Seguridad, Dignidad, Igualdad: recomendaciones para la Reforma de la Ley de Trabajo Sexual en Canadá

 

Preparado por:

Alianza Canadiense para la Reforma de la Ley de Trabajo Sexual 

Marzo de 2017

© Marzo de 2017

http://www.sexworklawreform.com

contact@sexworklawreform.com

http://sexworklawreform.com/recommendations/

 

Nota de los autores:

Es con gran orgullo y un sentido de logro que presentamos nuestras recomendaciones clave para la reforma de la ley de trabajo sexual federal y provincial / territorial. Estas recomendaciones son el resultado de nuestra consulta nacional con trabajadoras sexuales en cada uno de nuestros grupos miembros en 15 ciudades en todo Canadá, incluida la opinión de abogados expertos y consultores de relaciones gubernamentales. Si bien las leyes que regulan el trabajo sexual son actualmente —y lo seguirán siendo en el futuro— diferentes entre las provincias y los territorios, estas recomendaciones se basan en principios generales y pueden aplicarse y contextualizarse en todas las provincias y territorios. Las recomendaciones se basan en derechos consagrados en la Carta Canadiense de Derechos y Libertades y en los principios de universalidad, inalienabilidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación que sustentan el derecho internacional de los derechos humanos, y están basadas ​​en evidencia académica y comunitaria que representa la experiencia diversa de las trabajadoras sexuales que conforman nuestros grupos miembros de la Alianza Canadiense para la Reforma de la Ley de Trabajo Sexual.

Sinceramente,

 

Action Santé Travesties et Transsexuel(le)s du Québec (ASTTeQ) (Montreal)

Angel’s Angels (Hamilton)

BC Coalition for Experiential Communities (BCCEC) (Vancouver)

Butterfly (Toronto)

Canadian HIV/AIDS Legal Network

Émissaire (Longueuil, QC)

FIRST (Vancouver)

Maggie’s: The Toronto Sex Workers Action Project (Toronto)

Migrant Sex Workers Project (MSWP) (Toronto)

PEERS (Victoria)

Projet Lune (Quebec)

Prostitutes Involved Empowered Cogent Edmonton (PIECE) (Edmonton)

Providing Alternatives, Counselling and Education (PACE) Society (Vancouver)

Rézo, projet travailleurs du sexe (Montreal)

Safe Harbour Outreach Project (S.H.O.P.) (Saint John’s)

Sex Professionals Of Canada (SPOC)

Sex Workers Advisory Network of Sudbury (SWANS) (Sudbury)

Shift (Calgary)

Stella, l’amie de Maimie (Montreal)

Stop the Arrests! (Sault Ste. Marie)

Strut! (Toronto)

Supporting Women’s Alternatives Network (SWAN) (Vancouver)

West Coast Cooperative of Sex Industry Professionals (Vancouver)

Sex Workers of Winnipeg Action Coalition (Winnipeg)

 

Introducción

La investigación académica y comunitaria durante los últimos treinta años ha demostrado los efectos negativos de la aplicación del derecho penal en la salud y la seguridad de las trabajadoras sexuales. Esta investigación identifica la penalización de las trabajadoras sexuales, sus clientes y terceros1 como un contribuyente clave a la violencia experimentada por las trabajadoras sexuales, entre otras repercusiones, incluidos el estigma y la discriminación.2 Varias organizaciones de derechos humanos, organismos de la ONU y tribunales han refrendado esta investigación y concluyeron que la penalización de la industria del sexo favorece la explotación y otros abusos contra los derechos humanos, organizaciones que incluyen a Amnistía Internacional3, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 4 Human Rights Watch, 5 el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA (ONUSIDA), 6 la Organización Mundial de la Salud ( OMS) con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ONUSIDA y la Red Mundial de Proyectos de Trabajo Sexual, 7 la Comisión Global sobre VIH y la Ley, 8 la Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres, 9 el Centro de Salud y Equidad de Género (CAMBIO ), 10 el Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Salud, 11 y el Tribunal Supremo de Canadá en el caso “Canadá (Fiscal General) v. Bedford (Bedford)” .12

Sin embargo, a pesar de este extenso cuerpo de investigación y el creciente consenso entre los organismos de derechos humanos sobre los daños asociados con la penalización de la industria del sexo, en 2014 se promulgó la Ley de Protección de las Comunidades y de Personas Explotadas (PCEPA). Además de mantener la penalización de las trabajadoras sexuales bajo s. 213 del Código Penal, el PCEPA penaliza la compra de servicios sexuales por primera vez en Canadá, y mantiene la penalización de terceros y trabajadoras sexuales callejeras, replicando así los daños de las leyes anteriores que el Tribunal Supremo de Canadá encontró que violaban el derecho de las trabajadoras sexuales, reconocido por la Carta, a la seguridad de las personas.13 En particular, las mujeres y jóvenes indígenas, las personas inmigrantes (especialmente las mujeres racializadas) y las personas trans (especialmente las mujeres trans) se enfrentan a violencia, estigma y exceso de vigilancia policial bajo el PCEPA. Los depredadores son conscientes de que, en un régimen penalizado, las trabajadoras sexuales evitan activamente a la policía por temor a ser detectadas, detenidas y, en el caso de las mujeres inmigrantes, deportadas.

La conceptualización que hace el PCEPA del trabajo sexual como violencia contra las mujeres es tan dañina para las trabajadoras sexuales como sus disposiciones específicas. El PCEPA define el trabajo sexual como una forma de explotación inherente y enmarca a todas las trabajadoras sexuales como víctimas automáticas y a todos los clientes y terceros como delincuentes violentos. Esta premisa moral e ideológica no solo es falsa sino peligrosa, ya que trivializa la violencia real cuando ocurre. Cuando el trabajo sexual se ve como una forma de violencia, se espera y aprueba el abuso de las trabajadoras sexuales. Además, el mensaje de que hay algo inherentemente malo en el trabajo sexual estigmatiza a quienes venden o comercian con el sexo y conduce a la discriminación social.

 

Consecuencias de las leyes de trabajo sexual sobre las trabajadoras sexuales

Las trabajadoras sexuales de todo el país informaron que las nuevas leyes han:

  • Desplazado y aislado a las trabajadoras sexuales, que temen y evitan el contacto con la policía y otras fuerzas del orden;
  • Aumentado la violencia dirigida contra las trabajadoras sexuales;
  • Interferido con los mecanismos de seguridad que las trabajadoras sexuales usan para mantenerse seguras en el trabajo;
  • Animado a menos responsabilidad por parte de terceros para garantizar buenas condiciones de trabajo;
  • Aumentado los perfiles policiales y la vigilancia de las trabajadoras sexuales racializadas, en particular las trabajadoras sexuales inmigrantes o indígenas.
  • Alentado el uso indebido y el exceso de aplicación de las leyes contra la trata de personas en todo Canadá, lo que ha dado como resultado el establecimiento de perfiles, la detención y la deportación de trabajadoras sexuales migrantes;
  • Reforzado el tratamiento antagónico por parte de la policía; y
  • Aumentado el estigma y la discriminación contra las trabajadoras sexuales y sus clientes.

Todas las trabajadoras sexuales y las personas que venden o comercian con el sexo, ya sea que se identifiquen como trabajadoras sexuales o no, tienen derecho a los derechos humanos, incluidos el derecho al trabajo, a la privacidad, a la igualdad y a la no discriminación; a la vida, a la libertad y seguridad de la persona; a la salud; a condiciones de trabajo justas, favorables, seguras y saludables; a la libertad de expresión; a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación; a verse libres de incautaciones y registros irracionales; a verse libres de detenciones y encarcelamientos arbitrarios; y a verse libres de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estas recomendaciones se basan en la necesidad desesperada de defender los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y poner fin a la violencia y la explotación selectiva contra las trabajadoras sexuales y las personas que venden o intercambian servicios sexuales.

Estas recomendaciones proponen un modelo legislativo para el trabajo sexual que promueva la salud y la seguridad de las trabajadoras sexuales y de las personas que venden o intercambian servicios sexuales. 

Buscamos la derogación de las leyes penales existentes específicas para el trabajo sexual, que penalizan las actividades asociadas con el trabajo sexual, y recomendamos la aplicación de otras leyes existentes que protegen contra la coerción y la explotación. También desarrollamos las legislaciones y reglamentaciones provinciales / territoriales que, en ausencia de tales leyes penales específicas para el trabajo sexual, protegerían y harían respetar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, incluidos sus derechos laborales.

Juntos y en todas las jurisdicciones, los legisladores pueden garantizar un enfoque integral para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas que trabajan en la industria del sexo.

 

Despenalización: tres pasos hacia la realización de los derechos y la seguridad de las trabajadoras sexuales

La despenalización es un primer paso necesario para la realización de los derechos y la seguridad de las trabajadoras sexuales, ya que elimina los peligros causados ​​por trabajar en un contexto criminalizado.

Pero la despenalización en sí misma no es suficiente para hacer realidad los derechos y la seguridad de las trabajadoras sexuales, que es algo que requiere una reforma integral de la ley. Esto significa no solo derogar las leyes penales federales específicas para el trabajo sexual, sino también examinar el uso de leyes penales de aplicación general y el uso de leyes provinciales / territoriales, incluidas las normas de empleo, salud y seguridad ocupacional y protección de los jóvenes.

 

Paso 1: Eliminar las disposiciones penales específicas para el trabajo sexual.

La eliminación de las disposiciones penales específicas para el trabajo sexual es un primer paso urgente y efectivo para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Esto incluye la derogación de todos los delitos relacionados con la oferta, prestación u obtención de servicios sexuales a cambio de una remuneración y con la mercantilización de la actividad sexual (es decir, Código Penal ss. 213 (1), 213 (1.1) y 213 (2); s. 286.1 ( 1) – 286.1 (5); ss. 286.2 (1) – s. 286.2 (6); s. 286.3 (1) y 286.3 (2); s. 286.4 y s. 286.5 (1) – 286.5 (2)) .

Las siguientes actividades están actualmente penalizadas y causan los daños que se han descrito. Estas leyes deben ser derogadas:

  1. 213 Detener o impedir el tráfico y la comunicación para proporcionar servicios sexuales
  • Estas leyes causan daño a las personas que ejercen el trabajo sexual al imponer condiciones peligrosas y evitar que las personas que ejercen el trabajo sexual tomen medidas para protegerse.
  • Fue por esta razón que el Tribunal Supremo de Canadá (SCC) revocó s. 213 (1) (c) en el caso Bedford.
  • Las secciones restantes en s. 213 producen los mismos daños identificados en el caso Bedford.
  • Estas leyes prohíben que las trabajadoras sexuales se comuniquen para establecer y aceptar los términos de intercambio.
  • Prohíbe que las trabajadoras sexuales se tomen el tiempo para evaluar posibles clientes, evaluación que puede reducir el riesgo.
  • Desplaza a las trabajadoras sexuales de las áreas familiares y los servicios de apoyo a las áreas más aisladas, lo que aumenta la vulnerabilidad a la violencia.
  • Se basa en una posición ideológica y moral que considera que ver a las trabajadoras sexuales en espacios públicos causa daño social, aumenta el estigma social y socava la igualdad de las mujeres. Envía el mensaje de que las personas, especialmente las mujeres, que venden o comercian con el sexo son miembros menos valiosos de la sociedad que no merecen trabajar y vivir con seguridad y dignidad. 
  1. 286.1 (1) y (2) Obtención de servicios sexuales a cambio de una remuneración
  • Esta disposición hace que sea ilegal comprar servicios sexuales o incluso comunicarse con ese fin. Prohibir la compra de servicios sexuales y las comunicaciones para tal fin conduce a consecuencias similares a los señalados en s. 213.
  • Los clientes y las trabajadoras sexuales son desplazados y aislados porque los clientes intentan evitar ser detectados por las fuerzas de orden público.
  • Estas leyes dificultan que las trabajadoras sexuales examinen a los clientes y negocien los términos por adelantado por teléfono o internet, porque los clientes usan números bloqueados o se niegan a comunicar información explícita sobre ellos por temor a ser detenidos y enjuiciados.
  • Estas leyes también dificultan que las trabajadoras sexuales examinen a los clientes y negocien los términos antes de ingresar al espacio confinado del automóvil de un cliente, porque los clientes se apresuran o evitan la negociación por temor a la detección y la detención por la policía.
  • Los clientes y las trabajadoras sexuales evitan discutir los parámetros de un servicio como el precio y los servicios solicitados por temor a la vigilancia, el atrapamiento y la detención, lo que puede dar lugar a malentendidos e incluso a violencia.
  • Esta sanción también interfiere con el proceso de consentimiento, que es un requisito legal y ético para cualquier compromiso sexual, comercial o de otro tipo.
  • Las trabajadoras sexuales tienen menos capacidad para establecerse o trabajar en espacios interiores seguros porque sus áreas de trabajo son fácilmente vigiladas y sometidas a redadas, o los clientes son hostigados y disuadidos.
  • Esta disposición no hace distinción entre clientes y perpetradores de violencia. Supone que todos los clientes están cometiendo actos de violencia contra las mujeres en todo momento. Esta premisa moral e ideológica no solo es falsa, sino también dañina, ya que trivializa la violencia real cuando ocurre. El consentimiento para vender o intercambiar sexo no significa consentir la violencia.
  • Este encuadre de todo el trabajo sexual como violencia contra las mujeres también hace que todas los trabajadoras sexuales cisgénero y transgénero sean invisibles.
  • Penalizar la compra envía un mensaje de que hay algo intrínsecamente malo en el trabajo sexual; este estigma tiene un impacto duradero sobre las trabajadoras sexuales y su capacidad para acceder a los servicios.
  • Penalizar la compra de servicios sexuales aísla a todas las personas que venden o intercambian sexo por bienes o dinero y las aparta de la vista de la gente y de la policía, de la comunidad y del apoyo del gobierno. Fomenta el antagonismo con la policía y estigmatiza a las comunidades.

S. 286.2: Beneficio material por servicios sexuales

  • Esta disposición penaliza a cualquier persona que reciba un beneficio financiero u otro material importante de la compra de los servicios sexuales de otra persona.
  • Es similar al anterior s. 212 (1) (j) ley de “vivir de los recursos disponibles” que el SCC revocó por violar el derecho a la seguridad de las personas que ejercen el trabajo sexual.
  • La provisión de beneficios materiales impide que las trabajadoras sexuales establezcan relaciones laborales de apoyo e informadas con terceros que brindan servicios beneficiosos tales como seguridad, mercadotecnia, espacios de trabajo y apoyos administrativos.
  • La ley ofrece un pequeño número de excepciones, pero estas son en gran parte codificaciones de jurisprudencia que existían en el momento de la decisión del SCC.
  • Significativamente, esta disposición penaliza explícitamente los beneficios materiales en el contexto de una “empresa comercial”, lo que prohíbe todas las relaciones que las trabajadoras sexuales requieren para trabajar en lugares de trabajo establecidos y organizados (como agencias de acompañantes y salones de masajes) con infraestructura de seguridad de apoyo. Sin acceso a tales “empresas comerciales”, las trabajadoras sexuales con menos recursos a menudo no pueden trabajar en el interior.

S. 286.3: Procuración

  • Esta disposición reproduce los daños de s. 212 (1) (j) “viviendo con los recursos disponibles” que fue derribado en Bedford.
  • Perpetúa el aislamiento social y aumenta el riesgo de violencia y explotación de las trabajadoras del sexo, que enfrentan menos opciones para lugares de trabajo seguros y menos oportunidades de elegir entre las personas para quienes trabajan.
  • Esta disposición tipifica conductas no relacionadas con la explotación que pueden proporcionar a las trabajadoras sexuales condiciones de trabajo más seguras, que incluyen conductores, recepcionistas, guardaespaldas u otro tipo de seguridad.
  • Impide que las trabajadoras sexuales establezcan relaciones laborales útiles e informadas con terceros que ocupan puestos gerenciales o que pueden presentar trabajadoras sexuales a clientes potenciales.
  • Las trabajadoras sexuales que también son terceros son tipificadas bajo esta ley cuando realizan tareas administrativas, tales como organizar un espacio de trabajo en un hotel u otro lugar, encontrar clientes y reservar clientes.
  • Debido a que esta disposición establece que la aplicación de la ley trata a todos los terceros como explotadores, aísla a las personas que ejercen el trabajo sexual y a terceros y crea las condiciones para la explotación.

S. 286.4: Publicidad

  • Esta disposición hace que la publicidad sea más difícil para las trabajadoras sexuales, lo cual es muy importante para comunicar abiertamente los términos de sus servicios.
  • Es casi imposible para las trabajadoras sexuales anunciar sus propios servicios sin tener que recurrir a un tercero o empresa que ayude: la publicidad del sitio web y de los periódicos está alojada y es propiedad de terceros que están penalizados por esta disposición.
  • Esta prohibición crea barreras significativas para trabajar en el interior, lo que se demostró en Bedford como más seguro que trabajar en la calle.
  • Las trabajadoras sexuales que no tienen los medios para trabajar de manera independiente ya no pueden hacer que alguien publicite sus servicios y también se les impide comunicarse con los clientes de forma remota (ya que las s. 286.1 y 286.2 impiden que los clientes proporcionen información) antes de reunirse con ellas, lo que facilita malentendidos y violencia.
  • Esta disposición evita que las personas que ejercen el trabajo sexual recopilen la información necesaria de los clientes.
  • Esta disposición hace ilegales a las “salas ” virtuales para las trabajadoras sexuales y a las organizaciones de apoyo que comparten información, ya que la información sobre las condiciones de trabajo se comparte de esta manera.

S. 286.5: Beneficio material y publicidad

  • Esta disposición afirma proporcionar inmunidad a las trabajadoras sexuales para publicitar sus propios servicios sexuales, a pesar de que hacerlo todavía es un delito.
  • La creencia de que eximir a las trabajadoras sexuales de las sanciones penales es suficiente para proteger a las trabajadoras sexuales de la violencia y la explotación es simplista e ingenua.
  • Las trabajadoras sexuales no pueden emplear medidas de seguridad cuando ellas, sus clientes o terceros, están evitando la detección por parte de la policía.
  • ,Esta evasión no se limita al miedo a la detención, sino que se extiende a evitar la presencia regular de la policía en sus vidas en un contexto de penalización.
  • Alienta el aislamiento de las trabajadoras sexuales de las personas con las que decidirían trabajar y a unas de otras.
  • Las trabajadoras sexuales no pueden vender sexo con seguridad ni intercambiar sus servicios en un contexto donde la compra de servicios sexuales está penalizada.

Tomadas en conjunto, estas leyes alimentan el estigma y la discriminación contra las trabajadoras sexuales, los clientes y los terceros en la industria del sexo, lo que contribuye aún más a la marginación de las trabajadoras sexuales y al aislamiento social. También aumentan el antagonismo entre la policía y las trabajadoras sexuales, motivándolas a evitar la policía a toda costa, incluso cuando son víctimas de la violencia.

Con la eliminación de las disposiciones penales que regulan la prostitución —una legislación que no distingue entre explotación y trabajo sexual— surge la posibilidad real de identificar la explotación en el lugar de trabajo y en la vida de las personas que venden o comercian con el sexo. Cuando las relaciones entre clientes, profesionales del sexo y terceros dejan de ser penalizadas, también existe la posibilidad de negociar y mejorar las condiciones de trabajo.

 

Paso 2: Usar las leyes penales existentes de aplicación general para luchar contra la violencia y la explotación en la industria del sexo.

La violencia y la explotación en la industria del sexo pueden combatirse más eficazmente mediante prohibiciones penales generales sobre actividades abusivas que mediante la leyes específicas estigmatizantes para el trabajo sexual que alejan a las trabajadoras sexuales de la asistencia y causan los daños descritos anteriormente.

Disposiciones existentes o alternativas para abordar la coacción, el abuso y la violencia contra las personas, incluso contra las trabajadoras sexuales:

Sección 265-268 – Asalto

Sección 269 – Daño corporal

Sección 271-273 – Asalto sexual

Sección 322 – Robo

Sección 343 – Robo (robo con violencia o amenaza de violencia)

Sección 279 – Secuestro y confinamiento forzado

Sección 346 (1) – Extorsión

Sección 423 (1) – Intimidación

Sección 264 – Acoso criminal

Sección 264.1 – Intento de amenazas de muerte o daño físico

Sección 279.01 (1) – Trata de personas

Sección 279.02 (1) – Beneficio material de la trata de personas

Sección 279.03 (1) – Retención o destrucción de documentos (en el contexto de la trata de personas)

Estas leyes son herramientas apropiadas para combatir la coerción, el abuso y la violencia porque se dirigen a conductas que son expresa y objetivamente abusivas y que el público canadiense acepta como tales. Esto contrasta fuertemente con las leyes específicas de trabajo sexual que combaten actividades que solo se supone son dañinas para aquellos que tienen una posición ideológica o moral particular.

 

Paso 3: Aplicar un marco laboral que involucre la legislación provincial / territorial, incluida la ley de salud y seguridad en el trabajo y las normas de empleo, para luchar contra la explotación en la industria del sexo.

En un contexto legal que penaliza a los empleadores y a las empresas sexuales comerciales, la relación empleador-trabajador es de facto ilegal y las trabajadoras en el comercio sexual se ven privadas de protección laboral y de salud y de seguridad laboral. En la práctica, cuando las trabajadoras sexuales temen presentar una reclamación contra un empleador por temor a ser detenidas, investigadas, deportadas o a perder sus ingresos, no pueden acceder a los recursos legales disponibles para otros grupos de trabajadores y son vulnerables a la explotación laboral y a condiciones de trabajo inseguras. En ausencia de leyes penales específicas para el trabajo sexual, las trabajadoras sexuales tendrían derecho a los beneficios garantizados por la legislación sobre estándares de empleo, tales como descansos, un salario mínimo y la posibilidad de interponer recursos por prácticas desleales de los empleadores. Las trabajadoras sexuales y sus empleadores también se regirían por leyes provinciales / territoriales de salud y seguridad ocupacional, que requieren medidas en el lugar de trabajo para reducir el riesgo de peligros —incluida la violencia— en el trabajo.

 

Una nota de precaución sobre el exceso vigilancia policial y registros de ciertas comunidades de personas que venden y comercian con sexo …

Algunos miembros de nuestras comunidades tienen exceso de vigilancia policial y son registradas en exceso, particularmente comunidades asiáticas, comunidades indígenas y comunidades juveniles. Por lo tanto, queremos destacar que las disposiciones específicas alternativas al trabajo no sexual en el Código Penal y en las leyes provinciales / territoriales se aplican con dos advertencias importantes:

  1. Luchar contra la trata de personas: la fusión del trabajo sexual, la trata de personas y la explotación conduce a un abuso excesivo de las iniciativas actuales contra la trata de personas que colocan a las trabajadoras sexuales en mayor riesgo de aislamiento, marginación y violencia. Tal como están escritas, las disposiciones de trata en el Código Penal, que no son específicas del trabajo sexual, podrían usarse tanto para combatir la explotación en el comercio sexual como para combatirla en otros ámbitos. Sin embargo, la manera amplia en que se utilizan actualmente, como una estrategia general de aplicación de la ley para enfocarse en el trabajo sexual, viola los derechos humanos de las personas que venden y comercian con sexo en Canadá. Los terceros que trabajan con trabajadoras sexuales pueden ser identificados erróneamente como “tratantes” en lugar de compañeros de trabajo, empleadores o empleados, particularmente cuando trabajan con trabajadoras sexuales inmigrantes. Esto sucede en tal medida que, si bien hacemos referencia a las disposiciones sobre el trata de personas en todas nuestras recomendaciones, advertimos contra su uso indebido y su aplicación excesiva.
  1. Con referencia a los jóvenes: siempre se debe tener en cuenta el interés superior de los jóvenes al revisar las leyes que combaten la explotación de los jóvenes. Se deben tomar medidas efectivas para promover el mejor interés de los jóvenes y abordar las situaciones de explotación. Sin embargo, penalizar a los clientes y terceros de jóvenes que venden o comercian con el sexo causa los mismos daños a los jóvenes que a los trabajadores sexuales mayores de 18 años. De hecho, como ocurre con los adultos, esta penalización sirve para facilitar la explotación al conducir tanto a jóvenes como a aquellos involucrados con ellos lejos de la policía, los servicios sociales y otros mecanismos de ayuda. En lugar de leyes específicas para el trabajo sexual perjudiciales y estigmatizantes, se pueden aplicar las leyes existentes de edad de consentimiento. Esto significa que los mismos parámetros legales que actualmente definen el consentimiento para el sexo no remunerado se aplicarían a todos, independientemente de la motivación de una persona para participar en la actividad sexual. Al mismo tiempo, se deben tomar medidas para proporcionar a los jóvenes viviendas y servicios de apoyo que reconozcan sus derechos y su bienestar. Reconocemos que esta recomendación es compleja y requiere debate. Sin embargo, seríamos negligentes en nuestro objetivo de promover los derechos y la seguridad de todas las personas que venden o comercian con sexo en Canadá si excluyéramos a los jóvenes.

La despenalización es un primer paso necesario para abordar los derechos y la seguridad de las personas que venden o comercian con el sexo, en particular aquellas que tienen exceso de vigilancia policial y déficit de protección. Sin embargo, la despenalización no es suficiente por sí misma. Un plan integral para la reforma legal del trabajo sexual está impulsado por una visión más amplia y medidas concretas para abordar la discriminación y la desigualdad en todas sus formas: pobreza, vivienda inadecuada, atención médica inadecuada, falta de acceso a transporte seguro, acceso inadecuado a asistencia legal, exceso de penalización y exceso de encarcelamiento, y problemas continuos con los sistemas de protección de los jóvenes. Es imperativo que las trabajadoras sexuales de diversas comunidades y orígenes participemos de manera significativa en todas las conversaciones y en la planificación de las leyes que nos afectan.

Para obtener una lista completa y los detalles de nuestras recomendaciones, consulte nuestro informe completo que incluye recomendaciones en relación con el Código Penal, las Regulaciones de Inmigración y Protección de Refugiados y la Ley de Seguro de Empleo, salud y seguridad ocupacional provincial / territorial, estándares de empleo, salud pública, y la legislación de protección de la juventud, así como las recomendaciones generales para la reforma de la ley.

 

Notas finales

1 Los terceros son las personas que trabajan, brindan servicios o se relacionan con trabajadoras sexuales, incluidos conductores, personal de seguridad, personas que llevan sus libros de reservas, webmasters, dueños de negocios y recepcionistas de agencias de viajes (por ejemplo, agencias de acompañantes) o establecimientos de llamadas (por ejemplo, burdeles y salones de masajes). ) A los terceros en la industria del sexo a menudo se los llama “proxenetas”; sin embargo, esto no refleja con precisión el rango de relaciones que las trabajadoras sexuales tienen con terceros: aquellos para quienes trabajan, con quienes trabajan o a los que arriendan. Las trabajadoras sexuales a menudo actúan como terceros para otras trabajadoras sexuales.

Ver también, Red global de proyectos de trabajo sexual. Criminalización de terceros y su impacto en los derechos humanos de los trabajadores sexuales. 2016. http://www.nswp.org/resource/criminalisation-third-parties-and-its-impact-sex-workers-human-rights

2 Benoit, C., Atchison, C., Casey, L., Jansson, M., McCarthy, B., Phillips, R., Reimer, B., Reist, D. y Shaver, F. (2014). Documento de trabajo para Construir sobre la evidencia: un simposio internacional sobre la industria del sexo en Canadá; Lowman, J. y Dillon, P. (1998). La vida en las calles es peligrosa. Líder de Surrey; Red Legal canadiense contra el VIH / SIDA 2005 “Sexo, trabajo, derechos: reforma de las leyes penales canadienses sobre la prostitución”. Canadá; Jeffrey, L.A. y G. MacDonald. “Es el dinero, cariño: la economía del trabajo sexual en las provincias marítimas”. La revisión canadiense de sociología y antropología; Vol. 43, Número 3, 2006. 313-328; Lewis, J. & Shaver, F. 2006. “Seguridad, seguridad y el bienestar de los trabajadores del sexo: un informe presentado a la Cámara de los Comunes Subcomité de las leyes de solicitud (SSLR).”; Lowman, J. 2000. “La violencia y el estado de proscrito de la prostitución (callejera) en Canadá”. Violence Against Women, vol. 6, No. 9, pp987-1011; Pivot Legal Society. Junio ​​de 2006. “Más allá de la despenalización: trabajo sexual, derechos humanos y un nuevo marco para la reforma legal”.

3 Política de Amnistía Internacional sobre las obligaciones del Estado de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual. Mayo de 2016. https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/4062/2016/en/

4 John Godwin. 2012. El trabajo sexual y la ley en Asia y el Pacífico: leyes, VIH y derechos humanos en el contexto del trabajo sexual. Bangkok: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. http://www.undp.org/content/dam/undp/library/hivaids/English/HIV-2012-SexWorkAndLaw.pdf

5 Observador de derechos humanos. 2014. “La ley de prostitución de Canadá es un paso en la dirección incorrecta”. https://www.hrw.org/news/2014/06/18/canadas-prostitution-bill-step-wrong-direction

6 ONUSIDA, Nota de orientación de ONUSIDA sobre el VIH y el trabajo sexual, 2012. http://www.unaids.org/en/resources/documents/2012/20120402_UNAIDS-guidance-note-HIV-sex -work

7 Organización Mundial de la Salud, UNFPA, ONUSIDA, Red mundial de proyectos de trabajo sexual. Diciembre de 2012. Prevención y tratamiento del VIH y otras infecciones de transmisión sexual para trabajadores sexuales en países de bajos y medianos ingresos: recomendaciones para un enfoque de salud pública. http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/WHO%20prevention%20treatment%20HIV%20STI%20sex%20workers_0.pdf

8 Comisión Global sobre el VIH y la Ley (Grupo de VIH / SIDA del PNUD). Julio de 2012. VIH y la ley: riesgos, derechos y salud. http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/hiv-and-the-law–risks–rights—health.html

9 Alianza global contra el tráfico de mujeres (GAATW). 2016. Respuesta a la consulta de ONU Mujeres sobre el trabajo sexual. http://www.gaatw.org/events-and-news/68-gaatw-news/857-response-to-un-women-s-consultation-on-sex-work

10 CHANGE, Organización de Derechos de la Mujer aplaude la recomendación de Amnistía Internacional para despenalizar el trabajo sexual, 11 de agosto de 2015. http://www.genderhealth.org/media_and_publications/press_releases/P10/

11 Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Anand Grover, Informe sobre la 14ª sesión, Asamblea General de las Naciones Unidas, tema 3 del programa, UN Doc. A / HRC / 14/20, 27 de abril de 2010. http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.20.pdf

12 Canadá (Fiscal General) v. Bedford, 2013 SCC 72, [2013] 3 S.C.R. 1101 https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/13389/index.do

13 Ibídem.

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La nueva ley (SESTA / FOSTA) que mató la sección de contactos personales de Craigslist podría terminar con internet tal como lo conocemos

 

Para presionar a los sitios web que frecuentan las trabajadoras sexuales, el Congreso acaba de hacer un agujero en la Sección 230, que ha gobernado Internet durante 22 años.

 

Por ELIZABETH NOLAN BROWN

 

23 de marzo de 2018

 

https://www.thedailybeast.com/the-new-law-that-killed-craigslists-personals-could-end-the-web-as-weve-known-it?source=twitter&via=mobile

 

ILUSTRACIÓN FOTOGRÁFICA DE LYNE LUCIEN / THE DAILY BEAST

 

Para innumerables personas que alcanzaron la mayoría de edad en la primera década de este siglo, encontrar pareja a través de la sección de anuncios personales de Craigslist fue un rito de iniciación. Recuerdo haber leído los anuncios con mis amigos, asombrada por la gran variedad de peticiones y deseos sexuales y románticos que existían, la extraña y tentadora mezcla de anonimato, eros y posibilidad. Logré mi mejor “encuentro casual” a través de los anuncios de Craigslist. Conozco a otras personas que encontraron con parejas a largo plazo e incluso cónyuges de esa manera.

Pero a partir del viernes, la sección de anuncios personales de Craigslist ya no existe. Considérala una de las primeras —pero ciertamente no la última— víctimas de la nueva legislación aprobada por el Senado esta semana por 97-2.

El proyecto de ley, eufemísticamente conocido como la “Ley de Lucha contra la Trata Sexual en Línea” o FOSTA, fue aprobado por la Cámara de Representantes a fines de febrero. Los medios de comunicación y aquellos presentes en el Congreso la han retratado en gran medida como una medida de “lucha contra la trata sexual”. Pero si bien no hace nada realmente para luchar de forma realista contra la trata sexual, logra eliminar todo tipo de otras cosas serias.

FOSTA “someterá a los sitios web a responsabilidad penal y civil cuando terceros (usuarios) hagan un uso indebido ilegal de los sitios de relaciones personales en línea”, explica Craigslist en el breve aviso que aparece ahora en lugar de posibles parejas si intentas acceder a una lista de contactos personales.

Según la ley actual, el sitio no se puede considerar legalmente responsable si alguien utiliza términos velados para solicitar sexo comercial —antes conocido como prostitución— a través de los anuncios personales de Craigslist. Pero FOSTA cambiará eso, abriendo Craigslist (y cualquier otra plataforma digital) a graves riesgos legales y financieros si accidentalmente “promoviera” o “facilitara” la prostitución.

La prostitución, tenlo en cuenta, no es trata sexual, que tiene un significado distinto tanto coloquialmente como bajo la ley. En los términos más simples, la prostitución implica consentimiento y la trata sexual no.

“Cualquier herramienta o servicio puede ser mal utilizado”, dijo Craigslist en una declaración. “No podemos correr ese riesgo sin poner en peligro todos nuestros otros servicios, por lo que estamos lamentablemente retirando la sección de relaciones personales. Esperamos poder traerlos de vuelta algún día. ¡A los millones de cónyuges, parejas y relaciones ocasionales que se conocieron a través de craigslist, les deseamos que mucha felicidad! ”

NORMAS RELACIONADAS

Craigslist no es el único que hace cambios desde la aprobación de FOSTA. El viernes, desapareció el foro de anuncios para adultos CityVibes. Y el jueves, Reddit prohibió varios subreddits relacionados con el sexo, incluidos r / Escorts, r / MaleEscorts y r / SugarDaddy.

Reddit dijo que la purga estaba aplicando su nueva política de contenido, que prohíbe “transacciones para ciertos bienes y servicios”, incluidos “servicios pagados que implican contacto sexual físico”. Pero los que frecuentan estos subreddits dicen que fueron foros de noticias sobre trabajo sexual, consejos, preguntas y camaradería, no lugares donde las trabajadoras sexuales anunciaban sus servicios.

Esta incapacidad de distinguir entre anuncios de prostitución y cualquier discusión sobre prostitución es parte de lo que preocupa tanto a las trabajadoras sexuales (y defensoras de la libertad de expresión). Los blogs de trabajadoras sexuales podrían cerrarse, y podrían encontrar sus cuentas de redes sociales suspendidas simplemente por ser sinceras acerca de su trabajo.

Esto se debe a que el núcleo de FOSTA convierte en delito federal “promover o facilitar la prostitución de otra persona”, punible con hasta 10 años de prisión, más multas. Por promover la prostitución de cinco ó más personas, la pena es de 25 años, y lo mismo si promover la prostitución de alguien “contribuyó a la trata sexual”.

Las trabajadoras sexuales no tienen que preocuparse de ser castigadas por publicar sus propios anuncios, pero podrían infringir la ley si trabajan en parejas o si ayudan a una colega a publicar un anuncio.

El objetivo principal son los sitios web, las aplicaciones, los foros y otros editores digitales, que tienen bolsillos más profundos. Para llegar a ellos, el Congreso tuvo que abrir un agujero en la Sección 230, que ha gobernado internet durante 22 años. Protege a las plataformas web de ser demandadas ante un tribunal civil o penalmente acusadas por los fiscales estatales por contenido de terceros (es decir, publicado por el usuario). (No se aplica a delitos federales).

La Sección 230 dice que a menos que creen el contenido en parte o en su totalidad, estas plataformas no serán tratadas como el autor de dicho contenido, y los esfuerzos de buena fe para moderar el contenido (como prohibir anuncios que mencionen explícitamente actos ilegales o autofiltrar contenido que contenga palabras prohibidas) no cambian esto. Según FOSTA, esto no se aplicará cuando se trate de sexo remunerado. Es por eso que los sitios están luchando en este momento para prohibir cualquier contenido que pueda hacerlos responsables.

Probablemente sea demasiado tarde, o al menos lo sería si los legisladores se salen con la suya. FOSTA “se aplicará independientemente de si la conducta alegada ocurrió … antes, en o después de dicha fecha de promulgación”. Esto es lo que se conoce como una ley ex post facto (con efectos retroactivos), y está explícitamente prohibida por la Constitución de los EE. UU.

Tanto que el Departamento de Justicia de los EE. UU. ha pedido que no se apruebe FOSTA, calificándolo de inconstitucional y diciendo que dificultaría el enjuiciamiento de los tratantes sexuales. “Os estáis dirigiendo en la dirección equivocada si [aprobáis un proyecto de ley] que elevaría la carga de la prueba en los casos contra los tratantes de sexo”, dijo el senador por Oregon Ron Wyden el miércoles desde la tribuna del Senado.

Wyden —que es coautor de la Sección 230— fue el único demócrata que votó en contra del proyecto de ley y el senador por Kentucky, Rand Paul, el único republicano. Una enmienda a FOSTA propuesta por Wyden habría aclarado que los sitios web pueden intentar filtrar el contenido ilegal sin aumentar su responsabilidad, pero fue abrumadoramente derrotada.

Wyden enfatizó que FOSTA no es una cuestión de sustituir algunos derechos de libertad de expresión por una mejor capacidad para detener la trata sexual. Más bien, impone serias cargas, mientras que, en el mejor de los casos, no hace nada por las víctimas de la trata de personas y es muy probable que empeore sus vidas.

Por un lado, incentiva a las fuerzas de seguridad a perseguir a terceros en lugar de detener a los tratantes o rescatar a las víctimas. También les quita una herramienta importante para encontrar víctimas de la trata: el internet abierto. Este nuevo paradigma crea enormes incentivos para que los policías y los fiscales busquen sitios web y aplicaciones en lugar de delincuentes reales, asegurando que las víctimas reales y la seguridad pública sufrirán junto con la libertad de expresión. Los anuncios en línea han permitido identificar y encontrar un número incalculable de víctimas. Además, el rastro digital de avisos, correos electrónicos y textos puede proporcionar evidencia que facilita la captura y el enjuiciamiento de los perpetradores. La aplicación de la ley pierde esto cuando los tratantes se cambian a foros web privados, encriptados u oscuros.

Muchos grupos de sobrevivientes y víctimas de trata sexual se opusieron abiertamente a FOSTA, argumentando que no aborda las cosas que realmente necesitan (como la vivienda y la asistencia laboral) y que hará más difícil salvar a futuras víctimas. Además, incluso aquellas que son forzadas o coaccionadas a ejercer la prostitución se benefician de cosas como excluir a clientes violentos y no tener que caminar por las calles.

La conclusión es que FOSTA “no va a prevenir la trata sexual ni va a impedir que las jóvenes se conviertan en víctimas”, dijo Wyden. Lo que hará es crear “un enorme efecto de enfriamiento en la libre expresión en Estados Unidos”, a medida que los sitios se muevan para aplastar cualquier cosa remotamente relacionada con una responsabilidad y las “poderosas fuerzas políticas” la conviertan en armas contra las voces de las minorías.

Ya estamos empezando a notar el frío, a pesar de que FOSTA aún no se ha promulgado. Y va más allá de la expresión relacionada con el sexo. Por ejemplo, las prohibiciones del subreddit de trabajo sexual de Reddit estuvieron acompañadas por prohibiciones de foros para hablar sobre armas de fuego e intercambios comerciales de juegos, entre otros.

Si bien Reddit aún tendría la protección de la Sección 230 en caso de que surja una conducta ilegal en estos foros, es difícil decir cuánto durará eso ahora que el Congreso decidió comenzar a hacer excepciones.

Después de todo, ¿cómo podemos decir que Craigslist debería ser enjuiciado si su publicidad promociona la prostitución, pero no si promociona una venta de armas que conduzca al próximo tiroteo en una escuela? ¿Cómo podemos decir que las redes sociales son responsables penalmente si un “putero” encuentra allí a una chica de 17 años, pero no si dos terroristas se conectan y traman planes a través de sus mensajes privados? ¿O qué pasa la próxima vez que los hackers publiquen secretos de Estado (o desnudos) obtenidos ilegalmente en algún rincón remoto de algún foro social?

La trata sexual es horrible. Pero también lo son muchos otros crímenes. Y bajo FOSTA, nuestra ley dice efectivamente que tanto la trata sexual como el sexo remunerado entre dos adultos que dan su consentimiento son ofensas más graves que la violación, el abuso sexual infantil, el asesinato masivo o cualquier otra cosa. ¿Qué tipo de lógica es esa?

La respuesta a este enigma es que los creadores de la Sección 230 algo barruntaban. Porque una vez que decidimos que algo como la prostitución es tan malo que permite ignorar lo que dice la ley, ¿qué no justificará una excepción? Y una vez que comencemos a tratar a la tecnología como la parte culpable de cualquier maldad que cometan los usuarios, terminaremos con los señores de la tecnología aterrorizados ante la posibilidad de que hablemos de cualquier cosa controvertida..

‘El trabajo sexual no es trata sexual’: una idea cuyo tiempo no ha llegado

 

Por Laura Agustin

 

19/09/2014.

 

https://www.lauraagustin.com/sex-work-is-not-sex-trafficking-an-idea-whose-time-has-not-come

 

 

Los que luchan contra la prostitución tienen la costumbre de usar absurdas simplificaciones para hacer que su cruzada sea clara y fácil de entender. La campaña funciona mejor cuando los argumentos son en blanco y negro y los eslóganes son pegadizos, obviamente, así que comprendo por qué algunos defensores de los derechos las trabajadoras sexuales ahora usan un eslogan que también reduce la complejidad a dos estados opuestos: el trabajo sexual no es trata sexual (a veces el adjetivo “sexual” de “trata” se omite). El propósito es aclarar la volición de las trabajadoras sexuales que demandan derechos laborales, pero para aquéllos que luchan contra el encuadre de la migración indocumentada y el contrabando de personas como ‘crimen organizado’, con los dos únicos papeles posibles de perpetrador y víctima, el concepto es moralmente un desastre.

 

Trabajo sexual no es trata sexual surgió (primero) de la negativa común de los abolicionistas a reconocer que alguien pueda vender sexo voluntariamente y (segundo) porque desde el principio comenzaron a alterar cualquier distinción entre prostitución y trata. Afirmaciones como ninguna mujer elegiría prostituirse y los gritos de infelices ex víctimas de que sus experiencias son ciertas para todas condujeron naturalmente a la insistente oposición a admitir que muchas optan por vender sexo, algunas amando sus trabajos y otros simplemente prefiriéndolo a sus otras opciones. Decir Trabajo sexual no es trata sexual es cosificar la actual narrativa de la trata, aceptando que se refiere a algo real y malo contra lo que se debe luchar. El eslogan intenta hacer que la identidad de una trabajadora sexual sea clara al distinguirla de una identidad de víctima de trata de personas: la libre contra la que no es libre. Decir que algunas de nosotras estamos dispuestas a vender sexo atrae la atención hacia aquéllas que no están dispuestas: un mecanismo de distanciamiento característico de las políticas de identidad. Afirmar que no necesito tu ayuda o compasión significa que aceptas que otras personas sí lo necesitan: aquellas que realmente son víctimas de trata.

 

Esto es aceptar las leyes represivas, la infantilización de las mujeres, el colonialismo, la política antiinmigratoria y toda una gama de ofertas de la Industria del Rescate: sólo que todo eso no es para las verdaderas trabajadoras sexuales. Dice vosotros ganáis a los activistas anti trata, incluso sin intención de hacerlo. Arroja debajo del autobús a todas las inmigrantes, documentadas o no; a las que no les gusta mucho vender sexo y no se llaman a sí mismas trabajadoras sexuales, pero sin embargo no quieren ser salvadas o deportadas. Convierte en las otras a las muchas que tienen un control limitado sobre sus vidas, sienten la presión de ganar dinero de la forma que sea o quieren huir del infierno y escapar a cualquier otro sitio y hacen lo que haga falta para llegar allí. Esto incluye a los adolescentes que abandonan hogares que odian y terminan en la calle o evitan la calle intercambiando sexo por un lugar donde vivir.

 

Se ha negado toda la gama de complejidad y diversidad que en la actualidad se incluye en el término víctima de trata. Años de intentos de llevar la justicia y los matices a un mal marco penal son ignorados. La miríada de formas diferentes de sentirse forzado, obligado o coaccionado a dejar el hogar o tener relaciones sexuales por dinero o dar algo del propio dinero a otra persona han desaparecido. Y sí, entiendo que la victimización de la industria de rescate hace que la gente se sienta ansiosa por ofrecer algo que pueda captar el público en general. Pero el eslogan trabajo sexual no es trata sexual solo contribuye al reduccionismo impulsado por activistas anti prostitución y anti trata.

 

Es deplorable Evítalo.

 

–Laura Agustín, the Naked Anthropologist

Reducir la trata de personas a través de la despenalización del trabajo sexual

 

AMA Journal of Ethics. January 2017, Volume 19, Number 1: 122-126.

 

Erin Albright, JD y Kate D’Adamo, MA

 

http: //journalofethics.ama-assn.org/2017/01/sect2-1701.html

 

Resumen

Para reducir la trata de personas, los trabajadores de la salud deberían apoyar la despenalización total de la prostitución. Al igual que la trata en otros tipos de trabajo, la prevención de la trata en el comercio sexual requiere abordar las diferentes formas de marginación que crean comunidades vulnerables. Al eliminar las leyes punitivas que impiden denunciar la explotación y el abuso, la despenalización permite a las trabajadoras sexuales trabajar de forma más segura, reduciendo así la marginación y la vulnerabilidad. La despenalización también puede ayudar a desestigmatizar el trabajo sexual y ayudar a resistir la marginación política, social y cultural de las trabajadoras sexuales.

 

 

Introducción

 

En agosto de 2016, Amnistía Internacional, manteniendo y reafirmando su enérgica condena de la trata de personas, publicó una orientación política modelo que llama a los países a despenalizar el comercio sexual para proteger mejor la salud y los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual [1]. Como explica Amnistía en la orientación política, la despenalización es el cambio de “delitos comunes que penalizan la mayoría o todos los aspectos del trabajo sexual”, incluidas las leyes que se dirigen a terceros no coercitivos que compran o facilitan el trabajo sexual, a “leyes y políticas que brindan protección a las trabajadoras sexuales de los actos de explotación y abuso “[2]. La política ha sido respaldada por la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, la Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres (GAATW), Human Rights Watch, Lambda Legal, la Unión Americana de Libertades Civiles, Freedom Network USA y muchas otras organizaciones que se enfocan en poblaciones vulnerables, incluidas las víctimas de la trata de personas [3, 4]. Lo que es más importante, es una política abrumadoramente respaldada por las personas que comercian con sexo: la comunidad afectada por estas leyes y políticas [5].

 

En contraste, las organizaciones que ven la despenalización como algo que da permiso e impunidad a los posibles explotadores han criticado esta orientación política, a pesar de la insistencia expresada en ésta en que se mantengan o establezcan leyes contra la trata y las agresiones físicas y sexuales [1]. Sin embargo, estas críticas no logran entablar una conversación matizada sobre el trabajo sexual en lo que respecta a la explotación, la pobreza, la discriminación, los derechos de las trabajadoras y la trata de personas [6]. Más importante aún, la investigación muestra lo contrario: la penalización crea condiciones de impunidad y aumenta las vulnerabilidades de las trabajadoras sexuales a la violencia y la explotación, incluida la trata.

 

Razones para oponerse a la penalización del trabajo sexual

 

El trabajo sexual y la trata sexual no son sinónimos. La participación en el comercio sexual se produce en un espectro constantemente cambiante de elección, circunstancia y coacción. Las víctimas de trata se encuentran en el otro extremo de este espectro, implicadas en el trabajo sexual por la fuerza o la coacción. Si bien es difícil cuantificar el número de personas víctimas de trata en el comercio sexual, sí sabemos, como veremos más adelante, que la penalización del trabajo sexual aumenta la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales a la violencia, la explotación y la trata [7]. De esta forma, aquí, discutimos cuatro razones por las cuales los profesionales de la salud deberían oponerse a la penalización del trabajo sexual.

 

Aumento de la violencia. En primer lugar, la penalización aumenta las oportunidades de violencia que, de facto, no se pueden denunciar [7]; es decir, debido a que el trabajo que realizan se considera una actividad delictiva, las personas que ejercen el trabajo sexual son blancos fáciles de abuso y explotación, incluido la trata. El temor a la detención y otras consecuencias significa que aquellas personas que participan en el trabajo sexual tienen menos probabilidades de denunciar casos de violencia o explotación, lo que resulta en un “clima de impunidad que fomenta que la policía, el sector de la salud y grupos no estatales abusen de los derechos de las trabajadoras sexuales”[8]. Esto es cierto incluso para los llamados marcos de “penalización parcial”, como los que penalizan sólo a los compradores de sexo. Si bien dicha estrategia parece basarse, a primera vista, en el bienestar de las personas que ejercen el trabajo sexual, su puesta en práctica a menudo significa la vigilancia de las áreas donde las trabajadoras sexuales realizan su trabajo. Esto obliga a trabajar en condiciones y lugares más aislados, lo que aumenta la vulnerabilidad física. Interrumpe las estrategias y negociaciones de seguridad críticas, incluidas las técnicas de reducción de daños, como el uso de preservativos, y las redes de pares [7]. Según un estudio publicado en The Lancet, la penalización parcial “crea daños similares a los de la penalización total al impedir la capacidad de las trabajadoras sexuales de proteger su salud y su seguridad, y creando una relación antagónica con la policía que da lugar a un clima de impunidad” [8].

 

Erosión de confianza. En segundo lugar, la penalización socava la confianza en los sistemas de apoyo, incluida la atención de la salud. El temor a ser juzagas moralmente, la discriminación, la menor calidad del servicio y las consecuencias legales impiden que muchas divulguen que están involucradas en el trabajo sexual, independientemente de si se han implicado a través de la elección, las circunstancias o la coacción [9]. Un estudio de 783 trabajadoras sexuales informó que el 70 por ciento nunca había revelado la naturaleza de su trabajo a un profesional de la salud [10]. En una evaluación de necesidades de trabajadoras sexuales que buscan clientes en espacios públicos, a menudo referidas como trabajadoras sexuales callejeras, una mujer explicó: “Fui violada y tenía miedo de ser enjuiciada por el hospital y que llamaran a la policía”. [9]. Interrumpir la relación entre un profesional de la salud y una trabajadora sexual puede significar que no se tengan en cuenta las señales de alarma importantes de la explotación, la violencia y la trata.

 

Aumento de la vulnerabilidad. En tercer lugar, la implicación en el sistema de justicia penal crea consecuencias duraderas, en términos de la evolución de la salud de una persona y la vulnerabilidad a la trata y otras formas de explotación. La incapacidad de ocultar una detención y condena por prostitución hace que la obtención de empleo formal, vivienda, prestaciones sociales y apoyo comunitario sea significativamente más difícil. Las multas y los costos asociados con una detención agravan la pobreza, lo que aumenta significativamente la vulnerabilidad de una persona a la trata y otras formas de explotación.

 

Estigma. Finalmente, la penalización refuerza el estigma, que perpetúa la marginación de las trabajadoras sexuales. Las investigaciones respaldan el hecho de que las trabajadoras sexuales son algunas de las personas más marginadas del mundo, sometidas a violaciones generalizadas de los derechos humanos que incluyen homicidio, violencia física y sexual, encarcelamiento, acoso por parte de las fuerzas del orden y discriminación en el acceso a la atención médica y otras fuentes de apoyo [1] Social, cultural, política y económicamente, las trabajadoras sexuales son estigmatizadas, ignoradas y silenciadas activamente incluso en espacios activistas que debaten sobre las mismas políticas que influyen en sus vidas [11]. Con demasiada frecuencia, se habla de las personas que ejercen el trabajo sexual en lugar de darles una plataforma para hablar por sí mismas, y el resultado es la falta de reconocimiento y cumplimiento de sus derechos humanos básicos.

 

Conclusión

 

La despenalización puede motivar un mayor reconocimiento de los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y es por tanto un mecanismo de importancia crítica para disminuir la trata. Cuando mejoramos la salud y los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual, también lo hacemos para aquellas que son víctimas de trata sexual. De hecho, los “Principios y directrices recomendados sobre derechos humanos y trata” de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que “las violaciones de los derechos humanos son a la vez causa y consecuencia de la trata de personas” y, por lo tanto, es “esencial colocar la protección de todos los derechos humanos en el centro de todas las medidas adoptadas para prevenir y poner fin a la trata “[12]. Al despenalizar el trabajo sexual, las trabajadoras sexuales que sufren violencia pueden buscar ayuda de las fuerzas de orden público, los trabajadores de la salud o incluso amigos, con menos temor a las consecuencias para ellas mismas o para otros. Pueden unirse a redes de pares y emplear técnicas de reducción de daños que les ayuden a mantenerse más seguras, de modo que ya no tengan que arrostrar las consecuencias de una ficha penal simplemente por tratar de sobrevivir.

 

 

Referencias

  1. Amnesty International. Sex workers at risk: a research summary on human rights abuses against sex workers. http://www.amnestyusa.org/sites/default/files/briefing_-_sex_workers_rights_-_embargoed_-_final.pdf. Published May 2016. Accessed September 5, 2016.
  2. Amnesty International, 20.
  3. Women’s rights organization applauds new Amnesty International Policy to protect sex workers’ rights [news release]. Washington, DC: Center for Health and Gender Equity; May 26, 2016. Accessed October 19, 2016.
  4. Koster K. Does Amnesty International’s sex work resolution support “gender Apartheid”? Huffington Post. November 3, 2015. http://www.huffingtonpost.com/katherine-koster/amnesty-sex-work-resolution_b_8447106.html. Accessed October 19, 2016.
  5. Due to the myriad systems that marginalize women, including gender discrimination in the formal workplace and a higher scrutiny for policing under prostitution and loitering laws, women, both cis and transgender, are disproportionately engaged in the sex trade and may experience higher rates of exploitation. See, for example, Bobashev GV, Zule WA, Osilla KC, Kline TL, Wechsberg WM. Transactional sex among men and women in the South at high risk for HIV and other STIs. J Urban Health. 2009;86(suppl 1):32-47.
  6. Critics may also incorrectly use the terms decriminalization and legalization interchangeably, despite important differences in meaning. Legalization involves imposing state control over sex work through regulation, often in ways that perpetuate marginalization of vulnerable people.
  7. World Health Organization. Implementing Comprehensive HIV/STI Programmes with Sex Workers: Practical Approaches from Collaborative Interventions. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2013:24.
    http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/90000/1/9789241506182_
    eng.pdf?ua=1. Accessed September 12, 2016.
  8. Decker R, Crago AL, Chu SK, et al. Human rights violations against sex workers: burden and effect on HIV. Lancet. 2015;385(9963):192.
  9. Neal N, Schrader T, Hyndman, et al. Street based sex workers needs assessment: Toronto, Barrie and Oshwa. Street Health. February 2014:15. http://www.streethealth.ca/downloads/sex-workers-needs-assessment.pdf. Accessed August 25, 2016.
  10. Cohan D, Lutnick A, Davidson P, et al. Sex worker health: San Francisco style. Sex Transm Infect. 2006;82(5):418-422.
  11. Sukthankar A. Sex work, HIV and the law. Paper presented at: 3rd Annual Meeting of the Technical Advisory Group of the Global Commission on HIV and the Law; July 7-9, 2011; Geneva, Switzerland. http://hivlawcommission.org/index.php/report-working-papers?task=document.viewdoc&id=99. Accessed November 11, 2016.
  12. United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf. Published 2002:3. Accessed November 18, 2016

 

Erin Albright, JD, es la directora regional de programas en Give Way to Freedom, en Boston. Sus ocho años de experiencia en el campo contra la trata incluyen trabajos para la Unidad de Trata de Personas del Departamento de Policía de Boston, gestión de una red de proveedores de servicios en Nueva Inglaterra, participación y liderazgo para Freedom Network USA y asesoramiento y liderazgo para grupos de trabajo en Nueva Inglaterra y en todo el país. Se especializa en el desarrollo de la capacidad de organización y la colaboración de servicios a través de la capacitación y la consulta con proveedores de servicios, fuerzas del orden público, grupos de trabajo y legisladores.

Kate D’Adamo, MA, es una defensora de políticas nacionales en el Proyecto de Trabajadoras Sexuales en la ciudad de Nueva York, donde trabaja en políticas y apoyo social a nivel estatal, federal e interregional sobre cuestiones que afectan a quienes participan en el comercio sexual, incluida la trata de personas y el VIH. Antes de unirse al Proyecto de Trabajadoras Sexuales, Kate fue una organizadora principal del Proyecto de Extensión de Trabajadoras Sexuales en Nueva York y Sex Workers Action New York, dos organizaciones dirigidas por mandantes que apoyan a quienes comercian con sexo en el área de la ciudad de Nueva York. También ha trabajado en temas como la trata de personas, los derechos laborales, la solidaridad internacional y la migración en la Comisión Internacional de Derechos Laborales, Global Workers Justice Alliance, Open Society Foundation y Freedom Network USA.

Reconocimientos

Los autores desean agradecer a Meg Muñoz, fundadora y directora ejecutiva de Abeni, por su aporte, sabiduría y liderazgo general sobre este tema.

¿Prostitución es trabajo? Consideraciones jurídicas en la sentencia de un juez español

 

 

En la sentencia que sigue, el juez Don Joan Agustí Maragall hace un análisis exhaustivo de la jurisprudencia relativa al carácter laboral o no de la prostitución ejercida por cuenta ajena y, por extensión, de la situación legal de la prostitución hoy en España. Por su interés, he extractado esta segunda parte de la sentencia en la que desarrolla esas consideraciones, omitiendo el caso en sí y sus circunstancias procesales, que en cualquier caso pueden ser consultados en su totalidad en el siguiente enlace.

 

http://www.laboral-social.com/files-laboral/NSJ051287_0.pdf

 

JUZGADO DE LO SOCIAL N.º 10 DE BARCELONA

Sentencia 50/2015, de 18 de febrero de 2015

Rec. n.º 835/2013

SUMARIO:

Naturaleza laboral de la actividad desempeñada. Prestación de servicios de prostitución en centro de masajes a cambio de una retribución. En el actual marco regulador de la prostitución (regulación administrativa y despenalización aplicativa), mientras el Estado Español no asuma las recomendaciones de la Resolución del Parlamento Europeo de 26-2-2014, conforme a la cual no solo la prostitución forzada, sino la simple prostitución y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de igualdad de género y a los contenidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el ejercicio libre, sin coacción y de manera no forzada, de la mencionada actividad, bajo la dirección y dependencia de una empresa, no es motivo de ilícito penal ni de lesión de derechos fundamentales individuales que impidan el reconocimiento de laboralidad postulado.

PRECEPTOS:

Constitución Española, art. 35.

Ley Orgánica 6/1985 (LOPJ), art. 7.

Ley Orgánica 10/1995 (CP), art. 188.

Código Civil, arts. 1.271 y 1.275.

PONENTE:

Don Joan Agustí Maragall.

 

(…)

Se trata, en definitiva, de una prestación voluntaria de servicios sexuales a los clientes de la empresaria demandada, en su local, por cuenta y bajo la dependencia y organización de la misma, a cambio de una retribución previamente convenida.

 

La concurrencia de los rasgos esenciales de todo contrato laboral en la relación descrita resulta evidente y no admite mucha discusión: prestación voluntaria de servicios, retribución, dependencia y ajenidad en los frutos.

 

El único e importante obstáculo para la estimación de la demanda radica en el posible carácter ilícito del objeto del contrato, al tratarse de servicios de prostitución, obstáculo que -por cierto- ni se analiza en la demanda ni ha sido opuesto por la empresaria demandada. Ha sido este magistrado quien, emitido el informe de conclusiones por todas las partes y de conformidad a la previsión del art. 87.3 LRJS, ha planteado tal cuestión a fin de que alegaran al respecto.

 

  1. Distinción jurisprudencial entre relación de alterne y de prostitución.

 

El análisis exhaustivo de las bases de datos jurisprudenciales, salvo error u omisión, ha llevado a este magistrado a la conclusión de que no existen precedentes jurisprudenciales que hayan reconocido como relación laboral la libre prestación de servicios de prostitución por cuenta ajena, aunque sí numerosos pronunciamientos que sí la han apreciado en la denominada “relación de alterne”.

Como es sabido, en la clásica relación de “alterne” la trabajadora recibe del titular del local una retribución exclusivamente por alternar con la clientela y estimularla en el consumo de bebidas; la prestación de servicios sexuales, en su caso, los concierta y presta la trabajadora con el cliente, a iniciativa y por cuenta propia, en el propio local y liquidando al mismo propietario un precio por el alquiler de la habitación.

 

En el presente caso, por contra, nos hallamos ante una relación de prostitución por cuenta ajena clara y diáfana, no enmascarada o interferida por una paralela o confluente relación de alterne.

Hasta el momento, los juzgados y tribunales de lo social han negado categóricamente la posibilidad de que exista y pueda ser válido un contrato de trabajo que dé cobertura a las situaciones de explotación lucrativa de la prostitución, al considerar que para que el contrato de trabajo pueda reputarse válido es imprescindible que su objeto y causa sean lícitos, considerándose que la explotación sexual de una persona no reúne ni puede reunir esta condición, aunque el ejercicio de la prostitución sea una decisión voluntaria de la persona que la ejerce.

 

Exponente de esta doctrina es la sentencia del TSJ de Galicia de 10.11.04, recurso de Suplicación núm. 3598/2004:

 

TERCERO. (….). Pero, en el caso de autos, no estamos ante una situación de alterne, sino, como expresamente se afirma en la fundamentación jurídica de la sentencia de instancia, con evidente valor fáctico, ante una “actividad (que) excede de la consecución de consumiciones ” -Fundamento de Derecho Cuarto-. Si estamos ante una situación de prostitución no existe, en modo alguno, una infracción de la jurisprudencia sobre la laboralidad de la prestación de servicios de alterne, de donde, en conclusión, la denuncia jurídica deberá ser rechazada.

 

A mayor abundamiento, debemos aclarar que, a juicio de la Sala, son totalmente compartibles los argumentos utilizados en la sentencia de instancia sobre la ilicitud de un contrato de trabajo cuyo objeto fuese la prostitución de la supuesta trabajadora al ser la explotación de la prostitución ajena una forma de violencia de género, de esclavitud de las mujeres y de actividad contraria a la moral. Pero es más -y aunque por la fecha de los hechos de autos no le sea aplicable a la sociedad limitada demandada-, actualmente sería un acto delictivo en la medida en que, siguiendo las tesis abolicionistas del Convenio para la reprensión de la trata de personas y de la prostitución ajena, adoptado el 2.12.1949, desde la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, modificadora del artículo 188 del Código Penal, resulta castigado “el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma “.

 

Como ha advertido un sector de la doctrina científica (Raquel Serrano “La despenalización parcial del proxenitismo y sus paradojas”), este criterio de la jurisprudencia plantea un decisivo elemento de desencuentro con la regulación penal del proxenetismo, que se analizará más adelante: la ilicitud del proxenetismo en el ámbito laboral no depende del carácter voluntario/consentido o no de su ejercicio por parte de quien ejerce la prostitución. Dicho de otro modo, el consentimiento de la persona que ejerce la prostitución es irrelevante. La ilicitud derivaría -según el criterio jurisprudencial expuesto- de la propia causa y objeto del contrato: el ejercicio de la prostitución por parte de una persona no puede ser ni objeto ni causa lícita de un contrato de trabajo ya que, por definición, el trabajo asalariado es un trabajo por cuenta ajena y subordinado a las órdenes y ámbito de organización de otra persona, de manera que las notas típicas del trabajo asalariado – la ajenidad y la dependencia – determinan la incompatibilidad absoluta del proxenetismo en régimen laboral con la libertad y la dignidad humanas. En razón de ello, la tutela judicial efectiva de los derechos laborales de las personas que ejercen la prostitución se alcanza a través de una distinción entre la actividad de alterne, donde sí cabe la existencia de una relación laboral o contrato de trabajo, y la actividad de prostitución. Con todo, esta distinción entre ambas actividades se intuye -en ocasiones- artificial o ficticia, en la medida en que la actividad de alterne no deja de ser en la mayoría de los casos meramente instrumental en orden a propiciar relaciones sexuales con los clientes.

 

En el presente caso, por el contrario y como ya se ha avanzado, no concurre una relación paralela de alterne: estamos en presencia -exclusivamente- de una prestación voluntaria de servicios sexuales, a cambio de una retribución, por cuenta de la empresaria, propietaria del prostíbulo (comercializado como “Centro de Masajes”), bajo la dirección y dependencia de la misma, en la persona de su encargada. No cabe, pues, como en la sentencia reproducida (y en tantas otras dictadas por la mayoría de Tribunales Superiores de Justicia), reconocer la laboralidad exclusivamente de una relación paralela de una inexistente relación de “alterne por cuenta ajena”.

 

Ello aboca a este magistrado a tener que resolver si asume o no el criterio de la doctrina expuesta, en el sentido que no puede calificarse como laboral una relación que, a pesar de reunir los rasgos esenciales de laboralidad, tendría una causa y/o objeto ilícito y, además, atentaría frontalmente a derechos fundamentales, cuestiones ambas que se abordan a continuación.

 

V. Primer obstáculo al reconocimiento de laboralidad: la -controvertida- ilicitud de la prostitución libremente ejercida por cuenta ajena.

 

Este primer obstáculo para la calificación como laboral de la relación tendría su fundamento en los artículos 1271 y 1275 del Codigo Civil, ya que -según el primero- sólo se admitiría como “objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres”, mientras que el segundo dispone que “Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral”.

 

El art. 188.1 del Código Penal, desde su reforma del año 2003, incorpora en el delito, denominado “de determinación a la prostitución” también a la ejercida por cuenta ajena, a pesar del libre consentimiento (como ha quedado acreditado en el presente caso) y no solamente cuando fuera “empleando violencia intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima”:

 

“Art. 188. 1º- El que determine, empleando violencia intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, a persona mayor de edad a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, será castigado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma.”

 

Esta importante modificación supuso la vuelta a la penalización de la explotación de la prostitución, que el legislador de 1995 había despenalizado salvo en supuestos de proxenitismo. El artículo 188.1º del CP, tal y como se ha trascrito, es el que actualmente regula la prostitución de mayores de edad. El citado tipifica de forma incondicional la explotación de esta actividad, con o sin el consentimiento de la prostituta.

 

Es en razón de tal consideración como delictiva de la explotación de la prostitución ajena, aún consentida, la jurisprudencia social ya referida ha entendido -explícita o implícitamenteque se imposibilitaba la posible calificación de laboral ordinaria de la relación de prostitución por cuenta ajena, al tratarse de una explotación económica directa, que quedaría incluida en el tipo previsto en el artículo 188.1º del Código penal. Por tanto quedaría fuera del tráfico jurídico esta actividad, por delictiva, al no poder constituir el objeto de un contrato (incluido el laboral), de acuerdo con lo previsto en el artículo 1975 del Código civil.

 

Considera este magistrado, ello no obstante, siguiendo en esto a la mayoría de la doctrina científica, que el análisis de la propia evolución de la jurisprudencial penal, permiten ahora mismo sostener la conclusión contraria. Exponente de esta evolución o interpretación doctrinal es la STS, Sala de lo Penal, 425/2009, de 14 de abril, que dio un importante paso cualitativo en favor del reconocimiento de la legalidad de la prostitución por cuenta ajena al afirmar que «la cuestión de la prostitución voluntaria, bien por cuenta propia o dependiendo de un tercero que establece unas condiciones de trabajo que no conculquen los derechos de los trabajadores no puede solventarse con enfoques morales o concepciones ético-sociológicas ya que afecta a aspectos de la voluntad que no pueden ser coartados por el derecho…».

 

En la misma línea jurisprudencial, y también en la relación de prostitución por cuenta ajena no coercitiva, sólo cabria hablar del delito de “explotación laboral” cuando detecta condiciones abusivas de trabajo ( STS 651/2006, de 5 de junio) y se refiere a “explotación sexual lucrativa” cuando hay “grave riesgo para los derechos” ( STS 152/2008, de 8 de abril).

 

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo asume, así, una interpretación restrictiva del delito de proxenetismo, con el argumento de que no cabe asociar la misma pena a los actos violentos e intimidatorios que a la acción de lucrarse o vivir a costa de la prostitución ajena. Solo estaría penalmente prohibido el proxenetismo en el marco de la prostitución forzada. Y a tales efectos, el consentimiento de la persona que ejerce la prostitución juega un papel decisivo en cuanto garantía de su libertad sexual, resultando únicamente irrelevante el prestado por una persona que se halle mantenida en el ejercicio de la prostitución mediante el empleo de violencia, intimidación, engaño o como víctima del abuso de superioridad o de su situación de necesidad o vulnerabilidad. O cuando se aprecia delito de “explotación laboral” por concurrir condiciones abusivas de trabajo.

 

Y en el presente caso, como declaró la trabajadora comparecida a pregunta de este magistrado, ejerció la prostitución por cuenta ajena de forma libre, no coaccionada (más allá, obviamente, de la situación social y económica que puede haberla inducido al ejercicio de la prostitución), sin que ni ella, ni la Inspección de Trabajo, ni la TGSS, en su demanda de oficio, hayan puesto de manifiesto “condiciones abusivas de trabajo” o de “grave riesgo para los derechos”. Y, en congruencia con ello, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Barcelona de 5.11.12 se acordó el sobreseimiento y posterior archivo de las diligencias previas incoadas.

 

Por consiguiente, no apreciándose en el presente caso la concurrencia de ilícito penal, a la luz de la expuesta jurisprudencia penal, no podrá entenderse -como obstáculo al pretendido reconocimiento de laboralidad- la ilicitud ni de la causa ni del objeto del contrato.

 

VI. Segundo obstáculo al reconocimiento de laboralidad: la posible lesión de derechos fundamentales y atentado a la dignidad de la persona.

 

1.- La posición de la jurisprudencia social.

 

Quizás mayor complejidad requiere el abordaje y resolución del segundo motivo o razón que ha impedido, hasta ahora, el reconocimiento como laboral de la relación de prostitución por cuenta ajena por parte de la jurisdicción social. Según la jurisprudencia ya referida, toda relación de prostitución, intrínsecamente, es contraria a la dignidad de la persona y a los derechos que le son inherentes (art. 10 CE), y contraviene derechos fundamentales como son la libertad, la igualdad y la integridad física y moral (la referencia al derecho al honor ya prácticamente no se invoca, como derecho lesionado).

 

Así, la sentencia del TSJ de Galicia de 10.11.04 (sup.nº. 3598/2004), considera “la explotación de la prostitución ajena una forma de violencia de género, de esclavitud de las mujeres y de actividad contraria a la moral”, mientras que la sentencia del TSJ de Catalunya de 15.5.2009, (sup. 101/08), se pronuncia categóricamente en los siguientes términos:

 

“ha de confirmar la valoració que fa la magistrada de instància, en el sentit de indicar que l’explotació del negoci de prostitució aliena, en la mesura que atempta contra als drets fonaments de la persona, no pot ser objecte del contracte, i determina la seva nul litat, recordant la vigència del Conveni per a la repressió de la tracta de persones i prostitució aliena, de 2-12-1949, aplicat efectivament des de la Llei Orgànica 11/2003, de 29 de setembre modificadora del Codi penal , que en l’article 188-1 , que penalitza la explotació de la prostitució aliena.

 

Efectivament, excedeix totalment dels límits de mínims de la normativa laboral el fet que l’empresa pugui vendre o disposar de l’ús del cos de les treballadores com a objecte de negoci o intercanvi sexual amb els clients. Aquest principi laboral és dedueix directament de la Constitució Espanyola , quan regula el dret fonamental a la integritat física i moral, sense que en cap cas, puguin ser sotmeses a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants ( art. 15 CE ). També del Estatut dels Treballadors , quan estableix el dret a la integritat física i al respecte a la seva intimitat i a la consideració deguda a la seva dignitat, article 4.1.d) e ) compresa la protecció front al assetjament sexual i al assetjament per raó de sexe.”

 

2.- La antagónica posición mayoritaria de la doctrina científica.

 

Frente a este unánime criterio jurisprudencial, la mayoría de la doctrina científica se posiciona clara y categóricamente en sentido contrario. Exponente de este criterio, desde el ámbito del derecho penal, sería la catedrática M.L. Maqueda Abreu (“Hacia una justicia de los derechos”, Diario La Ley, 16.3.10), en su critica a la “tesis abolicionista”:

 

“La tesis actual es que se están defendiendo derechos constitucionales: la igualdad, la libertad o la dignidad de la mujer serían los que se verían comprometidos con la legalización de la prostitución. Según el nuevo ideario abolicionista, ésta debe seguir siendo negocio ilícito porque consiste en el arrendamiento temporal del cuerpo de la mujer, a la que a cambio de dinero se la despoja de su condición de persona, reduciéndola a mero objeto de placer para el cliente. Es la explicación que ofrece, por ejemplo, el Instituto de la Mujer de la causa de la ilicitud y de la nulidad de cualquier contrato que tuviera a la prostitución por objeto.

 

Hay mucho que cuestionar de una afirmación que parece confundir un contrato sexual con un contrato de esclavitud. Hablando de prostitución voluntaria, que es de lo que hablamos, ¿cómo admitir que un contrato libremente pactado despoje a una de las partes de su condición de persona?, ¿por qué entender que la venta de servicios sexuales atenta contra la dignidad de quien libremente la decide? Y, sobre todo, ¿hay algo más indigno y degradante que no ser reconocido como sujeto capaz de adoptar decisiones libres? Bajo una «política del derecho» y no meramente ideológica, creo que no es posible seguir manteniendo un reconocimiento de la capacidad de autodeterminación personal en el ámbito sexual que se haga depender de una noción de dignidad – selectiva-, que pueda ser negada en el caso de la prostitución. Entre otras razones, porque no parece una lectura compatible con la jurisprudencia constitucional, teniendo en cuenta la vertiente positiva que ésta ofrece de la idea de dignidad -como correlato de la libertad- e igual para todos.

 

Recuérdese, por ejemplo, la STC 192/2003, de 27 de octubre, donde señala que «la dignidad personal del trabajador debe ser entendida como el derecho de todas las personas a un trato que no contradiga su condición de ser racional, igual y libre, capaz de determinar su conducta en relación consigo mismo y su entorno, esto es, la capacidad de autodeterminación consciente y responsable de la propia vida». Resulta inaceptable que esta teoría general pueda ser olvidada en relación con una actividad laboral concreta, como la del trabajo sexual.”

 

En la misma línea, como exponente de la doctrina iuslaboralista, el profesor Fernando Fita (“La prostitución: posible objeto de un contrato de trabajo…”, Revista de Derecho Social nº 47, 2009), recopila y se hace eco de distintos trabajos doctrinales y aborda, para descartarla, la posible colisión de la laboralización de la prostitución no forzada por cuenta ajena, tanto respecto a la libertad como en relación al fundamento constitucional de la “dignidad” .

 

Invirtiendo el orden de su exposición y en relación a la dignidad, descarta la colisión en base a la configuración constitucional del derecho a la dignidad, como “derecho de todas las personas a un trato que no contradiga su condición de ser racional igual y libre, capaz de determinar su conducta en relación consigo mismo y su entorno, esto es, la capacidad de autodeterminación consciente y responsable de la propia vida” (STC 192/03). Considera que la valoración como indigna de la actividad de la prostitución responde a una valoración de tipo moral, que no puede imponerse al libre arbitrio individual, y que solamente sería predicable de las condiciones en las que se ejerce, lo cual quedaría reparado con la regulación y tutela de su ejercicio por parte de la normativa laboral, al contribuir a su inclusión social, coadyuvando a restituirles la dignidad que tradicional e injustificadamente se les ha negado. Y añade que resulta hipócrita negar este estatus de trabajo digno de protección jurídica, cuando dicha legitimación ya existe para los empresarios de la industria sexual.

 

Respecto de la libertad de ejercicio de actividad económica, invoca el art. 35 CE, y el art. 4 del CEDH, con la única limitación del respeto al ordenamiento jurídico y a los valores y principios inherentes al mismo, concluyendo que “en el caso del colectivo de mujeres prostituidas parece claro que la vía más adecuada para lograrlo es la de su reconocimiento legal, restituyendo la debida consideración social…”. Y en relación a la libertad sexual, la considera implícitamente reconocida en la libertad individual en sentido amplio, pudiendo reconducirse al derecho a la intimidad personal consagrado en el art. 18 CE, como han reconocido diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (22.10.81, 25.3.92 y 22.2.94).

 

Quedaría por resolver, ello no obstante, la posible colisión de la pretendida regularización con el principio de igualdad, con la necesaria perspectiva de género, cuestión que -a criterio de este magistrado – debe abordarse desde el ámbito comunitario por lo que a continuación se expondrá.

 

3.- El marco comunitario: de la STJCE de 20.11.01 a la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género.

 

En el acto del juicio, la empresaria demandada, en forma subsidiaria a la negación de la relación de prostitución por cuenta ajena, invocó la la STJCE de 20.11.01 que, si bien referida a la prostitución por cuenta propia, dejó bien claro -en aquel momento- que el entonces TJCE no asumía los presupuestos ideológicos de las posiciones abolicionista y prohibicionista al concluir afirmando que “la prostitución constituye una prestación de servicios remunerada, que está comprendida en el concepto de actividades económicas…. Se trata de una actividad por la que el prestador satisface, con carácter oneroso, una demanda del beneficiario sin producir o ceder bienes materiales…. La actividad de prostitución ejercida de manera independiente puede considerarse un servicio prestado a cambio de una remuneración y, por consiguiente, está incluido en el concepto de actividades económicas por cuenta propia o no salariadas “.

 

Pero este magistrado tiene serias dudas que el actual TJUE ahora mismo mantuviera dicha posición, a la vista de la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género. Dicha resolución se dicta en base a los artículos 4 y 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, el Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y de explotación de la prostitución ajena, de 1949, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, de 1979, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, de 1993, el Protocolo de Palermo, de 2000, el objetivo estratégico D.3 de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de 1995, el Convenio (nº 29) relativo al trabajo forzoso u obligatorio de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Bruselas (11) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, las Recomendaciones del Consejo de Europa en este ámbito, tales como la Recomendación 11 (2000) sobre la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la Recomendación 5 (2002) sobre la protección de las mujeres contra la violencia y la Recomendación 1545 (2002) relativa a campañas contra la trata de mujeres, el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, la Directiva 2011/36 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y otras muchas resoluciones.

 

En base a este cuerpo normativo, efectúa -entre otras muchas- las siguientes consideraciones, que se reproducen a continuación por este juzgador por cuanto, como juez comunitario, al considerarlas insoslayables, seleccionando exclusivamente aquellas que hacen referencia -también- a “la prostitución” a secas, obviando las exclusivamente referidas a “trata de personas” o “prostitución forzada”:

 

“A. que la prostitución y la prostitución forzadas son un fenómeno con un componente de género y de dimensión mundial que afecta en torno a 40 – 42 millones de personas en todo el mundo, siendo la inmensa mayoría de las personas que se prostituyen mujeres y niñas y casi la totalidad de los usuarios hombres y que, por lo tanto, es al mismo tiempo causa y consecuencia de la desigualdad de género, lo que agrava aún más el fenómeno;

 

B. Considerando que la prostitución y la prostitución forzada representan formas de esclavitud incompatibles con la dignidad de la persona y con sus derechos fundamentales. (….)

E. Considerando que la prostitución y la prostitución forzada están intrínsecamente ligadas a la desigualdad de género en la sociedad y tienen un efecto en la posición social de las mujeres y los hombres en la sociedad así como en la percepción de las relaciones entre mujeres y hombres y en la sexualidad;(…)

 

H. Considerando que toda política relativa a la prostitución repercute en la consecución de la igualdad de género, afecta a la comprensión de las cuestiones de género y transmite mensajes y normas a la sociedad, incluidos los jóvenes;(…)

K. Considerando que en la prostitución todos los actos íntimos se rebajan a un valor mercantil y el ser humano queda reducido a mercancía o instrumento a disposición del cliente;

 

L. Considerando que la gran mayoría de las personas que ejercen la prostitución proceden de grupos vulnerables;(…)

 

S. Considerando que la presión bajo la cual se ejerce la actividad de prostitución puede ser directa y física, o indirecta, por ejemplo a través de presiones sobre la familia en el país de origen, y puede consistir en una coacción psicológica insidiosa;

 

U. Considerando que la Comisión, en su Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015), declara que «las desigualdades entre mujeres y hombres violan derechos fundamentales»;

 

V. Considerando que hay una enorme divergencia en el modo en que los Estados miembros abordan la prostitución, con dos enfoques fundamentales: un enfoque considera la prostitución como una violación de los derechos de las mujeres – una forma de esclavitud sexual- que da lugar y mantiene la desigualdad de género con respecto a las mujeres; el segundo enfoque sostiene que la prostitución promueve la igualdad de género al fomentar el derecho de la mujer a controlar qué desea hacer con su cuerpo; considerando que en ambos casos los Estados miembros tienen competencia para decidir cómo abordar la cuestión de la prostitución;

 

W. Considerando que, si bien existe una diferencia entre prostitución «forzada» y prostitución «voluntaria»;

 

X. Considerando que el asunto de la prostitución debe abordarse con una visión a largo plazo y según la perspectiva de la igualdad de género;

 

En base a las siguientes consideraciones, el Parlamento adopta -entre otros- los siguientes acuerdos, de entre los cuales se han seleccionado los más relevantes en orden al objeto que ahora nos interesa (la dimensión de género de la prostitución no forzada):

 

1. Reconoce que la prostitución, la prostitución forzada y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género, y, por tanto, son contrarias a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el objetivo y el principio de la igualdad de género;

 

2. Señala que debe respetarse la salud de todas las mujeres, incluido el derecho a disponer de su cuerpo y a una sexualidad libre de coacción, discriminación y violencia;

  1. Hace hincapié en que la prostitución es también una cuestión de salud, puesto que tiene efectos perjudiciales en las personas que la ejercen, que tienen más probabilidades de sufrir traumas sexuales, físicos y mentales, ser adictas al alcohol y las drogas, perder el respeto por sí mismas y presentar un mayor índice de mortalidad que la población media; añade y destaca que muchos de los compradores de sexo piden sexo comercial sin protección, lo que incrementa el riesgo de efectos perjudiciales para la salud, tanto para las personas que ejercen la prostitución como para los compradores de sexo;

 

  1. Hace hincapié en que la prostitución forzada, la prostitución y la explotación en la industria del sexo tienen consecuencias físicas y sicológicas devastadoras y duraderas, incluso después de haber cesado la prostitución, para los individuos que se ven implicados en ella, especialmente niños y adolescentes, además de ser, a la vez, causa y consecuencia de la desigualdad de género y de perpetuar los estereotipos de género y el pensamiento estereotipado sobre las mujeres que venden sexo, como la idea de que el cuerpo de las mujeres y mujeres menores de edad está en venta para satisfacer la demanda masculina de sexo;

 

  1. Reconoce que la prostitución y la prostitución forzada pueden tener un impacto en la violencia contra las mujeres en general, ya que las investigaciones sobre los usuarios de servicios sexuales muestran que los hombres que pagan por sexo tienen una imagen degradante de la mujer ; sugiere, por consiguiente, a las autoridades nacionales competentes que la prohibición de comprar servicios sexuales vaya acompañada de una campaña de sensibilización de los hombres;

 

  1. Subraya que las personas prostituidas son especialmente vulnerables desde el punto de vista social, económico, físico, psíquico, emocional y familiar y corren más riesgo de sufrir violencia y daños que en cualquier otra actividad; destaca que se debe alentar, por lo tanto, a la fuerzas de policía nacionales a abordar, entre otras cosas, las bajas tasas de condena por violación de prostitutas; hace hincapié en que las personas prostituidas son asimismo objeto de oprobio público y están socialmente estigmatizadas, incluso si dejan de ejercer la prostitución;

 

  1. Atrae la atención sobre el hecho de que las prostitutas tienen derecho a la maternidad, y a criar y cuidar a sus hijos;

 

  1. Hace hincapié en que la normalización de la prostitución incide en la violencia contra la mujer; señala, en particular, que los hombres que compran sexo son más proclives a cometer actos sexuales coercitivos, así como otros actos de violencia, contra las mujeres y que, con frecuencia, muestran actitudes misóginas;

 

  1. Señala que entre el 80 y el 95 % de las personas que se prostituyen ha sufrido alguna forma de violencia antes de empezar a ejercer la prostitución (violación, incesto, pedofilia), el 62 % declara haber sufrido una violación y el 68 % sufre trastornos de estrés postraumático, un porcentaje similar al de las víctimas de tortura(26) ;

 

  1. Hace hincapié en que la normalización de la prostitución afecta a la percepción de los jóvenes de la sexualidad y de la relación entre hombres y mujeres;

 

  1. Subraya que no debe penalizarse a las personas que ejercen la prostitución y pide a todos los Estados miembros que deroguen la legislación represiva contra las personas que ejercen la prostitución;

 

29.Considera que una manera de luchar contra el tráfico de mujeres y mujeres menores de edad con fines de explotación sexual y de mejorar la igualdad de género es el modelo aplicado en Suecia, Islandia y Noruega (el denominado modelo nórdico), que se está estudiando en diversos países europeos, en el que el delito lo constituye la compra de servicios sexuales, no los servicios de las personas que ejercen la prostitución;

 

  1. Opina que considerar la prostitución como un «trabajo sexual» legal, despenalizar la industria del sexo en general y legalizar el proxenetismo no es la solución para proteger a las mujeres y las mujeres menores de edad de la violencia y explotación, sino que produce el efecto contrario y aumenta el riesgo de que sufran un mayor nivel de violencia, al tiempo que se fomenta el crecimiento de los mercados de la prostitución y, por tanto, el número de mujeres y mujeres menores de edad víctimas de abusos;

 

  1. Condena todo intento o discurso político basado en la idea de que la prostitución puede ser una solución para las mujeres migrantes en Europa;

 

  1. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a poner en marcha los medios y herramientas necesarios para combatir la trata y la explotación sexual y para reducir la prostitución, como violaciones de los derechos fundamentales de las mujeres, en especial de las menores de edad, y de la igualdad de género;

 

  1. Pide a los Estados miembros que transpongan en la legislación nacional lo antes posible, en especial en lo que respecta a la protección de las víctimas, la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JI del Consejo;

 

  1. Insta a los Estados miembros a que evalúen tanto los efectos positivos como negativos que la penalización de la compra de servicios sexuales tiene en la reducción de la prostitución y la trata de personas;

 

  1. Insta a la UE y a sus Estados miembros a que establezcan políticas de prevención específicas en materia de género en los países de origen de las personas prostituidas como consecuencia de trata de seres humanos, dirigidas tanto a los compradores de servicios sexuales como a mujeres y menores, mediante sanciones, campañas de concienciación y educación;

 

  1. Solicita a la UE y a los Estados miembros que adopten medidas para desalentar la práctica del turismo sexual dentro y fuera de la UE.

 

La relevancia de esta Resolución del Parlamento Europeo, a criterio de este juzgador, es obvia:

 

Aún cuando la misma carece, lógicamente, de eficacia normativa, sí reconoce al fenómeno de la prostitución, aún la no forzada, una dimensión de género absolutamente ineludible para el juez nacional, de la que no puede prescindir. Más concretamente, la primera manifestación, conforme ” la prostitución, la prostitución forzada y la explotación sexual son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género, y, por tanto, son contrarias a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el objetivo y el principio de la igualdad de género” integra una valoración que, en aplicación de la LOIEHM 3/07 no puede ser soslayada en la resolución del presente pleito.

 

VII. Conclusión: inexistencia de obstáculo legal o de constitucionalidad para el reconocimiento de laboralidad en el caso enjuiciado, aún desde la obligada perspectiva de género.

 

Recapitulando: le corresponde a este magistrado dilucidar, constatada la concurrencia de los requisitos que conforman toda relación laboral y superado ya el posible obstáculo de la ilicitud de la causa y/o objeto del contrato, si en la relación de prostitución que debe enjuiciar puede apreciarse la concurrencia de lesión de derechos fundamentales que impida el reconocimiento de laboralidad. O -a la vista de la Resolución del Parlamento Europeo de 24.2.14- un mandato comunitario, desde la perspectiva de género, que impida tal reconocimiento.

 

Ciertamente, desde la posición de la única trabajadora comparecida y como ya se ha razonado, en ningún momento ha afirmado o denunciado -ni ella ni su letrada- que en la prestación de servicios sexuales por cuenta de la empresaria demandada viera vulnerados su libertad, su dignidad o el resto de sus derechos fundamentales.

 

Pero tal conclusión, por si sola, no agota el análisis. Este magistrado, de oficio, puede apreciar que en la prestación de los servicios sexuales que debe calificar concurre manifiestamente la vulneración de uno o varios derechos fundamentales, por mandato del art. 7 LOPJ. Y, además, la Ley Orgánica de Igualdad efectiva de mujeres y hombres (LO 3/07) establece que “la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.”.

 

En razón de tal mandato interpretativo y aplicativo, este magistrado debe asumir el primer punto de 1a resolución del Parlamento Europeo de 26.2.14, conforme al cual no sólo “la prostitución forzada” sino la simple “prostitución”, y “la explotación sexual” “son cuestiones con un gran componente de género y constituyen violaciones de la dignidad humana contrarias a los principios de los derechos humanos, entre ellos la igualdad de género, y, por tanto, son contrarias a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el objetivo y el principio de la igualdad de género”.

 

Pudiera pensarse que, en congruencia con tan categórico pronunciamiento, ello le debiera determinar a desestimar el reconocimiento del carácter laboral de la relación de prostitución sometida a su consideración, atendiendo -además- al apartado 34 de la misma resolución, según el cual el Parlamento Europeo “Opina que considerar la prostitución como un «trabajo sexual» legal, despenalizar la industria del sexo en general y legalizar el proxenetismo no es la solución para proteger a las mujeres y las mujeres menores de edad de la violencia y explotación, sino que produce el efecto contrario y aumenta el riesgo de que sufran un mayor nivel de violencia, al tiempo que se fomenta el crecimiento de los mercados de la prostitución y, por tanto, el número de mujeres y mujeres menores de edad víctimas de abusos”.

 

Pero, precisamente por tratarse de una cuestión de género y por los derechos fundamentales que están implicados, considera este magistrado que en tanto el Estado Español -como ya han hecho diversos países comunitarios- no asuma el “modelo nórdico” de lucha contra la prostitución (recomendado en el apartado 29 de dicha resolución) no puede llegar a tal conclusión, por cuanto -paradójicamente- ello no haría más que agravar la situación, también desde la perspectiva de género, de las trabajadoras afectadas.

 

En efecto, siguiendo a la profesora Raquel Serrano, mientras el Estado Español siga ofreciendo cobertura legal al proxenetismo -vía reglamentación administrativa y despenalización aplicativa- sin ofrecer cobertura jurídica específica (específicos derechos) al ejercicio de la prostitución se agrava el atentado a la dignidad, a la libertad y la discriminación por razón de sexo.

 

En otras palabras: En tanto el Estado Español no asuma las recomendaciones de la indicada resolución en orden a la erradicación absoluta de todas las formas de prostitución, la actual situación de “alegalidad” y el no reconocimiento del carácter laboral de la relación no hace más que agravar enormemente la incuestionable lesión de la dignidad, la libertad y la igualdad que comporta toda relación de prostitución por cuenta ajena, para la inmensa mayoría de las mujeres que la ejercen.

 

Por ello, la conclusión a la que debe llegar este magistrado, asumiendo plenamente las consideraciones de dicha Resolución del Parlamento Europeo y precisamente por ser congruente con las mismas, con la tutela de los derechos fundamentales concernidos y desde la obligada perspectiva de género, es clara: en el actual marco regulador de la prostitución (regulación administrativa y despenalización aplicativa), habiendo quedado plenamente acreditado que las trabajadoras codemandas ejercían libremente, sin coacción y de manera no forzada, la prestación de servicios de prostitución por cuenta de la empresaria demandada, bajo su dirección y dependencia, no son de apreciar motivos de ilicitud penal ni de lesión de derechos fundamentales individuales que impidan el reconocimiento de laboralidad postulado por la TGSS y al que se ha allanado la trabajadora codemandada.

 

Por las razones expuestas, pues, debe ser íntegramente estimada la pretensión declarativa de la demanda.

 

DECIDO

 

Estimar la demanda de oficio interpuesta por TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL contra A, como empresaria, y contra las trabajadoras B, C i D en demanda en PROCEDIMIENTO DE OFICIO, y declarar que la relación existente entre la una y otras tiene o tuvo carácter laboral.

 

 

 

 

 

La prostitución por cuenta ajena es una profesión laboral

http://www.alfredogarcialopez.es/la-prostitucion-por-cuesta-ajena-es-una-profesion-laboral/

El ejercicio de la prostitución por cuenta ajena constituye relación laboral. La sentencia del Juzgado de lo Social nº 10 de Barcelona, de fecha 18 de febrero de 2015, dictada por el magistrado señor Agustí Maragall, es pionera al reconocer por primera vez el carácter laboral de la prostitución, abriendo la puerta a que se les reconozca por tanto derechos laborales.
De esta forma, se les podría reconocer el derecho a formalizar un contrato con el empresario para el que trabajen con la correspondiente alta en la Seguridad Social y el cobro de la prestación de desempleo.

La sentencia argumenta la inexistencia de obstáculo legal o de constitucionalidad para el reconocimiento de laboralidad, aún desde la obligada perspectiva de género.

La sentencia no es firme ya que se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), pero sienta jurisprudencia que podrá alegarse para reclamar por la vía judicial la equiparación en derechos con cualquier otro trabajador.La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) interpuso demanda contra la propietaria de un centro de masajes eróticos de Barcelona y tres empleadas de este local, en la que se instaba al Juzgado que declarase que la que la prestación de servicios de las trabajadoras codemandadas para la empresaria demandada tenía “carácter laboral”.

La empresaria demandada negó la concurrencia de relación laboral, alegando que las codemandadas ejercían su profesión por cuenta propia.

Una de las trabajadoras codemandadas se allanó a la demanda, afirmando el carácter laboral de la prestación de sus servicios.

La sentencia del Juzgado de lo Social estima la petición de la TGSS y concluye declarar que la relación existente entre la una y otras tiene o tuvo carácter laboral.

Comienza el magistrado señalando que la relación de hechos probados se ha establecido en base al acta de infracción levantada por la Inspección de Trabajo que ha originado la posterior demanda de oficio a cargo de la TGSS, plenamente corroborados en juicio.

Analiza posteriormente si concurren los rasgos esenciales de laboralidad, señalando las siguientes circunstancias que lo afirman:

  • Los servicios se ofrecían a través de una página web del centro de masajes propiedad de la empresaria demandada.
  • Las codemandadas prestaban sus servicios en su local, por cuenta y bajo la dependencia y organización de la misma.

Por ello el magistrado concluye que se dan los rasgos esenciales de una relación de carácter laboral “prestación voluntaria de servicios, retribución, dependencia y ajenidad en los frutos”; continua, “el único e importante obstáculo para la estimación de la demanda radica en el posible carácter ilícito del objeto del contrato, al tratarse de servicios de prostitución”.

Los juzgados y tribunales de lo social han negado categóricamente la posibilidad de que exista y pueda ser válido un contrato de trabajo que dé cobertura a las situaciones de explotación lucrativa de la prostitución, al considerar que para que el contrato de trabajo pueda reputarse válido es imprescindible que su objeto y causa sean lícitos.

  • Distinción jurisprudencial entre relación de alterne y prostitución:

El magistrado refiere haber realizado un análisis exhaustivo de la jurisprudencia para concluir que no existen precedentes jurisprudenciales que hayan reconocido como relación laboral la libre prestación de servicios de prostitución por cuenta ajena, aunque sí numerosos pronunciamientos que sí la han apreciado en la denominada “relación de alterne”.

  • Primer obstáculo al reconocimiento de laboralidad: la ilicitud de la prostitución libremente ejercida por cuenta ajena.

El magistrado argumenta que este obstáculo se fundamenta en los arts. 1271 y 1275 del Codigo Civil, ya que -según el primero- sólo se admitiría como “objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres”, mientras que el segundo dispone que “Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral”.

El art. 188.1 del Código Penal, incorpora en el delito, denominado “de determinación a la prostitución” también a la ejercida por cuenta ajena, a pesar del libre consentimiento.

Considera el magistrado sin embargo, que la evolución de la doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Penal del TS y la aplicación de un criterio restrictivo en relación con tal delito de prostitución por cuenta ajena no coercitiva, conduciría a concluir que sólo cabría hablar del delito de “explotación laboral” cuando se detectan condiciones abusivas de trabajo.

  • Segundo obstáculo al reconocimiento de laboralidad: la posible lesión de derechos fundamentales y atentado a la dignidad de la persona.

El juez se refiere a una Resolución del Parlamento Europeo, Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género, que considera que toda prostitución (no sólo la forzada) tiene un gran componente de género y constituye una violación de la dignidad humana, pero argumenta que mientras España no erradique todas las formas de prostitución, el no reconocimiento de los derechos laborales agrava aún más la situación.

“Mientras el Estado español siga ofreciendo cobertura legal al proxenetismo –vía reglamentación administrativa y despenalización aplicativa– sin ofrecer cobertura jurídica específica al ejercicio de la prostitución se agrava el atentado a la dignidad, a la libertad y la discriminación por razón de sexo”, argumenta.

Por todo ello, el juez concluye que no hay obstáculo legal o de constitucionalidad para el reconocimiento de laboralidad en el caso enjuiciado, aún desde la obligada perspectiva de género, estimando la demanda del TGSS.

 

 

Canadá: las trabajadoras sexuales necesitan la despenalización

El World Policy Journal comienza cada número con la Gran Cuestión, donde pedimos a un panel de expertos que ofrezcan información sobre el tema de la portada. La pregunta para el número de invierno 2016/2017 Política Mundial Interrumpida es: ¿Qué necesitan las trabajadoras sexuales para controlar mejor sus condiciones de trabajo? A continuación, Brenda Belak explica por qué la despenalización del trabajo sexual es un modelo mejor que la legalización.

El World Policy Journal comienza cada número con la Gran Cuestión, donde pedimos a un panel de expertos que ofrezcan información sobre el tema de la portada. La pregunta para el número de invierno 2016/2017 Política Mundial Interrumpida es: ¿Qué necesitan las trabajadoras sexuales para controlar mejor sus condiciones de trabajo? A continuación, Brenda Belak explica por qué la despenalización del trabajo sexual es un modelo mejor que la legalización.

 

 

27 de enero de 2017

 

Por Brenda Belak

 

http://www.worldpolicy.org/blog/2017/01/27/canada-sex-workers-need-decriminalization

 

 

La penalización del trabajo sexual conduce directamente a la explotación. Pone a las trabajadoras del sexo en situaciones en las que tienen poco control sobre sus condiciones de trabajo porque su principal preocupación es evitar ser detenidas por la policía. Esto significa que las trabajadoras sexuales forman parte del mercado de trabajo informal, sin recurso legal cuando se infringen sus derechos laborales. Están excluidas de todas las protecciones disponibles para otras trabajadoras, incluidas las leyes laborales y las normas de salud y seguridad en el trabajo. La penalización también encadena a las trabajadoras al trabajo informal, porque con antecedentes penales o una brecha en en la vida laboral, es más difícil volver a unirse al mundo del trabajo “correcto”.

 
Los mismos problemas existen en el caso de la penalización parcial, incluido el modelo nórdico de “terminar con la demanda”, que se basa en la idea de que las trabajadoras sexuales pueden ser protegidas al otorgarles inmunidad a ellas y penalizar a sus clientes y a los terceros con los que trabajan. En los países en los que se ha empleado este modelo (Suecia, Noruega, Islandia y, más recientemente, Canadá) no ha habido una reducción marcada en el número de trabajadoras sexuales como resultado directo del cambio legal. Mientras tanto, la investigación ha demostrado que el número de trabajadoras sexuales al aire libre en muchos países disminuye debido al mayor uso de Internet para conectarse con los clientes.

 
Cuando cualquier aspecto de la industria del sexo es penalizado, las trabajadoras sexuales operan bajo condiciones de mayor riesgo. Las trabajadoras sexuales basadas en la calle son más propensas a trabajar solas y en áreas aisladas, con un tiempo mínimo en la evaluación de los clientes. Las trabajadoras de interior tienen problemas para que los clientes revelen datos personales tales como sus nombres reales, referencias o información telefónica. Esto deja a los clientes sin rastro si resultan ser violentos. Las trabajadoras del sexo tampoco pueden beneficiarse de la seguridad de tener otro personal cerca. Todas las trabajadoras sexuales temen a la policía, lo que significa que no recurrirán al sistema de justicia penal si experimentan violencia. Esto permite a los depredadores que se presentan como clientes, así como a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, abusar de las trabajadoras del sexo. Además, la represión de los compradores alienta a las trabajadoras sexuales a asumir más riesgos, trabajar por menos ingresos y participar en prácticas que podrían comprometer su salud, como las relaciones sexuales sin protección.

 
La despenalización no es legalización. La despenalización elimina todas las sanciones penales para las actividades relacionadas con el trabajo sexual, permitiendo centrarse en los derechos humanos de las trabajadoras sexuales como individuos y como trabajadoras. Los reglamentos locales de zonificación todavía se pueden usar para determinar dónde y cuándo se produce el trabajo sexual. Bajo la legalización, sin embargo, el trabajo sexual es visto como una actividad que potencialmente pone en peligro al público, y se requieren licencias y pruebas obligatorias para controlar los riesgos percibidos. Las trabajadorea sexuales que están estructuralmente marginadas —porque son pobres, racializadas, migrantes, LGBTQ o discapacitadas— a menudo no pueden cumplir con los requisitos de licencia. Esto genera un segundo nivel de trabajadoras sexuales ilegales que experimentan muchos de los peligros causados por la penalización. Obtener una licencia también puede dar lugar a violaciones de los derechos de privacidad. Debido a estos efectos negativos de la legalización, la despenalización es una opción preferible.

 
La despenalización implica eliminar todas las leyes que afectan punitivamente a la industria del sexo, aunque las leyes de aplicación general que prohíben la violencia y la trata seguirán siendo aplicadas. La despenalización permitiría a las trabajadoras sexuales disfrutar del beneficio de las protecciones laborales que disfrutan todos los demás trabajadores. Esto significaría que las trabajadoras sexuales tienen derecho a trabajar con seguridad en sus propios términos. Las trabajadoras sexuales de todo el mundo han estado pidiendo la despenalización durante décadas. Es lo que tienen que hacer los gobiernos.

 


Brenda Belak es abogada defensora de los derechos de las trabajadoras del sexo en Pivot Legal Society, una organización sin fines de lucro en Vancouver, Canadá, que hace activismo y lleva litigios estratégicos en nombre de las comunidades marginadas para lograr el cambio social. Ha trabajado extensamente en la violencia contra las mujeres como una cuestión de derechos humanos en los foros nacionales y de los Estados Unidos, y forma parte del consejo asesor de la estrategia federal de violencia de género de Canadá.

Posición de TAMPEP respecto a la situación de las trabajadoras sexuales nacionales e inmigrantes en la Europa actual

 

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http://tampep.eu/documents/TAMPEP%20paper%202015_08.pdf

 

Las leyes y las decisiones políticas juegan un papel clave en la lucha contra la violencia, en la reducción de la vulnerabilidad y en la garantía de acceso pleno a los derechos y a la justicia por parte de las trabajadoras sexuales. Mediante la despenalización del trabajo sexual se pueden garantizar condiciones laborales más seguras y las trabajadoras sexuales se pueden empoderar para luchar contra la violencia y exigir sus derechos humanos.

Esta posición política es apoyada por varias agencias de las Naciones Unidas (FPNU, ONUSIDA y PNUD); importantes organizaciones defensoras de los derechos humanos, tales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, que ha estado sometiendo a consulta un borrador de propuesta politica a favor de la despenalización del trabajo sexual ; las organizaciones contra la trata GAATW y La Strada International ; e importantes foros feministas (AWID) y fundaciones, como Open Society Foundations, Mama Cash y Red Umbrella Fund. La despenalización del trabajo sexual es defendida también por redes de trabajo sexual y organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales regionales, nacionales e internacionales, entre las que se encuentran TAMPEP (Red europea para la prevención de VIH/ETS y la promoción de la salud entre las trabajadoras sexuales inmigrantes), NSWP (Red global de proyectos de trabajo sexual), ICRSE (Comité internacional para la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales en Europa) y SWAN (Red de defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales).

 

Despenalización

 

Si todas las demandas de las trabajadoras sexuales pudieran ser resumidas en una palabra, esta sería despenalización. Gobiernos progresistas en Nueva Zelanda y Nueva Gales del Sur en Australia adoptaron un modelo de despenalización para mejorar la situación de las trabajadoras sexuales. Recientemente, el gobierno de Nueva Zelanda y el Colectivo de prostitutas de Nueva Zelanda evaluaron este modelo positivamente . Los resultados de esta evaluación demuestran una reducción significativa de la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales y un mejor acceso a los derechos humanos.

Por despenalización se entiende la derogación de todas las leyes punitivas y las regulaciones relativas al trabajo sexual y un modo de garantizar que los gobiernos respeten los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Esto incluye la despenalización de las terceras partes que operan en la industria del sexo, pero garantizando al mismo tiempo que las trabajadoras sexuales puedan trabajar independientemente y/o en cooperativas. La autodeterminación y la autonomía de las trabajadoras sexuales son fundamentales para entender el modelo de despenalización.

Las trabajadoras sexuales y sus aliados a menudo piden la plena despenalización mediante un sistema legal que desmonte también las barreras legales que aumentan la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales inmigrantes ante la violencia y la trata de personas y obstaculizan el disfrute en situación de igualdad de sus derechos humanos. La justificación de este enfoque es que para combatir la vulnerabilidad en la industria del sexo, los gobiernos necesitan garantizar la plena protección de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales independientemente de su nacionalidad y/o de su estatus legal en el país de acogida. Los derechos que deberían ser plenamente protegidos incluyen (pero no se limitan a ellos) el derecho a la vida, a la salud, a la migración, al trabajo, a la privacidad, a la asociación, a la igualdad ante la ley y a verse libres de practicas de trata y de esclavitud.

 
Estigma e inmigración

A pesar de la demanda de despenalización, las leyes y las decisiones políticas relativas al trabajo sexual han sido cada vez más represivas y punitivas en toda Europa. TAMPEP ha documentado en varias de sus publicaciones los efectos negativos que las leyes y regulaciones nacionales han tenido para las trabajadoras sexuales.

Raramente se reconoce al trabajo sexual como trabajo por los gobiernos nacionales y la sociedad en general, y el arma más poderosa para negar al trabajo sexual el estatus de trabajo es la del estigma . La realidad es que en vez de empoderamiento y apoyo a la autodeterminación y la autonomía de las trabajadoras sexuales, y mejora de sus condiciones de trabajo y de vida, los agentes políticos están desarrollando y aplicando nuevas medidas que socavan los derechos humanos y la dignidad de las trabajadoras sexuales.

Existen claros vínculos entre esta tendencia represiva y el actual debate acerca de la trata. Los grupos antiprostitución utilizan la retórica antitrata para acabar con la prostitución. El lobby antiinmigración usa el discurso antitrata para aumentar las restricciones a la inmigración .

Las voces de las trabajadoras sexuales son a menudo ignoradas o mal utilizadas por los agentes políticos y los medios de comunicación. En este contexto de invisibilidad y aislamiento, las trabajadoras sexuales inmigrantes se ven particularmente afectadas por las medidas represivas y la creciente xenofobia.

La penalización del trabajo sexual, de las trabajadoras sexuales y de sus clientes, se suele acompañar de leyes antiinmigración, cuya finalidad es detener y deportar por la fuerza a inmigrantes indocumentados. Como consecuencia de ello, las trabajadoras sexuales inmigrantes se ven empujadas a la clandestinidad, a lugares de trabajo sexual más ocultos para evitar la persecución y el riesgo de expulsión. Esta tendencia exacerba la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales frente a la trata de personas y reduce sus posibilidades de acceder a las ayudas y los servicios de salud, así como a la justicia y a sus derechos.

 
Tendencias específicas de la Unión Europea

Una tendencia que ha sido señalada y resaltada por varios informes de TAMPEP a lo largo de los años es el aumento de migración y movilidad entre las trabajadoras sexuales a nivel global y, en particular, la migración de trabajadoras sexuales hacia Europa y entre los países europeos . Esto es una consecuencia directa de la globalización, pero puede ser atribuido también a factores históricos y socioeconómicos y al crecimiento de la Unión Europea.

La inmigración es un aspecto fundamental a ser tenido en cuenta cuando se analiza el trabajo sexual en Europa. Las inmigrantes siguen siendo con mucho el mayor grupo de trabajadoras sexuales en la región. También se observa un elevado nivel de migración y movilidad de trabajadoras sexuales entre los países de la Unión Europea.

El problema parece tener sus raíces en el racismo y la xenofobia que sigue a las tendencias de migración y movilidad a lo largo de Europa. Las trabajadoras sexuales inmigrantes indocumentadas son particularmente vulnerables a la aplicación de la ley y experimentan altos niveles de violencia y abuso.

Este escenario se ve agravado por la severa crisis financiera que afecta a la UE y al resto del mundo desde 2008, a las medidas de los gobiernos para combatir el terrorismo mediante legislaciones de seguridad nacional ad hoc, y también a las leyes de seguridad ciudadana.

 
Conservadurismo creciente

TAMPEP observa un creciente conservadurismo político y social, que afecta a los derechos humanos y a las libertades civiles de las poblaciones vulnerables.

Retrocesos conservadores en relación al trabajo sexual, el uso de drogas y la inmigración son generados por la ignorancia de los enfoques basados en la evidencia y en los derechos humanos en el terreno legal.

Las políticas socioeconómicas junto con una progresiva tendencia a las desigualdades provocan unas profundas exclusión y discriminación sociales de las trabajadoras sexuales, especialmente de las más vulnerables (inmigrantes, transexuales, usuarias de drogas, etc.)

 
Trata frente a trabajo sexual

Para luchar contra las violaciones y los abusos en la industria del sexo, los Estados miembros de la UE han estado usando la lucha contra la trata para combatir la prostitución y la inmigración, en lugar de crear un entorno de seguridad y apoyo que permita a las trabajadoras sexuales trabajar, autoorganizarse y garantizar buenas condiciones de trabajo.

Desmantelar la industria del sexo desbarata las vidas y el trabajo de las trabajadoras sexuales y las empuja a la ilegalidad y el aislamiento. Al mismo tiempo, las víctimas de la trata de seres humanos raramente son halladas y, si lo son, sus necesidades raramente son atendidas de forma eficaz. Los agentes políticos fusionan trabajo sexual y trata, lo que da lugar a políticas ineficaces dirigidas al conjunto de trabajadoras sexuales y a un completo desprecio por las necesidades de las trabajadoras sexuales que no son víctimas de trata.

Una de las cinco prioridades de la UE en relación a la trata es intensificar la prevención de la trata de personas. La mayor parte de los agentes políticos han limitado su interpretación de la prevención a terminar con la demanda y la oferta de servicios y bienes de víctimas de la trata. Es creencia general que terminar con la demanda de servicios sexuale llevará a terminar con la trata.

A pesar de los objetivos estratégicos de la UE que se basan en una interpretación más amplia de la demanda, las leyes y decisiones políticas que buscan penalizar a los clientes de las trabajadoras sexuales demuestran que esos objetivos son aplicados de forma excepcional al conjunto de la industria del sexo.

Sin embargo, dada la amplitud de la definición de trata, las medidas destinadas a disuadir la demanda deberían reflejar la extensión y la gravedad de todos los fines por los que las personas son víctimas de trata, incluyendo, por ejemplo, la industria de la construcción, la agricultura, el procesamiento de alimentos, el trabajo doméstico y el cuidado de dependientes. A pesar de la evidencia de que la trata y el trabajo forzado son alentados por la demanda de mano de obra barata, poco preparada y fácilmente desechable combinada con las políticas de inmigración crecientemente restrictivas y la falta de protección laboral para los trabajadores inmigrantes, las decisiones políticas no están buscando atajar estos determinantes estructurales de la trata y el trabajo forzado.

De 2012 a 2015 no ha habido decisiones por parte de la UE para impulsar leyes de despenalización como una estrategia para combatir la trata y mejorar la situación de las trabajdoras sexuales en Europa.

TAMPEP tambíén ha tenido conocimiento de un aumento en las iniciativas de financiación por parte de la UE y otros donantes de las actividades antitrata y abolicionistas, aunque raramente de grupos dirigidos por trabajadoras sexuales o de proveedores de servicios con un enfoque del tema basado en la defensa de los derechos humanos.

 

El abolicionismo y el modelo sueco

Los grupos de presión feministas abolicionistas, como el Lobby de Mujeres Europeas y Equality Now, se están volviendo más fuertes y más influyentes, y han sido fuertemente financiados en el curso de los actuales debates e intereses políticos en torno a la trata de mujeres con fines de explotación sexual y prostitución. Las feministas y organizaciones abolicionistas a menudo defienden el modelo sueco, que se ha convertido en una peligrosa tendencia en Europa y en el mundo.

El modelo sueco —un modelo legislativo creado en Suecia en 1999— tiene por fin reducir la incidencia de la prostitución, no grarantizar condiciones de trabajo seguras para las trabajadoras sexuales. Esta iniciativa legislativa penaliza a los clientes de las trabajadoras sexuales y considera a todas las personas que practican comercio sexual como víctimas.

En Europa, varios estados han introducido (Noruega, Islandia e Irlanda del Norte) o intentado aplicar (Francia y Escocia) medidas legales para implantar la penalización del trabajo sexual o la compra de servicios sexuales, sin tener en cuenta las consecuencias negativas que la penalización de los clientes tiene para las trabajadoras sexuales .

 

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Las trabajadoras sexuales suecas observan que la penalización ha llevado a que haya menos tiempo para negociar las condiciones de trabajo y la seguridad del entorno de trabajo. Las trabajadoras sexuales de interior ya no pueden pedir a sus clentes informaciones tales como el nombre y el número de teléfono, y no tienen tiempo para negociar los servicios que van a proporcionar, lo que afecta a su seguridad.

Las trabajadoras sexuales de calle son las más afectadas. Se ven empujadas a trabajar en las afueras de las ciudades, en zonas menos visibles y accesibles, donde la policía no pueda sorprender a sus clientes. Tienen menos probabilidades de establecer contacto con los servicios de ayuda.

El modelo sueco está basado en la ideología y no en la evidencia. Cuando los clientes corren el riesgo de ser detenidos, la prostitución se vuelve automáticamente clandestina.

Como señalan las trabajadoras sexuales activistas y sus aliados, la penalización del cliente socava la autodeterminación de las trabajadoras sexuales, las lleva a la clandestinidad y refuerza el estigma y la discriminación que ya margina a esa población.

Además, el modelo sueco y las cruzadas antitrata/prostitución han puesto los modelos holandés y alemán bajo escrutinio.

Aunque ciertamente existen problemas con los actuales enfoques reguladores en países como Holanda y Alemania, el enfoque regulador no deslegitima el trabajo sexual ni pretende abolirlo como hace el modelo sueco.

Las campañas y el lobby político abolicionistas han estado recibiendo cada vez más atención de los medios de comunicación y más apoyo político, a pesar de la creciente evidencia de que la penalización de los clientes o de las trabajadoras sexuales lo único que hace es aumentar la vulnerabilidad y desde luego no combate la violencia y el abuso en la industria del sexo.

Los defensores de la penalización de los clientes o del trabajo sexual en su conjunto desean despreciar las experiencias y puntos de vista de aquellas personas directamente afectadas: las propias trabajadoras sexuales, bajo pretexto de proteger a las mujeres.

Las trabajadoras sexuales están notablemente ausentes de las conferencias organizadas para discutir las políticas penalizadoras. Los abolicionistas en la Europa actual rechazan el término “trabajo sexual” así como la idea de que el trabajo sexual es trabajo e ignoran y persistentemente ignoran y excluyen las voces de aquellas personas que trabajan en la industria del sexo.

 

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Actuación policial y represión

Las trabajadoras sexuales en Europa suelen ser detenidas en las calles, burdeles, parques y otros lugares de trabajo. Las trabajadoras sexuales de calle, sin embargo, son las que con mayor frecuencia son objeto de medidas de aplicación de la ley. Las trabajadoras sexuales de interior también han sido el objetivo en operaciones de redada y en el cierre de lugares de trabajo con fines de investigación. Estas prácticas privan a las trabajadoras sexuales de sus ingresos.

Tradicionalmente, las trabajadoras sexuales inmigrantes, especialmente las que carecen de documentación o trabajan en situación irregular, experimentan los mayores niveles de violencia y abuso por parte de la policía y de personas que se hacen pasar por clientes.

Esto arroja luz sobre el hecho de que las leyes nacionales han estado fusionando las actuaciones policiales dirigidas contra la inmigración con las dirigidas contra la prostitución con el propósito de detener y deportar a las inmigrantes (por ejemplo, deportaciones de trabajadoras sexuales chinas en París en 2014 e intento de Suecia de deportar a trabajadoras sexuales de la Unión Europea, a pesar de la ilegalidad de estas prácticas policiales) .

La red TAMPEP ha estado observando estas violaciones de derechos de las trabajadoras sexuales e informando de ellas, sobre todo de las de trabajadoras sexuales inmigrantes, desde su creación, en 1993. TAMPEP cree que la mejor herramienta para luchar contra las violaciones de derechos es la defensa de esos derechos y las reformas legal y política.

 

Salud pública

Las trabajadoras sexuales encuentran importantes obstáculos cuando intentan acceder a servicios de prevención, tratamiento y asistencia sanitarios, debido sobre todo al estigma, la discriminación y la penalización. Las crecientes represión y penalización estatales del trabajo sexual ha hecho a las trabajadoras sexuales más vulnerables al VIH y las ETS. Las han obligado a trabajar en espacios clandestinos, reduciendo su acceso a la atención sanitaria y a medidas de prevención, y han socavado su dignidad. Estos problemas son habitualmente mayores para las trabajadoras sexuales inmigrantes, en particular si están indocumentadas. Evitan el acceso a los servicios sociales y de atención sanitaria por miedo a ser registradas y/o deportadas.

Las pruebas obligatorias de salud sexual son todavía practicadas y exigidas legalmente por algunos países europeos (como Hungría y Latvia). Estos procedimientos a menudo vulneran los derechos a la confidencialidad y la privacidad de las trabajadoras sexuales. La penalización de la transmisión del VIH también supone riesgos severos para los grupos vulnerables, en la medida en que disuade a las trabajadoras sexuales de hacerse pruebas y acudir a los servicios de salud.

Más aún, un gran número de organizaciones de lucha contra el VIH y de defensa de la salud pública, incluyendo la OMS y ONUSIDA, han advertido a los agentes políticos de los peligros sanitarios de la penalización de las trabajadoras sexuales y/o de sus clientes. Citamos el Grupo Asesor de ONUSIDA sobre VIH y trabajo sexual en su informe de 2011 que acompaña a la Guía de ONUSIDA sobre VIH y trabajo sexual de 2009:

“Los estados deberían evitar la penalización del trabajo sexual o de actividades relacionadas con el mismo. La despenalización del trabajo sexual debería incluir la derogación de los castigos penales por comprar y vender sexo, gestionar trabajadoras sexuales y burdeles, y otras actividades relacionadas con el trabajo sexual”.

Las actuaciones dirigidas por las trabajadoras sexuales deben tener un papel central en la mejora de la defensa frente al VIH y es crucial escuchar a las trabajadoras sexuales. Las trabajadoras sexuales experimentan de primera mano los efectos de las leyes y las prácticas lesivas de aplicación de las mismas que violan sus derechos humanos y obstaculizan los avances en la lucha contra el VIH. Sin embargo, la cobertura de prevención del VIH se estima que alcanza a menos de una tercera parte de todas las trabajadoras sexuales de la región. La financiación para intervenciones en trabajo sexual y VIH está disminuyendo, a pesar de la evidencia de su efectividad.

TAMPEP continúa llamando la atención en varios foros de la UE sobre las necesidades de las trabajadoras sexuales para garantizar que dichas necesidades, incluyendo las de las trabajadoras sexuales inmigrantes, sean tenidas en cuenta en los programas relacionados con la prevención, la atención y el tratamiento del VIH.

 

Homo y transfobia

Otras leyes han empeorado también la situación de los trabajadores sexuales masculinos y transexuales, en particular en la Europa Central y del Este, incluyendo los países de la CEI. Las leyes antihomosexualidad en países como Rusia y Ucrania provocan más homofobia y transfobia en la sociedad y menos aceptación social de las personas LGBTI, lo que afecta específicamente a los trabajadores sexuales masculinos y trans. Tener que hacer frente a múltiples formas de estigmatización y despenalización a menudo priva a estos grupos de sus derechos humanos fundamentales.

La homofobia de la sociedad, las leyes contra la homosexualidad y la ausencia de protección legal frente a la discriminación son importantes obstáculos para los trabajadores sexuales masculinos y transexuales a la hora de acceder a los servicios de salud y de información relacionados con el sexo.

 

Comentarios de TAMPEP sobre las políticas en relación a la prostitución en la Europa actual

A TAMPEP le preocupa que las actuaciones contra las trabajadoras sexuales, en particular las inmigrantes, se vean legitimadas mediante el encuadre del trabajo sexual como un problema que implica criminales organizados y “esclavas sexuales”.

Los determinantes estructurales y las leyes que afectan negativamente a las trabajadoras sexuales, tanto nacionales como inmigrantes, y a la industria del sexo como un todo, no están siendo consideradas como de importancia central cuando se trata de las vulnerabilidades de las trabajadoras sexuales (incluyendo la explotación sexual y la trata).

TAMPEP reafirma que las medidas tomadas por los estados miembros de la UE en su lucha contra la trata a menudo se convierten en estrategias antiprostitución (por ejemplo, operaciones de redada) y antiinmigración (por ejemplo, controles fronterizos más estrictos). Las trabajadoras sexuales inmigrantes, especialmente aquellas sin papeles, están bajo amenaza constante de ser detenidas y deportadas. La violencia ejercida contra esta población ha sido también demostrada por varios informes financiados por la UE .

 

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Este enfoque de lucha contra la trata, que ha influído en la política de la UE, oscurece tanto la relación entre política de inmigración y “trata” como la relación entre política de prostitución y trabajo forzado en la industria del sexo .

Está siendo necesario clarificar a los que toman las decisiones políticas y a los políticos en general las diferencias existentes entre trata y trabajo sexual, tanto en la ley como en la práctica. Aunque las consecuencias negativas para las trabajadoras sexuales de la lucha contra la trata no resultan políticamente interesantes para algunos miembros del Parlamento europeo, la ineficiencia al abordar el problema y proteger los derechos de las víctimas puede ser una estrategia que han adoptado.

La fusión de trabajo sexual y trata ha alcanzado niveles desproporcionados en el debate político y en los medios. TAMPEP promueve de forma consistente la visibilidad de las trabajadoras sexuales como un modo de desmantelar las teorías de la victimización y hacer patente la situación de las trabajadoras sexuales en Europa. Más aún, TAMPEP cree que las trabajadoras sexuales pueden ser grandes aliadas en la lucha contra la trata en la medida en que podrían detectar a las auténticas víctimas si ellas mismas no fueran tan a menudo penalizadas y desautorizadas.

 
La posición de TAMPEP

Poner de manifiesto y pormenorizar las violaciones de los derechos humanos que experimentan las trabajadoras sexuales parece no haber sido suficiente para impedir los modos conservadores de entender la industria del sexo y sus trabajadoras.

A la vista de las continuas regulaciones abusivas del trabajo sexual y de un clima de políticas sociales represivas, redes feministas y de inmigrantes, compañeros políticos, aliados y otras partes interesadas urgen a la sociedad civil para que emprenda una acción integrada en defensa de las trabajadoras sexuales que garantice el reconocimiento y protección de sus derechos y combata las leyes y prácticas discriminatorias.

Reafirmamos nuestro compromiso de luchar contra la penalización del trabajo sexual y el modelo sueco e invitamos a compañeros y aliados de toda Europa a unirse a nosotros en la lucha por garantizar a todas las trabajadoras sexuales el disfrute de sus derechos humanos en Europa.

 

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NSWP responde a la propuesta de Amnistía Internacional sobre el trabajo sexual

 

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NSWP ha respondido al anteproyecto de política hacia el trabajo sexual de Amnistía Internacional (AI). AI está llevando a cabo una consulta global entre sus miembros en referencia al trabajo sexual. El anteproyecto propone la despenalización del trabajo sexual consensuado entre adultos.

Si los miembros de AI votan a favor de adoptar esta política, Amnistía Internacional se unirá a la creciente lista de organizaciones internacionales que la apoyan y que piden la despenalización del trabajo sexual. La Comisión Global sobre VIH y Legislación, ONUSIDA, OMS, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW) y el Observatorio de Derechos Humanos han reclamado o defienden todos ellos la despenalización del trabajo sexual. Las recomendaciones a favor de la despenalización del trabajo sexual se basan en una robusta base de evidencias que muestra que la política basada en los derechos es clave para asegurar el respeto a los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

http://www.nswp.org/news-story/nswp-responds-amnestys-draft-policy-sex-work

http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/AI_%20IS_NSWP_Global_Policy_Consultation_Response.pdf

 

Estimado Salil                                                          25 de marzo de 2014

A la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP) le gustaría aprovechar esta oportunidad de contribuir a la discusión acerca de la propuesta de política hacia el trabajo sexual de Amnistía Internacional. Los miembros de NSWP comprenden más de 180 organizaciones de trabajadoras sexuales en más de 60 países de todo el mundo, incluyendo redes locales, regionales y nacionales. Nuestras redes regionales en el Sur Global y el Norte Global representan respectivamente un número importante de trabajadoras sexuales que hacen campaña de forma activa por la plena despenalización del trabajo sexual.

El año pasado, NSWP publicó la “Declaración de Consenso Global sobre Trabajo Sexual, Derechos Humanos y Legislación” en nombre de los miembros de NSWP y de las trabajadoras sexuales a las que representan. La declaración de consenso esboza ocho derechos que están establecidos en varios tratados internacionales de derechos humanos, así como en constituciones nacionales. NSWP y otros grupos de justicia social argumentan que los estados son responsables de proteger proactivamente los derechos fundamentales y adoptar medidas que ayuden a proteger, respetar y hacer cumplir estos derechos para todos.

Derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales:

1. Derecho a asociarse y organizarse

2. Derecho a ser protegidas por la ley

3. Derecho a verse libres de violencia

4. Derecho a no ser discriminadas

5. Derecho a la privacidad y a verse libres de interferencias arbitrarias

6. Derecho a la salud

7. Derecho a viajar y a emigrar

8. Derecho a trabajar y a elegir empleo libremente

NSWP apoya ampliamente la propuesta de política hacia el trabajo sexual de Amnistía Internacional; sin embargo, nos gustaría llamar la atención del Secretariado Internacional sobre algunos puntos fundamentales. Estos puntos resaltan algunas lagunas en la propuesta y abordan la ambigua noción de ‘despenalización parcial’ que, aunque no se hace referencia explícita a ella en el sumario de la propuesta, es presentada como una opción política en el ‘Formulario de respuesta a la consulta’ de Amnistía Internacional del Reino Unido. De tal forma que creemos que Amnistía Internacional del Reino Unido tiene la obligación y la responsabilidad de presentar a sus miembros una revisión equilibrada de la evidencia que sustente todas y cada una de las opciones que son sometidas a consideración.

Los siguientes puntos serían, en nuestra opinión, la cristalización de algunos de los razonamientos hechos en la propuesta de política:

• La consideración de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales en los marcos legales que penalizan cualquier aspecto del trabajo sexual de adultos, incluyendo a terceras partes

• El aumento del estigma y la discriminación experimentados por las trabajadoras sexuales en entornos en los que la compra de sexo ha sido penalizada (el así llamado ‘modelo nórdico’)

Con relación a la consideración de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, a NSWP le gustaría llamar la atención de Amnistía Internacional sobre el reciente Informe Mundial 2014 del Observatorio de Derechos Humanos1. El informe es una revisión anual de las prácticas de derechos humanos en todo el mundo. Resume los temas clave de derechos humanos en más de 90 países y territorios de todo el mundo, recogiendo hechos ocurridos hasta noviembre de 2013. El informe pone de manifiesto violaciones de derechos humanos perpetradas contra trabajadoras sexuales en Camboya, China, Vietnam, Grecia, Líbano y los Estados Unidos. Los abusos de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales incluyen detención arbitraria (Camboya), redadas punitivas, pruebas forzadas de VIH, violaciones de la intimidad, maltratos por profesionales sanitarios (China), rehabilitación forzada de trabajadoras sexuales (Vietnam), detención y prueba forzada de VIH de supuestas trabajadoras sexuales (Grecia), sometimiento de trabajadoras sexuales (junto a usuarios de drogas y personas LGBT) bajo custodia por las fuerzas de seguridad a malos tratos y tortura (Líbano), y uso de condones como prueba de trabajo sexual (Estados Unidos). El informe reclama la despenalización del trabajo sexual entre adultos en reconocimiento del hecho de que allí donde el trabajo sexual es penalizado (incluyendo la penalización de los clientes), dicha penalización permite que ocurran abusos y violaciones de los derechos humanos a causa del estigma y la discriminación, que hacen que las trabajadoras sexuales sean consideradas ciudadanas de segunda clase que no merecen ni siquiera los derechos humanos básicos.

Uno de los valores centrales de NSWP que busca abordar el daño que las trabajadoras sexuales sufren en entornos en los que cualquier aspecto del trabajo sexual es penalizado es: oposición a todas las formas de penalización y otras formas de opresión legal del trabajo sexual (incluyendo a trabajadoras sexuales, clientes, terceras partes, familias, parejas y amigos). El término ‘terceras partes’ incluye gerentes, propietarios de burdeles, recepcionistas, camareras, conductores, arrendadores, hoteles que alquilan habitaciones a trabajadoras sexuales y cualquier otra persona que se considere que está facilitando el trabajo sexual.

El debate en torno a las terceras partes ha sido caracterizado por una deliberada falta de matización (y, ciertamente, de claridad) por aquellos que buscan penalizar el trabajo sexual. NSWP puso de manifiesto en una reciente nota 2 que el debate en torno a la penalización de terceras partes se ha centrado en palabras como “proxeneta”, que NSWP no usa por varias razones. Sobre todo, porque el término evoca un estereotipo claramente racializado. Los grupos de presión del Norte Global buscan acallar las voces de las trabajadoras sexuales, sobre todo en el Sur Global, con campañas extremadamente emotivas y ofensivas diseñadas para silenciar a las trabajadoras sexuales. Este silenciamiento se hizo evidente cuando los activistas contra el trabajo sexual crearon el hashtag de twitter #questionsforamnesty, con la intención de debilitar a Amnistía Internacional y a la reclamación de respeto de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. La penalización de las terceras partes afecta a las trabajadoras sexuales de muchas maneras:

• La penalización de los lugares de trabajo de las trabajadoras sexuales (y de las terceras partes que los dirigen) expone a las trabajadoras sexuales a mayor riesgo de transmisión del VIH, en contravención de la Recomendación 200 de la OIT;

• La penalización de los gerentes fuerza a las trabajadoras sexuales a trabajar con menor seguridad;

• Las trabajadoras sexuales son procesadas en aplicación de leyes contra terceros, utilizando los condones como prueba, lo que pone en riesgo la salud de las trabajadoras sexuales.

• Las trabajadoras sexuales pueden ser a la vez trabajadoras sexuales y terceras partes, y ser así procesadas en aplicación de leyes contra terceros cuando el estado busca perseguir a las trabajadoras sexuales: por ejemplo, si dos trabajadoras sexuales están trabajando juntas por seguridad, se convierte cada una de ellas en ‘tercera parte’ de la otra;

• Los hijos o parejas de las trabajadoras sexuales son procesados como terceras partes, en contravención del artículo octavo de la Convención de derechos humanos de la ONU, que garantiza el derecho a la privacidad y a la vida en familia;

• Los agentes de la ley usan las leyes contra las terceras partes para acosar a las trabajadoras sexuales, persiguiendo a aquellos a los que se aplican las leyes contra terceros —tales como arrendadores— y haciendo así que las trabajadoras sexuales vivan en un estado de inseguridad de alojamiento.

Para reiterar las recomendaciones de las principales agencias internacionales: “Las leyes que directa o indirectamente criminalizan o penalizan a las trabajadoras sexuales, a sus clientes o a las terceras partes, […] pueden debilitar la efectividad de los programas de salud sexual y de lucha contra el VIH, y limitar la capacidad de las trabajadoras sexuales y de sus clientes de buscar estos programas y beneficiarse de ellos”.3

Los ejemplos de abusos de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y la explicación de las formas en que la penalización de terceros afecta a las trabajadoras sexuales sirven para ilustrar cuán precarios son los derechos humanos de éstas. Es la firme creencia de NSWP que la total despenalización del trabajo sexual es la mejor manera posible de proteger y promover los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

Nos gustaría llamar la atención del Secretariado Internacional sobre las consecuencias del así llamado ‘modelo sueco’, tal y como son relatadas por las propias trabajadoras sexuales y por los informes de varias autoridades oficiales. En Suecia, los investigadores del trabajo sexual informan rutinariamente de los altos niveles de estigma que deben afrontar las trabajadoras sexuales. El gobierno sueco proclamó los altos niveles de estigma de aquellas implicadas en el trabajo sexual como un ‘resultado positivo’. El Defensor de la Igualdad sueco escribió, en un informe publicado en octubre de 2010 que encontraban esto “digno de mención”. Los niveles aumentados de estigma tienen serias implicaciones para las trabajadoras sexuales, que a menudo se sienten desalentadas a la hora de buscar ayuda de la policía  y asistencia de los servicios sociales y sanitarios.5

El ‘modelo nórdico’ asegura que los niveles de trabajo sexual desminuirán en la medida en la que la penalización de los clientes llevará a una menor ‘demanda de servicios sexuales’. Investigación independiente realizada sobre estas leyes ha mostrado que no son efectivas para reducir el número de mujeres implicadas en trabajo sexual. En cambio, “las trabajadoras se han limitado a cambiarse a pisos, a internet y a países vecinos”.6

Además de estos hallazgos, un reciente informe de la policía sueca sobre trata de seres humanos reveló que, por ejemplo, el número de salones de masaje Thai (que son conocidas tapaderas de negocios de trabajo sexual) ha aumentado. El número de trabajadoras sexuales de Lituania y Rumania (entre trabajadoras sexuales de otros países) que habían o bien emigrado por su propia voluntad o bien sido introducidas en Suecia por trata o tráfico había aumentado también en los años 2010 y 2011.7 

La penalización de la compra de servicios sexuales tiene implicaciones negativas para la seguridad de las trabajadoras sexuales. Por ejemplo, en un entorno despenalizado, los clientes de las trabajadoras sexuales no tienen motivo para ocultar información (tal como números de teléfono, nombres completos o direcciones) a las trabajadoras sexuales con las que se reúnen. En el contexto de penalización del ‘comprador de sexo’, es más probable que los clientes oculten la información que las trabajadoras sexuales necesitan para su seguridad a fin de impedir que la policía use tal información. En Suecia, el Consejo Nacional de Policía ha encontrado que la ley que penaliza a los clientes es un obstáculo para procesar a aquellos que explotan el trabajo sexual de otros. Antes se podía confiar en los compradores de sexo como testigos, pero este no es ya el caso en la medida en que ahora ellos mismos son culpables de cometer un delito. Por otra parte, las trabajadoras sexuales están ahora atrapadas en una posición ambigua con respecto a la ley. Vender sexo no es un delito, pero ya que comprar servicios sexuales sí lo es, la trabajadora sexual puede ser presentada como testigo durante el proceso judicial. No tiene, por tanto, ni los derechos del acusado ni los derechos de la víctima. El informe del Consejo de Policía discute también el hecho de que las trabajadoras sexuales son ahora sometidas rutinariamente a registros e interrogatorios invasivos, de forma que las pruebas contra los clientes puedan ser obtenidas in fraganti”.8

En conclusión, nos gustaría reiterar algunas de las principales razones 9 por las que el movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales hace campaña por la total despenalización del trabajo sexual.

La despenalización del trabajo sexual:

Promueve condiciones de trabajo seguras – Las trabajadoras sexuales pueden trabajar juntas por seguridad, comunicarse abiertamente con los clientes o gerentes sin temer constantemente el acoso de la policía o algo peor. En Nueva Zelanda, la despenalización del trabajo sexual durante la última década ha ayudado a promover los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales. El Tribunal de Revisión de Derechos Humanos de Nueva Zelanda dictó una resolución histórica 10

en enero de 2014 sobre la violación de los derechos humanos de una mujer en un burdel de Wellington en la que estaba empleada. La mujer presentó una querella contra el gerente y el propietario del burdel después de que el gerente la acosara sexualmente y la intimidara. La querella fue admitida y a la mujer se la reconocieron daños sustanciales.

Aumenta el acceso a los servicios de salud y reduce el riesgo de las trabajadoras sexuales frente al VIH y las ETS – Las trabajadoras sexuales se ven frecuentemente expuestas al VIH y a las ETS y tienen muchas probabilidades de infectarse. Las trabajadoras sexuales a menudo no están en condiciones de controlar estos factores de riesgo a causa del entorno legal, político y social en el que trabajan. 11 Por ejemplo, en muchos territorios la policía usa la presencia de condones como prueba de actividad sexual; por ejemplo, para probar que alguien es ‘propietario de burdel’. Si los condones son usados como prueba para llevar a cabo procesamientos por cualquier cargo relacionado con el trabajo sexual, se desincentiva fuertemente tener suministro disponible de los mismos y se penaliza de hecho su posesión, lo que afecta a la capacidad de las trabajadoras sexuales de protegerse a sí mismas. Esto va contra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que llama a los países a ‘estimular la creación de “lugares de trabajo seguros” y la disponibilidad de preservativos en todos los locales de trabajo sexual’ y a ‘terminar con la práctica de los agentes de la ley de usar los condones como prueba de trabajo sexual’..12

Aumenta el acceso de las trabajadoras sexuales a la justicia– La despenalización aparta las principales barreras que obstaculizan la denuncia por parte de las trabajadoras sexuales de violaciones y otros crímenes de los que son víctimas, en la medida en que como trabajadoras sexuales en entornos criminalizados a menudo temen ser detenidas o castigadas de otros modos (por ejemplo, perdiendo la custodia de sus hijos). Hará también más difícil que la violencia contra las trabajadoras sexuales sea cometida con impunidad.

Reduce el abuso y la violencia de la policía–Los policías son frecuentemente los perpetradores de abusos contra las trabajadoras sexuales. En los lugares donde el trabajo sexual está penalizado,  la policía ejerce poder sobre las trabajadoras sexuales en forma de amenazas de detención y humillación pública. En Sudáfrica y Uganda, por ejemplo,  la policía a menudo hace desfilar en público a las sospechosas de ser trabajadoras sexuales, obligándolas a llevar condones hinchados alrededor del cuello.13

Ayuda a combatir la explotación y la coacción cuando tienen lugar– La Nota Orientativa de ONUSIDA sobre VIH y Trabajo Sexual declaraba que “las mismas trabajadoras sexuales son a menudo las que están en mejor situación para saber quién está siendo víctima de trata en sexo comercial y por quién, y están particularmente motivadas para trabajar por acabar con tales prácticas odiosas”.14

La penalización del trabajo sexual puede impedir los esfuerzos contra la trata que llevan a cabo las organizaciones de trabajadoras sexuales y hacer más fácil la errónea categorización de las trabajadoras sexuales como personas víctimas de trata. Muchas medidas antitrata son usadas deliberadamente para desbaratar negocios legítimos de trabajo sexual y con regularidad usan descaradamente una retórica antiinmigratoria. Las iniciativas antitrata deben estar probadamente fundadas en los principios de los derechos humanos y no deben afectar negativamente a los derechos de las trabajadoras sexuales.

 

Le saluda atentamente,

Ruth Morgan Thomas

Coordinadora Global

 

 

La despenalización de terceros.

Informe de NSWP

 

Cuando mi jefe es penalizado, no puedo llevar condones conmigo al trabajo”.

 

http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/thirdparties3_0_0.pdf

 

El movimiento global por los derechos de las trabajadoras sexuales reclama la plena despenalización del trabajo sexual, incluída la despenalización de terceros. El movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales cree que la despenalización ayudará a las trabajadoras sexuales a organizarse para extirpar la explotación, la opresión y la violencia y para luchar contra condiciones de trabajo desleales o abusivas instituídas por los agentes estatales y no estatales. Etiquetar la despenalización como un intento de legalizar “proxenetas y propietarios de burdeles” no ayuda a las trabajadoras sexuales en la lucha por sus derechos y por la justicia.

NSWP usa el término “terceros” porque este término reconoce las muy diversas relaciones de trabajo con terceras partes que tienen las trabajadoras sexuales. Por el contrario, el término “proxeneta” es estigmatizante tanto por presentar un estereotipo racializado (y limitado en la medida en que sólo abarca una forma de relación de trabajo con terceros) como por posicionar a las trabajadoras sexuales como víctimas en vez de como trabajadoras.

En realidad, las trabajadoras sexuales tienen una amplia variedad de relaciones con terceros. Las trabajadoras sexuales pueden ser empleadas, empleadoras, o participar en una gama de otras relaciones de trabajo, por ejemplo, pagando a alguien para que les haga la publicidad. Aunque planteadas como destinadas a controlar las relaciones de trabajo de las trabajadoras sexuales, las leyes contra terceros pueden ser usadas también para controlar las relaciones personales de las trabajadoras sexuales.

En relación a esto, la postura fundamental de NSWP es: “oposición a todas las formas de penalización y a cualquier otra opresión legal del trabajo sexual (incluyendo a las trabajadoras sexuales, a los clientes, a las terceras partes[1], a las familias, a las parejas y a los amigos)”. Todas las organizaciones miembros de NSWP en todo el mundo han firmado esta postura fundamental.

Este texto proporcionará una visión general de cómo los marcos legales que penalizan a terceros dañan a las trabajadoras sexuales, centrándose en las siguientes áreas principales:

  • Cómo la penalización de los lugares de trabajo de las trabajadoras sexuales (y de los terceros que los dirigen) expone a las trabajadoras sexuales a un mayor riesgo de transmisión del VIH, en contravención de la recomendación 200 de la OIT. 
  • Cómo la penalización de los gerentes obliga a las trabajadoras sexuales a trabajar de forma más insegura, y cómo la despenalización de los gerentes ha permitido a las trabajadoras sexuales combatir las condiciones de trabajo abusivas y rehusar a los clientes que no quieren ver. 
  • Cómo las trabajadoras sexuales son perseguidas en aplicación de las leyes contra terceros, usando los condones como prueba, lo que supone un riesgo para su salud. 
  • Cómo las trabajadoras sexuales pueden ser a la vez trabajadoras sexuales y terceras partes, y así ser perseguidas en aplicación de las leyes contra terceros cuando el Estado quiere perseguir a las trabajadoras sexuales; por ejemplo, si dos trabajadoras sexuales están trabajando juntas por seguridad, cada una de ellas es un “tercero” para la otra. 
  • Que los hijos o parejas de las trabajadoras sexuales son perseguidas como terceros, en contravención del artículo octavo de la Convención de Derechos Humanos de la ONU, que garantiza el derecho a la privacidad y a la vida en familia. 
  • Cómo la policía usa las leyes contra terceros para acosar a las trabajadoras sexuales, persiguiendo a aquellos que caen bajo las leyes contra terceros, como por ejemplo los caseros, haciendo que las trabajadoras sexuales vivan en un estado de inseguridad en cuanto a la vivienda. 

Lugares de trabajo y VIH

La recomendación 200 de la OIT, que se aplica a las trabajadoras sexuales, señala “el importante papel que juega el lugar de trabajo en relación a la información y al acceso a la prevención, tratamiento, cuidados y apoyo en la respuesta nacional al VIH y al SIDA”. La OIT recalca que el papel del lugar de trabajo resulta más crucial cuando los trabajadores forman parte de grupos de riesgo (“especialmente en las ocupaciones que están más expuestas”), como ocurre con las trabajadoras sexuales.

La OIT afirma que “la prevención por todos los medios de la transmisión del VIH debería ser una prioridad fundamental; los trabajadores, sus familias y los que dependen de ellos deberían tener acceso  a la prevención, tratamiento, cuidados y apoyo en relación al VIH y al SIDA y beneficiarse de ellos, y el lugar de trabajo debería jugar un papel en la facilitación del acceso a estos servicios”,

Más aún, afirma, lo que tiene particular relevancia para las trabajadoras sexuales, que a los trabajadores se les debe dar “acceso a todos los métodos de prevención, incluidos, entre otros, la disponibilidad garantizada de los medios necesarios, en particular preservativos masculinos y femeninos y, si procede, información sobre su utilización correcta, y acceso a medidas de profilaxis posterior a la exposición”.

La recomendación 200, al reclamar que los trabajadores tengan el derecho al acceso a lugares de trabajo que proporcionen protección en el lugar de trabajo frente a la transmisión del VIH (así como apoyo y atención sanitaria relevante para los trabajadores que vivan con VIH),  y al reconocer que las trabajadoras sexuales están incluídas en la recomendación, hace resaltar que la comunidad internacional ha aceptado ya que a) las trabajadoras sexuales merecen protección en el lugar de trabajo frente al VIH y b) que la programación basada en derechos (en lugar de en penalización) es el modo de proporcionar esta protección en el lugar de trabajo.

La penalización de las terceras partes limita directamente el acceso de las trabajadoras sexuales a lugares de trabajo seguros. En Corea del Sur, donde los gerentes y los clientes están penalizados, las trabajadoras sexuales sufren los efectos de esta penalización. Los locales de trabajo sexual de interior tales como burdeles o salones de masaje se niegan a proporcionar condones, ya que éstos pueden ser usados por la policía como prueba de que se hace trabajo sexual, penalizando así al gerente. Por tanto, el deseo del gerente de no ser perseguido está en conflicto con su capacidad de proporcionar protecciones adecuadas en el lugar de trabajo y, como resultado, los investigadores estiman que hay un gran incremente en las enfermedades de transmisión sexual —incluído el VIH— desde la implementación de la ley.

En los EE.UU., el uso por las fuerzas de policía de los condones como prueba ha sido defendido por algunos activistas sobre la base de que ello proporciona una útil herramienta con la que combatir a los “proxenetas”. Obviamente, esta política tiene serias implicaciones para la capacidad de todas las trabajadoras sexuales radicadas en los EE.UU. de protegerse a sí mismas mientras trabajan; ello demuestra también la confusión existente entre las categorías “tercera parte” y “trabajadora sexual”, confusión que es utilizada para penalizar a las trabajadoras sexuales incluso en contextos en los que, al contrario que en los EE.UU., las trabajadoras sexuales no están directamente penalizadas. En otras palabras, los estados o los agentes estatales que quieren perseguir a las trabajadoras sexuales en contextos en los que las mismas trabajadoras sexuales no están directamente penalizadas, no tendrán más que decir que la trabajadora sexual es una tercera parte, y usar las pruebas de su trabajo sexual (tales como los condones) para respaldar su afirmación.

En Suecia, incluso los proyectos de reducción de daños que distribuyen condones a las trabajadoras sexuales y los clientes “podrían ser percibidos como promotores de la prostitución”, lo que los coloca en una zona gris legal como potenciales ‘terceras partes’[2]. Estos tres ejemplos, de Corea del Sur, Estados Unidos y Suecia, demuestran que en todo el mundo la penalización de terceros impide una respuesta efectiva frente al VIH, en directa contravención de la mejor práctica de salud pública, y de la recomendación 200 de la OIT. Las leyes que criminalizan a las terceras partes ponen en riesgo la salud de las trabajadoras sexuales.

La penalizazión de los gerentes fuerza a las trabajadoras sexuales a trabajar de forma más insegura. 

Muchas trabajadoras sexules —tanto de interior como de calle— prefieren trabajar para alguien. En la India, los terceros son hombres o mujeres que encuentran clientes en la calle y los conducen hasta una trabajadora sexual de interior, a cambio de un porcentaje de los honorarios de la trabajadora. La penalización de esta figura significa que algunas trabajadoras sexuales se ven forzadas a encontrar clientes en la calle por sí mismas, cuando sería más seguro permanecer en el interior. Forzar a las trabajadoras sexuales a trabajar fuera porque la relación que las permite trabajar dentro está penalizada, expone a las trabajadoras al acoso y la violencia debidas al estigma llevada a cabo por parte de algunos individuos. Los gerentes son también cruciales para la seguridad de las trabajadoras sexuales en todos los sectores: el colectivo de trabajadoras sexuales indias VAMP señala: “los propietarios de burdeles juegan un papel clave en la protección de las trabajadoras sexuales frente a la violencia y la coacción”. Penalizar estas relaciones de trabajo reduce la seguridad de las trabajadoras sexuales.

En Nueva Zelanda, donde el trabajo sexual está despenalizado, un estudio destinado a examinar los efectos de la ley encontró pruebas sugerentes de que las trabajadoras sexuales estaban más empoderadas en sus relaciones con los gerentes[3]. Las trabajadoras sexuales indicaron que les era más fácil rechazar a clientes que no querían ver, y se sentían apoyadas en eso por sus gerentes. Más aún, en un marco de despenalización, las leyes laborales se aplican al trabajo sexual, dando a las trabajadoras sexuales derechos laborales y recursos para enfrentarse a los gerentes; derechos y recursos que las trabajadoras sexuales no tienen en un contexto en el que los gerentes son penalizados por la única razón de serlo. Como tal, la despenalización de los gerentes permite a las trabajadoras sexuales trabajar con seguridad en el sector de su elección, y hacer frente a condiciones laborales abusivas o injustas.

Las trabajadoras sexuales son perseguidas bajo las leyes contra terceros 

Las poblaciones de trabajadoras sexuales alrededor del mundo a menudo se solapan en gran medida con otras poblaciones penalizadas o estigmatizadas: por ejemplo, personas LBGTQ,  personas que usan drogas, o migrantes. Como tales, las leyes que son usadas para perseguir a las trabajadoras sexuales no son necesariamente leyes redactadas específicamente para las trabajadoras sexuales. Por ejemplo, las leyes contra la homosexualidad masculina se usan frecuentemente para acosar y penalizar más a trabajadorxs sexuales tanto hombres como (erróneamente) transexuales.

Las leyes contra terceros son por definición leyes que no penalizan directamente a las trabajadoras sexuales; sin embargo, en la práctica estas leyes tanto penalizan directamente a las trabajadoras sexuales como, al contribuir al contexto penalizado en el que las trabajadoras sexuales se ven forzadas a trabajar, aumentan la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales al VIH (como se ha expuesto arriba), a la explotación, al estigma y a la violencia (incluída la violencia de la policía). El tema de la violencia es particularmente relevante en relación a las leyes contra terceros, ya que cualquier trabajadora sexual que desee trabajar con otra persona, por ejemplo por seguridad, estará entrando en una relación de tercera parte.

Como se ha expuesto arriba respecto al tema de los condones como prueba, allí donde los terceros son penalizados y la policía desea perseguir a las trabajadoras sexuales, se difumina la diferencia entre la definición de ‘trabajadora sexual’ y la de ‘tercera parte’. Algunos activistas anti-trabajo sexual han argumentado a favor de seguir usando los condones como prueba, sobre la base de que ello hace más fácil atrapar a los “proxenetas”. Estas campañas anti-trabajo sexual están fusionando deliberadamente a las trabajadoras sexuales con las terceras partes (y apoyando una táctica policial que pone en peligro la salud de las trabajadoras sexuales). Las trabajadoras sexuales y los terceros son tratados como si fueran lo mismo por aquellos que aplican la ley, lo que significa que las trabajadoras sexuales son penalizadas de hecho y sus derechos humanos violados.

Las trabajadoras sexuales pueden ser también terceras partes, y perseguidas bajo las leyes contra las terceras partes, en particular cuando toman medidas para garantizar su seguridad en el trabajo. 

Cualquier trabajadora sexual que trabaje con una amiga, incluso aunque no haya intercambio de dinero entre ellas, se convierte en una ‘tercera parte’. En el Reino Unido, donde el intercambio de sexo o servicios sexuales por dinero no está penalizado en sí mismo, pero sí las terceras partes, las trabajadoras sexuales son perseguidas usando las leyes contra las terceras partes cuando trabajan juntas por seguridad.

Esta persecución es a menudo llevada más allá de lo que puede ser considerado razonable, demostrando hasta qué punto el Estado desea usar las leyes contra terceros para acosar a las personas que sabe que son trabajadoras sexuales. En 2009, el servicio de procesamiento de la corona del Reino Unido realizó el procesamiento de una trabajadora sexual bajo las leyes contra los propietarios de burdeles, a pesar del hecho de que había estado trabajando con otra mujer por seguridad tras sufrir violencia en el pasado, y a pesar del hecho de que padecía cáncer. Al estar luchando contra una enfermedad potencialmente fatal y ser procesada por un delito no violento, el que no se interrumpiera el procesamiento fue una violación de las propias directrices del CPS relativas a los contextos razonables en los que llevar a cabo causas penales. Las trabajadoras sexuales son, pues, directamente penalizadas  bajo las leyes contra terceros, en la medida en que agentes estatales que deseen acosar legalmente a las trabajadoras sexuales las procesarán bajo las leyes contra terceros.

Los miembros de las familias de las trabajadoras sexuales son acosados bajo las leyes contra terceros. 

En la India, la Ley de Prevención de Trata Inmoral penaliza a los hijos adultos de las trabajadoras sexuales (como “proxenetas”) si siguien viviendo con sus madres, o si aceptan ayuda financiera de estas, por ejemplo, para pagarles los estudios. El artículo octavo de la declaración de los derechos humanos de las Naciones Unidas garantiza el derecho a la vida privada y familiar, pero en todas partes en las que hay leyes contra terceros, el derecho de las trabajadoras sexuales a la vida privada y familiar es violado en la medida en que parejas e hijos adultos son penalizados por vivir con las trabajadoras sexuales o compartir sus ingresos.

Las leyes contra terceros pueden ser usadas por la policía para impedir el acceso de las trabajadoras sexuales a servicios como la vivienda. 

En Noruega, la ‘Operación Sin Techo’ permitió a la policía acosar a las trabajadoras sexuales —mediante la inseguridad de vivienda implícita en el nombre de la operación— mediante las leyes contra terceros. Bajo las leyes por las que un casero puede ser procesado por vivir de las ganancias de una trabajadora sexual, la policía llamó a los caseros de aquellas que sospechaba que eran trabajadoras sexuales, y les advirtió que o echaban de inmediato a la inquilina o ellos mismos serían procesados. Las trabajadoras sexuales fueron echadas a la calle, en un claro caso de cómo las leyes contra terceros pueden a) facilitar la represión policial de las trabajadoras sexuales, incluso en marcos legales en los que las trabajadoras sexuales mismas no están penalizadas aparentemente, y b) violar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, con consecuencias particularmente negativas sobre la capacidad de las trabajadoras sexuales de proteger su salud (el desahucio repentino de una trabajadora sexual reducirá su poder negociador en el trabajo, con un efecto directo en su capacidad de exigir sexo con protección). Más aún, este acoso es extrajudicial en la medida en que los caseros solo necesitan la amenaza de un procesamiento para que echen a sus inquilinas, y la policía solo necesita sospechar  que una persona es trabajadora sexual para hacer la amenaza.

Así que los derechos de las trabajadoras sexuales son violados cuando las leyes contra terceros penalizan aspectos del trabajo sexual, ya que esas leyes serán invariablemente usadas contra los miembros de la familia y los asociados de las trabajadoras sexuales, así como penalizarán directamente a las trabajadoras sexuales cuando los agentes del Estado que deseen acosar legalmente a una población estigmatizada usen las leyes contra terceros contra las trabajadoras sexuales, ya procesándolas como si fueran terceras partes (como en el ejemplo del Reino Unido) o amenazando con las leyes contra terceros a cualquiera que se asocie con trabajadoras sexuales, a fin de aumentar la marginación social de las trabajdoras sexuales  (por ejemplo, aumentando la inseguridad de vivienda, como en el ejemplo noruego).


[1] El término ‘terceras partes’ incluye gerentes, propietarios de burdel, recepcionistas, empleadas de hogar, conductores, caseros, hoteles que alquilan habitaciones a trabajadoras sexuales y cualquier otra persona que sea vista como facilitadora del trabajo sexual