Un 67% de los españoles apuesta por regular la prostitución

Los votantes de Unidas Podemos y Más País son los más partidarios de la prohibición, aunque prefieren legislar

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JÚLIA REGUÉ y FRANCISCO JOSÉ MOYA

Barcelona, 25 de junio de 2022

https://www.epe.es/es/igualdad/20220625/encuesta-prostitucion-espana-13931775
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El espinoso debate sobre la regulación o la abolición de la prostitución que confronta al movimiento feminista tampoco genera consensos en la arena parlamentaria. Los socios en el Gobierno tienen visiones polarizadas sobre cómo legislar esta actividad, que sigue siendo alegal en España. Los recelos entre el PSOE y Unidas Podemos se evidenciaron durante la aprobación la ley del ‘solo sí es sí’ -los socialistas terminaron retirando sus enmiendas sobre proxenetismo y tercería locativa para evitar una derrota del Ejecutivo- y durante la tramitación de la proposición de ley para abolir la prostitución, impulsada por el PSOE, avalada por el PP y con divergencias dentro de Unidas Podemos, ya que los siete diputados de los ‘comuns’ se desmarcaron. Pero, ¿qué opinan los españoles?

Según el último sondeo del GESOP para los diarios de PRENSA IBÉRICA, un 67,7% está a favor de que la prostitución esté regulada. Solo un 15,9% de los encuestados opina que hay que prohibirla y un 8,3% considera que debe quedarse como está, eso es, en un vacío legal. Cabe señalar que la posición es prácticamente igual según el sexo de los preguntados, ya que un 67,3% de los hombres y un 68,2% de las mujeres apuestan por regular el trabajo sexual.

Sí hay distinciones por edad: los jóvenes de entre 18 y 29 años están divididos –un 41,2% cree que debería prohibirse y un 49,3% quedar sujeta a la ley- mientras que en el resto de grupos de edad el apoyo a la regulación ronda el 70%.

Sondeo 1

La posición de sentar las bases para una legislación es mayoritaria en todas las bolsas de votantes. Y eso choca con algunos postulados, ya que pese a la postura abolicionista del PSOE y del PP, sus electores son más proclives a querer fijar reglas -un 70,5% y un 65,8%, respectivamente-. Pero, de lejos, los votantes independentistas son los defensores más férreos de la regulación: un 92,9% de los que se decantaron por Junts per Catalunya en 2019 y un 79,3% de los que lo hicieron por ERC.

Sondeo 2

Los electores de Unidas Podemos y de Más País son los que se muestran más divididos sobre el asunto y, a la vez, son los más favorables de la prohibición: un 38,9% en el caso de los primeros y un 26,7% en el caso de los segundos, aunque esta no es la posición dominante.

Los votantes de extrema derecha creen que la prostitución debe ser regulada (70,9%) o quedarse como está (14,5%), mientras que los electores de Cs prefieren que esté sujeta a la ley (68,8%).

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Ficha técnica

-Empresa responsable: GESOP.

-Técnica de investigación: Entrevistas telefónicas.

-Ámbito de estudio: España.

-Población: Mayores de edad con derecho a voto.

-Muestra: 1.001 entrevistas.

-Tipo de muestreo: Proporcional por comunidades autónomas y dimensión de municipio. -Selección de la persona a entrevistar según cuotas cruzadas de sexo y edad.

-Margen de error: +/- 3,16% para un nivel de confianza del 95% y p=q=0,5.

-Trabajo de campo: Del 20 al 22 de junio de 2022.

Las prostitutas salen a la calle contra la abolición: «nosotras repartimos felicidad»

Las historias de las mujeres que trabajan en pisos y clubes se cruzan en una manifestación contra la ley abolicionista, en la que reivindicaron su «libertad»

prostitucion-Madrid

Participantes de la manifestación convocada por la Plataforma de Personas Afectadas por la Prostitución. / ÓSCAR CHAMORRO

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Por Doménico Chiappe

Madrid, 22 de junio de 2022

https://www.hoy.es/sociedad/prostitutas-salen-calle-20220622173949-ntrc.html#vca=modulos&vso=hoy&vmc=noticias-rel-1-cmp&vli=sociedad&ref=https://www.hoy.es/sociedad/voces-prostitucion-espana-20220622193042-ntrc.html

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Con 50 años, Rebeca se prostituye desde hace diez en un piso de Madrid. Tiene dos hijas. En 2010 ella y su marido cerraron su comercio, luego vendieron la casa, cuenta en la calle Ferraz de Madrid, frente a la sede del PSOE, donde ha ido a manifestarse contra la ley abolicionista que progresa en el Congreso. Junto a otras mujeres tras máscaras la mayoría y bajo paraguas naranjas piden la paralización de esta iniciativa legislativa del Gobierno. «Anteriormente pensaba que la puta era puta porque no quería limpiar. Pero no solo vienen a echarnos un polvo», dice Rebeca, de cabello cano, tes y cuerpo de avejentada figura materna. «Vienen a hablar con nosotras. Hay casados, pero también viudos y solteros que ni siquiera con Tinder podrían echar un polvo».

Así describe a sus clientes Rebeca, que gana entre 300 euros y cero en un día, cotiza como autónoma «para la pensión de mañana», está casada, asiste a todas las marchas del 8M y del aborto, vive de alquiler, acaba de comprar una casa para reformar, y comparte el 50% de lo que cobra con la dueña del lugar donde presta sus servicios, que también recibe sus llamadas y paga sus anuncios. Mientras Rebeca habla, a la sombra del portal de una de las fincas de Ferraz, entra una mujer con dos niños, que exclama: «Ay, qué asco», y los niños pasan tapándose los oídos.

Las historias de las que se cruzan en Madrid empiezan, como las de Rebeca, en la necesidad económica. Vienen en autobuses fletados por los dueños de puticlubs, indican un par de asistentes. Desde Bilbao, Barcelona, Cádiz, Cáceres, Sevilla, Alicante, según enumera una de las portavoces de la recién creada Plataforma de Personas Afectadas por la Abolición, Susana Pastor. Los organizadores cuentan 1.500 asistentes, aunque a vuelo de pájaro la cifra podría estar en algo menos de la mitad de esa cifra.

«Tenemos sólo unos días, y llevamos muchas noches sin dormir ni descansar», reconoce Pastor, cuya primera intención era leer un manifiesto en el Congreso de los Diputados pero al llegar se enteraron que necesitaban un permiso. «Queremos que nos escuchen los políticos. Somos más de 150.000 las que nos dedicamos a la prostitución». Además de las mujeres, los hombres y las mujeres trans dedicadas a la prostitución, y que preferían el término «trabajadora sexual», los asistentes se identificaron como personal de limpieza, del «staff» de los clubes, empresarios e incluso un fotógrafo de anuncios.

Apenas se les escucha hablar, en medio de la algarabía de la tamborada y la música de fiesta que las acompaña. Ellas bailan, beben agua o cerveza, agitan pancartas que dicen: «Ni en Suecia ni en Francia hemos desaparecido. Nos han escondido», «Respeta mi decisión, soy libre», «Soy la re-puta que te parió», «Regularización ya», «Somos libres de trabajar y la prostitución es mi decisión», «Que no es ninguna bandera, que es un trabajo».

Un grupo de las más jóvenes viene de Pipos, en Alicante, que se anuncia en Facebook como un «hotel de lujo donde los clientes pueden acceder a habitaciones o suites con baño interior» y que «fletó un autobús con todos los gastos pagados», según una fuente de la organización. Una de ellas es Paola. «Tengo 25 años y cuatro hijos. Soy trabajadora de un puticlub por la necesidad de alimentarlos. Nadie decide por mi cuerpo. Con un sueldo normal no los mantengo. No es la mejor salida pero tampoco la peor. Ahora nos quieren quitar a los puteros. ¿Qué quieren? ¿Que venda drogas?». Se acerca una mujer que les dobla la edad. Dice que es camarera y que las conoce. «Son chicas muy buenas, maravillosas», las describe.

Pasto de mafias

Los tambores callan, comienza la lectura del manifiesto. «Señores del PSOE, pónganse en nuestros zapatos. Visítenos. No tenemos nada que esconder. Nosotras repartimos felicidad». El público estalla en aplausos con esta frase. «La abolición nos deja indefensas, pasto de las mafias, pasto de los violadores. Vamos a luchar. Nuestra fuerza es la vergüenza que siente el Estado por nosotras».

Detrás del barullo, Rebeca reconoce que está muy enojada y se exalta: «Yo no quiero ser masajista. Yo soy trabajadora sexual. ¿Dónde quieren que nos quedemos? ¿En Casa de Campo? ¿En un vertedero?», prosigue. «Hago lo que me da la gana con mi cuerpo. Tengo mis llamadas y mis clientes. Voy, trabajo y me voy a mi casa. Dicen que no nos persiguen. ¿Y a mis clientes los meten a la cárcel?».

Durante la protesta, a pesar del calor, algunas se ocultan detrás de máscaras del japonés teatro Noh, otras con las del carnaval de Venecia o con mascarillas y gafas de sol. Pero con un sonriente rostro descubierto, Elire, «21 años, albanesa», se muestra contraria incluso a la regularización con la que concuerda la mayoría de las entrevistadas. Pide que «nos dejen en paz para hacer lo que sabemos hacer. Sin que le importe a nadie nada».

Cuestión de lenguaje

Después de hablar con varias mujeres que ejercen la prostitución y preguntarles cómo prefieren ser llamadas, dicen que cuando les dicen «putas» se «empoderan». Prefieren ese término y que «nos llamen como nos han llamado toda la vida» a otros «eufemismos» que les resultan más «peyorativos». Tampoco les define, aseguran, el término «mujeres prostituidas», que define a «alguien obligado a mantener relaciones sexuales por dinero. A nosotras nadie nos prostituye». Las que hacen «este trabajo» son «prostitutas». Pero prefieren, y así se refieren a sí mismas, que las llamen «trabajadoras sexuales».

Las trabajadoras sexuales se concentran frente a Ferraz contra la propuesta del PSOE para abolir la prostitución

Piden que España imite a otros países de su alrededor y opte por una regulación «exigente y garantista»

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22 de junio de 2022

https://www.abc.es/sociedad/abci-trabajadoras-sexuales-concentran-frente-ferraz-contra-propuesta-psoe-para-abolir-prostitucion-202206221321_noticia.html

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Las negacionistas de la prostitución quieren abolir la libertad sexual de las mujeres

Las abolicionistas/prohibicionistas quieren abolir/prohibir algo cuya existencia niegan: la prostitución.

Prostitución es el libre intercambio de sexo por dinero y las prohibicionistas niegan que las mujeres puedan decidir hacer eso; luego, para ellas, la prostitución no existe, porque no existe lo que no puede existir.

Por eso dicen que prostitución es trata (secuestro + violación) o violación pagada (violación) o la peor de la violencia contra las mujeres (tortura + asesinato).

Pero eso que dicen que quieren abolir —el secuestro, la violación, la tortura y el asesinato— ya están abolidos en España: están absolutamente prohibidos, duramente castigados en el Código Penal.

Lo que las abolicionistas/prohicionistas quieren abolir es la libertad sexual de las mujeres, sus derechos constitucionales, la Constitución misma.

La ideología totalitaria de esas “feministas” radicales quiere abolir la dignidad de las mujeres, su derecho a decidir libremente sobre sus vidas, que es el fundamento mismo de nuestra Constitución democrática.

Para atacar la libertad de las mujeres haciendo que la defienden proceden a incapacitarlas extrajudicialmente. Sólo un juez puede determinar que una persona no es dueña de sus actos y proceder a incapacitarla bajo su tutoría. Eso en un Estado democrático.

Es sorprendente cómo en una “democracia madura y avanzada” como la española pasa desapercibido ese tosco ataque a los derechos fundamentales de las mujeres. Es sorprendente cómo se da por válido que una secta totalitaria pueda definir que un grupo de personas constituyen una raza inferior desprovista de humanidad, desprovista del rasgo fundamental de los seres humanos: la libertad personal.

Pero es que España no es una democracia. Fue una apariencia de democracia hasta marzo de 2020, o quizá hasta algo más tarde, hasta que el Presidente del Gobierno, respaldado por el silencio cómplice de casi todo el mundo, se rebeló abiertamente contra el Tribunal Constitucional, el órgano supremo de la democracia constitucional.

La vía está abierta para la prohibición de los derechos fundamentales de las mujeres.

La Constitución ha muerto (asesinada).

Ha llegado el banquete de las carroñeras (abolicionistas/prohibicionistas).

El PP dará su apoyo a la ley socialista para abolir la prostitución

Aunque Podemos, los socios del Gobierno, no es muy proclive a la propuesta, el respaldo de los populares aportaría una mayoría suficiente para sacar la iniciativa adelante
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ALFONSO TORICES
MADRID / COLPISA

30 de mayo de 2022

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2022/05/30/pp-dara-apoyo-ley-socialista-abolir-prostitucion/00031653919038495469797.htm

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Cada vez hay más elementos que indican que la prohibición de la prostitución en España podría estar muy cerca. Por primera vez, incluso hay posibilidades de que la abolición de este negocio, que en la mayoría de ocasiones vive y se lucra de las explotación sexual de las mujeres, sea una realidad antes de que acabe esta legislatura, en principio en otoño del 2023.

El pleno del Congreso debatirá la semana próxima la proposición de ley del PSOE que pretende convertir en delito lucrarse con la prostitución, clausurar los burdeles y multar a los puteros y los socialistas ya saben que tienen asegurada la admisión a trámite. Con independencia de lo que digan sus socios parlamentarios habituales, en su gran mayoría nada proclives a perseguir la industria de la prostitución, el pleno, por una muy amplia mayoría, dirá a la Cámara Baja que puede empezar a elaborar la ley abolicionista y abrirá el camino político de su futura aprobación.

La razón es que los 89 diputados del PP sumarán el martes por la tarde sus síes a los 120 socialistas, con lo que el comienzo de la tramitación de la ley la garantizan más del 60 % de los escaños del hemiciclo haga lo que haga el resto de grupos. La posición favorable del PP al fin del negocio de la prostitución no es una sorpresa para el partido de Pedro Sánchez, pues los populares ya estuvieron hace dos semanas dispuestos a aprobar el grueso de los contenidos de la actual proposición socialista en forma de enmienda a la ley del solo sí es sí, enmienda que el PSOE retiró a última hora ante la amenaza de los nacionalistas de impedir, en caso contrario, la aprobación de la norma para lucha contra las violencias sexuales.

De hecho, la enmienda fallida recogía ya literalmente todos los cambios del Código Penal incluidos en la proposición de ley salvo el castigo penal de los puteros, que supondría una importante multa como norma general y de 1 a 3 años de cárcel si la mujer prostituida es una menor o está en situación de «vulnerabilidad».

División parlamentaria

Si PSOE y PP son capaces de convertir el acuerdo inicial en un pacto, limando matices y diferencias en la fase de enmiendas, la suma de votos de estos dos partidos aseguraría mayoría absoluta en ambas cámaras y, por lo tanto, la aprobación de la ley al ritmo que ellos decidan marcar. Su acuerdo minimizaría la importancia de la postura del resto grupos, con ERC, Ciudadanos, JxCat y la CUP contrarios a la prohibición y partidarios de que la prostitución voluntaria se regule como una profesión más; con Unidas Podemos dividida entre abolicionistas y partidarios de la regulación, lo que puede desatar otro pulso por el liderazgo del feminismo en la izquierda y en el propio Gobierno, como ya anticipó la manifestación abolicionista que el sábado pasado recorrió Madrid; y con el PNV y EH Bildu, que aún no han mostrado sus cartas.

Si la norma se aprueba esta legislatura significará el cierre inmediato de todos los burdeles españoles y el encarcelamiento de cualquiera que se enriquezca con el ejercicio de la prostitución por otra persona, sea el beneficiario un simple proxeneta (el chulo) o sea además el dueño del burdel, piso o local en el que se produce la explotación sexual. Dará igual que el prostíbulo funcione con o sin la participación voluntaria de quienes se prostituyen.

Promover la prostitución será ilegal y un delito en todos los casos, pero la norma excluye explícitamente que las mujeres prostituidas puedan ser sancionadas. La reforma socialista considerará autor de un delito de proxenetismo a todo aquel que, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento. La infracción se pagará con entre 1 y 3 años de cárcel y multa de 12 a 24 meses. La definición está diseñada para exonerar del delito conductas de mera receptación en el ámbito familiar (una prostituta que trae dinero a casa).

Como delito conectado al anterior se recupera la llamada tercería locativa, el rol del empresario de la prostitución, que lleva casi 30 años despenalizado. Quien con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento, será castigado con 2 a 4 años de prisión, multa de 18 a 24 meses y la posible clausura del local, así como la disolución de la empresa y el embargo de sus bienes. La tercería actúa como una agravante del proxenetismo y ambos delitos se cometen solo con constatarse el ánimo de lucro. No hacen falta, como hasta ahora, ni la violencia ni la intimidación.

El feminismo es de todas, incluidas las prostitutas

Ana Arillo, Lurdes Garrido y Milagros Rubio

Afiliadas a Batzarre

27 de mayo de 2022

https://www.naiz.eus/eu/iritzia/articulos/el-feminismo-es-de-todas-incluidas-las-prostitutas
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Nunca negaremos el derecho a cualquier persona o colectivo a reclamar lo que considere justo. Lo que denunciaremos es que en sus reclamaciones vaya implícita la negación de otros.

Somos feministas y no somos abolicionistas. Así de sencillo y así de compatible.

Y nunca se nos ocurriría proclamar que quien apuesta por abolir la prostitución no es feminista; el feminismo es un movimiento vivo, cambiante, transformador, que pertenece a las mujeres, incluidas las cis, las tran, las abolicionistas, las no abolicionistas, los hombres… y, por supuesto, a las prostitutas.

Hay muchas corrientes del feminismo que apuestan por abolir la prostitución, firmas brillantes con las que no compartimos el fondo pero de las que admiramos su profundidad de pensamiento y análisis. Y aprendemos. De otras no, ya que no compartimos sus formas excluyentes, además de la gravedad de mezclar prostitución con trata y/o explotación sexual; no solo muestran una absoluta carencia de rigor intelectual, sino que flaco favor realizan a las víctimas. Como dijo aquél, cuando todo es violencia, nada es violencia.

Pongamos el foco en las víctimas de trata y explotación sexual; todos los mecanismos del Estado son pertinentes para ayudar a salir a esas mujeres de situaciones que vulneran sus derechos. Pero resulta contradictorio que existan posturas que defienden los derechos de las mujeres víctimas de trata y explotación y que no pongan en primer plano de su argumentario la derogación de la ley de Extranjería y así evitar que las mujeres migrantes sean un grupo de población vulnerable víctima de las mafias. Contradictorio e incluso impúdico.

Y ahora pongamos el foco en aquellas que ejercen la prostitución. El primer paso es muy sencillo: escuchémoslas. ¿Se sienten víctimas de explotación sexual? ¿Se sienten víctimas de explotación laboral? ¿Qué reclaman? ¿Qué piden para sentirse más seguras? ¿Qué mecanismos tienen a su alcance para poder mejorar; les permitimos que hagan uso de ellos? ¿Consideramos a las prostitutas sujetos de derecho, protagonistas principales de sus vidas, con capacidad de decisión? ¿Somos capaces de ver que detrás de la palabra «puta» hay mujeres que, además, van a la compra, tienen relaciones sentimentales, quieren alquilar o comprar una vivienda, llevan a sus niños y niñas al colegio, son hijas, madres, esposas, amigas…?

Nunca negaremos el derecho a cualquier persona o colectivo a reclamar lo que considere justo. Lo que denunciaremos es que en sus reclamaciones vaya implícita la negación de otros; en este caso de otras, de las prostitutas y de sus derechos. Y lo que nunca admitiremos es la apropiación de movimientos tan universales y plurales como es el feminismo; este movimiento político y social transformador es patrimonio de muchas, y ojalá todas las personas lo interioricen y lo hagan suyo.

Y ante las discrepancias, reconozcámonos en la diferencia y escuchémonos.

El Tribunal Supremo de la India reconoce el trabajo sexual como una ‘profesión’

El tribunal superior dice que la policía no debe interferir ni emprender acciones penales contra trabajadoras sexuales adultas que consienten
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Por Krishnadas Rajagopal

NUEVA DELHI 25 de mayo de 2022

https://www.thehindu.com/news/national/supreme-court-recognises-sex-work-as-a-profession/article65461331.ece
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En una importante orden que reconoce el trabajo sexual como una “profesión” cuyas practicantes tienen derecho a la dignidad y la igualdad de protección ante la ley, el Tribunal Supremo ha ordenado que la policía no debe interferir ni emprender acciones penales contra las trabajadoras sexuales adultas que consienten.

“No puede negarse que, independientemente de la profesión, toda persona en este país tiene derecho a una vida digna en virtud del artículo 21 de la Constitución”, observó el tribunal.

“Las trabajadoras sexuales tienen derecho a igual protección de la ley. El derecho penal debe aplicarse por igual en todos los casos, sobre la base de la ‘edad’ y el ‘consentimiento’. Cuando esté claro que la trabajadora sexual es una persona adulta y está participando con consentimiento, la policía debe abstenerse de interferir o tomar cualquier acción penal”, ordenó un tribunal compuesto por tres jueces encabezado por el juez L. Nageswara Rao en una orden que se aprobó después de invocar los poderes especiales previstos en el artículo 142 de la Constitución.

El Tribunal ordenó que las trabajadoras sexuales no deben ser “detenidas, sancionadas, acosadas o victimizadas” cuando haya una redada en cualquier burdel, “ya que el trabajo sexual voluntario no es ilegal y solo es ilegal administrar el burdel”.

Un hijo de una trabajadora sexual no debe ser separado de la madre simplemente por el hecho de que ella está en el comercio sexual, sostuvo el tribunal. “La protección básica de la decencia y la dignidad humanas se extiende a las trabajadoras sexuales y sus hijos”, señaló el tribunal.

Además, si se encuentra a un menor viviendo en un burdel o con trabajadoras sexuales, no debe presumirse que el niño fue objeto de trata.

“En caso de que la trabajadora sexual afirme que es su hijo/hija, se pueden hacer pruebas para determinar si el reclamo es correcto y, de ser así, no se debe separar forzosamente al menor”, ordenó la corte.

Atención médico-legal

El tribunal ordenó a la policía que no discrimine a las trabajadoras sexuales que presenten una denuncia penal, especialmente si el delito cometido contra ellas es de naturaleza sexual. Las profesionales del sexo que son víctimas de agresiones sexuales deben contar con todos los servicios, incluida la atención médica y legal inmediata.

“Se ha notado que la actitud de la policía hacia las trabajadoras sexuales suele ser brutal y violenta. Es como si fueran una clase cuyos derechos no son reconocidos”, dijo el tribunal, pidiendo sensibilización.

El tribunal dijo que los medios deben tener “el máximo cuidado de no revelar las identidades de las trabajadoras sexuales, durante las operaciones de arresto, allanamiento y rescate, ya sea como víctimas o acusadas, y no publicar ni transmitir ninguna foto que resulte en la divulgación de tales identidades”.

El voyeurismo es un delito penal, recordó el tribunal.

Las medidas adoptadas por las trabajadoras sexuales, como el uso de preservativos, no deben ser interpretadas por la policía como prueba de su “delito”.

El Centro y los Estados deben involucrar a las trabajadoras sexuales o sus representantes para reformar las leyes, sugirió el tribunal.

Las alegaciones de Mónica Oltra que cuestionan la ley abolicionista de Gabriela Bravo

La Conselleria de Igualdad entiende que invade competencias estatales y las suyas en materia de violencia de género, al tiempo que cree que las multas a los puteros lleva a las mujeres a entornos más ocultos y peligrosos
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Por Raquel Andrés Durà

València, 24 de mayo de 2022

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20220524/8288002/oltra-alega-ley-abolicionista-bravo.html

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La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra presentó ayer alegaciones contra el borrador de anteproyecto de ley de modificación de la Ley 14/2020 de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos elaborado por la Conselleria de Justicia de Gabriela Bravo. En otras palabras, la norma con la que los socialistas pretenden «abolir» la prostitución en la Comunitat Valenciana.

Por un lado, desde la Secretaría Autonómica de Igualdad y Diversidad entienden que invade sus competencias en materia de igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres. Se basan en que el borrador afirma que «la prostitución es una forma de violencia de género».

En las alegaciones, recuerdan que la Conselleria de Justicia es «competente en materia de asistencia a las víctimas del delito», pero «la prostitución no se recoge en el ordenamiento jurídico español como delito».

Lo que sí se reconoce como delito es «la explotación o el lucro de la prostitución ajena» cuando «quien la realiza ha sufrido coacción en el proceso de deliberación de su comportamiento sexual o es sujeto de la explotación de un tercero». Diferencian, por tanto, entre prostitución y explotación sexual o trata, que en cualquier caso ya es ilícito.

Las alegaciones presentadas por la Conselleria de Oltra también sostienen que la ley de Bravo invade competencias estatales, ya que la «abolición» de la prostitución, una actividad «no regulada», «excede las competencias autonómicas».

Además, señalan que el cambio normativo impulsado por Justicia busca eliminar toda forma de prostitución que se desarrolla dentro de los locales y establecimientos regulados por la Ley 14/2020, es decir, «locales en los que se realizan los espectáculos públicos, las actividades recreativas y las actividades ocioculturales». Recuerdan que usar una licencia para hacer otra cosa «ya está sancionado» y argumentan que quedarían fuera de la norma otros espacios donde también se ejerce la prostitución.

Por otro lado, alegan contra el «principal instrumento» que presenta la Conselleria de Bravo para conseguir la abolición de la prostitución: las sanciones a los demandantes en los establecimientos públicos, por la difusión de publicidad de prostitución, por el uso de establecimientos con licencia incluidos en el catálogo de la Ley 14/2010 para actividades de prostitución y la tercería locativa (sanción penal a quienes ponen un inmueble para ejercer la prostitución).

Desde la Conselleria de Igualdad entienden que estas sanciones son, de facto, «una sanción indirecta a las mujeres que ejercen la prostitución». Y es que creen que el cierre de prostíbulos de carretera y espacios similares no acabarán con la prostitución, sino que la moverán de sitio, presumiblemente a lugares más opacos como pisos, donde la situación de la mujer es más vulnerable y se pueden producir más agresiones y violaciones.

Estas mujeres, por la estigmatización, por su condición de migrantes y/o por las amenazas que sufren, rara vez acuden a una comisaría a denunciar las agresiones.

Por ello, el secretario autonómico de Igualdad y Diversidad, Rubén Sancho, considera que el anteproyecto de ley de Justicia lo que hace es «proteger al cliente», al putero, ocultando la actividad para que no se le sancione, mientras que «aumenta la inseguridad» de la mujer y se la «conduce a la clandestinidad y al ocultamiento», llegando a una situación de «más vulnerabilidad».

En todo caso, Sancho defiende la necesidad de superar el marco abolicionista y analizar una realidad compleja en la que no bastan soluciones sencillas como prohibir y sancionar. Habla desde medidas sociales hasta cambiar a Ley de Extranjería para que las migrantes se atrevan a denunciar su situación sin miedo a la deportación. «Hace falta un debate abierto y amplio, de escucha de todas las realidades», sostiene el secretario autonómico.

En este sentido, recuerdan las actuaciones llevadas a cabo por la Conselleria de Igualdad: el Programa Alba, de atención itinerante y de recursos para la salida de mujeres víctimas de explotación sexual de ámbitos de prostitución y/o trata, con atención integral de las mujeres, a través de salidas periódicas a las zonas donde se tiene conocimiento o indicios de que se practica la prostitución.

Asimismo, LABORA tiene un convenio de colaboración con la Asociación Alanna para el desarrollo del «Programa de formación e inserción para mujeres víctimas de violencia de género o de tráfico y explotación sexual con compromiso de contratación», incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la UE a través de los fondos Next Generation. Ofrece atención personalizada de 57 mujeres, a las que se les ayuda a mejorar su empleabilidad y promover su inserción profesional.

En el caso de mujeres prostituidas en «situaciones de gran vulnerabilidad», la Conselleria de Oltra les proporciona la posibilidad de solicitar la Renta Valenciana de Inclusión, que se suma al Ingreso Mínimo Vital. Gracias a una modificación en 2020, esta prestación se aumentó en 320 euros y hoy se equipara al salario mínimo interprofesional. No obstante, hoy todavía no ha habido mujeres que se hayan acogido a ese incremento.

En cuanto al modelo abolicionista, desde la Conselleria de Igualdad exponen experiencias internacionales de modelos abolicionistas que «ponen en cuestión sus resultados». En Suecia se abolió en 1999 y, desde entonces, no ha disminuido la demanda, sino que la actividad se ha trasladado «a lugares menos visibles» y más «difíciles de rastrear».

El informe de Amnistía Internacional «El coste humano de ‘machacar’ en el mercado: la penalización del trabajo sexual en Noruega» de 2016 expone las consecuencias del modelo abolicionista en ese país, como «una intensificación del estigma social y la discriminación de las mujeres, especialmente en el caso de mujeres migrantes, donde se entrelaza el estigma y el racismo».

Las alegaciones de la Conselleria de Oltra concluyen así: «La propuesta de modificación se enmarca en un discurso punitivista de la prostitución y sitúa en un marco de mayor vulnerabilidad a aquellas mujeres que ejercen la prostitución, especialmente a aquellas que menos recursos tienen o que se encuentran en situación administrativa irregular. Se sanciona, en última instancia, la pobreza y la migración». Es decir, se perseguirá más la prostitución de calle y no la ven útil para acabar con la que se practica en espacios opacos ni con la prostitución de lujo.

«Este marco abolicionista aumenta la estigmatización social de las mujeres que ejercen la prostitución y debilita sus redes de apoyo. Asimismo, las medidas afectarán en gran medida a las personas trans, que sufren un desempleo del 85% y han de recurrir al trabajo sexual como única opción», zanjan.

La delegada de la Comunitat Valenciana del sindicato de Trabajadoras Sexuales – Otras, Martina Salander, sostiene que «la prostitución se puede prohibir, no abolir», ya que «el abolicionismo no ha acabado ni con la prostitución ni con la trata» en los países donde se ha aplicado.

Como señalan en las alegaciones de la Conselleria de Igualdad, Salander teme que las multas a los puteros lleven «a condiciones de trabajo muy precarias» y de más «peligrosidad»: «Se ha visto en Francia. Si antes venía un cliente a tu habitación, ahora te pide que vayas tú a él. La chica se expone más yendo a la habitación de clientes y, además, te rebajan el precio y te obligan a ciertas prácticas».

Por otro lado, advierte que la tercería locativa «elimina los espacios de trabajo», que en muchos casos son también las viviendas de las mujeres: «Al no tener contrato, para nosotras es muy complicado acceder a una vivienda, muchas viven en los clubs y en hoteles. Habría un problema habitacional muy grande que no se ha tenido en cuenta».

Desde la Conselleria que dirige Mónica Oltra (Compromís) se muestran sorprendidos por la polémica que ha iniciado la Conselleria de Justicia, de Gabriela Bravo (PSPV) al final de la segunda legislatura del Botànic.

Primero, porque se les presentó el anteproyecto de Ley sin consultarles previamente como competentes en materia de violencia de género; segundo, porque la abolición de la prostitución no está en el Pacto del Botànic ni lo han decretado los socialistas cuando han gobernado en solitario.

Por ello, se cuestionan la motivación real de la propuesta, que no ven que busque proteger a las mujeres prostituidas, sino marcar un perfil político de cara a las próximas elecciones.

Un dato: la Conselleria de Gabriela Bravo nunca se ha querido entrevistar con el sindicato Otras; sí lo ha hecho la Conselleria de Mónica Oltra.

Cuerpos contaminantes: el lenguaje cotidiano y la exclusión como «otras» de las trabajadoras sexuales en las luchas locales contra la prostitución

Autora: Giorgia Serughetti

Università degli Studi di Milano-Bicocca

Octubre de 2015

https://www.researchgate.net/publication/291333812_Polluting_Bodies_Everyday_Language_and_the_Otherisation_of_Sex_Workers_in_Local_Struggles_Against_Prostitution

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(…)

6. Conclusión

Al analizar las formas en que los discursos contra la prostitución dibujan o refuerzan los límites de la inclusión y la exclusión, las “guerras espaciales” urbanas en torno a la prostitución callejera se revelan útiles para preservar un orden social y moral, basado en roles e identidades sexuales y de género apropiados, en contraposición a los cuerpos y conductas amenazantes, “fuera de lugar”. Los discursos no solo revelan, especialmente a través del uso de metáforas, la existencia de un lenguaje cotidiano en el que los mapas urbanos imaginarios señalan lo que merece pertenecer a un espacio específico y lo que se considera inadecuado y extraño. De hecho, los discursos crean el orden social y espacial en sí mismos, instando a respuestas colectivas de negación, represión y exclusión. En el distrito de Eur, después del fracaso del proyecto de “zonificación”, que finalmente fue detenido por la prefectura, lo único que quedó sobre el terreno para abordar las protestas de los residentes fue la promesa de una ley municipal contra la prostitución, del tipo ampliamente utilizado en Italia en los últimos años, un tipo de ley que, a pesar de que el énfasis está puesto principalmente en disuadir a los clientes por medio de multas, tiene como objetivo prohibir a las trabajadoras sexuales el uso del espacio urbano.

Para apoyar y justificar tales prácticas de exclusión, las trabajadoras sexuales se construyen como “Otras” físicas y simbólicas. En tiempos de migración global, su condición de «Otras» se construye sobre las diferencias étnicas, lingüísticas, culturales y sociales (Massari, 2009; Abbatecola, 2006), y sirve para neutralizar los riesgos de la proximidad, percibida como una amenaza a las identidades locales y nacionales. “La cercanía ineludible de aquellas mujeres parece producir, al menos para algunas personas, un riesgo omnipresente de ‘contaminación’ que en cierto modo debería ser exorcizado, mediante la adopción de disposiciones eficaces encaminadas a distanciar, negar y crear indiferencia, y así establecer estrategias generales de aniquilación de la otra. Esto a menudo significa la construcción de una narración compartida de ‘nosotras’ a través de una imagen inferiorizada y racializada de la ‘otra’. La mujer migrante como prostituta se ha convertido en uno de los estereotipos más persistentes de la ‘extranjera’ en nuestra sociedad” (Massari 2009: 4).

Además, dado que la prostitución concierne a una esfera crucial de la experiencia humana, la de la sexualidad y las relaciones de género, la delimitación de fronteras que determinan la exclusión espacial y social de las trabajadoras sexuales también expresa intentos de construir y regular las identidades sexuales y de género. La noción de «mujer pública» sigue desempeñando «un papel destacado en la regulación de las identidades sexuales y de género y, como argumentan muchas prostitutas, es una noción que a menudo deja al descubierto y amenaza las nociones de feminidad establecidas por el patriarcado al hacer visible la relación entre sexo, dinero y poder. Es este desafío a las construcciones dominadas por los hombres de lo femenino como Otra lo que sirve para marginar aún más a las prostitutas como Otra sexual: la intersección de género e identidad sexual de esta manera construye a las prostitutas como un grupo altamente marginado, lo que a su vez define los parámetros más amplios de la conducta sexual de la mujer” (Hubbard, 1998: 72).

Por último, dado que la existencia de un mercado del sexo implica una demanda de servicios sexuales, una demanda predominantemente masculina (Serughetti, 2013b), los límites que separan a las prostitutas del resto de la sociedad son funcionales para preservar la división tradicional entre dos dimensiones en conflicto de la sexualidad masculina: una respetable, y compatible con una relación amorosa o un proyecto de paternidad; la otra sucia, degradante, que se manifiesta en el sexo pagado (Serughetti, 2013a; Ciccone, 2009). Esta división interna es la característica de un modelo hegemónico de masculinidad heteronormativa de larga tradición (Seidler, 1989; Connell, 1995; Gilmore, 1990; Redman, 2000) que aún afecta la organización contemporánea de la sexualidad. Defender esta construcción es, pues, reafirmar y reproducir jerarquías sociales y espaciales patriarcales en las relaciones sexuales y de género.

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otherisation

(exclusión como «otros»)

Usado por la neurocientífica Kathleen Taylor para describir lo que sucede cuando las personas no están incluidas en su tribu; los otros se clasifican comúnmente como bestias o subhumanos.

Puede ampliarse hacia la separación de personas que pertenecen a diferentes religiones o la separación de creyentes/no creyentes, amigos/no amigos.

Quienes llevaron a cabo la solución final en la Alemania nazi solo pudieron hacerlo mediante la exclusión como «otros» (otherisation) de los judíos.

por aaarwin 26 de octubre de 2012

https://www.urbandictionary.com/define.php?term=otherisation

Oltra arremete contra la iniciativa de Bravo para prohibir la prostitución

 

«La brocha gorda es para pintar paredes; no es útil en política. Confrontar regulación con abolición es una profunda estulticia», señala la vicepresidenta respecto a las medidas abolicionistas que impulsa la consellera

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BURGUERA

Viernes, 20 mayo 2022

https://www.lasprovincias.es/politica/oltra-prostitucion-valencia-20220520131513-nt.html

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Mónica Oltra

Oltra, momentos antes de su comparecencia como portavoz del Consell. / B. F.

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La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, no va de la mano de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, respecto a lo que hay que hacer frente a la prostitución. Al contrario. Andan caminos muy distintos. Frente a los movimientos de Bravo, que en las últimas semanas ha incrementado su actividad al frente de movimientos abolicionistas frente a la prostitución, Oltra ha dado tomado la palabra para decir cosas muy distintas a las que defiende la Consellera de Justicia.

«La brocha gorda es para pintar paredes monocolores y no es útil en política. Confrontar regulación (de la prostitución) con abolición es una profunda estulticia. Porque si lo mezclamos todo ya sabemos que se acaba con una confrontación muy distinta al asunto que se debate. Es fácil abolir la pena de muerte porque es una decisión de un Estado que deja de aplicar una determinada pena. Pero ante fenómenos complejos que no dependen de ponerlo en un papel, ‘queda abolida la pobreza’, ‘queda abolida el hambre en el mundo’… es mejor hablar del cómo», ha indicado la también consellera de Igualdad. Bravo anunció hace dos meses que había firmado la resolución de inicio para la reforma de la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Generalitat. Sobre esta reforma, Oltra ha puntualizado que «efectivamente, está en fase de estudio». O sea, que puede ser que sí o que no.

El objetivo de la consellera Bravo es sancionar locales que emplean licencias de hostelería pero que permiten o fomentan el ejercicio de la prostitución. De hecho, Bravo ha participado muy activamente en la puesta en marcha del Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución. El Ayuntamiento de Paterna se ha sumado esta semana a la propuesta que lanzó días antes la consellera de Justicia de incorporar en el marco jurídico municipal una ordenanza que aborde la prostitución como una vulneración de los derechos humanos de las mujeres.

La líder de Compromís ha considerado que «el Consell (a través de su departamento, el de Igualdad) ha trabajado en recursos en este sentido, y en esta comunidad autónoma la Renta Valenciana de Inclusión alcanza al Salario Mínimo Interprofesional a diferencia de otras regiones, y eso es una alternativa. Una persona prostituida puede abandonar ese contexto a través de esos medios. Eso es feminismo que se come. Paralelamente tenemos el programa Alba. Por eso el trabajo de ese tipo es útil, y eso no debe dificultarse, porque cuanto más clandestina es una dificultad más complicado es llegar a estas mujeres».

La número dos del Consell ha asegurado que «hay que escucharlas», a las mujeres prostituidas. Oltra ha recordado que «hay un sindicato, con el que yo me he reunido, y en el Gobierno no se deben tomar decisiones despóticas, y lo que se ha de procurar es que una norma no perjudique a la parte más vulnerable».

Oltra ha afirmado que «hacen falta politicas coordinadas entre el Estado, comunidades autonómicas y locales. Hay que perseguir las mafias, abordar las políticas migratorias, de igualdad educativa sobre el fomento de la libertad sexual en un ámbito en el que la sexualidad no es una cuestión de tener lo que uno desea, y atender a las mujeres que están en situación de explotación sexual… buscar alternativas. Hay estudios prestigiosos que muestran que las políticas punitivistas perjudican especialmente a las mujeres que son víctimas de la explotación sexual al ejercer la prostitución».