Así se aprobó la Ley de Prostitución de Nueva Zelanda

 

 

Capítulo del libro Feminism, Prostitution and the State: The Politics of Neo-Abolitionism

editado por Eilis Ward,Gillian Wylie

 

http://bit.ly/2jlRivB

 

En busca de una sociedad justa y libre

La regulación del trabajo sexual en Nueva Zelanda

Por Gillian Abel

 

Introducción

El compromiso con los derechos humanos de todos los ciudadanos es de gran importancia en Nueva Zelanda. El país ha luchado mucho por los derechos humanos y ahora trabaja para mantenerlos.

 

(Barnett, Healy et al 2010: 71)

 

Las trabajadoras del sexo de Nueva Zelanda (NZ) libraron una larga batalla por los derechos humanos y en 2003 vencieron cuando se aprobó la Ley de Reforma de la Prostitución (PRA). Lograr la despenalización del trabajo sexual ha sido problemático en el contexto global, dada la creciente dominación de un discurso neoabolicionista que equipara la prostitución con la trata. Para el resto del mundo, parecía algo sorprendente que este discurso estuviera silenciado en Nueva Zelanda. Los neozelandeses han estado tradicionalmente “cableados” por una preocupación cultural por la justicia y la necesidad de que todos puedan tener una “salida justa” (Bromell 2014). En una interesante comparación de las historias de Nueva Zelanda y los Estados Unidos de América, Fisher (2012) escribió, entre otras cosas, sobre la cuestión de los derechos de la mujer. Mientras que las defensoras de los derechos de las mujeres en los Estados Unidos se concentraron en la libertad y la autonomía en su búsqueda de la igualdad, en NZ la justicia social y política y las nociones de equidad fueron los mensajes clave que resonaron. Esta diferencia no sólo era pertinente a los derechos de las mujeres, sino a todas las cuestiones sociales. Sugirió que esta diferencia se debía a las diferentes formas en que estos países fueron colonizados. Mientras que los EE.UU. se fundaron en el siglo XVII por personas que se consideraban víctimas de la tiranía y la persecución, NZ fue ocupada en el siglo XIX por personas que se sentían víctimas de la injusticia social y la inequidad (Bromell, 2014). En consecuencia, mientras los estadounidenses luchaban por el principio de la libertad y la ausencia de la opresión, los de Nueva Zelanda estaban más concentrados en el principio de justicia y equidad. ¿Podría ser que el contexto cultural de justicia en Nueva Zelanda silenciara la voz neoabolicionista?

Es en el contexto de justicia social y política que Tim Barnett, diputado del Partido Laborista, presentó el proyecto de reforma de la prostitución al Parlamento de Nueva Zelanda en septiembre de 2000. El arquitecto de este proyecto de ley fue el Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelanda (NZPC), una organización de derechos de las trabajadoras sexuales fundada en 1987. El proyecto de ley propuso la derogación de todas las leyes que regulaban las actividades sexuales clandestinas, allanando el camino para una industria sexual despenalizada en Nueva Zelanda. El objetivo declarado del proyecto de ley era despenalizar la prostitución y al hacerlo:

 

  • Salvaguardar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y protegerlas de la explotación;
  • Promover el bienestar y la salud y la seguridad ocupacional de las trabajadoras sexuales
  • Crear un entorno propicio para la salud pública;
  • Proteger a los niños contra la explotación en relación con la prostitución.

El trabajo sexual es un tema polémico y ninguno de los principales partidos políticos (Laborista y Nacional) de Nueva Zelanda estaba preparado para introducir la despenalización como una iniciativa de partido. En cambio, entró en el parlamento como un proyecto de ley de un miembro privado y se dejó a cada diputado votar de acuerdo a su conciencia. Esto significó que el trabajo de persuación (lobbying) estuvo casi exclusivamente confinado a este grupo de personas, es decir, los diputados. No hubo debates públicos sobre este tema, ni manifestaciones ni referéndum público. El público pudo expresar su opinión a través de sugerencias a la Comisión de Justicia y Electoral del Parlamento de NZ, pero en última instancia, la decisión de despenalizar la clandestinidad sexual fue dejada a los parlamentarios. En junio de 2003, después de la lectura final del proyecto de ley, 60 diputados votaron a favor de la despenalización, 59 en contra y uno se abstuvo).

El principio de justicia estableció el escenario para la introducción del proyecto de ley al parlamento, pero como se argumentará en este capítulo, no fue suficiente para mantener su paso a través de las tres lecturas. La libertad tuvo que salir también a colación. Pero no fue libertad en el sentido de ‘liberación de la opresión’, sino que fue libertad de elección y libertad de poder tener una “salida justa”. Sigue habiendo preguntas sobre cómo la voz abolicionista dominante de la “liberación de la opresión” estuvo aparentemente ausente cuando goza de tanto poder en otros países occidentales. ¿Qué hace diferente a NZ? Un análisis del debate que tuvo lugar en el parlamento sobre el proyecto de ley parece un método útil para empezar a abordar esta cuestión.

 

Para analizar cualquier política pública es necesario primero hacer explícito el “problema” antes de analizarlo. Bacchi (2009) sostiene que los “problemas” se crean dentro del proceso de formulación de leyes y que, por lo tanto, los “problemas” pueden ser vistos como moldeados por las leyes y no resueltos por éstas. Ella plantea seis preguntas que deben ser abordadas al analizar cualquier “problema”:

  • ¿Cuál es el ‘problema’ representado?
  • ¿Cuáles son los supuestos que subyacen a la representación del “problema”?
  • ¿Cómo ha llegado a ser representado el “problema” de esta manera?
  • ¿Se puede pensar este “problema” de manera diferente?
  • ¿Qué efectos produce la representación del “problema”?
  • ¿Cómo o dónde se ha producido, difundido y defendido la representación del “problema”?

Carson y Edwards (2011) utilizaron el marco de Bacchi para analizar las leyes de trabajo sexual en Suecia y Victoria (Australia) con un enfoque particular en el “lado de la demanda” del trabajo sexual y su relación con la trata sexual. Sugirieron que esto proporcionaba un modo sistemático de separar los principales temas implicados. El presente trabajo recoge esta sugerencia, pero no pretende hacer comparaciones con ningún otro modo de regulación del trabajo sexual. Lo que sí proporciona es una idea de los argumentos que enmarcan el trabajo sexual en Nueva Zelanda como una ocupación de elección y no como un símbolo de opresión. En el resto de este capítulo, utilizaré las seis preguntas de Bacchi para analizar los debates sobre el proyecto de ley entre octubre de 2000 y junio de 2003.

Antes de emprender el análisis, es necesario posicionarme en el debate sobre la regulación del trabajo sexual ya que el enfoque que aporte al análisis no puede estar libre de valores. Mi posición ante el trabajo sexual se basa en mi compromiso con los principios de justicia social de la salud pública. Gran parte del énfasis de la salud pública en el pasado ha sido minimizar el daño, y este impulso ha estado detrás de los llamamientos para la despenalización del trabajo sexual. Pero cada vez más, la salud pública está reconociendo las cuestiones de derechos humanos asociadas con la penalización de personas que, por propia voluntad, trabajan en la industria del sexo. Los derechos humanos son esenciales para abordar los determinantes subyacentes de la salud (Organización Mundial de la Salud, 2007) y este es el enfoque de la salud pública. Cualquier respuesta al trabajo sexual debe comenzar con los puntos de vista de quienes trabajan en esta industria y todos deben asumir una responsabilidad colectiva en intervenir a través de prácticas y normas de minimización de daños (O’Neill, Beyrer, Crago et al., 2014). La despenalización del trabajo sexual es un ejemplo de política de salud pública eficaz que se desarrolló en colaboración en Nueva Zelanda (Abel, Fitzgerald et al 2010). La filosofía de salud pública de minimización de daños y derechos humanos estuvo en el corazón de este cambio regulatorio. Yo uso los términos “trabajo sexual” y “prostitución” de manera intercambiable en este capítulo dependiendo del contexto teórico del argumento.

 

¿Cuál es el problema representado?

El proyecto fue redactado por NZPC, con la ayuda de abogados, académicos y otros, para “satisfacer las necesidades de las trabajadores sexuales” (Barnett, Healy et al 2010: 62) y proteger su bienestar (Harrington 2012). Aceptó el trabajo sexual como una elección ocupacional y que las leyes que penalizaban las actividades sexuales negaban los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y las colocaban en riesgo de daño. Al analizar las intenciones del proyecto de ley (se indica en la introducción), es evidente que los supuestos eran que la vieja ley no daba a las trabajadoras sexuales el derecho a negarse a prestar ningún servicio comercial ya que eran susceptibles a la coacción de otros, como operadores de burdeles o clientes; no proporcionaba a las trabajadoras sexuales la protección laboral que se otorgaba a los trabajadores de otras ocupaciones; no fomentaba prácticas sexuales más seguras; y no protegía a los niños (menores de 18 años) de la tentación de la industria del sexo. La presunción era que estos riesgos serían minimizados por una nueva legislación que proporcionare derechos a las trabajadoras sexuales y las considerare involucradas en un trabajo legal reconocido. Los clientes se representan como un problema sólo en la medida en que pueden coaccionar o explotar a las trabajadoras sexuales que trabajan en el contexto del actual entorno legislativo.

 

¿Qué suposiciones subyacen a la representación del problema?

Las suposiciones subyacentes a la posición de que la penalización de las actividades de trabajo sexual creaban riesgos y negaban los derechos humanos se debían a la combinación de los derechos de las trabajadoras sexuales y la perspectiva de la salud pública. La investigación sobre el trabajo sexual llevada a cabo en Nueva Zelanda ha sido en su mayoría participativa, por y para las trabajadoras sexuales, y Harrington (2012) ha sugerido que esto ha producido un conocimiento que ha dado voz a las trabajadoras sexuales en la política. Sostiene que los políticos y los académicos no han problematizado la conducta sexual masculina y no han criticado la comercialización del sexo y, en gran medida, esto es correcto. Ya en la década de 1990, NZPC había desarrollado vínculos con académicos de salud pública y varios proyectos de investigación se llevaron a cabo utilizando un enfoque participativo basado en la comunidad. Aunque la mayoría de las investigaciones examinaron la salud y la seguridad de las trabajadoras sexuales en un ambiente penalizado (Chetwynd 1992, Chetwynd 1996, Plumridge y Abel 2000, Plumridge 2001, Plumridge y Abel 2001), se llevaron a cabo algunos pequeños trabajos de investigación con los clientes (Chetwynd y Plumridge 1994, Plumridge, Chetwynd y col., 1996, Plumridge, Chetwynd et al., 1997a, Plumridge, Chetwynd et al., 1997b). Esto se reflejó en la mayoría de las participantes en la investigación realizada en Nueva Zelanda, que aunque fueron capaces de citar al menos algunas experiencias desagradables con los clientes, en general dijeron que les gustaban sus clientes y disfrutaban del contacto con ellos (Plumridge y Abel 2000, Abel 2010) . La investigación proporcionó pruebas de que la penalización creaba una barrera para una industria del sexo segura, y Barnett se basó en esto en la construcción de sus discursos para las tres lecturas parlamentarias. Por lo tanto, estaban muy enfocados en temas de salud pública, de justicia social y de minimización del daño.

 

Cuando Barnett presentó el proyecto de ley en su primera lectura en octubre de 2000, se centró casi exclusivamente en la justicia social al enfatizar las injusticias “genuinas” y “reales” de la ley:

No estoy solo y mi causa es impulsada por una pasión nacida de la injusticia. Este proyecto de ley reemplaza una ley moralista por una ley justa … Las injusticias en la ley actual son claras y predecibles, y son reales. Los últimos 5 años han visto a 410 personas condenadas, innumerables horas de tiempo de la policía dedicadas a cruzadas esencialmente morales e improductivas, y la criminalidad genuina ocultada por el secreto y el misterio generados por la ley de prostitución actual. La reforma de esta ley puede ser vista como la limpieza de unos establos que llevan un siglo de desorden acumulado, la eliminación de las capas de la hipocresía victoriana, el raspado de los abusos a las trabajadoras sexuales sancionadas por nuestras leyes de prostitución actuales, el lavado de los peligros de salud pública generados por la penalización de la profesión más antigua, y el reemplazo del hedor del estigma que afecta a las trabajadoras sexuales debido a la posición en la que las pone la ley. Los diputados pueden estar en desacuerdo conmigo sobre la mejor manera de limpiar los establos, por dónde empezar, y la mejor manera de eliminar las manchas. Pero ¿alguien en esta Cámara realmente se atreve a afirmar que el establo no está sucio? Si todos los diputados creen que la ley de la prostitución necesita una limpieza, entonces el apoyo a este proyecto de ley es nuestra única opción … Las cuestiones planteadas por este proyecto de ley pueden ser difíciles, pero no deben ser vistas por nadie en esta Cámara como una amenaza. Son preocupaciones de importancia vital para algunas personas en nuestra comunidad. Es absolutamente correcto y adecuado que este Parlamento se ocupe de ellas. (Ley de reforma de la prostitución, Primera lectura, 11 de octubre de 2000)

Barnett instó a los parlamentarios a purgar las viejas leyes que penalizaban las actividades sexuales e hicieron una industria sexual no segura, para dar paso a una ley más moderna, liberal y “justa”. Desafió a los diputados a que dijeran si alguno no estaba de acuerdo con que la ley era el “problema” y ninguno se levantó para refutar esto. Las leyes moralistas y obsoletas, afirmó, hicieron que la industria fuera insegura e injusta y un peligro para la salud pública. Él y los partidarios del proyecto de ley se refirieron a esta “mala ley” como victoriana. La vinculación de la ley con los tiempos victorianos también fue reforzada por la analogía que Barnett proporcionó en su primer discurso, comparando la limpieza de la ley con la limpieza de los establos. Las metáforas se usan con frecuencia, particularmente en los medios de comunicación, para dar a entender que el trabajo sexual es sucio y malo (Stenvoll 2002, O’Neill y Campbell 2006). Fue interesante que en este caso Barnett lo diera la vuelta. Reforzando la naturaleza “sucia” del trabajo sexual, echó la culpa de esto a la ley y no al trabajo mismo. El tono del discurso evocó imágenes del movimiento sanitario de salud pública en la Inglaterra victoriana, librando las ciudades de aguas residuales, basura podrida y miasmas en un esfuerzo por combatir las enfermedades, lo que proporcionó un buen trampolín para sus posteriores argumentos de salud pública para minimizar el daño.

Diez diputados se dirigieron al Parlamento tras el discurso de apertura de Bamett: seis hablaron a favor del proyecto de ley (cinco de ellos eran mujeres) y cuatro en contra (todos hombres). Los partidarios de la despenalización siguieron el ejemplo de Barnett al destacar las injusticias y desigualdades causadas por la legislación vigente, como lo demuestran los siguientes ejemplos:

Las objeciones que he oído no tienen peso contra la injusticia básica que está escrita en nuestras leyes.

(Liz Gordon, Partido Alianza, Ley de Reforma de la Prostitución, Firs Reading, II Octubre de 2000)

Nuestras leyes actuales son inviables y simplemente discriminatorias. Estigmatizan y castigan principalmente a la fuerza laboral femenina. Ellas (las trabajadoras sexuales) pueden sufrir arbitrarias e injustas reglas de trabajo.

(Anne Tolley, portavoz del Partido Nacional de Asuntos de la Mujer, Ley de reforma de la prostitución, primera lectura, 8 de noviembre de 2000)

 

Esperamos con interés el día en que las mujeres y los hombres en este país ya no serán perseguidos debido a leyes anticuadas e inicuas.

(Sue Bradford, Partido Verde, Ley de Reforma de la Prostitución,
Primera lectura, 8 de noviembre de 2000)

Aunque la justicia social se filtró bajo la superficie en las lecturas segunda y tercera del proyecto de ley, lo que vino a primer plano fue un discurso que ponía más énfasis en la ley que protegía y minimizaba los riesgos; Un discurso que liberó a las trabajadoras sexuales de los daños que sufrían a causa de la vieja ley. No era que los diputados pro-despenalización hubieran cambiado sus ideas sobre el “derecho justo”, sino que percibían que la minimización del daño era más negociable que los derechos humanos. De hecho, Barnett reflejó que algunos diputados que tenían una antipatía personal hacia el trabajo sexual fueron persuadidos a votar a favor de la despenalización por el argumento de minimización de daños (Barnett, Healy et al., 2010).

 

¿Cómo se llegó a representar el “problema” de esta manera?

El giro a un argumento de minimización de daños se produjo después de la primera lectura cuando el proyecto de ley fue enviado a la Comisión de Justicia y Electoral. El comité examinó 222 comunicaciones de individuos y organizaciones, debatieron entre ellos y luego hicieron enmiendas que trataban directamente “los daños y riesgos potenciales exclusivos de la prostitución” (Tim Barnett, Partido Laborista, Ley de Reforma de la Prostitución, tercera lectura, 25 de junio de 2003). Presentaron la ley existente como insostenible en la medida en que disparaba los riesgos e identificaron qué riesgos podrían ser tratados por la ley y qué riesgos necesitaban una ley especial centrada en la prostitución. La justicia social era un tema muy secundario.

Los principales argumentos de los diputados que estaban contra la despenalización eran que la prostitución era moralmente corrupta, insalubre y perjudicial, y si se despenalizaba, alentaría a más gente a unirse a la industria, habría más delincuencia, más drogas, más pandillas, más tráfico y más trabajadoras menores de edad. Estos argumentos fueron bien rebatidos por la retórica de minimización de daños en las lecturas segunda y tercera, donde el enfoque se centró en la libertad y la elección individuales. Barnett recordó a los parlamentarios los argumentos contra otros cambios de la ley en el pasado, tales como la reforma del derecho homosexual y la implementación de un sistema de intercambio de agujas que “no había llevado al desastre. De hecho, esas medidas y otras han llevado a una vida más completa y menos arriesgada y han mejorado la libertad individual de los afectados. El proyecto de ley de reforma de la prostitución es sólo eso “. (Barnett, Ley de reforma de la prostitución, segunda lectura, 19 de febrero de 24203). El argumento pragmático de salud pública de que “la prostitución está aquí para quedarse” y por lo tanto es una necesidad “resolver la mejor manera de controlar estos daños” fue el fuerte mensaje de Bamett en su lectura final del proyecto de ley:

Es una medida de despenalización, similar a toda nuestra familia de leyes relacionadas con la salud pública. No trata de etiquetar la prostitución como normal, pero acepta su inevitabilidad ….. Habiendo aceptado que la prostitución está aquí para quedarse, les guste o no, lo siguiente es identificar qué problemas genera …. La siguiente etapa es elaborar la mejor forma de controlar esos daños. Eso es minimizar el daño.

(Ley de reforma de la prostitución, tercera lectura, 25 de junio de 2003)

Hubo menos oradores que se levantaron para hablar a favor de la ley (cuatro) que los que hablaron en contra (13) en la discusión final. Sue Bradford (Partido Verde) habló a favor del proyecto de ley en las tres lecturas y su discurso, como el de Barnett, había evolucionado. Citó a organizaciones respetadas como la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia que apoyaban la despenalización, “porque saben que las leyes restrictivas simplemente alientan la violencia, la trata, la violación y la propagación del VIH / SIDA, no lo contrario. La manera de combatir estas cosas es a través del enfoque de minimización de daños promovido en el proyecto de ley que tenemos ante nosotros” (Ley de reforma de la prostitución, tercera lectura, 25 de junio de 2003).

Volvió brevemente a centrarse en los derechos humanos y la justicia social al apelar a otras mujeres en el parlamento a votar por el derecho de las mujeres a optar por trabajar en la industria del sexo y poner fin al estado de cosas que privaban de poder a las mujeres en el trabajo sexual. Después combinó esto con un discurso del daño hablando a favor de la promoción de los derechos y del bienestar de grupos vulnerables y explotados, demandando que “un daño a uno es un daño a todos. Hasta que se elimine ese daño, ninguno de nosotros puede ser verdaderamente libre” ‘(Ley de reforma de la prostitución,

¿Puede el problema ser pensado de manera diferente?

El enfoque en la minimización del daño dejó inexplorado el poder de género en el debate. Las feministas radicales han destacado las desigualdades en la prostitución. La compra de sexo es vista como una violencia contra las mujeres y representa el privilegio masculino (Scoular 2004). Las mujeres son simples objetos sexuales que se pueden comprar y vender en una práctica de esclavitud sexual (Jeffreys 1997). Esto ha alimentado el argumento de que todas las mujeres que participan en la prostitución son objeto de trata y se presta poca atención a la autonomía de las mujeres y a las historias alternativas de las mujeres involucradas (Scoular 2004). Otras feministas no ven el trabajo sexual como inherentemente opresivo y reconocen la autonomía de las mujeres, aunque en algunos usos la autonomía está limitada (O’Neill 2001). Es esta última perspectiva feminista liberal la que está presente con más fuerza en Nueva Zelanda.

Cincuenta y seis de las presentaciones públicas a la Comisión de Justicia y Electoral se basaron en argumentos feministas, con 40 alegatos en defensa de la despenalización y sólo 16 en contra (Laurie 2010). La mayor parte de estas propuestas, tanto a favor como en contra de la despenalización, se basaron en el artículo 6 de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW):

“Las Partes de los Estados adoptarán las medidas apropiadas, incluida la legislación, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y la explotación de la prostitución de mujeres” (ONU Mujeres, 1979).

Esos grupos o individuos feministas que se basaron en el artículo 6 para argumentar contra la despenalización declararon que la despenalización aumentaría la trata Y la explotación de las mujeres, mientras que quienes defendían la despenalización se basaron en este artículo para afirmar que la trata de mujeres se reduciría al eliminar la ilegalidad de su trabajo. Sandra Coney, una de las más destacadas feministas radicales de Nueva Zelanda, escribió personalmente a cada diputado argumentando que la despenalización “haría de Nueva Zelanda un eslabón clave en el comercio mundial de mujeres y crearía el potencial de Nueva Zelanda para convertirse en un destino turístico de prostitución “(Laurie 2010). Proclamó que la prostitución era un símbolo de la desigualdad de género y propuso el “modelo nórdico” como un ejemplo de la manera de regular y finalmente abolir la prostitución.

Coney recibió el apoyo de una diputada del Partido Laborista, Dianne Yates, quien fue una de los nueve miembros del Partido Laborista en votar en contra del proyecto de ley. Propuso una enmienda al proyecto de ley (documento de pedido suplementario 56) para que fuere ilegal ser cliente de una prostituta. Proclamó que el “modelo nórdico” “proporcionaría una mayor igualdad entre hombres y mujeres”. Tuvo poco apoyo en el parlamento y su enmienda fue rechazada por 19 votos frente a 96. Sólo cuatro mujeres diputadas apoyaron esta enmienda. Otras mujeres diputadas se distanciaron de la postura adoptada por Yates y Coney, asumiendo la posición liberal de que las mujeres tienen derecho a la autodeterminación, especialmente en lo que respecta a sus cuerpos y sexualidad. Por ejemplo, en las palabras de Sue Bradford:

Me cuestiono fundamentalmente el derecho del Estado en el día de hoy a interferir con los derechos de las personas mayores de 18 años a tener relaciones sexuales consensuadas entre sí. No puede ser que las trabajadoras sexuales sigan estando expuestas al acoso y al enjuiciamiento por un crimen sin víctimas. Tampoco debemos recurrir al modelo sueco, que enjuicia a los hombres que pagan por el sexo. La experiencia sueca demuestra que todo lo que hace es conducir la prostitución a la clandestinidad. … Yo vengo de otro hilo de pensamiento feminista que cree que es nuestro trabajo hacer todo lo posible para mejorar la vida de las mujeres, incluso la de aquéllas que están en esta ocupación más vulnerable. A menos que realmente creamos que la prostitución va a desaparecer por completo y pronto, creo que lo mejor que podemos hacer como feministas es maximizar las condiciones que ayudarán a poner fin a los peores excesos de violencia, coerción y explotación, en lugar de permitir que la prostitución continúe como un subconjunto del mundo criminal. … Prefiero hacer todo lo que pueda, ahora mismo, para ayudar a proteger y empoderar a aquéllas que, por cualquier razón, han optado por hacer de la prostitución su ocupación.

 

(Sue Bradford, Partido Laborista, Ley de reforma de la prostitución, Segunda Lectura, 19 de febrero de 2003)

 

La principal organización liberal feminista, el Consejo Nacional de Mujeres de Nueva Zelanda (NCWNZ), una organización que agrupa a 43 grupos y asociaciones de mujeres, fue un actor clave en la despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda. Aunque sentían firmemente que la prostitución representaba un desequilibrio de poder entre hombres y mujeres, consideraban esencial que las trabajadoras sexuales fueran protegidas con independencia de si eligen o no el trabajo sexual. Indicaron en su presentación que la esclavitud sexual no era diferente de otras clases de esclavitud laboral y rechazaron el “modelo nórdico” debido a la situación de peligro en la que colocaría a las trabajadoras del sexo si fueran forzadas a esconderse. Hicieron hincapié en que la despenalización era vital para “proteger los derechos de las trabajadoras sexuales y los niños contra la explotación y la violencia” (Laurie 2010: 94). De esto se hicieron eco las diputadas que votaron a favor de la despenalización:

Se trata de dar a algunas personas los mismos derechos que tienen las demás personas de Nueva Zelanda. … Yo no disculpo la prostitución. Creo que la gente tiene derecho a una vida mejor que la que se puede tener vendiendo sexo. Yo estaría desconsolada si una de mis hijas decidiera entrar en la industria del sexo la prostitución no juega ningún papel en mis sueños para ellas— pero si lo hicieran, yo querría saber que tendrían los mismos derechos que cualquier otra neozelandesa.

(Katherine Rich, Partido Nacional, Proyecto de Ley de Reforma de la Prostitución, Segunda Lectura, 19 de febrero de 2003).

 

Muchos diputados hablaron sobre el doble estándar de penalizar a la trabajadora sexual y no al cliente. Sin embargo, para ellos la solución no era penalizar al cliente. Era una cuestión de ser tratados por igual “… la decencia común exige que otorguemos a las trabajadoras del sexo el mismo estatus en la ley que al cliente: compradores y vendedoras deben ser tratados por igual. La situación actual es sencillamente abominable” (Anne Tolley, Partido Nacional, Proyecto de Ley de Reforma de la Prostitución, Primera Lectura, 8 de noviembre de 2000).

 

Se hizo hincapié en la autodeterminación, y porque se dio prioridad a la elección individual, se hizo necesario establecer protecciones para minimizar los riesgos. Lynne Pillay dijo que apoyaba este proyecto de ley como mujer, porque se trata del derecho de elegir y de estar segura en esa elección “(Lynne PHlay, Partido Laborista, Ley de Reforma de la Prostitución, Segunda Lectura, 19 de febrero de 2003):

He hablado con una serie de prostitutas y de personas del Colectivo de Prostitutas que no ven lo que hacen como degradante para ellas. Si se trata de una actividad a la que se dedican por libre elección, entonces no hay nada degradante … si es degradante, es la decisión de la persona que se dedica a la actividad.

(Helen Duncan, Partido Laborista, Ley de reforma de la prostitución, segunda lectura, 19 de febrero de 2003)

En un ambiente neoliberal como el de NZ en el que el gobierno busca desregular y gobernar desde cierta distancia, se pone énfasis en la autorregulación y la autovigilancia (Bacchi 2009). Hubo argumentos de que el gobierno no debería dedicarse a regular la moral: los individuos deberían regularse a sí mismos. «La sociedad no tiene por qué hacer juicios morales acerca de la prostitución. Debe convertirse en una actividad autorregulada …. en mi opinión, no debe arrojarse ninguna culpa sobre esta industria. Estas cuestiones deben ser gobernadas por la moralidad individual de la gente, no por las leyes de la tierra ” (Liz Gordon, Partido de la Alianza, Ley de Reforma de la Prostitución, Primera Lectura, 11 de octubre de 2000). O ACT es una partido que cree en la libertad de las personas para dirigir sus propios asuntos” (Penny Webster, ACT Party, Prostitution Reform Bill, Primera Lectura, 8 de noviembre de 2000). 

 

¿Qué efectos produce esta representación del problema?

Bacchi y Eveline (2003: 1 1) han argumentado que “las leyes producen tipos particulares de sujetos. La Ley de Reforma de la Prostitución ha producido la trabajadora sexual de Nueva Zelanda, una trabajadora que se dedica a una ocupación con derechos similares a los de individuos que se dedican a cualquier otra forma de ocupación. A los ojos de la ley, las trabajadoras sexuales son seres auténticos, que eligen libremente ser trabajadoras sexuales. Se reconoce que tiene sus riesgos trabajar en esta ocupación, riesgos relacionados con la salud y la seguridad, la explotación y la coerción, y la ley proporciona protecciones para minimizar estos riesgos. Lo que esta ley no produce es la mujer víctima de trata, necesitada de protección.”

¿Cómo / dónde se produce y se defiende esta representación del “problema”?

La despenalización del trabajo sexual tiene sentido en el contexto de una posición filosófica neoliberal de mínima intervención estatal, autorregulación e individualización económica. También tiene sentido en un país que se enorgullece de la igualdad de género el que las trabajadoras sexuales tengan los mismos derechos y el mismo estatus que sus clientes. Más de 12 años después de la despenalización, y con un gobierno de centro derecha ahora en su tercer mandato, el Estado continúa defendiendo la posición de considerar el trabajo sexual como una opción ocupacional.

Ha habido pocas preocupaciones desde la aprobación de la Ley de Reforma de la Prostitución. La revisión de la Ley, publicada cinco años después de su promulgación, concluyó que había sido efectiva para lograr sus propósitos y que la mayoría de las trabajadoras sexuales estaban mejor que cuando sus actividades eran penalizadas. Ha habido algunas preocupaciones planteadas por dos consejos de distrito en relación con el trabajo en la calle en sus ciudades, pero hay poca voluntad política para hacer cambios a un modo de regulación que está funcionando bien para la mayoría.

Hay una minoría de grupos en Nueva Zelanda que todavía resisten, pero esto son débiles y carecen de apoyo. Por ejemplo, en 2013 el “modelo nórdico” volvió a surgir cuando Elizabeth Subritzky presentó una petición en nombre del grupo “Libres de Explotación Sexual” al Comité de Justicia y Electoral de la Cámara de Representantes (Petición 2011/60). Este es un pequeño grupo de base religiosa en Nueva Zelanda comprometido con hacer cambios en las áreas de la prostitución y la trata sexual de mujeres y niños. Los peticionarios propusieron que se cambiara la Ley de Reforma de la Prostitución (2003) para permitir el enjuiciamiento de todos los clientes de las trabajadoras sexuales y afirmó que la prostitución no debe ser visto como separada de la trata (Justicia y Comité Electoral 2013). La petición también pedía una erradicación del sector de la calle. El argumento era que la despenalización era la culpable de atraer a las mujeres (víctimas) a vender sexo. El Ministerio de Justicia apoyó la recomendación del Comité de Revisión de la Prostitución de que Nueva Zelanda no siga un enfoque que criminalice al cliente ya que esto expondría a las trabajadoras del sexo a un mayor riesgo y las haría más vulnerables. Además:

El propósito de la Ley de Reforma de la Prostitución fue permitir que las trabajadoras sexuales tuvieran las mismas protecciones otorgadas a otros trabajadores. La LRP regulaba el negocio de la prostitución sin respaldarlo o sancionarlo moralmente ni a él ni a su uso. La Ley reconoce que las trabajadoras sexuales no son necesariamente víctimas, sino que requieren las mismas protecciones que los demás trabajadores, independientemente del género o de la orientación sexual.


(Ministerio de Justicia 2013: 5)

Las trabajadoras sexuales están trabajando dentro de un marco político donde tienen derechos; sin embargo siguen negociando sus vidas dentro de un contexto cultural donde hay ambivalencia social y fuertes discursos morales hacia la industria del sexo y sus trabajadoras (Abel, Fitzgerald et al., 2010). Sullivan (2010) sugiere que incluso en un contexto despenalizado, las trabajadoras sexuales pueden tener que luchar para obtener una identidad como “trabajadora” al margen de estos discursos dominantes. Sin duda, habrá intentos periódicos de ajustar y cambiar la Ley de Reforma de la Prostitución a medida que estos discursos morales vayan disminuyendo.

 

Conclusión

Lo interesante en el pulso por la despenalización fue una alianza entre cuatro posiciones filosóficas. En primer lugar, el contexto político en el que se desarrolló el debate fue uno en el que predominaron los principios neoliberales de individualismo económico y autorregulación. Harrington (2012: 338) ha argumentado que la despenalización del trabajo sexual en Nueva Zelanda “ejemplifica las tecnologías liberales avanzadas de autonomía”, siendo el ideal la libertad y “la presunción de que los individuos libres cuidarán de su propio bienestar”. Los estados neoliberales como NZ favorecen una “retórica de elección”, ideológicamente y también como una “estrategia generadora de legitimidad”, y al hacerlo de esa forma se ha argumentado que el género se hace invisible (Scambler 2007: 1092).

La voz de las trabajadoras sexuales fue la segunda posición importante en el debate sobre el trabajo sexual en Nueva Zelanda, ya que fue esta voz la que dio forma a la redacción del proyecto de ley. La voz de la trabajadora sexual exige que el trabajo sexual sea visto como una cuestión de trabajo; que es un trabajo de servicio que debe ser respetado y protegido como el trabajo en cualquier otra ocupación de servicio (Alexander 1997, Jenness 1993, Simmons 1999).

 

Se entiende que la mayoría de las trabajadoras sexuales optan por trabajar en la industria del sexo, y los derechos y la capacidad de estas personas para tomar esa decisión deben ser apoyados (Simmons 1999). El lado de la demanda del trabajo sexual no es un tema que produzca mucha discusión, ya que el trabajo sexual no se ve como violencia contra las mujeres. El análisis de Harrington (2012: 343) sobre el discurso sobre el sexo en Suecia y Nueva Zelanda sugiere que la red de conocimientos expertos que proporcionó información para debate sobre la ley en Nueva Zelanda privilegió la voz de las trabajadoras sexuales, puso en duda su falta de libertad y no participó en ningún análisis crítico de los “mercados del sexo comercial y su contribución a la construcción de la jerarquía social”. No hubo ninguna creencia firme en que los compradores de sexo y la explotación de las mujeres fueran la causa del problema durante los debates sobre la legislación sobre trabajo sexual en Nueva Zelanda. El debate se inició con un énfasis en las desigualdades, pero no se trataba tanto de cuestiones de desigualdad de género, sino de desigualdades en los derechos de ciudadanía que fueron consideradas injustas.

El tercer argumento a favor de la despenalización fue un argumento feminista liberal que hizo hincapié en el derecho de las mujeres a optar por trabajar en el trabajo sexual. El trabajo sexual como una opción profesional que exigía la protección de los derechos fue importante para la mayoría de las mujeres, tanto dentro como fuera del parlamento. Veinticinco por ciento de las propuestas presentadas en el proyecto de ley se basaban en argumentos feministas y sólo una cuarta parte de ellas argumentaban en contra de la despenalización, alegando que la prostitución era violencia contra las mujeres. Hubo una fuerte representación de las mujeres en el parlamento: 33 de los 120 diputados eran mujeres y 22 de estas diputadas (dos tercios) votaron a favor de la despenalización. En el momento en que el proyecto de ley estaba pasando por el parlamento, Nueva Zelanda tenía una Primera Ministra (que votó a favor del proyecto de ley), así como una Gobernadora General, una Presidenta de la Cámara y una Jefa de Justicia. Si bien la prostitución como violencia contra las mujeres no estuvo totalmente ausente del debate, fue una opinión débil y marginal al no ayudar al empoderamiento y la protección de quienes eligen trabajar en el trabajo sexual.

 

El cuarto —y en última instancia, el argumento más convincente— fue el argumento de salud pública de minimización del daño. En Nueva Zelanda se cuenta con un historial de reformas legales de salud pública exitosas, fundamentadas por principios de minimización de daños. Las más notables son la Ley de Reforma Homosexual y la implementación de intercambios de agujas en los años ochenta para ayudar a minimizar la propagación del VIH / SIDA. El punto de vista de la salud pública con relación al trabajo sexual ha sido generalmente pragmático. Las leyes prohibicionistas nunca han logrado su objetivo de erradicar la violencia sexual y sólo han servido para conducir la industria del sexo a la clandestinidad, donde las trabajadoras sexuales son vulnerables a una serie de daños (Davis y Shaffer 1994; Jordan 2005; World Health Organization 2005). Por lo tanto, el énfasis en la salud pública ha consistido en minimizar el daño reconociendo esto y despenalizando todas las actividades relacionadas con el trabajo sexual. Este fue un argumento que ganó a muchos de los diputados que estaban indecisos sobre la forma de votar.

En última instancia, el argumento neoliberal de la libertad de elección, los derechos de las trabajadoras sexuales y las posiciones feministas a favor del derecho de las mujeres a elegir, y el argumento de minimización del daño protegiendo a las mujeres que optan por trabajar en la industria del sexo, fueron consideradas como cuestiones de justicia. El argumento a favor de la despenalización del trabajo sexual comenzó y terminó en la justicia. La Ley de Derechos Humanos (1993) establece que “la intención es ayudar a asegurar que todas las personas en Nueva Zelanda sean tratadas de manera justa y equitativa”. El ex vicecanciller de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, Raewyn Dalzicl, reforzó la tradición de justicia de Nueva Zelanda al afirmar que la justicia y los derechos siempre han sido un objetivo en este país. Al hablar del sufragio de las mujeres en Nueva Zelanda, declaró que el mensaje que Nueva Zelanda transmitía al mundo exterior no era sólo sobre las mujeres de Nueva Zelanda y la vida política de Nueva Zelanda, sino sobre la justicia social y política ” (citado en Fischer, 2012: 262). La justicia efectivamente silenció la voz neoabolicionista en Nueva Zelanda y, al hacerlo, las mujeres (así como los hombres y las personas transexuales) han obtenido la libertad de elegir ser trabajadoras sexuales.

 

Nota

I El Partido Laborista estaba en el poder en el momento en que el proyecto de ley pasó por el parlamento y por lo tanto tenían la mayoría de los escaños en el parlamento: cuarenta y uno de sus 51 diputados, así como nueve del Partido Verde votaron a favor de la despenalización. Los otros diez votos procedieron de los partidos de centro-derecha ACT (4) y Nacional (6). Los que votaron contra la despenalización fueron en su mayoría de centro o centro derecha. Los únicos votos de izquierda contra el proyecto de ley vinieron de nueve miembros del Partido Laborista y de los dos del Partido Progresista. La abstención fue de un miembro del Partido Laborista.

 

Referencias 

Abel, G (2010)’Decriminalisation: A Harm Mininisation and Human Rights Approach to Regulating Sex Work’, Public Health and General Practice, Christchurch: University of Otago.

Alexander, R (1997) ‘Feminism, Sex Workers, and Human Rights’, in J. Nagle (ed.) Whores and Other Feminists. New York: Roudedge, pp 83-97.

Bacchi, C. (2009) Analysing Policy: What’s the Protaiem Represented To Be? Frenchs Forest, NSW: Pearson.

Bacchi, C. and Eveline, J. (2003) ‘Mainstreaming and Neoliberalism: A Contested Relationship’, Policy and Society 22(2): 98-118.

Barnett,’, Healy C., Reed, A. and Bennachie, C. (2010) ‘Lobbying for Decriminali­sation’, in O. Abel, L. Fitzgerald, C. Healy and A Taylor (eds) Taking the Obne aa 1 Sex Work New Zealand Sex Workers’ Fight for Decrbribiallsation. Bristol: Policy Press, pp. 57-73.

Beyrer, C., Crago, A., Bekker, L., Butler, J., Shannon, K., Kerrigan, D., Decker, M., Bare!, S., Ibteat, T., Wirtz, A., Weir, B., Barre-Sinoussi, F., Kazatchkine, M., Sidibe, M., Dehne, K., Body, M. and Strathdee, S. (2014) ‘An Action Agenda for HIV and Sex Workers’, The Lancet, 385: 287-301.

Scents, B. and Sanders, T. (2010)’Mainstreaming the Sex Industry Economic Inclusion and Social Ambivalence’, Jaffna! of Law and Society 37(1) 40-60.

Women, D. (2014)'”A Fair Go” in Public Policy’, Policy Quarterly, 10(2): 12-21. Carson, L. and Edwards, K. (2011) ‘Prostitution and Sex Trofficking: What are the

Problems Represented to Be: A Discursive Analysis of Law and Policy in Swan

and Victoria, Australia’, Australian Feminist Law Journal, 34: 63-87.

Cbetwynd, 1(1996) The Prostitutes’ Collective: A Uniquely New Zealand Institution’ in P. Davis (ed.) Intimate Details and Vital Statistics AIDS, Sexuality and the Social Order in New Zealand. Auckland: Auckland University Press, pp 136-148.

Chetwynd, .1 (1992) ‘HIV/AIDS and Sex Worlere, New Zealand Medical Journal, 105: 227.

Chetwynd, A and Plumridge, E. (19%) ‘Knowledge, Attitudes and Activities of Male Clients of Female Sex Workers: Risk Factors for HIV’, New Zealand Medical Journal, 107: 351-353.

Chetwynd, J. and Plumridge, E. (1993) Clients of Female Sex Workers. A Pilot Study. Christchurch: Christchurch School of Medicine.

Davis, S and Shaffer, M. (1994) Prostitution in Canada: The Invisible Menace or the

Menace of Invisibility? Available at: wwwwalnetorg/csis/papers/sdatishtml. Bdred-Grigg, S. (1984) Pleasuresof the Flesh• Sex and Drugs in Colonial New Zealand

1840-1915. Wellington: AH and AW Reed.

Fischer, 11(2012) Fairness and Freedom: A History of TWo Open Societies New Zealand and the (kited States. Oxford: Oxford University Press.

Harrington, C. (2012) ‘Prostitution Policy Models and Feminist Knowledge Politics in

New Zealand and Sweden’, Sexuality Research & Social Policy, 9: 337-349. Human Rights Act (1993) Human Rights Legislation in New Zealand. Available at

http://www.legislation.govoz/actipublic/1993/0082/latest/whole.html.

Jeffreys S. (1997) The Idea of Prostitution. Melbourne: Spinifex Press.

Jenness, V. (1993) Making it Work The Prostitutes’ Rights Movement in Perspective. Na’ York: Aldine de Gruyter.

Jordan, J. (2005) The Sex Indany in New Zealand. A Literature Review. Available at N;wstjusticegovinz/pubarepons/2005/sex-industry-in-nsliteratute-reviewlindechtml.

Laurie, A. (2010) ‘Several Sides to this Story: Feminist Views of Prostitution Refomf, in 0. Abel, L. Fitzgerald, C Healyand A. Taylor (eds) Taking the Oime out of Sex Work New Zealand Sex Workers’ Fight for Decriminalisation. Bristol: Policy Press, pp 85-101.

Ministry of Justice (2013) Petition 2011/60 of Elizabeth Subritzky on Behalf of Free­dom from Sexual Exploitation and 2,910 others. Submission of the Ministry of Justice: Weffington, NZ.

O’Neill, M. (2010) ‘Cultural Criminologyand Sex Nkbrk: Resisting Regulation through Radical Democracy and Participatory Action Research (PAR)’, Journal of Law and Society, 37(l) 210-232.

O’Neill, M.(2001) Prostitution and Feminism. Towards a Politics of Feeling. Cambridge: Polity Press.

O’Neill, M. and R. Campbell (2006) ‘Street Sex Work and Local Communities: Cleating Discursive Spaces for Genuine Consultation and Inclusion’ in R. Campbell and M. O’Neill (ecks) Sex Work Now. Cullompton: Willan, pp. 33-61.

Plumridge, E. and Abel, 0. (2000a) Safer Sex in the Christchurch Sex Inolany. Study 2• Survey of Christchurch Sex Workers. Christchurch, Christchurch School of Medicine and Health Sciences University of Otago.

Phinuidge, E. and Abel, G. (2000b) ‘Services and Information Utilised by Female Sex %dors for Sexual and Physical Safety’, New Zealand Medical Journal, 113(1117): 370-372.

Pluntridge, E, et at (1997a) ‘Control and Condoms in Commercial Sex: Client Per•pectives’, Sociology of Health and Illness, 19(2): 228-243.

Plurnridge, E., et at (1997b) ‘Discourses of Emotionality in Commercial Sex: the Missing Client Voice’, Feminism and Psychology, 7(2): 165-181.

Plumridge, E., et al. (1996) ‘Patrons of the Sex Industry: Perceptions of Risk’, AIDS Care, 8(4): 405-416.

154 In search of a fair and free society: sex work in New Zealand

Pluntridge, L. (2001) ‘Rhetoric, Reality and Risk Outcomes in Sex Work’, Health, Risk and Society, 3(2): 199-217.

Plurnriclge, L. and Abel, G. (2001) ‘A “Segmented” Sex Industry in New Zealand: Sexual and Personal Safety of Female Sex Workers’, Australian and New Zealand Journal of Public Health, 25(1):78-83.

Prostitution Law Review Committee (2008) Report of the Prostitution Law Review Committee on the Operation of the Prostitution Reform Act 2003. Wellington: Ministry of Justice

Prostitution Reform Bill, First Reading, First Session, Forty-sixth Parliament II October and 8 November 2000. See http://www.parliamentszlen/pb/hansarcklebatesirhr/ document/47H artsD_20030219_00001132/prosti ludo n-reform-bill-second-reading.

Prostitution Reform Bill, Second Reading, 19 February 2003. Available at http://www.pa rliament.m/entpb/hansani-debarestrhridocument/47HansD 20030219 00001132/ptost itution-re%mi-bill-second-reading.

Prostitution Reform Bill, ‘Third Reading, 25 June 2003. Available at: Nwnv.parliament ra/enipb/hansard-debateskhr/document/47HansD20030625 00001319/prostiution-re fxm-bill-procedurts-third-reading.

Scambler, 0 (2007) ‘Sex Work Stigma: Opportunist Migrants in London’, Sociology 41(6): 1079-1096.

Scoular, 1 (2004) “the “Subject of Prostitution: Interpreting the Discus ire, Symbolic and Material Position of Sex/Work in Feminist Theory’, FeministTheory, 5(3): 343-355.

Simmons, M. (1999). “theorizing prostitution: The question of agency’, in B. Dank and It. Refinetti (eds) Sex Work and Sex Workers Sexuality atd Culture. London: ‘transaction Publishers, pp. 125-148.

Stenvoll, D. p002) ‘Front Russia with Low? Newspaper Coverage of Cross-Bonier Prostitution in Northern Norway, 1990-2003’, The Journal of Women’s Studies, 9(2): 143-162.

Sullivan, B. (2010) ‘When (Some) Prostitution is Legal: The impact of law reform on sex work in Australia’, Journal of Law and Society, 37: 85-104.

UN Women (1979) Convention on the Dina:anal of all forms of Disabidnaziat Against Women. Available at: wwwun.org/womenwatch/dawkedangtext/econven tion.htm.

World Health Organization (2007) Violence against Women and HIV/AIDS Critical Intersections. Available at http://www.whaint/gender/documentsisexworkerspdf.

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Resistencia al estigma del trabajo sexual

 

Ronald Weitzer

Universidad George Washington, EE.UU.

Enero de 2017

 

https://www.academia.edu/31011252/Resistance_to_Sex_Work_Stigma_2017_?auto=download

 

Resumen

El estigma es omnipresente en el trabajo sexual y está bien documentado en estudios de trabajadoras sexuales. Pero rara vez los estudiosos han examinado la cuestión vital de si el estigma puede reducirse o eliminarse de cualquier tipo de trabajo sexual (stripping comercial, pornografía, prostitución, etc.). Después de una breve revisión de los temas relacionados con el estigma, este comentario propone un conjunto de condiciones previas para la reducción y, en última instancia, la eliminación del estigma del trabajo sexual.

 

 

El estigma es uno de los problemas más importantes en el trabajo sexual. Es omnipresente en el comercio sexual, aunque su contenido e intensidad varían un tanto por género, por sector ocupacional y por contexto nacional. Las investigaciones sobre las profesionales del sexo, sus directivos y sus clientes ofrecen abundantes pruebas de las consecuencias nocivas de la estigmatización.

 

El estigma se ha descrito como una imputación de estatus inferior a aquellos que tienen un rasgo desacreditador visible (por ejemplo, discapacidad física) o algún defecto moral percibido. Erving Goffman define el estigma como “un atributo que es profundamente desacreditador”, pero lo que es clave no es el atributo en sí: el estigma es producto de una relación entre al menos dos actores, no algo inherente a un tipo de comportamiento o condición física (Goffman, 1963: 3). Se aplica a categorías enteras de personas (por ejemplo, homosexuales, traficantes de drogas), así como a individuos específicos. Se manifiesta en las encuestas de opinión pública, las representaciones de los medios de comunicación, el discurso político, los encuentros cara a cara y las maneras en que los individuos internalizan los estereotipos, ocultan su identidad estigmatizada y llevan vidas dobles.

 

 

El libro de referencia de Goffman, Stigma (1963), ofrece un análisis convincente de las dimensiones clave del estigma. Pero el libro tiene una sorprendente deficiencia: no dice casi nada sobre la posibilidad de resistencia (por individuos o colectividades) ni considera si el estigma puede ser reducido o eliminado con el tiempo. Estas lagunas se reflejaban en las formulaciones originales de la teoría del etiquetado, que ignoraban la posibilidad de desafío por parte de los individuos que eran etiquetados como desviados, lo que John Kitsuse (1980) llamó posteriormente “desviación terciaria” y Edwin Schur (1980) examinó a nivel de grupo en su discusión de los “movimientos de liberación de la desviación”. Goffman y los fundadores de la teoría del etiquetado parecen haber asumido que una vez que un individuo o categoría de personas había sido estigmatizado, es internalizado por ellos y es básicamente permanente. La pegajosidad es quizá una función del período de tiempo en el que escribieron Goffman y los teóricos del etiquetado temprano (1951-1963) en la medida en que veían pocos ejemplos en ese momento de resistencia por parte de personas estigmatizadas o una política de identidad más amplia.

 

En lugar de desafío, Goffman se centra en las formas en que los individuos manejan el estigma: ocultándolo de los demás (“pasar” por normal); revelándolo selectivamente a algunas personas (“cobertura”); aislándose dentro de un grupo de otros igualmente estigmatizados; retener información biográfica sobre sí mismos; o de otra manera hacer frente a lo que él llamó una “identidad estropeada.” Los individuos estigmatizados se presentan como resignados a su estado devaluado, y su agencia consiste en limitar creativamente la exposición. Otro rasgo llamativo del libro de Goffman es el descuido de los orígenes y funciones del estigma hacia categorías particulares de personas -por ejemplo, las formas en que la estigmatización refuerza las normas convencionales y promueve intereses dominantes legitimando las jerarquías de poder establecidas (Link y Phelan, 2001; , 1980). El examen de las causas estructurales del estigma podría haber llevado a Goffman a explorar los corolarios de cómo el estigma puede reducirse. En vez de eso, nos quedamos con un análisis bastante estático, en el que los individuos internalizan las atribuciones desacreditantes de otros y hacen frente a ellos en la vida cotidiana.

 

Dos reseñas bibliográficas destacadas mencionan la cuestión del cambio, pero sólo de pasada y con escepticismo con respecto al potencial de erosión del estigma (Link y Phelan, 2001; Pescosolido y Martin, 2015). Y los pocos estudios que han examinado la resistencia se limitan en gran medida al nivel psicológico individual (por ejemplo Thoits, 2011) e ignoran la cuestión más amplia de cómo el estigma puede reducirse o eliminarse frente a una categoría entera de personas (excepciones incluyen a Anspach, 1979, De Young, 1988, Estro y otros, 2004, Schur, 1980). Un libro reciente discute programas diseñados para reducir el estigma hacia los enfermos mentales, incluyendo la iniciativa de la Asociación Mundial de Psiquiatría de 1996, Open the Doors Global Program para combatir el estigma debido a la esquizofrenia y campañas nacionales similares (Stuart et al., 2012). Dichos programas buscan difundir conocimientos, disminuir los prejuicios y poner fin a la discriminación contra quienes padecen una enfermedad mental. Estos programas han sido dirigidos menos al público en general que a grupos específicos como jóvenes, periodistas , policías, funcionarios de salud y encargados de formular políticas. Estos programas parecen haber tenido cierto éxito en la reducción de los estereotipos entre los grupos objetivo.

 

 

Estigma en el comercio sexual

 

El campo del trabajo sexual refleja la literatura académica más amplia en la que el propio estigma rara vez se problematiza. Una vez más, el defecto es tratarlo como una constante inmutable, no una variable, y asumir que es utópico imaginar su erosión. El estigma es universal en el ámbito del trabajo sexual: está bien documentado en la investigación sobre pornografía, prostitución y stripping comercial como un obstáculo que las trabajadoras sexuales y sus asociados enfrentan regularmente. Varía en intensidad, siendo generalmente más severo en prostitución (especialmente prostitución de calle) que en stripping comercial y pornografía. Varía un poco según la sociedad, y algunas naciones adoptan un enfoque más tolerante que otras, aunque el estigma sigue siendo un riesgo ocupacional para las trabajadoras sexuales en todas las naciones (Abel y Fitzgerald, 2010; Weitzer, 2012). Es más fácil para las trabajadoras sexuales inmigrantes protegerse del tipo de estigma que más les preocupa – el descubrimiento por familiares y amigos en su país de origen – que para las trabajadoras domésticas que viven con la amenaza diaria de detección de personas que conocen ( Scambler, 2007). Pero la nube negra del estigma afecta también a las trabajadoras sexuales migrantes. Y persiste incluso después de que una persona deje de vender sexo (por ejemplo, Sallmann, 2010). Su omnipresencia es evidente en las formas en que las trabajadoras sexuales llevan su vida laboral y personal: típicamente ocultan el tipo de trabajo que hacen de sus familias, conocidos, vecinos e incluso algunos amigos; niegan que están involucrados en el comercio sexual cuando se les pregunta; usan seudónimos en el trabajo y fabrican biografías personales; y llevan vidas dobles de otras maneras (Abel y Fitzgerald, 2010, Koken, 2012, Koken et al., Morrison y Whitehead, 2005, Sanders, 2005). Algunos analistas pueden considerar estas técnicas como una resistencia implícita (Sallmann, 2010), pero sigo argumentando que es mejor considerarlas como una forma de gestión del estigma y no una lucha contra el mismo. Las pocas prostitutas excepcionales que han “salido” en público sólo ilustran que las estrategias predominantes de afrontamiento son las de pasar por normales o hacer una revelación muy selectiva a los personas de confianza.2

 

También se estigmatizan los asociados de las trabajadoras sexuales: sus parejas, clientes y terceros que los ayudan o administran (por ejemplo, Birch 2015, Hammond, 2015). Los dueños de los burdeles, los directores de clubes de striptease, los distribuidores porno y otros terceros son a menudo reacios a revelar la naturaleza de su ocupación a extraños. Las personas que participan en empresas ilegales se ven obligadas a operar en el mercado negro o a ocultar la fuente de sus ingresos en la apertura de cuentas bancarias, de las autoridades fiscales y en otros negocios convencionales. Pero incluso los propietarios legales, gerentes y otros terceros se enfrentan rutinariamente con el estigma (Weitzer, 2012). Por último, sabemos que algunos investigadores que estudian el trabajo sexual han sido estigmatizados, sometidos a comentarios despectivos y a denuncias infundadas, marginados por los colegas, han sufrido altercados en reuniones profesionales y un nivel excepcional de escrutinio por parte de juntas de revisión institucionales que ha veces ha desembocado en negación de permiso para realizar investigaciones sobre la base de presunciones infundadas sobre el estudio propuesto (Dewey y Zheng, 2013, Hammond y Kingston, 2014, Siegel y de Wildt, 2015).

 

Mientras que esta literatura documenta la existencia del estigma en todo el campo del trabajo sexual, refleja a Goffman centrándose casi enteramente en cómo los individuos manejan sus identidades contaminadas, en lugar de preguntarse si algunos de ellos resisten activamente a las expresiones del prejuicio y la discriminación directa en encuentros cara a cara o colectivamente como miembros de organizaciones que buscan cambiar actitudes populares y políticas públicas. Existe una literatura de investigación sobre las organizaciones de derechos de las trabajadoras del sexo en diferentes países, que documenta las luchas a nivel de grupo por la normalización. Estas organizaciones se discuten más adelante en el artículo.

 

 

Reducción del estigma

 

La desestigmatización es un asunto tanto académico como político. Políticamente, podemos identificar un conjunto de estrategias prácticas para combatir el estigma, basadas en la táctica de los movimientos de liberación de desviación (Schur, 1980). Académicamente, podemos identificar un conjunto de condiciones previas para reducir y, en última instancia, eliminar el estigma de una categoría de personas. Link y Phelan (2001) señalan que ese cambio requiere un enfoque multifacético, pero no dicen nada acerca de en qué consisten estos cambios. A nivel individual, la resistencia por parte de una trabajadora sexual puede tomar las siguientes formas: anunciar que tenía plena autonomía al entrar en el trabajo sexual; estar actualmente en control de sus condiciones de trabajo e interacciones con los clientes; definir el trabajo como una profesión de servicio como cualquier otra o como una forma de apoyo o terapia para los clientes; negar el daño; condenar a los estigmatizadores; o distinguir su nivel (por ejemplo, escort ) de lo que consideran formas deshonestas de trabajo sexual (por ejemplo, la prostitución callejera). La evidencia de cada una de estas prácticas está esparcida por toda la literatura sobre el trabajo sexual, pero, de nuevo, estos esfuerzos tienden a limitarse al nivel psicológico o individual (por ejemplo, Koken et al., 2004; Morrison y Whitehead, 2005; Y Harred, 1992). Los actos aislados de resistencia de los individuos pueden tener poco o ningún impacto en la sociedad en general y también pueden ser peligrosos para los resistentes si sus acciones provocan ataques de otros.

 

En el plano social, el filósofo Lars Ericsson (1980: 362, 366) escribe que reducir el estigma requiere permitir que la prostitución funcione en un clima social libre de prejuicios emocionales … Para mejorar la prostitución debemos mejorar nuestras actitudes hacia ella . Su argumento es algo limitado -desatendiendo la cuestión crucial de cómo mejorar las actitudes de la sociedad- pero sí resalta un requisito central para la normalización. El cambio de actitud fundamental y generalizado es una condición necesaria, pero no suficiente, para la desestigmatización. A continuación, esbozo algunas condiciones previas adicionales para reducir el estigma.

 

 

Lenguaje neutro

 

Los nombres derogatorios deben ser borrados del discurso público y privado para la normalización de cualquier condición o comportamiento estigmatizados. Como Michel Foucault observó, las relaciones de poder están embebidas en el lenguaje, con grupos dominantes típicamente dedicados a “nombrar y avergonzar” a los subordinados. Palabras como prostituta, puta y putero deben ser reemplazadas por trabajadora y cliente. Cabe señalar que los grupos desacreditados a veces expropian términos peyorativos: pueden llamarse a sí mismos «putas» o «puteros» a efectos de obtener un valor de choque y reclamar e invertir los identificadores negativos. Ejemplos de ello son la Convención Mundial de Putas de 1985 en Bruselas; los eventos de baile de Hookers Ball que COYOTE patrocinó en San Francisco en la década de 1970; las revistas Whorezine y Johnzine publicadas por profesionales del sexo estadounidenses en los años noventa; y la defensa de los clientes de Chester Brown (2013) en su libro Paying For It: Una crónica en cómic sobre cómo ser un putero. Se puede argumentar que aquellos que participan en el comercio sexual deben ser libres para llamarse a sí mismos lo que quieran. Pero para reducir el estigma, otros deben dejar de usar términos despectivos debido a la relación de poder asimétrica que su uso reproduce con el tiempo.

 

 

Los medios de comunicación

 

En su mayor parte, hay un sesgo de negatividad en las representaciones que hacen los medios de comunicación de masas del trabajo sexual. Los medios de comunicación ponen de relieve los peores casos de abuso, confunden la prostitución con el tráfico humano y rara vez ofrecen una imagen positiva (o incluso neutral) de las profesionales del sexo y sus clientes. Los noticiarios de televisión, los periódicos y las noticias en línea suelen centrarse en la victimización, los daños, la prostitución callejera, la trata, las detenciones o las redadas en los “círculos” de la prostitución o los negocios relacionados con la misma (Farvid y Glass, 2014, Van Brunschot Et al., 2000). Los informes de prensa y los artículos de revistas raramente ofrecen un panorama contrastante, aunque algunos medios destacados lo han hecho en ocasiones (por ejemplo, Economist, 2014; Goldberg, 2014). La mayoría de los documentales también destacan la explotación económica y la victimización física, representada con la ayuda de imágenes extremadamente emotivas. Y las mismas representaciones sesgadas penetran los medios de entretenimiento. Algunos largometrajes y programas de televisión romantizan el trabajo sexual, pero éstas son excepciones en el cuadro dominante de presentación como cuentos de advertencia sórdidos (Campbell, 2006). La estigmatización requiere una representación más equilibrada de lo que se suele describir en los medios de comunicación. Por ejemplo, los documentales sobre la prostitución pueden representar una serie de escenarios, escalas y experiencias de las trabajadoras, en lugar de concentrarse exclusivamente en un solo tipo, por lo general presentado despectivamente. Al examinar arreglos radicalmente diferentes en varios países, los documentales Red-Light Districts del canal A & E (1997) y el documental de la National Geographic Television Prostitution (2010) resaltan la variación transcultural, lo que puede ayudar a reducir las generalizaciones estigmatizantes. El documental de CNBC Dirty Money: The Business of High End Prostitution (2008) y National Geographic American Escort Girls (2014) también contienen representaciones positivas de las personas que trabajan en el sector de las escorts. Y la serie de televisión Showtime e ITV2, Diario Secreto de una Escort, incluye aspectos eróticos y rutinarios de una escort, además de encuentros con una variedad de clientes, lo que también puede tener algún efecto normalizador sobre la percepción de la audiencia del sector de escorts. Los medios de comunicación de masas también pueden usarse como un vehículo para la educación pública, incluyendo Anuncios de Servicio Público o anuncios pagados en televisión basados en evidencia. Un ejemplo de esto último son los anuncios colocados en los medios canadienses por el grupo de abogacía, Stepping Stone, en 2011 (Griner, 2011). Y el Proyecto Paraguas Rojo ha llevado a cabo sesiones de capacitación para que profesionales del sexo defiendan mejor sus derechos cuando se relacionen con los medios combatiendo las caricaturas estereotipadas.

 

 

Despenalización

 

La experiencia del movimiento por los derechos de los homosexuales muestra que la derogación de leyes discriminatorias es de vital importancia pero no es suficiente para la normalización. Esto se aplica también al trabajo sexual. En los lugares donde el estriptis comercial, la producción de pornografía y la prostitución son legales y regulados por el Estado, el estigma persiste, aunque sea en forma diluida. Las encuestas de Gallup muestran que sólo el 29% de los británicos (en 2008) y el 31% de los estadounidenses (en 2013) piensan que ver pornografía es “moralmente aceptable” (Gallup, 2015). El estado de Nevada legalizó los prostíbulos rurales en 1971, pero tres décadas más tarde, sólo una ligera mayoría de los nevadenses (52%) apoyó la conservación de este sistema y sólo el 35% respaldó la idea de permitir que los burdeles legales operaran en la ciudad de Las Vegas (donde son ilegales bajo la ley estatal (citado en Weitzer, 2012: 51)). El estigma persiste también en las naciones que más recientemente han despenalizado la prostitución (por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Alemania y los Países Bajos), aunque puede estar un poco acallada en esos lugares en comparación con las naciones donde la penalización reina. 4 En el área del trabajo sexual debemos esperar un retardo en el cambio cultural después de la reforma legal: puede llevar un tiempo considerable que las normas sociales se ajusten a las normas legales. La despenalización es una condición necesaria, pero no suficiente, para la desestigmatización.

 

 

Movilización de la industria

 

Los propietarios y gerentes de negocios eróticos pueden desempeñar un papel importante en el apoyo a la desestigmatización y la presión por los derechos. La industria de la pornografía en los Estados Unidos, por ejemplo, tiene sus propias organizaciones de apoyo y red de apoyo legal (Voss, 2015). Los propietarios de burdeles legales y agencias de escorts en algunos países también tienen organizaciones que abogan no sólo por sus propios intereses sino también por las trabajadoras sexuales en la medida en que sus intereses se superponen (Weitzer, 2012). Una advertencia importante es que algunos de los intereses de los dueños de negocios pueden entrar en conflicto con los de las trabajadoras sexuales. Los primeros persiguen naturalmente sus intereses económicos, que pueden entrar en conflicto con los de las trabajadoras sexuales. Pueden encontrarse alineados en algunas cuestiones, como combatir lo que consideran regulaciones injustificadas, pero pueden ser oponentes en otras cuestiones, como la de si los propietarios deben ser obligados a proporcionar beneficios de seguridad social a las trabajadoras. Sin embargo, la búsqueda de la desestigmatización se hará en la medida en que los propietarios de empresas eróticas abogan por la normalización de la industria y en la medida en que las élites de la industria (por ejemplo, Hugh Hefner y Larry Flynt) apoyen públicamente los derechos de las trabajadoras sexuales y aporten recursos para acabar con la discriminación legal y social.

 

 

Activismo de las trabajadoras sexuales

 

El cambio de política puede ser un proceso de arriba hacia abajo, orquestado por el Estado. Algunos legisladores han iniciado proyectos de despenalización con poca presión de las beneficiarias (por ejemplo, en Nevada, República Checa, Australia Occidental). Pero el cambio legal también ha sido catalizado desde abajo – por individuos y organizaciones. Para tener éxito, la investigación muestra que los grupos de derechos de las trabajadoras del sexo requieren:

 

  • Líderes inteligentes o carismáticos que sean capaces de soportar contraataques;
  • Recursos suficientes (material, personal);
  • Conexiones con organizaciones de medios de comunicación;
  • Alianzas con otras organizaciones y movimientos sociales; y
  • Apoyo generalizado de los beneficiarios (profesionales del sexo, clientes, empresarios).

 

Las organizaciones de trabajadoras del sexo en algunos países han disfrutado de uno o dos de estos factores (por ejemplo, una líder carismática), pero no todas ellas. Tales organizaciones tienden a estar muy poco financiadas, carecen de un liderazgo fuerte, reclutan a pocas trabajadoras sexuales como miembros, son marginadas por aliados potenciales (organizaciones de mujeres, sindicatos) y tienen pocas conexiones con los principales medios de comunicación (Gall, 2010; Majic, 2014, Mathieu, 2003, Oselin y Weitzer, 2013, Weitzer, 1991, West, 2000). Las trabajadoras sexuales carecen de solidaridad a través de la jerarquía del trabajo sexual; muchas ven su trabajo como temporal, no están inclinadas al activismo; y la mayoría percibe poca ventaja en la sindicalización, especialmente si son autónomas (Gall, 2010; van der Poel, 1992).

 

Hay excepciones importantes. El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelandia, por ejemplo, desempeñó un papel instrumental en el proceso que condujo a la despenalización parlamentaria en 2003 y continúa influyendo en la política a través de su asiento permanente en el Comité de Revisión de la Prostitución del país que revisa periódicamente políticas y prácticas relacionadas con la prostitución . Respecto a los aliados, en 1973 la principal organización de derechos de las mujeres de Estados Unidos -la Organización Nacional de Mujeres- aprobó una larga resolución de despenalización declarando que NOW “se opone a las leyes prohibitivas continuas con respecto a la prostitución, creyendo que son punitivas” y por tanto apoya la derogación de todas las leyes relacionadas con el acto de prostitución “(NOW, 1973). Tal apoyo de una organización influyente dominante hizo poco para avanzar en la búsqueda de los derechos de las trabajadoras del sexo en los Estados Unidos (ahora no participan en ningún esfuerzo de reforma posterior), pero este tipo de apoyo, sin embargo, puede ser considerado vital para la desestigmatización. Amnistía Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Americana de Libertades Civiles y la Comisión Mundial de las Naciones Unidas sobre el VIH y la Ley han defendido la despenalización, lo que bien divulgado puede ayudar a desafiar el estigma asociado con el trabajo sexual. En mayo de 2016, Amnistía Internacional apoyó formalmente la despenalización como una forma de reducir la victimización y la marginación de las trabajadoras sexuales. La decisión fue ampliamente divulgada y se considera como una gran victoria para la comunidad de trabajadoras del sexo (Amnistía Internacional, 2016).

 

Algunas acciones recientes ilustran las maneras en que las trabajadoras sexuales han intentado desestigmatizar el trabajo sexual, junto con otras metas. En 2001, una organización de San Francisco que proporciona atención médica a las trabajadoras sexuales (la St James Infirmary) publicó anuncios en autobuses urbanos que incluían fotos de profesionales del sexo y citas destinadas a desafiar los estereotipos: “los derechos de las trabajadoras sexuales son derechos humanos” “El trabajo sexual es un trabajo real” y “alguien que usted conoce es una trabajadora sexual” (Schreiber, 2015: 256). En septiembre de 2015 la organización escocesa de trabajadoras del sexo Scot-Pep lanzó una propuesta (con el miembro del Parlamento escocés Jean Urquhart) de una legislación que despenalizaría la prostitución, siguiendo el modelo de Nueva Zelanda. La Ley de Reforma de la ley de Prostitución de Escocia cuestiona la posición actual del Gobierno de Escocia de que el trabajo sexual equivale a la “explotación sexual comercial” y busca derogar las leyes contra la solicitud, el rastreo de clientes y el mantenimiento de burdeles. El proyecto de ley permitiría que más de una trabajadora sexual trabajara en las mismas instalaciones (la ley actual restringe esto a una trabajadora) y aumentaría las penas contra quienes coaccionan a las trabajadoras sexuales. En noviembre de 2015, el Colectivo Inglés de Prostitutas, junto con defensores de los derechos de las trabajadoras del sexo de otras naciones, testificó en un simposio especial sobre la despenalización en la Cámara de los Comunes británica.

 

Las demandas que cuestionan la constitucionalidad de las leyes de prostitución son otra estrategia que siguen los activistas de las trabajadoras sexuales. Un caso judicial importante de esta naturaleza tuvo éxito en Canadá en 2013, cuando la Corte Suprema dictaminó inconstitucionales las tres leyes de prostitución de la nación.5 En los Estados Unidos se presentó recientemente un recurso legal similar, que desafiaba las leyes de prostitución de California. En la medida en que el público es consciente de estos esfuerzos legislativos y judiciales, al ser cubiertos por los medios de comunicación, las iniciativas pueden tener algún efecto en el desafío de los conceptos erróneos populares sobre el trabajo sexual. Otros acontecimientos recientes mueven la política en una dirección más represiva. La legislación del Parlamento francés es un ejemplo, con la Asamblea y el Senado proponiendo diferentes proyectos de ley en 2013 y 2015: uno implementaría el sistema sueco de criminalización del cliente mientras que el otro lo rechazaría y mejoraría las penas contra las prostitutas que solicitaban en las calles. El proyecto de ley de criminalización de los clientes, aprobado en abril de 2016, fue rechazado por una variedad de organizaciones y más de 70 celebridades francesas, y la gran mayoría del público francés se opone a la criminalización de los clientes.6 Cientos de profesionales del sexo organizaron una protesta en las calles de París y una activista (Franceline Lepany) declaró: “Este proyecto de ley trata de estigmatizar aún más a las prostitutas” .7 Las activistas de las trabajadoras sexuales también han sido activas en la oposición a proyectos de penalización de clientes en Canadá en 2014, el Parlamento Europeo en 2014, e Irlanda del Norte en 2015. Todas las medidas fueron aprobadas a pesar de la oposición vocal de los críticos. Pero su impacto en el estigma del trabajo sexual puede ser mixto, ya que todas y cada una de las iniciativas provocaron la oposición de las trabajadoras sexuales y sus partidarios – resistencia que puede ayudar a iluminar al público y generar un mayor apoyo a las demandas de las trabajadoras sexuales.

 

 

La comunidad académica

 

La comunidad académica puede desempeñar un papel importante en la desestigmatización del comportamiento no convencional. En 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó la homosexualidad de su compendio de enfermedades mentales (el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales) y la Organización Mundial de la Salud siguió su ejemplo en 1990. Asociaciones profesionales y académicas pueden ayudar a reducir el estigma aprobando resoluciones en apoyo a grupos marginados o patrocinando directamente campañas contra el estigma, como lo han hecho varias organizaciones de salud mental. Este tipo de intervención es poco frecuente en el ámbito del trabajo sexual, pero hay al menos un ejemplo destacado: En octubre de 2011 la junta directiva de la Sociedad para el Estudio de Problemas Sociales aprobó una resolución declarando su apoyo formal a: ) La legislación bipartidista para despenalizar la prostitución, 2) la información al público sobre los costos de emplear a la policía para controlar a las trabajadoras del sexo, y 3) la normalización de esta ocupación.8 Otras asociaciones académicas y profesionales podrían aprobar resoluciones similares, que pueden ser ampliamente publicadas después. Los eruditos pueden intervenir de otras maneras, tales como escribir columnas para fuentes de noticias, aparecer en programas de entrevistas, y publicar los resultados de la investigación que demontan las falacias predominantes. Esto sucede en cierta medida ahora – p.ej., los académicos participaron en el simposio parlamentario británico mencionado anteriormente – pero una implicación más robusta del experto ofrecería un correctivo basado en la evidencia a las políticas basadas en mitos con respecto al trabajo del sexo.

 

 

Conclusión

 

Esta lista de condiciones previas no es exhaustiva, pero sí cubre las principales áreas en las que se necesita un cambio. Como se mencionó anteriormente, el estigma es frecuentemente mencionado por académicos y activistas en el campo del trabajo sexual, pero típicamente no se problematiza como una variable sujeta a cambio. Este Comentario pretende catalizar análisis más directos de las condiciones para reducir el estigma para todos los participantes en el comercio sexual.

 

Es importante señalar que cualquier esfuerzo de normalización tendrá la oposición de las instituciones establecidas si el contexto jurídico nacional es uno en el que la prostitución está penalizada, el ordenamiento jurídico en sí mismo agrava la estigmatización y las autoridades tienen interés por considerar el trabajo sexual como una desviación. Además de esto, sabemos que las principales instituciones sociales y muchos grupos de interés poderosos y bien organizados están empeñados no sólo en bloquear la normalización del sexo comercial, sino también en perpetuar e intensificar la estigmatización. El movimiento contra la prostitución es fuerte y está creciendo en la mayoría de las partes del mundo, reforzado por su exitosa equiparación de prostitución y trata (Weitzer, 2007). Y hay también un creciente movimiento anti-pornografía que ha logrado imponer nuevas restricciones sobre material y espectáculos eróticos en algunas naciones (Gran Bretaña, Islandia, India) (Attwood y Smith, 2010; Burke, 2015; Helgado’ttir, 2014 ). Pero como el estigma no es inherente a ningún tipo de comportamiento y es en cambio una construcción social, puede ser contrarrestado y desconstruido. Y esa desestigmatización puede tener consecuencias importantes para otros aspectos del trabajo sexual: si se permite a la prostitución “funcionar en un clima social libre de prejuicios emocionales” (Ericsson, 1980: 362), entonces resulta “imaginable que la prostitución pueda ser practicada siempre, como ocasionalmente es incluso ahora, en circunstancias de relativa seguridad, libertad, higiene y control personal “(Overall, 1992: 716). Este ensayo ha esbozado algunas condiciones previas para una normalización más amplia.

 

 

Agradecimientos

 

Una versión de este artículo fue presentada en la conferencia COST Action IS1209, “Troubling Prostitution: Exploring Intersections of Sex, Intimacy and Labour” en Viena, Austria, 18 de abril de 2015. La acción COST se conoce como Comparación de las políticas europeas de prostitución : Entendiendo Escalas y Culturas de Gobierno (Prospol) (www.propol.eu). Agradezco a Susan Dewey, Juline Koken y Sharon Oselin por sus comentarios sobre una versión anterior de este artículo.

 

 

Notas

 

  1. Goffman (1963: 7) escribe: “El individuo estigmatizado tiende a tener las mismas creencias acerca de la identidad que que las que tenemos nosotros; éste es un hecho fundamental “. Él menciona, pero sólo de paso, algunos ejemplos de intentos de los representantes de una categoría estigmatizada para dar voz a sus sentimientos compartidos (Goffman, 1963: 24-27).

 

 

  1. Esto se aplica menos a las personas cuyo trabajo es muy visible, como las estrellas porno y los intérpretes de webcam, que ya están ” fuera del armario” en virtud de sus apariciones en pantalla.

 

 

  1. Después de que 50 académicos firmaran una carta a la legislatura estatal de Rhode Island (Estados Unidos) oponiéndose a una nueva ley de prostitución en 2009 (Associated Press, 2009), dos activistas antiprostitución atacaron los motivos de los académicos, que fueron etiquetados como “radicales sexuales”. “Los radicales sexuales están tomando como objetivo a Rhode Island para su propia agenda libertaria sexual extrema de prevenir cualquier límite legal a cualquier comportamiento sexual “(Brooks y Hughes, 2009: 3). La carta de los académicos, que coescribí con Elizabeth Wood, no contiene nada que pudiera justificar esta conclusión y en cambio se organizó en torno a los principios de reducción de daños y derechos laborales (Carta a los Honorables Miembros de la Legislatura del Estado de Rhode Island, Re: Prostitution Law Reform Bill, 31 de julio de 2009).

 

 

  1. La Encuesta Mundial de Valores documenta actitudes más tolerantes hacia la prostitución en las naciones que han legalizado la prostitución que donde la prostitución es ilegal (ver Weitzer, 2012: 80). Sin embargo, incluso en los países donde la penalización es la norma, la opinión pública puede cambiar con el tiempo: según la Encuesta Mundial de Valores, la perspectiva de que la prostitución “nunca se justifica” ha disminuido sustancialmente en Estados Unidos: de 63% en 1981 a 40 % En 2006: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (se accede el 25 de mayo de 2015).

 

 

  1. Bedford c. Canadá, ONSC 4264, Tribunal Superior de Justicia de Ontario, 28 de septiembre de 2010. El caso fue oído por un tribunal de apelaciones en 2012 y culminó con una sentencia del Tribunal Supremo en 2013 (Canadá [Fiscal General] v. Bedford, 2013 SCC 72, Tribunal Supremo de Canadá, 20 de diciembre de 2013).

 

 

  1. En cinco encuestas realizadas entre 2011 y 2013, del 70% al 82% de los encuestados franceses desaprobaron la idea de penalizar a los clientes, y una encuesta de 2013 informó que el 74% de los encuestados favoreció la “reapertura de burdeles” en el país (Weitzer, 2015).

 

  1. Esto fue citado en France24.com (se accedió el 3 de junio de 2015).

 

 

 

  1. Resolución 3, Sex Work: disponible en: http://www.sssp1.org/index.cfm/pageid/1516/m/ 392 # R3 (se accede el 20 de mayo de 2015).

 

 

Referencias

 

Abel G and Fitzgerald L (2010) Decriminalization and stigma. In: Abel G, Fitzgerald L and Healy C (eds) Taking the Crime Out of Sex Work: New Zealand Sex Workers’ Fight for Decriminalization. Bristol: Policy Press, pp. 239–258.

Amnesty International (2016) Policy on State Obligations to Respect, Protect, and Fulfill the Human Rights of Sex Workers. Policy 30/4026/2016.

Anspach R (1979) From stigma to identity politics: Political activism among the physically disabled and former mental patients. Social Science and Medicine 13(3): 765–773.

Associated Press (2009) Academics oppose banning indoor prostitution in Rhode Island. Boston Herald, 3 August.

Attwood F and Smith C (2010) Extreme concern: Regulating ‘dangerous pictures’ in the United Kingdom. Journal of Law and Society 37(1): 171–188.

Birch P (2015) Why Men Buy Sex. London: Routledge.

Brooks M and Hughes D (2009) International sex radicals campaign to keep prostitution decriminalized in Rhode Island. Citizens Against Trafficking.

Brown C (2013) Paying For It: A Comic Strip Memoir about Being a John. Montreal: Drawn and Quarterly Press.

Burke J (2015) India blocks more than 800 sites in web porn crackdown. The Guardian,3 August.

Campbell R (2006) Marked Women: Prostitutes and Prostitution in the Cinema. Madison, WI: University of Wisconsin Press.

Dewey S and Zheng T (2013) Ethical Research with Sex Workers: Anthropological Approaches. New York: Springer.

De Young M (1988) The indignant page: Techniques of neutralization in the publications of pedophile organizations. Child Abuse and Neglect 12(4): 583–591.

Economist (2014) The sex business. The Economist, 9–14 August.

Ericsson LO (1980) Charges against prostitution: An attempt at a philosophical assessment. Ethics 90(3): 335–366.

Estroff S, Penn D and Toporek J (2004) From stigma to discrimination: An analysis of community efforts to reduce the negative consequences of having a psychiatric disorder and label. Schizophrenia Bulletin 30(3): 493–509.

Farvid P and Glass L (2014) ‘It isn’t prostitution as you normally think of it. It’s survival sex’: Media representations of adult and child prostitution in New Zealand. Women’s Studies Journal 28(1): 47–67.

Gall G (2010) Sex worker collective organization: Between advocacy group and labor union? Equality, Diversity, and Inclusion 29(3): 289–304.

Gallup (2015) Poll, 6–10 May, N ¼ 1,024.

Goffman E (1963) Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Goldberg M (2014) Should buying sex be illegal? The Nation, 18–25 August.

Griner D (2011) Sex workers are people too, says ad campaign. Adweek, 13 July. Available at: http://www.adweek.com/adfreak/sex-workers-are-people-too-says-ad-campaign­133371 (accessed 1 February 2016).

Hallgrimsdottir H, Phillips R and Benoit C (2006) Fallen women and rescued girls: Social stigma and media narratives of the sex industry in Victoria, BC from 1980–2005. Canadian Review of Sociology and Anthropology 43(3): 265–280.

Hammond N (2015) Men who pay for sex and the sex work movement: Client responses to stigma and increased regulation of commercial sex policy. Social Policy and Society 14(1): 93–102.

Hammond N and Kingston S (2014) Experiencing stigma as sex work researchers in pro­fessional and personal lives. Sexualities 17(3): 329–347.

´

Helgado´ ttir A (2014) The Icelandic initiative for pornography censorship. Porn Studies 1(3): 285–298.

Jenness V (1990) From sex as sin to sex as work: COYOTE and the reorganization of prostitution as a social problem. Social Problems 37(3): 403–420.

Kitsuse J (1980) Coming out all over: Deviants and the politics of social problems. Social Problems 28(1): 1–13.

Koken JA (2012) Independent female escort’s strategies for coping with sex work related stigma. Sexuality and Culture 16(3): 209–229.

Koken JA, Bimbi DS, et al. (2004) The experience of stigma in the lives of male internet escorts. Journal of Psychology and Human Sexuality 16(1): 13–32.

Link BG and Phelan JC (2001) Conceptualizing stigma. Annual Review of Sociology 27: 363–385.

Majic S (2014) Sex Work Politics: From Protest to Service Provision. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.

Mathieu L (2003) The emergence and uncertain outcomes of prostitutes’ social movements. European Journal of Women’s Studies 10(1): 29–50.

Morrison TG and Whitehead BW (2005) Strategies of stigma resistance among Canadian gay-identified sex workers. Journal of Psychology and Human Sexuality 17(1/2): 169–179.

NOW (National Organization for Women) (1973) Resolution Calling for the Decriminalization of Prostitution. Resolution 141, passed at national NOW convention.

Oselin SS and Weitzer R (2013) Organizations working on behalf of prostitutes: An analysis of goals, practices, and strategies. Sexualities 16(3): 445–466.

Overall C (1992) What’s wrong with prostitution? Evaluating sex work. Signs 17(4): 705–724.

Pescosolido BA and Martin JK (2015) The stigma complex. Annual Review of Sociology 41: 87–116.

Sallmann J (2010) Living with stigma: Women’s experiences of prostitution and substance use. Affilia 25(2): 146–159.

Sanders T (2005) Sex Work. Cullompton: Willan.

Scambler G (2007) Sex work stigma: Opportunist migrants in London. Sociology 41(6): 1079–1096.

Schreiber R (2015) ‘Someone you know is a sex worker’: A media campaign for the St. James Infirmary. In: Laing M, Pilcher K and Smith N (eds) Queer Sex Work. London: Routledge, pp. 255–262.

Schur E (1980) The Politics of Deviance. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Siegel D and de Wildt R (eds) (2015) Ethical Concerns in Research on Human Trafficking. New York: Springer.

Stuart H, Arboleda-Florez J and Sartorius N (2012) Paradigms Lost: Fighting Stigma and the Lessons Learned. New York: Oxford University Press.

Thoits P (2011) Resisting the stigma of mental illness. Social Psychology Quarterly 74(1): 6–28.

Thompson WE and Harred JL (1992) Topless dancers: Managing stigma in a deviant occu­pation. Deviant Behavior 13(3): 291–311.

Van Brunschot E, Sydie R and Krull C (2000) Images of prostitution: The prostitute and print media. Women & Criminal Justice 10(4): 47–72.

Van der Poel S (1992) Professional male prostitution. Crime, Law, and Social Change 18(3): 259–275.

Voss G (2015) Trade associations, industry legitimacy, and corporate responsibility in porn­ography. In: Comella L and Tarrant S (eds) New Views on Pornography: Sexuality, Politics, and the Law. Santa Barbara, CA: Praeger, pp. 191–216.

Weitzer R (1991) Prostitutes’ rights in the United States: The failure of a movement. Sociological Quarterly 32(1): 23–41. Weitzer R (2007) The social construction of sex trafficking: Ideology and institutionalization of a moral crusade. Politics & Society 35(3): 447–475. Weitzer R (2012) Legalizing Prostitution: From Illicit Vice to Lawful Business. New York: New York University Press. Weitzer R (2015) Researching prostitution and sex trafficking comparatively. Sexuality Research and Social Policy 12(2): 81–91. West J (2000) Prostitution: Collectives and the politics of regulation. Gender, Work, and Organization 7(2): 106–118.

Ronald Weitzer is a professor of sociology at George Washington University. He has published extensively on sex work, including his books Sex For Sale: Prostitution, Pornography, and the Sex Industry (2000 and 2010) and Legalizing Prostitution: From Illicit Vice to Lawful Business (2012). In 2014 he co-edited a volume on human tra.cking for the Annals of the American Academy of Political and Social Science.

Reunión del Grupo de Expertos convocada por ONU Mujeres incluye recomendaciones sobre el trabajo sexual

Publicado por NSWP el 22 de diciembre de 2016

 

Author: NSWP

 

http://www.nswp.org/news/expert-group-meeting-convened-un-women-includes-recommendations-sex-work

 

Como preparación para la Comisión sobre el Estado de las Mujeres, ONU Mujeres ha convocado una reunión del Grupo de Expertos sobre el tema prioritario: “El empoderamiento económico de las mujeres en el cambiante mundo del trabajo”. La reunión tuvo lugar en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra (Suiza) del 26 al 28 de septiembre de 2016. El informe incluye recomendaciones a propósito del trabajo sexual, incluyendo entre ellas la despenalización de trabajadoras sexuales y clientes a fin de salvaguardar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

Las recomendaciones a propósito del trabajo sexual son las siguientes:

 

  • Reconocer que el trabajo sexual es trabajo y proteger los términos y condiciones de aquellas mujeres que puedan decidir libremente implicarse en el intercambio de sexo.

 

  • Asegurar que las trabajadoras sexuales tengan acceso a la atención médica y a la protección social y que no sean discriminadas negativamente por las leyes y normas nacionales

 

  • Reconocer a las organizaciones de trabajadoras sexuales como sindicatos y asociaciones legítimos e incluirlas activamente en los marcos e instituciones de negociación colectiva.

 

  • Despenalizar el trabajo sexual y la compra de sexo pero pedir cuentas a aquellos que se aprovechen de forma explotadora de su existencia.

 

Las opiniones expresadas en el informe (disponible al pie) no representan las opiniones de ONU Mujeres, pero sí representan las opiniones de los expertos convocados por ONU Mujeres.

Estas recomendaciones llegan en un momento interesante. ONU Mujeres está desarrollando actualmente su línea de actuación ante el trabajo sexual, sin incluir de forma significativa las experiencias vividas de las trabajadoras sexuales. ONU Mujeres lanzó una consulta a través de internet el 7 de septiembre de 2016, y han dejado claro que no tienen intención de ampliar su proceso de consulta más allá de esta excluyente consulta en línea. NSWP ha lanzado desde entonces una petición (1) solicitando a ONU Mujeres que incluya de forma significativa a las trabajadoras sexuales en el desarrollo de su línea de actuación. Ciento noventa organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales, organizaciones de derechos de las mujeres y organizaciones de derechos humanos han hecho un llamamiento (2) también a ONU Mujeres para que adopte un enfoque basado en la defensa de derechos en relación a los derechos de las trabajadoras sexuales.

NSWP lanzó la campaña ¿Nosotras no somos mujeres? #AreWeNotWomen (3) para poner de manifiesto cómo algunas personas en el movimiento de mujeres, incluyendo ONU Mujeres, están excluyendo a las trabajadoras sexuales en el desarrollo de la línea de actuación hacia el trabajo sexual. No será posible para ONU Mujeres desarrollar una posición sobre el trabajo sexual basada en los derechos humanos creíble si no reconocen y respetan las diversas realidades y experiencias vividas de todas las trabajadoras sexuales.

Descarga del informe:

EGM Report, UN Women – 2016.pdf

 


1.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2016/10/01/llamamiento-para-que-onu-mujeres-consulte-de-forma-significativa-a-las-trabajadoras-sexuales-cuando-desarrolle-normas-relativas-al-trabajo-sexual/

 

2.- http://www.creaworld.org/announcements/response-un-women-s-call-consultation-seeking-views-un-women-approach-sex-work-sex

 

3.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2016/12/12/campana-nosotras-no-somos-mujeres-arewenotwomen/

Campaña “¿Nosotras no somos mujeres?” #AreWeNotWomen

#AreWeNotWomen

 

9 de diciembre de 2016

Autor:

NSWP

 

http://www.nswp.org/news/arewenotwomen-campaign

 

¡Los derechos de las trabajadoras sexuales son derechos humanos Y los derechos de las trabajadoras sexuales son derechos de mujeres! La campaña #AreWeNotWomen pretende poner de manifiesto cómo las trabajadoras sexuales están siendo excluídas y silenciadas por algunas integrantes del movimiento de mujeres en el desarrollo de la nueva política hacia el trabajo sexual de ONU Mujeres (1)

No será posible para ONU Mujeres desarrollar una postura creíble hacia el trabajo sexual basada en los derechos humanos si no reconoce y respeta las distintas realidades y experiencias vividas de todas las trabajadoras sexuales. #AreWeNotWomen

#AreWeNotWomen pone de manifiesto cómo las trabajadoras sexuales no son consideradas “mujeres” por algunas integrantes del movimiento de mujeres y de ONU Mujeres.

ONU Mujeres se arriesga a ignorar siglos de experiencia por parte de nuestras comunidades de violaciones de derechos humanos y desigualdad de género consecuencia de la penalización de trabajadoras sexuales, clientes y terceros, y de estigma y discriminación en el seno de nuestras sociedades. #AreWeNotWomen

#AreWeNotWomen pone de manifiesto cómo algunas partes del movimiento feminista, y potencialmente ONU Mujeres, se preparan a socavar los derechos humanos de algunas mujeres, dejando atrás a las trabajadoras sexuales, incluídas las mujeres transexuales.

Al mismo tiempo, las Naciones Unidas están urgiendo a los Estados nacionales a no dejar a nadie detrás: #LeaveNoOneBehind.

Por favor, dedicad un momento a hacer saber a ONU Mujeres que apoyáis los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y la igualdad de género para todas. Usad, por favor, el hashtag #AreWeNotWomen en Twitter y el tag @UN_Women en vuestros tweets y mensajes de Facebook. @UN_Women #LeaveNoOneBehind!

 

__________________

1.- http://forumonwomenblog.cartercenter.org/wp-content/uploads/2016/10/ES-Consulta-para-recabar-apreciaciones-sobre-el-enfoque-de-ONU-Mujeres-respecto-del-trabajo-sexual-el-comercio-sexual-y-la-prostitucion.pdf

 

https://elestantedelaciti.wordpress.com/2016/10/01/llamamiento-para-que-onu-mujeres-consulte-de-forma-significativa-a-las-trabajadoras-sexuales-cuando-desarrolle-normas-relativas-al-trabajo-sexual/

¿Qué quieren las trabajadoras sexuales?

Recomendación para el enfoque que ONU Mujeres haga sobre trabajo sexual, comercio sexual y prostitución

 

 

Subido por NSWP el 14 de octubre de 2016

 

Fuente:

Red de Trabajadoras Sexuales de de Toda la India

 

Descarga:

UN Women Submission on Sex Work, AINSW – 2016.pdf

 

La Red de Trabajadoras Sexuales de de Toda la India (AINSW), CREA, el Centro de Activismo e Investigación, el Colectivo India y Abogados y 43 organizaciones autogestionadas de trabajadoras sexuales han enviado conjuntamente esta respuesta a la consulta actualmente en marcha de ONU Mujeres sobre trabajo sexual. Llevaron a cabo tres consultas regionales con grupos de trabajadoras sexuales para llegar a un consenso sobre los principios que deben ser incluídos en cualquier orientación política en relación al trabajo sexual. Las participantes en las consultas hacen un llamamiento a ONU Mujeres para que garantice que el desarrollo de cualquier orientación política se haga mediante consulta significativa e inclusiva con las trabajadoras sexuales.

 

Los principios que deben ser incluídos en cualquier orientación política sobre el trabajo sexual incluyen los siguientes:

 

  • Los derechos de las trabajadoras sexuales deben ser reconocidos como derechos humanos
  • El trabajo sexual necesita ser separado del comercio sexual y la trata
  • Las leyes o regulaciones que directa o indirectamente penalizan el trabajo sexual deben ser derogadas y es necesario garantizar un entorno legal capacitante para las trabajadoras sexuales
  • El trabajo sexual es trabajo y necesita ser reconocido como una forma de ocupación laboral
  • Deben ser garantizados los derechos de las trabajadoras sexuales a las prestaciones y ayudas sociales
  • Se debería permitir a las trabajadoras sexuales registrarse como colectivos/organizaciones/asociaciones
  • Se debería garantizar la disponibilidad y accesibilidad a los servicios de salud sin ningún tipo de estigma ni prejuicio
  • Debería ser garantizado el derecho de las trabajadoras sexuales al matrimonio, la custodia, adopción y tutela de niños
  • Deberían ser garantizados los derechos de los hijos de las trabajadoras sexuales
  • Debería ser garantizado el derecho a la privacidad y la confidencialidad de la identidad de la trabajadora sexual

 

Además de esta respuesta, NSWP ha publicado (1) su propia respuesta a la consulta online de ONU Mujeres y ha desarrollado un borrador marco para un enfoque del trabajo sexual por parte de la ONU que afirme los derechos de las mujeres en respuesta a una consulta online de ONU Mujeres (2). NSWP ha lanzado también una petición (3) a ONU Mujeres para que consulte de forma significativa a las trabajadoras sexuales durante el desarrollo de su orientación política.

 

Puedes descargar este PDF de 7 páginas en el enlace de arriba. Este recurso está disponible en inglés.

 

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1.- http://www.nswp.org/resource/nswp-formal-response-un-women-consultation

2.- http://www.nswp.org/resource/draft-framework-un-women-human-rights-affirming-approach-sex-work-response-un-women-e

3.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2016/10/01/llamamiento-para-que-onu-mujeres-consulte-de-forma-significativa-a-las-trabajadoras-sexuales-cuando-desarrolle-normas-relativas-al-trabajo-sexual/

 

LLamamiento para que ONU Mujeres consulte de forma significativa a las trabajadoras sexuales cuando desarrolle normas relativas al trabajo sexual

 

Firmar aquí:

https://www.change.org/p/call-for-un-women-to-meaningfully-…

 

La NSWP, una red global de 263 organizaciones de personas que ejercen el trabajo sexual en 78 países, está llevando a cabo una llamada para participar en una consulta significativa con personas que ejercen el trabajo sexual ya que están desarrollando su política sobre trabajo sexual.

El Programa Conjunto de ONUSIDA sobre SIDA, del cual ONU Mujeres es un co-sponsor, ya tiene una política de trabajo sexual que está basado en los Derechos Humanos de la ONU y que se desarrolló siguiendo una consulta significativa del proceso con personas que ejercen el trabajo sexual y demás socios.

La NSWP recibió una invitación de ONU Mujeres para participar en una consulta electrónica formal el 7 de septiembre de 2016. Sin embargo, este proceso está basado en sólo aquellos más privilegiados y excluirá a la mayoría de las personas que ejercen el trabajo sexual del globo sur que tienen acceso limitado a internet; la mayoría analfabetos de los lenguajes colonialistas de las Naciones Unidas y que no están familiarizados con los tratados de la ONU, con los documentos que guían a ONU Mujeres ni con su marco de consultas.

ONU Mujeres cree que es importante escuchar a “diferentes personas y grupos, agencias y organizaciones que tienen un interés sobre el tema incluyendo: personas que ejercen el trabajo sexual / grupos de trabajo sexual, supervivientes de la prostitución y grupos que los representen, organizaciones feministas y de derechos de las mujeres”. A pesar de que se nombra primero a las personas que ejercen el trabajo sexual, el proceso que se usa y el fracaso en organizar consultas de personas que ejercen el trabajo sexual a nivel nacional y regional demuestra una ignorancia sobre la realidad de las vidas de las personas que ejercen el trabajo sexual, un fracaso a reconocer la centralidad que las personas que ejercen el trabajo sexual deben jugar en el desarrollo de las políticas y los programas de trabajo sexual y el deseo de limitar la involucración de las personas que ejercen el trabajo sexual en el desarrollo de esta política.

La NSWP cree que es esencial que se provea a las personas que ejercen el trabajo sexual con oportunidades de participación significativa en las consultas que les impactarán y recomendar a las Personas que Ejercen el Trabajo Sexual y Aliados del Sudeste Asiático (SWASA) para que organice una consulta cara a cara con las personas que ejercen el trabajo sexual de la región Surasiática para juntar sus voces y documentar lo que es un proceso de consulta para mujeres que son marginadas y discriminadas incluso dentro de otros movimientos de mujeres.

La experiencia nos ha enseñado que las comunidades de personas que ejercen el trabajo sexual —a nivel local, nacional, regional y global— donde se han impuesto políticas sin preguntarles sobre sus experiencias vividas y sin una involucración significativa de las personas que ejercen el trabajo sexual tiene, a menudo, un gran efecto perjudicial para sus vidas y las de sus familias. Para recalcar estas experiencias de las personas que ejercen el trabajo sexual con políticas perjudiciales, la NSWP ofrece a la ONU Mujeres un borrador para un acercamiento cerciorando los derechos humanos al trabajo sexual para ser considerado y para que haya más consultas a lo largo del desarrollo de su política.

¡¡Nada sobre nosotros/as, sin nosotros/as!!

El signatario más abajo llama a la ONU Mujeres a:

  • Participar en una consulta significativa con personas que ejercen el trabajo sexual para desarrollar su política sobre trabajo sexual.
  • Asegurar que su política respete, proteja y cumpla con los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y que reconozca la autodeterminación de las personas que ejercen el trabajo sexual.

Esta petición será entregada a:

  • UN Women
  • United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

¿Que eres feminista, dices?

 

yo-tambien

No se trata de castigarlos a ellos, sino de protegerlas a ellas

Comparto plenamente los argumentos esgrimidos por Amnistía Internacional (AI) en su defensa por la despenalización del trabajo sexual

Abogo por que no se convierta a las prostitutas en cómplices de delitos o sanciones administrativas, se les niegue cualquier elección que no sea ejercer en prostíbulos o se las margine socialmente como infrasujetos carentes de derechos humanos

 

 

3006_20150821rPUpb5Por Glòria Poyatos Matas

23/08/2015
http://bit.ly/1JtG9wk

 

Comparto plenamente los argumentos esgrimidos por Amnistía Internacional (AI) en su defensa por la despenalización del trabajo sexual, sustancialmente por el enfoque que se hace, fijando el objetivo en las propias trabajadoras y los derechos de éstas, desterrando otros enfoques que se centran más en sancionar (incluso penalmente) a los clientes o, a propietarios de locales de alterne o inmuebles en los que ellas trabajan. No se trata de castigarlos a ellos sino de protegerlas y empoderarlas a ellas y reconocerles los mismos derechos humanos que cualquier otra persona.

 
Hace años, otra organización internacional de igual prestigio e incluso con un conocimiento más especializado en materia de trabajo, la Organización Internacional de Trabajo, se mostró igualmente partidaria de la despenalización del trabajo sexual recomendando, incluso, su regulación, en su Informe de 1998, diseñado por Lin Lean Lim sobre el sector del sexo en Asia sudoriental. Y hay otros ejemplos, como ONUSIDA, la OMS, ONU Mujeres, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), Human Rights Watch, Open Society etc., que mantienen la misma línea de la OIT y AI.

 
Para poder opinar nítidamente sobre el trabajo sexual debe partirse de una premisa imprescindible, que es el deslinde del trabajo sexual como servicio realizado por persona adulta y libre a cambio de un precio del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, que personalmente me repugna, y abogo por un urgente incremento de las penas y una verdadera coordinación internacional en la lucha contra las mafias.

 
Que el trabajo sexual no es sinónimo de trata es algo incuestionable a estas alturas. Ha sido reconocido por la ONU, en un extenso estudio llevado a cabo en 2010 en Europa ( Trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual), en cuyas conclusiones se asevera que una de cada siete mujeres que ejercen la prostitución en Europa es víctima de trata, esto es, aproximadamente un 15%. Sin duda alguna, es una cifra abominable y demasiado elevada, en un entorno autocalificado de progresista y protector de la mujer frente a una de las delincuencias más repugnantes y, desgraciadamente, mejor organizadas, pero hay todo un 80% de mujeres desterradas a la invisibilidad y al ostracismo de derechos.

 
También la propia UE, en la sentencia dictada por el TJUE de 21 noviembre de 2001 ( asunto Jany y otras), separa claramente el trabajo sexual de otras actividades delictivas y lo define, sin tapujos, como actividad económica, si se ejerce libremente por persona adulta. Esa sentencia vincula jurídicamente a todos los estados miembros incluidos sus órganos judiciales, al igual que vincula el Reglamento de la UE 549/2013, que separa el trabajo sexual voluntario del que no lo es, a efectos de su inclusión en el PIB.

 
Esta separación no debe parecernos extraña, si tenemos en cuenta que el delito de trata de personas con fines de explotación laboral cohabita con una prolija regulación laboral que actúa de dique limitador de los perjuicios obreros surgidos del libre juego entre la oferta y la demanda. Un dique tutelador de la dignidad del trabajador y su desvalida posición contractual. He aquí el primer motivo para propugnar no sólo la despenalización del trabajo sexual sino también su regulación a medida, una regulación especial y específica para un trabajo de alto riesgo. Una regulación que limite el poder de clientes o proxenetas e incremente el de las trabajadoras sexuales a todos los niveles.

 
El segundo argumento para despenalizar el trabajo sexual es un argumento de género, el mismo que se esgrime por parte de las filas neo-abolicionistas o prohibicionistas, pero a la inversa y siempre fijando nuestra atención en ellas y no en castigarlos a ellos. Que la prostitución sea mayoritariamente femenina, y por tanto se proyecte sobre un colectivo (el de las mujeres) históricamente discriminado, refuerza la tesis de su despenalización, aumento de la protección y reconocimiento de derechos. No reconocer derechos puede llevar al absurdo de desterrar de tutela judicial a las trabajadoras sexuales frente a clientes o propietarios de los locales de alterne en los que trabajan, para satisfacción de estos.
Ello ocurre en nuestro país, donde algunas sentencias judiciales anulan las actas de infracción y sanción de la Inspección de Trabajo frente a los propietarios de los prostíbulos, y ocurrió en Colombia, donde una trabajadora sexual fue despedida por quedarse embarazada, siendo desestimada su demanda planteada frente al despido con el argumento de la inexistencia del contrato (negación de derechos), hasta que, con una alta dosis de sentido común, el Tribunal Constitucional de dicho país tuteló el derecho de la prostituta, sustancialmente por la vía de la discriminación por razones de género (sentencia 629/2010 – ponente don Juan Carlos Henao Pérez).

 
El tercero. La penalización de la prostitución por la vía de la criminalización de los clientes de las meretrices tampoco ayuda a sacarlas de su estado permanente de estigmatización, pues las convierte en cómplices necesarias de un hecho delictivo, reprochable administrativamente y, por ende, también socialmente. Además, las arrastra a ejercer su actividad en condiciones peores (clandestinidad), y más peligrosas para su libertad sexual e integridad física, aumentando peligrosamente su vulnerabilidad como víctimas de otros delitos. Y a ello también ayuda la pandemia de reglamentaciones locales de los últimos años, que barren a las trabajadoras sexuales de las ciudades, sin habilitar espacios alternativos donde puedan ejercer la actividad en condiciones más seguras para ellas. Una buena campaña para los locales de alterne y otro golpe a los derechos de estas perdedoras, acostumbradas a serlo.

 
Mi cuarto argumento parte de un principio de igualdad de trato respecto de otros trabajos sexuales (actrices de porno, bailarinas eróticas, alternadoras), que sí tienen reconocidos derechos sociales y laborales. ¿Dónde está la diferencia, excluyente de derechos, entre una actriz del porno y una prostituta? Y sobre todo, igualdad, en este macro-negocio de la prostitución donde todos tienen derechos menos ellas, como es el caso de la patronal del sexo que cuenta con regulación jurídica a medida, y una buena organización a través de asociaciones nacionales para la defensa de sus intereses. Asociaciones reconocidas judicialmente por el propio Tribunal Supremo español ( “sentencia Mesalina” de 24/11/2004).

 
El último de mis argumentos a favor de reconocer derechos a las trabajadoras sexuales es eminentemente práctico. Personalmente, desearía que la prostitución no existiese, al menos como una forma de supervivencia de las mujeres en situaciones de necesidad, pero es una quimera pensar en su desaparición. Por ello, y dado que muchas mujeres eligen esta alternativa temporalmente para poder cubrir las necesidades familiares más básicas, abogo por que al menos durante esa etapa, no se las convierta en cómplices de delitos o sanciones administrativas, se les niegue cualquier elección que no sea ejercer en prostíbulos, se las destierre del acceso a las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social o se las margine socialmente como infrasujetos carentes de derechos humanos, pues ello supone perpetuar su histórica situación de exclusión social, como uno de los colectivos más vulnerado y vulnerable.

 

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Glòria Poyatos Matas es Magistrada decana en Lanzarote y autora del libro La prostitución como trabajo autónomo.

Campañas contra la trata, trabajadoras sexuales y los orígenes del daño

10838005_10153040570259310_8739568871256665347_oCarol Leigh

26 de marzo de 2015
https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/carol-leigh/antitrafficking-campaigns-sex-workers-and-roots-of-damage

 

Las campañas contra la trata tienen sus orígenes en las luchas del siglo diecinueve por “salvar” a las mujeres blancas de la “trata de blancas”. Las estrategias contemporáneas amplían la estigmatización y criminalización, afectando a una gama de comunidades vulnerables.

 
Los efectos adversos que las leyes y políticas contra la trata producen sobre los derechos de las trabajadoras sexuales han sido documentados extensamente durante la última década. A pesar de las reclamaciones de cambio hechas por trabajadoras sexuales, activistas de derechos humanos, académicos y una gama de otros agentes, los estados a lo largo y ancho del mundo han sido reticentes y lentos en su respuesta. Algunos analistas ponen el acento en que el uso que hacen los estados de las leyes contra la trata para limitar la inmigración es la principal causa de esta reticencia. Yo añadiría que el análisis del desarrollo histórico de las políticas contemporáneas contra la trata es crucial para entender la creciente criminalización y estigmatización de trabajadoras sexuales, inmigrantes y otras poblaciones vulnerables. Argumento que cualquier entramado legal basado en el “crimen”, en lugar de en los derechos y las causas estructurales de los males sociales, está ligado a efectos desproporcionados y sistemáticos sobre los pobres y vulnerables.

 

Salvar a las mujeres de la “trata de blancas”: los orígenes de la lucha contra la trata

 

Los orígenes de las leyes contemporáneas contra la trata pueden situarse firmemente en la ideología abolicionista de la prostitución de finales del siglo diecinueve, un período durante el cual la trata fue también denominada “trata de blancas”. Las campañas contra la trata de blancas retrataban un mundo lleno de peligro sexual para las jóvenes blancas, seducidas y explotadas por siniestros hombres de piel oscura. Por lo tanto estas campañas fueron impulsados por la xenofobia, el racismo y el clasismo en el momento culminante del imperialismo británico.

 
A mediados de la década de 1800 las leyes contra la solicitación (dirigidas a las prostitutas) se habían convertido en un elemento básico de las ordenanzas municipales. Los abolicionistas de la prostitución se unieron a otros cruzados contra el vicio en el siglo diecinueve, introduciendo una nueva estrategia. Como un precedente del enfoque legislativa adoptado en nuestros días por Suecia y otros países, los abolicionistas de la prostitución sostuvieron que las mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución y eran, por tanto, víctimas y no criminales. También se opusieron a legalizar la prostitución, objetando “… el doble rasero de la moral sexual reforzada por la actuación policial y el control de los cuerpos de las mujeres” y lucharon para expandir la definición de trata de forma que incluyera la implicación de terceros, que argüían que deberían ser penalizados o criminalizados. Entonces, como hoy, esta estrategia legislativa y de campaña fue presentada ostensiblemente como un acto de simpatía hacia las trabajadoras sexuales. Sin embargo, la criminalización de las terceras partes llevó el sexo comercial a la clandestinidad y ocasionó un aislamiento extremo y peligroso de las trabajadoras sexuales, ya que las terceras partes podrían incluir a caseros, servicio doméstico, miembros de la familia, propietarios de burdeles e incluso el apoyo mutuo entre las mismas trabajadoras sexuales.

 
El cierre de los burdeles coincidió también con un aumento en el valor de las propiedades inmobiliarias. El estatus legal de la prostitución fue así sometido a las políticas de desarrollo territorial, y un elemento activo de la represión de la prostitución. En los Estados Unidos, las poblaciones urbanas marginalizadas, desde los inmigrantes a los recién emancipados afroamericanos, fueron el objetivo de estatutos tales como la Ley Mann de 1910 o la Ley de Trata de Blancas. Este estatuto estableció una base de datos centralizada de “prostitutas conocidas” y llevó a la constitución del FBI, en un claro ejemplo de cómo las políticas contra la trata amplían las competencias de la policía. Tales represión y criminalización de casi todos los aspectos de la prostitución pronto se extendió por todo el globo. Esto recolocó firmemente la prostitución profundamente dentro de la economía sumergida, exacerbando y causando vulnerabilidad. La tasa de asesinatos de trabajadoras sexuales ha aumentado continuamente desde entonces, junto con el abuso de la policía contra adultos y jóvenes.

 
La criminalización de las terceras partes y la definición de la prostitución como un “mal” en sí mismo fueron aún más cimentadas a nivel global por el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de la ONU de 1949. Como Kamala Kempadoo argumentó en su artículo “Trata para el mercado global: terror estatal y corporativo”, la preocupación por el nexo trata-prostitución aumentó incluso tras el colapso del Bloque del Este:

 
Aparentemente, la aparición de mujeres de los antiguos países dependientes de la URSS en las industrias del sexo de la Europa Occidental fue una razón de primer orden por la que los gobiernos europeos prestaron atención al problema de la trata. En muchos aspectos, este enfoque es un eco de la cruzada de finales del diecinueve y principios del siglo veinte… Parecería también otra vez que la atención por las vidas de la mujeres blancas… ha impulsado la acción internacional.

 

La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales

 

A finales de los años 70, los movimientos por los derechos de las trabajadoras sexuales sugirieron de forma radical que las trabajadoras sexuales eran una clase de trabajadores totalmente meritorias de derechos humanos, civiles y laborales. Esto llevó a la organización de convenciones internacionales de trabajadoras sexuales y activistas por los derechos humanos, comenzando con el Comité Internacional por los derechos de las prostitutas en los años 80. Los análisis presentados por estos grupos reflejaron la teoría de desarrollo, justicia social y reducción de daños. Hubo un creciente reconocimiento de los defectos de las estrategias de los abolicionistas de la prostitución, en estas conferencias y en los medios académicos, así como llamamientos a la autorrepresentación de las trabajadoras sexuales, como se hizo realidad con la formación de la Red de Proyectos de Trabajo Sexual.

 
En los anos 90, en respuesta a la creciente atención hacia los temas de inmigración, y con información de los activistas por los derechos de las trabajadoras sexuales, una oolaboración de grupos defensores de derechos estableció los Estándares de derechos humanos para el tratamiento de las personas víctimas de trata. Su intención era presionar por el establecimiento de un protocolo de lucha contra la trata que combatiera el abuso de todos los trabajadores —incluídas las trabajadoras sexuales— principalmente en el contexto de la inmigración. El desacuerdo entre este grupo colaborativo y los abolicionistas de la prostitución fue evidenciado a finales de los 90, cuando estas diversas facciones fueron invitadas a participar en la redacción del nuevo Protocolo contra la trata de la ONU. Lo que siguió fue una batalla.

 
Quedó claro que los abolicionistas de la prostitución no tenían interés en incluir el trabajo forzado en el Protocolo contra la trata de la ONU. Por el contrario, insistieron en que el Protocolo fuera usado como una herramienta para abolir la prostitución. En el compromiso que se alcanzó al final, el nuevo Protocolo contra la trata de la ONU se refería a los abusos laborales que implicaran el uso de fuerza, fraude, coerción, etc. con fines de explotación. De forma más significativa, el Protocolo decidió específicamente no definir el concepto de “explotación sexual”. Esto dejaba al criterio de cada estado definir esta como les pareciera mejor, haciendo equivalentes prostitución y explotación sexual o definiendo la explotación sexual como un abuso dentro de la prostitución. De este modo, el Protocolo podría ser interpretado como que respalda tanto a los que defienden la legalización de la prostitución como a los que buscan su abolición.

 
Estas estrategias dentro del Protolo de la ONU han supuesto en gran medida un fracaso para las trabajadoras sexuales y para los inmigrantes y las víctimas de trata. Además, mientras que las protecciones de los derechos humanos son opcionales, la criminalización y el control de las fronteras son obligatorios. En consecuencia, la respuesta judicial penal predominante busca principalmente detener el sexo comercial mediante redadas y detenciones de inmigrantes, aunque eso se acompaña de una ayuda limitada para una amplia gama de víctimas. Así, como ha dicho Marjan Wijers, “Este enfoque en la pureza y la victimización de las mujeres, unido a la protección de las fronteras nacionales, no solo impide cualquier esfuerzo serio para combatir los auténticos abusos de derechos humanos a los que nos enfrentamos… sino que de hecho hace daño a personas reales”.

 
Bajo la presión de coaliciones de abolicionistas de la prostitución, muchos países han aprobado ahora leyes nacionales contra la trata que se fijan exlusivamente en la prostitución, retrocediendo a estrategias de siglos pasados. En los Estados Unidos, el lobby abolicionista de la prostitución, en alianza con fundamentalistas religiosos, presionó hasta el agotamiento para que todas las trabajadoras sexuales fueran consideradas víctimas de trata, a fin de prevenir la opción de legalizar la prostitución y reconocer derechos laborales a las personas implicadas. Estos grupos también recomendaron una definición bifurcada de la trata, una definición que separa la “trata sexual” de otras formas de trata laboral. La Ley de protección de víctimas de trata de los Estados Unidos, que refleja parcialmente este propósito, define la trata sexual como “el reclutamiento, alojamiento, transporte, provisión u obtención de una persona con el propósito de realizar un acto sexual comercial”. No se estipula ninguna condición de fuerza, fraude o abuso. Aunque la “trata sexual” no está incluida en las leyes penales de Estados Unidos, la ley mencionada ciertamente allana el camino para esa posibilidad.

 
La aplicación de la ley en Estados Unidos se ha centrado principalmente en suprimir el sexo comercial, en lugar de combatir los abusos que se producen dentro del comercio sexual. Estas ideologías represoras también se han promovido activamente y se han exportado mediante canales tales como el “Juramento de lealtad contra la prostitución”, que requiere a los beneficiarios de ayuda monetaria de los Estados Unidos que garanticen su oposición a la legalización de la prostitución. Las subvenciones dentro de los Estados Unidos siguieron la misma dirección, haciendo que las organizaciones de trabajadoras sexuales fueran excluidas de las subvenciones. Las trabajadoras sexuales fueron también excluidas de más participaciones en la elaboración de la política, tanto de forma sistemática como informal.

 

Situación actual

 

El actual movimiento neoabolicionista ha expandido sus estrategias para incluir el “modelo sueco” de represión de la prostitución. Los clientes son ahora incluidos en la larga lista de objetivos de la criminalización, aumentando el aislamiento de las trabajadoras sexuales. Aunque la filosofía abolicionista ostensiblemente se opone a la penalización de las trabajadoras sexuales, a nivel internacional tales campañas se han lanzado allí donde la prostitución es legal, como un medio de criminalizar aún más las industrias del sexo, en lugar de como un medio de despenalizar a las trabajadoras sexuales. Es este enfoque criminalizador el que promueve tambíen controles más estrechos de las fronteras, así como el creciente castigo y persecución de inmigrantes, jóvenes y gente de color. Estas “soluciones” exacerban la violencia y la vulnerabilidad en muchas poblaciones, de la misma forma que la criminalización de los burdeles en el siglo diecinueve ocasionó una centuria de aislamiento y mayor violencia contra las trabajadoras sexuales.

 
Las trabajadoras sexuales han explicado extensamente que una de las muchas condiciones que se necesitan para prevenir los abusos a menudo amalgamados como “trata” es la despenalización del trabajo sexual. Este principio es apoyado por el Observatorio de Derechos Humanos, la Comisión global sobre el VIH y la legislación, el Relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud, el Programa de desarrollo de las Naciones Unidas, ONU Mujeres y ONUSIDA, entre una creciente lista de organismos internacionales.

 
Claramente, algunos resultados de las políticas de lucha contra la trata han sido positivos para aquellos individuos que han resultado calificados para merecer protección, permitiéndoles pasaportes y residencias específicos, entre otros avances humanitarios. Al mismo tiempo, se han hallado pruebas sustanciales de efectos adversos a raíz de la investigación llevada a cabo por la Alianza Global contra la trata de mujeres. Desde una perspectiva basada en la defensa de derechos, cualquier entramado legal que se centre en el “crimen” en lugar de en los derechos y en las causas estructurales de los males sociales está ligado a unos efectos desproporcionados y sistemáticos sobre los pobre y vulnerables. Mientras tanto, la espada de doble filo de la lucha contra la trata sitúa a las poblaciones vulnerables en situación de competir por obtener justicia, porque aquellos calificados como víctimas de trata pueden obtener recursos de los mismos sistemas que castigan a otros, individuos igualmente vulnerables.

 

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Acerca de la autora

 

Carol Leigh ha sido artista y activista trabajadora sexual durante décadas. Es miembro de COYOTE (Call Off Your Old Tired Ethics), miembro fundador de ACT UP (AIDs Coalition To Unleash Power) y de SWOP-USA (Sex Workers Outreach Project), y cofundadora de Bay Area Sex Worker Advocacy Project. Leigh acuñó el término “trabajo sexual” a finales de los 70. En 1999 fundó el San Francisco Sex Worker Film & Arts Festival. Leigh fue organizadora principal del San Francisco Board of Supervisor’s Task Force on Prostitution. Fue consultora de The RighT Guide, una herramienta de influencia sobre la política contra la trata en Holanda. Desde 2003 ha administrado el Trafficking Policy Research Project recolectando material sobre los efectos de las políticas de Estados Unidos contra la trata. Durante varios años se ha centrado en un trabajo en progreso, Collateral Damage: Sex Workers and the Anti-Trafficking Campaigns.

NSWP responde a la propuesta de Amnistía Internacional sobre el trabajo sexual

 

logo

 

NSWP ha respondido al anteproyecto de política hacia el trabajo sexual de Amnistía Internacional (AI). AI está llevando a cabo una consulta global entre sus miembros en referencia al trabajo sexual. El anteproyecto propone la despenalización del trabajo sexual consensuado entre adultos.

Si los miembros de AI votan a favor de adoptar esta política, Amnistía Internacional se unirá a la creciente lista de organizaciones internacionales que la apoyan y que piden la despenalización del trabajo sexual. La Comisión Global sobre VIH y Legislación, ONUSIDA, OMS, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW) y el Observatorio de Derechos Humanos han reclamado o defienden todos ellos la despenalización del trabajo sexual. Las recomendaciones a favor de la despenalización del trabajo sexual se basan en una robusta base de evidencias que muestra que la política basada en los derechos es clave para asegurar el respeto a los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

http://www.nswp.org/news-story/nswp-responds-amnestys-draft-policy-sex-work

http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/AI_%20IS_NSWP_Global_Policy_Consultation_Response.pdf

 

Estimado Salil                                                          25 de marzo de 2014

A la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP) le gustaría aprovechar esta oportunidad de contribuir a la discusión acerca de la propuesta de política hacia el trabajo sexual de Amnistía Internacional. Los miembros de NSWP comprenden más de 180 organizaciones de trabajadoras sexuales en más de 60 países de todo el mundo, incluyendo redes locales, regionales y nacionales. Nuestras redes regionales en el Sur Global y el Norte Global representan respectivamente un número importante de trabajadoras sexuales que hacen campaña de forma activa por la plena despenalización del trabajo sexual.

El año pasado, NSWP publicó la “Declaración de Consenso Global sobre Trabajo Sexual, Derechos Humanos y Legislación” en nombre de los miembros de NSWP y de las trabajadoras sexuales a las que representan. La declaración de consenso esboza ocho derechos que están establecidos en varios tratados internacionales de derechos humanos, así como en constituciones nacionales. NSWP y otros grupos de justicia social argumentan que los estados son responsables de proteger proactivamente los derechos fundamentales y adoptar medidas que ayuden a proteger, respetar y hacer cumplir estos derechos para todos.

Derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales:

1. Derecho a asociarse y organizarse

2. Derecho a ser protegidas por la ley

3. Derecho a verse libres de violencia

4. Derecho a no ser discriminadas

5. Derecho a la privacidad y a verse libres de interferencias arbitrarias

6. Derecho a la salud

7. Derecho a viajar y a emigrar

8. Derecho a trabajar y a elegir empleo libremente

NSWP apoya ampliamente la propuesta de política hacia el trabajo sexual de Amnistía Internacional; sin embargo, nos gustaría llamar la atención del Secretariado Internacional sobre algunos puntos fundamentales. Estos puntos resaltan algunas lagunas en la propuesta y abordan la ambigua noción de ‘despenalización parcial’ que, aunque no se hace referencia explícita a ella en el sumario de la propuesta, es presentada como una opción política en el ‘Formulario de respuesta a la consulta’ de Amnistía Internacional del Reino Unido. De tal forma que creemos que Amnistía Internacional del Reino Unido tiene la obligación y la responsabilidad de presentar a sus miembros una revisión equilibrada de la evidencia que sustente todas y cada una de las opciones que son sometidas a consideración.

Los siguientes puntos serían, en nuestra opinión, la cristalización de algunos de los razonamientos hechos en la propuesta de política:

• La consideración de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales en los marcos legales que penalizan cualquier aspecto del trabajo sexual de adultos, incluyendo a terceras partes

• El aumento del estigma y la discriminación experimentados por las trabajadoras sexuales en entornos en los que la compra de sexo ha sido penalizada (el así llamado ‘modelo nórdico’)

Con relación a la consideración de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, a NSWP le gustaría llamar la atención de Amnistía Internacional sobre el reciente Informe Mundial 2014 del Observatorio de Derechos Humanos1. El informe es una revisión anual de las prácticas de derechos humanos en todo el mundo. Resume los temas clave de derechos humanos en más de 90 países y territorios de todo el mundo, recogiendo hechos ocurridos hasta noviembre de 2013. El informe pone de manifiesto violaciones de derechos humanos perpetradas contra trabajadoras sexuales en Camboya, China, Vietnam, Grecia, Líbano y los Estados Unidos. Los abusos de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales incluyen detención arbitraria (Camboya), redadas punitivas, pruebas forzadas de VIH, violaciones de la intimidad, maltratos por profesionales sanitarios (China), rehabilitación forzada de trabajadoras sexuales (Vietnam), detención y prueba forzada de VIH de supuestas trabajadoras sexuales (Grecia), sometimiento de trabajadoras sexuales (junto a usuarios de drogas y personas LGBT) bajo custodia por las fuerzas de seguridad a malos tratos y tortura (Líbano), y uso de condones como prueba de trabajo sexual (Estados Unidos). El informe reclama la despenalización del trabajo sexual entre adultos en reconocimiento del hecho de que allí donde el trabajo sexual es penalizado (incluyendo la penalización de los clientes), dicha penalización permite que ocurran abusos y violaciones de los derechos humanos a causa del estigma y la discriminación, que hacen que las trabajadoras sexuales sean consideradas ciudadanas de segunda clase que no merecen ni siquiera los derechos humanos básicos.

Uno de los valores centrales de NSWP que busca abordar el daño que las trabajadoras sexuales sufren en entornos en los que cualquier aspecto del trabajo sexual es penalizado es: oposición a todas las formas de penalización y otras formas de opresión legal del trabajo sexual (incluyendo a trabajadoras sexuales, clientes, terceras partes, familias, parejas y amigos). El término ‘terceras partes’ incluye gerentes, propietarios de burdeles, recepcionistas, camareras, conductores, arrendadores, hoteles que alquilan habitaciones a trabajadoras sexuales y cualquier otra persona que se considere que está facilitando el trabajo sexual.

El debate en torno a las terceras partes ha sido caracterizado por una deliberada falta de matización (y, ciertamente, de claridad) por aquellos que buscan penalizar el trabajo sexual. NSWP puso de manifiesto en una reciente nota 2 que el debate en torno a la penalización de terceras partes se ha centrado en palabras como “proxeneta”, que NSWP no usa por varias razones. Sobre todo, porque el término evoca un estereotipo claramente racializado. Los grupos de presión del Norte Global buscan acallar las voces de las trabajadoras sexuales, sobre todo en el Sur Global, con campañas extremadamente emotivas y ofensivas diseñadas para silenciar a las trabajadoras sexuales. Este silenciamiento se hizo evidente cuando los activistas contra el trabajo sexual crearon el hashtag de twitter #questionsforamnesty, con la intención de debilitar a Amnistía Internacional y a la reclamación de respeto de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. La penalización de las terceras partes afecta a las trabajadoras sexuales de muchas maneras:

• La penalización de los lugares de trabajo de las trabajadoras sexuales (y de las terceras partes que los dirigen) expone a las trabajadoras sexuales a mayor riesgo de transmisión del VIH, en contravención de la Recomendación 200 de la OIT;

• La penalización de los gerentes fuerza a las trabajadoras sexuales a trabajar con menor seguridad;

• Las trabajadoras sexuales son procesadas en aplicación de leyes contra terceros, utilizando los condones como prueba, lo que pone en riesgo la salud de las trabajadoras sexuales.

• Las trabajadoras sexuales pueden ser a la vez trabajadoras sexuales y terceras partes, y ser así procesadas en aplicación de leyes contra terceros cuando el estado busca perseguir a las trabajadoras sexuales: por ejemplo, si dos trabajadoras sexuales están trabajando juntas por seguridad, se convierte cada una de ellas en ‘tercera parte’ de la otra;

• Los hijos o parejas de las trabajadoras sexuales son procesados como terceras partes, en contravención del artículo octavo de la Convención de derechos humanos de la ONU, que garantiza el derecho a la privacidad y a la vida en familia;

• Los agentes de la ley usan las leyes contra las terceras partes para acosar a las trabajadoras sexuales, persiguiendo a aquellos a los que se aplican las leyes contra terceros —tales como arrendadores— y haciendo así que las trabajadoras sexuales vivan en un estado de inseguridad de alojamiento.

Para reiterar las recomendaciones de las principales agencias internacionales: “Las leyes que directa o indirectamente criminalizan o penalizan a las trabajadoras sexuales, a sus clientes o a las terceras partes, […] pueden debilitar la efectividad de los programas de salud sexual y de lucha contra el VIH, y limitar la capacidad de las trabajadoras sexuales y de sus clientes de buscar estos programas y beneficiarse de ellos”.3

Los ejemplos de abusos de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y la explicación de las formas en que la penalización de terceros afecta a las trabajadoras sexuales sirven para ilustrar cuán precarios son los derechos humanos de éstas. Es la firme creencia de NSWP que la total despenalización del trabajo sexual es la mejor manera posible de proteger y promover los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

Nos gustaría llamar la atención del Secretariado Internacional sobre las consecuencias del así llamado ‘modelo sueco’, tal y como son relatadas por las propias trabajadoras sexuales y por los informes de varias autoridades oficiales. En Suecia, los investigadores del trabajo sexual informan rutinariamente de los altos niveles de estigma que deben afrontar las trabajadoras sexuales. El gobierno sueco proclamó los altos niveles de estigma de aquellas implicadas en el trabajo sexual como un ‘resultado positivo’. El Defensor de la Igualdad sueco escribió, en un informe publicado en octubre de 2010 que encontraban esto “digno de mención”. Los niveles aumentados de estigma tienen serias implicaciones para las trabajadoras sexuales, que a menudo se sienten desalentadas a la hora de buscar ayuda de la policía  y asistencia de los servicios sociales y sanitarios.5

El ‘modelo nórdico’ asegura que los niveles de trabajo sexual desminuirán en la medida en la que la penalización de los clientes llevará a una menor ‘demanda de servicios sexuales’. Investigación independiente realizada sobre estas leyes ha mostrado que no son efectivas para reducir el número de mujeres implicadas en trabajo sexual. En cambio, “las trabajadoras se han limitado a cambiarse a pisos, a internet y a países vecinos”.6

Además de estos hallazgos, un reciente informe de la policía sueca sobre trata de seres humanos reveló que, por ejemplo, el número de salones de masaje Thai (que son conocidas tapaderas de negocios de trabajo sexual) ha aumentado. El número de trabajadoras sexuales de Lituania y Rumania (entre trabajadoras sexuales de otros países) que habían o bien emigrado por su propia voluntad o bien sido introducidas en Suecia por trata o tráfico había aumentado también en los años 2010 y 2011.7 

La penalización de la compra de servicios sexuales tiene implicaciones negativas para la seguridad de las trabajadoras sexuales. Por ejemplo, en un entorno despenalizado, los clientes de las trabajadoras sexuales no tienen motivo para ocultar información (tal como números de teléfono, nombres completos o direcciones) a las trabajadoras sexuales con las que se reúnen. En el contexto de penalización del ‘comprador de sexo’, es más probable que los clientes oculten la información que las trabajadoras sexuales necesitan para su seguridad a fin de impedir que la policía use tal información. En Suecia, el Consejo Nacional de Policía ha encontrado que la ley que penaliza a los clientes es un obstáculo para procesar a aquellos que explotan el trabajo sexual de otros. Antes se podía confiar en los compradores de sexo como testigos, pero este no es ya el caso en la medida en que ahora ellos mismos son culpables de cometer un delito. Por otra parte, las trabajadoras sexuales están ahora atrapadas en una posición ambigua con respecto a la ley. Vender sexo no es un delito, pero ya que comprar servicios sexuales sí lo es, la trabajadora sexual puede ser presentada como testigo durante el proceso judicial. No tiene, por tanto, ni los derechos del acusado ni los derechos de la víctima. El informe del Consejo de Policía discute también el hecho de que las trabajadoras sexuales son ahora sometidas rutinariamente a registros e interrogatorios invasivos, de forma que las pruebas contra los clientes puedan ser obtenidas in fraganti”.8

En conclusión, nos gustaría reiterar algunas de las principales razones 9 por las que el movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales hace campaña por la total despenalización del trabajo sexual.

La despenalización del trabajo sexual:

Promueve condiciones de trabajo seguras – Las trabajadoras sexuales pueden trabajar juntas por seguridad, comunicarse abiertamente con los clientes o gerentes sin temer constantemente el acoso de la policía o algo peor. En Nueva Zelanda, la despenalización del trabajo sexual durante la última década ha ayudado a promover los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales. El Tribunal de Revisión de Derechos Humanos de Nueva Zelanda dictó una resolución histórica 10

en enero de 2014 sobre la violación de los derechos humanos de una mujer en un burdel de Wellington en la que estaba empleada. La mujer presentó una querella contra el gerente y el propietario del burdel después de que el gerente la acosara sexualmente y la intimidara. La querella fue admitida y a la mujer se la reconocieron daños sustanciales.

Aumenta el acceso a los servicios de salud y reduce el riesgo de las trabajadoras sexuales frente al VIH y las ETS – Las trabajadoras sexuales se ven frecuentemente expuestas al VIH y a las ETS y tienen muchas probabilidades de infectarse. Las trabajadoras sexuales a menudo no están en condiciones de controlar estos factores de riesgo a causa del entorno legal, político y social en el que trabajan. 11 Por ejemplo, en muchos territorios la policía usa la presencia de condones como prueba de actividad sexual; por ejemplo, para probar que alguien es ‘propietario de burdel’. Si los condones son usados como prueba para llevar a cabo procesamientos por cualquier cargo relacionado con el trabajo sexual, se desincentiva fuertemente tener suministro disponible de los mismos y se penaliza de hecho su posesión, lo que afecta a la capacidad de las trabajadoras sexuales de protegerse a sí mismas. Esto va contra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que llama a los países a ‘estimular la creación de “lugares de trabajo seguros” y la disponibilidad de preservativos en todos los locales de trabajo sexual’ y a ‘terminar con la práctica de los agentes de la ley de usar los condones como prueba de trabajo sexual’..12

Aumenta el acceso de las trabajadoras sexuales a la justicia– La despenalización aparta las principales barreras que obstaculizan la denuncia por parte de las trabajadoras sexuales de violaciones y otros crímenes de los que son víctimas, en la medida en que como trabajadoras sexuales en entornos criminalizados a menudo temen ser detenidas o castigadas de otros modos (por ejemplo, perdiendo la custodia de sus hijos). Hará también más difícil que la violencia contra las trabajadoras sexuales sea cometida con impunidad.

Reduce el abuso y la violencia de la policía–Los policías son frecuentemente los perpetradores de abusos contra las trabajadoras sexuales. En los lugares donde el trabajo sexual está penalizado,  la policía ejerce poder sobre las trabajadoras sexuales en forma de amenazas de detención y humillación pública. En Sudáfrica y Uganda, por ejemplo,  la policía a menudo hace desfilar en público a las sospechosas de ser trabajadoras sexuales, obligándolas a llevar condones hinchados alrededor del cuello.13

Ayuda a combatir la explotación y la coacción cuando tienen lugar– La Nota Orientativa de ONUSIDA sobre VIH y Trabajo Sexual declaraba que “las mismas trabajadoras sexuales son a menudo las que están en mejor situación para saber quién está siendo víctima de trata en sexo comercial y por quién, y están particularmente motivadas para trabajar por acabar con tales prácticas odiosas”.14

La penalización del trabajo sexual puede impedir los esfuerzos contra la trata que llevan a cabo las organizaciones de trabajadoras sexuales y hacer más fácil la errónea categorización de las trabajadoras sexuales como personas víctimas de trata. Muchas medidas antitrata son usadas deliberadamente para desbaratar negocios legítimos de trabajo sexual y con regularidad usan descaradamente una retórica antiinmigratoria. Las iniciativas antitrata deben estar probadamente fundadas en los principios de los derechos humanos y no deben afectar negativamente a los derechos de las trabajadoras sexuales.

 

Le saluda atentamente,

Ruth Morgan Thomas

Coordinadora Global