La mitología de la prostitución: investigación partidista y política pública

 

 

x Res Soc Policy (2010) 7:15–29

DOI 10.1007/s13178-010-0002-5

Ronald Weitzer

Publicado online: 21 Febrero 2010

http://www.policeprostitutionandpolitics.com/pdfs_all/Duplicate%20PDFS/Mythology_of_prostit.pdf

 

Resumen. Durante la década pasada, la política pública hacia la prostitución y otros tipos de trabajo sexual ha sido debatida cada vez más, tanto en medios académicos como en debates populares. Un punto de vista, el paradigma de la opresión, se ha visto reflejado cada vez más en los informes de los medios sobre la industria sexual y está siendo articulado de forma constante por los gobiernos de EE.UU., Europa y otros países. La proliferación de mitos basados en el paradigma de la opresión es responsable de la aparición de una resurgente mitología de la prostitución. Este artículo examina las afirmaciones hechas por organizaciones, activistas y estudiosos que respaldan el paradigma de la opresión; evalúa el razonamiento y la evidencia usados en apoyo de sus afirmaciones; y pone de manifiesto algunas de las vías por las que ese punto de vista ha influído en la legislación y en la política pública en algunas naciones. El autor presenta un punto de vista alternativo, el paradigma polimorfo, y sugiere que la política pública hacia la prostitución debería estar mejor informada por este enfoque basado en la evidencia.

Palabras clave: Sex industry . Sex work . Sexuality policy .

Prostitution myths . Legalization

  1. Weitzer (*)

Department of Sociology, George Washington University,

801 22nd Street NW, Suite 409,

Washington, DC 20052, USA

e-mail: weitzer@gwu.edu

 

El conocimiento del trabajo sexual está siendo distorsionado cada vez más por un grupo de influyentes activistas, organizaciones y algunos académicos, que miran la industria del sexo como una institución universalmente dañina.  El objetivo último de estos individuos (a los que me referiré en adelante como prohibicionistas (1)) es abolir toda la industria del sexo: es decir, la prostitución, la pornografía, los clubs de strip, y otros tipos de sexo comercial. Su campaña ha tenido dos efectos principales: en primer lugar, ha ocasionado una posición dominante de lo que llamo el paradigma de la opresión, que, a su vez, está contribuyendo a un nuevo resurgimiento de la mitología de la prostitución. En segundo lugar, esta mitología tiene importantes consecuencias en el mundo real: Las políticas públicas están cada vez más basadas en las afirmaciones de los activistas y académicos prohibicionistas. Este artículo evalúa críticamente las principales afirmaciones de este conjunto de trabajos y, a continuación, documenta su creciente incorporación a las políticas gubernamentales.

 

Razonamiento precientífico

El renombrado filósofo de la ciencia Karl Popper (1959) ha descrito el razonamiento precientífico como las conclusiones establecidas en ausencia de evidencia o carentes del ingrediente crítico de la refutabilidad. Las afirmaciones precientíficas son especialmente prevalentes entre ideólogos y políticos, cuyo apasionado compromiso con una causa puede minar su objetividad, pero el razonamiento precientífico ha sido también documentado en algunas investigaciones empíricas en varias áreas de la producción de conocimiento (Best 1999; Buchanan et al. 2003; di Mauro and Joffe 2007; Epstein 2006). Un así llamado “conocimiento” puede tener profundas implicaciones políticas.

La posición prohibicionista hacia el trabajo sexual está basada en una perspectiva que mira los servicios y espectáculos sexuales como inherentemente opresores y explotadores.

La investigación que deriva de este pilar ontológico central, típicamente contiene una o más dimensiones precientíficas. El efecto neto de esta literatura es doble: una seria distorsión de la realidad de la prostitución, por una parte,  y, por otra,  políticas públicas resultantes que no están basadas en la evidencia. Este artículo se centra en la prostitución, pero mi crítica puede ser también aplicada a los escritos prohibicionistas referidos a otros sectores de la industria del sexo (por ejemplo, stripping, pornografía) ya que están construídos de manera idéntica.

 

Afirmaciones sin pruebas

Los escritores prohibicionistas adoptan lo que llamo el paradigma de la opresión, que pinta la prostitución como el compendio de la dominación masculina y la explotación de las mujeres, independientemente del período histórico, el contexto social o el tipo de prostitución (Weitzer 2009b). Las afirmaciones más atrevidas son artículos de fe. Una buena teoría científica es aquella cuyas proposiciones pueden ser verificadas o refutadas mediante la experimentación empírica; sin embargo, sólo algunos principios del paradigma de la opresión pueden ser sometidos a verificación (lo veremos más adelante). Los teóricos de la opresión presentan sus afirmaciones centrales de forma arbitraria: como evidentes por sí mismas, principios absolutos. Farley (una de las principales defensoras del paradigma de la opresión) y coautores (1998) han descrito el paradigma de la opresión como “un punto de vista político” (p. 406), un enfoque que contrasta con el enfoque científico.

El paradigma de la opresión define la prostitución de una manera unidimensional: como inherentemente explotadora y nociva para las trabajadoras. La prostitución es “una institución particularmente depravada de desigualdad entre los sexos” (Farley 2004, p.1117) y “una institución que reparte muerte y enfermedad” (Raymond 2004, p. 1182) entre las mujeres. Los teóricos de la opresión insisten en que la prostitución es por definición una forma de violencia contra las mujeres, independientemente de que haya violencia física manifiesta: “La prostitución debe ser mostrada como realmente es: una forma particularmente letal de violencia masculina contra las mujeres” (Farley and Kelly 2000, p. 54). La distinción entre prostitución voluntaria y forzada es mirada como una falacia: según los prohibicionistas, siempre existe algún tipo de coacción y dominación:

“Los chulos nos acosan con el mito de que existe una gran distancia entre lo que llaman prostitución ‘libremente escogida’ y prostitución ‘forzada físicamente’” (Farley 2007, p. 97). En contraste con la noción de prostitución = violencia, un punto de vista alternativo, basado en la evidencia, caracterizaría a la victimización de forma diferenciada: esto es, como un factor que varía según momento, lugar y grado. La violencia de ninguna manera es endémica en la totalidad del comercio sexual (ver Shaver 2005; Vanwesenbeeck 2001; Weitzer 2009b).

El paradigma de la opresión es articulado cada vez más en debates públicos sobre el tratamiento político de la prostitución  y ha sido encabezado por algunos académicos influyentes que son también activistas antiprostitución (p.e., Donna Hughes, Sheila Jeffreys, Catherine MacKinnon, Jody Raphael, Janice Raymond). Muchos grupos activistas prominentes en todo el mundo abrazan también este paradigma. Las siguientes afirmaciones de algunas de estas organizaciones ilustran las maneras en que la prostitución es construida en el paradigma de la opresión.

  • El informe de Poppy Project (2008) sobre la prostitución en pisos en Londres afirma: “En un nivel fundamental, la prostitución es una expresión absoluta del poder de los hombres frente a la subordinación y falta de opciones de las mujeres. Pagar por servicios de prostitución permite a los hombres ejercer poder y control sobre las mujeres de un modo que parecería inaceptable en cualquier otra esfera” (p. 8).
  • El Women’s Support Project de Escocia (2003) ha proclamado, “Creemos que la prostitución y otras formas de explotación sexual comercial son parte del espectro de la violencia de los hombres contra las mujeres y las niñas (¶ 1). No es, pues, sorpresa que el reciente informe del proyecto sobre los clientes de las prostitutas (Macleod et al. 2008) afirme: “Una vez vista como una forma de violencia contra las mujeres enraizada en la desigualdad entre los sexos, la prostitución es mejor entendida como una transacción en la que hay dos roles: explotador / predador y víctima / presa (p. 30).
  • Una de las más prominentes organizaciones prohibicionistas es Prostitution Research and Education (PRE), cuyo objetivo central es “abolir la institución de la prostitución” (Prostitution Research & Education 1998–2008, ¶ 1). Melissa Farley, directora de PRE, ha asegurado: “La prostitución no sólo daña a las mujeres por sí, también promueve actitudes sexistas y conducta machista sexualmente agresiva hacia todas las mujeres de la comunidad… Asumir el derecho a tratar a las mujeres como prostitutas significa que son tratadas como si no fueran humanas, dañando así tanto a las prostitutas como a las mujeres que no lo son” (Farley 2007, p. 181). Esta organización ha tenido un éxito extremo en propagar el paradigma de la opresión en los medios de comunicación de masas y en ganar la aceptación de ese punto de vista por parte de los círculos gubernamentales de los USA y de otros países.
  • La Coalition Against Trafficking in Women (CATW 2009) declara en su sitio web: “Toda prostitución explota a las mujeres, con independencia del consentimiento de éstas. La prostitución afecta a todas las mujeres, justifica la venta de cualquier mujer y reduce a todas las mujeres a sexo” (Philosophy, ¶ 3). CATW tiene ramas por todo el mundo y afirma que “ha cambiado los términos del debate sobre la prostitución y la trata en muchas regiones del globo y en las Naciones Unidas” (History, ¶ 1). CATW fue fundada por Janice Raymond.
  • La Chicago Alliance Against Sexual Exploitation (2009) afirma en su sitio web (http://www.caase.org) que la organización “está comprometida con la construcción de una comunidad global libre de explotación sexual. Sabemos que el comercio sexual actúa en detrimento de una sociedad sana y socava la dignidad de todas las personas.” En asociación con Melissa Farley, la organización patrocinó un reciente estudio de clientes en Chicago (Durchslag and Goswami 2008).

La forma como algo es definido puede influir mucho en cómo es percibido. En el paradigma de la opresión, la prostitución es asimilada a otras prácticas que son ampliamente condenadas: violencia doméstica, violación, esclavitud sexual y explotación sexual comercial. Según su punto de vista, los clientes compran mujeres (2) más bien que usan servicios sexuales y son etiquetados como usuarios de prostitutas y predadores sexuales. Los prohibicionistas imponen tales etiquetas “porque sí”.

  • “Cuando los hombres usan a las mujeres en prostitución, están expresando puro odio hacia el cuerpo femenino” (Dworkin 1997, p. 145).
  • “La prostitución es mejor entendida como violencia doméstica que como trabajo” (Farley 2008, p. 16).
  • “La prostitución es violación pagada” (Raymond 1995).
  • “Esos hombres deben ser vistos como maltratadores más que como clientes” (Raphael and Shapiro 2004, p. 137).
  • “Los hombres que compran actos sexuales no respetan a las mujeres, ni quieren respetarlas” (Hughes 2005, p. 7).
  • “Esos clientes no son sólo chicos traviesos que necesitan un tirón de orejas. Deberían ser descritos más exactamente como predadores” (Melissa Farley, según cita en Brown 2008). Farley (2004) ha dicho en otra parte que “los puteros asesinan a las mujeres de forma regular”  (p. 1102). (3)
  • “La diferencia entre los chulos que aterrorizan a las mujeres en la calle y los chulos trajeados que aterrorizan a las mujeres en los clubs de alterne es sólo una diferencia de clase, no una diferencia en su odio hacia la mujer” (Farley 2004, p. 1101).
  • Según Macleod et al. (2008), los clientes deberían ser fichados como agresores sexuales y apuntados en un registro de agresores sexuales: “Este nombre es importante, ya que coloca a los hombres que compran sexo en la misma categoría que los violadores, los pedófilos y otros indeseables sociales” (p. 27).

Igual que hacen con los clientes de las trabajadoras sexuales, los prohibicionistas también aplican dramáticas etiquetas a las trabajadoras mismas. Agencias, activistas y académicos antiprostitución han argüido que las prostitutas deberían ser llamadas mujeres prostituidas, víctimas o supervivientes. Estas etiquetas indican claramente que “la prostitución es algo que se hace a las mujeres”.(Raymond 2004, p. 1183), no una práctica voluntaria. Jeffreys (1997) ha escrito: “Los activistas antiprostitución usan el término mujeres prostituidas en lugar de prostitutas. Esto es una decisión política deliberada y pretende simbolizar la falta de elección que tienen las mujeres sobre ser utilizadas en prostitución”(p. 330).

En el paradigma de la opresión, la autonomía individual es considerada imposible. La lógica que respalda este argumento es a veces expresada de manera ambigua: “En la medida en que se supone que una mujer ha escogido libremente la prostitución, en esa medida se deduce que en su naturaleza está el disfrutar con ser dominada y violada” (Farley and Kelly 2000, p. 54).

El sensacionalismo es abundante en este cuerpo de literatura. Las historias anecdóticas de horror son materia prima de estos escritos y están diseñadas claramente para despertar la indignación de los lectores. Informes, sitios web y artículos de prensa de tipo prohibicionista destacan citas de mujeres que han tenido horribles experiencias, que son presentadas como típicas. Más aún, los mismos autores escriben frecuentemente de una forma alarmante. Por ejemplo, Farley (2006) ha escrito: “Cuando las mujeres son convertidas en objetos dentro de los cuales se masturban los hombres, se produce un profundo daño psicológico en la persona que está actuando de receptáculo” (p.107). Con esta clase de lenguaje, la misma Farley parece cosificar a las mujeres (4). Igualmente cosificante es la afirmación general de Farley (2006): “Ella misma y aquella cualidades que la definen como un individuo son  anuladas en la prostitución y ella representa la parte de la cosa que él quiere que sea” (p.122). Otro ejemplo de tal sensacionalismo es la declaración de Farley de que “prostitución, pornografía y trata se adaptan, o las sobrepasan, a las definiciones legales de tortura” (p.114). El tono de tales escritos se aparta radicalmente del de los escritos académicos convencionales.

Etiquetar la prostitución como violación pagada, a las trabajadoras como mujeres prostituídas o supervivientes, y a los clientes como predadores, tiene la finalidad de impresionar. El paradigma de la opresión sobrepone a los actores estos constructos sobrecargados emocionalmene de una forma generalizada. Tal terminología categórica oscurece las relaciones empíricamente documentadas entre trabajadoras y clientes, relaciones que son complejas y variadas. Más aún, muchos clientes y trabajadoras rechazan estas etiquetas descalificadoras. En un estudio de 294 prostitutas callejeras en Miami, por ejemplo, casi todas ellas “prefirieron los términos trabajadora sexual y mujer trabajadora y denominarse a sí mismas así”  (Kurtz et al. 2004, p. 359). Otras se llaman a sí mismas escorts. En contraste con la demonización de los clientes prevalente en la literatura de la opresión, un único estudio comparativo (Monto and McRee 2005) encontró pocas diferencias entre clientes de prostitutas y una muestra representativa nacional de hombres norteamericanos.

Además de hacer grandilocuentes caracterizaciones ontológicas, la mitología de la prostitución también muestra un conjunto de afirmaciones específicas respecto al comercio sexual: que la gran mayoría de las prostitutas comienzan a ejercer cuando tienen 13 ó 14 años, que fueron víctimas de abusos físicos o sexuales cuando eran niñas, que fueron engañadas o forzadas a prostituirse por chulos o tratantes, que usan o son adictas a drogas y que quieren desesperadamente salir del comercio sexual. Cuando se aplican de forma general a todas las trabajadoras sexuales, estas afirmaciones son falacias; se aplican mejor a un sector de la prostitución callejera (las que lo hacen por supervivencia), menos a otras trabajadoras de calle y menos aún a las trabajadoras sexuales de interior (Weitzer 2009b) (5).

La temprana edad de comienzo, por ejemplo, fue identificada como un mito por Winick y Kinsie (1971) en su clásico libro sobre la prostitución. Los estudios contemporáneos han comunicado distintos porcentajes de individuos que comenzaron a vender sexo cuando eran menores de edad. Estos estudios (p.e., Hester y Westmarland 2004) han documentado que sólo una minoría comenzó a prostituirse antes de tener 18 años y un porcentaje aún menor antes de los 14 años. El deseo de las trabajadoras de dejar el comercio sexual no es de ninguna manera tan general como han dicho los prohibicionistas. Un estudio de trabajadoras sexuales thais, por ejemplo (Steinfatt 2002), encontró que sólo el 15% quería dejar de vender sexo, mientras que el resto quería seguir trabajando en el comercio sexual, y el 69% dijeron que pensaban que el trabajo sexual era un buen trabajo. Otra evidencia que contradice los mitos antes mencionados puede ser encontrada en las principales revisiones de la literatura (Shaver 2005; Vanwesenbeeck 2001; Weitzer 2009b).

 

Afirmaciones basadas en investigaciones defectuosas

Algunos escritores partidarios del paradigma de la opresión han llevado a cabo investigaciones partidistas para promover sus objetivos políticos. Sus estudios a menudo toman la forma de informes no revisados ​​por pares realizados para organizaciones patrocinadoras, muchas de los cuales adoptan el paradigma de la opresión (6), pero otros han publicado artículos en revistas académicas, especialmente Violence Against Women y en algunas revistas legales (estas últimas generalmente carecen de revisión por pares). (7) Por ejemplo, Raymond editó un número especial de Violence Against Womenen en octubre de 2004, titulando la colección “El contencioso contra la legalización de la prostitución”. Estos escritos pueden ser criticados por varios motivos, que discuto más adelante.

Generalizaciones indiscriminadas

Los escritos de quienes adoptan el paradigma de la opresión son sorprendentes no solo por sus grandes suposiciones a priori y artículos de fe (descritos anteriormente) sino también por las generalizaciones que extraen de sus estudios empíricos. En un libro sobre prostitución en Noruega (Hoigard y Finstad 1992), por ejemplo, los autores escribieron que la prostitución es una “abominación” (p. 76) y una “opresión brutal” (p. 183), a pesar de que los hallazgos empíricos de los autores no respaldaban tan grandes acusaciones.

Los escritores que adoptan el paradigma de la opresión tienden a seleccionar o acentuar los casos de abuso más inquietantes y los presentan como representativos e indicativos de problemas intrínsecos. Gayle Rubin (1984) criticó una generación anterior de escritos prohibicionistas por seleccionar los “peores ejemplos disponibles” (p. 301) en el comercio sexual y considerarlos como la norma. Las generalizaciones son a menudo demostrablemente falsas, empíricamente dudosas o sin fundamento (es decir, la evidencia no es concluyente). Los términos y frases generalizantes, tales como la prostitución está vinculada a, causas de la prostitución, nos dijeron las mujeres, dicen los puteros, o los daños de la prostitución son una práctica estándar. Tales construcciones deterministas deberían hacer una pausa para los científicos sociales, que usan un lenguaje probabilístico para describir los hallazgos de la investigación, por ejemplo, frases como incrementan la probabilidad de, aumentan la probabilidad o son más probables que.

Los escritores prohibicionistas generalizan constantemente sobre la prostitución, alegando que no hay diferencia entre los diferentes sectores del trabajo sexual (8). Otros analistas (Vanwesenbeeck 2001) han criticado la “incapacidad de estos escritores para diferenciar adecuadamente entre las trabajadoras sexuales” (p. 279). En lugar de agrupar a todas las trabajadoras en una categoría de prostitución indiferenciada, la evidencia apunta a diferencias significativas entre quienes venden sexo. Plumridge y Abel (2001) han llamado a la prostitución un “mercado segmentado”, y Harcourt y Donovan (2005) han descrito lo que llaman “las muchas caras del trabajo sexual”. De hecho, “los análisis empíricos demuestran una notable diversidad de actividades que caen” bajo el término prostitución y una notable diversidad de experiencias entre las participantes ”(Monto 2004, p. 164).

La victimización es un área en la que se hacen generalizaciones injustificadas con frecuencia. Los escritores de la opresión a menudo afirman que porcentajes extremadamente altos (80–100%) de prostitutas son agredidas, robadas, violadas y victimizadas (Farley et al. 2003; Raphael y Shapiro 2004). Estas cifras de victimización son típicamente mucho más altas que las reportadas por los investigadores principales (por ejemplo, Church et al. 2001; Kurtz et al. 2004; Lowman y Fraser 1995; Perkins y Lovejoy 2007; Comité de Revisión de la Ley de Prostitución 2008; Seib et al. 2009; Whittaker y Hart 1996).

De hecho, es imposible documentar definitivamente la frecuencia o la gravedad de la victimización en esas poblaciones ocultas. El muestreo aleatorio de las trabajadoras sexuales es imposible porque no hay una lista completa de trabajadoras (en cualquier jurisdicción), y no hay forma de conocer los parámetros de la población de prostitutas o de clientes. Junto con esta dificultad está el problema de obtener acceso y cooperación de quienes participan en el comercio sexual. Todas las tasas de victimización reportadas son vulnerables al sesgo de selección: el segmento más desesperado de la población de prostitutas o las víctimas más frecuentes o más serias pueden ser especialmente propensas a contactar con proveedores de servicios o a aceptar entrevistas. La generalización de las prostitutas bajo custodia a la población de prostitutas en general es inherentemente defectuosa, al igual que sacar conclusiones generales de otros tipos de delincuentes encarcelados.

En ausencia de una muestra aleatoria, lo mejor que se puede esperar es una estrategia de entrevistar a personas en varios lugares geográficos y en diferentes tipos de prostitución, de manera rigurosa e imparcial. Los investigadores deben esforzarse por crear muestras que extraigan de múltiples ubicaciones y tipos de trabajadoras y que no estén sesgadas hacia ningún subgrupo en particular. Este procedimiento se conoce como muestreo intencional. Los estudios comparativos bien construidos (por ejemplo, Lever y Dolnick 2010; Lowman y Fraser 1995; PLRC 2008; Seib et al.2009; Shaver 2005; Vanwesenbeeck 2001; Weitzer 2009b) han tendido a encontrar diferencias significativas, y a veces enormes, entre las prostitutas de calle y las de interior en prácticas ocupacionales, satisfacción laboral, autoestima, salud física y psicológica, y varios tipos de victimización. Como Cusick (2006) ha concluido: “Cuando se comparan directamente los mercados sexuales, los daños introducidos por el trabajo sexual se concentran abrumadoramente en los mercados sexuales callejeros” (p. 4). Muchas trabajadoras sexuales en interiores reportan poca o ninguna victimización (Lucas 2005; Perkins y Lovejoy 2007; Sanders y Campbell 2007; Whittaker y Hart 1996).

Dada la imposibilidad del muestreo aleatorio, es imperativo que los investigadores califiquen sus conclusiones correctamente y eviten hacer generalizaciones sobre la prostitución: las trabajadoras varían enormemente y la prostitución toma formas bastante diferentes. Las conclusiones deben limitarse a la muestra discreta estudiada, que puede o no reflejar la población más grande de la que se extrae la muestra. Sin embargo, los escritores prohibicionistas a menudo no mencionan las limitaciones de muestreo de sus estudios y con frecuencia generalizan a partir de pequeñas muestras de conveniencia. Sus conclusiones suelen ir mucho más allá de sus datos.

Los escritores que adoptan el paradigma de la opresión también tienden a distorsionar o presentar selectivamente sus propios hallazgos. El siguiente ejemplo es ilustrativo de un problema que impregna la literatura de la opresión: el informe The Poppy Project (2008) sobre la prostitución en interiores en Londres, Big Brothel, contiene una página de titulares chocantes, como los siguientes:

  • “Sexo completo disponible por quince libras”.
  • “Besos, sexo oral o anal sin condón por un extra de 10 libras”.

En otra parte, el informe del Proyecto Poppy se refiere a “la ubicuidad de los servicios peligrosos y con descuento” (p. 29). Sin embargo, solo uno de los 921 burdeles ofreció sexo completo por 15 libras, y solo 19 burdeles ofrecieron “sexo completo o sexo anal” sin condón (Poppy Project, págs. 33, 34), y aunque los autores afirmaron haber identificado 921 burdeles en el área del Gran Londres, el número promedio de trabajadoras por burdel fue dos, lo que indica que muchos de estos supuestos burdeles eran en realidad proveedoras individuales que trabajaban en locales privados en lugar de burdeles (Poppy Project, p. 5). La distorsión también se ilustra en la afirmación de que los burdeles han invadido áreas tranquilas: “El 85 por ciento de los burdeles de Londres operan en áreas residenciales” (Proyecto Poppy, p. 4), y un comunicado de prensa del 4 de septiembre de 2008 del Proyecto Poppy declaró: ” Se ha dicho que nunca estamos a más de seis pies de distancia de una rata en Londres. Aparentemente, algo similar se aplica a los burdeles… Esta investigación muestra la perturbadora prevalencia de la industria del sexo en todos los rincones de Londres ”. De esta y otras formas, los resultados están sesgados para ocasionar un efecto dramático. Los llamados burdeles ubicuos en áreas residenciales pueden ser más inquietantes para el público que las operadoras independientes.

El informe recibió una publicidad sensacionalista en los medios de comunicación británicos, con titulares como “La industria del burdel se está ‘extendiendo’” (BBC World News 2008) y “El sexo se puede comprar por solo £ 15, revela una nueva encuesta” (Daily Mail 2008). El informe fue criticado por 27 investigadores universitarios, incluido el presente autor, cuya crítica fue reportada en la prensa (Lipsett 2008).

Recopilación de datos opaca y sesgada

Algunos estudios son notablemente francos sobre sus prejuicios. Un estudio de Chicago (Raphael y Shapiro 2004) comenzó con la premisa de que la prostitución es dañina: “Este proyecto de investigación fue diseñado dentro de un marco que considera la prostitución como una forma de violencia contra las mujeres y no la prostitución como una industria legítima” (p. 132). Las 12 entrevistadoras eran exprostitutas que compartían ese punto de vista: eran “sobrevivientes de la prostitución que no veían sus propias experiencias [de prostitución previa] como ‘trabajo’ o una elección” (Raphael y Shapiro 2002, p. 9; 2004, p. 129), y los autores reconocieron el “sesgo de las entrevistadoras” (Raphael y Shapiro 2002, p. 33). Si las entrevistadoras fueron parciales, parece que los encuestados estaban lejos de ser representativos. Los autores dieron poca indicación de cómo fueron localizados las encuestadas, excepto para decir que las entrevistadoras ya las conocían: eran “mujeres con las que trabajaron anteriormente en la prostitución, y mujeres referidas por las entrevistadas” (Raphael y Shapiro 2004, p. 132).

Los autores reconocieron que, debido a estos procedimientos, “es probable que esta muestra sea más representativa de las mujeres que quieren abandonar la prostitución” (Raphael y Shapiro 2004, p. 132). Además, “las preguntas de la encuesta y su administración probablemente fueron sesgadas en algún grado al trabajar dentro de este marco [de opresión] y al emplear a entrevistadoras que habían dejado la prostitución” (Raphael y Shapiro, p. 132) y que entrevistaron a asociadas anteriores que podrían haber sido de mentalidad similar. Este estudio es un buen ejemplo de un diseño de investigación precientífico. Como Vanwesenbeeck (2001) ha señalado:

Cuando los investigadores tienen dificultades para comprender argumentos racionales, por no decir positivos, para elegir el trabajo sexual y les resulta más fácil pensar en las prostitutas como víctimas, es comprensible que las trabajadoras sexuales [entrevistadas] enfaticen su condición de víctima y sus motivaciones negativas para trabajar. (pág. 259)

Los procedimientos sesgados arrojan conclusiones distorsionadas.

Los procedimientos de recopilación de datos en estudios basados ​​en el paradigma de la opresión a menudo son invisibles o problemáticos. Los problemas comunes incluyen la incapacidad de proporcionar suficientes detalles sobre los métodos de muestreo o de revelar las preguntas formuladas a las encuestadas. Como cualquier persona involucrada en la investigación mediante encuestas sabe, la redacción de preguntas puede hacer una gran diferencia en las respuestas obtenidas, y la práctica estándar es proporcionar al lector los elementos más importantes textualmente, especialmente sobre temas delicados. Este procedimiento rara vez se usa en investigaciones prohibicionistas. Por ejemplo, Farley (2008), quien es autora de varios estudios basados ​​en sus encuestas, ha declarado que “solo a individuos calificados” (pág. 48) se les permitiría ver las preguntas, y tendrían que contactarla directamente. Esta declaración desconcertante podría interpretarse como un intento de resistirse a la divulgación total de los procedimientos de investigación, violando el canon científico de la transparencia.

Algunos de estos estudios se basan en el engaño de los sujetos y, por lo tanto, plantean cuestiones éticas. En el examen de prostíbulos en Londres realizado por el Proyecto Poppy (2008), los investigadores hombres hicieron llamadas en frío a los números de teléfono que figuran en los anuncios de los periódicos y formularon una serie de preguntas a la persona que respondió al teléfono, generalmente una recepcionista. Los hombres se hicieron pasar por posibles clientes que preguntaban sobre la edad, el origen étnico y la cantidad de trabajadoras empleadas, los servicios y honorarios sexuales, la política de condones, etc.

Este procedimiento está lleno de problemas, por dos razones: en primer lugar, debido a que las personas que llamaron no hicieron un esfuerzo para establecer una buena relación con las recepcionistas (algo que lleva tiempo y podría depender de una conversación cara a cara), es probable que al menos algunas de las recepcionistas sospecharan de la persona que llamaba. En segundo lugar, debido a que las recepcionistas tenían interés en atraer a la persona que llamaba para que visitara el establecimiento, es posible que les hayan dicho a los hombres lo que querían escuchar, incluso citar servicios que no estaban disponibles, para que vinieran a llamar a la puerta. El informe del Proyecto Poppy (2008) reveló: “En algunos casos, los participantes potenciales no estaban dispuestos a revelar información, por falta de inclinación, falta de tiempo o sospecha” (p. 15). Sin embargo, el informe no revela con qué frecuencia se produjo este escenario, y trata la información recopilada como objetiva.

Los procedimientos de muestreo a veces son completamente invisibles. Por ejemplo, Farley et al. (1998) entrevistaron a trabajadoras en algunas situaciones inusuales: en Turquía, entrevistaron a mujeres que la policía llevó a un hospital con el fin de realizar controles de enfermedades venéreas; en Tailandia, las encuestadas fueron entrevistadas en la calle, en un salón de belleza y en una organización que ofrece servicios de apoyo; en Zambia, los investigadores entrevistaron a mujeres en una organización que ofrece servicios de apoyo a prostitutas; en Sudáfrica, se entrevistó a personas en la calle, en burdeles y en un centro de acogida. Los autores no proporcionaron información sobre cómo se seleccionaron estas ubicaciones, ni comentaron sobre la distorsión que puede resultar de tal muestreo de conveniencia. Es probable que las personas contactadas en las agencias proveedoras de servicios, así como aquellas que han sido detenidas por la policía, no sean representativas de la mayor población de trabajadoras sexuales.

Una deficiencia importante en la mayoría de los estudios de prostitución, incluidos los de los teóricos de la opresión, es la ausencia de un grupo de control. Las muestras de prostitutas no se comparan con muestras cuidadosamente seleccionadas de no prostitutas, y las muestras de clientes no se comparan con hombres que no han pagado por sexo. Por lo tanto, es imposible saber si las opiniones y experiencias de los encuestados difieren significativamente de las de las personas que no participan en el comercio sexual. Los escritores suelen atribuir sus resultados a los efectos de la prostitución, sin tener en cuenta si las tasas de victimización (por ejemplo, de asalto, robo, violación) difieren significativamente de las de la población en general. Como Shaver (2005) ha señalado, dicha investigación comparativa es necesaria para identificar los problemas que son “exclusivos del trabajo sexual y [aquellos] que son característicos de condiciones más generales, como género, origen étnico, oportunidades educativas, estado de salud y pobreza… Las comparaciones de trabajadoras sexuales con grupos de comparación apropiados a menudo sirven para demostrar que son falsas las percepciones populares” (págs. 306, 307) en la medida en que documentan similitudes entre las poblaciones prostituidas y no prostituidas situadas de manera similar (por ejemplo, Nadon et al. 1998). La misma conclusión parece ser cierta para los clientes, que se ha encontrado que difieren poco de las muestras representativas de otros hombres, al menos en los Estados Unidos (Monto y McRee 2005).

Dos estudios recientes y ampliamente publicitados de clientes —informes de la Alianza de Chicago contra la Explotación Sexual (Durchslag y Goswami 2008) y del Proyecto de Apoyo a las Mujeres de Escocia (Macleod et al. 2008)— ilustran muchos de los problemas metodológicos en este cuerpo de literatura. (Farley estuvo involucrada en ambos proyectos). A pesar de su orientación parcial hacia la industria del sexo (documentada previamente), los grupos presentan sus investigaciones y hallazgos como sólidos. Ambos informes están estructurados en torno a una línea argumental particular que describe las innumerables formas en que los clientes se desvían, con citas alarmantes seleccionadas para ajustarse a la línea argumental. Todos los informes terminan con recomendaciones de medidas para suprimir la demanda —escuelas de puteros y un mayor castigo para los clientes— y todos los informes recibieron publicidad en los medios locales.

Los dos estudios son ejemplos de libro de texto de procedimientos de recopilación de datos opacos y defectuosos. En primer lugar, no hay indicios de si los clientes entrevistados fueron informados sobre los objetivos del estudio o la orientación de los investigadores y su agencia patrocinadora, si los participantes recibieron formularios de consentimiento informado para firmar, o si los investigadores siguieron otros protocolos éticos. (10) En segundo lugar, debido a que los informes no proporcionan las preguntas de la entrevista, es difícil saber a qué respondían los hombres y si alguna de las preguntas estaba cargada. Es de destacar que los autores proporcionaron solo una cita (invariablemente una inquietante) para ilustrar cada supuesto hallazgo. En tercer lugar, ambos informes mencionaron que las entrevistadoras a menudo sentían desprecio por los hombres entrevistados. Por ejemplo, el informe de Chicago declaró:

Muchas de los entrevistadoras sentimos la crueldad del sexismo de los hombres no solo contra las mujeres compradas por los hombres, sino también contra nosotras mismas… Las entrevistadoras informaron sentirse escépticas sobre la ignorancia profesada por los hombres sobre las mujeres prostituidas, temerosas de la posibilidad de ser acosados ​​por los entrevistados, físicamente revueltas, con flashbacks a sus propios experiencias previas de violencia sexual, cuestionaron algunos aspectos de sus propias relaciones con los hombres en sus vidas, y en ocasiones sintieron la inclinación a disociarse o beber alcohol para adormecer las reacciones emocionales dolorosas a las entrevistas (Durchslag y Goswami 2008, p. 7 )

Dadas estas reacciones durante las entrevistas, uno se pregunta cómo las entrevistadoras pudieron mantener una “relación amigable y sin prejuicios” (Durchslag y Goswami, p. 7) con los hombres, como afirmaba el informe.

Hallazgos incómodos

En tales estudios, el sesgo también es evidente en un descuido del canon científico de la falsabilidad. Si llegan a hacer algún comentario de los resultados que no esperaban, los escritores prohibicionistas hacen todo lo posible para desacreditar tales hallazgos. Esta desacreditación incluye minimizar o cuestionar las voces de las propias trabajadoras sexuales cuando no están de acuerdo con las opiniones del autor. Por ejemplo, Raymond (2003) ha escrito: “No hay duda de que un pequeño número de mujeres dicen que optan por prostituirse, especialmente en contextos públicos orquestados por la industria del sexo” (p. 325). Al afirmar que el número es pequeño y al usar las palabras decir y orquestados, Raymond claramente trató de poner en duda la veracidad del testimonio de las mujeres.

En las entrevistas de Farley (2007) con algunas trabajadoras en ocho de los 30 burdeles legales de Nevada, dijo: “Sabía que minimizarían lo malo que era” (p. 22). Las encuestadas que no reconocieron que trabajar en un burdel era malo se consideraron en negación, y Farley intentó penetrar esta barrera: “Les pedíamos a las mujeres que se quitaran brevemente una máscara que era crucial para su supervivencia psicológica” (p. 22 ) Farley también ha afirmado que la mayoría de las mujeres que trabajan en los burdeles legales tenían proxenetas, a pesar de que las mujeres eran “reacias a admitir que sus novios y maridos las proxenetizaban” (pág. 31). Farley descubrió que “un porcentaje sorprendentemente bajo — 33% — de nuestras entrevistadas en los burdeles legales reportaron abuso sexual en la infancia” (p. 33), un porcentaje que “es menor que la probable incidencia real de abuso sexual debido a los síntomas de adormecimiento , evitación y disociación entre estas mujeres ”(p. 33), o molestias al hablar de tales experiencias.

En su estudio de seis países, Farley et al. (2003) encontraron un apoyo sustancial a la legalización entre las trabajadoras sexuales: una mayoría (54%) de las prostitutas entrevistadas en todos los países (y 56% en Colombia, 74% en Canadá, 85% en México) dijo que legalizar la prostitución la haría más segura. Los autores presentaron estas cifras inconvenientes en una tabla pero no las mencionaron en el texto (donde simplemente declararon que el 46% del total no creía que la legalización haría más segura la prostitución). En un artículo posterior, Farley (2005) descartó a aquellas trabajadoras que estaban a favor de la legalización: : “Como todas las demás, nuestras entrevistadas redujeron al mínimo los daños de la prostitución y, a veces, creían las afirmaciones de la industria de que la legalización o la despenalización de alguna manera las hará más seguras. Lamentablemente, no hay evidencia que respalde su creencia ”(p. 954). Farley sostiene que si las trabajadoras estaban a favor de la legalización, no formaron esta opinión por sí mismas, sino que debieron haber sido engañadas por activistas. (De hecho, como se indica posteriormente, existe evidencia de que algunos sistemas de legalización proporcionan un ambiente de trabajo relativamente seguro para las trabajadoras sexuales.) Caso tras caso, los hallazgos que son inconsistentes con el paradigma de la opresión se descartan y se reinterpretan para adaptarse a las presunciones del escritor: un claro ejemplo de razonamiento precientífico.

Además de la presentación de nuevos hallazgos, el avance científico también depende de la diligencia debida de los investigadores al citar y lidiar con otros estudios cuyos hallazgos difieren de los suyos propios. La práctica estándar es situar un estudio dentro de la literatura académica relacionada. Sin embargo, aquellos que operan dentro del paradigma de la opresión a menudo restringen sus citas a escritos de autores de ideas afines e ignoran los estudios que llegan a conclusiones inconsistentes con los suyos, de los cuales hay muchos, como se refleja en varias revisiones exhaustivas de la literatura (Shaver 2005; Vanwesenbeeck 2001; Weitzer 2009b). En algunos escritos, los teóricos de la opresión no citan ningún tipo de investigación académica. Este patrón se encuentra, por ejemplo, en el intento de Sullivan y Jeffreys (2002) de construir un contencioso contra la prostitución legal, el informe de Raymond (2004) sobre clientes y el artículo de Farley (2006) que afirma que la violencia en la prostitución es “normativa” (pp 104, 105).

Cuando los prohibicionistas citan los hallazgos de otros investigadores, a veces distorsionan los resultados y afirman exactamente lo contrario de lo que encontraron los investigadores citados. Por ejemplo, Farley (2008) afirmó que los clientes habituales “respaldaban firmemente los mitos sobre la violación” (p. 43), y citó un estudio de Monto y Hotaling (2001) para respaldar esta afirmación. Monto y Hotaling informaron solo que los clientes habituales eran más propensos que otros clientes a aceptar los mitos de la violación, no que los respaldaran firmemente, y Farley no mencionó el hallazgo más importante de este estudio: que los clientes en general no estaban dispuestos a respaldar los mitos de la violación: Monto y Hotaling encontraron “bajos niveles de aceptación de mitos de violación” (p. 275) entre la gran muestra de clientes estudiados.

Al tratar de argumentar que la prostitución en interiores victimiza a las mujeres en la misma medida que la prostitución callejera, Farley (2006) informó que un estudio británico de Church et al. (2001) encontró que las trabajadoras en lugares cerrados (residencias privadas, saunas) reportaron más intentos de violación que las trabajadoras de la calle. De hecho, el estudio de Church informó lo contrario: que el 28% de las trabajadoras de la calle dijeron que alguna vez habían experimentado un intento de violación, en comparación con el 17% de las trabajadoras de interiores. Además, Farley no mencionó que las prostitutas de la calle tenían 11 veces más probabilidades de haber sido violadas: según Church et al., el 22% de la muestra de la calle en comparación con solo el 2% de la muestra del interior había sido violada mientras estaba en el trabajo. Este ejemplo es un caso claro de invertir e ignorar hallazgos que contradicen los argumentos propios.

Los prohibicionistas también tienden a minimizar los resultados de otros investigadores. Cuando se le preguntó acerca de los estudios de clientes de prostitutas, Raymond (2008b) comentó que “lo que hemos visto en algunos de los estudios, los estudios de Monto, por ejemplo, donde ha entrevistado a compradores, es que muchos hombres falsifican la verdad” (págs. 60-61). Monto no ha hecho tal sugerencia en sus publicaciones (ver Monto 2004, 2010). Además, la afirmación de Raymond supone no solo que ella sabe cuál es la verdad, sino también que tiene evidencia de que los hombres están haciendo declaraciones falsas. Farley (2007) citó los hallazgos de Brents y Hausbeck (2005) de que las mujeres que trabajan en los burdeles legales de Nevada se sienten seguras en el trabajo, pero arroja dudas sobre este hallazgo al argumentar que “la seguridad es relativa, dado que toda la prostitución está asociada con una alta probabilidad de violencia ”(Farley, p. 20). Este movimiento, de nuevo, refleja una tendencia a lo largo de la literatura de opresión a descartar la evidencia que contradice sus principios centrales.

Ahora paso a un tema final que ha recibido mucha atención de quienes trabajan dentro del paradigma de la opresión: los efectos de la legalización.

 

La cuestión de la legalización

Comprometidos con una estricta política prohibicionista, los teóricos de la opresión han sido muy críticos con las naciones que han despenalizado el trabajo sexual (eliminándolo del derecho penal) o han adoptado algún tipo de legalización (por ejemplo, investigación y registro por parte del gobierno de propietarios de negocios, licencias de trabajadoras, requisitos de salud como el uso obligatorio del condón, visitas periódicas al burdel por parte de funcionarios, restricciones de zonificación). El argumento es que la despenalización y la legalización solo harán la situación peor que en un régimen de penalización. Como Raymond (2003) ha declarado, “en lugar de abandonar a las mujeres en la industria del sexo a la prostitución patrocinada por el estado, las leyes deberían combatir la depredación de los hombres que compran mujeres” (p. 326). Para los prohibicionistas, la legalización simbólicamente otorga un sello oficial de aprobación a una institución vil y crea lo que ellos llaman una cultura de prostitución, en la cual las transacciones sexuales comerciales se hacen aceptables:

Cuando desaparecen las barreras legales, también lo hacen las barreras sociales y éticas para tratar a las mujeres como mercancía sexual. La legalización de la prostitución envía el mensaje a las nuevas generaciones de hombres y muchachos de que las mujeres son productos sexuales y que la prostitución es una diversión inofensiva. (Raymond, pág. 322)

Estas objeciones morales a la prostitución podrían aplicarse fácilmente a los anuncios comerciales y a la industria del entretenimiento en general, donde la cosificación sexual de las mujeres es generalizada.

Además del crecimiento de una cultura de prostitución que devalúa a las mujeres, los autores prohibicionistas identifican una letanía de problemas específicos que asocian con la prostitución legal. Revisaré cada una de estas afirmaciones a continuación.

Afirmación 1 Los niveles de violencia y explotación inevitablemente aumentan en las jurisdicciones donde la prostitución ha sido legalizada y regulada:

Legitimar la prostitución como trabajo simplemente ha funcionado para normalizar la violencia y el abuso sexual que [las trabajadoras] experimentan a diario … La prostitución legalizada es abuso de mujeres respaldado por el gobierno (Sullivan 2005, p. 23).

Sullivan ha ido tan lejos como para afirmar que “la prostitución nunca puede ser segura” (p. 18).

Tal inevitabilidad es un artículo de fe, no una conclusión de evidencia empírica. De hecho, hay evidencia que desafía esta afirmación. Una década de investigación sobre burdeles legales en Nevada (Brents y Hausbeck 2005) ha concluido que los burdeles “ofrecen el ambiente más seguro disponible para que las mujeres vendan actos sexuales consensuados por dinero” (p. 289). Una investigación realizada por el Ministerio de Justicia en los Países Bajos (Daalder 2004) encontró que la “gran mayoría” (p. 30) de las trabajadoras en burdeles y ventanas holandeses informaron que “a menudo o siempre se sienten seguras” (p. 30). Del mismo modo, en Queensland, Australia, “No hay duda de que los burdeles con licencia proporcionan el ambiente de trabajo más seguro para las trabajadoras sexuales … Los burdeles legales que ahora operan en Queensland proporcionan un paradigma sostenible para una industria legal de burdeles con licencia saludable, libre de delitos y segura”(Comisión de Delitos y Mala Conducta 2004, p. 75; ver también Sullivan 2008). De las 101 trabajadoras de burdeles de Queensland entrevistadas, el 97% sintió que una ventaja de trabajar en un burdel legal era su seguridad (Woodward et al. 2004). En cada uno de estos contextos, los burdeles emplean precauciones de seguridad (p. ej., detección, vigilancia, sistemas de alarma, dispositivos de escucha) que reducen la probabilidad de abuso por parte de los clientes, y el estatus legal pretende cambiar el papel de la policía al de una intervención de protección en caso de problemas.

Ninguna de estas pruebas está destinada a romantizar los sistemas legales de prostitución. Trabajar en un sistema de este tipo no afecta a las participantes monolíticamente: las personas difieren en sus sentimientos sobre el trabajo, en la proporción entre experiencias negativas y positivas con los clientes y las relaciones con los gerentes, y en la satisfacción con las reglas y regulaciones. Además, los sistemas legales varían según el contexto nacional, con burdeles en los países desarrollados que difieren de los del Tercer Mundo. En este último, los establecimientos legales pueden tener menos comodidades y precauciones de seguridad que las de los países más desarrollados. Incluso en el Tercer Mundo, las trabajadoras legales pueden experimentar una mayor autoestima debido a mayores ganancias, falta de hostigamiento policial u otras mejoras en relación con sus experiencias de vida anteriores. Este efecto ha sido documentado en investigaciones en México y el Caribe (Kelly 2008; Martis 1999).

Afirmación 2 La legalización conduce a la proliferación de la prostitución. Según Raymond (2003), la legalización “alienta a los hombres a comprar mujeres para tener sexo” (p. 322) porque hace que el sexo remunerado sea más aceptable socialmente. Tal afirmación es difícil de justificar, dada la ausencia de datos sólidos sobre el consumo de prostitución antes y después de la legalización. Sin embargo, una evaluación de la cantidad de prostitución antes y después de la legalización en Nueva Zelanda en 2003 encontró que “el número de trabajadoras sexuales en Nueva Zelanda no ha aumentado como resultado de la aprobación de la PRA [Ley de Reforma de la Prostitución, 2003]” (PLRC 2008, p. 29; ver también Abel et al.2009). Sin embargo, reconociendo la dificultad de contar a las personas involucradas en este comercio, este estudio oficial informó que el número de trabajadoras parece haber disminuido desde la legalización, de aproximadamente 5.932 en 2003 a 2.232 en 2007 (PLRC 2008). La conclusión central fue que la legalización no conduce inevitablemente a la proliferación, como afirman los teóricos de la opresión.

Sin embargo, Raymond (2008b) ha ido más allá al afirmar que la prostitución legal aumenta la demanda de prostitución ilegal y de experiencias sexuales perversas:

Un sistema despenalizado les da a los hombres más derecho a salir del país porque no quieren el sexo legal de variedad de jardín que se les ofrece; quieren las actividades sexuales más transgresoras, sexo con niños, sexo con otras personas que no pudieron obtener en los burdeles legales … Promueve el derecho al sexo no legal. (págs. 74–75)

No hay evidencia que respalde esta afirmación.

Raymond (2003) ha argumentado que la legalización necesariamente aumenta la prostitución de menores, pero los sistemas bien monitoreados ofrecen evidencia en contra. En Nueva Zelanda, por ejemplo, una evaluación del gobierno (PLRC 2008) concluyó que “no considera que la PRA [Ley de Reforma de la Prostitución] haya aumentado la participación de menores en la prostitución” (p. 102). Otros sistemas legales (por ejemplo, Holanda, Australia) tienen un requisito de edad mínima y una prohibición de tener menores presentes en un lugar donde se realiza trabajo sexual. Un reciente informe del gobierno sobre los Países Bajos (Daalder 2007) concluyó que “parece que casi no hay prostitución de menores en el sector con licencia” y “los inspectores se encuentran con prostitutas menores de edad de manera muy incidental” (p. 86). Además, pocas de las trabajadoras actuales comenzaron a vender sexo como menores: solo el 5% (de una muestra de 354 prostitutas) lo había hecho cuando tenían menos de 18 años.

Afirmación 3 La legalización facilita y aumenta la trata sexual en la jurisdicción donde la prostitución es legal. La prostitución legalizada es “una de las causas fundamentales de la trata sexual” (Raymond 2003, p. 317), y “donde la prostitución es legal, la trata sexual procedente de otros países aumenta significativamente en negocios sexuales tanto legales como ilegales en la región” (Farley 2007, p. 118). El informe de Farley (2007) sobre prostitución legal en Nevada se basa en rumores para respaldar esta afirmación:

Las mujeres son tratadas desde otros países a los burdeles legales de Nevada… En Nevada, el 27 por ciento de nuestras 45 entrevistadas en los burdeles legales de Nevada creían que había inmigrantes indocumentadas en los burdeles legales. Otro 11 por ciento dijeron que no estaban seguras, por lo tanto, hasta el 38 por ciento de las mujeres que entrevistamos pueden haber sabido de mujeres tratadas internacionalmente en prostitución legal de burdeles de Nevada. (págs. 118, 119, énfasis añadido)

Otra forma de informar este supuesto hallazgo es que hasta el 62% creía que las mujeres no eran tratadas a los burdeles, mientras que el resto no tenía una opinión o creía que los burdeles tenían inmigrantes indocumentadas, mujeres que no necesariamente eran tratadas. En otra parte del informe, Farley (2007) declaró que algunas mujeres en un burdel le dijeron que las mujeres en otro burdel habían sido tratadas desde China. En lugar de tratar esta información como un rumor, Farley la presentó como objetiva y llamó a las mujeres que le contaron esta historia “testigos”, prestando a sus declaraciones un aura de credibilidad.

La prostitución ha sido legal en Victoria, Australia, desde 1984. En su crítica de la situación victoriana, Sullivan y Jeffreys (2002) han afirmado que la trata “parece haberse disparado” (p. 1145), pero luego declararon que esto es puramente anecdótico. No hay evidencia que respalde la afirmación de que la legalización aumenta la trata en Victoria o en otros lugares de Australia. Además, las evaluaciones recientes del gobierno australiano (Comité Parlamentario Conjunto 2004) y de organizaciones independientes han concluido que la trata no era un problema significativo en Australia. Como informó una evaluación,

Las cifras de trata son bajas principalmente debido al aislamiento geográfico del país, combinado con un control muy estricto de inmigración y fronteras. Existen canales legales para la migración hacia la industria del sexo, lo que reduce la necesidad de que las migrantes dependan de los sindicatos del crimen organizado o los tratantes (Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres 2007, p. 29).

Para aquellas que migran a Australia en busca de trabajo,

la mayoría de las mujeres saben que trabajarán en la industria del sexo y, a menudo, deciden venir a Australia con la creencia de que podrán ganar una cantidad sustancial de dinero … Pocas de las mujeres se considerarían a sí mismas esclavas sexuales (Meaker 2002, pp. 61, 63).

De manera similar, la reciente investigación del gobierno de Nueva Zelanda (PLRC 2008) ha informado que “el servicio de inmigración no ha identificado situaciones que involucren trata en la industria del sexo” (p. 167), y que “no hay un vínculo entre la industria del sexo y trata de personas ”(p. 167) en el país. La prostitución es legal en Nueva Zelanda.

De hecho, una mayor regulación gubernamental puede disminuir la trata debido a una mayor supervisión y transparencia de la industria del sexo legal. En los Países Bajos, un informe del Ministerio de Justicia (Daalder 2007) concluyó que, desde la legalización en 2000, “es probable que la trata de seres humanos se haya vuelto más difícil, porque la aplicación de las regulaciones ha aumentado” (p. 84). Cuando la prostitución es ilegal, lo contrario parece ser cierto:

Los tratantes se aprovechan de la ilegalidad del trabajo sexual comercial y la migración, y pueden ejercer una cantidad indebida de poder y control sobre [las migrantes] … En tales casos, son las leyes que impiden tanto el trabajo sexual comercial como la inmigración legales las que constituyen los principales obstáculos (Kempadoo 1998, p. 17).

Relacionado con la afirmación de la trata está el argumento de que la legalización aumenta la participación del crimen organizado: “El crimen organizado es inherente en toda la industria” (Sullivan 2005, p. 4). Aunque la delincuencia organizada puede ser un problema en cualquier industria, las posibilidades de que la delincuencia organizada se elimine aumentan como resultado de una supervisión gubernamental mejorada, como la verificación de antecedentes penales de los propietarios, la certificación periódica de las empresas y las visitas periódicas de los funcionarios. En Queensland, Australia, una evaluación del gobierno (CMC 2004) concluyó que el crimen organizado había sido eliminado en gran medida en los burdeles legales; en Nueva Zelanda, un estudio del gobierno (PLRC 2008) no encontró evidencia de participación criminal en la prostitución. Como Murray (1998) ha señalado, “es la prohibición de la prostitución y las restricciones a los viajes lo que atrae al crimen organizado y crea las posibilidades de obtener grandes ganancias, además de crear la necesidad de protección y asistencia de las prostitutas” (pág. 60). El crimen organizado prospera (y otros daños se amplifican) en condiciones donde el vicio es ilegal y no está regulado, como la prohibición de las drogas y el alcohol, los juegos de azar, etc.

Afirmación 4 Las mujeres que venden sexo no quieren que la prostitución sea despenalizada o legalizada. Raymond (2003) ha afirmado que las trabajadoras no quieren que la prostitución sea “considerada un trabajo legítimo” (p. 325) y cree que “la legalización crearía más riesgos y daños para las mujeres por parte de clientes y proxenetas ya violentos” (p. 325). Estas afirmaciones son contradictorias; ¿Por qué las trabajadoras no preferirían que su trabajo fuera legitimado y por qué creerían que la legalización aumentaría el riesgo de daños? Además, los pocos estudios que han preguntado a las trabajadoras sexuales sobre la despenalización o la legalización (por ejemplo, Farley et al. 2003) han encontrado porcentajes significativos que respaldan los cambios legales. Como se indicó anteriormente en este artículo, muchas de las trabajadoras sexuales en el estudio de Farley et al. estaban a favor de la legalización: resultados que contradicen directamente la afirmación mencionada anteriormente de Raymond.

Algunas trabajadoras sexuales se oponen a ciertos tipos de controles legales, especialmente si perciben que esos controles interfieren con su libertad (Weitzer 1999). Sin embargo, otras ven claramente que al menos algunos tipos de regulación sirven a sus intereses, incluidos los derechos laborales y el empoderamiento para denunciar delitos o violaciones de códigos a las autoridades. En Nueva Zelanda, la ley de despenalización de 2003 otorgó a las trabajadoras numerosos derechos, aumentó su disposición a denunciar problemas a la policía y “aumentó la confianza, el bienestar y un sentido de validación” (PLRC 2008, p. 50) porque el trabajo sexual ya no era ilegal. Un estudio del gobierno concluyó que “despenalizar la prostitución hizo que las trabajadoras sexuales se sintieran mejor consigo mismas y con lo que hacían” (PLRC, p. 49). La investigación en otros contextos con prostitución legal, citada en la Afirmación 1, proporciona evidencia de las opiniones positivas de las trabajadoras sexuales sobre al menos ciertos aspectos de estos regímenes legales.

Además de afirmar que hay daños específicos inherentes a la prostitución legal, los prohibicionistas también rechazan la legalización debido a presuntas fallos fundamentales. Los problemas no pueden mejorarse, según estos escritores, porque son inherentes a la prostitución. Se han presentado acusaciones radicales: “La experiencia de Victoria disipa la afirmación de que la legalización empodera a las mujeres” (Sullivan y Jeffreys 2002, pag.1144). Raymond (2008a) ha argumentado que “la despenalización del sector de la prostitución es una política fallida” (p. 20), y busca desafiar lo que ella describió como una “ficción popular de que todo irá bien en el mundo de la prostitución una vez que la industria del sexo sea legalizada “(Raymond 2003, pag. 326). Ningún estudioso serio ha afirmado que todo estará bien con la despenalización, pero los estudios citados anteriormente han demostrado que la despenalización puede fomentar la reducción de daños.

 

Implicaciones políticas

En su conjunto, los problemas identificados en este artículo ponen de manifiesto muchas debilidades en el paradigma de la opresión. Sin embargo, a pesar de estos innumerables problemas, este paradigma ha sido sorprendentemente influyente durante la última década en la configuración de las políticas públicas en los EE. UU. y en otros lugares: un ejemplo de libro de texto de un marco empírico sin respaldo que afecta con éxito la política estatal. En las siguientes secciones, proporcionaré algunos ejemplos de cómo el paradigma de la opresión ha permeado el discurso popular y moldeado los recientes debates y resultados de políticas públicas (ver también Agustin 2007; Stolz 2005; Weitzer 2007).

Los medios de comunicación a menudo informan de los resultados de estudios de prohibicionistas, por lo general sin crítica y a veces con titulares sensacionales. El informe de Farley (2007) sobre los burdeles legales de Nevada, por ejemplo, recibió una atención generalizada después de que el columnista del New York Times Bob Herbert (2007a, b) escribiera artículos de opinión alabando su trabajo. Uno de sus artículos (2007b) se refería a la prostitución como un “espectáculo de terror”, declaró que “la prostitución legalizada se trata de la degradación”, y abrazó muchos otros mitos sobre el comercio sexual. El estudio escocés descrito anteriormente (Macleod et al. 2008) obtuvo un titular en el Daily Record (Brown 2008) que decía “Industria del sexo en Escocia: dentro de las mentes ofuscadas de los puteros”, así como un artículo alarmista que decía: ” El Record reveló ayer una encuesta impactante que mostró que los hombres no estaban al tanto del daño que causaron al comprar sexo… La portavoz de justicia del Partido Laborista Pauline McNeill instó al gobierno a no descartar propuestas para tratar a los hombres atrapados usando prostitutas como delincuentes sexuales “. (Gardham 2008). Estos son solo dos ejemplos de la cobertura favorable y sensacionalista dada a los estudios que destacan los daños de la prostitución.

Debido a los informes de los medios de comunicación y a la intensa presión de lobby de los grupos de activistas, las denuncias prohibicionistas a menudo obtienen una audiencia favorable en los círculos gubernamentales. El gobierno británico, por ejemplo, adoptó el informe Big Brothel del Proyecto Poppy (2008). La Ministra de Mujeres e Igualdad, Harriet Harman, declaró: “La prostitución es el abuso y la explotación de las mujeres por parte de los hombres, y esta importante investigación resalta las tristes realidades del llamado comercio de calle en la capital” (4 de septiembre , 2008, comunicado de prensa del Proyecto Poppy, en posesión del autor). Los prohibicionistas han presionado con éxito a legisladores y otros funcionarios gubernamentales en todo el mundo. Por ejemplo, estuvieron involucrados en la aprobación de la ley sueca de 1999 que criminalizaba unilateralmente a los clientes de prostitutas, y han presionado a otros gobiernos para que adopten la legislación sueca (Scoular 2004), que se está considerando seriamente en el Reino Unido y en otros lugares (Dodillet 2004 ; Kantola y Squires 2004; Outshoorn 2001).

Las propuestas para despenalizar la prostitución se han encontrado con una fuerte oposición. Un ejemplo reciente es Bulgaria, donde el plan del gobierno para legalizar la prostitución en 2007 fue revertido después de una intensa presión de lobby por parte de las fuerzas antiprostitución (Kulish 2007). La propuesta electoral de 2008 de San Francisco (Proposición K), que habría despenalizado la prostitución, encontró resistencia similar y no pudo obtener el apoyo. Tal oposición no siempre es exitosa, como se evidencia en Nueva Zelanda y Australia Occidental. En los debates parlamentarios sobre estos proyectos de ley de legalización, la oposición articuló los principios clave del paradigma de la opresión, con algunos miembros del parlamento citando los escritos de las principales prohibicionistas por su nombre, incluidas Janice Raymond, Mary Sullivan y Sheila Jeffreys (ver Weitzer 2009a).

La legalización ha sido un tema polarizador no solo en los estados nacionales individuales sino también para los cuerpos políticos internacionales. Un ejemplo es un informe reciente presentado al Parlamento Europeo por la Comisión parlamentaria de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, producto de la presión de lobby de grupos prohibicionistas. El informe dice:

Para aquellos que desean ver la prostitución como cualquier otra profesión, ¿cómo enfrentarán estas devastadoras consecuencias para la salud? Para aquellos que desean ver la legalización como una forma de proteger a las mujeres que venden sexo, ¿cómo podemos controlar la afluencia de víctimas de la trata, que es una consecuencia inmediata de la legalización de la demanda? Pero lo más importante es cómo debemos enfrentar el mayor problema: que independientemente de la situación legal de la industria del sexo, las devastadoras consecuencias para la salud de las mujeres que venden sexo son inherentes al negocio como tal… La industria del sexo, legalizada o regulada, es en sí misma una forma sistemática de violencia hacia las mujeres: la violencia es una parte integral de las cosas que se espera que hagan las mujeres prostituidas en su práctica diaria… Legalizar la prostitución es legalizar esta violencia sistemática, y esos países que han legalizado la prostitución han estimulado la demanda y aumentado el mercado de la trata (Carlshamre 2008).

Durante la administración Bush (2001–2008), el gobierno de los Estados Unidos adoptó plenamente el paradigma de la opresión (Soderlund 2005; Stolz 2005; Weitzer 2007). Durante esos años, las publicaciones y sitios web oficiales (del Departamento de Estado de EE. UU., del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., etc.) citaron y proporcionaron enlaces a los escritos de activistas prohibicionistas. Incluso la terminología fue examinada por las agencias gubernamentales: los Institutos Nacionales de Salud instruyeron a los funcionarios y solicitantes de subvenciones para que no usaran el término trabajo sexual (Epstein 2006), al igual que el Departamento de Estado de los EE. UU., que aconsejó al personal usar en su lugar la frase “mujeres utilizadas en prostitución” (Parameswaran 2006).

La administración Bush también dispensó generosas donaciones a organizaciones e individuos prohibicionistas para escribir informes y realizar investigaciones, incluidos CATW, Janice Raymond, Donna Hughes y Melissa Farley (Fiscal General 2004, 2005). Un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos (2006) planteó preguntas sobre esta financiación, citando la preocupación del Inspector General del Departamento de Estado con “las credenciales de las organizaciones y los resultados de la investigación que financió la Oficina de Trata” (p. 25). Al mismo tiempo, el gobierno negó la financiación a organizaciones que se negaron a firmar una promesa de antiprostitución (Fisher 2005). Una reciente Solicitud de Propuestas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos estipuló que todos los solicitantes de fondos para investigar la trata deben certificar que “no promueven, apoyan o defienden la legalización o la práctica de la prostitución” (National Institute of Justice 2007, p. 4 )

Los ejemplos antes mencionados son solo algunas de las formas en que los defensores del paradigma de la opresión han moldeado con éxito las políticas públicas en los últimos años. El resultado es que las políticas de prostitución se están divorciando cada vez más de una investigación sólida basada en los cánones estándar de la investigación científica. La política de prostitución no es única en este sentido; La moral y el dogma también han superado a la ciencia en las políticas recientes sobre células madre, prevención del VIH y programas de intercambio de agujas (Buchanan et al. 2003; di Mauro y Joffe 2007; Epstein 2006). Sin embargo, en el caso de la prostitución, la política ha cambiado drásticamente y en poco tiempo, como resultado directo de la presión de lobby de activistas y académicos que han adoptado el paradigma de la opresión (Weitzer 2007).

 

Conclusión

El paradigma de la opresión es unidimensional y esencialista. Aunque la explotación y otros daños están ciertamente presentes en el trabajo sexual, existe una variación suficiente en el tiempo, el lugar y el sector para demostrar los defectos fatales de este paradigma. Una perspectiva alternativa, lo que yo llamo el paradigma polimorfo, sostiene que existe una constelación de configuraciones ocupacionales, relaciones de poder y experiencias de las trabajadoras dentro del ámbito de los servicios y actuaciones sexuales remunerados. Este paradigma es sensible a las complejidades y a las condiciones estructurales que resultan en la distribución desigual de la autonomía y la subordinación (Cusick 2006; O’Connell Davidson 1998; Shaver 2005; Weitzer 2009b).

Dentro de la academia, un número creciente de académicos está investigando varias dimensiones del trabajo sexual, en diferentes contextos, y sus estudios han documentado una variación sustancial en cómo las trabajadoras, los clientes y los gerentes organizan y experimentan el trabajo sexual (ver Weitzer 2009b, para una revisión ) Tales diferencias también son evidentes en los escritos de las propias trabajadoras sexuales, que contribuyen a los foros de discusión en línea. Juntos, estos estudios y escritos complementarios ayudan a socavar los mitos populares sobre la prostitución y desafían a aquellos escritores que adoptan el paradigma de la opresión monolítica. La victimización, la explotación, la elección, la satisfacción laboral, la autoestima y otras dimensiones deben tratarse como variables (no constantes) que difieren según el tipo de trabajo sexual, la ubicación geográfica y otras condiciones estructurales y organizativas.

 

NOTAS

1.- Los prohibicionistas también son llamados a veces abolicionistas o feministas radicales.

2.- Se podría argumentar que el término comprar mujeres cosifica a las mujeres que trabajan en la prostitución tratándolas como mercancías en lugar de como personas que prestan un servicio sexual.

3.- Además de la falta de documentación que respalde esta declaración, la misma es problemática porque los términos regularmente y asesinos (que suenan como una tendencia innata) son opacos.

4.- Igualmente cosificante es la afirmación general de Farley (2006), “Ella misma y las cualidades que la definen como individuo se eliminan en la prostitución y ella representa la parte de la cosa que él quiere que sea ”(p. 122).

5.- Las trabajadoras sexuales de interior son aquellas que realizan cualquier tipo de trabajo sexual detrás de puertas cerradas, en lugar de en la calle.

6.- Estas incluyen las dos organizaciones más prominentes: la Coalition Against Trafficking in Women (encabezada por Janice Raymond) y Prostitution Research and Education (dirigida por Melissa Farley) así como grupos menos conocidos como la Chicago Alliance Against Sexual Exploitation y Standing Against Global Exploitation. Para un estudio de la ideología de una organización prohibicionista (Council on Prostitution Alternatives in Portland), ver Davis (2000).

7.- Un ejemplo es el artículo de revisión de la ley de Yen (2008) sobre los clientes de prostitutas, que está llena de afirmaciones sin fundamento y se basa casi exclusivamente en la literatura prohibicionista. Yen ha combinado prostitución y trata sexual, se ha referido a la “verdad fea de la industria del sexo comercial “(p. 676), ha escrito que la prostitución es la “opresión de la mujer” (p. 678), y ha descrito naciones donde la prostitución es legal por haber “legitimado la opresión de las mujeres” (p. 680).

8.- Por ejemplo, según Farley (2004), la violencia es “la norma para mujeres en todo tipo de prostitución ”(p. 1.094). Un estudio de Chicago (Raphael y Shapiro, 2004) ha afirmado que “la violencia prevalecía tanto en lugares de prostitución de interior como de exterior “(pág. 133), sin embargo, los autores fusionaron las cifras sobre victimización en el trabajo y fuera del trabajo (por sus parejas domésticas y otros), inflando así artificialmente las tasas de victimización en el trabajo y permitiendo a los autores afirmar falsamente que la violencia prevaleció en lugares de prostitución bajo techo. Un alto porcentaje de la violencia fue ejercido por las parejas domésticas.

9.- Copia impresa en posesión del autor.

10.- En el estudio escocés (Macleod et al. 2008), los entrevistados fueron reclutados con un anuncio en el periódico preguntando: “¿Alguna vez ha sido cliente de una prostituta? Al equipo internacional de investigación le gustaría escuchar sus opiniones “. En el estudio de Chicago (Durchslag y Goswami 2008), el anuncio decía:”La organización de investigación con sede en Chicago está buscando entrevistar a hombres que han pagado por sexo comercial”. El anuncio no reveló que la organización de investigación en cuestión era la Alianza de Chicago contra la Explotación Sexual, información que podría haber reducido la tasa de respuesta.

 

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¿Qué es la trata?

 

 

30.- ¿Qué es la “trata de personas”? 

Trata es la compraventa de mercancías.

No puede existir “trata de personas” (o “trata de seres humanos”) si esas personas no han sido reducidas previamente a la condición de esclavos (y, por tanto, de mercancías) en virtud de leyes de esclavitud vigentes en un momento y en un Estado concretos. Esas leyes respaldan el derecho de propiedad de unas personas sobre otras y garantizan con los tres poderes del Estado el derecho de las primeras a comprar y vender a las segundas: si un esclavo se escapa, la policía se encarga de detenerlo y devolverlo a su propietario.

En España, la esclavitud fue abolida en el siglo XIX: hoy, no hay ni esclavitud ni trata.

Aunque la propaganda institucional abolicionista intenta hacer creer que las víctimas de lo que el actual Código Penal llama “trata de seres humanos” son mujeres secuestradas y violadas, como si esta llamada “trata” fuera una auténtica trata, la realidad es que la condición indispensable para que una mujer pueda llegar a ser considerada víctima de “trata” es que haya existido libre consentimiento, ya que, si no hubiera existido el libre consentimiento, los delitos serían de secuestro y violación, claramente tipificados en el Código Penal.

Los vicios del consentimiento que pueden invalidar éste ya están contemplados en nuestro sistema jurídico: no es lo mismo un consentimiento invalidado por iniciativa de la persona titular del bien jurídico protegido —la libertad sexual, la libertad de empresa, el derecho al trabajo— que consigue demostrar que su consentimiento fue viciado que un consentimiento despreciado por la ley como “irrelevante” violando la dignidad de la persona que lo dio libremente.

La expresión “explotación sexual”  que menciona el Código Penal como finalidad de la “trata” no ha sido definida ni en la legislación internacional ni en la nacional. Eso viola el principio de legalidad, creando una situación de inseguridad jurídica incompatible con el Estado de Derecho.

Por eso, una de las reivindicaciones en que se concreta nuestra lucha por la total despenalización del trabajo sexual es la supresión del párrafo b) del artículo 177 bis del Código Penal (De la trata de seres humanos) que dice “La explotación sexual, incluyendo la pornografía.”

Basta con las leyes generales que nos protegen contra el secuestro, la violación y los vicios del consentimiento en defensa de nuestra plena y responsable libertad personal.

Del Putecismo

 

Desmontando el Abolicionismo: La Demanda de Pandora

 

Por Raj Redlich

 

Parte I: La Falacia de MacKinnon (sin puteros no hay prostitución)

 

Parte II: Precarizando a las Precarias (economía del modelo nórdico)

 

Parte III: Puticonsumismo (no hay putero para tanta puta)

 

Parte IV: El Putero Samaritano (cuando el cliente ayuda a la prostituta)

Psicólogos denuncian la escasa credibilidad que otorga la justicia a las víctimas de trata

 

MADRID, 28 de mayo de 2019 (SERVIMEDIA)

https://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/9905849/05/19/Psicologos-denuncian-la-escasa-credibilidad-que-otorga-la-justicia-a-las-victimas-de-trata.html

 

Un grupo de psicólogos presenta este martes en la sede de la Comisión Europea en España una serie de orientaciones para evitar la “revictimización” de las mujeres en redes de trata, cuyo relato, según denuncian, es puesto en entredicho por jueces y fiscales ante las “contradicciones” en las que acaban cayendo fruto de su “estrés postraumático”.

“Tienen una ansiedad generalizada que hace que su discurso no sea coherente; esto dificulta mucho que sean creídas, al caer en contradicciones y vacíos en la narrativa. No es que lo que denuncien no haya pasado, sino que no pueden narrarlo como esperaríamos”, explicó a Servimedia el psicólogo Markus González, director del proyecto Psychological Health Impact Of Trafficking in Human Beings (PHIT).

Un grupo de investigadores con él a la cabeza se ha entrevistado con varias mujeres víctimas de trata. Según sus datos, alrededor del 80% no recibieron ningún tipo de atención psicológica ni médica. Esta vulnerabilidad, defienden los investigadores, debe ser comprendida por el sistema judicial, por lo que reclaman una mayor formación para evitar una “victimización secundaria” desde las propias instituciones.

Según indicó Markus González, las mafias suelen captar a estas mujeres en sus países de origen aprovechándose de su situación. De hecho, se caracterizan por normalizar la violencia. Como ejemplo, la mitad de las mujeres que han participado en la investigación fueron violadas en su primera relación sexual, mientras que entre el 70 y el 80 por ciento han sufrido violencia física o psicológica desde la infancia.

“La realidad de que bajo la apariencia de prostitución libremente ejercida se esconden esclavas sexuales es cada vez más conocida. No obstante, poco se sabe del impacto psicológico que esas situaciones de violencia física y sexual o intimidación, humillación y cuestionamiento tienen sobre las víctimas”, agregó González.

En este sentido, los psicólogos confían en que la Ley integral de Trata que inició el Gobierno siga su curso en el Congreso de los Diputados e incluya más formación para los operadores jurídicos, así como una mayor atención psicológica para las víctimas.

(SERVIMEDIA)

28-MAY-19

GIC/caa

 

Francia: ¿Tres años de ley y cuántas falsas promesas?

 

Por THIERRY SCHAFFAUSER

17 de abril de 2019

http://MA.LUMIERE.ROUGE.BLOGS.LIBERATION.FR/2019/04/17/3-ANS-DE-LOI-ET-COMBIEN-DE-FAUSSES-PROMESSES/

 

 

Cuando una ideología lleva a un callejón sin salida y destruye vidas.

 

El aniversario de los tres años de la ley del 13 de abril de 2016 transcurrió sin mucho ruido. El tema del trabajo sexual permite que las personas se entretengan durante los debates televisados, pero a pocos les importa lo que realmente está sucediendo a las personas involucradas, incluidos aquellos que defienden la ley en nombre de “ayudar a las prostitutas” sin nunca intentar evaluar o verificar las consecuencias de su política.

Promesa de evaluación

La ley prevé una evaluación del gobierno después de dos años y esto no se ha hecho. Los defensores dicen que es demasiado pronto para evaluar, que se necesita tiempo para sentir los efectos positivos. Y, de hecho, los efectos positivos todavía no están allí. Sería culpa de los decretos de aplicación que tardaron en publicarse. La penalización de los clientes, de hecho, la medida emblemática de la ley y el interés principal de sus defensores, se aplicó desde el primer día porque no requiere ningún decreto de aplicación.

Esta penalización es denunciada regularmente por las trabajadoras sexuales y las organizaciones de salud. A menudo lo hablamos en este blog, así que lo remito al estudio de LeBail / Giametta para más detalles; esta nota está destinada más a verificar el contenido de las promesas que se han hecho.

Promesa de desaparición gradual de la “prostitución”.

La apuesta de esta ley era que la pérdida de ingresos relacionada con el trabajo sexual llevaría a las trabajadoras sexuales a hacer otra cosa. Esta visión ya era en sí misma una forma de confesión, ya que si el trabajo sexual fuera realmente una “violencia contra las mujeres”, no habría necesidad de alentar a las personas que lo practican a detenerlo buscando destruir o reducir su fuente de ingresos. Por lo tanto, se trata de castigar a las recalcitrantes que se niegan a someterse a la ideología abolicionista mediante el corte de sus suministros de alimentos.

Las feministas abolicionistas a favor de la ley, sin embargo, habían previsto que la presión sobre las trabajadoras sexuales tendría que ejercerse después de la introducción de “ayudas” para “salir de la prostitución”. Se suponía que la penalización de los clientes se aplicaría solo varios meses después de dicho “componente social” para garantizar un período de “reintegración” sin pérdida de ingresos netos. De hecho, sucedió exactamente lo contrario, ya que la penalización de los clientes se aplicó de inmediato y las “ayudas” famosas de la llamada “ruta de salida” no comenzaron a aplicarse más que año y medio después para los primeros departamentos interesados.

Promesa de lucha contra la trata de personas, la explotación y la violencia.

Por lo tanto, es en gran parte por esta razón que, por el momento, no hay una evaluación positiva de estos primeros años durante los cuales solo se aplicó el componente represivo, mientras que se suponía que éste también traería beneficios, entre otras cosas, la progresiva desaparición del trabajo sexual y la trata de seres humanos. Tres años después, no hay indicios de tal desaparición, y el número de víctimas de la trata puede incluso estar batiendo récords.

Cuando las trabajadoras sexuales denuncian precarización y asaltos más frecuentes desde la aplicación de la ley, sus partidarios explican que la violencia ya existía antes, que no fue culpa suya y que las “personas en situación de prostitución” siempre se han quejado de su precariedad. Cuando nos quejamos por el aumento de infecciones, se nos dice que el VIH y las ITS no son lo único que hay en la vida y que se debe tener en cuenta la salud de manera global, ya que la práctica del trabajo sexual sería una forma de deterioro de su salud mental (teoría rechazada por la Haute Autorité en Santé por falta de evidencia). En el peor de los casos, se nos acusa de mentir o no saber lo que decimos debido a nuestra negación psicológica unida a nuestro estrés postraumático, los síndromes de Estocolmo y otras formas de patologización. En todo caso, nadie afirma que la ley haya mejorado nuestras condiciones de trabajo, y los abolicionistas admiten que el propósito de la ley no es mejorar nuestras condiciones de vida, sino animarnos a “salir de la prostitución”. .

Promesa de despenalización de las “prostitutas”.

Se nos dice que la ley ya no penaliza a las “personas prostituidas” o que ha “invertido la carga penal” sobre los clientes. En la práctica, las trabajadoras sexuales siguen siendo penalizadas por las ordenanzas municipales, las leyes de proxenetismo, las políticas contra la migración o la gentrificación de las ciudades. De hecho, a menudo a los clientes les preocupa menos la policía que a las trabajadoras sexuales. Esta tiene órdenes contradictorias y está lejos de haberse vuelto feminista con la ley.

Por ejemplo, en el bosque de Sénart, la policía acosa a las trabajadoras sexuales desde hace más de un año, destruyendo sus chozas, confiscando sus propiedades, insultándolas, mientras que el delito de solicitación ya no existe y no hay ordenanza municipal para explicar estas conductas. Justifican su presencia por la ley de penalización de los clientes, que no aplican, ya que su objetivo es echar a las trabajadoras sexuales cuya visibilidad perturba, contrariamente a los clientes cuyo pasaje es furtivo y similar al de otros caminantes, que extrañamente en este lugar del bosque son solo hombres adultos…

Cuando se aplica, la penalización de los clientes es de hecho principalmente contra las trabajadoras sexuales, para que salgan de un espacio determinado, sabiendo que la mejor manera de perseguirlas es evitar que ganen. dinero haciendo que pierdan su tiempo. Así que tenemos en muchos lugares de Francia policías a los que se les paga por quedarse todo el día o toda la noche frente a las trabajadoras sexuales, sus chozas y sus camionetas, solo para asustar a los clientes y asegurarse de que no pueden trabajar, por lo que terminan abandonando el lugar. Estamos muy lejos de los debates y de la ideología abolicionista que dice “proteger a las víctimas”.

Promesa de mayor poder para las “prostitutas”.

Los defensores de la ley explicaron que permitiría a las “personas prostituidas” tener más poder sobre los clientes al permitirles amenazar con demandarlos. Este punto de vista es un poco estúpido porque cualquiera que amenace a sus clientes con denunciarlos se arriesga a no trabajar muy bien. De hecho, las trabajadoras sexuales diferencian entre un abusador, que no es un cliente, sino posiblemente una persona que se hace pasar por un cliente para agredir, y un cliente que cumple con las condiciones presentadas. Es como llamar a un ladrón de bancos un cliente del banco, y que para combatir los robos de bancos se decidiera que todos los clientes de los bancos deberían ser penalizados, en lugar de detener a los ladrones en cuestión.

El poder de negociación con los clientes en realidad se ha debilitado. Si, antes de la ley, tenías diez clientes que se presentaban durante el día y solo querías hacer tres, podrías elegir a los tres mejores que estuvieran de acuerdo con tus condiciones. Hoy, con la penalización de los clientes y el temor de ser detenidos por la policía, si solo tres clientes acuden a ti en el día, es más probable que los aceptes a todos para mantener tu nivel de ingresos, incluso si son los tres peores clientes que siempre rechazaste, los que negocian los precios o el preservativo. Hay mayor riesgo de que termines por ceder y, a diferencia de lo que se dijo, la ley ha otorgado más poder a los clientes, quienes, aunque pueden tener que pagar una multa, no se arriesgan como las trabajadoras sexuales a perder todos sus ingresos y volver a encontrarse en la calle porque ya no pueden pagar su renta o habitación de hotel.

Promesa de “ayudas” para las personas que quieren dejar el trabajo sexual

Las mayores promesas obviamente se referían a la llamada “ruta de salida de la prostitución”. Tres años después de la ley, unas 150 personas se habrían “beneficiado”, mientras que los defensores de la ley imaginaron ayudar de 500 a 1000 personas por año, con un presupuesto asignado de aproximadamente 5 millones de euros al año, incluidos los primeros años de la ley durante los cuales no hubo “ruta de salida”. Este dinero se utiliza principalmente para “formar” a las autoridades y “sensibilizar” al público sobre las “realidades de la prostitución” tal como lo definen los activistas abolicionistas.

La ruta de salida no funciona muy bien, lo que era predecible desde el principio, ya que se cree que es una forma de control para garantizar que las trabajadoras sexuales, muchas de ellas inmigrantes, no abusen del sistema solo para tener papeles. De hecho, esta ruta es virtualmente irrelevante para las trabajadoras sexuales francesas, o que ya tienen un permiso de residencia, y que, por lo tanto, ya pueden beneficiarse de los derechos sociales previstos en el derecho común. Como recordatorio, la RSA para una persona soltera es de unos 550 euros por mes, o sea mitad más que la asignación proporcionada durante el “recorrido”.

Los parlamentarios y el gobierno anterior tuvieron la generosa idea de que las trabajadoras sexuales podían vivir con 330 euros al mes, pero tenían que sospechar que muchas personas mentirían y continuarían el trabajo sexual en secreto (lo que realmente sucede). y, por lo tanto, habían planeado comisiones departamentales para “acompañar” a las personas y asegurarse de que estuvieran bien comprometidas en este recorrido. Desde que se crearon las comisiones, la mayoría no se reúnen o como mucho lo hacen una vez al año, la mayoría de los departamentos casi no tienen solicitudes, y la mayoría de los recorridos se realizan principalmente en los departamentos de Ile de France.

Los criterios de rechazo y aceptación varían considerablemente de un departamento a otro según la buena voluntad de los prefectos. Varios departamentos son muy claros acerca de su negativa a crear “efecto llamada” al regularizar a las inmigrantes indocumentadas. Por ejemplo, el departamento de Alpes Marítimos rechazó casi todos los casos de mujeres nigerianas que se habían presentado bajo la promesa de obtener documentos y que se encontraban en centros de detención.

Otros departamentos dicen que rechazan a las personas que ya han solicitado asilo o se han visto obligadas a abandonar el territorio francés, como es el caso de la mayoría de las trabajadoras sexuales inmigrantes que son controladas regularmente por la policía. A veces se les pide que tengan un buen dominio del francés, que ya hayan parado el trabajo sexual durante varios meses para demostrar su compromiso, como si el trabajo sexual no se ejerciera principalmente, como cualquier otro trabajo, para ganar dinero en ausencia de otras fuentes de ingresos, y que las personas pudieran dejar de trabajar de un día para otro durante varios meses, esperando la respuesta de una comisión que se reune de manera muy aleatoria y cuya respuesta llega después de varios meses.

Las personas que son más fácilmente aceptadas son aquellas que ya han logrado detener el trabajo sexual por algún tiempo y han logrado valerse por sí mismas sin la ayuda del Estado. Es necesario creer que las condiciones son tales debido al temor de una reanudación del trabajo sexual que probaría la inutilidad de dicho recorrido o, en todo caso, su ineficiencia. Así que se ha creado un enorme rompecabezas muy costoso en dinero y energía, agotando los recursos asociados que serían más efectivos si ayudaran directamente a las personas sin pasar por el montaje de registros, reuniones y rechazos de la administración.

El Permiso de Residencia Temporal Provisional de 6 meses ni siquiera permite registrarse en la mayoría de los centros de trabajo o encontrar un empleo con un empleador que no quiera correr el riesgo de contratar a alguien que se encuentre de nuevo rápidamente sin papeles. La promesa de asistencia para la vivienda tampoco se mantiene porque los lugares de alojamiento están saturados. El resultado está pues muy mitigado. Bastaría, sin embargo, simplemente regularizar a las indocumentadas para permitirles el acceso al derecho común en lugar de crear un sistema completo de chantaje y control social para controlar que las personas merecen “ayuda” condicionada al buen comportamiento que se espera de ellas, incluso cuando ese trabajo sexual es una actividad perfectamente legal y sujeta a impuestos.

Promesa de hacer una ley para la gran mayoría de las “víctimas”

Nos explicaron que las trabajadoras sexuales que protestaban contra la penalización de los clientes eran una minoría privilegiada no representativa y que la ley defendería a la gran mayoría de las “víctimas”. En realidad, casi todas las trabajadoras sexuales en Francia se oponen a la penalización de clientes y sufren, pero poco importa a los defensores de la ley, ya que solo las personas “salidas de la prostitución” pueden entender y analizar lo que han vivido una vez que experimenten la revelación y la comprensión de que en realidad era violencia.

Las estimaciones oficiales (falsas y probablemente subestimadas) del número de trabajadoras sexuales en Francia varían entre 30.000 y 40.000 personas. Sin embargo, solo un poco más de 150 personas se han beneficiado de la ley a través de la “ruta de salida de la prostitución”. Esto representa, después de tres años, el 0,5% de la población total de trabajadoras sexuales en Francia. A este ritmo, y si ninguna persona nueva decide comenzar el trabajo sexual mientras tanto, podemos estimar que la “abolición de la prostitución” puede ser efectiva, si todo va bien, en 600 años.

“No, el ejercicio del trabajo sexual no es en sí mismo violencia”

 

 

En una tribuna en “Le Monde”, un grupo de trabajadoras sexuales responde a una columna publicada anteriormente en el periódico que era favorable a mantener la penalización de los clientes. Este grupo afirma: “Son las condiciones bajo las cuales lo ejercemos lo que lo hace peligroso. “

 

Por Colectivo

18 de enero de 2019

https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/18/non-l-exercice-du-travail-sexuel-n-est-pas-en-soi-une-violence_5411261_3224.html?fbclid = IwAR0BglTqh5zDqJiXjKu24ewJWKSR_63Zuerna925tx4jaJk-85c6rKnyF4o

 

“Combatir el sexismo y la violencia no se puede hacer sin las trabajadoras sexuales, ni en su detrimento, porque no se puede hacer educación sobre igualdad o feminismo pisoteando los derechos humanos básicos de ciertas categorías de mujeres” Philippe Turpin / Photononstop

 

 

Tribune En un foro publicado en Le Monde el 9 de enero titulado “Ley de prostitución: Despenalizar sería un desastre”, médicos abolicionistas creen ser expertos en nuestras vidas, especialmente “sexuales y de relaciones”, que obviamente no conocen. Muy preocupados por es estado de nuestras bocas, vaginas y rectos, nos llaman “personas compradas”.

También citan las palabras de un ginecólogo sacadas de un informe de la Inspección General de Asuntos Sociales (IGAS), mencionando nuestras “vulvas deformadas” y nuestras “vaginas con cicatrices”, amalgamando casos de violencia extrema con el conjunto de las trabajadoras sexuales, como si la actividad sexual regular pudiera destruir nuestros genitales. Esto daría risa si no fuera un asunto tan serio.

Les respondemos: dejad de instrumentalizar nuestro supuesto sufrimiento, real o imaginario; dejad de usar vuestras posiciones de autoridad para estigmatizarnos y generalizar. Nuestras bocas, vaginas y rectos, penetrados o no, no os pertenecen. Y la desmesura de vuestras palabras debería haceros perder todo crédito.

No hay evidencia científica

Todas las autoridades sanitarias nacionales e internacionales (OMS, ONUSIDA, The Lancet), todas las asociaciones que trabajan por la salud (Médecins du monde, Aides, Planning familiar) recomiendan la despenalización del trabajo sexual. Es por esta razón que un pequeño grupo de médicos prohibicionistas, cerca de la mitad de los cuales trabajan con organizaciones contra la prostitución, se ha lanzado al rescate contra toda evidencia científica.

Dejad de usar nuestro supuesto sufrimiento, real o imaginado; dejad de usar vuestras posiciones de autoridad para estigmatizarnos y generalizar

Se basan en un extracto de los informes de la Inspección General de Asuntos Sociales (IGAS) o la Organización Mundial de la Salud (OMS) sin tener en cuenta su totalidad. Por lo tanto, vamos a citarlos para restaurar los hechos. En su resumen, el IGAS no habla de una “diversidad y gravedad de los problemas relacionados con la prostitución”, sino de “varias patologías que no son necesariamente directamente atribuibles a la práctica de la prostitución”, o incluso de riesgos de “una agudeza muy variable según los modos y las condiciones de ejercicio, y según el perfil de las personas”. La OMS no dice que “despenalizar la prostitución sería un desastre”, sino que “todos los países deberían centrarse en despenalizar el trabajo sexual”.

Se atreven a escribir que nada permite en 2019 afirmar la existencia de un aumento de la violencia después de la penalización de los clientes, a pesar de los asesinatos de nuestras compañeras, a pesar de nuestros numerosos testimonios, de los informes en aumento de las asociaciones, o incluso del estudio de evaluación de la ley publicado en abril de 2018. ¿Cómo estas personas, habitualmente tan rápidas para instrumentalizar las violencias que vivimos, de repente prefieren negar las que sufrimos a causa de la ley?

No es contrario a nuestra dignidad humana

No, el ejercicio del trabajo sexual no es en sí mismo violencia. Son las condiciones en las que lo ejercemos las que lo hacen peligroso, y es precisamente por eso que la penalización de los clientes nos expone más a esa violencia. No, el ejercicio del trabajo sexual no es contrario a nuestra dignidad humana. Son indignas las leyes prohibicionistas, las discriminaciones, la difamación y la estigmatización que sufrimos.

No, nuestra expectativa de vida no es de solo cuarenta años, como se afirma sin pruebas. Basta con leer el informe de la Alta Autoridad de Salud sobre nuestra población para convencerse, o simplemente con escucharnos. No sufrimos peor salud que el resto de la población, excepto por la exposición más frecuente a la agresión debido al hecho de que tenemos que escondernos para ejercer.

El uso de drogas no es mayor entre las trabajadoras sexuales que entre el resto de la población general, excepto el tabaco y el cannabis, como se informó en este estudio, según el cual nuestro consumo excesivo es comparable al de los desempleados y trabajadores pobres. Porque, sí, esta actividad permite a las más vulnerables de entre nosotras vivir y acceder a la autonomía económica.

 Miedo al estigma médico

Además, llamamos la atención de la profesión médica, especialmente del sector ginecológico, sobre el temor sistemático que tenemos a decir nuestras actividades a nuestros médicos, así como sobre los malos tratos que sufrimos tan pronto como los sanitarios saben que somos trabajadoras sexuales Esto nos lleva a descuidar nuestra salud por temor al estigma médico contra nosotras.

No, el ejercicio del trabajo sexual no es contrario a nuestra dignidad humana. Son las leyes prohibicionistas, la discriminación, la difamación y el estigma los que son indignos.

El procedimiento implementado en la tribuna a la que respondemos es impactante: sus autores utilizan su autoridad médica para decir que “del 80% al 95% de nosotras habríamos sido víctimas de violación en la infancia”. Nuevamente, estas cifras no se basan en ningún estudio científico y son deshonestas, porque ¿de qué se trata, si no de invalidar nuestros discursos con el pretexto de que solo seríamos víctimas incapaces de discernimiento y análisis?

Recordemos lo que el movimiento #metoo ha sacado a la luz: los abusos sexuales son masivos y estructurales. Afectan a la población en general, sean trabajadoras sexuales o no. Lo que esto revela es que el sexismo afecta a toda nuestra sociedad, y que esta realidad concierne a todas las mujeres.

Que hayamos sido violadas o no, no cambia nada el hecho de que nadie puede negar nuestra capacidad para tomar decisiones como personas adultas, incluido el ejercicio de nuestra profesión, independientemente de nuestros sentimientos, positivos o negativos, en cuanto a su ejercicio. Combatir el sexismo y la violencia no se podrá hacer sin las trabajadoras sexuales, ni en su detrimento, porque no se puede hacer feminismo o educación en igualdad pisoteando los derechos humanos fundamentales de ciertas categorías de mujeres. Incluso si trabajan con sus genitales.

 

Tribuna colectiva de 130 trabajadoras sexuales, prostitutas/os, escorts activas/os o retiradas/os.

Entre las primeras firmantes (se respetan las presentaciones que desean las personas involucradas): Marianne Chargois (trabajadora sexual durante quince años), Samantha Avrillaud (prostituta en el Bois de Vincennes), Carole Ben Amar (prostituta en el Bois de Vincennes), Fathy Ben Soussan (prostituta en el Bois de Vincennes), Christine Lyon (trabajadora sexual durante treinta años, 53 años), Giovanna Rincon (trans-feminista-seropositiva y trabajadora sexual), Isabelle Rouget (prostituta en el Bois de Vincennes), Thierry Schaffauser (trabajador sexual), Sonia Verstappen (trabajadora sexual, treinta y seis años de actividad).

Lista completa de firmantes:

http://snapfest.fr/index.php/2019/01/21/tribune-depenaliser-pour-respecter-les-vies-des-travailleuses-du-sexe/

El mito de la trata de blancas. Investigación sobre la fabricación de un flagelo.

 

 

Jean-Michel Chaumont, El mito de la trata de blancas. Investigación sobre la fabricación de un flagelo, The Discovery, 2009, 321 p., @Ean: 9782707158093.

 

 

https://journals.openedition.org/lectures/883?lang=es#references

 

 

Presentación del editor

Secuestro de jóvenes inocentes, prostitución y esclavitud sexual, redes criminales internacionales: durante más de un siglo, la “trata de blancas” ha sido considerada como un verdadero flagelo. El “Comité Especial de Expertos” de la Sociedad de Naciones tiene la reputación de haber demostrado científicamente la existencia de este fenómeno: activistas antitrata e historiadores contemporáneos siempre se refieren a su trabajo fundador (1924-1927). Jean-Michel Chaumont analizó las 20.000 páginas de archivo de este comité. Revelan una realidad aún más aterradora, pero no la que se creía. En efecto, su libro analiza las operaciones intelectuales que los expertos han hecho para fabricar pieza a pieza un flagelo disfrazando los resultados de su propia investigación. Examina cuidadosamente cómo, llevados por su cruzada moral, manipularon datos, documentos y cifras para lograr sus fines: demostrar la existencia de la trata de mujeres extranjeras y la responsabilidad de la regulación de la prostitución en este estado de cosas, y obtener la implementación de leyes liberticidas de represión y vigilancia. Al hacerlo, han ocultado y agravado de forma duradera las ya difíciles condiciones de vida de las prostitutas que buscan emigrar, hoy como ayer. Sin mencionar la amalgama que hicieron entre la trata de negros y la trata de blancas, que abrió el camino a una verdadera banalización del comercio de esclavos y la esclavitud. De manera más general, Jean-Michel Chaumont interroga sobre la cuestión (política y científica) de los mecanismos de elaboración de la experiencia social y la responsabilidad de los sociólogos en la “construcción social de la realidad”.

 

 

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Desde 1924 hasta 1927, un grupo internacional formado por una docena de hombres y mujeres, salidos de la mejor sociedad y ostentando los títulos más honorables, se reunieron en el palacio ginebrés de la Liga de las Naciones. Las razones de esta reunión no pueden ser más nobles y generosas y al mismo tiempo imbuidas de una gran ambición intelectual. Se trata de participar en una lucha despiadada contra el flagelo formidable de la “trata de blancas”. Muchas mujeres jóvenes ingenuas e inocentes caen en la red de seductores viles que se revelan como proxenetas peligrosos y que, después de haberlas hecho transitar por varios países, las venden a los propietarios de los burdeles, donde son obligadas a prostituirse. . No basta con expresar una denuncia vehemente de la trata: para darse los medios para erradicar este flagelo de manera efectiva, es necesario, para empezar, tener un buen conocimiento del mismo. Por esta razón, el grupo ha reclutado a un equipo de investigadores, encargado de hacer un inventario global de la realidad y las formas de trata. Elogiado por unanimidad por su calidad y rigor, el informe redactado por el grupo conoce una forma de logro y consagración por la promulgación de convenciones internacionales para luchar contra la esclavitud con el propósito de la prostitución: no solo la existencia de la trata está científicamente probada, sino que en adelante tendremos los medios legales para combatirla.

 

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El libro que Jean-Michel Chaumont dedica a este grupo, sus reflexiones y conclusiones, no tiene apelación. Sus miembros “constituyen una banda de individuos deshonestos y peligrosos” (p.12), “tramposos … mucho más peligrosos para la gente común que los ‘criminales’ de los que decían querer protegernos” (p. 84). De hecho, es a un verdadero engaño a lo que estos honorables burgueses y aristócratas, académicos y altos funcionarios se han entregado, con plena conciencia, bajo la dirección del temible Isidore Maus, profesor de derecho y presidente del Comité Belga de Defensa contra trata de mujeres y niños. De hecho, si bien los resultados de las investigaciones que habían comisionado convergieron para atestiguar que el movimiento internacional de prostitutas no tenía la forma de una moderna trata de esclavos, aquellos que la Liga consideró sus “expertos” conformaron, truncaron y modificaron, generalizando abusivamente o, a la inversa, minimizando, censurando u oscureciendo, en pocas palabras manipularon, la información que tenían a su disposición para que pudieran reforzar la representación de la “trata de blancas” que querían (y lograron) imponer. Esto podría no haber sido tan grave si su informe se hubiera contentado con trazar simplemente una imagen falsa del mundo de la prostitución de la época, y si no hubiera legitimado el establecimiento de dispositivos legislativos liberticidas contra todas las mujeres, y especialmente contra las extranjeras. Bajo el pretexto de protegerlas de ser objeto de trata, su circulación estaría a partir de ese momento más sometida a la tutela de los hombres y, “menores o mayores, todas las extranjeras serían consideradas incapaces y, por lo tanto, tratadas como irresponsables” (p.14).

 

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Jean-Michel Chaumont ha podido actualizar esta tremenda manipulación accediendo a ese inestimable material de archivo que son las actas de las sesiones de trabajo del grupo de expertos. Éstas revelan de la manera más clara las relaciones de poder internas al grupo, los puntos de convergencia o desacuerdo entre sus miembros, los cambios en el significado de las propuestas recurrentes de enmiendas, adiciones o eliminaciones, y dejan transparentarse los prejuicios (de clase, de género o de “raza”) 1 o las intenciones políticas (hostilidad o apoyo a la prostitución regulada, promoción de la higiene social y moral, etc.) que motivaron las diversas posiciones. Así vemos cómo la noción misma de “trata” es el objeto de una manipulación que conduce no a una definición estricta (que habría dejado ver su inadecuación a la realidad) sino a un halo nocional susceptible de reunir las formas más diversas de prostitución, incluida la de mujeres mayores de edad y con consentimiento. Es esta riqueza documental lo que hace que el libro sea fascinante: una rara vez tiene la oportunidad de ver la mala fe segura de sí misma, la falta de honradez intelectual satisfecha o la arrogancia moralizante tan claramente como en este libro, ocultándose además tras un proyecto que se pretende progresista.

 

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Este trabajo está destinado a convertirse en una referencia para diferentes áreas de las ciencias sociales. En primer lugar, es una contribución importante a la historia de las organizaciones supranacionales, por supuesto a la de la Sociedad de Naciones, pero al mismo tiempo nos invita a identificar lo que queda de su patrimonio en las instituciones contemporáneas. También es una contribución a la sociología de la experiencia al mostrar cómo, desde una selección y manipulación de datos, se puede construir un punto de vista que presenta todas las apariencias de autoridad y rigor; si bien no todos los grupos de expertos producen, afortunadamente, tales imposturas, sigue siendo raro ver cómo, en la práctica, la “experiencia” se construye e impone como tal. Finalmente, ningún sociólogo de la prostitución podrá prescindir ya de este libro —sociológico y no solo histórico— porque es también del presente de lo que nos habla Chaumont. Es, con pequeños retoques, el mismo mito de la “trata de blancas” que reciclan hoy algunos movimientos abolicionistas y feministas, incapaces de percibir a las prostitutas extranjeras de otra forma que como ingenuas víctimas fáciles de proxenetas internacionales. Y es este mismo mito reactivado el que, hoy como ayer, legitima la instauración de leyes liberticidas contra las/os migrantes.

 

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El “mito de la trata de blancas”, muestra Chaumont, se impuso con mayor facilidad porque fue producido desde “arriba”, porque los que lo crearon provinieron de las capas dominantes y presentaban todos los signos de autoridad intelectual y moral. Esto es ciertamente cierto, pero probablemente sea un poco parcial y es en este punto que nos permitiremos expresar una reserva. Un mito tal probablemente no habría prosperado si no se hubiera encontrado con un antiguo fondo de creencias populares, las mismos que Edgar Morin estudió en su Rumor d’Orléans 2, pero también las que podían, ya en el siglo XVIII, hacer creer al pueblo de París que los aristócratas hacían que les robaran los niños para que curarse con su sangre. Recordar esto no quita ninguna responsabilidad a los “expertos” de la Sociedad de Naciones en la fabricación de un mito con consecuencias liberticidas, pero ayuda a comprender mejor cómo se construyen las mitologías modernas.

 

 

NOTAS

1 Si la trata de esclavos negros es la referencia con la cual se compara la “trata de blancas”, ésta última se considera peor que la primera: “Fue peor de entrada y simplemente porque sus víctimas eran blancas, a la vez blancas de piel y blancas por su inocencia virginal. Era peor después porque, se pensaba, los negros esclavizados aprendían a pesar de sí mismos las virtudes civilizadoras del trabajo y la religión, mientras que las blancas estaban condenadas a una segura doble perdición física y espiritual “(p. 7).

2 En 1969, se difundió un rumor entre las jóvenes de Orleans: las jóvenes clientes de tiendas de ropa de propiedad judía serían drogadas en los vestidores y luego secuestradas y obligadas a prostituirse como parte de la “trata de blancas “. Fue estudiado sobre el terreno por Edgar Morin: La rumeur d’Orléans, Paris, Seuil, 1969.

3 Arlette Farge, Jacques Revel, Logiques de la foule. L’affaire des enlèvements d’enfants Paris 1750,, París, Hachette, 1988.

Prostitución, feminismo y las guerras del sexo

 

por Pablo de Lora 

5 de abril de 2017

https://www.revistadelibros.com/articulos/neoliberalismo-sexual-el-mito-de-la-libre-eleccion

 

REVISTA DE LIBROS

Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección

Ana de Miguel

Madrid, Cátedra, 2015

352 pp. 20,20 €

 

 

La prostitución y la pornografía han planteado, y siguen planteando, una encrucijada a la teoría feminista1. En las postrimerías del pasado siglo fueron autoras como Catharine MacKinnon o Andrea Dworkin quienes más se destacaron en denunciar que esas actividades son una expresión radical del dominio patriarcal y su correa de transmisión; hoy constituyen legión las pensadoras que así se manifiestan en foros de toda laya2. Pero el asunto es antiguo, como nos recuerda Ana de Miguel en Neoliberalismo sexual, premio Ángeles Durán del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Autónoma de Madrid en su edición de 2016, y que será objeto de comentario en las páginas que siguen. Aleksandra Kolontái, por ejemplo, una importante teórica del marxismo feminista de principios del siglo XX, ya habría consignado en La nueva moral sexual (1910) que la prostitución, como el matrimonio, obstaculiza el fomento de los sentimientos de solidaridad y camaradería entre los seres humanos3.

A pesar de que, desde esas remotas épocas, la posición jurídica y social de la mujer ha avanzado espectacularmente en buena parte del mundo, la prostitución no sólo no ha dejado de existir, sino que −constata De Miguel− ha aumentado de manera alarmante, fruto, según ella, de la globalización y la hegemonía del pensamiento «neoliberal». Igualmente alarmante es, a su juicio, que «prestigiosas profesoras universitarias» [sic] abracen tesis «regulacionistas», ideas estas que, según De Miguel, son igualmente abanderadas por la «poderosa industria del sexo» en alianza con el «feminismo queer» (con Judith Butler como más conocida representante) o por el denominado «posfeminismo». La «libre elección», estandarte de esa heterogénea argamasa teórica, procede, según la autora, del «liberalismo económico y del liberalismo sexual». Abrazar ese postulado socava, a su juicio, las bases mismas del movimiento teórico y político feminista. Nos enfrentamos, nos dice en la conclusión del libro, ante el pseudofeminismo de la libre elección, que genera un discurso acrítico, neoliberal, individualista y complaciente con el statu quo. El feminismo o es abolicionista o no lo es, de la misma manera que −sostiene− no se puede ser socialista y estar en contra de la sanidad universal.

Más allá de las querellas de familia, de si la posición no abolicionista es o no es una forma fetén de feminismo, el debate sobre la prostitución es teóricamente interesante y política y jurídicamente urgente4. Lamentablemente, en España su abordaje institucional ha sido muy frustrante: las reformas penales, o las puntuales medidas administrativas en el ámbito local, no han atajado ni el gravísimo problema de la trata ni el ejercicio ordenado de una actividad que a todas luces (sean o no de neón) se despliega cuasiimpunemente en las calles, carreteras, locales y pisos de toda España. El Informe elaborado al efecto por la Comisión Mixta de Derechos de la Mujer del Congreso y del Senado de abril de 2007 supuso, dado el despliegue de recursos y las múltiples voces que pudieron escucharse, una preciosa oportunidad perdida.

De la prostitución cabe hablar desde muy diferentes perspectivas. Los científicos sociales, sean estos psicólogos, sociólogos, antropólogos o economistas, indagan causalmente sobre el fenómeno tratando de saber qué mecanismos generan la oferta y la demanda. Los juristas, por su parte, se afanan en investigar el que podríamos llamar «aspecto regulatorio»: qué reglas deben gobernar el ejercicio de la prostitución a la luz de determinados principios del sistema jurídico de referencia; cuándo y hasta qué punto cabe volcar sobre esa actividad instituciones propias del Derecho mercantil, laboral o civil; qué tipo de policía administrativa, en qué ámbitos y con qué límites, debe desplegarse, y, por último –como última ratio− qué papel ha de ser reservado al Código Penal. Y hay, finalmente, una perspectiva filosófica en torno a la ética de la prostitución, a su admisibilidad moral y su eventual prohibición jurídica, un análisis que invoca arduas cuestiones sobre moralidad sexual en general.

El libro de Ana de Miguel puede ser leído como un intento de navegar entre todos esos mares: hay una apuesta por el abolicionismo, esto es, una defensa de la inmoralidad de toda prostitución (sin que en ningún caso se dé pista alguna al lector de qué traducción jurídica habría de tener esa condena), pero hay también un intento de indagar sobre el fenómeno con las «gafas» (en expresión de la propia autora) del feminismo como teoría, esto es, desde una «perspectiva de género»; y hay, por último, una cierta aproximación «antropológica» o «sociológica» al fenómeno, tratando de desvelar los resortes que hacen que los hombres quieran pagar por los servicios sexuales prestados por las mujeres. Todo ello trufado por el relato sobre el devenir histórico –muchas veces reiterativo− del feminismo, algo sobre lo que la autora es una destacada especialista5.

En lo que sigue no abundaré sobre esas dimensiones causales del fenómeno, sobre sus «porqués» y sus «cómos», sobre las que la autora también se pronuncia; entre otras cosas, porque no tengo la necesaria pericia para ello, aunque sí la suficiente, sin embargo –y esto es todo lo que señalaré al respecto− para constatar que en esos ámbitos el libro es insuficiente, anecdótico y sesgado. Me justifico a continuación.

Sobre el fenómeno del comercio sexual es difícil recabar datos fiables por razones suficientemente obvias6, pero esa ausencia de datos no autoriza a recalar como fuente de autoridad única en el chascarrillo sobre qué se dice en ciertas páginas web o en las redes sociales, o lo que se comenta en determinados pagos, o el modo en el que se publicitan los servicios sexuales. Siempre, claro, que con una investigación como la de Ana de Miguel se pretenda algún vuelo «científico». Y es que con ese expediente de la anécdota o el comentario ligero procede la autora cuando describe la implosión del sexo a la que asistimos, según ella, como efecto del contraataque del patriarcado; o a la visión que tienen los hombres [sic] sobre las prostitutas. En ocasiones se formulan conjeturas en el texto sin ningún apoyo, como, por ejemplo, que la normalización de la prostitución hará que ésta se multiplique y vendrá de la mano de odiosos incentivos y reclamos publicitarios (pp. 166-167); o correlaciones arriesgadísimas, como sostener, aunque se hace tímidamente, que en los países como Francia y Suecia donde más se ayuda públicamente a la maternidad menos se ha tolerado o normalizado jurídicamente la prostitución, y ello a diferencia de Alemania (p. 88).

Pero lo más llamativo es el sesgo, sesgo que se manifiesta en el modo en que se estipula el fenómeno de la prostitución: «práctica por la que los varones se garantizan el acceso grupal y reglado al cuerpo de las mujeres» o «violencia contra las mujeres»7; y también en cómo se caracteriza a las posiciones en liza: la propia y la ajena. El sesgo es deliberado y se encarna en la explícita reivindicación de adoptar una «perspectiva de género», perspectiva que estaría ausente en las defensas de la legalización cuando se emplea la definición más neutral –pero, a juicio de la autora, esta sí, sesgada y patriarcal− de «intercambio de sexo por dinero» o de «trabajador@s sexuales»8. Adoptar una perspectiva de género, de acuerdo con De Miguel, comporta, fundamentalmente, analizar el fenómeno teniendo en cuenta la historia de la desigualdad entre hombres y mujeres; poner de manifiesto que son las mujeres quienes se prostituyen y los hombres los clientes (siendo el «sexo» intercambiado un cierto tipo de sexo en el que el varón tiene un orgasmo usando el cuerpo de otra persona) y que la prostitución es una «escuela de desigualdad», «de egolatría, prepotencia y negación de toda empatía, en la que priman sus deseos [los de los hombres] y no importa en absoluto lo que vivan y sientan las mujeres prostituidas» (p. 178; todas las cursivas son mías).

Esta visión sesgada es compartida por destacadas compañeras de viaje, que se han erigido en importantes portavoces de la posición feminista sobre la prostitución en la arena pública española. Así, Beatriz Gimeno sostiene que «Los hombres no buscan sexo en la prostitución, sino ejercer su masculinidad tradicional. El cliente necesita a la prostituta para reafirmar una identidad cifrada en la potencia sexual, el tamaño del pene y la cantidad de mujeres, así como en su capacidad de dominio, que ellas no tienen»9; los clientes buscan, en definitiva, «plusvalía de género» [sic], pues, si fuera el placer lo anhelado, podrían sencillamente masturbarse10. La prostitución no es un contrato individual, sino, pace Carole Pateman, una relación social entre el género masculino y el género femenino11.

En el haber de la teoría política feminista está el colosal movimiento emancipatorio de las mujeres, y también, qué duda cabe, el hecho de haber puesto sobre el tapete de muchas reflexiones las vivencias y experiencias propias de la sujeción y del silencio al que siglos de dominio masculino han condenado a las mujeres; o haber desnaturalizado, por fin, la normatividad en la atribución de roles, deberes, derechos y expectativas a los sexos biológicos. Pero adoptar una perspectiva de género del modo en que lo hace De Miguel para abordar la prostitución cegando otras realidades –por menos representativas cuantitativamente que sean− impide analizar el fenómeno en toda su complejidad (la prostitución gay es una realidad globalmente muy relevante12). Aunque no se disponga de datos fiables, todo hace pensar que ciertamente son las mujeres las que se prostituyen mayoritariamente en comparación con los hombres, pero los datos también demuestran que, si tomamos como referencia colectivos de individuos –mujeres, hombres y transgénero−, son estos últimos los que en mayor proporción ejercen la prostitución13.

Definida la prostitución en los emotivos términos empleados por De Miguel, o bajo la indemostrada caracterización de Gimeno, resulta difícil, si no imposible, argumentar nada en contra. Algo parecido ocurre frecuentemente en el debate cuando de lo que está hablándose es de trata o del tráfico de mujeres que son esclavizadas para prostituirse bajo la amenaza del uso de la violencia o la coacción14. Tal vez algún utilitarista dogmático (de todo hay en la viña de la filosofía moral) podría llegar a justificar ese tipo de acciones, pero nadie discute que en esos supuestos estamos en presencia de actos injustificables merecedores de un castigo severo15.

Pero aún más objetable que describir la tesis propia en términos tales que no pueden sino suscitar adhesión, es caricaturizar al contrario, construir un hombre de paja. Esto se hace en el libro de De Miguel de modos diversos. Para empezar, caracterizando como «neoliberal» la postura reglamentista o legalizadora. Lamentablemente, hoy en muchos pagos tildar de neoliberal aquello a lo que nos oponemos es sencillamente una prerrogativa para ahorrarnos el esfuerzo justificador de las propias tesis o propuestas, o del sustento argumentativo de nuestras objeciones. Así, por ejemplo, Beatriz Gimeno señala en la misma línea que De Miguel: «La regulación de la prostitución sólo es defendible desde posiciones neoliberales, de ahí que sus principales defensores en la actualidad sean los empresarios y todas las empresas que se lucran de la misma, así como la derecha política, que, una vez liberada de la moralina conservadora, ha comprendido muy rápido que esa regulación es perfectamente coherente con sus postulados políticos»16. En ninguno de los dos casos se explicita qué es lo que quiere denotarse con el término «neoliberal», aunque si uno toma como un rasgo característico de esa posición el de la no interferencia del poder público, o la minimización de su intervención en el gobierno de los asuntos de interés general, la propuesta de Beatriz Gimeno de mantener la prostitución en la «alegalidad» –que, según ella, implica «desregular»17− sería cabalmente una apuesta neoliberal.

En segundo término, porque el reglamentismo no es necesariamente «proprostitución», como se afirma reiteradamente en el libro de De Miguel, sino que surge más bien en el trasfondo de una muy consolidada distinción en la teoría política entre aquello que convenimos sería lo justo en condiciones ideales y lo que resulta justo en condiciones no ideales18. Así, puede sostenerse que en un mundo distinto no habría prostitución; que es claramente un ideal de justicia que la actividad sexual se desarrolle sin mediar precio, pero que, dadas las circunstancias del mundo real, es de justicia dotar a las prostitutas que ejercen su actividad de manera voluntaria de un marco normativo que garantice mejor sus condiciones laborales y de vida19. Y ese marco puede trazarse con restricciones diversas, especificaciones que derivan de la consideración de que estamos ante un servicio especial y no ante «un oficio más», con lo que cabe justificar la limitación de la publicidad; o excluir la oferta pública de la prostitución; o que no quepa la existencia de «escuelas o formación profesional reglada» para su ejercicio; o que se exija una mayor edad laboral, o que el servicio se preste en determinadas condiciones (mediante el uso de preservativos, como ocurre en Nueva Zelanda); o que la relación laboral no pueda ser de ajenidad o dependencia, sino autónoma, etc. Y todo ello para minimizar el riesgo de que se dediquen a la prostitución quienes en el fondo la rechazan por ser una ocupación indigna. En esa línea discurre la apuesta por una «legalización vigilante» de Agustí Vicente, por poner uno entre muchos ejemplos posibles.

Y ese es también el presupuesto sobre el que se apoya la política pública que Amnistía Internacional insta a los Estados a poner en marcha en su conocido – y polémico− informede 25 de mayo de 2016. La propuesta ha desatado una polémica fenomenal en muy diversos círculos del movimiento feminista global; también el aplauso, en particular el de muchas asociaciones de mujeres, hombres y transgénero que se dedican a la prostitución. Y la razón estriba en que, de acuerdo con Amnistía Internacional, el intercambio de sexo por dinero puede constituir una actividad consentida entre adultos (el documento deja fuera la trata o tráfico de personas para la explotación sexual, que Amnistía Internacional condena, como no podía ser de otra forma, sin paliativos). Pensadoras feministas que suscriben el abolicionismo, como Ana de Miguel, niegan la posibilidad de que la prostitución se ejerza libremente. Sencillamente, no hay prostitución consentida o voluntaria: el sexo comercial es una forma de «violación remunerada»20. También el informe oficial del Gobierno sueco, que en 2010 evaluó la política penalizadora del cliente instaurada en 1999, estima que no es relevante la distinción entre prostitución libre o forzada.

Se trata de una tesis defendida por De Miguel de modo ambiguo, a veces de manera muy robusta, ocasionalmente más aligerada. Y es que pudiera pensarse, en primer lugar, que, dadas las actuales circunstancias, las mujeres no pueden prestar un consentimiento genuino21. Pero también −segunda interpretación posible− podría sostenerse que hay sencillamente cosas a las que no se puede consentir, aunque se den las condiciones de una voluntad informada; que hay, por decirlo en expresión de Michael Sandel, límites morales al mercado o al ejercicio de la autonomía de la voluntad (De Miguel, pp. 146-147 y 162). El caso de la venta de riñones es paradigmático en este sentido; también el supuesto de la prostitución que implica violencia para la mujer, que Amnistía Internacional excluye de la prostitución legalizable. De Miguel parece abrazar ambas tesis, que −insisto− conviene deslindar.

En el planteamiento de De Miguel hay, finalmente, una no explícita ni suficientemente articulada, pero sí recurrente, concepción sobre moral sexual en general: así, cuando censura la sexualidad que se ha desligado, primero, del amor, y ahora también del propio deseo al modo del «sexo del cuarto oscuro» (p. 144); o cuando no hay reciprocidad entre los intervinientes, como ocurriría típicamente en el caso de la compra de servicios sexuales. Esta cuestión nos aboca irremediablemente a considerar los límites morales de la práctica sexual misma, y es en ello en lo que me centraré a continuación.

¿Bajo qué condiciones es moralmente aceptable la actividad sexual? ¿Qué circunstancias hacen que, constatada su ilicitud moral, deba además ser penalmente castigada? Antes de entrar de lleno en el asunto, les invito a acompañarme en la reflexión de la mano de algunos casos que pueden servirnos para enmarcar este, por lo demás, espinoso y complejo asunto.

Considérese el caso de Anna Stubblefield, profesora y jefa del Departamento de Filosofía de la Universidad de Rutgers (Newark, Nueva Jersey) hasta el año 2015 y hasta entonces reputada especialista en lo que se conoce como «filosofía de la discapacidad». En su calidad de experta en «facilitación comunicativa» (facilitated communication), una muy controvertida y hoy desacreditada técnica con la que supuestamente se logra interactuar con personas que sufren de severas discapacidades cognitivas, Stubblefield comenzó a «tratar» a D. J., un individuo adulto a quien se asigna la edad mental de un bebé; alguien absolutamente dependiente de los demás para las actividades esenciales de la vida. En el curso de sus enseñanzas, Stubblefield comenzó una, en sus propias palabras, «relación amorosa» con D. J. Por dos veces, una en su propio despacho de la Facultad, intentó tener relaciones sexuales con él, relaciones que, según Stubblefield, fueron deseadas y consentidas por D. J.

Conocemos la historia y sus pormenores porque la familia de D. J., la madre y el hermano que ostentan su representación legal, pusieron en manos de la fiscalía los hechos tras comprobar que Stubblefield no cedía en su pretensión de proseguir sus contactos con D. J. Ella fue finalmente procesada y sometida a juicio, en el que la cuestión del consentimiento de D. J. a través de la «facilitación comunicativa» (propiciada por la propia Stubblefield) centró buena parte de la discusión22. No importaron las muchas simpatías despertadas por Anna Stubblefield, el testimonio de algunos «expertos», sus reiteradas peticiones de perdón o el hecho de que ella fuera siempre franca con la familia de D. J. en relación con sus sentimientos y pretensiones una vez que se enamoró. El hermano de D. J., africano-americano, para añadir todavía más morbo a la historia, llegó a afirmar en el juicio que en el comportamiento de Stubblefield hubo un acto de «apropiación», evocando con ello el fantasma de la esclavitud. Fue condenada a doce años de prisión por dos delitos de violación.

En 1978, cuando contaba dieciocho años, William Peace, profesor de Humanidades de la Universidad de Syracuse, quedó paralítico de resultas de una lesión medular. En el centro de rehabilitación donde fue ingresado le enseñaron durante meses a poder desarrollar por sí solo las actividades esenciales de la vida, pero una pregunta le rondaba persistentemente: ¿podría tener relaciones sexuales? Entre el resto de pacientes corría el rumor de que, de manera cuasiclandestina, a horas intempestivas, algunas enfermeras, conocidas como «head nurses»23, practicaban sexo oral con los pacientes como Peace para, de esa forma, disipar sus dudas y temores sobre su pérdida de virilidad. Así ocurrió finalmente una noche, tal y como narra en «Head Nurses», un ensayo incluido en un número especial de la revista electrónica Atrium del Programa de Bioética y Humanidades Médicas de la Northwestern University, cuya inicial censura y posterior publicación ha generado una fabulosa polémica24. Peace, que desarrolló finalmente una vida feliz y llegó a ser padre, se muestra eternamente agradecido a esa enfermera que reafirmó su masculinidad y con quien mantuvo contacto hasta su muerte: «nunca olvidaré a las “chicas malas”, las que me dieron tal experiencia educativa, las que me dieron mi yo», concluye Peace25.

Podemos examinar desde muy diferentes perspectivas la bondad de esas acciones, las motivaciones y condicionantes para satisfacer sexualmente al paciente, cliente o «pareja» –la compasión, el dinero, la profesión mal entendida o el amor tal vez patológico−, pero hay un elemento que se revela como condición necesaria para juzgarlas como moral y jurídicamente permisibles: el consentimiento26. La pregunta que nos haremos en primer lugar es: ¿consintieron los protagonistas?

Considere el lector el relato de hechos probados de la Sentencia del Tribunal Supremo del 16 de octubre de 2002. Lucia y Daniela, que ejercían la prostitución en Barcelona, acudieron al apartamento de Rosendo junto a un segundo individuo (Pedro Miguel) para, previo acuerdo del pago de diez mil pesetas por una hora, mantener relaciones sexuales. Una vez llegados al lugar, Rosendo y Pedro Miguel se negaron a abonar el precio acordado y obligaron a las dos mujeres, tras una brutal agresión física y bajo la amenaza de un cuchillo, a realizar diversas prácticas sexuales. Frente a la condena de trece años de prisión por la comisión de un delito de violación impuesta por la Audiencia Provincial de Barcelona, los condenados alegan, entre otras cosas, que el uso de la violencia y la amenaza no constituye el medio para lograr el fin de la relación sexual, sino para disminuir el precio de lo acordado. No habría por tanto un delito de violación sino una extorsión; generalizando el planteamiento, no cabría «violar o agredir sexualmente a una prostituta». Pero como señala el Tribunal Supremo, «la imposición violenta del acto carnal a una persona que ejerce la prostitución constituye el delito de violación […] ya que la persona afectada, con independencia del modo que vive su sexualidad, conserva la autonomía de su voluntad en orden a disponer libremente de su cuerpo y de la sexualidad que le es propia […] a pesar de que haya existido un acuerdo previo para mantener relaciones sexuales, es indudable que la víctima mantiene el derecho a poner límites a sus prestaciones (o a negarlas, en atención al comportamiento de la otra parte) dado que –resulta redundante decirlo− en el acuerdo no enajena su condición de persona y, por ello, el autor no puede tratarla como un objeto»27.

En términos históricos, este razonamiento es novedoso, es decir, durante siglos la moralidad reinante no ha tenido al consentimiento como una condición ni necesaria ni suficiente para juzgar como lícitas las relaciones sexuales entre mayores de edad, y mucho menos ha podido considerar que una prostituta pueda delimitar su sexualidad, como bien nos recuerda De Miguel28. Tómese la decimonónica figura del «estupro», que durante decenios se mantuvo en nuestro Código Penal y que tenía una versión «fraudulenta» o «involuntaria» –cuando el varón lograba «gozar» de la mujer mayor de edad, pero «doncella», esto es, virgen, mediante «seducción»−, pero también una versión «voluntaria»29, lo que en el fondo venía a suponer la condena penal de la relación sexual prematrimonial.

Durante años, los ataques a la «honestidad» –que no «libertad sexual», como hoy indica el Código Penal español− sufridos por las «mujeres públicas» revestían menor gravedad y pena30, y el delito de violación sólo tenía como sujeto pasivo a la mujer. De otra parte, la violación en el seno del matrimonio fue tomada como un oxímoron, es decir, la ausencia de consentimiento de la mujer casada no era relevante31. Las siguientes consideraciones de Alejandro Groizard y Gómez de la Serna a este respecto son suficientemente expresivas de la mentalidad patriarcal imperante: «La mujer casada cuenta entre sus deberes, como primero, el de no negarse a la realización de los fines del matrimonio, y entre todos ellos no hay ninguno más culminante que el de la procreación. Ningún derecho es en ella atropellado por el marido, obligándola contra su voluntad a realizar con él un acto que no tiene ella ningún derecho para no prestarse a ejecutarlo»32.

Nada de esto nos parece hoy concebible. Si tomamos como referencia el vigente Código Penal en España, la falta de consentimiento implica alguna de las formas de ataque contra la autodeterminación sexual englobadas en los artículos 178 a 183 (violación, agresión o abuso). La conducta sexual reprochable es, en esencia, la de quien actúa por encima de la voluntad de la víctima, sea por incapacidad para consentir (que incluye la incapacidad para prestarlo por trastorno mental, la privación de sentido o la anulación de la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas u otras sustancias) sea porque se actúa contra la voluntad del sujeto pasivo, mediando intimidación o violencia. El bien jurídico protegido por esos delitos, como gustan de decir los penalistas, es el de la autonomía o libertad sexual33.

Así y todo, que el consentimiento constituya la condición necesaria para la permisibilidad de la relación sexual adulta, y su ausencia el presupuesto de la punición jurídico-penal, no zanja la cuestión, ni desde el punto de vista moral ni tampoco jurídico, pues, en definitiva, ¿cuándo el consentimiento dado es suficiente? ¿No habría supuestos en los que diríamos que el consentimiento está viciado? ¿No es precisamente ese el caso del comercio sexual, como señalan muchas y muchos abolicionistas?34

En los términos de Alan Wertheimer, el consentimiento opera como una suerte de «transformador normativo»: troca en justificable lo que, de otro modo, sería inadmisible35. Pensemos en las heridas que nos inflige un cirujano: mediando el consentimiento informado del paciente, estamos ante una operación quirúrgica; ausente aquél, el médico habrá incurrido en un delito. Este transformador no es universal, en el sentido de que dependerá del tipo de interacción ante la que nos hallemos. Nuevamente el contexto clínico nos servirá de ayuda. Acabo de señalar que el consentimiento que hace lícita la agresión física a que nos somete un médico debe ser informado, esto es, no basta con arrancar el mero asentimiento del paciente, sino que éste ha de haber podido barajar las opciones disponibles y valorar los riesgos. ¿Es este mismo tipo de consentimiento informado el que debe darse para hacer lícito el encuentro sexual?

Hay quienes sostienen que sí; que no cabe, por ejemplo, «engañar» o «tergiversar» hechos que pueden ser relevantes, para, de esa forma, conseguir mantener relaciones sexuales. En esos casos −se prosigue con el razonamiento− estaríamos también ante una forma de agresión sexual, pues el consentimiento está deliberadamente viciado. De otro modo, ¿de qué justificación dispondríamos para reprochar el engaño al que sometió D’Artagnan a Milady36 o la conducta de los libertinos personajes masculinos de The Great Switcheroo, el relato de Roald Dahl37?

Tom Dougherty ha sostenido que, bajo ciertas condiciones, esos engaños son males morales graves, pues se incumple la máxima kantiana de no tratar a nadie como un mero medio. Así ocurre cuando el engaño está directamente relacionado con la relación sexual habida, es decir, el dato ocultado o tergiversado es un determinante de la −así sorteada− oposición de la pareja a mantener relaciones sexuales; y ello por muy trivial que, desde nuestra perspectiva, pudiera ser el hecho ocultado o deformado. Si un amigo me pide la casa para dejar a su perro chihuahua −sabiendo de mi aversión a los chihuahuas− y para conseguirlo me dice que es un gran danés, no puede excusarse señalando que consentí al dejarle la llave para entrar en la casa38.

Esta concepción del consentimiento, empero, arrostra consecuencias muy contraintuitivas. En el límite, la seducción que antecede al encuentro sexual −en tanto en cuanto implica exageraciones o sobreactuaciones más o menos deliberadas o inconscientes− constituye una manera de, parafraseando a Hume, hacer que la razón sea esclava de las pasiones, y en esa medida constituiría un vicio del consentimiento de acuerdo con los estándares de, por ejemplo, las normas jurídicas que rigen el negocio privado: «Si el consentimiento plenamente informado fuera la condición para el sexo lícito, lo primero que tendríamos que hacer es encarcelar a todos los guapos y guapas», señala elocuentemente Jed Rubenfeld39. Y sin embargo…

Sin embargo, lejos de considerar como ilícito el sexo por ser el resultado de la irracionalidad, del juicio empañado por la pulsión amorosa, entendemos que lo que confiere su naturaleza distintiva y deseable a esa interacción es que no discurre por tales carriles «contractualistas», sino que está abierta a la sorpresa, la espontaneidad, el misterio, la prueba y error, y, también, al fracaso, la frustración y el dolor. Así, Sarah Conly ha señalado en este sentido que «Cuando inicias una relación […] te expones a la posibilidad de ser dañado en distintos modos. Uno de ellos es que la otra persona puede informarte de que te dejará si no cambias, lo cual puede colocarte ante un dilema doloroso, esto es, hacer lo que no quieres o ser dejado. Así ocurre si lo que se te pide es ser fiel y también si lo que se te solicita es tener relaciones sexuales. Así como uno tiene derecho a pedir, el otro tiene el derecho de no hacer nada de lo pedido. Pero nadie tiene derecho a insistir en que la relación no cause dolor alguno y nadie puede alegar que ha sido coaccionado simplemente porque la perspectiva de dicho dolor induce a cambiar de conducta»40.

Las alternativas, por tanto, parecen claras: 1) O concebimos «clínicamente» la relación sexual, despojándola con ello de elementos que −tendemos a pensar− la hacen valiosa y característica (pero que en otros contextos se tomarían como vicios del consentimiento41), y así castigamos como delitos contra la libertad sexual no sólo las relaciones sexuales logradas con violencia o intimidación, sino también aquellas para las que ha mediado engaño, fraude o manipulación42; o bien 2) Dejamos de hacer pivotar la justificación del reproche moral o del castigo penal de la violación, agresión o abuso sexual sobre la noción de autodeterminación sexual de la víctima43. Abandonamos, así, la idea de que lo que traduce esa punición es el derecho de todo individuo a señorear el modo en el que llega a darse la relación sexual.

Esta última es la opción adoptada por Jed Rubenfeld: rebajar el alcance de la autodeterminación sexual, del sexo consentido, admitiendo que no es cierto que sólo cuando controlamos todos los aspectos del encuentro sexual este es lícito moral y jurídicamente44. Recuérdese que, para Tom Dougherty, la reprochabilidad del sexo obtenido por engaño o fraude tiene un cimiento kantiano –la proscripción de tratar a nadie meramente como un medio−, pero una lectura más estricta del ideal de la autonomía kantiana parece hacer radicalmente incompatible éste con las relaciones gobernadas por el deseo e impulso sexual. Kant mismo señaló que «Quien ama por inclinación sexual convierte al ser amado en un objeto de su apetito». Y añadía: «En esta inclinación [sexual] se da una humillación del hombre, ya que, tan pronto como se convierte en un objeto del apetito del otro, se desvanecen todos los móviles de las relaciones morales; en tanto que objeto del apetito de otro es en verdad una cosa gracias a la cual se sacia ese apetito ajeno y, como tal cosa, puede ser objeto de abuso por parte de los demás […]. La condición del ser humano queda así degradada a un mero instrumento de satisfacer deseos e inclinaciones y se homologa la humanidad con la animalidad»45.

La autonomía, en definitiva, entendida como soberanía corporal inalienable casa mal con el deseo y la actividad sexual cuando es precisamente «invadir» y ser «invadidos» lo que pretendemos al tener sexo. Para Jed Rubenfeld, con la violación pasa como con la tortura: no es la vulneración de la «autonomía corporal» lo que está en juego, aunque ciertamente el torturador carece del consentimiento de su víctima para infligirle daño. Lo que está en juego, tanto en la violación o abuso sexual como en los delitos de esclavitud y tortura, es la «autoposesión» en el muy básico sentido de «posesión del propio cuerpo», de «control corporal»46. Quien ha trabajado más horas de las pactadas, o por causa distinta de la creída, o ha recibido inferior salario, no ha sido esclavizado, aunque su consentimiento para la relación laboral haya estado viciado y por ello se haya podido afrentar su autonomía47. Quien fue engañosamente llevado a mantener relaciones sexuales, no ha sido violado ni agredido ni abusado sexualmente (lo cual, obviamente, no hace del engaño algo inmune a la censura moral).

Es momento de recapitular. La discusión anterior ha podido causar la impresión en el lector de que, a la vista de las dificultades en fijar con precisión los contornos del consentimiento para la relación sexual, y el alcance y consecuencias que éste ha de tener, la «libre elección», en lo que hace a la prostitución, es un mito, tal como se dice elocuentemente en el subtítulo del libro de Ana de Miguel. ¿Debemos entonces arrumbar el consentimiento como fuerza normativamente justificadora de la prostitución no forzada, prescindir de su eventual presencia para abrazar el abolicionismo? Nada más lejos de mi propósito: la controversia que he resumido en torno a la caracterización del delito contra la libertad sexual muestra dos cosas importantes para el debate sobre la prostitución: el consentimiento importa, e importa crucialmente, pero, al tiempo, es contextualmente dependiente de una concepción más general de lo que es importante y valioso en las relaciones afectivo-sexuales entre los seres humanos. Dado ese contexto, debemos precavernos frente a lo que he llamado una caracterización «clínica» del consentimiento.

La moral sexual de sociedades liberales como la nuestra tiene en el consentimiento de los intervinientes la característica esencial que transforma en correcta –aunque quizá no buena− la relación sexual y, de ese modo, en una actividad inmune frente al poder punitivo del Estado. Aquélla puede ser esporádica, casual, irreflexiva o descarnadamente frívola, de la misma manera que puede estar vinculada al propósito de sellar con ella una unión con vocación de ser vitalicia; puede ser un «mal negocio» personal o conducir a la frustración, de la misma manera que puede constituir el culmen del éxtasis y la pasión; puede ser desviada o no placentera a los ojos de la mayoría, o tal vez convencional o rutinaria en su desarrollo. Y, al fin, puede practicarse sexo de forma puramente «desinteresada» o a cambio de precio, siempre que haya consentimiento. Las actrices y actores porno así lo hacen, como las prostitutas no forzadas; también quienes deciden participar en los montajes operísticos de Calixto Bieito o de La Fura dels Baus.

¿Con qué argumentos podría reclamarse hoy la interferencia del poder público sobre la interacción sexual que no discurre por los «buenos cauces» o las «buenas razones», por el «sexo con sentido» entre personas que, para cualesquiera otros órdenes de la vida social, juzgamos como agentes morales? Se ha dicho, por ejemplo, que para la mujer prostituta no estamos en presencia de sexo, pues es sólo él, y no ella, quien obtiene placer o desea tal intercambio48. Por supuesto, la prostituta desea, en el sentido relevante, tener la relación sexual (condicionada a que se reciproque por parte del cliente con el precio acordado), aunque no obtenga placer. Pero, además, ¿cómo es posible señalar que sólo si hay placer mutuo cabe hablar de actividad sexual? ¿Acaso entre parejas estables no se acepta ocasionalmente causar placer sexual, aunque él o ella no lo obtengan? ¿Eso no es sexo?

La cuestión, por otro lado, no puede zanjarse definicionalmente. Es simplemente insostenible decir que la relación es censurable –y no digamos ya punible− porque no es sexo para la prostituta. Llamémosle X (nada más adecuado en este contexto) y seguiremos preguntándonos qué hay de malo en X. Pensemos que la prostituta que facilita la invasión de su cuerpo sin ella obtener placer ocupa una posición semejante al «modelo» que se usa para que los estudiantes de medicina aprendan a hacer una colonoscopia. Como ha señalado Martha Nussbaum, a quien se debe el ejemplo, nuestras razones para regular, y si acaso prohibir esta práctica, tienen que ver con la desproporción de riesgos, o las condiciones en que se ejerce la actividad, pero no con que la actividad en sí sea «inmoral»49.

Y lo extraño es que, para la propia Beatriz Gimeno, la actividad prostitucional no es equivalente a otros usos del cuerpo, como, por ejemplo, dar un masaje50. No es sexo, o no deja de serlo, nos recuerda Gimeno, lo que de manera voluntarista queramos que sea, sino lo que resulta socialmente construido como tal51, y parece indudable que la actividad que realizan socialmente las prostitutas es una prestación de naturaleza sexual. En el fondo, como ha señalado Nussbaum, la diferencia entre la masajista y la prostituta es puramente de respetabilidad social: la primera, frente a la segunda, se ha ganado el derecho a ser considerada una profesional digna que ejerce una habilidad especial. Más allá de ese hecho constatable, nuestras razones para hacer relevante la obvia diferencia de que en un caso se busca satisfacer un deseo erótico-sexual, y en el otro no (aunque ser masajeado es una manera de obtener placer) son el producto de un prejuicio52: el prejuicio consistente en considerar inmoral intercambiar sexo por dinero. Volvemos a las andadas.

Regular la prostitución −se ha dicho también− legitima socialmente una práctica que afecta a las mujeres en su conjunto, y no sólo a quienes intervienen en el intercambio53. En la visión de Ana de Miguel, Beatriz Gimeno y tantas otras feministas abolicionistas, la prostitución está inextricablemente anudada al patriarcado y su persistencia refuerza la sumisión de las mujeres. Pero hay una lectura diferente: la sumisión, en realidad, está reforzada por el estigma asociado a la prostituta, la mujer corrompida y corruptora del buen orden; la mujer que, por vivir su sexualidad de manera insumisa, constituye una fuente de peligros para el orden patriarcal aún imperante. Anida, por tanto, una vocación distinta en el reglamentismo a la atribuida por De Miguel: una pretensión de empoderar a las mujeres que deciden tomar control de su propia sexualidad para, si acaso, venderla. Esa es la conclusión que ha de seguirse cuando se abraza la reivindicación feminista «mi cuerpo, mis normas», que enarbolamos, por ejemplo, en materia de reproducción. Extraigamos, pues, de ese postulado las debidas consecuencias en lo que hace a la prostitución54. Y todo ello es compatible con el intento de no hacer de la prestación de servicios sexuales el único plan de vida posible para las mujeres menos favorecidas. A la regulación deberá aparejarse una política pública que remueva las barreras aún persistentes entre los géneros a la hora del desarrollo personal y profesional y que ponga ciertos límites en el ejercicio del trabajo sexual si se realiza por cuenta ajena. La tarea sigue siendo enorme, pero no acometerla no ayuda en nada a las mujeres que ejercen la prostitución55.

 


Pablo de Lora es profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de Justicia para los animales. La ética más allá de la humanidad (Madrid, Alianza, 2003), Memoria y frontera. El desafío de los derechos humanos (Madrid, Alianza, 2006),Bioética. Principios, desafíos, debates (con Marina Gascón; Madrid, Alianza, 2008) y El derecho a la asistencia sanitaria. Un análisis desde las teorías de la justicia distributiva (con Alejandra Zúñiga; Madrid, Iustel, 2009).

 

05/04/2017

  1. De «guerras del sexo» en el seno del feminismo tilda la controversia Beatriz Gimeno,La prostitución, Barcelona, Bellaterra, 2012, pp. 16-17.↩
  2. La nómina sería interminable. En el seno del pensamiento político feminista español hay también autoras que se han destacado en la defensa de una posición que en esta, como en otras materias, trata de hacer compatible el feminismo con el liberalismo político; se trata, entre otras, de Elena Beltrán, Ruth Mestre o María Luisa Maqueda.↩
  3. Fue precisamente ese mismo año cuando se adoptó en París el convenio internacional relativo a la represión de la Trata de Blancas, si bien el célebre «An Appeal to my Countrymen», de Josephine Butler, el acta bautismal del movimiento conocido como «abolicionismo», es muy anterior: 1877. La sección española de la Federación Abolicionista Internacional data de 1882. Es interesante destacar que sus primeros veinticinco inscritos eran todos varones y que entre ellos se encuentran célebres institucionistas como Francisco Giner de los Ríos o Gumersindo de Azcárate. También Luis Jiménez de Asúa fue un declarado abolicionista. Para algunas notas histórico-legislativas sobre el fenómeno de la prostitución en España, me permito remitir a mi trabajo «¿Hacernos los suecos? La prostitución y los límites del Estado»,Doxa, núm. 30 (2007), pp. 451-470, así como al libro de Jean-Louis Guereña,La prostitución en la España contemporánea, Madrid, Marcial Pons, 2003. ↩
  4. A otras feministas que se han ocupado del tema, como Beatriz Gimeno, les preocupa tanto o más qué aliadas se encuentran en la defensa de una determinada visión de la prostitución, o cómo ganar el debate social, que los argumentos mismos a favor de una u otra posición. Su libro es un denodado esfuerzo por mantenerse junto a las compañeras de viaje «progresistas», «feministas», «no puritanas» y «anticapitalistas», a pesar de que éstas defiendan una postura abolicionista con argumentos con los que la propia autora confiesa no estar ya conforme (op. cit., pp. 60-61).↩
  5. No puedo evitar remarcar que estamos ante un libro hecho a trompicones: las referencias internas brillan por su ausencia, en un texto en el que muchas ideas, propuestas, tesis o referencias históricas son repetidas en los diversos capítulos que lo componen («conceptualizar es politizar», «la distinción entre las iguales y las idénticas» y «lo personal es político» son divisas del pensamiento feminista múltiples veces citadas y pesadamente reiteradas). El lector tiene la impresión −yo al menos la tengo− de que se han empastado escritos de origen diverso sin que se hiciera una sutura final que evitara las redundancias. Esa impresión se corrobora en el quinto capítulo, que procede −con el único cambio de una muy genérica e irrelevante nota al pie, la 142, y el añadido de una referencia bibliográfica sin mayor comentario, la nota 146− de un artículo publicado en el número 16 (2014) deDilemata, que es a su vez una versión de un trabajo ya publicado en 2011. Aunque la autora agradece en el prólogo a los editores que hayan permitido la utilización de «versiones anteriores», advertir al lector que, como es el caso, en el libro se incluye material idéntico o casi idéntico al ya publicado, señalando la fuente original, constituye un uso académico más correcto.↩
  6. El informe del Parlamento EuropeoSexual exploitation and prostitution and its impact on gender equality, de 2014, estima que el negocio global de la prostitución se eleva a 186 billones de dólares de ingresos anuales. En España alcanzaría los 18 billones (p. 22).↩
  7. Aunque al mismo tiempo, y de manera más desconcertante, la autora apela a que busca la «claridad conceptual» (p. 124). En una parecida falacia de definición persuasiva incurre Beatriz Gimeno: «si hablamos de prostitución estamos hablando de sexualidad masculina. La prostitución es muchas cosas, pero en su materialidad es sexo (masculino): lo que se pone en venta es el uso del cuerpo de las mujeres para que los hombres tengan sexo con él» (op. cit., p. 211).↩
  8. Una definición muy cercana es la que emplea María Luisa Maqueda: «Prestación voluntaria y negociada de servicios sexuales remunerados». Tomo la referencia de Elena Beltrán, que la asume: véase «En los márgenes del derecho antidiscriminatorio: prostitución y derechos de las mujeres»,Anales de la Cátedra Fernando Suárez, vol. 45 (2011), pp. 43-63, p. 45, nota 5.↩
  9. Op. cit., p. 224. Los estudios cualitativos llevados a cabo por Melissa Farley cifran en un 22% el porcentaje de clientes que disfrutan del hecho de tener poder sobre la prostituta que han contratado; véase el informe del Parlamento Europeo, p. 15.↩
  10. Op. cit., pp. 219-220 y 251-252.↩
  11. Ibídem, p. 251.↩
  12. Aunque de ella se tienen muy pocos datos. En España se dispone de un informe de 2006 del Ministerio de Sanidad y la Fundación Triángulo referido a la ciudad de Madrid. Recientemente, Iván Zaro ha publicadoLa difícil vida fácil. Doce testimonios sobre prostitución masculina(Madrid, Punto de Vista, 2016) donde recopila doce testimonios de trabajadores del sexo gais. ↩
  13. Véase el informe de Amnistía Internacional al que haré referencia a continuación. El 42% de los trabajadores del sexo en el Reino Unido son hombres, de acuerdo conalgunas estimaciones.↩
  14. Las estimaciones varían también sobre el número de estas y qué porcentaje representen las prostitutas no forzadas; de acuerdo con el informe ya citado del Parlamento Europeo, una de cada siete personas que se prostituyen en Europa son traficadas y hasta ciento cuarenta mil mujeres en Europa son víctimas de tráfico (p. 16).↩
  15. Justo cuando se redactan estas líneas tengo conocimiento de la historia del rabino jefe de las Fuerzas Armadas israelíes. el coronelEyal Qarim, quien, ante una consulta religiosa, ha afirmado que es legítimo que los soldados israelíes violen mujeres palestinas en tiempo de guerra.↩
  16. Op. cit., p. 261 (las cursivas son mías).↩
  17. Ibídem, pp. 265-266. ↩
  18. John Rawls,Justice as Fairness. A Restatement, Cambridge, Harvard University Press, 2001, pp. 136-138. Cuando De Miguel sostiene que el feminismo no puede sustentarse en el discurso de la libre elección, afirma que esta tesis no es fácil de ser explicada en cinco minutos, mientras que la posición normalizadora que se basa en el consentimiento puede fácilmente sintetizarse con la vehemente afirmación «Lo he elegido yo y punto» (p. 340). Es difícil imaginar un planteamiento más maniqueo y tendencioso.↩
  19. Esta distinción, y sus implicaciones, escapa también a la simplista, aunque más honesta, dicotomía que plantea Gimeno entre feministas pro y antiprostitución (op. cit., pp. 24-25).↩
  20. Beatriz Gimeno,op. cit., pp. 56-57. Una excepción es precisamente el libro de Gimeno. En sus propias palabras: «Si no hemos sido capaces de hacerlo [luchar más eficazmente contra la trata] se debe, en parte, a la negativa del sector antiprostitución en diferenciar la prostitución forzada de la voluntaria, al negarse a considerar siquiera la posibilidad de que pueda existir consentimiento en ningún caso. Esa postura,que va contra el sentido común y, sobre todo, contra la percepción de la mayoría de la gente, está limitando la lucha contra esta nueva forma de esclavitud» (p. 174; las cursivas son mías). ↩
  21. Así De Miguel en las páginas 61-63 y 145 de su libro. Andrea Dworkin sostiene que el coito heterosexual discurrirá en condiciones de igualdad cuando la violación y la prostitución –las dos instancias emblemáticas, a su juicio, de la supremacía masculina y negadoras de la autodeterminación de las mujeres− sean desterradas (Intercourse, Nueva York, Free Press, 1987, p. 143). Muchos pasajes de su libro invitan a pensar que, en su opinión, todo coito heterosexual es una forma de violación: «el odio a las mujeres es una fuente de placer sexual por sí mismo para los hombres. El coito resulta la expresión de ese desprecio en su forma más pura, en la forma de la jerarquización sexual […]. El coito es la expresión pura, esterilizada y formal del desprecio de los hombres a las mujeres […]. Cualquier violación del cuerpo de una mujer puede convertirse en sexo para los hombres; esta es la verdad esencial de la pornografía» (p. 138). Y más adelante: «Ser mujer en este mundo es haber sido desprovista del potencial de la elección humana por los hombres que nos odian […]. ¿Podría el coito existir sin que la mujer por sí misma se convierta en un objeto, lo cual debe hacer porque los hombres no pueden follar a iguales y los hombres deben follar? […] Al convertirse en un objeto para que él pueda instrumentalizarla y así follársela, ella colabora políticamente con su dominación; y entonces, cuando él la penetra, él confirma para sí y para ella lo que ella es: que ella es algo, no alguien; y ciertamente no un igual» (pp. 140-141). Dworkin negó posteriormente haber afirmado que toda forma de sexo coital heterosexual sea una violación;véase su entrevistacon Michael Moorcock en 1995. ↩
  22. La historia está contada de manera fascinante enThe New York Times Magazineen «The Strange Case of Anna Stubblefield». ↩
  23. La ambigüedad del término «head» en inglés (cabeza, en el sentido de «jefatura», pero también una manera de referirse al glande) se pierde en la traducción al español.↩
  24. Se trata del número 12 del invierno de 2014, que, con el también provocativo título de «Bad Girls» está dedicado al sexo y la discapacidad.↩
  25. El cine se ha ocupado de todo ello. Es el caso del clásico de Dalton Trumbo,Johnny cogió su fusil(1971), pero también de las más recientes Nacional 7, una película francesa del año 2000, y de The Sessions, de 2012. ↩
  26. Véase, en la misma línea, el artículo de Elena Beltrán citado en la nota 8 (p. 52).↩
  27. Véase el Fundamento Jurídico 10 y Alan Wertheimer, «Consent and Sexual Relations»,Legal Theory, vol. 2, núm. 2 (1996), pp. 89-112 (p. 101). Jeffrie G. Murphy, por su parte, añade otra justificación para castigar la violación de una prostituta: tal vez la prostituta ha trastocado el valor de la sexualidad, que vende como un servicio, pero nosotros, como sociedad, no queremos renunciar al tipo de valor que asignamos a la sexualidad; véase «Some Ruminations on Women, Violence, and the Criminal Law», en Jules Coleman and Allen Buchanan (eds.),In Harm’s Way. Essays in Honor of Joel Feinberg, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, pp. 209-230 (p. 216). ↩
  28. Así se comprenden los tradicionales delitos de «fornication», «seduction», «adultery» o de incurrir en ciertas prácticas sexuales desviadas (la sodomía) presentes en el Derecho Penal anglosajón; véase Jed Rubenfeld,«The Riddle of Sex-By-Deception and the Myth of Sexual Autonomy», p. 1.390.↩
  29. María Verónica Caruso Fontán,Nuevas perspectivas sobre los delitos contra la libertad sexual, Valencia, Tirant lo Blanch, 2006, pp. 59-60; Miguel Díaz y García Conlledo, «Delitos contra la libertad sexual: ¿libertad sexual o moral sexual?», en Santiago Mir Puig y Mirentxu Corcoy Bidasolo (dirs.),Nuevas tendencias en Política Criminal, Madrid, Reus, 2006, pp. 181-208 (p. 182). ↩
  30. María Verónica Caruso Fontán,op. cit., p. 51, nota 84. Esto ocurrió desde la aprobación del Código Penal de 1822 hasta una sentencia del Tribunal Supremo de 1906: véase José Jiménez Villarejo, «Comentarios a los artículos 179-183 del Código Penal», en Cándido Conde-Pumpido Tourón y Jacobo López Barja de Quiroga (eds.),Comentarios al Código Penal (tomo II), Barcelona, Bosch, 2007, pp. 1269-1415 (p. 1293). Es en 1989 cuando los delitos de violación y las agresiones sexuales pasan a englobarse bajo la rúbrica «delitos contra la libertad sexual». ↩
  31. María Verónica Caruso Fontán,op. cit., pp. 25 y 39. Para la evolución de la jurisprudencia estadounidense en este punto, véase Jed Rubenfeld,art. cit., p. 1389, nota 80, y Andrea Dworkin, op. cit., pp. 165-167. ↩
  32. Alejandro Groizard y Gómez de la Serna,El Código Penal de 1870 concordado y comentado, Salamanca, 1893, p. 85 (tomo la cita de María Verónica Caruso Fontán,op. cit., p. 44, nota 67). ↩
  33. José Jiménez Villarejo,op. cit., p. 1272. Véase igualmente Rosario Vicente Martínez en Varios autores,Comentarios al Código Penal, Madrid, Iustel, 2007, p. 429; María Luisa Cuerda Arnau, «Los delitos contra la libertad sexual de la mujer como tipos de violencia de género. Consideraciones críticas», Revista General de Derecho Penal, vol. 13 (2010), p. 17; Manuel Cancio Meliá en Fernando Molina (dir.), Memento Práctico Penal, Madrid, Francis Lefebvre, 4ª ed., 2016, p. 9216. En España, el debate doctrinal y jurisprudencial, una vez superada la tesis de que la mujer debía desplegar una resistencia heroica para poder apreciarse el delito de violación, se centra en la delimitación de lo que constituya intimidación (a este respecto, véase Octavio García Pérez, «La regulación del derecho penal sexual en España», en Luis Reyna Alfaro (dir.), Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Enfoque dogmático y jurisprudencial, Lima, Jurista, 2005, pp. 229-321 [p. 247]). Para Caruso, se intimida cuando se da una «manipulación motivacional», lo cual la acerca mucho a la figura de la violación por fraude o engaño que veremos más adelante (op. cit., p. 140). ↩
  34. La muy desafortunada redacción del segundo inciso del artículo 188.1. del Código Penal dada en 2003 («En la misma pena incurrirá el que se lucre explotando la prostitución de otra persona,aun con el consentimiento de la misma») permitió hasta muy recientemente esa lectura que hace de toda forma de prostitución una explotación tipificada. Así lo entendió la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de mayo de 2014 en el conocido como caso Saratoga posteriormente casada por el Tribunal Supremo en sentencia de 23 de septiembre de 2015.↩
  35. Art. cit., p. 95.↩
  36. Tom Dougherty,«Sex, Lies and Consent»(pp. 724-728) y Rubenfeld, art. cit., pp. 1402-1403. Joyce Short es, tal vez, la más conocida abanderada de la causa en pro de tipificar como violación el «sexo obtenido por fraude». ↩
  37. Un caso prototípico de consentimiento sexual fraudulento que conduce a los jueces a considerar que se trata de una violación es la penetración que un médico realiza a una mujer con la fraudulenta justificación de tratarse de un procedimiento clínico; para un relato de esos casos en la jurisprudencia de los países anglosajones véase Jed Rubenfeld,art. cit., p. 1397. En la jurisprudencia española, véase el supuesto de la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 2014, que condena a un ginecólogo por delito de abusos sexuales al haber realizado a un gran número de pacientes tocamientos masturbatorios sin afán ni indicación clínica alguna.↩
  38. Art. cit., pp. 719, 732 y 736-737.↩
  39. Art. cit., p. 1416. En una línea parecida, véase Sarah Conly, «Rape and Coercion»,Ethics, vol. 115, núm. 1 (2004), pp. 96-121 (p. 113) y Jeffrie G. Murphy, op. cit., p. 218. ↩
  40. Véase Sarah Conly,art. cit., p. 110. Pero no, no nos confundamos ni equivoquemos la tesis de Dougherty: no se trata de condenar toda seducción, sino a aquellos seductores que culminan su conquista –la relación sexual− sin haber revelado a su pareja la información ocultada o manipulada que hizo posible el enamoramiento. Hasta tanto eso no ocurra, Dougherty advierte que habrá que guardar abstinencia sexual, pues de otra forma el consentimiento para la interacción sexual no será moralmente válido (art. cit., p. 740).↩
  41. Esta concepción «clínica» es la que hoy gobierna muchos códigos de conducta en los campus norteamericanos bajo el estandarte del «no is no». Para una crítica de los mismos, véase Jed Rubenfeld,«Mishandling Rape».↩
  42. El delito de abusos sexuales del artículo 181 del Código Penal comprendería esos casos, bien por no mediar consentimiento, bien porque se ha obtenido por «prevalimiento de la situación de superioridad manifiesta en que se halla el autor»; véase Rosario Vicente Martínez,op. cit., p. 438↩
  43. Jed Rubenfeld,art. cit., p. 1395. Una de las consecuencias más abracadabrantes de considerar que el engaño es una forma de vulneración de la autonomía sexual –sea en la forma de violación o de abuso sexual, tal y como recoge el Código Penal en España (artículo 181)− es que un menor que mintiera sobre su edad para, de esa forma, poder tener relaciones sexuales con un adulto, sería a la vez víctima y autor del mismo delito (p. 1414). También concurriría esa doble condición cuando alguien es inducido a creer (falsamente) que la otra persona quiere vivir la fantasía de ser violada, como ocurrió dramáticamente en el caso del exmarine Jebidiah James Stipe; véase Jed Rubenfeld,art. cit., pp. 1414-1415. ↩
  44. Jed Rubenfeld,art. cit., p.1417. Puede también, por supuesto, haber otras razones para no extender la criminalización, razones que pueden tener que ver con las dificultades probatorias y con el engorroso proceso de judicialización que podría enturbiar la relación afectivo-sexual entre los individuos engañados o defraudados. Pero estas serían razones instrumentales, no basadas en principios.↩
  45. Immanuel Kant,Lecciones de ética, trad. de Concha Roldán Panadero y Roberto Rodríguez Aramayo, Barcelona, Crítica, 1988, pp. 204-205. Como en otros ámbitos –por ejemplo, la extracción de un diente−, Kant parece exagerar al sostener que esa disposición de una parte del cuerpo equivale a la disposición del todo o la persona en sí. Kant sostiene que la única manera de satisfacer moralmente la inclinación sexual es mediante el contrato matrimonial, pues sólo así se adquiere el derecho mutuo de disponer íntegramente de la otra persona y no sólo el sexo, disociación que es, a juicio de Kant, degradante (p. 207).↩
  46. Jed Rubenfeld,art. cit., pp. 1423-1427.↩
  47. Ibídem, pp. 1432-1436.↩
  48. Beatriz Gimeno,op. cit., pp. 211-212. La prostitución, dice Gimeno, «no es sexualidad femenina».↩
  49. Martha Nussbaum,Sex and Social Justice, Oxford, Oxford University Press, 1999, p. 285.↩
  50. Beatriz Gimeno,op. cit., p. 227.↩
  51. Ibídem, pp. 227-228 y 252.↩
  52. Martha Nussbaum,op. cit., pp. 284-285.↩
  53. Y, obvio es decirlo, dependiendo de los términos concretos de la regulación, puede contribuir al indeseable fenómeno de la trata o, por el contrario, frenarlo. Véanse al respecto las no muy prometedoras experiencias en Holanda y Alemania, de acuerdo con el relato hecho en el informe citado del Parlamento Europeo.↩
  54. Es la lectura feminista que hace Martha Nussbaum,op. cit., p. 287.↩
  55. Una versión distinta de este trabajo apareció publicada en la revistaJueces para la Democracia.↩

 

La millonaria abolicionista: la cruzada de la heredera del petróleo Swanee Hunt para acabar con el trabajo sexual

 

Por STEPHEN LEMONSON

27 de septiembre de 2018

HTTPS://FRONTPAGECONFIDENTIAL.COM/SWANEE-HUNT-SEX-WORK-DEMAND-ABOLITION/

 

¡Aquí está Swanee! La heredera del petróleo Swanee Hunt en una conferencia de 2012 patrocinada por Women’s eNews (Lindsay Aikman / Michael Priest Photography a través de Flickr)

 

Swanee Hunt ha usado su gran fortuna para impulsar una agenda que busca abolir el sexo comercial entre adultos que consienten.

La trabajadora sexual y bloguera con sede en Seattle Maggie McNeill dedicó una publicación reciente en su sitio The Honest Courtesan a un documento intrigante: dos páginas supuestamente extraídas de un informe preparado para Demand Abolition, un grupo que tiene como objetivo erradicar el comercio sexual en Estados Unidos. El grupo fue fundado por Swanee Hunt, ex embajadora en Austria y la hija más joven del difunto magnate petrolero de Texas HL Hunt.

Las páginas, que parecen haber sido preparadas por la prominente firma de relaciones públicas Luntz Global, contienen las recomendaciones y los fundamentos de la firma con respecto a la terminología que el grupo anti trabajo sexual emplea en sus mensajes.

Como señala McNeill, Demand Abolition proporciona financiamiento a los organismos policiales con la disposición de que esos organismos trabajarán en concierto con el grupo para enfatizar la aplicación de la ley en la parte de la demanda del intercambio de sexo comercial y para adoptar su terminología.

Por ejemplo, el documento sugiere el uso del término “compra de sexo” en lugar de “prostitución”, porque “la prostitución es una ‘zona gris’. La compra de sexo pone la responsabilidad en el comprador”.

También: “Reconocer la posibilidad de que una pequeña minoría de mujeres en el comercio sexual esté allí por su propia voluntad”. El razonamiento declarado: “El público todavía considera que esto es una opción para algunas personas: negarlo es decir que su opinión es incorrecta y perdemos credibilidad”.

Y: “Usar ‘prostitución forzada’ en lugar de solo ‘prostitución’.” Justificación: “Decir ‘prostitución forzada’ es lo correcto porque la mayoría de las mujeres en el comercio sexual son obligadas. Elimina cualquier ambigüedad que el público pueda tener sobre la libertad de elección “.

Además, el documento sugiere diez “Frases para 2015”, que incluyen “Sin compradores, no hay negocio”, “La trata y la prostitución están indisolublemente vinculadas” y “La prostitución está en SU ​​vecindario, y en el mío”.


Parte del supuesto informe de Luntz Global preparado para el grupo Demand Abolition de Swanee Hunt (captura de pantalla a través de The Honest Courtesan)

 

Gran parte del lenguaje usado en el sitio web de Demand Abolition se hace eco de los consejos contenidos en el documento.

Además, escribe McNeill, “he escrito durante años sobre la compra por parte de Hunt de la oficina del fiscal de Seattle, y dos excelentes artículos a principios de este año profundizaron en el alcance de esta subversión depravada e ilegal del llamado sistema de justicia”.

Luntz Global tiene el mismo nombre de su fundador, el famoso encuestador republicano Frank Luntz, un sabio de la opinión pública, responsable de crear frases resbaladizas para el Partido Republicano, como “cambio climático” en lugar de calentamiento global, e “impuesto a la muerte”, en lugar de impuesto de patrimonio. La compañía utiliza grupos de enfoque específicos para emitir un juicio sobre qué frases y puntos de conversación son más efectivos.

Ni Luntz Global ni Demand Abolition respondieron a solicitudes repetidas de Front Page Confidential  para autenticar el documento. McNeill se negó a violar su acuerdo de confidencialidad con su fuente.

Pero una revisión de las declaraciones anuales de Demand Abolition con el Internal Revenue Service revela que en 2014, el grupo pagó $ 60.000 a Luntz Global Partners por “consultoría estratégica”. (En términos del presupuesto del grupo, eso es una gota en el cubo: Demand Abolition pagó casi $ 10 millones en 2014 para transmitir su mensaje.)

Dejando a un lado las cuidadosas distinciones descritas en el documento que McNeill adquirió, la propaganda en línea de Demand Abolition fusiona los términos trata sexual y prostitución, una táctica común entre los grupos contra el trabajo sexual.

 

Hunt afirma que la distinción entre trata sexual y prostitución consensual de adultos es “problemática” y “más ficción que realidad”.

 

En realidad, los dos términos tienen significados diferentes, que están codificados en las leyes estatales y federales. La prostitución es en gran parte penalizada a nivel local e involucra a adultos que consienten el intercambio de dinero por sexo. Por otra parte, la trata sexual está definido por la ley federal como hacer que un menor se involucre en un acto sexual comercial o que un adulto haga lo mismo a través de la fuerza, el fraude o la coerción.

En “Deconstrucción de la demanda: la fuerza motriz de la trata sexual”, un manifiesto de 2013 que es alojado de forma notoria en la página de inicio de Demand Abolition, Hunt afirma que la distinción entre la trata sexual y la prostitución adulta consensual es “problemática” y “más ficción que un hecho”.

Como lo ve Hunt, “la trata es, a efectos prácticos, a menudo intercambiable con la prostitución, ya que la mayoría de los proxenetas usan ‘fuerza, fraude o coerción’ y los menores no pueden consentir legalmente…   Establecer exactamente quién en un momento dado está en la minoría de adultos que venden ‘voluntariamente’ sus cuerpos no es un ejercicio pragmático o confiable, y es algo que nos distrae insidiosamente de la tarea de detener el abuso de la gran mayoría”.

Hunt también frunce el ceño sobre “el uso de la pornografía para masturbarse” y parece tener una sombría visión del deseo sexual masculino en general. En cuanto al derecho de las trabajadoras sexuales a tomar decisiones por sí mismas, opina que “cada decisión debe ser ponderada en términos del efecto general en la comunidad, incluso a costa del impacto en la libertad personal”.

 

Que se entere el comprador de sexo

Las donaciones de Demand Abolition a las agencias policiales han asegurado el tipo de actuación contra los “compradores sexuales” que Hunt favorece.

En un artículo innovador publicado en The Intercept, Alison Bass, profesora de periodismo en la Universidad de West Virginia y autora de Getting Screwed: Sex Work and the Law, detalla cómo las donaciones de Demand Abolition a las agencias policiales de varias ciudades ayudaron a financiar redadas locales de puteros.

Bass descubrió que desde 2013 hasta 2018, la Red de Empoderamiento Contra la Explotación Sexual (CEASE) de Demand Abolition donó millones de dólares a organizaciones sin fines de lucro y agencias públicas de todo el país.

Pero como Bass también descubrió, el dinero vino con condiciones. Al obtener registros públicos de la oficina del fiscal de distrito en el condado de King (Seattle), Bass demostró cómo los $ 191.667 en donaciones de Demand Abolition durante un período de cuatro años permitieron a la organización dictar plazos para que los fiscales y las fuerzas del orden ejecutaran redadas contra los clientes del comercio sexual.

Las donaciones de Demand Abolition a la policía llegaron con condiciones: plazos, cuotas y uso frecuente del término “trata sexual” (picturexv a través de Flickr)

 

Se informó que los fiscales del Condado de King modificaron su lenguaje para adaptarse a la ideología de Demand Abolition y permitieron que los consultores contratados por Demand Abolition reescribieran comunicados de prensa, insertando la palabra “trata sexual” a pesar del hecho de que los fiscales preferían el término “explotación sexual comercial”.

 

Los fiscales del condado de King firmaron declaraciones en las que declaraban que estaban de acuerdo con la ideología de Demand Abolition respecto a los efectos dañinos de la industria del sexo comercial.

 

Como explicó un consultor en un correo electrónico a los fiscales, “Eliminar todas las referencias a la trata sexual perjudicará nuestra capacidad para captar la atención de los periodistas”.

Los fiscales del condado de King firmaron comunicdos en los que declaraban que estaban de acuerdo con la ideología de Demand Abolition respecto a los efectos dañinos de la industria del sexo comercial. Y en una controvertida redada de 2016 que involucró a once hombres y un sitio web llamado The Review Board (en el que los clientes publicaban revisiones de sus encuentros con trabajadoras sexuales), los fiscales presentaron cargos penales sin precedentes en el Estado, tales como promover la prostitución en segundo grado.

Aunque el caso de The Review Board no incluyó las denuncias de fuerza o coerción, la policía y los fiscales se refirieron a las redadas como implicando “trata sexual” y “esclavitud sexual”. Bass citó a expertos legales que dijeron que la oficina del fiscal había superado las líneas éticas en su asociación con Demand Abolition. Tres acusados ​​en el caso de The Review Board ​​demandaron al Condado de King por difamación, citando la influencia ejercida sobre la oficina del fiscal por la organización de Hunt.

Demand Abolition financió programas similares a través del CEASE en otras jurisdicciones, especialmente en el Condado de Cook (Chicago), Illinois, donde el Sheriff Tom Dart lidera una Iniciativa de Supresión Nacional de Puteros (NJSI) semestral. Dart considera que la iniciativa es una redada masiva de “trata sexual”, sin tener en cuenta el hecho de que la operación rara vez atrapa a ningún tratante sexual. Comunicados de prensa de la oficina de Dart sobre la redada agradecen a Demand Abolition por su respaldo.

En una entrevista, Bass dijo a Front Page Confidential que Demand Abolition detuvo su campaña para influir en los fiscales “porque se dieron cuenta de que estaban cruzando la línea”.

De hecho, el sitio web de Demand Abolition habla sobre el programa en pasado, indicando que la “financiación y supervisión directa de la organización terminó en marzo de 2018” (aunque continúa “colaborando de manera informal” con las ciudades colaboradoras en un esfuerzo por “combatir la demanda de servicios pagados sexo”).

En su artículo, Bass explicó que Demand Abolition ha alentado a los legisladores estatales y federales a promulgar leyes más severas que penalizan la prostitución, como la Ley de Trata Sexual en Línea (FOSTA, por sus siglas en inglés) que el Congreso aprobó a fines de marzo de 2018. La ley esencialmente convierte en un delito federal anunciar la prostitución en línea.

Bass rechaza la premisa de Demand Abolition de que las mujeres adultas no pueden consentir en ser parte del comercio sexual. Los menores en la industria del sexo comercial son automáticamente considerados víctimas de trata de personas bajo la ley federal. Pero Bass dice que la mayoría de las trabajadoras sexuales en los Estados Unidos que tienen más de dieciocho años no son víctimas de la trata.

“Están vendiendo sexo por elección”, dijo Bass a Front Page Confidential. “Y por eso es erróneo llamar a esto ‘trata’. Y no me importa lo que dice la Demand Abolition; eso no es lo que dice la ley “.

 

H.L. Hunt: Rico, bígamo

Swanee Hunt creó el Programa de Mujeres y Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard, donde, según el sitio web de la escuela, posee el título de Profesora de Política Pública Eleanor Roosevelt.

En sus roles de activista, académica y filántropa, Hunt ha apoyado el empoderamiento de las mujeres en general, la equidad de género en los Estados Unidos y la difícil situación de las mujeres en Ruanda. Es una demócrata de toda la vida que ha contribuido con millones de dólares a los políticos y las causas del partido. En más de una ocasión, ella admitió que una donación de $ 250.000 en 1992 a la campaña de Bill Clinton para presidente ayudó a allanar el camino para que el presidente Clinton la nombrara embajadora en Austria en 1993.

El padre de Swanee Hunt, magnate del petróleo e infame bígamo HL Hunt, circa 1965 (a través de Wikimedia Commons [dominio público])

La última de quince niños engendrados por el multimillonario de Texas, elmagnate del petróleo y ferviente anticomunista Haroldson Lafayette “H. L.” Hunt Jr., quien murió en 1974 a la edad de 85 años, Swanee Hunt tiene acceso a incontables millones de dólares. Ella utiliza parte de ese dinero para financiar su fundación Hunt Alternatives, que reportó casi $ 60 millones en desembolsos de 2011 a 2016 (incluida la financiación de Demand Abolition), según documentos públicos presentados ante el IRS.

Alison Bass describe a Hunt como una “feminista de la segunda ola”, refiriéndose a las feministas que llegaron a la madurez en la década de 1960, algunas de las cuales ven la prostitución y la pornografía como las consecuencias de una sociedad dominada por hombres.

Ella compara a Hunt con feministas prominentes como Gloria Steinem, Catharine MacKinnon y Andrea Dworkin, que creen que todo trabajo sexual es explotador y que objetiva a las mujeres.

Bass cree que si bien el trabajo sexual puede ser explotador, algunas mujeres se sienten empoderadas por él.

 

Para Hunt, las trabajadoras sexuales son víctimas femeninas que necesitan ser rescatadas de los proxenetas masculinos y de los puteros, que deben ser controlados por la ley.

 

“Muchas de ellas lo están haciendo por razones económicas y porque pueden ganarse la vida mucho mejor”, dijo Bass a Front Page Confidential. “Y les permite una mayor flexibilidad: si son madres solteras que están criando hijos o están tratando de pagar la matrícula para sus estudios, ese tipo de cosas”.

Para Hunt, por otro lado, las trabajadoras sexuales son víctimas femeninas que necesitan ser rescatadas de los proxenetas masculinos y de los puteros, quienes deben ser controlados por la ley.

En una entrevista de 2016 con CNN, Hunt explicó que ella comenzó con Demand Abolition en 2008 y viajó a Suecia y Noruega para investigar lo que se conoce como el “modelo nórdico”, en el que las agencias policiales se enfocan en el lado del consumidor del sexo comercial consensual.

“Entonces, miramos este modelo y dijimos: ‘¿Funcionaría esto en los Estados Unidos?'”, Dijo Hunt a CNN. “Caramba, tendríamos que obtener todas estas leyes que dicen que es ilegal que los hombres compren [sexo]. Y luego descubrimos, no, no tenemos que hacerlo: las leyes ya están ahí “.

En “Deconstruyendo la demanda”, Hunt refuerza sus argumentos a favor de una guerra contra los compradores de sexo citando una serie de mitos sobre la prostitución y el trata sexual que han sido refutados repetidamente pero que, sin embargo, persisten.

Hunt afirma que la edad promedio de las niñas que entran en la prostitución es de trece años; que hasta 300,000 niños se venden por sexo cada año en los Estados Unidos; y que la trata sexual es un negocio de $ 9,5 mil millones al año. Los tres presuntos factoides han sido desacreditados hace mucho tiempo.

Hunt también saca a relucir la falsa afirmación de que el Super Bowl “impulsado por el machismo” de la National Football League equivale a un espectáculo de trata sexual. La afirmación, una de las favoritas de la heredera multimillonaria Cindy McCain, compañera de Hunt, ha sido completamente desacreditada.

Aunque Hunt realmente parece querer ayudar a las mujeres, los esfuerzos de Demand Abolition están haciendo que el trabajo sexual sea más peligroso, no menos, según muchos defensores de los derechos de las trabajadoras sexuales. Esos defensores sostienen que la aprobación de FOSTA y la confiscación del gigante de los anuncios en línea Backpage.com, ambas acciones apoyadas por Hunt, han robado a las trabajadoras sexuales la capacidad de evaluar a los clientes y compartir información en línea sobre los malos clientes.

Bass señaló un estudio realizado en 2017 por investigadores de las universidades de Baylor y West Virginia, que encontró que los anuncios para adultos en Craigslist redujeron la tasa general de homicidios para mujeres en más del 17 por ciento en promedio.

En lugares donde la prostitución no está criminalizada, dijo Bass, las trabajadoras sexuales cooperan con la policía para capturar a los verdaderos tratantes de sexo y tienen más probabilidades de practicar sexo seguro, lo que resulta en tasas más bajas de infección por VIH.

Pero puede que en la visión del mundo de Hunt esté influyendo algo más que el feminismo radical.

Su padre, H.L. Hunt, era un infame filántropo que mantenía dos familias secretas además de la que compartía con su primera esposa, Lyda Bunker Hunt.

Swanee es la hija de la mujer que se convertiría en la segunda esposa de Hunt, Ruth Ray Hunt, luego de la muerte de la primera Sra. Hunt. En su acertadamente titulada Memoria de 2006, Half-Life of a Zealot —cuya escritura afirma que le ahorró “interminables horas de psicoterapia”— Swanee Hunt describe cómo su madre, una mujer intensamente religiosa, era una mujer mantenida que era “completamente dependiente de mi padre” y vivía con sus cuatro hijos, incluida Swanee, en una casa de Dallas a poca distancia de la mansión donde HL vivía con Lyda Bunker Hunt.

El petrolero multimillonario visitaba a su segunda familia cuando su primera esposa estaba fuera jugando al bridge, Swanee Hunt escribe en sus memorias. Ella describe la “angustia” de su madre ante la situación, y señaló que debido a eso, Ruth Ray Hunt estaba convencida de que era “una vergüenza para sus hijos”.

(Para complicar aún más las cosas, después de la muerte de Hunt, se reveló que el pícaro multimillonario, que según se dice fue el modelo de JR Ewing en la serie de televisión Dallas, tenía otra familia en Florida con una mujer llamada Frania Tye, con quien engendró cuatro hijos. Frania afirmó haberse casado en secreto con Hunt en 1925.)

La relación de su madre con H.L. fue un misterio en los primeros años de la vida de Swanee, y ella admite haberse preguntado de niña por qué “no tenía un padre como los niños de la puerta de al lado”, uno que regresaba a casa al final del día, la tiraba al aire, y la llevaba sobre sus hombros.

Tales reminiscencias lacrimosas pueden agregarle algún contexto a su jeremiada antiprostitución.

Tomemos, por ejemplo, este pasaje de “Deconstrucción de la demanda”:

Con la mayoría de las parejas monógamas, la fidelidad incluye no solo abstenerse de tener relaciones sexuales con otra persona, sino también honestidad y transparencia. Sin embargo, comprar sexo es, en gran medida, un asunto secreto que requiere una red de engaños que involucran la ubicación, el tiempo y el dinero. A menudo, los compradores tratan de convencerse a sí mismos y a los demás de que son infieles porque sus parejas no satisfacen sus necesidades, desplazando la culpa. Aun así, la culpa se interpone entre los dos y provoca otros daños o destruyen su relación. Cuando sale la verdad, las parejas se pueden romper. Las vidas de los niños son tensas y pueden desilusionarse con sus padres.

Recoger un folleto en una feria de novatos no te convertirá en una trabajadora sexual

 

La Universidad de Brighton debe ser aplaudida, no desdeñada, por promover servicios de salud y apoyo para trabajadores sexuales.

 

Por Molly Smith

2 de octubre de 2018

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/oct/02/brighton-university-freshers-fair-sex-workers-health-support-services?CMP=twt_gu

 

“Si quieres evitar que los estudiantes participen en el trabajo sexual, ¿por qué no tratar de mejorar sus condiciones materiales?” Fotografía: Martin Godwin / Guardian

 

 

La controversia estalló durante el fin de semana cuando la Universidad de Brighton fue acusada en el Sunday Times de “preparar” a las estudiantes para la prostitución. La universidad había permitido que un servicio de salud y apoyo para trabajadoras sexuales dirigiera un puesto en una feria de novatos, decía en un artículo lleno de indignación que observaba que la organización repartía un folleto informando a las trabajadoras sexuales de sus derechos legales, y que el puesto tenía una “rueda de bienestar sexual ”.

El servicio en cuestión ofrece asesoramiento, apoyo y atención médica sin prejuicios a las trabajadoras sexuales en Sussex, junto con apoyo a las mujeres que usan drogas y las mujeres que necesitan ayuda para escapar de la violencia doméstica.

Por permitir la presencia de este servicio en la feria de los novatos, la diputada laborista Sarah Champion escribió que la universidad estaba “en connivencia con el crimen organizado y los abusadores”. La historia es realmente perturbadora, pero no porque las estudiantes estén siendo atraídos al trabajo sexual por un puesto. La historia es perturbadora porque, al alarmarse por algo que debería ser normal, representa un nuevo ataque al acceso de las trabajadoras sexuales a los servicios de salud y apoyo.

Aquí hay algunas verdades obvias. Las estudiantes no practican el trabajo sexual porque pasaron por un puesto en su feria de novatos. Al igual que todas las demás trabajadoras sexuales, se dedican al trabajo sexual como resultado de sus condiciones materiales. Para las estudiantes, eso significa que deben poder pagar las tasas y cubrir el costo de la vivienda y la vida. Si deseas evitar que las estudiantes realicen trabajo sexual, ¿por qué no tratar de mejorar sus condiciones materiales —digamos, haciendo una campaña para reintroducir las subvenciones, el fin de las cuotas o la vivienda gratuita para estudiantes— en lugar de intentar impedirles el acceso a la salud y a servicios de apoyo?

“La diputada laborista Sarah Champion escribió que la universidad estaba” en connivencia con el crimen organizado y los abusadores “.Fotografía: Getty Images

 

Los servicios de salud y apoyo que realizan actividades de divulgación son tan normales como buenos. The Sunday Times se enfurece por lo “divertido” que era el puesto, lo que significa no comprender cómo funciona la divulgación: nadie va a estar recibiendo un apoyo emocional serio y profundo mientras se encuentra en medio de una feria de novatos. En cambio, al hacer que el puesto sea accesible y esté lleno de cosas que las estudiantes en general pueden querer (¡condones gratis! ¡Premios tontos!) resaltas que este servicio existe, y nadie “sale a la luz” como trabajadora sexual por acercarse o por tomar un folleto junto con un paquete de lubricante novedoso. Luego, en el futuro, si una estudiante o una de sus amigas necesita ayuda o atención médica relacionada con el trabajo sexual, recordará la organización y podrá consultarla o pasar el folleto.

El bloqueo del acceso a dichos servicios no impedirá que las estudiantes ingresen al trabajo sexual. Solo garantizará que aquellas que lo hagan lo hagan desde una posición de máxima vulnerabilidad: sin estar segura de cuáles son sus derechos, sin acceso a profesionales de salud especializados o a listas de “malos clientes”. La indignación podría hacer que las universidades tengan miedo de permitir que dichos servicios realicen actividades de divulgación, limitando el números de trabajadoras sexuales estudiantes que al menos se hayan enterado de que ese servicio está disponible para ellas y, en última instancia, amenazan la financiación de este tipo de servicios. Los financiadores privados están notoriamente inquietos y el Servicio Nacional de Salud está sufriendo cortes brutales en los servicios de salud sexual.

Es deprimente incluso tener que argumentar que las trabajadoras sexuales merecen acceso a servicios de salud y apoyo. Esto debería ser algo en lo que tanto las defensoras de los derechos de las trabajadoras sexuales como aquellas feministas que creen en intentar erradicar la industria del sexo a través del derecho penal puedan ponerse de acuerdo; sin embargo, son las feministas contra la prostitución las que han dirigido la acusación en este montaje de indignación. En todo caso, esta controversia revela hasta qué punto el feminismo a favor de la criminalización, como el que defienden las parlamentarias como Champion, tiene un interés nulo en la seguridad o el bienestar de quienes venden sexo. El acceso a la asistencia sanitaria y al apoyo es algo bueno. Sí, incluso para las trabajadoras sexuales. Digamos esto claramente y sin disculpas.

 

  • Molly Smith es trabajadora sexual y activista