Una mujer apuñalada en París, la reacción (¿hipócrita?) de Pécresse e Hidalgo

 

Por THIERRY SCHAFFAUSER

16 de junio de 2019

http://MA.LUMIERE.ROUGE.BLOGS.LIBERATION.FR/2019/06/16/UNE-FEMME-POIGNARDEE-DANS-PARIS-LA-REACTION-HYPOCRITE-DE-PECRESSE-ET-HIDALGO/

El Grupo de Autodofensa de Trabajadoras Sexuales SWAG.

 

¿Se convertirá finalmente la lucha contra la violencia contra las trabajadoras sexuales en un problema político?

 

El viernes por la tarde, nos enteramos del ataque con cuchillo a una joven de 28 años en el Bois de Boulogne. Un artículo del Parisien describía su estado como crítico, entre la vida y la muerte. Esta agresión es tanto más triste cuanto que hace meses que avisamos sobre el aumento de esto actos de violencia. En agosto de 2018, en el mismo Bois de Boulogne, Vanesa Campos fue asesinada.

La Sra. Schiappa había organizado una reunión con DILCRAH para ver cómo se podían mejorar las cosas y no se llegó a nada. Sin duda ocupada en las 24 Horas de Le Mans, no ha reaccionado a este ataque.

Las señoras Pécresse e Hidalgo, sin embargo, se han expresado en Twitter.

La Sra. Pécresse reaccionó primero (de forma tal vez un poco apresurada) hablando de “asesinato”:

Seguida unos minutos después por la señora Hidalgo:

Estas reacciones son una novedad, ya que hasta ahora es muy raro que los políticos de este rango se expresen sobre la violencia cometida contra las trabajadoras sexuales. El contexto de la proximidad de las elecciones municipales puede explicar esto. Pero lo que plantea dudas es la sinceridad de estas respuestas. De hecho, las actuaciones políticas y los votos de estas mujeres políticas siempre han sido dirigidas contra las trabajadoras sexuales y sus demandas.

La señora Pécresse votó a favor de la penalización de los clientes en tanto que diputada y no sigue una política favorable a las mujeres precarizadas y a las minorías. La Sra. Hidalgo es partidaria de la penalización de clientes desde hace mucho tiempo y también aplica una política municipal muy represiva contra el trabajo sexual en París: ordenanzas municipales en el Bois de Boulogne y en el Bois de Vincennes, hostigamiento policial en Belleville, controles en Château Rouge y otros lugares y un alcalde socialista del distrito 13 que ha llegado a filmar a las trabajadoras sexuales para difundir su imagen (no borrosa) en Internet con todas las repercusiones que esto puede tener en su vida. El “apoyo total” del que habla no parece realmente creíble…


En esta carta dirigida a los vecinos del distrito 18 “en relación con la prostitución”, la alcaldesa de París dice exigir la represión de los propietarios de los pisos de trabajadoras sexuales y garantizar la presencia de la policía en el espacio público para la tranquilidad de los residentes.

Con cursos de defensa personal, asesoramiento legal, sistemas de alerta, las trabajadoras sexuales se organizan a través del proyecto Jasmine y de otros grupos contra la violencia sin el apoyo político o financiero de las autoridades. Hay que considerar el hecho de que estas acciones sean dirigidas por las mismas trabajadoras sexuales y que la clase política siga petrificada en una ideología abolicionista que prohíbe cualquier “ayuda a la prostitución”, que supuestamente debe ser abolida y, por tanto, no se deben crear las condiciones que permitan una mayor seguridad en su ejercicio.

STRASS (Syndicat du Travail Sexuel) denuncia este estado de cosas comparando la lucha contra la violencia con la lucha contra el SIDA:

La muerte de Vanesa Campos en agosto pasado, ha ayudado a aumentar la conciencia pública, pero los legisladores se están quedando por detrás de la sociedad. La “salida de la prostitución” no puede ser la única respuesta del gobierno y las autoridades. Es hora de aceptar en el campo de la lucha contra la violencia que es posible reducir los riesgos, como lo hicimos en el campo de la lucha contra el SIDA en los años 1980-90. Aquí también, se trata de la vida o la muerte. Aquí también, debemos cambiar el paradigma.

Apostar todo a la abstinencia y al fin del trabajo sexual no parece funcionar porque el número de trabajadoras sexuales continúa aumentando, incluídas las víctimas de trata y la explotación de menores. Sin embargo, las políticas de penalización han resultado en una escalada continua de la violencia debido a una mayor precariedad y, por lo tanto, un poder de selección más débil, el desplazamiento de los escenarios de trabajo sexual a lugares más remotos y el aislamiento y, por tanto, la menor ayuda mutua entre trabajadoras sexuales.

Hay que creer que la muerte de las trabajadoras sexuales es preferible a considerar cualquier mejora en sus condiciones de trabajo y correr el riesgo de que se piense que se tolera la existencia de la “prostitución”; pero también, de paso, la suya.

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Desmontando el Abolicionismo: La Demanda de Pandora

 

Por Raj Redlich

 

Parte I: La Falacia de MacKinnon (sin puteros no hay prostitución)

 

Parte II: Precarizando a las Precarias (economía del modelo nórdico)

 

Parte III: Puticonsumismo (no hay putero para tanta puta)

 

Parte IV: El Putero Samaritano (deconstruyendo la figura del cliente)

(Próximamente)

Derecho a la salud de las mujeres que ejercen la prostitución en el Sistema Público Andaluz de Salud

 

10 de junio de 2019

Derecho a la salud de las mujeres que ejercen la prostitución en el Sistema Público Andaluz de Salud

 

La delegación de Cádiz de la APDHA ha elaborado el informe EL DERECHO A LA SALUD DE LAS MUJERES QUE EJERCEN LA PROSTITUCIÓN EN EL SISTEMA PÚBLICO ANDALUZ DE SALUD: un abordaje técnico y un análisis de las distintas experiencias y realidades que encuentra sobre la prostitución.

 Descargar Informe

Aunque en este caso, no pretendemos a través de este informe, incidir en las políticas que actualmente afectan sobre las trabajadoras sexuales que viven en Andalucía y la defensa de sus derechos fundamentales, síesperamos que este análisis tenga una repercusión positiva que fomente la transformación social y sanitaria que les afecta sobre su vida diaria y su bienestar.

Para la elaboración del presente informe hemos mantenido entrevistas, reuniones e intercambio de conocimientos y experiencias tanto con profesionales especializados en el campo de la Salud Pública, como profesionales que, desde organizaciones sociales, han adquirido amplio conocimiento del asunto a través de años de experiencia. Igualmente, y como no podía ser de otra manera, hemos compartido con las trabajadoras sexuales un buen número de sesiones de intercambio de vivencias. Trabajadoras sexuales con las que llevamos ya un tiempo trabajando y que conocen de primera mano qué es el ejercicio de esta actividad y qué consecuenciastiene para su salud. Para complementar este acercamiento a la prostitución desde la perspectiva de quiénes la trabajan, hemos recurrido y analizado los discursos, impresiones y experiencias que, durante 15 años de trabajo con el colectivo, hemos ido recogiendo.

Apostamos por un modelo sanitario que mire y aprenda a mirar la diversidad como algo enriquecedor y no como un problema. Que haga del derecho a la salud el centro de todos sus intereses. Que cuide a quiénes desde su profesión sanitaria y/o compromiso social apuestan por un entorno más saludable, justo y diverso. Y sobre todo, apostamos por un modelo sanitario tenga en cuenta a las trabajadoras sexuales como aliadas, como agentes capaces y potentes para desarrollar estrategias que avancen por su derecho a la salud y el de toda la sociedad.

 

 Descargar Informe

 

En el quicio de La Merced: mercado sexual y regulación del espacio público

 

Por Luz Jiménez

11 de junio de 2019

En el quicio de La Merced: mercado sexual y regulación del espacio público

 

En días pasados la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México votó para suprimir las sanciones al ejercicio y la solicitud de servicios sexuales en las calles de la ciudad. Estas sanciones apenas habían sido propuestas en el artículo 27 de la nueva Ley de Cultura Cívica, publicada el pasado ocho de junio de 2019. Los debates abiertos sobre este nuevo intento de sancionar el comercio sexual en la ciudad, en los que favorablemente participaron los grupos de trabajadoras sexuales organizadas, enmarcan mi reflexión en torno a la regulación sexual del espacio público.

Para localizar mi análisis, retomo el caso del barrio de La Merced ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde se sitúa uno de los mercados sexuales callejeros más antiguos de la ciudad. En este espacio, altamente politizado y disputado, se han operado diversas normativas —administrativas y penales— de la mano de un conjunto de intereses económicos que se hicieron más evidentes a finales del siglo XX y principios del XXI, cuando el gobierno de la Ciudad de México inició el proyecto de “rescate integral” del Centro Histórico. Una de las acciones impulsadas para apoyar este proyecto económico fue el reforzamiento de la seguridad pública en la zona, que contribuyó a construir al Centro Histórico como un espacio “seguro” para la gentrificación y turistificación, es decir para la obtención de beneficios comerciales y financieros mediante la apropiación de los escenarios urbanos.

En este sentido, no fue casual que el desarrollo del proyecto de recuperación del Centro Histórico sucediera de manera paralela a la publicación, en 2004, de la antigua Ley de Cultura Cívica, en la cual se sancionaba administrativamente el acto de “invitar a la prostitución o ejercerla” con el objetivo explícito de vigilar el orden público y la convivencia urbana. Si bien el ordenamiento legal intervino en la creación y modificación del ordenamiento espacial, en tanto delimitó las áreas para la realización de transacciones sexo-económicas, éste se transmutó en un ordenamiento moral y sexual del espacio que contribuyó a expulsar a las trabajadoras sexuales de las zonas comprometidas con el proyecto de rescate urbano.

Ilustración: Patricio Betteo

Al igual que la recién publicada, la anterior Ley de Cultura Cívica fue criticada porque introdujo políticas represivas dirigidas a las trabajadoras sexuales de la calle, quienes viven de manera directa los efectos del capitalismo neoliberal, como la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a servicios sociales y la flexibilización laboral. Pareciera que la normativa creada para regular el espacio público ha funcionado también como estrategia para justificar la inexistencia de políticas estatales de justicia social dirigidas a las personas que se dedican al comercio sexual callejero.

No obstante, la Ley de Cultura Cívica no es la única legislación cuyo efecto colateral ha sido la criminalización y discriminación de las trabajadoras sexuales de la calle. Esto también ha sucedido con la legislación relativa a la trata de personas y sus mecanismos de operación, que si bien tienen el objetivo de “rescatar, proteger y atender a las víctimas o posibles víctimas del delito”, han tenido efectos concretos en la organización espacial del mercado sexual de La Merced.

Durante los primeros años del siglo XXI, el barrio de La Merced transitó de ser considerado el corazón de la prostitución a ser construido discursivamente como uno de los focos rojos de la trata de personas, específicamente de la trata sexual de mujeres. Tanto en notas periodísticas como en declaraciones oficiales, La Merced fue representada ante la sociedad mexicana —y alrededor de todo el mundo— como el prostíbulo de América Latinael centro de la trata infantil y de mujeres de México o el mayor corredor de prostitución y trata de personas de América Latina.

Para atender la demanda de atención de la trata de personas, en el 2000 se elaboró el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, conocido como Protocolo de Palermo, que forma parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Este es el instrumento legal más importante a nivel internacional para combatir la trata alrededor del mundo en el que se establecieron los lineamientos para la elaboración de políticas institucionales dirigidas a su prevención, atención, sanción y erradicación.

En México, la legislación sobre trata de personas fue elaborada por primera vez en 2007, y desde su creación planteó una ambigüedad sobre lo que debe ser considerado prostitución forzada y otras formas de explotación sexual, ya que ninguna de éstas es definida en el Protocolo. No obstante, las disputas alrededor del comercio sexual como una forma de esclavitud sexual o como un trabajo que debe ser reconocido como tal, han enmarcado la producción de una narrativa dominante que subraya la no distinción entre comercio sexual y trata de personas, lo que ha contribuido a una mayor criminalización de las trabajadoras sexuales.

En el caso mexicano, la operación de la ley antitrata en el espacio de comercio sexual callejero de La Merced comenzó en 2007 con los primeros operativos realizados en los hoteles y cuartos acondicionados para la realización de las transacciones sexoeconómicas. El cierre de hoteles y otros establecimientos donde se realizaba comercio sexual en nombre del combate a la trata sexual de mujeres ha sido interpretado como una “cacería de brujas” para expulsar a las trabajadoras sexuales de zonas comprometidas con el rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México, pues a partir de las acciones impulsadas por el gobierno local se han cerrado y procesado una cantidad significativa de inmuebles que podrían ser vendidos a particulares para obtener el dinero que supuestamente estaría destinado para resarcir el daño a las víctimas.

Esto se suma a que en 2012 la legislación anti trata en México se modificó para eliminar la noción de consentimiento, lo que trajo como efecto que todas las personas que se dedican al comercio sexual —así fuera de manera autónoma— fueran consideradas víctimas de trata. Estos cambios fortalecieron la mezcla discursiva entre el comercio de servicios sexuales autónomo y la trata sexual, convirtiendo a la organización del comercio sexual en un delito y a las personas que se dedican a éste automáticamente en víctimas.

En lo que va del siglo XXI, los efectos de las viejas regulaciones alrededor del comercio sexual en las calles de la Ciudad de México, junto con estas nuevas políticas anti trata creadas con el objetivo de proteger a las personas víctimas de este delito, han vulnerado el ejercicio de derechos de las mujeres que comercian servicios sexuales en el espacio público. Estas normativas han traído consigo una mayor clandestinización de los mercados sexuales que ha favorecido la ausencia de condiciones laborales adecuadas y justas; la obstaculización o imposibilidad de constituir sindicatos de trabajadoras sexuales o la organización política y social informal para exigir derechos del gremio; y el aumento de la criminalización del trabajo sexual.

Sin embargo, las trabajadoras sexuales organizadas también han desplegado diversas formas la apropiación, ocupación y uso de los espacios públicos donde se realiza comercio sexual callejero. Una muestra de esta resistencia frente a su criminalización y victimización fue la obtención en 2014, vía un litigio jurídico, de las licencias de trabajadoras no asalariadas para las mujeres que se dedican al comercio sexual callejero por parte de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de México. Estas licencias certifican a las mujeres como personas que realizan su actividad laboral en la vía pública sin necesidad de que exista una relación formal obrero-patronal o que reciban un salario fijo, como los lustrabotas, los cuidacoches, los músicos callejeros.

En un contexto en el que se privilegia el aumento del número de mujeres situadas en los márgenes del sistema económico neoliberal, resulta necesario que el proyecto intelectual y político del feminismo se cuestione los efectos que tienen las normativas para regular el espacio público y la legislación antitrata —que promueve la confusión entre comercio sexual y trata—, en el ejercicio de derechos de las personas que comercian servicios sexuales en las calles. Estas estrategias represivas no solo buscan sacar del espacio público al comercio sexual, sino encapsularlo o incluso volverlo cada vez más clandestino, mas no abolirlo como supuestamente argumentan las feministas abolicionistas-prohibicionistas.

Este encapsulamiento y clandestinización impide que las trabajadoras sexuales sean reconocidas como sujetos de derecho e interlocutoras políticas, capaces de dialogar y definir estrategias que atiendan sus necesidades concretas y respeten su derecho a transitar y trabajar en el espacio público. En este sentido, comparto el llamado elaborado por el Grupo Latinoamericano de Análisis/Acción sobre los Mercados Sexuales (GLAMSex), a apoyar una petición en la plataforma Change.com  para que las y los diputados de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México y la Jefa de Gobierno tomen en cuenta las voces de las trabajadoras sexuales organizadas en la discusión sobre sus necesidades y demandas y en la definición de la legislación y las políticas orientadas al reconocimiento del trabajo sexual con total respecto a sus derechos humanos.

 

Luz Jiménez
Feminista. Doctorante en Ciencias Políticas y Sociales, orientación en Sociología, de la UNAM. Integrante del Grupo Latinoamericano de Análisis/Acción sobre Mercados Sexuales (GLAMSex).

 

¡Consentimiento para ser pagada por sexo sigue siendo consentimiento!

 

 

A los estadistas, tanto dentro como fuera del gobierno, les gusta hacer juegos kafkianos con la idea del consentimiento.

 

MAGGIE MCNEILL | Del número de julio de 2019.

 

Consenting To Be Paid for Sex Is Still Consenting!

 

(Joanna Andreasson. Origen de la imagen: drante / iStock)

 

 

La mayoría de las personas modernas están de acuerdo en que todas las personas tienen el derecho de establecer sus propias condiciones de consentimiento, incluso si pocos de nosotros pensamos en la vida cotidiana en esos términos. “Puedes tomar mi auto si prometes devolverlo a las 4 p.m.” es un ejemplo de consentimiento condicional en la práctica. “Realizaré este trabajo para usted a cambio de una cantidad x como compensación” es otro. “Voy a tener relaciones sexuales contigo si aceptas usar un condón” es un tercero.

En el ámbito del sexo, el consentimiento ha sido elevado al nivel de una palabra sagrada. Pero en la práctica, la mayoría de personas creemos en una gran cantidad de excepciones. Pensamos que a algunas personas (como los menores) no se les debe permitir el consentimiento de algunas cosas y, a la inversa, a otras personas (como los policías) se les debe permitir hacer algunas cosas, incluso sin consentimiento. Muchas, si no la mayoría, de estas excepciones involucran sexo, dinero o poder, por lo que no es sorprendente que el trabajo sexual —que involucra a los tres— inspire una gimnasia mental verdaderamente absurda acerca del concepto de consentimiento.

A los estadistas, tanto dentro como fuera del gobierno, les gusta hacer juegos kafkianos con la idea del consentimiento. Un cierto tipo de feminista nos dice que el consentimiento debe ser explícitamente verbal, continuo y “entusiasta”. Dicen que se debe volver a asegurar una y otra vez y una y otra vez, sin importar lo claramente se haya expresado en primer lugar. Mientras tanto, los puritanos modernos afirman que las personas que tienen una conducta sexual “desviada” (incluido el trabajo sexual, el BDSM y —hasta hace muy poco— la homosexualidad) padecen el “síndrome de Estocolmo”, “vinculación traumática” o “falsa conciencia” y por lo tanto, no pueden consentir las cosas que dicen disfrutar porque no están en su sano juicio.

Pero el más extraño de estos juegos mentales tortuosos, popular entre las feministas radicales durante años pero que está ganando impulso hoy en día entre los “progresistas”, es la idea de que si a una persona se le paga por hacer algo que no haría gratis, eso constituye una “coacción”. o incluso “violencia”. Como señaló Elizabeth Nolan Brown, de Reason, hace unos años, “en Seattle, el sexo debe ser una ‘actividad de ocio’ para ambas partes o no es consensual, según un fiscal del área”. Brown estaba escribiendo sobre Val Richey, un fiscal adjunto del condado de King, Washington, quien argumentó que todas las trabajadoras sexuales son víctimas de violación porque alguien les pagó “esencialmente para convertir un ‘no’ en un ‘sí'”.

Este dogma está trastornado. Richey no hace su trabajo gratis; ¿eso significa que él también es coaccionado? Esta contradicción no parece presentárseles a los cruzados contra el trabajo sexual, porque no están dispuestos a aceptar que el sexo, como cualquier otra parte del mundo material, no se distribuye “uniformemente” o “justamente”.

Intercambio algo que de lo que tengo mucho —el atractivo sexual— para conseguir cosas que de otro modo tengo problemas para conseguir y conservar, como el dinero. Si no tienes nada con lo que puedas comerciar, vender o negociar para darme algo que quiero o necesito, no podrás obtener lo que quieras de mí. Este no es un concepto loco en ninguna otra parte de la vida moderna. Si no tengo el dinero que quiere el supermercado, no podré obtener los comestibles que quiero. La tienda de comestibles no está sucia ni es una víctima, y ​​yo no soy una depredadora ni una estafadora. Ambos estamos intercambiando pacíficamente lo que tenemos por lo que queremos.

El sexo es un recurso, al igual que el dinero y las compras. Se puede intercambiar uno para obtener los otros, al igual que cualquier otro recurso disponible en la Tierra.

En estos días, este concepto está bajo un nuevo asalto retórico por parte de otro ejército de fanáticos del control: los jóvenes que piensan que el socialismo es la cura para lo que nos aqueja a todos. Los jóvenes “socialistas” en Twitter parecen imaginarse que una vez que tomen los medios de producción de los capitalistas y redistribuyan todo “por igual”, las mujeres serán “libres” de abrir sus piernas (para ellos) por…, bueno, gratis. O quizás estos hombres piensen en las mujeres como otro recurso a dividirse como todos los demás.

Por desgracia, el deseo de ver el sexo como separado y distinto de todos los demás fenómenos mundanos no se limita a los analfabetos económicos. Incluso las personas con ideas bastante típicas sobre el comercio suelen denunciar su “mercantilización”, a menudo declarándolo “triste” en ausencia de un análisis más convincente. Ninguno de estos poetas frustrados iría a ver una gran película y luego declararía haber sido “triste” que tuvieran que gastar dinero para entrar, que se pagara a los actores por sus actuaciones o que la producción fuera rentable. . Ni disfrutarían de una deliciosa cena y luego decían ser “triste” tener que recoger la cuenta y dar propina al camarero. El sexo genera una gran cantidad de ruido en la mente de personas que de otra manera serían razonables y que nunca dirían que es de lamentar el intercambio justo, consensual, en general.

Sin embargo, el sexo es un intercambio, te guste o no. En algunas circunstancias, el intercambio es tan íntimamente mutuo que parece no costar nada a ninguna de las partes. Pero incluso en esas relaciones, hay momentos de comercio abierto y descarado: “Si quieres hacerlo esta noche, ¿por qué no tienes a los niños en la cama cuando llegue a casa?”

¿Por qué no rechazamos la idea de que estos acuerdos son consensuales? ¿Es porque el consentimiento es innecesario en una relación monógama? ¿O es porque solo reconocemos que ha habido consentimiento cuando nos gusta el intercambio que están acordando las personas?

El consentimiento está teniendo su momento, pero no estamos definiendo ese término con la suficiente amplitud si no lo estamos extendiendo a las mujeres que intercambian cosas que tienen por cosas que quieren. Como lo señaló mi amiga y compañera trabajadora sexual, la Mistress Matisse, un individuo o grupo que no está dispuesto a respetar el “sí” de una mujer —sin importar el precio que le ponga— tampoco está dispuesto a respetar su “no”.

Y una persona o una sociedad que no puede respetar el derecho de una persona a establecer las condiciones de acceso a su tiempo, atención o persona es una persona que cree que dicha persona no es propiedad de ella misma sino del Estado.

 

 

MAGGIE MCNEILL era bibliotecaria en los suburbios de Nueva Orleans, pero después de un divorcio, la necesidad económica la inspiró a dedicarse al trabajo sexual; de 1997 a 2006 trabajó primero como stripper, luego como call girl y madam. Finalmente se casó con su cliente favorito y se retiró a un rancho en Oklahoma, pero comenzó a trabajar de escort a tiempo parcial nuevamente en 2010 y nuevamente a tiempo completo a principios de 2015 después de otro divorcio (esta vez amistoso). Ha sido activista por los derechos de las trabajadoras sexuales desde 2004, y desde 2010 escribe un blog diario, The Honest Courtesan, que examina las realidades, los mitos, la historia, la ciencia, la filosofía, el arte y todos los demás aspectos de la prostitución.

¿Puede estar la prostitución a punto de ser despenalizada en Estados Unidos?

 


Una manifestante frente a una concentración a las puertas del Ayuntamiento en Manhattan de quienes se oponen a la despenalización de la prostitución. Crédito de Estepanie Keith para The New York Times.

 

Por Jesse McKinley

31 de mayo de 2019

 

 

ALBANY – La marihuana se ha generalizado, los juegos de casino están en todas partes y las apuestas deportivas se están extendiendo. ¿Podría ser la prostitución la próxima?

Los legisladores de todo el país están empezando a reconsiderar cómo manejar la prostitución, ya que las peticiones de despenalización están ganando impulso.

Se han presentado proyectos de despenalización en Maine y Massachusetts; se espera que un proyecto de ley similar se presente al Concejo Municipal en Washington DC en junio; y los legisladores de Rhode Island celebraron audiencias en abril sobre una propuesta para estudiar las consecuencias de despenalizar la prostitución.

Nueva York puede ser la siguiente: algunos legisladores demócratas están a punto de proponer un proyecto de ley de despenalización integral que eliminaría las penas tanto para las mujeres como para los hombres que ejercen la prostitución, así como para los clientes a quienes ofrecen sus servicios.

“Se trata de la profesión más antigua y entendemos que no hemos podido disuadirla o terminar con ella en milenios”, dijo la senadora Jessica Ramos, demócrata de Queens que es una de los patrocinadores del plan. “Así que creo que es hora de enfrentar la realidad”.

Parece poco probable que la legislación de Nueva York se apruebe en los próximos meses, pero la idea de la despenalización ya ha acumulado una creciente lista de partidarios destacados, lo que sugiere que podría seguir ganando terreno.

El debate es indiscutiblemente polarizante en muchos círculos, incluso entre las defensoras de las mujeres víctimas de la trata y el abuso sexual que temen que la creación de un camino legal para la prostitución no elimine, sino que en realidad fomente, la trata sexual clandestina.

Y la despenalización ya está despertando una intensa reacción en las capitales de los estados por parte de los oponentes que consideran que las medidas son ingenuas y potencialmente peligrosas.

Aún así, el tema se ha deslizado en la naciente campaña presidencial del Partido Demócrata: a fines de febrero, la Senadora Kamala Harris de California se convirtió en el primer candidato en respaldar alguna forma de despenalización, una idea también presentada por otro contendiente, el ex gobernador de Colorado, John Hickenlooper.

Kate Zen, a la derecha, dirige a un grupo de mujeres a una reunión en Albany para discutir los argumentos para presentar un proyecto de ley que haría legal la prostitución. Crédito Shannon Straney para The New York Times

“Cuando se habla de adultos que consienten, creo que sí, realmente deberíamos considerar que no podemos penalizar el comportamiento consensual siempre que nadie resulte perjudicado”, dijo Harris, en una entrevista con The Root.

Los partidarios de la despenalización ven sus esfuerzos como parte de una mayor liberalización de las costumbres estadounidenses de décadas, como levantar la prohibición de vender alcohol en domingo y legalizar la marihuana. También enmarcan el tema como un acto de reducción de daños para las prostitutas y una admisión tácita de que la aplicación de la ley moderna y la indignación moral antigua han hecho poco para detener la práctica.

“Hemos aprendido esta lección muchas veces con la prohibición del alcohol, la penalización del aborto o incluso la penalización de la marihuana: el mercado negro crea circunstancias oscuras y proporciona cobertura para mucha violencia y explotación”, dijo Kaytlin Bailey, comediante y ex prostituta que se desempeña como portavoz de Decriminalize Sex Work, que se fundó el año pasado.

La prostitución es legal solo en unos pocos condados de Nevada, e incluso allí, la industria de los burdeles tuvo que rechazar recientemente un proyecto de ley que habría prohibido la prostitución en el estado. E incluso los más optimistas de aquellos que presionan para lograr cambios no creen que ningún estado despenalizará pronto completamente la prostitución.

Pero en lugares como Nueva York, donde los demócratas ahora controlan la Legislatura del Estado después de que una gran cantidad de titulares republicanos fueron eliminados en noviembre por los demócratas que actúan en plataformas progresistas, no hay duda de que el ambiente ha cambiado.

En un mitin reciente en Albany para derogar una ordenanza que penaliza el merodear con el propósito de la prostitución, ex trabajadoras sexuales posaron junto a legisladores como el senador Ramos y el asambleísta Richard N. Gottfried, el presidente del comité de salud.

Los organizadores de la protesta consideran su lucha como una batalla por los derechos civiles y económicos, lo que refleja una pasión progresista más amplia por los derechos de los homosexuales y transexuales, así como la reforma de la justicia penal, que también defiende los derechos de las minorías y los inmigrantes ilegales, e incluso la “autonomía física”, la capacidad de llegar a fin de mes por cualquier medio necesario.

“Yo no veía el sexo como el problema”, dijo Jessica Raven, organizadora comunitaria y ex prostituta menor de edad que fue una de las docenas de trabajadoras sexuales que se manifestaron en Albany en mayo. “Veía la falta de vivienda estable como el problema”.

No obstante, algunos defensores de las mujeres víctimas de la trata y el abuso sexual caracterizan tales esfuerzos en Nueva York y en otros lugares como desorientados. Ellos creen que la despenalización total creará una demanda que será llenada por más mujeres.

“La prostitución es inherentemente violenta”, dijo Ane Mathieson, especialista en programas de Sanctuary for Families, una organización con sede en Manhattan que atiende a las víctimas de la violencia doméstica y es parte de una coalición contra la despenalización. “La compra de sexo promueve la trata sexual, promueve el proxenetismo y el crimen organizado, y la explotación sexual de los niños”.


“Esto se trata de la profesión más antigua, y entendemos que no hemos podido disuadirla o ponerle fin”, dijo la senadora Jessica Ramos, demócrata de Queens, que apoya la despenalización del trabajo sexual. Crédito: Cindy Schultz para The New York Times

El impulso para presentar la despenalización como un problema de derechos civiles también afectó a Laura Ramírez, coordinadora de AF3IRM, un grupo feminista internacional, que dijo que estaba “absolutamente consternada por el hecho de que esto se venda como algo que es progresista”.

“Esta legislación propuesta es la legislación más clasista, racista y absolutamente obtusa que jamás hayamos visto”, dijo Ramírez, durante una contraprotesta opuesta a la despenalización en Albany, agregando que “las mujeres y niñas de este estado merecen algo mejor”.

La Sra. Mathieson y otras personas que trabajan con mujeres en el comercio sexual dicen que los partidarios de la despenalización pasan por alto una serie de detalles espantosos sobre la profesión, incluida la violación, el abuso físico por parte de clientes y proxenetas, el uso habitual de drogas y una carga física a menudo devastadora de múltiples parejas sexuales, a veces en el lapso de unas pocas horas.

“Han aceptado una especie de mito de la industria del sexo que habla de prostitutas felices y crímenes sin víctimas”, dijo Dorchen Leidholdt, directora del Centro de Servicios Legales para Mujeres Maltratadas en Sanctuary for Families en Nueva York, y agregó: “Es una fantasía perpetuada y aceptada por los medios de comunicación “.

Si bien es poco probable que la despenalización se apruebe en Nueva York este año, un par de proyectos de ley relacionados con elementos de la prostitución parecen tener una mayor probabilidad de aprobación, incluido uno que eliminaría los delitos no relacionados con la prostitución, como los cargos por drogas, de los registros de las víctimas de trata sexual.

Recientemente avanzó más allá de un comité del Senado. Un segundo proyecto de ley derogaría el delito de merodeo con fines de prostitución, una ley que los activistas dicen que conduce a detenciones injustas de personas, a menudo transgénero, por usar faldas, condones o incluso “caminar siendo trans.”

El gobernador Andrew M. Cuomo, un demócrata, no ofreció ninguna opinión sobre esos proyectos de ley o sobre la despenalización, y dijo que solo revisaría tales propuestas.

Los Estados Unidos siguen a muchos otros países desarrollados al considerar los efectos de despenalizar la prostitución, que es legal en países europeos como Alemania, Suiza y los Países Bajos, y en otras partes del mundo.

Los resultados de tales reformas son mixtos: en Nueva Zelanda, por ejemplo, que despenalizó la prostitución en 2003, un estudio de 2012 descubrió que “la gran mayoría de las personas involucradas en la industria del sexo están en mejores condiciones” con la despenalización. Pero el informe también agregó que “muchas trabajadoras sexuales seguían siendo vulnerables a las ‘condiciones de empleo explotadoras’” y que algunas trabajadoras sexuales estaban siendo obligadas a aceptar clientes “en contra de su voluntad”.

Sin embargo, también encontró que “el número de trabajadoras sexuales, y de trabajadoras menores de edad, no parece haber cambiado significativamente” debido a la despenalización.

John Hickenlooper, ex gobernador de Colorado y candidato demócrata a la presidencia, ha planteado la idea de algún tipo de despenalización. Crédito Kristopher Radder / The Brattleboro Reformer, a través de Associated Press

Algunos opositores a la legalización apoyan una forma de despenalización parcial conocida como el “modelo nórdico” o el enfoque de “terminar con la demanda”, que pone el énfasis en el procesamiento judicial de las personas que compran sexo, pero no de quienes venden sus cuerpos, y ofrece en cambio servicios sociales a las prostitutas.

Dichas políticas tienen partidarios de alto perfil como Gloria Steinem, quien ofreció su apoyo al modelo nórdico en una reciente manifestación en el Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York con el objetivo de combatir los esfuerzos en Albany.

“Es crucial despenalizar a las mujeres, hombres y niños prostituidos”, escribió Steinem en una declaración que se leyó en el mitin. “E igualmente crucial, no despenalizar a los proxenetas y tratantes que los explotan”.

Además de las complejidades en torno al tema, algunos opositores de la despenalización total, como Sanctuary for Families, apoyan la eliminación de registros de antecedentes penales y la eliminación de las ordenanzas de merodeo, una posición también sostenida por Decrim NY, la coalición que está tras del impulso general de despenalización en Nueva York.

Los proyectos de ley de despenalización ofrecidos por los legisladores en Massachusetts y Maine crearían sistemas similares al “modelo nórdico”, eliminando las penas para las prostitutas, pero siguiendo penalizando a los compradores y proxenetas.

La patrocinadora de Massachusetts, la representante Kay Khan, una demócrata de Newton, Massachusetts, dijo que su proyecto de ley no solo ayudaría a poner fin al “ciclo de trauma y encarcelamiento” sino que también le ahorraría al estado aproximadamente $ 1 millón por año que podría usarse para servicios como alojamiento.

Pero la senadora estatal Julia Salazar, una demócrata de Brooklyn que realizó una campaña insurgente exitosa para el cargo el año pasado que incluyó la aprobación de la despenalización, dijo que el “modelo nórdico” no resolvía el problema de la prostitución porque aún hacía a las trabajadoras sexuales “cómplices de actividad ilegal”. . ”

“Todavía no traería la industria a la superficie”, dijo.

Aún así, agregó que había sido “muy gratamente sorprendida” por la rapidez con que la despenalización ha aumentado “en el discurso público” durante el último año.

A pesar de algunos avances, los logros legislativos en torno a la prostitución a menudo han sido escasos. El proyecto de ley de Maine fue declarado muerto en el Senado del estado a fines de mayo, y otros esfuerzos recientes también se han estancado: en 2017, por ejemplo, la Cámara de Representantes de New Hampshire aprobó un proyecto de ley que establece un comité legislativo para estudiar la despenalización del trabajo sexual, como la actual propuesta en Rhode Island. Pero el proyecto de ley de New Hampshire se estancó en el Senado estatal en medio de una fuerte oposición del gobernador Chris Sununu, un republicano.

La patrocinadora del proyecto de ley, Elizabeth Edwards, dejó el cargo el año pasado, pero dijo que espera que sus antiguos colegas continúen luchando. “Parece un área de política en la que podríamos hacerlo mucho mejor”, dijo.

“Ojalá el mundo supiera que estas son solo personas que están ganando dinero de una manera que creo que es un beneficio social neto”, agregó la Sra. Edwards, una demócrata. “Siempre habrá gente que quiere tener sexo. Es un impulso humano básico. Todo lo que puedes hacer es hacerlo más seguro”.

 

Jeffery C. Mays contribuyó reportando.

Ningún modelo en la práctica: ¿un “modelo nórdico” para responder a la prostitución?

 

 

Crimen, ley y cambio social.

Mayo de 2019, Volumen 71, Número 4, pp 423–439 | Citar como

 

 

 

  • Autores
  • Sarah Kingston
  • Terry Thomas

 

Primera publicación en línea:: 25 de octubre de 2018

https://link.springer.com/article/10.1007/s10611-018-9795-6

 

Resumen

El llamado modelo nórdico para responder a la prostitución ha sido considerado en los debates legislativos en toda Europa e internacionalmente, y algunos lo consideran la mejor práctica para combatir la trata sexual y se cree que apoya la igualdad de género. Sin embargo, cuando cuestionamos la utilización de las leyes de los países nórdicos por los encargados de hacer cumplir la ley, no se está implementando de acuerdo con la ley. Argumentamos que “todo lo que está ocurriendo es la transferencia de retórica e ideología” en estos países ((Stone Politics, 19 (1): 51-59, 1999) en 56). En este artículo, exponemos las grietas en el llamado modelo nórdico, desacreditando así la naturaleza “persuasiva” de un enfoque nórdico unificado de la prostitución. Nos basamos en la transferencia de leyes y en la literatura de derecho comparado para ilustrar los problemas y desafíos de la adopción ingenua de este llamado modelo, argumentando que esto puede llevar a una transferencia no informada, inapropiada e incompleta del modelo nórdico, que luego se convierte en una norma irritante. exacerbando los problemas que trata de resolver.

Introducción

Se ha afirmado que existe un modelo nórdico para responder a la prostitución después de que Suecia, Noruega, Islandia y Finlandia introdujeron una legislación que tipificó como delito la compra de sexo. Este modelo se ha considerado posteriormente como un enfoque político exitoso en muchos países internacionales y europeos, y ha llevado a algunas naciones a promulgar leyes similares. El enfoque adoptado por los países nórdicos se ha identificado como un enfoque de política “neo-abolicionista” a la prostitución [1]. Este enfoque considera que la prostitución es el resultado de la opresión de las mujeres por parte de los hombres y, por lo tanto, el enfoque de política legal que se toma se centra en la penalización de los clientes [2], ya que siempre se asume que son hombres. Este enfoque de política es identificado por algunos como la mejor práctica y, por lo tanto, se ha identificado como un enfoque de política progresivo a seguir internacionalmente. Su consideración generalizada en los debates sobre la prostitución legal y política demuestra la gravedad de un enfoque aparentemente coherente y unificado de la prostitución y que el modelo nórdico tiene importancia internacional.

Por lo tanto, no es sorprendente que otros países hayan buscado inspiración en este modelo. La ministra de Justicia e Igualdad de la República de Irlanda, la diputada Frances Fitzgerald, identificó el modelo como un enfoque a seguir al debatir el proyecto de ley de la República de Irlanda, antes de que se convirtiera en ley [3]. En Canadá, el modelo se discutió a lo largo de los debates parlamentarios antes de que la compra de servicios sexuales se convirtiera en un delito penal [4]. Más recientemente, en las presentaciones del Reino Unido presentadas al Comité de Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes (2016), el Tercer informe sobre la prostitución identificó el modelo nórdico como un posible enfoque a seguir [5].

Sin embargo, cuando investigamos las leyes de prostitución de los países nórdicos y la utilización de estas leyes por parte de los encargados de hacer cumplir la ley, es evidente que las leyes no se están implementando. Por lo tanto, esto pone en duda la afirmación de que existe un enfoque unido y convincente de la prostitución. Más bien, la evidencia sugiere que los enfoques en estos países nórdicos son dispares, y que Noruega, Finlandia e Islandia enfrentaron muchos problemas y desafíos cuando adoptaron el enfoque de política adoptado por Suecia. En particular, los encargados de hacer cumplir la ley no utilizan y aplican la ley. En este sentido, afirmamos que “todo lo que está ocurriendo es la transferencia de retórica e ideología” en estos países nórdicos ([6] en 56).

En este artículo, realizamos una revisión sistemática de la implementación de la ley por parte de los países nórdicos para penalizar la compra de sexo. Nuestra contribución original a estos debates se basa en la transferencia de leyes y la literatura de derecho comparado, así como en la investigación académica que ha documentado los debates de implementación post-legislativa. Exponemos las grietas en el llamado modelo nórdico, desacreditando así la naturaleza persuasiva de un enfoque nórdico unificado de la prostitución. Iluminamos los problemas y los desafíos de la adopción ingenua de este llamado modelo, argumentando que esto puede llevar a una transferencia no informada, inapropiada e incompleta del modelo nórdico, que luego se convierte en una norma irritante, lo que exacerba aún más los problemas que trata de resolver. Por lo tanto, instamos a los gobiernos a que aprendan las lecciones de los problemas y desafíos de la adopción del modelo nórdico, en lugar de transferir el enfoque de políticas por razones puramente ideológicas.

Comenzamos el artículo examinando los antecedentes de la afirmación de que existe un modelo nórdico. Luego examinamos la importación internacional del modelo nórdico. Luego cuestionamos la implementación de estas leyes por parte de los encargados de hacer cumplir la ley, así como los problemas y desafíos asociados con la adopción del modelo. Finalmente, el artículo considera las razones por las cuales el modelo nórdico sigue teniendo importancia internacional y las implicaciones que esto tiene.

Antecedentes del modelo nórdico

Se ha sugerido que la introducción de un delito penal por la compra de servicios sexuales en Suecia, seguida más tarde por Noruega e Islandia, y parcialmente en Finlandia, significa un enfoque nórdico unificado de la prostitución [7]. Las afirmaciones de que existe un modelo nórdico se han identificado en los medios de comunicación, los debates políticos y los círculos políticos. La investigación del Comité de Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes del Reino Unido (2016) sobre la prostitución ha generado presentaciones escritas que han identificado un modelo nórdico [5]. Las ONG y las organizaciones basadas en los derechos también han hecho referencia a la existencia de este modelo [8], y algunos grupos lo identifican como ‘un enfoque basado en los derechos humanos y la igualdad de género también conocido como el “modelo sueco”‘ ([9] en 1 ).

Este modelo a veces se conoce como el modelo sueco porque Suecia fue el primer país en introducir una legislación que creó un delito para la compra de sexo en 1999 [10]. La ofensa, según lo establecido en el Código Penal Sueco, Capítulo 6 s.11, lo convierte en un delito ‘cualquier persona que: obtiene relaciones sexuales casuales a cambio de un pago, es sentenciada por la compra de servicios sexuales a una multa o prisión que no exceda un año’ ‘[11]. La legislación en Suecia se introdujo para “actuar como un elemento disuasorio para quienes compran servicios sexuales, de modo que el número de compradores disminuya” ([12] en 1). El gobierno sueco creyó que:

Se considera que la prostitución causa graves daños tanto a las personas como a la sociedad en su conjunto. La delincuencia a gran escala, incluida la trata de personas con fines sexuales, las agresiones, la procuración y el tráfico de drogas, también suele asociarse con la prostitución … la penalización de la compra de servicios sexuales podría dificultar que varios grupos o individuos en otros países establezcan actividades más extensas actividades de prostitución organizadas en Suecia (ibid: ([12] en 1).

También se consideró que la existencia de la prostitución socavaba la posición de las mujeres en la sociedad y que la nueva ley enviaría un mensaje importante a nivel internacional:

es vergonzoso e inaceptable que, en una sociedad con igualdad de género, los hombres obtengan relaciones sexuales casuales con las mujeres a cambio de un pago y que Suecia, al introducir una prohibición en la compra de servicios sexuales, también envió una señal importante a otros países destacando nuestra perspectiva sobre la compra. Servicios sexuales y prostitución ([13] en 4).

Se creía que la ley “marca la actitud de Suecia hacia la prostitución”, ya que el gobierno cree que “no es un fenómeno social deseable” ([13] en 9). Se esperaba que esta actitud y enfoque de la prostitución serían adoptados por otros países y, como Levy ha afirmado:

Desde la introducción de la ley, Suecia ha realizado grandes esfuerzos para exportar la legislación, impactar e influir en el derecho, la filosofía política y académica y el debate a nivel internacional ([14] en 1).

El gobierno sueco realizó dos revisiones para demostrar la efectividad de las leyes y su implementación en la práctica después de diez años [13, 15]. La primera revisión comparó la prevalencia supuesta de la prostitución en Suecia con Noruega y Dinamarca antes de la introducción de la prohibición y concluyó que la prevalencia era tres veces mayor en Noruega y Dinamarca que en Suecia después de la prohibición [13]. La segunda revisión fue parte de un plan de acción del Gobierno contra la prostitución y la trata de personas con fines sexuales, y nuevamente concluyó que la demanda se había reducido [15], y que en general “la prohibición de la compra de servicios sexuales ha tenido el efecto deseado y es un instrumento importante para prevenir y combatir la prostitución y la trata de personas con fines sexuales ‘([12] en 1). La evaluación e implementación de la ley para prohibir la compra de servicios sexuales se consideró, por lo tanto, un éxito [16]. Después de implementar leyes similares en 2009, Noruega presuntamente presenció una reducción dramática similar en la prevalencia de la prostitución callejera [16] .1 Es esta emulación de política legal, así como la introducción de un delito similar en Finlandia e Islandia, 2,3 lo que ha llevado a algunos a afirmar que existe un modelo nórdico.

Importacion internacional

El éxito percibido del enfoque de la política nórdica ha llevado a otros países a considerar la transferencia al modelo nórdico. Los llamamientos a adoptar este modelo legal se deben a la creencia de que este enfoque aborda la desigualdad de género, la trata y la explotación. Por ejemplo, la eurodiputada Mary Honeyball y ponente de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo publicó un informe sobre la explotación sexual y la igualdad de género el 3 de febrero de 2014; Entre otras cosas el informe dice que:

Considera que la forma más eficaz de combatir la trata de mujeres y mujeres menores de edad para la explotación sexual y mejorar la igualdad de género es el modelo implementado en Suecia, Islandia y Noruega (el llamado modelo nórdico) [22].

Aunque la Unión Europea siempre ha dicho que las políticas y leyes sobre la prostitución están fuera de su competencia y que, por lo tanto, son un asunto para países individuales, todavía se han hecho intentos para aprobar leyes paneuropeas.4 Por lo tanto, se ha afirmado que hay un fuerte viento que sopla desde Suecia y otros países nórdicos:

Apoyo el modelo sueco (también utilizado en Islandia y Noruega), y he escrito un informe para el comité de mujeres del Parlamento Europeo que lo defiende. Hoy votamos el informe para que llegue al parlamento el próximo mes, enviando una fuerte señal de que el viento sopla en dirección de Escandinavia [23].

Los debates sobre políticas de prostitución internacional se han vuelto cada vez más interesados ​​en lo que se ha denominado el modelo sueco y nórdico. En Escocia y Luxemburgo, aunque los planes para adoptar este modelo fueron rechazados, el modelo sueco y nórdico se identificó en las discusiones políticas y durante las visitas realizadas a Suecia [24, 25, 26, 27, 28]. Este interés se demuestra mediante la introducción de leyes algo similares en Irlanda del Norte5 e Inglaterra y Gales6, donde se penalizó la compra de servicios sexuales de una prostituta sometida a la fuerza. En Francia, después de dos años de debate, el Senado francés introdujo la ley por la que la compra de sexo era un delito y el delincuente es responsable de una multa y otras sanciones [31, 32, 33, 34]. En las etapas de consulta de este proyecto de ley, una delegación de activistas, que formó parte de la Asamblea Nacional en Francia, estableció un grupo de trabajo que, entre otras cosas, realizó una visita a Suecia para comprender cómo se estaba implementando la ley y qué impacto La ley tenía sobre las trabajadoras sexuales [35]. En los debates parlamentarios franceses se reconoció que Finlandia, Noruega e Islandia habían seguido el modelo sueco y esta ley había cambiado las actitudes y comportamientos en estos países [35].

Otros países europeos, como la República de Irlanda, han mostrado sus intenciones de adoptar este enfoque legislativo. En junio de 2013, la Comisión de Justicia, Defensa e Igualdad del Parlamento irlandés emitió un informe en el que recomendaba una reforma de la legislación sobre la prostitución, con disposiciones que penalizan la compra de servicios sexuales [36]. El comité visitó Suecia para ver cómo funcionaba su ‘Ley de Compra de Sexo’ y recibió un gran apoyo para el enfoque sueco de los grupos de campaña en Irlanda.7 En 2017, Irlanda se convirtió en otro país que convirtió la compra de sexo en un delito penal .8 La ministra de Justicia e Igualdad, Frances Fitzgerald declaró en su discurso ante el Departamento de Justicia e Igualdad que “Irlanda será la séptima jurisdicción en introducir leyes dirigidas a la compra y despenalizar a quienes prestan el servicio sexual” ([3] en 1 ).

Al igual que con otros países, las preocupaciones sobre la trata parecen haber dado impulso a esta búsqueda. La ministra de Justicia e Igualdad, la diputada Frances Fitzgerald, declaró: “Mi principal preocupación, al presentar estas disposiciones, es reivindicar los derechos humanos de las personas objeto de trata con fines de explotación sexual”, la ley del comprador sexual dice que es “la más efectiva”. herramienta para prevenir y combatir la trata de seres humanos ‘([37] en 1). Teresa Whitaker, de la Sex Workers Alliance of Ireland , dijo que estos movimientos ignoran a las mujeres que deciden vender sexo y, a su vez, como “este movimiento está arrasando … en toda Europa, se ha convertido en una cruzada moderna” ([38] en 1).

La importación internacional del modelo nórdico sigue siendo considerada por otros países de Europa. Sin embargo, el grado en que existe un modelo nórdico coherente es cuestionable, sobre todo porque las leyes nórdicas operan en contextos diferentes y no están implementadas en la legislación existente o por los profesionales de la misma manera. Por lo tanto, el grado en que se puede afirmar que existe un modelo de política nórdica debe considerarse con cautela. Para examinar críticamente si existe un llamado modelo nórdico unificado entre los países nórdicos, la siguiente parte del artículo considerará estas leyes en su entorno regulatorio.

 Ningún modelo en la práctica: falla de implementación

Las afirmaciones de que existe un modelo nórdico deben verse con escepticismo cuando examinamos la implementación de los fundamentos de la ley en el entorno regulatorio. Aunque parece haber un argumento razonado de que existe un enfoque de política común para la prostitución, ‘una vez que interroguemos el entorno regulatorio, es probable que encontremos que las normas que realmente guían el trato diario son bastante diferentes a las reglas que se han logrado. La notoriedad en los libros de leyes ‘([39] en 199). De hecho, una vez que examinamos la implementación de la ley, es evidente que estos países nórdicos han experimentado problemas posteriores a la transferencia, cuando aquellos cuya función es aplicar la ley no lo hacen. Por lo tanto, el contexto en el que se transfiere una norma legal es fundamental para su implementación y adopción exitosas. Como explica Hage, el funcionamiento de los fundamentos de la ley depende de cómo los agentes legales lo utilizan en su trabajo. Y esto, a su vez, depende de la cultura general del país o región dentro del cual la ley y los agentes legales deben funcionar “([40] en 50). Por lo tanto, aunque se ha introducido una legislación para que sea un delito pagar por el sexo, no necesariamente se está implementando, lo que socava la afirmación de que en la práctica existe un “modelo” coherente.

Como resultado, Dolowitz y Marsh afirman que las transferencias de leyes pueden llevar al fracaso de la ley [41]. Sugieren que hay tres factores que pueden llevar al fracaso de la ley: transferencia no informada, transferencia incompleta y transferencia inapropiada. La primera, transferencia no informada, surge cuando un país toma prestada la ley de otro pero no tiene información suficiente sobre cómo funciona. La segunda, transferencia incompleta, se produce cuando no se transfieren los elementos clave de la ley. En tercer lugar, la transferencia inapropiada tiene lugar cuando el país prestatario pasa por alto o ignora los contextos económicos, políticos, sociales e ideológicos críticos. Zweigert y Kotz identifican que cuando se considera una transferencia de una ley de un país a otro, se deben hacer dos preguntas importantes: primero si ha resultado satisfactoria en su país de origen y, segundo, si funcionará en el país donde se ha propuesto adoptarla ‘([42] en 17). La siguiente parte del artículo, por lo tanto, examinará la ley en contexto para explorar si existe un modelo coherente en la práctica.

¿Transferencia no informada?

La adopción del enfoque sueco de la prostitución sin tener en cuenta la información suficiente sobre los efectos negativos podría llevar a la transferencia no informada de la política legal, ya que “si hubiera habido un análisis más exhaustivo … es probable que el gobierno se hubiera dado cuenta de algunos de los inconvenientes”. ‘([41] en 18–19). Una consecuencia de la transferencia mal informada de la política legal, podría llevar a lo que Teubner describe como un “irritante legal” [43], ya que “la transferencia intentada no solo fracasará sino que exacerbará aún más los problemas a los que se dirige una ley” ([44] en 228). Las investigaciones han demostrado que el enfoque sueco tiene una serie de consecuencias negativas que deberían ser consideradas por los países prestatarios, así como el impacto negativo que este enfoque ha tenido en otros países nórdicos.

Los efectos negativos del enfoque sueco han incluido el aumento de la vulnerabilidad de quienes venden servicios sexuales y de víctimas de la trata. Algunos incluso han afirmado que el gobierno sueco ignora y hace la vista gorda a los efectos negativos de la ley. Como dijo un entrevistado en el estudio de Levy, “no pensaron realmente en los efectos que esto tendrá en la vida de las personas”. Y aún cierran sus ojos y oídos ante el efecto que ha tenido “([24] en 64). En Suecia, se ha argumentado que, en lugar de reducir la explotación y el abuso, la ley ha hecho que las trabajadoras sexuales sean más vulnerables a la explotación [45]. Se ha demostrado que quienes venden servicios sexuales en la calle en Suecia tardan menos tiempo en negociar con los clientes, lo que reduce su capacidad para evaluar los riesgos potenciales [46]. Estudios previos en Suecia y el Reino Unido han demostrado que la aplicación de la ley puede llevar a la industria a la clandestinidad, lo que puede conllevar mayores riesgos tanto para las trabajadoras sexuales como para sus clientes mientras intentan evadir el procesamiento policial [47, 48, 49]. Del mismo modo, en Francia, las investigaciones de Le Bail y Giametta han demostrado cómo la penalización de los clientes en Francia ha incrementado los niveles de violencia y los riesgos que enfrentan quienes venden sexo y cambió la relación de poder en favor de los clientes que se sienten más capaces de hacer demandas e imponer condiciones [50].

Los efectos negativos de adoptar el enfoque sueco también se pueden observar en Noruega, donde el informe Pro Sentret indicó que la ley para penalizar a los clientes hace que las trabajadoras sexuales sean mucho más susceptibles a la violencia porque la industria del sexo se oculta aún más para evitar el enjuiciamiento penal [51]. Según este informe de 2012, el 59% de las participantes dijeron que habían experimentado violencia después de la introducción de la ley de compra de sexo ([51] en 4). Al responder al informe, la miembro del Parlamento del Partido Conservador, Anniken Hauglie afirmó que “la realidad es que la ley ha dificultado las cosas para las mujeres en la prostitución” [52]. En contraste, la investigación ha demostrado que la despenalización en Nueva Zelanda ha permitido a quienes venden sexo determinar qué servicios proporcionarán y cuáles no, a qué clientes prestarán servicios, así como a negociar prácticas sexuales más seguras [53]. Su posición legal significa que, cuando se producen casos de explotación, pueden llevar su caso a un tribunal de derechos humanos o mediante otros procesos legales [54].

Otro problema asociado con el enfoque sueco es la base de evidencia sobre la cual se ha racionalizado. Se ha sugerido que su introducción era necesaria para combatir la trata sexual. La creencia sostenida es que al reducir la demanda de prostitución, la trata sexual se reduciría. Esta es una suposición interesante cuando exploramos investigaciones realizadas donde la compra de sexo no está tipificada como delito, como en Nueva Zelanda, que encontró que solo el 4% de las trabajadoras sexuales encuestadas informaron que habían sido obligadas a trabajar [55]. En cambio, los críticos del modelo sueco han argumentado que la penalización de la compra de sexo en Suecia no ha conducido a una reducción en el alcance de la trata. Como la Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres ha afirmado, “no hay pruebas de que criminalizar o penalizar de otro modo a los clientes de las trabajadoras sexuales ha reducido la trata de personas o el trabajo sexual” ([56] en 1). En cambio, la penalización de los clientes ha hecho que las trabajadoras sexuales sean más vulnerables a la explotación [45], y las víctimas de la trata de personas son más reacias a denunciar su explotación a la policía por temor a las represalias de los tratantes y por su inherente desconfianza hacia las autoridades. Además, en Finlandia, el sargento jefe Kenneth Eriksson afirma que la ley finlandesa es contraproducente ya que los clientes son disuadidos de reportar posibles evidencias de trata sexual y explotación a la policía, ya que ellos mismos temen el procesamiento penal ([57] en 28). A pesar de estas consecuencias negativas, un informe encargado por el Ministerio de Justicia de Finlandia indicó claramente su apoyo a una prohibición total de la compra de sexo (actualmente, en Finlandia opera una prohibición “parcial”). Su preferencia es seguir el modelo sueco, que se considera que tiene pocos problemas, es menos ambiguo y tiene poco impacto negativo en las trabajadoras sexuales [20].

La afirmación de que “la prohibición de comprar servicios sexuales ha reducido la demanda de sexo y, por lo tanto, ha contribuido a reducir el alcance de la prostitución en Noruega” ([58] 11), también se ha sometido a un examen crítico. Por ejemplo, aunque la investigación ha identificado que la prevalencia de la compra de sexo tiende a ser mayor en países donde la prostitución es legal, los autores también resaltan que es probable que las tasas de autoinforme sean más bajas en un país donde la prostitución es ilegal y esto explica por lo tanto estas tasas de prevalencia más bajas [59]. De hecho, las investigaciones han demostrado que en los países donde la prostitución es ilegal, la industria se oculta más a medida que los involucrados tratan de evitar ser identificados o procesados ​​por las autoridades [48, 60]. Una consecuencia de esto puede ser el “cambio espacial” donde la prostitución se desplaza a espacios menos visibles: gracias a los desarrollos tecnológicos, quienes venden sexo no abandonan la industria, sino que adaptan sus prácticas para evitar el procesamiento [61]. Por lo tanto, la aparente reducción de la prostitución es simplemente un reflejo de la invisibilidad de la industria desde espacios públicos o visibles.

El cambio espacial y el deseo de evitar el enjuiciamiento también pueden ayudar a explicar la investigación que ha identificado que en los países donde la prostitución es legal, las tasas de trata también son más altas [62]. Las investigaciones sobre clientes masculinos del sexo comercial han indicado su renuencia a reportar casos de posible explotación o abuso a las autoridades en el Reino Unido porque pueden enfrentar un proceso judicial [63]. Además, aunque la investigación realizada por Kotasdam y Jakobsson encontró que las tasas de trata sexual son más altas en los países donde la prostitución es legal, también reconocen que, en los países con una gran cantidad de recursos, las capacidades mejoradas de aplicación de la ley y los sistemas legales pueden estar en mejores condiciones para detectar y procesar la trata sexual [64]. La investigación también ha demostrado que algunas migrantes que venden servicios sexuales han reclamado su condición de víctima para obtener acceso a los recursos y evitar la deportación, lo que complica aún más los hallazgos de las tasas de prevalencia de la trata sexual [46, 65].

La ineficacia y legitimidad potencial del enfoque de política legal sueca o nórdica, sin embargo, no ha sido ignorada por otros países. Por ejemplo, en Luxemburgo, el gobierno luxemburgués rechazó un proyecto de ley que penalizaría la compra de sexo en 2014 porque se creía que la ley podría aumentar los peligros para las trabajadoras sexuales, ya que serían más propensas a trabajar solas si la ley era aprobada [28]. Según el eurodiputado luxemburgués Cécile Hemmen “No vamos a aplicar el modelo sueco u otro. En cuanto a la prostitución, la idea del gobierno es encontrar un enfoque adaptado a Luxemburgo ‘[66]. Del mismo modo, Dinamarca, país nórdico, no ha tipificado como delito penal la compra de sexo a pesar de las campañas de los grupos de mujeres y políticos para cambiar la ley [67].

Transferencia incompleta e inapropiada

La simple adopción de un modelo de otro país, porque parece funcionar, no tiene en cuenta los problemas sociales más amplios y, por lo tanto, puede no funcionar en otro país. La transferencia de leyes puede ser un proceso diverso y multifacético que puede estar plagado de muchos desafíos y problemas, y puede estar mediado por un contexto social, histórico, cultural particular. Canton y McFarlane argumentan:

Al igual que cada ley es única, diferentes áreas de la política pública plantean sus propios desafíos para la transferencia. Esto es cierto de la justicia penal. Hay variaciones considerables entre las diferentes naciones en sus puntos de vista sobre los orígenes del crimen y sobre cómo el Estado y la comunidad deben responder a los delincuentes … Cada vez se reconoce más que la trayectoria del desarrollo de leyes de justicia penal depende de una amplia gama de normas, leyes y políticas económicas e influencias sociales, culturales y emocionales, interactuando entre sí de manera incierta ([68] en 1-2).

Los problemas que puede la transferencia de políticas legales pueden incluir “organización económica”, “diferencias en contextos institucionales políticos”, “el papel desempeñado por los medios de comunicación” y “un conjunto particular de ‘rasgos culturales’” ([69] en 442 –3). Como argumentan Stenson y Edwards, “si se debe evitar la emulación ingenua de leyes, se debe prestar mayor atención … al concepto de “filtro social”([44] en 228). De hecho, el intento de adopción del modelo nórdico puede ser rechazado por la nación anfitriona debido a su incompatibilidad con los valores sociales y culturales de ese país. Esto se observó en el Reino Unido cuando los acuerdos de Estados Unidos de acceso abierto al registro de delincuentes sexuales, conocido como ‘Notificación a la Comunidad’ (o ley de Megan) fueron rechazados en el parlamento en 1997. Como Alun Michael (por la oposición) afirmó ‘Podemos aprender algunas lecciones de los Estados Unidos [pero] … nuestra cultura, ley, servicio de policía y otros servicios son diferentes ‘[70].

Muchos estudios legales comparativos han demostrado que las leyes transferidas o copiadas no han funcionado debido a la resistencia a la plena aplicación de la ley o debido al incumplimiento por parte de los legisladores o los encargados de hacer cumplir la ley [39]. Utilizando el ejemplo del mercado de consumo en Europa y las crecientes directivas de armonización del mercado para los consumidores, Brownsword describe cómo “aunque se pueden copiar las directivas, no se copian en la práctica de la misma manera” ([39] en 198 ).

Por lo tanto, los problemas con la implementación del modelo nórdico también pueden ocurrir después de la transferencia cuando aquellos cuya función es utilizar la ley no lo hacen porque no pueden, no quieren o son ineptos. A pesar del enfoque legal de la aplicación de la ley centrada en los clientes en Francia, quienes venden sexo son aún procesadas con más frecuencia ​​y enfrentan la intimidación y amenazas de la policía [50]. En Suecia, a pesar de que la venta de sexo no es un delito penal, las investigaciones han demostrado la manera parcial y discriminatoria en que la policía responde y trata con quienes venden servicios sexuales [71]. La creencia de que una persona que vende servicios sexuales no puede ser violada fue expresada por los oficiales de policía en la investigación de Levy en Suecia [14], y se hizo eco en una investigación en Inglaterra [72]. En Inglaterra y Gales, Kingston y Thomas descubrieron que la policía no estaba usando la ley parcial que penalizaba a los hombres por comprar servicios sexuales a mujeres víctimas de trata. La policía no pudo detectar si una trabajadora sexual era víctima de explotación o coerción porque la ley tampoco es necesaria, la policía no recibió la capacitación adecuada para identificar a las víctimas o debido a la incapacidad / falta de voluntad de las trabajadoras sexuales para denunciar su victimización a la policía [ 73]. Por lo tanto, aunque la falta de pagar por el sexo puede ser procesada, aquellos cuya función es hacer cumplir esta ley, la policía, no lo están haciendo.

De manera similar, en Noruega, a pesar del éxito aparente de los grupos de activistas para lograr un cambio en la ley, los críticos han argumentado que ha habido una falta de apoyo político a la ley y la consiguiente falta de implementación de la legislación por parte de la policía [74] . En septiembre de 2013, los partidos políticos noruegos como el Partido Liberal (Venstre), el Partido Conservador (Høyre), el Partido del Progreso populista de derecha (Fremskrittspartiet) y el Partido Verde (Miljøpartiet de Grønne) hicieron todo lo necesario para revocar la Ley de Compra de Sexo. Durante su campaña electoral [74]. Stø y Håland afirmaron que faltaba apoyo político para que la ley penalizara a los clientes ([74] en 4). Como afirman:

Nunca podríamos haber imaginado cuán fuerte sería la oposición a la Ley de Compra de Sexo de Noruega cuando se implementó por primera vez el 1 de enero de 2009: por parte de la policía, que apenas la aplica; por los políticos, que han hecho de levantar la prohibición parte de sus promesas electorales; y por los medios de comunicación, que proporcionan una plataforma para los opositores de la ley y para quienes elogian la prostitución… No es ningún secreto que se implementó la Ley de Compra de Sexo contra la voluntad de los líderes del Partido Laborista y del Partido de la Izquierda Socialista. El ministro de Justicia en ese momento, Knut Storberget, era un fuerte opositor a la nueva ley y al que estaba dispuesto a implementarla. Sabiendo esto, puede que no sea una sorpresa que la ley se haya aplicado de manera muy relajada.

En Islandia, Stø y Håland informan que el movimiento feminista todavía está luchando para que la policía utilice la ley contra los compradores de servicios sexuales [74]. Un grupo clandestino llamado “Stóra Systir” (“Big Sister”) publicó anuncios falsos en sitios web como einkamal.is, mypurplerabbit.com., Raudatorgid.is y publicó anuncios clasificados que ofrecían “masajes” en el diario Fréttabladid. Obtuvieron los nombres de 56 hombres, 117 números de teléfono y detalles de 29 correos electrónicos de hombres que habían mostrado interés en comprar servicios sexuales durante un período de tres semanas. El grupo afirmó que habían decidido tomar medidas y exponer a los hombres debido a la inacción de la policía [75].

En Suecia, del trabajo de Levy se desprende claramente que hay muchos profesionales que no apoyan la ley sueca y han criticado duramente la evaluación de la ley por parte del gobierno sueco [14]. Como afirmó un participante de su estudio, “con mucho es la peor mierda que he leído entre los informes comisionados … es extremadamente pobre y está lleno de contradicciones e inconsistencias” ([14] en 55). El Instituto Sueco también ha reconocido la evidencia de la falta de apoyo a la ley y la división en la opinión pública en Suecia, quienes afirman que:

A pesar de la posición oficial, todavía hay un debate en Suecia sobre las actitudes hacia la prostitución. Quienes defienden la prostitución argumentan que es posible diferenciar entre prostitución voluntaria y no voluntaria, que los adultos deberían tener el derecho de vender libremente y comprar sexo libremente, y que la prohibición de la compra de servicios sexuales representa una posición obsoleta basada en la moralidad sexual ([13] en 5).

Al igual que con las leyes que se instauran, su implementación por parte de los profesionales no es automática. Esto se puede ver muy claramente en el caso de la Ley de delitos y trastornos del Reino Unido de 1998 (ss. 14 a 15) que permite a las autoridades locales solicitar órdenes de toque de queda locales para niños menores de 10 años en áreas específicas. Posteriormente, ninguna autoridad local en Inglaterra y Gales ha tratado de usar este poder. Se podría argumentar que la adopción y transferencia del enfoque de la política legal sueca fue una forma de “transferencia coercitiva” ([76] en 344), y ha resultado en un “fracaso de implementación” ([41] en 21). Como no hay apoyo para su introducción en algunos países, se ha producido un fallo en su implementación por parte de los profesionales. Estos debates de implementación posteriores a la transferencia evidentemente resaltan la utilización fragmentada, inconsistente e incoherente de la ley por parte de los encargados de hacer cumplir la ley y la falta de apoyo por parte de otros profesionales. Como resultado, la función de la ley no se pone en práctica.

Discusión

La transferencia de políticas legales y públicas sigue siendo vista como una estrategia útil a emplear y se afirma que su uso ha crecido en el contexto de los avances en la tecnología que ha permitido la comunicación internacional y el aprendizaje mutuo mucho más fácil [41]. En un mundo cada vez más interconectado y dependiente, puede que no sea sorprendente que hayan surgido políticas globales para abordar problemas como las presiones económicas mundiales, ya que los responsables de legislar van a otras naciones para ver cómo funcionan las leyes, los procesos y las instituciones para enfrentar los problemas sociales. Como lo sugieren Zweigert y Kotz, “el aislamiento nacional está en decadencia” [42].

La influencia de los “procesos de política global” en el desarrollo de la política de prostitución no es nada nuevo, ya que Skilbrei y Holmstrom señalan que los países no son circuitos cerrados en los que se hacen leyes [7]. “Copiar”, la política de otro país y “promulgar un programa más o menos intacto” ([77] en 27) no se limita a la ley de prostitución; se ha observado en muchas áreas de la reforma del bienestar, la justicia penal y la política pública [41, 76]. Esto ha llevado a algunos a argumentar que es un “fenómeno en crecimiento” ([41] en 5). Su existencia también se ha documentado en áreas de control de delitos, y se puede observar en áreas como “correcciones privatizadas, vigilancia de”tolerancia cero” y sentencias de “tres huelgas”([78] en 129); estrategias de lucha contra el terrorismo [79]; y la justicia juvenil [80]. Asimismo, la transferencia de políticas legales ha sido bien documentada dentro de Europa. De hecho, Zweigert y Kotz han sugerido que “la armonización de las leyes … tiene un significado cada vez mayor” ([42] en 24).

Por lo tanto, es probable que seamos testigos del continuo interés internacional en adoptar el modelo nórdico. No solo por el papel fundamental que los grupos feministas continúan desempeñando en las discusiones políticas internacionales sobre la prostitución. La desigualdad de género, los derechos de las mujeres y las preocupaciones sobre la trata sexual a menudo han constituido la razón para que los países consideren la adopción del enfoque nórdico. De hecho, en Noruega, Finlandia e Islandia está claro que los grupos feministas hicieron campaña en los respectivos gobiernos para penalizar la compra de sexo y estas iniciativas tuvieron éxito. En Noruega, las campañas de grupos feministas, como el Frente de Mujeres de Noruega y otros grupos como la Confederación de Sindicatos de Noruega, trataron de persuadir al gobierno noruego durante muchos años de que legislara para hacer que la compra de sexo fuera ilegal [81]. La influencia de los grupos de activistas también se puede ver en Islandia, cuando la primera ministra Jóhanna Sigurðardóttir afirmó que Islandia había seguido el camino sueco para hacer que la compra de sexo fuera ilegal, después de una campaña de nueve años de duración del movimiento de mujeres y parlamentarias ([82 ] a las 8). Sigurðardóttir explicó más tarde:

Llevó aproximadamente diez años aprobar una ley en el Parlamento para prohibir la prostitución o, más bien, pagar favores sexuales. Esto se debió a un gran esfuerzo de los movimientos de mujeres de los partidos políticos y también al fuerte apoyo de un grupo que lucha contra la violencia sexual. Las encuestas de opinión pública también mostraron que la mayoría de la población islandesa quería que se aprobara esta ley, ya que el 70 por ciento quería prohibir la prostitución. Esta fue una legislación muy importante y detener la trata de personas fue una motivación clave detrás de esta lucha ([83] en 1).

Posteriormente, Islandia prohibió los clubes de striptease en 2010, lo que llevó a algunos a afirmar que Islandia era el “país más feminista del mundo” ([84] en 1).

En los Estados Unidos, los grupos feministas han hecho campaña contra la legalización de la prostitución durante muchos años, argumentando que es una forma de violencia contra las mujeres y que los clientes son “malvados” [85]. Del mismo modo, en el Reino Unido, la campaña de grupos como Object Now ha hecho campaña al gobierno durante muchos años para avanzar hacia la creación del delito de pagar por sexo y no limitar el delito a quienes pagan por tener relaciones sexuales con alguien que es obligado o forzado.

En el momento de redactar este informe, la investigación del Comité de Asuntos Domésticos de la Cámara de los Comunes del Reino Unido (2016) sobre la prostitución y la investigación del Ministerio del Interior en este campo aún están en curso. La investigación del Comité, entre otros términos de referencia autoimpuestos, buscaba discutir si las sanciones penales en relación con la prostitución deberían seguir afectando más a quienes venden sexo, en lugar de a quienes lo compran. De las pruebas escritas enviadas a la investigación ya se desprende claramente que el modelo nórdico se presenta como una posible forma de avanzar. La investigación también ha identificado en sus términos de referencia el reconocimiento de la prostitución por parte del Servicio de Prosecución de la Corona como violencia contra las mujeres. Al igual que con la retórica ideológica evidente en los debates políticos nórdicos, las preocupaciones sobre la trata sexual, la desigualdad de género y la posición de las mujeres en la sociedad parecen haber alimentado este enfoque sobre aquellos que compran sexo, pero específicamente en los hombres.

En esta etapa, se podría sugerir que Inglaterra y Gales se encuentran actualmente en una fase de aprendizaje de lecciones sobre la transferencia de leyes, ya que el Ministerio del Interior ha reconocido algunas de las desventajas de los diferentes modelos de leyes de prostitución. El aprendizaje de la lección se describe como aprender de las posibles consecuencias negativas de adoptar una ley y, por lo tanto, el cambio institucional no siempre tiene lugar [76]. Sin embargo, también se podría sugerir que Inglaterra y Gales ya han adoptado un enfoque híbrido, similar a Finlandia, cuando introdujo el s.14 de la Ley de Policía y Crimen de 2009. Esta ley hizo un delito de pagar los servicios sexuales de una prostituta que ha sido objeto de conducta explotadora; esta ofensa es una de “responsabilidad estricta”. Investigaciones anteriores ya han identificado la no implementación de esta ley por parte de los encargados de hacer cumplir la ley [73]. Por lo tanto, instamos a la Oficina central a realizar más investigaciones sobre el uso de esta ley existente antes de considerar si se debe introducir una prohibición total en la compra de servicios sexuales para evitar una transferencia no informada, inapropiada e incompleta.

Observamos con interés las deliberaciones y recomendaciones que se presentarán y la respuesta del gobierno del Reino Unido a su debido tiempo. Aunque se ha demostrado que no existe un modelo nórdico coherente, la importación internacional del supuesto modelo nórdico continúa a medida que los países buscan en estas naciones una solución legal a la trata sexual y a la desigualdad de género y una reducción general de la prostitución. Sin embargo, si los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley utilizarán una ley para penalizar la compra de sexo requiere una mayor consideración, ya que, si no se hace, esto puede llevar a una transferencia no informada del modelo nórdico y, por lo tanto, a una transferencia incompleta por parte de los profesionales.

 Conclusión

Los comentaristas han sugerido que la adopción del modelo sueco por Islandia, Finlandia y Noruega demuestra la existencia de un modelo nórdico para lidiar con la prostitución. Aunque hay diferencias entre las leyes en estos países nórdicos, las leyes siguen desempeñando la misma función: que la compra de sexo es un delito penal. En este sentido, Noruega, Finlandia e Islandia han emulado el enfoque de política legal adoptado en Suecia, conservando la funcionalidad de la ley pero haciéndolo de formas ligeramente diferentes [77]. Sin embargo, cuando comenzamos a examinar estas leyes en su entorno regulatorio, comenzamos a ver que la función de la ley no está totalmente cumplida; socavando así la afirmación de que existe un modelo nórdico coherente.

Este artículo ha demostrado que existe un modelo nórdico en la ley pero que no se está implementando, ya que aquellos que están asignados para implementar la legislación no lo están haciendo y no apoyan la ley, socavando la afirmación de que existe un modelo coherente. En cambio, argumentamos que las variaciones en el entorno regulatorio de estos países nórdicos no se tienen en cuenta cuando se afirma que existe un modelo nórdico. Más bien, lo que hemos visto es que hay un fuerte apoyo político para la tipificación como delito penal porque se cree que eso ayuda en la lucha contra la trata sexual y la desigualdad de género en general, pero hay falta de voluntad o capacidad para implementar esta ley. Claramente entonces, ‘las reclamaciones de leyes y prácticas de transferencia deben ser tratadas con cierto escepticismo si todo lo que está ocurriendo es la transferencia de retórica e ideología’ ([6] en 56).

El artículo también ha demostrado las razones por las cuales el modelo nórdico no está funcionando. Primero, el modelo nórdico no reduce la demanda, la trata sexual, la violencia o la explotación. Más bien, actúa como una ley irritante que exacerba estos problemas. El modelo tampoco contribuye a la igualdad de género, porque la base de evidencia en la que se basa el enfoque de la ley no reconoce la investigación que muestra que las mujeres y las parejas pagan por sexo y que los hombres y las personas trans venden servicios sexuales [86]. Si los países prestatarios tampoco consideran estos temas, afirmamos que esto se traduce en una transferencia no informada. Finalmente, la falta de implementación de la ley por parte de los encargados de hacer cumplir la ley resulta en una transferencia incompleta e inadecuada debido a la falta de apoyo a la ley por parte de los profesionales y la falta de implementación. Estas grietas identificadas en el modelo nórdico, aparentemente unificado y coherente, como su nombre sugiere, por lo tanto socavan su capacidad de persuasión. Por lo tanto, instamos a los países a que aprendan lecciones de los problemas y desafíos de la adopción del modelo nórdico que se han documentado aquí.

 

Notas al pie

 

  1. 1. El Código Penal Civil General de Noruega se modificó en 2009 con una nueva Sección 202a que “en efecto penaliza (ed) la compra de actividad sexual o un acto sexual” ([17] en 1).

 

  1. 2. La sección 8 del Código Penal de Finlandia tipificó como delito comprar sexo a una persona explotada o obligada a ejercer la prostitución en 2006 [18]. Bajo este delito, una víctima se define como alguien que está “controlada para obtener ganancias” o es una víctima de trata [18, 19]. Esta prohibición parcial surgió como un compromiso después de intensos debates parlamentarios en los que el modelo sueco fue considerado como un enfoque para su promulgación en Finlandia [20].

 

  1. 3. En 2009, Islandia modificó su Código Penal para incluir el delito de pagar por servicios sexuales. El Código Penal lo convierte en un delito: “Cualquier persona que pague, o se comprometa a pagar o prestar consideración de otro tipo, por prostitución será multada o encarcelada por hasta 1 año” (Capítulo XXII. [Delitos sexuales], Ley 40 / 1992, Art. 12, citado en [21]).

 

  1. 4. Véase, por ejemplo, un intento de aprobar una moción para una resolución de conformidad con la Regla 120 del Reglamento por el eurodiputado italiano Lorenzo Fontana en julio de 2013 sobre la implementación de un marco común para gestionar y regular la prostitución (B7–0372 / 2013, 18.7 .2013).

 

  1. 5. El artículo 64A de la Orden sobre delitos sexuales de 2008, enmendado por el Proyecto de ley sobre la trata y la explotación de personas [29].

 

  1. 6. s.14 La Ley de Policía y Delincuencia de 2009 [30].

 

  1. 7. Ver por ejemplo http://www.turnofftheredlight.ie/).

 

  1. 8. La Ley de Derecho Penal (Delitos Sexuales) de 2017, Parte 4, sección 25, modificó la Ley de Derecho Penal de 1993 mediante la inserción de S.7A Pago, etc., por la actividad sexual con una prostituta.

 

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“Percibo cierta falta de sensibilidad hacia la trata de personas”

 

NATIVIDAD PLASENCIA, FISCAL COORDINADORA DE DELITOS DE TRATA

 

  • “No hay que penalizar la prostitución sino regularla administrativamente”
  • “Hay desconocimiento de los mecanismos de protección de las víctimas”

 

  • Natividad Plasencia, en su despacho de la Fiscalía de Sevilla 

 

Por AMANDA GLEZ. DE ALEDO

20 de mayo de 2019

https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/entrevistas/Percibo-cierta-falta-sensibilidad-personas_0_1356164667.html

 

Natividad Plasencia, fiscal coordinadora para delitos de trata de personas y extranjería en Sevilla, expone en esta entrevista los problemas de sacar adelante una acusación por la vulnerabilidad de las víctimas, su riesgo de retractación y por la“falta de sensibilidad” que percibe, incluso entre los profesionales del Derecho,hacia este tipo de delitos. Es una situación que le recuerda a los primeros tempos de la violencia de género.

— ¿Qué problemas plantean los delitos de trata de personas?

Uno de los principales problemas que tiene la investigación de estos delitos es que las víctimas han vivido una experiencia tan traumática que lo primero que hay que hacer es convencerles para que colaboren y denuncien. Hay mecanismos de tutela como el periodo de reflexión para que durante al menos 90 días decidan si desea colaborar con las autoridades y en ese tiempo se suspende el procedimiento administrativo de repatriación. Aún así, los tiempos de la víctima no siempre coinciden con los del proceso penal. Hay víctimas que necesitan apoyo psicológico y un periodo importante para decidir si realmente desean colaborar.

Hay otros mecanismos en el proceso penal, como la figura del testigo protegido y, más recientemente, las medidas del Estatuto de la Víctima como su declaración por videoconferencia o con un acompañante, que suele ser personal de las ONG que las acogen  porque son personas con las que ya han desarrollado cierto vínculo. Eso les da una mayor serenidad para la declaración. A ello se une que muchas de estas personas vienen de países con cierta desconfianza hacia la policía y la judicatura.

— ¿Qué papel hacen las ONG?

Un papel fantástico. En España hay un protocolo-marco para la protección de víctimas de trata y algunas comunidades han hecho su propio protocolo de actuación. Andalucía todavía no lo tiene. Se prevé que exista en todas las provincias una comisión provincial de coordinación con representación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, las administraciones y las ONG.

Prestan una colaboración muy importante y de hecho en muchas ocasiones son ellas quienes alertan a la Policía o a la Fiscalía cuando tienen acogida a una chica que presenta indicadores de trata.

— ¿Las medidas de protección son mejorables?.

Son medidas que amparan bastante bien a la víctima, pero estamos poco acostumbrados a manejarlas. Existen los mecanismos, pero hay un cierto desconocimiento de sus posibilidades.

—¿Los resultados son buenos?.

No tan buenos como deseamos. Se inician muchas investigaciones pero en ocasiones la víctima declara en fase de instrucción y luego se retracta a la hora del juicio, o se marcha y no volvemos a saber de ella. Además la prueba de estos delitos es realmente complicada porque suele ser la declaración de la víctima contra la de los acusados.

Tienes que buscar elementos que corroboren lo que ha declarado la víctima y muchas veces esas pruebas se consiguen a través de medios restrictivos de libertades fundamentales, intervenciones telefónicas, balizamiento de coches o  registros, y detecto una cierta falta de sensibilidad incluso en los profesionales del Derecho hacia este tipo de delitos, aunque cada vez menos.

Creo que necesitamos madurar un poco la cultura jurídica en relación a este delito, es como cuando comenzó el tema de la violencia de genero, yo detectaba ciertas insensibilidades y ahora parece que ya estamos más en esa cultura, incluso los profesionales.

— ¿Sucede que a veces la Fiscalía acusa por muchos delitos y luego se quedan reducidos?

Cuanto más tiempo pasa desde que se libera a la víctima, van creciendo las posibilidades de que la testigo se esfume y no contemos con ella en el juicio. Yo lo entiendo, porque una vez liberada de sus captores lo que quieren es no quedarse sino volver a su país de origen.

Aquí en Sevilla nos ocurrió en el primer caso que tuvimos de trata con fines de cometer delitos, era un grupo de rumanos a los que captaban en su país y les ofrecían un trabajo digno en la construcción o en un taller y cuando llegaban a España les obligaban a robar catalizadores de vehículos. Teníamos un testigo protegido, el tribunal no pudo localizarlo para el juicio pero, qué curioso, sí que lo trajeron los acusados, es fácil imaginar cuál fue el resultado: esa  persona cambió radicalmente su declaración y la sentencia fue absolutoria.

— ¿Qué casos son más frecuentes en Sevilla?

Sobre todo trata con fines de prostitución, donde un 99% de las víctimas son mujeres, principalmente  subsaharianas,  rumanas y búlgaras. En la trata con fines de explotación laboral las víctimas son hombres, normalmente trabajadores agrícolas a los que se les promete que van a tener un trabajo con convenio y luego trabajan de sol a sol, siete días a la semana, le retienen la documentación y viven hacinados en  condiciones infrahumanas. En este caso son sobre todo rumanos y búlgaros.

— ¿Habría que penalizar la prostitución?.

En España pasamos del código penal de 1973, que penalizaba muchísimas conductas relacionadas con la prostitución, al de 1995, que supuso la despenalización de prácticamente todas ellas y luego se puso de manifiesto que ese no era el camino.

Yo creo que el argumento de que “yo ejerzo la prostitución libremente porque quiero” no es cierto, la mayor parte de las personas se ven abocadas a esa situación.

La solución no estaría en la penalización pero sí en una regularización administrativa, por ejemplo que en el Impuesto de Actividades Económicas hubiera que tributar por ese tipo de actividades u obligar a los empresarios a que tengan de alta a estas personas.

— ¿Cómo es la experiencia de esas mujeres?

Sobre todo cuando son víctima de explotación sexual su desvalimiento es total. Se ponen los vellos de punta, te preguntas como puede estar ocurriendo eso en pleno siglo XXI. Son chicas con condiciones de vida muy duras en su país, que cruzan África, las violan y son vendidas de unos tratantes a otros. Cuando llegan a España no es que empleen violencia física contra ellas pero se han quedado embarazadas en el camino, tienen un bebé muy pequeño, no hablan español, no tienen contactos y les piden 30.000 euros de deuda por haberlas traído. Además les piden restos biológicos para amenazarlas con el vudú.

 

Psicólogos denuncian la escasa credibilidad que otorga la justicia a las víctimas de trata

 

MADRID, 28 de mayo de 2019 (SERVIMEDIA)

https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9905849/05/19/Psicologos-denuncian-la-escasa-credibilidad-que-otorga-la-justicia-a-las-victimas-de-trata.html

 

Un grupo de psicólogos presenta este martes en la sede de la Comisión Europea en España una serie de orientaciones para evitar la “revictimización” de las mujeres en redes de trata, cuyo relato, según denuncian, es puesto en entredicho por jueces y fiscales ante las “contradicciones” en las que acaban cayendo fruto de su “estrés postraumático”.

“Tienen una ansiedad generalizada que hace que su discurso no sea coherente; esto dificulta mucho que sean creídas, al caer en contradicciones y vacíos en la narrativa. No es que lo que denuncien no haya pasado, sino que no pueden narrarlo como esperaríamos”, explicó a Servimedia el psicólogo Markus González, director del proyecto Psychological Health Impact Of Trafficking in Human Beings (PHIT).

Un grupo de investigadores con él a la cabeza se ha entrevistado con varias mujeres víctimas de trata. Según sus datos, alrededor del 80% no recibieron ningún tipo de atención psicológica ni médica. Esta vulnerabilidad, defienden los investigadores, debe ser comprendida por el sistema judicial, por lo que reclaman una mayor formación para evitar una “victimización secundaria” desde las propias instituciones.

Según indicó Markus González, las mafias suelen captar a estas mujeres en sus países de origen aprovechándose de su situación. De hecho, se caracterizan por normalizar la violencia. Como ejemplo, la mitad de las mujeres que han participado en la investigación fueron violadas en su primera relación sexual, mientras que entre el 70 y el 80 por ciento han sufrido violencia física o psicológica desde la infancia.

“La realidad de que bajo la apariencia de prostitución libremente ejercida se esconden esclavas sexuales es cada vez más conocida. No obstante, poco se sabe del impacto psicológico que esas situaciones de violencia física y sexual o intimidación, humillación y cuestionamiento tienen sobre las víctimas”, agregó González.

En este sentido, los psicólogos confían en que la Ley integral de Trata que inició el Gobierno siga su curso en el Congreso de los Diputados e incluya más formación para los operadores jurídicos, así como una mayor atención psicológica para las víctimas.

(SERVIMEDIA)

28-MAY-19

GIC/caa

 

Trabajo sexual, derechos laborales y sindicación

Inscripción obligatoria: otras@sindicatootras.org