El feminismo y el cuerpo de la mujer

·       La oposición organizada a la gestación subrogada se basa en prejuicios ideológicos o morales

·       En cierto modo, la reacción de estos colectivos feministas ante las madres de alquiler es similar a la que tienen ante la prostitución. Consideran que la manera más fácil y efectiva de afrontar el problema es la mano dura, sacrificando alegremente la libertad de las personas. Decretan que las mujeres no deben poder prestar servicios sexuales –es igual que quieran o no quieran– ni tampoco han de poder, en el caso del que hoy hablamos, actuar como madres por sustitución. En cambio, hay que dar facilidades y proteger la libertad de quien desea abortar.

 

Marçal Sintes

Periodista. Profesor de Blanquerna-Comunicación (URL)

Jueves, 29 de junio del 2017

 

http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/feminismo-cuerpo-mujer-por-marcal-sintes-6137243

 

Un grupo de mujeres –aunque se entremezcla algún hombre– eleva el volumen de los gritos cada vez que alguna pareja o alguna persona sola entra por la puerta del Hotel Weare de Madrid. Los que llegan ponen una cara a medio camino entre la sorpresa y el temor. No habían contado con las feministas. Ellos solo quieren informarse sobre la gestación subrogada. Son personas, heterosexuales, homosexuales a veces, que tienen la ilusión y la esperanza de ser padres o madres.

Era el 7 de mayo, que fue cuando tuvo lugar en el hotel la feria sobre gestación subrogada Surrofair 2017. Las feministas pertenecían a la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres (RECAV, por sus siglas en español) y habían llevado infructuosamente a la feria ante la justicia alegando que las madres de alquiler no son legales en España.

FOTOS PARA LA PERPLEJIDAD

En las fotografías se observa a dos activistas desnudas de cintura para arriba, con lemas pintados en sus cuerpos –como No se vende o No se alquila–, al frente de la protesta. Es algo que extraña, que recurran a sus pechos para atraer la atención de los periodistas y de los medios de comunicación. Utilizan sus cuerpos, de alguna manera los mercantilizan, lo mismo que reprochan a las madres por sustitución (o vientres de alquiler, dicho despectivamente).

Más allá de la perplejidad, no tengo mucho que decir sobre el hecho de desnudarse para llamar la atención. Tampoco es el objeto de estas líneas. Hay que admitir que aparentemente guarda coherencia con las reivindicaciones feministas sobre el aborto. Reivindicaciones que se han condensado en el eslogan Nosotras parimos, nosotras decidimos.

Y aquí uno llega a una segunda paradoja, a una segunda extrañeza. Si, según proclaman, la mujer ha de poder decidir cuando se trata del aborto –circunstancia dramática y que implica poner fin a una futura vida–, ¿por qué, en cambio, no ha de poder cuando de lo que se trata es de generar una nueva vida?

Intento hacer un ejercicio de empatía. Es decir, ponerme en la piel de feministas como las que protestaban en Madrid. Examino los argumentos. Uno de los más repetidos es que la mayoría de madres de alquiler –y los intermediarios y las clínicas– cobran por este servicio, aunque existe también la subrogación altruista. No me convence, aunque intuyo el estereotipo detrás de este elemento. Ellas imaginan a gente rica y poderosa, con mucho dinero (en los países donde está permitida la subrogación puede costar alrededor de 60.000 euros), que, poco menos que por capricho, quiere comprar un hijo. Al otro lado, una persona obligada por la pobreza y la mala suerte a hacer algo poco menos que repugnante. Esgrimía justamente el riesgo de explotación de las mujeres la exministra González-Sinde hace unos días en EL PERIÓDICO para oponerse a las madres de alquiler.

OPCIÓN POR LA MANO DURA

Las feministas contrarias a la subrogación –entiendo que existen las que son indiferentes o favorables– no piden, al revés de lo que podría parecer lógico, que el Estado haga asequible la subrogación para personas con pocos recursos. No exigen, como sí hacen sistemáticamente con el aborto, que la subrogación sea libre y gratuita. O que la Administración regule esta práctica para proteger tanto a los adultos como, sobre todo, a los niños.
Quieren la prohibición. Punto final. Y que se persiga, incluso, a los que informan de cómo funciona la gestación subrogada, permitida en otras latitudes, como Estados Unidos, Canadá o Grecia.

En cierto modo, la reacción de estos colectivos feministas ante las madres de alquiler es similar a la que tienen ante la prostitución. Consideran que la manera más fácil y efectiva de afrontar el problema es la mano dura, sacrificando alegremente la libertad de las personas. Decretan que las mujeres no deben poder prestar servicios sexuales –es igual que quieran o no quieran– ni tampoco han de poder, en el caso del que hoy hablamos, actuar como madres por sustitución. En cambio, hay que dar facilidades y proteger la libertad de quien desea abortar.

CURIOSAS FRATERNIDADES

Todo ello cuesta mucho de entender si no se incluyen en la ecuación creencias o prejuicios ideológicos o morales. Sobre ellos, sin embargo, puede decirse bien poco. Todo el mundo tiene los suyos, a veces sin saber muy bien ni cómo ni por qué.

Las creencias y prejuicios, por su propia naturaleza, pueden dar lugar a curiosas combinaciones, a curiosas fraternidades. Es lo que ocurre aquí. Contra la prostitución y la subrogación, las feministas radicales y los sectores religiosos más cerrados se manifiestan ruidosamente desde la misma acera. Sin embargo, si optamos por cambiar de tercio y nos ponemos a hablar del aborto, entonces los religiosos se quedan donde están, pero las feministas corren a situarse en la acera contraria.

 

El PSOE elimina la referencia a la abolición de la prostitución

El borrador de la ponencia hace una mínima alusión a los vientres de alquiler

 

Mariola Lourido

Madrid

16/06/2017

 

 

http://cadenaser.com/ser/2017/06/16/sociedad/1497568117_321385.html

 

 

La erradicación de la prostitución desaparece del borrador del dictamen del PSOE, que constituye el proyecto político que los socialistas aprobarán este fin de semana en su Congreso Federal. Ni siquiera se cita la palabra prostitución. En la ponencia original, elaborada por Eduardo Madina, el PSOE se declaraba abolicionista y afirmaba que la prostitución es uno de los rostros más crueles de la feminización de la pobreza y una de las peores formas de violencia contra las mujeres.

En el nuevo texto todo esto se suprime y no hay absolutamente nada sobre la prostitución cuando en el programa electoral de 2015 los socialistas prometían cerrar los prostíbulos y multar a los clientes.

También llama poderosamente la atención lo mucho que se ha rebajado la postura frente a los vientres de alquiler. La ponencia original le dedicaba al asunto un párrafo específico de diez líneas. Era una declaración ideológica, una declaración de principios y valores contra esta práctica ilegal en España.

Ahora, el nuevo texto pasa de puntillas sobre el polémico tema, que también divide al PSOE. Únicamente se dice de refilón que «los vientres de alquiler suponen una mercantilización de las mujeres» y aparece mezclado con la ley del aborto y la reproducción asistida para las lesbianas:

445.       La Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 fue alterada por el PP suprimiendo el derecho a decidir de las mujeres de 16 y 17 años y suspendiendo el desarrollo de los derechos sexuales y reproductivos de las personas. Se restablecerá a las mujeres mayores de 16 y menores de 18 años su capacidad de decidir. Se proporcionará educación sexual y reproductiva a mujeres con discapacidad o perteneciente a colectivos con especial dificultad, como mujeres emigrantes o prostituidas. Se restablecerá la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para tratamientos de reproducción asistida con carácter universal, dejando sin efecto las limitaciones acordadas por el Gobierno del PP. Los vientres de alquiler suponen una mercantilización de las mujeres. Se deberán promover y facilitar los mecanismos de adopción.

 

¿Feminismo y trabajadoras sexuales? Una alianza ¿posible – necesaria?

Talía Ardana  

06/06/2017

http://www.eldiario.es/andalucia/APDHA/Feminismo-trabajadoras-sexuales-alianza-necesaria_6_651694843.html

 

En la APDHA concebimos que una sociedad igualitaria sólo puede ser construida con la participación de todas las voces. Por ello, nos une al feminismo la preocupación por mejorar las condiciones de vida de las mujeres, de todas las mujeres, y entre ellas están, por supuesto, las trabajadoras sexuales. El hablar de éstas últimas separa a las feministas – de ahí el intenso debate- y las formas para conseguirlo: desde el reconocimiento de su actividad como un trabajo legítimo y la defensa de sus derechos laborales o desde el objetivo final de la abolición de la prostitución.

Desde que en APDHA  empezamos a trabajar con personas que ejercen el trabajo sexual nos dimos cuenta de que, si queríamos acercarnos a su realidad compleja, el principal obstáculo que teníamos que superar sería el de nuestros propios prejuicios. Y es que, cuando hablamos de la sexualidad, sobre todo de las mujeres, nos encontramos con un sinfín de juicios morales que nos llevan a rechazar la idea de que una mujer pueda hacer uso de su sexualidad para obtener beneficios económicos de forma libre, legítima y digna.

Por ello, antes de marcarnos ninguna intervención concreta, decidimos acercarnos al colectivo sin más  estrategia ni intención que la de escuchar/observar/conversar.

De esta forma hemos ido conociendo a mujeres con muy diferentes situaciones y formas de sentir y vivir la prostitución, que intentan tirar hacia delante en un mundo lleno de desigualdades y para las que el trabajo sexual supone una estrategia para, dentro de las situaciones concretas que les ha tocado vivir, mejorar sus condiciones de vida. Nos hablan también de las condiciones de abuso, injusticia, rechazo y desigualdad en las que viven y desarrollan su trabajo.  Y es esto lo que consideramos indigno, una sociedad que continúa censurando su medio de vida a través del estigma, no reconocimiento y criminalización. Y es que ellas nos han enseñado que la prostitución en sí no es indigna, como afirma el feminismo abolicionista, y como dicen: “no hay malas mujeres, solo hay malas leyes”.

El feminismo debe luchar por la autonomía de las mujeres, con capacidad de decisión y, aunque no todas tenemos las mismas opciones, debemos contribuir a que se amplíen estas mismas opciones, que ganemos en autonomía y poder. Para ello es necesario partir de la realidad de cada persona, no sólo por la defensa de la dignidad de las mujeres en abstracto, olvidándonos y dejando de lado a las mujeres concretas.

Victimizar a las mujeres no ayuda. Todas las mujeres tenemos, aun en las situaciones más dramáticas, cierta capacidad para rebelarnos, por ello, las opciones por las que cada una opte deben ser respetadas. Considerar a todas las trabajadoras sexuales como víctimas, faltas de autonomía y capacidad, necesitadas de protección y sin validez en sus decisiones, impide que veamos las estrategias que se emplean para vivir en un mundo lleno de desigualdades. Sólo reconociéndolas y apoyándolas podremos contribuir a desarrollar su capacidad de decisión.

El feminismo ha luchado por la libertad sexual de las mujeres, por el respeto y la libre decisión de cómo cada una quiera vivir su sexualidad. Las vulneraciones de derechos que sufren las trabajadoras sexuales tienen mucho que ver con las desigualdades de género (el estigma, el no reconocimiento, los abusos…) y las situaciones de subordinación que vivimos todas las mujeres, lo que debemos intentar es apoyarnos para combatirlas.

El trabajo sexual supone para muchas mujeres una estrategia de supervivencia, independencia económica o mejora de su situación, por ello instamos a que la lucha por mejorar las condiciones en que desarrollan el trabajo sexual sea una lucha feminista, y no la lucha por abolir su opción.

Talía Ardana, coordinadora área de Trabajo Sexual de APDHA.

 

Prostitución en la calle: multar no es una solución

El gobierno de Barcelona no multará a las mujeres que ejercen la prostitución en el espacio público. Al contrario, defenderemos los derechos de todas las mujeres, también de las trabajadoras sexuales.

 

Laura Pérez

 

03/06/2017

 

http://www.eldiario.es/catalunya/opinions/Prostitucion-calle-multar-solucion_6_650294982.html

 

La Ordenanza del Civismo de la ciudad de Barcelona ha sido una norma altamente punitiva. En sus artículos 39 y 40 establece multas por el ofrecimiento, la demanda y el ejercicio del acto sexual en la vía pública, aunque en este último caso sólo si es de manera retribuida. Así, en base a la Ordenanza que establece nuestra conducta «deseable» en el espacio público, si queremos practicar sexo en la vía pública, no hay ningún problema, ni de noche ni de día, incluso en medio de la plaza Cataluña, siempre y cuando no haya intercambio económico.

Lo que se ha perseguido con esta normativa, aprobada en su momento con el voto a favor del PSC, CIU, ERC y el PP es eliminar de las calles la cara visible de la prostitución en la ciudad de Barcelona. En cambio, la prostitución que se ejerce en locales y clubes de la ciudad está permitida y así se reglamentó en Cataluña por parte de CiU bajo el Decreto 217/2002 y por el tripartito bajo la ley 11/2009 por la que quedan regulados los locales de alterne, las barras americanas o sex-shops. Esta doble vara de medir no es más que una muestra de las incongruencias políticas de partidos que regulan a favor del empresariado, al tiempo que persiguen a las trabajadoras sexuales. La ordenanza ha impuesto un castigo a una forma de ejercer la prostitución, no a la prostitución en sí misma.

A menudo se ha argumentado de manera inconsistente que estas acciones de imponer correctivos buscaban salvaguardar la integridad de las mujeres en su conjunto, o incluso estaban dirigidas a luchar contra las situaciones de tráfico en que estas mujeres pueden estar sometidas. Una forma cuando menos perversa de salvaguardar la integridad de todas las mujeres a través de criminalizar y estigmatizar a un grupo de mujeres en concreto o de luchar contra el tráfico multando a las mismas mujeres traficadas. Además incumple con la Directiva 2011/36 / UE, que obliga a los Estados miembros a proteger y atender a las mujeres que puedan estar en situación de tráfico y explicita la obligación de no imponer penas a las víctimas.

Más allá de todas las incoherencias mencionadas, cuando llegamos al gobierno nos encontramos con varios informes y documentos que nos señalan la poca efectividad de la norma y la vulneración de derechos que provoca. Después de 10 años de vigencia de la Ordenanza los datos nos dicen que la ordenanza no ha conseguido reducir el número de mujeres que ejercen en el espacio público, a pesar de la promesa hecha en el vecindario de la zona de Robadors por el gobierno de Trias (desde del 2009 hasta el día de hoy se está atendiendo entre 390 y 450 mujeres aproximadamente).

Asimismo se ha situado a las mujeres en una posición de mayor vulnerabilidad: muchas de estas mujeres han contraído, a través de las multas, una deuda con la administración, ya que menos de un 10% de las multas impuestas a las mujeres se podían hacer efectivas. Esto ha tenido consecuencias negativas para las mujeres, como por ejemplo el no poder acceder a ningún tipo de ayuda y prestaciones sociales. De manera añadida la vigilancia policial constante conduce a las mujeres a negociar más rápido, los clientes tienen más margen en la negociación y pueden hacer uso de la amenaza de avisar a la policía, según explican ellas mismas en diferentes informes. Además, se ha reforzado el estigma que las hace sentir desprotegidas y avergonzadas.

A día de hoy, el Ayuntamiento de Barcelona ha dejado de multar a las mujeres por la entrada en vigor de la Ley de Seguridad ciudadana. La conocida como Ley mordaza, a diferencia de la ordenanza del civismo, no prevé como infracción el ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública. Por ello, desde finales de 2015, aquellos artículos de la Ordenanza que prevén la sanción del ofrecimiento de servicios sexuales se han dejado de aplicar. Este hecho, que ha pasado desapercibido por los grupos de la oposición que hacen bandera del abordaje punitivo de la prostitución, no ha tenido ninguna incidencia en el día a día de la gestión del espacio público en Barcelona. Por tanto, ni las sanciones no han tenido el efecto disuasorio esperado, ni dejar de sancionar ha supuesto un aumento de trabajadoras sexuales en las calles de la ciudad.

Con la experiencia de estos 10 años de Ordenanza del Civismo podemos asegurar que el abordaje punitivo de la prostitución ha fracasado. Más allá de constatar que multar no es ninguna solución, ahora es el momento idóneo para replantear las políticas y normas fallidas, de involucrar a la ciudadanía, a todos los grupos municipales y a las mujeres que ejercen la prostitución en una reflexión más amplia que nos permita avanzar en la mejora de la convivencia, que nos lleve a nuevos consensos sobre el uso del espacio público. En definitiva, tenemos que encontrar una solución bajo un marco de garantía de derechos para todos, para las mujeres en su conjunto, por todas, y por los vecinos y vecinas que conviven con el ejercicio de la prostitución en la calle.

 

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Laura Pérez (Barcelona, 1982) és regidora de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI a l’Ajuntament de Barcelona.

https://barcelonaencomu.cat/es/candidatura-persona/laura-perez-castano

Día Internacional de las Trabajadoras del Sexo: Contra el estigma de ‘puta’

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA)

 

2 de junio de 2017

 

http://www.apdha.org/dia-internacional-trabajadoras-sexo-contra-estigma-puta/

 

Existe un estigma que actúa sobre todas las mujeres como un aviso, una amenaza que llega en forma de censura social en caso de que ocupes un espacio que no debes, a una hora inapropiada y con una postura indebida… Nos referimos al estigma “puta”. Desde tiempos inmemoriales, hasta nuestros días, actúa dentro de nosotras esa llamada al orden social que, con mayor o menor fuerza, aparece en forma de vergüenza.

Este estigma “puta” que actúa como violencia estructural y simbólica es la misma violencia que nos alcanza a todas las mujeres. ¿Pero qué pasa cuando esta violencia, censura, este estigma, sale del ámbito de lo subjetivo y lo simbólico para acomodarse en nuestro mundo material a través de leyes que penalizan estos comportamientos? Nos referimos a lo que significa el estigma puta para la puta, la trabajadora sexual. Y nos referimos concretamente a la base de las muchas vulneraciones que sufren como colectivo y como trabajadoras, nos referimos a también a la Ley Mordaza o ley de seguridad ciudadana, los planes anti prostitución y las ordenanzas, formas de criminalizar  que viene a instaurar una verdadera “caza a la puta”.

La lucha de las trabajadoras sexuales contra el estigma lleva tiempo ocupando, a nivel individual y colectivo, su primera línea de trabajo. La estrategia no es siempre la misma: “Yo no soy puta, trabajo de puta” es una expresión que pone de manifiesto el anhelo de liberarse de la dura carga que supone el estigma. Atiende a la necesidad que muchas mujeres que ejercen el trabajo sexual tienen por separar su vida profesional de la familiar y la social. En otros casos, el lema “yo también soy puta” o “yo soy puta” está siendo reivindicado por muchas trabajadoras movilizadas en la reclamación de sus derechos, o por colectivos que trabajan junto a ellas.

Por ello, en este día  2 de Junio, Día Internacional de las Trabajadoras del Sexo, (aniversario de la protesta de 1975 en la que más de cien prostitutas francesas ocuparon la iglesia de Saint Nizier en Lyon) nos queremos sumar a la campaña que nuestras compañeras de Genera (Barcelona) han puesto en marcha, y decimos junto a ellas: #YoTambienSoyPuta