Resistencia al estigma del trabajo sexual

 

Ronald Weitzer

Universidad George Washington, EE.UU.

Enero de 2017

 

https://www.academia.edu/31011252/Resistance_to_Sex_Work_Stigma_2017_?auto=download

 

Resumen

El estigma es omnipresente en el trabajo sexual y está bien documentado en estudios de trabajadoras sexuales. Pero rara vez los estudiosos han examinado la cuestión vital de si el estigma puede reducirse o eliminarse de cualquier tipo de trabajo sexual (stripping comercial, pornografía, prostitución, etc.). Después de una breve revisión de los temas relacionados con el estigma, este comentario propone un conjunto de condiciones previas para la reducción y, en última instancia, la eliminación del estigma del trabajo sexual.

 

 

El estigma es uno de los problemas más importantes en el trabajo sexual. Es omnipresente en el comercio sexual, aunque su contenido e intensidad varían un tanto por género, por sector ocupacional y por contexto nacional. Las investigaciones sobre las profesionales del sexo, sus directivos y sus clientes ofrecen abundantes pruebas de las consecuencias nocivas de la estigmatización.

 

El estigma se ha descrito como una imputación de estatus inferior a aquellos que tienen un rasgo desacreditador visible (por ejemplo, discapacidad física) o algún defecto moral percibido. Erving Goffman define el estigma como “un atributo que es profundamente desacreditador”, pero lo que es clave no es el atributo en sí: el estigma es producto de una relación entre al menos dos actores, no algo inherente a un tipo de comportamiento o condición física (Goffman, 1963: 3). Se aplica a categorías enteras de personas (por ejemplo, homosexuales, traficantes de drogas), así como a individuos específicos. Se manifiesta en las encuestas de opinión pública, las representaciones de los medios de comunicación, el discurso político, los encuentros cara a cara y las maneras en que los individuos internalizan los estereotipos, ocultan su identidad estigmatizada y llevan vidas dobles.

 

 

El libro de referencia de Goffman, Stigma (1963), ofrece un análisis convincente de las dimensiones clave del estigma. Pero el libro tiene una sorprendente deficiencia: no dice casi nada sobre la posibilidad de resistencia (por individuos o colectividades) ni considera si el estigma puede ser reducido o eliminado con el tiempo. Estas lagunas se reflejaban en las formulaciones originales de la teoría del etiquetado, que ignoraban la posibilidad de desafío por parte de los individuos que eran etiquetados como desviados, lo que John Kitsuse (1980) llamó posteriormente “desviación terciaria” y Edwin Schur (1980) examinó a nivel de grupo en su discusión de los “movimientos de liberación de la desviación”. Goffman y los fundadores de la teoría del etiquetado parecen haber asumido que una vez que un individuo o categoría de personas había sido estigmatizado, es internalizado por ellos y es básicamente permanente. La pegajosidad es quizá una función del período de tiempo en el que escribieron Goffman y los teóricos del etiquetado temprano (1951-1963) en la medida en que veían pocos ejemplos en ese momento de resistencia por parte de personas estigmatizadas o una política de identidad más amplia.

 

En lugar de desafío, Goffman se centra en las formas en que los individuos manejan el estigma: ocultándolo de los demás (“pasar” por normal); revelándolo selectivamente a algunas personas (“cobertura”); aislándose dentro de un grupo de otros igualmente estigmatizados; retener información biográfica sobre sí mismos; o de otra manera hacer frente a lo que él llamó una “identidad estropeada.” Los individuos estigmatizados se presentan como resignados a su estado devaluado, y su agencia consiste en limitar creativamente la exposición. Otro rasgo llamativo del libro de Goffman es el descuido de los orígenes y funciones del estigma hacia categorías particulares de personas -por ejemplo, las formas en que la estigmatización refuerza las normas convencionales y promueve intereses dominantes legitimando las jerarquías de poder establecidas (Link y Phelan, 2001; , 1980). El examen de las causas estructurales del estigma podría haber llevado a Goffman a explorar los corolarios de cómo el estigma puede reducirse. En vez de eso, nos quedamos con un análisis bastante estático, en el que los individuos internalizan las atribuciones desacreditantes de otros y hacen frente a ellos en la vida cotidiana.

 

Dos reseñas bibliográficas destacadas mencionan la cuestión del cambio, pero sólo de pasada y con escepticismo con respecto al potencial de erosión del estigma (Link y Phelan, 2001; Pescosolido y Martin, 2015). Y los pocos estudios que han examinado la resistencia se limitan en gran medida al nivel psicológico individual (por ejemplo Thoits, 2011) e ignoran la cuestión más amplia de cómo el estigma puede reducirse o eliminarse frente a una categoría entera de personas (excepciones incluyen a Anspach, 1979, De Young, 1988, Estro y otros, 2004, Schur, 1980). Un libro reciente discute programas diseñados para reducir el estigma hacia los enfermos mentales, incluyendo la iniciativa de la Asociación Mundial de Psiquiatría de 1996, Open the Doors Global Program para combatir el estigma debido a la esquizofrenia y campañas nacionales similares (Stuart et al., 2012). Dichos programas buscan difundir conocimientos, disminuir los prejuicios y poner fin a la discriminación contra quienes padecen una enfermedad mental. Estos programas han sido dirigidos menos al público en general que a grupos específicos como jóvenes, periodistas , policías, funcionarios de salud y encargados de formular políticas. Estos programas parecen haber tenido cierto éxito en la reducción de los estereotipos entre los grupos objetivo.

 

 

Estigma en el comercio sexual

 

El campo del trabajo sexual refleja la literatura académica más amplia en la que el propio estigma rara vez se problematiza. Una vez más, el defecto es tratarlo como una constante inmutable, no una variable, y asumir que es utópico imaginar su erosión. El estigma es universal en el ámbito del trabajo sexual: está bien documentado en la investigación sobre pornografía, prostitución y stripping comercial como un obstáculo que las trabajadoras sexuales y sus asociados enfrentan regularmente. Varía en intensidad, siendo generalmente más severo en prostitución (especialmente prostitución de calle) que en stripping comercial y pornografía. Varía un poco según la sociedad, y algunas naciones adoptan un enfoque más tolerante que otras, aunque el estigma sigue siendo un riesgo ocupacional para las trabajadoras sexuales en todas las naciones (Abel y Fitzgerald, 2010; Weitzer, 2012). Es más fácil para las trabajadoras sexuales inmigrantes protegerse del tipo de estigma que más les preocupa – el descubrimiento por familiares y amigos en su país de origen – que para las trabajadoras domésticas que viven con la amenaza diaria de detección de personas que conocen ( Scambler, 2007). Pero la nube negra del estigma afecta también a las trabajadoras sexuales migrantes. Y persiste incluso después de que una persona deje de vender sexo (por ejemplo, Sallmann, 2010). Su omnipresencia es evidente en las formas en que las trabajadoras sexuales llevan su vida laboral y personal: típicamente ocultan el tipo de trabajo que hacen de sus familias, conocidos, vecinos e incluso algunos amigos; niegan que están involucrados en el comercio sexual cuando se les pregunta; usan seudónimos en el trabajo y fabrican biografías personales; y llevan vidas dobles de otras maneras (Abel y Fitzgerald, 2010, Koken, 2012, Koken et al., Morrison y Whitehead, 2005, Sanders, 2005). Algunos analistas pueden considerar estas técnicas como una resistencia implícita (Sallmann, 2010), pero sigo argumentando que es mejor considerarlas como una forma de gestión del estigma y no una lucha contra el mismo. Las pocas prostitutas excepcionales que han “salido” en público sólo ilustran que las estrategias predominantes de afrontamiento son las de pasar por normales o hacer una revelación muy selectiva a los personas de confianza.2

 

También se estigmatizan los asociados de las trabajadoras sexuales: sus parejas, clientes y terceros que los ayudan o administran (por ejemplo, Birch 2015, Hammond, 2015). Los dueños de los burdeles, los directores de clubes de striptease, los distribuidores porno y otros terceros son a menudo reacios a revelar la naturaleza de su ocupación a extraños. Las personas que participan en empresas ilegales se ven obligadas a operar en el mercado negro o a ocultar la fuente de sus ingresos en la apertura de cuentas bancarias, de las autoridades fiscales y en otros negocios convencionales. Pero incluso los propietarios legales, gerentes y otros terceros se enfrentan rutinariamente con el estigma (Weitzer, 2012). Por último, sabemos que algunos investigadores que estudian el trabajo sexual han sido estigmatizados, sometidos a comentarios despectivos y a denuncias infundadas, marginados por los colegas, han sufrido altercados en reuniones profesionales y un nivel excepcional de escrutinio por parte de juntas de revisión institucionales que ha veces ha desembocado en negación de permiso para realizar investigaciones sobre la base de presunciones infundadas sobre el estudio propuesto (Dewey y Zheng, 2013, Hammond y Kingston, 2014, Siegel y de Wildt, 2015).

 

Mientras que esta literatura documenta la existencia del estigma en todo el campo del trabajo sexual, refleja a Goffman centrándose casi enteramente en cómo los individuos manejan sus identidades contaminadas, en lugar de preguntarse si algunos de ellos resisten activamente a las expresiones del prejuicio y la discriminación directa en encuentros cara a cara o colectivamente como miembros de organizaciones que buscan cambiar actitudes populares y políticas públicas. Existe una literatura de investigación sobre las organizaciones de derechos de las trabajadoras del sexo en diferentes países, que documenta las luchas a nivel de grupo por la normalización. Estas organizaciones se discuten más adelante en el artículo.

 

 

Reducción del estigma

 

La desestigmatización es un asunto tanto académico como político. Políticamente, podemos identificar un conjunto de estrategias prácticas para combatir el estigma, basadas en la táctica de los movimientos de liberación de desviación (Schur, 1980). Académicamente, podemos identificar un conjunto de condiciones previas para reducir y, en última instancia, eliminar el estigma de una categoría de personas. Link y Phelan (2001) señalan que ese cambio requiere un enfoque multifacético, pero no dicen nada acerca de en qué consisten estos cambios. A nivel individual, la resistencia por parte de una trabajadora sexual puede tomar las siguientes formas: anunciar que tenía plena autonomía al entrar en el trabajo sexual; estar actualmente en control de sus condiciones de trabajo e interacciones con los clientes; definir el trabajo como una profesión de servicio como cualquier otra o como una forma de apoyo o terapia para los clientes; negar el daño; condenar a los estigmatizadores; o distinguir su nivel (por ejemplo, escort ) de lo que consideran formas deshonestas de trabajo sexual (por ejemplo, la prostitución callejera). La evidencia de cada una de estas prácticas está esparcida por toda la literatura sobre el trabajo sexual, pero, de nuevo, estos esfuerzos tienden a limitarse al nivel psicológico o individual (por ejemplo, Koken et al., 2004; Morrison y Whitehead, 2005; Y Harred, 1992). Los actos aislados de resistencia de los individuos pueden tener poco o ningún impacto en la sociedad en general y también pueden ser peligrosos para los resistentes si sus acciones provocan ataques de otros.

 

En el plano social, el filósofo Lars Ericsson (1980: 362, 366) escribe que reducir el estigma requiere permitir que la prostitución funcione en un clima social libre de prejuicios emocionales … Para mejorar la prostitución debemos mejorar nuestras actitudes hacia ella . Su argumento es algo limitado -desatendiendo la cuestión crucial de cómo mejorar las actitudes de la sociedad- pero sí resalta un requisito central para la normalización. El cambio de actitud fundamental y generalizado es una condición necesaria, pero no suficiente, para la desestigmatización. A continuación, esbozo algunas condiciones previas adicionales para reducir el estigma.

 

 

Lenguaje neutro

 

Los nombres derogatorios deben ser borrados del discurso público y privado para la normalización de cualquier condición o comportamiento estigmatizados. Como Michel Foucault observó, las relaciones de poder están embebidas en el lenguaje, con grupos dominantes típicamente dedicados a “nombrar y avergonzar” a los subordinados. Palabras como prostituta, puta y putero deben ser reemplazadas por trabajadora y cliente. Cabe señalar que los grupos desacreditados a veces expropian términos peyorativos: pueden llamarse a sí mismos «putas» o «puteros» a efectos de obtener un valor de choque y reclamar e invertir los identificadores negativos. Ejemplos de ello son la Convención Mundial de Putas de 1985 en Bruselas; los eventos de baile de Hookers Ball que COYOTE patrocinó en San Francisco en la década de 1970; las revistas Whorezine y Johnzine publicadas por profesionales del sexo estadounidenses en los años noventa; y la defensa de los clientes de Chester Brown (2013) en su libro Paying For It: Una crónica en cómic sobre cómo ser un putero. Se puede argumentar que aquellos que participan en el comercio sexual deben ser libres para llamarse a sí mismos lo que quieran. Pero para reducir el estigma, otros deben dejar de usar términos despectivos debido a la relación de poder asimétrica que su uso reproduce con el tiempo.

 

 

Los medios de comunicación

 

En su mayor parte, hay un sesgo de negatividad en las representaciones que hacen los medios de comunicación de masas del trabajo sexual. Los medios de comunicación ponen de relieve los peores casos de abuso, confunden la prostitución con el tráfico humano y rara vez ofrecen una imagen positiva (o incluso neutral) de las profesionales del sexo y sus clientes. Los noticiarios de televisión, los periódicos y las noticias en línea suelen centrarse en la victimización, los daños, la prostitución callejera, la trata, las detenciones o las redadas en los “círculos” de la prostitución o los negocios relacionados con la misma (Farvid y Glass, 2014, Van Brunschot Et al., 2000). Los informes de prensa y los artículos de revistas raramente ofrecen un panorama contrastante, aunque algunos medios destacados lo han hecho en ocasiones (por ejemplo, Economist, 2014; Goldberg, 2014). La mayoría de los documentales también destacan la explotación económica y la victimización física, representada con la ayuda de imágenes extremadamente emotivas. Y las mismas representaciones sesgadas penetran los medios de entretenimiento. Algunos largometrajes y programas de televisión romantizan el trabajo sexual, pero éstas son excepciones en el cuadro dominante de presentación como cuentos de advertencia sórdidos (Campbell, 2006). La estigmatización requiere una representación más equilibrada de lo que se suele describir en los medios de comunicación. Por ejemplo, los documentales sobre la prostitución pueden representar una serie de escenarios, escalas y experiencias de las trabajadoras, en lugar de concentrarse exclusivamente en un solo tipo, por lo general presentado despectivamente. Al examinar arreglos radicalmente diferentes en varios países, los documentales Red-Light Districts del canal A & E (1997) y el documental de la National Geographic Television Prostitution (2010) resaltan la variación transcultural, lo que puede ayudar a reducir las generalizaciones estigmatizantes. El documental de CNBC Dirty Money: The Business of High End Prostitution (2008) y National Geographic American Escort Girls (2014) también contienen representaciones positivas de las personas que trabajan en el sector de las escorts. Y la serie de televisión Showtime e ITV2, Diario Secreto de una Escort, incluye aspectos eróticos y rutinarios de una escort, además de encuentros con una variedad de clientes, lo que también puede tener algún efecto normalizador sobre la percepción de la audiencia del sector de escorts. Los medios de comunicación de masas también pueden usarse como un vehículo para la educación pública, incluyendo Anuncios de Servicio Público o anuncios pagados en televisión basados en evidencia. Un ejemplo de esto último son los anuncios colocados en los medios canadienses por el grupo de abogacía, Stepping Stone, en 2011 (Griner, 2011). Y el Proyecto Paraguas Rojo ha llevado a cabo sesiones de capacitación para que profesionales del sexo defiendan mejor sus derechos cuando se relacionen con los medios combatiendo las caricaturas estereotipadas.

 

 

Despenalización

 

La experiencia del movimiento por los derechos de los homosexuales muestra que la derogación de leyes discriminatorias es de vital importancia pero no es suficiente para la normalización. Esto se aplica también al trabajo sexual. En los lugares donde el estriptis comercial, la producción de pornografía y la prostitución son legales y regulados por el Estado, el estigma persiste, aunque sea en forma diluida. Las encuestas de Gallup muestran que sólo el 29% de los británicos (en 2008) y el 31% de los estadounidenses (en 2013) piensan que ver pornografía es “moralmente aceptable” (Gallup, 2015). El estado de Nevada legalizó los prostíbulos rurales en 1971, pero tres décadas más tarde, sólo una ligera mayoría de los nevadenses (52%) apoyó la conservación de este sistema y sólo el 35% respaldó la idea de permitir que los burdeles legales operaran en la ciudad de Las Vegas (donde son ilegales bajo la ley estatal (citado en Weitzer, 2012: 51)). El estigma persiste también en las naciones que más recientemente han despenalizado la prostitución (por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Alemania y los Países Bajos), aunque puede estar un poco acallada en esos lugares en comparación con las naciones donde la penalización reina. 4 En el área del trabajo sexual debemos esperar un retardo en el cambio cultural después de la reforma legal: puede llevar un tiempo considerable que las normas sociales se ajusten a las normas legales. La despenalización es una condición necesaria, pero no suficiente, para la desestigmatización.

 

 

Movilización de la industria

 

Los propietarios y gerentes de negocios eróticos pueden desempeñar un papel importante en el apoyo a la desestigmatización y la presión por los derechos. La industria de la pornografía en los Estados Unidos, por ejemplo, tiene sus propias organizaciones de apoyo y red de apoyo legal (Voss, 2015). Los propietarios de burdeles legales y agencias de escorts en algunos países también tienen organizaciones que abogan no sólo por sus propios intereses sino también por las trabajadoras sexuales en la medida en que sus intereses se superponen (Weitzer, 2012). Una advertencia importante es que algunos de los intereses de los dueños de negocios pueden entrar en conflicto con los de las trabajadoras sexuales. Los primeros persiguen naturalmente sus intereses económicos, que pueden entrar en conflicto con los de las trabajadoras sexuales. Pueden encontrarse alineados en algunas cuestiones, como combatir lo que consideran regulaciones injustificadas, pero pueden ser oponentes en otras cuestiones, como la de si los propietarios deben ser obligados a proporcionar beneficios de seguridad social a las trabajadoras. Sin embargo, la búsqueda de la desestigmatización se hará en la medida en que los propietarios de empresas eróticas abogan por la normalización de la industria y en la medida en que las élites de la industria (por ejemplo, Hugh Hefner y Larry Flynt) apoyen públicamente los derechos de las trabajadoras sexuales y aporten recursos para acabar con la discriminación legal y social.

 

 

Activismo de las trabajadoras sexuales

 

El cambio de política puede ser un proceso de arriba hacia abajo, orquestado por el Estado. Algunos legisladores han iniciado proyectos de despenalización con poca presión de las beneficiarias (por ejemplo, en Nevada, República Checa, Australia Occidental). Pero el cambio legal también ha sido catalizado desde abajo – por individuos y organizaciones. Para tener éxito, la investigación muestra que los grupos de derechos de las trabajadoras del sexo requieren:

 

  • Líderes inteligentes o carismáticos que sean capaces de soportar contraataques;
  • Recursos suficientes (material, personal);
  • Conexiones con organizaciones de medios de comunicación;
  • Alianzas con otras organizaciones y movimientos sociales; y
  • Apoyo generalizado de los beneficiarios (profesionales del sexo, clientes, empresarios).

 

Las organizaciones de trabajadoras del sexo en algunos países han disfrutado de uno o dos de estos factores (por ejemplo, una líder carismática), pero no todas ellas. Tales organizaciones tienden a estar muy poco financiadas, carecen de un liderazgo fuerte, reclutan a pocas trabajadoras sexuales como miembros, son marginadas por aliados potenciales (organizaciones de mujeres, sindicatos) y tienen pocas conexiones con los principales medios de comunicación (Gall, 2010; Majic, 2014, Mathieu, 2003, Oselin y Weitzer, 2013, Weitzer, 1991, West, 2000). Las trabajadoras sexuales carecen de solidaridad a través de la jerarquía del trabajo sexual; muchas ven su trabajo como temporal, no están inclinadas al activismo; y la mayoría percibe poca ventaja en la sindicalización, especialmente si son autónomas (Gall, 2010; van der Poel, 1992).

 

Hay excepciones importantes. El Colectivo de Prostitutas de Nueva Zelandia, por ejemplo, desempeñó un papel instrumental en el proceso que condujo a la despenalización parlamentaria en 2003 y continúa influyendo en la política a través de su asiento permanente en el Comité de Revisión de la Prostitución del país que revisa periódicamente políticas y prácticas relacionadas con la prostitución . Respecto a los aliados, en 1973 la principal organización de derechos de las mujeres de Estados Unidos -la Organización Nacional de Mujeres- aprobó una larga resolución de despenalización declarando que NOW “se opone a las leyes prohibitivas continuas con respecto a la prostitución, creyendo que son punitivas” y por tanto apoya la derogación de todas las leyes relacionadas con el acto de prostitución “(NOW, 1973). Tal apoyo de una organización influyente dominante hizo poco para avanzar en la búsqueda de los derechos de las trabajadoras del sexo en los Estados Unidos (ahora no participan en ningún esfuerzo de reforma posterior), pero este tipo de apoyo, sin embargo, puede ser considerado vital para la desestigmatización. Amnistía Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Americana de Libertades Civiles y la Comisión Mundial de las Naciones Unidas sobre el VIH y la Ley han defendido la despenalización, lo que bien divulgado puede ayudar a desafiar el estigma asociado con el trabajo sexual. En mayo de 2016, Amnistía Internacional apoyó formalmente la despenalización como una forma de reducir la victimización y la marginación de las trabajadoras sexuales. La decisión fue ampliamente divulgada y se considera como una gran victoria para la comunidad de trabajadoras del sexo (Amnistía Internacional, 2016).

 

Algunas acciones recientes ilustran las maneras en que las trabajadoras sexuales han intentado desestigmatizar el trabajo sexual, junto con otras metas. En 2001, una organización de San Francisco que proporciona atención médica a las trabajadoras sexuales (la St James Infirmary) publicó anuncios en autobuses urbanos que incluían fotos de profesionales del sexo y citas destinadas a desafiar los estereotipos: “los derechos de las trabajadoras sexuales son derechos humanos” “El trabajo sexual es un trabajo real” y “alguien que usted conoce es una trabajadora sexual” (Schreiber, 2015: 256). En septiembre de 2015 la organización escocesa de trabajadoras del sexo Scot-Pep lanzó una propuesta (con el miembro del Parlamento escocés Jean Urquhart) de una legislación que despenalizaría la prostitución, siguiendo el modelo de Nueva Zelanda. La Ley de Reforma de la ley de Prostitución de Escocia cuestiona la posición actual del Gobierno de Escocia de que el trabajo sexual equivale a la “explotación sexual comercial” y busca derogar las leyes contra la solicitud, el rastreo de clientes y el mantenimiento de burdeles. El proyecto de ley permitiría que más de una trabajadora sexual trabajara en las mismas instalaciones (la ley actual restringe esto a una trabajadora) y aumentaría las penas contra quienes coaccionan a las trabajadoras sexuales. En noviembre de 2015, el Colectivo Inglés de Prostitutas, junto con defensores de los derechos de las trabajadoras del sexo de otras naciones, testificó en un simposio especial sobre la despenalización en la Cámara de los Comunes británica.

 

Las demandas que cuestionan la constitucionalidad de las leyes de prostitución son otra estrategia que siguen los activistas de las trabajadoras sexuales. Un caso judicial importante de esta naturaleza tuvo éxito en Canadá en 2013, cuando la Corte Suprema dictaminó inconstitucionales las tres leyes de prostitución de la nación.5 En los Estados Unidos se presentó recientemente un recurso legal similar, que desafiaba las leyes de prostitución de California. En la medida en que el público es consciente de estos esfuerzos legislativos y judiciales, al ser cubiertos por los medios de comunicación, las iniciativas pueden tener algún efecto en el desafío de los conceptos erróneos populares sobre el trabajo sexual. Otros acontecimientos recientes mueven la política en una dirección más represiva. La legislación del Parlamento francés es un ejemplo, con la Asamblea y el Senado proponiendo diferentes proyectos de ley en 2013 y 2015: uno implementaría el sistema sueco de criminalización del cliente mientras que el otro lo rechazaría y mejoraría las penas contra las prostitutas que solicitaban en las calles. El proyecto de ley de criminalización de los clientes, aprobado en abril de 2016, fue rechazado por una variedad de organizaciones y más de 70 celebridades francesas, y la gran mayoría del público francés se opone a la criminalización de los clientes.6 Cientos de profesionales del sexo organizaron una protesta en las calles de París y una activista (Franceline Lepany) declaró: “Este proyecto de ley trata de estigmatizar aún más a las prostitutas” .7 Las activistas de las trabajadoras sexuales también han sido activas en la oposición a proyectos de penalización de clientes en Canadá en 2014, el Parlamento Europeo en 2014, e Irlanda del Norte en 2015. Todas las medidas fueron aprobadas a pesar de la oposición vocal de los críticos. Pero su impacto en el estigma del trabajo sexual puede ser mixto, ya que todas y cada una de las iniciativas provocaron la oposición de las trabajadoras sexuales y sus partidarios – resistencia que puede ayudar a iluminar al público y generar un mayor apoyo a las demandas de las trabajadoras sexuales.

 

 

La comunidad académica

 

La comunidad académica puede desempeñar un papel importante en la desestigmatización del comportamiento no convencional. En 1973, la Asociación Americana de Psiquiatría eliminó la homosexualidad de su compendio de enfermedades mentales (el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales) y la Organización Mundial de la Salud siguió su ejemplo en 1990. Asociaciones profesionales y académicas pueden ayudar a reducir el estigma aprobando resoluciones en apoyo a grupos marginados o patrocinando directamente campañas contra el estigma, como lo han hecho varias organizaciones de salud mental. Este tipo de intervención es poco frecuente en el ámbito del trabajo sexual, pero hay al menos un ejemplo destacado: En octubre de 2011 la junta directiva de la Sociedad para el Estudio de Problemas Sociales aprobó una resolución declarando su apoyo formal a: ) La legislación bipartidista para despenalizar la prostitución, 2) la información al público sobre los costos de emplear a la policía para controlar a las trabajadoras del sexo, y 3) la normalización de esta ocupación.8 Otras asociaciones académicas y profesionales podrían aprobar resoluciones similares, que pueden ser ampliamente publicadas después. Los eruditos pueden intervenir de otras maneras, tales como escribir columnas para fuentes de noticias, aparecer en programas de entrevistas, y publicar los resultados de la investigación que demontan las falacias predominantes. Esto sucede en cierta medida ahora – p.ej., los académicos participaron en el simposio parlamentario británico mencionado anteriormente – pero una implicación más robusta del experto ofrecería un correctivo basado en la evidencia a las políticas basadas en mitos con respecto al trabajo del sexo.

 

 

Conclusión

 

Esta lista de condiciones previas no es exhaustiva, pero sí cubre las principales áreas en las que se necesita un cambio. Como se mencionó anteriormente, el estigma es frecuentemente mencionado por académicos y activistas en el campo del trabajo sexual, pero típicamente no se problematiza como una variable sujeta a cambio. Este Comentario pretende catalizar análisis más directos de las condiciones para reducir el estigma para todos los participantes en el comercio sexual.

 

Es importante señalar que cualquier esfuerzo de normalización tendrá la oposición de las instituciones establecidas si el contexto jurídico nacional es uno en el que la prostitución está penalizada, el ordenamiento jurídico en sí mismo agrava la estigmatización y las autoridades tienen interés por considerar el trabajo sexual como una desviación. Además de esto, sabemos que las principales instituciones sociales y muchos grupos de interés poderosos y bien organizados están empeñados no sólo en bloquear la normalización del sexo comercial, sino también en perpetuar e intensificar la estigmatización. El movimiento contra la prostitución es fuerte y está creciendo en la mayoría de las partes del mundo, reforzado por su exitosa equiparación de prostitución y trata (Weitzer, 2007). Y hay también un creciente movimiento anti-pornografía que ha logrado imponer nuevas restricciones sobre material y espectáculos eróticos en algunas naciones (Gran Bretaña, Islandia, India) (Attwood y Smith, 2010; Burke, 2015; Helgado’ttir, 2014 ). Pero como el estigma no es inherente a ningún tipo de comportamiento y es en cambio una construcción social, puede ser contrarrestado y desconstruido. Y esa desestigmatización puede tener consecuencias importantes para otros aspectos del trabajo sexual: si se permite a la prostitución “funcionar en un clima social libre de prejuicios emocionales” (Ericsson, 1980: 362), entonces resulta “imaginable que la prostitución pueda ser practicada siempre, como ocasionalmente es incluso ahora, en circunstancias de relativa seguridad, libertad, higiene y control personal “(Overall, 1992: 716). Este ensayo ha esbozado algunas condiciones previas para una normalización más amplia.

 

 

Agradecimientos

 

Una versión de este artículo fue presentada en la conferencia COST Action IS1209, “Troubling Prostitution: Exploring Intersections of Sex, Intimacy and Labour” en Viena, Austria, 18 de abril de 2015. La acción COST se conoce como Comparación de las políticas europeas de prostitución : Entendiendo Escalas y Culturas de Gobierno (Prospol) (www.propol.eu). Agradezco a Susan Dewey, Juline Koken y Sharon Oselin por sus comentarios sobre una versión anterior de este artículo.

 

 

Notas

 

  1. Goffman (1963: 7) escribe: “El individuo estigmatizado tiende a tener las mismas creencias acerca de la identidad que que las que tenemos nosotros; éste es un hecho fundamental “. Él menciona, pero sólo de paso, algunos ejemplos de intentos de los representantes de una categoría estigmatizada para dar voz a sus sentimientos compartidos (Goffman, 1963: 24-27).

 

 

  1. Esto se aplica menos a las personas cuyo trabajo es muy visible, como las estrellas porno y los intérpretes de webcam, que ya están ” fuera del armario” en virtud de sus apariciones en pantalla.

 

 

  1. Después de que 50 académicos firmaran una carta a la legislatura estatal de Rhode Island (Estados Unidos) oponiéndose a una nueva ley de prostitución en 2009 (Associated Press, 2009), dos activistas antiprostitución atacaron los motivos de los académicos, que fueron etiquetados como “radicales sexuales”. “Los radicales sexuales están tomando como objetivo a Rhode Island para su propia agenda libertaria sexual extrema de prevenir cualquier límite legal a cualquier comportamiento sexual “(Brooks y Hughes, 2009: 3). La carta de los académicos, que coescribí con Elizabeth Wood, no contiene nada que pudiera justificar esta conclusión y en cambio se organizó en torno a los principios de reducción de daños y derechos laborales (Carta a los Honorables Miembros de la Legislatura del Estado de Rhode Island, Re: Prostitution Law Reform Bill, 31 de julio de 2009).

 

 

  1. La Encuesta Mundial de Valores documenta actitudes más tolerantes hacia la prostitución en las naciones que han legalizado la prostitución que donde la prostitución es ilegal (ver Weitzer, 2012: 80). Sin embargo, incluso en los países donde la penalización es la norma, la opinión pública puede cambiar con el tiempo: según la Encuesta Mundial de Valores, la perspectiva de que la prostitución “nunca se justifica” ha disminuido sustancialmente en Estados Unidos: de 63% en 1981 a 40 % En 2006: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (se accede el 25 de mayo de 2015).

 

 

  1. Bedford c. Canadá, ONSC 4264, Tribunal Superior de Justicia de Ontario, 28 de septiembre de 2010. El caso fue oído por un tribunal de apelaciones en 2012 y culminó con una sentencia del Tribunal Supremo en 2013 (Canadá [Fiscal General] v. Bedford, 2013 SCC 72, Tribunal Supremo de Canadá, 20 de diciembre de 2013).

 

 

  1. En cinco encuestas realizadas entre 2011 y 2013, del 70% al 82% de los encuestados franceses desaprobaron la idea de penalizar a los clientes, y una encuesta de 2013 informó que el 74% de los encuestados favoreció la “reapertura de burdeles” en el país (Weitzer, 2015).

 

  1. Esto fue citado en France24.com (se accedió el 3 de junio de 2015).

 

 

 

  1. Resolución 3, Sex Work: disponible en: http://www.sssp1.org/index.cfm/pageid/1516/m/ 392 # R3 (se accede el 20 de mayo de 2015).

 

 

Referencias

 

Abel G and Fitzgerald L (2010) Decriminalization and stigma. In: Abel G, Fitzgerald L and Healy C (eds) Taking the Crime Out of Sex Work: New Zealand Sex Workers’ Fight for Decriminalization. Bristol: Policy Press, pp. 239–258.

Amnesty International (2016) Policy on State Obligations to Respect, Protect, and Fulfill the Human Rights of Sex Workers. Policy 30/4026/2016.

Anspach R (1979) From stigma to identity politics: Political activism among the physically disabled and former mental patients. Social Science and Medicine 13(3): 765–773.

Associated Press (2009) Academics oppose banning indoor prostitution in Rhode Island. Boston Herald, 3 August.

Attwood F and Smith C (2010) Extreme concern: Regulating ‘dangerous pictures’ in the United Kingdom. Journal of Law and Society 37(1): 171–188.

Birch P (2015) Why Men Buy Sex. London: Routledge.

Brooks M and Hughes D (2009) International sex radicals campaign to keep prostitution decriminalized in Rhode Island. Citizens Against Trafficking.

Brown C (2013) Paying For It: A Comic Strip Memoir about Being a John. Montreal: Drawn and Quarterly Press.

Burke J (2015) India blocks more than 800 sites in web porn crackdown. The Guardian,3 August.

Campbell R (2006) Marked Women: Prostitutes and Prostitution in the Cinema. Madison, WI: University of Wisconsin Press.

Dewey S and Zheng T (2013) Ethical Research with Sex Workers: Anthropological Approaches. New York: Springer.

De Young M (1988) The indignant page: Techniques of neutralization in the publications of pedophile organizations. Child Abuse and Neglect 12(4): 583–591.

Economist (2014) The sex business. The Economist, 9–14 August.

Ericsson LO (1980) Charges against prostitution: An attempt at a philosophical assessment. Ethics 90(3): 335–366.

Estroff S, Penn D and Toporek J (2004) From stigma to discrimination: An analysis of community efforts to reduce the negative consequences of having a psychiatric disorder and label. Schizophrenia Bulletin 30(3): 493–509.

Farvid P and Glass L (2014) ‘It isn’t prostitution as you normally think of it. It’s survival sex’: Media representations of adult and child prostitution in New Zealand. Women’s Studies Journal 28(1): 47–67.

Gall G (2010) Sex worker collective organization: Between advocacy group and labor union? Equality, Diversity, and Inclusion 29(3): 289–304.

Gallup (2015) Poll, 6–10 May, N ¼ 1,024.

Goffman E (1963) Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Goldberg M (2014) Should buying sex be illegal? The Nation, 18–25 August.

Griner D (2011) Sex workers are people too, says ad campaign. Adweek, 13 July. Available at: http://www.adweek.com/adfreak/sex-workers-are-people-too-says-ad-campaign­133371 (accessed 1 February 2016).

Hallgrimsdottir H, Phillips R and Benoit C (2006) Fallen women and rescued girls: Social stigma and media narratives of the sex industry in Victoria, BC from 1980–2005. Canadian Review of Sociology and Anthropology 43(3): 265–280.

Hammond N (2015) Men who pay for sex and the sex work movement: Client responses to stigma and increased regulation of commercial sex policy. Social Policy and Society 14(1): 93–102.

Hammond N and Kingston S (2014) Experiencing stigma as sex work researchers in pro­fessional and personal lives. Sexualities 17(3): 329–347.

´

Helgado´ ttir A (2014) The Icelandic initiative for pornography censorship. Porn Studies 1(3): 285–298.

Jenness V (1990) From sex as sin to sex as work: COYOTE and the reorganization of prostitution as a social problem. Social Problems 37(3): 403–420.

Kitsuse J (1980) Coming out all over: Deviants and the politics of social problems. Social Problems 28(1): 1–13.

Koken JA (2012) Independent female escort’s strategies for coping with sex work related stigma. Sexuality and Culture 16(3): 209–229.

Koken JA, Bimbi DS, et al. (2004) The experience of stigma in the lives of male internet escorts. Journal of Psychology and Human Sexuality 16(1): 13–32.

Link BG and Phelan JC (2001) Conceptualizing stigma. Annual Review of Sociology 27: 363–385.

Majic S (2014) Sex Work Politics: From Protest to Service Provision. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press.

Mathieu L (2003) The emergence and uncertain outcomes of prostitutes’ social movements. European Journal of Women’s Studies 10(1): 29–50.

Morrison TG and Whitehead BW (2005) Strategies of stigma resistance among Canadian gay-identified sex workers. Journal of Psychology and Human Sexuality 17(1/2): 169–179.

NOW (National Organization for Women) (1973) Resolution Calling for the Decriminalization of Prostitution. Resolution 141, passed at national NOW convention.

Oselin SS and Weitzer R (2013) Organizations working on behalf of prostitutes: An analysis of goals, practices, and strategies. Sexualities 16(3): 445–466.

Overall C (1992) What’s wrong with prostitution? Evaluating sex work. Signs 17(4): 705–724.

Pescosolido BA and Martin JK (2015) The stigma complex. Annual Review of Sociology 41: 87–116.

Sallmann J (2010) Living with stigma: Women’s experiences of prostitution and substance use. Affilia 25(2): 146–159.

Sanders T (2005) Sex Work. Cullompton: Willan.

Scambler G (2007) Sex work stigma: Opportunist migrants in London. Sociology 41(6): 1079–1096.

Schreiber R (2015) ‘Someone you know is a sex worker’: A media campaign for the St. James Infirmary. In: Laing M, Pilcher K and Smith N (eds) Queer Sex Work. London: Routledge, pp. 255–262.

Schur E (1980) The Politics of Deviance. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Siegel D and de Wildt R (eds) (2015) Ethical Concerns in Research on Human Trafficking. New York: Springer.

Stuart H, Arboleda-Florez J and Sartorius N (2012) Paradigms Lost: Fighting Stigma and the Lessons Learned. New York: Oxford University Press.

Thoits P (2011) Resisting the stigma of mental illness. Social Psychology Quarterly 74(1): 6–28.

Thompson WE and Harred JL (1992) Topless dancers: Managing stigma in a deviant occu­pation. Deviant Behavior 13(3): 291–311.

Van Brunschot E, Sydie R and Krull C (2000) Images of prostitution: The prostitute and print media. Women & Criminal Justice 10(4): 47–72.

Van der Poel S (1992) Professional male prostitution. Crime, Law, and Social Change 18(3): 259–275.

Voss G (2015) Trade associations, industry legitimacy, and corporate responsibility in porn­ography. In: Comella L and Tarrant S (eds) New Views on Pornography: Sexuality, Politics, and the Law. Santa Barbara, CA: Praeger, pp. 191–216.

Weitzer R (1991) Prostitutes’ rights in the United States: The failure of a movement. Sociological Quarterly 32(1): 23–41. Weitzer R (2007) The social construction of sex trafficking: Ideology and institutionalization of a moral crusade. Politics & Society 35(3): 447–475. Weitzer R (2012) Legalizing Prostitution: From Illicit Vice to Lawful Business. New York: New York University Press. Weitzer R (2015) Researching prostitution and sex trafficking comparatively. Sexuality Research and Social Policy 12(2): 81–91. West J (2000) Prostitution: Collectives and the politics of regulation. Gender, Work, and Organization 7(2): 106–118.

Ronald Weitzer is a professor of sociology at George Washington University. He has published extensively on sex work, including his books Sex For Sale: Prostitution, Pornography, and the Sex Industry (2000 and 2010) and Legalizing Prostitution: From Illicit Vice to Lawful Business (2012). In 2014 he co-edited a volume on human tra.cking for the Annals of the American Academy of Political and Social Science.

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Reunión del Grupo de Expertos convocada por ONU Mujeres incluye recomendaciones sobre el trabajo sexual

Publicado por NSWP el 22 de diciembre de 2016

 

Author: NSWP

 

http://www.nswp.org/news/expert-group-meeting-convened-un-women-includes-recommendations-sex-work

 

Como preparación para la Comisión sobre el Estado de las Mujeres, ONU Mujeres ha convocado una reunión del Grupo de Expertos sobre el tema prioritario: “El empoderamiento económico de las mujeres en el cambiante mundo del trabajo”. La reunión tuvo lugar en la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra (Suiza) del 26 al 28 de septiembre de 2016. El informe incluye recomendaciones a propósito del trabajo sexual, incluyendo entre ellas la despenalización de trabajadoras sexuales y clientes a fin de salvaguardar los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

Las recomendaciones a propósito del trabajo sexual son las siguientes:

 

  • Reconocer que el trabajo sexual es trabajo y proteger los términos y condiciones de aquellas mujeres que puedan decidir libremente implicarse en el intercambio de sexo.

 

  • Asegurar que las trabajadoras sexuales tengan acceso a la atención médica y a la protección social y que no sean discriminadas negativamente por las leyes y normas nacionales

 

  • Reconocer a las organizaciones de trabajadoras sexuales como sindicatos y asociaciones legítimos e incluirlas activamente en los marcos e instituciones de negociación colectiva.

 

  • Despenalizar el trabajo sexual y la compra de sexo pero pedir cuentas a aquellos que se aprovechen de forma explotadora de su existencia.

 

Las opiniones expresadas en el informe (disponible al pie) no representan las opiniones de ONU Mujeres, pero sí representan las opiniones de los expertos convocados por ONU Mujeres.

Estas recomendaciones llegan en un momento interesante. ONU Mujeres está desarrollando actualmente su línea de actuación ante el trabajo sexual, sin incluir de forma significativa las experiencias vividas de las trabajadoras sexuales. ONU Mujeres lanzó una consulta a través de internet el 7 de septiembre de 2016, y han dejado claro que no tienen intención de ampliar su proceso de consulta más allá de esta excluyente consulta en línea. NSWP ha lanzado desde entonces una petición (1) solicitando a ONU Mujeres que incluya de forma significativa a las trabajadoras sexuales en el desarrollo de su línea de actuación. Ciento noventa organizaciones dirigidas por trabajadoras sexuales, organizaciones de derechos de las mujeres y organizaciones de derechos humanos han hecho un llamamiento (2) también a ONU Mujeres para que adopte un enfoque basado en la defensa de derechos en relación a los derechos de las trabajadoras sexuales.

NSWP lanzó la campaña ¿Nosotras no somos mujeres? #AreWeNotWomen (3) para poner de manifiesto cómo algunas personas en el movimiento de mujeres, incluyendo ONU Mujeres, están excluyendo a las trabajadoras sexuales en el desarrollo de la línea de actuación hacia el trabajo sexual. No será posible para ONU Mujeres desarrollar una posición sobre el trabajo sexual basada en los derechos humanos creíble si no reconocen y respetan las diversas realidades y experiencias vividas de todas las trabajadoras sexuales.

Descarga del informe:

EGM Report, UN Women – 2016.pdf

 


1.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2016/10/01/llamamiento-para-que-onu-mujeres-consulte-de-forma-significativa-a-las-trabajadoras-sexuales-cuando-desarrolle-normas-relativas-al-trabajo-sexual/

 

2.- http://www.creaworld.org/announcements/response-un-women-s-call-consultation-seeking-views-un-women-approach-sex-work-sex

 

3.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2016/12/12/campana-nosotras-no-somos-mujeres-arewenotwomen/

Campaña “¿Nosotras no somos mujeres?” #AreWeNotWomen

#AreWeNotWomen

 

9 de diciembre de 2016

Autor:

NSWP

 

http://www.nswp.org/news/arewenotwomen-campaign

 

¡Los derechos de las trabajadoras sexuales son derechos humanos Y los derechos de las trabajadoras sexuales son derechos de mujeres! La campaña #AreWeNotWomen pretende poner de manifiesto cómo las trabajadoras sexuales están siendo excluídas y silenciadas por algunas integrantes del movimiento de mujeres en el desarrollo de la nueva política hacia el trabajo sexual de ONU Mujeres (1)

No será posible para ONU Mujeres desarrollar una postura creíble hacia el trabajo sexual basada en los derechos humanos si no reconoce y respeta las distintas realidades y experiencias vividas de todas las trabajadoras sexuales. #AreWeNotWomen

#AreWeNotWomen pone de manifiesto cómo las trabajadoras sexuales no son consideradas “mujeres” por algunas integrantes del movimiento de mujeres y de ONU Mujeres.

ONU Mujeres se arriesga a ignorar siglos de experiencia por parte de nuestras comunidades de violaciones de derechos humanos y desigualdad de género consecuencia de la penalización de trabajadoras sexuales, clientes y terceros, y de estigma y discriminación en el seno de nuestras sociedades. #AreWeNotWomen

#AreWeNotWomen pone de manifiesto cómo algunas partes del movimiento feminista, y potencialmente ONU Mujeres, se preparan a socavar los derechos humanos de algunas mujeres, dejando atrás a las trabajadoras sexuales, incluídas las mujeres transexuales.

Al mismo tiempo, las Naciones Unidas están urgiendo a los Estados nacionales a no dejar a nadie detrás: #LeaveNoOneBehind.

Por favor, dedicad un momento a hacer saber a ONU Mujeres que apoyáis los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y la igualdad de género para todas. Usad, por favor, el hashtag #AreWeNotWomen en Twitter y el tag @UN_Women en vuestros tweets y mensajes de Facebook. @UN_Women #LeaveNoOneBehind!

 

__________________

1.- http://forumonwomenblog.cartercenter.org/wp-content/uploads/2016/10/ES-Consulta-para-recabar-apreciaciones-sobre-el-enfoque-de-ONU-Mujeres-respecto-del-trabajo-sexual-el-comercio-sexual-y-la-prostitucion.pdf

 

https://elestantedelaciti.wordpress.com/2016/10/01/llamamiento-para-que-onu-mujeres-consulte-de-forma-significativa-a-las-trabajadoras-sexuales-cuando-desarrolle-normas-relativas-al-trabajo-sexual/

¿Qué quieren las trabajadoras sexuales?

Recomendación para el enfoque que ONU Mujeres haga sobre trabajo sexual, comercio sexual y prostitución

 

 

Subido por NSWP el 14 de octubre de 2016

 

Fuente:

Red de Trabajadoras Sexuales de de Toda la India

 

Descarga:

UN Women Submission on Sex Work, AINSW – 2016.pdf

 

La Red de Trabajadoras Sexuales de de Toda la India (AINSW), CREA, el Centro de Activismo e Investigación, el Colectivo India y Abogados y 43 organizaciones autogestionadas de trabajadoras sexuales han enviado conjuntamente esta respuesta a la consulta actualmente en marcha de ONU Mujeres sobre trabajo sexual. Llevaron a cabo tres consultas regionales con grupos de trabajadoras sexuales para llegar a un consenso sobre los principios que deben ser incluídos en cualquier orientación política en relación al trabajo sexual. Las participantes en las consultas hacen un llamamiento a ONU Mujeres para que garantice que el desarrollo de cualquier orientación política se haga mediante consulta significativa e inclusiva con las trabajadoras sexuales.

 

Los principios que deben ser incluídos en cualquier orientación política sobre el trabajo sexual incluyen los siguientes:

 

  • Los derechos de las trabajadoras sexuales deben ser reconocidos como derechos humanos
  • El trabajo sexual necesita ser separado del comercio sexual y la trata
  • Las leyes o regulaciones que directa o indirectamente penalizan el trabajo sexual deben ser derogadas y es necesario garantizar un entorno legal capacitante para las trabajadoras sexuales
  • El trabajo sexual es trabajo y necesita ser reconocido como una forma de ocupación laboral
  • Deben ser garantizados los derechos de las trabajadoras sexuales a las prestaciones y ayudas sociales
  • Se debería permitir a las trabajadoras sexuales registrarse como colectivos/organizaciones/asociaciones
  • Se debería garantizar la disponibilidad y accesibilidad a los servicios de salud sin ningún tipo de estigma ni prejuicio
  • Debería ser garantizado el derecho de las trabajadoras sexuales al matrimonio, la custodia, adopción y tutela de niños
  • Deberían ser garantizados los derechos de los hijos de las trabajadoras sexuales
  • Debería ser garantizado el derecho a la privacidad y la confidencialidad de la identidad de la trabajadora sexual

 

Además de esta respuesta, NSWP ha publicado (1) su propia respuesta a la consulta online de ONU Mujeres y ha desarrollado un borrador marco para un enfoque del trabajo sexual por parte de la ONU que afirme los derechos de las mujeres en respuesta a una consulta online de ONU Mujeres (2). NSWP ha lanzado también una petición (3) a ONU Mujeres para que consulte de forma significativa a las trabajadoras sexuales durante el desarrollo de su orientación política.

 

Puedes descargar este PDF de 7 páginas en el enlace de arriba. Este recurso está disponible en inglés.

 

________________________

1.- http://www.nswp.org/resource/nswp-formal-response-un-women-consultation

2.- http://www.nswp.org/resource/draft-framework-un-women-human-rights-affirming-approach-sex-work-response-un-women-e

3.- https://elestantedelaciti.wordpress.com/2016/10/01/llamamiento-para-que-onu-mujeres-consulte-de-forma-significativa-a-las-trabajadoras-sexuales-cuando-desarrolle-normas-relativas-al-trabajo-sexual/

 

LLamamiento para que ONU Mujeres consulte de forma significativa a las trabajadoras sexuales cuando desarrolle normas relativas al trabajo sexual

 

Firmar aquí:

https://www.change.org/p/call-for-un-women-to-meaningfully-…

 

La NSWP, una red global de 263 organizaciones de personas que ejercen el trabajo sexual en 78 países, está llevando a cabo una llamada para participar en una consulta significativa con personas que ejercen el trabajo sexual ya que están desarrollando su política sobre trabajo sexual.

El Programa Conjunto de ONUSIDA sobre SIDA, del cual ONU Mujeres es un co-sponsor, ya tiene una política de trabajo sexual que está basado en los Derechos Humanos de la ONU y que se desarrolló siguiendo una consulta significativa del proceso con personas que ejercen el trabajo sexual y demás socios.

La NSWP recibió una invitación de ONU Mujeres para participar en una consulta electrónica formal el 7 de septiembre de 2016. Sin embargo, este proceso está basado en sólo aquellos más privilegiados y excluirá a la mayoría de las personas que ejercen el trabajo sexual del globo sur que tienen acceso limitado a internet; la mayoría analfabetos de los lenguajes colonialistas de las Naciones Unidas y que no están familiarizados con los tratados de la ONU, con los documentos que guían a ONU Mujeres ni con su marco de consultas.

ONU Mujeres cree que es importante escuchar a “diferentes personas y grupos, agencias y organizaciones que tienen un interés sobre el tema incluyendo: personas que ejercen el trabajo sexual / grupos de trabajo sexual, supervivientes de la prostitución y grupos que los representen, organizaciones feministas y de derechos de las mujeres”. A pesar de que se nombra primero a las personas que ejercen el trabajo sexual, el proceso que se usa y el fracaso en organizar consultas de personas que ejercen el trabajo sexual a nivel nacional y regional demuestra una ignorancia sobre la realidad de las vidas de las personas que ejercen el trabajo sexual, un fracaso a reconocer la centralidad que las personas que ejercen el trabajo sexual deben jugar en el desarrollo de las políticas y los programas de trabajo sexual y el deseo de limitar la involucración de las personas que ejercen el trabajo sexual en el desarrollo de esta política.

La NSWP cree que es esencial que se provea a las personas que ejercen el trabajo sexual con oportunidades de participación significativa en las consultas que les impactarán y recomendar a las Personas que Ejercen el Trabajo Sexual y Aliados del Sudeste Asiático (SWASA) para que organice una consulta cara a cara con las personas que ejercen el trabajo sexual de la región Surasiática para juntar sus voces y documentar lo que es un proceso de consulta para mujeres que son marginadas y discriminadas incluso dentro de otros movimientos de mujeres.

La experiencia nos ha enseñado que las comunidades de personas que ejercen el trabajo sexual —a nivel local, nacional, regional y global— donde se han impuesto políticas sin preguntarles sobre sus experiencias vividas y sin una involucración significativa de las personas que ejercen el trabajo sexual tiene, a menudo, un gran efecto perjudicial para sus vidas y las de sus familias. Para recalcar estas experiencias de las personas que ejercen el trabajo sexual con políticas perjudiciales, la NSWP ofrece a la ONU Mujeres un borrador para un acercamiento cerciorando los derechos humanos al trabajo sexual para ser considerado y para que haya más consultas a lo largo del desarrollo de su política.

¡¡Nada sobre nosotros/as, sin nosotros/as!!

El signatario más abajo llama a la ONU Mujeres a:

  • Participar en una consulta significativa con personas que ejercen el trabajo sexual para desarrollar su política sobre trabajo sexual.
  • Asegurar que su política respete, proteja y cumpla con los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y que reconozca la autodeterminación de las personas que ejercen el trabajo sexual.

Esta petición será entregada a:

  • UN Women
  • United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

¿Que eres feminista, dices?

 

yo-tambien

No se trata de castigarlos a ellos, sino de protegerlas a ellas

Comparto plenamente los argumentos esgrimidos por Amnistía Internacional (AI) en su defensa por la despenalización del trabajo sexual

Abogo por que no se convierta a las prostitutas en cómplices de delitos o sanciones administrativas, se les niegue cualquier elección que no sea ejercer en prostíbulos o se las margine socialmente como infrasujetos carentes de derechos humanos

 

 

3006_20150821rPUpb5Por Glòria Poyatos Matas

23/08/2015
http://bit.ly/1JtG9wk

 

Comparto plenamente los argumentos esgrimidos por Amnistía Internacional (AI) en su defensa por la despenalización del trabajo sexual, sustancialmente por el enfoque que se hace, fijando el objetivo en las propias trabajadoras y los derechos de éstas, desterrando otros enfoques que se centran más en sancionar (incluso penalmente) a los clientes o, a propietarios de locales de alterne o inmuebles en los que ellas trabajan. No se trata de castigarlos a ellos sino de protegerlas y empoderarlas a ellas y reconocerles los mismos derechos humanos que cualquier otra persona.

 
Hace años, otra organización internacional de igual prestigio e incluso con un conocimiento más especializado en materia de trabajo, la Organización Internacional de Trabajo, se mostró igualmente partidaria de la despenalización del trabajo sexual recomendando, incluso, su regulación, en su Informe de 1998, diseñado por Lin Lean Lim sobre el sector del sexo en Asia sudoriental. Y hay otros ejemplos, como ONUSIDA, la OMS, ONU Mujeres, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW), Human Rights Watch, Open Society etc., que mantienen la misma línea de la OIT y AI.

 
Para poder opinar nítidamente sobre el trabajo sexual debe partirse de una premisa imprescindible, que es el deslinde del trabajo sexual como servicio realizado por persona adulta y libre a cambio de un precio del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, que personalmente me repugna, y abogo por un urgente incremento de las penas y una verdadera coordinación internacional en la lucha contra las mafias.

 
Que el trabajo sexual no es sinónimo de trata es algo incuestionable a estas alturas. Ha sido reconocido por la ONU, en un extenso estudio llevado a cabo en 2010 en Europa ( Trata de personas hacia Europa con fines de explotación sexual), en cuyas conclusiones se asevera que una de cada siete mujeres que ejercen la prostitución en Europa es víctima de trata, esto es, aproximadamente un 15%. Sin duda alguna, es una cifra abominable y demasiado elevada, en un entorno autocalificado de progresista y protector de la mujer frente a una de las delincuencias más repugnantes y, desgraciadamente, mejor organizadas, pero hay todo un 80% de mujeres desterradas a la invisibilidad y al ostracismo de derechos.

 
También la propia UE, en la sentencia dictada por el TJUE de 21 noviembre de 2001 ( asunto Jany y otras), separa claramente el trabajo sexual de otras actividades delictivas y lo define, sin tapujos, como actividad económica, si se ejerce libremente por persona adulta. Esa sentencia vincula jurídicamente a todos los estados miembros incluidos sus órganos judiciales, al igual que vincula el Reglamento de la UE 549/2013, que separa el trabajo sexual voluntario del que no lo es, a efectos de su inclusión en el PIB.

 
Esta separación no debe parecernos extraña, si tenemos en cuenta que el delito de trata de personas con fines de explotación laboral cohabita con una prolija regulación laboral que actúa de dique limitador de los perjuicios obreros surgidos del libre juego entre la oferta y la demanda. Un dique tutelador de la dignidad del trabajador y su desvalida posición contractual. He aquí el primer motivo para propugnar no sólo la despenalización del trabajo sexual sino también su regulación a medida, una regulación especial y específica para un trabajo de alto riesgo. Una regulación que limite el poder de clientes o proxenetas e incremente el de las trabajadoras sexuales a todos los niveles.

 
El segundo argumento para despenalizar el trabajo sexual es un argumento de género, el mismo que se esgrime por parte de las filas neo-abolicionistas o prohibicionistas, pero a la inversa y siempre fijando nuestra atención en ellas y no en castigarlos a ellos. Que la prostitución sea mayoritariamente femenina, y por tanto se proyecte sobre un colectivo (el de las mujeres) históricamente discriminado, refuerza la tesis de su despenalización, aumento de la protección y reconocimiento de derechos. No reconocer derechos puede llevar al absurdo de desterrar de tutela judicial a las trabajadoras sexuales frente a clientes o propietarios de los locales de alterne en los que trabajan, para satisfacción de estos.
Ello ocurre en nuestro país, donde algunas sentencias judiciales anulan las actas de infracción y sanción de la Inspección de Trabajo frente a los propietarios de los prostíbulos, y ocurrió en Colombia, donde una trabajadora sexual fue despedida por quedarse embarazada, siendo desestimada su demanda planteada frente al despido con el argumento de la inexistencia del contrato (negación de derechos), hasta que, con una alta dosis de sentido común, el Tribunal Constitucional de dicho país tuteló el derecho de la prostituta, sustancialmente por la vía de la discriminación por razones de género (sentencia 629/2010 – ponente don Juan Carlos Henao Pérez).

 
El tercero. La penalización de la prostitución por la vía de la criminalización de los clientes de las meretrices tampoco ayuda a sacarlas de su estado permanente de estigmatización, pues las convierte en cómplices necesarias de un hecho delictivo, reprochable administrativamente y, por ende, también socialmente. Además, las arrastra a ejercer su actividad en condiciones peores (clandestinidad), y más peligrosas para su libertad sexual e integridad física, aumentando peligrosamente su vulnerabilidad como víctimas de otros delitos. Y a ello también ayuda la pandemia de reglamentaciones locales de los últimos años, que barren a las trabajadoras sexuales de las ciudades, sin habilitar espacios alternativos donde puedan ejercer la actividad en condiciones más seguras para ellas. Una buena campaña para los locales de alterne y otro golpe a los derechos de estas perdedoras, acostumbradas a serlo.

 
Mi cuarto argumento parte de un principio de igualdad de trato respecto de otros trabajos sexuales (actrices de porno, bailarinas eróticas, alternadoras), que sí tienen reconocidos derechos sociales y laborales. ¿Dónde está la diferencia, excluyente de derechos, entre una actriz del porno y una prostituta? Y sobre todo, igualdad, en este macro-negocio de la prostitución donde todos tienen derechos menos ellas, como es el caso de la patronal del sexo que cuenta con regulación jurídica a medida, y una buena organización a través de asociaciones nacionales para la defensa de sus intereses. Asociaciones reconocidas judicialmente por el propio Tribunal Supremo español ( “sentencia Mesalina” de 24/11/2004).

 
El último de mis argumentos a favor de reconocer derechos a las trabajadoras sexuales es eminentemente práctico. Personalmente, desearía que la prostitución no existiese, al menos como una forma de supervivencia de las mujeres en situaciones de necesidad, pero es una quimera pensar en su desaparición. Por ello, y dado que muchas mujeres eligen esta alternativa temporalmente para poder cubrir las necesidades familiares más básicas, abogo por que al menos durante esa etapa, no se las convierta en cómplices de delitos o sanciones administrativas, se les niegue cualquier elección que no sea ejercer en prostíbulos, se las destierre del acceso a las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social o se las margine socialmente como infrasujetos carentes de derechos humanos, pues ello supone perpetuar su histórica situación de exclusión social, como uno de los colectivos más vulnerado y vulnerable.

 

______________________________________
Glòria Poyatos Matas es Magistrada decana en Lanzarote y autora del libro La prostitución como trabajo autónomo.

Campañas contra la trata, trabajadoras sexuales y los orígenes del daño

10838005_10153040570259310_8739568871256665347_oCarol Leigh

26 de marzo de 2015
https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/carol-leigh/antitrafficking-campaigns-sex-workers-and-roots-of-damage

 

Las campañas contra la trata tienen sus orígenes en las luchas del siglo diecinueve por “salvar” a las mujeres blancas de la “trata de blancas”. Las estrategias contemporáneas amplían la estigmatización y criminalización, afectando a una gama de comunidades vulnerables.

 
Los efectos adversos que las leyes y políticas contra la trata producen sobre los derechos de las trabajadoras sexuales han sido documentados extensamente durante la última década. A pesar de las reclamaciones de cambio hechas por trabajadoras sexuales, activistas de derechos humanos, académicos y una gama de otros agentes, los estados a lo largo y ancho del mundo han sido reticentes y lentos en su respuesta. Algunos analistas ponen el acento en que el uso que hacen los estados de las leyes contra la trata para limitar la inmigración es la principal causa de esta reticencia. Yo añadiría que el análisis del desarrollo histórico de las políticas contemporáneas contra la trata es crucial para entender la creciente criminalización y estigmatización de trabajadoras sexuales, inmigrantes y otras poblaciones vulnerables. Argumento que cualquier entramado legal basado en el “crimen”, en lugar de en los derechos y las causas estructurales de los males sociales, está ligado a efectos desproporcionados y sistemáticos sobre los pobres y vulnerables.

 

Salvar a las mujeres de la “trata de blancas”: los orígenes de la lucha contra la trata

 

Los orígenes de las leyes contemporáneas contra la trata pueden situarse firmemente en la ideología abolicionista de la prostitución de finales del siglo diecinueve, un período durante el cual la trata fue también denominada “trata de blancas”. Las campañas contra la trata de blancas retrataban un mundo lleno de peligro sexual para las jóvenes blancas, seducidas y explotadas por siniestros hombres de piel oscura. Por lo tanto estas campañas fueron impulsados por la xenofobia, el racismo y el clasismo en el momento culminante del imperialismo británico.

 
A mediados de la década de 1800 las leyes contra la solicitación (dirigidas a las prostitutas) se habían convertido en un elemento básico de las ordenanzas municipales. Los abolicionistas de la prostitución se unieron a otros cruzados contra el vicio en el siglo diecinueve, introduciendo una nueva estrategia. Como un precedente del enfoque legislativa adoptado en nuestros días por Suecia y otros países, los abolicionistas de la prostitución sostuvieron que las mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución y eran, por tanto, víctimas y no criminales. También se opusieron a legalizar la prostitución, objetando “… el doble rasero de la moral sexual reforzada por la actuación policial y el control de los cuerpos de las mujeres” y lucharon para expandir la definición de trata de forma que incluyera la implicación de terceros, que argüían que deberían ser penalizados o criminalizados. Entonces, como hoy, esta estrategia legislativa y de campaña fue presentada ostensiblemente como un acto de simpatía hacia las trabajadoras sexuales. Sin embargo, la criminalización de las terceras partes llevó el sexo comercial a la clandestinidad y ocasionó un aislamiento extremo y peligroso de las trabajadoras sexuales, ya que las terceras partes podrían incluir a caseros, servicio doméstico, miembros de la familia, propietarios de burdeles e incluso el apoyo mutuo entre las mismas trabajadoras sexuales.

 
El cierre de los burdeles coincidió también con un aumento en el valor de las propiedades inmobiliarias. El estatus legal de la prostitución fue así sometido a las políticas de desarrollo territorial, y un elemento activo de la represión de la prostitución. En los Estados Unidos, las poblaciones urbanas marginalizadas, desde los inmigrantes a los recién emancipados afroamericanos, fueron el objetivo de estatutos tales como la Ley Mann de 1910 o la Ley de Trata de Blancas. Este estatuto estableció una base de datos centralizada de “prostitutas conocidas” y llevó a la constitución del FBI, en un claro ejemplo de cómo las políticas contra la trata amplían las competencias de la policía. Tales represión y criminalización de casi todos los aspectos de la prostitución pronto se extendió por todo el globo. Esto recolocó firmemente la prostitución profundamente dentro de la economía sumergida, exacerbando y causando vulnerabilidad. La tasa de asesinatos de trabajadoras sexuales ha aumentado continuamente desde entonces, junto con el abuso de la policía contra adultos y jóvenes.

 
La criminalización de las terceras partes y la definición de la prostitución como un “mal” en sí mismo fueron aún más cimentadas a nivel global por el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de la ONU de 1949. Como Kamala Kempadoo argumentó en su artículo “Trata para el mercado global: terror estatal y corporativo”, la preocupación por el nexo trata-prostitución aumentó incluso tras el colapso del Bloque del Este:

 
Aparentemente, la aparición de mujeres de los antiguos países dependientes de la URSS en las industrias del sexo de la Europa Occidental fue una razón de primer orden por la que los gobiernos europeos prestaron atención al problema de la trata. En muchos aspectos, este enfoque es un eco de la cruzada de finales del diecinueve y principios del siglo veinte… Parecería también otra vez que la atención por las vidas de la mujeres blancas… ha impulsado la acción internacional.

 

La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales

 

A finales de los años 70, los movimientos por los derechos de las trabajadoras sexuales sugirieron de forma radical que las trabajadoras sexuales eran una clase de trabajadores totalmente meritorias de derechos humanos, civiles y laborales. Esto llevó a la organización de convenciones internacionales de trabajadoras sexuales y activistas por los derechos humanos, comenzando con el Comité Internacional por los derechos de las prostitutas en los años 80. Los análisis presentados por estos grupos reflejaron la teoría de desarrollo, justicia social y reducción de daños. Hubo un creciente reconocimiento de los defectos de las estrategias de los abolicionistas de la prostitución, en estas conferencias y en los medios académicos, así como llamamientos a la autorrepresentación de las trabajadoras sexuales, como se hizo realidad con la formación de la Red de Proyectos de Trabajo Sexual.

 
En los anos 90, en respuesta a la creciente atención hacia los temas de inmigración, y con información de los activistas por los derechos de las trabajadoras sexuales, una oolaboración de grupos defensores de derechos estableció los Estándares de derechos humanos para el tratamiento de las personas víctimas de trata. Su intención era presionar por el establecimiento de un protocolo de lucha contra la trata que combatiera el abuso de todos los trabajadores —incluídas las trabajadoras sexuales— principalmente en el contexto de la inmigración. El desacuerdo entre este grupo colaborativo y los abolicionistas de la prostitución fue evidenciado a finales de los 90, cuando estas diversas facciones fueron invitadas a participar en la redacción del nuevo Protocolo contra la trata de la ONU. Lo que siguió fue una batalla.

 
Quedó claro que los abolicionistas de la prostitución no tenían interés en incluir el trabajo forzado en el Protocolo contra la trata de la ONU. Por el contrario, insistieron en que el Protocolo fuera usado como una herramienta para abolir la prostitución. En el compromiso que se alcanzó al final, el nuevo Protocolo contra la trata de la ONU se refería a los abusos laborales que implicaran el uso de fuerza, fraude, coerción, etc. con fines de explotación. De forma más significativa, el Protocolo decidió específicamente no definir el concepto de “explotación sexual”. Esto dejaba al criterio de cada estado definir esta como les pareciera mejor, haciendo equivalentes prostitución y explotación sexual o definiendo la explotación sexual como un abuso dentro de la prostitución. De este modo, el Protocolo podría ser interpretado como que respalda tanto a los que defienden la legalización de la prostitución como a los que buscan su abolición.

 
Estas estrategias dentro del Protolo de la ONU han supuesto en gran medida un fracaso para las trabajadoras sexuales y para los inmigrantes y las víctimas de trata. Además, mientras que las protecciones de los derechos humanos son opcionales, la criminalización y el control de las fronteras son obligatorios. En consecuencia, la respuesta judicial penal predominante busca principalmente detener el sexo comercial mediante redadas y detenciones de inmigrantes, aunque eso se acompaña de una ayuda limitada para una amplia gama de víctimas. Así, como ha dicho Marjan Wijers, “Este enfoque en la pureza y la victimización de las mujeres, unido a la protección de las fronteras nacionales, no solo impide cualquier esfuerzo serio para combatir los auténticos abusos de derechos humanos a los que nos enfrentamos… sino que de hecho hace daño a personas reales”.

 
Bajo la presión de coaliciones de abolicionistas de la prostitución, muchos países han aprobado ahora leyes nacionales contra la trata que se fijan exlusivamente en la prostitución, retrocediendo a estrategias de siglos pasados. En los Estados Unidos, el lobby abolicionista de la prostitución, en alianza con fundamentalistas religiosos, presionó hasta el agotamiento para que todas las trabajadoras sexuales fueran consideradas víctimas de trata, a fin de prevenir la opción de legalizar la prostitución y reconocer derechos laborales a las personas implicadas. Estos grupos también recomendaron una definición bifurcada de la trata, una definición que separa la “trata sexual” de otras formas de trata laboral. La Ley de protección de víctimas de trata de los Estados Unidos, que refleja parcialmente este propósito, define la trata sexual como “el reclutamiento, alojamiento, transporte, provisión u obtención de una persona con el propósito de realizar un acto sexual comercial”. No se estipula ninguna condición de fuerza, fraude o abuso. Aunque la “trata sexual” no está incluida en las leyes penales de Estados Unidos, la ley mencionada ciertamente allana el camino para esa posibilidad.

 
La aplicación de la ley en Estados Unidos se ha centrado principalmente en suprimir el sexo comercial, en lugar de combatir los abusos que se producen dentro del comercio sexual. Estas ideologías represoras también se han promovido activamente y se han exportado mediante canales tales como el “Juramento de lealtad contra la prostitución”, que requiere a los beneficiarios de ayuda monetaria de los Estados Unidos que garanticen su oposición a la legalización de la prostitución. Las subvenciones dentro de los Estados Unidos siguieron la misma dirección, haciendo que las organizaciones de trabajadoras sexuales fueran excluidas de las subvenciones. Las trabajadoras sexuales fueron también excluidas de más participaciones en la elaboración de la política, tanto de forma sistemática como informal.

 

Situación actual

 

El actual movimiento neoabolicionista ha expandido sus estrategias para incluir el “modelo sueco” de represión de la prostitución. Los clientes son ahora incluidos en la larga lista de objetivos de la criminalización, aumentando el aislamiento de las trabajadoras sexuales. Aunque la filosofía abolicionista ostensiblemente se opone a la penalización de las trabajadoras sexuales, a nivel internacional tales campañas se han lanzado allí donde la prostitución es legal, como un medio de criminalizar aún más las industrias del sexo, en lugar de como un medio de despenalizar a las trabajadoras sexuales. Es este enfoque criminalizador el que promueve tambíen controles más estrechos de las fronteras, así como el creciente castigo y persecución de inmigrantes, jóvenes y gente de color. Estas “soluciones” exacerban la violencia y la vulnerabilidad en muchas poblaciones, de la misma forma que la criminalización de los burdeles en el siglo diecinueve ocasionó una centuria de aislamiento y mayor violencia contra las trabajadoras sexuales.

 
Las trabajadoras sexuales han explicado extensamente que una de las muchas condiciones que se necesitan para prevenir los abusos a menudo amalgamados como “trata” es la despenalización del trabajo sexual. Este principio es apoyado por el Observatorio de Derechos Humanos, la Comisión global sobre el VIH y la legislación, el Relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud, el Programa de desarrollo de las Naciones Unidas, ONU Mujeres y ONUSIDA, entre una creciente lista de organismos internacionales.

 
Claramente, algunos resultados de las políticas de lucha contra la trata han sido positivos para aquellos individuos que han resultado calificados para merecer protección, permitiéndoles pasaportes y residencias específicos, entre otros avances humanitarios. Al mismo tiempo, se han hallado pruebas sustanciales de efectos adversos a raíz de la investigación llevada a cabo por la Alianza Global contra la trata de mujeres. Desde una perspectiva basada en la defensa de derechos, cualquier entramado legal que se centre en el “crimen” en lugar de en los derechos y en las causas estructurales de los males sociales está ligado a unos efectos desproporcionados y sistemáticos sobre los pobre y vulnerables. Mientras tanto, la espada de doble filo de la lucha contra la trata sitúa a las poblaciones vulnerables en situación de competir por obtener justicia, porque aquellos calificados como víctimas de trata pueden obtener recursos de los mismos sistemas que castigan a otros, individuos igualmente vulnerables.

 

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Acerca de la autora

 

Carol Leigh ha sido artista y activista trabajadora sexual durante décadas. Es miembro de COYOTE (Call Off Your Old Tired Ethics), miembro fundador de ACT UP (AIDs Coalition To Unleash Power) y de SWOP-USA (Sex Workers Outreach Project), y cofundadora de Bay Area Sex Worker Advocacy Project. Leigh acuñó el término “trabajo sexual” a finales de los 70. En 1999 fundó el San Francisco Sex Worker Film & Arts Festival. Leigh fue organizadora principal del San Francisco Board of Supervisor’s Task Force on Prostitution. Fue consultora de The RighT Guide, una herramienta de influencia sobre la política contra la trata en Holanda. Desde 2003 ha administrado el Trafficking Policy Research Project recolectando material sobre los efectos de las políticas de Estados Unidos contra la trata. Durante varios años se ha centrado en un trabajo en progreso, Collateral Damage: Sex Workers and the Anti-Trafficking Campaigns.

NSWP responde a la propuesta de Amnistía Internacional sobre el trabajo sexual

 

logo

 

NSWP ha respondido al anteproyecto de política hacia el trabajo sexual de Amnistía Internacional (AI). AI está llevando a cabo una consulta global entre sus miembros en referencia al trabajo sexual. El anteproyecto propone la despenalización del trabajo sexual consensuado entre adultos.

Si los miembros de AI votan a favor de adoptar esta política, Amnistía Internacional se unirá a la creciente lista de organizaciones internacionales que la apoyan y que piden la despenalización del trabajo sexual. La Comisión Global sobre VIH y Legislación, ONUSIDA, OMS, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW) y el Observatorio de Derechos Humanos han reclamado o defienden todos ellos la despenalización del trabajo sexual. Las recomendaciones a favor de la despenalización del trabajo sexual se basan en una robusta base de evidencias que muestra que la política basada en los derechos es clave para asegurar el respeto a los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

http://www.nswp.org/news-story/nswp-responds-amnestys-draft-policy-sex-work

http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/AI_%20IS_NSWP_Global_Policy_Consultation_Response.pdf

 

Estimado Salil                                                          25 de marzo de 2014

A la Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual (NSWP) le gustaría aprovechar esta oportunidad de contribuir a la discusión acerca de la propuesta de política hacia el trabajo sexual de Amnistía Internacional. Los miembros de NSWP comprenden más de 180 organizaciones de trabajadoras sexuales en más de 60 países de todo el mundo, incluyendo redes locales, regionales y nacionales. Nuestras redes regionales en el Sur Global y el Norte Global representan respectivamente un número importante de trabajadoras sexuales que hacen campaña de forma activa por la plena despenalización del trabajo sexual.

El año pasado, NSWP publicó la “Declaración de Consenso Global sobre Trabajo Sexual, Derechos Humanos y Legislación” en nombre de los miembros de NSWP y de las trabajadoras sexuales a las que representan. La declaración de consenso esboza ocho derechos que están establecidos en varios tratados internacionales de derechos humanos, así como en constituciones nacionales. NSWP y otros grupos de justicia social argumentan que los estados son responsables de proteger proactivamente los derechos fundamentales y adoptar medidas que ayuden a proteger, respetar y hacer cumplir estos derechos para todos.

Derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales:

1. Derecho a asociarse y organizarse

2. Derecho a ser protegidas por la ley

3. Derecho a verse libres de violencia

4. Derecho a no ser discriminadas

5. Derecho a la privacidad y a verse libres de interferencias arbitrarias

6. Derecho a la salud

7. Derecho a viajar y a emigrar

8. Derecho a trabajar y a elegir empleo libremente

NSWP apoya ampliamente la propuesta de política hacia el trabajo sexual de Amnistía Internacional; sin embargo, nos gustaría llamar la atención del Secretariado Internacional sobre algunos puntos fundamentales. Estos puntos resaltan algunas lagunas en la propuesta y abordan la ambigua noción de ‘despenalización parcial’ que, aunque no se hace referencia explícita a ella en el sumario de la propuesta, es presentada como una opción política en el ‘Formulario de respuesta a la consulta’ de Amnistía Internacional del Reino Unido. De tal forma que creemos que Amnistía Internacional del Reino Unido tiene la obligación y la responsabilidad de presentar a sus miembros una revisión equilibrada de la evidencia que sustente todas y cada una de las opciones que son sometidas a consideración.

Los siguientes puntos serían, en nuestra opinión, la cristalización de algunos de los razonamientos hechos en la propuesta de política:

• La consideración de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales en los marcos legales que penalizan cualquier aspecto del trabajo sexual de adultos, incluyendo a terceras partes

• El aumento del estigma y la discriminación experimentados por las trabajadoras sexuales en entornos en los que la compra de sexo ha sido penalizada (el así llamado ‘modelo nórdico’)

Con relación a la consideración de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, a NSWP le gustaría llamar la atención de Amnistía Internacional sobre el reciente Informe Mundial 2014 del Observatorio de Derechos Humanos1. El informe es una revisión anual de las prácticas de derechos humanos en todo el mundo. Resume los temas clave de derechos humanos en más de 90 países y territorios de todo el mundo, recogiendo hechos ocurridos hasta noviembre de 2013. El informe pone de manifiesto violaciones de derechos humanos perpetradas contra trabajadoras sexuales en Camboya, China, Vietnam, Grecia, Líbano y los Estados Unidos. Los abusos de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales incluyen detención arbitraria (Camboya), redadas punitivas, pruebas forzadas de VIH, violaciones de la intimidad, maltratos por profesionales sanitarios (China), rehabilitación forzada de trabajadoras sexuales (Vietnam), detención y prueba forzada de VIH de supuestas trabajadoras sexuales (Grecia), sometimiento de trabajadoras sexuales (junto a usuarios de drogas y personas LGBT) bajo custodia por las fuerzas de seguridad a malos tratos y tortura (Líbano), y uso de condones como prueba de trabajo sexual (Estados Unidos). El informe reclama la despenalización del trabajo sexual entre adultos en reconocimiento del hecho de que allí donde el trabajo sexual es penalizado (incluyendo la penalización de los clientes), dicha penalización permite que ocurran abusos y violaciones de los derechos humanos a causa del estigma y la discriminación, que hacen que las trabajadoras sexuales sean consideradas ciudadanas de segunda clase que no merecen ni siquiera los derechos humanos básicos.

Uno de los valores centrales de NSWP que busca abordar el daño que las trabajadoras sexuales sufren en entornos en los que cualquier aspecto del trabajo sexual es penalizado es: oposición a todas las formas de penalización y otras formas de opresión legal del trabajo sexual (incluyendo a trabajadoras sexuales, clientes, terceras partes, familias, parejas y amigos). El término ‘terceras partes’ incluye gerentes, propietarios de burdeles, recepcionistas, camareras, conductores, arrendadores, hoteles que alquilan habitaciones a trabajadoras sexuales y cualquier otra persona que se considere que está facilitando el trabajo sexual.

El debate en torno a las terceras partes ha sido caracterizado por una deliberada falta de matización (y, ciertamente, de claridad) por aquellos que buscan penalizar el trabajo sexual. NSWP puso de manifiesto en una reciente nota 2 que el debate en torno a la penalización de terceras partes se ha centrado en palabras como “proxeneta”, que NSWP no usa por varias razones. Sobre todo, porque el término evoca un estereotipo claramente racializado. Los grupos de presión del Norte Global buscan acallar las voces de las trabajadoras sexuales, sobre todo en el Sur Global, con campañas extremadamente emotivas y ofensivas diseñadas para silenciar a las trabajadoras sexuales. Este silenciamiento se hizo evidente cuando los activistas contra el trabajo sexual crearon el hashtag de twitter #questionsforamnesty, con la intención de debilitar a Amnistía Internacional y a la reclamación de respeto de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. La penalización de las terceras partes afecta a las trabajadoras sexuales de muchas maneras:

• La penalización de los lugares de trabajo de las trabajadoras sexuales (y de las terceras partes que los dirigen) expone a las trabajadoras sexuales a mayor riesgo de transmisión del VIH, en contravención de la Recomendación 200 de la OIT;

• La penalización de los gerentes fuerza a las trabajadoras sexuales a trabajar con menor seguridad;

• Las trabajadoras sexuales son procesadas en aplicación de leyes contra terceros, utilizando los condones como prueba, lo que pone en riesgo la salud de las trabajadoras sexuales.

• Las trabajadoras sexuales pueden ser a la vez trabajadoras sexuales y terceras partes, y ser así procesadas en aplicación de leyes contra terceros cuando el estado busca perseguir a las trabajadoras sexuales: por ejemplo, si dos trabajadoras sexuales están trabajando juntas por seguridad, se convierte cada una de ellas en ‘tercera parte’ de la otra;

• Los hijos o parejas de las trabajadoras sexuales son procesados como terceras partes, en contravención del artículo octavo de la Convención de derechos humanos de la ONU, que garantiza el derecho a la privacidad y a la vida en familia;

• Los agentes de la ley usan las leyes contra las terceras partes para acosar a las trabajadoras sexuales, persiguiendo a aquellos a los que se aplican las leyes contra terceros —tales como arrendadores— y haciendo así que las trabajadoras sexuales vivan en un estado de inseguridad de alojamiento.

Para reiterar las recomendaciones de las principales agencias internacionales: “Las leyes que directa o indirectamente criminalizan o penalizan a las trabajadoras sexuales, a sus clientes o a las terceras partes, […] pueden debilitar la efectividad de los programas de salud sexual y de lucha contra el VIH, y limitar la capacidad de las trabajadoras sexuales y de sus clientes de buscar estos programas y beneficiarse de ellos”.3

Los ejemplos de abusos de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales y la explicación de las formas en que la penalización de terceros afecta a las trabajadoras sexuales sirven para ilustrar cuán precarios son los derechos humanos de éstas. Es la firme creencia de NSWP que la total despenalización del trabajo sexual es la mejor manera posible de proteger y promover los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

Nos gustaría llamar la atención del Secretariado Internacional sobre las consecuencias del así llamado ‘modelo sueco’, tal y como son relatadas por las propias trabajadoras sexuales y por los informes de varias autoridades oficiales. En Suecia, los investigadores del trabajo sexual informan rutinariamente de los altos niveles de estigma que deben afrontar las trabajadoras sexuales. El gobierno sueco proclamó los altos niveles de estigma de aquellas implicadas en el trabajo sexual como un ‘resultado positivo’. El Defensor de la Igualdad sueco escribió, en un informe publicado en octubre de 2010 que encontraban esto “digno de mención”. Los niveles aumentados de estigma tienen serias implicaciones para las trabajadoras sexuales, que a menudo se sienten desalentadas a la hora de buscar ayuda de la policía  y asistencia de los servicios sociales y sanitarios.5

El ‘modelo nórdico’ asegura que los niveles de trabajo sexual desminuirán en la medida en la que la penalización de los clientes llevará a una menor ‘demanda de servicios sexuales’. Investigación independiente realizada sobre estas leyes ha mostrado que no son efectivas para reducir el número de mujeres implicadas en trabajo sexual. En cambio, “las trabajadoras se han limitado a cambiarse a pisos, a internet y a países vecinos”.6

Además de estos hallazgos, un reciente informe de la policía sueca sobre trata de seres humanos reveló que, por ejemplo, el número de salones de masaje Thai (que son conocidas tapaderas de negocios de trabajo sexual) ha aumentado. El número de trabajadoras sexuales de Lituania y Rumania (entre trabajadoras sexuales de otros países) que habían o bien emigrado por su propia voluntad o bien sido introducidas en Suecia por trata o tráfico había aumentado también en los años 2010 y 2011.7 

La penalización de la compra de servicios sexuales tiene implicaciones negativas para la seguridad de las trabajadoras sexuales. Por ejemplo, en un entorno despenalizado, los clientes de las trabajadoras sexuales no tienen motivo para ocultar información (tal como números de teléfono, nombres completos o direcciones) a las trabajadoras sexuales con las que se reúnen. En el contexto de penalización del ‘comprador de sexo’, es más probable que los clientes oculten la información que las trabajadoras sexuales necesitan para su seguridad a fin de impedir que la policía use tal información. En Suecia, el Consejo Nacional de Policía ha encontrado que la ley que penaliza a los clientes es un obstáculo para procesar a aquellos que explotan el trabajo sexual de otros. Antes se podía confiar en los compradores de sexo como testigos, pero este no es ya el caso en la medida en que ahora ellos mismos son culpables de cometer un delito. Por otra parte, las trabajadoras sexuales están ahora atrapadas en una posición ambigua con respecto a la ley. Vender sexo no es un delito, pero ya que comprar servicios sexuales sí lo es, la trabajadora sexual puede ser presentada como testigo durante el proceso judicial. No tiene, por tanto, ni los derechos del acusado ni los derechos de la víctima. El informe del Consejo de Policía discute también el hecho de que las trabajadoras sexuales son ahora sometidas rutinariamente a registros e interrogatorios invasivos, de forma que las pruebas contra los clientes puedan ser obtenidas in fraganti”.8

En conclusión, nos gustaría reiterar algunas de las principales razones 9 por las que el movimiento por los derechos de las trabajadoras sexuales hace campaña por la total despenalización del trabajo sexual.

La despenalización del trabajo sexual:

Promueve condiciones de trabajo seguras – Las trabajadoras sexuales pueden trabajar juntas por seguridad, comunicarse abiertamente con los clientes o gerentes sin temer constantemente el acoso de la policía o algo peor. En Nueva Zelanda, la despenalización del trabajo sexual durante la última década ha ayudado a promover los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales. El Tribunal de Revisión de Derechos Humanos de Nueva Zelanda dictó una resolución histórica 10

en enero de 2014 sobre la violación de los derechos humanos de una mujer en un burdel de Wellington en la que estaba empleada. La mujer presentó una querella contra el gerente y el propietario del burdel después de que el gerente la acosara sexualmente y la intimidara. La querella fue admitida y a la mujer se la reconocieron daños sustanciales.

Aumenta el acceso a los servicios de salud y reduce el riesgo de las trabajadoras sexuales frente al VIH y las ETS – Las trabajadoras sexuales se ven frecuentemente expuestas al VIH y a las ETS y tienen muchas probabilidades de infectarse. Las trabajadoras sexuales a menudo no están en condiciones de controlar estos factores de riesgo a causa del entorno legal, político y social en el que trabajan. 11 Por ejemplo, en muchos territorios la policía usa la presencia de condones como prueba de actividad sexual; por ejemplo, para probar que alguien es ‘propietario de burdel’. Si los condones son usados como prueba para llevar a cabo procesamientos por cualquier cargo relacionado con el trabajo sexual, se desincentiva fuertemente tener suministro disponible de los mismos y se penaliza de hecho su posesión, lo que afecta a la capacidad de las trabajadoras sexuales de protegerse a sí mismas. Esto va contra las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que llama a los países a ‘estimular la creación de “lugares de trabajo seguros” y la disponibilidad de preservativos en todos los locales de trabajo sexual’ y a ‘terminar con la práctica de los agentes de la ley de usar los condones como prueba de trabajo sexual’..12

Aumenta el acceso de las trabajadoras sexuales a la justicia– La despenalización aparta las principales barreras que obstaculizan la denuncia por parte de las trabajadoras sexuales de violaciones y otros crímenes de los que son víctimas, en la medida en que como trabajadoras sexuales en entornos criminalizados a menudo temen ser detenidas o castigadas de otros modos (por ejemplo, perdiendo la custodia de sus hijos). Hará también más difícil que la violencia contra las trabajadoras sexuales sea cometida con impunidad.

Reduce el abuso y la violencia de la policía–Los policías son frecuentemente los perpetradores de abusos contra las trabajadoras sexuales. En los lugares donde el trabajo sexual está penalizado,  la policía ejerce poder sobre las trabajadoras sexuales en forma de amenazas de detención y humillación pública. En Sudáfrica y Uganda, por ejemplo,  la policía a menudo hace desfilar en público a las sospechosas de ser trabajadoras sexuales, obligándolas a llevar condones hinchados alrededor del cuello.13

Ayuda a combatir la explotación y la coacción cuando tienen lugar– La Nota Orientativa de ONUSIDA sobre VIH y Trabajo Sexual declaraba que “las mismas trabajadoras sexuales son a menudo las que están en mejor situación para saber quién está siendo víctima de trata en sexo comercial y por quién, y están particularmente motivadas para trabajar por acabar con tales prácticas odiosas”.14

La penalización del trabajo sexual puede impedir los esfuerzos contra la trata que llevan a cabo las organizaciones de trabajadoras sexuales y hacer más fácil la errónea categorización de las trabajadoras sexuales como personas víctimas de trata. Muchas medidas antitrata son usadas deliberadamente para desbaratar negocios legítimos de trabajo sexual y con regularidad usan descaradamente una retórica antiinmigratoria. Las iniciativas antitrata deben estar probadamente fundadas en los principios de los derechos humanos y no deben afectar negativamente a los derechos de las trabajadoras sexuales.

 

Le saluda atentamente,

Ruth Morgan Thomas

Coordinadora Global

 

 

ONU Mujeres: Nota sobre el trabajo sexual, la explotación sexual y la trata

ONU Mujeres

http://www.nswp.org/es/node/1543

  • Los puntos de vista de ONU Mujeres sobre este tema están basados en los relevantes principios y provisiones de los derechos humanos[1], los marcos normativos intergubernamentales y la mejor evidencia científica  y epidemiológica disponibe. ONU Mujeres está atenta al importante aporte de la sociedad civil  a través del amplio espectro de opiniones  con relación a este tema.
  • Los temas de trabajo sexual, explotación sexual y trata son temas complejos que tienen importantes consecuencias legales, sociales y sanitarias. Debido a tal complejidad, es importante que no mezclemos estos tres temas, que merecen ser considerados cada uno por separado. No podemos considerar el trabajo sexual de la misma forma que consideramos la trata o la explotación sexual, que son abusos y crímenes contra los derechos humanos.
  • Considerar que son una y la misma cosa el trabajo sexual consensuado y la trata sexual lleva a respuestas inadecuadas que no logran ayudar a lxs trabajadorxs sexuales y a las víctimas de trata en la consecución de sus derechos. Además, dificulta la tipificación y puede obstaculizar los esfuerzos para prevenir y perseguir la trata.
  • Lxs trabajadorxs sexuales[2] tienen los mismos derechos que lxs demás mujeres y hombres y así debería ser reconocido.
  • Comprendemos las preocupaciones de diferentes sectores de la sociedad civil respecto a que en muchos casos el trabajo sexual no es siempre una libre elección y reconocemos que está a menudo asociado a la pobreza, la vulnerabilidad y la discriminación y que puede llevar a la violencia contra las mujeres.
  • Reconocemos la importancia de abordar simultáneamente las causas estructurales y esenciales de que las mujeres se impliquen en el trabajo sexual, incluyendo la pobreza y la discriminación.
  • Es importante que reconozcamos los derechos de lxs trabajadorxs sexuales, esforzándonos por garantizar su seguridad en su lugar de trabajo y mediante el mismo, de forma que se vean libres de explotación, violencia y coacción.
  • Reconocemos el derecho de todxs lxs trabajadorxs sexuales a decidir si quieren continuar en su trabajo o si prefieren dejarlo, y a tener acceso a otras oportunidades laborales. Alentamos  y aplaudimos los esfuerzos por proporcionar a lxs trabajadorxs sexuales alternativas económicas al trabajo sexual.

[1] La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminacion contra la Mujer (CEDAW) aborda el tema bajo la perspectiva de la explotación de la prostitución; el Comité de la CEDAW en las observaciones de sus conclusiones a los Estados participantes de la CEDAW también aborda el tema desde la perspectiva de la explotación de la prostitucióny la prostitución forzada.

[2] Trabajadorxs sexuales son consideradxs lxs adultxs que reciben dinero u otros bienes a cambio de servicios sexuales (Nota orientativa  de ONUSIDA sobre VIH y trabajo sexual, 2009, y Nota orientativa de UNFPA sobre VIH/SIDA,  género y trabajo sexual).

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