenismo.

Sé que muchas mujeres son anti trabajo sexual y para mí estas personas son muy parecidas a las antielección. Desean negar a las mujeres su propia autonomía y experiencias y muestran poco interés en abordar los temas centrales que hacen que algunas mujeres asuman el trabajo sexual, tales como pobreza, elevadas tasas universitarias o costos de cuidado infantil. ¿Por qué las SWERFs no luchan duro para acabar con la pobreza, para proporcionar más apoyos a las madres solas o para bajar los costes universitarios? ¿Por qué en su lugar atacan a las mujeres que — como el resto de nosotras— sólo están tratando de ganarse la vida? Sé de mujeres que no elegirían el trabajo sexual si tuvieran suficiente seguridad financiera, pero como no la tienen, el trabajo sexual es la opción que han elegido para llevar la comida a la mesa. Y por supuesto están las mujeres que quieren ser trabajadoras sexuales y disfrutan siéndolo. ¿Por qué estas mujeres deben ser criminalizadas, estigmatizadas y negadas, sólo por el tipo de trabajo que han elegido hacer (y sin importar por qué lo han elegido)?

Hay una paradoja esencial en ser una SWERF: ¿cómo puedes realmente ser una feminista si no escuchas y crees en las experiencias de otras mujeres? ¿Cómo puedes adoptar una visión tan paternalista de las trabajadoras del sexo y pensar que sabes lo que es mejor para ellas, incluso cuando están claramente diciendo lo contrario? Mis propios puntos de vista de SWERF vinieron de la ignorancia y de una clase condescendiente de ambiente de cruzada moral: “sé lo que es lo mejor para vosotras, mujeres caídas. Vamos y os ayudaremos a salir de vuestra terrible vida”. Nunca dije eso o lo pensé, pero estaba en la raíz de las creencias que tenía sobre el trabajo sexual y las trabajadoras sexuales. Me estremece pensarlo ahora: qué condescendiente, qué arrogante, qué ofensivo. Estoy expiando públicamente por mis anteriores y espantosas maneras de SWERF y esperando que al hacerlo pueda llegar a algunas personas que están abiertas a nuevas ideas sobre las trabajadoras del sexo.

Había un montón de voces de SWERF encantadas por la implantación del modelo sueco/nórdico en Irlanda. Y, sin embargo, este modelo no ha reducido la venta de sexo en Suecia y sólo lo ha hecho más peligroso para las trabajadoras sexuales, por lo que se plantea la pregunta ¿a quién está sirviendo y por qué se sentiría nadie feliz por su implantación? Las SWERFs parecen felices de ignorar la evidencia y la investigación que muestran las muchas fallas peligrosas del modelo sueco/nórdico. He argumentado anteriormente que las SWERFs deberían ser llamadas SWERs, ya que no puedo encontrar ningún rastro de feminismo en un dogma que elimina las voces y la autonomía de las mujeres objeto de discusión y que son las más afectadas. Nuestras hermanas trabajadoras del sexo no deben ser arrojadas bajo el autobús por el bien de unos pocos moralizantes.

 

Me encantaría saber cómo las SWERFs reconcilian su “feminismo” con creencias que están perjudicando y en algunos casos matando mujeres. Tal vez, como me pasaba a mí, la mayoría de las SWERF nunca han conocido a una trabajadora del sexo o han pensado mucho en lo peligrosas e hirientes que son sus ideas. Espero que algunas de vosotras consideréis uniros a mí para apoyar los derechos de todas las mujeres, independientemente de la profesión que hayan elegido para sí.

 

 

  • Una nota sobre la trata: La trata y el trabajo sexual son discutidos a menudo juntos como si las dos cosas fueran lo mismo, pero las trabajadoras sexuales consensuales no son lo mismo que alguien forzado a la esclavitud sexual. No conozco a nadie que piense que la trata de seres humanos está bien. Y ninguna trabajadora sexual que conozca quiere obligar a nadie a trabajar en el trabajo sexual contra su voluntad. El consentimiento es clave en el trabajo sexual (y en el sexo). Luchar por la despenalización del trabajo sexual y la seguridad de las trabajadoras sexuales no es una victoria para los traficantes. Se sale un poco de los límites de este artículo el tema, pero podéis encontrar un gran trabajo sobre los problemas con el modelo nórdico vinculándolo a la trata aquí (1) y la diferencia fundamental entre el trabajo sexual y el tráfico humano explicada maravillosamente aquí (2).

 

Quiero reconocer y agradecer a todas las mujeres que han dado tanto de su tiempo y su energía a enseñarme a mí y a otros acerca del trabajo sexual, (con un agradecimiento especial a Lucy Smith de Ugly Mugs que es una Shero total).

 

 

 

 

1.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2017/02/14/asi-que-no-quieres-creer-a-amnistia-internacional-pues-mira-esto/

 

2.- http://thoughtsonliberty.com/stop-using-the-terms-sex-trafficking-and-sex-work-interchangeably