Apoyen la moción en defensa de las trabajadoras sexuales, apoyen la total despenalización del trabajo sexual

https://www.change.org/p/nus-national-executive-committee-support-the-motion-to-stand-up-for-sex-workers-support-full-decriminalisation-of-sex-work

Dibujo

Lauren Tapp Edinburgh, Reino Unido

 

Estimado Comité Ejecutivo Nacional del NUS,

Nosotros, los abajo firmantes, les rogamos que apoyen la moción que insta a la National Union of Students (NUS) a apoyar a las estudiantes trabajadoras sexuales defendiendo la total despenalización del trabajo sexual. La evidencia que respalda esta moción está informada por una extensa investigación académica y, lo más importante, por las experiencias vitales de las trabajadoras sexuales que son las mejor situadas para saber qué medidas son precisas para mejorar sus vidas. Nos unimos a otros expertos, tanto trabajadoras sexuales como investigadores y expertos legales de todo el mundo, y urgimos a la NUS a secundar las decisiones del SCOT-PEP, la Sex Worker Open University, el English Collective of Prostitutes, la Organización Mundial de la Salud, la Campaña Mundial contra el SIDA, la Comisión Global sobre VIH y Legislación, el Royal College of Nurses, el Gobierno de Nueva Zelanda, la Corte Suprema de Canadá, ONU Mujeres, la Campaña de Mujeres de Escocia del NUS y la Campaña de Estudiantes Discapacitados del NUS, y defender la despenalización del trabajo sexual como un enfoque crítico basado en la evidencia que garantiza la seguridad, la salud y los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Un extenso cuerpo de evidencia científica obtenida en Canadá, Suecia y Noruega (países en los que los clientes y las terceras partes son penalizados) y en el resto del mundo demuestra claramente que las leyes penales que persiguen la industria del sexo tienen abrumadoras consecuencias negativas para las trabajadoras sexuales, tanto desde el punto de vista social, como desde el sanitario y de derechos humanos, incluyendo un aumento de la violencia y el abuso, del estigma, de la incidencia de VIH y la imposibilidad de acceder a protecciones críticas de tipo social, sanitario y legal. Estos daños afectan de forma desproporcionada a las trabajadoras sexuales marginadas, incluyendo a las de clase trabajadora, a las inmigrantes, indocumentadas, LGBT, de color, incapacitadas y de calle, que afrontan las mayores tasas de violencia y asesinatos en nuestro país. Por contraste, en Nueva Zelanda, desde la aprobación de una ley que despenalizó el trabajo sexual en 2003, los investigadores y la propia evaluación del gobierno han documentado acentuadas mejoras en la seguridad, la salud y los derechos humanos de las trabajadoras sexuales.

 

Aunque algunos miembros de la NUS pueden opinar que esta moción es un tema demasiado específico para ser tratado en el Comité Ejecutivo Nacional y debería ser relegado a la Campaña de Mujeres, nosotros alegamos que este punto de vista está condicionado por suposiciones racistas, heteronormativas eufemistas y cis-sexistas que la NUS proclama combatir activamente. Como hemos observado, las trabajadoras sexuales a menudo se significan en la totalidad de las campañas de liberación que la NUS organiza y, ciertamente, las trabajadoras sexuales que actúan así son las que más riesgo tienen de sufrir agresiones policiales y violencia de Estado.

 

Las trabajadoras sexuales son dejadas a un lado, ignoradas y silenciadas por aquellos que una y otra vez manifiestan en los debates ser quienes más saben de su seguridad, bienestar y elección laboral, y pedimos que la NUS no siga ese dañino y peligroso camino.

 

Aquí está el enlace a la moción:

https://docs.google.com/…/1Fg4G_G63EPz65ZPkO9xR0kMdgH…/edit…

La futura Ley de Seguridad Ciudadana vulnera derechos fundamentales de las trabajadoras del sexo

NOTA DE PRENSA.

Madrid, 9 de diciembre de 2014.

Plataforma por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo: “La futura Ley de Seguridad Ciudadana vulnera derechos fundamentales de las trabajadoras del sexo”

 
La Plataforma por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo, de ámbito estatal, reunida el 4 de diciembre en Madrid, se opone a la aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que implica para la ciudadanía en general un gran recorte en derechos fundamentales y libertades.

 
Además, en lo que afecta a nuestro ámbito de trabajo, el anteproyecto criminaliza al colectivo de personas que ejercen la prostitución. Desde el Gobierno se ha argumentado que se trata de una Ley que «solo”penalizaría al cliente, sin embargo, en el redactado, vemos que son las trabajadoras del sexo que captan su clientela en los espacios públicos quienes serán penalizadas de manera más severa, ya que podrán ser acusadas de desobediencia o resistencia a la autoridad, con graves consecuencias en sus vidas. Así queda explicitado enlos artículos 36.11 y 36.6.

 
Desde la Plataforma por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo denunciamos que la ejecución de este Anteproyecto se traducirá, para quienes ejercen la prostitución en las vías públicas del Estado español, en persecución y acoso, que lejos de solucionar ningún problema social, de convivencia, o de seguridad ciudadana, empeorará más si cabe las condiciones en las que se ejerce esta actividad. Contribuirá al aumento de la vulnerabilidad porque se verán obligadas a ejercer en lugares más alejados y a negociar las condiciones del servicio sexual de manera más rápida y clandestina, lo que supondrá una pérdida de control en la negociación del preservativo, el precio, las prácticas, etc.

 
Esta Ley vulnera derechos fundamentales reflejados en la Constitución de 1978 (el derecho a la dignidad art. 10, derecho a la igualdad sin discriminación de circunstancia personal o social art. 14, derecho a la libertad y a la seguridad art. 17, derecho al trabajo art. 35, derecho al progreso social y a la formación y readaptación profesional art. 40, derecho a la salvaguardia de los derechos económicos y profesionales art. 42, derecho a la salud art. 43) y, a su vez, la penalización de una actividad que no es delito en el Estado español, ya que ni ejercer la prostitución, ni solicitar servicios sexuales remunerados están tipificados como tales en el C.P. Todo esto generará un clima de inseguridad e indefensión y, por tanto, incrementará la vulnerabilidad ante cualquier tipo de violencia. Siendo, sus consecuencias, mucho más graves cuando afecten a personas que puedan ser víctimas de trata o víctimas de cualquier otra violencia machista, sobre las que el Estado tiene una responsabilidad directa.

 
Esta Ley de “Protección” de la Seguridad Ciudadana sienta las bases de la prohibición de la prostitución en el espacio público, favoreciendo solamente los intereses de los empresarios de los locales, donde las mujeres carecen de cualquier ley que proteja sus derechos, dado que no existe un reconocimiento de la prostitución como trabajo.

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Desde la Plataforma estatal por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo, reivindicamos el reconocimiento y la defensa de derechos de ciudadanía, entre ellos los derechos laborales que contribuyan a proteger a las personas que ejercen la prostitución frente a los abusos que ya sufren. Igualmente exigimos la no criminalización de su actividad, a pesar de que, recordémoslo, la prostitución no es un delito.

La plataforma por los derechos delas personas trabajadoras del sexo está conformada por:

. Ambit Prevenciò/ Ambit Dona.Cataluña. http://www.fambitprevencio.org/

. Asociación de MujeresTransexuales y Travestis Trabajadoras del Sexo en España (AMTTTSE). Málaga

. Asociación Pro Derechos Humanosde Andalucía (APDH). http://www.apdha.org/

. Asociación de Profesionales delSexo (APROSEX). Cataluña. http://www.aprosex.org/

. Associaciò en defensa dels drets de les dones- Genera. Cataluña. http://www.genera.org.es/

. Colectivo Hetaira. Comunidad deMadrid. http://www.colectivohetaira.org/

. Col.lectiu Lambda. ComunidadValenciana. http://www.lambdavalencia.org/es/

. Colectivo de Lesbianas, Gays,Trasexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM). http://www.cogam.es/

. Comité de Apoyo a lasTrabajadoras del Sexo (CATS). Región de Murcia. http://www.asociacioncats.org/

. El Lloc de la Dona. Cataluña. http://www.llocdeladona.org/es/

. Fundación Triángulo. Estatal. http://www.fundaciontriangulo.org/

. Prostitutas Indignadas. Barcelona.https://prostitutasindignadas.wordpress.com/

Declaración de la SWOU acerca de la pobreza, el trabajo sexual y el ‘modelo sueco’: “la pobreza es deshumanizadora, degradante y coercitiva”.

 

27/11/2014

 

https://www.swarmcollective.org/blog/statement-on-poverty-sex-work-and-the-swedish-model-poverty-is-objectifying-demeaning-and-coercive1

 

Ha habido recientemente una ofensiva a favor de  penalizar a los clientes de las trabajadoras sexuales. A menudo, los que están a favor de esta ley citan la pobreza como una forma de coerción que empuja a la gente a vender sexo, eliminando su capacidad de decidir. Esto, arguyen, significa que el consentimiento de las trabajadoras sexuales no es un consentimiento libre, y por tanto se debería penalizar a los clientes.

Como trabajadoras sexuales, sabemos de primera mano que la pobreza es un factor de primer orden a la hora de explicar por qué hay gente que vende sexo. Sin embargo, no podemos entender por qué la penalización de la fuente de ingresos de las personas que venden sexo se presenta como una “solución” a la coerción económica de la pobreza. Si los que hacen campaña por la penalización están preocupados porque la pobreza impide a la gente tomar decisiones libres, sugerimos que una solución real sería combatir la pobreza, no penalizar lo que a menudo es la última opción que tienen las personas para sobrevivir a la pobreza.

En consecuencia, hacemos un llamamiento a favor de:

  •  Veinticuatro horas gratuitas de guardería para todos. Muchas mujeres que venden sexo lo hacen para mantener a sus hijos, a menudo porque son madres solteras. La flexibilidad del trabajo sexual se ajusta a las responsabilidades del cuidado de los niños. Si los progenitores solteros —que son casi siempre mujeres, o personas consideradas como mujeres— pudieran disfrutar de veinticuatro horas gratuitas de guardería, dispondrían de una nueva flexibilidad para dedicarse a otro trabajo distinto del trabajo sexual. Esto ayudaría a las personas que quieren hacer la transición de vender sexo a dedicarse a otro tipo de trabajo .
  • Trabajo legal para los inmigrantes. En la actualidad, los refugiados y los inmigrantes que están a la espera de una respuesta a su petición de permanecer en el Reino Unido no tienen permiso legal para trabajar. Esto significa que cuando trabajan son muy vulnerables a la explotación, como la que supone que los empleadores no paguen el salario mínimo. Los inmigrantes que están esperando respuesta a su solicitud de permanencia reciben solo el 70% de la retribución semanal que reciben los demandantes de empleo, una cifra que les pone explícitamente por debajo del umbral de la pobreza. El gobierno del Reino Unido obliga a estas personas a vivir en la pobreza, lo que significa que las mujeres y LBGTQ inmigrantes están tomando una decisión comprensible si venden sexo. Si se permitiera a los inmigrantes trabajar legalmente —y por tanto se les ofreciera protecciones básicas, como el salario mínimo— el aumento de opciones significaría que habría menos inmigrantes que se sentirían forzados por la pobreza a vender sexo.
  • Poner fin a la brecha salarial de género en el trabajo a tiempo parcial. El 74% de los que trabajan a tiempo parcial son mujeres, y las mujeres de color y las mujeres inmigrantes (con papeles y sin ellos) tienen más probabilidades de formar parte de esta fuerza de trabajo. Las mujeres que trabajan a tiempo parcial tienen una retribución por hora un 34% menor que la de sus compañeros masculinos que trabajan a jornada completa, y estas cifras son peores para las mujeres de color, que sufren una doble discriminación. Las mujeres y las personas de color, y especialmente las mujeres de color, necesitan igual salario por igual trabajo, y la disparidad es más acusada en el trabajo a tiempo parcial. Conseguir este objetivo significaría que las mujeres que desean dejar de vender sexo podrían cambiar a otro trabajo flexible o a tiempo parcial sin sufrir una enorme e ilegal diferencia salarial, y la pobreza que ella acarrea.
  • Vivienda garantizada para todos. Muchas mujeres y personas LGBTQ, incluyendo los jóvenes, que son personas “sin techo” o sufren de precariedad habitacional, venden o comercian con sexo. Nos solidarizamos con las madres Focus E15 : ¡alojamiento social, no limpieza social! Todo el mundo debería tener acceso a una vivienda segura y asequible en consideración a la importancia de sus lazos comunitarios. Si, como sociedad, tomamos como una prioridad terminar con la falta de vivienda mediante la provisión de los recursos adecuados y el apoyo centrado en la persona (en lugar de enfoques punitivos y de una mayor criminalización de los “sin techo”), aumentaríamos las opciones de las personas “sin techo” y que en este momento venden o comercian con sexo para sobrevivir.
  • Una renta básica universal. Nuestra sociedad debería acordar un estándar de vida básico por debajo del cual no debería caer nadie. Este debería incluir la posibilidad de permitirse una vivienda, comida para uno mismo y para su familia, ropa y suficiente energía para calentar la casa y cocinar. Nosotros añadiríamos acceso al transporte público, teléfono móvil y acceso a internet, así como acceso a servicios de ocio, tales como bibliotecas y piscinas. Una renta básica universal reconocería que absolutamente todos deberían poder vivir con dignidad, independientemente de que tengan o no un empleo remunerado. Ello reconocería que una gran cantidad de trabajo fundamental —a menudo realizado por mujeres, tal como criar a los hijos, trabajo doméstico, y cuidado de los mayores— no es remunerado en la actualidad. Si toda persona en el Reino Unido tuviera derecho a una renta básica universal, nadie se vería empujado por la absoluta pobreza a vender sexo.

Si alguna de estas políticas —o todas ellas— se implementaran, habría menos personas que se verían forzadas por la pobreza a vender sexo. Al dar a las personas que venden o comercian con sexo opciones adicionales, estas políticas tratan a las trabajadoras sexuales de forma respetuosa, como personas que conocen mejor que nadie sus propias vidas. Esto es lo contrario del enfoque de penalizar a los clientes, que es una política punitiva, paternalista y simplista, que no proporciona nuevas opciones, y que intenta arrastrar a las personas fuera del trabajo sexual con la amenaza de una pobreza renovada (¿qué otra cosa significa penalizar nuestra fuente de ingresos?) y un empeoramiento de las condiciones de trabajo.

El repetido argumento de que “no es la pobreza la que crea la prostitución, sino la demanda de los hombres” sitúa el problema no en la pobreza, sino en el hecho de que algunas personas responden a la pobreza vendiendo sexo. Cuando estos argumentos son dirigidos a favor de las leyes de “poner fin a la demanda”, identifican la “prostitución” como el problema que debe ser abordado, dejando al margen la pobreza. En tanto que una persona no venda sexo, su pobreza es aceptable para estos activistas. Pues bien, nosotras, como trabajadoras sexuales, tenemos una objeción moral que hacer a la pobreza. La pobreza es deshumanizadora, degradante y coercitiva. Una sociedad que acepta la pobreza o considera que la pobreza es inevitable no respeta a las mujeres. La pobreza es una forma de violencia, una violencia que afecta de forma desproporcionada a los marginados. La pobreza no puede ser considerada un lugar seguro.