La familia española, la industria del sexo y las “migrantes”

 

Por Laura Mª Agustín

2005

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(…)

Un elemento fundamental sobre el que se basa esta reacción generalizada tiene su raíz en el supuesto de que el cuerpo de la mujer es sobre todo un objeto sexual indefenso. Según esta idea, las experiencias y los órganos sexuales de las mujeres son elementos esenciales de su “autoestima”. No se puede decir lo mismo sobre el cuerpo masculino, donde es el pene lo que significa su masculinidad: el falo poderoso. En el caso de la mujer es mucho más que su vagina; pareciera que sean varios órganos internos y que en vez de tratarse de un poder se trate más bien de una vulnerabilidad. Esta imagen es una construcción no muy antigua, ya que durante la mayoría de la historia la vagina dentata (con dientes), una de las principales imágenes de la sexualidad de la mujer, dio miedo a los hombres. La nueva teoría de la disposición a ser dañado del cuerpo de la mujer sostiene que el alma o el verdadero yo es “alienado” cuando se mantienen relaciones sexuales fuera del contexto de “amor”. Luego, se dice que las mujeres quedan irremediablemente heridas por esa experiencia (Barry 1979; Jeffreys 1997). Algunas mujeres se sienten así y otras derivan placer de la labor sexual, lo cual solo significa que no existe una única experiencia corporal compartida por todos – un resultado no tan sorprendente, después de todo. La utilización del cuerpo para obtener una ganancia económica no resulta ni perturbador ni tan importante para muchas mujeres, quienes generalmente manifiestan que el primer mes de trabajo les resultó difícil y penoso pero que después se adaptaron.20 En cualquier caso, incluso las personas a las que no les gusta vender sexo dicen que es mejor que muchas otras opciones que tampoco les gustan; aprender a adaptarse a las circunstancias e ignorar los aspectos desagradables del trabajo es una estrategia humana normal. Pero el tabú sobre este tema sigue en pie.

El análisis de género que se puede hacer de esta limitación discursiva es interesante. Demos la vuelta a esta situación e imaginémonos qué pasaría si se pensara que fueran los hombres en grandes números quienes usaran el trabajo   sexual como estrategia para entrar en Europa y obtener buena paga (vendiendo servicios a hombres, mujeres o transexuales). ¿Se consideraría tal estrategia como tragedia, o más bien como acto pragmático e incluso creativo por parte de personas que carecen de muchas opciones? El hecho de que los hombres y las transexuales que venden servicios sexuales casi siempre están excluidos no sólo de los abordajes trágicos sobre el “tráfico” sino también de los discursos convencionales sobre “la prostitución” nos da una pista sobre la respuesta. Están excluidos los hombres porque el discurso dominante depende del género del sujeto: si no es mujer, no cabe. Están excluidas las transexuales porque el concepto de mujer del discurso dominante es biológico. Si preguntamos por la incoherencia de estas exclusiones, la respuesta es que no importa porque “son pocos” o que “es diferente”, cuando justamente ahora sabemos que no son pocos para nada las transexuales y los hombres “migrantes” que venden servicios sexuales. La supuesta diferencia es imposible de defender; todos los rasgos de placer y sufrimiento posibles en el trabajo sexual están presentes no importa si se trata de transexuales, mujeres u hombres. Quién no acepta eso está sosteniendo que hay algo esencial en la persona nacida mujer que le hace vivir la situación de manera distinta, peor, más intensa y con menos posibilidades de elegir lo que hace. Tal esencialismo depende de una visión determinista o bien de un concepto del alma o del yo de la mujer que llega a quitarle el protagonismo de su propia vida.

(…)

 

 

 

La Policía detecta 530 puntos de prostitución en Madrid en la mayor operación de rescate de la trata

La Brigada Provincial de Extranjería y las 30 comisarías de Madrid han elaborado el primer censo de pisos, locales y calles donde se esclaviza

“Solo un pequeño puñado de víctimas han decidido pensárselo, de cara a una denuncia, y tienen 90 días para tomar la decisión. Y ésta es el enorme escollo para los investigadores (y la sociedad en general) para acabar de una vez por todas con esta lacra que casi nadie quiere mirar de frente: las instancias judiciales exigen en el 99% de los casos la denuncia de la mujer.”

 

Por Carlos Hidalgo

5 de marzo de 2021

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7eQhOC89GjkJ:https://www.abc.es/espana/madrid/abci-policia-detecta-530-puntos-prostitucion-mayor-operacion-rescate-trata-202103042008_noticia.html+&cd=5&hl=es&ct=clnk&gl=es

 

La lucha contra la trata de seres humanos continúa pese a las limitaciones de la pandemia. Según ha podido saber ABC, la Policía Nacional, tras un arduo trabajo de casi dos años, ha elaborado un censo muy aproximativo que cifra en, al menos, 530 puntos de distinto tipo donde se practica la prostitución en Madrid. Se diferencia entre clubes, calle y pisos; estos últimos son los más numerosos en la actualidad. Y los más difíciles de controlar, habida cuenta de la falta de recursos legales (que los investigadores no se cansan de reclamar a las autoridades judiciales y políticas competentes), algo de lo que son perfectamente conocedoras las decenas de mafias que se dedican a explotar a mujeres.

El dispositivo especial ha estado comandado por la Brigada Provincial de Extranjería, con la colaboración de las 30 comisarías (18 de distrito y 12 de ciudades del extrarradio) existentes en la Comunidad. El censo es el que se ha utilizado para visitar los 530 puntos en una sola jornada, en un despligue sin precedentes, y contactar con más de 800 mujeres, presuntas víctimas, para ofrecerles la oportunidad de colaborar en la labor contra la trata de seres humanos.

Las inspecciones, en las que no se pudo entrar en los domicilios, se trabajaron la jornada del 18 de febrero desde las diez de la mañana hasta las 12 de la noche. Participó un centenar de agentes de la Brigada y alrededor de 180 de la treintena de comisarías. Además de ofrecer ayuda a las chicas (los agentes acudieron con miembros de seis asociaciones que se dedican a ayudarlas a salir de ese infierno), la idea es también la de afianzar la localización de esos lugares, si cambian y dónde a las mujeres, y comprobar, ya para actuar judicialmente, si los titulares de los inmuebles conforman grupos organizados, explican a este diario fuentes policiales.

Por sectores, el censo se divide así: pisos donde se ejerce la prostitución, 330; clubes, 180, y 20 puntos callejeros. Esta triste realidad se da en absolutamente todas las zonas de Madrid, aunque, en cuanto a las viviendas (también hay chalés, sobre todo a las afueras), destacan los distritos de Centro, Tetuán, Latina, Puente de Vallecas y Carabanchel. Los locales de alterne se ubican, principalmente, además de en barrios de la capital (Centro, Castellana, Valdeacederas, Azca…), en Getafe, Leganés, Coslada, Móstoles, Alcalá y Torrejón; es decir, en la zona sur y el Corredor del Henares. Y, en cuanto a la calle, persiste la presencia de estas mujeres (aunque en menor medida por la pandemia y porque en los pisos están más controladas y les salen más rentables a las mafias, por lo que se ha producido un trasvase) en las zonas conocidas y habituales, como la Casa de Campo, Marconi, Gran Vía, Ballesta, Desengaño, Montera... Entre las más de 800 mujeres contactadas, había desde latinas (sobre todo, paraguayas, colombianas, venezolanas…) a rumanas y nigerianas, principalmente. También se intervino en algunas viviendas de Chueca, donde había chaperos y transexuales ejerciendo.

Trabas judiciales y amenazas

Solo un pequeño puñado de víctimas han decidido pensárselo, de cara a una denuncia, y tienen 90 días para tomar la decisión. Y ésta es el enorme escollo para los investigadores (y la sociedad en general) para acabar de una vez por todas con esta lacra que casi nadie quiere mirar de frente: las instancias judiciales exigen en el 99% de los casos la denuncia de la mujer. Algo muy difícil de conseguir si se tienen en cuenta las amenazas y palizas que sufren si abren la boca. La mayoría de las coacciones consisten en hacer daño a sus familiares en sus países. Hay algunos de estos parientes que incluso pasan de la situación de sus hijas y prefieren que se ‘ganen’ así la vida siempre que les llegue parte del dinero. En el caso de las nigerianas se añade el tema del vudú: rituales que siguen en su país para lanzarles una especie de maldición. En cuanto a las rumanas, muchas son víctimas de sus ‘loverboys’, sus supuestos novios que realmente lo que hacen es encandilarlas para que se dediquen a la calle y vivir de ellas sin dar palo al agua.

Uno de los edificios visitados fue el conocido burdel vertical de Delicias, 127 (el número 133 lleva años clausurado tras una operación de la Brigada de Extranjería), donde hay 16 viviendas dedicadas a la prostitución y un local comercial de «masajes no terapéuticos», según reza textualmente. En el momento en que llegó la Policía, había 30 chicas y cinco de los inmuebles vacíos. En los otros se repartían, por nacionalidades, nigerianas, paraguayas, chinas, colombianas…En otro club había más de 20 mujeres. Son solo algunos ejemplos. Uno de en los que se entró fue el La Copa del Veo Veo, un ‘showgirl’ de la calle de Bravo Murillo, número 360.

Mínimo de 10 millones al mes

Un cálculo rápido y bastante por lo bajo de lo que pueden sacar las mafias en esos 530 puntos de prostitución en Madrid ascendería a 10 millones de euros mensuales, y eso que ahora la situación está a la baja por las restricciones derivadas del Covid. En los 330 pisos, los réditos pueden ser de 120.000 por cada uno, lo que deja una media de al menos 4 millones; en los 180 clubes, más de 3,6 millones; y en las calles, un mínimo de 2,5 millones (ahora hay unas 40 chicas en Marconi; 50 en Centro, y entre 30-40 en la Casa de Campo, a unos 25 euros el servicio completo).

En cuanto al ‘modus operandi’ de estas organizaciones criminales, se han descubierto los siguientes. En el caso de los locales de alterne, están más de capa caída también porque las visitas policiales se hacen con la Inspección de Trabajo, y van a comisión.

Los pisos tienen dos maneras de funcionar. Por un lado, las que trabajan de una manera más o menos libre, con el tipo que alquila la vivienda a unos 500 euros al mes y divide la renta entre la media de cuatro chicas que suelen estar en él. Les exige unos 100 euros al día por sus servicios y, si ellas sacan más, se quedan el resto. Esto en puridad no puede considerarse trata, explican fuentes policiales.

Deudas de 70.000 euros

Luego están las viviendas en las que claramente permanecen obligadas. Tienen que pagar una deuda y las cambian de inmueble cada 21 días, para no quemarlas de cara a los clientes habituales. El dinero inicial que les pueden exigir es de unos 30.000 euros, pero que luego las mafias van engordando hasta los 60.000 o 70.000. Las muchachas jamás llegan a ver un euro. Las nigerianas, por ejemplo, son las peores; incluso se produce un relevo generacional de las ‘mamis’ (las que las custodian) y las prostitutas más expertas las sustituyen y son incluso más salvajes pese a haber estado sometidas.

En cuanto a las calles, cada grupo controla una esquina, un tramo, una rotonda, y hasta obligan a las esclavas pagar un canon semanal por ejercer. Las tarifas son las más baratas, de entre 10 y 30 euros en Marconi, dependiendo del físico, el servicio y las condiciones en que se dé (hay quien pide, por ejemplo, hacerlo sin utilizar protección, en una suerte de ruleta rusa).

Ante semejante panorama, las trabas burocráticas, la capacidad de movimiento de estas mafias y la indefensión de las víctimas, el trabajo policial continúa a tope. Una buena solución legal sería, por ejemplo, que a los pisos donde ocurre esto se les retire la calificación de uso de vivienda.

 

Claves del operativo

Principales distritos. Están por toda la capital, dividida en 21 demarcaciones, pero destacan Centro, Tetuán, Latina, Puente de Vallecas y Carabanchel.

330 viviendas. Son tanto pisos como chalés; estos últimos, ubicados normalmente en las afueras. Los domicilios son los puntos más numerosos.

Principales ciudades. En cuanto a municipios, sobresalen Getafe, Leganés, Coslada, Móstoles, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.

180 clubes. Aunque están de capa caída, todavía persisten en Centro, Valdeacederas, Castellana, Torrejón, Alcalá y alguno en Azca, además de los de carretera.

Nacionalidades. Hay muchas latinas (paraguayas, venezolanas, colombianas), chinas, rumanas y nigerianas, sobre todo.

20 puntos callejeros. Gran Vía, Ballesta, Montera, Marconi,Casa de Campo…

Trabas legales. Jueces y fiscales exigen en el 99% de los casos la denuncia de la víctima para actuar.

 

“Nos niegan derechos por el hecho de ser putas y mantenernos encima de los tacones”

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) ha llevado a cabo acciones por la capital hispalense para conmemorar el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales

 

Carmen Marchena

4 de marzo de 2021

https://www.lavozdelsur.es/ediciones/sevilla/prostitucion-nos-niegan-derechos-por-ser-putas-y-mantenernos-encima-de-los-tacones_256775_102.html

 

María José Barrera (Colectivo de Prostitutas de Sevilla) en el encuentro por el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales en la Alameda de Hércules. JOSÉ LUIS TIRADO

 

El 3 de marzo de 2001, más 25.000 trabajadoras sexuales acudieron a un festival en Calcuta (La India), a pesar de los grupos prohibicionistas, para reivindicar sus derechos laborales como ciudadanas. Desde entonces, cada 3 de marzo, se celebra el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales. 20 años después, este colectivo sigue sin tener reconocidos sus derechos como cualquier trabajador/a y continúa fuertemente estigmatizado por la sociedad.

“Si las putas de países no tan privilegiados como el nuestro salieron a la calle pidiendo derechos en situaciones muchísimo peores, será porque vivir sin derechos no es vida”, exclamaba ayer María José Barrera, la portavoz del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) en mitad de la Alameda de Hércules de Sevilla. Las trabajadoras sexuales organizadas, o como ellas mismas se llaman con orgullo “las putas organizadas”, convocaron varias acciones para informar sobre su situación y exponer cuáles son sus peticiones, con el fin de generar empatía para que se las ayude a conseguir “los mismos derechos que el resto de personas como ciudadanxs de pleno derecho”.

María José, ataviada con su camiseta de “Sin trabajadoras sexuales no hay feminismo”, expuso la cruda realidad a la que se han enfrentado miles de trabajadorxs sexuales durante el confinamiento. “En el último año hemos sido ignoradas tanto por el Gobierno como por el resto de las instituciones, no hemos accedido al Ingreso Mínimo Vital ni a ningún tipo de ayuda, a pesar de nuestro trabajo”, revela su manifiesto. El círculo alrededor de Barrera se hizo cada vez más numeroso, pero siempre guardando las distancias de seguridad. “Mientras las mujeres vivan en un sistema capitalista y patriarcal, seguirán viéndose abocadas a ejercer la prostitución”, espetaba elevando el tono con una aclaración: “Somos pro derechos, no somos regulacionistas. Estamos luchando por los derechos laborales, no estamos engañando a nadie”.

María José durante su intervención previa a las acciones. JOSÉ LUIS TIRADO

Durante su exposición aprovechó para agradecer el apoyo “cada vez mayor”, ya que “somos conscientes de que no resulta fácil acercarse a un colectivo como el nuestro, cuando ni siquiera las putas pueden dar la cara precisamente por la violencia que recibimos al exponer nuestra realidad”. Seguidamente clamó por “la protección real para las víctimas de trata” y por “alternativas efectivas para las compañeras que quieran dejar la prostitución”. En este sentido, la portavoz del CPS manifestó que “las putas no queremos salvaoras, queremos derechos reconocidos y no vernos abocadas a ejercer la prostitución, para que nadie tenga que venir a salvarnos”, en alusión a la “industria del rescate”.

En el manifiesto también denuncian que “el proyecto de Ley Orgánica de Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad quiere perseguirnos a través de la clausura de nuestros espacios de trabajo, incluyéndose en esta ley la tercería locativa (que prohibiría que un tercero se lucre del trabajo de las prostitutas), el llamado proxenetismo no coactivo, que no podamos trabajar en clubs y agencias, o incluso que quien nos lleve en taxi a trabajar pueda llegar a ser considerado nuestro ‘proxeneta’, y por supuesto a través de la Ley Mordaza, con multas a aquellas que trabajen en la calle”.

Minutos antes de salir a la pegada de pegatinas y la colocación de paraguas rojos por monumentos históricos de la ciudad, María José insistió en que “nos niegan derechos por el hecho de ser putas y mantenernos encima de los tacones”. E ilustró con firmeza: “Nosotras hemos decidido dónde ponemos el coño en esta mierda de patriarcado y lo cobramos”. Porque no solo hay mujeres que quieren dejar la prostitución, advirtió, “también las hay que quieren dejar de limpiar casas y de cuidar a domicilio, porque estamos hartas de trabajos feminizados de mierda”. Finalizó su exposición con una llamada a la acción: “No acordaros de las putas para el victimismo, sino preguntémonos qué podemos hacer por ellas, ¿o es que alguien se preocupa por lo que comemos o en qué condiciones están nuestros lugares de trabajo?”. Además de criticar la desprotección que implica no tener derechos laborales de cara a la sanidad pública.

Colocación de la pancarta en la muralla frente al Parlamento andaluz. JOSÉ LUIS TIRADO

La noche terminó con la colocación de una pancarta en la muralla de la ronda frente al Parlamento de Andalucía con el lema: “Putas con derechos”. Para el 7 de marzo tienen prevista una acción estatal en redes con las fotografías de todos los monumentos históricos retratados con paraguas rojos para reivindicar los derechos de todas las personas que “ejercen el trabajo sexual y transgreden la norma social”.

Asimismo, los objetivos que proponen desde los colectivos pro derechos de trabajadoras sexuales en su manifiesto son, además de conseguir los derechos sociolabores como cualquier ciudadana o ciudadano, “frenar todas aquellas medidas punitivas que quieren acabar con nuestro trabajo; eliminar los artículos 187.2 y 187 bis del proyecto de ley (tercería locativa y proxenetismo no coactivo); la derogación de todas las ordenanzas municipales que las criminalizan, así como los preceptos de la ley mordaza que nos persiguen; el cese de redadas persecutorias contra las compañeras migrantes para tramitar órdenes de expulsión, así como su acceso a la salud y empadronamiento, y la protección real y efectiva (protección, asilo e indemnización) para las víctimas de trata, y que estas no sean instrumentalizadas”.

 

Para la Justicia española, prostitución es trabajo, no trata ni violencia de género

¿Cómo acredita el tribunal que las prostitutas del Scándalo eran trabajadoras de los clubes de alterne?

La Audiencia de Málaga condena a dos años y dos meses de prisión al propietario y al administrador de tres burdeles

 

Por J.J. Madueño

Málaga, 28 de febrero de 2021

https://sevilla.abc.es/andalucia/malaga/sevi-como-acredita-tribunal-prostitutas-scandalo-eran-trabajadoras-clubes-alterne-202102281732_noticia.html

 

Local cerrado en La Carlota (Córdoba) – R. del Almodóvar

 

A la veintena de procesados en el «caso Scándalo» les llegó a pedir la Fiscalía un total de 4.000 años de prisión por un rosario de graves delitos. Sin embargo, la sentencia emitida por la Audiencia de Málaga sólo considera probado ilícitos contra los derechos de los trabajadores. Por esto, sólo impone condenas de dos años y dos meses de prisión al propietario de los locales en Málaga y La Carlota (Córdaba), así como Las Estrellas de Torremolinos. Al mismo tiempo se impone la misma pena al administrador de los negocios y se desvela la compra de dos burdeles más en Málaga y Santa Fe (Granada), para derribarlos y construir un «hotel» y un «hostal», que es lo que defendieron en el juicio que eran los tres prostíbulos cerrados.

La Audiencia de Málaga sólo se ha conseguido probar que existía una relación laboral encubierta entre las meretrices y los gestores de los tres burdeles. «Todas las mujeres que ejercían la prostitución lo hacían bajo la dependencia y relación laboral encubierta con los responsables de los clubes, insertándose en la organización de trabajo impuestas por los mismos». Comienza

Imposición de horarios y precios

La acusación comienza a probar que las chicas eran empleadas de los clubes porque existía una imposición de horarios de trabajo. Este venía a coincidir con el horario de apertura de los locales. Del mismo modo, las chicas no eran libres para decidir cuáles eran los precios por sus servicios sexuales. Eran los gestores de los clubes los que decidían el coste de los «pases» y también cuánto debía pagar el cliente por las consumiciones a las que eran invitadas las prostitutas. El burdel se llevaba el 50 por ciento.

Los precios de las relaciones sexuales los decidía el club atendiendo al tiempo de duración del encuentro (media hora, una hora…). «Tratándose de precios preestablecidos por los responsables de los clubes, de carácter fijo y estandarizados, sin que por parte de las mujeres pudieran solicitar cantidades distintas», afirma la sentencia.

Control de ingresos

Los clubes llevaban un control de los ingresos de las meretrices por las invitaciones de los clientes, que pagaban más si la copa era para una de las prostitutas. Estas invitaciones en la barra de los burdeles se controlaban por tickets, tarjetas y fichas, que eran entregadas por los camareros a las mujeres (tickets y fichas), o bien eran pasadas por los camareros si el pago era con tarjeta. Al final de la noche, los camareros o las «mamis» (encargadas de las prostitutas) daban a las mujeres la parte proporcional que le correspondía por las consumiciones a las que habían sido invitadas.

Obligación de pagar la «plaza»

Los responsables de los Clubs imponían el gasto diario que tenía que ser abonado por la «plaza», que se pagaba para poder ejercer la prostitución en estos locales. La «plaza» se debía pagar con el primer servicio sexual que se realizaba esa jornada, debiendo pagarse dicha cantidad diariamente, aunque no se acudiese al local a trabajar o no se tuviese ningún cliente al final del día.

Suministro de sábanos y preservativos

Las meretrices debían abonar los gastos derivados del uso de sábanas y preservativos, que suministraba el club antes de que la relación sexual se produjera. El importe del «kit» de sabanas y preservativos eran entregados a las mujeres por encargadas de los locales antes de cada servicio.

Análisis sanitarios

Las mujeres tenían obligación de someterse a analíticas periódicas para la detección de enfermedades de transmisión sexual. Exámenes que eran realizados por los médicos y analistas designados por los responsables de los clubes, no resultando acreditado de una manera cierta e indubitada, si eran las mujeres las que pagaban los análisis, o era el Club. En los registros de la Policía Nacional a los tres burdeles se encontraron facturas de clínicas de exploración o de servicios de radiología.

Casting de meretrices

Los encargados eran quienes decidían quién entraba en sus locales, tanto clientes como meretrices. Eran los que seleccionaban los clientes y a las prostitutas, que tenían que pasar requisitos como analíticas limpias. Para las mujeres se establecía un sistema de rotación entre los tres burdeles, pero principalmente entre los Scándalo de Málaga y La Carlota. Los condenados eran los que decían a que local tenían que ir a trabajar.

Sin derechos laborales

La prostitución se ejercía en condiciones que mermaban los derechos laborales de las mujeres, existiendo un aprovechamiento de la debilidad que representaba la circunstancia de estar trabajando en situación de irregularidad administrativa, y sin permiso de trabajo. Las prostitutas no tenían contrato de trabajo, ni seguros médicos, ni tampoco estaban dadas de alta en la Seguridad Social. Eso a diferencia del resto del personal que trabajaba en los locales, como camareros, seguridad personal de limpieza, cocina, encargados, que sí que estaban dados de alta en la Seguridad Social.

 

¿Qué derecho(s)? Las prostitutas y trabajadoras del sexo como actoras colectivas

 

Por GESP el 25 noviembre, 2020

25/11/2020 – María Martínez (UNED)

https://blogs.uned.es/gesp/trabajadoras-del-sexo-como-actoras-colectivas/

 

  • ¿Qué derechos va a demandar quien ni siquiera es considerado sujeto? ¿Es pensable que quien es negado como sujeto reclame derechos?
  • Los procesos de negación de la condición de sujetos y ciudadanas, incluso de humanas, de las prostitutas me hace plantear si el primer derecho a demandar no debe ser el mismo derecho a existir, el derecho mismo a tener derechos. Eso no es algo, sin embargo, que tenga que ser concedido por otros, sino que estas prostitutas y trabajadoras del sexo, con su mera auto-organización colectiva y su presencia en el espacio público, están obligándonos a reconocerlas como sujeto de derechos.

 

En agosto de 2018 se inscribe en Barcelona el sindicato OTRAS (Organización de TRAbajadoras Sexuales). Su constitución provocó un revuelo en el gobierno y buscó por todos los medios la forma de anularlo. Así, y tras sólo 3 meses después de su inscripción oficial, sus estatutos fueron invalidados por la Audiencia Nacional. Era la primera vez que se registraba en España un sindicato de trabajadoras sexuales de ámbito estatal. Ahora bien, no era la primera sección sindical ni la primera organización de prostitutas y trabajadoras del sexo en este país. De hecho, unos meses antes, en mayo del mismo año, se había constituido en Cataluña una sección sindical de trabajadoras y trabajadores sexuales dentro del sindicato Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). Y desde la década de 2010, trabajadoras del sexo y prostitutas han venido conformando en España organizaciones propias: AFEMTRAS (Agrupación Feminista de Trabajadoras del Sexo) en Madrid; Aprosex, Putas Indignadas y Putas Libertarias del Raval en Cataluña; Colectivo de Prostitutas de Sevilla; o el colectivo Caye, formado por trabajadores sexuales, en Asturias. La novedad está, entonces, en la auto-organización de las prostitutas, pues desde 1995 con la constitución de Hetaira (Colectivo en Defensa de los Derechos de las Trabajadoras del Sexo) en Madrid, o más tarde, ya en los años 2000, la creación de CATS (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo) en Murcia, o de Genera en Barcelona se venía constituyendo una red de apoyo a este colectivo. En parte fueron esas redes de apoyo las que propiciaron primero algunas acciones colectivas (en Montera la primera manifestación de prostitutas se organizó ya en 2003 y probablemente ha habido más que no están registradas), y han servido de apoyo para la ahora auto-organización de las trabajadoras del sexo.

Las teorías de los movimientos sociales tendrían mucho que decir sobre la organización autónoma de este colectivo, pero han estado silentes, al menos en nuestro país; lo mismo sucede con la movilización en general de las mujeres (Martínez, 2019), especialmente las situadas en los márgenes (víctimas, trabajadoras del hogar, mujeres racializadas…) y de otros colectivos subalternos[1]. La primera pregunta que desde los estudios de los movimientos sociales nos podemos hacer es: ¿por qué ahora la organización de prostitutas y trabajadoras del sexo? ¿por qué no hace 10, 20 ó 30 años? Esta pregunta tiene, además, su sentido si analizamos cómo a nivel internacional la organización de prostitutas y trabajadoras del sexo tiene más largo recorrido —recordemos la ocupación de iglesias por prostitutas que comenzó en Lyon (Francia) en 1975 y se extendió por ese país— y ha sido analizada en varios trabajos (por citar algunos: Mac y Smith, 2020; Mathieu, 2009; Osborne, 1991; Pheterson, 1989). Así, Lilian Mathieu (2009) hace uso de la Teoría de la Movilización de Recursos para explicar por qué el movimiento de prostitutas surgió en Francia en 1975 y concluye que en ese momento consiguieron acumular los recursos políticos —conocimiento práctico de las formas de la protesta, los canales de comunicación con las autoridades o los medios de comunicación, etc.— gracias, en parte, a las redes que habían desarrollado, lo que les permitió organizarse y empezar a actuar colectivamente. Y esos recursos fueron eficaces incluso ante una Estructura de Oportunidades Políticas, como afirma también Mathieu, cerrada. Esta explicación es plausible para el caso de España. Por poner un ejemplo, el colectivo AFEMTRAS surge precisamente en reacción a la conocida como Ley Mordaza (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana), contra las multas que la policía les estaba imponiendo auspiciada bajo esa ley y un movimiento abolicionista de la prostitución con una creciente proyección pública —esto se podría considerar una Estructura de Oportunidad Política cerrada—. En este contexto el papel de algunas organizaciones de apoyo a las prostitutas, en concreto de Hetaira, fue clave para acumular esos recursos políticos y apoyar su auto-organización.

La segunda pregunta común cuando se analizan movimientos sociales suele ser: ¿cuáles son sus demandas? Y, junto a ella, ¿qué vías de reclamación (repertorios de acción) se utilizan? Aunque las propuestas de las organizaciones de prostitutas y trabajadoras del sexo son diversas, dos podemos indicar cómo las grandes demandas: la despenalización del trabajo sexual impidiendo que se multe, y por supuesto que se castigue penalmente, a las personas que ejercen la prostitución; y, el reconocimiento del trabajo sexual en sus diferentes formas como trabajo. La primera gran demanda se concretaría en la derogación de leyes y normativas que criminalizan a las personas que ejercen la prostitución, entre otras las ordenanzas municipales que tan impacto negativo han tenido (Bodelón y Arce, 2018). La segunda —reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo— implicaría el reconocimiento de derechos laborales. Aquí es donde las divergencias comienzan: algunas organizaciones (OTRAS) apuestan por diferentes modos de regulación laboral (por cuenta propia, por cuenta ajena), mientras que la sección sindical de la IAC tiene una postura más radical y sólo considera el trabajo realmente autónomo (para un debate sobre esta cuestión se puede consultar el siguiente vídeo). A pesar de esas divergencias, en un manifiesto firmado por la totalidad de las organizaciones de trabajadoras del sexo indicadas se afirmaba: “Lo que queremos y necesitamos es un modelo basado en el reconocimiento de derechos y la plena participación en el diseño de las políticas que nos afectan. Sólo los derechos garantizarán que podamos defendernos de los abusos.” (manifiesto consultable aquí). Así, se está de acuerdo con que, en nuestras sociedades de ciudadanía laboral, de los derechos laborales dependen otros muchos en cascada: derechos sociales, derecho a una jubilación, derecho a paro, derechos sanitarios, derecho a la vivienda, derechos a un ingreso mínimo, etc. A estas demandas se suman otras como la distinción entre prostitución y trata con fines de explotación sexual y desarrollo de programas de atención específicos para las personas tratadas, la derogación de la ley de extranjería pues muchas prostitutas y trabajadoras del sexo son extranjeras viéndose afectadas de manera particular, y la concienciación social sobre el estigma que sufre quien ejerce la prostitución (Juliano, 2004).

Los repertorios de acción que usan para articular sus demandas no difieren mucho de los puestos en marcha por otros movimientos sociales: manifestaciones, concentraciones, performances, lobby político, talleres de sensibilización, participación en foros institucionales, el mantenimiento de la apertura de los clubes ahora que se ha pedido su cierre en tiempos de pandemia, etc. En el caso de las organizaciones que han tomado la forma de sindicatos, como OTRAS, a esto se une el trabajo sindical común: negociación y mediación entre trabajadoras y empresarios, la mejora de las condiciones laborales especialmente en trabajos por cuenta ajena. Pero hay un tipo de acción menos visible y quizás más comúnmente olvidado en los estudios de los movimientos sociales pues no tiene como objeto el “gobierno” o las instituciones y es la constitución misma de estas organizaciones como espacios colectivos en los que trabajar sobre el estigma que las atraviesa y apoyarse en la lucha por la supervivencia. Así, y en tiempos de confinamiento debido al covid-19, estas organizaciones han puesto en marcha, ante su exclusión de la Renta Mínima de Inserción, bancos de alimentos y recaudado fondos para ayudarse, para sostenerse, para cuidarse.

Me gustaría cerrar este texto con una última reflexión que saca el análisis de la organización y acción colectiva de prostitutas del terreno tradicional de los estudios de movimientos sociales. Es una pregunta sobre el sujeto colectivo que todo movimiento social requiere para articular demandas y desarrollar repertorios de acción. La pregunta se podría concretar en lo que sigue: ¿Qué derechos va a demandar quien ni siquiera es considerado sujeto? ¿Es pensable que quien es negado como sujeto reclame derechos? Las prostitutas y trabajadoras del sexo están permanentemente siendo expulsadas (Maqueira, 2017) —del lugar donde ejercen la prostitución, sobre todo si es la calle, de la ciudadanía-laboral pues no se les reconoce como trabajadoras, etc.—, no son nunca reconocidas como sujetos individuales y mucho menos colectivos. Como afirma Georgina Orellano, líder del movimiento de meretrices argentino: “Las consecuencias que tiene la clandestinidad y la criminalización de nuestro trabajo es que no existimos…” (extraído del muro de Facebook de la organización AMMAR el 18 de noviembre de 2020). En este marco adquiere sentido la pregunta por el “derecho a tener derechos” que he escuchado en varias conferencias sobre la auto-organización de prostitutas y trabajadoras del sexo (entre otras, esta). La primera vez que la oí vino a mi cabeza, como no, el trabajo de Arendt (2006/1951) con su discusión de la imposibilidad de conceder derechos a quien no pertenece, en su caso los apátridas, a un Estado-Nación, a quien no existe. Los procesos de negación de la condición de sujetos y ciudadanas, incluso de humanas, de las prostitutas me hace plantear si el primer derecho a demandar no debe ser el mismo derecho a existir, el derecho mismo a tener derechos. Eso no es algo, sin embargo, que tenga que ser concedido por otros, sino que estas prostitutas y trabajadoras del sexo, con su mera auto-organización colectiva y su presencia en el espacio público están obligándonos a reconocerlas como sujeto de derechos (Butler, 2017). Y ese es, por supuesto, el primer paso para su “reconocimiento como sujeto político” (Entrevista a Putas Libertarias del Raval, en la revista “Todo por hacer”, consultable aquí), como actoras colectivas.

 

Referencias

Arendt, H. (2006/1951). Los orígenes del totalitarismo. Madrid: Alianza Editorial.

Bodelón González, E., y Arce Becerra, P. (2018). La reglamentación de la prostitución en los Ayuntamientos: una técnica de ficticia seguridad ciudadana. Revista Critica Penal y Poder, 15, 71-89.

Butler, J. (2017). Cuerpos aliados y lucha política. Hacia una teoría performativa de la asamblea. Barcelona-Buenos Aires-México: Paidos.

Juliano, D. (2004). Excluidas y marginales: Una aproximación antropológica. Barcelona: Cátedra.

Mac, J., y Smith, M. (2020). Putas insolentes. La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales. Madrid: Traficantes de sueños.

Martínez, M. (2019). Identidades en proceso. Una propuesta a partir del análisis de las movilizaciones feministas contemporáneas. Madrid: CIS.

Mathieu, L. (2001). Mobilisations de prostituées. Paris: Belin.

Osborne, R. (1991). Las prostitutas: una voz propia (crónica de un encuentro). Barcelona: Icaria Editorial.

Pheterson, G. (Comp.). (1989). Nosotras, las putas. Madrid: Talasa.

Piven, F., & Cloward, R. (1977). Poor people’s movements: Why they succeed, how they fail. US: Vintage.

 

[1] Esto es algo que recorre los trabajos de movimientos sociales como ya pusieran sobre la mesa Piven y Cloward en 1977 al analizar por qué este ámbito de estudio no había analizado lo que ellos llamaban “movimientos de pobres” (movimiento de parados, de trabajadores industriales, de derechos civiles y del Estado providencia).

 

Todo por la trata, pero sin las mujeres tratadas

 

Por Patricia Simón

29 de mayo de 2019

Todo por la trata, pero sin las mujeres tratadas

 

Mientras el Estado español y los Gobiernos autonómicos enarbolan discursos en los que la protección de las supervivientes de la trata con fines de explotación sexual aparece como una prioridad, la política fronteriza española y sus acuerdos con Marruecos están dirigidos a que estas mujeres nunca pisen suelo español. Viajamos con un equipo de CEAR Euskadi a Melilla y al norte de Marruecos, paso obligado de muchas de las mujeres que migran buscando la protección de unos derechos. Solo encontrarán obstáculos y violencia. Pagados con nuestros impuestos.

 

La valla de Melilla. / Foto: Patricia Simón

 

“Las mujeres que peor llegan aquí y a España son las que vienen solas. Las que hacen el recorrido con la mafia están más protegidas porque ellas son su mercancía”, nos repiten en el norte de Marruecos varias de las personas que realizan labores humanitarias con las personas migrantes.

No podemos aclarar dónde se encuentran exactamente, ni quiénes son. El Gobierno marroquí no duda en expulsar a las voces críticas, así sean periodistas (el día en el que llegamos a una de estas ciudades acababan de deportar a un holandés que pretendía reportear sobre migraciones), o activistas por los derechos humanos (al sacerdote español Esteban Velázquez se le retiró el permiso de residencia en 2016 por sus denuncias públicas de las agresiones que sufren las personas migrantes negras en el reino alauí).

Hasta aquí todo previsible teniendo en cuenta que Marruecos sigue siendo un país regido por una monarquía parlamentaria altamente autoritaria. Más alarmante resulta que organizaciones que trabajan al otro lado de la valla, en Melilla, necesiten protegerse también bajo ese anonimato. Ha sido la conclusión a la que han llegado tras comprobar la saña con la que se ha empleado el Gobierno de la ciudad autónoma con entidades sociales como Prodein y Harraga por su trabajo con los menores que viven en sus calles, contra las que han interpuesto querellas y divulgado campañas de difamación a través de los medios de comunicación de la ciudad. El resultado: la extensión del rechazo que provoca entre gran parte de su ciudadanía a las personas migrantes y a las que defienden sus derechos.

Dado que la prioridad es poder seguir intentando garantizar los derechos de las personas migrantes en esta urbe, el resto de entidades se han decantado por desarrollar otras formas de incidencia política que no pasan por su visibilidad: sus integrantes han tenido que recuperar conocimientos y prácticas de los tiempos de la clandestinidad; y los y las periodistas aceptar que, para contribuir a que las personas migrantes vean sus derechos garantizados en Melilla, a veces, no todo se puede contar.

Por eso, esta crónica no podrá especificar muchas de las fuentes de las informaciones que contiene: porque a Marruecos no le gusta tener testigos de cómo se ejecutan –a golpe de porras e incendios– sus acuerdos con España y la Unión Europea, y porque el Gobierno de Melilla no quiere a gente en su territorio que les recuerde que el centenar de niños extranjeros que viven en sus calles son eso, niños y adolescentes; que los migrantes no son delincuentes, sino personas que ejercen su derecho a la libertad de circulación; y que el engordado presupuesto de esta ciudad de 85.000 habitantes –más de 270 millones de euros anuales–, se debe, exclusivamente, a que este resto de nuestro pasado colonial vive, se lucra y justifica su existencia misma gracias a la inmigración.

En la orilla marroquí

“El día después de que el rey Felipe VI firmase aquí el acuerdo con el marroquí [el 16 de febrero de 2019] empezó el horror. Desde entonces, la policía sube diariamente a los campamentos: los incendia, les roban las mantas y los plásticos con los que las personas migrantes se protegen del frío… Las ves cargando al caer la noche a lo alto de los montes cargados con sus mochilas”, nos dice una de las personas que mejor conocen estos pequeños poblados construidos con palos y lonas en las que hombres, mujeres, niños y niñas viven mientras consiguen subirse a una patera. Antes, también eran la antesala para el salto de la valla a Melilla, pero desde que las concertinas fueron retiradas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, del lado español y situadas en el marroquí, apenas hay cruces por esta vía.

En Marruecos, la policía sube diariamente a los campamentos donde está la población migrante y los incendia, les roban las mantas y los plásticos con los que las personas migrantes se protegen del frío, nos cuentan Clic para tuitear

“Hasta 2015, había unas 4.000 entradas por Ceuta y Melilla. Ahora estamos en decenas de miles por la vía marítima. Es el resultado de la política marroquí, europea y española que con su cierre de las fronteras terrestres ha transformado una migración que venía a pie y era gratuita, a otra en la que hay que pagar por todo y que está bajo el control de las grandes redes de traficantes, que son tanto subsaharianas como marroquíes”, nos dice Omar Naji, de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, después de atender en su austera oficina en Nador a un hombre cargado de papeles. Nos autoriza a citarle con nombres y apellidos, pese a que algunos de sus colegas han sido encarcelados por la claridad con la que esta entidad se pronuncia: “Las políticas migratorias europeas no buscan disminuir la inmigración, sino reorientarla hacia circuitos de pago”, sentencia.

Nos encontramos en uno de los enclaves más importantes de la ruta subsahariana hacia Europa y no se ve a una sola persona negra en sus calles. “Los migrantes tienen prohibida la circulación por la ciudad, trabajar, alquilar una casa, incluso entrar en un bar para comprar un café”, explica Naji, quien también ha documentado cómo, desde que en octubre de 2018 la Unión Europea prometió aumentar en 140 millones de euros la partida destinada a Marruecos para impedir la salida de pateras desde sus costas, el acoso y los arrestos en los campamentos se han extendido a mujeres, niños y niñas. “Por eso las mafias alquilaron pisos en las ciudades donde esconder a las mujeres, donde permanecen hacinadas y en condiciones deplorables. Pero ahora también allanan los pisos”, sostiene el abogado, rodeado de retratos de líderes palestinos y de Rachel Corrie, la activista estadounidense de 24 años que murió aplastada por un buldócer israelí cuando intentaba impedir la demolición de viviendas palestinas.

«Con su cierres de fronteras terrestres, la política marroquí, europea y española ha transformado una migración que venía a pie y era gratuita, a otra en la que hay que pagar por todo y que está bajo el control de las grandes redes… Clic para tuitear

Varias fuentes nos confirman que el Gobierno de Marruecos está utilizando públicamente la lucha contra la trata como pretexto para desmantelar los campamentos en los montes y las viviendas en las que las redes ocultan a las mujeres, que son detenidas y deportadas en autobuses a la frontera argelina, la más violenta de la ruta.

Mientras, la trata con fines de explotación sexual adquiere cada vez más protagonismo en la opinión pública –y publicada– en España, como parte del enconamiento de la controversia en torno a la regulación legal de la prostitución. El éxito de convocatoria de las manifestaciones y la huelga del 8M amplió la visibilidad de los discursos feministas, especialmente el abolicionista, que considera trata prácticamente todas las formas de prostitución femenina. Un momento que ha coincidido con varias convocatorias electorales y que el abolicionismo ha aprovechado para que todos los partidos políticos manifestasen públicamente su posicionamiento y se comprometiesen a implantar políticas dirigidas a su erradicación.

Un cementerio en la frontera entre Marruecos y España. / Foto: Patricia Simón

Paradójicamente, el PSOE, el único partido que siempre se ha declarado sin ambages abolicionista y que ha incluido este objetivo en su programa electoral, como cada vez que ha presidido el Gobierno estatal, ha mantenido la política de destinar cada vez mayores partidas presupuestarias –cuyas cuantías totales no son públicas– a pagar a Marruecos para sellar su frontera y, por tanto, impedir por todas las vías a su alcance que estas mujeres subsaharianas lleguen a suelo español. Pero si, pese a todo, consiguen salvar todos los obstáculos interpuestos –incluida la muerte cuando se suben a una patera–, desde la llegada del PSOE al Gobierno en junio de 2018, todas ellas serán consideradas potenciales víctimas de trata. Así nos lo confirmó durante una visita al Centro de Estancia Temporal de Melilla su director, Carlos Montero, para contrariedad de parte de las mujeres, como nos señalaron muchas de las personas que trabajan con ellas, porque no todas lo son y porque les pesa el estigma de ser vinculadas con la prostitución.

“Las mujeres vienen huyendo de sus países por distintas formas de violencia: matrimonios forzosos, mutilación genital, pobreza, persecución por razones políticas… Las redes de trata y de tráfico no coaccionan para que acudan a ellas: ofrecen un producto. Si pagas, yo te llevo. Les dan la esperanza y ellas saben que tienen que pagar un precio”, nos dicen unas defensoras de derechos humanos que las cuidan cuando, por ejemplo, pierden a sus hijas e hijos en naufragios. Recuerdan el caso de “la mujer que no salía del shock durante días. Sólo repetía: un pez se comió a mi hijo [de dos años]”.

No todas las mujeres subsaharianas son víctimas de trata

“Su cuerpo es su pasaporte, así que saben que la violación o la prostitución será el precio a pagar por cruzar fronteras, para seguir avanzando en el camino. Por eso, si vienen con la mafia para la prostitución estarán más protegidas porque son su mercancía y pasarán más rápido a la Península”, explican quienes saben bien cuáles son las consecuencias de eso que hemos llamado “política de cierre de fronteras de la Europa fortaleza”. Un concepto que encierra una decisión política, como es impedir que estas personas puedan viajar de manera normalizada, y que obliga a aquellas que no se conforman con lo que sus países y contextos les ofrecen, a convertir sus cuerpos en el campo de batalla en el que se bate esa guerra que Europa mantiene contra los extranjeros y extranjeras pobres.

Por eso, las que pueden permitírselo acuden a las redes de tráfico de personas para hacer tramos del viaje –especialmente los más virulentos, como la frontera entre Argelia y Marruecos– o su totalidad. Las que tienen, ellas o sus familias, menor capacidad de endeudamiento, lo harán a través de las redes de trata, sepan o no que la actividad mediante la que tendrán que saldar su deuda será la explotación sexual.

La abogada Cristina Manzanedo es portavoz de ÖDOS, un centro creado hace un año en Córdoba para las mujeres subsaharianas que llegan en patera con menores a las costas andaluzas. Manzanedo, con amplia experiencia en el ámbito de la trata y las políticas de extranjería, nos desgrana vía telefónica los perfiles de las mujeres que suelen llegar por esta ruta: “Hay mujeres con un proyecto muy claro de reagrupación familiar, cuyos maridos están en países como Francia, y que ante la lentitud o las barreras burocráticas para la reunificación, emprenden el viaje”. Otra de las trayectorias vitales más habituales es la apuntada anteriormente: mujeres que huyeron de sus países por distintas violencias machistas, “que creen que pueden ir fácilmente a Europa y a las que les van ofreciendo ayuda por el camino, diciéndoles que no se preocupen, que ya se lo pagarán en Europa. Creen que en Europa encontrarán techo y trabajo, pero después sólo podrán ejercer la prostitución como forma de pago”. Y también, explica, mujeres que sabían que su única forma de migrar era recurrir a la mafia y ejercer la prostitución: “Estas mujeres no van a denunciar porque están muy machacadas. Algunas han pasado por Libia antes de ir a Marruecos”. Y pretender que estas mujeres se identifiquen como víctimas de trata o que soliciten ayuda cuando llegan al puerto es muestra de desconocimiento, apunta Manzanedo.

Por eso, catorce entidades –que van, entre otras, desde el Consejo General del Poder Judicial, la Universidad Loyola de Andalucía, Save the Children, Cáritas o la Delegación Diocesana de Migraciones de Tánger– se han unido para poner en marcha este proyecto piloto de ÖDOS. Allí son trasladadas mujeres con niños y niñas, donde están quedándose, según nos confirma Manzanedo, una media de tres meses, mientras que del resto de residencias humanitarias a las que suelen ser trasladadas huyen a los pocos días.

Quizás una de las claves está en tratar a cada mujer de manera personalizada, conscientes de la diversidad de situaciones que engloban. Porque Manzanedo sigue describiendo distintas historias de vida, que van mucho más allá del maniqueo retrato de la trata: “Muchas de las mujeres no son víctimas de trata cuando llegan a Europa, sino que son personas con capacidades que quieren mejorar sus vidas. Pero como consecuencia del desamparo absoluto en el que queda una mujer negra en situación administrativa irregular, el único arropo que encuentran es el de los amigos africanos a los que terminará llamando, cayendo en una trata sobrevenida. Ejercen la prostitución forzada porque ni para servicio doméstico las queremos, que para eso están las latinoamericanas”.

Los matices son señal de conocimiento, y Manzanedo lleva décadas acumulándolo trabajando a pie de terreno. Por eso sabe que sí hay algo que tienen todas en común: “Haber sufrido algún tipo de violencia durante el viaje. Y muchos de los niños que las acompañan, violencia sexual”. Subraya que no tiene nada que ver lo que ha pasado la mujer que ha podido hacer el viaje en cuatro meses, que la que ha tardado tres años. “No hay respuesta ni protección para esa violencia de género que han sufrido las mujeres en tránsito que no es trata”, concluye.

En este sentido, Marruecos es el lugar más traumático de todo el viaje. “Desde que se llegó a los nuevos acuerdos a finales de 2018, y empezó esta persecución en los campamentos y las deportaciones a Argelia, los conductores de las redes de tráfico les dejan a 15 kilómetros de Nador para no ser pillados por la policía. Ahí les cogen taxis de otras mafias, las violan, las secuestran y llaman a sus familias para que paguen el rescate”, explican personas que trabajan sobre el terreno en el país vecino.

Por eso, cuanto más articulada y fuerte sea la mafia con la que viajan, más protegidas estarán. Unas estructuras que son resultado de las mismas políticas de cierre de fronteras y que se han ido complejizando y enriqueciendo a medida que se sofisticaban los mecanismos de control fronterizos que alimentan el negocio de la xenofobia: los radares, los infrarrojos de la valla, los vigilantes de la agencia europea de control de fronteras (Frontex)…

“Las mujeres que pueden suelen emparejarse con un hombre porque así, dicen, sólo tendrán que estar con uno y no con varios”, una figura que se ha llamado lover boy, nos explican.

Pero no siempre lo consiguen. “Algunas mujeres tienen que recurrir a la prostitución, a la mendicidad, y en las pocas oportunidades que tienen, a ser explotadas en el trabajo doméstico o cocinando, para conseguir recursos para sobrevivir y poder pagarse el viaje en patera”, nos explican. Y mientras, como nos cuenta Naji de AMDH, no son extraños los asaltos sexuales por parte de las fuerzas auxiliares, “el cuerpo paramilitar dependiente del Ministerio del Interior encargado de perseguir la inmigración. En el último informe tenemos los casos de dos mujeres”. Dos mujeres que, pese a su condición de clandestinidad en Marruecos, fueron tan valientes como para contárselo a miembros de esa organización y, en el caso de una de ellas, denunciarlo en una comisaría. Por supuesto, no se investigó.

Interior del CETI de Melilla. / Foto: Patricia Simón

Las entidades que trabajan en los campamentos donde sobreviven en los montes del norte de Marruecos nos informan de que no debemos ir porque, en un Estado policial como es Marruecos, el control es permanente, y expondríamos a las personas migrantes a mayores represalias. Nos explican que el ambiente se ha entristecido mucho en los últimos meses. Las más de mil almas que, según el registro elaborado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, murieron intentando alcanzar las costas españolas en 2018 no son una entelequia o una cifra para sus habitantes: eran sus vecinas, sus amigos y amigas, sus parejas, sus familiares. Eran quienes podían haber sido ellos y ellas, los que podrán ser: un cadáver, un número dibujado en el cemento aún fresco de un nicho en el cementerio de algún pueblo andaluz, una llamada telefónica de algún conocido a sus familias cuando se extienda el rumor en el campamento de que no llegaron, de que nunca llegarán ya.

“Ves a mucha gente con la piel en carne viva porque se han quemado con la gasolina mezclada con el agua salada en los naufragios. Cuando un grupo consigue llegar sano y salvo a la Península o cruzar la valla, hay una celebración en los campamentos. Cuando hay muertes, sólo silencio”, nos explican.

El origen de las mujeres subsaharianas que llegaron en 2018 y el primer trimestre de 2019 a territorio español son, sobre todo, de Guinea Conakry, Mali, Costa de Marfil y Camerún. Apenas llegan ya de Nigeria, el país tradicionalmente asociado a la trata con fines de explotación sexual. Y se ha notado un importante incremento del porcentaje de mujeres entre las personas migrantes que entraron en España por nuestra frontera sur: de un 7’3 por ciento en 2017 a un 17 por ciento en 2018: 10.901 mujeres, según APDHA.

Las narrativas dominantes omiten que, además de un negocio criminal, la trata es un medio para migrar para muchas mujeres. Clic para tuitear

“Los jefazos de las mafias no están en los campamentos, están en Europa o en sus países de origen. En los campamentos, siempre hay un jefecillo, que muchas veces es también una víctima de la red, es su medio para poder migrar. Los hay buenos, que cuidan y protegen a las mujeres”, explican estas defensoras de derechos humanos, arrojando grises a un discurso, el de la trata, que a menudo se construye a partir del momento en el que las mujeres llegan a los países de destino para ser explotadas sexuamente. Las narrativas dominantes omiten que, además de un negocio criminal, la trata es un medio para migrar para estas mujeres. Al dar casi todo el protagonismo a las llamadas ‘mafias’ se asume una aproximación que llevan años fomentando los Gobiernos europeos para desembarazarse de su responsabilidad en la aparición y expansión de este fenómeno.

“Las mujeres no quieren hablar de lo vivido, lo más que nos cuentan del viaje es que han sido violadas. Muchos de los niños que tienen son frutos de esas violaciones”. Por ello, algunas los rechazan cuando los paren.

En la orilla melillense

Son excepcionales los casos en los que una mujer ha conseguido acceder a suelo melillense saltando la valla en estas dos décadas de existencia. Suelen hacerlo ocultas en los bajos de los coches o en patera, como las dos embarcaciones que han llegado en 2019 a las Islas Chafarinas, territorio militar español a 50 kilómetros de Nador. Todas ellas pidieron asilo por trata tras ser rescatadas por Salvamento Marítimo, pero en cuanto se instalaron en el CETI fueron retirando las solicitudes, y sólo dos de ellas se acogieron al periodo de reflexión de 90 días al que tienen derecho para decidir si quieren solicitar asilo por su situación de trata y/o denunciar a sus responsables.

Las razones por las que no se acogen a este derecho son numerosas y diversas: por temor a las represalias contra ellas o sus familias; porque desconfían, desconocen, no les interesa o no compensa las implicaciones de un proceso judicial; porque hay un vínculo emocional con las personas que integran la red; porque consideran que, aunque el coste económico puede ser abusivo, son quienes les han prestado el servicio de traerles hasta Europa; o también, porque pagar la deuda es una cuestión de honor para ellas y sus familias. Pero también hay una razón de peso fundamental: las redes establecen un estrecho sistema de vigilancia, por lo que las mujeres siempre están siendo controladas por otros miembros de la red. Por ello, una de las personas que suelen atenderlas cuando llegan al CETI de Melilla, sostiene: “Sería tan fácil como preguntar quiénes van a ser las o los portavoces del grupo. En cuanto se postulen, habría que separarles del grupo. Resulta muy fácil saber quiénes mandan, constatar cómo todo el mundo busca con la mirada a estas personas y esperan a que sean ellas quienes se pronuncien”.

Según nos informa el director del CETI, Carlos Montero, prácticamente todas las mujeres subsaharianas que son trasladadas a la Península son enviadas a centros especializados en trata con fines de explotación sexual, pero “como les quitan el móvil cuando ingresan, se van porque eso no les gusta”. Esa fue su explicación.

Una mujer en el CETI de Melilla. / Foto: Patricia Simón

Una persona jurista especializada en esta cuestión considera que deberían aprovecharse los dos o tres meses que están pasando en Melilla estas mujeres para evitar que sigan en la red cuando sean trasladadas a la Península, pero para eso necesitarían “un espacio de intimidad y desahogo, no el CETI, donde están todas hacinadas y mezcladas”. Una entelequia para un recinto que lleva sobrepoblado desde su puesta en marcha en 1999. Su capacidad, según el Ministerio de Interior, es de 480 personas, aunque lo habitual suele ser que sobrepase la 900. En el momento de nuestra visita a finales de febrero, era de más de 1300: el 30 por ciento mujeres.

El CETI de Melilla tiene capacidad para 480 personas, aunque lo habitual es que sobrepase la 900. En el momento de nuestra visita a finales de febrero, era de más de 1300: el 30 por ciento mujeres. Clic para tuitear

Desde el pasado año, 780 hombres duermen en literas de campaña de tres alturas –con una lona haciendo las veces de colchón–, dispuestas dentro de dos gigantescas tiendas de campaña diseñadas para las emergencias humanitarias. Cuando entramos en ellas, vemos cómo muchos de ellos no tienen otra alternativa que matar tumbados en ellas las horas muertas de los meses –y hasta más de un año– que tienen que permanecer aquí antes de ser trasladados a la Península con una orden de expulsión bajo el brazo. Según un mando policial consultado, “la ocupación nunca va a bajar de 800 o 900 personas porque entonces habría que despedir a mucha gente. Cada semana el centro tiene autorización para permitir la salida de más de 200 personas. ¿Por qué, si no, la dirección sólo permite el traslado a la Península de unas 50 personas?”, nos espeta.

En cualquier caso, según Elena Fernández Treviño, responsable y única trabajadora de la Unidad de Violencia de Género del Gobierno de España en Melilla, no hay una actuación coordinada entre las instituciones de la ciudad con respecto a la trata, que no cuentan con pisos ni con casas de acogida para las mujeres afectadas por esta problemática y que los trabajadores del CETI no tienen formación específica sobre esta cuestión. También se declara impotente para actuar en este espacio porque su puesto depende de los Ministerios de Igualdad y Política Territorial, mientras que el CETI depende, paradójicamente, del Ministerio de Trabajo. Pocas evidencias mayores de que estas personas son concebidas exclusivamente como potencial mano de obra, y el espacio en el que son recluidas como un mecanismo de adoctrinamiento en la actitud sumisa que deben mantener para no ser desechados, expulsados, como desentraña en sus ensayos el investigador Eduardo Romero.

En cuanto a las presuntas víctimas de trata, según Montero, director del CETI, éstas son trasladadas a centros en Sevilla, Córdoba, Valencia y Bilbao, todos ellos enclaves destacados de las rutas de la trata en su camino al resto de Europa, a través de Francia. Especialmente esta última: “Casi todas las mujeres nos dicen que tienen un conocido en Bilbao, que quieren ir para allí”, explican en Melilla Acoge.

En Ceuta, según varias organizaciones, la mayoría de las mujeres subsaharianas tendrían sobrados argumentos para solicitar asilo, pero no lo hacen porque acarrearía quedarse estancadas en esta otra ciudad fronteriza durante meses. Esta política de castigo a los solicitantes de asilo lleva décadas aplicándose de manera irregular en las ciudades autónomas, pese a que ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y por el Defensor del Pueblo: las personas solicitantes de refugio tienen derecho a circular libremente por todo el territorio del Estado español, aunque aquí no se cumpla.

Mientras, en los puertos de Málaga, Cádiz y Almería, las mujeres que lograron llegar a la Península en patera en 2018 pasaban horas tiradas a la intemperie en los pantalanes, sin que a menudo se cumpliera con su derecho a ser informadas sobre qué iba a ser de ellas, ni recibiesen atención psicológica si habían sobrevivido a un naufragio. Las presuntas víctimas de la trata pasaban una noche tras otras tiradas en los pantalanes durante horas, muchas después de haber sobrevivido a una de las experiencias más traumáticas: cruzar un mar en una precaria lancha, sabiendo que muchos habían muerto antes así, que muchos seguirán muriendo.

Al mismo tiempo, se anunciaban y cerraban convocatorias públicas del Gobierno de España, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos para subvencionar campañas de sensibilización, talleres, cursos online, exposiciones, documentales, charlas, seminarios y películas sobre la trata con fines de explotación sexual. Se destinaban importantes presupuestos para diseñar e implementar protocolos, elaborar ordenanzas municipales, crear plazas en residencias sobre la trata con fines de explotación sexual. Sus supuestas destinatarias estaban huyendo de las porras de los policías marroquíes en los montes del norte de Marruecos, jugándose la vida en una patera, pariendo en una casa clandestina, durmiendo con su vigilante de la red de trata en el CETI, temblando de frío en las dársenas del puerto de Motril, encerradas en la sala de no admitidos del aeropuerto de Barajas, en uno de los siete Centros de Internamiento de Extranjeros que hay en España…

Las administraciones están mucho más volcadas en generar discurso contra la trata y la prostitución que en combatir sus causas: la desigualdad, el racismo, el colonialismo y las fronteras. Clic para tuitear

Y las que consiguen salir de la red –ya sea cuando han pagado la deuda que les exigen, o porque han conseguido huir– lo que necesitan para empezar a recuperarse física y psicológicamente, y empezar a construirse una vida, es un mínimo de estabilidad: un lugar tranquilo en el que estar, un permiso de residencia –al que supuestamente tienen derecho por ley, pero que no siempre se les concede–, y un puesto de trabajo. Pero para esto, las administraciones no suelen destinar presupuesto. Quizás sea porque es más cómodo pensar, desde una visión paternalista y salvadora, en eternas víctimas con un pasado terrible por la prostitución, que como supervivientes de un continuum de violencias –muchas de ellas institucionales– con todo un futuro por construir. Porque, como dicen en Fundación Amaranta Gijón, una entidad con dos décadas de experiencia trabajando con mujeres que sufrieron la trata, y más de un siglo con mujeres en situación de vulnerabilidad social, la trata no las define, es una parte de sus vidas, pero no es lo más relevante para su recuperación: lo que necesitan son oportunidades para alcanzar vidas autónomas.

Paradójicamente, no parece ser esta la prioridad de las administraciones, mucho más volcadas en generar discurso contra la trata y la prostitución que en combatir sus causas: la desigualdad, el racismo, el colonialismo y las fronteras.

Mientras no lo hagan, las mujeres que no se resignan a las condiciones que su contexto les ofrece seguirán buscando vías para hackear el sistema fronterizo: así tengan que recurrir a las redes que crearon las políticas de cierre de fronteras.

 

El Tron, testigo de una operación contra la prostitución: “Nunca he visto nada igual”

Ángel Expósito y el equipo de La Linterna se han empotrado en un equipo de la policía en una macrooperación contra la trata de mujeres

 

https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope/el-paseillo-del-tron/noticias/tron-testigo-una-operacion-contra-prostitucion-nunca-visto-nada-igual-20210219_1148849

 

Entrevista a Kenia García: “Con el 187 bis del Código Penal sufriremos desahucios y persecución”

 

Por Gloria Marín

16 de febrero de 2021

“Con el 187 bis del Código Penal sufriremos desahucios y persecución”

 

Las trabajadoras sexuales llevan años organizándose y defendiendo sus derechos. Entrevistamos a Kenia García, trabajadora sexual y miembro del Colectivo de Prostitutas de Sevilla (CPS) para hablar de la situación actual, del movimiento y de los retos más inmediatos. [Aquí se pueden encontrar otros materiales sobre este movimiento publicados en viento sur]

¿Cuál es la situación de las trabajadoras sexuales en el Estado español? Háblanos en primer lugar de los aspectos que ya estaban antes de la pandemia.

Es una situación de falta de derechos. El movimiento de las trabajadoras sexuales en el Estado español hace décadas que viene reivindicando derechos humanos y laborales. Los derechos son herramientas para defendernos ante los abusos y los atropellos. No tenerlos es no tener esas herramientas. Su ausencia provoca explotación, clandestinidad, abusos…

En concreto, la falta de reconocimiento de nuestra actividad como trabajo impide acceder a derechos tan básicos como la vivienda, porque sin nómina no se puede acceder a un alquiler, no se puede pedir una hipoteca…

Además padecemos incluso persecución. Especialmente las compañeras que trabajan en los espacios públicos, que son perseguidas por los Ayuntamientos por medio de las Ordenanzas municipales y por el Estado por la Ley Mordaza…

En resumen la situación era, y es, de abandono, exclusión, marginación y persecución.

¿Y qué ocurre cuando llega la pandemia? ¿Cómo os afecta?

Se añade la violencia económica. Pero no solo para las trabajadoras sexuales, sino en general para trabajadores y trabajadoras precarizadas y de la economía sumergida. Colectivos que quedamos excluidos del escudo social, entre ellos las trabajadoras sexuales.

¿Qué pasa cuando te confinan y no tienes derecho a paro, a ERTE…? Tienes que seguir trabajando, y lo tienes que hacer a costa de poner en peligro tu salud y la salud de la sociedad, porque tienes que elegir entre no comer o arriesgarte a enfermar. Muchas trabajadoras sexuales tienen familia que depende de ellas. Al no estar incluidas en la protección social no les quedó más remedio que seguir trabajando, en una actividad en la que no es posible aplicar las medidas para protegerse de la covid.

Es violencia económica porque se nos dejó sin ingresos. Tenemos un estado negligente. El “Nadie se va quedar atrás” fue solo un lema. Miles de personas se quedaron atrás, entre ellas las trabajadoras sexuales.

Además muchas han vivido otras situaciones añadidas. Hay muchísimas compañeras que viven en los lugares de trabajo porque no pueden alquilar, por no tener nómina, otras por estar en situación administrativa irregular. Esta supone un estado de no persona, de no derecho, no poder tener ni siquiera una cuenta bancaria… lo que les hace depender totalmente de estos sitios. Al cerrarse los clubes se dieron varias situaciones. Algunas negociaron seguir viviendo en ellos, en muchos casos pagando menos que cuando trabajaban, pero en cualquier caso acumulando deudas con los propietarios. En otros, como el del Club Olimpo, quedaron sin agua y sin luz. Y hay otro caso que es paradigmático de lo que supone la falta de reconocimiento como trabajo y de a quién beneficia. Es el caso del Club Paradise de La Jonquera. En marzo se adhirió a un ERTE para 69 empleados: cajeras, guardias de seguridad, limpiadoras… mientras las 90 mujeres que eran la base del negocio se quedaron fuera de él y en la calle —literalmente— porque no estaban reconocidas como trabajadoras. Muchas de las mujeres que trabajan en clubes son migrantes que no tienen una red familiar o social que las acoja.

Otras alquilamos pisos donde vivimos y trabajamos. Algunas conseguimos pagar menos o aplazar el pago, pero otras muchas al no poder pagar se quedaron en situación de sinhogarismo y tuvimos que buscarles albergues. Como los contratos que tenemos son verbales, no tenemos protección legal ni estamos cubiertas por las medidas para proteger los alquileres o evitar los desahucios.

Hablabas de la ley de Extranjería y del estatus de no persona que genera en mucha gente, entre ella las trabajadoras sexuales. ¿Cómo afecta la ley de Extranjería al trabajo sexual?

La ley de Extranjería es un mecanismo perverso que fomenta la economía sumergida; da poder a los delincuentes, a los abusadores; fomenta la trata…

Las mujeres migran por necesidad y por su derecho legítimo a buscar una vida mejor. Ante la imposibilidad de hacerlo por su cuenta tienen que recurrir a traficantes. No pueden pagarse el billete de avión y migrar, las fronteras no son permeables para ellas. Pero sí lo son para las redes. Por eso tienen que pagar muchísimo dinero y endeudarse con las redes para poder cruzar. Ahí empieza el círculo de vulneración de derechos. La Ley de Extranjería da a los proxenetas mucha más oportunidad de explotar a las mujeres, de abusar de ellas. Si una persona pudiera llegar y tener un trabajo, tener una cuenta bancaria, pagar alquiler, pagar impuestos… disminuiría mucho no solo la prostitución, también la economía sumergida. Habría menos abusos.

Esta ley hace que podamos optar solo a trabajos irregulares, entre ellos el trabajado sexual, durante al menos tres años, que suelen convertirse en siete, diez o más. Por una parte porque los ayuntamientos no cumplen su obligación legal de empadronar a todas las personas que realmente viven en él, independientemente de su situación legal o de que tengan contrato de alquiler, por lo que no pueden demostrar la residencia. Además se requiere un contrato de trabajo, que tiene que ser de un año a tiempo completo. Si soy trabajadora sexual, ¿dónde lo consigo? Todo esto más la burocracia prolonga la situación irregular, lo que va ligado a continuar en la prostitución, porque no se puede optar a otros empleos.

Además obliga a las mujeres a “buscar cobijo” en los clubes, porque no pueden alquilar una vivienda. Y eso da poder a los propietarios de los clubes para explotarlas. Esa es la perversidad del círculo vicioso en que nos mete la Ley de Extranjería. Gracias a ella los propietarios pueden explotar más a las mujeres.

El segundo Anteproyecto de ley de Libertad Sexual que está preparando el gobierno incluye como disposición adicional la introducción en el Código Penal del artículo 187 bis que castiga con prisión la tercería locativa, proporcionar un espacio donde se ejerce la prostitución. ¿Qué piensas de esta propuesta?

La idea general de la Ley de Libertad sexual, más conocida como ley del Solo sí es sí, es algo que hace tiempo que el movimiento feminista viene pidiendo y que las trabajadoras sexuales apoyamos. Pero esta ley basa la libertad sexual en el consentimiento de las mujeres y a la vez ignora, no da valor, al consentimiento de las trabajadoras sexuales. El Art. 187 bis criminaliza todo nuestro entorno, “aun con nuestro consentimiento”.

No sabemos en qué se basa el Ministerio de Igualdad para recuperar esta medida, que no es nada novedosa, es lo que había hasta la reforma del Código Penal de 1995. ¿Cuáles son las razones? No se han dado. Ni siquiera ha habido debate público de esta medida que no estaba en el primer Anteproyecto. Con las trabajadoras sexuales, que somos las principales afectadas, no se han reunido en ningún momento. Lo que sabemos es que organismos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la OMS… recomiendan a los gobiernos despenalizar la prostitución eliminando cualquier normativa que la criminalice directa o indirectamente, porque esto pone en peligro los derechos fundamentales de las personas que la ejercen.

En otros países, debido a medidas similares a estas, las mujeres están sufriendo desalojos forzosos, se quedan en la calle, porque los propietarios se ven amenazados de proxenetismo y no les queda más remedio que desalojarlas. En Argentina, que tiene una Ley de Trata —son medidas similares que se insertan en leyes diferentes— hay muchas compañeras que están siendo encarceladas, porque si varias alquilan juntas por seguridad es acusada de proxeneta la compañera que tiene el contrato a su nombre.

Las que trabajamos en pisos que alquilamos estamos con muchísima preocupación. Yo tengo mucho miedo, porque tengo un contrato verbal del estudio donde vivo y trabajo y si sale la ley el propietario me puede decir: tienes que dejar el estudio. ¿Dónde voy si yo no tengo una nómina para poder alquilar? Nos va costar mucho más encontrar un espacio donde trabajar de manera autónoma.

Con la ley Mordaza y con las Ordenanzas han ido contra las compañeras que están en los espacios públicos, con este proyecto de ley van contra las que trabajamos de manera autónoma.

En resumen, la consecuencia va a ser: desalojos, persecución vecinal, persecución policial… Va a estar más en peligro nuestro derecho a la vivienda y nuestra seguridad.

El  movimiento de las trabajadoras sexuales en el Estado español ha dado un salto adelante en los últimos años. El Colectivo de Prostitutas de Sevilla es uno de los más activos. ¿Cómo os organizáis y con qué objetivos?

Es cierto, el movimiento va tomando impulso, poco a poco vamos fortaleciéndonos, pero aún somos pocas. El gran reto que tiene el movimiento a nivel internacional, no solo en el Estado español, es superar el estigma. Es muy difícil dar la cara. Si no hay más mujeres reivindicando, denunciando, es por culpa de esa violencia social que es el estigma, ese es un obstáculo muy grande. No obstante, poco a poco, las trabajadoras sexuales se van organizando.

El Colectivo de Prostitutas de Sevilla nace en 2017 en Sevilla. Desde su inicio busca tejer, articular con otros colectivos, y eso le lleva a conformarse como una plataforma que une a mujeres de Sevilla,  A Corunha, Canarias, Madrid, Almería, Valencia, Asturias, el País Vasco…

Es un experimento social de lo que yo creo que debería ser el feminismo. Es un colectivo de y por las trabajadoras sexuales, somos nosotras quienes tomamos las decisiones y quienes tenemos la voz y el discurso. Pero también hay compañeras de otros ámbitos profesionales, mujeres que se unen porque creen en nuestros derechos. Pienso que eso debería ser el feminismo, que las mujeres deberíamos tejer desde todos los ámbitos sociales.

El CPS nace para hacer una incidencia social y política. Para conseguirlo, para poner en la agenda política el debate sobre la prostitución que necesitamos, primero hay que hacer una concienciación, porque es la sociedad la que tiene que presionar a las y los políticos, tiene que haber un interés en la sociedad. Ese es nuestro objetivo y nuestro trabajo habitual, pero el estado de alarma nos puso patas arriba. Ante las peticiones de auxilio que nos llegaban, nos dedicamos a formar redes de apoyo a nuestras compañeras que se habían quedado en la calle o no tenían ya para comer, para pagar el butano… No tenemos recursos propios y los tuvimos que buscar en nuestras redes.

Has hablado de problemas específicos de las trabajadoras sexuales, como el estigma, y de otros compartidos con otros sectores de la sociedad como la exclusión del escudo social y la Ley de Extranjería. ¿Cómo entendéis la articulación con estos sectores? Más en concreto, eres coportavoz de Regularización Ya, ¿qué significado tiene esta portavocía?¿cómo se llega a ella?

En efecto, muchos de los problemas que sufrimos los sufren también otras trabajadoras, pero la gran diferencia es que su trabajo sí está reconocido. Mientras las compañeras trabajadoras del hogar luchan por mejores condiciones y más derechos, nosotras no tenemos ninguno.

La portavocía es el resultado de un trabajo prolongado. Al CPS nos importan las luchas de las mujeres precarizadas de todos los sectores. Creemos que la manera de tener fuerza es articular los colectivos. Desde la fundación en 2017 siempre estuvimos apoyando a otros colectivos, como reflejan nuestras redes sociales. Esta es la base que ya teníamos. En abril, durante el estado de alarma, se lanza la campaña #RegularizaciónYa, que luego se convierte en movimiento. Las compañeras de SEDOAC, con quien ya teníamos lazos, nos propusieron participar, y también a las Prostitutas Libertarias del Raval. Y ahí entramos. Las portavocías se eligieron por votación de los colectivos, la propuesta de que una de ellas fuera para el CPS fue una de las más votadas.

Para mí este es un movimiento valiente, porque las prostitutas siempre somos consideradas agentes contaminantes. Por eso ni los políticos, ni los colectivos sociales, ni las asociaciones se quieren involucrar con nosotras, por miedo a ser señalados, difamados, por el hecho de apoyarnos. Pero a estas compañeras y compañeros eso no les importó. Creyeron que las trabajadoras sexuales necesitaban también tener voz en el movimiento y tuvieron la valentía de votar esta propuesta, que transmite un mensaje social muy potente: nosotras también formamos parte de las personas que estamos sufriendo esta situación de no persona, de exclusión, de empobrecimiento, de precarización, que provoca la Ley de Extranjería.

¿Cuáles son vuestros planes inmediatos?

Hay mucha incertidumbre y resulta difícil hacer planes. La mayor preocupación en este momento es el debate de la Ley de Libertad Sexual. Nos estamos organizando para pedir el apoyo del movimiento feminista, de las mujeres, de quienes crean que este artículo 187 bis lo que va a hacer es vulnerar nuestros derechos y ponernos en peligro, que es intolerable que una ley que supuestamente pone en el centro el consentimiento de las mujeres, anule el consentimiento de las trabajadoras sexuales. Nos hemos dirigido a la Relatora sobre Derecho a la Salud de Naciones Unidas para manifestarle nuestra preocupación.

Esto es fundamental porque sabemos las consecuencias que va a tener esta medida. Sabemos que con ella va a ser mayor la clandestinidad, el empobrecimiento, la persecución. Dicen que quieren combatir la explotación sexual, pero paradójicamente, lo que van a hacer es fomentarla, porque si no puedes trabajar de manera autónoma, al final buscas la ayuda de terceros. De ahí surge la explotación.

Pero además esto no nos afecta solo a nosotras, es algo que nos compete a todas las mujeres, porque con esto se están recortando libertades sexuales, se jerarquiza a las mujeres, se reproduce la división entre ellas: tú no puedes consentir porque eres una víctima, tú si puedes. Por eso nuestro objetivo es que se retire el 187 bis, y lo tenemos que enfrentar entre todas.

Por otra parte seguimos pidiendo lo mismo que siempre: el Ministerio de Igualdad debería dejar el camino del punitivismo y hacer lo posible para que la Ley Mordaza y las Ordenanzas —aunque estas sabemos que no son su competencia— dejen de penalizar a las trabajadoras sexuales.

Para acabar, ¿quieres añadir algo?

Mandaría un mensaje al Ministerio de Igualdad. Les diría que bajen a hablar con las mujeres de los sectores precarizados. Tenemos una ministra que no ha hablado con las jornaleras, las Kellys, las trabajadoras del hogar, las envasadoras, las aparadoras, las trabajadoras sexuales… Y está diseñando políticas equivocadas en nuestro caso, porque esta política nos va a vulnerar derechos. Las políticas se tienen que diseñar con las personas a quienes afectan, no desde arriba ignorándolas.

Gloria Marín

16/02/2021

 

Por qué en materia de trata conviene no hacerse la sueca

El nuevo gobierno anuncia una ley integral contra la trata. Ojalá esta ponga los derechos humanos en el centro en lugar del punitivismo y la ideología

 

Por Paula Sánchez Perera

21 de enero de 2020

https://ctxt.es/es/20200115/Firmas/30620/prostitucion-trata-abolicionismo-paula-sanchez-gobierno-ley.htm

 

Poco después de conocer el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, varios medios resaltaron que en él se recogía la lucha contra la trata con fines de explotación sexual, pero no la abolición de la prostitución. Sin embargo, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura, remarcaba de nuevo su compromiso con el abolicionismo punitivo, en la misma estela que aquel Proyecto No de Ley presentado en la última legislatura. El abolicionismo en el que hoy se inscribe el Partido Socialista no es otro que el sueco. Mientras que el abolicionismo clásico, que opera desde nuestro Código Penal, se limita a la penalización del lucro de terceras partes (proxenetismo), el neoabolicionismo nórdico amplía la criminalización hasta los clientes. Por su parte, Unidas Podemos, a cargo ahora del Ministerio de Igualdad, aglutina en su formación a feministas de ambos polos del espectro –abolicionistas y proderechos– en un debate abierto, reflejo del que se mantiene en el movimiento feminista. Entre todo aquello que puede celebrar lo que queda a la izquierda del neoliberalismo progresista se encuentra el haber respaldado el consenso fundamental que existe entre la posición abolicionista y la proderechos: elaborar una ley integral que prevenga, proteja y asista a todas las personas que se encuentran en situación de trata.

Aunque aún sea demasiado pronto para realizar valoraciones de una ley que no se ha desarrollado todavía, la manera en la que, de entrada, se encuentra formulada la propuesta de nueva legislación contra la trata en el pacto de gobierno resulta, cuanto menos, preocupante. Si ley “integral” quiere decir que comprende todas las partes que precisa para encontrarse completo, ¿puede decirse que una ley aspira a combatir de manera integral la trata de personas cuando se limita a un solo tipo? El acuerdo, recordemos, no habla de lucha contra la trata a secas, sino que demarca “con fines de explotación sexual”. Quizás pensemos que es la forma mayoritaria, pero en el último balance estadístico del centro criminológico patrio, el CITCO, vemos que las cifras comparadas entre trata sexual y laboral son ajustadas, casi paralelas. Si, a su vez, queremos hacer la operación de centrarnos en aquella forma de trata que afecta fundamentalmente a mujeres, basta recordar que la trata con fines de prostitución forzada no es la única atravesada por el género, ya que cada día se detecta con mayor frecuencia en matrimonios forzados o en el servicio doméstico. De hecho, la última evaluación del Consejo de Europa sobre los esfuerzos españoles por combatir la trata concluía denunciando que en nuestro país la trata laboral se encuentra escasamente detectada, sin apenas protocolos específicos de actuación ni suficiente intervención al respecto. Nos tiraban de las orejas para que comenzásemos a dirigir la mirada hacia otros tipos de trata, esos que no ocupan espacio en la agenda política porque aparentemente no generan votos.

Cuando hablamos de trata a secas, y no solo de aquella con fines de prostitución forzada, ocurre que ciertas fórmulas discursivas no funcionan y que, a su vez, se revelan como construcciones ideológicas. Este es el caso del famoso “sin clientes no hay trata”. Difícilmente llegaría a buen puerto el decir que “si no comprases fresas o camisetas, no existiría la trata”, a pesar de su acusada prevalencia en los sectores agrícola y textil. Tampoco tendría mucho éxito alegar que si no hubiese trabajadoras domésticas –cuidando dependientes o haciendo tareas del hogar– no habría trata en el sector, aunque en esta modalidad se explote casi en exclusiva a mujeres. Una de las razones por las que estos razonamientos se juzgarían con sospecha es porque hemos aprendido que el ejercicio de culpar al consumidor de problemas que tienen su origen en factores estructurales es un argumento propio del neoliberalismo. Una buena cantidad de causas complejas que dan lugar a la trata se suspenden cuando la culpa se coloca principalmente o en exclusiva en el consumidor –como la clandestinidad obligatoria con la que ha de producirse la migración laboral gracias al cierre de la Europa Fortaleza; las condiciones económicas dadas por la desigualdad Norte/Sur; la desregulación del trabajo informal o la feminización de la supervivencia, incrementadas, a su vez por las restricciones que impone la Ley de Extranjería para migrar de forma regular–. Este razonamiento disculpa, mistifica y oculta las estructuras económicas, políticas y legales que avivan la trata.


Una buena cantidad de causas complejas que dan lugar a la trata se suspenden cuando la culpa se coloca principalmente o en exclusiva en el consumidor


A pesar de los esfuerzos discursivos de un sector del abolicionismo, el modelo sueco no lo trajo a España la izquierda. En realidad, la primera interesada en valorar el modelo fue doña Ana Botella con sus planes contra “la esclavitud sexual” en Madrid. Ya entonces se nos vendía la idea de que este modelo, que sostenía que había conseguido reducir la trata hasta volverla irrisoria, era la panacea. En rigor, tal información no procede de investigaciones independientes –que, de hecho, la contradicen–. (Aquí algunas de ellas: este de la GAATWel de la Universidad de Derecho de WashingtonCambridgeeste de especialistas suecas, entre otras muchas).  Pero la idea se extendió a partir del resumen traducido al inglés de un informe triunfalista que difundió el propio gobierno sueco en 2010. Informe, por cierto, criticado de manera sistemática en la academia tanto por su falta de rigor científico y metodología –establecía a priori que los resultados que se publicasen tenían que confirmar la ley, sí o sí– como por la falta de evidencia empírica para sostener sus afirmaciones. El modelo sueco no ha reducido la trata por tres sencillas razones. Primero hay que poner en duda los datos porque no había estadísticas exhaustivas previas a la entrada en vigor de la ley y por tanto no se pueden realizar comparaciones. En segundo lugar, porque, a juzgar por las denuncias, estas no descienden de manera progresiva, sino que fluctúan cada año. Por último, lo que ha conseguido es desplazar la prostitución de su espacio más visible, la calle, para ocultarla en espacios cerrados, donde se trabaja para terceros como casas de masaje tailandesas, según reconoce la propia policía sueca.

Entidades como Amnistía Internacional o Médicos del Mundo Francia, en sus estudios sobre el impacto del modelo nórdico en Noruega y Francia respectivamente, señalan que este vulnera derechos humanos y repercute negativamente en la seguridad, la salud y las condiciones de vida de quienes ejercen la prostitución. Ahora bien, para comprender cuáles serían los efectos de la sanción a la clientela en nuestro contexto no hace falta cruzar la frontera, porque esta penalización al cliente que demanda servicios en el espacio público lleva en vigor en España desde julio de 2015 a través de la Ley Mordaza –e, incluso, antes, a partir de varias ordenanzas municipales–. A cuatro años de su implementación, sabemos que afecta negativamente a las mujeres en ejercicio, incrementando su precariedad y exponiéndolas a un mayor riesgo de sufrir violencia, por la ocultación que implica tener que huir de la policía para evitar que sancionen a sus fuentes de ingresos. El descenso de la clientela para quien ejerce significa, en primer lugar, bajada de los ingresos y desesperación económica. En esta tesitura, o bien deciden bajar las tarifas o bien ocuparse con clientes que en otras circunstancias hubiesen podido rechazar; es decir: les aboca hacia un escenario aun peor.

Aunque el neoabolicionismo no criminalice directamente a quien ejerce la prostitución, sí lo hace con todo el universo que le rodea y, como hasta la fecha desconocemos la existencia de una actividad económica de prestación de servicios que no requiera de clientes, resulta sencillo comprender por qué cualquier medida que criminalice su actividad les afecta necesariamente a ellas. De ahí que la investigación realizada en España por el grupo Antígona de la Universidad Autónoma de Barcelona concluya que el impacto de la sanción a la clientela sobre quienes ejercen la prostitución supera con creces las consecuencias a las que se exponen los clientes. Les afecta tres veces más a ellas que a ellos.

Varias entidades especializadas con décadas de trabajo con personas en situación de trata, como Proyecto Esperanza o Genera, llevan largo tiempo indicando las insuficiencias de nuestras herramientas normativas y de nuestra actuación contra la trata. Hace falta escucharlas; antes de depositar toda nuestra esperanza en un elixir mágico, se trata de aprender de los errores de años de práctica diaria. La crítica más recurrente que realizan es que el modelo español actual tiene dos prioridades: el control migratorio y la persecución penal de los tratantes. En otras palabras, los derechos humanos de las víctimas pasan a un segundo plano. Pensemos que las víctimas son identificadas en los mismos operativos policiales que buscan migrantes en situación administrativa irregular. Reparemos en que el proceso se pone en marcha solo si la persona en situación de trata decide denunciar; esto es, nuestro sistema considera que la protección se merece “a cambio de”. Es decir, solo se garantiza protección si decides formar parte de un intercambio de favores donde el objetivo no es la recuperación de quien ha sido tratada, sino meter en prisión a los tratantes. El dinero público se invierte en campañas contra la prostitución mientras pocas personas en situación de trata consiguen reagrupar a sus familias, muchos permisos de residencia y asilo no llegan a concederse, faltan recursos habitacionales o, como denuncia Women’s Link, muchas mujeres nigerianas en situación de trata sufren la retirada de la custodia de sus hijos de manera automática. Mientras se nos vende el falso porcentaje de que el 80% o el 90% de la prostitución es trata, sin estudio alguno que lo avale, seguimos sin conocer las cifras de mujeres protegidas e indemnizadas en nuestro país. Quizá ahora por fin tengamos un gobierno con altura política para elaborar una ley que prevenga, asista y proteja a todas las personas que están en situación de trata. Una ley que ponga los derechos humanos en el centro en lugar del punitivismo y la ideología. En esto, más que nunca, conviene no hacerse la sueca.

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Paula Sánchez Perera es activista e investigadora. Colaboradora del Colectivo de Prostitutas de Sevilla.

 

Violencias hacia las personas que ejercen la prostitución en la Región de Murcia

Publicación: 10.12.2020

 

Puede descargarse el artículo completo, en formato PDF, en el siguiente enlace:

https://www.upo.es/revistas/index.php/relies/article/view/5062/4709

 

Resumen

Este estudio se centra en visibilizar las violencias perpetradas hacia las personas que ejercen la prostitución en la Región de Murcia (España), poniendo en relieve a los diferentes colectivos que las protagonizan. La hipótesis de partida es que la salud, las condiciones laborales y las relaciones interpersonales de los y las trabajadoras del sexo están determinadas por la articulación de una cadena de violencias ejercidas por diferentes agentes sociales. La metodología está basada en una serie de entrevistas semidirigidas en las que se han tenido en cuenta dos perspectivas: la de nueve personas que ejercen la prostitución y la de siete expertos/as en investigación e intervención directa con trabajadoras/es del sexo. En el análisis de resultados el contenido se organizó atendiendo a los diferentes grupos que se identificaron como responsables de los actos violentos: profesionales sanitarios/as, trabajadores/as de los servicios sociales, políticos/as, cuerpos de seguridad estatal, entidades del tercer sector, secciones feministas, empresariado de la industria del sexo, clientela, investigadores/as vinculados a la academia, medios de comunicación, familiares, parejas, exparejas, amistades y otros/as responsables.

 

1          Introducción

Cuando se habla de prostitución y de violencias se tiende a pensar en las agresiones ejercidas por los clientes y por el empresariado de la industria del sexo. Incluso, habitualmente se piensa en las mafias relacionadas con la trata, ya que no es infrecuente que se equipare la prostitución con la trata de personas con fines de prostitución forzada2. Es incuestionable la importancia de denunciar los abusos cometidos por la clientela y por los/las responsables de los pisos de contactos y de los clubes, pero el trabajo sexual está sometido a otro tipo de violencias que son menos visibles. El interés de esta investigación reside en que permite describir este tipo de violencias y sus efectos, a la vez que sitúa el foco en la identificación de los diferentes colectivos por los que están protagonizadas. La hipótesis de partida es que la salud (física y psicológica), las condiciones laborales y las relaciones sociales de las personas que deciden ejercer la prostitución (en adelante PDEP) están determinadas por la articulación de una cadena de violencias practicadas por diferentes actores y actrices sociales.

En cuanto a la situación de la prostitución en la Región de Murcia (España), a pesar su disminución en la vía pública, (debido a la proliferación de clubes de alterne y de pisos de contactos) siguen existiendo zonas de prostitución de calle bastante populares, tanto a las afueras de los pueblos como en la ciudad de Murcia. Un ejemplo relevante es el céntrico Barrio del Carmen, en el que se está aplicando la «Ordenanza para luchar contra la prostitución en el municipio de Murcia», la cual tiene por objeto:

“Luchar contra la prostitución, preservando los espacios públicos como lugares de convivencia, civismo e igualdad, evitando actividades de explotación sexual que difunden una imagen del ser humano, muy especialmente de la mujer, como mero objeto sexual y que perturban la convivencia social.” (BORM nº 234, 2013:2).

A pesar de que en dicha ordenanza se afirma que uno de los principales propósitos es el fomento y la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, lo cierto es que mayoritariamente se multa a mujeres migrantes con pocos recursos que captan a su clientela en la vía pública, empeorando así su situación de vulnerabilidad. A partir de dos estudios realizados por el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS, 2014, 2018)3 se ha evidenciado que la aplicación de medidas punitivas anti-prostitución, como la ordenanza o la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana (conocida como ley mordaza), han contribuido al agravamiento de la discriminación y la precarización que ya sufrían las PDEP, tal y como podemos observar en la figura 1

Hay que mencionar, además, la dificultad de proporcionar información precisa sobre el conjunto de las personas que se dedican a una actividad tan estigmatizada y criminalizada como la prostitución, la cual se caracteriza por una gran movilidad de las PDEP y por pertenecer a la economía sumergida (CATS, 2017a). No obstante, a pesar de que no se disponen de datos fiables sobre las personas que ejercen en la Región de Murcia, se pueden tomar a modo de orientación los datos recabados por entidades como el CATS. Entre las personas trabajadoras del sexo atendidas por esta ONG en el año 2017 (1.857 usuarias/os en total), la mayoría procedían de Rumanía (468), seguidas por mujeres de nacionalidad colombiana (241) y marroquí (216). Por otro lado, en los resultados de una investigación-acción participativa desarrollada por la socióloga Sara Oñate (2009) en la Región de Murcia, se mostró un alto grado de autogestión por parte de las personas trabajadoras del sexo. Igualmente, en el presente estudio las PDEP que participaron afirmaron no sentirse obligadas/os por nadie a trabajar, aunque consideraban que era una decisión que estaba condicionada por estructuras socioeconómicas.

 

2          Consideraciones Metodológicas

(…)

3          Marco Teórico: Violencias ejercidas hacia las personas que trabajan en la prostitución.

(…)

 

4          Resultados

4.1     El estigma asociado a la prostitución: la mayor violencia y de la que todas/os somos responsables

La psicóloga Cristina Garaizabal (2007) afirma que lo que mayoritariamente genera las malas vivencias, la angustia o la baja autoestima, no son tanto las prácticas sexuales que se desarrollan en el trabajo sexual, sino la falta de derechos laborales y la devaluación social. Los resultados de esta investigación son coincidentes, ya que prácticamente la totalidad de las personas entrevistadas señalaron que lo que más perjudicaba a las PDEP era tener que llevar una doble vida a raíz del estigma. En cuanto a lo que supone, podemos hablar de un intenso temor ante la idea de que pueda trascender la vida oculta en la vida pública, por lo que las personas que ejercen la prostitución en secreto se ven sometidas a un continuo estado de alerta.

“Lo que más pesa de alguna manera como una violencia es el estigma social. Es lo que transmiten como mayor problema, más allá de la lucha económica vinculada al proyecto migratorio (…). En el estigma social todos somos responsables, porque es una construcción social que forma parte de las diferentes mentalidades que componen esa sociedad. Entonces, en el estigma social todos y todas podemos hacer algo: o incrementarlo o reducirlo” (Educadora social, PR.3)

Uno de los casos de miedo al rechazo y de ocultación del ejercicio de la prostitución es el de TS.9. Esta mujer española de veintisiete años comenzó a ejercer la prostitución cuando se mudó a Barcelona (España) en el 2017. Al cambiar de ciudad se sentía sola, y como le había supuesto mucho esfuerzo hacer amistades no quería perderlas. Por ende, tuvo que ocultar su trabajo tanto en la nueva ciudad de residencia, como ante su familia y las amistades que se encontraban en Murcia.

“Viendo cómo habían reaccionado de mal cuando les conté que me prostituía, tanto mi gente cercana como mis compañeras de piso, pues me daba miedo que las pocas amistades que había hecho me rechazaran, y con lo que me ha costado… pues me callé” (Trabajadora sexual española, TS.9)

Otro testimonio muy relevante respecto a las múltiples consecuencias que conlleva el estigma nos lo compartió TS.6, una mujer peruana de treinta y cinco años con dos hijas a cargo. Esta trabajadora del sexo, a pesar de que tiene muy presentes los beneficios que le proporciona ejercer la prostitución (mayores ingresos, facilidad en la conciliación, disfrute de diversidad de experiencias sexuales, etc.), considera que ha tenido que pagar un alto precio a nivel emocional debido al repudio asociado a su trabajo.

“¡A mí me parece el mejor trabajo del planeta! Por lo menos pa´mí. A lo mejor porque yo puedo elegir (…). Tía, yo no puedo explicar lo bondadosa, lo generosa, lo noble… la experiencia que yo he tenido en la prostitución me ha empoderado sexual y económicamente, porque es muy muy rentable” (Trabajadora sexual peruana, TS.6)

“Es un miedo perpetuo. El tener que estar ocultándoselo a mi familia es terrible. Yo sinceramente pienso que esa es la peor parte de la prostitución. La doble vida es lo peor. No sé… esa es la peor parte, la de no salir del closet [llora y le cuesta hablar] (…). En la prostitución el precio es tu libertad emocional. El precio aquí es tener una doble vida si no vas a salir del armario. Y si sales del armario el precio es aprender a vivir con el estigma. Todo tiene un precio finalmente” (Trabajadora sexual peruana, TS.6)

4.2     Miedos y mentiras durante las visitas a los servicios sociales y a los centros de salud

Algunas de las PDEP participantes evitaban acudir a los servicios sociales porque anticipaban posibles conductas discriminatorias de los/as trabajadoras/es sociales por motivos relacionados con su trabajo, como la retirada de la custodia de sus hijos/as. Ahora bien, cuando decidían asistir a los servicios sociales o a los servicios de la sanidad pública la mayoría ocultaba que se dedicaba a la prostitución, con la finalidad de protegerse de juicios y/o episodios de maltrato como el sufrido por TS.4:

“Una vez tuve una muy mala experiencia con un digestivo, porque yo he tenido siempre problemas del estómago, entonces yo le conté al médico de que yo ejercía la prostitución y me dijo: “ya ves los problemas que usted se acarrea por andar en esas sinvergonzonerías”. Entonces yo me cabreé y le dije: “¿pero usted que tiene que opinar de mi vida personal?”. Después, me levanté de la silla y me fui” (Trabajador sexual ecuatoriano, TS.4)

Situaciones como la vivida por TS.4 ocasionan importantes perjuicios, en vista de que para ciertas problemáticas relacionadas con la salud sería oportuno que las PDEP pudieran hablar con naturalidad de su ocupación. Es, por ejemplo, el caso de las revisiones ginecológicas y andrológicas. Por otro lado, aunque algunos/as entrevistadas/os afirmaron acudir a doctores/as privados/as o a la consulta ginecológica del CATS no podemos conformarnos con este hecho, debido a que no todas las PDEP pueden permitirse pagar la sanidad privada o asistir a la consulta ginecológica del CATS por motivos relacionados con la movilidad laboral.

Con respecto a la salud psicológica, varias de las personas entrevistadas declararon que los/as profesionales sanitarios/as habían relacionado sus problemas de salud mental con el trabajo sexual, por lo que la solución principal que aportaban pasaba por abandonar la prostitución. Es decir, en primera instancia se producía una problematización del trabajo sexual, y los/as profesionales de la psiquiatría y/o la psicología no indagaban en el conjunto de causas que pudieran estar afectando al bienestar psicológico de la persona.

“Sobre todo, me he sentido violentada por profesionales de la salud mental. Hicieron una lectura del tema [trabajar en prostitución] como si me estuviera autodestruyendo, lo psicopatologizaron mucho. Pues cosas de mi vida que no tenían que ver con la prostitución enseguida las relacionaron con prostitución. Con lo cual tampoco estaban yendo a la diana correcta. A raíz de haber sido prostituta psicopatologizaron mucho mi sexualidad, porque consideraban que no era lo suficientemente íntima, monógama, emocional, etcétera. Que no estaba lo suficientemente sujeta a la heteronormatividad y al proyecto de tener una relación de pareja estable con alguien.” (Trabajadora sexual española, TS.1)

4.3     Elaboración e implementación de leyes: todo por las prostitutas, pero sin las prostitutas

La combinación de política abolicionista en materia de trabajo sexual y política migratoria restrictiva limita, en gran medida, la posibilidad de que las PDEP, en especial las migrantes, puedan acceder a derechos civiles y laborales (Oso, 2008). Por otra parte, es reseñable cómo en España los poderes políticos están desoyendo la voz de las trabajadoras del sexo e impidiendo que participen como interlocutoras válidas en la elaboración de las legislaciones que les atañen (Arella et al. 2007). En este sentido, dos de las PDEP entrevistadas resaltaron cómo habían sido ignoradas cuando habían intentado iniciar diálogos con representantes políticos, concretamente se refirieron a miembros del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) a nivel regional y estatal.

“Incluso en estas elecciones [elecciones generales de España del 28 de abril de 2019] por más que se insistió en que nos invitaran a los debates, el gobierno se declaró abolicionista, pero sin nunca consultar a las trabajadoras sexuales. Está claro que no estamos dentro de la agenda, ni del feminismo, ni de la política” (Trabajadora sexual mexicana, TS.3)

Por otro lado, los/as profesionales del tercer sector manifestaron que por lo que se sienten más violentadas las mujeres que captan a la clientela en la calle es por la ordenanza para luchar contra la prostitución del municipio de Murcia y por la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana. Aunque mediante la ordenanza se aduce perseguir la igualdad, se está produciendo un aumento de las desigualdades entre las trabajadoras del sexo que ejercen en la vía pública y el resto de la población.

“Ellas se encuentran en una situación de una continua ansiedad y de tener miedo a salir de su casa (…). A las mujeres les causa mucha desazón, porque ellas temen que esa multa les vaya a perjudicar a la hora de sacar sus papeles de residencia que están en trámite, que los tienen que renovar o que se van a iniciar. Eso las victimiza mucho más, por lo que no se aplica la perspectiva de género de la ordenanza.” (Abogada, PR.6)

4.4     Garantes de la seguridad: multas y persecuciones a la hora de comprar el pan

Los/as profesionales del CATS destacaron que durante los primeros meses de la ordenanza antiprostitución las mujeres que captan a su clientela en el Barrio del Carmen se vieron muy acosadas, ya que son vecinas de la zona conocidas por la policía. A raíz de la ordenanza, los/as agentes comenzaron a poner multas a estas trabajadoras cuando salían a comprar, a recoger a sus hijos/as del colegio o cuando estaban paseando. Además, la policía comenzó a realizar sus labores de paisano, con lo que se les vulnera mucho más, porque ya ni siquiera pueden identificar quién es policía y quién no, lo que hace que todavía tengan más miedo. Asimismo, algunas mujeres no pueden pagar las multas, lo cual hace más difícil su ya delicada situación socioeconómica. Es importante destacar que en el Barrio del Carmen las trabajadoras del sexo no se ocupan en la vía pública, sino que captan a la clientela en la calle y prestan sus servicios en pisos.

“Lo resultante de la ordenanza para luchar contra la prostitución es una angustia vital total, o sea, las repercusiones son bestiales. Y eso es de lo que no se da cuenta la gente, el cómo puede afectar a una persona el hecho de tener miedo a bajar a comprar el pan (…). La policía local multa muchísimas veces sin seguir el texto de la ordenanza. O sea, ya tienen nombre y apellidos de las mujeres. O sea, son cuarenta y pico mujeres que se sabe quiénes son y en cuanto bajan de la casa pues las multan, porque saben que son trabajadoras del sexo, cuando ni siquiera están captando un cliente.” (Coordinador, PR1)

Por otro lado, a lo largo de las entrevistas se compartieron testimonios que relataban abusos sexuales por parte de miembros de la policía que se aprovechaban de su posición de poder, sobre todo ante trabajadoras/es del sexo migrantes en situación administrativa irregular.

“A veces, los policías venían de paisano a la barra y toqueteaban a las chicas, sobre todo a las nuevas. Ellas, como tenían miedo de que las deportaran, se dejaban tocar.” (Trabajadora sexual brasileña, TS.8)

“Cuando llegué a España y empecé a prostituirme había un patrullero que se pasaba por la zona dónde yo captaba la clientela. En esa época yo no tenía los papeles y los policías me decían que si no me iba con ellos y se la chupaba me iban a llevar al calabozo (…). Tuve que irme con ellos varias veces en el coche y hacerles lo que me pidieran.” (Trabajador sexual ecuatoriano, TS.4)

4.5     Entidades del tercer sector: del empoderamiento al paternalismo

Las personas entrevistadas afirmaron que el juicio por ser trabajadora sexual existe desde el momento en que lo primero que te ofrecen algunas ONG es una alternativa laboral, antes siquiera de escuchar las demandas de la persona a la que están atendiendo. A lo largo del trabajo de campo se pudo constatar que el principal inconveniente de los recursos ofrecidos por algunas entidades es su carácter discriminatorio, ya que tratan a las personas que ejercen la prostitución como ignorantes, vulnerables e indisciplinadas. Como resultado, la movilidad laboral de las PDEP se dificulta por la idea transmitida de que hay que reeducarlas en habilidades básicas antes de que puedan desempeñar otras tareas diferentes a la prostitución (Juliano, 2002). Por tanto, unos recursos de orientación laboral inapropiados, unidos al rechazo social y a la escasez de empleo, provocan que la inclusión de las PDEP en el mercado laboral reglado de la Región de Murcia se convierta en un objetivo realmente complejo. Así, por ejemplo, una de las trabajadoras sexuales entrevistadas (TS.1) se mostró disgustada tras acudir a Cáritas y preguntar por proyectos dirigidos a trabajadoras sexuales. El motivo fue que le mostraron un programa en el que se les enseñaba a las PDEP a actividades tan elementales como el lavado de la ropa. A pesar de que existen personas que necesitan de este tipo de recursos, resulta inapropiado que se oferten al colectivo de trabajadoras sexuales de forma genérica.

“Fui a Cáritas, y la monja que me atendió me estuvo explicando un montón de programas que tenían y, entre ellos, había un programa para prostitutas en el que les enseñaban a lavar la ropa, a planchar, a cuidar de sus hijos y de vez en cuando las llevaban de excursión al museo. Y yo le dije: “bueno, es que el hecho de que sean prostitutas no significa que no sepan hacer todas esas cosas.” (Trabajadora sexual española, TS.1)

Además, trabajadoras del sexo politizadas sienten que incluso desde las ONG pro-derechos muestran reticencias a la hora de que se autoorganicen, debido a que temen que las PDEP logren un empoderamiento tan sublime que ya no las necesiten, lo que podría desembocar en el cierre de estas entidades y en la pérdida de los empleos vinculados.

“Lo que yo siento, todavía, por parte de las asociaciones pro-derechos es que hay un tutelaje. Todavía no hay espacio para que nosotras tomemos nuestras propias decisiones o nos organicemos, y que las propias organizaciones nos apoyen al 100% sin cuestionar lo que estamos haciendo.” (Trabajadora sexual mexicana, TS.3)

“Las ONG chupan del bote y eso sí me violenta mucho (…). A mí me parece muy fuerte que la gente de las asociaciones tenga 14 pagas al año y yo no llegue a fin de mes.” (Trabajadora sexual mexicana, TS.3).

4.6     “Toda mujer tiene derecho a decidir, mientras no decida ser prostituta”. Feminismos y negación de la capacidad de agencia

Dentro de los feminismos la prostitución se entiende de diversos modos, dando lugar a que unos sectores batallen junto a las trabajadoras del sexo por la conquista de sus derechos, mientras que otros defienden una postura abolicionista/prohibicionista de la prostitución violentando, en ocasiones, al colectivo de mujeres al que afirman proteger. Durante las entrevistas, algunas de las trabajadoras del sexo participantes expresaron que sienten que desde el feminismo más institucionalizado solo hablan de los efectos del patriarcado y el capitalismo en su profesión, como si en las demás no estuviera presente.

“Estar trabajando, como yo, 25 horas a la semana en un restaurante por 500 euros no es ser una esclava del patriarcado ni del capitalismo, ¿verdad?” (Trabajadora sexual española, TS.9)

Por otra parte, en debates y conferencias sobre prostitución se ha producido la negación de los discursos de activistas pro-derechos, debido a que no encajan en el molde del discurso demonizador de la industria del sexo propio del feminismo abolicionista. Asimismo, entidades pro-derechos como el CATS han sido tildadas de proxenetas, mientras que las trabajadoras del sexo politizadas han sido tachadas de malas mujeres al no aceptar el estatus de víctima. El resultado es que muchas PDEP sientan un profundo malestar a la hora de participar en eventos relacionados con los feminismos, como le ocurrió a TS.6 cuando participó en la manifestación del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo del año 2019.

“Cuando yo fui a la manifestación del 8M fui asustadísima, fui con una máscara porque me di cuenta de que la necesitaba (…). Además, yo me sentía muy violentada porque yo no sabía qué personas y qué sector del 8M era el que me apoyaba (…). Hay un colectivo de mujeres, además inmenso, que tiene unos mensajes de odio que lo único que hacen es asustarte de verdad. Yo tenía un montón de miedo en el 8M.” (Trabajadora sexual peruana, TS.6)

4.7     El empresariado de la industria del sexo: el summum de la vulneración de derechos

En el análisis de los datos extraídos se ha mostrado cómo en los clubes de la Región de Murcia se vulneran múltiples derechos laborales: las jornadas de trabajo suelen ser de más de 12 horas; no disponen de vacaciones ni de días libres; el porcentaje de la ganancia en la venta de las copas es cada vez más bajo; los/as empresarios/as dan de alta a las trabajadoras como camareras, pero ellas tienen que pagarse la seguridad social, etc. Por otro lado, las PDEP afirman que el mayor abuso que se comete en los pisos de contactos es que se llevan porcentajes muy altos de su trabajo: al menos del 50%. Además, los empresarios/as de la industria del sexo, en ocasiones, intentan imponer prácticas sexuales y formas de trabajar con las que las PDEP no están de acuerdo.

“Ha habido sitios en los que me han echado del trabajo por no complacer al cliente 100% como los jefes querían que lo hiciera. Me dejaron dinero sin pagar e intentaban imponerme prácticas como sexo sin condón o sexo anal, pero mis apetencias van primero.” (Trabajadora sexual brasileña, TS.8).

4.8     La clientela: dar poco y pedir mucho

Durante el trabajo de campo todas las PDEP se quejaron de que algunos de sus clientes no respetan su trabajo, e intentan regatearles las tarifas para disfrutar de extensos servicios (con todo tipo de prácticas) por muy poco dinero. Por otro lado, tampoco se sienten respetadas cuando clientes con los que acuerdan un servicio no acuden a la cita y no llaman para cancelarla (situación que se torna muy habitual). En este sentido, una de las trabajadoras entrevistadas, aunque piensa que la prostitución es un buen trabajo para ella porque le permite conciliar con su faceta de madre y esposa, en varias ocasiones destacó la falta de consideración de los clientes.

“Igual que todo trabajo, tiene unos costes y unos beneficios, y ellos se piensan que solo tenemos beneficios. No lo paran a pensar y, a veces, solo te ven como un objeto al que follar.” (Trabajadora sexual española, TS.2).

Asimismo, existe un sector minoritario de clientes que abusa sexualmente de las PDEP o intenta chantajearlas para recibir servicios gratis. Cómo comentan desde el CATS, estos comportamientos violentos pueden afectar gravemente en a la salud física y psicológica.

“Hay un sector de clientes que no trata bien a las trabajadoras sexuales y hay algunas a las que le afecta en su propia autoestima. Hablando de violencias y de clientes… estaba pensando en los clientes que se rompen el preservativo. Que por cierto salió hace poco una sentencia en la que, efectivamente, se considera abuso sexual el romper un preservativo o quitarlo cuando se ha acordado una práctica sexual con preservativo (…). Las chicas me cuentan que les pasa, aunque no frecuentemente.” (Ginecóloga, PR.2).

Otra violencia que mencionaron algunas de las personas entrevistadas se refiere a los clientes que acuden a solicitar los servicios de las trabajadoras del sexo con falta de higiene, ya que piensan que por el hecho de pagar todo está permitido.

“Como van a pagar vienen todo mugrosos después de estar todo el día trabajando. Como van a pagar su mierda de 15 o 20 euros vienen todo cochinos a que les chupes la polla.” (Trabajadora sexual ecuatoriana, TS.5).

4.9     Profesionales de los medios de comunicación y de la academia: a la caza del morbo

Los medios de comunicación y las investigaciones académicas, en algunos casos, avivan el estigma asociado a la prostitución, ya que suelen mostrar a PDEP que presentan características como el consumo de drogas, enfermedades de transmisión sexual, problemas de salud mental o conductas delictivas. Durante los encuentros, las PDEP y los profesionales del CATS aludieron a la importancia que los medios de comunicación tienen en la construcción de las imágenes sesgadas sobre las PDEP. Destacan que existe la necesidad de desactivar la carga estigmatizadora que se da en el tratamiento sensacionalista del trabajo sexual, porque se tiende a mostrar una imagen de las/os prostitutas/os asociada con la delincuencia, la drogadicción y la desviación. Asimismo, las PDEP entrevistadas se sienten ignoradas en el desarrollo de investigaciones y debates que tienen que ver con su trabajo.

“Que escuchen a las mujeres trabajadoras. Que nos escuchen. Solo pedimos eso. Que si quieren hacer algún estudio que nadie hable por nosotras. No necesitamos que nadie hable por nosotras. Si hacen algún estudio que nos tomen en cuenta.” (Trabajadora sexual ecuatoriana, TS.5).

4.10          Otros/as responsables, otras violencias

“Yo procuro que lo que hago con una mano no se entere la otra mano. Me da mucha vergüenza y mucho respeto porque tengo familia (…). Si se entera mi familia me quitan hasta el apellido.” (Trabajadora sexual española, TS.7).

En el caso de TS.7, en principio, no podríamos hablar de violencia intrafamiliar que se haya materializado, pero sí de una anticipación al rechazo, lo que desemboca en una profunda autovigilancia y estrés. Esta trabajadora vivía ejercer la prostitución con gran angustia, y destacaba que para ella era una actividad temporal que solo realizaba cuando se encontraba en fuertes apuros económicos. También, se dan situaciones de ocultamiento a parejas y exparejas, sobre todo si hay hijos/as por medio. Y es que el hecho de ejercer la prostitución en manos de padres maltratadores puede utilizarse como chantaje y como una amenaza para la retirada de custodia.

“A partir de que mi exmarido empezó a sospechar que era prostituta fue un acoso constante y a perpetuidad. Tía, no he pasado mayor ansiedad en mi vida, al verle la cara y pensar que iba a agredirme.” (Trabajadora sexual peruana, TS.6).

Habría que mencionar, además, testimonios de PDEP que debido a su trabajo han tenido problemas de convivencia con compañeras/os de piso y con vecinos/os. Personas con los/as que mantenían una buena relación hasta que salió a la luz que se dedicaban a la prostitución.

“Una vez estuve en un piso de alquiler en el que me pusieron hasta cámaras de vigilancia en el pasillo para ver si entraban clientes a mi casa. Tuve enfrentamientos muy grandes con mis vecinos y con mi casero porque estaban vulnerando mi privacidad (…). Yo no entendía tanto revuelo, porque yo sobre todo trabajaba en la calle y a mi piso solo entraban unos pocos clientes de confianza.” (Trabajadora sexual ecuatoriana, TS.5). Como hemos podido comprobar a lo largo de estos diez sub apartados la violencia hacia las PDEP está caracterizada por su complejidad, tanto a nivel de la naturaleza de las agresiones (físicas, psicológicas, sexuales…), como de las/os agentes sociales responsables (cuerpos de seguridad estatal, trabajadoras/es sociales, periodistas…), lo que inserta a las PDEP en un clima de inseguridad ya que, por el hecho de ejercer la prostitución, en ocasiones, no se sienten respaldadas ni por sus redes sociales más íntimas.

 

5          Conclusiones

En el presente estudio el objetivo fundamental ha consistido en visibilizar a los colectivos que ejercen violencias hacia las PDEP, con el fin de situar el foco en las personas estigmatizadoras y responsables de las agresiones, y no tanto en el colectivo estigmatizado: las personas que trabajan en la prostitución. Para ello, se ha abordado desde la violencia física y sexual a la relacionada con la vulneración de derechos humanos, pasando por la vinculada al despojo de la capacidad de agencia mediante la victimización de las PDEP. Como se mencionó con anterioridad, la hipótesis de partida es que las condiciones laborales, la salud y las relaciones interpersonales de las PDEP están determinadas por la articulación de una cadena de violencias ejercidas por diferentes agentes sociales. Dicha hipótesis se ha confirmado, ya que las múltiples violencias abordadas a lo largo del texto no resultan inocuas. El resultado es la exclusión, una forma de violencia estructural que se deriva de las circunstancias del sistema; se trata de un recorrido social a través del cual las personas pierden progresivamente los vínculos que les unen con la sociedad. En este proceso existen factores desencadenantes que se acumulan, y combinan desventajas en los diferentes ámbitos de la vida de las PDEP (Tezanos, 1999).

Por otra parte, la principal violencia que perjudica a las PDEP y que supone el caldo de cultivo de gran parte de las restantes formas de violencia es el estigma de puta4. El rechazo social fruto del estigma se materializa en que algunos/as miembros de los cuerpos de seguridad del estado comentan abusos de poder; en que referentes feministas difamen y silencien a las PDEP; en que las ONG sientan que pueden llevar las riendas de la vida de las PDEP, a las que consideran víctimas carentes de autodeterminación; o en que la academia y los medios de comunicación busquen acumular audiencias y logros a partir del sensacionalismo con el que abordan las vidas y las realidades de las personas que ejercen la prostitución. Para sintetizar los resultados fruto del análisis de las entrevistas podemos observar la tabla 5: una herramienta analítica que identifica el estigma como eje vertebrador de las violencias, así como a los actores y a las actrices que las protagonizan.

En cuanto a las limitaciones de este estudio, destacaría que la accesibilidad al colectivo de trabajadoras/es del sexo que ejercen o han ejercido en la Región de Murcia ha sido compleja debido a la movilidad del colectivo y a la clandestinidad en la que muchas/os ejercen su trabajo. Por ende, la muestra de personas entrevistadas no es representativa y los resultados obtenidos no pretenden ser generalizables. No obstante, se considera que esta aproximación a las violencias que sufren las PDEP puede servir como punto de partida para realizar investigaciones más profundas en el territorio murciano, y para desarrollar estrategias en dos sentidos: en primer lugar, para prevenir las violencias mediante la realización de intervenciones con los actores y actrices que las ejercen y, en segundo lugar, para el diseño de programas destinados a apoyar a las PDEP que lo necesiten en el afrontamiento de estas agresiones.