Una declaración de principios feministas

 

“Una declaración de principios feministas” ha sido redactada mediante un riguroso proceso de colaboración entre organizaciones feministas de mujeres y de derechos humanos, y organizaciones LGBTIQ+ y trans.

https://es.feministaffirmation.org/?mc_cid=5d75d7a4f2&mc_eid=0556f25db2

Entre las organizaciones promotoras de esta declaración se incluyen:

Asia Pacific Alliance for Sexual and Reproductive Health and Rights, Asia Pacific Transgender Network (APTN), Association for Women’s Rights in Development (AWID), COC Netherlands, CREA, Diverse Voices and Action (DIVA) for Equality, GATE, Global Network of Sex Work Projects, ILGA World, International Planned Partenthood Federation (IPPF), L’Associacio Drets Sexuals I Reproductius, Outright Action International, RFSL – The Swedish Federation for LGBTQI Rights, RESURJ, Transgender Europe (TGEU), Urgent Action Fund for Women’s Human Rights, Women Deliver, Women Engage for a Common Future

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La declaración es un intento de reafirmar lo que creemos que son principios feministas fundamentales y de difundir las posiciones que muchas feministas han adoptado históricamente en relación con la comprensión del género, el sexo y la sexualidad.

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Invitamos a personas y organizaciones a firmar esta declaración y a compartirla ampliamente con sus redes.

Descarga la carta en español:

Haz clic para acceder a 0ad53d_e6c5dccfd66f4f02b9eed9d9e0026358.pdf

Firma la carta:

https://es.feministaffirmation.org/sign-the-letter

UNA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS FEMINISTAS

Las organizaciones y personas de todo el mundo que firmamos abajo nos unimos en esta carta para enfatizar nuestra creencia compartida de que para alcanzar justicia, equidad y liberación, debemos combatir y desmantelar los sistemas de poder patriarcal que continúan excluyendo y oprimiendo a muches de nosotres.

Afirmamos los principios feministas clave y su alineación con temas relacionados a la orientación sexual, la identidad y expresión de género y las características sexuales.

Reforzamos y defendemos el lugar que las personas trans, intersex y no binarias tienen en los movimientos feministas.

Destacamos el reconocimiento de que los derechos humanos no hacen distinciones entre las personas pues son, en su constitución, universales, indivisibles e inalienables.

Afirmamos que hacer realidad los derechos humanos de cualquier grupo de personas no tiene lugar a a expensas de los derechos humanos de las demás. Estos principios y valores compartidos han unido a los diversos movimientos feministas en todo el mundo.

Muches de nosotres vivimos en un mundo sólidamente fundado en la construcción occidental binaria del género y sexo, la cual, junto con la heteronormatividad, conduce a la opresión sistémica y la discriminación estructural de las mujeres y todas las personas que no se ajusten a este binario y que, por lo tanto, representan una amenaza para el patriarcado.

Nuestra lucha compartida se basa en el reconocimiento de que estas construcciones sociales sostienen estructuras de poder injustas, así como otras categorías de identidad  tales como la raza, la clase y la casta.

El impacto nocivo de la discriminación por motivos de género, sexo, sexualidad y otros aspectos de la identidad tiene consecuencias reales para las personas y los grupos oprimidos.

Los antecedentes internacionales de derechos humanos, mecanismos regionales de derechos humanos, así como los de Naciones Unidas, incluidos los órganos de tratados, expertes y juristas, han reconocido ampliamente que el género es una construcción social.

La idea de que nacemos con rasgos específicos e inmutables en virtud de nuestro «sexo» ha sido rechazada pues se reconoce que los estereotipos, roles y normas de género construidos socialmente conducen a desigualdad de género.

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Muchas feministas hemos optado históricamente por defender los derechos de todas aquellas personas que transgreden las normas del género, el sexo y la sexualidad, porque entendemos que nuestra liberación está fundamental e intrínsecamente unida.

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Los movimientos sociales feministas de derechos humanos deben permanecer unidos contra las amenazas a la democracia y las libertades fundamentales, y en pos de los principios de derechos humanos, de justicia social e igualdad.

Nuestro feminismo analiza el poder mediante el reconocimiento de que no existe homogeneidad en nuestras experiencias relacionadas con el género, el sexo y la sexualidad y que las personas en su diversidad experimentan distintos niveles de discriminación, opresión y privilegios.

Nos comprometemos a aprender y a profundizar continuamente nuestra comprensión de la interseccionalidad, el feminismo y los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y no binarias y a desaprender los patrones internalizados de sexismo, racismo y colonialismo.

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Creemos firmemente que la igualdad de género no se logrará sin hacer realidad  los derechos humanos de todas las personas trans, intersex y no binarias.

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Reafirmamos algunos principios feministas clave:

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Universalidad de los derechos humanos, el principio de no discriminación y una vida libre de violencia

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Los derechos humanos son inherentes a todas las personas, independientemente de su género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales. Todas las personas tienen derecho a alcanzar y ejercer sus derechos y libertades inalienables y ninguna persona o institución tiene derecho a infringir los derechos fundamentales de otra persona. La realización de los derechos humanos de cualquier grupo de personas no se produce a costa de los derechos de las demás personas.

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Autonomía e integridad corporal, agencia y el drecho a la identidad

Toda persona tiene el derecho y la capacidad de tomar sus propias decisiones sobre su vida, su cuerpo, su futuro y el ambiente en el que vive y trabaja. Toda persona tiene derecho al consentimiento libre, previo e informado a la hora de tomar estas decisiones especialmente cuando se relacionan con su salud y bienestar. Esto significa reconocer:​​

a. El trabajo sexual como trabajo;

b. El aborto accesible y legal como un derecho humano; toda persona debe tener autonomía en la toma de decisiones sobre su reproducción;

c. Las personas intersex y trans deben ser quienes deciden second se trata de sus cuerpos y de sus vidas;

d. El derecho a la identidad se extiende para auto-determinar la propia identidad de género sin ninguna interferencia, esto incluye la libertad de autodeterminar el género legal;

e. El derecho de todas las personas adultas con capacidad de consentir de escoger a sus parejas;

f. El derecho a rechazar los esfuerzos que busquen cambiar la orientación sexual, la identidad y expresión de género y las características sexuales así como el derecho a vivir una vida digna y sin miedos; y que

g. Los derechos y dignidad de les adolescentes deben estar fundados en el respeto a su capacidad progresiva para de tomar decisiones informadas e independientes sobre asuntos relacionados a la autonomía de su cuerpo, sexualidad, placer y libertades fundamentales.

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Protección contra la tortura, malos tratos y los abusos médicos

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​Rechazamos la medicalización colonial y patriarcal, de ciertos cuerpos y de ciertos grupos de personas. Rechazamos la necesidad de «arreglar» cuerpos y mentes que son atípicos, así como la necesidad de «tratar» a aquelles que no se ajustan a las construcciones binarias de identidad y expresión. Seguimos siendo profundamente críticos con el malestar social ante la diferencia y con los intentos de borrarla.

Esto significa:

a. Les infantes, niñas y adultas intersex nunca deben ser sujetas a intervenciones médicas y cirugías innecesarias sin su consentimiento pleno e informado. 

b. Las intervenciones, cuidados y servicios de afirmación de género no deben estar fuera del alcance de las personas trans que las quieren. 

c. La atención médica inclusiva y compasiva debe ser universalmente accesible, aceptable, fácilmente disponible y gratuita, ya que es un derecho humano, no una mercancía o un privilegio.

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Derechos de la niñez

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Todes les niñes tienen derecho a estar libres de toda forma de violencia, lesiones o abusos, a comprender sus derechos y a tener garantizado su derecho a la dignidad, bienestar, salud y desarrollo.

Esto reconoce que:

a. Les niñes intersex deben estar libres de cirugías coercitivas y no consensuadas así como de tratamientos invasivos.

b. La niñez y juventud LGBTIQ tiene el derecho a estar libre del estigma social, discriminación y abuso en educación, salud, ambientes familiares, entre otros.

c. La niñez y juventud LGBTIQ tiene derecho al reconocimiento de su orientación sexual e identidad de género así como al acceso a servicios y apoyo no-discriminatorios y sensibilizados.

d. Todes les niñes deben tener acceso a una educación sexual y de género integral transformadora en las escuelas que abarque la diversidad de la identidad humana, las sexualidades y la construcción social del género no discriminatoria, basada en derecho y feminista.

e. Les niñes que nacen o crecen en familias LGBTI tienen derecho a que su familia sea reconocida legal, social y de todas las formas.

-5-

 

El sexo, el género y la sexualidad son construcciones sociales

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Las feministas han establecido que el género, el sexo y la sexualidad son categorías de identidad construidas, al igual que otras categorías como raza, clase y casta, que se utilizan para defender y mantener los desequilibrios de poder y perpetuar los sistemas de opresión. La idea de que nacemos con rasgos específicos e inmutables en virtud de nuestro «sexo» ha sido rechazada pues se reconoce que los estereotipos, roles y normas de género construidos socialmente conducen a desigualdad de género.

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Adoptamos una postura firme e inquebrantable contra cualquier forma de discriminación, violencia, trato deshumanizador y deslegitimación de las personas trans, de género diverso e intersex.

 

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 Interseccionalidad

 

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Las personas y grupos enfrentamos diversos grados de discriminación o desventajas debido a las estructuras de opresión que se cruzan —según nuestra ubicación dentro de categorías interconectadas de clasificación social— tal como raza, edad, sexo, género, orientación sexual, identidad y expresión de género, características sexuales y otras categorías.

Las personas también somos portadoras de privilegios y poder acorde a sus identidades. Es imperativo que llamemos la atención y reconozcamos esta dinámica para asegurarnos de que no esencializamos ningún grupo ni perpetuamos las nociones binarias en las categorizaciones sociales. Reconocemos que no existe una experiencia humana común, incluida la experiencia del género.

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Autodeterminación y liberación en y sobre todos los territorios, de todos los cuerpos, colectivos, instituciones, sociedades, economía y ecología

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Las feministas anticoloniales y decoloniales hemos rechazado desde hace mucho tiempo la ocupación colonial histórica y en curso de nuestros territorios y nuestros cuerpos.

Todos los pueblos tienen derecho a determinar su propio futuro y participar en la toma de decisiones políticas, sociales, culturales y económicas dentro y fuera de sus comunidades.

Desafiamos los sistemas de poder racistas, patriarcales, cis-heteronormativos que, a lo largo de la historia, han erradicado e invisibilizado las comprensiones indígenas y diversas de las sexualidades, géneros y expresiones de género. Rechazamos los intentos coloniales de patologizar ciertos cuerpos y ciertos grupos.

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Desafiar las estructuras de poder injustas

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Los análisis de poder feministas van más allá de los binarios; no se trata de ‘hombres’ contra ‘mujeres’, jóvenes contra ancianes, Sur global vs Norte global, etc. Esto significa una continua crítica feminista al derecho y a las leyes —incluyendo el derecho internacional— que requiere conceptos e ideas desafiantes que se basen en ideas críticas al pensamiento colonial, patriarcado, racismo, capacitismo y heteronormatividad.

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Los análisis feministas del poder están basados en la identificación y el desafío a todas las estructuras de poder injustas y a todos los sistemas de opresión, incluso en nosotres mismes y en nuestros propios movimientos.
 

Ningune de nosotres
será libre hasta que
todes seamos libres.

Ley de libertad sexual, la paradoja de castigarnos por víctimas

La penalización de la tercería locativa comportará la clandestinidad para las trabajadoras sexuales y, en consecuencia, la imposibilidad de que las trabajadoras sexuales denunciemos robos, violaciones o agresiones, por miedo a perder nuestro hogar o ser expulsadas del país.

Por Carolina Clemente

Trabajadora sexual e integrante de Putxs en Lucha

21 de juliode 2021

https://www.elsaltodiario.com/opinion/ley-libertad-sexual-paradoja-castigarnos-victimas-teceria-locativa

Se llamaba Mercy, era nigeriana y ejercía el trabajo sexual, junto con otras compañeras, en un piso de Noruega. Un día, un agresor, haciéndose pasar por cliente, se presentó en el piso, las robó y las violó. La policía tardó tres horas en llegar. Tras prestar declaración en comisaría, fueron alojadas en un hotel. Cuando volvieron a su casa, el arrendador las echó, alegando que habían ejercido prostitución en ella. El resultado de denunciar una agresión fue quedarse sin casa: las habían desahuciado por putas.

El motivo fue que, en los países abolicionistas, es ilegal alquilarle una vivienda a una prostituta, ya que se considera delito de proxenetismo. La consecuencia de esta medida es la clandestinidad y, por ende, la indefensión. Así lo señala el informe de Amnistía Internacional El coste humano de “machacar” en el mercado: la penalización del trabajo sexual en Noruega.

Alquilar un espacio destinado a ejercer la prostitución es lo que en el Estado español se denomina “tercería locativa”. Una de las medidas que contempla la Ley de libertad sexual, aprobada en el Consejo de Ministros en segunda vuelta el 6 de julio, es su penalización, puesto que considera que extraer un beneficio del ejercicio de la prostitución de otra persona —aunque este beneficio se limite a un alquiler— es violencia. Pese a su enunciación feminista, esta penalización comportará la clandestinidad para las trabajadoras sexuales. Y, en consecuencia, la imposibilidad de que las trabajadoras sexuales denunciemos robos, violaciones o agresiones, por miedo a perder nuestro hogar o ser expulsadas del país. Así, de modo paradójico y nada inocente, el Ministerio de Igualdad pretende proteger la integridad física y psicológica de la mayoría de mujeres, al tiempo que expone al peligro a las mujeres que no cumplan con la nueva política sexual que impulsa. En otras palabras: castiga a toda mujer a la que considere un mal ejemplo para el resto.

El castigo estatal hacia las trabajadoras sexuales ha ido in crescendo en los últimos años: en un principio, se limitaba a un estigma simbólico, alimentado por las campañas publicitarias —financiadas con dinero público— que afirman que “se paga por nuestro sufrimiento”. Estas campañas, además de estigmatizantes, aunaban en la misma imagen trabajo sexual y trata, alimentando un discurso social que, además de obviar el papel de la Ley de extranjería como motor de la trata, definió a todas las prostitutas como víctimas sin voz. Más adelante la reproducción del estigma se convirtió en penalización económica, mediante la ley mordaza y las ordenanzas municipales. Una penalización destinada a las compañeras que captan clientela en la calle; precisamente las más vulneradas y precarizadas. A las represalias se sumó la invención de fábulas conspiranoides acerca de las trabajadoras sexuales politizadas, con las que nos acusan de ser proxenetas encubiertas tras una falsa identidad de trabajadoras sexuales o de defender los intereses de los mismos.

Ahora, el Ministerio de Igualdad pretende que las malas mujeres entremos en el Código Penal, resucitando un delito tipificado por el Código Penal del franquismo: la tercería locativa. Así, como segunda paradoja, encontramos que el partido que se alimentó de un discurso de conciencia de clase y democracia participativa castiga a las empobrecidas mediante una lógica penal franquista. No podemos olvidar, asimismo, que el PSOE, el mismo partido que despenalizara la tercería locativa durante la democracia y que tantas licencias ha concedido a clubs de alterne, esgrime ahora el argumento del cierre de los clubs como medida para acabar con la explotación.

No es sin motivo que este tipo de feminismo —defensor de la libertad, la integridad y el consentimiento de las mujeres privilegiadas, a costa de la penalización de las pobres— fue bautizado por Bernstein como “feminismo carcelario”. Tal y como reflejan los informes de Amnistía Internacional, los resultados de este tipo de medidas, no sólo en Noruega, sino también en Argentina, han resultado devastadores, tal y como recoge el informa Lo que hago no es un delito, también de Amnistía Internacional. Su gran logro igualitario ha sido aumentar el poder, abuso y control policial sobre las mujeres, así como la entrada de éstas en las instituciones penitenciarias: según la investigadora argentina Cecilia Varela, el 40% de las personas procesadas por la Ley de trata son mujeres.

Este tipo de legislaciones se venden a la opinión pública como “garantes de los Derechos Humanos”. Sin embargo, pese a este discurso propagandístico, acaban por violar diversos de estos derechos. Noruega, tercer país europeo en implantar el modelo abolicionista, es un perfecto escenario de análisis.

El primer derecho vulnerado con estas políticas punitivas es el derecho a la vivienda, puesto que, al tipificar, como delito de proxenetismo el alquiler de un inmueble destinado al ejercicio de la prostitución, en muchas ocasiones se desahucia a las trabajadoras sexuales de sus viviendas. Un claro ejemplo de esto fue la “Operación sin techo” (Noruega, 2007-2011), en la que se desalojó sistemáticamente a las trabajadoras sexuales de sus hogares. A fin de obtener su dirección y echarlas de sus domicilios, la policía noruega hostiga incluso a las trabajadoras que captan clientela en la calle, pese a que no ejerzan en sus casas. Los arrendatarios, a sabiendas de las dificultades habitacionales ante las que se encuentran estas compañeras, les exigen un alquiler más elevado. Estas medidas violan, por tanto, el derecho a no sufrir discriminación, a la intimidad y a la vivienda.

Enumerando las paradojas que encierra la Ley de libertad sexual, en su importación del punitivismo, añadimos la de un partido que se hizo con la confianza de la clase obrera por señalar el problema de acceso a la vivienda, la especulación urbanística y el impago de las hipotecas y al que ahora, con sus medidas, no le importa desahuciar a las menos privilegiadas.

En segundo lugar, otro de los derechos que se ven afectados por la propuesta de la “ley del sí es sí” es el de la seguridad de la persona: puesto que la policía actúa como cuerpo represor, las trabajadoras sexuales no denuncian los abusos a los que puedan verse sometidas; por tanto, los perpetradores gozan de impunidad. Dada la situación, en ocasiones, las trabajadoras sexuales optan por realizar los servicios en la casa de los clientes, exponiéndose al peligro: muchas veces, incluso los hoteles identifican y echan a las trabajadoras sexuales. También se penaliza a las compañeras que, por garantizar su seguridad, compartan espacio. Esta inseguridad a la que se ven abocadas las que viven bajo el punitivismo arroja luz sobre otra de las paradojas de la “ley de solo sí es sí”: una ley que pretende garantizar la integridad física, psicológica y sexual de las mujeres, al mismo tiempo, empuja al peligro a las trabajadoras sexuales, utilizándonos como el castigo ejemplarizante de quienes no sigan los mandatos de la nueva política sexual.

En tercer lugar, la criminalización de la tercería locativa supone un aumento de la presión policial sobre los lugares donde se ejerce prostitución. En esta persecución de prostitutas, la policía ha llegado a considerar como prueba de que en un inmueble se ejerza la prostitución el que haya preservativos. Con esto, se está violando el derecho a la salud sexual y reproductiva. En este mismo sentido, tal y como denuncia ONU SIDA, la criminalización aumenta el contagio del VIH: los clientes problemáticos, conocedores de la clandestinidad y la vulnerabilidad a las que se ven sometidas las trabajadoras, acaban por exigir prácticas de riesgo.

En ningún caso estas medidas ayudan a acabar con la trata, pese al argumento populista de que están destinadas a acabar con la explotación. Tal y como señala Amnistía Internacional, de las 280 denuncias presentadas en Noruega, en el ámbito de la prostitución forzada, entre 2006 y 2014, solo se han dictado 32 sentencias. Paradójicamente, no se protege a las víctimas de trata, sino que sucede lo contrario: al recaer la sospecha de prostitución especialmente sobre las migrantes, se dan muchos casos en que las víctimas de trata acaban siendo perseguidas.

En cuanto a Argentina, la ley vigente es la Ley de trata, la cual, al igual que la Ley de libertad sexual, anula el consentimiento de la trabajadora y tipifica como delito todo lo que rodea al trabajo sexual (alquiler de inmuebles, transporte, limpieza, ayuda con la organización, etcétera). En consecuencia, las trabajadoras sexuales se ven expuestas al acoso, abuso e incluso sobornos policiales, ya sea éstos a cambio de avisar de un allanamiento o de una declaración favorable ante el juez.

Esgrimiendo como justificación esta ley, las trabajadoras sexuales argentinas padecen de constantes allanamientos, con conductas violentas y robos de sus efectos personales, detenciones, arrestos con armas de fuego e interrogatorios coercitivos —incluyendo en éstos a los psicólogos que, lejos de respetar la confidencialidad exigida por el código deontológico, suelen colaborar con la policía—. También se ven sometidas, pese a que su actividad no está reconocida como trabajo, a inspecciones normativas por parte de los funcionarios, quienes en ocasiones también les exigen sobornos a cambio de no multarlas o no clausurarles el piso.

Como puede deducirse, los esfuerzos de la ley, pese a llamarse “Ley de trata, no se concentran en perseguir a las figuras criminales, sino que acaban criminalizando a las mujeres a las que dicen rescatar. Una paradoja del mismo tipo se da en la Ley de libertad sexual donde, como bien señala la jurista María Luisa Maqueda, las penas por trata son menores que las de violación.

La persecución de las trabajadoras sexuales se suele fundamentar en estereotipos —apariencia, comportamiento, etcétera—. Esto puede dar pie a la discriminación de mujeres sospechosas de prostitución, como mujeres trans y/o migrantes; por tanto, se está dificultando el acceso a la vivienda a colectivos ya de por sí discriminados. Es aquí dónde se vislumbra otra de las paradojas del Ministerio de Igualdad: por un lado, impulsa una Ley trans para acabar con la discriminación de un colectivo históricamente vulnerado. Por el otro, propone una ley que supondrá una mayor precarización y la criminalización de gran parte de dicho colectivo; esa mayoría cuya única salida laboral es el trabajo sexual.

Esta ley es otro ejemplo más de cómo el Ministerio de Igualdad ha diseñado una meritocracia del buen comportamiento sexual. Así, las trabajadoras sexuales hemos quedado excluidas del IMV. De la misma forma, se entorpeció nuestra recuperación económica post-confinamiento, cuando se ordenó el cierre de nuestros espacios de trabajo.

Y, ante esta inminente criminalización, el Ministerio de Igualdad sigue sin recibirnos, para que le expongamos las consecuencias de sus políticas; más bien, se limita a desmentir nuestros temores, asegurando que estas reformas legales no van a atentar contra nosotras, pese a que el texto de la ley no presenta ninguna garantía de estas afirmaciones. Sin embargo, nosotras, las trabajadoras sexuales, somos conocedoras de cómo las medidas abolicionistas, pese a no estar dirigidas directamente a penalizarnos, sí repercuten negativamente en nuestro trabajo y nuestras vidas. Mientras no se despenalice la tercería locativa, no habrá autoorganización que se sostenga -ya que alquilarnos un espacio donde trabajar será un delito-. Así, el negocio del sexo pasará a depender de quien tenga contactos y poder. Vemos cómo este feminismo institucional da la espalda a nuestras compañeras más precarizadas y cómo las va a servir en bandeja a una justicia patriarcal, tránsfoba, racista, putófoba y clasista.

La Ley de libertad sexual no niega nuestro consentimiento por considerarnos víctimas. Más bien lo hace porque nos considera culpables y que, en consecuencia, no debemos beneficiarnos de protección legal alguna en lo que se refiere a nuestra integridad física, psicológica y sexual. Que esto lo lleve a cabo “el Ministerio de Todas las Mujeres” puede resumirse en una frase: la verdadera paradoja es un feminismo que establece jerarquías de mujeres.

Comunicado de prensa del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS)

A propósito de la aprobación de la Ley Orgánica de libertad sexual

Fuente: (CATS)

6 de julio de 2021

https://www.murcia.com/nacional/noticias/2021/07/06-comunicado-de-prensa-del-comite-de-apoyo-a-las-trabajadoras-del-sexo-cats.asp

La Ley del «sólo sí es sí» incluye, en su última versión, la criminalización de todo el entorno de la prostitución y va a constituir, de facto, la práctica ilegalización de la actividad en nuestro país, dejando a las mujeres que la ejercen en una situación muy complicada y sin opciones para poder sobrevivir y mantener a sus familias.

Esta inclusión de última hora ha impedido a las asociaciones de trabajadoras sexuales y aliadas poder alegar durante el periodo de consulta pública (ya que el primer borrador no contenía referencia alguna a la prostitución).

No estamos en contra de la Ley. Las trabajadoras sexuales también pueden ser objeto de violencia sexual y esta ley es también para ellas: el consentimiento es fundamental para separar lo que es delito de lo que no lo es.

La criminalización de la prostitución es un parche absurdo, oscuro y perverso: la Ley de Libertad Sexual pone el consentimiento de la mujer como base para mantener relaciones sexuales y, paradójicamente, niega ese mismo consentimiento si la mujer lo hace por dinero.

Las trabajadoras sexuales ya estaban cansadas de ser infantilizadas y ninguneadas por los poderes políticos. Ahora son objeto de prácticas maquiavélicas que dicen pretender salvarlas. Eso sí, tapándoles la boca.

Nunca un colectivo social había sido tan ignorado en iniciativas legislativas que les afectaran.

Es innegable que existe mucha explotación y muchos abusos en la prostitución. Pero la solución no es ilegalizarla, no es criminalizar todo su entorno, dificultarles que alquilen habitaciones o trabajen en clubes o burdeles. Esto es hacer su vida mucho más difícil. Más arriesgada. Más clandestina. Más vulnerable a caer en manos de intermediarios, protectores y delincuentes en general.

Para luchar contra la prostitución forzada y la explotación, la prohibición y la criminalización de la prostitución no es la herramienta adecuada ya que se puede conseguir justo el efecto contrario, como sucedió en EEUU con la Ley Seca y la prohibición del alcohol hace ahora un siglo. No aprendemos de la historia.

Para no dejar en la calle a decenas de miles de mujeres que ejercen la prostitución en nuestro país hay que ofrecer buenas oportunidades formativas, laborales y habitacionales que dudamos mucho que puedan conseguirse para todas, incluso en momentos de bonanza económica. Y si esto no es posible, estamos condenando a muchísimas mujeres y a sus familias a la precariedad más absoluta

Nueva Zelanda despenalizó la prostitución hace 20 años, y protege especialmente a las trabajadoras sexuales de la explotación y los abusos del empresariado. Nuestros legisladores deberían estudiarla.

Pedimos que se retire la prostitución de la ley de libertad sexual.

Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS)